Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 6

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 10 de Septiembre de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (12:20 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 71 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del jueves 10 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la sesión del día de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día martes ocho de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la sesión del tres de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su Informe de actividades, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, su Informe de actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Defensa Nacional, su Tercer Informe Anual de Actividades.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Gobernación, su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado.

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su Plan de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, oficio por el que informa que el 3 de octubre del año en curso presentará su Informe de actividades legislativas.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Informe de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de dicha Asamblea, celebrada del 22 al 26 de junio de 2015, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra dicho órgano para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón como su Presidente.- Fue aprobado en votación económica.

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de resultados sobre la participación del personal de las Fuerzas Especiales en la competencia “Fuerzas de Comando 2015”, que se llevó a cabo en Potún, departamento de Petén, Guatemala.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia comunicó que los informes de las dependencias de SAGARPA, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, SEDATU, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Previsión Social, Turismo y de la Procuraduría General de la República; se distribuyeron entre las senadoras y los senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso a la Sesión Solemne en la que se recibió la visita del Señor Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

(RECESO)

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión ordinaria.

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y  del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el apartado a fracción v; así como el apartado b inciso c) de la fracción xi del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la señora Rosa María Sandoval Muro, madre del Senador Martín Orozco Sandoval.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de la Senadora Diva Gastélum Bajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por acuerdo de la Mesa Directiva y de los coordinadores de los grupos parlamentarios se llevó a cabo un debate pactado sobre el Informe del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Por los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: David Monreal Ávila del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, quien presentó una propuesta de creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al Informe del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la cual se turnó a la Junta de Coordinación Política; y Manuel Cavazos Lerma del PRI.

En la segunda ronda hicieron uso de la palabra los Senadores: Martha Tagle Martínez, Layda Sansores San Román del PT, Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, Angélica de la Peña Gómez del PRD, Javier Corral Jurado del PAN y René Juárez Cisneros del PRI.
Para rectificación de hechos intervinieron los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, quien presentó una propuesta para la creación de una fiscalía especial con autonomía investigadora que de seguimiento al informe sobre el caso iguala/ayotzinapa, presentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, la cual se turnó a la Junta de Coordinación Política; y Armando Ríos Piter del PRD.

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41, fracción I, segundo párrafo; y 116, en su fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren y destinen recursos para la construcción de un distribuidor vial para el municipio de Baca en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a esclarecer los presuntos casos de corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano" de Joaquín Guzmán Loera.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, proposición con punto de Acuerdo en relación la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a explicar el recorte presupuestal en el período de 2015 en materia de salud; así como la posible reducción al presupuesto del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la secretaría de salud del estado de Michoacán a investigar cuáles son los resultados de las acciones de los doctores del Hospital Mercy de San Diego, California, quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido, entre otras patologías.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Martha Angélica Tagle Martínez, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los congresos locales a abstenerse de aprobar reformas a la legislación electoral que pretendan aumentar los requisitos para las candidaturas independientes, establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus acciones, estrategias, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación.- Se turnó a la Comisión de Salud.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno al Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias que permitan garantizar los derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar puntual seguimiento a la situación en la República de Guatemala relacionada con actos de corrupción.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer programas ambientales de rehabilitación y reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el 70% de los árboles utilizados para reforestar sean frutales, con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento saludable y gratuito.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a formular e impulsar el programa de la protección y conservación de la tortuga marina.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato de donación a beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de Acuerdo en relación al Informe del grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

(Efemérides)

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Agricultura.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el 153 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con dieciséis minutos y citó a la siguiente el próximo jueves diez de septiembre a las once horas.





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Compañeras Senadoras y Senadores, comunico a ustedes que el pasado martes recibimos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los documentos que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2016, los cuales han sido ya distribuidos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Ismael Hernández Deras, por la que informa que a partir del 27 de agosto del año en curso asumió la Presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para el primer año de la LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Zuarth: Se recibieron también las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.







 

Una, de la Comisión Especial de Cambio Climático.







 

Y una, de la Comisión de Vivienda.



Con las que remiten sus respectivos informes de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Agustín Guillermo Carstens Carstens como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

Informo a la Asamblea que ayer se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, su informe correspondiente a las labores, mismo que fue distribuido entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.



Pasamos al siguiente asunto.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados el Acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la actual LXIII Legislatura.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió un oficio de la Colegisladora por el que informa la designación de los Legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó someter a su consideración la proposición de consenso que los grupos parlamentarios suscribieron sobre el conflicto armado en Siria.

Solicito a la Secretaría dé lectura al mismo.





 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura al punto de Acuerdo:



Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

Actívese el sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente.

El pasado 2 de julio el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución sobre el grave y continuo deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria en la República Árabe Siria, resolución que, por supuesto, nuestro país votó a favor.

En ella se condena el grave deterioro de la situación de los derechos humanos y las muertes indiscriminadas de civiles o los ataques deliberados contra la población civil, en contravención al derecho internacional humanitario, y exhorta a los miembros de la comunidad internacional a que respondan con prontitud a los llamamientos humanitarios sirios.

Las contundentes aseveraciones y condenas hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que, insisto, México votó a favor, no son ni exageradas ni sobredimensionadas.

El conflicto armado en Siria ha crecido a tal magnitud que hoy en día existen más de once millones de desplazados y más de cuatro millones de refugiados.

El número de seres humanos que huyen de la guerra en Siria, convierte esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia reciente. La guerra civil Siria causa más desplazados que cualquier otro conflicto en el mundo, y todos los días seis mil sirios más escapan de su país por la guerra, sin la menor certeza de a dónde ir o quién los puede recibir.

Los niños son los principales afectados por este conflicto: 5.5 millones de menores están desplazados y diez mil han fallecido, según la Agencia de la ONU para los Refugiados; niños menores de cinco años que sólo conocen la guerra y el sufrimiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que la solidaridad no puede ser la responsabilidad de sólo un puñado de Estados miembros, manifestando que la falta de respuesta común a la crisis de refugiados ha fracasado, una crisis que no tiene nada que ver con las migraciones económicas. Los refugiados son personas que huyen para salvar sus vidas.
Todos hemos sido testigos de las fuertes imágenes en que se muestran las devastadoras consecuencias de esta crisis humanitaria, y al respecto debemos recordar que México ha mantenido una importante tradición de asilo al dar protección a las personas que han huido de la persecución, la violencia y situaciones que amenazan sus vidas.

Mal nos vemos y mal haríamos en no seguir esta tradición. México no puede fallar en esta ocasión.

Por citar algunos casos, miles de niñas, niños, mujeres y hombres llegaron desde 1939 y 1942 a México, refugiándose de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista y de las fuerzas fascistas. En total, 20 mil refugiados españoles.

En los 70’s, recibimos argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos que escapaban de las dictaduras militares en el Cono Sur.

Y en los 80’s, el pueblo de México acogió a decenas de miles de centroamericanos que escapaban de conflictos armados en la región.

Actualmente, países latinoamericanos, como Brasil, Uruguay, Argentina, están acogiendo refugiados sirios.

Tan sólo Brasil ha recibido ya casi 2 mil refugiados, y es el país americano que más refugiados ha recibido, sólo después de Canadá.

Estados Unidos de América ha recibido 650 refugiados.

México no puede ser indiferente ante lo que sucede en Siria y ante el sufrimiento de tantos seres humanos que huyen de una guerra civil, que exponen sus vidas y que padecen condiciones infrahumanas en el intento de escapar a un futuro de muerte y desolación.

Como nación, como pueblo solidario, México tiene que asumir de inmediato y con eficiencia un papel activo en la comunidad internacional al respecto, y acercar, con prontitud, la ayuda humanitaria a la población siria que más que nunca necesita de la solidaridad del pueblo mexicano.

No caigamos en el falso debate de que nuestro país tiene demasiados problemas que atender entre su población, y eso le imposibilita la atención a refugiados sirios.

Es cierto, México tiene muchos problemas qué resolver y eso demanda la solidaridad y el trabajo de todos, pero una cosa no excluye a la otra, no se trata de desatender a una parte de la población, para eso el Estado cuenta con instituciones, planes y recursos para el auxilio en situaciones de crisis humanitarias.

No pensemos en los refugiados como una carga, son también un componente de bienestar social y la historia así nos lo demuestra en los diferentes campos del desarrollo nacional.

Debemos ser sensibles de esta crisis humanitaria, en muchas ocasiones hemos recibido ayuda de otros países cuando nuestra nación lo ha necesitado, somos ciudadanos de un mundo global y todos somos responsables de todos; la indiferencia mata y acaba con los sueños de muchos que tienen derecho a un mejor porvenir.

Nuestro país está preparado legal, institucional y moralmente para recibir a nuestros hermanos sirios en búsqueda de paz.

En México cabemos todos, recibamos a quienes hoy nos necesitan y demos la esperanza al mundo de un futuro mejor para todos.
México es una nación de una grandeza única, somos un pueblo solidario y humanitario, los mexicanos, y me honra decirlo, nunca hemos permanecido indiferentes frente al dolor y la desgracia de otros pueblos, confío que hoy tampoco lo haremos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ernesto Cordero Arroyo.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Actívese el sonido en su escaño.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.

Como es del conocimiento de este Pleno, hubo una propuesta de Acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios en el que nos pronunciamos sobre el conflicto armado en Siria.

Como ya se ha expuesto en esta sesión, México tiene una larga tradición en la relación internacional en este tipo de conflictos y en la solidaridad con los grupos de desplazados; particularmente con la región sirio-libanesa, históricamente México ha tenido una espléndida relación y de ahí ha surgido la posibilidad de que diversas regiones de nuestro país tengan de estos grupos, que en algún momento fueron migrantes y que hoy están totalmente incorporados a nuestra sociedad, a las actividades económicas, culturales y de todo tipo, la posibilidad de hacer crecer la grandeza de México.

El día de hoy vivimos momentos muy importantes en el mundo, a partir de los sucesos de Siria.

México, pensamos, debe ser solidario con un país que hoy sufre, con un país que a través de la historia ha tenido una larga relación con México y que eso nos obliga a la solidaridad y a la posibilidad de abrir nuestras puertas.

Coincido con el Senador Cordero, hoy, que México vive momentos importantes, México debe dar muestra, una vez más, como lo hizo en los problemas de nuestra hermana República de Chile, anteriormente con España y en los diferentes conflictos sociales en el mundo, la participación de nuestro país es una gran tradición.

Esa tradición ha sido fomentada, promovida por los gobiernos surgidos de mi partido, del Partido Revolucionario Institucional, y por eso hoy el grupo parlamentario del PRI se solidariza, se compromete con este punto de Acuerdo para que México determine, a través de los cauces que permite nuestra legislación, establecer una posibilidad de recibir a los expulsados de Siria.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Señor Presidente, nos pronunciamos, el grupo parlamentario del PRI, porque México sea solidario en este conflicto social, que lastima a ese gran país que es Siria, pero que lastima a todo el mundo y que los mexicanos vemos con una gran preocupación.

Hoy el grupo parlamentario del PRI se solidariza y solicita el apoyo de todos para que este punto de Acuerdo sea votado a favor.

Gracias por su atención, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Orihuela.

Actívese el sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle Martínez.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Es importante que se tome este Acuerdo por parte de los grupos parlamentarios y, por supuesto, yo me sumo a él con respecto a la crisis humanitaria que se vive en Siria.

Me parece, además, fundamental mencionar que existe por parte de muchos mexicanos el interés de que se tome un Acuerdo de esta naturaleza para dar acogida a varios de los refugiados de Siria, que vienen huyendo de la crisis que están viviendo en ese país.

Hace unos días se inició una petición en una plataforma que todos ustedes conocen, Change.org, donde se han recuperado miles de firmas que están apoyando este tipo de solicitudes, y me parece fundamental que así como en otros países ya se ha dado esta apertura, particularmente en el caso de Australia, Alemania, recientemente Chile; en México también estemos revisando la posibilidad de dar acceso a refugiados de Siria, tomando en consideración lo que ya se comentaba acá por parte de mis compañeros Senadores.

Primero, considerar que la situación de refugiado no es lo mismo que están viviendo las personas migrantes que pasan por nuestro país y que tienen como una condición buscar condiciones laborales para ir, particularmente, a Estados Unidos y que, sin duda, es un tema también del cual tenemos que hacernos cargo, de la situación que se vive en nuestro país con respecto a la migración.

Sin embargo, en el caso de los refugiados de Siria, lo que se está solicitando es abrir las puertas para una situación de ayuda humanitaria que requiere la atención inmediata por la situación tan grave que se está viviendo en ese país.

Tenemos conocimiento, además, que, de manera particular, desde hace varios meses un grupo de estudiantes universitarios de Siria, justamente están pidiendo este asilo en nuestro país para que puedan ser recibidos.

Por eso me sumo a este Acuerdo y veo con beneplácito que se pueda solicitar que también Naciones Unidas se esté dedicando a tratar el tema y, por supuesto, nosotros revisemos cómo podemos solventar el tema de los refugiados sirios en México.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Tagle.

Actívese el sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Es muy importante lo que hoy se está decidiendo en el Senado de la República, el Acuerdo que concreta los diferentes puntos que presentamos diversas Senadoras y Senadores, y solamente recordar que México se ha caracterizado en el mundo por abrir sus puertas, sobre todo cuando hay grupos sociales, poblaciones, que se encuentran en situaciones adversas, en este caso como lo que acontece en Siria.

Hoy es importante recordar a Don Gilberto Bosques, tenemos un instituto que lleva su nombre, precisamente por la característica de México de estar siempre enfrente, de dar soluciones a estos grupos sociales que hoy se encuentran en la adversidad.
De tal manera que, solamente quisiera recomendar, señor Presidente, desde la Mesa que usted conduce se pueda llevar el seguimiento de este punto de Acuerdo que estamos signando para que no solamente quede inscrito como una buena voluntad y porque nos conmovemos y porque apoyamos, sino porque es nuestra decisión, no solamente nuestro sentir, nuestra decisión como Senado de la República, de que se concreten las acciones políticas que garanticen el asilo y eventualmente también el refugio, siendo que es una de nuestras características de quienes hoy se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad para que México, insisto, siga esta ruta que le ha caracterizado a nivel de nuestra política exterior y humanista.

Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: Varios Senadores de la República nos hemos adherido a la propuesta que ha realizado el Senador Ernesto Cordero y que aquí han expresado varios compañeros.

Yo también he adherido a esta propuesta mi voluntad para que el Estado mexicano tome un liderazgo internacional frente a esta tragedia humanitaria; pero es muy importante, desde ahora, atajar una crítica que tiene asidero, pero que no nos debe inhibir a tomar el liderazgo que requiere una acción como ésta.

Se habla de la propia tragedia mexicana, se dice que México no puede andar buscando asilar a sirios, cuando tiene una propia tragedia migratoria y cuando los problemas sociales encuentran a muchos millones de mexicanos en estado de pobreza extrema.

Hay que atajar esa crítica porque precisamente, lo que buscamos, es que la solidaridad internacional, que ahora se reclama, tenga incluso el aliciente de nuestra propia tragedia.

Estamos ante el éxodo más cruel del siglo XXI.

Si Alemania fue la responsable del primer éxodo en términos de refugiados por el holocausto y luego siguió el éxodo serbio, nadie tenga la menor duda de que estamos ante el éxodo del siglo XXI más dramático y cruel; se trata de personas que huyen de una guerra fratricida, víctimas de fundamentalismos y persecuciones no sólo políticas, sino religiosas.

Nuestro país puede volver a reivindicar en los hechos una cultura no solamente de asilo político, sino de solidaridad internacional, de la que México también ha sido correspondido por naciones más pobres que nosotros en momentos de tragedia.

Sólo para decir que 160 mil personas se han sumado a la plataforma Change.org en la petición que abrió el joven Nelson Olavarrieta, que ha impulsado desde una exigencia de liderazgo moral que México debe tomar esta petición.

Es hora de que México responda con la altura de miras a esta tragedia humanitaria, a este éxodo que nos confirma dos cosas: Que los derechos humanos deben trascender el ámbito de nuestro territorio nacional, que confirmemos en esta solidaridad internacional a los derechos humanos como un valor universal que a diario conquista y reclama nuevos espacios.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Javier Corral.

Tengo solicitudes de intervención del Senador Gerardo Flores Ramírez y de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, y una vez agotado este turno de oradores someteremos a votación la propuesta de Acuerdo.

Desde su escaño, Senador Gerardo Flores Ramírez, por favor.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde manifestar nuestra adhesión, desde luego, a este punto de Acuerdo porque se trata de una crisis de enormes proporciones, una crisis que ha obligado a que 4.1 millones de sirios se hayan obligados a abandonar su país como consecuencia de esta grave guerra civil que ya tiene más de cuatro años en curso.

Hace apenas una semana fuimos testigos, con horror, de esta triste imagen del niño Ailan Kurdi que falleció ahogado en una desesperación de su familia por huir de los horrores de esta guerra civil.

Hemos visto también en las ya recientes y emotivas imágenes de familias de distintos países europeos recibiendo con los brazos abiertos a una gran cantidad de refugiados sirios; sin embargo, yo diría que a esta crisis humanitaria a la que ya se han referido varios de mis colegas hace un momento, debemos agregar, debemos reconocer que esta crisis se agrava por el fracaso de distintos Estados por lograr un acuerdo para darle una salida a esta importante crisis.

Por lo mismo, me parece que México debe abonar para que se encuentre una solución pronta, México en su más fiel tradición de ser un país que ha recibido a ciudadanos de otros países envueltos en conflictos armados, ya los han enumerado mis colegas. También está en su momento el conflicto, por ejemplo, de finales de los años 60´s en Nicaragua, los conflictos en Chile, el conflicto en España mismo.

Me parece que México debe nuevamente mostrar esa calidez que siempre lo ha caracterizado y por eso el grupo parlamentario del Partido Verde se suma a este punto de Acuerdo.

Y no quiero concluir sin dejar de mencionar que es urgente encontrarle una salida a esto porque, al mismo tiempo, estamos viendo que en este conflicto y a esta tragedia, a la tragedia humanitaria y a la tragedia de que los países no se puedan poner de acuerdo para lograr una salida, se suma una de las más repugnantes muestras de la bajeza humana, que es el hecho de que haya ahorita un grupo de traficantes de personas que están lucrando con la desesperación de la gente siria que quiere abandonar este espantoso conflicto.

Por mi parte es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Gerardo Flores.

Adelante, Senadora Martha Palafox.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.

Solamente para manifestar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que fue integrada también a esta propuesta de punto de Acuerdo por nuestra compañera Ana Gabriela Guevara y por nuestro coordinador de la bancada, don Manuel Bartlett Díaz, decir que estamos solidarios con esta situación de vulnerabilidad y violación a los derechos humanos que están sufriendo estos conciudadanos, y que no es la primera vez que México abre las puertas con su hospitalidad y generosidad hacia hermanos que sufren y que necesitan en este momento de un país generoso, como es México.

Muchas gracias. Y ese es el posicionamiento del Partido del Trabajo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Martha Palafox.

La Senadora Lizbeth Hernández Lecona: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Senador Miguel Romo Medina: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotadas las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos al siguiente asunto.

A nombre de la Mesa Directiva, me permito dar una sincera felicitación al Senador Fernando Herrera Ávila por su designación como Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Mesa Directiva hace votos por el éxito en los trabajos de concertación que corresponden a los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea.

Sonido en el escaño del Senador Mayans.

El Senador Humberto Mayans Canabal: Bueno, si me permite. Con su permiso, señor Presidente.

Además de sumarnos a la felicitación del Senador Herrera, quisiera también, con un tema muy particular, felicitar muy efusivamente a la Senadora por el estado de Colima, Itzel Ríos, por habernos deleitado hoy en la mañana, a los señores Senadores y al Senado en general, con un magnifico concierto de la orquesta y coros de la Universidad de Colima, integrados por jóvenes estudiantes de esa casa de estudios.

Ello, como un ejemplo nacional, de lo que la música y el arte en general pueden hacer para formar a nuestros jóvenes.

Esto es lo que se debe hacer a nivel nacional, para que en su caso, rescatar de la marginación y de la pobreza a muchos jóvenes que son víctimas de la delincuencia y de las drogas, por no tener una actividad que los reivindique.

Por eso, este ejemplo de la Universidad de Colima y de la Senadora Itzel, de compartirnos este magnífico, estupendo concierto, con una gran calidad, nos enaltece a todos.

¡La felicitamos mucho, Senadora!

Y muchas gracias por este convivio de la mañana.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia se suma al reconocimiento a la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora.

Ruego a la Asamblea su atención para dar cuenta del siguiente asunto.





 

Enseguida, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de Acuerdo por el que se aprueba la designación del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Este dictamen se inscribió en el Orden Día de las sesiones de los pasados días 29 y 30 de abril y desde entonces se hizo del conocimiento de la Asamblea.

El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

DESIGNACIÓN COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

(Dictamen a discusión)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los resolutivos del dictamen:



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración.

No habiendo oradores que hagan uso de la voz, ruego a la Secretaría, haga los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Informo a la Asamblea que el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exige que este nombramiento se apruebe por al menos dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores.



La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 101 votos en pro, 6 abstenciones y cero votos en contra.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el punto de Acuerdo. Comuníquese.

Se hará la toma de protesta del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, en el momento procesal oportuno.

En consecuencia, se aprueba el nombramiento del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo periodo que iniciará este día y hasta el 31 de diciembre de 2018. Comuníquese.

La Mesa Directiva convocará al señor Luis Miguel Montaño Reyes para que acuda ante este Pleno a rendir su protesta constitucional.

Se ha informado a esta Presidencia que en el salón contiguo a este Recinto se encuentra el ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, por lo que solicito a los Senadores: José Francisco Yunes Zorrilla, Jorge Luis Lavalle Maury y Luis Armando Melgar Bravo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de la protesta.

(La comisión cumple)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes: ¡Sí, Protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Muchas felicidades!

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Montaño Reyes cuando desee retirarse de este salón de sesiones.

(La comisión cumple)

Ruego a la Asamblea tomar sus asientos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho del Distrito Federal, invitados por el Senador Miguel Romo Medina, quienes han asistido a esta sesión a presenciar nuestros debates.

¡Bienvenidos señoras y señores estudiantes!





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Señor Presidente, muchas gracias.

Compañeras y compañeros, antes de empezar con la iniciativa, quiero pedir su anuencia señor Presidente, para utilizar este tiempo y leer dos iniciativas, ya que están enlistadas y aprovechar el tiempo para que se turnen cuanto antes a la debidas y respectivas comisiones.

Empiezo con la primera que usted acaba precisamente de nombrar. Que tiene que ver con el aumento de plazas al Servicio Exterior Mexicano, es un aumento gradual de plazas, porque actualmente el Servicio Exterior Mexicano cuenta con una plantilla de 1,270 plazas de diferentes niveles en un ejercicio comparativo, y debemos mencionar que en el año de 1953 se ocupaban solamente 478 plazas; en el año de 1975, se tenían 844 plazas, correspondientes a consulados, a embajadas y a personal del Servicio Exterior.

En 1987 se dio un incremento significativo para llegar a 1,226 plazas. Y, bueno, hoy en el mismo diciembre de 1987 ya teníamos y contábamos con 60 embajadas; 59 consulados y 7 misiones diplomáticas ante organismos internacionales, y se tenían 94 representaciones.

Actualmente, hoy por hoy contamos con 80 embajadas de México en el mundo; 67 consulados, que tan sólo 50 están en el territorio de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos, ahí tenemos grandes intereses, empezando por nuestra gente, más de 60 millones de mexicanos viven en el territorio estadounidense; 36 de ellos están en condiciones que requieren de toda la protección consular.

También contamos con dos secciones consulares, tres oficinas de enlace de México en el exterior y siete misiones ante los organismos.

Hoy por hoy, la diplomacia de Estado, la diplomacia de negocios, incluso la diplomacia parlamentaria requieren de mayor especialización y de atención precisa; actividad esencial sobre todo en este Senado de la República, donde la facultad exclusiva de este Senado es la del seguimiento y evaluación de la política exterior.

Por ello, me permito presentar ante ustedes esta iniciativa de ley para que gradualmente sean aumentadas las plazas del Servicio Exterior Mexicano para poder cumplir con todas las normativas, pero además con impulsar una mejor imagen para nuestro país, y una gran y mejor influencia del mismo en otros países.

Esto referente a la primera iniciativa.

Iniciativa

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa pretende contribuir con acciones legislativas, en el fomento de una proyección internacional de nuestro país más eficiente, en las relaciones internacionales que el Estado Mexicano pone en práctica en el concierto internacional.

Basta recordar que durante espacio de doce años, la imagen de México ante el mundo se vio desdibujada, estancada y disminuida, posiblemente por la falta de estrategias y por el limitado despliegue de la política exterior de las administraciones que gobernaron en el lapso del 2000 al 2012.

Como cambio benéfico y necesario, la actual administración, al detectar el estancamiento de nuestra política exterior, se dio a la tarea de generar políticas, acciones y medidas para cambiar la visión de estado sobre las relaciones exteriores que un México del Siglo XXI tendría que llevar a cabo si pretendía incorporarse al mundo globalizado.

Dicho enfoque se integró al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como una de las cinco Metas Nacionales, denominándola “México con Responsabilidad Global” y que se basa en la necesidad de que nuestro país, a través del gobierno federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fomente e impulse su proyección internacional, tomando en consideración nuestra ubicación geográfica que es considerada y reconocida en el mundo como privilegiada.

La ubicación geográfica de México le permite tener acceso al comercio internacional a través de sus litorales, además de que compartimos una amplia frontera con los Estados Unidos de América, considerada una de las economías más grandes del mundo, con los efectos positivos y negativos para nuestra nación que dicha cercanía conlleva.

A tres años de que el Gobierno Federal implementara la meta nacional de proyección de México como un actor que se convierta en líder de negociaciones, además de que muestre ante el mundo, la capacidad y valor de nuestra sociedad y de lo que producimos, de nuestros recursos naturales, así como para mostrar a nuestra nación como un lugar idóneo para que las empresas de otras naciones implementen proyectos de inversión.

Como se ha difundido en diversos medios noticiosos en los últimos tres años, desde finales del 2012 el Presidente de la República como sujeto encargado de desarrollar la política exterior nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, han realizado constantemente acciones para renovar y fortalecer las relaciones diplomáticas de México con otras naciones que se habían descuidado en anteriores administraciones, así como han trabajado arduamente en la negociación de tratados y convenciones internacionales.

En estas acciones, se ha tenido la coordinación y apoyo del Senado de la República que ha realizado un análisis acucioso, detenido y responsable de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y ha aprobado diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran diversos acuerdos comerciales que facilitan intercambio de productos en un amplio mercado y que han sido catalizadores de una mayor eficiencia y bienestar de nuestra economía.

Como la opinión pública ha podido apreciar, la política exterior desplegada por esta Administración ha sido dinámica y con tendencia a ampliar la proyección de nuestra nación, pero esto requiere de diversos factores para poder alcanzar dichas metas, siendo uno muy importante el papel que desarrolla el cuerpo permanente de funcionarios que pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, ante la exigencia de sus miembros cuenten con un amplio conocimiento de la diplomacia y de talento para poderse desenvolver en el marco de las relaciones que se llevan a cabo con otras naciones.

Ante esto, el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano debe considerarse como elemento prioritario para desarrollar una eficaz proyección de nuestro país hacia el exterior, ya que estos funcionarios tienen la responsabilidad específica de representarlo en el extranjero, así como de ejecutar la política exterior de México con total apego a los principios normativos que establece la Constitución General.

El Servicio Exterior Mexicano depende del Ejecutivo Federal, su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución.

Cabe hacer mención que desde el siglo XIX, la meta del Servicio Exterior Mexicano fue lograr el reconocimiento del México Independiente por parte de los estados más importantes y además, por su peso religioso, de parte del Vaticano, así como de contribuir a la preservación de la integridad del territorio, la defensa de la soberanía y la legitimidad del gobierno nacional.

Tiempo más tarde, enfocó sus actividades a mostrar una imagen de un México reorganizado, con visión de justicia social y con proyectos de desarrollo, por esto, el Servicio Exterior Mexicano es una parte intrínseca del proyecto mismo de la Nación Mexicana como lo establecía el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho.

Previo a la creación formal de este cuerpo de funcionarios, el 8 de noviembre de 1821, al crearse la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, se dispuso la necesidad de contar con “Oficiales de Cancillería y Diplomáticos”.

Un año más tarde, el 7 de mayo de 1822, se expidió un decreto con reglas para los nombramientos, instrucciones y sueldos del personal diplomático y en octubre de 1829, Vicente Guerrero promulgó la primera Ley del Servicio Exterior.

Vale la pena recalcar que en años anteriores la Diplomacia Mexicana se ha consagrado a postular principios de manera perseverante hasta lograr convertirlos en Norma Internacional dentro de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas así como de la Organización de Estados Americanos.

Debido a que el servicio exterior es un órgano del Estado Mexicano dedicado a la Diplomacia, este se encuentra sujeto al diseño o conceptualización e instrucciones de la política exterior que le marque el titular del Ejecutivo Federal y a dicho cuerpo de diplomáticos le corresponde contribuir a lograr los objetivos de esta política a través de una Diplomacia activa, responsable, honorable e inteligente.

La diplomacia es un oficio que busca establecer relaciones constructivas, persuasivas, discretas, de confianza, que sumen y hagan avanzar los intereses del Estado Mexicano, para lo cual se requiere perseverancia, paciencia, arduas negociaciones, fineza y mucho tacto, se suman a estos esfuerzos, el hecho de que para cumplir estos propósitos, los funcionarios son comisionados a vivir y trabajar en otros países muchas veces alejados de sus familias y seres queridos.

Actualmente el Servicio Exterior Mexicano cuenta con una plantilla de alrededor de 1,270 plazas de diferente nivel, en un ejercicio comparativo he de mencionar que en el año de 1953 se ocupaban 478 plazas, en el año de 1975 se tenían 844 plazas y en el 1987 se dio un incremento significativo para llegar a1226 plazas, las cuales ocupaban 1074 miembros de carrera y 152 por designación político-administrativa.

En diciembre de 1987 había 60 embajadas, 59 consulados y 7 misiones diplomáticas ante organismos internacionales, lo cual daba un total de 94 representaciones.

A pesar de que actualmente33 millones de personas de origen mexicano viven en el exterior, de los cuales 15 millones nacieron en México y entre seis y siete millones viven irregularmente en Estados Unidos, además de los 200 mil migrantes que cruzan el país cada año y que requieren que sus derechos sean respetados y defendidos.

Actualmente hay 80 Embajadas de México en el Mundo, 67 Consulados, 2 secciones consulares, 3 Oficinas de Enlace de México en el Exterior y 7 Misiones ante los Organismos Internacionales, lo que arroja un total de 159 representaciones, sin embargo, el número de miembros del Servicio Exterior Mexicano es casi el mismo que en 1975.

El desfase actual entre el número de diplomáticos mexicanos invita a reflexionar con responsabilidad sobre la necesidad de crear nuevas plazas entre el personal del Servicio Exterior de carrera; los desafíos y oportunidades que el contexto internacional presenta hoy en día y la necesidad de tener mayor presencia de México en el mundo para enfrentarlos y capitalizarlos demandan contar con recursos humanos suficientes y de excelencia.

La presente iniciativa se elaboró tomando en cuenta la racionalidad jurídico-formal, por lo que la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior, respeta las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el hecho de que dentro del catálogo de facultades con que cuenta el Congreso de la Unión y que se contienen en el artículo 73 Constitucional, se establece en las fracciones XI y XX, respectivamente, la facultad para legislar en materia de creación y supresión de empleos públicos de la Federación, así como para señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; de igual manera, para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.

Por ello, el proyecto de decreto que se propone, se introduce de manera armónica y con coherencia en el Sistema Jurídico Mexicano, además de que dicha propuesta es materialmente posible, toda vez que el aumento del número de plazas del Servicio Exterior Mexicano se puede generar con asignación de más recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores o con la reasignación a dicho rubro de recursos con los que ya cuenta dicha dependencia.

El fin que persigue la presente iniciativa se traduce en la necesidad del fortalecimiento del cuerpo diplomático-consular y administrativo del Servicio Exterior Mexicano para una mejor prestación de las funciones que desempeña y por qué dicho cuerpo colegiado es la columna vertebral de la Cancillería.

El Servicio Exterior conforma un instrumento indispensable para la planeación y ejecución de la política exterior de México y la modificación que se propone aplicar a la Ley que lo regula ayuda a garantizar que el Estado mexicano cuente con un número adecuado de integrantes de un cuerpo diplomático profesional y acorde con las necesidades y retos que afronta nuestro país, por lo que la escasez de plazas ha sido un problema persistente desde hace más de dos décadas que se puede resolver con la aprobación de la reforma que se propone.

Un reto para México, es el que se deriva de la realidad internacional actual que se encuentra inmersa en un cambio vertiginoso, lo que exige que el Servicio Exterior Mexicano se tenga que actualizar constantemente y buscar que los mecanismos y lineamientos que lo rigen permitan que nuestro país se encuentre a la vanguardia en materia internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 9.- La Secretaría deberá mantener y gestionar ante las autoridades correspondientes, que la estructura de plazas en los diferentes rangos permita una adecuada movilidad escalafonaria, de tal modo que se mantenga una pirámide ascendente entre los rangos de agregado diplomático y Ministro. Lo anterior, se hará de acuerdo con los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

De igual manera, la Secretaría deberá gestionar ante las autoridades correspondientes, la autorización de creación de nuevas plazas de las ramas diplomática-consular y técnico-administrativa con la periodicidad que resulte necesaria para el cabal cumplimiento de las funciones de representación y ejecución de la política exterior mexicana.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, formulado por Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, consultado en la página electrónica de Presidencia de la República el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace: http://pnd.gob.mx/
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, artículo 1, Párrafo adicionado DOF 25-01-2002, Distrito Federal, México, 4-01-1994.
Revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., “La Administración de las relaciones exteriores” número 85, de 1994, Revista periódica; Edición: Comité Editorial, ISSN 0482-5209,; artículo denominado “LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO” de la autoría de GALEANA, Patricia, pág. 13, dicha información fue consultada el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=rap&n=85
Información consultada el 31 de agosto de 2015, en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que puede verse en el siguiente enlace: http://sre.gob.mx/
Artículo “El Servicio Exterior Mexicano, Propuestas para su Mejoramiento”, escrito por el embajador Ramón Xilótl, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, documento consultado el 31 de agosto de 2015 en el siguiente enlace: http://www.diplomaticosescritores.org/obras/RXilotlSobreServicioExtMex.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

(Presentada por la Senadora Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Marcela Guerra Castillo: La segunda iniciativa pretende fomentar más la protección al ambiente mexicano.

Ustedes saben que el patrimonio nacional natural mexicano tiene dos grandes brazos armados, el primero, el brazo legal, constitucional, a través del artículo 4º, donde dice que se establece el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar del Estado hacia los mexicanos.

El segundo brazo armado es, precisamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Hace unos días recibimos el tercer informe de labores por parte de todas las secretarias de Estado. Me llamó sobremanera revisar el informe de la Semarnat, y me doy cuenta que estamos todavía sin cumplir con algunos parámetros que establece la propia ley, y que incluso tenemos omisiones graves, que tenemos que poner mano en este Senado de la República para poder profundizar en el derecho de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de cada individuo como un derecho humano fundamental.

El Estado mexicano tiene la obligación de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar dicho derecho, porque además de definir los principios de la política ambiental, se tiene que preservar, restaurar y mejorar el ambiente y la biodiversidad, así como para establecer y administrar, ojo, administrar las áreas naturales protegidas.

Hoy el establecimiento, protección, preservación y administración sustentables se consideran como utilidad pública, por eso la fracción II del artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional, sobre los que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser reservadas y restauradas.

Tan sólo, por ejemplo, platicando con un colega, Campeche tiene más de dos y medio millones de hectáreas completamente en la preservación, es prácticamente la mitad de su territorio. Quintana Roo, también.

Solamente les quiero decir que hoy por hoy hay una misión y que sí tenemos que subsanarla.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame Senadora Guerra.

Actívese el sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Señor Presidente, sólo pedirle de favor llame al orden a la Asamblea, para que podamos escuchar con atención a la Senadora.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Así lo haremos, Senadora Padierna.

Ruego a la Asamblea, por favor, mantenga el orden a efecto de escuchar a la Senadora Guerra en la presentación de sus iniciativas.

Continúe, Senadora Guerra, por favor.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora Padierna.

Hoy por hoy, la Federación, como las entidades federativas, pueden establecer, regular y administrar las áreas naturales protegidas.

Hoy estamos faltos de un plan de manejo en las áreas naturales protegidas, el cual es un documento jurídico que contiene los derechos y obligaciones que se deben de cumplir para respetar el área natural protegida.

Hoy por hoy, no sabemos con qué planes de manejo cuenta, con qué área. Un ejemplo, Holbox es una isla muy importante, que tiene 42 kilómetros de largo y que tiene que preservar muchas especies de la flora y la fauna. Tan sólo ahí, en sus aguas, se puede ver una especie muy importante, el tiburón ballena, tenemos una serie de patrimonio natural que, hoy por hoy, no puede ser debidamente protegido porque el plan de manejo no está publicado. Y por eso esta iniciativa pretende poner un plazo para que todos los planes de manejo o el plan de manejo de áreas protegidas sean publicados por parte de la Semarnat.

Nosotros, como mexicanos, no sólo tenemos el deber de salvaguardar nuestro patrimonio natural para las próximas generaciones y las nuestras, las que estamos viviendo, sino también el de hacer de toda la parte natural de nuestro país una riqueza, una riqueza sustentable con inclusión social. Ese es nuestro deber, por eso se estima necesario incluir en el último párrafo del artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la exigencia para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dé un plazo determinado expresamente a la ley y se publiquen, en resumen, los programas de manejo. Es decir, queremos todos los resúmenes de programas de manejo.

¿Qué significa un programa de manejo donde se van todas las especificaciones, se estipulan detalladamente cómo construir los permisos?, ¿quién lo está haciendo? Por ejemplo, no se puede construir o no se debe de construir en el mar. Y hoy por hoy, en algunas zonas se está construyendo en el mar con concreto. Hay especificaciones, hay reglas de preservación.

Yo creo que nosotros tenemos esa obligación para que el efecto positivo, al efecto de esta propuesta, al integrar el plazo para publicación de los planes de manejo queda estipulado en la ley.

Es cuanto, compañeras y compañeros. Y espero que apoyen esto.

Y además, les pido que lean este informe, este informe es muy importante, tiene cosas muy positivas, pero también hay algunas ambiciones que podemos subsanar.

Muchas gracias.

Iniciativa

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección y conservación del patrimonio natural compete a todos aquellos que se beneficien directa o indirectamente de los servicios que proveen los ecosistemas y sus procesos ecológicos dentro del Estado, es decir son de interés y responsabilidad de la sociedad y de las instituciones y autoridades, ya que todos ocupamos un lugar físico o ambiente integrado por elementos naturales y artificiales que permiten la existencia, desarrollo y subsistencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, por ello debemos respetarlo, preservarlo y cuidarlo.

Ha quedado demostrado, que el tomar medidas para proteger el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, permiten la subsistencia de toda sociedad y sustentan su desarrollo, por ello, ha sido de interés tanto de ciudadanos y de autoridades de la mayoría de los países del mundo, la necesidad de generar múltiples acciones en favor de la conservación de la diversidad biológica.

México no se ha mantenido pasivo ante la importancia del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que desde el 28 de enero de 1988, es decir que desde hace 27 años, se cuenta con una ley que regula dicho rubro, cuyo objeto principal es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.

Las disposiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son de orden público e interés social, estos principios de protección se integraron formalmente a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el quinto párrafo del artículo 4, por lo que a partir del 8 de febrero de 2012 toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado garantizará el respeto a este derecho y se generó la obligación para quien provoque un daño y deterioro ambiental de resarcirlo y de ser sancionado por la ley.

Para el Estado Mexicano, el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, se encuentra elevado al rango de un derecho fundamental, además de ser considerado como un derecho humano, ante esto, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente tienen influencia sobre la vida de todos los individuos que vivimos en el territorio nacional y que somos parte del Mundo.

El hecho de que se prevea la exigencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, los sujeta al "interés social" lo que implica y justifica, en cuanto resulten indispensables, que existen las restricciones estrictamente necesarias y conducentes para preservar y mantener ese interés.

Otro aspecto importante y que tutela el Estado mexicano, es el desarrollo sustentable que se traduce en la garantía de contar con un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, derecho que se encuentra contenido en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este proceso se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y que se concreta en el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
El Estado Mexicano constitucional y legalmente tiene la obligación de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, además de definir los principios de la política ambiental para preservar, restaurar y mejorar el ambiente y biodiversidad, así como para establecer y administrar las áreas naturales protegidas.

El establecimiento, protección, preservación y administración sustentable de las áreas naturales y de zonas de restauración ecológica se considera trascendente y de utilidad pública, por lo que la presente iniciativa trata de fortalecer dicha protección específicamente por lo que hace a las áreas naturales y sobre la necesidad de publicitar en un tiempo determinado los programas de manejo respectivos.

La fracción II del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las “Áreas naturales protegidas” son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y que estarán sujetas al régimen previsto en dicha Ley.

Tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas, con la participación de los gobiernos municipales, toda vez que el establecimiento de áreas protegidas tiene por objeto preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

Además de que mediante esta determinación, se protege la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, se asegura la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional y particularmente se resguardan las especies que están en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras y aquellas que se encuentran sujetas a protección especial.

El Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de conformidad a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, es un documento jurídico en el que encontramos claramente señalados los derechos y obligaciones que se deben de cumplir para respetar el área natural protegida, así como los aspectos técnicos de gestión de los ecosistemas y recursos naturales, la organización de las comunidades locales y la articulación programada de los intereses relevantes para el desarrollo sustentable.

Este programa es un instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida.

Dicho instrumento deberá contener entre otros elementos, la especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se ajustarán las obras y actividades que se realizarán en las áreas naturales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Su objeto es logar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, ya que establece, fortalece y renueva la coordinación institucional, crea los medios de participación de los diferentes actores en las políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas protegidas.

En suma, todo programa de manejo es un proceso de planeación para la toma de decisiones e instrumentación de acciones en un área protegida que describe el entorno biofísico y socioeconómico, da un diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional, permite la planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta.

También refiere la zonificación generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso del territorio, así como los ordenamientos territoriales vigentes, genera reglas administrativas que definen los elementos normativos derivados del decreto de establecimiento del área protegida, de la categoría, la legislación, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, para regular las actividades que se desarrollen en el área protegida y una evaluación de la integración funcional del sistema.

La ley que se propone reformar obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 65, a formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria que corresponda en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida.

La declaratoria de un área natural protegida se establece mediante un decreto que expide el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades reglamentarias y en el mismo se definen claramente los objetivos para destinar el área a la aplicación de una política ambiental, por lo tanto es el fundamento legal y jurídico de dicha área y permite brindar seguridad jurídica a las relaciones que se desarrollarán dentro de esta área.

Si bien se establece en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el plazo de un año para elaborar el programa de manejo del área natural protegida, en dicho precepto no se menciona la obligación de hacerlo del conocimiento público mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del documento completo, ignorando el motivo por el cual no se consideró importante realizar dicha publicación y esto pudiera deberse a que el documento en que se contiene el multicitado programa puede ser voluminoso.

No obstante, en el artículo 66 de la citada ley, que prevé los elementos que debe contener el referido programa de manejo, se salva el hecho de que un programa no sea conocido por la sociedad, al integrar en su último párrafo la obligación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área, pero sin contener el plazo que la autoridad tiene para publicar dicho resumen.

Esta situación genera un vació o laguna jurídica, por la ausencia en la ley de la exigencia de publicar el resumen del programa de manejo en un plazo determinado y esto afecta la certeza jurídica para el destinatario de la norma que son los gobernados y las autoridades que tendrán que aplicar la ley, lo que genera la problemática de que no se respete el área natural protegida, la falta de control y el manejo ambientalmente adecuado de la misma.

Ante estas consideraciones, se estima necesario y viable incluir en el último párrafo del artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la exigencia para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de que en un plazo determinado expresamente en la ley, se publique el resumen de los programas de manejo de áreas naturales protegidas, considerando que por la importancia del tema, dicha acción puede ser cumplida en un plazo no mayor a 30 días hábiles, después de que los mismos hayan sido formulados.

De igual forma, se propone que la falta de publicación del citado programa, será causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que sean omisos en cumplir dicha con medida.

Se estima que el efecto positivo de esta propuesta, al integrar el plazo que ha quedado mencionado, se genera al dar certeza que los resúmenes de los programas sean publicados y se pueda materializar el cumplimiento de la protección del área protegida, ya que no habrá excusa para el cumplimiento de la norma.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I.-… a VII.-

La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que se haya formulado el programa de manejo respectivo, un resumen del mismo y el plano de localización del área.

La omisión de la publicación que se menciona en el párrafo que antecede, será causa de responsabilidad administrativa en términos de las leyes respectivas.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, el 9 de septiembre de 2015.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Guerra.

La iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

Y la iniciativa que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

Para preguntarle a la promovente si me permite suscribirme a esta iniciativa, porque son parte de los compromisos de Aichi también estar al pendiente de esos planes de manejo.

Y pedirle, solicitarle Senador Presidente, si le puede dar turno a la Comisión Especial de Cambio Climático.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: También, para comentar, a la Comisión Especial de Cambio Climático.

Le consulto a la Senadora Guerra, si acepta la adhesión de la Senadora Silvia Garza a su iniciativa.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Por supuesto, todas las adiciones serán bienvenidas. Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, gracias.

Senadora Beristain.

La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Agradecerle a la Senadora Guerra, que esté introduciendo esta iniciativa, porque esta problemática es grave en Holbox, tal como ella lo mencionó.

Y pedirle que por favor me permita adherirme a la iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Regístrese la adhesión de la Senadora Beristain y del Senador Orihuela Bárcenas, y de cualquier otro Senador que desee adherirse a esta iniciativa.





 

Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL MAR

(Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, Senador Presidente.

La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por océanos y mares. No es nada extraño que hablemos de los océanos y las zonas costeras para la obtención de un sinnúmero de alimentos y múltiples servicios ambientales, además de la recreación.

Sin embargo, una de las principales causas del deterioro de los mares es precisamente una actividad humana desordenada. Nuestro país tiene una jurisdicción marítima sustentada en la Ley Federal del Mar, que incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económicamente exclusiva.

El mar territorial de México constituye la franja del mar adyacente a las costas nacionales, sean continentales o insulares en la cual la nación ejerce su soberanía.

La zona contigua es una zona adyacente al mar territorial que se extiende 24 millas náuticas. La zona económicamente exclusiva de México, es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, comprende una franja de mar que se mide desde el límite de exterior del mar territorial hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas mar adentro.

En esta zona la nación ejerce derechos de soberanía para fines de explotación y exploración económica, es decir, es una zona donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o aprovechar sus recursos naturales.

A razón de la parte donde se ejerce la jurisdicción nacional, mi propuesta pretende actualizar el nombre del ordenamiento ambiental y del agua mencionada en la Ley Federal del Mar.

Por otro, establecer las disposiciones para atender el cambio climático que afecta las zonas marítimas que forman parte del territorio nacional y más allá de éste, en las zonas marítimas donde la nación ejerce sus derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos.

En el año '71 se promulgó en México el primer ordenamiento que legislaba temas ambientales. Más adelante se publicó en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ley vigente que mejora los ordenamientos previstos y que integra los temas de desarrollo sustentable, derecho al medio ambiente sano, preservación, protección a los diferentes órdenes de gobierno y permite la participación social, incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental, entre otros.

Se puede observar que la Ley Federal del Mar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1986 y no existe ninguna reforma. La fecha, la publicación de esta ley es anterior a la publicación de la DGPA, por lo que la Ley General del Mar se refiere a diferentes artículos de la ley de protección ambiental. De la misma manera sucede en el caso de la legislación hidráulica, donde la ley federal todavía da atribuciones a la Ley Federal del Agua, ordenamiento creado en 1972.

Este ordenamiento resulta ya obsoleto y actualmente se está a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales.

Por otro lado, encontramos un vacío en la Ley Federal del Mar que no establece medidas para la mitigación del cambio climático, ese tema es sumamente importante, y dado a que en el mar se realizan acciones indispensables para la mitigación del bióxido de carbono, ya que actúa como un gran sumidero de carbono.

El cambio climático altera la temperatura de los mares y océanos, su composición química, las corrientes y esto, a su vez, afecta a las migraciones de animales, la distribución de alimentos y los ciclos de reproducción.

Los efectos del cambio climático en aguas marinas no nos pueden afectar la disponibilidad, estabilidad y utilización de los productos marinos, mermando nuestra seguridad alimentaria. Esto es de suma importancia ya que tenemos 17 estados costeros y aproximadamente 156 municipios costeros.

Existe ya la Ley General de Cambio Climático, en la que se dan atribuciones correspondientes, para que en tanto la Federación, como estados y municipios actúen para mitigar, reducir o evitar los impactos del cambio climático.

Es por esto que la Ley Federal del Mar debe remitir a dicho ordenamiento, a fin de que se contemplen las medidas adecuadas para mitigar y adaptarse al cambio climático en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, más allá de éste, en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 16, 18, 21 y 56 de la Ley Federal del Mar.

Senador Presidente, le solicito turno a esta iniciativa para opinión de la Comisión de Cambio Climático.

Es cuanto.

Iniciativa

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por océanos y mares que ocupan un enorme espacio favorable para el desarrollo de la vida, es decir 70.8% de la superficie que equivale a 362 millones de km2. No es nada extraño que dependamos de los océanos y las zonas costeras para la obtención de un sinnúmero de recursos tales como los alimentos y de múltiples servicios ambientales además de la recreación. Sin embargo, una de las principales causas del deterioro de los mares, es la actividad humana como causa principal.

Nuestro país tiene una jurisdicción marítima sustentada en la Ley Federal del Mar, incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.

El Mar Territorial de México constituye la franja del mar adyacente a las costas nacionales, sean continentales o insulares, en la cual la Nación ejerce soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente.

La Zona Contigua es una zona adyacente al mar territorial que se extiende hasta las 24 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base, de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial.

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste. Comprende la franja de mar que se mide desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas mar adentro, contadas a partir de la línea base desde la que se mide la anchura de éste. El límite interior de la ZEE coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial. En esta zona la Nación ejerce derechos de soberanía para fines de exploración y explotación económica, es decir, es una zona donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para aprovechar sus recursos naturales.

A razón de la parte donde se ejerce una jurisdicción nacional, mi propuesta pretende actualizar el nombre del ordenamiento ambiental y de agua mencionados en la Ley Federal del Mar. Por otro, establecer las disposiciones para atender el cambio climático que afecta las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos.

Fue en el año 1971 cuando se promulgó en México el primer ordenamiento que legislaba temas ambientales-la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental-, dirigida a temas de aire, agua y suelos y la contaminación de ellos, principalmente con un enfoque de carácter sanitario.

Más adelante, en el año 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Protección al Ambiente, en la que se integraba una visión más amplia de la protección ambiental que la legislación anterior. Fue hasta el 28 de enero de 1988, cuando se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Ley vigente que mejora los ordenamientos previos y que integra temas de desarrollo sustentable; derecho al medio ambiente sano; preservación, protección, restauración y mejoramiento del ambiente; da atribuciones a los diferentes órdenes de gobierno; permite la participación social; incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental; entre otros.

Se puede observar que la Ley Federal del Mar fue publicada en el DOF en 1986 y, no existe ninguna reforma. La fecha de publicación de esta Ley es anterior a la promulgación de la LGEEPA; por lo que la Ley Federal del Mar se refiere en diferentes artículos a la Ley Federal de Protección Ambiental. De la misma manera sucede en el caso de la legislación hidráulica, donde la Ley Federal del Mar todavía da atribuciones a la Ley Federal de Aguas, ordenamiento creado en 1972 para administrar las aguas propiedad de la nación. Este ordenamiento resulta ya obsoleto y actualmente se está a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, la presente iniciativa también pretende referir con el nombre adecuado al ordenamiento de pesca al que se hace referencia en diversos artículos de la Ley Federal del Mar.

Por otro lado, encontramos un vació en la Ley Federal del Mar. No se establecen medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Este tema es de suma importancia, dado que en el mar se realizan acciones indispensables para la mitigación de dióxido de carbono (CO2), ya que actúa como sumidero de carbono. Esta característica también lo hace muy susceptible a sufrirlo los efectos negativos del cambio climático.

El cambio climático altera la temperatura de los mares y océanos, su composición química, las corrientes, entre otros. Esto a su vez afecta las migraciones de animales, la distribución de alimentos, los ciclos de reproducción, etc.

El sector pesquero y acuícola, por ejemplo, da empleo a cerca de 200 millones de personas alrededor del mundo. Los alimentos acuáticos aportan en promedio 20% o más de la ingesta de proteínas animales per cápita a más de 1,500 millones de personas. El 50% de las necesidades de proteínas animales en los pequeños estados insulares, provienen de los alimentos acuáticos. Los efectos del cambio climático en las aguas marinas pueden afectar la disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de productos acuáticos, mermando la seguridad alimentaria.

El documento “Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura. Visión de conjunto del estado actual de los conocimientos científicos”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que: el cambio climático está ocasionando modificaciones físicas y biológicas en la distribución de las especies marinas y de aguas dulces. En general, se registra un desplazamiento hacia los polos de las especies de aguas templadas con los consiguientes cambios en el tamaño y productividad de sus hábitats. Al causar trastornos en las redes tróficas marinas y de aguas dulces, el cambio climático está alterando la estacionalidad de algunos procesos biológicos. El riesgo de invasión de especies y la difusión de enfermedades de transmisión vectorial también pueden ocurrir.

Asimismo, el aumento en las temperaturas de los océanos está ocasionando el blanqueo del coral, devastando los arrecifes coralinos. El detrimento de estos ecosistemas, afectaría a las especies que habitan en ellos; trayendo también como consecuencia pérdidas económicas para el turismo y la pesquería. De igual manera, al actuar los arrecifes de coral como barrera contra huracanes, perderían su capacidad de amortiguamiento intensificando el impacto que los fenómenos podrían ocasionar a las costas y sus habitantes.

Existe ya la Ley General de Cambio Climático en la que se dan las atribuciones correspondientes para que tanto la Federación, como los Estados y los Municipios, actúen para mitigar y para reducir o evitar los impactos del cambio climático. Es por esto que la Ley Federal del Mar debe remitir a dicho ordenamiento a fin de que se contemplen las medidas adecuadas para mitigar y adaptarse al cambio climático en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, más allá de éste en las zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos.
Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 16, 18, 21 y 56 de la Ley Federal del Mar para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16.- La Nación tiene derecho exclusivo en las zonas marinas mexicanas, de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de islas artificiales, de instalaciones y estructuras, de conformidad con la presente Ley, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Obras Públicas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables en vigor.

ARTÍCULO 18.- La aplicación de la presente Ley se llevará a cabo en estricta observancia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, de las disposiciones emanadas de ella y otras aplicables, en cuanto a medidas de conservación y utilización por nacionales o extranjeros de los recursos vivos en las zonas marinas mexicanas.

ARTÍCULO 21.-En el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de la Nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicarán la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, y sus respectivos Reglamentos, la Ley de Aguas Nacionales y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes o que se adopten, incluidos la presente Ley, su reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino. Para la mitigación y adaptación al cambio climático en el medio marino se estará a lo dispuesto en la Ley General del Cambio Climático.

ARTÍCULO 56.- El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración, protección y conservación para que los recursos vivos no se vean amenazados por una explotación excesiva, determinará la captura permisible de recursos vivos en la Zona Económica Exclusiva y, sin perjuicio de lo anterior, promoverá el aprovechamiento sustentable de dichos recursos. Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/
Idem
http://www.concienciaeco.com/2012/01/02/cambio-climatico-en-los-oceanos-y-mares/
Ibídem, pp1.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura. Visión de conjunto del estado actual de los conocimientos científicos”, Roma, 2012, pp2. http://www.fao.org/docrep/015/i0994s/i0994s.pdf
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Garza.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.





 

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el aval del grupo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Combate a la Corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, a nombre del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar esta iniciativa que busca ser reglamentaria de los artículos 81 y 7 transitorios de la Constitución, y que lo que busca es, precisamente, darle reglamentación al Sistema Nacional Anticorrupción.

Cuando hablamos de corrupción, regularmente las imágenes que aparecen tienen que ver con esa idea de que por corrupción se genera un beneficio de algún funcionario, de algún Senador o de algún Diputado, a partir de que alguien le da un dinero para algún trámite, para algún servicio.

Se tiene una idea de que son transacciones de dinero que terminan yendo en beneficio de un privado, cuando deberían de ser para otro tipo de condiciones.

Tal vez, en ese sentido hoy que presentamos esta iniciativa, deberíamos tomar en cuenta que el pasado martes el Poder Ejecutivo envió un paquete fiscal, y que hoy las cifras del INEGI, de distintos indicadores, ponen a la corrupción como uno de los principales flagelos en la mente de las ciudadanas y de los ciudadanos del país.

Frente a la presentación de este documento tal vez deberíamos pensar que lo inmediato es, pues que no se asigne un solo peso para el 2016 a este gobierno, si es que no hay un compromiso puntual para combatir la corrupción; y tal vez eso sería algo positivo pensar que no se le asigne un solo peso al gobierno de la República, si es que no hay un compromiso serio y formal para combatir la corrupción y para tener una verdadera ley que lo garantice.

Eso, compañeras y compañeros, sería positivo que estaríamos pecando de miopía y que sería sumamente insuficiente frente a los grandes problemas que hoy tenemos en el país.

Este informe, que es el de Ayotzinapa, y que fue presentado el día de ayer por los miembros del grupo interdisciplinario, es la muestra de los niveles a los que ha llegado la corrupción en nuestro país.

Hace ya casi un año, 43 jóvenes en la ciudad de Iguala fueron desaparecidos, y desaparecieron, hasta donde sabemos el día de hoy, una vez que la verdad histórica, pues se ha caído en pedazos por la colusión prevaleciente entre autoridades municipales, policías y sicarios.
Y fueron esos funcionarios, que siendo pagados con dinero de la gente, quienes les entregaron a los jóvenes normalistas a los sicarios, para que algunos de ellos fueran asesinados y muchos de ellos hoy sus padres no los encuentren.

De ese tamaño, amigas y amigos, es la corrupción que hay en el país, y de este tamaño tendría que ser la respuesta que el Poder Legislativo y el Estado mexicano, debieran de darle al pueblo de México cuando hablamos de corrupción.

Porque Ayotzinapa es un ejemplo terrible y preocupante de la situación que prevalece en muchas regiones del país, porque las fosas clandestinas no solamente se encontraron en mi tierra, en Guerrero; han existido en Veracruz y en Tamaulipas, han existido en Durango, en Chihuahua y en Coahuila; es parte del doloroso problema del colapso de las instituciones y de la ausencia de capacidades para poder proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos.

Con esa dimensión franca, al momento que vivimos, ante los detalles nuevos de la investigación que nos ha dado el Grupo Interdisciplinario de la Comisión de Derechos Humanos, me parece que es importante citar a un paisano guerrerense.

Él decía: Créanme que es doloroso,” yo como digo, quisiera un día regresar a casa, seguir mi vida normal, pero si no regresa mi hijo, me voy a destruir más. Yo no soy hombre conformista señor, siento que me pegaron y me duele. Prefiero morir a regresar a casa.

Estas son las palabras de un padre de los 43 normalistas, compañeras y compañeros, y me ha tocado escuchar muchos discursos, posiciones, planteamientos del más alto nivel, y la verdad es que como país no le estamos dando respuesta a esa voz de un padre que hoy manifiesta el dolor que tienen muchas miles de familias, porque hoy la corrupción se ha convertido en desapariciones, se ha convertido en fosas clandestinas.

Pongo a consideración de ustedes esta ley, porque lo que ayer nos decía el grupo interdisciplinario, es que hay leyes que se tienen que hacer con urgencia si se quiere garantizar la no repetición de hechos tan terribles como los hechos de Iguala.

Ese es el énfasis que pone esta comisión interdisciplinaria, la no repetición de estos hechos para ningún ciudadano o ciudadana que pise suelo mexicano.

¿Cuál es la ley más urgente, compañeros? La Ley que combata a la corrupción.

Si la corrupción hoy nos está matando, y si la corrupción hoy está al descubierto que ha llegado a los más altos niveles de la vida pública, entonces garantizar la conformación de un verdadero sistema anticorrupción, es fundamental para poder volver a tener viabilidad como nación, para que si hace algunos meses votamos un sistema, hicimos un cambio en la Carta Magna, volvamos a creer que ese texto fundamental es el que nos puede permitir una viabilidad como país y como comunidad.

Y estamos planteando en esta iniciativa que sean los ciudadanos el catalizador de este problema.

La clase política hoy goza de muy mala fama frente a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo podemos recuperarla? Atendiendo documentos como el que ha sido presentado, pero garantizando que las leyes que construyamos para nuestro presente y para nuestro futuro, sean la evidencia puntual de que podamos salirnos de la lógica partidista, que podamos salirnos de las lógicas vanas de andar defendiendo gobiernos y andar negando que la voz pública y la voz de la sociedad hoy nos reclama más.
Pongo a consideración este documento, porque mi grupo parlamentario está convencido de que el combate a la corrupción y el combate a la impunidad tienen que ser la bandera que nos permita recuperar una nación que hoy, a ojos de los ciudadanos, se nos está cayendo en pedazos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Libre de Derecho del Distrito Federal, invitados por el Senador Armando Ríos Piter. Asisten a presenciar nuestros debates.

¡Sean ustedes bienvenidos!





 

Tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIVIENDA

(Dictamen de primera lectura)

COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos

2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa señala como elemento básico para la subsistencia del hombre a la habitación, que le permita protegerse de fenómenos naturales y mantenerse seguro de amenazas de especies animales que pudieran atentar contra su vida o integridad; esta necesidad, destaca, evolucionó hasta convertirse en un elemento de estatus social, y en sentido contrario la falta de vivienda, expresaba pobreza y marginación, colocando a quien lo padeciera en un estado de vulnerabilidad; así la atención a la necesidad de vivienda rebasó el ámbito privado y se colocó como asunto prioritario para el Estado y Organizaciones Internacionales.

Resalta el artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece como derecho humano, el Derecho Universal a la Vivienda, concepto que también recoge del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Expresa que el acceso a la vivienda adecuada está limitado por la pobreza, en sus distintas formas y niveles. La pobreza, la vulnerabilidad o la marginación afectan directa y determinantemente la calidad de vida de las personas, toda atención respecto al tema de vivienda, debe abordarse en su integralidad

Define a la pobreza como la situación producto de: la imposibilidad de acceso, falta de medios para acceder o la carencia, de los recursos para satisfacer las necesidades básicas humanas, que tienen incidencia en el nivel y la calidad de vida.

Afirma que se han realizado muchos estudios estratificados a la pobreza e incluso se llega a hablar de pobreza en materia de género; retoma el caso Payne (1991) donde se habla de la vulnerabilidad de las mujeres a las condiciones precarias y privaciones, desigualdad social que enfrentan y el discrimen social ante la clase trabajadora.

Define la vulnerabilidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como “aquel grupo o comunidad que puede ser herido o recibir lesión física o moral”, por lo que quien la padece se encuentra en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Resalta algunos estudios del Banco Mundial que revelan a la vulnerabilidad como situación intrínseca a la pobreza; y según el Plan Nacional de Desarrollo es resultado de la acumulación de desventajas y la posibilidad de presentar un daño derivado de causas sociales, personales y/o culturales, considera vulnerables a las niñas, niños, y adolescentes en situación de calle, migrantes, discapacitados, adultos mayores e indígenas.

Afirma que la marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación o intolerancia, ya sea racial, sexual, étnica, cultural, religiosa o ideológica; menciona que uno de los principales factores que la permiten es la pobreza, dado que la mayoría de quienes la padecen no reciben la ayuda económica necesaria. Agrega que el hecho de padecer una exclusión económica conlleva a la exclusión también en lo político, lo cultural y lo social; más que mera pobreza, la exclusión social se trata de acumulación de problemas.

Por todo lo anterior, apunta que los programas sociales deben ser integrales para abarcar, en lo posible, a todos los grupos limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder a una vida mejor.

Subraya que establecer normativamente los grupos sociales que se pueden atender, permite ampliar y consolidar acciones, así como mayor atención de acuerdo a las capacidades presupuestales, por ello se complementa el concepto de población en situación de pobreza con los de marginación y vulnerabilidad, pudiendo llevar a cabo programas integrales referidos a la vivienda social.

Hace énfasis en el trabajo que ha realizado el Estado Mexicano para atender este problema, por lo que se adecua constantemente la Ley de Vivienda, reformada en diciembre del 2013 y marzo de 2014.

Expresa que las leyes son procesos dinámicos que atienden a una sociedad en permanente cambio, asimismo la Ley de Vivienda está en permanente perfeccionamiento para atender a las necesidades sociales del país. Menciona que debemos tomar en cuenta las experiencias exitosas en otros países a fin de conjuntar esfuerzos para apoyar a quienes no tienen los recursos necesarios para acceder a una mejor calidad de vida, una mejor vivienda.

Destaca la propuesta con el reforzamiento de conceptos como el de sustentabilidad, que va más allá de los recursos naturales y busca comprenderlo de manera más amplia como sustentabilidad social.

Plantea establecer como obligación del Gobierno Federal y Estatales la elaboración de programas sociales en materia de vivienda; programas de vivienda con visión a mediano y largo plazo que cuenten con recursos económicos viables, por lo que distingue la posibilidad de presupuestos plurianuales.

Pretende fomentar e incentivar la participación de los sectores público, privado y social, para atender las necesidades de créditos y facilidades a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, para que puedan acceder a una vivienda; de igual modo busca dar preferencia a personas pertenecientes al sector informal, en los beneficios de los programas de ahorro para la vivienda.

Agrega programas de vivienda social, conforme a los que podrán acceder gratuitamente a una vivienda, las personas en condiciones de pobreza extrema, zonas de alto riesgo, desplazamiento o aquellos afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.

La iniciativa señala que no es necesario contar con mayores recursos presupuestales, dependiendo el financiamiento de la estricta alineación a las políticas de vivienda, desarrollo social y protección civil; de igual manera se acompaña con los requisitos y condiciones para los beneficiarios de los programas. Enfatiza que la sociedad en conjunto tiene la responsabilidad de apoyar a quienes no han sido favorecidos con los elementos para llevar una vida digna.
El proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 4.-…

I a VII…

VIII. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en Sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

IX a XII…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a VII…

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos dé la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;

IX a XVIII…

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.


ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VI…

B.-…

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VII…

ARTÍCULO 19.-…

I a VI…

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXII…

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría, acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV…
ARTÍCULO 34.-…

I…

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII…

ARTICULO 38.-…

I…

II. Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;

III a XIV…

ARTÍCULO 39.-El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

II a X…

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado.

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 48.-…

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales.
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específicos e instrumente y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 59.-…

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos programas.

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.


ARTÍCULO 62.-…

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI…

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…

I…

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 85 Bis 1.- El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para permitir a título gratuito el acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. En condiciones de pobreza extrema;

II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;

III. En zonas de alto riesgo;

IV. En situación de desplazamiento.

ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados.

ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación civil aplicable.

ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia.

ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios:

I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente;

III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos exigidos en los programas;
ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas.

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de desarrollo social.

Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 54, 51, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 fracción II y III, para incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria para el acceso a la vivienda.

Las Comisiones dictaminadoras comparten los motivos y las justificaciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a la necesidad de contemplar los conceptos de marginación y vulnerabilidad en la Ley de Vivienda, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social donde se consideran estos términos. Se deben incluir como una medida legislativa para brindar una protección reforzada a los grupos sociales limitados por alguna circunstancia, para que puedan acceder al ejercicio pleno del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.

De igual modo estas Comisiones Unidas coinciden con los argumentos y objetivos de la Iniciativa que se dictamina, consistente en reformar el artículo 51 y 58 para incorporar la evaluación de los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, para posteriormente fortalecerlos atendiendo a mejores prácticas nacionales o internacionales; así como la integración del principio de responsabilidad social empresarial en los programas de créditos fomentados por las instituciones de banca de desarrollo y las instituciones privadas de crédito.

SEGUNDA. Las Comisiones que dictaminan advierten pertinente modificar el presente proyecto, haciendo las precisiones siguientes:

El concepto de vivienda digna y decorosa ha sido recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, donde se adopta la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), de la cual se desprenden que las características del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa son: “(a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.”

Según lo establecido en la tesis aislada y la observación citada la definición de vivienda digna y decorosa no incluye el concepto de sustentabilidad como elemento mínimo para considerar a la vivienda como tal.

El artículo 2 de la Ley de Vivienda define el concepto de vivienda digna y decorosa, donde se establecen los requisitos para considerarla como tal, por lo que resultaría en una limitante del derecho a una vivienda adecuada, el colocar como elemento mínimo la sustentabilidad, mermando el acceso de las personas a la vivienda, especialmente aquellas en situación de pobreza.

No obstante lo anterior, el criterio de sustentabilidad como atributo de la vivienda se encuentra reconocido por el mismo instrumento jurídico en los artículos 6, 71 y 72, los cuales contemplan factores de sustentabilidad ambiental y respeto al entorno ecológico, sin considerarlo como requisito elemental de la vivienda digna y decorosa.

Respecto a la modificación del artículo 8, fracción VIII, el espíritu del artículo en comento, busca evitar el aumento de los costos de adquisición de viviendas, incluyendo, en el Programa Nacional de Vivienda, las estrategias de coordinación que permitan el abatimiento de los costos de la vivienda, y los mecanismos que eviten las prácticas indebidas que encarezcan su financiamiento, adquisición, construcción y mejoramiento, más no pretende establecer estrategias de promoción a dichas soluciones de vivienda, por lo que aplicar la propuesta modificaría el sentido de la norma.

Acerca de la inclusión de los criterios de grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad al artículo 11, es necesario considerar que la planeación democrática establecida en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta al Poder Ejecutivo Federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él derivan, señala que es facultad del Ejecutivo Federal establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo; establecer en una ley distinta a la Ley de Planeación los criterios para la formulación e instrumentación de un programa invadiría la esfera competencial del Ejecutivo Federal.

En atención a la reforma de los artículos 19, fracción XXIII, 38, fracción II y 47, donde se intenta incluir el concepto de crédito social, se considera inapropiado incluir dicho concepto, ya que la interpretación podría adoptar una postura grupal o política; y ya existen varias instancias de financiamiento que acercan el crédito a la población que no tiene o se le dificulta el acceso a créditos de instituciones privadas.

En referencia a la visión plurianual que se pretende establecer en el artículo 48 tercer párrafo, se estima inviable incorporar la propuesta en razón del presupuesto que depende de los recursos con que se cuente para el periodo proyectado, debido a que la programación del mismo es exclusivamente anual, y según el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autorización de erogaciones plurianuales le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, para aquellos proyectos de inversión en infraestructura, lo cual evidentemente no corresponde a la materia de vivienda.

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo 59 para establecer una preferencia para el acceso al beneficio del programa, a las personas pertenecientes al sector informal, se considera una discriminación negativa que propicia la desigualdad en el acceso a la vivienda, y sin que la Ley haga alguna distinción, existen esquemas de financiamiento que cuentan con mitigantes de riesgo para el acceso de personas que no cuentan con un ingreso fijo.

Se considera necesario desechar la reforma al artículo 17 A fracción I y la adición de los artículos 85 Bis 1,85 Bis 2,85 Bis 3,85 Bis 4,85 Bis 5,85 Bis 6,85 Bis 7 y 85 Bis 8, dado que algunos de los supuestos bajo los cuales se busca otorgar programas de vivienda social que permitan, a título gratuito, acceder a una vivienda, ya se encuentran atendidos a través de recursos federales canalizados por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; adicionalmente se considera que respecto al supuesto de zonas de alto riesgo, este podría propiciar la ocupación de los mismos y la situación de desplazamiento constriñe una ambigüedad que da lugar a expectativas de derecho no perseguidas por la Iniciativa.

TERCERA. Estas Comisiones dictaminadoras, por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar los conceptos de vulnerabilidad y marginación a los artículos 4, fracción X, 8, fracción V,13 fracción II, 17 A fracción II y B II, 19, fracción VII, 34, fracción II, 39, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54, 55, 58, 61,62 fracción I, 67 y 82 fracción II y III, la Ley de Vivienda; así como incluir la evaluación y el principio de responsabilidad social empresarial en los artículos 51 y 58,respectivamente, de la misma Ley.

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente realizar modificaciones al proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente:

Proyecto de Decreto de la Iniciativa:

Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones Dictaminadoras:

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4 fracción VIII, 8 fracciones V y VIII, 11 párrafo primero, 13 fracción II, 17, apartado A, fracciones I y II, y, apartado B, fracción II, 19 fracciones VII y XXIII, 34 fracción II, 38 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47, 48 último párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67, 82 fracciones II y III; y se adicionan, con un párrafo el artículo 59, y los artículos 85 Bis 1, 85 Bis 2, 85 Bis 3, 85 Bis 4, 85 Bis 5, 85 Bis 6, 85 Bis 7 y 85 Bis 8, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, sustentabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 4.-…

I a VII…

VIII. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

IX a XII…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a VII…

VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la vivienda, así como los mecanismos que promuevan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;

IX a XVIII…

ARTÍCULO 11.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales, en los que deberá contemplar la atención a grupos en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, que comprenda a la vivienda social, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VI …

B.- …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VII …

ARTÍCULO 19.- …

I a VI …

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXII …

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría, acompañamiento y crédito a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV …

ARTÍCULO 34.-…

I …
II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …

ARTICULO 38.-…

I …

II. Aplicar recursos, y fomentar el otorgamiento de crédito social y privado, para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;

III a XIV …

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a X…

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán los subsidios que para tal efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares, otras aportaciones y el crédito de los sectores público, social y privado.

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 48.-…

En la formulación de sus presupuestos se considerarán la visión plurianual de mediano y largo plazo, así como la continuidad y complementariedad que requieren los programas habitacionales.

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley, el programa que en específico se instrumente y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo fomentará con las instituciones privadas de crédito, programas destinados al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

ARTÍCULO 59.-…

Las personas pertenecientes al sector informal tendrán preferencia para acceder a los beneficios de estos programas.

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.- …

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…

I. …

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 85 Bis 1.-El Gobierno Federal desarrollará programas de vivienda social prioritaria, para permitir a título gratuito el acceso a la vivienda a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. En condiciones de pobreza extrema;

II. Afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;

III. En zonas de alto riesgo;

IV. En situación de desplazamiento.

ARTÍCULO 85 Bis 2.- Dentro de las personas que se encuentren en las situaciones a que se refieren el artículo que antecede, se dará prioridad a las jefas de familia, a los adultos mayores y a los discapacitados.

ARTÍCULO 85 Bis 3.- Los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria tendrán la obligación de constituir sobre el inmueble que reciban el patrimonio de familia, en términos de la legislación civil aplicable.

ARTÍCULO 85 Bis 4.- Conjuntamente con el acto jurídico por el que se trasmita la propiedad del inmueble a los beneficiarios de los programas de vivienda social prioritaria, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad el patrimonio de familia.

ARTÍCULO 85 Bis 5.- Serán restituidos al Estado, los inmuebles objeto de los programas de vivienda social prioritaria, cuando los beneficiarios:

I. Cedan cualquier derecho real sobre el inmueble;

II. Dejen de habitar el inmueble, antes de haber transcurrido diez años, desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso de la autoridad competente;

III. Se hayan conducido con falsedad o imprecisión en los documentos presentados para acreditar los requisitos exigidos en los programas;

ARTÍCULO 85 Bis 6.- Los inmuebles que sean restituidos al Estado, se adjudicarán a otras personas que cumplan las condiciones para ser beneficiarios de los programas.

ARTICULO 85 Bis 7.- El Gobierno Federal promoverá con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, el desarrollo y ejecución de programas de vivienda social prioritaria.

ARTICULO 85 Bis 8.- Los programas de vivienda social prioritaria deberán alinearse con los programas de desarrollo social.
Los programas de vivienda social prioritaria que se ejecuten con motivo de desastres naturales, se podrán financiar con los fondos de desastres, en términos de las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracciones V, 13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda.

 

 


ARTÍCULO 2.-…

 

 

 

 

ARTÍCULO 4.-…

I a IX…

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

  

XI a XIV…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

 
VI a XVIII…

 



 

ARTÍCULO 11.-…

 

 

 

ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

 
III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I…

 

  

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

 III a VI …

B.- …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

 III a VII …

ARTÍCULO 19.-…

I a VI …

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

 VIII a XXIV …

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 34.-…

I …
II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

 
III a VIII …

ARTÍCULO 38.-…

 

 

  

 

 

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.


ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II a X…

ARTÍCULO 47.-

 

 

 

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

 
ARTÍCULO 48.-…

 

 
ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

 
ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.


Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.


ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.

 

ARTÍCULO 59.-…

 

 
 

ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.


ARTÍCULO 62.- …

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

 II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

 
ARTÍCULO 82.-…

I. …

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

 

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

















































TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. TEXTO NORMATIVO

Decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracción V, 13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda.

ARTÍCULO 4.-…

I a IX…

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XI a XIV…

ARTÍCULO 8.-…

I a IV…

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;

VI a XVIII…

ARTÍCULO 13.-…

I. …

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a V…

ARTÍCULO 17.-…

A.- …

I…
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VI …

B.- …

I. …

II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VII …

ARTÍCULO 19.-…

I a VI …

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII a XXIV …

ARTÍCULO 34.-…

I …

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

III a VIII …

ARTÍCULO 39.- El Gobierno Federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.


ARTÍCULO 42.-…

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a X…

ARTÍCULO 47.-

La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación, de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.

ARTÍCULO 51.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 54.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 58.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Así mismo podrá fomentar con las instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

ARTÍCULO 62.-…

I. Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II a VI …

ARTÍCULO 67.- La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 82.-…

I…

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de Comisiones del Senado de la República, a 4 de febrero de 2015.

COMISION DE VIVIENDA
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos al desahogo de dictámenes con punto de Acuerdo emitidos por diversas comisiones, y sobre los cuales no hay reservas para su discusión, y están pendientes de la sesión anterior. Los inscritos para la sesión de hoy se pondrán a su consideración oportunamente. Igualmente pondremos a su consideración aquellos dictámenes sobre los que se ha manifestado interés para su discusión.





 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes pendientes de la sesión del martes 8 de septiembre.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con los dictámenes.

De la Comisión de Justicia, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de México a remitir un informe sobre las tres transferencias de recursos presupuestales que presuntamente se realizaron de una cuenta bancaria de dicho gobierno, a una cuenta bancaria de un particular.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Turismo, por el que exhorta a continuar con las acciones para garantizar la seguridad de los turistas que visitan costas mexicanas.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Turismo, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo información sobre el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes”, que se implementará en Cozumel, Quintana Roo.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Turismo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial de las regiones del estado de Oaxaca que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico.

COMISIÓN DE TURISMO

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por el que se solicita un informe sobre el avance de la implementación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

COMISIÓN DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por el que se solicita un informe de las acciones emprendidas y las sanciones aplicadas en relación a la especulación del precio del huevo en el territorio nacional.

COMISIÓN DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de cuatro proposiciones con punto de Acuerdo.

COMISIÓN DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Federalismo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Programa Especial para un Federalismo Articulado 2014-2018.

COMISIÓN DE FEDERALISMO

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, por la que el Senado de la República expresa su beneplácito por el acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y el Grupo P5+1 sobre el programa nuclear iraní.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición que exhorta a impulsar en la Cumbre de las Américas los temas de derechos humanos y democracia en la región.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional Forestal a realizar las acciones pertinentes y declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en el estado de Nuevo León.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta a realizar los estudios pertinentes para la elaboración de un nuevo proyecto que otorgue facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que el Senado de la República condena las agresiones en contra de las personas defensoras del derecho humano al agua.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta a realizar visitas de verificación por la supuesta existencia de tomas de aguas clandestinas y derivaciones no autorizadas en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre las acciones que ha emprendido para cumplir con la resolución de amparo en revisión con el expediente número 631/2012, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)







 

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar el estatus hídrico de los estados de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas.

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En razón de que se trata de puntos de Acuerdo, consulto si algunos de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de que no hay reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos ahora la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado, que fueron inscritos en la sesión del pasado martes.

Los inscritos para la sesión de hoy se pondrán a su consideración oportunamente. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, en consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos pendientes del pasado martes.





 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes:

Dos, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con puntos de Acuerdo en los que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados de los siguientes proyectos de Decreto:

Uno, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el punto de Acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 1067 del Código de Comercio.

PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 1067 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se crea la Ley contra el Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; y el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Armada de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulto a la Asamblea, si algún Senador o Senadora desea reservarse un dictamen para su discusión.

No habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.





 

Pasamos ahora a la discusión de los dictámenes con punto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos. Todos están publicados en la Gaceta.

Informo a la Asamblea que se retiró de la discusión el dictamen relativo al Reglamento de la Ley General de Víctimas.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes que se mantienen para discusión.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta.

Uno, por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo ante cualquier manifestación de discriminación y contra cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se exhorta a informar sobre el número de denuncias presentadas en materia de desaparición de personas a nivel nacional en el ámbito de las entidades federativas.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Uno más, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa a informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Esperanza Hernández Lugo y su familia.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se exhorta a implementar diversas acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en los medios de comunicación de todo el país.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a tomar las medidas pertinentes a fin de garantizar el Derecho de las Mujeres a la Educación sin exclusión por condición alguna.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)







 

Y uno más, por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y los resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Están a discusión.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para referirse a los seis dictámenes.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, doy la bienvenida a los dictámenes que la Comisión de Derechos Humanos presenta el día de hoy y manifiesto mi voto a favor de cada uno de ellos, en particular quiero referirme al punto de Acuerdo que busca exhortar a diversas autoridades para que brinden información en materia de desaparición de personas.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde hace más de diez años. Eso es vergonzoso y nos habla de la necesidad de hacer algo para impedir que se sigan cometiendo este tipo de violaciones graves a los derechos humanos.

El caso extremo es el de Iguala, tema en torno al que se estuvo discutiendo en la sesión pasada y que nos muestra que no importa cuánto tiempo pase, la sociedad está esperando una respuesta contundente por parte del Estado para dar certeza a lo que ocurrió en el basurero de Cocula. Para esa razón celebro que se ponga nuevamente sobre la mesa un tema de la mayor importancia para la sociedad mexicana.

Por otro lado, comparto totalmente la preocupación para garantizar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, y una condición propia inherente a las democracias. Es fundamental y apropiada la presentación del dictamen en materia de libertad de expresión.

No podemos permitir que alguna autoridad atente, coopte la libertad de periodistas o ciudadanos que cuentan con información variada y oportuna. Observo con preocupación el retroceso que se ha venido dando en esta materia, ya que en últimas fechas hemos presenciado casos de periodistas asesinados con violencia.

Es inadmisible que en nuestro país cada 26 horas se agreda a un periodista, y que en los últimos diez años han muerto más de 105 periodistas, cifra mayor al número de los que murieron durante la Guerra del Golfo o la invasión de Afganistán.

Desafortunadamente nuestro país se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión del periodismo. Este tema llama particularmente mi atención porque tristemente debo comentarles que es un marcado problema en mi estado. En Tlaxcala se tienen documentadas al menos dos agresiones graves a periodistas de acuerdo con el Registro de la Violencia Contra Periodistas en México.

Además, la libertad de expresión está sumamente restringida porque dentro del marco legal existen los llamados delitos contra el honor, que permiten que las autoridades utilicen esta falta de actualización legal para denunciar y hasta criminalizar a periodistas. Esto ocurrió en 2013, con el Director de Consulta Tlaxcala, Martín Ruiz, quien fue detenido por haber llamado a un funcionario estatal: “viejito maniatado” “mediocre”.

Hasta enero del presente año en Tlaxcala había un registro de cinco denuncias en contra de periodistas, de acuerdo con lo publicado por la organización en el artículo 19. Esta cifra sólo es superada por el Distrito Federal, colocando al estado como uno donde más se criminaliza esta profesión.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Desafortunadamente en México las personas y organizaciones dedicadas al periodismo se enfrentan a riesgos como el hostigamiento y hasta a la desaparición forzada.

Por ello, es esencial que el Estado mexicano cumpla con los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país en la materia, y en el sentido de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, resulta fundamental que las autoridades de cada entidad implementen acciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Por ello, les reitero mi voto a favor en estas propuestas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora.

El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Senador David Monreal Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes discutidos.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a informar sobre las acciones que se implementarán para cumplir las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)



En consecuencia está a discusión.

Tiene el uso de la voz el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero Presidente.

Primero, felicitar a las Comisiones de Derechos Humanos; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales por este punto de Acuerdo.

El tema de la tortura es un asunto muy delicado en este país, sin embargo, cuando viene el señor Juan Méndez y hace la observación de que en México la tortura es generalizada, se genera una gran discusión en el gobierno, a tal grado que lo llaman poco serio y poco ético.

Sin embargo, la realidad del país dice que la impunidad galopa sin control a lo largo y ancho de México ante la pasividad, omisión y encubrimiento de quienes debieran de garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

Instituciones como las policías en todos sus niveles se han visto involucradas en violaciones comprobadas de derechos humanos y de tortura, se cuentan por miles las detenciones que por diferentes motivos hacen las policías municipales, estatales y federal, así como las Fuerzas Armadas.

Está comprobado que en la mayoría de las detenciones no se cumple con el protocolo a que están obligadas cuando se detienen a personas, sea por la causa que sea. La violación de los derechos humanos va desde las agresiones verbales, vejaciones a la dignidad de los detenidos, maltrato físico, tortura y, en el peor de los casos, hasta desapariciones forzadas.

En la mayoría se hace para castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.

Para completar el cuadro del dramatismo que viven quienes pasan por este calvario de ser detenidos y luego puestos a disposición de la autoridad judicial, este Senado de manera injustificada y con todas las agravantes de la ley, es decir, con premeditación, alevosía y ventaja porque los ciudadanos están en estado de indefensión ante quienes hacemos las leyes, dejó pasar el artículo 165 de la Ley de Amparo, en el cual se niega al ciudadano que una vez que ha obtenido la suspensión de un Juez Federal, sea liberado de manera inmediata y todavía le da al Ministerio Público hasta 48 horas para analizar su situación jurídica.

Con la aprobación de este artículo se abre la posibilidad para que miles de compatriotas en todo el país, al quedar a expensas del Ministerio Público y de la Policía Ministerial, sean víctimas de los métodos de tortura más crueles, para que a partir de ésta muchos inocentes se declaren culpables ante el terrible dolor a que son sometidos.

Es necesario, urgente que el Senado de la República corrija de manera urgente este artículo 165 de la Ley de Amparo, de lo contrario, el Senado de la República tiene que asumir su responsabilidad histórica de contribuir de manera abierta para que la tortura en México sea una práctica generalizada, porque nadie en este país confía en los Ministerios Públicos y menos en las Policías Ministeriales, quienes en 48 horas no sólo pueden torturar sino hasta provocar desapariciones forzadas.
Para que se le prestara atención a este tema, tuvo que venir el Relator Especial para la Tortura de la ONU, Juan Méndez, a poner el dedo en la llaga y señalar con toda la contundencia de que tiene las pruebas para hacerlo, de que en México la tortura es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad.

¿Sinceramente, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, esta afirmación del Relator Especial para la Tortura de la ONU, tiene elementos para que pueda ser cuestionada? Claro que no.

Todos aquí sabemos cómo se las gastan los policías y las Fuerzas Armadas de México cuando de obtener confesiones o información incriminatoria se trata.

Por eso es importante que el gobierno de México, en lugar de andar descalificando las declaraciones del Relator, de “irresponsables y poco éticas”, acate estas recomendaciones e informe a esta Soberanía, con carácter de urgente, ¿cuáles son las acciones concretas que ha implementado para cumplir con dichas recomendaciones? y de esta manera poner a salvaguarda los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos que tienen la desgracia de caer en las garras de las fuerzas policiales y ministeriales de todas las jurisdicciones, así como de las Fuerzas Armadas de este país.

Por un México sin tortura, a favor del punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Demédicis.

¿Alguna otra intervención?

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular del gobierno del estado de Tamaulipas a complementar las acciones necesarias a fin de fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en dicho estado. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

El 11 de marzo del pasado 2014, el Senador Francisco Javier Cabeza de Vaca presentó un punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Tamaulipas a implementar una estrategia integral contra la inseguridad en el estado.

Varios de los puntos de acuerdo que hoy vamos a aprobar, por fortuna, fueron presentados hace ya algunos meses, todos ellos dan cuenta de temas fundamentales para nuestro país en materia de derechos humanos e inseguridad.
En el punto de Acuerdo que vamos a aprobar se pedía que se implementaran acciones para contar con una estrategia integral para combatir la inseguridad en el estado de Tamaulipas, lo cual creemos que es un tema urgente al que estamos dando una atención bastante retrasada, pero bien dicen que más vale tarde que nunca.

Nuestro partido considera de gran relevancia este dictamen, ya que se envía un exhorto tanto al Ejecutivo Federal como al gobierno del estado de Tamaulipas, que tiene una gran pertinencia, puesto que las condiciones de inseguridad que motivaron el punto de Acuerdo aún prevalecen.

En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desparecidas que opera en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Tamaulipas reporta 5,411 personas desaparecidas de 2007 hasta el 31 de junio del 2015.

Habrá que reconocerle a la Procuraduría que suba las cifras con más certeza de la que lo hacen otros estados, ya que reportan un subregistro, aunque sea vox populi, que las personas desaparecidas en otros estados, con este índice de violencia, se cuentan por centenares, con el terrible daño que esta negligencia e indiferencia causa a las familias que buscan a un ser querido.

En las consideraciones, el ponente refiere algunos de los acontecimientos trágicos de recuperación en cuanto a los cuerpos de personas asesinadas que fueron encontradas en fosas clandestinas y éste es uno de los temas que sigue siendo pendiente en nuestro sistema de justicia en materia de capacidades forenses. No tenemos una estructura nacional institucional que permita trabajar adecuadamente en la búsqueda de personas desaparecidas, ni la identificación de cadáveres que se recuperan de las fosas comunes o clandestinas y que podríamos tener la certeza de que sus familias los están buscando sin apoyo de las autoridades.

Es cierto, como se reconoce en las consideraciones del dictamen, que se habría reducido la violencia, sin embargo, la curva de la reducción y el aumento en esta curva es cíclica porque vinculan las acciones de los grupos de la delincuencia organizada con el Índice de Disminución de Violencia. Eso también obra en el dictamen.

Y aunque el Grupo de Coordinación Tamaulipas haya permitido algunos avances, sigue siendo necesaria una estrategia integral que permita una mejor actividad, una prevención social del delito y de la violencia en el estado.

Es menester, -y lo propongo con un reconocimiento autocrítico de nuestras propias omisiones tanto en la Comisión de Seguridad Pública como en otras-, decir que estos dictámenes son tardíos. Es necesario que tengamos mayor celeridad porque no es posible que del mes de marzo de 2014 que fue presentado este punto de Acuerdo, se esté aprobando al día de hoy.

Requerimos de mayor celeridad en el trabajo legislativo y obviamente, a favor del dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Mendoza.

¿Algún otro Senador o Senadora desea intervenir en este punto?

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Uno.- Que exhorta a realizar una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)







 

Otro, que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)







 

Y uno más, que exhorta a los ayuntamientos de los municipios a incorporar en sus reglamentos la obligación de que en los procesos de proyección, diseño y construcción de parques, jardines y demás espacios públicos se considere la instalación de juegos adaptados y medidas de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la voz, en consecuencia, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para referirse a los dictámenes.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, hago uso de esta tribuna para manifestar mi apoyo a las tres propuestas de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que se nos están poniendo a consideración y que contribuyen sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de grupos y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en 2008 y se trata del primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI, en ésta, se describe la situación ideal para las personas con discapacidad en el mundo.

Los principios generales de ese Tratado que nuestro país suscribió, son principalmente el respeto a la dignidad, autonomía e independencia; la no discriminación; la participación e inclusión plena y efectiva en sociedad; el respeto a la diferencia y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, entre otros.

En nuestro país tenemos 7.3 millones de personas con discapacidad, y de éstas 1 de cada 2 vive en situación de pobreza, y apenas 1.5 millones cuenta con algún empleo formal.

Cifras del Coneval muestran que el porcentaje de personas con alguna discapacidad en situación de pobreza se encuentra en aumento en los últimos años.

Este sector de la población, al tratarse de personas con un grado de indefensión derivado de sus condiciones, depende del cuidado y protección que pueden ofrecerles sus familias y las instituciones del Estado.

Por ello, me parece pertinente que desde esta Soberanía hagamos este llamado para que los congresos locales realicen los cambios necesarios al marco jurídico local a fin de armonizarlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que para llevar a cabo esta importante labor, lleven a cabo las consultas necesarias con organizaciones de personas con discapacidad.

Como bien se menciona en este dictamen, al ratificar esta Convención, nuestro país acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del Tratado y se llevarán a cabo los cambios necesarios a la legislación para hacerlo cumplir.

Por otra parte, y en este mismo sentido, exhortamos a las autoridades para que se difunda e implemente el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad.

Como bien menciona el dictamen, de cada cien personas con discapacidad ocupadas, en su mayoría lo hacen con un perfil ocupacional de baja calificación, lo que ocasiona un deterioro en su nivel de ingreso y, por ende, en sus condiciones de vida.

Esto hace pertinente llevar a cabo este exhorto, ya que dicho programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo, talleres de asistencia técnica, etcétera.

Finalmente, se hace un exhorto para que los ayuntamientos incorporen dentro de su infraestructura la instalación y adaptación de medidas de accesibilidad e inclusión; así como espacios públicos para personas con discapacidad, y que esto quede estipulado en los reglamentos de construcciones de las entidades federativas.

Con este exhorto allegamos elementos para facilitar la movilidad y entender el principio de igualdad de derechos, en el que toda infraestructura debe construirse bajo principios de planificación, en donde se garantice que todas las personas participen activamente en su papel social.

Concluyo, compañeras y compañeros Senadores, solicitando su voto a favor de estas propuestas, pues creo firmemente que el Estado debe garantizar, por todos los medios y recursos a su alcance, que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Cuéllar.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo para solicitar que se pueda insertar en el Diario de los Debates una intervención a favor de este dictamen.

Gracias.

Intervención



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates el posicionamiento de la Senadora Hernández Lecona.

Para presentar a nombre de la comisión los dictámenes, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos.

Mediante mi intervención, deseo fundamentar los tres dictámenes a puntos de Acuerdo enlistados el día de hoy por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirma que todas las personas con discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Este instrumento tan valioso ha marcado la pauta para que otros organismos, así como instrumentos legislativos, dirijan su atención a las personas con discapacidad, que desde diferentes trincheras han venido luchando para alcanzar el goce pleno de sus derechos.

Establece, además, en su artículo 3º que se les deberá propiciar una participación plena y efectiva en la sociedad, para lo cual el Estado mexicano deberá realizar las acciones tendientes a fomentar su inclusión integral.

Quiero destacar que la Organización Mundial de la Salud, en su primer informe sobre la Discapacidad, estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial.

Conocemos, también, que de acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad.

Así, en virtud de la necesidad y obligatoriedad constitucional de que se homologue el marco jurídico nacional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a derechos y terminologías, se exhorta a los congresos locales de los 31 estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que realicen una labor de armonización legislativa, eliminando de las legislaciones locales toda aquella expresión derogatoria utilizada para referirse a las personas con discapacidad.

Como segundo dictamen, de acuerdo con información dada a conocer por el INEGI, de cada cien personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo; 18 son trabajadores agrícolas; 16 laboran en tareas de comercio o ventas; 14 son artesanos; 10 profesionistas y técnicos; 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia; 6 trabajan como operadores de maquinaria; 3 como auxiliares administrativos; y 2 son funcionarios, directores o agentes. Es decir, la gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja calificación.

Es preciso reconocer que el Estado mexicano no ha sido omiso ante esta situación diseñando mecanismo y estrategias que cada día se traducen en más personas con discapacidad, incluidas en el ámbito laboral a todos los niveles.

Ejemplo de ello es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha encaminado sus esfuerzos para el diseño e implementación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, que comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, entre otras.
Por ello, y con la firme intención de fortalecer la inclusión laboral y sumar a las políticas nacionales en la materia, se exhorta a las entidades federativas para que, a través de las instancias correspondientes, difundan e implementen el programa nacional en comento.

Finalmente, como tercer dictamen, quiero hacer mención de la importancia de que los estados y municipios reconozcan que el juego, la recreación y el deporte, además de ser un derecho, les permite a las personas descubrir lo que tienen alrededor, y también desarrollar múltiples habilidades de socialización y conocimiento del entorno.

Sin embargo, la accesibilidad en los parques infantiles sigue constituyendo un reto pendiente para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Con ello, me refiero a que en muchos de los parques y lugares de esparcimiento no se cuenta con el diseño ni la infraestructura necesaria para que niñas y niños puedan participar de las actividades recreativas.

Esta tarea no queda resuelta con la incorporación de juegos infantiles únicamente, sino que además requiere la necesaria accesibilidad en las áreas anexas al parque basadas, por supuesto, en medidas universales.

Por ello, es necesario reivindicar el derecho al esparcimiento en igualdad para las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, por lo que resulta pertinente hacer un llamado a los órdenes de gobierno, a fin de que en el proceso de proyección, diseño y construcción de parques y jardines se considere la instalación de juegos accesibles, así como el diseño de accesos a bebederos, servicios sanitarios y áreas comunes.

Es por lo anteriormente comentado, que a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y tal como también lo expresó mi compañera Senadora Lorena Cuéllar, que amablemente también habló a favor de estos dictámenes, pues estamos seguros de contar con el apoyo de todas y de todos ustedes y, por supuesto, ponemos a consideración estos dictámenes.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Hilda Flores.

En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances que existen en el diseño y análisis del proyecto para la creación de las tres zonas económicas especiales en México. Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

(Dictamen a discusión)



En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, el dictamen que se analiza tiene una enorme trascendencia, solamente para recordar algunos antecedentes es que me permito hacer uso de la tribuna. Porque, como ustedes deben recordarlo, el pasado 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República anunció el establecimiento de tres zonas económicas especiales en los estados de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca, y se anunció también en aquel momento, como ustedes recordarán, el financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes descuentos en impuestos y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit en relación con la creación de estas tres zonas.

Y, de igual manera, el gobierno de la República asumió el compromiso de otorgar un trato fiscal diferenciado a los productores de la zona, incentivando así el establecimiento y crecimiento de empresas agroindustriales, así como 2 mil millones de pesos en crédito para pequeñas y medianas empresas.

El anuncio, como ustedes recordarán, de estas medidas se daba en el contexto de buscar erradicar la desigualdad en los estados de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca a partir de la creación, precisamente, de estas tres zonas económicas especiales, resultando así, pues, atender una añeja reivindicación a justas y también a legítimas demandas que desde hace décadas se vienen dando en el sur-sureste de nuestro país.

Y es en ese sentido que aquí en este Senado de la República, tan sólo a unos días del anuncio presidencial, varios Senadores, 11 de manera particular, de distintos grupos parlamentarios ciertamente también, presentamos no una propia iniciativa, y le llamamos “la iniciativa para crear tres zonas económicas especiales”, estratégicas les llamamos nosotros.

Compañeras y compañeros, a nosotros nos parece que es muy importante incorporar ya urgente en el marco jurídico nacional la creación de estas tres zonas económicas especiales, ya que ello, sin duda, deberá permitirle a México la integración de una manera mucho más dinámica, mucho más directa a los mercados internacionales, y, al mismo tiempo, y por eso nuestra preocupación y solicitud para subir a esta tribuna, porque debe contribuir al desarrollo local, al desarrollo regional y, evidentemente, al desarrollo nacional.

Desde el momento del anuncio hemos patentizado nuestro compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal en este importante esfuerzo. Yo quiero volver a reiterarlo, lo hemos expresado a distintos servidores públicos de la Administración Pública Federal a quienes el Presidente de la República les ha encargado esta importante encomienda, inclusive hemos sostenido reuniones de trabajo que nos parece que es muy importante realizar, previo a que se presente esta iniciativa, que yo creo que es cuestión de horas, de días, seguramente, en que el Presidente finalmente pueda cumplir con su palabra y envíe esta iniciativa de ley.

Nosotros, es por esto que sí estamos de acuerdo en que, estamos esperando que muy pronto el Presidente cumpla ese compromiso y que esta Soberanía, por supuesto, debe respaldar este punto de Acuerdo presentado hace varias semanas aquí en este Senado de la República por la Senadora Mónica Arriola, y nosotros, quiero reiterarlo, lo estamos esperando, de verdad, con una gran expectativa, con un gran optimismo; lo estamos esperando seguros también de que el proceso de dictaminación responderá, y eso lo quiero subrayar, va a responder a un anhelo para obtener una mejor calidad de vida para los paisanos del sur-sureste mexicano.

Sin embargo, me gustaría solamente acotar algo antes de dejar la tribuna, Senador Presidente. Para lo que los pobladores de estas zonas de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca se erijan como protagonistas y artífices de su propio desarrollo no deben estar ajenos a este debate.
Resulta, por lo tanto, para nosotros imperativo que las zonas económicas especiales sean producto de un real proceso de deliberación y de consenso regional entre las comunidades involucradas, esa será, lo subrayo desde ahora, nuestra principal demanda, y, por supuesto, señor Presidente, que como usted se ha dado cuenta, subo a la tribuna para expresarme a favor del punto de Acuerdo presentado por nuestra compañera Mónica Arriola.

Es cuanto.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles.

En virtud de haberse votado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se aprueba el Acuerdo.

Permítanme, permítanme.

Ruego a la Senadora Secretaria, vuelva a solicitar la votación.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano)

(La Asamblea asiente)

No se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No se aprueba el Acuerdo.





 

Tenemos ahora la discusión de otro grupo de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado.

Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.

En consecuencia, pasaremos a su disposición conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes:

Uno, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

(Dictamen a discusión)







 

Dos, de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1º DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y 1 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Uno, para reformar los artículos 17 y 19 de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen a discusión)







 

Otro, para adicionar un artículo 20 Bis a la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, para reformar diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Dictamen a discusión)







 

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que modifica la nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo y Justicia Social.

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA NOMENCLATURA DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL POR LA LEY GENERAL DE DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL

(Dictamen a discusión)







 

Dos de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de Decreto:

Uno, para adicionar el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)







 

Y otro, para adicionar el artículo 24 Ter, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

(Dictamen a discusión)







 

Y otro de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para reformar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes que no tienen reserva, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulto, si algún Senador o Senadora desea reservar alguno de los dictámenes para su discusión.

El Senador Francisco Salvador López Brito: Intervención. Con el permiso de la Presidencia:



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No habiendo quien haga uso de la voz, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los Acuerdos que desechan proyectos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quisiera volver a solicitarles el sentido de su voto.

Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Se instruye la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Informo a ustedes que se recibió de la Junta de Coordinación Política el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, mismo que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, para su conocimiento, con lo que esta Asamblea queda enterada.



Remítase copia a la Cámara de Diputados.





 

Solicito a la Secretaría informe al Pleno los asuntos de modificación de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de esta mañana.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta.

La Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno de las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Rural para que emitan opinión sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación, recibido el pasado 3 de septiembre.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Presidencia ratifica la modificación del turno antes descrita.





 

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y las proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32, 35, 36, 37 Y 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA DE APORTACIONES FEDERALES

(Presentada por el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales, al tenor al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al hablar de federalismo entendemos la unión de estados libres que deciden asociarse para crear un Estado fuerte que proteja sus intereses, potencie sus posibilidades de mayor crecimiento y bienestar, y resguarde la seguridad de la nación que decidido federarse.

La historia de México, es una historia de esfuerzo por conseguir un federalismo cada vez más justo y equitativo en beneficio no sólo de los Estados soberanos, sino de dar lugar al Municipio Libre como órgano primigenio de la composición social, política, y económica de la nación mexicana.

Es precisamente nuestra Constitución Política el marco para entender el nivel de responsabilidades, competencias y coordinación entre los tres niveles de gobierno, reconocidos por nuestra carta fundamental.

En principio somos una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación…” ; la federación ejerce el Poder del Estado, a través de la división funciones ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales.

Las facultades del Congreso general, depositario del Poder Legislativo, están enmarcadas en el artículo 73, las cuales corresponden a la esfera federal, y en muchos casos son materia de aplicación en los estados. El Poder Ejecutivo, como representante del Estado Mexicano, tiene un catálogo de atribuciones definidas en el artículo 89, entre tanto el Poder Judicial, depositado en la Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, es el encargado de impartir justicia y de la interpretación de las leyes en el orden federal, de los casos que susciten controversias y de guardar la normalidad constitucional.

En el artículo 115 define al Municipio Libre como la unidad política, administrativa y de gobierno fundamental de los estados de la federación, se le da coherencia a los municipios de México bajo los principios de elección libre y directa de sus ayuntamientos, autonomía de sus recursos públicos y de su hacienda, prestación de servicios básicos y facultad reglamentaria para normar su vida interna.

El poder público de los estados se basa en el arreglo federal, ya que la Constitución mandata que éste se ejercerá por una división de poderes. Las facultades de los estados federados, se entienden bajo la premisa del artículo 124, el cual señala que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Por tanto las facultades que, en diversas materias como seguridad, comercio exterior, representación diplomática, acuñación de moneda, potestades tributarias y expedición de leyes generales tiene la federación, quedan expresamente fuera de la competencia de los estados.

De esta manera, la división competencial entre la federación, estados y municipios marcada por la norma constitucional es la ruta de inicio para entender nuestro federalismo. Sin lugar a dudas es vasto el número de materias que podríamos abordar para entenderlo a cabalidad, pero un tema que nos puede dar una muestra clara y palpable de nuestro federalismo es la distribución de competencias tributarias y la participación de los estados y municipios de los ingresos federales provenientes de la recaudación impositiva.

Potestades tributarias de la Federación y Estados

La potestad tributaria de la Federación no tiene ningún límite constitucional para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal, como lo marca la fracción VII del artículo 73, no así los Estados quienes tienen prohibidas las facultades tributarias señalas exclusivamente a la federación y las contenidas en los artículos 117 y 118 constitucionales.

De las potestades exclusivas podemos identificar cinco rubros, que se explicitan en la fracción XXIX del artículo arriba citado:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.”
En síntesis, se entiende que las contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones corresponden a las potestad federal; tratándose de recursos naturales como el petróleo o minería es loable que la federación sea quien regule las tributaciones sobre la materia; sobre las contribuciones que deban pagar las instituciones bancarias y sociedades de seguros en cualquier parte del país son materia de la federación; y los servicios públicos concesionados como son el tema de comunicaciones y transportes, así como los impuestos especiales se reservaron para la federación.

Por su parte el artículo 117 pone de manifiesto las facultades tributarias de la federación por prohibición a los Estados, como se puede apreciar a continuación:

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I…

II…

IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.

VII…Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos (o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.

VIII…

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice”.

En un segundo plano, aparecen potestades tributarias relativas o susceptibles de ser realizadas por los Estados, como se lee del texto constitucional:

“Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

II…

III…”.

Así, la Constitución, deja en manos del Congreso de la Unión la posibilidad de facultar a los Estados para establecer contribuciones, impuestos o derechos sobre operaciones portuarias, exportaciones e importaciones.

Por su parte, la potestad tributaria de los estados aparece como una potestad amplia, vaga y poco precisa, de una interpretación en estricto sensu del artículo 124 constitucional podemos afirmar que si la constitución no prohíbe, condiciona u mantiene de manera exclusiva potestades tributarias para la federación, estas se entienden reservadas para los Estados.

Se infiere, con base en el artículo 116, que los Congresos locales tendrán la potestad tributaria en su delimitación política y territorial, pero dicha potestad, se encuentra limitada por las facultades tributarias exclusivas de la federación y por las facultades prohibitivas a los Estados.

El congreso de la unión no puede imponer más limitaciones a las potestades tributarias de los Estados o Entidades Federativas, salvo las contenidas expresamente en la Constitución, de tal suerte que la federación no puede limitar el establecimiento de impuestos que estimen necesarios los Estados, si estos están fuera de las prohibiciones constitucionales.

Es importante precisar que el Municipio en México carece de potestades tributarias, aun cuando la Constitución le da el carácter de órgano de gobierno con autonomía para manejar libremente su hacienda, los recursos financieros de los municipios se componen de los rendimientos, contribuciones e ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Participación de Estados y Municipios en ingresos federales

El diseño constitucional no define con claridad la esfera de actuación fiscal entre Federación y Estados, por un lado la federación tiene facultades exclusivas que le son negadas a entidades federativas, por el lado los estados mantienen una prohibición expresa sobre ciertas contribuciones y derechos, pero ambos tienen la atribución de establecer las contribuciones necesarias para cubrir sus presupuestos. De suerte que Estados y Federación pueden concurrir en el diseño e implementación de impuestos, dando paso a una duplicidad recaudatoria.

La duplicidad recaudatoria, falta de eficiencia y sistemas tributarios desfasados y diferenciados por estado o región fueron los problemas que enfrentaba el sistema fiscal concurrente. Ante ello fue necesaria la creación de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que los Estados y Federación acordaran no gravar las mismas materias, y formalizar un mecanismo que coordine la participación de los estados y municipios en los impuestos federales, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1978.

La Ley de Coordinación Fiscal se convirtió en el elemento que norma las trasferencias que reciben los gobiernos subnacionales y municipales, en virtud de la centralización tributaria y la brecha financiera que existe entre ingresos y necesidades de gasto egresos de entidades federativas y municipios.

De acuerdo con el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) las transferencias financieras que realiza el gobierno federal hacia entidades y municipios, deben ser denominadas como transferencias intergubernamentales, las cuales pueden definirse como “los recursos transferidos de un orden de gobierno a otro con el fin de financiar las necesidades de gasto del ámbito receptor”.

Para la distribución de las transferencias federales, se han delineado un conjunto de criterios para asignar un porcentaje en partes iguales sin distinción alguna a cada nivel de gobierno y una segunda etapa donde la asignación parte de fórmulas y mecanismos de distribución que permiten diferenciar los montos asignados.

De manera general se pueden identificar criterios resarcitorios que toman en cuenta el nivel recaudación, el dinamismo económico, y la aportación a la economía nacional de las entidades federativas o municipios como elementos para transferir más recursos para quien más aporta. Existen, también, criterios distributivos, los cuales se basan en indicadores demográficos y territoriales, por tanto entre más población y mayor extensión territorial tengan las localidades mayor serán los recursos recibidos.

En otro plano aparecen los criterios compensatorios que toman en cuenta los niveles de rezago, marginación y pobreza para la asignación de recursos federales. Adicionalmente podemos encontrar criterios históricos o inerciales que sólo toman en cuenta los montos asignados en años pasados para ajustar la transferencia de ejercicios fiscales próximos, y finalmente, criterios de incentivos o avances programáticos que obedecen al cumplimiento u obtención de metas establecidas en programas, convenios o estrategias gubernamentales.

Bajo el maraco Ley de Coordinación Fiscal tenemos dos tipos de trasferencias federales: no condicionadas y condicionadas. Las primeras hacen referencia a los recursos que transfiere el gobierno federal a estados y municipios, sin establecer rubros ni lineamentos en los que se deban gastar los recursos, mientras que, las segundas, el gobierno federal trasfiere recursos con etiquetas, señalando los rubros en los que se deben gastar los recursos transferidos.

Las transferencias no condicionadas, se denominan por ley participaciones. Su distribución se realiza a través del Fondo General de Participaciones constituido por el 20% de la recaudación que obtenga la federación por todos sus impuestos y derechos, exceptuándose algunos conceptos como impuesto sobre la renta derivado de contratos petroleros, sobre salarios de servidores públicos, impuesto sobre automóviles nuevos y diversos impuestos especiales sobre productos y servicios .

Adicionalmente, las participaciones están constituidas por los siguientes rubros y fondos, de los cuales también son participes entidades federativas y municipios

• Fondo de Fomento Municipal

• Fondo de Fiscalización

• Participaciones por la venta final de gasolina y diesel del IEPS

• Fondo de Compensación

• Fondo de Extracción de Hidrocarburos

• Participaciones por concepto de impuestos asignables (IEPS, ISAN y Tenencia)

• Participaciones especiales a municipios fronterizos o con litorales por concepto de importación y exportación de bienes, y por salida física de hidrocarburos.

Las estadísticas financieras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que el monto total que recibieron entidades federativas y municipios por concepto de participaciones en 2014 fue 584 mil 727 millones de pesos de los cuales 466 mil 284 millones de pesos corresponden al Fondo General de Participaciones.

Las participaciones e incentivos pagados por las entidades federativas a los municipios en 2014, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación, sumaron 134 mil millones de pesos, equivalente al 23% del monto total que recibieron por concepto de participaciones.

Por otro, están las transferencias de recursos federales condicionados, que de conformidad con el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal se denominan aportaciones federales y son transferidas a través del Ramo 33 del presupuesto.

Podemos entender a las aportaciones como los recursos trasferidos a estados y municipios necesarios para atender las competencias previamente descentralizadas, como es el caso de educación básica y salud, o para realizar aquel tipo de obra que los municipios podrían llevar a cabo con mayor eficiencia que el gobierno federal.

Las aportaciones que transfiera la Federación a estados y municipios sólo podrán utilizarse bajo los lineamientos contenidos en la Ley. Se entiende que están condicionados o etiquetados para ser ejercidos en rubros prioritarios para el desarrollo nacional y para incidir en el mejoramiento y bienestar de los estados y municipios del país.

Actualmente las aportaciones federales están formadas por 8 fondos, de los cuales, 6 corresponden a los estados y sólo 2 a municipios:

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB);

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su vertiente estatal y municipal (FISE y FISM)

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF);

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);

6. Fondo de aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP) y,

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF, antes PAFEF).

Por concepto de aportaciones para el ejercicio fiscal 2014, los estados y municipios recibieron la cantidad de 562 mil 406 millones de pesos, de los cuales 57 mil 913 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 58 mil 666 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, corresponden a los fondos de aportaciones para municipios.

Los fondos de aportaciones a municipios suman 116 mil 579 millones, lo que significa el 20.7% de los recursos se transfieren a municipios y el restante 79.3%, prácticamente 80%, se transfieren a los gobiernos estatales. Esta distribución de aportaciones refleja la brecha financiera de los municipios en México.

En total, por participaciones y aportaciones, en 2014 la federación transfirió a estados y municipios 1.3 billones de pesos, de ellos 584 mil 727 millones por concepto de participaciones; 562 mil 406 millones de pesos por aportaciones y 159 mil 260 millones a través de la suscripción de Convenios de Descentralización.

Planteamiento del problema

La dependencia financiera de las entidades federativas y municipios respecto de las transferencias federales es preocupante. Los estudios económicos de la OCDEen México señalan que las participaciones federales representan el 40% de los ingresos totales de los gobiernos subnacionales o gobiernos estatales, las aportaciones el 38%, otros subsidios y transferencias el 7%, ingresos por fuentes propias es del 11% y los ingresos por financiamiento de deuda 4%.
Lo anterior nos indica que la dependencia financiera de los estados respecto de las transferencias federales en México es del 85%, lo cual resulta excesivo, si lo comparamos con Estados Unidos cuya proporción es del 48% de los ingresos fiscales totales o Canadá que asciende a 38%.

A pesar de que los estados mantienen atribuciones para fijar sus propias tasas o bases impositivas, no así los municipios, a quienes sólo se faculta para recaudar las diversas contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los primeros recaudan el 10% de sus ingresos, mientras que los municipios en promedio recaudan el 19%.

El hecho de que estados y municipios dependan en demasía de las transferencias federales es preocupante, pero la situación de los Municipios se torna grave, ya que sólo el 20% de las participaciones que reciben los estados son transferidos a los municipios para hacer frente a sus necesidades de gasto.

Los ingresos de los municipios, dependen, al igual que los ingresos de los estados, de las transferencias federales, de la totalidad de los ingresos municipales éstas representan el 71.1%, dejando en evidencia una dependencia excesiva de los recursos que le son transferidos a través de los diversos mecanismos de coordinación fiscal y programas presupuestarios.

En tanto, las transferencias estatales representan el 2.4%, los derechos 6.2%, los impuestos municipales 14.2% y el rubro de ingresos propios por diversos servicios es del 6.1%. Por tanto, la segunda fuente de ingresos son los impuestos municipales, que son competencia directa y exclusiva de sus ayuntamientos.

Ahora bien, las transferencias federales a estados y municipios, de acuerdo con un estudio que realizó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal , suman el 50.84% de la Recaudación Federal Participable, los estados obtienen el 20.45% de las participaciones y el 19.52% de las aportaciones, mientras que los municipios reciben el 6.1 de las participaciones y el 4.7%, sobre aportaciones como porcentaje de la recaudación federal participable.

Como se ha señalado líneas arriba, la recaudación federal participable en 2014 ascendió a 2 billones 325 mil 768 millones de pesos, transfiriéndose a estados y municipios 1 billón 306 mil 388 millones por concepto de participaciones y aportaciones, que en total nos da una transferencia de 56.1% de la recaudación participable.

Si tomamos en cuenta el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el año 2014 , que fue de 4 billones 467 mil 225 millones 800,000 pesos, las transferencias a estados y municipios equivalen al 29.2% de los recursos federales presupuestarios, ello nos indica que nuestro federalismo fiscal se inclina más hacia una mecanismo centralizado de coordinación fiscal.

Los municipios, como desde hace muchos años, llevan la parte más desigual e inequitativa de nuestro mecanismo de coordinación fiscal, ya que por un lado, los ayuntamientos no tienen ninguna potestad tributaria, es decir la facultad para diseñar y aprobar sus propias bases impositivas.

Tratándose del impuesto predial, tiene la facultad exclusiva de recaudación y ejercicio del mismo, vía aprobación de las legislaturas locales. Las demás contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, permisos, derechos, licencias y contribuciones de mejoras forman parte de su hacienda, pero no son impuestos.

No obstante que los municipios participan de manera adicional en la recaudación de diversos derechos e impuestos, del fondo general de participaciones les corresponde el 20% de lo que se les transfiere a los estados, lo que se traduce en el 4% de la recaudación federal participable.

De manera complementaria, los municipios reciben 1% de la recaudación federal participable bajo la denominación de un Fondo de Fomento Municipal, sin embargo, al igual que sus participaciones del fondo general, los recursos de éste fondo son ministrados por la federación a los estados y luego estos a través de las formulas generales, previamente trazadas por la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a municipios.

La pregunta relevante aquí es, sí los municipios son entidades de gobierno reconocidas constitucionalmente dotados de autonomía política, presupuestal y administrativa, porqué la normatividad faculta a Legislaturas de los estados para distribuir las participaciones que la Federación ya ha destinado para los municipios.

Se entiende que bajo las potestades tributarias de los estados las participaciones que correspondieren a los municipios las establezca su órgano legislativo local, pero en éste caso la facultades tributarias han sido cedidas a la federación y ésta cuenta con atribuciones de distribución plenamente identificadas en nuestro sistema de coordinación fiscal, por lo que en un federalismo de participación y coordinación, como es el nuestro, los estados no tendrían por qué redistribuir lo que la norma ya ha contemplado para los municipios.

En cuanto al tema de las aportaciones federales para estados y municipios el tema no es muy distante. De ocho fondos que conforman éste esquema, sólo dos de ellos transfieren recursos a los municipios: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Por concepto de estos dos fondos se transfirieron en el año 2014,116 mil 579 millones de pesos; 57 mil 913 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; y58 mil 666 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Esto representa 20% de las aportaciones totales que se destinaron en el año referido.

Cebe precisar qué el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se compone por el 2.5% de la recaudación federal participable, y de éste el 0.3% se destina a las entidades federativas. Este fondo está condicionado, es decir se tiene que utilizar en rubros prioritarios en marcados por la ley de Coordinación Fiscal.

Por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, también condicionado, se distribuye en su totalidad para los municipios y demarcaciones. El fondo puede ser utilizado en rubros específicos como modernización de infraestructura, seguridad pública y pago de obligaciones financieras.

Pese a que los recursos están etiquetados, en ambos fondos, para ciertos rubros de gasto, las entidades quedan de nuevo facultadas para distribuir finalmente los recursos federales que previamente se tienen contemplados a los municipios.

Tanto participaciones como aportaciones, salvo las cantidades que correspondan a los municipios fronterizos y con litorales en los términos de las fracciones I y II del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal transferidas directamente por la federación, son ministradas mes con mes por las entidades federativas, aunque dicha trasferencia de recursos no ha estado exenta de controversias por demora en la transferencia de recursos, descuentos indebidos en el pago de las mismas, o bien, extralimitación legal de los estados sobre fondos regidos por ordenamientos federales.

Sobre los casos existen jurisprudencias P./J. 138/2001 y P./J.43/2004emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , la primera de ellas sostiene que las aportaciones federales son recursos que se destinan y supervisan por autoridades federales, por ende no son de libre administración por estados y municipios. Señala con claridad que modificar el destino y utilización de estos recursos contemplados en las normas federales, transgrede el principio de la libre administración hacendaria federal.

La segunda establece que la regulación sobre el destino y ejecución de las aportaciones por parte de una entidad federativa contraviene la competencia de administración hacendaria federal contenida en los artículos 134 de la constitución y 74, fracción quinta de la constitución, así como lo dispuesto en el capítulo V de la Ley De Coordinación Fiscal.

Bajo esta circunstancias, ¿tiene sentido que las entidades federativas sigan distribuyendo las transferencias por concepto de aportaciones a municipios aun cuando éstas forman parte de recursos destinados y supervisados por la federación?

Sobre el tema de las participaciones existe la jurisprudencia P. /J. 46/2004la cual resuelve que “la trasferencia de recursos federales a los municipios conforme al principio de integridad de sus recursos económicos, la entrega extemporánea generará intereses”. Por lo tanto, si federación y estados retardan o incumplen con el envío de recursos previamente acordados, privan al municipio de los elementos económicos y materiales para su debida actuación, y por ende, deberán pagar los intereses generados por la mora.

La jurisprudencia antes descrita pone en evidencia el retraso en el pago de participaciones a municipios, siendo necesaria una corrección ante la falta de pago oportuno de las transferencias que previamente se han acordado para los municipios.

Suponer que las participaciones puedan transferirse directamente por la federación a los municipios, nos llevaría a obviar que, aunque éstas ya han sido acordadas para que puedan disponer de ellas libremente los estados y municipios, las entidades federativas son coparticipes de la recaudación de ciertos impuestos y, han cedido, mediante el sistema coordinación fiscal, a la federación facultades tributarias para recibir compensaciones y participaciones de los impuestos recaudados.

Para el caso concreto de las participaciones, se tendría que realizar un ejercicio de diferenciación de la conformación de cada uno de los componentes de las participaciones, puesto que las podemos encontrar en tres vertientes; el Fondo General de Participaciones; participaciones adicionales; y participaciones especiales para municipios fronterizos o con litorales mediante los que se realiza la exportación e importación de mercancías, además de la salida de hidrocarburos.

Del análisis de los componentes de las participaciones, rigurosamente se tendría delimitar aquellas que son susceptibles de transferirse directamente por la federación a municipios y aquellas que necesariamente tienen que pasar por la distribución y calculo previo de las entidades federativas. La consecuencia lógica de llevar a cabo éste ejercicio es la reformulación del concepto participativo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Ante esta situación, se torna más factible la distribución directa de aportaciones de la federación hacia los municipios, puesto que están previamente etiquetadas para ciertos rubros, la legislación dispone claramente cómo y cuándo se deben de repartir, así mismo existen jurisprudencias que impiden a las entidades federativas regular o sobre legislar sobre las participaciones que la federación ya ha contemplado para los municipios.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía financiera de los municipios, mediante una trasferencia de recursos federales más ágil, eficaz y sin intermediarismos que en la práctica restan capacidad de ejecución y actuación a los ayuntamientos.

Se propone que de manera directa la Federación transfiera los recursos que por concepto de aportaciones les corresponden a municipios y demarcaciones del distrito federal. No tiene sentido que siendo recursos federales, que mediante ley se destinan a municipios, que el ejercicio de dichos fondos están condicionados a ciertos rubros y obras, y además que la distribución y aplicación no pueda ser modificada por los gobiernos estatales, sigan siendo las propias entidades federativas quienes retransfieran dichos recursos.

Estamos ante un hecho tautológico en materia de redistribución de aportaciones federales a municipios.

Ante esta situación, se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se reforma el artículo 32, párrafo segundo, para que la federación transfiera las participación tanto a entidades federativas, como a municipios y demarcaciones territoriales.

Se hacen adecuaciones en el artículo 35 facultando a la federación a utilizar la misma fórmula de distribución para entidades federativas y municipios, ya que la propia ley facultaba a las entidades para los mismos efectos.

Debido a que dicho fondo se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, se especifica que la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social calculara la distribución de recursos, sobre indicadores previamente publicados. Ya no serán necesarios los convenios con las entidades federativas.

Se derogan los párrafos 4º y 5º que contemplaban disposiciones de colaboración entre entidades federativas y dependencias federales en aras de calcular la distribución del Fondo a municipios y demarcaciones territoriales.

De igual manera sufre modificaciones el párrafo 6º para precisar que la Federación entregará los recursos a municipios y demarcaciones territoriales conforme al calendario contemplado para entidades federativas.

Por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual esta etiquetado para dar prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, se hacen las siguientes reformas:

• Se reforman los incisos a) y b) del artículo 36 para precisar que el porcentaje que corresponda a los municipios se transferirá directamente por la federación, y de igual manera a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Aclarando que no se modifican los porcentajes de participaciones contemplados previamente.

• Se reforma el artículo 37 a efecto de plasmar que los recursos transferidos de la federación a municipios y de marcaciones, deberán ser manejados con transparencia e informar a la ciudadanía la ejecución de los mismos.

• Finalmente se reforma el artículo 38 para que los recursos del fondo se distribuyan directamente a los municipios conforme al número de habitantes, de acuerdo al último censo del INEGI, y se deroga su tercer párrafo para que las entidades federativas no repitan el mismo procedimiento que la federación ya ha contemplado para la distribución de recursos.

Con estas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, se agiliza la entrega de recursos que tanto necesitan nuestros municipios, se corrige una redundancia administrativa ociosa que no tiene ningún sentido, pero sobre todo se le brinda a los municipios verdadera autonomía de los recursos que ya les han sido asignados y etiquetados, evitando así un intermediarismo que pudiera interpretarse como una sujeción económica del municipio hacia las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, presento ante el pleno de éste Senado República la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo segundo del artículo 32; párrafos primero, segundo, tercero y sexto que pasa a ser párrafo cuarto del artículo 35; incisos a), b) y párrafo tercero del artículo 36; el artículo 37 y; se reforma el párrafo primero del artículo 38. Se derogan los párrafos cuarto y quinto, recorriéndose el subsecuente, del artículo 35; y párrafo tercero del artículo 38, para quedar como sigue:

Artículo 32.-…

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades, a los municipios y a las demarcaciones por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

Artículo 35.- La Federación distribuirá entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Con objeto de apoyar a los Municipios y a las demarcaciones territoriales en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad.

La Secretaría de Desarrollo Social calculará, con base en lo previsto en los párrafos anteriores, las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas a más tardar el 25 de enero de cada ejercicio fiscal. Los Municipios y demarcaciones territoriales tendrán hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable para solicitar a la Secretaría el recalculo o aclaración sobre los montos correspondientes.

…(Se deroga)

…(Se deroga)

La Federación deberá entregar a municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de la Federación, debiendo publicarlo a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Artículo 36.-…

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, directamente por la Federación, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y

b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán entregados en la misma forma que a los Municipios, pero calculados como el 0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Al efecto, la Secretaría de Hacienda deberá publicar en sus respectivos medios oficiales, las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios y las demarcaciones territoriales a través de la Federación, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Municipio, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

…(Se deroga)

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal inmediato posterior al de su aprobación.

Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Óscar Román Rosas González.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Ibídem. Artículo.73.
Ibídem. Artículo 117.
Ibídem. Artículo. 118.
Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED. “Manual de Transferencias Federales para Municipios”. SEGOB. México 20111. P.20.
El INAFED señala la existencia de cinco criterios para la asignación de transferencias: resarcitorios, distributivos, compensatorios, distributivos, inerciales o históricos y de incentivos programáticos.
A la recaudación Federal Participable, se le deducen los siguientes conceptos: Devoluciones, Compensaciones, Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 8% Tabacos Labrados, 20% Bebidas Alcohólicas, 20% Cerveza, Derecho Adicional por Extracción de Petróleo, Incentivos Económicos y 6% Loterías. Ibídem. P.78
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Participaciones/2014/diciembre/ii_inf_part_y_aport_enero_diciembre_2014.pdf
Las aportaciones tienen su antecedente inmediato en el amplio proceso de descentralización de competencias y recursos de la Federación a estaos y municipios. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 que cedió la operación de la educación básica y normal a los estados; el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud y los acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud firmados en 1996; y las transferencia de recursos para desarrollo regional y combate a la pobreza en 1996 y 1997 son ejemplo de la transferencia de facultades y recursos plasmados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado a éste cuerpo normativo el 29 de diciembre de 1997.
HACIENDA MUNICIPAL. Revista trimestral No. 115 Octubre-Diciembre 2011. P.90. http://www.inafed.gob.mx/work/dso/la_distribucion_de_transferencias_federales_para_municipios.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324132&fecha=03/12/2013
Artículo 6. Ley de Coordinación Fiscal. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf
“I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente:0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.(…)”.
”II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en términos del artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realice a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente”. la salida del país de los hidrocarburos.
Tomado de la SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 19/2009, promovida por el Municipio de San Lorenzo, Estado de Oaxaca y Voto Concurrente que formula el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213276&fecha=07/10/2011
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial. P./J.46/2004. http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1001/1001233.pdf

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN 2 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN RELACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

(Presentada por los Senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia y Roberto Albores Gleason)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en relación al interés superior de la niñez, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- De acuerdo con estimaciones del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), en América Latina hay 18 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas, que son uno de los grupos más vulnerables y marginados del mundo, por lo que resulta necesario poner en marcha medidas urgentes en el ámbito internacional para asegurar su supervivencia y proteger integralmente sus derechos.

Lo anterior, en virtud de que mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia indígena se traduce en un aseguramiento del futuro de los pueblos indígenas.

En el caso de México -señala UNICEF- se estima hay más de 4.4 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas, quienes constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales, situación que lo representan las siguientes cifras:

• El Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece que el 33.2 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años sufría de baja talla en 2006, en comparación con el 12.7 por ciento de todos los niños de esa edad.

• Asimismo, CONAPO señala que la tasa de mortalidad infantil de la población indígena es 60 por ciento mayor que la de la población no indígena.

• El citado Consejo estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta (más de 26 por ciento de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4 por ciento).

• Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) sobre el trabajo infantil, 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento.
• De igual manera INEGI establece que el 5 por ciento mujeres indígenas se casó antes de los 15 años de edad, mientras que las mujeres no indígenas el 2 por ciento. Asimismo cerca del 24 por ciento de las mujeres indígenas se casó antes de los 18 años de edad, mientras que el 15 por ciento de las mujeres no indígenas lo hizo en este rango de edad.

• Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señaló que la probabilidad de morir durante los primeros cinco años de vida es mayor en aquellas zonas que tienen población indígena (53 por cada mil nacidos vivos) que en aquellas que tienen menos (25 por cada mil nacidos vivos).

• Asimismo, la Encuesta reportó que la diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños menores de un año y la probabilidad de morir por desnutrición o anemia es tres veces mayor en niñas y niños indígenas.

2.- El 19 y 20 de mayo de 2015 México presentó ante el Comité de los Derechos del Niño sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Comité examinó los informes en sus sesiones 1988ª y 1990ª aprobando las Recomendaciones en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015. En cuanto a las observaciones y recomendaciones en cuanto a niñas, niños y adolescentes indígenas tenemos los siguientes:

Registro de nacimiento

27. Aunque el Comité acoge con satisfacción la reforma constitucional de 2014 que reconoce el derecho al registro de nacimiento, le preocupa que el registro de nacimiento de niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, migrantes y que viven en áreas remotas permanece bajo.

28. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para asegurar el registro universal de nacimiento, incluyendo la implementación de las reformas legales necesarias y adoptando los procedimientos requeridos a nivel estatal y municipal.

Deben existir oficinas de Registro Civil o unidades móviles disponibles en todas las unidades de maternidad, en los principales puntos de tránsito de migrantes y en las comunidades donde niñas y niños nacen con parteras tradicionales.

Prácticas nocivas

37. Aunque se destaca que de acuerdo con el artículo 45 de la LGDNNA las leyes federales y estatales deben establecer como edad mínima para contraer matrimonio tanto para niñas como para niños a los 18 años, y que el Código Civil Federal ya ha sido modificado guardando estos lineamientos, al Comité le preocupa la efectiva implementación de este mandato a nivel de los estados. También existe la preocupación por la alta prevalencia de matrimonios de niñas y niños y por los casos reportados sobre matrimonio forzoso, especialmente de niñas que pertenecen a comunidades indígenas.

38. A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados.
El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.

Salud y servicios de salud

47. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para reducir la mortalidad materno-infantil. Sin embargo, le preocupa que:

(c) La desnutrición crónica infantil es persistente, especialmente entre niñas y niños indígenas y de comunidades rurales;

48. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general No. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, y recomienda al Estado Parte:

(a) Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a servicios de salud de calidad para todos los niños y las niñas, en particular para niñas y niños en zonas rurales e indígenas, incluyendo la asignando recursos suficientes;

Nivel de vida

53. El Comité continúa profundamente preocupado por la prevalencia de la pobreza infantil que afecta a más de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes, en un porcentaje más alto en comparación con la población adulta. Le preocupa que niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, migrantes y desplazados, en hogares monoparentales y que viven en zonas rurales se vean particularmente afectados por la pobreza y la pobreza extrema.

Niños pertenecientes a minorías o grupos indígenas

61. El Comité continúa preocupado porque la niñez indígena y afro-mexicana continúan sufriendo discriminación y violencia y además, son los más afectados por la pobreza extrema, la desnutrición, la mortalidad materna-infantil, los matrimonios infantiles, el embarazo precoz, la contaminación ambiental y la falta de acceso a educación de calidad y servicios de registro civil.

62. A la luz de su Observación General No. 11 (2009) sobre la niñez indígena y sus derechos en virtud de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Adopte medidas integrales, en particular medidas afirmativas, de conformidad con el artículo 40 de la LGDNNA, para que niñas y niños indígenas y afromexicanos gocen de todos sus derechos en la práctica, en particular en el área de salud, educación, nutrición y acceso a la justicia y servicios de registro civil.

Las niñas y los niños indígenas y sus familias deben ser capaces de participar de manera efectiva en todas las decisiones que les afectan;

(b) Refuerce las medidas para proteger a niñas y niños indígenas y afro-mexicanos de la explotación y la violencia, incluso en los centros de acogida para niñas y niños indígenas que asisten a la escuela. Dichas medidas deben elaborarse en consulta con los líderes de las comunidades indígenas y afro-mexicanas;
3.- En México, el interés superior del niño tuvo su aparición el año 2000 en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (abrogada el 4 de diciembre de 2014).

Posteriormente el 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas aportaciones radican en primer término, en establecer el “principio del interés superior de la niñez” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, clasificándolo como aquel Principio que establece que en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe ser contemplado como eje rector, protegiendo el goce y ejercicio de sus derechos, sobre cualquier otro interés.

Finalmente, este Principio fue retomado a cabalidad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General Nº 11 de febrero de 2009, denominada “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, la aplicación del principio del interés superior de la niñez requiere particular atención en el caso de los niños indígenas en virtud de la elación de los derechos del niño con los derechos culturales colectivos.

Lo anterior, reitera el Comité, en virtud de que niñas, niños y adolescentes indígenas no siempre han recibido la atención que requieren, quedando al margen de contextos de interés general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación política.

En esa virtud refuerza el citado Organismo de evaluación, al determinar el interés superior de la niñez o adolescencia indígena, las autoridades estatales, incluyendo sus órganos legislativos, deberían tener en cuenta sus derechos culturales y consultar a la comunidad indígena, para que los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas queden efectivamente garantizados.

4.- De acuerdo con información oficial, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue creada el 21 de mayo de 2003, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estableciéndose como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno.

Asimismo, es la encargada de llevar a cabo los procesos de consulta a partir de los planteamientos de los representantes indígenas y a partir de ello definir el desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, articulando los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales.

Es por lo anterior y por ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, que resulta indispensable incorporar en la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dicho organismo tenga entre sus atribuciones promover el respeto del interés superior de la niñez en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal como una medida para promover y garantizar la difusión, así como el respeto integral, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción VII al Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I a VI…

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas;

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno, y

VII. Establecer el interés superior de la niñez como principio rector para la promoción del pleno ejercicio, respeto y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes indígenas

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

Día de los Pueblo Indígenas del Mundo, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas.
Comité de los Derechos del Niño, “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, Observación General Nº 11, 50º período de sesiones, febrero de 2009.
Ibídem.
Ibíd.
Visto en: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6 Consultado el 3 de septiembre de 2015.
Ibídem.

Se turna a las Comisiones Unidas deAsuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EL FOMENTO DE LOS CINTURONES VERDES

(Presentada por los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

La que suscribe Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 2º recorriéndose las subsecuentes en su orden; se reforma la fracción Xll del Artículo 9; se reforma la fracción II del artículo 43° y se adiciona la fracción IV al artículo 45° todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de incluir el fomento de los cinturones verdes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del cincuenta. A partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano.

El proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos urbanos y rurales en el país. Por un lado y debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población, el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. En las ciudades no existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible por lo que millones de mexicanos se asentaron de manera irregular.

En la década de 1980, México se convirtió en un país predominantemente urbano. Los datos demuestran que a partir de dicha década y hasta nuestros, días más de la mitad de la población mexicana ha habitado en las ciudades.

Mientras que en 1900, el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 1.4 millones de personas (10.4% de la población total), para la década de los ochenta, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3% de la población nacional; y finalmente, para el año 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6% a 83.2%.

Derivado de lo anterior es que las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo se vieron reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, cuarteaduras de muros por reblandecimiento, deslaves y derrumbes de cerros por lluvias.

Un segundo efecto del proceso de urbanización en México fue la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis.
En este contexto encontramos que otros de los problemas que se presentaron con la sobrepoblación han sido:

• El daño ambiental a la capa de ozono ocasionado por la pérdida de reservas forestales.

• El daño al suelo.

• La contaminación de las industrias y de la urbanización residencial.

• Así como la violencia, debido a que esta conlleva al desplazamiento de la población.

El problema del crecimiento urbano ilimitado, real o virtual, como asunto central de la planificación moderna encuentra precedentes en obras como las de Ebenezer Howardcon su Anillo Verde o el Área Verde en torno a la ciudad de Londres de Sir. Patrick Abercrombie, las cuales trataron de establecer un límite fronterizo entre lo que es y lo que no es urbano, similar a la idea de la ciudad cerrada practicada desde la antigüedad mediante el elemento muralla o muro.

Uno de los elementos de la Ciudad Jardín de Howard, que fue adoptado rápidamente en la planificación urbana en Europa y América como medida para detener la rápida expansión de sus ciudades, es el Anillo Verde o greenbelt, que consistía en un cinturón agrícola, alrededor una ciudad de círculos concéntricos que restringía el crecimiento urbano, que fungirían tanto como área de permanente producción agrícola integrada a la ciudad, usando cinturón de agrícola y las líneas del ferrocarril como elementos de delimitación y detención del crecimiento de la ciudad.

Raymond Unwin fue quien defendió y usó por primera vez el término Green beltcomo sinónimo de Country belt, para referirse a las áreas verdes en torno a la ciudad jardín que albergarían parques, espacios deportivos y áreas agrícolas, concebidos como pantallas de contención y separación del proceso urbanizador. Sin embargo F. J. Osborn consideró, que podría llamarse también Park belt. RaymondUnwin fue asesor técnico de la Gran Comisión de Ordenación del Territorio de Londres (GLRPC, por sus siglas en inglés) durante la década de 1930´s que propuso un cinturón verde en torno a Londres, para compensar la falta de espacios abiertos (open space) para la recreación dentro de la ciudad así como para detener la dispersión urbana (urbansprawl). El mismo apareció posteriormente en el Gran Plan Regional de Londres (Greater London Regional Plan) de Sir. Patrick Abercrombie de 1943-44, quien incorporó esta área verde para proveer a Londres de espacios abiertos de carácter rural para la recreación, de alimentos frescos a la ciudad, así como para detener la expansión de la periferia urbana. (Abercrombie, 1933).

Esta idea fue acogida con rapidez por planificadores regionales de Europa y América, quienes buscaban preservar áreas naturales y evitar que estas fueren devoradas por la acelerada expansión urbana de sus ciudades; tal es el caso de la Regional Planning Association of America (RPAA) -fundada en marzo de 1923 por Lewis Mumford y Clarence Stein, entre otros- quienes analizaron los modelos de intervención pública de los países europeos y en especial las ideas de retención de crecimiento de la ciudad de Patrick Geddes. Es así como se formularon las primeras propuestas de cinturones verdes metropolitanos (metropolitan Green belt).

El movimiento Cinturón Verde fue fundado en el año 1977 por la activista y ecologista Keniana llamada Wangari Muta Maathai, quien recibió el premio Nobel de la paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz, fue la primera mujer africana en recibir este galardón. El Cinturón Verde es una estrategia de planificación y de intervención integral de largo plazo, para consolidar un territorio equilibrado y equitativo en la zona de encuentro entre lo urbano y lo rural, cuyo objetivo es propiciar las condiciones y las oportunidades para el desarrollo humano integral en la zona donde se unen lo urbano y lo rural, de tal forma que se organice la ocupación y se regule la expansión de la urbe, se recuperen los elementos naturales del paisaje, se mejore el hábitat, la movilidad y la accesibilidad, se genere progreso económico sostenible y se garanticen el respeto por la vida y la equidad.

El concepto de cinturones verdes ha sido ampliamente promovido por grupos preservacioncitas. Para ellos es necesaria una estricta distinción entre el uso de suelo agrícola y el urbano. Su intención es mantener la belleza de los paisajes rurales y evitar la expansión de suburbios. Actualmente, los beneficios múltiples de los cinturones verdes han sido reconsiderados y revaluados por los beneficios ambientales que proveen a la comunidad. El potencial de estas zonas las convierte en un factor vital frente al cambio climático, la escasez de agua y el aumento en los precios de alimentos y petróleo.

Según Donna Ericsson, los cinturones verdes son definidos como corredores naturales o espacios de tierra rodeados de ciudades o pueblos, teniendo por objetivo central el control del crecimiento urbano sin embargo, cabe apuntar la necesidad de dotar a los habitantes de estas localidades con una infraestructura política y económica que garantice la viabilidad y continuidad de tales proyectos por medio de las siguientes acciones: fomentar una infraestructura novedosa y tecnologías ambientales de punta; evaluar los beneficios de manera constante; designar responsabilidades; compartir, entre amplios sectores, esta herramienta, para lo cual es preciso buscar canales de comunicación entre gobiernos centrales, locales y múltiples actores sociales.

El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como para el país en su conjunto, se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor.

En este sentido, resulta relevante la creación de instancias de coordinación entre distintos órdenes de gobierno. La expansión de las ciudades sobrepasó los límites geopolíticos, generando necesidades de coordinación para el desarrollo de las ciudades.

El marco legal que vincula las atribuciones y obligaciones de los gobiernos locales con el ámbito territorial al que atienden, se ha visto rebasado por la dinámica de las zonas metropolitanas y conurbadas en las que distintos gobiernos locales confluyen en el momento de definir acciones de política para una misma área urbana.

La carencia de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas conurbadas y metrópolis ha provocado acciones desarticuladas e incluso contradictorias en temas como: planeación urbana; dotación de equipamiento, homologación de normativa administrativa, hacendaria y de inversión; movilidad, y prevención y atención de riesgos. La escasa coordinación entre gobiernos municipales en combinación con el plazo tan corto de gestión con el que cuentan, la falta de capacitación y continuidad de sus cuadros administrativos, así como la carencia de herramientas técnicas de planeación, incentiva la politización de la toma de decisiones y promueve la existencia proyectos sin visión de largo plazo ni planificación del territorio y de las ciudades.

Por un lado, el marco jurídico en el que se sustenta la regulación del suelo no ofrece claridad sobre los derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria, por lo que no promueve la reducción de la especulación. La normativa únicamente regula usos del suelo, con obligaciones inadecuadas y limitadas en materia de cesiones, obras, servicios y contribuciones de los agentes inmobiliarios.

Los gobiernos locales no cuentan con un instrumento que les permita asegurar la función social de la propiedad en una gestión urbana moderna, ni socializar los costos y beneficios del desarrollo urbano.

Por lo que a pesar del esfuerzo realizado por regular dicha problemática dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) (frac. V, VIII y XI artículo 13°; 30°; VI 33°; III, V, IX 35°; 39°; IX 49° y XII 51° ) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (frac. VIII 23°), el esparcimiento de la mancha urbana y los asentamientos en zonas irregulares áreas y predios en los centros de población en nuestro país se siguen incrementando, aun cuando el hacerlo está penado (artículo 60 de la LGAH).

Lo anterior solo denota que no se ha podido evitar que se siga llevando a cabo, por el contrario estos crecen cada día más y de forma desproporcionada perjudicando severamente el medio ambiente.

En este sentido es que el objetivo de la presente iniciativa es: La utilización de los cinturones verdes en México como una alternativa para ayudar a detener la expansión de la mancha urbana tal como se aplica en otros países como: Venezuela, España, Canadá, Holanda, Alemania, Inglaterra, Argentina, Colombia, etc., a fin de empatar y coordinar lo definido en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV al artículo 2orecorriéndose las subsecuentes en su orden; se reforma la fracción Xll del Artículo 9; se reforma la fracción II del artículo 43° y se adiciona la fracción IV al artículo 45° todos de La Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.-(…)

I.-III. (…)

IV. Cinturones verdes: zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población, área que se extiende un conjunto de jardines o corredores naturales instalados en zonas de alto riesgo, que tiene por objeto promover una utilización extensiva de estas áreas, cuidar y desarrollar su vegetación, y abrirlas para el esparcimiento y el ocio, así como delimitar el crecimiento desproporcionados de los centros de población, esto significará la promoción de formas de uso de suelo extensivas y el desarrollo de las estructuras vegetales conservadas en su estado natural y, su apertura. Área no susceptible al cambio de uso de suelo, dadas sus características.

V. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población;

VI. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales;

VII. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;

VIII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;

XI. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

X. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;
XI. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

XII. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano;

XIII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

XIV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;

XV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;

XVI. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;

XVII. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XIX. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

XX. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población;

XXI. Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, y

XXII. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

ARTÍCULO 9.- (…)

I.-XI (…)

XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda, la preservación ecológica y las zonas denominadas cinturones verdes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIII.-XV. (…)

ARTÍCULO 43.- (…)

I. (…)

II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados a actividades productivas y zonas denominadas cinturones verdes;

III.-IV. (…)
ARTÍCULO 45.- (…)

I.- III. (…)

IV. No se podrá otorgar la regularización de quienes ocupen un predio en una zona definida como cinturón verde.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.-Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

CUADRO COMPARATIVO


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

II. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran;

III. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;

IV. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales;

VI. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;

 

 

VII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;

VIII. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

 

IX. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;

 

X. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

XI. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano;

 

 

XII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

XIII. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;

XIV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;

XV. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;

 

XVI. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 

XVIII. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

XIX. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población;

 

 

XX. Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, y

 

XXI. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

ARTÍCULO 2o.- (…)

 

I.-III. (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cinturones verdes: zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población, área que se extiende un conjunto de jardines o corredores naturales instalados en zonas de alto riesgo, que tiene por objeto promover una utilización extensiva de estas áreas, cuidar y desarrollar su vegetación, y abrirlas para el esparcimiento y el ocio, así como delimitar el crecimiento desproporcionados de los centros de población, esto significará la promoción de formas de uso de suelo extensivas y el desarrollo de las estructuras vegetales conservadas en su estado natural y, su apertura. Área no susceptible al cambio de uso de suelo, dadas sus características.

V. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población;

 

 

VI. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales;

VII. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;

 

 

VIII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales;

XI. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

X. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de población;

 

 

XI. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas;

XII. Fundación: la acción de establecer un asentamiento humano;

 

XIII. Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los centros de población;

 

XIV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente;

XV. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional;

XVI. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población;

XVII. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

 

 

XIX. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población;

XX. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población;

 

XXI. Zona metropolitana: el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población, y

 

 

 

XXII. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

ARTICULO 9o.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

• Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;

• Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población;

• Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;

• Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

• Proponer la fundación de centros de población;

• Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;

• Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven;

• Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;

• Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;

• Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios;

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios;

• Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

• Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local;

• Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano, y

• Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.

ARTÍCULO 9.- (…)

I.-XI. (…)

XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda, la preservación ecológica y las zonas denominadas cinturones verdes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIII.-XV. (…)

ARTICULO 43.- La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de desarrollo urbano;

II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados a actividades productivas;

III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para la construcción de vivienda, y
IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.

ARTÍCULO 43.- (…)

(…)

• Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados a actividades productivas y zonas denominadas cinturones verdes;

 

 

III.-IV. (…)

ARTICULO 45.- La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Deberá derivarse como una acción de mejoramiento urbano, conforme al plan o programa de desarrollo urbano aplicable;

II. Sólo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión, y

III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, planes o programas de desarrollo urbano aplicables.

ARTÍCULO 45.- (…)

 

 

I.- III. (…)

IV. No se podrá otorgar la regularización de quienes ocupen un predio en una zona definida como cinturón verde.

La Secretaría de Desarrollo Social realizó un estudio interno Inventario de Suelo 2007 en el que se determinó el Inventario de Suelo por ciudad.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos Revenue Statistics 2012, http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics.htm, (consultada el 17 de Diciembre de 2013).
Salvador Medina Ramírez, La importancia de reducción del uso del automóvil en México. Tendencias de motorización, del uso del automóvil y de sus impactos. (México: Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP-México), 2012), 24.
Howard, Ebenezer (1902, 1965), Garden Cities of To-Morrow. Massachusetts: MIT Press
Abercrombie, Patrick .(1933). Town and Country Planning. Londres: Oxford: University Press.
Llanos, Douglas y Almandoz, Arturo, 2008. Aplicación del modelo de cinturón verde en la ciudad de Caracas, Venezuela (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23484/2/articulo6.pdf).
Seltzer, 2000; http://www.lincolninst.edu/pubs/PubDetail.aspx?pubid=274
Julekha Begum, La mujer, el medio ambiente y el desarrollo sostenible: estableciendo los vínculos http://www.unep.org/PDF/Women/Spanish/ChapterTwo.pdf
https://prezi.com/hrut87vlgrrq/urbanizacion-creciente-con-urbanismo-cinturones-verdes/
Miriam Alfie Cohen, 2011. Planeación urbana y medio ambiente: los cinturones verdes.
ERICKSON, D. (2004), “The Relationship of Historic City Form and Contemporary Greenway Implementation: a Comparison of Milwaukee, Wisconsin (USA) and Ottawa, Ontario (Canada)”, en Landscape and Urban Planning, vol. 68, Londres: Elsevier ltd., pp. 199- 202.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014

Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA

(Presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del PRI)

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tutela del derecho a la propiedad social de la tierra es una de las principales aportaciones del derecho constitucional mexicano, que se precia de ser precursor en materia de protección de derechos sociales. La consagración del derecho a la tenencia de la tierra dio pie al nacimiento del ejido, como forma de organización instituida para la protección de la propiedad social.

Al respecto, dispone actualmente el artículo 27 constitucional:

Art. 27 Constitucional

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

….

….

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

….

….

….

Así, se estableció a la parcela como la unidad básica de la propiedad social de la tierra, que debe ser suficiente para garantizar a un núcleo familiar los medios para subsistir y le da acceso a su titular a los derechos que otorga la calidad de ejidatario.

Por lo tanto, en la Ley Federal de Reforma Agraria primero, y en la Ley Agraria de 1999 después, se consagró el principio de indivisibilidad de la parcela, con el objeto de proteger esta unidad básica de producción en el medio rural.

No obstante lo anterior, es posible que el ejidatario posea más de una parcela amparada individualmente por un certificado parcelario, ya sea que lo hubiese adquirido por cesión, por herencia, o por cualquier otra vía que permita acceder legalmente a la titularidad de una parcela.
De este modo, el ejidatario no encuentra ninguna limitación para ser titular de más de un certificado parcelario, no obstante lo cual, si se le imponen restricciones para disponer de las mismas libremente con motivo de su fallecimiento.

En la materia sucesoria en general priva el derecho del testador de designar libremente a los sucesores de los bienes y derechos de los que es titular, salvo las excepciones relativas al cumplimiento de obligaciones a su cargo.

No obstante, en la materia agraria existe la limitación para que el titular de derechos agrarios designe libremente a los sucesores de los mismos, debido a la interpretación restrictiva que el Registro Agrario Nacional ha realizado del contenido del artículo 17 de la Ley Agraria, que dispone:

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

La autoridad ha interpretado el dispositivo transcrito en el sentido de que el ejidatario solamente puede registrar una lista de sucesores para la totalidad de los derechos de los que es titular, sin hacer distinciones para el caso de que el ejidatario posea más de una parcela.

Del artículo en cita se advierte la intención de respetar el principio de indivisibilidad de la parcela, motivo por el cual el ejidatario le corresponde el derecho de designar a quien habrá de sucederlo en sus derechos ejidales conforme a una lista de sucesión en orden de preferencia.

No obstante, el supuesto de que el ejidatario sea titular de más de una parcela, ya ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que dicha situación no vulnera el principio de indivisibilidad, al tenor de la siguiente tesis:

Época: Novena Época
Registro: 177552
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Agosto de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. LXXXVI/2005
Página: 364

PARCELA EJIDAL. EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SE REFIERE A LA UNIDAD PARCELARIA Y NO A LA EXTENSIÓN TOTAL DE TIERRAS ASIGNADAS A UN EJIDATARIO.

El principio de indivisibilidad parcelaria que subsiste en el derecho positivo agrario al considerar la parcela como la extensión mínima de tierra para asegurar la subsistencia del ejidatario y su familia, se refiere a la unidad parcelaria y no a la extensión total de tierra que le sea asignada y que puede comprender varias parcelas, pues en tal supuesto la extensión asignada al ejidatario ya se encuentra formalmente fragmentada en las diversas parcelas, constituyendo cada una de ellas la unidad mínima de fragmentación, por lo que la cesión de los derechos que sobre alguna de ellas realice un ejidatario no puede reputarse contraria al principio referido, porque con tal cesión no se está dividiendo la parcela, lo que se corrobora con el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley Agraria que lo reglamenta, en torno a los derechos de los ejidatarios al aprovechamiento, uso y usufructo de las tierras parceladas y que permiten la enajenación de derechos parcelarios respecto de unidades independientes asignadas a un mismo ejidatario, como se advierte del artículo 83, segundo párrafo de dicha Ley, en el que se consigna que la enajenación de una unidad no implica la pérdida de la calidad de ejidatario, salvo que no se conserven derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, lo que no se hubiera establecido así si la enajenación independiente de parcelas debiera entenderse proscrita por el principio de indivisibilidad parcelaria.

Amparo directo en revisión 205/2005. José Antonio Lozada Domínguez. 24 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot.

De conformidad con la tesis transcrita, la SCJN ya ha determinado que el principio de indivisibilidad se refiere a la fragmentación de una parcela, y no se ve vulnerada por el hecho de ser titular de más de una de ellas. Incluso, no se ve afectado por la enajenación de los derechos sobre una de ellas, como lo señala la siguiente tesis de jurisprudencia:

Época: Novena Época
Registro: 165499
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXI, Enero de 2010
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a./J. 2/2010
Página: 282

PARCELAS EJIDALES. NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SI EL EJIDATARIO, TITULAR DE DERECHOS RESPECTO DE VARIAS DE ELLAS, TRANSMITE LOS RELATIVOS A UNA.

De los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 83 de la Ley Agraria, se advierte que bajo el régimen agrario vigente, los ejidatarios pueden: 1) transmitir válidamente derechos agrarios, cumpliendo ciertos requisitos y, 2) ser titulares de derechos agrarios respecto de más de una parcela. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cada parcela asignada a un ejidatario es la unidad mínima de fragmentación, es indudable que éste puede transmitir los derechos agrarios relativos a cada parcela respecto de la cual sea titular, sin que por ello se viole el principio de indivisibilidad parcelaria, pues lo que éste prohíbe es la fragmentación de cada una de las parcelas en lo individual.

Contradicción de tesis 383/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el entonces Tribunal Colegiado Auxiliar, ahora Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de diciembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 2/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de enero de dos mil diez.

Resulta incongruente que el ejidatario pueda transmitir a un tercero sin ninguna restricción, la titularidad de una de las parcelas de las que es titular y conservar otras, pero no pueda transmitir a sus herederos la, titularidad de cada una de dichas parcelas de manera individual, sino que por ley está obligado a transmitir la totalidad de los derechos de los que es titular a un solo sucesor.

Sin duda hay una limitación de derechos, en este caso la libertad del testador que se ve afectada por una disposición legal que en los hechos genera o puede generar conflictos entre los sucesores.

En el supuesto que nos ocupa, no tiene sentido la idoneidad de esta medida para proteger la indivisibilidad de la parcela, toda vez que no se pretende subdividir una parcela, lo que se debe tutelar entonces es el derecho de disponer individualmente de cada una de las parcelas amparadas por un certificado parcelario.

Por lo anterior, es que esta iniciativa propone adicionar un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria a fin de prever la posibilidad de que el ejidatario que posea más de una parcela pueda designar una lista de sucesores por cada una de ellas.

De este modo, estaríamos dando solución a una incongruencia que actualmente existe, sin que se vulnere de manera alguna la indivisibilidad de la parcela, al otorgar un trato equitativo y respetar la libertad de los testadores en materia agraria.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se adiciona el artículo 17 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 17.- ….

….

Cuando el ejidatario fuese titular de más de una parcela amparada por el título correspondiente, podrá designar una lista de sucesores por cada una de ellas.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Arturo Zamora Jiménez.

Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto se reforma el artículo 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para la celebración de tratados internacionales, se necesita un acuerdo entre los Estados con sujetos de Derecho Internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las integraciones internacionales, entre otros factores, los Estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados que han sido suscritos. Sin embargo, hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado.

Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los Estados se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando en toda América Latina.

La autora Elvira Méndez Chang, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de los medios de control y a la simplificación de procedimientos para la celebración de tratados internacionales, indica que tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad del Estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación internacional. Antiguamente se exigía la necesaria participación de los poderes públicos Legislativo (en el caso mexicano del Senado de la República) y Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de tratados. Con esto se aseguraba que en el plano interno existía un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente para que el Estado pudiera sumir obligaciones internacionales, así necesariamente el Estado garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse.

Para Méndez Chang, los tratados celebrados con la participación de ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, se denominaban genéricamente solemnes, los cuales debían cumplir las formalidades exigidas en el derecho interno de cada Estado. En este procedimiento existía pues, una aprobación previa del Poder Legislativo (Senado), lo cual era necesario para la formación de la voluntad del Estado, dentro del procedimiento de celebración del tratado. Sin embargo, afirmamos que esta aprobación previa se aproximaba mas no resultaba ser un auténtico control de la constitucionalidad ni de legalidad de las obligaciones que serían contraídas a nivel internacional, sino más bien debe considerarse un auténtico control político en el cual de forma legislativa se revisaba que el tratado estuviese de acuerdo con la constitución, sin embargo este procedimiento, debido a todo el debate político y los vaivenes de los actores también políticos, era considerado lento para lograr los acuerdos en contexto de constante cambio.

Debido al involucramiento internacional que tuvieron los Estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y simple, además en algunos supuestos, el Poder Ejecutivo era competente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa del Poder Legislativo.Así es como surge lo que Méndez Chang, denomina los tratados en forma simplificada, o lo en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos.

En este punto cabe la observación de que la diferencia entre los llamados tratados solemnes y los tratados en forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país. Es decir, que la simplificación sólo se refiere al tipo procedimiento que se adopta el Estado para obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento, busca precisamente la agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y la participación de órganos, que trunquen la rápida vinculación internacional del Estado.

En nuestro país es lamentable decir que en lo que se refiere a la discusión sobre la jerarquía de los tratados, los de forma simplificada no adquieren ninguna diferencia en cuanto a los celebrados de forma solemne, esto quiere decir que en México, sea cual sea la forma de celebrar tratados, todos adquieren la Jerarquía general de todos los tratados.
Todo lo anterior nos indica que prácticamente el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para contraer obligaciones internacional sin la aprobación previa de ningún órgano, en particular del Poder Legislativo (Senado); de tal manera, que “no se contará con una evaluación y control por parte del Poder Legislativo sobre la adecuación de éstas al marco constitucional y legal interno”.

Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados por el senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, mucho menos jurídico, encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de “Acuerdo Interinstitucional”.

Estos “Acuerdos” quedan definidos, en el Artículo 2º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la siguiente manera:

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

II.- “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

El hecho de que los Acuerdos Interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, consiente, en los hechos, que el Ejecutivo cuente con una facultad que supera los límites constitucionales. De esta manera, el Gobierno de México podría estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político.

Es decir, el hecho de que un instrumento internacional lleve el nombre de acuerdo, en lugar de tratado, puede ocasionar un conflicto entre los poderes de la Unión.

Es en vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DEDECRETO

Artículo Único.- Se reforma el artículo 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República, en los términos de la fracción I del artículo 76.

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente,

Sen. Benjamín Robles Montoya.

Méndez Chang, Elvira, “El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los Convenios Ejecutivos Internacionales, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 19
Según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, en su artículo 11 y 12 que se refieren a las distintas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado.
Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política del Perú en materia exclusiva competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1992,p.26-27, citada por Méndez Chang, Elvira, Op. cit., p.6
Méndez Chang, Elvira, Op cit. p.7

Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS 1, 61, 61 BIS, 144 Y 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS 1, 61, 61 BIS, 144 Y 404 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la salud otorga a las y los ciudadanos un medio ambiente adecuado para el cuidado y preservación de su salud; de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho inalienable y aplica para todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial.

En nuestro país se trata de un derecho social por antonomasia que se encuentra estipulado en el artículo 4º de nuestra Constitución, donde se garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud.

Se trata de un derecho complejo, que tiene un carácter prestacional e implica una serie de obligaciones y acciones específicas por parte de los poderes públicos, que dan forma a los esquemas institucionales encargados de preservar el bien jurídico protegido en nuestra Carta Magna.

El artículo 2º de la Ley General de Salud expresa la finalidad de las obligaciones institucionales en materia de salud, tales como:

• El bienestar físico y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

• El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Asimismo, en el artículo 134 del mismo ordenamiento se establece que las vacunas contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en futuro estime necesarias la Secretaría de Salud, son obligatorias en los términos que fije esa dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas, conforme a los programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud.

De acuerdo con cifras del INEGI, los programas permanentes de vacunación a nivel nacional atienden a más de 25 mil menores al año y el total estimado de inmunizaciones aplicadas en Instituciones del Sistema Nacional de Salud asciende a más de 105 mil.

De acuerdo con información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, en toda vacuna se encuentran microorganismos muertos o debilitados que causan una enfermedad, lo que ayuda para que el cuerpo humano lleve a cabo la producción de defensas, también conocidas como antígenos.

En nuestro país, se encuentra en funcionamiento el Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y control de enfermedades a través de servicios de salud en los diferentes niveles e instituciones de Gobierno. En este sentido, es importante reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Salud, del IMSS, el ISSSTE, el DIF y los servicios de salud de la SEDENA, SEMAR y PEMEX quienes en 2009 se dieron a la tarea de diseñar cinco cartillas nacionales de salud, donde presentan esquemas de vacunación acorde con rangos de edad y género.

Sin embargo, pese a estas acciones, distintos especialistas han alertado acerca de que la mayoría de personas en nuestro país desconoce cuántas vacunas se han aplicado y sólo el 40 por ciento sabe de las inmunizaciones que cada año deben llevarse a cabo; esta falta de información hace que se dé el rechazo o desconfianza hacia las vacunas.

De acuerdo con especialistas del Hospital Juárez del Centro, aunque no existe un manifiesto abierto por parte de algún sector de la población en contra de las vacunas, es común que a los consultorios lleguen madres que dicen estar “a favor de lo natural”, teniendo la creencia de que en caso de enfermedad pueden producir “naturalmente” anticuerpos, poniendo en alto riesgo la salud de los infantes y en muchas ocasiones de las madres mismas en periodo de gestación.

Las consecuencias que tienen este tipo de actitudes entre la población, se vio reflejada a finales del año pasado con el brote de Sarampión que dio en Estados Unidos, cuyo origen fue un niño enfermo que contagió a otros que no estaban vacunados; dando como resultado que en un lapso de 5 meses se confirmaran 117 casos.

Por lo anterior, en nuestro país es fundamental fortalecer las campañas de difusión sobre el beneficio que tiene la aplicación de vacunas para evitar enfermedades y muertes, así como para aumentar la esperanza de vida.

La presente Iniciativa nace de esta necesidad, proponiendo reformar la Ley General de Salud para aumentar la información que tiene la sociedad sobre las vacunas y su impacto en la salud; haciendo conciencia de que no son exclusivas de los menores sino también de madres en periodos de gestación.

De acuerdo con la asociación civil Curarse en Salud, existe un desconocimiento sobre el tema y eso incluye datos sobre las atenciones y tipo de vacunación que deben aplicarse a mujeres embarazadas para prevenir algún daño hacia los bebes en caso de que ellas resultaran contagiadas por rubeola, tétanos o tosferina.

La salud es un derecho primordial en nuestra infancia y una obligación que todos debemos de tener. Nuestro país ha sido reconocido por alcanzar tasas de inmunización elevadas, por lo que es necesario perfeccionar estos esfuerzos a nivel de prevención a causa del papel que esta juega en la protección de la salud de nuestros infantes.

Gracias a la vacunación cada año se salva la vida de más de 3 millones de niños en el mundo y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1.5 millones mueren por falta de inmunización ya sea porque los infantes se encuentren en pobreza extrema o por fallas en los sistemas de salud.

Todos nos beneficiamos de las vacunas puesto que son un componente esencial del derecho humano a la salud, además de ser responsabilidad de los individuos, comunidades y gobiernos y por lo tanto debe apoyarse su consideración como tal.

Con la Iniciativa que se pone a su consideración generamos equidad, accesibilidad y hacer más cortas las brechas para proporcionar igualdad en salud a todos nuestros ciudadanos; favorecemos las acciones sanitarias en materia de vacunación y creamos conciencia entre nuestros ciudadanos sobre su obligación con este derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 51 bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como la correspondiente a la inmunización necesaria para mujeres en periodo de lactancia y la correspondiente al Esquema y Calendario Nacional de Vacunación.

La Secretaría elaborará y garantizará la difusión permanente del Esquema y Calendario Nacional de Vacunación a través de campañas en las principales plazas públicas, medios de comunicación, medios impresos y electrónicos.

Artículo 61.- …

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la promoción de la vacunación necesaria durante dicho periodo y la atención psicológica que requiera.

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción permanente del Esquema y Calendario Nacional de Vacunación, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. a V. …

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud y vacunación en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos fijados por el Esquema y Calendario Nacional de Vacunación. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud de los Estados y Municipios.

Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:

I. a III. …

IV. La vacunación de personas y la difusión permanente del Esquema y Calendario Nacional de Vacunación;

V. a XIII. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY

(Presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país cuenta con un territorio privilegiado a nivel mundial, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), México está dentro del grupo de naciones que alberga el 70 por ciento de la diversidad ecológica del planeta, lo que se traduce en cientos de especies de flora y fauna que solo se pueden encontrar en esta región del planeta.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha señalado que más del 50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en territorio nacional son endémicas, es decir, son exclusivas de nuestro país, por lo que su desaparición implicaría su extinción en el planeta.

La presente iniciativa propone un marco jurídico para proteger a la especie agave salmiana, mejor conocida como maguey pulquero, a través de la generación de políticas específicas para su aprovechamiento sustentable, en donde se beneficien todas las industrias y particulares que utilizan este tipo de cultivo, lo que, además de solucionar las constantes pugnas entre ellos, sería un detonante de la economía local que generaría una buena cantidad de empleos en las comunidades involucradas.

El maguey pulquero ha sido utilizado desde la época precolombina y forma parte de nuestra cultura, tradiciones y, junto con varios de sus derivados, es ícono de nuestro país,sin embargo, su importancia trasciende el campo y reside en un sinfín de usos, no limitados a la actividad humana.

Este tipo de ecosistemas favorecen el equilibrio ecológico de las regiones y dansustento a otras especies animales que dependen del maguey que tienen una relación de dependencia muy estrecha con la planta. Para el campo, esta especie coadyuva en la formación, retención y conservación del suelo, evitando su erosión e infertilidad, que son un problema en la mayor parte del país.

En cuanto a la industria, se cultiva con múltiples propósitos, que van desde la producción de aguamiel y mezcal, hasta la vivienda y medicina, sin embargo, es el sector alimentario quien supone amenazar su existencia, ya que es ingrediente clave en la preparación de muchos platillos culinarios, situación que da lugar a la explotación clandestina para obtener la cutícula de la planta que sirve para la cocción del mixiote, sin considerar una mínima medida de precaución que evite dañar el agave o incluso matarlo en el proceso, problemática que se ha ido agravando con el tiempo y que a causa de la nula intervención de las autoridades ha dado lugar a la desaparición paulatina de los magueyes, reduciendo su población a cifras alarmantes que podrían evolucionar al punto de extinguir por completo a la especie.

De acuerdo con datos de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (SOMAS), este tipo de agave no solo es amenazado por ser un ingrediente para cocinar y su existencia no es vulnerada solo en la actualidad, ya desde hace decenas de años es un problema conocido, pero la falta de políticas, atención de las autoridades y la carencia general de cualquier tipo de protección, han dado lugar a que esta situación se agrave.

Desde mediados del siglo XX, se empezó a gestar su desaparición debido a la desmedida explotación, inadecuadas plantaciones, la preferencia por el uso de fibras sintéticas y la pérdida valor del pulque que fue sustituido por la cerveza y aceleró aún más las campañas de desprestigio hacia el maguey, lo que propició que los campesinos dejarán este cultivo a gran escala por la escases de demanda.

Retomando la información proporcionada por SOMAS, la población de maguey se ha visto tan reducida que cerca de 10 mil ejemplares se conservan en jardines botánicos y reservas ecológicas. La situación ha sido tan alarmante que ya desde 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a esta especie en “peligro de extinción”, y a pesar de esto, lejos de controlar o disminuir la situación, esta sigue creciendo y poniendo en riesgo cada vez más, la vida del maguey.

Parte de este fenómeno, radica en el hecho de que los agaves florecen solo una vez y mueren, además de que son cultivables después de un largo periodo que comprende entre 10 y 12 años en promedio, sin embargo, con la técnica adecuada de cosecha y siembra, es posible tener plantaciones rentables y sustentables, ya que de una sola planta pueden obtenerse una serie de productos muy variados, que se traduce en que una correcta administración del recurso maximizaría el margen de ganancia obtenido de una sola planta permitiendo crecer a las nuevas generaciones mientras se aprovechan las que ya pueden cultivarse, sin dañar el equilibrio ecológico o poner en riesgo su existencia, el hecho de explotación solo es reprobable cuando se hace sin medida alguna y se sacrifica a la planta antes de tiempo para extraer únicamente su cutícula, siendo desperdiciado el resto.

Aunado a esta situación, también podemos agregar que el bajo aprovechamiento de esta planta y su explotación ilegal contribuye a que se presenten hechos y actos que vulneran la integridad tanto laboral como individual de las personas que tienen al maguey como su fuente de trabajo, al no contar con las condiciones idóneas para realizar sus jornadas y recibir bajos salarios, es decir, a partir del mal manejo en su cultivo se genera un efecto domino que termina por afectar tanto a personas que dependen directamente de él, como campesinos y empresarios como a personas que prestan servicios indirectos a estas industrias, como transportistas y vendedores, entre otros. .

En este sentido, los campesinos y empresarios frecuentemente reportan pérdidas al ser víctimas de los robos que se suscitan por parte de personas que hurtan la cutícula y abandonan la planta, propiciando la muerte del vegetal y el desaprovechamiento de los demás recursos que pudo proveer, dando lugar a pérdidas considerables, tanto económicas como cronológicas en los tiempos de cultivo, ya que probablemente era una planta que se estaba desarrollando y llevaba varios años de crecimiento en espera de la fecha adecuada de cosecha.

En nuestro país, se han realizado esfuerzos conjuntos entre los gobiernos locales, estatales y la administración federal para intentar frenar el uso desmedido de la planta, sin embargo, en la actualidad muchos de los ordenamientos tienen únicamente aplicación estatal y aquellos que son de carácter federal no responden a la problemática actual, están obsoletos y su aplicación, observancia y cumplimiento son prácticamente nulas.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece los lineamientos para el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables y existe la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEMARNAT-1997para establecer procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos o semillas en los ecosistemas áridos, en los que se encuentran las poblaciones naturales de maguey, ambas con varios años de haber entrado en vigor, con un carácter sumamente amplio y con cero aplicación ante el objeto de esta iniciativa, ya que de ser funcionales no existiría la problemática actual, incluso, de acuerdo con los campesinos y productores, constituyen letra muerta al ser recomendaciones para ellos y no parecen ser una limitante para que los atentados en contra de los magueyes cesen, y existen casos en los que la misma autoridad carece de elementos jurídicos para sancionar a las personas que son sorprendidas realizando el robo de plantas o la extracción de alguna de sus partes sin contar con la documentación y permisos que la ley requiere actualmente, por lo que se genera un vacío legal, mismo, que de no ser subsanado terminará con la existencia del Agave Salmiano.

Tan solo algunas entidades cuentan con leyes en atención a esta llamada de auxilio, como son la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo publicada en 2011o la más reciente, publicada en octubre del año pasado, la Ley para la Protección del Maguey en el Estado de México, leyes que constituyen la vanguardia para atender la situación, sin embargo, el problema del maguey no es menester de solo un par de entidades federativas, su impacto afecta a muchos estados que cuentan con agaves en sus territorios y por ende, a miles de mexicanos, por lo que se deben redoblar esfuerzos y solucionar este tema nacional antes de que sea irremediable.

Existen antecedentes que han tenido la finalidad de elevar la protección del maguey en el pasado, múltiples congresos y foros en donde el sector campesino ha externado su preocupación y un par de iniciativas legislativas que han quedado congeladas y han sido rechazadas sistemáticamente, pese a la importancia, cultural, económica y ambiental que tiene nuestro agave pulquero; por ello, no podemos esperar más, debemos actuar si queremos salvar a la especie y a todas las familias que dependen de esta planta milenaria, es hoy cuando debemos maximizar esfuerzos y hacer realidad una ley que beneficiara a nuestro país.

Debemos recordar que México ha suscrito múltiples convenios internacionales con la finalidad de proteger al medio ambiente y conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades, entre los que destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, el Protocolo de Kioto que se adoptó en 1995, los acuerdos de Cancún de 2010 e incluso, México reafirmo su postura y compromiso internacional por actuar responsablemente a nivel global, recientemente con la aportación de 10 millones de dólares al Fondo Verde Climático en la COP20 de Lima, Perú el pasado 14 de diciembre de 2014. Elementos que comprometen a nuestro país a tomar las decisiones adecuadas tanto a nivel nacional como en el marco internacional y que nos asignan una gran responsabilidad con los demás habitantes de este planeta al tener una diversidad única y exclusiva en el mundo, como es el caso del Maguey.

Para la entidad federativa que represento, Tlaxcala, este Proyecto sería un importante marco normativo y una prueba tangente de que las demandas de la población son atendidas en esta Cámara.

Esto, porque en esta región se exporta en grandes cantidades pulque y aguamiel a países como Estados Unidos, Alemania y España, siendo industrias importantes para municipios como Taxco, Altzayanca, Calpulalpan, Nanacamilpa y Hueyotlipan.

Este comercio da a México un importante lugar en el comercio exterior, fomenta las relaciones diplomáticas y comerciales e incrementa los ingresos que genera la planta en el mercado nacional, vislumbrando la industrialización a gran escala de los derivados del maguey como un futuro prometedor para crear procesos productivos rentables para esta zona, que actualmente necesita de un detonante económico para crecer.

Por ello, es importante tomar cartas en el asunto y hacer énfasis en la protección del maguey, puesto que pese a que existen una serie de disposiciones normativas, estas no se adaptan a la gravedad de la problemática, entre estos esfuerzos, podemos hacer mención a que desde hace más de medio siglo se ha tratado de aumentar la producción, industrialización y aprovechamiento del agave en esta entidad federativa como se establece en la Ley que Crea el Patronato Tlaxcalteca Pro-industrialización del Maguey publicada el 22 de junio de 1955 y la Ley de Incremento y Protección del Maguey Fino para el Estado de Tlaxcala publicada el 29 de agosto de 1962.

Por lo tanto, para nuestro país es necesario velar por el cuidado y sano aprovechamiento de su maguey pulquero pues es una necesidad y obligación dotar de un marco jurídico sólido que permita a la Federación cumplir con este fin.

Si dejamos que esta especie desaparezca o decidimos actuar cuando sea muy tarde, seremos participes de la extinción de una especie que forma parte de nuestra esencia, tradiciones, cultura, gastronomía, vestimenta y vivienda; es decir, una especie que es orgullo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY

ARTÍCULO ÚNICO.- Se EXPIDE la Ley Federal de Protección al Maguey,para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MAGUEY

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, producción, el cultivo, manejo y aprovechamiento del maguey.

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende:

I. Desarrollo sustentable: Proceso que concentra indicadores ambientales, económicos y sociales para la preservación, protección y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

II. Industria: Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad la transformación de la materia prima en gran escala (maguey) en múltiples derivados.

III. Ley: Ley Federal de Protección al Maguey.

IV. Maguey: Planta de la familia Agavaceae, considerada en todos sus subgéneros, grupos, especies, subespecies y variedades.

V. Productor: Persona física o moral que cultive el maguey con fines comerciales.

VI. Secretaría: A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

VII. Registro: Al Registro Federal de agricultores y productores de Maguey.

Capítulo II
De las autoridades

Artículo 3.- La autoridad competente para la observancia y aplicación de la presente ley será la Secretaría.

Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes obligaciones y facultades:

I. Capacitar, orientar y apoyar a los agricultores y productores,

II. Establecer programas de fomento a la investigación, protección, conservación, aprovechamiento y desarrollo sustentable del agave,
III. Crear, mantener y actualizar el Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey, manteniendo en todo momento un control estadístico del cultivo existente,

IV. Velar por el cumplimiento establecido en las Recomendaciones internacionales en materia de medio ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídicas aplicables que tengan por objeto la conservación del maguey y su ecosistema,

V. Ejecutar las disposiciones que permitan el control y aplicación de los términos establecidos en esta ley,

VI. Notificar a los miembros del Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey acerca de los mecanismos, multas y sanciones que establezca en caso de incumplimiento de la presente ley,

VII. Generar programas que establezcan las condiciones necesarias para la comercialización del maguey y sus derivados, y

VIII. Realizar eventos dirigidos a la difusión de la conservación, protección, cultivo e industria del maguey y sus derivados.

Capitulo III
Del aprovechamiento

Articulo 5.- Para realizar el cultivo, explotación, industrialización o cualquier otra actividad dirigida al aprovechamiento del maguey con fines comerciales, deberá notificarse a la Secretaría y esperar la aprobación para iniciar una o varias de estas actividades.

Capítulo IV
De la notificación

Artículo 6.- La notificación deberá tener como mínimo la siguiente información:

I. Nombre y domicilio de la persona física o moral que realizará la actividad.

II. Nombre y domicilio de la persona física o moral poseedora del predio, misma que deberá acreditar la propiedad con el título correspondiente.

III. Nombre del técnico responsable

IV. Porcentaje estimado de explotación del predio.

V. Estimaciones y proyecciones futuras de los planes de aprovechamiento a 1, 5 y 15 años si fuera el caso, señalados en piezas, kilogramos, toneladas, pencas, etc.

VI. Establecer el tiempo que durará la explotación.

VII. Descripción detallada de los criterios técnicos que se usarán para efectuar el aprovechamiento.

VIII. Medidas preventivas y de protección hacia la fauna que pertenece a este ecosistema y se encuentre dentro del área comprendida en el predio de explotación.

IX. Medidas de prevención a los impactos ambientales derivados de la manipulación y alteración de los diversos procesos que pudieran estar involucrados en alguna o varias etapas de la actividad.

X. Determinar las medidas ambientales que se efectuaran en caso de suspensión de actividades antes del periodo fijado.
XI. Especificar el número de personas que laboraran en el lugar y su rango jerárquico o labor que llevaran a cabo.

Artículo 7.- Toda área de aprovechamiento, sin importar la extensión del predio, tendrá que contar con al menos 1 responsable técnico, que deberá ser agrícola o ingeniero agrónomo general, quién supervisará que se lleven a cabo los cuidados y medidas adecuadas para el aprovechamiento, teniendo como prioridad, el cuidado de la planta en todo momento y cada proceso.

Articulo 8.- Será responsabilidad del dueño del predio a explotar o de la persona física o moral que realizará la explotación, realizar la notificación ante la Secretaría.

Artículo 9.- La secretaría proporcionara asistencia técnica para la elaboración de la notificación.

Articulo 10.- Toda notificación deberá ser valorada y acreditada por la Secretaría.

Artículo 11.- La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días para otorgar la aprobación correspondiente, en caso de no otorgarla, deberá entregar un informe con la motivación suficiente y justificada que determino la negativa y formular observaciones para subsanar las mismas en el supuesto de que existiera posibilidad de realizar el aprovechamiento.

Artículo 12.- La notificación podrá realizarse por oficio simple y para ser aceptada por la Secretaría, bastará con que cuente con los datos anteriormente enunciados sin que exista otro requerimiento.

Artículo 13.- Cuando se suspenda el aprovechamiento antes del tiempo señalado, el titular de las actividades o el dueño del predio deberán notificar por escrito a la Secretaría, especificando los motivos o causas de la suspensión, además de implementar las medidas estipuladas para esta situación.

Capítulo V
De los agricultores y productores

Artículo 14.- Todos los agricultores y productores deberán registrarse en el “Registro Federal de agricultores y productores de maguey” por medio de la Secretaría y tendrán que notificar su baja en caso de dejar esta actividad con el fin de mantener actualizado el registro.

Artículo 15.- Son derechos de los agricultores y productores:

I. Disfrutar de los apoyos que otorgue el gobierno federal para el fomento y desarrollo del cultivo del maguey en igualdad de circunstancias,

II. Recibir capacitación y asesoría técnica por parte de la Secretaría,

III. Ser considerados y participar en las decisiones que la Secretaría tome para definir la dirección de acción en materia de cuidado del maguey,

IV. Contar con apoyo y asesoramiento para la comercialización de sus productos,

V. Ser registrados en el “Registro Federal de agricultores y productores de maguey”,

VI. Obtener información veraz sobre prácticas y productos autorizados por la Secretaría, al igual de los que sean prohibidos,

VII. Asistir y contar con acceso a todas las reuniones, eventos, foros etc., de carácter informativo que sean realizados por la Secretaría, y

VIII. Los demás que la ley les confieran.
Artículo 16.- Son obligaciones de los agricultores y productores:

I. Realizar las notificaciones descrita en esta ley en tiempo y forma ante la Secretaría,

II. Cooperar y acatar las medidas que dicte la Secretaría con fines de conservación y protección del maguey,

III. Capacitarse constantemente y asistir a los cursos técnicos que realice la Secretaría, y

IV. Mantener actualizada su información con respecto al Registro Nacional de Agricultores y Productores del Maguey.

Capítulo VI
Inspección y vigilancia

Artículo 17.- La Secretaría realizará las visitas de inspección y auditorías técnicas para vigilar el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 18.- La Secretaría podrá autorizar al personal de la delegación estatal en función de las necesidades y demanda de cada entidad federativa y establecer políticas con las autoridades de cada localidad.

Artículo 19.- La Secretaría a los inspectores que sean necesarios para el cumplimiento de la ley.

Artículo 20.- Toda inspección deberá estar fundada y motivada, además de ser notificada al agricultor o productor con 3 días hábiles de anticipación.

Artículo 21.- En caso de existir anomalías o incumplimiento en las plantaciones, el inspector deberá notificar a la Secretaría en un plazo máximo de 5 días hábiles, quién deberá establecer la sanción correspondiente.

Artículo 22.- La Secretaría deberá notificar la sanción al titular de la actividad de aprovechamiento en un plazo de 3 días hábiles como máximo.

Artículo 23.- La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para resarcir el daño o realizar el pago correspondiente.

Artículo 24.- La Secretaría deberá notificar a todos los integrantes del Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey acerca de los mecanismos y los cambios que realice en materia de sanciones y cobros.

Capítulo VII
Sanciones

Artículo 24.- El incumplimiento de lo previsto en la presente ley, será sancionado administrativamente por la Secretaría de la siguiente forma:

I. Si fuera la primera ocasión del desacato, se procederá a la amonestación.

II. Imposición de multa en base al daño parcial o irreversible de la planta y a las ganancias futuras que podría producir.

III. Suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones de explotación o aprovechamiento.
Artículo 25.- La Secretaría establecerá el monto de las multas, las cuales deberán estar previamente establecidas al momento de aplicarse.

Artículo 26.- La Secretaría deberá notificar el monto de las multas a todos los integrantes del Registro Federal de Agricultores y Productores de Maguey.

Artículo 27.- La extracción del maguey o alguna de sus partes con fines comerciales, por personas ajenas a las autorizadas por la Secretaría y que no puedan demostrar la legítima propiedad de la planta, cometerán el delito de robo, y estarán sujetas a las disposiciones aplicables en el Código Penal Federal.

Artículo 28.- Podrán aplicarse de manera supletoria, las disposiciones comprendidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y las demás que consideré aplicables la Secretaría.

Capítulo VIII
De la organización de agricultores y productores

Artículo 29.- Los agricultores y productores del maguey podrán agruparse en organismos o asociaciones y llevar a cabo uniones, reuniones o eventos que les permitan resolver sus necesidades comunes.

Artículo 30.- Las organizaciones podrán tener carácter nacional, estatal, municipal o regional.

Artículo 31.- Toda organización o asociación legalmente constituida será reconocida por la Secretaría y las autoridades competentes, para la defensa y protección de sus agremiados.

Artículo 32.- El objetivo principal de las asociaciones será velar por la preservación y cuidado de los cultivos del maguey y de sus agremiados.

Artículo 33.- La Secretaría podrá colaborar con las asociaciones legalmente constituidas con la finalidad de conseguir el desarrollo sustentable del maguey.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación.

SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo máximo de 90 días para establecer las bases y lineamientos que permitan la vigilancia y aplicación de esta ley.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.

http://www.informatica.sip.ipn.mx/colmex/congresos/chiapas/cd/Alimentos%5CExtensos%5C642383.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_260315.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3300/1/nom-005-semarnat-1997.pdf
http://www.pjhidalgo.gob.mx/transparencia/leyes_reglamentos/leyes/105_ley_manejo_sustentable_maguey.pdf
http://www.inecc.gob.mx/ai-convenios

Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”. La salud es un derecho humano fundamental, en ese sentido es un derecho inherente a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Además del principio de universalidad y no discriminación, este derecho está interrelacionado, es interdependiente e indivisible.

Aunado a lo anterior, en el ámbito indígena la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y su derecho a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 24 de la Declaración establece que “las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental” y que “los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo".

Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 24 establece que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna".

En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima una población de 15.7 millones de indígenas en México.

La población indígena de México se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja para el mejor desarrollo humano, entre los obstáculos que enfrentan los pueblos originarios de México se encuentra el acceso a los servicios de atención médica general o especializada, la escasa cobertura de la infraestructura hospitalaria en las regiones indígenas y la falta de información clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen son factores que imposibilitan la garantía al acceso efectivo de este derecho.

En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4° que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que no se debe de hacer distinción alguna por raza, sexo o religión. Asimismo, el artículo 2do Constitucional en el apartado B, fracción III señala que las autoridades tienen la obligación de: Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nación a los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, se ha observado que cuando la población indígena acude a los centros urbanos para ser atendidos, los siente muy agresivos y le resulta una experiencia difícil en muchos aspectos; la comunicación en los centros médicos-hospitalarios se caracteriza por ser rápida, de gran movimiento y muchas de las veces a los pacientes indígenas no se les explica ampliamente y de manera comprensible en qué consiste su padecimiento o las especificaciones de los tratamientos, el personal de los hospitales no está capacitado ni sensibilizado para la atención de pacientes indígenas. La falta de traductores en los hospitales genera una gran incertidumbre en los pacientes y acompañantes de no saber qué es lo que requiere su enfermo y a donde tienen que trasladarlo, y sobre todo, no saber cómo conseguir alojamiento.

Si bien la Ley General de Salud en su artículo 51 bis establece que los usuarios de salud tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen y que cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua, la ley no contempla alguna herramienta que permita garantizar el debido cumplimiento de este derecho.

Lo anterior ha implicado una grave afectación al derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas para acceder plenamente a los servicios de salud generando de esta manera diversos actos discriminativos en este sector de la población. Recientemente se hizo público que en el estado de Nuevo León la discriminación, negligencia médica y corrupción son los principales problemas a los que se enfrentan los indígenas, que habitan en el estado, ante la falta de un traductor en centros médicos. En municipios como Escobedo, Juárez, Monterrey, Guadalupe y García, la discriminación a las comunidades indígenas en la atención médica es un tema recurrente. Por otra parte, en el estado de Sonora, el pueblo indígena mayo manifestó recientemente que reciben mal trato en los hospitales debido a que no cuentan con un traductor, por lo que solicitaron a las autoridades buscar una mejora de los servicios médicos a las comunidades indígenas del estado.

Al mismo tiempo, en el estado de Oaxaca mujeres indígenas son sometidas por el personal médico en las clínicas comunitarias y hospitales a tratos discriminatorios durante el control del embarazo y una falta de atención de parto. En centros de salud de esta entidad, no se les atiende a pacientes indígenas, porque tienen el obstáculo de la lengua y no se cuenta con traductores para suavizar ese puente de información.

Cabe resaltar que el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización de las Naciones Unidas centraron su agenda en la cuestión del acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud. En donde hicieron gran énfasis al señalar que uno de los obstáculos más graves que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a los sistemas de salud pública, son las grandes barreras lingüísticas y desconocimiento de la cultura indígena.

Por lo anterior y atendiendo el llamado que realizo, el Secretario General Ban Ki-moon a la comunidad internacional a velar por un futuro mejor y más equitativo de los pueblos y comunidades indígenas mejorando los sistemas de salud y bienestar de este sector de la población proponernos hacer una adición el artículo 51 bis de la Ley General de Salud con la finalidad de integrar intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los hospitales generales y regionales, centros de salud, en las campañas y brigadas de salud, a fin de dar una atención adecuada y de esta manera hacer efectivo el derecho que tienen los pueblos originarios a la salud sin restricción alguna.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 51 bis.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua, para su debido cumplimento se integraran intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los hospitales generales y regionales, centros de salud, en las campañas y brigadas de salud, a fin de dar una atención adecuada.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para el desarrollo de las acciones que deban realizar las dependencias y entidades que presten servicios de salud a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 bis, podrá apoyarse en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, deberán hacerse las previsiones presupuestales necesarias para su operación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La negativa ficta es una figura jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial a través del silencio o la inacción procesal y que, para los actos procesales representa irónicamente una respuesta expresa de dicha autoridad.

La negativa ficta se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que norma su vigencia, es decir, la ley otorga un margen de gracia para que las autoridades contesten o resuelvan las peticiones de los ciudadanos y, al agotarse dicho plazo sin que se haya dado respuesta, el mencionado artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de negativa ficta en detrimento del peticionario, orillándolo a ejercer un control de legalidad por el que se impugne la inacción procesal.

La presente iniciativa busca eliminar el acto jurídico que constituye la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior es así porque es incompatible a las disposiciones de acceso a la información que rige el derecho positivo, pues dicha oscuridad en el artículo no encuentra vigencia en nuestro sistema legal, toda vez que señala que si no existe plazo que obligue a la administración pública federal a responder, esta debe entenderse que no debe ser mayor a tres meses y en sentido negativo.

El propio artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición y obliga a las autoridades a dar contestación en "breve término". Se cita textual:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Sostengo que la expresión "breve término" que alude el texto constitucional, aún cuando garantiza una expedita administración gubernamental a favor de los interesados, también resulta ambigua al no establecerse con seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, conduce a una imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación no han sentado criterio jurisprudencial que fije claramente un término o lapso temporal en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que en las diferentes esferas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que su vez introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben ser evacuados los asuntos públicos.

El artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que la respuesta a la solicitud de información debe otorgarse antes de los veinte días hábiles una vez originada la petición, se cita textual:

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

En ese sentido, existe una evidente contradicción entre el plazo arbitrario que señala el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo ésta última legislación quien garantiza una mayor protección al derecho fundamental de petición.

Lo anterior se robustece con la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de la Nación que señala la figura de la negativa ficta es violatorio del principio de la impartición de justicia pronta y expedita.

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 2137

NEGATIVA FICTA. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.", debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes secundarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 416/2010. Coordinadora Departamental de Procedimientos Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

En ese orden de ideas, se vuelve urgente adecuar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al marco vigente de transparencia y acceso a la información, como a continuación se señala.

PROYECTO DE DECRETO

Único: Se modifica la fracción III del artículo 3; se reforman los artículos 13 y 15 primero y segundo párrafo, 17 y se elimina su segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:


I. a II…

III. Cumplir con la finalidad de interés público, asegurando en todo momento la mayor publicidad y celeridad de la gestión pública;

IV. a XVI …

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, máxima publicidad, transparencia y buena fe.

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en las disposiciones aplicables al derecho de petición.

Las promociones se realizarán de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 17.- El plazo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda no podrá exceder del término de veinte días. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava también la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

En el caso de nuestro país, representa un reto de enormes magnitudes no sólo para las instituciones sino para la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que uno de los problemas estructurales que agobia a las y los mexicanos es la corrupción. Su impacto en la vida cotidiana le cuesta al país según los expertos miles de millones de pesos que se dejan de generar a causa este flagelo.

Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que incluyó 175 países, entre ellos a México, obteniendo una calificación negativa de 35 puntos, ubicándonos en la posición 103, junto con Bolivia, Moldavia y Nigeria. En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil, es decir, nuestro país se ubica en la última posición entre los países que integran la OCDE.

Si a esta situación le agregamos las deficiencias en la legislación, la ausencia de reglas, las fallas estructurales, la cultura de no respetar la ley y la impunidad para poder sancionar los hechos de corrupción, nos encontramos con una limitante para que podamos competir con las economías que nuestro país comercia y compite, pero lo más grave aún es el riesgo en el que se coloca a nuestra incipiente democracia.

Si la corrupción existe es porque un mercado en el que se puede desarrollar. Existen agentes demandantes y oferentes de corrupción que obtienen ganancias por las transacciones de las que participan. Las políticas anticorrupción deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de las y los servidores públicos y la demanda privada.

Los casos recientes de corrupción demuestras las fallas estructurales de nuestros sistema jurídico para sancionas a funcionarios y servidores públicos que se enriquecen a costa del erario. Mientras que en países como Guatemala donde se le ha retirado la inmunidad al Presidente de ese país para que responda por acusaciones que lo vinculan con liderar una red de corrupción aduanera, en México casos como la casa blanca, la casa de Malinalco, la participación de la constructora española OHL, los endeudamientos desmedidos de los gobernadores, los moches y demás conflictos de intereses permanecen no sólo en la impunidad sino en total opacidad.

En ese sentido, es importante señalar que de acuerdo a cifras oficiales, tan solo ocho investigaciones pudieron llegar al Ministerio Público tras la revisión de más de 300 mil declaraciones patrimoniales de servidores públicos en el año 2014.

A guisa de ejemplo podemos señalar que a pesar de que nuestro país firmó la Convención Anti Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país no ha sancionado a un solo funcionario o empresa por cohecho internacional utilizando este instrumento.

En contraste en los Estados Unidos de las 63 sentencias dictadas de 2012 a la fecha en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que cumple con los criterios de la Convención, 14% de éstas han estado relacionadas con delitos cometidos en México.

Sucede entonces lo que en palabras de Luigi Ferrajoli afirma:

Uno de los factores de la actual crisis de la democracia y de la regresión de la esfera pública lo es esa creciente mezcla entre los poderes políticos y los poderes económicos, que se manifiestan en los variados conflictos de intereses y en la más estrecha relación entre la política y el dinero, lo que conlleva a una suerte de un Infra-Estado oculto y paralelo, dedicado a la apropiación de la cosa pública que contradice todos los principios de un Estado Democrático de Derecho.

En ese sentido se han hecho esfuerzos importantes. El 27 de mayo de 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Dicho Decreto establece las bases de todo un Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, lo cual no es un asunto menor.

A partir de este Decreto se establecen las bases para establecer todo un Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Pero también incluye a los poderes y órganos constitucionales autónomos de la federación, a los poderes y órganos de los poderes autónomos de las entidades federativas, a los ayuntamientos y a los órganos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como a los particulares que tengan vinculación con la actuación, el desempeño y el ejercicio de recursos públicos por parte de dichos entes gubernamentales. Así este Sistema se entiende como un conjunto de acciones institucionales que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Adicionalmente a este mandato, en el Poder Legislativo aún tenemos pendientes que realizar para coadyuvar a fortalecer este nuevo Sistema Nacional anticorrupción, que desde nuestra perspectiva serían de gran avance para nuestra democracia y que también hay que mencionarlo la sociedad nos demanda para remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones y contribuir a eliminar el abuso de poder que se da a través de los privilegios que consideramos deben modificarse.

En ese sentido consideramos que es necesario concluir el procedimiento que éste Senado de la República ya inició para nombrar al Fiscal Anticorrupción y con ello, contar con las reformas necesarias al Título Décimo del Código Penal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos que proponemos en la presente iniciativa.
Desde una perspectiva deontológica, consideramos que las y los servidores públicos son personas que brindan un servicio a la ciudadanía, es decir, un beneficio social que no debe generarles beneficios económicos más allá que el salario que reciben o las prestaciones establecidas en Ley. Hay que recalcar que cuando administran recursos públicos, éstos no son de los funcionarios que los manejan, pertenecen a la ciudadanía.

Por tanto, cuando una o un servidor público comete delitos como la malversación de fondos, cohecho, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable, es decir, incurre en actos de corrupción evidentemente atenta contra el patrimonio de la sociedad.

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de las y los servidores públicos. De ellos se esperaría un comportamiento intachable, honesto y transparente; lamentablemente, no todos los servidores públicos tienen ni la vocación, ni el compromiso que el cargo les infiere como empleados del Estado al servicio de la ciudadanía. Si no por el contrario, piensan o creen que el cargo público es un instrumento para la satisfacción de sus intereses personales o de grupo, y muchas veces utilizan el acceso a los recursos públicos para cometer actos ilícitos

Por tanto nuestra propuesta parte de la base que las y los servidores públicos que enfrenten un proceso por delitos de corrupción, lo hagan en prisión preventiva de manera oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza o cualquier otro beneficio en lo que se resuelve su situación jurídica o se dicta la sentencia correspondiente.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DEL TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Décimo; el primer párrafo del artículo 212; la fracción I del artículo 220, se adiciona un segundo párrafo al artículo 212; un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 213 con las fracciones que van del I al IV; las fracciones IV y V del artículo 217; un fracción IV al artículo 221, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

TITULO DECIMO
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal Centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal y sus delegaciones, o que manejen recursos económicos federales, así como, en los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constituciones Locales otorguen autonomía. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los presidentes municipales e integrantes del Cabildo o Ayuntamientos Municipales, funcionarios y empleados de la administración pública municipal y estatal, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.
Los delitos dolosos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, serán considerados graves para la aplicación de prisión preventiva oficiosa.

Artículo 213.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, en su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 212 del presente Código, el particular que haya participado en la comisión de los delitos tipificados en este título del presente Código y proporcione ayuda eficaz para la investigación y condena de los servidores públicos involucrados, podrá recibir los beneficios siguientes:

I. Cuando no exista averiguación previa o carpeta de investigación o la investigación sea desformalizada en su contra, los datos de prueba que aporte o se deriven de la investigación iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra;

II. Cuando exista una averiguación previa o una investigación formalizada en la que el particular ya esté implicado y éste aporte indicios que lleven a la consignación de los servidores públicos involucrados, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes;

III. Cuando durante el proceso penal, el particular indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad, y

IV. Cuando ya sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a servidores públicos con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.

También tendrá derecho a los beneficios señalados el servidor público que estando involucrado en un delito de los señalados en este título y denuncie, presente pruebas y preste colaboración para la investigación y condena de otro servidor público de igual o superior jerarquía.

En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos y la eficacia y relevancia de la colaboración prestada.

Quedan exceptuados los particulares o servidores públicos de los beneficios del presente artículo cuando se trate de delitos que estén relacionados con la delincuencia organizada.

Artículo 217.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I a III. El servidor público que indebidamente:

IV. El servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión públicos otorgue o autorice, para sí o para otros, pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, o que estando previstos otorgue o autorice su pago aunque no se tenga derecho a recibirlos, y

V. El servidor público que utilice los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, en actividades o en conceptos ajenos al cumplimiento de su empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico, así como cualquier actividad que implique un conflicto de intereses en los términos de la legislación en la materia oque produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

II…

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I a III …

IV. Los legisladores del Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que representen en juicio, procedimiento administrativo o en controversia jurisdiccional de cualquier índole, por sí o por interpósita persona, los intereses patrimoniales de un particular frente a los intereses de cualquier persona moral de derecho público, sea con el carácter de representante, abogado patrono, gestor, autorizado para recibir notificaciones, mandatario o cualquiera otra forma de representación de intereses.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.

Ferrajoli Luigi, La democracia A través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Editorial Trotta, Madrid 2014, p 140.

Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De los Senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, María Elena Barrera Tapia y Luis Armando Melgar Bravo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) son entidades de iniciativa social que normalmente persiguen fines humanitarios, las cuales son independientes de la administración pública y que no tienen fines lucrativos.

En 1945, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció formalmente la existencia de las Organizaciones No Gubernamentales, surgidas en todo el mundo hacia el siglo XIX. Si bien no tienen una definición fija, generalmente son consideradas como entidades sin fines de lucro, independientes y voluntarias, que no están ligadas al Estado ni a organismos intergubernamentales, aunque si reciben fondos o recursos de los gobiernos.

En general, la definición de ONG se le da a las organizaciones que operan a nivel internacional, pero también se utiliza para referirse a grupos domésticos (excepto, por lo general en los Estados Unidos, donde se utiliza para nombrar también a organizaciones con fines lucrativos).

Las actividades que realizan las ONG’s son muy variadas y pueden incluir temas como, el medio ambiente, el trabajo social, la educación, la movilización y defensa comunitaria, y los derechos humanos. Generalmente, trabajan para promover el cambio social o político a nivel nacional y local, desempeñando un papel crítico dentro de la sociedad, ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en promover la participación ciudadana.

2.-En México, durante muchos años la relación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) presentaba rasgos clientelares, en donde el intercambio de favores políticos, como el apoyo a cambio del voto, era el criterio más importante para la asignación de fondos públicos federales.

A partir de la década de los ochenta, se presentaron cambios importantes, ya que se abrió un margen para empezar a modificar la relación entre el Gobierno Federal y las ONG’s, la cuales impulsaron, dentro de la administración pública, el reconocimiento de su papel y su trabajo en la promoción del cambio social, desde un enfoque de acción pública y corresponsabilidad.
En los últimos años ha predominado la idea de que el Estado no es el único responsable del desarrollo del país. Derivado de lo anterior, se han implementado esfuerzos para formar alianzas no políticas entre el Estado y actores no gubernamentales para cubrir diversas necesidades.

En 2004 se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se denominan OSC.

Dentro de estos esfuerzos podemos encontrar la creación, en el año de 1992,del Fondo de Coinversión Social, el cual en 2001 se convirtió en el Programa de Coinversión Social (PCS), un programa de asignación de fondos públicos a OSC’s por demanda, actualmente operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Fue a través del INDESOL que la Sociedad Civil Organizada aprovechó para empezar a poner las pautas y así combatir los mecanismos clientelares tradicionales y darle al Programa mayor grado de institucionalidad y de transparencia. A este proceso se han sumado otras dependencias federales, que empiezan a incorporar en sus programas elementos para otorgar a las OSC’s recursos públicos para financiar sus actividades y establecer regulaciones claras sobre sus procedimientos. En este contexto, el Programa de Coinversión Social, entre otros, se han convertido en uno de los programas federales más institucionalizados y con mayor reconocimiento y participación de OSC’s.

3.-El Instituto Nacional de Desarrollo Social es la instancia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de promover y fomentar el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género.

La misión del Instituto es fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria, a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social.

En este tenor, el INDESOL también tiene funciones básicas de fomento, capacitación, formación, investigación, divulgación, comunicación; vinculación, asesoría y orientación, y tiene a su cargo los Programas de Coinversión Social, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), y el de Fomento para el Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo, en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se encarga cuenta con una de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público y coordina acciones con los Responsables de Coordinación de todas las dependencias del Gobierno Federal. En este marco opera el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), el cual otorga una clave única para aquellas organizaciones que desean participar en los programas sociales federales, actualmente existen 27,752 organizaciones registradas en todo el país.
A través del Programa de Coinversión Social apoyó a 1,350 proyectos de OSC en 2013 y ha apoyado 1468 en 2014, estos proyectos inciden directamente en el bienestar de grupos y personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y marginación.

Es por ello que, ante la función tan importante que vienen desarrollando diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, proponemos exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos para el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con respecto al ejercicio fiscal del año anterior, ya que de esta forma, podrá seguir apoyando a aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil que desde el ámbito privado vienen impulsado el desarrollo de México.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), con el objeto de destinar mayores recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil y, con ello, fortalecerlas para la realización de sus funciones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a que, durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año, intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el estado de Coahuila, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente “proposición con punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN por la cual se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria para que durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año -en el ámbito de sus respectivas competencias- intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las bebidas alcohólicas -de conformidad con el artículo 217 de la Ley General de Salud-son aquellas que contienen alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. Por lo que cualquiera otra bebida alcohólica que contenga una proporción mayor no puede comercializarse como tal y en automático adquiere el carácter de ilegal.

Igualmente, dicha Ley establece que ninguna bebida alcohólica puede ser vendida a menores de edad e inclusive equipara la violación a dicha normatividad con el delito de “Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen capacidad para comprender el significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo”, sin embargo, dicha normatividad ha sido insuficiente para detener el avance en el consumo de bebidas alcohólicas entre nuestros jóvenes, ya que de conformidad con la última Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2010, se incrementó el consumo de alcohol entre personas de doce a veintinueve años, pasando de un 42.1% a un 52%, destacando el aumento entre mujeres jóvenes que pasó de 32.1% al 45.6%.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones elaborada en 2011 señala que de 2002 a 2011 el porcentaje de hombres jóvenes dependientes de alcohol casi se duplicó, pasando del 3.5% a 6.2% y el de mujeres jóvenes se triplicó, pasando del 0.6% al 2%.

Otro dato preocupante fue la disminución en la edad en que la población inició el consumo de alcohol. En 2008 el 49.1% de las personas que consumieron alcohol, mencionó que lo hizo por primera vez a los 17 años o menos, mientras que en 2011 este porcentaje se incrementó a 55.2%. Los resultados por sexo muestran que en 2008 el 56.8% de los hombres y el 38.9% de las mujeres iniciaron su consumo de alcohol a los 17 años o menos y para 2011 estos porcentajes aumentaron a 64.9% y 43.3%, respectivamente

Importantes variaciones regionales demuestra dicha encuesta, ya que preocupantemente señala que hay más bebedores en las regiones Centro y Norcentral -zona que incluye a la entidad federativa de Coahuila de Zaragoza, misma que tengo el orgullo de representar-, existiendo menos consumo en las regiones centrosur y sur.

El aumento en el consumo del alcohol es derivado –entre otros factores- al acceso a bajo costo de dichas bebidas derivado por un lado del contrabando de botellas y por el otro al crecimiento de bebidas alcohólicas adulteradas a bajo costo que son comerciadas en tiendas, mercados, restaurantes, bares y antros, que causan un daño fiscal al Estado y un daño a la salud a las personas que consumen dichos productos.

Lo anterior es así, ya que el consumo de bebidas adulteradas puede provocar desde mareos hasta la muerte, pudiendo generar ceguera, dolor de cabeza, dificultad para respirar, molestia abdominal, convulsiones, daños al cerebro, hígado, páncreas o riñones

A efecto de evitar el aumento en la producción, distribución y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, el legislador tipificó como delito grave -en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 464 de la Ley General de Salud- el alterar, contaminar o permitir la alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, aplicando penas que van de tres a nueve años de prisión y de doscientos cincuenta a mil días multa respectivamente.
Es importante destacar, que si bien es cierto, lo más grave en dicha conducta ilícita es el daño que puede causar a la salud, también lo es que la comercialización de este tipo de bebidas es una práctica que afecta el empleo, inversión y competitividad a las empresas del ramo en el país y un daño al erario público. Un simple ejemplo de lo anterior es que la cadena productiva del agave es la fuente de ingresos de más de 70,000 familias, aunado a que una botella debidamente comercializada genera Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre Producción y Servicios.

Por otro lado, es importante recordar que existen diversas autoridades encargadas de atacar la venta de alcohol adulterado, alterado, contaminado, falsificado e incluso proveniente del contrabando, entre las cuales destacan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior es así ya que el Estado busca atacar dicho mal desde diversos aspectos, en donde destacan el sanitario (COFEPRIS), el fiscal (SAT), el penal (PGR) y el comercial (PROFECO), destacando que si bien existe un aumento en decomisos, también lo es que la producción y comercialización de bebidas alcohólicas también ha ido en aumento.

Esto es, las autoridades señaladas con anterioridad tienen facultades para sancionar a los que producen o comercian con bebidas adulteradas, que pueden ir desde sancionar por el etiquetado o envasado mal realizado de las botellas, hasta privar de su libertad a aquellas personas que ponen en riesgo la salud, pasando por sancionar a quienes distribuyen productos con marbetes falsificados o que no corresponden con la botella respectiva.

Por su parte, el consumo de alcohol aumenta en la última parte del año, ya que durante las fiestas de conmemoración de nuestra independencia se ingiere un número mayor de tequila y durante diciembre aumenta el consumo de ron, whisky y brandy, por lo que la oferta de bebidas adulteradas también aumenta, inclusive llegando a darse la alteración de vinos de mesa y sidra.

Por lo anteriormente expuesto y preocupada por los riesgos en la salud de quienes consumen bebidas alcohólicas adulteradas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria para que durante la celebración de las fiestas de independencia y decembrinas de fin de año-en el ámbito de sus respectivas competencias- intensifiquen sus acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una campaña de convocatoria nacional en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados el distintivo internacional "Green Key”. Se turna a la Comisión de Turismo.







 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México existen diversas maneras de mal uso del poder público para conseguir una ventaja individual. Durante años, la obra pública se ha prestado para lograr contrataciones irregulares, que generalmente crean un círculo de corrupción, que nadie ve pero notablemente afectan a la transparencia y rendición de cuentas.

Numerosos casos han salido a la luz pública, en los cuales, por medio de sobornos, favores, facilidades para hacer negocios, fraudes fiscales directos o mediante evasión en paraísos tributarios, funcionarios corruptos de los tres órdenes de gobierno se benefician a cambio de otorgar contratos millonarios a empresas preferenciales.

Lo anterior evidentemente crea corrupción en la administración pública mexicana y, en el caso de las obras públicas, éstas generalmente son entregadas a empresas extranjeras que se benefician de contratos poco transparentes y discrecionales, generando daños a las finanzas públicas y en algunos casos, obras de mala calidad.

El escándalo más reciente de corrupción de funcionarios con empresas contratistas se dio a conocer hace unos meses, cuando distintos medios de comunicación exhibieron varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México, las cuales, destaparon un presunto escándalo de corrupción protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista local, el Viaducto Bicentenario.

En las grabaciones difundida por Eldiaro.es se escucha cómo el representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo”, mientras que el director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales. [*]

En otra grabación, también de enero, se escucha la reacción del presidente del consejo de administración de la filial, cuando se le explica que se van a cobrar por la tercera fase del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice el empleado de la concesionaria. [*]

Adicionalmente, existen audios que involucran al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, con la misma filial. En uno de ellos, se exhibe solicitando pago en especie, vacaciones, para él y para su familia; el otro, con un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera. [*]
Ante este hecho, renunció a su cargo y el gobernador del estado, aceptó la renuncia e informó que se le multó con 189 mil pesos por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin dar mayores detalles de las faltas cometidas. [*]

Cesar de su un cargo público a un funcionario que se le compruebe que cayó en prácticas corruptas, sin duda es un avance. Que pague una multa, es una sanción por haber afectado a las finanzas públicas por beneficio personal.

Sin embargo, la realidad muestra que la corrupción está tan arraigada en la administración pública que, para eliminarla, será necesario comenzar por funcionarios que parece que gozan de una protección especial; en el marco de este escándalo internacional nuevas grabaciones de conversaciones entre directivos de la empresa OHL México se dieron a conocer, en las cuales, presuntamente se acordó pagar vacaciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, y supuestamente los directivos de la filial obtuvo información privilegiada de de dos proyectos que saldrían a licitación. [*]

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes negó en un comunicado que haya entregado disco alguno con información relacionada a los proyectos, sin embargo, los audios exhiben la relación personal que pueden llegar a tener Directivos de las filiales con funcionarios públicos, quienes, a cambio de unas vacaciones lujosas pueden vender las obras públicas a cualquier postor, o peor aún, al que les llegue al precio.

Como se puede observar OHL no es una contratista que tenga una o dos concesiones, ni mucho menos obras públicas de montos bajos; al contrario, la filial tiene entre sus proyectos jugosos contratos que son importantes por su costo e impacto a los ciudadanos. Por ello, los hechos anteriormente descritos provocaron uno de los mayores escándalos nacionales de probable corrupción, sobreprecios y malos manejos que implican a una compañía que parece ser la protegida de la actual administración federal.

El reciente escándalo de OHL, en el que se presume que la filial en México de la constructora española sobornó a un funcionario del Estado de México para inflar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, pone en evidencia las carencias institucionales que existen en el país respecto la administración de las obras públicas.

Es lamentable que en México, obras de infraestructura destinadas a generar algún cambio en alguna localidad o municipio, sean ejemplo de corrupción y desvío de recursos entre los gobiernos y los concesionarios. Es notable que en la mayoría de los casos impera el interés personal sobre el social.

Transparencia Internacional ha documentado ampliamente que éste es uno de los sectores más propensos a experimentar sobornos o malos manejos, debido a una serie de factores: los montos de los contratos suelen ser elevados, el carácter de las obras o servicios proporcionados es altamente técnico, lo cual dificulta su monitoreo, y existe una intensa interacción con el gobierno para la obtención de permisos, así como entre contratistas para brindar los servicios.

Si bien, existen diversas leyes que regular la transparencia y la rendición de cuentas, ninguna regula que en las obras onerosas interviene el interés del gobernante en turno. Entonces, hace falta un mecanismo que impida el fomento de este tipo de obras, es decir, es necesario incluir un plan de infraestructura, el cual no esté ligado a mandatos gubernamentales, sino a especialistas.

Dicho en otras palabras y retomando la propuesta de la organización “México Evalúa”, es necesario que en las obras públicas se cuente con diagnósticos independientes, que no tengan relación con los sectores de gobierno y estén integrados por personas especializadas en el desarrollo. Con lo anterior, disminuirían las obras públicas que permiten la opacidad y la corrupción.

Finalmente, los audios de OHL demostraron que en el país urge regular la corrupción en las contrataciones públicas, por lo que, es necesario implementar nuevos y mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que ha sido reconocido internacionalmente que las concesiones pueden prestarse fácilmente a actos de corrupción, especialmente en el sector de la construcción.

Por lo anteriormente expuesto, el presente exhorto va encaminado a regular la corrupción existente en las obras públicas, así como esclarecer algunos casos que se han dado conocer por presunto manejo de corrupción.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que:

1. Realice una investigación en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que presuntamente actúan en beneficio de la empresa OHL. 

2. Informe a esta Soberanía que mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se han implementado con el objeto de disminuir la corrupción en las contrataciones de obra pública.

3. Informe a esta Soberanía qué acciones pretende implementar para disminuir los índices de corrupción en las contrataciones públicas, especialmente en el sector de la construcción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

[*] Redacción AN: “Audios revelan presuntos sobornos de OHL al gobierno del Estado de México por viaducto Bicentenario” [en línea]. Aristegui Noticias. México. 2015. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/0705/mexico/audios-revelan-presuntos-sobornos-de-ohl-al-gobierno-del-estado-de-mexico-por-viaducto-bicentenario/
[*] Ibídem.
[*] Ibídem.
[*] Redacción AN. “Renuncia Secretario de Comunicaciones del Edomex, por escándalo de OHL” [en línea]. México. 2015. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/renuncia-secretario-de-comunicaciones-del-edomex-por-escandalo-de-ohl/ [consulta 01 de septiembre de 2015].





 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar y determinar la inclusión del municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2016. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se analice y determine la inclusión del Municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de Municipios y Demarcaciones Territoriales elegibles para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El SUBSEMUN, tiene como objetivo general fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional.

De acuerdo con las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), el número de municipios que reciben el subsidio se han incrementado paulatinamente:

Año

Número de municipios beneficiarios

2011

204

2012

239

2013

251

2014

268

2015

280

Lo anterior, conforme una fórmula utilizada para su selección, misma que considera, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; asimismo, se da cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por la alta incidencia delictiva.

Los criterios se aplican sobre la totalidad de los municipios del país y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y se aplican ponderaciones a los siguientes:

I. Cuarenta (40) por ciento para el criterio de Población;

II. Treinta y cinco (35) por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva;

III. Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios.

En cuanto al estado de Nuevo León, actualmente son 10 los municipios que reciben el subsidio para la seguridad pública municipal, siendo el Cadereyta Jiménez la última incorporación en el año 2012.

AÑO DE INCORPORACIÓN AL SUBSEMUN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Municipio

Población

X

X

X

X

X

X

X

X

Apodaca

523370

 

 

 

 

 

X

X

X

Cadereyta Jiménez

86445

 

 

X

X

X

X

X

X

García

143668

X

X

X

X

X

X

X

X

General Escobedo

357937

X

X

X

X

X

X

X

X

Guadalupe

678006

 

X

X

X

X

X

X

X

Juárez

256970

X

X

X

X

X

X

X

X

Monterrey

1135550

X

X

X

X

X

X

X

X

San Nicolás de los Garza

443273

 

X

X

X

X

X

X

X

San Pedro Garza García

122659

X

X

X

X

X

X

X

X

Santa Catarina

268955

Es decir, de los 11 municipios que integran la Zona Metropolitana de Monterrey, 10 ya han sido elegibles para el SUBSEMUN, siendo Santiago el único municipio conurbado que no ha recibido el subsidio. En este sentido, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el municipio de Santiago cuenta con 40,469 habitantes, siendo el décimo cuarto más poblado del Estado y es considerado como un municipio urbano medio.

Por otro lado, el municipio de Santiago, al igual que todos los municipios del Estado de Nuevo León, ha atravesado en los últimos años por considerables crisis en materia de seguridad afectando seriamente la calidad de vida de los habitantes.

Como puede observarse en la siguiente tabla, en lo relativo a incidencia de delitos patrimoniales, Santiago ha seguido las tendencias de escalada que se presentan en el área metropolitana a lo largo de los últimos años:

DELITOS PATRIMONIALES

Municipio

SUBSEMUN

ZM

2011

2012

2013

2014

Monterrey

1372

1406

2406

2590

Guadalupe

304

430

753

1065

San Nicolás de los Garza

191

221

529

615

Apodaca

231

344

575

391

Gral. Escobedo

204

215

418

416

Santa Catarina

211

234

364

431

San Pedro Garza García

266

203

270

336

Juárez

82

39

---

344

García

54

37

---

200

Linares

126

60

---

76

Montemorelos

64

35

---

128

Cadereyta Jiménez

27

28

---

148

Santiago

51

29

---

71

Salinas Victoria

---

---

---

66

Galeana

13

15

---

36

En cuanto a homicidios, de acuerdo los datos disponibles de los últimos 4 años, el municipio referido ocupa el décimo lugar en incidencia y fue en el periodo de 2010-2011 cuando se presentó un incremento sustancial de este delito.

HOMICIDIOS

Municipio

SUBSEMUN

ZM

2011

2012

2013

2014

Monterrey

813

660

369

218

Guadalupe

299

129

100

70

Apodaca

166

172

109

77

San Nicolás de los Garza

145

104

68

49

Gral. Escobedo

115

106

70

58

Cadereyta Jiménez

135

159

---

43

Santa Catarina

67

69

56

57

Juárez

91

76

---

50

Montemorelos

81

25

---

29

Santiago

94

19

---

20

García

29

32

---

41

San Pedro Garza García

25

24

13

20

Linares

34

20

---

14

Galeana

29

17

---

21

Salinas Victoria

---

---

---

26

Según la información disponible, en cuanto a lesiones, robo común y otros delitos (estupro y amenazas), el municipio de Santiago se ubica en décimo tercer lugar.

LESIONES

Municipio

SUBSEMUN

ZM

2011

2012

2013

2014

Monterrey

1010

1608

2493

2477

Guadalupe

388

853

1403

1322

Apodaca

391

599

818

761

Gral. Escobedo

326

526

739

684

San Nicolás de los Garza

225

417

823

744

Santa Catarina

234

323

506

523

Juárez

294

92

---

481

García

215

80

---

350

Cadereyta Jiménez

87

65

204

243

San Pedro Garza García

165

176

---

159

Linares

162

58

---

128

Montemorelos

122

42

---

157

Santiago

124

15

---

72

Gral. Zuazua

45

24

---

62

Galeana

41

39

---

43

OTROS DELITOS

 

Municipio

 

SUBSEMUN

 

ZM

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Monterrey

655

924

1519

1711

Guadalupe

301

625

830

1071

Apodaca

292

441

587

630

San Nicolás de los Garza

182

236

502

527

Gral. Escobedo

167

255

485

519

Santa Catarina

136

157

334

374

Juárez

60

70

---

442

San Pedro Garza García

149

90

163

142

García

53

65

---

264

Cadereyta Jiménez

25

49

---

165

Linares

66

47

---

92

Montemorelos

48

---

---

115

Santiago

42

27

---

63

Pesquería

---

---

---

101

Gral. Zuazua

35

16

---

43

ROBO COMUN

 

Municipio

 

SUBSEMUN

 

ZM

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Monterrey

17894

9884

7551

5731

Guadalupe

8779

5030

4373

2208

San Nicolás de los Garza

6375

3415

2612

1515

Apodaca

2938

2280

1308

930

Santa Catarina

1183

1119

751

719

Gral. Escobedo

1368

825

656

607

San Pedro Garza García

782

751

753

561

Juárez

645

793

---

819

García

340

222

---

442

Cadereyta Jiménez

281

279

---

235

Linares

352

121

---

148

Montemorelos

268

149

---

123

Santiago

178

101

---

92

Gral. Zuazua

117

130

---

114

Ciénega de flores

---

---

---

146

Al igual que el resto de los delitos, la privación ilegal de la libertad también representa un problema de seguridad pública presente en Santiago, Nuevo León, al ubicarse en el séptimo sitio en incidencia:

 

Municipio

 

SUBSEMUN

 

ZM

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Monterrey

24

21

13

6

Guadalupe

10

13

6

6

San Nicolás de los Garza

4

6

2

11

Santa Catarina

---

2

4

2

Apodaca

1

1

3

2

Gral. Escobedo

2

---

2

3

Santiago

2

2

---

1

Juárez

1

1

---

2

Linares

1

2

---

---

San Pedro Garza García

2

1

---

---

Cadereyta Jiménez

---

1

---

1

Pesquería

---

---

---

2

Agualeguas

---

---

---

1

Allende

---

---

---

1

Cerralvo

---

---

---

1

No obstante a lo anterior, el Gobierno Municipal de Santiago requiere apoyo para fortalecer la seguridad pública, ya que cuenta con importantes carencias que no permiten brindar un servicio óptimo:

• El estado de fuerza debe fortalecerse, consolidando un número adecuado de elementos operativos.

• Se requiere implementar un servicio profesional de carrera, mejoramiento de tabulador de salarios de los elementos de acuerdo a su grado.

• Fortalecimiento del equipamiento y la infraestructura.

• Mejora de procesos.

En resumen, el municipio no ha estado exento del elevado índice de criminalidad que afectó a nuestro país, es decir, Santiago por ser parte del área metropolitana se ve afectado por los mismos problemas de seguridad y delincuencia de dicha zona conurbada, misma que se encuentra a 30 minutos de distancia.

Según el INEGI en su documento denominado “Delimitación de las Zonas Federales de México” generado en el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), integraron un grupo de trabajo encargado de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. Entonces, en el documento publicado en 2005 denominado “Delimitación de las zonas metropolitanas en México” se ubica a Santiago, Nuevo León, como Municipio Central de la Zona Metropolitana de Monterrey por conurbación física, lo cual se reafirmó en 2010 por dicho grupo de trabajo.
Santiago, es un municipio con vocación eminentemente turística ya que se reciben en promedio cerca de 60,000 visitantes cada fin de semana, por lo tanto está obligado a procurar estándares mínimos de delincuencia para sostener la principal actividad económica, por ello ha realizado importantes esfuerzos en materia de seguridad pública, sin embargo, requiere de mayor apoyo.

De acuerdo con el INAFED, Santiago es el municipio turístico por excelencia, por ello, en 2006, se le reconoció el carácter de "Pueblo Mágico" por la Secretaría de Turismo (SECTUR). Cabe destacar, que es uno de los dos municipios de Nuevo León, reconocidos como destino turístico.

Desde el 2009, el Presupuesto de Egresos de la Federación incorporó la consideración que los recursos "se destinarán para dar cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas y municipios conurbados".

Por esta razón el presente punto de acuerdo tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realice el estudio y viabilidad de inscribir al Municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para acceder a los fondos y programas correspondientes al SUBSEMUN 2016.

Ello generaría las condiciones para fortalecer la inversión en infraestructura, equipamiento y principalmente en la profesionalización de los elementos policiales y la mejora de sus condiciones laborales.

Considerando la pertinencia de los criterios establecidos, solicito la incorporación de Santiago, Nuevo León al SUBSEMUN, toda vez que cumple con los requerimientos de ser municipio turístico y conurbado a la ciudad de Monterrey, que es donde se presenta la mayor incidencia de delincuencia del estado de Nuevo León.

Por la motivación y fundamentación expuestas, someto a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se analice y determine la inclusión del Municipio de Santiago, Nuevo León, en la lista de municipios y demarcaciones territoriales elegibles para el otorgamiento del subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para el ejercicio fiscal 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Cristina Díaz Salazar.

1 Estimación realizada por la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo León.





 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Ávila Ruíz y Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las condiciones reales de la economía nacional, sobre el recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, así como de dónde provendrán los recursos para la creación de la Secretaría de Cultura. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Los suscritos, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DANIEL ÁVILA RUIZ, SILVIA GARZA GALVÁN, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y 108 del reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público C. Luis Videgaray Caso, para qué informe a esta Soberanía, de manera detallada y exhaustiva, las condiciones reales de la economía nacional. Asimismo informe a esta Soberanía el recorte presupuestal 2016 y las afectaciones que se deriven de este así como de donde provendrán los recursos para la creación de la Secretaría de Cultura. Lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece la meta nacional “México Próspero”, y se instituye el objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”. En ese sentido el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), se establece que para lograr la estabilidad macroeconómica y la salud de las finanzas públicas en el mediano plazo, se realizaron modificaciones a la ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria en 2013, que a juicio del Gobierno Federal, permitiría lo siguiente:

• La conducción de una política fiscal contracíclica, con un marco fiscal más transparente fortalecería la capacidad de financiamiento del sector público.

• El establecimiento de los Requerimientos Financieros del Sector Público como un ancla fiscal de mediano plazo para garantizar la sostenibilidad de la trayectoria de deuda y la disponibilidad de recursos para el sector privado.

• Se estableció un techo sobre el crecimiento del gasto corriente estructural para asegurar que los recursos públicos se utilicen eficientemente y en los rubros con mayor impacto sobre el bienestar de las familias mexicanas.

• Un aumento de los ingresos tributarios de 2.4% del PIB hacia el 2018 como una fuente para reducir la dependencia de las finanzas públicas federales de los ingresos no tributarios y construir un sistema fiscal más simple, progresivo y que fomente la formalidad.

Además en dicho programa sectorial se establecen cuatro objetivos para dar seguimiento al objetivo de mantener la estabilidad económica del país: “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico”, contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad”, “Fomentar un gasto eficiente de cuentas”, e impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas”. Como podemos observar de los anteriores objetivos mínimamente se cumplen.

Ahora bien, a principios del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte presupuestario de 124,300 millones de pesos. El precio del petróleo aprobado en 2015 fue de 79 dpb, dentro de los precriterios generales de política económica 2016 se considera un precio de 55 dpb, lo que representa una disminución de 24 dólares. Lo anterior implica que en 2016 se requiera un ajuste adicional de 135 mil millones de pesos.

De lo anterior lo lógico sería optimizar el presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias y desvíos. Evitando someter el presupuesto meramente a recortes de programas sociales; de investigación científica; de educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica.

El pasado 30 de junio 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. En donde se propone recortar y/o fusionar los programas sujetos de presupuesto pero en ningún momento se especifican los montos.

Es así que en el contexto de la reingeniería del gasto público con el enfoque de “Presupuesto Base Cero” anunciado por esta administración, se propone; asignar los recursos a los objetivos que derivan del plan nacional de desarrollo, fortalecer la eficacia de la Administración Pública Federal, reducir los gastos al interior del Gobierno Federal, priorizar en programas sociales con resultados productivos y continuar con la inversión en infraestructura.

El total de la estructura programática en el presente ejercicio fiscal versa sobre 1,097 programas presupuestarios, mismos al que se propone su disminución a 851 para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, denotando un decremento de 246 programas presupuestarios y en términos porcentuales de 22.4%.

Tipo de Ramo

Año

Variación

2015

2016

Abs

%

Ramos Administrativos y Entidades de Control D.

818

605

-213

-26.0

Ramos Administrativos

752

565

-187

-24.9

Entidades de Control Directo

66

40

-26

-39.4

Ramos Generales

121

96

-25

-20.7

Ramos Autónomos

71

70

-1

-1.4

Empresas Productivas del Estado

52

46

-6

-11.5

Ramos Generales (Gasto No Programable)

24

24

0

0.0

INEGI

7

7

0

0.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

4

3

-1

-25.0

Total

1,097

851

-246

-22.4

Asimismo, dentro de la estructura programática actual se encuentran los ramos Administrativos y Entidades de Control D. en el que actualmente se encuentran en conjunto 818 programas y se propone una disminución de 213, dejando como resultado 605 programas, mostrando una disminución del 26%.

De igual manera, los Ramos Administrativos actuales cuentan con 752 programas y se propone para el 2016 cuente con 565, restando 187 programas que reflejan una disminución de 24.9%.

Por su parte, las Entidades de Control Directo presentan la mayor disminución porcentual en 39.4, ya que actualmente cuentan con 66 programas, a los que se les propone restar 26 dejando en 40 programas presupuestales para el 2016.
De la disminución total relatada con anterioridad, hicieron las siguientes modificaciones como propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016:

• 261 programas presupuestarios se fusionaron en 99.
• Se re-sectorizaron 7 programas.
• Se eliminaron 56 programas.
• Se crearon 4 nuevos programas presupuestarios.

Dentro de los programas que se fusionan se encuentra el Programa de Apoyo Alimentario con PROSPERA.

A partir de la fusión de los programas “Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal” y “Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”, surge el Programa de Subsidios en materia de Seguridad Publica.

En materia Educativa se crea el Programa Nacional de Inglés y el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Asimismo, se crea el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y en materia de Desarrollo Territorial y Urbano se crea un Programa de Infraestructura que engloba diversos programas (Hábitat, Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos, Reordenamiento, y Rescate de Unidades Habitacionales.)

Hay que decir que hasta ahora, la Secretaría de Hacienda no ha informado a la opinión pública los programas afectados por dichos recortes y los porcentajes en que serán reducidos los presupuestos de estos.

Además la Secretaría no precisa cuales son los montos que se le asignaran a cada programa por lo que no se puede determinar el “ahorro” que se va generar con dichas acciones. Asimismo la Secretaría no es clara ni precisa en los criterios que consideró para la fusión o eliminación de los programas.

Es necesario fortalecer la eficacia y transparencia de la Administración Pública Federal y reducir los gastos del Gobierno Federal. Sin afectar los programas prioritarios que atienden a grupos específicos de la población.

Recientemente el Ejecutivo presentó la Ley secundaria en materia de Disciplina Financiera para estados y municipios en donde se propone:

• Instrumentar un techo de crecimiento de 3% de crecimiento en el gasto en servicios personales.

• En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos para el ejercicio fiscal, se establecen los ajustes que deberán realizar las entidades federativas, comenzando con el gasto en comunicación social, gasto corriente y gasto en servicios personales.

Aunado a lo anterior, y en el contexto en que se desarrolla el presente documento, es preciso mencionar que en Diciembre del año 2012 el Presidente Peña Nieto hizo el nada despreciable ofrecimiento de un paquete económico en el que plantearía un déficit cero, a casi tres años de ese ofrecimiento sigue sin cumplir su palabra.
El principio para el recorte presupuestal debiera ser lo anteriormente mencionado, bien dicen: “el buen juez por su casa empieza”; pero en la presentación del tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña anunció la creación de la Secretaría de Cultura lo que tampoco resulta congruente en tiempos de austeridad o como él mismo lo mencionó de “le toca al gobierno apretarse el cinturón”.

Es así que con la propuesta de crear dicha secretaría el gobierno nuevamente cree que debe controlar la cultura, planearla y dirigirla. Detrás de una Secretaría de la Cultura se esconde la idea de que el gobierno debe imponer a toda la sociedad una previa concepción de cómo debemos manifestar nuestra cultura, nuestras ideas y nuestras expresiones artísticas.

Debemos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. En particular, debemos enfrentarnos ante un gobierno que pretende meterse hasta en la cultura gastando recursos públicos. Esos recursos pertenecen a los ciudadanos y deben ser ellos quienes decidan el tipo de cultura que quieren y de qué manera van a desarrollarse intelectual y artísticamente.

En definitiva, abogamos por una cultura libre y, por ello, nos opondremos a la creación de una Secretaría de la Cultura.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de manera urgente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público C. Luis Videgaray Caso, para qué informe a esta soberanía, de manera detallada y exhaustiva, las condiciones reales de la economía nacional. Asimismo, informe a esta Soberanía el recorte presupuestal para el año 2016 y las afectaciones que se deriven de este así como de donde provendrán los recursos para la creación de la Secretaría de Cultura.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 promuevan cero endeudamiento, privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias.

Salón de sesiones de H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.- Sen. Daniel Ávila Ruiz.- Sen. Silvia Garza Galván.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a recibir en una reunión a los padres y madres de los 43 normalistas; y a la Procuradora General de la República a incorporar las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y corregir las investigaciones de la desaparición forzada de los normalistas. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del Estado mexicano- presentó su informe sobre la revisión de las investigaciones que había realizado la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el Informe realizado por el GIEI, estos seis asesinatos continúan impunes y la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin ser esclarecida. La “verdad histórica” presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, de acuerdo con los expertos internacionales sobre la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula “es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias que la apoyen” (página 156 del informe).

En un informe de 550 páginas, el GIEI asegura que no hay evidencias de que un fuego u hoguera con las condiciones que presentó públicamente la PGR hubiese ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero."Ese evento tal y como se ha sido descrito no pasó", aseguró durante la presentación de las conclusiones el experto Carlos Beristain.

En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron errores. El GIEI no determina responsabilidades, pero aportan elementos que pueden contribuir a la localización de los 42 normalistas desaparecidos y señalan de forma contundente que la investigación debe retomarse con nuevas líneas de trabajo.

Este Informe viene a confirmar lo que padres, madres y compañeros de los normalistas, así como un parte importante de la sociedad mexicana habían denunciado, en el sentido que la pira de Cocula era una explicación que carecía de sentido y lógica, que los militares del 27 batallón de Infantería, así como integrantes de las policías federal y ministerial debían ser investigados por su posible participación en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas los días 26 y 27 de septiembre del 2014 y que la “verdad histórica” era insostenible científicamente.

De acuerdo con el Informe, hay 9 puntos verificados donde se realizaron los ataques en contra de los normalistas, contra los jóvenes integrantes del equipo de fútbol “Los Avispones” y personas que simplemente iban transitando en automóviles, los cuales ocurrieron en al menos 3 horas en los cuales el nivel de violencia fue masivo e indiscriminado, lo que refleja¾ según refiere el GIEI¾ la impunidad con la que los actores actuaban, frente a las distintas autoridades y al crimen organizado presente en la región.

Según la evidencia analizada por el GIEI, así como los testimonios recabados directamente, es posible determinar que los ataques realizados los días 26 y 27 de septiembre fueron coordinados por una persona que presuntamente operó desde una casa ubicada en el centro de Iguala. Asimismo, los indicios permiten identificar como línea de investigación, que la posible motivación de este terrible ataque podría ser presuntamente no dejar salir de Iguala los camiones de autobuses que habían sido tomados por los normalistas.
Para el GIEI desde un inicio la investigación de la PGR fue incompleta y con errores. Es decir, podemos concluir que la “verdad histórica” que hasta el momento había sostenido el Gobierno Federal se ha derrumbado. Este Informe además de evidenciar la “mentira histórica” construida desde la PGR, también exhibe la ineficacia e ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país.

Ante un Informe tan contundente y demoledor, se requiere de forma urgente e inmediata un diagnóstico institucional que permita comprender, corregir y, en su caso, sancionar el desempeño de aquellos servidores públicos que manipularon, ocultaron y omitieron deliberadamente información, y que fueron el sustento de las conclusiones presentadas por la PGR; además de la implementación de medidas extraordinarias que permitan corregir las investigaciones.

Sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza en la ciudadanía y que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y la justicia que las familias de los normalistas y la sociedad exigen para este caso, así como para muchos otros casos más de graves violaciones a los derechos humanos.

Entre la tristeza, la frustración y el enojo, las familias de los normalistas siguen esperando una respuesta contundente de las instituciones y el compromiso del titular del Ejecutivo Federal para corregir la investigación integralmente, para continuar la búsqueda de los estudiantes, para sancionar efectivamente a los perpetradores y para investigar y sancionar a los servidores públicos que construyeron, lo que hoy sabemos es la “mentira histórica”.

Por ello, es urgente que el Presidente de la República les reciba, escuche y sobre todo que se les den respuestas puntuales, ya que a casi un año de los terribles hechos, la impunidad ha prevalecido y 42 estudiantes continúan desaparecidos.

Igualmente los familiares junto con toda la sociedad mexicana, esperan una respuesta institucional de la PGR en donde se transite del “análisis” de este informe a asumir compromisos claros y concretos para adoptar todas las recomendaciones del GIEI en este caso para corregir las investigaciones de manera integral.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que en la reunión que sostenga con los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos se les brinden todas las facilidades técnicas, operativas, humanas y tecnológicas necesarias para que junto con sus representantes puedan despejar todas las dudas e inconsistencias que ahora arroja la investigación de la PGR, incluyendo la ampliación del plazo de estancia del GIEI en México de manera indefinida.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Procuradora General de la República para que adopte las recomendaciones y corrija la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, tomando como hoja de ruta en el diseño de la nueva investigación los elementos y datos que aporta este Informe.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala a requerir a la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, S. A. de C.V. para que cumplan con el requisito de conservar, mejorar y mantener en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del ejecutivo estatal de las entidades federativas y el Distrito Federal a garantizar la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos en materia de feminicidios o desaparición de mujeres y niñas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Cámara de Diputados.

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, cuya entrada en vigor fue el 18 de enero de 2002.

Al respecto, el Estado Mexicano suscribió y ratificó la Convención y sus dos Protocolos obligándose a su observación y cumplimiento.

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 05 de diciembre de 2014.

Dicha iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal fue analizada y discutida en observancia con el principio del interés superior del niño y los instrumentos internacionales en la materia, además de que se consideraron las opiniones de los actores involucrados, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y la academia que han luchado por la garantía y respeto de los derechos de la niñez en México.

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. Asimismo, esta

Ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

En el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, también establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Al respecto cabe destacar que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, tuve a bien participar como integrante de la delegación que sustentó el 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015 y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;
 (e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Por otro lado, cabe resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se contempló por primera vez el Anexo de Presupuesto Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los recursos asignados en el Anexo de Recursos para Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aumentó en 7.5 por ciento real del 2012 al 2014. Para el 2014 se asignaron 655,956.4 millones de pesos, distribuidos en 84 programas presupuestarios.

De conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), un presupuesto con enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia debe de contener una vinculación entre la clasificación funcional del gasto usada en el presupuesto y los derechos que estipula la Convención sobre los Derechos del Niño (Derecho a la Supervivencia, Derecho al Desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participación).

Ahora bien, al ser un presupuesto transversal las dependencias que se encargan de ejercer dicho presupuesto y de atender a la infancia por mencionar algunas son; el Sistema Nacional DIF, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.

De esta manera las dependencias enumeradas cuentan con programas presupuestarios federales para la atención de la niñez y la adolescencia observando el enfoque integral de derechos de la infancia al desarrollo, a la protección, a la participación y a la supervivencia, sin embargo, es importante realizar una exhaustiva revisión del anexo transversal así como de la efectividad de los programas existentes en la materia.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo este enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la multicitada Ley General.

En ese sentido es también importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados [*].

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley.

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez.

[*] Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.





 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una unidad administrativa especializada con carácter de fiscalía investigadora de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

De las Senadoras Luz María Beristain Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar un análisis en torno a la educación ambiental en las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la finalidad de que los planes de estudio estén actualizados ante al cambio climático existente. Se turna a la Comisión de Educación.







 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo Parlamentario del PT, contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los objetivos y propósitos del programa sectorial de salud 2013-2018. Se turna a la Comisión de Salud.

La suscrita, Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La salud es uno de los bienes más preciados por todas las personas independientemente de la edad, sexo o condición económica y la protección a la salud es uno de los derechos humanos más importantes que consagra nuestra Constitución Política en el Artículo 4°, por lo que el Gobierno se ha comprometido a avanzar en la construcción de un Sistema de Salud Universal.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se elaboró el Programa Sectorial de Salid PROCESA, con diversos objetivos entre los cuales destaca la protección a la salud, la prevención de las enfermedades, el asegurar el acceso efectivo a esos servicios con calidad. Así como promover la optimización y el uso efectivo de los recursos asignados a las instituciones de salud en nuestro país

No obstante la buenas intenciones contenidas en los planes y programas de salud, es una queja constante de la gran mayoría de los derechohabientes en toda la república, es que cuando asisten a la clínica que les corresponde para la debida atención médica, los atienden médicos generales o pasantes en medicina y no los especialistas en la enfermedad que los aquejan, los que carecen de la experiencia y conocimientos necesarios, por lo que no pueden detectar correctamente el tipo de enfermedad, sabemos hay un déficit de más de trescientos especialistas que no alcanzan a cubrir las necesidades de la gente y de los propios hospitales y clínicas.

Otra de las quejas más frecuentes de los pacientes y familiares es la carencia del debido suministro de medicinas, si bien son atendidos por el médico correspondiente, cuando van a la farmacia de la clínica u hospital, no hay medicamentos, tienen que acudir otro día o días hasta que les puedan entregar el medicamento requerido, lo que origina que el tratamiento recetado no se pueda realizar en tiempo, es triste que en ocasiones exista la carencia hasta de los medicamentos más básicos.

Un caso especial es el de los tratamientos para la diabetes y la presión arterial ya que los medicamentos son los que más se retrasan, su entrega tardía pone en grave peligro a la salud de los pacientes.

La situación existente en las áreas de urgencias es dramática, siempre están saturadas de pacientes, que además de tener que esperar horas para ser atendidos, lo hacen en el suelo, sentados o acostados en cartones o cobijas, no hay camas suficientes, ni los especialistas que los atiendan para ciertos casos.

La falta de medicamentos necesarios y del personal competente, así como de la limitada, deficientes o nula infraestructura que hemos podido observar en múltiples centros de atención a la salud, en gran parte de la república, están poniendo en grave riesgo a la propia Secretaria, al no cumplir con los objetivos, planes y programas del gobierno.
La atención a la salud de los habitantes en zonas marginadas, pueblos y comunidades indígenas es aún más deficiente que la problemática que en la grandes ciudades, médicos que imponen los horarios de atención o los días en que solamente trabajan, o el trato déspota con el que tratan a los necesitados, debe ser objeto de atención y corregido, ya que no están haciendo un favor es una obligación constitucional y están prestando un servicio remunerado.

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD DOCTORA MERCEDES JUAN LÓPEZ, A QUE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018 (PROCESA).





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La dinámica, acelerado ritmo y alta competitividad que caracteriza a las grandes urbes, ha hecho que cada vez más, la población busque diversos métodos que les permitan desempeñarse con mayor eficacia, eficiencia y productividad.

En los últimos años las denominadas sustancias nootrópicas, mejor conocidas como drogas inteligentes, se han posicionado como una de las más utilizadas entre las sociedades del mundo, situación ante la cual no podemos ser indiferentes, en virtud de que potencialmente pueden poner en peligro la salud, bienestar y estabilidad de los mexicanos.

El significado de las sustancias nootrópicas, emana del griego "nóos" (mente) y "tropo" (dirección)-, es decir, que tienen la capacidad de ayudar a mejorar nuestro desempeño mental, aparentemente sin producir efectos secundarios negativos. Las denominadas drogas inteligentes, son sustancias que por su composición, permiten aumentar las capacidades cognitivas de las personas -concentración, memoria, fluidez del pensamiento-, además influyen a mejorar el humor o promover un estado de relajación a corto y a largo plazo.

En consecuencia, una de las principales preocupaciones estriba en que si bien es cierto, pueden producir más ventajas que desventajas, también lo es que de acuerdo con especialistas, las reacciones varían de una persona y otra, además, cuando no funcionan, derivan en efectos secundarios para quienes la consumen, de ahí la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.

Ante la ausencia de resultados concluyentes, hay investigadores que cuestionan la efectividad de este tipo de sustancias, esto bajo la premisa de que si se toma algo para mejorar la memoria, inevitablemente se afectarán otras funciones cerebrales, lo cual podría traducirse en efectos casi impredecibles. En complemento, refieren que la falta de control y supervisión adecuada, agravan la posibilidad de efectos nocivos para la salud.
En Estados Unidos de América el uso de las llamadas drogas inteligentes, ha incrementado considerablemente en los últimos años, siendo los medios electrónicos, uno de los instrumentos más recurrentes para su comercialización y adquisición, situación que da pauta a que haya poca o nula verificación de su procedencia y calidad.

A partir de esta última consideración, ha surgido confusión entre qué sustancias hay que tomar, cómo tomarlas y a dónde se pueden comprar, situación que es aprovechada por personas que buscan exclusivamente obtener ganancias económicas, incluso a través del menoscabo de la salud de las personas. En consecuencia, desde esta Soberanía debemos impulsar las acciones que sean necesarias para garantizar la salud y bienestar de la población.

A pesar de que la mayoría de las personas que utilizan este tipo de sustancias, señalan que si cumple con las expectativas generadas y les ha permitido mejorar su desempeño laboral, empresarial, deportivo o académico, la realidad es que no existe un consenso unánime sobre su funcionamiento, efectos y posibles causas. Aunado a lo anterior, al no haber cifras oficiales sobre su consumo, es fundamental tomar las medidas que permitan garantizar el cuidado de la salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que es importante que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), conozca del asunto, en virtud de que por imperio de ley, es la institución a la que le corresponde llevar a cabo la protección contra riesgos sanitarios. Asimismo, la idoneidad de su intervención radica en que se trata de un órgano confiable y eficaz, con capacidad técnica, operativa y regulatoria.

Al respecto, cabe mencionar que entre sus principales atribuciones se encuentran las de: control y vigilancia de los establecimientos de salud; prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre; control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos; y la sanidad internacional.

En complemento a las acciones que tenga a bien llevar a cabo la Cofepris, es importante generar conciencia de que el cuidado y conservación de la salud no debe estar estrictamente supeditada a algún tratamiento o medicamento –sea cual sea-, y que en todo caso, siempre debe ir complementado de una alimentación adecuada y el desarrollo de actividad física.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que en el marco de sus funciones, fortalezca los mecanismos de control y vigilancia de las denominadas sustancias nootrópicas -conocidas como drogas inteligentes-, a fin de prevenir riesgos en la salud de la población.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que informen sobre las causas que llevaron al gobierno federal a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los suscritos, Senadores de la República del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 2; 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que informen al Pleno del Senado de la República, sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer a la opinión pública, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por dicho organismo internacional, para investigar los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuyo resultado fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

En el informe que consta de más de 560 páginas, se detalló que las investigaciones que el Grupo de Expertos realizó durante 6 meses, los llevó a poner en duda las conclusiones de la investigación de la PGR sobre la supuesta incineración de los 43 estudiantes desaparecidos, tal y como se afirma en la versión oficial de los hechos.

Los Senadores del PAN reconocemos la destacada participación de la CIDH, porque sin su actuación, seguiríamos tomando como cierta una mentira o una evidente falta de capacidad para investigar. Asimismo, reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y exigimos al Gobierno Federal que esclarezca los hechos, toda vez que “la verdad histórica” ha sido desmentida por expertos internacionales.

Las conclusiones emitidas por el Grupo de Expertos representan un duro golpe a la credibilidad del gobierno federal, ya de por sí muy deteriorada por este caso, sumados a los indignantes hechos ocurridos en Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya, en donde la actuación de las fuerzas federales se encuentra en tela de juicio y en donde cada vez hay más indicios de un presunto uso excesivo de la fuerza. Debemos recordar que en enero del presente año, el propio Titular del Ejecutivo afirmó que en el caso “Ayotzinapa” se había logrado dar con la "verdad histórica" de lo sucedido, las recientes conclusiones advierten la necesidad de cuestionar si el gobierno federal es capaz de garantizar una investigación confiable de otros temas graves, como la reciente fuga de Guzmán Loera.

Las conclusiones ponen en evidencian la grave y alarmante corrupción que impera en el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal. Prueba de ello, son las palabras de la propia Procuradora de la República, que en un evento realizado el viernes 4 de septiembre, realizó el relevo de 22 delegados estatales de la PGR. En dicho evento, Arely Gómez pidió a los nuevos delgados a: “evitar que por malas integraciones de averiguaciones previas personas inocentes sean culpabilizadas de delitos o que delincuentes sean liberados”. Los abogados sabemos que solamente hay dos razones por las que se puede integrar mal una averiguación previa: la ignorancia o la corrupción.
El informe de los expertos afecta la credibilidad y confianza en el gobierno, Una vez más, exigimos justicia y castigo a los responsables. El informe pone de relieve la dimensión del conflicto: 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias afectadas por el miedo.

Los resultados de la investigación del Grupo de Expertos, concede la razón a los familiares de los normalistas desaparecidos, porque ellos siempre negaron la versión oficial y siempre se negaron a aceptar que los jóvenes habían sido calcinados. El gobierno del presidente Peña Nieto deberá tener respuestas claras y contundentes ante el clamor social que sin dudas exigirá respuestas.

El dolor y la frustración detrás de la desaparición de los jóvenes deben ser atendidos con prontitud y con una actitud de Estado. Del informe de los expertos internacionales se puede inferir que el gobierno construyó una “verdad histórica” apresurada para distraer a la opinión pública.

A casi un año de la desaparición de los normalistas, las autoridades han detenido a más de 100 personas, pero en su mayoría se trata de policías municipales de Iguala. Los únicos “peces gordos” que han caído, son el ex alcalde Iguala, José Luis Abarca y su esposa, señalados como probables autores intelectuales. Es evidente que para que se dieran actos de encubrimiento de la magnitud en que ocurrieron, es necesaria la participación de muchas personas de diferentes niveles de gobierno. Por ello, los Senadores del PAN exigimos que las investigaciones continúen y que se castigue a todos los funcionarios involucrados, sin importar su nivel ni su origen partidista.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Gobernación y a la Procuradora General de la República para que redefinan y estructuren una nueva política pública de seguridad y procuración de justicia, dado que la actual ha fallado de manera evidente.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a todas las dependencias involucradas a atender puntualmente todas las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asimismo se establezca un mecanismo efectivo de colaboración con el Grupo de Expertos, respecto de las nuevas líneas de investigación que deberán abrirse en relación con estas conclusiones.

TECERO.- El Senado de la República, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación y a la Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República, para que expliquen al Pleno de esta Asamblea, sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar cuáles son las medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

SENADOR FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXIII LEGISLATURA, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo para solicitar: al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de su competencia, informe a esta Soberanía cuales son las medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el Estado Mexicano, en virtud al acuerdo numero 138 de la OIT, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los principios de la abolición efectiva del trabajo infantil es garantizar que cada niña y niño tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental, lo cual es de suma importancia el erradicar el trabajo pesado que ponga en peligro la educación y el desarrollo de los niños en México.

Las normas internacionales del trabajo permiten hacer una distinción entre lo que construye formas aceptables e inaceptables del trabajo para niños de distintas edades y etapas de su desarrollo.

Este principio abarca el empleo formal así como las actividades en la economía informal en donde se encuentra justamente la mayoría de las formas inaceptables de trabajo infantil, estas formas abarcan las empresas familiares, las empresas agrícolas, el servicio doméstico y el trabajo no remunerado realizado, en virtud a los diferentes usos regidos por la costumbre y que los niños realizan a cambio de comida y techo.

Ahora bien, para lograr la abolición efectiva del trabajo infantil, los Estados deben fijar y aplicar una edad mínima o edades mínimas en las que los niños pueden ser admitidos en algunos tipos de trabajo, dentro de ciertos límites, las edades pueden variar conforme a las circunstancias y sociales y económicas nacionales.

Cabe señalar que la edad mínima general de admisión al empleo no debería ser inferior a la edad en que se completa la enseñanza escolar obligatoria, o en todo caso no menos de 15 años, no obstante, los países en desarrollo pueden hacer ciertas excepciones a esta norma; se puede establecer una edad mínima de 14 años cuando la economía y los medios de educación están insuficientemente desarrollados.

La legislación domestica sobre trabajo infantil – en consonancia con las normas internacionales del trabajo – es una base fundamental para toda acción y, en particular, para definir lo que constituye el trabajo infantil por abolir y proporcionar el marco necesario para los esfuerzos encaminados a reunir información estadística sobre el trabajo infantil. Ante todo, es la legislación que establece los derechos y responsabilidades específicos (no solo de los individuos sino también del Estado y de distintos órganos y autoridades), y prevé recursos jurídicos para las víctimas y sanciones para los infractores.
Muchos países han tomado recientemente medidas con el fin de establecer o revisar sus listas de trabajos peligrosos, incluir la prohibición de estos tipos de trabajos para toda persona menor de 18 años en el marco de la legislación aplicable.

Máxime el convenio 138 exige a los Estados que lo han ratificado que proporcionen los medios necesarios para librar a los niños de las peores formas del trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y su inserción social, también demanda a los Estados que adopten medidas para asegurar a todos los niños, el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando esta sea posible y adecuado, a la formación profesional.

Bajo esta premisa y ante los hechos suscitados el pasado 19 de agosto del presente, en el municipio de ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) rescató a 54 niños, de entre 200 jornaleros de un rancho propiedad de la empresa de nombre Prokarne, en donde eran explotados laboralmente.

Los niños que rescataron, fueron encontrados en condiciones precarias, quienes dormían en el suelo y su alimentación era deficiente, dichos menores marginados son originarios de cuatro Estados de la República: San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, todos ellos ahora se encuentran en albergues bajo resguardo del DIF-Coahuila y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), mientras tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está a cargo de los adolescentes, jóvenes y adultos.

Ante estos hechos lamentables de explotación laboral de estos niños la Procuraduría General del Estado, integra una carpeta de investigación así como una averiguación previa penal para proceder a fincar responsabilidades sobre este asunto, en donde justamente se podrían configurar al menos dos delitos, el de explotación laboral infantil y el de trata de personas.

Resulta indispensable señalar que ante la ratificación por el Estado Mexicano del Convenio 138 de la OIT, y el texto vigente del Artículo 123 Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la omisión por parte del SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, en razón a los hechos lamentables suscitados el pasado 19 de agosto del presente, en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, además de la presunta explotación laboral de los niños que existe en cada uno de los Estados del de la República Mexicana, máxime de que no existe una supervisión permanente por parte de la SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. No obstante que esta explotación se presenta en los campos agricultores azucareros, y en cada uno de los Estados de la República Mexicana, además de el Distrito Federal, en donde se observan todas las desigualdades y de explotación laboral, en cada esquina se pueden observan encontrar niños limpiando parabrisas, escupiendo fuego, o bien son presa del reclutamiento en la delincuencia, en consecuencia la deserción escolar, el trabajo forzoso y servil engloba a menores separados de sus familias por engaño o la fuerza, para saldar el pago de una deuda contraída por sus padres; estos niños realizan labores como la obra esclava en todo tipo de labores agrícolas, mineras, industriales o domésticas.

A mayor abundamiento existen más de tres millones de niñas y niños, que apoyan paupérrimamente a su familia mediante un trabajo de los cuales cerca de 2 millones abandonaron sus estudios para trabajar de ayudante, cargador, franelero, lavacoches, incluso mucho de ellos han caído en las redes del lenocinio infantil. De estas cifras cerca de 900 mil menores tienen entre 5 y 13 años, es decir, edades que están por debajo de la mínima legal para trabajar recomendada internacionalmente y que lamentablemente se trata de las niñas y los niños más pobres del país.
Si bien es cierto que el artículo 1º del Convenio 138 establece:

(Sic).

“Todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se comprende a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.”

Por lo que es preciso señalar que ante la evidente violación que existe con respecto a los Derechos de los niños en México, por empresas Nacionales así como las Internacionales, por lo que es necesario que el Gobierno Federal en conjunto con la SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, implementen medidas estratégicas a efecto de que se vigile el estricto cumplimiento de los Derechos de los niños de México, salvaguardando su integridad física y moral ante la evidente explotación laboral en México.

De la misma forma se transgrede a dispuesto por el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra dice:

(sic)..

Artículo 13.-para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. ….

Aunado a lo anterior, en el artículo en comento dispone que las Autoridades Federales, de las entidades Federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, solicita de manera urgente al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de su competencia, informe cuales son las medidas que se han implementado con respecto a las jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes en el país, en relación con los hechos suscitados en el municipio de Ramos Arizpe en el Estado de Coahuila, y otros estados en los cuales se ha comprobado que la explotación del trabajo infantil es una realidad lacerante, que atenta contra los Derechos de los infantes, en virtud a lo dispuesto por el acuerdo numero 138 de la OIT.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, reconociendo la intención del legislador, que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas, aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita, con toda atención, a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El PT: una minoría política constitucional.

Tuvo que transcurrir casi una década para que la irrupción ciudadana que entrañó el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 se tradujera en la ampliación de la vida democrática de México. La mayoría de los historiadores, politólogos y miembros de la clase política coinciden en que el Movimiento del 68 es el antecedente inmediato y directo de la transición a la democracia en México. Desde la época de los hermanos Flores Magón, en nuestro país la clase política dominante ha optado por la proscripción de las corrientes políticas que postulan un plan nacional orientado hacia una justa distribución de la riqueza en favor de las clases populares en general y de las familias de los trabajadores en particular. Consecuencia directa de esta cerrazón fue la represión que se desencadenó contra el movimiento estudiantil y contra cualquier otra muestra de inconformidad. Los obstáculos para ejercer las libertades políticas principalmente de manifestación y reunión degradaron a la política en la República y fueron la causa principal que dio origen a múltiples movimientos subversivos que optaron por la clandestinidad ante la criminalización de la protesta social.

Uno de los principales métodos de interpretación constitucional es el histórico. Ningún otro cuerpo jurídico como la Ley Fundamental requiere del conocimiento agudo y profundo del devenir histórico de un pueblo. Este criterio jurídico aplica hoy día para entender que el porcentaje requerido para que un partido político conserve su registro no es un precepto aislado que surta efectos por sí mismo ya que se tiene que considerar para su aplicación en función de la totalidad de la preceptiva que da lugar al establecimiento en México del sistema de partidos políticos, contenido principalmente en los artículos 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en 1977, el H. Congreso de la Unión reconoció que la forma de llevar el debate en torno al destino de la Nación no era mediante el uso de la fuerza ni por parte de los grupos subversivos ni por parte de la guerra sucia desencadenada por las altas esferas del gobierno. En consecuencia, se optó por llevar a cabo una reforma que transformó a los legisladores de partido en un espacio plural en el que se dio cabida a todas las expresiones políticas.

El Partido del Trabajo es destinatario, sin duda, de la preceptiva que protege a las minorías políticas en nuestro país. Lo es por el carácter de sus militantes y simpatizantes, trabajadores todos ellos. Lo es por la índole de su ideología que promueve el disfrute de una alta calidad de vida para las clases populares no como una dádiva en el ámbito de la asistencia social sino como un derecho propio derivado de su aportación a la riqueza nacional. Lo es, finalmente, porque busca la transformación del país hacia una convivencia justa, pacífica y digna. La reforma política del 1977 permitió articular las visiones impulsadas en torno al país tanto de las mayorías como de las minorías. El sistema de partidos resultante, la naturaleza plural de la representación nacional y las atribuciones de la autoridad electoral no se entienden más que tomando en cuenta el criterio protector de las minorías políticas que se encuentra vigente desde 1977 y que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está obligado a tomar en cuenta en términos del artículo 1º de la Ley Fundamental.

La Reforma Política de 1977 y las minorías.

En el año aludido, el país se debatía en una atmósfera de agitación social. Numerosos y diversos grupos subversivos se expandían por la República. La presencia de la guerrilla era evidente tanto en la sierra como en las grandes ciudades. En México, donde el autoritarismo no había llegado al extremo de las prácticas totalitarias que se habían registrado en Sudamérica, de repente se vio inmerso en una amplia guerra sucia que todavía hoy, en el Siglo XXI, no termina de esclarecerse. La represión siempre estuvo presente pero ahora en la década de los setentas adquirió una dimensión sistemática. La iniciativa pero principalmente el dictamen que elaboraron las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios Legislativos del Senado con fecha 3 de noviembre de 1977 es prolífica y no deja ninguna duda en cuanto a que la preceptiva sobre los partidos políticos que es lo principal así como las facultades de las autoridades electorales que es accesorio gira en torno a garantizar un espacio político en el seno del H. Congreso de la Unión para que todas las corrientes políticas se encuentran en aptitud de expresar su visión sobre el país. Es absolutamente diáfano y claro en términos del dictamen de la Reforma Política de 1977 que el objetivo de los enunciados normativos contenidos desde entonces en el artículo 41 así como en el 73 de la Constitución Federal no es otro más que la garantía de existencia de las minorías políticas.

El artículo 72, apartado F de la Constitución Federal establece que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. El espíritu de lo anterior consiste en que las y los legisladores han de cerciorarse si prevalecen o persisten las causas que dieron origen a la norma o ley. Las razones históricas que llevaron al reconocimiento de las minorías políticas para darles acceso permanente al H. Congreso de la Unión y así mantener la funcionalidad de nuestras instituciones a través del sistema de partidos políticos están más que vigentes. En México existen hoy día diversos movimientos revolucionarios que buscan la transformación del país a través de las armas. En los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, entre otros es evidente la presencia de grupos de mexicanas y mexicanos que aún hoy, en pleno Siglo XXI, no encuentran cauces adecuados para presentar al resto de la sociedad sus propuestas políticas, económicas y sociales.

Las circunstancias que dieron lugar a la garantía de acceso de las minorías políticas a la representación nacional no sólo persisten sino que se han incrementado. Para nadie es un secreto que México es un país que se caracteriza por la polarización. No se trata de opiniones subjetivas que de manera desesperada se invoquen con el ánimo de conservar el registro. Se trata de una labor de interpretación de nuestras normas constitucionales para que un partido político conserve su registro pero principalmente en el marco de eficacia del sistema de partidos en función de la debida representación nacional para mantener la gobernabilidad democrática. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe llevar acabo haciendo una interpretación jurídica la reflexión no sólo de la reciente reforma que fijó en 3% el requisito para conservar el registro sino de la totalidad del sistema jurídico en torno a los partidos políticos. Aún antes de la existencia del bloque o núcleo de derechos humanos era posible evitar la dislocación del sistema de partidos. Como veremos a continuación, la conclusión sobre la conservación del registro a favor del Partido del Trabajo se fortaleció a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que con instrumentos más precisos permite llegar a la misma conclusión.

Nuevas Obligaciones de Derechos Humanos.

Por medio de una recta y adecuada interpretación constitucional acudiendo simplemente a la intención del legislador explicitada con amplitud en el dictamen de la reforma política de 1977 es suficiente para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se percate que la disposición relativa al porcentaje para la conservación del registro de un partido político queda supeditada a la totalidad de la preceptiva que desde ese año garantiza el acceso a una minoría política al sistema de partidos. Basta con determinar si la corriente política se coloca, en términos del artículo 73 constitucional, en posibilidad jurídica de difundir su ideología desde el H. Congreso de la Unión para cerciorarse de que tiene el carácter de minoría política. El Partido del Trabajo, como veremos enseguida, logró esa condición.

Llama la atención poderosamente el hecho de que, desde el arranque del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral se haya conducido en sus decisiones tanto menores como de trascendencia, dejando en el olvido los postulados de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Desde el principio mismo, en octubre del año pasado, el Instituto comenzó a dar muestras de que simplemente pasaba por alto las nuevas obligaciones de derechos humanos a su cargo y se abstuvo de respetar los derechos fundamentales ya no se diga de protegerlos, promoverlos o garantizarlos de conformidad con el artículo 1º de la Ley Fundamental. En efecto, del área jurídica del Instituto salió una directriz hacia todo el país que desconoció la Constitución Federal. Si alguien acudía a solicitar por vez primera su credencial para votar o a pedir su reposición y exhibía copia certificada ante notario del atestado de su nacimiento, las oficinas del Instituto rechazaron dicha documental pública y le exigían que llevara un atestado reciente para poder llevar a feliz término el trámite. Como si las actuaciones de los notarios carecieran de valor, se obligó a los interesados a incurrir en gastos para obtener el atestado de su nacimiento directamente de la oficina del registro civil. Éste criterio que se observó puntualmente en todas las oficinas del Instituto Nacional Electoral es claramente violatorio del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. En torno a la decisión sobre la conservación del registro, la Junta General Ejecutiva al elaborar por unanimidad un dictamen proponiendo el Consejo General la pérdida del registro del Partido del Trabajo incurre en la misma omisión ya que teniendo la obligación de cerciorarse de no incurrir en violaciones a los derechos humanos el dictamen es absolutamente omiso pues carece ya no digamos de un capítulo especial ni siquiera tiene una sola mención al examen exhaustivo de la autoridad electoral en contraste con sus deberes en materia de derechos fundamentales.

Lo cierto es que con claridad surgen dos interpretaciones en torno al registro del Partido del Trabajo. La primera y obvia por rudimentaria es la aplicación aislada de la norma que establece un porcentaje del 3% de la votación nacional válida emitida para conservar el registro. Este proceder básico fue el que siguió la Junta General Ejecutiva lamentablemente de manera unánime pues no hubo un solo integrante que aunque fuera por curiosidad solicitara un examen de la materia a la luz del núcleo constitucional de derechos humanos. La totalidad de los integrantes de la Junta se olvidaron por igual tanto de la Reforma Política de 1977 como de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011.

Frente a la aplicación mecánica del porcentaje del 3% aludido, cobra aplicación una labor hermenéutica siguiendo paso por paso las nuevas obligaciones de derechos humanos. El primer paso consiste en percatarse de que la disposición relativa al porcentaje en una cuantía del 3% se inserta en el marco jurídico de una preceptiva más amplia que es la contenida en el artículo 41 constitucional que establece los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos en funcionalidad con la integración de la representación nacional. Al realizar esta tarea hermenéutica, el intérprete se da cuenta de que la norma relativa al porcentaje para decidir sobre el registro es de carácter accesorio, y aunque con el mismo nivel de norma constitucional se debe armonizar con el resto de la preceptiva que rige a los partidos políticos, lo cual nos lleva a preguntar cuál fue la intención del legislador al establecer un sistema de partidos políticos con una apéndice en torno a la conservación del registro. Es claro como el agua que la conservación o no del registro es sólo un aspecto de la materia mucho más amplia del sistema de partidos, uno de cuyos pilares es precisamente el acceso y permanencia de las minorías políticas dentro de dicho sistema. El segundo paso consiste en desentrañar la intención del legislador para lo cual basta con dar lectura al dictamen expedido con fecha 3 de noviembre de 1977 por las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Primera Sección de Estudios Legislativos del Senado. En dicho dictamen, como ya se dijo, en distintos tonos se establece que cuando una organización o corriente política adquiere la categoría de minoría política debe contar con las garantías de participación en la vida política nacional bajo la forma de una persona de derecho público que es la de un partido político.

La observancia de las nuevas obligaciones de derechos humanos llevan con claridad a darse cuenta de que surgen dos interpretaciones: a) La básica consistente en la pretensión de la Junta General Ejecutiva de dar efectos de manera aislada al enunciado normativo que establece 3% de la votación nacional válida emitida como requisito para conservar el registro; y b)La jurídica al tener en cuenta la intención del legislador dando acceso a las minorías políticas siempre y cuando logren el número de legisladores suficientes para difundir su ideología en el seno del Congreso. El Partido del Trabajo logró bajo el principio de mayoría relativa llevar seis de sus candidatos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es decir, se excedió en el número de legisladores requerido para conformar un grupo parlamentario. Al haber obtenido una votación idónea para integrar, gracias a su votación directa sin necesidad de acudir a la representación proporcional, un grupo parlamentario es claro que el Partido del Trabajo se mantiene como una minoría política y, en consecuencia, debe disfrutar de sus derechos, obligaciones y prerrogativas como cualquier otro partido político. Cabe mencionar que si bien es cierto que de los seis diputados electos cuatro compitieron en coalición con otra fuerza política y que una vez instalada la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión dichos legisladores se asimilaron al grupo de dicha fuerza, tal circunstancia no afecta la situación para efectos de la conservación del registro ya que lo jurídicamente relevante estriba en que el PT demostró capacidad para captar votos suficientes para merecer la difusión de su ideología como partido político en términos de la intención manifiesta del legislador contenida en la multicitada Reforma Política de 1977 cuyas consecuencias de Derecho son aplicables sin duda en nuestros días.

Frente a las dos interpretaciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene el deber de optar por la que más favorece al partido político. La discusión en torno a si las personas jurídicas o morales resultan titulares de derechos subjetivos públicos se encuentra ampliamente superada. Desde la Novena Época, la Jurisprudencia del Poder Judicial Federal, cuando todavía regía el concepto de las garantías individuales, dejó claro que las personas morales o jurídicas gozan por igual de todos aquellos derechos que no requieran de un ente de carne y hueso. Únicamente los derechos humanos relativos a la vida, a la educación o a la salud son, por su propia naturaleza, exclusivos de las personas o individuos físicos. No existe ninguna razón más que la discriminación para excluir a las personas de derecho público de la aplicación del principio de la interpretación más favorable.

Analogía y deber de convencionalidad.

Con base en la referencia a la forma de resolver los juicios civiles, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado el criterio de que la analogía es un principio válido en todas las ramas del derecho. En síntesis: éste principio consiste en que ante situaciones de hecho que comparten elementos comunes de disposiciones diferentes se ha de aplicar las mismas consecuencias jurídicas. Cabe mencionar que la analogía es un principio de derecho reconocido universalmente tanto entre los académicos como en el ámbito de las constituciones democráticas del planeta. La analogía permite invocar la protección de las minorías a favor del Partido del Trabajo.

En efecto, los principales instrumentos de la comunidad internacional para garantizar en el mundo así como al interior de cada Estado la convivencia pacífica y justa contienen preceptos que protegen a las minorías. Los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral deben también llevar a cabo una tarea de aplicación del Deber de Convencionalidad. No es menos lo que se puede esperar de un instituto que tiene el rango de organismo constitucional autónomo. Derivado de dicha condición, el órgano constitucional autónomo debe hacer un examen profundo y exhaustivo de las normas aplicables principalmente cuando están en juego los derechos de miles y miles de personas y con mayor razón si se trata de derechos políticos que con facilidad llevan al surgimiento de conflictos. En dichos tratados se hace alusión a las minorías religiosas, lingüísticas y raciales. El tratamiento normativo es siempre el mismo. La norma universal consiste en que a las minorías se les debe respetar y, en consecuencia, reconocer los derechos que a su condición corresponden.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 25 el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos. El Artículo 26 reconoce el derecho a no ser discriminado y el 27 consagra los derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe en el Artículo 23 párrafo 1º inciso C el respeto a los derechos políticos que dan acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El precepto invocado del Pacto establece lo siguiente:

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que tuvo lugar en nuestro país por efecto de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, obliga al Consejo General a ajustar sus actos y determinaciones a los postulados contenidos en las normas internacionales.

Con facilidad, aplicando el principio de analogía y tomando en cuenta las disposiciones protectoras de las minorías en los tratados internacionales, el Consejo General se dará cuenta de que en cumplimiento de dichas normas internacionales queda delimitado el espacio de su decisión debiendo decidir la conservación del registro del Partido del Trabajo pues sólo de esa manera se puede reconocer los derechos que como minoría política le corresponden que no son otros más que la de disfrutar de sus derechos y prerrogativas cumpliendo también con sus obligaciones en el seno del sistema de partidos políticos en México.

Desde luego, el autor de esta proposición es integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Sin embargo, la decisión que está llamado a tomar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral excede los estrechos márgenes del registro de un partido político. La resolución que adopte el Consejo General sobre el pobre y débil dictamen que elaboró la Junta General Ejecutiva tiene que ver por un lado con el reconocimiento de la garantía de acceso de las minorías políticas al sistema de partidos y, por otro, con la viabilidad de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. En este orden de ideas, en un país donde se encuentran activos diversos movimientos revolucionarios y que se encuentra dividido prácticamente en tercios con grupos de votantes que simpatizan con la izquierda, la derecha y el llamado centro, lo que está en juego no es únicamente el registro de un partido político si no la conservación de las condiciones políticas que permitan a la República dar salida al clima de crispación que prevalece para recuperar el camino hacia la democracia plena entendida no solamente como la pulcra organización de las elecciones sino como la justa distribución de la riqueza para que las y los mexicanos gocen del nivel de vida que corresponde al esfuerzo que cotidianamente realizan. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen la opción de dictar una resolución jurídica, de carácter integral, que preserve y consolide el sistema de partidos así como la democracia en México, o bien, como lo hicieron al inicio del proceso electoral las áreas jurídicas de dicho instituto, optar por una decisión mecánica, aplicando de manera aislada preceptos, inconscientes de su responsabilidad histórica ante el momento por el que atraviesa la Nación.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta, con toda atención, a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas, a reforzar sus acciones en materia de reforestación y realizar esfuerzos sustantivos para fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro país es considerado como un país megadiverso, lo que significa que cuenta con una enorme riqueza natural en flora y fauna. Esta situación, compromete al sector público, privado y social a instrumentar las acciones necesarias para su cuidado y preservación.

México es uno de los tres países con el mayor número de litorales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, contamos con una gran variedad de climas, se calcula que alrededor del 10% de la diversidad global de especies se concentra en el territorio mexicano.

Somos el quinto lugar en plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Lamentablemente de acuerdo con un estudio de la Universidad de Yale, publicado hace unos días, el número de árboles en el mundo está reduciendo a una tasa alarmante, para diagnosticar nuestra situación es elemental decir que nuestro planeta tiene más de 3 billones de árboles, lo cual constituye un promedio de 422 por cada persona.

De acuerdo con el informe, cada año se pierden 15 mil millones de árboles, principalmente a causa de la deforestación y actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la minería, el desarrollo industrial y urbano, teniendo impactos negativos en el clima y la salud humana.

Nuestro país no es ajeno a estas dificultades, ya que datos del Observatorio Global de los Bosques indica que en lo que va del siglo XXI, México ha perdido alrededor de 2.5 millones de hectáreas de bosques debido al abandono, falta de políticas locales para su preservación, cambio de uso de suelo para la agricultura y minería y el crecimiento natural de las ciudades.

Es importante decir, que México cuenta con 138 millones de hectáreas de bosques, selvas y manglares, que nos ubican como el país número 12 en el mundo con esta riqueza natural. Sin embargo, sólo en el Distrito Federal, se han talado un número importante de árboles debido a la construcción de obras como los segundos pisos y vialidades, basta mencionar los tramos del Anillo Periférico, la Supervía Oriente, las líneas de Metrobús y la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac, que han provocado la caída de al menos 56 mil 553 árboles.

De acuerdo con el coordinador de la organización Ecomunidades, Red Ecologista de la Cuenca de México, los proyectos que más derriban árboles son los relacionados con la infraestructura de transporte, una caso reciente es el de la Fase 2 del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, proyecto para el cual la Secretaría del Medio Ambiente capitalina autorizó la tala de 855 árboles en el camellón de Río Mixcoac.

La importancia de atender esta problemática radica en que los árboles son fuente de oxígeno, suministro de alimentos, agua, productos de madera, medicamentos vitales y son el apoyo de gran parte de la biodiversidad, por ello, las acciones educativas resultan fundamental para prevenir la erosión de nuestros suelos.
Los esfuerzos instrumentados durante la presente administración federal han sido las adecuadas, basta mencionar que se llevan cubierta más del 40%, de la meta sexenal establecida de plantar 365 millones de árboles en todo el territorio nacional, con un acumulado de 405 mil 850 hectáreas reforestadas. Además, se ha comprometido a decretar al 2020, 17% de su superficie terrestre y el 10% de sus zonas marinas y costeras, como Áreas Naturales Protegidas.

Los Senadores del PRI, estamos convencidos de que deben reforzarse las acciones de reforestación en el ambiro local por los gobierno estatales y municipales, además la implementación de esfuerzos importantes para robustecer las campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente, para seguir contando en las próximas generaciones con nuestro capital natural.

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones, refuercen sus acciones en materia de reforestación y realicen esfuerzos sustantivos para fortalecer sus campañas de información y concientización en materia del cuidado del medio ambiente.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias. Se turna a la Comisión de Justicia.

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Indudablemente uno de los aspectos más importantes de la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, fue la introducción de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Se trata de procedimientos que posibilitan la solución de conflictos mediante el acuerdo de las partes, sin necesidad de dirimirlo ante la autoridad judicial.

Son varias las bondades que ofrecen los mecanismos alternativos.

En primer lugar poseen un enfoque de justicia restaurativa que garantice la reparación del daño causado al ofendido. Así también contribuyen a la disminución de juicios que se ventilan ante los tribunales, lo que repercute en la disminución de cargas de trabajo de los tribunales y por ende en la duración de dichos procesos.

De igual manera se beneficia a las partes en conflicto al evitar que se envuelvan en procedimientos judiciales que por la duración de cada una de sus instancias tienden a volverse engorrosos y desgastantes.
Los mecanismos alternativos en materia penal serán, pues, una parte fundamental del nuevo enfoque de justicia restaurativa en nuestro país, en oposición a la justicia retributiva del sistema de justicia penal que habrá de ser sustituido.

El 29 de diciembre de 2014, después de un importante y constructivo proceso de discusión en el Congreso de la Unión, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Dicha disposición dispone en el primer párrafo de su artículo 40 la existencia de un órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias al seno de la Procuraduría General de la República, así como de las procuradurías o fiscalías estatales.

Dicho párrafo establece a la letra: “La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías estatales deberán contar con órganos especializados en mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales podrán contar con dichos órganos”.

Así también, el artículo Sexto Transitorio señala que la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, “proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera la implementación del presente Decreto, conforme a sus presupuestos autorizados. Para el presente ejercicio fiscal, la Procuraduría General de la República, cubrirá con cargo a su presupuesto autorizado las erogaciones necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, en el ámbito de su competencia”.

En cumplimiento a este mandato legal, la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República se encuentra actualmente trabajando en el diseño institucional del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias de dicha dependencia, siendo éste uno de los principales temas de agenda tal y como se desprende del portal electrónico de la institución, en el que dentro de los próximos trabajos se señala precisamente la expedición del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.

Sin embargo, es poca la información con la que se cuenta sobre los avances en la creación de dicho órgano que tendrá a su cargo uno de los principales aspectos del nuevo sistema de justicia, por lo que a menos de un año de que se cumpla el plazo para su entrada en vigor, resulta de gran relevancia conocer los pendientes en un tema fundamental para el pleno funcionamiento del sistema acusatorio.

Es responsabilidad de las y los legisladores federales velar en todo momento por el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales expedidos por el Congreso de la Unión.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República un informe sobre los avances en la creación del órgano especializado en mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de diversas dependencias que implementen redes que permitan a los pescadores de San Felipe, Baja California, llevar a cabo sus actividades pesqueras sin daño alguno a la vaquita marina; y que conjunten esfuerzos a fin de lograr la reconversión de las actividades productivas de los pescadores de dicha comunidad. Se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.







 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que mitiguen el impacto de la sequía y sus afectaciones, en diversas entidades de la República. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El que suscribe, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas del país es la sequía, el SMN se encarga de detectar el estado actual y la evolución de este fenómeno.

En México, los criterios para definir la presencia de una sequía son: en la actividad pecuaria, cuando la precipitación media mensual de mayo a noviembre en una cuenca hidrológica durante dos meses consecutivos, es menor en un 50% a su media mensual. En la agricultura, cuando los efectos de las bajas precipitaciones afectan a cultivos de ciclo corto (aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada, arroz)), dependiendo de la etapa fenológica en que se encuentren los cultivos, por lo que la disminución en la cantidad de lluvia, con respecto a su media histórica, puede ocurrir en un mes o menos, conforme a lo determinado en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN, 1999).

La metodología del Monitor de Sequía en México (MSM) incluye los siguientes indicadores:

• Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) que cuantifica las condiciones de déficit o exceso de precipitación (30, 90, 180, 365 días).

• Anomalía de lluvia en Porciento de lo Normal (30, 90, 180, 365 días). Índice Satelital de Salud de la Vegetación (VHI) que mide el grado de estrés de la vegetación a través de la radiancia observada.

• Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA que estima la humedad del suelo mediante un modelo hidrológico de una capa, el Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI).

• Anomalía de la Temperatura Media, el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en las presas del país y la aportación de expertos locales.

Con estos estudios, es posible determinar el grado de sequía en determinada zona, región o municipio.

A escala de municipio, el criterio para determinar, si la sequía es atípica e impredecible se define a partir de las precipitaciones acumuladas mensuales observadas del ciclo de cultivo, se calculan las medias históricas mensuales, se determina la mínima histórica, las desviaciones estándares respectivas, determinándose como indicio de imprevisibilidad, cuando haya una diferencia mayor a una desviación estándar comparada con los valores medios observados acumulados.

Con base en el Monitor de Sequía en México, emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Servicio Meteorológico Nacional, comenzó a reportarse a partir del 15 de junio de 2015, un incremento de la sequía en diversas zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Yucatán principalmente.

Para el reporte del 30 de junio, ya aparecían cuatro regiones en las que se combinaban periodos de cortos y largos y tres de periodo corto1 en las entidades arriba señaladas. Mismas que se mantuvieron para el reporte del 15 de julio.

Para el reporte del 30 de julio, se aprecia claramente que el impacto dominante se establece en tres regiones del estado de Guerrero, Acapulco, Costa Chica y La Montaña,

Asimismo, se determina una sequía severa en la región de Tierra Caliente afectando también algunos municipios de Michoacán, y otras regiones como la zona norte de Yucatán y sur de Veracruz.

En el último reporte, con fecha de 15 de agosto, a las zonas calificadas como severas, se suman dos regiones del estado de Chiapas.

Esta situación es muy importante, porque estas sequías han impactado el ciclo Primavera-Verano del maíz, entre otras cosechas.

México es el primer productor de maíz blanco en el mundo con una participación de 40% de la oferta total, con una producción nacional promedio del 2005 al 2009 de 20.17 millones de toneladas. Ocupando 35% de la superficie sembrada del país con un promedio de 7.4 millones de hectáreas para este mismo periodo.

En México existen dos ciclos productivos en el cultivo del maíz: el de primavera-verano (PV) y el de otoño-invierno (OI).

La época de siembra del maíz, tanto de riego como de temporal, se concentra en los meses de junio y julio para el ciclo PV y de noviembre a enero para el ciclo OI, por lo que la sequía padecida a partir de julio hasta la fecha dañó el crecimiento natural de la planta.

Según un reporte preliminar del Centro de Investigación Regional Pacifico Sur, Campo Experimental Iguala; dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el caso específico de Guerrero, de los 81 municipios de Guerrero, los municipios afectados son los siguientes:

• 32 con afectación severa. Con una afectación entre 70% y 100%.

• 20 con afectación de moderada a severa. Los rendimientos se verían afectados entre un 40% y un 70%.
• 17 con afectación moderada. Los rendimientos se podrían afectar entre el 20% y 40%.

• 5 municipios con afectación leve. Los rendimientos podrían verse disminuidos en un 20%.

Es de notarse que en la entidad, el maíz se cultiva en menor o mayor grado en los 81 municipios del territorio, donde los mayores volúmenes de producción se ubican en aquellos asentados en las regiones de Costa Chica y Tierra Caliente.

Cabe destacar, que el maíz producido en los principales estados afectados, tendrá repercusiones principalmente en la alimentación de miles de familias que practican la agricultura de autoconsumo. Por lo que es necesario tomar medidas que resuelvan el acceso a estas familias a este grano, base de nuestra alimentación nacional.

De acuerdo a lo indicado en el estudio sobre Balanza Disponibilidad-Consumo del Cultivo de Maíz Grano (OEIDRUS, 2008), la producción se distribuyó porcentualmente de la siguiente manera: 72.5% para autoconsumo, 23.2% se comercializó fuera del Estado de Guerrero y 4.3% dentro de la entidad.

Además, en el mismo estudio sobre disponibilidad-consumo se determinó que la producción destinada al autoconsumo se distribuye mayoritariamente para consumo humano, en menor grado para consumo del ganado; y mínimas proporciones para semilla de siembra y pérdidas poscosecha.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se emita de manera urgente la declaración de desastre correspondiente para atender las necesidades provocadas por este fenómeno meteorológico.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, establezca un programa emergente que busque el éxito de las cosechas futuras, garantizando el adecuado acceso a los insumos necesarios de los productores y el abasto a las familias.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía establezca apoyos emergentes para los productores agrícolas y ganaderos, así como garantizar que la escasez del maíz, no sea utilizado para aumentar los precios de este alimento básico.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández.

1 Se considera periodo corto si es menor a seis meses. Un periodo largo es mayor a seis meses.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las instituciones del Estado y a los gobiernos federal, estatales y municipales a asumir dentro de la estructura de las decisiones ejecutivas, las diez recomendaciones que emitió el Informe Mundial ONU Mujeres 2015. Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE Y CONVOQUE PUNTUALMENTE A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES A ASUMIR DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LAS DECISIONES EJECUTIVAS, LAS DIEZ RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ EL INFORME MUNDIAL ONU MUJERES 2015, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En Londres, el 27 de abril de este año se presentó el informe de ONU Mujeres, en siete lugares distintos de todo el mundo. El documento recopila formulaciones de políticas económicas y de derechos humanos para exigir cambios de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el objetivo de transformar economías y conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean una realidad. El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos. Asimismo, a decir de su comunicado de prensa, refleja cómo la agenda económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino que también generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados. El informe se publica en un momento en el que la comunidad internacional se reúne para definir una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo sostenible, y aparece 20 años después de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, que estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la igualdad de género. Por otro lado, aduce que, en una era de riqueza mundial sin precedentes, millones de mujeres siguen confinadas en trabajos mal remunerados, de poca calidad, sin poder disfrutar siquiera de una asistencia sanitaria básica, ni de acceso a agua limpia o saneamiento decente. La carga del trabajo de cuidado no remunerado sigue recayendo en las mujeres, un trabajo que se ha visto intensificado como consecuencia de políticas de austeridad y recortes. Para construir economías más justas y sostenibles, que sean de utilidad para las mujeres -y los hombres-, hay que empezar a hacer las cosas de forma distinta.

2.- Mediante datos y análisis sólidos y exhaustivos, este informe basado en pruebas formula 10 recomendaciones clave con medidas que pueden adoptar los gobiernos y otras partes para avanzar hacia una economía que sea realmente efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos. El informe refleja la visión de una economía mundial aceptable para las mujeres, en la que tengan un acceso igualitario a los recursos productivos y la protección social, una economía que les garantice ingresos suficientes con los que lograr un nivel de vida adecuado. Esta economía respetaría y valoraría el trabajo que realizan las mujeres; eliminaría los estereotipos sobre lo que las mujeres y los hombres pueden y deben hacer; y garantizaría que las mujeres puedan trabajar y vivir sin sufrir violencia ni acoso sexual. Las mujeres siguen sin contar con suficiente representación en puestos de liderazgo económico, desde sindicatos hasta juntas corporativas, desde ministerios de finanzas hasta instituciones financieras internacionales. La afiliación de mujeres a los sindicatos está creciendo en algunos países, pero en raras ocasiones éstas llegan a ocupar puestos de alta dirección. En 2014, en seis de las instituciones económicas mundiales más influyentes, la representación de las mujeres en sus juntas osciló entre el 4 y el 20 por ciento.
3.- Una de las grandes aportaciones de este informe es que demuestra que las desigualdades se pueden evitar. Las políticas económicas y sociales pueden contribuir a crear economías más fuertes y sociedades más sostenibles y más igualitarias desde el punto de vista del género. Pero, para ello, deben estar diseñadas y construidas situando los derechos de las mujeres en el corazón de sus prioridades

Dentro de las conclusiones de este histórico informe se emitió un decálogo de prioridades para la intervención pública que es pertinente repetir:

1.- Crear más y mejores empleos para las mujeres.

2.- Reducir la segregación ocupacional y las brechas salariales de género.

3.- Fortalecer la seguridad de los ingresos de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital.

4.- Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

5.- Invertir en servicios sociales con perspectiva de género.

6.-Maximizar los recursos destinados a la igualdad sustantiva.

7.-Ayudar a las organizaciones de mujeres a exigir sus derechos y a influir en la agenda pública en todos los niveles.

8.-Crear un entorno mundial favorable a la realización de los derechos de las mujeres.

9.-Utilizar las normas de derechos humanos para diseñar las políticas y para catalizar el cambio.

10.-Obtener evidencia empírica que permita evaluar los avances en el ámbito de los derechos económicos y sociales de las mujeres.

4.- Asimismo hay que reconocer que el señalamiento de la desigualdad social como un factor motor de toda la dinámica de las desigualdades es la principal causa de los desequilibrios totales. El informe se articula a un proceso político mundial, la comunidad internacional está a punto de acordar un nuevo conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello asume que es momento de hacer un balance, para reconocer el estado del progreso, sino también a centrarse en donde tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, lograr la igualdad sustantiva y la realización de los derechos humanos para todas las mujeres y las niñas. Un señalamiento concluyente de este evento suscribe que la economía global no está funcionando para las mujeres por ello este informe ofrece una nueva agenda económica, una firmemente arraigada en el marco de los derechos humanos: el derecho de todas las mujeres a un buen trabajo, con la igualdad de remuneración y condiciones de trabajo seguras; el derecho a una pensión adecuada; el derecho a la asistencia sanitaria, y agua y saneamiento en la política económica.

5.- Es necesario recordar que a medida que nos acercamos a la fecha límite de los ODM, las Naciones Unidas han iniciado la consulta mundial más completa jamás realizada. El proceso post-2015 es una conversación verdaderamente global, en la que participan y están involucrados tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, la sociedad civil, la juventud, el sector privado, las comunidades locales, los parlamentarios, las personas viviendo en la pobreza y los grupos marginados.

Las consultas que se están llevando a cabo han podido identificar ya una serie de aspiraciones importantes para los ODS. En primer lugar, hay un claro mensaje que exige la plena incorporación de las tres vertientes del desarrollo sostenible: la social, la económica y la medioambiental. En segundo lugar, hay un fuerte llamado para trascender el PIB a la hora de medir adecuadamente el bienestar y el progreso humanos. Abordar las desigualdades y poner énfasis en una gobernanza eficaz son también algunas de las prioridades clave señaladas para los ODS. La Agenda Post-2015 de los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) representa una ampliación temática en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se están desarrollando. Mientras los ODM se enfocaban específicamente en la salud y el bienestar social, los ODS hacen énfasis en las preocupaciones ambientales y el crecimiento económico. La Agenda de los ODS está cambiando la forma de pensar de la comunidad internacional sobre el desarrollo y la cooperación, con discusiones que trascienden la reducción de la pobreza y prestan atención particular a las restricciones ambientales.

Aunque la principal preocupación de la Agenda para el Desarrollo Post-2015 es la extinción de la pobreza masiva y la erradicación del hambre, la agenda considera otros objetivos y metas para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. La agenda reconoce que las personas están en el centro del desarrollo sostenible y, por lo tanto, se compromete a la promoción de un sistema social inclusivo, el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, y el trabajo conjunto para el beneficio de todos.

6.- Es hora en este periodo de definiciones de este gobierno hacer los esfuerzos necesarios no solo de incluir las propuestas en el proceso del plan de desarrollo sino de reconocer que en México la desigualdad es una cultura, una cultura social, política y económica y que no se puede comenzar nada bien si no se reconoce lo que se ha hecho mal, lo que se sigue haciendo mal y que abona para continuar en esta escalada negativa. Por ello es necesario impulsar desde el poder legislativo los racionales llamados mundiales en favor de la construcción de equilibrios sociales. Ante ello, y

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA Y EMITE UNA CONVOCATORIA PARA QUE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES ASUMAN DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LAS DECISIONES EJECUTIVAS, LAS DIEZ RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ EL INFORME MUNDIAL ONU MUJERES 2015 EN FAVOR DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUILIBRIOS FUNDAMENTALES Y ORIENTADAS HACIA LA AGENDA POST-2015 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INTERVENIR EN EL PAQUETE DE DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES CONSULARES EN ESTADOS UNIDOS A FIN DE RESOLVER SU NEGATIVA SITUACIÓN LABORAL, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- En los medios de información apareció la siguiente nota “Paran labores empleados consulares de México en 12 ciudades en EU. No cuentan con prestaciones laborales de ley ni en México ni en Estados Unidos pues no forman parte del Servicio Exterior Mexicano; sus salarios no han tenido incremento en los últimos años, denunciaron a través de Twitter”. Trabajadores de los consulados mexicanos en Laredo, Boston, Nueva York, Little Rock, Portland, Fresno, Dallas, Seattle, Boise, San Bernardino, Los Angeles y Oxnard, así como del Instituto Cultural Mexicano de la Embajada de México en Estados Unidos, se sumaron a la “Primera acción pro-derechos laborales de los empleados consulares”, a la que estaban llamadas unas mil 600 personas.

Empleados consulares de Nueva York explicaron que los manifestantes no forman parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM) ni ocupan plaza en la estructura federal, sino que son contratados localmente por una embajada o consulado en el extranjero en apoyo a las labores del SEM. No cuentan con prestaciones laborales de ley ni en México ni en Estados Unidos, tienen contratos temporales y que se renuevan cada año, perciben un salario de entre mil 300 y tres mil 200 dólares mensuales, “mismos que se han mantenido sin cambios prácticamente en los últimos años” a pesar de que el costo de vida en ciudades como Nueva York ha crecido alrededor de 20% de 2009 a la fecha, de acuerdo con un comunicado de prensa.

“No percibimos ingresos por horas o días extras trabajados, aun cuando nuestros contratos así lo establecen”, denunciaron los empleados.

Los empleados consulares han manifestado específicamente que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconozca su estado de empleados y no los clasifique como prestadores de servicios independientes, como sucede ahora, un aumento de sueldo que por lo menos compense la inflación anual y extensión del otorgamiento del seguro médico a sus familiares directos y dependientes económicos.

Ya se han escuchado voces en las que se solicita al Senado de la República mayores recursos a la SRE con el fin de solucionar las demandas laborales de los empleados consulares.

El movimiento cuenta con una página en la red social Twitter identificada como @JuanSinMiedos13, donde publicaron un manifiesto en el que detallan los objetivos de la huelga, entre ellos el derecho a participar en actividades de tipo salarial.

“Hemos tenido titulares prepotentes, déspotas, corruptos, abusivos, intolerantes y que debimos aguantar y apechugar desde acoso sexual hasta acoso laboral pasando por una serie de situaciones indignas y sin que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya tenido o tenga interés alguno en solucionar estas situaciones y en escuchar nuestra denuncias”, detalla el escrito de Internet.

Otra nota del informativo web vivelohoy.com suscribe que según los coordinadores del movimiento, se eligió el 31 de agosto porque es el mismo día en que se inició la Semana De Derechos Laborales organizada por la SRE en coordinación con consulados, embajada, organizaciones laborales y sindicatos para promover los derechos de los trabajadores mexicanos en el exterior en un intento de prevenir que sus connacionales sean víctimas de abuso laboral, extorsión o robo por parte de empleadores, explicaron los empleados inconformes.

2.- En este esbozo del conflicto se pueden leer múltiples irregularidades sobre el grado de vulnerabilidad de los empleados consulares, no sólo el tema salarial sino del ambiente laboral. Es dado que el Senado de la República conmine a la Secretaría de Relaciones exteriores tome cartas en el asunto de todo el elenco de denuncias que atentan contra los trabajadores consulares en Estados Unidos. Eminentemente no toda la demanda es presupuestal sino de regulaciones y acuerdos específicos. Por ello es viable atender esta demanda que ya se ha extendido en la red consular mexicana.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INTERVENIR EN EL PAQUETE DE DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES CONSULARES EN ESTADOS UNIDOS A FIN DE RESOLVER SU NEGATIVA SITUACIÓN LABORAL.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Cambios a informar sobre el uso de las reservas internacionales para el periodo 2013-2015, incluyendo montos exactos, los nombres de los destinatarios -en el caso de inversiones- y razones por los cuales así se determina. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- De cualquiera de las formas que se quiera ver o analizar nuestras reservas internacionales representan el esfuerzo de los actores de la producción y servicios de origen mexicano. Esta sola razón es motivo suficiente y lógico para determinar que dicho esfuerzo sea usado en la retroalimentación financiera a favor del crecimiento económico nacional.

Sin embargo y en particular de la puesta en vigencia de la denominada “autonomía del Banco de México”, ocurre que -y falsamente en nombre de una política antiinflacionaria- dichos esfuerzos terminan financiando a intereses extranjeros cuyos resultados revierten a favor de la economía nacional.

2.- Hasta la década de los años ochenta, la propuesta de solución a la miseria y a la pobreza de las naciones menos desarrolladas fue buscar la adquisición de tecnologías que les permitiera industrializarse; para este objetivo la búsqueda de acumulación de divisas, del dólar en particular, fue motivo de múltiples políticas que lamentablemente fallaron desde el diseño de las mismas.

La mayoría de las naciones terminaron en las tradicionales trampas de endeudamiento; encarecimiento del crédito y disminución de los precios de las materias primas. No se diga de la corrupción y el mal uso de las finanzas públicas como es el caso del uso de las ganancias petroleras.

Poco después del final de la Guerra Fría vino el resurgimiento y práctica política y de política económica, que sostiene que la riqueza de las naciones ya no se encontraba en la industria sino en el comercio, en el libre comercio. Asunto que ha demostrado ser absolutamente falso.

México se enlistó a dicha estrategia, en primerísimo lugar, al grado que en el sexenio de Zedillo se convirtió, según sus propias palabras en la “novena potencia del mundo” (sic) por el crecimiento de las exportaciones maquiladoras, sin contabilizar las importaciones necesarias para ellas, que representaron hasta el 90 por ciento de cada dólar que ingresaba.

La firma del TLCAN, produjo un tránsito internacional de mercancías sin precedentes, en aquel período la suma del volumen comerciado no llegaba a 180 mil millones de dólares, hasta pasara casi a 900 mil millones de dólares a la actualidad, pero con la misma característica de dependencia sin expansión amplia del mercado interno.

3.- En este contexto, las reservas internacionales, que en 1994 se esfumaron de las arcas del banco central, llegaron para el año 2000 a 34 mil millones de dólares.

En el período de los años 2000-2010, las mismas alcanzaron la cifra extraordinaria de 100 mil millones de dólares. Y del 2011 a la fecha llegaron a la cifra de 188,300 millones de dólares aunque en cierto período reciente rebasaron los 195 mil millones.

4.- Pero el crecimiento del PIB por persona, en lo general ha sido paupérrimo, para el sexenio de Ernesto Zedillo fue de apenas 1.9; para el de Vicente Fox de 0.9; para el de Felipe Calderón 0.4. Si a ello se agrega la enorme desigualdad del ingreso y el aumento de la pobreza que se presenta en el sexenio actual entonces ¿para qué está sirviendo la gigantesca cantidad de reservas internacionales que se tiene? Sobre todo cuando el acceso al crédito productivo es altamente caro, cuando los bancos extranjeros controlan las tasas de interés más redituables para ellos en el mundo.

Tomando en cuenta estos antecedentes y las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Banco de México este cuenta con una reserva de activos internacionales

ARTÍCULO 18.- El Banco de México contará con una reserva de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.

2.- Y que el Banco de México publica en su sitio electrónico que las reservas internacionales “son activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago. Su característica principal es la liquidez, es decir, la capacidad de los activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de nuestro país.

En general, solo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como reserva internacional. En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México…

“Así las reservas internacionales fungen como un seguro para afrontar contingencias que podrían reflejarse en una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, generados principalmente por desequilibrios macroeconómicos y financieros, ya sean de origen interno o externo. Las crisis causadas por la contracción en la actividad económica o en el comercio internacional, quiebras bancarias, escasa liquidez en los mercados financieros, encarecimiento del crédito, entre otros son ejemplos de desequilibrios macroeconómicos y financieros”

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero. html#fuentesyusosdelasreservasinternacionales
3.- Asimismo que por otra parte se establece en el artículo 19 de la citada ley:

ARTÍCULO 19.- La reserva a que se refiere el artículo inmediato anterior se constituirá con:

I. Las divisas y el oro, propiedad del Banco Central, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna;

II. La diferencia entre la participación de México en el Fondo Monetario Internacional y el saldo del pasivo a cargo del Banco por el mencionado concepto, cuando dicho saldo sea inferior a la citada participación, y

III. Las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con propósitos de regulación cambiaria, de las personas señaladas en la fracción VI del artículo 3o.

...

4.- En este sentido el artículo 3º y las fracciones V y VI establecen que:

ARTÍCULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes:

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y

VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

5.- Y finalmente, dado que en los artículos 21 y 22 de la ley mencionada se establece que:

ARTÍCULO 21.- El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe….

Y que:

ARTÍCULO 22.- La Comisión estará facultada para:

III. Señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva a que se refiere el artículo 18.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISION DE CAMBIOS INTEGRADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ASÍ COMO POR EL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, DE MANERA EXHAUSTIVA, SOBRE EL USO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES PARA EL PERIODO 2013-2015, INCLUYENDO MONTOS EXACTOS, LOS NOMBRES DE LOS DESTINATARIOS -EN EL CASO DE INVERSIONES- Y RAZONES POR LOS CUALES ASÍ SE DETERMINA.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez denominado Tuzo-bus. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. FRANCISCO OLVERA RUIZ, A QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA QUE PERMITA EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE LA RUTA TRONCAL CENTRO-TELLEZ DENOMINADO TUZO-BUS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la sesión de fecha 21 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo suscribió un acuerdo, por el cual se emitía la declaratoria de Implementación del corredor Uno del Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros, Centro-Tellez, de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca, mejor conocido Tuzo-bus. El corredor uno se operaria utilizando el boulevard Felipe Ángeles, desde su inicio y hasta su enlace con la carretera México-Pachuca. Conjunto que en su trazo operacional, alcanzaba los 33 kilómetros.

El Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros fue planeado en primera instancia en una ruta troncal Centro-Téllez con 32 estaciones con paradas en la totalidad de las estaciones. Aunado a esto ofrece servicios tipo expreso en cuatro rutas, es decir, desplazamiento y paradas exclusivas en estaciones de alta demanda. A ésta ruta troncal se integran 19 rutas alimentadoras, que recorren colonias o fraccionamientos [*].

La prestación de Servicios Público de Transporte Masivo de Pasajeros en la Ruta Troncal (Tuzo-bus) sería abastecida por 43 autobuses con capacidad para ochenta pasajeros; en tanto que, las rutas alimentadoras se abastecerán por 43 autobuses con capacidad para cincuenta pasajeros, y 48 vehículos con capacidad para 50 pasajeros. Cabe destacar que el 5% del total de estas unidades serán reservadas para efectos de sustitución para las unidades operacionalmente fijas.

Las tarifas de este servicio se determinaron en ocho pesos el costo por acceder a este servicio, lo cual es mayor a la de los otros sistemas de trasporte como Metro-bus o Mexi-bus, con un costo adicional de dos pesos por trasbordo y el segundo transborde gratuito dentro de los primero cincuenta minutos, lo que genera un costo total de 10 pesos, sin contar el costo de la tarjeta el cual se determino en 17 pesos, lo que representa un gasto total de 27 pesos [*].

El 16 agosto del 2015 entro en operación el Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) Tuzo-bús sin embargo, desde la apertura de este sistema se han presentaron ciertas inconformidades por parte de las y los hidalguenses usuarios de este servicio, Han manifestado desde su inconformidad por el costo del servicio, el cual consideran que no contribuye a la economía de los ciudadanos, pues los mayores usuarios pertenecen a los deciles con ingresos más bajos de la población.

Ante ello decenas de hidalguenses se manifestaron para solicitar al Gobernador la reducción de la tarifa, a lo que el gobernador, Francisco Olvera Ruiz, declaro que estaba descartada aplicar esa medida pues el servicio es barato. “El costo no es alto si lo comparamos con el costo del servicio convencional" [*]. Sin embargo, la gran parte de la población ha declarado que el gasto en servicios de transporte con la implementación del Tuzobús aumento el doble o el triple que antes. Antes del Tuzobús, un viaje redondo en el sistema colectivo denominado urvan costaba 15 pesos. Ahora, el mismo camino costará a las y los hidalguenses 20 pesos y en otros casos tiene que tomar adicionalmente un taxi para llegar a su destino.
Considerando que el transporte masivo debe estimular la actividad económica, no solamente debe ser accesible, sino también rápido y el "Tuzo-bús" no cumple con estas características. Incluso, su servicio de mayor rapidez, a saber las 4 rutas exprés, tienen un tiempo promedio de traslado de 24 minutos aún y cuando los trayectos son más cortos que los de la troncal y hacen menos paradas. A lo anterior hay que agregar que las rutas alimentadoras les llevan a la troncal en un promedio de 21 minutos y deben esperar para ello un promedio de 13 minutos antes de siquiera subirse al transporte. Otra de las problemáticas suscitadas en este sistema es que los vehículos de rutas alimentadoras no contemplan espacios para las personas con discapacidad, lo que complica su ingreso.

Todo esto ha generado gran inconformidad por parte de las y los hidalguenses argumentado que este servicio no ha ayudado a su economía, al contrario la está encareciendo y que para ellos la implementación de este transporte no representa ningún benéfico para ellos o sus familias. Cabe destacar que el salario mínimo en el estado de hidalgo es de 66.45 pesos diarios, siendo la ciudad de Pachuca la octava capital más pobre del país, con el tercer ingreso más bajo en donde han sido implementados este tipo de sistema, su tarifa es las mas alta.

El estado de Hidalgo en 2013 contaba con una población total de 2 millones 795 mil 766 personas, donde el 47.27 por ciento de este universo se encuentra entre 0-24 años y 6.8 por ciento del total era adulto mayor. La Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo estimo que para este el ciclo escolar 2015-2016, contaría con un número de 356 mil 771 estudiantes de educación primaria; 169 mil 923 estudiantes en secundaria; 63 mil 269 estudiantes en preparatoria; y, 91 mil 814 estudiantes de nivel superior, siendo Pachuca la demarcación con mayor concentración poblacional.

Tan solo en estaciones de la ruta troncal como la denominada "Central de Autobuses" existen seis instituciones de educación a su alrededor y en la estación "Santa Julia" existen cuatro instituciones. Además, de que no todas las rutas alimentadoras transitan cerca de las escuelas generando de esta manera un incremento adicional para que los estudiantes lleguen a sus escuelas.

Por otra parte, el estado de Hidalgo es el octavo lugar en tener más personas con discapacidad (7.9 por ciento), por encima de la media nacional (6.6 por ciento). Los principales tipos de discapacidad que se presentan en Hidalgo son la motriz con el 38.7% y la visual con el 31.2%, y las demás tiene porcentajes menores a estas dos primeras en donde se registran auditiva (18.9%), mental (14.5%) y del lenguaje (6.4%). Por lo tanto es necesario, que estas personas cuenten con instalaciones adecuadas para su adecuado traslado y que siendo un grupo vulnerable de la población cuente con apoyo económico que le permita llegar a los centros de salud o de rehabilitación del estado.

Si bien el gobierno estatal ha manifestado una negativa rotunda a la reducción de tarifas de cobro a este servicio, es necesario que se implemente un programa que ayude a los sectores mayormente afectados tales como lo es la población estudiantil, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, Lic. Francisco Olvera Ruiz, a que implemente un programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio público de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal centro-tellez denominado tuzo-bus.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez.

[*] Acuerdo SE/V/06/2014.
[*]http://tuzobus.hidalgo.gob.mx/
[*]http://www.ultra.com.mx/noticias/hidalgo/Local/133506-descarta-olvera-reduccion-de-tarifas-de-tuzobus.html





 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes deportados. Se turna a la Comisión de Educación.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En años recientes, el fenómeno de la repatriación de mexicanos desde los Estados Unidos de América ha tenido numerosos efectos negativos en las familias que han sido objeto de ella. En el caso de las niñas, niños y jóvenes, esta situación los coloca en un estado de vulnerabilidad que los vuelve objeto de diversos abusos y dificulta el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo a cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación entre 2010 y 2014, fueron repatriados desde los Estados Unidos de América, 84 mil 414 menores de entre 0 y 17 años de edad.

Además, datos del INEGI estiman que en México viven cerca de 600 mil niños que nacieron en los Estados Unidos de América, los cuales se encuentran con la dificultad de poder continuar con sus estudios, en virtud de que no cuentan con la documentación que acredite sus estudios previos o no poseen un acta nacimiento apostillada.

Esto a pesar que el artículo 3º de Nuestra carta Magna consagra el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a acceder a la educación independientemente de su estatus migratorio:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Por otra parte, datos del libro Los otros Dreamers estiman que alrededor de medio millón de jóvenes de entre 18 y 35 años que nacieron en México han sido deportados desde el año 2005 luego de haber vivido 5 años o más en Norte América. Esta situación implica el reto de comenzar una nueva vida pues sus amigos, estudios y en general todos los aspectos de su vida los llevaron a cabo en Estados Unidos.

Algunos de estos jóvenes tratan de volver ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, lo que representa un grave riesgo para su integridad física y en casos extremos pueden perder la vida. Basta mencionar que de acuerdo a datos de dicho gobierno en el año 2014, se registró la muerte de 307 migrantes al intentar cruzar su frontera. Quienes no logran cruzar nuevamente, tienen problemas para insertarse en una sociedad que les es completamente ajena.
Los jóvenes deportados son objeto de una doble victimización: por una parte, fueron expulsados del sitio en el que crecieron y consideraban su hogar, y por la otra, en su país de origen lejos de encontrar las oportunidades que les permitan iniciar un nuevo proyecto de vida se enfrentan a distintos obstáculos, uno de ellos es la dificultad para obtener que la documentación que les acredite su identidad o la revalidación de estudios.

Sobre este último aspecto, es necesario mencionar que nuestro país no está aprovechando la formación y experiencia de estos jóvenes. Datos de la Fundación BBVA y el Consejo Nacional de Población señalan que el 43.3% de los mexicanos de entre 18 y 35 años que retornaron en 2012 cursaron estudios de preparatoria o incluso contaban con algún grado universitario.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos congratulamos con la implementación por parte de la Secretaría de Educación Pública de la Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación Básica de México, la cual tiene el propósito de informar a directores de planteles educativos y a los padres de familia sobre el derecho que todo menor tiene a una educación sin importar su situación migratoria y los documentos que lo acompañen, es decir, que bajo ninguna circunstancia la ausencia de documentación académica o identidad debe ser un impedimento para acceder a los servicios educativos en nuestro país, tal como lo establece el artículo 3º de nuestra Carta Magna.

No obstante, resulta impostergable que el gobierno federal y los gobiernos locales redoblen esfuerzos en la materia a través de la implementación de acciones que coadyuven a una integración plena a la sociedad mexicana de las niñas, niños y adolescentes migrantes, tales como: facilitar los trámites para matricularse en las instituciones de educación en todos los niveles, revalidar los estudios cursados fuera de México, la creación de mecanismos para fomentar su inserción en el mercado laboral, entre otras.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y jóvenes por lo que desde el ámbito de nuestras competencias continuaremos impulsando las acciones que coadyuven a un ejercicio pleno de sus derechos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la educación de las niñas, niños y jóvenes deportados.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar una campaña informativa, con el propósito de que las familias de los niños y jóvenes migrantes repatriados conozcan los alcances de la Campaña de Ingreso de Alumnos Migrantes en Escuelas de Educación Básica de México.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a proporcionar más recursos económicos y en especie al gobierno de Yucatán para combatir y erradicar al mosquito transmisor del dengue y del chikungunya. Se turna a la Comisión de Salud.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Se turnan a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Cultura el tercero de éstos.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO DE RECURSOS DESTINADOS PARA CULTURA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para iniciar el planteamiento de este punto de Acuerdo, partimos de 3 cuestionamientos:

• ¿Es suficiente el presupuesto asignado al Subsector de Cultura para atender sus objetivos?

• ¿Los mecanismos para la asignación del presupuesto a los proyectos y programas que se deben apoyar, son los adecuados?

• ¿Cómo podemos lograr que la cultura influya como lo ha hecho en otros países, en la prevención y combate a la delincuencia?

En el 2014, para el subsector de cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 18 mil 364.59 millones de pesos, de los cuales un monto de 4 mil 601.3 millones de pesos se asignaron al rubro de etiquetados para un Fondo Especial de Cultura, destinado a proyectos estatales, y un rubro de apoyos y donativos para programas culturales, festejos, ferias, festivales, cumbres y bibliotecas, entre otros.

En el presente año, se aprobaron 18 mil 583.47 millones de pesos, de los cuales nuevamente se asignaron recursos para los llamados “etiquetados” por un monto de 4 mil 348.72 millones de pesos, que serían destinados a estados y municipios, así como organizaciones sociales como donativos o a través del Ramo 23, cuando de proyectos de infraestructura se tratara.

Aunque podríamos considerar que de 2014 a 2015 existe un incremento de 218.88 millones, para la comunidad cultural no es así, ya que los recursos asignados a los llamados “etiquetados”, tienen muchas observaciones y comentarios negativos por la manera discrecional de cómo son asignados.

El 10 de julio del presente año, la diputada federal Zuleyma Huidobro, representante del partido movimiento ciudadano e integrante de la Comisión de Cultura, denunció en conferencia de prensa la discrecionalidad en los etiquetados y dio a conocer un informe del Conaculta, que decía que 20 proyectos culturales no reclamaron el recurso que los diputados les habían etiquetado para este año y 4 más renunciaron al apoyo. Por ello, los fondos que dejarán de ejercerse por estos motivos ascienden a 54 millones 631 mil pesos.

El 8 de junio de 2015, se publicó que más de 708 artistas, curadores, historiadores, promotores, escritores y empresarios solicitaron al Presidente de la República, restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar con proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre de año por falta de recursos económicos.
Asimismo, mencionan en su misiva que “La cultura, como uno de los derechos humanos garantizados por el Artículo 4 de la Constitución, es un factor decisivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida y de una convivencia armónica entre los habitantes del país; un garante de la libertad y el desarrollo democráticos y una herramienta fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”.

Si bien las instituciones han mantenido con recelo las cifras exactas de los recortes presupuestales, son evidentes las consecuencias de ellos en distintas disciplinas.

La referencias citadas nos demuestran una falta de control y transparencia en la asignación de recursos, ya que se autorizan proyectos a organizaciones que no son donatarias autorizadas; se etiquetan recursos a estados, municipios y organizaciones sin expedientes técnicos o simplemente a proyectos inexistentes en el momento de su aprobación, y al final esto termina en subejercicio de recursos que afecta al subsector por fallas de origen, al momento de aprobar el presupuesto.

En la preparación del presupuesto de 2016, ya se empieza a especular que habrá un recorte presupuestal al subsector de cultura; en cierta forma se dice que el“presupuesto base cero” será como un borrón y cuenta nueva.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el documento “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, donde se plantean lineamientos de las propuestas que, con el presupuesto definitivo, serán debatidas por la Cámara de Diputados.

En el caso de Cultura, hay una propuesta que contempla la fusión de cinco programas de subsidios de cultura que hoy dependen del Conaculta en uno solo que se llamará Programa de Apoyos a la Cultura. Esto implica concentrar allí los programas de Ciudades Patrimonio Mundial, Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), Instituciones Estatales de Cultura, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) y Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).

“La fusión se realiza -dice el texto- para crear un sólo Programa de Apoyos a la Cultura, ya que las cinco acciones conjuntas de los cinco Pp (programas presupuestarios) involucrados permitirán ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país”.

El presupuesto base cero, ha generado comentarios dentro de la comunidad cultural, hay quienes proponen que cada gremio presente un documento de sus mínimos, con los recursos que requiere para trabajar y que no deben recortarse. Así como que “El presupuesto base cero podría ser la oportunidad para tomar decisiones, pero la cuestión es ¿quién va a decidir qué sí y qué no? Por otra parte, está muy bien que haya recursos etiquetados, pero la pregunta es ¿por qué están decidiendo los diputados a quién dárselos y a quién no?”

Proponen que las instituciones expliquen qué se va a hacer y con qué criterios; que la repercusión sea en términos de burocracia y gastos administrativos, pero no en golpear más a los beneficiarios que son creadores, artistas, comunidades e infraestructura. “La comisión de cultura de la Cámara tendría que ser cuidadosa de la programación, generar una metodología y acercarse con distintos sectores de la comunidad cultural, ver de manera objetiva minuciosa qué tiene solidez, certeza, para el presupuesto 2016.”
Analizando todos los planteamientos, necesitamos garantizar que el presupuesto de cultura en 2016 no sufra recortes, al contrario, que se incremente50% con relación al 2015, ya que, los recursos asignados no son suficientes para que la cultura y el arte impacten sólidamente en temas como la prevención del delito y el combate a la delincuencia, en un momento de crisis como el que actualmente vive nuestro país, y que requiere atención especial en estos rubros. Asimismo, se tienen que implementar mecanismos de control para la asignación de recursos a estados, municipios y organizaciones, que permitan transparentar su aplicación, evitando que se hagan de manera discrecional, para poder cumplir con el objetivo primordial de que la cultura sea realmente un factor central para la reconstrucción del dañado tejido social del país, contribuir a la cohesión social, restituir la dignidad de las personas en zonas de conflicto y facilitar la expresión libre de las comunidades.

El fomento a la cultura, no debe considerarse una prebendapara los intelectuales y artistas, sino una urgencia para que la gente pueda recuperar los espacios públicos, darle vida a los barrios y empoderarse plena y humanamente.

Planteamos hacer una convocatoria masiva e incluyente, un Foro de Cultura que nos permita un diálogo directo con los gremios y organizaciones, así como, en especial, con representantes de las instituciones de prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de nuestra historia y de valores sociales.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores solicita un incremento de 50% al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en materia de cultura, con relación al de 2015, para dar un impulso sin precedente a la cultura como instrumento para la reconstrucción del tejido y la cohesión social.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores solicita queen la asignación del presupuesto se establezcan mecanismos de control y transparencia para evitar subejercicios en el subsector y que se garantice la aplicación transparente de los recursos a las instancias culturales de estados, municipios y organizaciones para los que fueron etiquetados.

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores solicita convocar un Foro de Cultura al que sean convocados la comunidad cultural, los representantes de la SEGOB, SEDESOL, IMJUVE, y otras dependencias involucradas en los temas de prevención y combate a la delincuencia, para hacer un acuerdo estratégico en favor de la cultura como una herramienta central para el cambio social.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO y Senador HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76, 95 y 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVIO A LA PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO A LA CÁMARA DIPUTADOS A FIN DE QUE EN LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido un tema que se ha abordado a lo largo de la historia, desde que México suscribió la Convención de los Derechos del NIÑO (CDN) en 1990, ratificado en cada ocasión que el Organismo de las Naciones de Unidas lo ha requerido.

Formar parte de dicho instrumento obligó al Estado mexicano a revisar la legislación doméstica, comenzando con importantes reformas al reconocer como sujetos de derechos a las niñas, niños y adolescentes, que por su calidad requieren un tratamiento especial en todas les esferas en donde se desenvuelven.

En el año 2000, se expidió la Ley para la Protección de las Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en conjunto con la reforma constitucional en su artículo 4° donde por primera vez se antepuso el interés superior de la niñez a cualquier legislación, acción u omisión.

A pesar de estos esfuerzos, fue necesaria una profunda reforma que viera más allá de lo que se planteaba en la Ley antes referida, y ante las constantes recomendaciones pronunciadas por organismos internacionales tuvo en consecuencia la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Desde ese entonces, la armonización de las legislaturas locales con la disposición general, ha sido paulatina, según el reporte de la Secretaría de Gobernación, 12 entidades federativas tienen leyes armonizadas (Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán).
Dieciséis estados cuentan con una iniciativa de ley por dictaminar al interior de sus congresos locales (Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Cuatro de ellos trabajan en un proyecto de iniciativa que se presentará en sus congresos (San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas).

Dicho avance es consistente con el esfuerzo que se ha estado realizando a fin de contar con un bloque de legislaciones que articule la implementación de la Ley General.

Sin embargo, la ley reglamentaria aún está pendiente de publicarse, violentando el Quinto Transitorio del Decreto que establece:

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”

Revisando la fecha en la que esta disposición reglamentaria debió ser publicada, tenemos que fue el pasado 2 de Junio de 2015 fue la fecha límite en la que debió haber sido publicada. Al día 31 de agosto han transcurrido 90 días de extemporaneidad, sumando en total 270 días de retraso.

El anteproyecto de esta disposición reglamentaria se encuentra en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dicho documento ha sido analizado y se han compartido diversos comentarios como los que fueron evidenciados en el Punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Laura Angélica Rojas, Juan Carlos Romero Hicks y María del Pilar Ortega Martínez en fecha 24 de Junio de 2015 dentro de la Comisión Permanente de esta legislatura, quienes pusieron de manifiesto su preocupación por contar con una ley reglamentaria que verdaderamente incluya el fin por el cual fue creada la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Éste anteproyecto, reunió comentarios y sugerencias derivadas de la consulta pública que realizó la Secretaría de Gobernación del 27 de abril al 25 de mayo en acompañamiento la institución de UNICEF.

Dicha disposición a pesar de contener, valiosas aportaciones, no cumple con la expectativa de contar con una Reglamento que realmente incluya las más grandes preocupaciones en torno a la operatividad de la Ley General, su importancia radica en que como su nombre lo indica, reglamentará las actuaciones de la coordinación institucional que tiene que ver con la implementación de la Ley.

Sin esta disposición, es imposible contar con la efectiva armonización de todo el Sistema de Protección Integral que se plantea desde la Ley General, puesto que los límites al actuar de cada una de las dependencias deben quedar totalmente claros.

Dicho anteproyecto, no incluye regulaciones especificas al respecto, por el contrario, en diversos artículos, rebasó su competencia de ley reglamentaria, por lo que el exhorto que se realizó el pasado 24 de Junio antes mencionado, alerta acerca de diversas acciones de inconstitucionalidad en caso de dejarlo en esas condiciones.

Ahora bien, la preocupación por contar con una Ley Reglamentaria para atender este tema, es de suma importancia para la integración del presupuesto que viene para el ejercicio 2016, desde el ejercicio pasado, se solicitó a la Cámara de Diputados contar con un presupuesto adecuado para implementar lo que sería todo el Sistema de Protección Integral.
En el entendido que no fue contemplado para éste año, se espera que con la práctica del Presupuesto Base 0, se tenga en consideración que este tema debe ser abordado desde todos los frentes, asignándole el presupuesto suficiente para que con las instituciones que ya contamos, se ponga en marcha lo que contempla la Ley General y acatar lo que el Reglamento disponga.

No obstante, la asignación del Presupuesto depende de que tan completa esté su armadura legislativa, no es factible continuar solicitando un presupuesto para la implementación de un programa o sistema que no cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para ponerse en marcha.

La urgencia de contar con un reglamento, es evidente, más allá de que el plazo para publicarlo ya feneció, para solicitar el presupuesto es necesario que se presente todo el paquete completo, y aun así dejando de lado el tema presupuestario; dicho Sistema de Protección Integral debe ponerse en marcha a fin de evaluar el éxito de su implementación y ver mejoras a corto plazo en la condición de los menores de edad.

Una de las grandes virtudes que contempla la mencionada Ley General, es el registro que se hará a nivel nacional de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran habitando los Centros de Asistencia Social, cuyas condiciones son desconocidas en su mayoría, y su situación jurídica respecto a la patria potestad no en todos los casos se encuentra resuelta.

Esta situación lleva a que no puedan ser adoptados por otras familias que sean las idóneas para recibirlos. La desinstitucionalización de los menores de edad es una situación que debe atenderse a la brevedad, disminuir su incidencia es tarea que debe verse reflejada en la integración de nuevas familias.

Es por ello que promulgar el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es urgente, sólo basta recordar que por cada día que se deje transcurrir un menor de edad pierde la oportunidad de reunirse con su familia o bien de integrase a una nueva.

Hay que aprovechar las bondades que esta Ley General implementó para todos los casos que ella previó, desde las niñas y niños migrantes hasta la posibilidad de la adopción. La coordinación entre dependencias es un factor clave para que pueda desarrollarse, en este caso el papel de la Secretaría de Gobernación para nombrar a la Secretaría Ejecutiva que se encargue de coordinar este sistema, es trascendente, puesto que tendrá dentro de sus facultades se encuentran la vigilancia y la supervisión de quienes interceden en todos estos procesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a fin de que publique el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a que se integre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto de Egresos 2016, asigne una partida especial para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Sen. Mariana Gómez del Campo.- Sen. Héctor Larios Córdova.





 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo distintas acciones en relación al presunto robo de fertilizantes en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Justicia.

La suscrita, Senadora LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, por la que se EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO DISTINTAS ACCIONES ANTE ESTA SOBERANÍA EN RELACIÓN AL PRESUNTO ROBO DE FERTILIZANTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro país pasa un momento muy difícil en materia de política social; el último reporte sobre pobreza elaborado por el CONEVAL señala que en los últimos dos años más de 2 millones de personas han caído en situación de pobreza; en las zonas rurales la misma aumentó de 16 a 17 millones de personas, situación que se considera más agravada sin consideramos que el 40.5 por ciento de las personas en pobreza moderada y 20.6 por ciento de las que viven en pobreza extrema viven en estas zonas.

Por otra parte, nuestra población indígena en dos años pasó de 8.2 a 8.7 millones con carencias; 4 de cada 10 se encuentran en pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Es decir, hablamos de un escenario en el que nuestra población indígena que en su mayoría vive en zonas rurales se encuentra severamente afectada en cuanto a sus condiciones económicas y sociales que requieren la atención inmediata por parte del Estado.

Es un hecho que las actividades económicas que son desarrolladas por este sector de la población, en su mayoría son las actividades del campo, tales como la agricultura, misma que deben fomentarse y estimularse como potencial productivo para el desarrollo local de los individuos.

Así las cosas, traigo ante esta máxima tribuna de las y los mexicanos un caso por demás indignante ocurrido en el Estado de Tlaxcala.

En el mes de febrero de 2014 presuntamente fueron robadas 11 mil millones de toneladas de fertilizante, equivalentes a 22.6 millones de pesos, mismas que se encontraban bajo custodia de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA) y que serían destinadas para apoyar a campesinos de escasos recursos.

Para transportar tal cantidad de dicho insumo son necesarios393tráilers, por lo que es muy difícil que esta mercancía circulara desapercibida para la autoridad en sus caminos y carreteras; de la misma manera que su almacenamiento no sería ajeno a un protocolo mínimo de seguridad, sobre todo si consideramos que se trata de un bien público destinado a un programa de carácter social.

Lo anterior dio pie a un contexto que se ha prestado a una serie de conjeturas sobre el destino que tuvo tal cantidad del fertilizante, suposiciones que han señalado desde un presunto fraude con fines de comercialización, hasta dichos de que fue repartido por operadores electorales coludidos con el Gobierno del Estado en las pasadas elecciones.
En su momento, las autoridades detuvieron a dos funcionarios de la SEFOA, mismos que el pasado mes de junio fueron exonerados por no encontrárseles medios probatorios suficientes. A la fecha no tenemos una respuesta clara y contundente en relación a la indagatoria que han hecho las autoridades sobre el caso, sino todo lo contrario: el Gobierno permanece bajo un velo de misterio, opacidad y omisión que ha propiciado que entre la opinión de distintos sectores del Estado este caso haya sido calificado como el “robo del sexenio”.

Es irrisorio considerar que ni la autoridad local ni nadie sepa donde quedó tal cantidad del fertilizante, como si se tratara de una mínima cuantía, y lo peor del caso es que los campesinos se sienten socavados y decepcionados con la resolución que pretende dar el Gobierno local para concluir el asunto.

Además de evidenciar la ineficacia de un Gobierno carente de sensibilidad por lo escandaloso del caso, estamos ante un problema que pone en duda el modelo de operación de este tipo de programas sociales si consideramos que por el monto desaparecido bien hubieran podido repartirse a más de mil campesinos el equivalente a 20 mil pesos cada uno, con lo que, sin duda, hubieran podido comprar entre 4 y 5 toneladas de fertilizante a precios de mercado.

Este presunto robo deja al descubierto, también, que la fiscalización y el control gubernamental necesarios para operar un programa social no están funcionando en el Estado, la profesionalización no es la idónea y, por lo tanto, debe evaluarse si realmente están funcionando o debe replantearse su modelo operativo.

En tanto tenemos estos cuestionamientos al Gobierno del Estado, es necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, investiguen a fondo y se evalúe el modelo de rendición de cuentas de dicho programa social, toda vez que las instancias locales han declaradas agotadas las vías a su alcance.

Sin duda que nadie niega los beneficios de este programa, sin embargo, con este tipo de acciones y la omisión del Gobierno local para dar respuesta a este caso, es nulo el cumplimiento de objetivos trazados para alcanzar su meta final.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República para que, en uso de sus facultades y atribuciones, investigue el presunto robo de 11 mil toneladas de fertilizante que resultaron en perjuicio del patrimonio de cientos de agricultores de escasos recursos en el Estado de Tlaxcala y actúe en contra de quien o quienes resulten responsables.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo una exhaustiva auditoría a los Programas que opera la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala, con el fin de esclarecer el destino de las 11 mil toneladas de fertilizante que, presuntamente, fueron robadas en febrero del año 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de Septiembre del 2015.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a retomar las aportaciones del “Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, elaborada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Se turna a la Comisión de Justicia.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir los criterios técnicos que sirvieron como argumentos para generar los cambios contenidos de los libros de texto gratuitos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un análisis sobre los contenidos del paquete de libros 2015-2016 respecto a los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Educación.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR, A TRAVÉS DE SUS INSTANCIAS RESPONSABLES, LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE SIRVIERON COMO ARGUMENTOS PARA GENERAR LOS CAMBIOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS TANTO DEL PERÍODO 2015- 2016 COMO EL PERIODO 2016-2017 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE QUE HABRÁ “NUEVO MODELO EDUCATIVO” Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE DE LIBROS 2015- 2016 RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El tema de educación es uno de los conceptos que, a decir de los discursos, planes y plataformas de argumentación del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, genera mayor interés. Es el tema que ha generado una gran cantidad de expectativas, una enorme actividad ejecutiva, conflictos sociales, movilidad estructural e interés social. Aunado a esto la educación está sufriendo modificaciones importantes generadas por el impacto ineludible de las tecnologías de la información por un lado y por el avance mundial en la lucha a favor de los derechos humanos.

Todo ello como procesos simultáneos requiere una atención especial por parte de los responsables y a quienes se ha delegado el diseño de los procesos educativos, apuntando en especial manera al instrumento en donde se fijan criterios educativos: los libros de texto gratuitos.

2.- Derechos Humanos, Igualdad entre los géneros, violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas, discriminación, mujeres libres de violencia, alimentación, educación sexual, discapacidades son algunos de los temas que han adquirido enorme importancia en el presente de nuestro país porque son puntales críticos que los educandos padecen. El Senado de la República ha desarrollado acciones legislativas en favor de la activación o atención de estos temas y en espacial de los libros de texto gratuitos porque reconoce la trascendencia de su influencia en la formación de millones de alumnos.

3.- El Senado de la República está enterado, que el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Joaquín Díez-Canedo Flores, avisó que “con la aplicación de un nuevo modelo educativo, el cual se prevé dar a conocer en agosto próximo, los libros de texto gratuito podrían tener algún ajuste y que de acuerdo con el calendario fijado por la Subsecretaría de Educación Básica, los materiales que se modificarían inicialmente son los títulos de primero y segundo de primaria, así como para los estudiantes del primer grado de secundaria y telesecundaria. Afirmó que para el ciclo 2016-2017 se deberán tener los primeros materiales que contengan las modificaciones del nuevo modelo educativo. Explicó en una entrevista que: “He conversado con el subsecretario del ramo, (Alberto Curi Naime) y se modificarán primero los libros de primero y segundo de primaria, primero de secundaria y de telesecundaria. En principio así es como están planteadas las cosas, y en los años siguientes serán los grados subsecuentes. En teoría, para el ciclo escolar 2016-2017 tendrían que salir los primeros libros que correspondan a las innovaciones que contenga el nuevo modelo.

4.- El Senado de la República está consciente que en la diversidad de métodos de enseñanza, de criterios psicopedagógicos, epistemológicos y cognitivos en la educación hay un gran debate mundial en favor y en contra de ciertos paradigmas educativos que responden a un natural proceso histórico de búsqueda de la verdad. Cada país el dominio político en turno impone un criterio educativo que siempre tendrá su razonable adversidad y su razonable deliberación interna. La educación que imparte el Estado suscita un gran debate, por ello su estructura argumental, el discurso que sustenta la toma de decisiones debe ser manifiestamente desarrollado y público en favor de los órganos legislativos y su conocida responsabilidad. Además esta exposición tendría que estar a la mano de los órganos vigilantes de procesos institucionales como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El derecho a la información y a la educación que se articula a otros derechos humanos tiene que estar en continua observación.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EMITIR, A TRAVÉS DE SUS INSTANCIAS RESPONSABLES, LOS CRITERIOS DE TÉCNICOS QUE SIRVIERON COMO ARGUMENTOS PARA GENERAR LOS CAMBIOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS TANTO DEL PERIODO 2015- 2016 COMO EL PERIODO 2016-2017 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE QUE HABRÁ “NUEVO MODELO EDUCATIVO”.

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR UN ANÁLISIS SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE DE LIBROS 2015- 2016 RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos en los 31 estados y el Distrito Federal a fin de que instrumenten o, en su caso, refuercen las estrategias, planes y acciones encaminadas a prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales durante los festejos del 205 aniversario del inicio del movimiento de independencia en México. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los próximos días vamos a conmemorar el ducentésimo quinto aniversario del inicio de la independencia de México. Como una forma de festejo, es común que durante el 15 y la madrugada del 16 de septiembre, la población celebre este día con la quema de fuegos artificiales, productos hechos a base de pólvora que pueden causar accidentes que van desde quemaduras leves, hasta la pérdida o daño permanente de extremidades del cuerpo humano, o peor aún, en decesos.

A pesar de que anualmente se impulsan e implementan múltiples programas de atención y prevención, es una realidad que este tipo de actividades continúan formando parte de estas fiestas. La Procuraduría Federal del Consumidor, señala que de acuerdo a un sondeo que realizó en línea, al 8 de septiembre 27% de las personas afirman comprar cohetes para celebrar el 15 de septiembre.

La Cruz Roja ha dado a conocer que durante las fiestas patrias se presenta un incremento del 18% en las quemaduras a niños que son atendidos por personal médico adscrito a este organismo. Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la propia institución ha manifestado que en la celebración correspondiente al año pasado, se presentaron 250 llamadas de auxilio por noche a causa de accidentes relacionados con fuegos artificiales.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal ha informado que antes, durante y después de los festejos patrios, las atenciones médicas aumentan hasta en 40%, casos en los que prevalecen las quemaduras producidas por la quema de cohetes, cohetones y explosivos caseros.

Los festejos patrios, representan el espacio idóneo para la convivencia armónica y el fortalecimiento de la identidad nacional, no deben ser motivo para el dolor, sufrimiento e incertidumbre inherentes a los accidentes ocasionados por fuegos artificiales. Si bien es cierto, la mayoría de los casos de esta naturaleza se dan entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre, también lo es que hay casos de este tipo, prácticamente durante todo el mes patrio.

Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que los fuegos artificiales, no sólo ponen en peligro a quien los manipula, sino que también coloca en una situación de riesgo a las personas que se encuentran a su alrededor. La propia institución refiere que aunque las quemaduras menores o leves no representan riesgos, las grandes o profundas -segundo o tercer grado-,pueden provocar problemas emocionales y físicos, infecciones, desfiguraciones, cicatrices permanentes e inmovilidad en una o varias partes del cuerpo.

A través del presente punto de acuerdo, además de prevenir afectaciones a la salud de la población, especialmente de las niñas y niños, buscamos generar conciencia sobre los riesgos que emanan de la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento, exhibición y quema de fuegos artificiales. Sin duda, la mejor herramienta con que contamos es la prevención.

Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil, y a sus homólogos en los 31 estados y el Distrito Federal, a fin de que instrumenten, o en su caso, refuercen las estrategias, planes y acciones encaminadas a prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales durante los festejos con motivo del 205 aniversario del inicio del movimiento de independencia en México.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente





 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a desistirse del recurso de revisión promovido en contra de la determinación judicial que autoriza la importación, portación y suministro de Cannabidiol para la menor Graciela Elizalde Benavides. Se turna a la Comisión de Salud.







 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas entidades estatales a emitir información sobre el herbicida de acción total llamado “Glifosato”. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A DIVERSAS ENTIDADES ESTATALES A EMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- El Glifosato. Si alguien está interesado en revisar la versión estenográfica de esta institución para ubicar la presencia del término glifosato, se encontrará que el buscador de esta institución, arroja una sola ocasión en la versión estenográfica de la sesión del 15 de noviembre de 2007. En voz de la ex senadora María Rosario Ybarra de la Garza, la referencia apunta a que “Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han manifestado que el Plan Colombia que se aplica en dicho país desde el año 2000 busca erradicar el problema del narcotráfico, eliminando los cultivos de la hoja de coca, marihuana y amapola con pesticidas como el glifosato.

Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país?

Uno los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se encuentre libre de maleza y, para ello, la forma más rápida, accesible y económica es el uso de herbicidas. En la actualidad, el más utilizado a nivel mundial es el glifosato, cuyos efectos en animales (incluidos los seres humanos) todavía se desconocen.

Con el fin de generar un nuevo precedente sobre las consecuencias de esta sustancia en insectos, Patricia Ramos, encargada del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, hizo una investigación que analiza los impactos en moscas, como parte del seminario Manuel Sandoval Vallarta.

En su presentación aduce “Glifosato: guardián de transgénicos contra amenaza para animales”, Ramos explicó que el herbicida puede resultar genotóxico para la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) al estar expuesta a esta sustancia en periodos prolongados y a concentraciones bajas.

Por más de 30 años Patricia Ramos ha estudiado a la mosca del vinagre. Es su ‘víctima’ preferida debido a su alto nivel de progenie que se manifiesta en poco tiempo: una hembra fértil es capaz de producir 500 hijos en tan sólo 10 días. Además, comparte con el ser humano 60% de sus genes, lo que hace al insecto una vía útil para entender los mecanismos genéticos que podrían afectar a los humanos. Con el fin de medir los efectos del glifosato, Ramos utilizó larvas de moscas que fueron alimentadas con una solución del herbicida al 2% y menores. Los machos sobrevivientes se aparearon con hembras sanas y esa misma operación se repitió durante las siguientes tres generaciones.

Como resultado, Ramos observó un mayor índice de mutaciones genéticas en las alas de las moscas expuestas, derivadas de la pérdida de heterocigosis en el desarrollo. También la capacidad para producir progenie fue afectada: mientras algunos individuos fueron menos prolíficos, otros produjeron más hijos, aún a altas concentraciones.

"Esto sugiere que en el ambiente los organismos resistentes son cada vez más abundantes. Este es el principio de la resistencia a insecticidas, que se presenta tanto en plantas como animales", explicó Ramos a Noticias IFUNAM.
El glifosato, conocido en México como Aquamaster, es producido por la transnacional Monsanto, que tiene presencia en más de 130 países. Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que crecen y no corresponden a lo que se sembró en un principio: la llamada maleza. Esto lo logra gracias a que la sustancia inhibe la enzima Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) por la vía del ácido siquímico (llamado así porque se encontró por primera vez en la flor del shikimi japonés), la cual es indispensable para la síntesis de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptófano) y sin cuya actividad las plantas se marchitan y mueren.

De acuerdo con Ramos, sus resultados sobre los daños en moscas a causa del herbicida podrían implicar posibles riesgos tóxicos para el ser humano. Sin embargo, Monsanto argumenta que el glifosato no provoca ningún daño en personas o animales debido a que estos no tienen la enzima EPSP y, en consecuencia, no habría ninguna inhibición de sustancias vitales.

Aunque el asunto es tema de debate, la investigadora asegura que a pesar de la ausencia de esta enzima, las posibilidades de riesgo existen. Incluso, menciona, hay estudios recientes encabezados por Gilles-Éric Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que "demuestran una conexión entre los transgénicos con altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con ese tipo de maíz", finalizó la académica.

En otra referencia web de Internet nos encontramos con una valiosa aportación mediante el estudio sobre el glifosato hacen que las Doctoras Norma Julieta Salazar López y María Lourdes Aldana Madrid del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora.

http://www.biotecnia.uson.mx/revistas/articulos/16-BIO-11-DPA-04.pdf

Ahí encontramos un amplio estudio sobre los diversos impactos tóxicos del glifosato y en donde se concluye que “los herbicidas con glifosato como ingrediente activo, son potencialmente causantes de daños toxicológicos y ambientales. En los sistemas acuáticos pueden provocar retardo en el crecimiento de organismos como algas y peces, cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos. En el organismo humano puede causar toxicidad en células placentarias y del hígado, actuar como un disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y neurológicas, así como fragmentación del material genético. Es importante considerar que los excipientes (o vehículos) empleados en la manufactura de las diversas presentaciones comerciales, incrementa el efecto tóxico del herbicida en cuestión. Por lo que se recomienda emplearlo con estricto apego a las indicaciones del fabricante y con las precauciones que las buenas prácticas agrícolas marcan. Así como promover estudios por parte de organizaciones independientes y gubernamentales para obtener resultados concluyentes sobre las implicaciones en la salud humana y el ambiente, con el fin de establecer mejores condiciones de regulación en cuanto a su uso. Las recomendaciones que expresa el estudio son que “Debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos aromáticos (triptófano, fenilalanina y tirosina) en plantas y que reduce también la biosíntesis de tetrahidrofolato, ubiquinona y vitamina K, se sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos compuestos.

2.- Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud catalogó al Glifosato como tóxico y cancerígeno. Esta sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de treinta años, y recientes estudios revelan que la gran corporación conocía de los posibles efectos. Greenpeace ha iniciado una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida. Según sus cifras, en América Latina el uso del glifosato es alarmante. En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese año, en Argentina se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas, el glifosato uno de los más consumidos.

“Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover modelos de agricultura ecológica que garanticen una producción de alimentos sana para la tierra, para quienes los producen y para consumidores”, señaló Sandra Laso, campañista de Comida Sana de Greenpeace México. La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas.

En la página de Internet de Greenpace:

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2015/Marzo/Herbicida-de-Monsanto-podria-causar-cancer-OMS/, se dice que “El uso del herbicida glifosato, uno de los agroquímicos más usados a nivel mundial en el cultivo de transgénicos, puede causar cáncer en los humanos, de acuerdo con estudios realizados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Con los resultados de esta investigación, se obtiene una evidencia más de los impactos negativos del uso de agroquímicos y cultivos transgénicos que hacen imperativo la prohibición de su uso. De acorde con los parámetros de la OMS, el glifosato fue categorizado dentro del grupo 2A, la segunda categoría en peligrosidad de las cinco que clasifica el organismo, solo detrás del asbesto y la radiación ionizante, utilizada en los Rayos X y la generación de energía nuclear, que se encuentran en el grupo 1A.El estudio dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud revela que el glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. El glifosato es el herbicida mayormente utilizado a nivel mundial en más de 750 productos para la agricultura, forestales y urbanos. Fue creado por la trasnacional Monsanto bajo la marca Roundup y su uso ha incrementado significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos. El agroquímico ha sido detectado en el aire durante la pulverización de los cultivos en los que fue utilizado, en el agua y en los alimentos. En consecuencia, las personas que trabajan o viven en zonas aledañas a los campos donde se utiliza esta sustancia están en constante exposición a los efectos del herbicida, mismo que ha sido detectado en sangre y orina de trabajadores agrícolas.

Un conocido articulista, Iván Restrepo en el enlace web,

en http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/opinion/020a2pol aduce que “Mientras, y con la complacencia oficial, en Colombia, México, Argentina y otros países seguirá reinando esa peligrosa sustancia. Dos nuevas muestras de que el glifosato debe prohibirse totalmente las ofrecen Argentina y Colombia. Investigadores de las Universidades de La Plata y Córdoba comprobaron que en Monte Maíz, una región de esta última provincia donde se aplica en los cultivos de soja, la incidencia de cáncer entre los vecinos es tres veces mayor que en el resto de la provincia y en Argentina en general. Monte Maíz Es un poblado de 9 mil Habitantes donde reina el agroquímico mencionado. Cada año se aplican en los campos de soja unos 600 mil litros de esa peligrosa fórmula que además se almacena en lugares que no cumplen con las normas mínimas de seguridad cuando se trata de sustancias toxicas y peligrosas. Actuando en consecuencia, el gobierno colombiano prohibió el uso del glifosato.
Por último: El 3 de mayo del 2015 se anunció en los medios de comunicación que “más de 30.000 médicos y expertos en salud en toda América Latina están exigiendo que los productos de Monsanto sean prohibidos. Uno de los principales argumentos de estos médicos contra Monsanto es la reciente confirmación (Por parte de la Organización Mundial de la Salud) que su principal herbicida Round Up (glifosato) es causante de cáncer. En Argentina, el glifosato se aplica en más de 28 millones de hectáreas. Cada año, el suelo se rocía con más de 320 millones de litros de glifosato, lo cual significa que 13 millones de personas están siendo afectadas directamente.

Las cifras responden a un estudio de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados, El problema es aún mayor teniendo en cuenta que el resto de Argentina y la totalidad de sus habitantes, consumen productos transgénicos y/o contaminados por Monsanto y sus agrotóxicos cancerígenos. “La Federación Sindical de Profesionales de la Salud FESPROSA, compuesta por más de 30.000 profesionales de la salud médica, pidió mediante un comunicado la prohibición del uso de glifosato en Argentina”: Los médicos creen que el principio de precaución debe aplicarse, y que es necesario dejar de acumular estudios y tomar decisiones antes que sea demasiado tarde.

3.- En esta institución se han dado las experiencias de tratar legislativamente con sustancias de dudosa toxicidad. Es necesario que en esta ocasión el Senado de la República manifieste su preocupación sobre la sustancia glifosato y las legítimas dudas sobre la continuidad de su uso y las pruebas que hasta ahora se presentan por organismos mundiales. Es dable también apelar a que en apego al derecho a la información y el derecho a la salud, la opinión pública pueda estar entrada que el uso glifosato tiene serias dudas respecto a sus efectos por parte de especialistas. Por ello esta propuesta pretende que el tema se presente en el Senado, se debata y se encarguen investigaciones pertinentes a su uso, a su regulación y a sus efectos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

UNO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A GENERAR MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA QUE, EN RESPETO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD, SE REALICEN INFORMACIONES E INVESTIGACIONES GUBERNAMENTALES QUE ARROJEN DIAGNÓSTICOS Y PERTINENTES SOBRE LA PRESUNTA Y ANUNCIADA TOXICIDAD DEL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO QUE SE HA USADO Y SE USA EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASÍ COMO A EMITIR UNA POSTURA AL RESPECTO.

DOS.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A GENERAR UN INFORME DEL USO HISTÓRICO Y ACTUAL DEL USO DEL GLIFOSATO EN LOS CULTIVOS MEXICANOS, ASI COMO LA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITE LEGALMENTE SU USO.

TRES.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS USOS, LAS INVESTIGACIONES DE SUSTENTO Y DE TOXICIDAD, LA REGLAMENTACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL HERBICIDA DE ACCIÓN TOTAL LLAMADO GLIFOSATO.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2015.

Atentamente.





 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a analizar las formas de contribuir con los esfuerzos internacionales para atender en lo posible la crisis humanitaria en la República árabe de Siria. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.







 

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar de los resultados para reducir y erradicar la brecha salarial de género en México. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El suscrito, Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La desigualdad permea por todos lados. En México prácticamente está instalada. Hace unas semanas, OXFAM, una Organización de Sociedad Civil (OSC) que se dedica a promover el desarrollo social como ampliación de libertades y afirmación de derechos y responsabilidades [*], dio a conocer un estudio donde evidencia la grave desigualdad económica en México. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),informó que no se ha avanzado lo suficiente para combatir la pobreza y la miseria que sufren millones de mexicanas y mexicanos. Llevamos estancados más de treinta años en esta lucha.

En el terreno económico, seguimos en una situación poco favorable. En la primera década del siglo XXI se dio el menor crecimiento económico de los últimos sesenta años, aun considerando los años 80's, que se consideran una década perdida. [*] A pesar del escaso crecimiento, el ingreso y la riqueza nacionales han crecido, pero se han concentrado en unos cuantos. La riqueza se individualiza en pocos y la pobreza se generaliza. Quienes pierden, como siempre, son los más vulnerables, porque son más que ayer y porque lo son con mayor intensidad.

No se puede decir que el gobierno no ha intentado tomar acciones para combatir la pobreza, de hecho en el discurso, han sido sus insignias. Sin embargo, los resultados sugieren que debemos repensar la planeación, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas implementadas para que incidan efectivamente sobre el ingreso equitativo, el gasto redistributivo, la mayor transparencia y el serio combate a la corrupción, todo con un sentido de beneficio social. Además, debemos revisar a quien le estamos encargando el crecimiento económico del país, porque no estamos creciendo lo suficiente; si comparamos población y crecimiento económico, prácticamente no estamos creciendo.

Una parte fundamental para generar políticas de equidad es la que refiere al salario. En México persisten pendientes al respecto:

• En primer lugar, atender en lo inmediato las propuestas para desvincular el salario mínimo como unidad de medida del gobierno y darle el sentido que el constituyente del 1917 diseñó. Que el salario mínimo realmente sea el piso vital que satisfaga las necesidades básicas de las trabajadoras y los trabajadores.

• En segundo lugar, está la atención al problema de la precariedad laboral. La Reforma Laboral acentuó esta situación disminuyendo los empleos de calidad con remuneración y subsecuentemente afectó el trabajo prestado no remunerado, el trabajo doméstico que acentúa la desigualdad social, así como el trabajo informal y la desigualdad salarial.

• La informalidad se transformó a partir de la Reforma Laboral. A pesar de que se redujeron los indicadores de formalidad, no se crearon empleos de calidad. Ya no sólo son empleos informales en unidades económicas de baja productividad con sus limitantes, sino que ahora también las unidades económicas de gran tamaño, evaden su responsabilidad de contribución social aprovechando las debilidades del sistema legal y la falta de adecuada fiscalización. [*] La informalidad laboral también se conecta directamente con la pobreza gracias a las carencias de sistemas sociales de protección que vuelven a la población más vulnerable. Además, en México tener un trabajo no es garantía para evitar la pobreza; a pesar de que la tasa de desempleo ronda el 4%, casi de la mitad de la población es pobre.

Otro tema preocupante es la desigualdad o brecha salarial, a pesar de que nuestra actual legislación en materia de derechos humanos-vigente desde 2011- busca alcanzar la igualdad en todos los ámbitos, ésta es constantemente violada. En el caso, se presenta en la diferencia de salarios entre trabajadores formales e informales, entre nacionales y migrantes, y entre género.
En el último informe de la Brecha de Género Global 2014 del World Economic Forum, [*] se indica que a pesar de quela brecha de género se cerró entre 2006 y 2014, tendrían que pasar 81 años, para ver reducida por completo la brecha de género global. En este mismo reporte México, dentro de 142 países, se coloca en el lugar 80y la caída en sus posiciones se debe al “resultado de la reducción de la representación de mujeres en la política” aunque está contrarrestada “con las mejoras en las brechas de participación en la fuerza laboral e ingresos.”

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reducir la desigualdad implica trabajar con seriedad en la política que se aplique a los salarios. Para ello propone combinar medidas de política que contemplen el salario mínimo, la potenciación de la negociación colectiva, intervenciones para eliminar las disparidades salariales, la promoción del empleo remunerado y la redistribución mediante impuestos y transferencias. [*] La OIT retoma muchos de los estudios que intentan explicar la disparidad salarial entre hombres y mujeres que se basan en la infravaloración del trabajo femenino, las características del puesto de trabajo, la segregación que canaliza a las mujeres a labores de menor valor, la estructura salarial del país, la percepción de la mujer como económicamente dependiente y la falta de representación sindical de las mujeres. También enfatiza el rol que juega el modelo familiar que dispara esa desigualdad. Para la OIT, hay un componente explicado de la desigualdad salarial y otro no explicado. El primero, por ejemplo, depende de características laborales como las habilidades productivas del trabajador, mientras que el segundo, depende de características ajenas al trabajo, como es tener hijos. Si se suprimiera la parte no explicada, dice la OIT, las brechas salariales por género se reducirían significativamente para la mayoría de los países analizados.

Un estudio realizado en el Colegio de México para 1990, el 2000 y 2010, señaló que la brecha salarial en el país pasó de 0.6% en 1990 a 6.1% en el 2010. [*]

Para entender la brecha salarial en México es importante revisar algunos indicadores:

En primer lugar, el caso de los adolescentes y jóvenes mexicanos. De acuerdo con datos disponibles, no hay prácticamente diferencia para la población adolescente (15-19 años) y población joven (20-24 años) económicamente activa con motivo del género para tener o no un empleo; siendo adolescente o joven, da lo mismo ser mujer u hombre para acceder a un trabajo (90% en promedio) o sufrir las condiciones del desempleo (10%). [*]

Donde sí hay una nítida diferencia es en la tasas de actividad donde los varones jóvenes son los que presentan la mayor participación con relación a las mujeres jóvenes mexicanas, mientras que éstas representan el46.3% de la población económicamente activa (PEA),los hombres representan79.7%.También hay gran diferencia enla situación de jóvenes y adolescentes que son población no económicamente activa (PNEA). Para 2012 el 87.3% de esos adolescentes estaban en condición de estudio, mientras que el porcentaje de mujeres desciende a 67.5%, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. Si se considera a los jóvenes PNEA que estudian, los hombres representan 78.3%, mientras que las mujeres bajan drásticamente su representación a 30.4%. [*]

Entre los 20 y 24 años de edad es una etapa significativa porque marca una transición del mundo educativo al mundo laboral. De acuerdo con análisis que consideran distintas características, el20.3% de los hombres jóvenes mexicanos se consideran PNEA, mientras que este porcentaje sube a 53.7% tratándose de mujeres. [*] Esta menor incorporación laboral de las mujeres jóvenes supone que aún se encuentran en etapa de preparación, de formación y capacitación para su inserción al mercado laboral, pero no es así necesariamente, pues al revisar la PNEA que realiza trabajo doméstico, en México solo un 9.5% de hombres adolescentes lo realiza frente a un 32% de mujeres; si se compara a los jóvenes, la diferencia es profunda de 13.4% y 68.7%, respectivamente. [*]

Estos datos de ocupación y participación laboral de los adolescentes y jóvenes en México muestran que hay disparidad general por género en a) el estudio o la realización de actividades escolares, b) la situación laboral y c) la realización de trabajo doméstico. También enfatizan que en la adolescencia y la juventud se arraiga la tradicional diferencia entre hombres y mujeres, no tanto por la ocupación o desocupación -que sufren por igual, sino por su diversa participación laboral (como PEA es mayor la de ellos) y por el tipo de actividad que realizan(como PNEA es mayor el trabajo doméstico de ellas). Esta condición de desigualdad se acentúa a lo largo del tiempo, y tiene impacto no sólo en el mundo familiar, sino en otros ejes de la organización social que reproducen desde tempranas edad las relaciones económicas de desigualdad y en específico los roles sexuales, familiares y sociales realmente existentes en el país.

En segundo lugar, es importante revisar los indicadores de desigualdad salarial para la población en general. Comparado con el promedio en la OCDE, [*] las mujeres mexicanas tienen una tasa de empleo para titulados universitarios del 72% frente al 79% promedio. En el caso de los hombres el promedio para México es de 88% idéntico al de la OCDE, lo que abre una brecha entre hombres y mujeres en el país de 16% para 2010. La diferencia salarial en la OCDE es de 16% y en México de 5%, similar a la que se reporta en otros estudios.

Las mujeres mexicanas, además de enfrentar la brecha salarial promedio, enfrentan la desigualdad por un menor salario entre la población que gana menos problema. [*] Para 2010, la brecha por edades también muestra amplitudes importantes. El grupo de 55-59 años, alcanza casi 20% de disparidad. [*]

Además de enfrentar un menor salario por una mayor edad, las mujeres resienten directamente la penalidad laboral por la maternidad y una menor remuneración por trabajos de medio tiempo que en conjunto suman un panorama de muchas dificultades que les vuelven casi imposible conciliar su maternidad, los deberes familiares y la profesión, cortando su desarrollo profesional.

La disparidad salarial también se basa en el castigo jurídico, social, cultural y laboral a la maternidad. El número de hijos que una mujer tiene amplía la brecha salarial. Al comparar a la Federación Rusa, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México, nuestro país es el que muestra una mayor disparidad salarial por maternidad – medida como el promedio de ingresos mensuales brutos de las mujeres que no son madres comparado con el promedio de ingresos mensuales brutos de las madres-. Mientras la diferencia en México es de 33.2%, la de Argentina es de 16.8%, y la de la Federación Rusa es de 1.7%.A resultados similares llega la OCDE. Por ejemplo, para el grupo de edad de 25-44 años, en México no hay diferencia salarial si la mujer no tiene hijos, pero si tiene cuando menos uno, la brecha es de 17%. [*] Esta brecha salarial, que es multifactorial, es un tipo de discriminación contra las mujeres que no podemos permitir.

En tercer lugar, hay que revisar la desigualdad salarial a lo largo del tiempo. La brecha salarial para áreas urbanas en México en 1990 era de 14.2% y para 2010 de 7.8%, aunque también los expertos señalan que si se hace una corrección a los estudios previos a partir de la participación laboral de las mujeres, la brecha se acentúa y llega para 2010 al 26%, debido principalmente al hecho de que las mujeres han comenzado a seleccionar positivamente el mercado laboral mexicano, es decir, sólo con mayores salarios toman la decisión de trabajar. [*]

Desigualdad laboral y salarial que comienza desde la adolescencia, se enfatiza en la edad adulta, y se penaliza con la maternidad. Si bien, la desigualdad salarial se ha reducido en el país, aún estamos muy por debajo de los mejores escenarios, donde hombres y mujeres ganen por igual, en igualdad de condiciones.

Para la OCDE, las políticas salariales que reducen en general la iniquidad en los ingresos, así como las que protegen el salario mínimo y aseguran un piso mínimo para las mujeres trabajadoras pueden ayudar a promover igual salario para las mujeres. La OIT también aporta algunas recomendaciones generales sobre las medidas de política que pueden aplicarse para solucionar esta disparidad:

• Licencia parental de suficiente duración y con protección del empleo, remunerada en función de los ingresos y financiada con cargo a fondos del seguro social o fondos públicos, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, con disposiciones específicas para los padres.

• Disponibilidad de servicios de guardería asequibles y de calidad, y fórmulas de trabajo flexible para todos los trabajadores.

• Normas sobre impuestos y prestaciones, que contemplen a las madres como personas adultas económicamente independientes.
• Solución de las diferencias en la aplicación de las políticas social y de conciliación del trabajo y la familia.

• Prevención y erradicación de la discriminación basada en la maternidad y en las responsabilidades familiares, y fomento de una cultura favorable a la familia en el lugar de trabajo, y

• Derecho a un horario de trabajo flexible y regulado, incluso a la reclasificación de los puestos de trabajo a tiempo parcial, y acceso a ellos, tanto por parte de las mujeres como de los hombres.

A pesar de que en México se ha legislado sobre el tema, se cuenta con instituciones que buscan erradicar la brecha de género y se han hecho políticas para reducir la brecha salarial, ésta sigue incidiendo en una mayor desigualdad. Al respecto, hay que considerar dos factores que son importantes para lograr los resultados que queremos para la isonomía entre hombres y mujeres: La primera es la perspectiva de derechos humanos y la segunda está vinculada con las condiciones económicas y demográficas actuales.

Tenemos que hablar del salario como un elemento más de la exigibilidad de derechos, y de los derechos humanos. En México nos hemos acostumbrado a que haya diferencia salarial, cuando en realidad se trata de un acto discriminatorio que no tiene justificación cuando se consideran las horas que se trabajan, las habilidades y competencias personales, las cuestiones demográficas, la experiencia y la educación del trabajador. [*] Tenemos que hacer del tema una parte importante de la agenda de derechos humanos. Tomar plena consciencia de que, así como en otras actividades culturales y artísticas, en la base misma del trabajo y la productividad, no tiene por qué haber diferencias salariales entre hombres y mujeres.

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en sus incisos a y b establece que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, y toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Por su parte, el Convenio 100 de la OIT establece igual paga por trabajo de igual valor, que se aplica para la igualdad de género. En el nivel de derecho interno el artículo 123 constitucional establece con claridad que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

En los tiempos en que los derechos de tercera generación han trascendido la individualidad de los derechos, es necesaria una revisión del sentido actual del artículo 123 constitucional a partir de la lectura original de la constitución social de 1917. Tanto hombres como mujeres deberían de estar igualmente protegidos y como consecuencia hacer responsables a gobierno y empresas para que remuevan todos aquellos obstáculos legales, administrativos, corporativos, contractuales que impiden una plena y efectiva igualdad salarial.

Por otra parte están las condiciones económicas y demográficas. El problema es que en un contexto de una economía mexicana estancada y en posible recesión, lo alcanzado para reducir la brecha salarial a lo largo del tiempo, puede perderse y afectar a los menos favorecidos, a quienes menos ganan y a las mujeres en especial.

No podemos dejar de señalar, como ha quedado demostrado para otros países que han reducido la desigualdad a través de una política salarial protectora, que “Varias economías emergentes y economías en desarrollo registraron una reducción de la desigualdad. En estos países, el factor predominante fue la distribución más equitativa de los salarios y del empleo remunerado.” [*]

Este es el momento de retomar la discusión nacional sobre el salario en México.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría del Trabajo y previsión Social [*] corresponde, entre otros asuntos, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos. En varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT)se establecen obligaciones de promoción de la igualdad y prohibiciones de discriminación en el ámbito laboral. [*] Por su parte, el artículo 56 de la misma LFT establece que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.

Además, tenemos que mejorar los resultados de las políticas de empleo, cuando menos, o hacer una reformulación integral de las mismas.

Las políticas de empleo en México han estado centradas en la capacitación y en la generación de empleos y autoempleos, con resultados deslucidos.

Frente a la modernización y el avance tecnológico en los últimos años y las necesidades de la población, y en especial la población adolescente y joven, debemos cambiar la dirección y la estrategia en materia de empleo.

A la par que se reactiva la discusión sobre el salario mínimo, debemos abrirnos a una discusión de la erradicación de la brecha salarial.

Se trata de alcanzar un piso mínimo para todas las trabajadoras y trabajadores y de que hombres y mujeres, en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias, tengan el mismo salario. Es una exigencia de los derechos humanos.

Avanzar para que todos los actores involucrados retomemos la discusión nacional para desvincular el salario mínimo como unidad de medida gubernamental y volverlo el instrumento de política social que reduzca la desigualdad económica.

Avanzar para poner en marcha acciones que posibiliten a la población en edad de trabajar a contar con un empleo productivo remunerado con un salario justo que les permita superar la pobreza, así como aplicar medidas que tengan como objetivo el pleno empleo y un salario remunerador como herramienta para reducir la desigualdad.

Avanzar también para mejorar los resultados de las acciones y programas que busquen reducir la brecha salarial por género, fortaleciendo las siguientes medidas: a) la flexibilidad de los horarios laborales para las mujeres, b) la cobertura y beneficios de las licencias de paternidad y maternidad, que no signifiquen penalizaciones laborales o salariales y que promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, c) la participación laboral de la mujer en actividades que se estereotipan como masculinas y la lucha contra las prácticas discriminatorias y los estereotipos de género acerca del valor del trabajo de la mujer.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES, MECANISMOS Y PROGRAMAS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA PARA REDUCIR Y ERRADICAR LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN MÉXICO, CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES Y RESULTADOS ALCANZADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO PARA ALCANZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO EN EL TRABAJO.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.
[*] Ver en http://www.oxfammexico.org/quienes/acerca/#.Vdd-3vmqqko

[*] NAVARRETE, Emma Liliana et al.La inserción laboral de los jóvenes y la política de empleo en Colombia, México y Uruguay. En Población y Trabajo en América Latina: abordajes teórico- metodológicosy tendencias empíricas recientes. ALAP Editor. IIJ UNAM. México. 2014. p. 228.

[*] Cfr. MAURIZIO, Roxana. Informalidad Laboral y Brechas Salariales en América Latina. En Población y Trabajo en América Latina: abordajes teórico- metodológicosy tendencias empíricas recientes. ALAP Editor. IIJ UNAM. México. 2014. pp. 197 y ss.

[*] Cfr. Informe Global de la Brecha de Género disponible en ENLACE

[*] Cfr. OIT. Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015. ENLACE

[*] Arceo- Gómez, Eva, Campos-Vázquez (2013), Evoluciónde la Brecha Salarialde Género en México. El Colegio de México URL: ENLACE

[*] NAVARRETE, Emma Liliana et al., op. cit.

[*] Ibídem, p. 237.

[*] Ibídem, p. 235.

[*] Ibídem, p. 236.

[*] Cfr. OCDE. ¿Cómo va la vida en México?2014.

[*] Cfr. OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, Paris. p. 167.

[*] Ibídem, p. 169.

[*] Ibídem, p. 170.

[*] ARCEO- GÓMEZ, Eva, Campos-Vázquez (2013), Evoluciónde la Brecha Salarialde Género en México. El Colegio de México URL: ENLACE

[*] OIT,op. cit., p. 53.

[*] Recientemente el primer ministro británico anunció que se legislará en el país para que sea obligación de las empresas hacer explícita la brecha salarial promedio en los centros de trabajo, la que hay entre los altos directivos y los trabajadores que ganan lo menos.

[*] OIT, op. cit. p. 3.

[*] Actualmente la STPS opera la NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009 QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRE. Con ella se busca alcanzar una certificación en las empresas y en el gobierno por las prácticas de igualdad laboral y en específico, otorga un puntaje al hecho de que no haya diferencia salarial entre hombres y mujeres en los centros de trabajo.

[*] De acuerdo con el artículo 2 de la LFT, se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.En adición, establece el artículo señalado, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Añade que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

El artículo 3 del mismo ordenamiento, establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la ignidad humana.

De acuerdo con el artículo 2 de la LFT, se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

En adición, establece el artículo señalado, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Añade que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

El artículo 3, establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

En el artículo 133 de la LFT se establece que queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Las sanciones al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, van de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe sobre cómo determinaron el costo-beneficio sobre los recursos invertidos para el proyecto del corredor urbano en Av. Presidente Masaryk de la Delegación Miguel Hidalgo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.







 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la mortalidad materna en el país. Se turna a la Comisión de Salud.

El suscrito, Héctor Yunes Landa Senador de la República en la LXIII Legislatura, integrante de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desafortunadamente, cada día fallecen mujeres mexicanas que se encuentran cursando un embarazo, lo que se convierte en una tragedia al poner en peligro la vida de la mujer y de los recién nacidos. Sin embargo, en muchos de los casos, la muerte materna puede prevenirse.

De manera expresa, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la mortalidad materna como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los cuarenta y dos días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales.

Al respecto, la protección de la maternidad constituye un derecho fundamental de las mujeres respetando y garantizando sus decisiones reproductivas. De acuerdo con el artículo 4º de la Constitución mexicana, todas las personas, tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, lo que implica que el Estado debe garantizar la protección de la maternidad a las mujeres que decidan procrear en circunstancias de libertad, responsabilidad y de manera informada.

Cabe señalar, que el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas más importante que haya tenido nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos. Esta modificación fue trascendental, porque fortaleció el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, implicando la modificación de 11 artículos constitucionales: 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105.

Bajo este contexto, el artículo 1º: reconoció constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la nuestra Constitución. Además, establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”; así mismo, se dispuso que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De tal suerte, la normativa nacional en el ámbito federal y local otorga carácter prioritario a la prestación de servicios de salud materna en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Por ello, las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por México comprometen al Estado a prevenir la muerte materna; sin embargo, los datos estadísticos no muestran una reducción notable en los últimos años. Lo anterior nos muestra la existencia de problemas estructurales en el Sistema de Salud que impiden a las mujeres un acceso efectivo a los servicios durante lamaternidad.

En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la cual México forma parte, refiere en el artículo 12, la obligación de los Estados de adoptar medidas tendientes a asegurar a las mujeres el acceso a servicios de salud en general, en igualdad de condiciones, los cuales incluyen los servicios apropiados en relación con el cuidado del embarazo, el parto y el periodo posterior al parto.

Aunado a esto, la Declaración Universal De Derechos Humanos, en su artículo 25 establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud en sus estadísticas nos muestra que cerca de ochocientas mujeres mueren diariamente en el mundo por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. La misma fuente menciona que en el año 2013 murieron doscientas ochenta y nueve mil mujeres por la misma causa.

Es importante nombrar, las principales complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas a nivel mundial:

Hemorragias Graves (En su mayoría tras el parto).- Pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.

Infecciones (Generalmente tras el parto).- Pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección.

Hipertensión Gestacional (Preeclampsia y Eclampsia).- La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.

Abortos Peligrosos.- Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto. 

La salud materna, como del recién nacido están íntimamente relacionadas, cada año mueren cerca de 3 millones de recién nacidos, y otros 2.6 millones mueren antes de nacer.

Lo que nos antecede, es sumamente penoso, toda vez que estas muertes se produjeron en su mayoría en países de bajos ingresos y podrían haberse evitado. Las misma Organización Mundial de la Salud, propone soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el periodo de maternidad, señalando que todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, atención especializada durante el parto, así como, atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.

Ahora bien, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó en el año 2012, “la Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México 2010: características sociodemográficas que obstaculizan a las mujeres embarazadas su acceso efectivo a instituciones de salud”; los resultados exponen los aspectos clínicos más relevantes de las causas de muerte materna tales como: Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE), Hemorragia Obstétrica, Aborto y Sepsis, así como dos causas de muerte indirectas: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e Influenza.

En el 2010, la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) fue la principal causa de muerte materna con 25% por ciento del total; de las doscientas cuarenta y ocho fallecidas por esta enfermedad; la Hemorragia Obstétrica, fue la segunda causa de muerte materna, con ciento noventa y cuatro defunciones, incluidas las mujeres fallecidas por placenta previa con hemorragia, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia del tercer periodo de parto, y hemorragias inmediatas y tardías.
Durante el mismo año, ocurrieron noventa y dos defunciones a causa de abortos, lo que representó casi la décima parte del total de muertes maternas y resultó la tercera causa en orden de importancia; además de dieciocho defunciones ocurridas por Sepsis.

A causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) durante la maternidad fallecieron doce mujeres embarazadas, y treinta y cinco muertes más, debido a enfermedades respiratorias.

Para la cuarta semana del mes de agosto del año en curso,el Observatorio de la Mortalidad Materna en México informa que el Estado de Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional con 21 casos de muerte materna, sólo por debajo de los Estados de Chipas, Oaxaca, Distrito Federal y Estado de México. Por otra parte, el Comité por una Maternidad Segura, que opera en el Estado de Veracruz, menciona durante el 2014 se registraron 70 casos de muerte materna.

Derivado de este análisis, la actual problemática que enfrenta México respecto de la disminución de la mortalidad materna abre una ventana de oportunidad que permite impulsar el desarrollo del sector salud

En tal virtud, el Estado mexicano, en concordancia con los tratados internacionales de los cuales forma parte y de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la muerte materna, debe asegurar que todos los partos sean atendidos por profesionales sanitarios especializados, puesto que la conducta clínica apropiada y el tratamiento a tiempo pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo cual, desde el Senado de la República, se procura a la salud materna y se promueve como un derecho social cuya base jurídica se expresa en las diversas obligaciones que el Estado debe cumplir en conformidad con las convenciones, protocolos y declaraciones subscritos.

Durante muchos años la salud materna y perinatal ha ocupado un lugar prioritario en el sistema de salud mexicano, por ello, son temas altamente relevantes para las sociedades y constituyen el centro de los derechos a la salud. No obstante y a pesar de la existencia de políticas y programas en materia de salud materna, la mortalidad materna en México no se ha reducido de forma significativa.

Reducir sustancialmente la muerte materna prevenible en México, no debe quedarse en simples intensiones, debe de ser conciencia de un desafío.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las Secretarias Estatales de Salud, implementen políticas públicas de difusión e información para prevenir y disminuir la Mortalidad Materna en el país.

Dado en el Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Héctor Yunes Landa.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un plan sobre las acciones que tiene proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, presentados en los informes recientes del Consejo Nacional de Evaluación. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A PRESENTAR UN PLAN SOBRE LAS ACCIONES QUE TIENEN PROYECTADAS EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE POBREZA, PRESENTADOS EN LOS INFORMES RECIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 23 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó su Informe sobre la Pobreza en México 2014, el cual arrojó datos alarmantes. El número de pobres aumentó a 2 millones, y pese a los múltiples recursos y coordinación de programas, el combate a la pobreza extrema tuvo un mediocre avance, 86 mil personas salieron de esta condición, pero aún quedan 11.4 millones en espera.

Ante tales datos, solicitamos que comparecieran el 25 de agosto de 2015, ante la Segunda Comisión, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Gonzalo Hernández Licona y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga; donde se profundizaron las cifras dadas a conocer.

Sin embargo, quedaron muchas ambigüedades. No tenemos datos sobre las acciones que se van a implementar, los tiempos que debemos esperar para abatir o por lo menos disminuir la pobreza,si serán resultados medibles por trimestre, semestre, anualo trianualmente; porque a la presente administración sólo le quedan 3 años y ya empezó la cuenta regresiva.

Tenemos que saber ¿Quién va a evaluar y dar seguimiento a la estrategia que se implemente?, y ¿Cuáles serán los parámetros y métodos debidamente conciliados antes de realizar dicha evaluación?

Hoy, este debate adquiere total importancia, ya que en los próximos días se realizarán frente al Congreso: la glosa del informe presidencial y la presentación del paquete fiscal para el 2016.

En el marco del Senado de la República, debemos realizar algunas preguntas:

¿Qué tanto nos sirvió la comparecencia para identificar las áreas de oportunidad en el paquete fiscal que habrá de presentarse? y sobre todo ¿El Poder Ejecutivo las tomará en cuenta?

¿Qué tanto estará ligada la política social a la política de desarrollo económico en el próximo ejercicio fiscal? Partiendo de la información técnica que tiene el CONEVAL sobre cómo están funcionando distintos programas, no solamente de combate a la pobreza, sino los que tienen enfoque productivo ¿Qué decisiones se tomarán para implementar nuevos programas o reforzar los que dieron buenos resultados?

Analizando los planteamientos que se hicieron durante la comparecencia y considerando al CONEVAL como instituto técnico que nos puede dar una respuesta, es importante que haga llegar por escrito y de forma detallada, los diversos ejemplos que expuso y cuáles son las alternativas que se deben aplicar para abatir dichos rezagos:

El tema educativo los datos presentados nos indica que al caer 0.3 % en 2 años, con esta política pública nos tardaríamos 664 años, para que los mexicanos salgan verdaderamente de la pobreza en materia educativa.

En materia de salud, con los datos presentados nos tardaríamos 46 años; en materia de acceso a la seguridad social 398 años, en materia de calidad y espacios de vivienda 78 años y en acceso a alimentación164 años, para garantizar bienestar en los distintos rubros a todos los mexicanos.

Otra interrogante que surge es ¿Qué tanto se pueden extrapolar los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, para efectos de todo el universo general? porque hay distintas cifras. Sin duda, poder sintetizar o clarificar estas condiciones, puede ser de suma importancia para la ciudadanía.

Se han vertido diversas posiciones, hay quienes defienden, hay quienes critican, pero lo que queremos es hacer una política pública que nos permita saber, como país, cuándo vamos a dejar de tener millones de mexicanos que no comen al día. Es ahí donde nos preguntamos ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr? ¿En 40 años o en 160 años?, ninguno de los dos plazos resulta alentador para nadie.

Por todo lo anterior resulta importante y necesario que ahora que viene la glosa del informe y la presentación de paquete fiscal tengamos un informe detallado tanto de SEDESOL como del CONEVAL para poder tener mejor sistematizada esta proyección y nos permita avanzar en un diseño de política pública que le ayude al país.

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Peno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un plan sobre las acciones que tienen proyectadas en los próximos tres años para disminuir los índices de pobreza, presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socialen los informes: “Medición de la Pobreza en México 2014” y “Medición Intermedia del Programa Cruzada contra el Hambre”

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión a las condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.







 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar en un 25% los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Se turna a la Comisión de Cultura.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación Soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE SE INCREMENTE EN UN 25% LOS RECURSOS DESTINADOS PARA CULTURA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para iniciar el planteamiento de este punto de Acuerdo, partimos de 3 cuestionamientos:

• ¿Es suficiente el presupuesto asignado al Subsector de Cultura para atender sus objetivos?

• ¿Los mecanismos para la asignación del presupuesto a los proyectos y programas que se deben apoyar, son los adecuados?

• ¿Cómo podemos lograr que la cultura influya como lo ha hecho en otros países, en la prevención y combate a la delincuencia?

De acuerdo a las cifras presentadas en el 3er. Informe de Gobierno 2014-2015 en el rubro de Recursos Financieros para el Desarrollo de la Cultura y el Arte:En el 2012, para el subsector de cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 17,393.3 millones de pesos, en el presente año se aprobaron 15,373.3 millones de pesos.

Con tales datos podemos confirmar que el presupuesto para la cultura ha disminuido en la presente administración, además que para la comunidad culturallos recursos asignados a los llamados “etiquetados”, tienen muchas observaciones y comentarios negativos por la manera discrecional de cómo son asignados.

El 10 de julio del presente año, se publicó en diversos medios, la discrecionalidad en los recursos etiquetados se dio a conocer un informe del Conaculta, que decía que 20 proyectos culturales no reclamaron el recurso que les habían etiquetado para este año y 4 más renunciaron al apoyo. Por ello, los fondos que dejarán de ejercerse por estos motivos ascienden a 54 millones 631 mil pesos.

El 8 de junio de 2015, se publicó que más de 708 artistas, curadores, historiadores, promotores, escritores y empresarios solicitaron por medio de una carta al Presidente de la República, restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar con proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre de año por falta de recursos económicos.

Asimismo, mencionaron en su misiva que “La cultura, es uno de los derechos humanos garantizados por el Artículo 4 de la Constitución, es un factor decisivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida y de una convivencia armónica entre los habitantes del país; un garante de la libertad y el desarrollo democráticos y una herramienta fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”.

Si bien las instituciones han mantenido con recelo las cifras exactas de los recortes presupuestales, son evidentes las consecuencias de ellos en distintas disciplinas.

La referencias citadas nos demuestran una falta de control y transparencia en la asignación de recursos, ya que se han aprobado proyectos a organizaciones que no son donatarias autorizadas; se etiquetan recursos a estados, municipios y organizaciones sin expedientes técnicos o simplemente a proyectos inexistentes en el momento de su aprobación, y al final esto termina en subejercicio de recursos que afecta al subsector por fallas de origen, al momento de aprobar el presupuesto.
En la preparación del presupuesto de 2016, ante especulaciones sobre un recorte presupuestal al subsector cultural; en cierta forma se dice que el “presupuesto base cero” podría representar un borrón y cuenta nueva, lo cual implica una oportunidad para ajustar el gasto en este rubro.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el documento “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, donde se plantean lineamientos de las propuestas que, con el presupuesto definitivo, serán debatidas los próximos días por la Cámara de Diputados.

“La fusión se realiza -dice el texto- para crear un sólo Programa de Apoyos a la Cultura, ya que las cinco acciones conjuntas de los cinco Pp (programas presupuestarios) involucrados permitirán ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país”.

En Cultura, hay una propuesta que contempla la fusión de cinco programas de subsidios de cultura que hoy dependen del Conaculta en uno solo que se llamará Programa de Apoyos a la Cultura. Esto implica concentrar allí los programas de Ciudades Patrimonio Mundial, Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), Instituciones Estatales de Cultura, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) y Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).

El presupuesto base cero, ha generado comentarios dentro de la comunidad cultural, hay quienes proponen que cada gremio presente un documento de sus mínimos, con los recursos que requiere para trabajar y que no deben recortarse. Así como que El presupuesto base cero podría ser la oportunidad para tomar decisiones, pero la cuestión es ¿quién va a decidir qué sí y qué no? Por otra parte, está muy bien que haya recursos etiquetados, pero la pregunta es ¿Cómo deciden los diputados a quién dárselos?

Analizando todos los planteamientos, necesitamos garantizar que el presupuesto de cultura en 2016 no sufra recortes, al contrario, que se incremente25% con relación al 2015, ya que los recursos asignados no son suficientes para que la cultura y el arte impacten sólidamente en temas como la prevención del delito y el combate a la delincuencia, en un momento de crisis como el que actualmente vive nuestro país, y que requiere atención especial en estos rubros.

Asimismo, se tienen que implementar reglas y mecanismos de control para la asignación de recursos a estados, municipios y organizaciones, que permitan transparentar su aplicación, evitando que se hagan de manera discrecional, para poder cumplir con el objetivo primordial de que la cultura sea realmente un factor central para la reconstrucción del dañado tejido social del país, contribuir a la cohesión social.

El fomento a la cultura, no debe considerarse una prebenda para los intelectuales y artistas, sino una urgencia para que la gente pueda recuperar los espacios públicos, darle vida a los barrios y empoderarse plena y humanamente.

Se debería realizar una convocatoria masiva e incluyente. Un Foro de Cultura que nos permita un diálogo directo con los gremios y organizaciones, así como, con representantes de las instituciones de prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de nuestra historia y de valores sociales.

Cabe mencionar que el pasado 2 de Septiembre durante la presentación del 3er. Informe de Gobierno, se dieron a conocer10 medidas que pronunció el titular del Ejecutivo, de los cuales destaca la creación de la Secretaría de Cultura, argumentando “que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y al mismo tiempo puedan crear y expresarse a través del arte, y lejos de implicar un mayor gasto, permitirá optimizar la inversión que se realiza”.
Respecto a este pronunciamiento se han vertido diversas opiniones en pro y contra, sin embargo, tomando en cuenta todas estas especulaciones valdría preguntarnos ¿cuál es la justificación de la creación de la Secretaría de Cultura? y ¿cuáles serían los beneficios para evitar la burocratización de la misma?

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se incremente en un 25% los recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egreso de la Federación 2016 con relación al de 2015, para dar un impulso sin precedente a la cultura, y aprovechar su naturaleza como instrumento para la reconstrucción del tejido y la cohesión social.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se establezcan reglas y mecanismos puntuales para la ejecución de proyectos de cultura y de esta manera evitar subejercicios en el subsector y que se garantice la aplicación transparente de los recursos a las instancias culturales de estados, municipios y organizaciones para los que sean etiquetados.

TERCERO.- La H. Cámara de Senadores convocará a un Foro de Cultura en el que participen representantes de este gremio, el Gobierno Federal incluyendo, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Educación Pública, con el fin de revisar el presupuesto para cultura; y en el mismo espacio, plantear un enfoque estratégico de la cultura en coordinación con la política social sobre la cohesión y reconstrucción del tejido social.

CUARTO.- La H. Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo que explique la justificación que tiene el gobierno federal para la creación de la Secretaría de Cultura, cuáles serán sus alcances, y cuáles serán los beneficios al pasar de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 10 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.





 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe acerca del estatus en que se encuentran los centros de video-vigilancia instalados en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Sistema de Transporte Colectivo METRO (STC Metro) de la Ciudad de México, es uno de los transportes públicos de pasajeros más antiguos y con mayor afluencia; al año transporta cerca de mil 600 millones de usuarios; esto hace que se convierta en un medio de transporte en el cual se viven a diario percances, en cada una de sus 12 líneas. Los más frecuentes son asaltos, riñas e incluso balaceras como la registrada en septiembre de 2009.

La inseguridad y la violencia se hacen presentes continuamente en este transporte público tan usado por la ciudadanía. Y por supuesto la falta de mantenimiento que impera en las 12 líneas del Metro hacen de éste un transporte difícil y problemático.
Por estas y otras situaciones más, durante la administración que finalizó en diciembre de 2012, se inauguraron 22 centros de video vigilancia, en diversas estaciones de las líneas 1, 3, 5 y 9, estos tendrían como finalidad que las autoridades tuvieran una reacción más rápida y eficaz ante cualquier emergencia que se pudiera presentar en el Metro.

Los centros de video vigilancia se instalaron para cubrir las necesidades de inseguridad, están compuestos por una red de fibra óptica de 440 kilómetros y un plan de monitoreo que consta de 3 mil 312 cámaras, con un costo de 60 millones de dólares.

Aunado a esto, el 13 de diciembre de 2013 se autorizó el incremento en la tarifa del Metro, la cual paso de 3 a 5 pesos, con esta alza en el precio los usuarios esperaban observar mejoras en el tiempo de los traslados, aumento en la vigilancia y erradicación de los vendedores ambulantes.

Si bien el pasado 17 de agosto se emprendieron medidas para erradicar a los llamados “vagoneros” con el programa “Cero tolerancia”, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), al día 8 de septiembre de 2015 se ha logrado la detención de 2 mil 843 vagoneros, algunos de ellos no solo son detenidos por vender en el Metro, sino también por portación de arma de fuego, drogas y vejaciones a la autoridad.

Este no es un problema tan grave como la falta de mantenimiento en las vías, por ejemplo, en la línea 12,que desde su apertura ha tenido fallas, al día de hoy no se han podido reestablecer sus estaciones en totalidad.

Empero, a más de un año del aumento en la tarifa, no se han observado mejorías en el servicio y mucho menos en la infraestructura. Lo cual es un problema sumamente grave que aqueja y pone en riesgo a miles de usuarios.

Asimismo existe el Fideicomiso para el Mejoramiento del Metro (Fimetro), que fue creado a raíz del aumento en la tarifa, ante esto no se sabe a cuánto asciende el monto de tal Fideicomiso a la fecha, ni que se ha realizado con éste.

Por otra parte, de los 22 centros de monitoreo que fueron instalados en 2009 y que sirven de apoyo al Puesto Central de Monitoreo, actualmente solo quedan 10, esto debido a que el ex director Joel Ortega comenzó a desmantelarlos desde enero del presente año.

Estos Puestos Centrales de Monitoreo, se encuentran uno en cada línea del Metro, sin embargo, carecen de modernización, ya que su tecnología data de la década de los años 70’s, y la actualización tecnológica de estos “tableros” tendrían un costo aproximado de 6 mil millones de pesos. Estos tableros si bien no son obsoletos, con el paso de los años tal vez dejen de funcionar, poniendo en riesgo la vida de miles de usuarios.

El STC Metro dio a conocer que el desmantelamiento de los centros de monitoreo se debe a la falta de personal, ya que el personal de vigilancia institucional que los operaba está siendo capacitado para cambiar de cargo.

De acuerdo con información del periódico Reforma, en estaciones como Zócalo, Pino Suárez, Chabacano, Centro Médico y Tacubaya, los módulos están abandonados y los equipos apagados, incluso en la estación Pino Suárez varios de los monitores que eran utilizados para la vigilancia de andenes, vestíbulos, torniquetes y pasillos han desaparecido.

Sin embargo, las estaciones mencionadas no solo se encuentran en abandono total, sino que el personal que debiera estar al tanto y laborando en estos centros de vigilancia fueron trasladados al Puesto Central de Monitoreo, situación que debe ser explicada.

Hace unas semanas el actual director del STC Metro, Jorge Gaviño Ambriz mencionó que los Centros de Monitoreo instalados en 2009 volverían a operar a finales del mes de agosto, han transcurrido diez días del mes de septiembre no se ha sabido si estos centros nuevamente han entrado en funcionamiento.
Independientemente de la reactivación de estos centros de monitoreo, de la prohibición de vagoneros en los trenes, el personal del STC Metro se debe enfocar en dar el mantenimiento adecuado a las estaciones, pero principalmente a las vías ya que tan solo en seis líneas se presentan hundimientos que afectan a las vía y estaciones; por otra parte, están los trenes que se encuentran en un estado pésimo y ponen en riesgo la vida de los usuarios, ellos se merecen un Metro que cumpla y cubra sus necesidades de movilidad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a que:

a. Rinda un informe pormenorizado acerca del estatus en que se encuentran los centros de video vigilancia instalados en diversas estaciones de las líneas 1, 3, 5 y 9 del metro el año 2009.

b. Informe qué acciones se implementarán para la vigilancia y uso del “Fideicomiso para el Mejoramiento del Metro”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

1Tópicos Excélsior, “Metro del Valle de México”, [en línea], Excélsior, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/topico/metro-del-valle-de-mexico, consultado el día 26 de agosto de 2015.
2Redacción revolución, “ 60 millones de dólares malgastados por falta de servicio en centros de video vigilancia del Metro”, [en línea], Revolución tres punto cero, disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/60-millones-de-dolares-malgastados-por-falta-de-servicio-en-centros-de-videovigilancia-del-metro/, consultado el día 26 de agosto de 2015.
3Redacción revolución, “ 60 millones de dólares malgastados por falta de servicio en centros de video vigilancia del Metro”, [en línea], Revolución tres punto cero, disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/60-millones-de-dolares-malgastados-por-falta-de-servicio-en-centros-de-videovigilancia-del-metro/, consultado el día 26 de agosto de 2015.
4Roldán Nayeli, “Un año, 11 promesas incumplidas: así se vieja en el Metro del D. F.”, [en línea], Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/01/un-ano-del-aumento-en-el-metro-se-rezaga-el-cumplimiento-de-los-11-compromisos/, consultado el día 7 de septiembre de 2015.
5Espino Bucio Manuel, “Relajan operativo ”Cero Tolerancia”, vagoneros y bocineros regresan al Metro”, [en línea], Crónica, disponible en :http://www.cronica.com.mx/notas/2015/918979.html, consultado el día 7 de septiembre de 2015.
6López Jonás, “Promete STC activar centros de monitoreo”, [en línea], Reforma, disponible en: http://www.tallapolitica.com.mx/?p=408236 consultado el día 7 de septiembre de 2015.
7Redacción revolución, “ 60 millones de dólares malgastados por falta de servicio en centros de video vigilancia del Metro”, [en línea], Revolución tres punto cero, disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/60-millones-de-dolares-malgastados-por-falta-de-servicio-en-centros-de-videovigilancia-del-metro/, consultado el día 26 de agosto de 2015.
8Robles Jhoana, “”Cerebro” del Metro detenido en los años 70”, [en línea], El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/13/cerebro-del-metro-detenido-en-los-anos-70, consultado el día 7 de septiembre de 2015.
9Redacción revolución, “ 60 millones de dólares malgastados por falta de servicio en centros de video vigilancia del Metro”, [en línea], Revolución tres punto cero, disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/60-millones-de-dolares-malgastados-por-falta-de-servicio-en-centros-de-videovigilancia-del-metro/, consultado el día 26 de agosto de 2015.
10Redacción revolución, “ 60 millones de dólares malgastados por falta de servicio en centros de video vigilancia del Metro”, [en línea], Revolución tres punto cero, disponible en: http://revoluciontrespuntocero.com/60-millones-de-dolares-malgastados-por-falta-de-servicio-en-centros-de-videovigilancia-del-metro/, consultado el día 26 de agosto de 2015.
11López Jonás, “Promete STC activar centros de monitoreo”, [en línea], Reforma, disponible en: http://www.tallapolitica.com.mx/?p=408236 consultado el día 7 de septiembre de 2015.
12López Jonás, “Hundimientos afectan a seis líneas del Metro; STC”, [en línea], Reforma, disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/urgen-obras-mayores-por-hundimientos-en-seis-lineas-del-metro-dice-stc,55eb976499a775360ccd17ae4c95ae5djmmhRCRD.html, consultado el día 9 de septiembre de 2015.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a emitir un informe de cuáles y cuántas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años. Se turna a la Comisión de Energía.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en la que se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que emita un informe detallado a esta Soberanía de cuáles y cuantas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años; dentro del informe presentar el detalle de cuál fue el impacto económico que han producido las tomas clandestinas en ese mismo periodo e informar cuantas denuncias se han presentado ante la Procuraduría General de la República y cuantas han prosperado.

ANTECEDENTES

1. El robo de hidrocarburos es un delito que lacera a la sociedad Mexicana, por sus características genera pérdidas económicas al Gobierno y por ende a la sociedad en su conjunto, no menos importante es el impacto y daño ambiental que ha generado este delito, el cual consiste en la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos por donde se transporte el hidrocarburo para de esta forma extraerlo. Este delito por sus características y el daño que produce se ha convertido en un problema de seguridad Nacional. Las bandas de la delincuencia que cometen el robo de hidrocarburos operan en los estados petroleros de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, además de Chiapas, Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal. 

2. En recientes fechas y por diferentes medios de comunicación se hadado conocer que el incremento de este delito va en aumento, “según el director de Pemex, Emilio Lozoya, sólo en el periodo de septiembre del 2013 a septiembre del 2014, Petróleos Mexicanos ha detectado más de 2,700 tomas clandestinas. Datos de Pemex refieren un crecimiento de ese delito desde el 2010, cuando se detectaron 428 tomas; en el 2011 aumentó a 1,025; en el 2012 se descubrieron 1,289 y para el 2013 superaron las 2,033”.

3. En lo que va del año según reporto PEMEX, ladrones en todo México han perforado 2.481 tomas ilegales en oleoductos de la petrolera estatal, un tercio más que en el mismo período de 2013. Pemex calcula que ha perdido unos 7,5 millones de barriles por un valor de 1.150 millones de dólares. El director de Pemex, Emilio Lozoya, calificó la tendencia de “preocupante”. Más de una quinta parte de las extracciones ilegales se perforaron en Tamaulipas, Estado vecino de Texas y que es clave para los proyectos futuros del sector en México. Sólo en lo que va del año, se han detectado 2 mil 932 tomas clandestinas en contra de Pemex y, por tanto, en contra de México.

4. El año pasado se estimó que: el volumen de combustible sustraído ilícitamente a través de las tomas clandestinas ascendió a 7.5 millones de barriles con un costo equivalente a 15,300 millones de pesos; eso es lo que le roban al Estado mexicano”, dijo Lozoya en su momento. [*]

5. Las tomas clandestinas representan un problema para todos los Estados de la República, pero aún más para los Estados donde están ubicados los ductos que trasportan el hidrocarburo, las bandas o grupos de personas que realizan esta actividad tienen bien identificadas las tomas y las redes de distribución del hidrocarburo y esto provoca que sea más complicado el combatir este delito.

6. Datos proporcionados por el periódico EL NORTE muestran el incremento de las tomas clandestinas: 5 mil 363 puntos de ordeña que detectó la petrolera en 2014, mil 738 ya habían sido cerrados anteriormente y estaban de nuevo en operación, según datos de la compañía.

Dicho fenómeno aumentó 161 por ciento respecto a 2013, cuando fueron 666 las tomas clandestinas que, pese a que ya habían sido clausuradas, fueron reabiertas por el crimen y Pemex tuvo que volver a cerrar. Durante la clausura, la empresa corta el flujo de hidrocarburo, desconecta las mangueras y coloca capuchones para inutilizar las tomas ilegales. [*]

7. El aumento de las tomas clandestinas en el País es evidente, sin embargo, al no tener conocimiento y un pronunciamiento claro de Petróleos Mexicanos es necesario se dé a conocer el detalle del número de tomas clandestinas y el impacto económico que están han representado a Petróleos Mexicanos.
8. El robo de hidrocarburo no solo genera pérdidas económicas para Petróleos Mexicanos; también produce desabasto de combustible en las gasolineras y centros de distribución de hidrocarburo, el desabasto es uno de los resultados de este delito.En diferentes Estados de la República ha existido el desabasto o la falta de combustible que en todos los casos tiene que ver con las tomas clandestinas que no permiten que exista el combustible suficiente para satisfacer la demanda requerida. Medios de comunicación han dado seguimiento no solo al delito del robo de hidrocarburos sino también a la escasez de combustible que es uno de los resultados de este delito:

“Los estados de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua existe desabasto de gasolina, ante la falla de un nuevo sistema de facturación de Pemex Refinación, el mantenimiento de las refinerías de Cadereyta y de Salamanca, y las tomas clandestinas en los ductos Ciudad Juárez-Chihuahua, Cadereyta-Gómez Palacio-Chihuahua y Salamanca-Guadalajara”.

“Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto, ha programado la adquisición de volúmenes adicionales de importación, lo que permitirá regularizar el abasto”, señala un comunicado”.

“En este año las importaciones del combustible participan con 51 por ciento de las ventas totales de gasolina”. [*]

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El robo de combustible es un delito que lacera seriamente a la sociedad, el costo e impacto económico se ve reflejado en los precios de los combustibles, para actuar en consecuencia es necesario conocer el detalle de esta actividad y el costo real que ha tenido este delito a los Mexicanos.

III. No debemos pasar por alto que para actuar es necesario basarnos en el registro y en los datos que Petróleos Mexicanos tiene registrado y que reflejan esta actividad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que emita a esta Soberanía, un informe detallado de cuáles y cuantas han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que informe a esta Soberanía, cuál es el impacto económico que han producido las tomas clandestinas detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos tres años.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que informe a esta Soberanía, cuantas denuncias se han presentado ante la Procuraduría General de la República y cuales han prosperado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de septiembre de 2015.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

[*].- Jorge Monroy. El robo de hidrocarburos cuesta 15,300 mdp al año Informes de la PGR ubican por lo menos unas 45 células de los cárteles de Jalisco Nueva Generación, Zetas, Golfo, Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez y de los Caballeros Templarios, que en paralelo a sus actividades delincuenciales, incursionaron en el mercado del robo de combustibles. En: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/04/robo-hidrocarburos-cuesta-15300-mdp-ano. Revisión hecha el 2 de septiembre de 2015.
[*].- Periódico el NORTE. Ordeñan ductos... y vuelven por más En 2014, de las 5 mil 363 tomas clandestinas detectadas por Pemex, mil 738 ya habían sido clausuradas con anterioridad; el año pasado la petrolera perdió 17 mil millones de pesos por este ilícito. En: http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx Revisión hecha el 3 de septiembre de 2015.
[*].- Sergio Meana. EL FINANCIERO Financiamiento bancario a la actividad petrolera se cuadruplicó en un año En doce meses, el saldo de la cartera crediticia al sector energético subió de 23 mil 407 millones de pesos en febrero de 2014, a 102 mil 725 millones de pesos, monto que implicó un crecimiento anual de 326 por Ciento. En: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/financiamiento-bancario-a-la-actividad-petrolera-se-cuadruplico-en-un-ano.html. Revisión hecha el 3 de septiembre de 2015.





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender diversas situaciones sobre el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción II y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), tiene como objetivo el otorgamiento de apoyos económicos a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para apoyar su infraestructura y productividad a través de la realización de obras de infraestructura que incrementen el activo del sector público, el cual pertenece al Ramo 23.

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. Por lo que los fondos del FAIP son ejercidos directamente por el municipio.

El FAIP, fue establecido en el año de 2014 con un monto total de $2,535,100,960. El monto autorizado para ejercer en 2015 fue prácticamente el mismo: $2,535,106,567 a pesar de estar concebido como un recurso para promover el desarrollo de los municipios, y de haber sido creado a solicitud de diversas organizaciones municipales nacionales, el FAIP ha enfrentado diversas problemáticas en su ejecución.

Por ejemplo: hasta marzo del presente año, no habían podido ejercerse 2,400 millones asignados al Fondo el año pasado, lo que ha ocasionado que se retrasen los beneficios planteados para el FAIP. Muchos de los recursos no pudieron ser obtenidos, supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su proyecto de justificación, sin embargo ningún momento asesoró a los municipios involucrados. No sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales, en el momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. No se les dio la oportunidad de subsanarlas; no se les avisó que no serían beneficiados. Simplemente no se les dio el recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta opacidad. Así lo señaló mi compañero Benjamín Robles el pasado 22 de julio de 2015.

Dicha situación también ha repercutido en el desinterés de buscar los fondos asignados para este año al FAIP por diversos presidentes municipales, ya que aunado a lo anterior, se enfrentan a otra problemática que es el de tener prácticamente el proyecto listo para su presentación, pues al emitirse las convocatorias, el plazo para solicitar los recursos es demasiado corto; dos de las cuatro convocatorias publicadas el presente año solo dan como plazo diez días hábiles para poder solicitar los recursos.
Otra circunstancia que también se presenta es que la convocatoria con mayor plazo de vigencia (poco más de tres meses la más amplia), es concurrente con el cambio de poder de los presidentes municip