Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 18 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 4



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Septiembre de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 82 ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del martes 8 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con tres minutos del día jueves tres de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dos de septiembre de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, oficio por el que notifica su decisión de no integrarse a ningún grupo parlamentario.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos.

(Acuerdo Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Acuerdos Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para realizar sesión solemne en la que se recibirá la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva.- Fue aprobado en votación económica, la Senadora rindió su protesta de ley.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 669, 670, 671, 677 y 705 del Código Civil Federal y se adiciona un artículo 371 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 fracción III de la Ley General de Educación y se reforma el artículo 56 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojosa, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII del artículo 3, y se crea un artículo 61, de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la  Asamblea un dictamen en sentido   negativo de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la    Adolescencia y de Estudios Legislativos, por el que se desechan dos proyectos sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Sin  discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cinco dictámenes de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al gobernador de Oaxaca a llevar a cabo las investigaciones y diligencias pertinentes para determinar si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan las acciones legales que sean procedentes.- Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permita disminuir, combatir y prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.

3) Que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a informar si la averiguación previa número 183/2013 está relacionada con el enfrentamiento entre miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, del pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas.

4) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las imputaciones que se hacían a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

5) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver de manera prioritaria el expediente número 1055/2012-17-07-6, radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina Ixtapa.

Los cinco dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD.

2) Que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a incluir el trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.- Intervino la Senadora Martha Tagle Martínez, quien presentó una propuesta de modificación, la cual fue aceptada.

3) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar como eje transversal la protección de la familia, en los términos de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.- Intervinieron las Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona del PRI y Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar respecto a la concesión de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito.

2) Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre el resultado de las investigaciones iniciadas en relación con las implicaciones derivadas de la existencia de un vínculo directo o concentración entre TELMEX y MVS o su filial DISH MÉXICO que pudieran resultar violatorios a la Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión.

3) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar los avances y acciones que se han llevado a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo para atender el conflicto entre taxistas con placas del estado y taxistas con placas federales, surgido el 11 de febrero de 2014.

4) Que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado actual, grado de avance, condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada “Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo Puente Vehicular La Unidad", en Campeche.- Intervino el Senador Óscar Román Rosas González del PRI.

5) Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, una vez analizada la conveniencia del proyecto, incluyan en sus respectivos presupuestos para 2016, los recursos necesarios para la reparación o, en su caso, la reconstrucción del puente ubicado en las cercanías del poblado de Taracatío, en el río de Tuzantla, Michoacán.

6) Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar diferentes prácticas de comercialización de servicios adicionales y/o servicios de valor agregado, a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil.- Intervino la Senadora Graciela Ortiz González del PRI.

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder sobre las razones por las que no se daba cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal en las disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a investigar que las actividades laborales del ciudadano Mony de Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cumplieran con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación y exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, México y Puebla a implementar una campaña de difusión y prevención por lo ocasionado por las variaciones climatológicas previsibles a las que se verá sometida esta parte del país, con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción en la investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en el estado de Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por grupos inmobiliarios y otras sociedades financieras en el estado de Puebla.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una investigación expedita, objetiva y transparente en relación a la red de trata de infantes detectada en la entidad, a fin de que se aprehenda a los responsables y sean sancionadas conforme a derecho proceda.- Se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

 

La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy:

1) Rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de  Delitos Electorales, presentado el 4 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda.

2) Rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso, presentado el 22 de julio de 2015, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias  de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.

3) Ampliación de plazo para dictamen a comisiones sobre diversos proyectos de decreto: Comercio y Fomento Industrial, seis proyectos; Comunicaciones y Transportes, dieciséis proyectos; y, Salud, veintiún proyectos.

(Efeméride)

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó efeméride sobre el 46 aniversario de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De los Senadores Miguel Romo Medina y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Salud a realizar de forma efectiva y expedita peritajes en materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del municipio de Cadereyta de Jiménez para evaluar el daño causado debido al derrame acontecido el día 16 de agosto de 2014.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Gracia Guzmán y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 recursos para la fortalecer la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 46 aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efemérides sobre la “Inauguración del Banco de México”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 62° aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la "Proclamación de las Leyes de Reforma”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el natalicio del General Francisco José Múgica Velázquez, ocurrido en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Beneficencia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintitrés minutos y citó a la siguiente el próximo martes ocho de septiembre a las once horas y a Sesión Solemne ese mismo día a las doce horas, para recibir la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

 

Fin de la sesión.






LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite su respectivo informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.








De la Comisión de Gobernación, con la que se remite su informe de actividades, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura y su programa de trabajo para el primer año de la LXIII Legislatura.








De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de la actual legislatura.








De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que remite su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de la actual legislatura.








De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, por la que informa que el 3 de octubre del año en curso presentará su informe de actividades legislativas.








Del Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Delegación del Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con la que remite el informe de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de dicha Asamblea, celebrada del 22 al 26 de junio de 2015, en Estrasburgo, Francia.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Secretario Fernández Fuentes. La Asamblea ha quedado debidamente enterada.






JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo por el que se integra la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón como su Presidente. Dicho Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria para su conocimiento.



Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Senador Emilio Gamboa Patrón como Presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.






La Junta de Coordinación Política nos remitió también un Acuerdo que propone modificaciones en la conformación de las comisiones. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura al Acuerdo.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe del resultado sobre la participación del personal de las Fuerzas Especiales en la competencia, Fuerzas de Comando 2015, que se llevó a cabo en Poptún, Departamento de Petén, Guatemala.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se recibieron los informes de labores de las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, SEDATU, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, SAGARPA, Salud, Trabajo y Previsión Social y Turismo. Se recibió también el informe de la Procuraduría General de la República.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los informes se distribuyeron a través de los respectivos grupos parlamentarios y los correspondientes oficios están publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Haremos un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne.

(Receso)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (13:25) Se reanuda la sesión ordinaria.






En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 21 y 29 de la Ley de Planeación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5o., 21 Y 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Eviel Pérez Magaña: Buenas tardes, compañeras y compañeros:

La rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, sólo así se garantiza que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y su régimen democrático. Al Estado corresponde planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y regular y fomentar las actividades que demande el interés general.

Es por eso que la planeación del desarrollo nacional requiere de un sistema que se refleje en los tres niveles de gobierno y que cuente con una regulación que en nuestro caso es la Ley de Planeación.

En la anterior legislatura aprobamos las reformas estructurales que nos ubican ya en el siglo XXI. Fue así como el 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma en materia político-electoral, que incluyó el tema de planeación de desarrollo nacional.

Ahora la planeación no sólo será democrática, sino también deliberativa, el Congreso de la Unión participará en ese proceso deliberativo, y la Cámara de Diputados tendrá como facultad exclusiva, la población del Plan Nacional de Desarrollo.

El objetivo de la iniciativa que el Senador Albores Gleason y el de la voz ponemos a su consideración, es reformar la Ley de Planeación para introducir en el artículo 5o. la deliberación como una atribución del Congreso. Esta atribución ya ordenada en la Constitución, enriquecerá la elaboración de dicho plan de desarrollo y establece un procedimiento, pues corresponde al Senado el examen del proyecto y la aprobación, previa deliberación, corresponderá a la Cámara de Diputados.

Además se propone reformar el artículo 21, que actualmente establece un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, aprobar y publicar dicho plan.

En la iniciativa se propone mantener el mismo plazo de 6 meses, en el cual debe desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras, y se reproduce la posición constitucional que tiene por aprobado dicho plan.

Si dentro de ese plazo la Cámara no se ha pronunciado lógicamente, la reforma al artículo 29 distingue el Plan Nacional de Desarrollo que será aprobado por la Cámara de Diputados y los planes regionales especiales que serán aprobados por el Presidente de la República.

Es así, Senadoras y Senadores, que la planeación del desarrollo nacional es indispensable para imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.

De esta forma el crecimiento propiciará la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Aprobamos que esta planeación fuera deliberativa.
Por ello es necesario regular el procedimiento y plazo para la efectividad, participación del Congreso en este ejercicio democrático.

Así, el Plan Nacional de Desarrollo será el resultado del trabajo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, gobiernos locales, sociedad civil y generará la democratización que México exige.

Tendremos entonces el resultado de un ejercicio de participación, de consulta y deliberación y comprometerá al Poder Legislativo que lo vincule a la planeación del desarrollo nacional y a los demás altos valores de la independencia y democracia.

Agradeceré al Presidente de la Mesa Directiva, ordene se inserte en el Diario de los Debates la iniciativa que he presentado.

Muchas gracias.

Iniciativa

Los que suscriben, Eviel Pérez Magaña y Roberto Armando Albores Gleason, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La rectoría económica del Estado

La rectoría económica del Estado tiene como responsabilidad y objetivo central el lograr el desarrollo nacional. A partir de la Revolución Mexicana se atribuyó al Estado la facultad de proporcionar e impulsar el desarrollo nacional como medio indispensable para integrar la nación. Esta se define como “la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la  actividad económica nacional, así como la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga a la Constitución1”.

En México, la inclusión explícita del concepto de la rectoría económica del Estado, obedece a la tradición constitucional mexicana de atribuir al Estado la responsabilidad de organizar y conducir el desarrollo nacional:

En diciembre de 1982, con el propósito de consolidar lo que implícitamente la Constitución ya le reconocía al Estado, a este se le atribuyeron facultades que consolidaron el principio de la rectoría económica, haciéndolo consistente con los instrumentos de política económica para conducir la estrategia del desarrollo nacional2.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece los mandatos en materia de la rectoría de la economía nacional. En específico una de las funciones más importantes que la CPEUM le asigna al Estado es la rectoría para que fomente el desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales […] (art 25).

El Estado como rector de la economía nacional tiene responsabilidades ineludibles como el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, indispensables para propiciar el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía, el impulso y la orientación del desarrollo a mediano y largo plazos, la justa distribución del ingreso, que no es posible obtener exclusivamente a través de los mecanismos de mercado, las grandes obras de infraestructura, el arbitraje de los conflictos sociales, el ahora llamado desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos naturales y, en forma creciente, además de la ineludible  responsabilidad de los gobiernos de conducir las relaciones económicas internacionales  en beneficio del interés de cada país 3.

En nuestro sistema constitucional, la rectoría económica del Estado, tal como se define en la CPEUM, no es facultad exclusiva de un sólo poder: “a nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los tres poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial coparticipan en esta importante atribución de la rectoría del desarrollo nacional. Asimismo, los gobiernos locales y municipales, en el ámbito de su  competencia, tienen esta misma responsabilidad de rectoría del desarrollo nacional. La palabra “Estado” debe entenderse en su sentido amplio, que incluye, por tanto, los  tres poderes a nivel federal y local y, en la esfera de su competencia, al municipio. Se ejerce la rectoría del desarrollo nacional al legislar, ejecutar o administrar y juzgar”.4

El artículo 26 de la CPEUM señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y establece los aspectos generales de la planeación democrática, sus características, la función del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en el proceso de planeación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. […]Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La Planeación del Desarrollo Nacional

La planeación democrática de desarrollo nacional es el instrumento que la Ley Suprema le proporciona al Estado mexicano para que fomente un desarrollo que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación (art 26 CPEUM).

La planeación del desarrollo nacional debe ser democrática y deliberativa; democrática porque toma en consideración las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género; y deliberativa porque el Congreso de la Unión tiene la facultad de intervenir en ésta.

La planeación en México cobró particular importancia en el periodo 1976-1982 donde se dieron los primeros pasos para dar forma a un Sistema Nacional de Planeación, para mejorar la distribución del ingreso y asegurar un nivel mínimo de bienestar a toda la población del país, donde cada jurisdicción pudiera garantizar a sus integrantes un nivel mínimo de servicios socialmente aceptable en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, empleo, salud, educación, seguridad social y vivienda.

Paralelamente, numerosos planes sectoriales, de desarrollo industrial, de desarrollo pesquero, de ciencia y tecnología, prácticamente uno para cada actividad emprendida por el Estado aportaron elementos indispensables para la tarea de integración programática. Con ellos fue posible afinar diagnósticos, normar decisiones, obtener una visión de conjunto y reunir en un documento único el “Plan Global de Desarrollo” con las acciones de los distintos sectores económicos y sociales dentro de un marco estratégico general.

Este documento que contenía objetivos y metas precisas, hizo posible avanzar hacia un sistema unificado de planeación que permitió ordenar la información de tal manera que se asegurara la congruencia, eficacia y eficiencia de la acción de los sectores gubernamental, social y privado en relación con los objetivos nacionales

En 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 5 de enero de 1983 la actual Ley de Planeación (LP) que abrogó la Ley Sobre Planeación General de la República de 1930, la que señalaba que “se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”.

Entre los objetivos de la actual LP se encuentran: establecer las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas; promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas.

Los principios bajo los cuales se rige nuestra planeación de acuerdo a la ley vigente son:

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales; y de las libertades y derechos sociales y políticos;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, entre otros.

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

El ciclo de la planeación nacional incluye la conducción, elaboración, coordinación, concertación, aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y control. Todas estas partes del ciclo deben ser realizadas por los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), así como las entidades federativas y los municipios.

Prácticamente en todo el ciclo de la planeación nacional participa el Poder Ejecutivo Federal y su elaboración está a su cargo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con ciertas atribuciones.

Asimismo, las dependencias de la administración pública federal intervienen en la elaboración del Plan en las materias que les competan. Las entidades paraestatales participan en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto, y cuando lo determina expresamente el Ejecutivo Federal, participan en la elaboración de sus respectivos programas institucionales (artículos 16 fr. I y 17 fr. II de la LP).

Por su parte, el Congreso de la Unión interviene en este sistema de planeación democrática y deliberativa, de acuerdo a lo que señale la ley.

El 10 de febrero de2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral;  las disposiciones relativas al Congreso de la Unión y como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia del Plan Nacional de  Desarrollo, quedan en los artículos26, Apartado A y 74 en los siguientes términos:

Artículo 26.

A. …

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de le Administración  Pública Federal.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I y II. . . .

III.   Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

IV.  . . .

. . .
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

. . .

. . .

V.    y VI. . . .

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

VIII.  . . .

IX.   Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Recorrida DOF 27-05-2015

De lo anterior, se puede apreciar que la reforma constitucional delos artículos26 y 74, publicada el 10 de febrero de 2014, obliga al legislador a adecuar las disposiciones relativas de la Ley de Planeación. De su articulado aún vigente, se contemplan los siguientes, cuya adecuación es objeto de la presente Iniciativa:

Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 29.- El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector.

Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En efecto, en virtud de la reforma en materia política-electoral, la planeación no sólo será democrática, sino también deliberativa; y el Congreso de la Unión, participando en  ese proceso deliberativo, confiará en la Cámara de Diputados como facultad exclusiva, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

El objeto de la presente es entonces, reformar la Ley de Planeación vigente a partir de 1983, para introducir en  su artículo 5°, la deliberación a cargo del Congreso de la Unión, que enriquecerá la elaboración de dicho plan de desarrollo; estableciendo un procedimiento en el que corresponde al Senado en primer término, el examen del proyecto, su deliberación y la opinión conducente; para después ser aprobado, previa deliberación, por la Cámara de Diputados.

Se propone también, reformar el artículo 21  de la misma ley, que actualmente establece un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. En esta Iniciativa se propone mantener el mismo plazo de seis meses, en el cual deberá desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras y reproduciendo la disposición constitucional que tiene por aprobado dicho plan, si dentro de ese plazo la Cámara de Diputados no se ha pronunciado.

La reforma al artículo 29 armoniza su actual contenido en términos de las propuestas anteriores, respecto al Plan Nacional de Desarrollo; conservando la aprobación del Presidente de la República, respecto de los Programas Regionales Especiales; y los programas sectoriales e institucionales en los términos previstos en el precepto en cita.

La planeación del desarrollo nacional es indispensable para imprimir solidez, dinamismo, competitividad,  permanencia y equidad  al crecimiento de la economía, para que este crecimiento propicie la independencia y la democratización política, social y cultural  de la nación, tal como lo enuncia el artículo.

Al incorporarse la deliberación a esta planeación ya en sí, democrática, se hace necesario regular el procedimiento y  plazo para la efectiva participación del Congreso en este ejercicio democrático. Así, el Plan Nacional de Desarrollo será el resultado del trabajo de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, con el concierto de los gobiernos locales y la sociedad civil, para que su participación conjunta genere la democratización que México exige.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 5º; primer párrafo del 21y primer párrafo del 29; y se adiciona un segundo párrafo del artículo 29, recorriéndose los demás párrafos en su orden, de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Senadores para su deliberación y opinión, que lo turnará a la de Diputados para su deliberación y en su caso, aprobación dentro del plazo y en los términos previstos por el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, deliberarse por el Congreso de la Unión, aprobarse por la Cámara de Diputados y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República; su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en el plazo previsto, el Plan de entenderá aprobado.
. . .

. . .

Artículo 29.- El Plan deberá ser sometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la consideración y autorización del Presidente de la República, quien  lo turnará al Congreso de la Unión para los efectos previstos por los artículos 5 y 21 de la presente ley.

Los programas regionales especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

. . .

. . .

. . .

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Eviél Pérez Magaña.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.

Fuentes y bibliografía:
Reyes Tépach Marcial, La rectoría económica del Estado y la planeación del desarrollo nacional, Cámara de Diputados, México D.F, abril de 2005
Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 10 de febrero de 2014.

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos COMENTADA, (1998), Tomo I. UNAM-Porrúa. Décimo segunda edición. México, DF, pág. 320-321.

2 Chapoy Bonifaz Dolores Beatriz, Planeación, programación y presupuestación, Instituto deInvestigaciones Jurídicas de la UNAM, México, D.F 2003, pág. 13.

3 Cámara de Diputados Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, (2000)”. Tomo IV. Artículo 24-27. LVII Legislatura de la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa. México, DF. 2000, pág. 194.

4 Ídem.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senador Pérez Magaña. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas González.

El Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitarle al Senador Eviel Pérez Magaña, si me permite adherirme a la iniciativa que acaba de subir.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Pérez Magaña ha aceptado la solicitud.

Sonido en el escaño del Senador Barroso Agramont.

El Senador Ricardo Barroso Agramont: (desde su escaño) En el mismo sentido, solicitarle al Senador Pérez Magaña que me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se incluye al Senador Barroso Agramont.

Sonido en el escaño del Senador Ascención Orihuela Bárcenas.

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Para el mismo caso, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede la solicitud.






Tiene el uso de la tribuna la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 123 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO A FRACCIÓN V; ASÍ COMO EL APARTADO B INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Con su venia, señor Presidente.

Dedicación es la palabra con la que me gustaría empezar mi intervención, una palabra que describe a las pocas más de 60 millones de mujeres que hoy vivimos en México.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy me dirijo ante ustedes con la intención de hablar sobre los derechos de la mujer en la vida laboral. A través de nuestra historia las mujeres han jugado un papel fundamental para la construcción de nuestra nación.

El rol que desarrollamos hoy las mujeres en la vida política de nuestra nación, de nuestro país, que se ha formado a base de lucha, coraje y persistencia.

En esta LXIII Legislatura somos 44 Senadoras que representamos el 39 por ciento de legisladores en el Senado. El compromiso, la dedicación y el entusiasmo por construir una sociedad en que todas y todos tengamos las mismas oportunidades se reflejan en la confianza que cada vez más nos tienen los ciudadanos al encomendarnos mayores responsabilidades.

Todas nosotras representamos el trabajo y el esfuerzo de cada mujer mexicana que se abre paso por la vida laboral en nuestro país, algunas con mayores dificultades que otras, pero sin lugar a dudas, todas nosotras cargamos con el gran reto y la gran responsabilidad que implica ser madre. Una bendición que no se puede poner en palabras, porque sólo nosotras sabemos qué implica dar vida a un ser humano.

Hoy México armoniza esto en un marco de legalidad que recae en dos principios:

Primero. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que México es Parte, refiere en su artículo 7 que todas las personas son iguales ante la ley.

Por otro lado, el artículo 123 de nuestra Constitución, establece el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, sin discriminación y reconociendo la dignidad humana. Siendo éste el soporte legal para proteger la vida y la libertad de las mujeres, así como reconocimiento de igualdad de género y la no discriminación.

Sin embargo, el esfuerzo por proteger estos derechos debe ser continuo y persistente, a fin de obtener una plena igualdad.

Hoy nuestro artículo 123 constitucional protege la salud de la mujer en relación a la gestación, sin embargo, hay una contradicción dentro del Apartado A y del Apartado B en relación con la protección a la salud, días antes del parto y días posteriores a la gestación.

El Apartado A en su fracción V prevé que los días de descanso en relación a la gestación serán de 6 semanas, anteriores a la fecha aproximada del parto, y 6 semanas posteriores a ésta.

Mientras que el Apartado B en su fracción XI, inciso c) señala un mes de descanso anterior a la fecha fijada de gestación y dos meses después de ésta.

Las mujeres son las del Apartado A y también las del Apartado B, tendrían que tener las mismas protecciones a su salud durante los días de gestación, sin importar si se encuentran en el Apartado A o en el Apartado B.

En relación a esto, hay que recordar que México forma parte de los tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos y erradicación de la discriminación de la mujer.

Por mencionar algunos, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convenio sobre la Discriminación de Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre muchas otras.

Si bien México es pionero y tiene siempre la voluntad para firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos, no siempre la realidad nacional se asemeja a lo que se firma o a lo que pretende lograr con estos convenios, así lo podemos ver en la contradicción de este artículo 123, en el Apartado A y en el Apartado B.

Es por eso que resalto el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Protección a la Maternidad, el cual estipula las medidas de protección de las trabajadoras embarazadas, prevé los riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después de este.

Menciona el derecho a una licencia de maternidad en servicios de salud materno-infantil, interrupciones para la lactancia remuneradas y el despido en relación con la maternidad y el derecho garantizado de incorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad.

La Organización Internacional del Trabajo indica que los costos laborales asociados a la maternidad y al cuidado infantil son factores injustificables de la resistencia empresarial a contratar, capacitar o promover a las mujeres que trabajan, acentuando una tasa de desempleo femenino de 8.2 por ciento; mientras que el masculino corresponde a 4.4 por ciento en América Latina.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL, durante el 2008, reportó más de 100 millones de mujeres activas en el mercado laboral en la región, en promedio 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 40 años, es decir, quienes están en etapa de crianza la cifra aumenta a 7 de cada 10 el 70 por ciento.

La condición de maternidad constituye una etapa natural del ser humano y una circunstancia clave para la preservación de la especie humana, en este sentido, deben respaldarse diversas versiones de interactuar con la mujer embarazada que trabaja en términos de equidad y de reconocimiento de que tal circunstancia implica diversos cambios físicos, emocionales, que requieren empatía social para que las mujeres embarazadas puedan llevar embarazos saludables, partos dignos y una maternidad responsable, cuando menos los primeros días de apego necesario entre la madre y el recién nacido.

Partiendo de este contexto y tomando en cuenta la lactancia materna, es preciso señalar que la formación ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes básicos e indispensables para su crecimiento y desarrollo saludable, es justamente la lactancia materna.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante un periodo de 6 meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más.

Si bien la Organización Mundial de la Salud nos indica un parámetro, es una realidad que cada condición en particular de un niño puede variar por muchas razones; sin embargo, las recomendaciones que señala la Organización Mundial de la Salud son imprescindibles para un desarrollo sano. Además, los beneficios inmediatos de la lactancia materna reflejan en el crecimiento del menor una buena salud durante toda su vida.

Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños, tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso y obesidad, son también menos propensos a sufrir diabetes y obtener mejores resultados en pruebas de inteligencia.

En este sentido, es importante precisar que las mujeres, como los niños, deben de cuidar y tener derecho a este espacio de lactancia materna, el cual no se debe interrumpir y bajo ninguna circunstancia negar o prohibir.

Por lo que se hace necesario avanzar paulatinamente en las prestaciones laborales de la mujer embarazada, resguardando su salud, bienestar físico y emocional, ya que esta condición provoca, en la mayoría de los casos, cambios biológicos que deben ser atendidos, por lo que se plantea la jornada laboral máxima de 6 horas, esta medida podría beneficiar la integridad de la mujer embarazada, asegurando bienestar físico, descanso necesario y evitando faltas laborales innecesarias.

Es importante que el Estado considere el instrumento de las disposiciones necesarias para fortalecer la cuestión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales, que impregnen acciones sociales de equidad y premisas que motivan la presente iniciativa.

Es por esta Honorable Asamblea que hoy les presento este proyecto de Decreto que reforma el Apartado A, fracción V, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de disminuir la jornada laboral a sólo 6 horas durante el periodo de gestación de la mujer, protegiendo su integridad, así como su salud, ampliar a 8 semanas antes de la fecha aproximada del parto y a 12 semanas de descanso posterior a la gestación.

Así como al inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución para empatar las semanas de descanso a 8 semanas antes de la fecha aproximada del parto, y a 12 semanas de descanso posterior a la gestación.

Reflexionemos el entorno laboral de la mujer embarazada y pensemos si estamos haciendo todo lo posible para protegerla, tomemos la salud en consideración y asumamos las medidas necesarias para protegerla.

Agradezco a los Senadores Francisco López Brito, Adriana Dávila, Sonia Mendoza, Adriana Díaz, Octavio Pedroza, Martha Elena García, María Luisa Calderón, al suscribirse también a mi iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.
Iniciativa

La que suscribe, Senadora SONIA ROCHA ACOSTA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 169 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO A FRACCIÓN V; ASÍ COMO EL APARTADO B INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero establece el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en territorio nacional. En su artículo cuarto establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, siendo el Estado responsable de promover la igualdad de oportunidades, así como también en su párrafo noveno, el artículo cuarto establece que Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXIX-P faculta al Congreso de la Unión legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. Así también su artículo 123°establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y el Estado es quien promueve la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere en su artículo 7, que todas las personas son iguales ante la ley.

Nuestro país forma parte de tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos y erradicar la discriminación de la mujer; como el Convenio Internacional del Trabajo No. 100 Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la mano de obra Masculina y la mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convenio sobre la Discriminación Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró el Convenio núm. 183 sobre la protección a la maternidad en 2000, para estipular las medidas de protección de las trabajadoras embarazadas y las que acaban de dar a luz, la prevención a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después del mismo, el derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil y a interrupciones para la lactancia remuneradas, la protección contra la discriminación, el despido en relación con la maternidad, y el derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad.

Es preciso señalar que actualmente la Constitución hace una distinción en su artículo 123 en los apartados A y B. Mientras en el apartado A fracción V establece un periodo de descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo. En el apartado B fija un periodo de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo. Por lo que la misma Constitución cambia los periodos de las mujeres del Apartado A y de las mujeres del Apartado B. Los derechos de maternidad son fundamentales para el buen desarrollo del menor y cruciales para salvaguardar la salud de las madres.

La OIT indica que los costos laborales asociados a la maternidad y al cuidado infantil son factores injustificables de la resistencia empresarial a contratar, capacitar o promover a las mujeres que trabajan, acentuando una tasa de desempleo femenino del 8.2% mientras que el masculino corresponde a 4.4% en América Latina.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL)durante el 2008 reportó más de 100 millones de mujeres activas en el mercado laboral en la región, en promedio cinco de cada diez mujeres de entre 20 y 40 años, es decir, quienes están en etapa de crianza, la cifra aumenta a siete de cada diez (70%).

Los hombres se insertan laboralmente y pertenecen activos hasta la jubilación. Las mujeres en cambio, están condicionadas por factores como: la presencia de niños, niñas o personas mayores en el hogar, el matrimonio y determinan una menor incorporación a la fuerza de trabajo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2014 México registro 5.3 millones de madres que no viven con su pareja, son solteras, separadas o divorciadas, y siete de cada 10 trabaja para sustentar su hogar. De las cuales nueve de cada diez tienen hijos menores de 18 años, mientras que seis de cada 10 viven con su padre o madre que estos coadyuvan en la manutención de los    menores.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011) indicó que una de cada diez mujeres de 15 años o más, ha padecido al menos un tipo de violación laboral, suscitada al solicitar, al menos una vez a lo largo de su vida, una prueba de embarazo; mientras que el 2% indicó haber sido despedida, haber sufrido una reducción de sueldo o la no renovación de contrato por su condición de maternidad.

La condición de maternidad, constituye una etapa natural del ser humano y una circunstancia clave para la preservación de la especie humana. En este sentido, deben replantearse diversas visiones de interactuar con la mujer embarazada que trabaja, en términos de equidad y de reconocimiento de que tal circunstancia implica diversos cambios físicos y emocionales que requieren empatía social para que las mujeres embarazadas puedan llevar embarazos saludables, partos dignos y una maternidad responsable cuando menos los primeros días de apego necesarios entre la madre y el recién nacido.

Partiendo de este contexto y tomando en cuenta la Lactancia materna, es preciso señalar que la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes básicos e indispensables para su crecimiento y desarrollo saludable es justamente la Lactancia Materna.
La organización Mundial de la Salud recomienda a la Lactancia Materna exclusiva por un periodo de seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la Lactancia materna hasta los 2 años o más.

Si bien la OMS nos indica un parámetro, es una realidad que cada condición en particular de un niño puede variar por muchas razones, sin embargo las recomendaciones que señala la OMS son imprescindibles para un desarrollo sano. Además los beneficios inmediatos de la Lactancia Materna se reflejan en el crecimiento del menor, una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes y obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia.

En este Sentido es importante precisar que las mujeres como los niños deben de cuidar y el espacio a la Lactancia Materna, este derecho no se debe interrumpir y bajo ninguna circunstancia negar o prohibir.

Por lo que se hace necesario avanzar paulatinamente en las prestaciones laborales de la mujer embarazada, resguardando su salud y bienestar físico y emocional ya que esta condición provoca en la mayoría de los casos cambios biológicos que deben ser atendidos, por lo que se plantea una jornada laboral máxima de seis horas; esta medida beneficia la integridad de la mujer embarazada, asegurando su bienestar físico, descanso necesario y evitando faltas laborales innecesarias.

Se pretende ampliar el periodo de incapacidad antes y después del parto, ocho semanas antes y doce semanas después para fomentar maternidades responsables y el apego temprano y necesario en los primeros meses de vida del ser humano.

Es importante que el Estado, considere e instrumente las disposiciones necesarias para fortalecer la cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen acciones sociales de equidad.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

Primero: El apartado A) fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, sin discriminación alguna; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. (…)

II. (…)

III. (…)

IV. (…)

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; tendrán como jornada máxima la de seis horas y gozarán forzosamente de un descanso de ocho semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y doce semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Segundo: El inciso c) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue;

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; tendrán como jornada máxima la de seis horas y gozarán forzosamente de ocho semanas de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otras doce semanas después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

(…)

Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Suscribe

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Rocha Acosta.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para sumarme a la iniciativa de mi compañera Sonia Rocha, y felicitarla por esta, su primera intervención.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Silvia Garza Galván.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Igualmente, para sumarme a esta interesante iniciativa, Senadora, y felicitarla por esta propuesta.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le consulto, Senadora Rocha Acosta, si acepta la solicitud de los Senadores.

Se incluyen las Senadoras en la suscripción de la iniciativa.

Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz.

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Lo mismo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo que es para el mismo propósito, Senadores Ernesto Ruffo y Pilar Ortega.

¿Acepta, Senadora?

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Con gusto, gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se inscriben como proponentes, lo mismo que el Senador Hermosillo y Celada.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a usted, Senadora Rocha Acosta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Damos la bienvenida, esta Mesa Directiva, a las presidentas electas de los municipios de Querétaro, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller, invitadas por la Senadora Sonia Rocha Acosta.

Ruego a la Asamblea su atención.






Les informo que este día ocurrió el lamentable fallecimiento de la señora Rosa María Sandoval Muro, madre de nuestro compañero el Senador Martín Orozco Sandoval.

A nombre del Senado, expreso nuestro pésame y nuestra sentida solidaridad a nuestro compañero Senador Martín Orozco.

MINUTO DE SILENCIO

Les solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de la señora Rosa María Sandoval Muro.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Favor de tomar asiento.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Senadores:

La iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy, tiene la simpatía y está asignada por otras Senadoras, en particular, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, es la continuación de un proceso que en el Senado de la República ya iniciamos.

Es importante recordar que fue una decisión de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia político-electoral, de también configurar las reformas a la Constitución, la que tiene que ver con el artículo 41.

Decidimos, aquí mismo en esta tribuna, otorgar la facultad expresa de que las mujeres pudiesen ser tomadas en consideración, de manea paritaria en las candidaturas, tanto la competencia del Congreso de la Unión, las de estados del Congreso de la Unión, como también su participación efectiva, paritaria en los Congresos de los estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

No quiero extenderme mucho, hemos hablado mucho de este importante tema que, insisto, ha sido recurrente en el Senado de la República y, por supuesto, la voluntad política expresada por los grupos parlamentarios en su momento también deja como un pendiente, hoy sigue su curso para lograr lo que nos quedó en ese momento en la cartera, la discusión, y que hoy debiésemos concretar.

La adición que nosotros estamos proponiendo a la fracción I del artículo 41, el segundo párrafo para ser mayormente puntuales, tendría que ver con integrar también que las candidaturas paritarias no solamente estén contenidas como una obligación de los partidos políticos en las elecciones para legisladores federales y locales, sino también la incorporación del tercer orden de gobierno, es decir, municipios y regidurías, éstos deberán alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género.

Es obvio que en el transitorio correspondiente, tendrían que definirse las reglas que tienen que hacer plausible esta importante adición a este artículo, para que puedan ser reformadas de manera puntual las leyes secundarias y garanticen que pasemos al cumplimiento. No los voy a enumerar, lo hemos hecho en otras ocasiones, por obviedad de tiempo que logremos estos tratados internacionales, los compromisos gubernamentales que ha signado México tanto en el Sistema de Naciones Unidas, como el de la Organización de Estados Americanos, para ir resolviendo la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, a partir de que puedan ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos en todos los espacios de poder y en todos los espacios de decisión.

Muchas gracias por su atención.
Iniciativa

Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el Sistema Interamericano de derechos humanos, como en el Sistema Universal de protección de estos derechos. La relevancia de igualar las opciones del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido establecida por la comunidad internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”).

De estos instrumentos se deriva que la participación política de las mujeres tiene dos aristas: la incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos, y la necesidad de que las prioridades de las mujeres se vean representadas en la agenda pública; siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres una condición indispensable para alcanzar estos fines.

Los cambios normativos y de políticas públicas que reconocen el derecho de las mujeres a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres y la implementación de medidas especiales de carácter temporal para promover los derechos políticos de las mujeres se reconoce como un paso positivo. El aumento en la representación femenina durante las últimas décadas en los cargos públicos y las instancias de toma de decisión, sobre todo en el ámbito legislativo y ejecutivo.

La elección de mujeres como Presidentas o Primeras Ministras en varios países de la región en los últimos veinticinco años, como Violeta Chamorro (Nicaragua), Mireya Elisa Moscoso (Panamá), Michelle Bachelet (Chile), Cristina Kirchner (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica), Kim Cambell (Canadá), Janet Jagan (Guyana), Portia Simpson Miller (Jamaica), Kamla Persad‐Bissessar (Trinidad y Tobago), y Dilma Rousseff (Brasil), demuestra que el liderazgo político de las mujeres en esta esfera va en aumento.

Sin embargo y pese a ello, aún persisten obstáculos que contribuyen a la ausencia y poca presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública en muchos países. Estos incluyen: a) las desventajas socio‐económicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y candidaturas en los partidos políticos y en la contienda a cargos públicos; b) el mayor desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas; y c) distintas formas de violencia que impiden y anulan el ejercicio de todos los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho de incursionar en la política, y su derecho al voto.   Este conjunto de obstáculos restringe las opciones de las mujeres para tener un rol e incidir en la esfera política limitando su acceso a cargos públicos en pie de igualdad con los hombres, y su ejercicio de los derechos a votar, y a permanecer en los puestos de poder.

La aplicación de la legislación sobre derechos políticos electorales de las mujeres y cumplimiento de una acción afirmativa en México sentó un precedente fundamental que explica el incremento de mujeres electas en las pasadas elecciones de 2012 y 2015. Los alcances que este proceso ha tenido en la posición y condición de las mujeres se reflejan en un importante incremento de mujeres diputadas; el número de curules pasó de 142 (28%) en 2009 a 184 (37%) en 2012 y 215 (42%) en 2015.

Pese a este aumento cuantitativo, el análisis de la participación política femenina debe reconocer que las acciones orientadas a incorporar a más mujeres en espacios de decisión poseen límites en su desarrollo, como en sus resultados.

Los límites culturales e institucionales a la participación política de las mujeres encuentran en los partidos políticos una de las principales fuentes de discriminación, con efectos multiplicadores a nivel del sistema político en su conjunto, y del Estado como entidad responsable de garantizar los derechos políticos electorales de toda la ciudadanía. La masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tenga un efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.

La adopción y la aplicación de la cuota de género no implican necesariamente un amplio consenso sobre la existencia de la desigualdad de género. Las resistencias a estas medidas no sólo se traducen en la dificultad de promover candidaturas femeninas. La experiencia en esta materia da cuenta de una serie de prácticas de discriminación y violencia que responden a un contexto en donde a competencia política debe ser analizada desde un enfoque de género, es decir, explicar cómo las relaciones desiguales de poder tienen un efecto diferencial en la experiencia política de hombres y mujeres.

Si bien la sentencia de 2011 a nivel federal, SUP-JDC-12624, ha sido un factor que ha influido en las elecciones a nivel estatal a través de la demandas de las mujeres, existe una distancia muy grande entre la sensibilización y el reconocimiento de su importancia.

En el mes de junio de 2015, presente una Iniciativa que pretende modificar el numeral 3 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 234 y adicionar un segundo párrafo al numeral 3 del artículo 232; los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que se establezca el principio de paridad vertical en todos los cargos de elección popular integrando por lo menos un cincuenta por ciento en las candidaturas a cargos de elección popular de las fórmulas de un mismo sexo.

Es por eso que, es necesario que exista una total concordancia entre la Constitución Política y las leyes secundarias en la materia, a fin de integrar a la práctica tanto la paridad horizontal y la paridad vertical.

En ese sentido la paridad debe ser interpretada a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1º constitucional, el cual demanda una interpretación garantista que dote de contenido el principio fundamental de la igualdad sustantiva. Por tanto, la paridad en su aspecto tanto formal como material debe tender hacia una protección integral, lo que nos lleva a entenderla en su expresión más amplia de los derechos políticos de las mujeres.

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Segundo párrafo de la fracción del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales, locales, municipios y regidurías. Estos deberán de alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

TRANSITORIO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Flores Escalera.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias. Pedirle a la Senadora Angélica de la Peña, si me permite suscribirme a esa iniciativa; realmente estoy convencida de la importancia de la participación de las mujeres en todos los niveles, particularmente en el municipal, en Coahuila somos ejemplo de ello.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Por supuesto, es un honor Senadora Flores Escalera, que usted signe esta iniciativa. Claro, ciertamente Coahuila ha sido ejemplar en esto, veremos concretados en la realidad esos avances, sin lugar a dudas, para que pueda ser un efecto dominó en todas las entidades federativas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Inclúyase a la Senadora Hilda Flores como promovente.

Sonido en el escaño del Senador David Monreal.

El Senador David Monreal Ávila: (Desde su escaño) En el mismo sentido, señor Presidente, solicitarle a la Senadora Angélica de la Peña nos permita suscribir esta iniciativa.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora De la Peña Gómez, ¿tiene usted inconveniente?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) No.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, inscríbase al Senador David Monreal como proponente. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 69, 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT)

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Presento ante esta Soberanía, una reforma constitucional, que tiene como objeto reconfigurar e iniciar el debate sobre el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La rendición de cuentas debe ser considerada como un pilar central de las democracias representativas contemporáneas.

La actualización de este principio permite controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia, el mandato hecho por la ciudadanía.

México exige, en plena madurez política, información fidedigna y comprobable de la administración pública, exposición precisa de la toma de decisiones y de los resultados alcanzados en el encargo gubernamental.

El país requiere instrumentos de control y vigilancia que brinden certeza y transparencia sobre el actuar de los representantes y funcionarios, en un estado de derecho democrático, controlar y auditar las acciones del gobierno, debe ser entendido como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.
El esquema de división de poderes contemplado en la Constitución Política Federal, propone un sistema de pesos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable del poder público, por cualquiera de los poderes estipulados en el artículo 49 de la Constitución Federal.

Por tal razón, el ejercicio del poder público debe ser un poder limitado, controlado, que rinda cuentas a la población.
Cabe recordar que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. De ahí que la Constitución Federal tenga que existir una gran cantidad de controles de diferentes especies: jurisdiccionales, políticas y sociales, siendo el control parlamentario uno de ellos.

Ahora bien, con base en la normatividad vigente, el titular del Ejecutivo Federal no está obligado a informar personal y directamente al Congreso de la Unión la situación que guarda la administración pública, solamente debe presentar un informe por escrito, no de manera personal, es decir, no existe algún tipo de instrumento parlamentario que cuestione personalmente al titular del Jefe del Estado sobre el actuar.

Los ciudadanos, a través de sus legisladores, merecen explicaciones claras acerca del quehacer y funcionamiento de la Administración Pública Federal.

De igual manera, el Poder Ejecutivo necesita de la crítica que coadyuve a conocer los beneficios que se han presentado durante todo un año de gobierno.

En este sentido, la presente iniciativa plantea modificar el artículo 69 de la Constitución Federal, a fin de contar con la presencia del titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, y rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Se propone, entonces, que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito; deberá hacer uso de la palabra, escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes, esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas trascendentales o de trascendencia nacional y fortalecerá el intercambio de ideas.

El Informe de Gobierno por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión se debe observar como un acto institucional, democrático, fundamental y que dé vida a un régimen republicano, representativo y democrático.

Por otro lado, pero continuado de manera paralela con los principios de rendición de cuentas, pesos y contrapesos, es pertinente que quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, se haga saber de que existen mecanismos o instrumentos de control para su actuar; esto es, que no recibe un cheque en blanco, sino por el contrario, debe actuar con estricta diligencia y ser ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país.

Hay que recordar que la Constitución Política de 1824, en su artículo 38 establecía que: “El Presidente de la Federación por delitos de traición contra la independencia nacional, o a la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo”, podía ser acusado.

Es decir, la idea de un control jurisdiccional para quien detente el cargo de Presidente de la República, tiene un antecedente en la historia del país, situación, que hoy más que nunca, parece pertinente retomar y consagrar en el máximo ordenamiento jurídico de México.

Un supuesto normativo que permita poder acusar al Ejecutivo Federal por delitos que vayan más allá de traición a la patria y delitos del orden común.
Por tal motivo, el presente proyecto de Decreto propone que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser acusado por traición a la patria, por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violación a los derechos humanos y por cohecho.

En el caso de Guatemala, debe ser una lección para todos los funcionarios del país, desde el más alto nivel hasta el más humilde servidor público.

Si bien, el caso guatemalteco implicó la renuncia del cargo de presidente, a fin de mantener institucionalidad del Ejecutivo para el contexto nacional, las hipótesis normativas propuestas abren la posibilidad para que dado un caso extremo puedan ser actualizadas.

Ningún servidor público ni mucho menos ningún representante de elección popular debe quedar exento ante el abuso de facultades y funciones, motivo por el cual, quien ejerza el honorable cargo de Presidente de la República deberá ser sujeto a la responsabilidad administrativa y judicial como cualquier otro funcionario.

Finalmente, se propone que el titular del Ejecutivo Federal pueda también ser sometido a juicio político, procedimiento que deriva de una resolución administrativa que conduce a una sanción política en contra de los funcionarios contemplados en el artículo 110 de la Constitución Federal, disposición en la que se es omisa en cuanto al Ejecutivo Federal.

Es importante mencionar que el juicio político en contra del Ejecutivo Federal, ya se encuentra establecido en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal.

Efectivamente, el Presidente de la República podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores, en términos del artículo 110, que regula el juicio político; se le faculta a la Cámara Alta para que resuelva con base en la legislación penal aplicable.

En conclusión, se debe de cambiar el formato de la presentación del Informe Presidencial, adecuándolo a las nuevas condiciones de la nación.

Es indispensable que el Ejecutivo escuche los planteamientos e interpelaciones que los legisladores le formulen, y pueda dar respuesta a ellos.

Es preciso ampliar el catálogo de supuestos normativos, a través de los cuales se pueda acusar al Ejecutivo Federal, a fin de que para un caso extremo se desincentive la realización de una conducta contraria a derecho, y finalmente quede comprendida la figura del Presidente de la República dentro de los supuestos de quienes pueden ser sujetos de juicio político.

La transparencia, la rendición de cuentas y el sistema de pesos y contrapesos, deben de ser elementos esenciales en todo estado de derecho.

El Ejecutivo Federal tiene la obligación de informar a todo el país a través de mecanismos que permitan una verdadera discusión y análisis de los temas más relevantes suscitados en un año de gobierno.

El Recinto del Congreso de la Unión debe ser, por antonomasia, el lugar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; debatan y aborden el tema del estado que guarda la nación; el sitio donde la pluralidad, las ideas, visiones y corrientes converjan en un punto en común la efectiva rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.
Iniciativa

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 69, 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México se ha ido construyendo lentamente un régimen democrático, se pasó de un partido hegemónico con un hiperpresidencialismo [*]  a un sistema pluralista [*]  con cierta competencia electoral, a esto se le conoce como transición democrática, la cual consistió en la disolución del régimen autoritario al mismo tiempo que se va fundando alguna forma de democracia.

Pese al hecho de que la Constitución Política Federal establece un Congreso y un Poder Judicial independientes e insiste en la separación de poderes, el Gobierno Federal es juez y parte en todo el sistema político mexicano; por tal razón, Mario Vargas Llosa en 1990 se refirió al sistema político México como “la dictadura perfecta”, mientras que Daniel Cosio Villegas se refirió a tan peculiar forma de gobierno como una “monarquía sexenal absoluta hereditaria por vía transversal”. [*]

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal, es unitario elegido por medio del voto ciudadano, durará en su encargo seis años y no puede ser reelecto. En el proceso legislativo el Presidente interviene directamente en tres momentos, la presentación de la iniciativa, facultad de veto, y promulgación del Decreto.

Pero en la realidad, el Presidente es quien más legisla, y el Legislativo aprueba el mayor número de iniciativas enviadas por el Ejecutivo, en raras ocasiones veta alguna iniciativa emanada del Presidente, aunado a lo anterior, también tiene la facultad de emitir reglamentos. Para Montesquieu, las razones que justifican, la división de poderes es evitar la opresión, la tiranía, impedir el abuso de autoridad, haciendo que los poderes se limitaran unos a otros con su propio peso y su propia fuerza.

El cargo de Presidente de la Republica, tiene ciertas facultades de gran importancia para el desarrollo social, político y económico del país, por mencionar solo algunas, son:

1. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda

2. Nombrar con ratificación del Senado, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, agentes diplomáticos, oficiales superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacionales, órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

3. Ratificar al Fiscal General de República.

4. Declarar la Guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos con previa Ley del Congreso de la Unión.

5. Disponer de la totalidad de la fuerza armada para la seguridad interior y defensa exterior, con el consentimiento del Senado.
6. Celebrar tratados internacionales, con ratificación del Senado.

7. Presentar, en forma exclusiva, el proyecto de ley de ingresos y egresos de la federación.

8. Instrumentar la política monetaria.

Del listado que se realizó es evidente que el Ejecutivo Federal, es el órgano predominante del sistema político, ahora bien, entre sus limitaciones está que solamente podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Todo este poder público concentrado en una sola persona y protegido por el párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución Federal, podría causar el ejercicio despótico del poder.

Es necesario que el individuo que ejerza el Poder Ejecutivo Federal no solamente sea juzgado por traición a la Patria y delitos graves, sino también por conflicto de intereses, por cohecho, por uso abusivo de facultades y funciones, que sea sujeto a la responsabilidad administrativa y judicial como cualquier funcionario, se debe entender que quien ejerza el honorable cargo de Presidente de la República, no recibe un cheque en blanco, si no por el contrario, debe ser el ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país.

La idea de poder acusar al Ejecutivo Federal por delitos que vayan más allá de traición a la patria y delitos del orden común no es nueva, se debe recordar que la Constitución Política de 1824 en su artículo 38 establecía que el Presidente de la Federación podría ser acusado por delitos de “traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo”. [*]

Por su parte, la Constitución Política de 1857 establecía que el “presidente de la República; durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común”. [*]

Sin embargo, en la Constitución de 1917, se eximió al Ejecutivo Federal de toda responsabilidad de cohecho y soborno, dicho modificación se llevó a cabo a pesar que nunca se enjuició a algún Presidente de la Republica aunado al argumento de que la envestidura del llamado Poder Supremo, no podía ser sujeto a juicio político por parte del Congreso de la Unión; es decir, no debía rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, en una democracia, el sistema de pesos y contrapesos es indispensable para controlar los excesos de poder por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esto lejos de delimitar la democracia la fortalece.

La democracia no es sólo representación, sino es también desarrollo y edificación, es una forma de gobierno en constante actualización, de ninguna manera es estática, verla como la simple decisión del pueblo para subordinar su voluntad a los gobernantes, sería un error.

En este tenor, la responsabilidad que tiene el Presidente de la República implica un estricto apego a la Ley y a las instituciones del país, deben existir mecanismos para sancionar conductas contrarias a estos principios, ese es el objetivo de un juicio político, el buscar sancionar conductas tan graves como:

I. El ataque a las instituciones democráticas;

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV. El ataque a la libertad de sufragio;

V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

Lo anterior se encuentra estipulado en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; por su parte, en las primeras líneas del párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Federal se puede leer que “Para los efectos de las responsabilidades que alude este Título se reputaran como servidores públicos a los representantes de elecciones popular…”.

En este sentido la presente iniciativa propone modificar el artículo 69 de la Constitución Federal, la presencia del titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, sin lugar a dudas es una oportunidad que no se debe desaprovechar; por tal razón, puede funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas, se propone que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, deberá hacer uso de la palabra, escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes.

Lo anterior, se llevará en un ambiente de respeto y preservando la autonomía que debe existir en la relación establecida entre ambos Poderes. Se debe recordar que en la división de poderes, concebida por Montesquieu, la rendición de cuentas es un aspecto fundamental de la vida democrática, pues de esta forma se da paso a un sistema de "pesos y contrapesos" que evitan el predominio de un poder ante otro.

Esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas de trascendencia nacional y fortalecerá el intercambio de ideas; por otro lado, el Informe de Gobierno por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión se debe observar como un acto institucional, democrático, fundamental en cualquier régimen republicano, representativo y democrático.

Asimismo, la presente iniciativa plantea que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser acusado por traición a la patria, por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos y por cohecho.

El tema de que el Ejecutivo Federal pueda ser acusado por “delitos graves del orden común”, resulta ser algo ambiguo, es innegable que existe una gran controversia sobre el catálogo de delitos  graves de orden común por lo tanto, se delimitan a aquellos que no están reservados a la Federación pues por orden común se entiende a lo local y ordinario, y en este sentido será a cada Entidad Federativa a la que le corresponda legislar en esa materia. [*]
Como se ha escrito con antelación, el Ejecutivo Federal concentra en demasía el poder público, en este sentido, es necesario tener algún tipo de control sobre él, con el objetivo de que no lo ejerza de manera despótica. Dentro del sistema de pesos y contrapeso que se aprecie de ser democrático, se fortalecen las figuras por las cuales se puede ejercer alguna sanción entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las cuales deben estar establecidas en la Constitución Federal.

Por su parte, el cohecho  es entendido en el artículo 222 del Código Penal Federal como:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

En el estudio “México anatomía de la Corrupción”, elaborado por María Amparo Casar, señala que “los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países según Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, uno de los países más corruptos”. [*]

El mismo estudió señala que el 79 por ciento de la población en México, considera que la corrupción es un problema serio, lo anterior sale a la vista en el desprecio que la sociedad tiene a las instituciones públicas, sencillamente carecen de legitimidad ante los ciudadanos.

Finalmente, se establece que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser sometido a juicio político, el cual es un procedimiento que deriva de una resolución administrativa, que conduce a una sanción política en contra de los funcionarios contemplados en el artículo 110 de la Constitución Federal.

Es importante mencionar que el juicio político en contra del Ejecutivo Federal ya se encuentra establecido en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal, efectivamente el Presidente de la República sólo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110 que regula al juicio político, pero sin ser de esta naturaleza, pero se le faculta a la Cámara Alta para que resuelva con base en la legislación penal aplicable. [*]

“Resulta positivo que la división de poderes genere un gobierno con mayores límites y congresos con mayor capacidad de legislar, función para la cual fueron electos." [*]  En conclusión, la división de poderes se refiere a la forma de organizar el poder y de cómo los ciudadanos que sustentan el poder público interactúan dentro del Estado para poder ejercerlo, es así que debe existir un sistema de pesos y contrapesos, pues son los límites que un poder tiene frente a otro y así evitar la concentración del poder.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la  siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 69,108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO. Se modifican, primer párrafo del artículo 69; 108 y, primer párrafo del artículo 110 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, podrá hacer uso de la palabra y deberá escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 108. …

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, cualquier infracción a la Constitución o a las    leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos y por  cohecho.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá  adecuar la legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del mismo.


TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, podrá hacer uso de la palabra y deberá escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 108.…

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Artículo 108. …

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos y por cohecho.

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

[*]  “La variable que explica el hiperpresidencialismo es la exigencia de un partido y un sistema de partido hegemónico que han permitido al ejecutivo penetrar las instituciones políticas y definir no sólo su composición sino su comportamiento. La tesis central es, entonces, que el presidencialismo mexicano encuentra sus bases político institucionales de poder en un conjunto de arreglos institucionales que definieron una estructura no equitativa de acceso y distribución del poder”, véase Casar, María Amparo (2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”, en Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández (compiladores). Lecturas sobre el cambio político en México, México: CIDE-FCE. pp. 42
[*]  La reforma constitución de 1997 fue un parteaguas en la transición democrática, pues se reformaron dieciséis artículos de la Constitución Federal, la reforma logró entre otros aspectos constitucionalizar a los partidos políticos. Se crea además la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; con lo que los partidos políticos obtuvieron su registro para participar en las elecciones, así pues se inicia el pluralismo político en el país.
[*]  Cosío Villegas, Daniel (1975).El Sistema Político Mexicano, Joaquín Mortiz, 8ª edición pp. 31.
[*]  Constitución Política de 1824 [en línea]. Consultada el 26 de agosto de 2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
[*]  Constitución Política de 1857 [en línea]. Consultada el 26 de agosto de 2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
[*]  Gamboa Montejano, Claudia y Valdés Robledo Sandra; “Responsabilidades del Presidente de la República”, Centro de Documentación, Informática y Análisis de la Cámara de Diputados [en línea]. Consultado el 21 de agosto de 2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-34-10.pdf  
[*]  Casar, María Amparo, México anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO,pp. 12.
[*]  Ibídem.
[*]  Casar, María Amparo (2002). “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México”, en Carlos Elizondo Mayer-Serra y Benito Nacif Hernández (compiladores). Lecturas sobre el cambio político en México, México: CIDE-FCE. pp. 46.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del séptimo semestre de la Licenciatura en Derecho, de la Universidad del Valle de Toluca, Campus Ixtapan de la Sal, invitados por el Senador Luis Sánchez Jiménez. Los estudiantes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

¡Sean ustedes bienvenidos!






Compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva y de los coordinadores de los grupos parlamentarios, daremos paso a un debate pactado sobre el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las intervenciones serán en orden progresivo y por un tiempo de hasta 5 minutos.

Tiene el uso de la tribuna, para tales efectos, el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT.

INTERVENCIONES

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, señor Presidente.

Esta semana, sin duda, ha dado vuelta nuevamente al mundo la realidad de nuestro país.

El informe del que dieran cuenta los expertos, con este caso tan lamentable, tan triste, el de Ayotzinapa, el que enlutó a nuestro país, y en el que lamentablemente una vez más queda evidenciada la falta de responsabilidad pública, de responsabilidad política en un tema tan delicado como el de Ayotzinapa.

Hoy, frente a la desconfianza de los ciudadanos, frente a la desconfianza del mundo, el que ha estado dando puntual seguimiento a las conclusiones de este caso tan lamentable, inexplicable, y que hoy es un hecho, a casi un año de no dar una explicación cierta, una explicación convincente, una explicación sincera al pueblo de México y al mundo, porque este asunto ya no es privativo de nuestro país, estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de personas que va más allá de la propia jurisdicción de nuestro país.

Por eso celebro que cuando menos en la formalidad, la parte institucional esté dando entrada, como aquí se dijo hace un momento por quien representa a la Organización de Estados Americanos, que cuando menos se esté en lo formal, reconociendo este informe que se diera a conocer por los expertos en el tema.

Celebrar y que ojalá sea sincera la actitud del Ejecutivo para ir a fondo y para recomponer la página, para recomponer la investigación y que hoy se actúe con una honestidad que pudiera convencer y pudiera dar tranquilidad a los mexicanos y a las familias de los desaparecidos; desaparecidos porque después de lo informado tendríamos que seguir reconociendo esa definición y ese calificativo, no el que ya había hecho la propia institución, el gobierno, de que ya los desaparecidos de Ayotzinapa los consideraban muertos, incinerados y que no estuvieran presentes con nosotros.

Por eso, ojalá se pueda recomponer la página y se pueda actuar porque el caso Ayotzinapa hoy más vigente y más vivo que nunca, ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su permiso, señor Presidente.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

El compromiso del gobierno con el derecho a la verdad ha sido indiscutible, en octubre del año pasado por iniciativa del propio gobierno de la República, se solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que acompañara las investigaciones.
Reconocemos el profesionalismo, imparcialidad y objetividad del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bajo ningún contexto podemos desacreditar, desechar o descartar el trabajo de la Procuraduría General de la República.

Las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas son producto de una metodología sólida, trabajo de inteligencia y estricto apego a derecho, las divergencias entre los resultados de las indagatorias realizadas por el equipo especializado y las desarrolladas por las autoridades nacionales, lejos de generar controversias deben ser punto de partida para contar con mayores elementos en el esclarecimiento total de los hechos.

En todo momento el gobierno federal se ha conducido con respeto, prudencia y responsabilidad, prueba de ello es que la Procuraduría General de la República ha realizado las disposiciones procedimentales, se ha tenido gran sensibilidad y comunicación permanente con las familias de las víctimas.

No podemos dejar de lado que las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, se tomó en cuenta la opinión, conocimientos y observaciones de prestigiosas instituciones de educación superior, entre ellas nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al igual que todas las fuerzas políticas aquí concentradas, el titular del Ejecutivo Federal, tienen como objetivo principal que se haga justicia y que se aplique la ley. Es importante precisar que haya apertura para sumar todo aquello que aporte en el objetivo central, que es castigar a todas las personas implicadas por acción o por omisión en este terrible acontecimiento. Cabe precisar que hasta el momento hay 110 personas aprehendidas.

Los hechos ocurridos en Guerrero impactaron gravemente a nuestro país, y nos constriñen en la obligación de agotar todas las instancias tanto nacionales como internacionales que nos permitan devolverle la confianza, tranquilidad y seguridad a la población mexicana.

Si algo caracteriza a las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de la República es la legalidad, el profesionalismo y el firme compromiso con la verdad. Por su parte, la actuación del gobierno federal se encuentra revestida de sensibilidad y cercanía con la familia de las víctimas, así ha quedado acreditado en diversas ocasiones.

Como en todos los asuntos de trascendencia nacional, el gobierno federal se ha mostrado receptivo al diálogo que contribuya al esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, ha tenido la apertura para incorporar la participación de otros actores como lo son la academia, especialistas y organismos internacionales.

Hoy lejos de desestimar, desvirtuar o desechar el trabajo realizado por las instituciones dedicadas a impartir justicia en nuestro país, nos corresponde dar seguimiento a las acciones que se emprenderán a partir de los hechos del informe a los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si hoy estamos aquí en esta tribuna sosteniendo este debate en torno a este lastimoso tema, es sin duda alguna porque el gobierno federal ha contribuido también desde el principio a tener esta apertura para que viniera gente del exterior a revisar lo actuado.

Por ello celebro que haya un debate constructivo en torno a este tema y que podamos resolver pronto este tema que tanto lastima a nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del Estado mexicano, presentó su informe sobre la revisión de las investigaciones que había realizado la Procuraduría General de la República sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, así como las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el informe realizado por los expertos, estos 6 asesinatos continúan impunes y la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin ser esclarecida, la llamada verdad histórica presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, de acuerdo con los expertos internacionales sobre la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.

“Es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias que la apoyen”, esto dice el informe en la página 156. En otras palabras, por negligencia, omisión o protección impune, estamos ante la primera gran mentira de la investigación de la PGR.

Lo único incinerado realmente es la verdad histórica que presumió Murillo Karam en enero de 2015.

En un informe de 550 páginas el grupo de expertos asegura que no hay evidencias de que un fuego u hoguera, con las condiciones que se presentaron públicamente, hubiese ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en algún basurero.

Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó, aseguró durante la presentación de las conclusiones el experto Carlos Beristáin.

En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron sendos errores, no se puede confiar ni creer en una investigación desaseada, irregular y tramposa.

El grupo de expertos no determina responsabilidades, pero aporta elementos que pueden contribuir a la localización de los 43 normalistas desaparecidos, y señalan de forma contundente, que la investigación debe de reconducirse con nuevas líneas de trabajo.

Este informe viene a confirmar lo que padres, madres, compañeros de los normalistas, y todos nosotros, así como una parte muy grande de la sociedad mexicana ha denunciado, en el sentido de que ese invento de Cocula era una explicación que carecía de sentido y de lógica, que los militares del 27 Batallón de Infantería, así como los integrantes de la Policía Federal Ministerial, deberían de ser investigados por su posible participación en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, y que la llamada “verdad histórica” era insostenible científicamente.
A diferencia de la investigación de la PGR, el informe del grupo de expertos menciona explícitamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como un expediente de desaparición forzada, y no de secuestro agravado como lo dice la PGR, mucho menos como narco-ejecución.

De acuerdo con el informe hay 9 puntos verificados donde se realizaron los ataques en contra de los normalistas, contra los jóvenes integrantes del equipo de fútbol los Avispones y contra personas que simplemente iban transitando en automóviles, los cuales ocurrieron en al menos 3 horas durante las cuales el nivel de violencia fue masivo, indiscriminado, y refleja la impunidad con la que los actores actuaron frente a las distintas autoridades y al crimen organizado, presente en la región.

La pista del quinto autobús, que negaron reiteradamente las autoridades estatales y federales, debe ser investigada porque conduce directamente a la hipótesis de que había en ese autobús posiblemente droga, heroína, que iba directamente a Estados Unidos, según los propios expertos.

Según la evidencia analizada por el grupo de expertos, así como los testimonios recabados directamente, es posible determinar que los ataques realizados fueron coordinados por una persona, presuntamente operó en una casa ubicada en el centro de Iguala, hasta la ubican con una casa de color blanco; hasta ahora nadie había mencionado a otro autor intelectual desconocido.

Asimismo, los indicios permiten indicar como línea de investigación que la posible motivación de este terrible ataque podría ser presuntamente la de no dejar salir de Iguala los camiones de autobuses que habían sido tomados por los normalistas para que el grupo de expertos, desde el inicio de la investigación de la PGR, dice, fue incompleta y con errores; es decir, podemos concluir que la llamada verdad histórica que hasta este momento había sostenido el gobierno federal se ha derrumbado por completo.

Ese informe, además de evidenciar la mentira histórica, construida desde la PGR, también exhibe la ineficacia y la ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país.

Ante un informe tan contundente y demoledor, se requiere de forma urgente e inmediata un diagnóstico institucional que permita comprender y corregir, y en su caso, sancionar el desempeño de aquellos servidores públicos que manipularon, ocultaron y omitieron deliberadamente información, y que fueron el sustento de las conclusiones presentadas por la PGR, además de la implementación de medidas extraordinarias que permitan corregir las investigaciones.

El Presidente de la República no sólo debe girar instrucciones a la PGR para que incorpore los elementos de la conclusión del grupo de expertos, sino ordenar la reapertura de las investigaciones y aceptar el diálogo que afortunadamente ya aceptó con los familiares de los normalistas.

Sólo con decisiones de esta naturaleza será posible recuperar la confianza de la ciudadanía, y que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, que las familias de los normalistas y la sociedad en su conjunto exigen para este caso, así como para muchos otros casos de la misma gravedad que son verdaderas violaciones a los derechos humanos.

Entre la tristeza, la frustración y el enojo, las familias de los normalistas siguen esperando una respuesta contundente de las instituciones y el compromiso del titular del Ejecutivo Federal para corregir las investigaciones integralmente, y para continuar la búsqueda de los estudiantes, para sancionar efectivamente a los perpetradores y para investigar y sancionar a los servidores públicos que construyeron, lo que hoy sabemos, una mentira histórica.
Por todo ello, es urgente que el Presidente de la República reciba a los familiares, como se ha comprometido, pero también hay que subrayar que como los especialistas fueron acreditados en la investigación, fueron acreditados los expertos independientes, entonces sus resultados tienen carácter vinculante.

Y pedimos nosotros la corrección y la reconducción, una nueva investigación con una fiscalía especial independiente, que haya también un diseño con los especialistas y los familiares, un nuevo plan de búsqueda para los 43 normalistas, y una nueva averiguación que sancione contundentemente a los que inventaron la mentira histórica.

Y cómo se construyó una conclusión falsa, irreal, muy distinta a lo sucedido, impidiendo con ello investigar y sancionar a los responsables a partir de hechos probados científicamente, y no a partir de historias sin sustento o inventadas, citamos a comparecer a la Procuradora General de la República y al Secretario de Gobernación para que expliquen en qué estas recomendaciones pudieran servir para reiniciar la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Es cuanto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Les recuerdo que el acuerdo para este posicionamiento es hasta por cinco minutos, les ruego que ojalá y que podamos respetar ese tiempo, gracias.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Vengo a manifestar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional respecto a estos lamentables acontecimientos.

El pasado domingo 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer a la opinión pública el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, convocado por dicho organismo internacional para investigar los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuyo resultado fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.

En el informe que consta de más de 560 páginas se detalló que las investigaciones que el grupo de expertos realizó durante 6 meses, los llevó a poner en duda las conclusiones de la investigación de la Procuraduría General de la República sobre la supuesta incineración de 43 estudiantes desaparecidos tal y como se afirma en la versión oficial de los hechos.

Los Senadores del PAN reconocemos la destacada participación de esta comisión, porque sin su actuación seguiríamos tomando como cierta una mentira o una evidente falta de capacidad para investigar.

Las conclusiones emitidas por el grupo de expertos, representan un duro golpe a la credibilidad del gobierno federal, ya de por sí muy deteriorada por este caso, sumados los indignantes hechos ocurridos en Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya en donde la actuación de las fuerzas federales se encuentra en tela de juicio y donde cada vez más hay indicios de un presunto uso excesivo de la fuerza.
Debemos recordar que en enero del presente año, el propio titular del Ejecutivo afirmó que en el caso de Ayotzinapa, se había logrado dar con la verdad histórica de lo sucedido.

Las recientes conclusiones, advierten la necesidad de cuestionar si el gobierno federal es capaz de garantizar una investigación confiable en otros temas de similar gravedad, como la reciente fuga de Guzmán Loera.

Las conclusiones ponen en evidencia la grave y alarmante corrupción que impera en el sistema de procuración de justicia en este país. El informe de los expertos afecta la credibilidad y confianza en el gobierno.

Una vez más exigimos justicia y castigo a los responsables. El informe pone de relieve la dimensión del conflicto: 180 víctimas directas; 6 ejecuciones; 40 heridos; 43 desaparecidos; 80 perseguidos; y 700 familias afectadas por el miedo.

Los resultados de la investigación del grupo de expertos concede la razón a los familiares de los normalistas desaparecidos, porque ellos siempre negaron la versión oficial, y siempre se negaron a aceptar que los jóvenes habían sido calcinados.

El gobierno del Presidente Peña Nieto deberá tener respuestas claras y contundentes ante el clamor social que sin duda exigirá respuesta.

El dolor y la frustración detrás de la desaparición de los jóvenes deben ser atendidos con prontitud y con una actitud de Estado, del informe de los expertos internacionales se puede inferir que el gobierno no se apegó a lo que señala, no se apegó realmente a la verdad jurídica.

A casi un año de la desaparición de los normalistas, las autoridades han detenido a 100 personas, pero en su mayoría se trata de policías municipales de Iguala. Los mexicanos siguen esperando la respuesta, siguen esperando la verdad.

Señoras y señores legisladores: Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con gran consternación por lo que esto significa para los mexicanos, debemos destacar que no creemos más en el gobierno federal; que no puede haber instituciones confiables sin que gocen de la plena credibilidad de los mexicanos.

Ante los hechos que hoy discutimos en el Senado de la República no puede simplemente acordarse un debate pactado, un debate sin trascendencia. Insistamos a que haya un acuerdo concreto.

En el Partido Acción Nacional demandamos la conformación de una comisión especial de este Senado de la República, y que incluya la participación ciudadana para dar seguimiento puntual al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como el reencauzamiento de la averiguación previa.

También exigimos se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación y a la titular de la Procuraduría General de la República, no en el contexto de la glosa, sino específicamente para que nos aclaren a esta Asamblea lo que hoy está ocurriendo en esta investigación, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué fue lo que se dejó de hacer?, ¿quiénes son los responsables?

Acción Nacional demandará a juicio político y de responsabilidad penal contra el ex titular de la Procuraduría General de la República, así como de quienes tengan responsabilidad directa en esta investigación.
Es importante también, por la trascendencia de los hechos y por la falta de credibilidad en las instituciones, que se oriente hacia la creación de una comisión especial que esté avalada por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, para que a través de un fiscal internacional, se pueda esclarecer esta investigación a partir de lo que está ocurriendo en estas conclusiones y a partir del reencauzamiento de la propia averiguación previa.

Señoras y señores legisladores: Nosotros no continuaremos en este debate sin que se pueda llevar a cabo en este momento la suspensión del mismo para acordar cuáles serán los puntos claros de este acuerdo que tenemos que darle a la sociedad.

El Senado de la República no puede simplemente decir que venimos a debatir, tenemos que dar una respuesta clara, hoy es lo que México está demandando.

Esperamos que todos los grupos parlamentarios estén conscientes de lo que está pasando en nuestro país, y podamos construir un punto de Acuerdo real, que el Senado de la República dé una respuesta clara y concreta.

Aquí están las propuestas del Partido Acción Nacional. Instamos a que se construya, pero también anunciamos que si no se da, nosotros no participamos más en un debate que no tendrá ninguna consecuencia.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo asunto.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

El caso de Iguala lastima a todo y a todos. Por eso los más interesados en que esto se esclarezca y se lleve hasta sus últimas consecuencias es el gobierno de la República, el Presidente Enrique Peña Nieto, y precisamente por eso, fue él quien comprometido con la transparencia y con la necesidad de llegar a la verdad, pidió la participación de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se materializó en la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estuvieron trabajando, y recientemente rindieron sus informes, y digo informes, porque son varios los temas, son varias las áreas, y por eso se trata de un grupo interdisciplinario.

De los varios elementos que contiene esta investigación, hay uno que ha acaparado la atención, y lo que más ha llamado la atención han sido las declaraciones de un señor torero que, a conveniencia de muchos, lo están usando como si un torero hubiera venido a torear para los tendidos, pero no es así; en varias declaraciones en radio y televisión lo que él dijo es: que no tiene la certeza de que allí se quemaron cuerpos, esto no implica que allí no se quemaron; y esto es 1 de 640 peritajes que existen sobre el tema.

Recordamos 2 de los más famosos, el de Innsbruck, que demostró que aquellos huesos calcinados sí pertenecían genéticamente con estudios de ADN a uno de los 43 desaparecidos. Entonces una afirmación categórica puede ser desechada con una afirmación en contra. Ese es un principio de lógica elemental.

Y si dicen que ahí no hubo el incendio, ¿entonces por qué hay uno que ya fue, con el peritaje al más alto nivel mundial, aclarado que sí, sus restos pertenecen a uno de los 43?
Por eso hay que ver todo esto en su verdadera dimensión, aquí se habla como si la investigación estuviera cerrada, la investigación no está cerrada, ninguna investigación se cierra porque pueden venir hechos supervinientes, como llaman los abogados, y aquí al haber hechos supervinientes, lo que se está pidiendo es que se valoren esos peritajes y que se valore también su incorporación a las líneas de investigación abiertas, de manera que eso de reabrir la investigación no tiene sentido porque la investigación no se ha cerrado.

Y respecto a la famosa verdad histórica, lo que se dijo en aquel entonces es que de acuerdo con los hechos disponibles hasta ese momento, la verdad de la historia, la verdad de los hechos, la verdad de los acontecimientos era con los datos hasta entonces, pero no se cerró la investigación, sino que la investigación sigue abierta.

Y tienen razón, no debemos limitar esto a un simple debate, hay que hacer propuestas, y nosotros queremos hacer propuestas concretas:

Primero, que se tomen en cuenta los elementos aportados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que sean valorados por las investigaciones que está realizando la PGR, pero que no se descalifiquen 650 peritajes con expertos nacionales y expertos internacionales, y entre los expertos nacionales quiero recordarles que hay varios peritajes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo, que se analice cada una de las recomendaciones que se han presentado hasta el momento.

Tercero, abrir un paréntesis para agradecer el trabajo que ha realizado este grupo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después del paréntesis, como punto tercero, decir que seguiremos sumando esfuerzos en favor del estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Cuarto, otro punto que conviene incluir, además de valorar la incorporación de estas investigaciones del grupo de expertos, es hacer hincapié en la participación y la presunta responsabilidad de las autoridades municipales y estatales.

Quinto, insistir con la Secretaría de Relaciones Exteriores para convenir la ampliación del mandato que se dio al grupo de expertos para que concluya sus trabajos.

Sexto, impulsar iniciativas que ya están en este Honorable Cuerpo Legislativo, para combatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales, para redefinir el sistema de competencias en materia penal y para fomentar iniciativas en términos de prevenir, sancionar y erradicar la tortura y la desaparición forzada de personas, para que no existan vacíos o resquicios legales.

Ya se manifestó la disposición de tener una reunión con los padres de familia en presencia de los integrantes de este grupo de expertos independientes, este grupo interdisciplinario, y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente decir que hagamos un esfuerzo todos por esclarecer la verdad. La transparencia es un primer paso hacia la verdad, pero no es el paso definitivo. Y como dijo Bertrand Russell, parafraseando al dos veces Premio Nobel:

“Hay dos motores que mueven mi vida, el amor a la verdad y el amor a la bondad. El amor a la verdad puede elevarme hasta el cielo, pero el amor a la bondad, esa inefable compasión por el ser humano, me mantiene con los pies sobre la tierra”.

Muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

De la propuesta que hiciera la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, en torno a la constitución de una nueva propuesta, informo a ella y al Pleno, que en virtud de que este es un debate pactado, turno esta petición a la Junta de Coordinación Política.

Para ello, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez…

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Es en relación con el turno que usted acaba de hacer a lo planteado por la Senadora Pilar Ortega. Insisto, mi intervención es con relación al turno y trámite que usted acaba de hacer con relación a lo planteado por la Senadora Pilar Ortega, porque ése no fue el sentido de su participación.

Nosotros lamentamos que haya sobre esta problemática y, particularmente, sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un debate tan limitado, que no conduce a ningún acuerdo del Senado. Este es un hecho que no puede esperar a siguientes días para que el Senado de la República tome un acuerdo y una posición.

La Senadora Pilar Ortega señaló que no tenía sentido ese debate si esta misma sesión no concluye en un acuerdo del Pleno; y por lo tanto, solicitamos que las propuestas que formuló en tribuna nuestra compañera Pilar Ortega, puedan ser sometidas a la discusión y votación de este Pleno para, en consecuencia, concretar en los hechos las palabras de los distintos oradores. De lo contrario, este debate sólo acredita testimonios discursivos; pero lo que necesitamos es pasar a las acciones para comprometer ese informe con consecuencias jurídicas y políticas.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral.

Le informo que éste fue un debate pactado en la Junta de Coordinación Política.

También a los demás compañeros que están pidiendo hacer uso de la palabra, les informo que habrá una intervención más por cada grupo parlamentario y estamos iniciando aquí con la compañera Senadora Martha Tagle.

Pero le informo al Senador Javier Corral, que independientemente de este tema que hoy se está tratando, hay diversos planteamientos que en su momento podrán desahogarse en el Pleno de este Senado.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

Un segundito, Senador Víctor Hermosillo, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Si, coincidimos con el Senador Corral Jurado, en el sentido de que un tema tan importante para el país, no lo podemos circunscribir a la participación de dos o tres compañeros; tampoco lo podemos circunscribir a que sólo sean discursos sin repercusiones jurídicas y políticas, porque no sólo son los 43 desaparecidos, no sólo son sus familias, es el pueblo de México el que está exigiendo justicia pronta y expedita para que este asunto se resuelva. No está ofendido, no está ofendido, son las familias, está ofendido el pueblo de México y en el Senado venimos a debatir, señor Presidente.

Yo si exijo que se me dé la palabra con fundamento en los derechos que tengo como Senador de la República, para hechos.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Tomo en cuenta su inquietud, Senador Fidel Demédicis. Pero le informo que este es un asunto que se pactó en el seno de la Junta de Coordinación Política con el apoyo de los diversos grupos parlamentarios; y en ese sentido, no se cancelará su derecho para que en su momento usted pueda hacer uso de la palabra cuando lleguemos a ese punto, pero este tema concreto está pactado con dos intervenciones por cada grupo parlamentario; y si la Junta de Coordinación Política toma el acuerdo para que haya un pronunciamiento, esta Mesa Directiva estará abierta para registrar cualquier inquietud y, desde luego, registro su interés por participar en este asunto.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Si, señor Presidente. Yo creo que es un debate pactado, no limitado, y evidentemente no se puede conculcar los derechos de ningún legislador, de modo tal, de que ellos quieran redistribuirla, por favor, para rectificación de hechos, lo señalado por el Senador Cavazos Lerma.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo y Celada.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Yo secundo lo que dijo el Senador Corral Jurado.

Esto es una situación muy delicada y no se debe nada más por medio de un debate, en que puede haber un desahogo, y no llegar a conclusiones importantes, sobre todo, por el tiempo en que está sucediendo.

Entonces, por eso en representación del PAN, la Senadora Pilar Ortega pidió, precisamente, que aquí en esta sesión se viera y se debatiera lo que pidió; entonces, de eso se trata, para eso pasó a la tribuna. No se puede continuar y luego pasar a otra sesión, porque la situación está crítica, está a pocos días de ser el universal y tenemos que ver, precisamente, como grupo colegiado, que estamos nosotros preocupados y proponiendo una situación de un grupo fuera de aquí que vea de nuevo esta situación.

Porque ahorita, como dice también el Senador Cavazos Lerma, puede haber, digamos, situaciones que se tienen que balancear, pero lo queremos hacer por medio de otro grupo, es que tenga precisamente una situación de neutralidad.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada, tomo en cuenta su inquietud.

Sonido en el escaño de la Senadora Iris Vianey Mendoza, ¿Para qué asunto?

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para el mismo asunto.

Para sugerir que se abra el debate para poder coadyuvar con la Junta de Coordinación Política para que construya una propuesta unitaria, porque el objetivo es ese. Hasta donde entiendo no hay una propuesta que unifique los criterios de los grupos parlamentarios, si ya hubiese sido construida, la Mesa Directiva ya nos la habría presentado. De lo contrario, estamos en nuestro derecho de intervenir, de debatir; y le solicito me inscriba para hechos.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Vianey Mendoza.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Hoy, a casi un año de Ayotzinapa, tenemos más preguntas que respuestas.

Y la verdad histórica se ha derribado, caído en el descrédito. La verdad histórica resultó ser una mentira histórica. Sin la verdad, no hay justicia ni reconciliación; y la democracia misma está lastimada.

El papel de la verdad y la justicia en la reconstrucción de sociedades frustradas por la violencia es para las víctimas y sus familiares el conocimiento de la verdad.

Es una demanda de dignificación de la que se le trató de arrebatar, romper el silencio de los hechos, descubrir la esperanza de que esas palabras puedan ser oídas.

Hoy, Ayotzinapa es una herida abierta que gangrena el tejido social. Y a la luz de los recientes hechos develados por el Grupo interdisciplinario de Expertos, se pone de manifiesto la negligencia del Estado.

Negligencia, porque al haber dado como verdad histórica que los 43 habían sido calcinados en el basurero de Cocula, se cerraron las posibilidades de encontrarlos con vida.

Decidieron o pretendieron dar carpetazo a la investigación, quisieron cerrar otras líneas de investigación que quizás hoy hubieran podido responder a algunas de las preguntas que cada día pesan más. México, hoy necesita respuestas.

Los 43 estudiantes están vivos, hoy en día es tan incierto, pues tampoco se puede contestar categóricamente si fueron asesinados, ¿cuándo, cómo, porqué desaparecieron?

Hoy, a casi un año, es una pregunta que todos sin excepción nos hacemos y nadie, ni siquiera las autoridades, tienen claro el móvil.

En lugar de abocarse a revelar lo que realmente ocurrió esa trágica noche del 26 de septiembre, las autoridades pretenden desestimar el informe de los expertos y salen de en defensa de la verdad histórica.

La crítica al informe del grupo de expertos es haber utilizado solo un perito para desmontar la tesis de la Procuraduría General de la República.

A ello obedece que la PGR ordene un nuevo peritaje, el cual podría generar que la PGR sostenga o desista de la acción penal ya ejercitada.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos, devela que el nivel de investigación criminal en México sigue siendo altamente cuestionable.

El impacto más inmediato de este informe, sin duda, es político; refuerza la falta de credibilidad oficial, abona las críticas y las movilizaciones y con razón. Ante la torpeza de los pasos dados por las autoridades, sólo cabe la desconfianza.

Pero existen al menos dos verdades, una factual y otra moral. La verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que intentan explicar por qué y a causa de quién.
La primera, se opone a un proceso de investigación del pasado y la publicación de los hechos, los responsables y la memoria de las víctimas.

La segunda, requiere de todo un proceso social, educativo y político para ser creíble esa verdad. Hoy, esas verdades están entre dicho y dan paso a la impunidad.

La impunidad es un obstáculo para la reconciliación, a pesar de que muchas veces se plantea que es el precio de la paz.

La impunidad estimula el delito; la democracia paga las consecuencias, convivir con las formas de justificación de la violencia y los mecanismos de control social que perduran.

La impunidad supone un mecanismo educativo que rompe las normas de convivencia y genera frecuentemente un refuerzo de las respuestas autoritarias que limitan a libertades.

La falta de una verificación oficial introduce dudas y escepticismo respecto a los testimonios recogidos. Reduce las posibilidades de un duelo colectivo.

El proceso de reconstrucción y reconciliación se vuelve mucho más difícil.

Y para finalizar, quiero citar una frase de Eduardo Galeano: “La sociedad enferma de miedo, de dolor y desaliento, necesita una nueva vitalidad que la democracia prometió y no puso o no ha sabido dar”.

Ahora, la respuesta debe ser verdad y justicia.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Tagle Martínez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Antes que nada, quisiera aclararle al Senador Cavazos Lerma, que el señor Peña Nieto no pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un acto de responsabilidad, sino bajo la exigencia de padres de Ayotzinapa, de la sociedad mexicana, de los medios y de la sociedad internacional.

Y también, que se sepa que la OEA hace suya, asume las conclusiones y, por lo tanto, debe tener también consecuencias y no desviarnos en falsos debates que ya se ve claro por dónde quieren ir.

Apenas se presentó aquí el Senador Cavazos Lerma, a la tribuna, y nos enseñó los calzones. ¿Por dónde vamos? Quieren concentrar la atención o desviarla hacia el basurero de Cocula, ¡por favor! Ese es un elemento.

Hay otros muchos aspectos muy graves, como las ejecuciones extrajudiciales y el que no se sepa en dónde están hasta ahora estos jóvenes, cuando existía un monitoreo puntual del C4 desde la salida de la escuela de Ayotzinapa, durante todo el momento de la tragedia, durante toda esa noche. Y terminan por dar un reporte editado, en donde después del primer y segundo ataque, el C4 guarda silencio. ¿No les parece eso muy extraño?
Aquí, claro, a pesar de que son las primeras conclusiones del GIEI, éste es un informe devastador que pone al desnudo la incapacidad o, más grave aún, la perversidad del Estado mexicano.

Falló Peña Nieto, tardó 10 días en reaccionar; 4 meses en pedir disculpas. Nosotros aquí tardamos también como 4 meses en abrir las puertas del Senado y escucharlos. Presentamos un punto de Acuerdo que nunca se discutió y que lo fueron a leer ante la prensa y que no se hizo nada.

Todo ha sido mentira tras mentira, un gran montaje que supera aquellos que dirigía el inolvidable y afamado productor y director Genaro García Luna y su colección de Genaro´s García Productions. Esto realmente no tiene límites para inventar mentiras y para tratar de difundirlas a través de sus voceros oficiales.

Aquí decíamos, no sólo no hubo capacidad, no la hay de los investigadores, no existen los investigadores en México; los ministerios públicos, ellos, si no los sacan bajo tortura, pues no hay manera de saberlo. Tampoco podemos hablar de habilidades de Peña Nieto. Pero creo que, además, no se puede confiar en Peña Nieto, batea a dos manos.

Por un lado, les abre la puerta a la Comisión Interamericana. “Sí, pasen, ésta es su casa”. Y con la otra, le pone cerrojo a las instituciones en donde hay miembros que deben colaborar para esclarecer este caso tan doloroso, como es el caso del Batallón 27 y el señor Enrique Galindo, comandante de la Policía Federal.

Aquí me extraña esta obsecuencia del Senado, ni menciona la palabra Ejército, y es un actor protagónico en estas escenas trágicas. El Ejército Mexicano tiene una información milimétrica de lo que pasa en el estado de Guerrero, precisamente porque está convulsionado, de por sí tiene una inteligencia militar de primer orden, y no sabemos nada, no pueden declarar.

Este Senado debería de llamar a comparecer al Secretario de la Defensa; e insisto, por enésima vez, cuando sucedió lo de Ayotzinapa, pedí que se presentara, porque los jóvenes acusaban que militares habían intervenido, ya sea por intervención o por omisión, ellos tuvieron responsabilidad y, sin embargo, esto es asunto sagrado.

En lugar de llamarlo a comparecer, lo llamaron al patio central a rendirle honores y develaron otra placa. Aquí los integrantes de la Comisión de la Defensa van en una actitud, para mí vergonzosa, a gorrear el chocolatito a la Secretaría de la Defensa, en lugar de invitarlo a esta Cámara a que dé la cara.

Un día un coordinador, a quien mucho aprecio, me dijo: “Al Ejército hay que dejarlo tranquilo, pues porque quiero que el Ejército esté tranquilo porque mantenga su prestigio, hay que ser transparente, hay que darle la oportunidad de darle la cara a la ciudadanía, y creo que ésa es la mejor forma de protección, porque la opacidad alienta la sospecha. Y hoy se tienen muchas dudas de que hayan habido, no la institución, pero sí militares cómplices en esta tragedia; y el Senado no puede quedarse como testigo de piedra sin asumir una de sus principales responsabilidades.

Agréguenlo a la lista de los que están pidiendo comparecer. Es correcta, pero nadie toca al bendito Ejército, que ahí lo ponemos en su nicho.

El Ejército es la institución más prestigiada en este país, con todo y sus errores, y por eso tenemos que cuidarla; y yo siempre digo, el señor no tiene ni qué llamar, se vestiría de luces, que se presente aquí a dar la cara y explicar muchos cuestionamientos que han quedado en el vacío. Pero que además, preocupa cuando por casualidad hay una coincidencia con lo que sucedió con las autodefensas en Michoacán, y con lo que sucedió en el caso de Guerrero. Los militares que estaban a cargo de esas zonas, inmediatamente fueron ascendidos.
Quien estaba a cargo del Batallón 27, lo trajeron, lo trasladaron ahora aquí a las oficinas centrales y el comandante de la zona, que es el jefe, el responsable de todas las fuerzas de seguridad, no pues a ése lo hicieron generalísimo de brigadas. En fin, otra estrellita más. Sólo se entiende en los momentos álgidos.

Entonces, yo solamente pido que este Ejército actúe con valor, con responsabilidad, que sea el gran intermediario entre esta Comisión Interamericana que nos vino a dar un halo de esperanza. Es posible llegar a la verdad cuando hay seriedad, cuando hay responsabilidad; y creo que hoy el Senado tiene la oportunidad de recuperar la confianza de la sociedad, lo mismo que el señor Peña Nieto.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Buenas tardes, compañeros legisladores. Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda alguna, los hechos violentos suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sacudieron a todo el país. Más allá del origen, las causas y la competencia para atender el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno de la República ha demostrado que no es indiferente a esos reclamos de justicia y esclarecimiento de lo sucedido, y desde que tuvo conocimiento de los hechos, ha atendido puntualmente el caso.

Por ello, la Procuraduría General de la República, en estrecha colaboración con las autoridades locales, emprendió una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas, diligencias, reconstrucción de hechos, peritajes y demás acciones que, no debe quedar la menor duda, se llevaron a cabo con todo el rigor científico de manera imparcial y con los mejores recursos técnicos y humanos al alcance del gobierno federal.

Como resultado de estas investigaciones, caracterizadas por una complejidad inédita, el gobierno de la República pudo concluir que los estudiantes normalistas fueron víctimas de una confusión desafortunada en la que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales corrompidas.

La tan mencionada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede resumirse en que, a la luz de las investigaciones realizadas y los recursos disponibles, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados a un río.

Insistimos en las características propias de estos lamentables hechos, pues además de la evidente violencia que registraron, las autoridades ministeriales tuvieron que lidiar con falta de información, ausencia de testigos y carencia de evidencias materiales contundentes de los delitos cometidos, al grado de tener que solicitar el apoyo de instituciones internacionales para el adecuado desarrollo de las investigaciones.

Sobra qué decir. Por ejemplo, la Universidad de Innsbruck, en Austria, sólo pudo identificar los restos de un estudiante en las muestras analizadas por las técnicas científicas y tecnológicas más avanzadas, lo cual pone de manifiesto la dificultad de la investigación.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integró la solicitud del Estado mexicano, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el que participaron expertos de todo el Continente para coadyuvar en las investigaciones.
De esta forma, el desarrollo plural de las investigaciones, incluso con la participación de instancias internacionales, demuestra la apertura y transparencia del gobierno de México, así como la voluntad de llevar este caso hasta las últimas consecuencias con la mayor certeza posible.

La memoria de las víctimas, la tranquilidad de sus familiares y el reclamo de justicia de todo el país están de por medio; así que el Estado mexicano no debe claudicar en el esclarecimiento de los hechos.

Por ello, sin duda alguna, es bien recibido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues abona a la disponibilidad de información y a la apertura de las nuevas líneas de investigación.

En este sentido, desde el mismo día en que fue publicado el informe de este Grupo Interdisciplinario de Expertos, el Presidente de la República dio instrucciones para que los resultados de dicho informe sean tomados en cuenta en las investigaciones que, vale la pena recordar, en ningún momento fueron concluidas y continúan hasta la fecha, y se valoren puntualmente todas y cada una de las recomendaciones señaladas.

No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que el Estado mexicano y sus instituciones deben cumplir cabalmente con sus atribuciones en materia de procuración e impartición de justicia.

Por ello, los Senadores que integramos el grupo del Partido Verde, damos la bienvenida a cualquier aportación que abone al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala; pero también refrendamos nuestro voto de confianza en la responsabilidad y profesionalismo que las autoridades del Estado mexicano han demostrado en su actuación.

A nadie le debe quedar la menor duda de que el gobierno de México es el primer interesado en conocer la verdad, no sólo por el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, sino por su compromiso con la justicia, así como para evitar que hechos lamentables como éstos, vuelvan a empañar la tranquilidad de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Aréchiga Ávila.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del FEU Campus Zacatlán, invitados por el Senador Armando Ríos Piter, quienes asisten a este Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

El pasado 7 de septiembre, como sabemos, tras 6 meses de intenso trabajo, concluye el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y que presentan su informe intitulado “Informe sobre la Investigación y las Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas de Ayotzinapa”, el cual da cuenta de las actividades realizadas durante su estadía en nuestro país.
Expone este informe de cara al gobierno y de cara a la nación, a la sociedad, en un informe de alrededor de 540 páginas, los avances, hallazgos, y propuestas, recomendaciones, recomendaciones para el proceso, recomendaciones para el caso concreto de la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa y, también, recomendaciones generales, que tienen que ser tomadas en consideración para afrontar uno de los acontecimientos más lamentables de nuestra historia reciente.

De ese tamaño es la magnitud del problema y no podemos negarlo.

Este informe, además de ser un ejercicio inédito, efectivamente, de cooperación internacional entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, es sin duda, una invaluable contribución en la lucha contra la injusticia, el olvido y la impunidad.

Este grupo ha leído y analizado a profundidad, no podemos equivocarnos de eso, son personalidades, todas, doctas de gran expertis y reconocimiento internacional, han analizado y leído con profundidad las investigaciones llevadas por la Procuraduría General de la República y por la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero.

Nos parece muy importante destacar, en ese sentido, que también realizaron, este grupo, sus propias investigaciones.

Destaca, ciertamente, entre ellas, el asunto de la incineración. El grupo dice que no hay evidencias de que los estudiantes fueran incinerados en este basurero de Cocula; señalan: “Este evento tal y como ha sido descrito, no pasó”.

Hoy es una de las cosas que aquí se han ventilado.

¿Tienen razón o no? Pues hay una cuestión científica que tendría que ser comprobada.

No veo por qué no, en el reinicio de las investigaciones que tienen que necesariamente acordarse por el gobierno mexicano, efectivamente se puedan consultar todos los peritos que se tengan que consultar para verificar lo dicho por la Procuraduría General de la República en la anterior administración y, por supuesto, lo que ahora nos está diciendo el Grupo de Expertos Independientes.

Ellos reafirman, no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base a los testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en este basurero municipal de Cocula.

No abundo, me parece que las características del estudio científico, etcétera, están puntualmente inscritas en este informe.

Es necesario, además, tomar referencia en el replanteamiento de la hipótesis de caso a investigar como línea prioritaria, es decir, también se tome como consideración en esta línea el traslado de estupefacientes, lo que pudo, desde el punto de vista del grupo, desencadenar el ataque a los estudiantes.

Y algo que aquí no se ha dicho es: ¿qué pasó con el quinto autobús? La PGR no lo incluyó en el expediente de investigación.

No nos confundamos, Murillo Karam dijo: “Hubo cinco autobuses en sus informes”. El quinto era el autobús donde iban los jugadores de este equipo de futbol, pero el otro autobús que pareciera que es donde está precisamente la litis, no sabemos donde está.
Es cuestión de analizar puntualmente el informe, cadenas de custodia violentadas, no escrupulosamente levantadas, situaciones que hay de ineficiencia en los expedientes respecto de investigaciones no realizadas, fotografías de hechos que no se toman, casquillos que no son considerados, presencia de partes de cuerpo humano que tampoco existe ninguna fotografía y sabemos que ahí estuvieron.

¿Qué pasó con cada uno de los autobuses?

¿Por qué se dan eventos que van a ir creciendo en cada uno de estos 9 eventos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre?

Absolutamente ninguna autoridad se movió a partir de lo que evidentemente estaban escuchando en el C4.

Hoy estamos frente a una situación muy grave que impacta al Estado mexicano. No podemos hacer como que estas cosas no pasan.

Por eso tenemos que tomar la punta de la madeja; y la punta de la madeja tiene que ver con reabrir el caso.

Necesitamos urgentemente tomar esa decisión.

Ahora bien, ¿cómo?

La propia Ley Orgánica de la PGR lo establece; las unidades administrativas que tienen que configurarse, en este caso, en una fiscalía especializada de alto nivel, que se integre con la anuencia, con la opinión favorable de los familiares de las personas desaparecidas, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también con las organizaciones no gubernamentales, que desde las primeras horas se apersonaron para acompañar a más de 700 personas que estuvieron involucradas, insisto, en estos hechos que fueron creciendo uno tras otro.

Me parece que hoy estamos frente a un problema, tenemos una bronca, hay que reconocerla.

La Cámara de Diputados tomó la decisión, desde la Junta de Coordinación Política, desde la Mesa Directiva, de constituir una comisión. Me parece que el Congreso tiene que trabajar en conferencia, unidos; pero también es importante que decidamos constituir esta fiscalía que se encargue de abrir el caso de Ayotzinapa.

No podemos, de ninguna manera, prejuiciarnos que lo que están haciendo los expertos independientes llevan vela en el entierro, desautorizar a estos expertos independientes. Me parece que es a priori, volvamos a reabrir el caso, y entonces tengamos posibilidades de atender cada una de las recomendaciones, de tomar la consideración, los reclamos de los familiares y, por supuesto, también es necesario que estas primeras investigaciones que presenta el grupo de expertos independientes puedan concluirla, de tal manera que también deberíamos acordar la excitativa que presentamos, respecto de que el titular del Poder Ejecutivo Federal convenga con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ampliar el convenio de relación con este grupo que, por cierto, el día de mañana estarán aquí a las 11:00 de la mañana, para que puedan concluir sus investigaciones de manera efectiva.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.
Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Por un lado, el gobierno de la República ha dicho estar dispuesto a reencauzar la averiguación, generar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y asumir las recomendaciones del grupo de expertos.

Por otro lado, ese mismo gobierno, en un acto de simulación, ha lanzado una campaña que pretende descalificar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, incluso, a través de diversas columnas ya se empieza a llamárseles “Expertos en Mentir”, que tienen la agenda propia en México, incluso, tratar de politizar sus planteamientos.

Es fundamental, en un compromiso con la verdad, no quedarnos en la figura de un grupo de expertos, hay que llamar a cada una de estas personas por su nombre y hay que advertir, antes de señalar nuestra posición, ¿quiénes son? ¿De quiénes se trata?

Porque Alejandro Valencia Villa, colombiano, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado en las Comisiones de la Verdad de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay y Perú.

Porque Ángela María Buitrago, de Columbia, ha sido Fiscal Delegada ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia.

Porque Carlos Martín Beristain, español, tiene una experiencia de 25 años en atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, ha atendido a sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.

Porque Claudia Paz y Paz, la guatemalteca, fue Fiscal General en su país; y en su gestión como Fiscal General, atendió varios casos de violaciones de derechos humanos que avanzaron en el sistema de justicia y se logró condenar a los perpetradores.

Porque Francisco Cox Vial, el chileno, además de tener maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ha litigado casos penales y constitucionales, y ha trabajado en casos pro bono ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estos personajes, que tienen trayectoria propia, que tienen un currículum acreditado, un compromiso acreditado con los derechos humanos, dijeron el pasado 6 de septiembre, entre otras cosas, lo siguiente:

“No existe evidencia que apoye la hipótesis generada, con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.

Dijeron:

“Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula; de haber existido un fuego de esta magnitud, los daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura, ninguno de estos elementos muestra estos daños”.

También concluyeron:
“El peritaje relacionado al fuego, no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego, no se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica, vegetación adyacente sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejó de lado elementos críticos y necesarios y la evidencia no se estructuró de manera adecuada”.

También señalaron que el perito contratado en materia de fuego, Torero, advirtió que se necesitarían 30 mil 100 kilogramos de madera o 13 mil 300 kilos de llanta para quemar 43 cuerpos en 60 horas.

También, de acuerdo a las conclusiones del perito, la cremación de cuerpos generaría una llama de aproximadamente 7 metros, y la altura máxima del penacho de humo de aproximadamente 300 metros.

El informe del grupo interdisciplinario aporta que tanto policías estatales, federales, así como miembros del Ejército estaban al tanto de lo que ocurría en Iguala.

Dijeron: “Las fuerzas de seguridad de policía estatal, municipal y federal, además del Ejército Mexicano, cuentan con un sistema de coordinación conocido como C4”, dicho sistema estuvo operando los días 26 y 27 de septiembre de 2014”

Las diferentes comunicaciones a las que ha podido tener acceso el grupo, muestran que dichas informaciones eran escuchadas por las diferentes fuerzas de forma continua, entre otros de los datos que aporta el informe.

¿Qué significa esto? Significa un informe demoledor para la vida pública de México, relata la doble tragedia que vive el país.

No sólo la realidad de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes normalistas en ese extremo acto de violencia criminal, sino también nos muestra la magnitud que rodea a esas desapariciones forzadas.

El informe nos da cuenta de una nueva dimensión: 180 víctimas en el operativo; nos habla de 40 personas heridas, de 6 ejecuciones extrajudiciales, de 43 estudiantes desaparecidos y el dolor que irradia a 700 familias directamente lastimadas.

El informe nos reitera la tragedia de la desaparición, pero nos coloca entre una nueva dimensión de lo que confluyó la noche del 26 de septiembre. Pero nos relata también una tragedia mayor, una tragedia política, que es una tragedia estructural; un gobierno que es capaz de recurrir a la mentira, al engaño, a la simulación, que es capaz de fabricar testimonios, que es capaz de inventar un incendio, que conforme al grupo de los expertos, nunca existió.

Se trata de cómo un gobierno es capaz de timar a una nación y cómo un Procurador General de la República, de engañar en una conferencia de prensa con el tema de la verdad histórica.

Habla de la baja calidad moral del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno que miente, un gobierno que engaña, un gobierno que fabrica testimonios, un gobierno que inventa incendios, un gobierno que se apresura a cerrar una investigación para salir al paso de la irritación social frente a la eminencia de los tiempos electorales, es un gobierno descalificado ética, política y moralmente.

Esas son las consecuencias del informe del grupo de expertos, esas son las consecuencias políticas del grupo de expertos.
Por eso, el Senado de la República no se puede quedar simple y sencillamente en la discursiva de un debate pactado.

El grupo parlamentario del PAN exige que aquí se discuta y que aquí se delibere y se apruebe la propuesta presentada por la Senadora Pilar Ortega, que se refiere a la formación de 2 comisiones; promover la integración de una comisión internacional a través del Sistema de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos para nombrar un fiscal especial de carácter internacional que lleve a cabo las investigaciones siguientes con base en los procedimientos penales establecidos en nuestra legislación, seriedad a la conclusión que se formó en Guatemala para efectos del deslinde en los casos de corrupción del presidente de ese país, que terminaron con su licencia.

También pedimos la conformación de una comisión especial en el Senado de la República con participación ciudadana, para darle seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos y al rencauzamiento de esta averiguación bajo la esfera internacional.

Hemos señalado también…

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le ruego que concluya, por favor, su intervención.

El Senador Javier Corral Jurado: Concluyo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias.

El Senador Javier Corral Jurado: Hemos señalado también que un informe como éste que devela, que descubre, que exhibe al país y al gobierno como un gobierno mentiroso, debe tener consecuencia políticas.

Y que el ex Procurador General de la República debe responder penal y políticamente por la conducción de estas investigaciones.

Que debe ser el Senado de la República y sus bancadas quienes promuevan un juicio político y de responsabilidad penal para que no vuelva a suceder que un Procurador General de la República time a la nación de esta manera.

Hoy está claro que el que mintió fue el Estado. La verdad histórica ha quedado en el ridículo de una pobre treta, una operación embustera para tratar de salvarle la cara a un gobierno desesperado ante el descrédito internacional por la tragedia a la que originalmente quiso eludir.

Nadie puede olvidar aquí, que el gobierno de la República quiso originalmente eludir su irresponsabilidad. A un año, está descubierto ante el mundo el engaño y la simulación.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en primer lugar, expresamos nuestra más amplia solidaridad con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en ese trágico episodio que nos indigna a todos, suscitado el 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Quisiera expresar que nadie puede poner en duda la convicción, la decisión, la voluntad y la determinación del Presidente de la República, para buscar la verdad en este episodio que enlutó a hogares guerrerenses e indignó a toda la sociedad.

Las últimas declaraciones del Presidente de México, realizadas en las últimas horas, su disposición para contribuir en el esclarecimiento de los hechos a lo largo de estos meses, dejan perfectamente establecido que él es el más preocupado, el más interesado en que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias.

Efectivamente, para coadyuvar en la investigación y apoyar estos trabajos que realiza y ha venido realizando la Procuraduría General de la República, se solicitó, en coordinación con las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Instruyó el Presidente para que se valorarán, en su más amplia dimensión, con seriedad y con responsabilidad, las conclusiones que aportó este grupo interdisciplinario, que sin duda son valiosas, y que sin duda sus integrantes son gente del más alto prestigio y de ninguna manera desacreditamos.

Todo aquello que contribuya a que se esclarezcan los hechos, siempre será bienvenido cuando se tenga la voluntad, como se tiene del gobierno de la República, de ir hasta las últimas consecuencias, de encontrar la verdad y castigar a los responsables.

Efectivamente, hay discrepancias entre lo que plantean las conclusiones, producto del análisis que realizaron los integrantes de este grupo de trabajo y las conclusiones que arroja la investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Estas discrepancias que aquí se han comentado básicamente se centran en dos factores fundamentales o en dos temas específicos: el relativo a Cocula y cuando se menciona el quinto autobús.

Ninguna de las conclusiones, ni las del grupo interdisciplinario, ni las de la Procuraduría, deben de descalificarse de manera automática, de manera tajante; nos parece, en el grupo parlamentario, que lo menos que podemos hacer es actuar con una gran serenidad, con responsabilidad, con profesionalismo y analizar las conclusiones y recomendaciones del grupo para ver, como lo instruyó el propio Presidente de la República, su valoración y su incorporación a la investigación cuando sea conveniente, considerado así por la autoridad responsable.

A la investigación, que por cierto no se ha cerrado, una investigación que permanece abierta y que habrá de seguir así hasta que la autoridad judicial lo considere conveniente y dé por terminada la misma. Pero con ese mismo respeto que se tiene que tener por estas conclusiones, resultado de este análisis de este grupo interdisciplinario, también tenemos que ver con respeto, con responsabilidad el trabajo realizado por la autoridad competente.

640 peritajes realizados por organismos internacionales y nacionales en donde se encuentra la UNAM, el Instituto, la Ciudad del Petróleo, más de 120 detenidos, 487 declaraciones; me parece que este trabajo tiene que valorarse, no puede descalificarse a priori.

¿Qué es lo que tendría que hacerse desde nuestro punto de vista, con estas conclusiones?, buscar la integración de una mesa de trabajo de expertos en estos temas, para que se pueda determinar en una discusión seria la confiabilidad de las conclusiones de las autoridades y la viabilidad también de las recomendaciones que surgen de un análisis de un grupo que merece nuestro respeto.
Tan es así, que tenemos información que habrá de permanecer este grupo 6 meses más, precisamente coadyuvando en esta investigación; y que bueno que así sea, que bueno que también el grupo de antropólogos argentinos participó en estos trabajos, que bueno que vengan otras gentes que puedan, con su experiencia y conocimiento, aportar luces para poder llegar a la verdad y castigar a los culpables. Pero lo que no puede aceptarse es hacer aseveraciones de manera contundente, descalificar a la autoridad y lastimar a las instituciones porque en nada ayuda eso a encontrar la verdad y a llegar, precisamente, hasta sus últimas consecuencias.

El gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, ha realizado un esfuerzo profesional, dedicado y responsable para poder llevar este caso hasta sus últimas consecuencias y poder castigar a los responsables y a los culpables de estos lamentables acontecimientos; ni inventa culpables ni oculta información. Si hay alguna discrepancia, que las autoridades correspondientes analicen el tema del quinto autobús que se menciona, y que los expertos confronten sus conclusiones a partir de peritajes, por un lado de la autoridad y de un análisis responsable, sin duda, de un grupo interdisciplinario. Ojalá que podamos avanzar en lo sucesivo en la solución de este problema que, sin duda, a todos nos lastima y a todos nos indigna.

Termino, finalmente, expresando mi coincidencia con algunos compañeros y compañeras Senadoras que aquí han hecho uso de la palabra. Efectivamente, el prestigio del Ejército Mexicano está a toda prueba, y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su reconocimiento, su respaldo al Ejército Mexicano y su apoyo solidario al Presidente Enrique Peña Nieto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Como lo han solicitado oportunamente, se le concederá el uso de la palabra para hechos, a los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Fidel Demédicis Hidalgo e Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, hasta por cinco minutos.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

No cabe duda que hasta para defender lo indefendible se requiere de coro, y evidentemente en la intervención que hemos escuchado del Senador René Juárez hay una rectificación respecto al tipo de defensa que venía haciendo el PRI y sus aliados en esta tribuna, porque no puede venirse aquí a intentar tapar el sol con un dedo y tratar de minimizar los resultados de una investigación que ha puesto al desnudo el nivel de descomposición, el nivel de degradación de las instituciones públicas y, en particular, la responsable de impartir justicia en nuestro país.

No puede venir aquí el Senador Gerardo Flores a reivindicar la calidad y el nivel profesional de una investigación que ha sido demolida con pruebas técnicas y científicas contundentes. No puede venir a esta tribuna el Senador Cavazos Lerma a pretender descalificar el trabajo de un órgano internacional reconocido por el Estado mexicano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General no solamente estuvo el día de hoy aquí presente, sino convalidó los resultados de esta investigación tratando de descalificar a un perito especializado, al señor Torero, que vaya que les clavó una estocada profunda en su investigación.
Y tampoco puede venir aquí el Senador Jorge Aréchiga a tratar de sostener que esos hechos fueron resultado de una desafortunada confusión en donde intervinieron delincuentes y autoridades municipales, y que hubo que recurrir a un organismo internacional ante la falta de información y la ausencia de testigos.

Yo creo que este debate debemos concentrarlo fundamentalmente en las implicaciones jurídicas, legales, políticas, sociales y éticas que representa las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este informe implica el deslinde de responsabilidades con quienes no solamente mintieron respecto a una verdad jurídica y una verdad histórica, sino que además manipularon y ocultaron información.

Ahí está, por ejemplo, la existencia de un quinto camión sobre el cual en ningún momento la Procuraduría brindó información, y donde se incorpora un elemento que no se había discutido a lo largo de la investigación del eventual uso de este vehículo que no correspondía a la línea de autobuses “Costa Line”, sino a otra donde presuntamente se traficaba droga y donde no hay información alguna de cuantas personas participaron o tripulaban, por ejemplo, ese vehículo; porque ese solo hecho implica una reorientación total de la investigación, porque la cifra de los 43 desaparecidos, de 186 víctimas y de 6 ejecuciones extrajudiciales, puede ser superior solamente al conocer los datos de ese vehículo, del cual nunca nos informaron.

No pueden alegar desconocimiento de la información oportuna sobre los hechos de Iguala, cuando ha quedado plenamente acreditado que el Centro de Información en Materia de Seguridad Pública del estado de Guerrero, el C4, estuvo informando permanentemente y en tiempo real al gobierno del estado, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad de Justicia del estado de Guerrero, al Procurador General de la República, a la Policía Federal Preventiva, a la Armada de México e, incluso, a la Defensa Nacional, particularmente a los elementos del Batallón 27 de Infantería, acantonado en Iguala, el cual tenía, además, información de inteligencia militar y fue testigo de la agresión a los estudiantes en flagrancia y no intervino con el orden acreditado ahora, los testimonios de víctimas y de vecinos en Iguala.

No pueden aludir ya más que no tenían información oportuna y aquí hay omisiones y responsabilidades por negligencia de todos los órdenes de gobierno. Pero aún nos mintieron y alteraron las escenas del crimen y la reconstrucción de los hechos; y el haberse acreditado el día de hoy de que no hubo incineración de estos 43 estudiantes en el relleno sanitario de Cocula tiene implicaciones mayores.

No solamente es el peritaje, del cual ya habíamos hablado aquí que era imposible la incineración de 43 cadáveres en un relleno sanitario a cielo abierto, más aún cuando el día anterior había habido lluvia, sino que además el que haya aparecido presuntamente uno de los jóvenes que puede correlacionarse con los peritajes que se hicieron en Innsbruck implicaría haber sembrado pruebas para justificar el conjunto de la investigación y crear una falsa verdad histórica.

Son muchas las implicaciones de este informe y muchos los responsables a los cuales se le pueden fincar responsabilidad por haber ocultado información, por haber desviado la investigación, y es falto que se esté avanzando en el castigo a los responsables.

Nos han señalado que hay 120 detenidos vinculados con estos hechos, ¿a cuántos en realidad se les ha acreditado su responsabilidad? Por qué no nos dicen, por ejemplo, que el señor Abarca no está detenido ni por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, ni por las 6 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente.

El señor Abarca está detenido solamente por su presunta participación en el homicidio del compañero del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Hernández Cardona, no está detenido por los hechos que lo involucran en Ayotzinapa; y quedan todas las preguntas que desde el mismo inicio de estos hechos hemos planteado.
¿Cuál fue el móvil que llevó a este lamentable hecho de 43 muchachos desaparecidos, 6 ejecuciones extrajudiciales, más de 180 víctimas y heridos, y quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes formaron la red de colusión y responsabilidad que permitió la operación y el desarrollo de esta banda del crimen organizado, incluso, en su penetración, no sólo en el gobierno municipal de Iguala, sino por lo menos de 23 municipios que hoy están intervenidos por la autoridad federal, y que por motivo de ello el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley para disolver los ayuntamientos ante la presunción de penetración, infiltración de la delincuencia organizada en los mismos?

¿Dónde están los estudiantes desaparecidos si no fueron incinerados en el relleno sanitario de Cocula? ¿Y qué responsabilidades tiene el entonces Procurador al haber mentido y engañado a los familiares, a la sociedad mexicana y haber renunciado a su responsabilidad de impartir justicia?

Hay que partir de cero y necesitamos una fiscalía independiente que garantice una investigación imparcial con la participación de ciudadanos, que haya un consejo ciudadano que acompañe y que tome en cuenta a los padres de las víctimas.

Esta, indudablemente, estocada del peritaje del señor Torero desnuda el nivel de descomposición y la profunda crisis moral y ética de las instituciones públicas y del Estado mexicano.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Esta Presidencia quiere felicitar a nuestra compañera Senadora María del Rocío Pineda Gochi, quien hoy celebra su cumpleaños.

¡Felicidades, Senadora! Un abrazo para ti.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A lo largo y ancho de México ya se escucha una consigna: “esto no es extraño, sufrimos otro engaño”.

Quien se atreve a cuestionar a esta Comisión Interdisciplinaria de Expertos en diferentes temas que tienen que ver con el caso Ayotzinapa, sin duda, desconocen la sanción por perjurio.

Aquí en México todo mundo miente y no pasa absolutamente nada. Pareciera que las mentiras que le contó al país Murillo Karam para darle carpetazo al asunto se van a quedar sin castigo; y si no tiempo al tiempo.

Es así como se van construyendo las complicidades vergonzantes que tienen al país en el estado en que lo tienen, en donde la impunidad ha sentado sus reales y cabalga sin control a lo largo y ancho del país.
Díganme con sinceridad, compañeras Senadoras y Senadores, ¿qué Ministerio Público Federal o del fuero común en este país, en este momento, tiene credibilidad? Menciónenme uno en el que el pueblo crea, el pueblo sigue sosteniendo que la justicia se compra y se vende.

Y quiero decirle a mi compañero el Senador Cavazos Lerma, que el señor Torero yo estoy seguro que sí va a ser un buen torero, porque va a capotear la andanada de descalificaciones que ya están haciendo desde el gobierno contra la Comisión Interdisciplinaria que viene a desnudar lo que ya todos sabemos en México, que la PGR y los ministerios públicos del fuero común no le sirven al país, solamente le sirven a sus intereses particulares y a quienes los mandan.

La duda está sembrada; la opinión pública nacional por más spots de televisión que saquen, por más comunicados nacionales que saquen, por más notas pagadas que hagan, el pueblo de México está convencido de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, si el Senado no se porta de manera seria, van a ser una historia más de matanzas que han pasado en México y no han tenido ninguna repercusión.

¿Cuál es el castigo de lo que pasó en México 68? ¿Cuál es el castigo de lo que pasó en Aguas Blancas y en El Charco, en Guerrero? Y, ¿cuál es el castigo que han tenido tantas otras matanzas en este país?

La PGR le plantea una hipótesis al país del basurero de Cocula, fue con la intención de dar el carpetazo al tema, fueron incinerados, sus cenizas tiradas al río; pueblo de México: se acabó la búsqueda, que lo entiendan los padres, las madres y todos los dolientes de los estudiantes de Ayotzinapa, esa es la verdad histórica, oficial. Pero tuvieron que venir de otras latitudes para desnudar de manera clara, precisa, concisa y con métodos científicos, la verdad histórica del gobierno de la República.

Con las conclusiones de esta comisión como hechos no investigados, evidencia destruida y se cometieron errores, lo menos que puede hacer la PGR es reconocer y acatar las conclusiones de esta comisión.

Ya debatimos, ya se dio la catarsis; el asunto es que sigue, hay 43 desaparecidos, miles, y yo diría que millones ya de dolientes en el país por este crimen artero contra estos maestros en ciernes, una investigación sospechosa, conclusiones de la PGR cuestionadas por un grupo internacional de especialistas; descalificación en automático de la PGR por el informe de estos especialistas, y dicen que tienen la voluntad para ir hasta las últimas consecuencias.

Compañero Senador Juárez Cisneros, retoma las palabras del ciudadano Presidente; entrémosle al toro para que el pueblo le crea al Senado de la República y no nos tache de cómplices; hagamos lo que se ha hecho en muchos países del mundo cuando se cometen este tipo de actos atroces, conformemos una comisión de la verdad para que investigue hasta sus últimas consecuencias, éstas y otras matanzas que han pasado en México y que los responsables han quedado sin castigo; Ayotzinapa sólo es la punta de una madeja, el Senado tiene la obligación de responderle a sus representados y ésta es una oportunidad que no podemos desaprovechar.

¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para el mismo asunto.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El informe sobre el caso Iguala-Ayotzinapa, sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas ocurridos el 26 de septiembre de 2014, presentado el día de antier por este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coloca en el centro del debate público las fallas estructurales del sistema de justicia penal en nuestro país, especialmente en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales sobre los terribles acontecimientos.

Las omisiones en las investigaciones ministeriales periciales y policiales que han sido develadas por este informe, exigen, como se recomienda por el mismo documento, el replanteamiento de la investigación para realizar todas las diligencias sustantivas que fueron omitidas por la autoridad investigadora en tiempo y forma, así como realizar todas aquellas diligencias que se derivan de las nuevas líneas de investigación que fueron ya planteadas por el equipo de expertos.

En razón de ello, acompaño la propuesta con la creación de una Fiscalía especial, no sin antes mencionar que de ser el caso, y que pudiera aceptarse la propuesta del Senador Corral Jurado, que sería lo ideal, el ideal para este tema estaría totalmente de acuerdo en suscribirla.

La propuesta que presento, en razón de que no veo la condición para que algo, una propuesta, como la que presentó el Senador Corral Jurado tan ideal, prospere en un grupo tan plural y tan diverso en ideas y en planteamientos por lo aquí vertido por nuestros compañeros del Partido Verde y del Revolucionario Institucional, hago la siguiente propuesta:

Una fiscalía especial investigadora con autonomía absoluta respecto a las autoridades que hasta el momento han desarrollado las investigaciones.

Esta fiscalía deberá ser encabezada por una o un jurista de reconocido prestigio e independencia, al que le otorguen facultades de ministerio público; de conformidad con lo que establece la normatividad en la materia, especialmente la Ley Orgánica de la PGR.

Que se le deberá dotar de recursos financieros, materiales y humanos suficientes, con plena libertad para elegir un equipo en cuanto al personal sustantivo ministerial, pericial y policial para el desarrollo de su investigación.

El informe señala que el grupo de expertos se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, como en su momento fue señalado por la versión oficial.

La contundencia de esta afirmación que descalifica la que fue llamada:

“Verdad histórica”, obliga a la fiscalía autónoma a que se pronuncie y convoque a un equipo forense de expertos internacionales para que realice una diligencia que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el basurero de Cocula para poder esclarecer la verdad con la mayor certeza que la ciencia ofrezca.
Esta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado en el actual gobierno federal en materia de derechos humanos; la más delicada por la dolorosa realidad de los hogares y las familias a los que hoy les falta un ser querido en casa, porque hasta el momento hablábamos de alrededor de 700 familias indirectamente afectadas, víctimas, y hoy consideramos que son más.

Ello hace que sea una asignatura pendiente para el gobierno federal y para el Estado mexicano, la construcción del derecho a la verdad, del acceso a la justicia, a las garantías de no repetición, a la reparación integral del daño; y es fundamental que el gobierno cumpla las 20 recomendaciones para la búsqueda y localización, la investigación objetiva, imparcial e independiente, para llevar a todos los presuntos responsables ante la justicia, que estén en este proceso y que se logre la consignación por el delito de desaparición forzada de personas y por las ejecuciones extrajudiciales.

Hay también responsabilidades institucionales por las omisiones en materia de investigación en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes normalistas y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas; hay una necesidad en este momento, que es necesario resarcir el daño a los familiares de estas víctimas.

En este informe, como decimos al principio, se pone en el debate nacional la existencia de un sistema de justicia penal incapaz de realizar una investigación diligente, objetiva e imparcial; nos cuestiona sobre la urgencia de avanzar hacia la implementación de un nuevo sistema acusatorio oral y adversarial, de realizar una reforma estructural de los servicios forenses y, obviamente, de atender la exigencia de su autonomía e independencia, de construir un marco normativo conforme a los más altos estándares internacionales para investigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, así como el protocolo que conduzca todo el proceso, desde la búsqueda, localización, diligencias ministeriales, periciales, policiales, la atención y la reparación del daño a las víctimas.

El informe sobre el caso Iguala-Ayotzinapa nos dice que en este país hay una impunidad sistémica, la ausencia de una verdadera prevención social de la violencia y de la delincuencia, la carencia de la voluntad de construir una política de Estado que reconozca la crisis humanitaria y de violencia que vivimos.

Y lo que no se reconoce, no se combate, ni se construye una acción del Estado en la que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Muchas gracias y buenas tardes.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para el mismo asunto.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

No ahondaré demasiado en lo que ya han dicho mis compañeras y compañeros. Sin embargo, me parece que es fundamental, como guerrerense, señalar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente dado a conocer, lo que genera en la sociedad mexicana es una percepción de que han sido engañados y que por las prisas, que por alguna razón, tenía el gobierno que cerrar el caso, de consolidar una verdad histórica, más que buscar esclarecer estos terribles hechos; lo que se buscaba era encubrir, lo que se buscaba era ocultar y lo que se buscaba era no llegar hasta las últimas consecuencias.
Hoy, el fantasma de Ayotzinapa y de los hechos de Iguala sigue recorriendo al país. Son hechos que no están cerrados por más que el entonces Procurador Murillo Karam haya querido ocultar o haya querido cerrar de golpe.

Una lluvia de críticas, compañeras y compañeros, está no solamente escuchándose por parte de los partidos de oposición, sino es lo que se escucha en muchos de los sectores de la sociedad, porque lo que está en juego o lo que se abre a discusión, es la poca credibilidad que tiene este gobierno y, por lo tanto, la gobernabilidad que depende de esa escasa, de esa poca credibilidad que existe en el país.

Quiero retomar lo que decía mi compañero Alejandro Encinas, porque es una de las partes nodales.

Si hoy José Luis Abarca, que es uno de los que están encarcelados por este tema, solamente lo está, por asuntos que fueron previos a los hechos de Iguala, eso no debe permitirse, compañeras y compañeros, -y llamo la atención del grupo parlamentario en el Gobierno-, a decir que las cosas van bien.

Por más que se tengan 100, 110, 120 policías que están apresados por este tema, no hay nada que nos permita ir al fondo del asunto a identificar dónde están los verdaderos responsables, los materiales o los intelectuales, o incluso, no solamente la responsabilidad penal, sino la responsabilidad política y social, que fue permitiendo a lo largo del tiempo que se dieran condiciones para que existieran hechos tan terribles como los que ocurrieron esa noche del 26 de septiembre.

Entonces, compañeras y compañeros, como país no podemos permitir que este debate sea uno más, es una llave que está abierta en el corazón de nuestra historia reciente.

Y hoy, cuando aparecen nuevos elementos de la investigación que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que este debate debe motivar, compañeras y compañeros, es a que tengamos acuerdos en lo fundamental.

Nadie puede sentirse contento con que vengan expertos de fuera a enmendarles la plana a nuestras autoridades y que la percepción de nuestra sociedad sea que el gobierno no está queriendo hacer nada por un tema tan dolido y tan sentido.

Hoy el gobierno, compañeras y compañeros, tiene una nueva oportunidad. Lleva doce meses arrastrando, precisamente, el tema de la falta de credibilidad en el tema de los hechos de Iguala.

Hoy yo lo que esperaría, compañeras y compañeros, en vez de querer venir a jugarle el dedo en la boca a la sociedad, querer tapar el sol con un dedo, querer pensar que no existe este problema, que es el de las desapariciones no solamente en Iguala, sino en el país; que vengamos a pensar que este debate va a ser de trámite.

Yo me niego a pensar que no podamos concluir que tengamos, con estos nuevos elementos, la posibilidad de recuperar la credibilidad en una investigación que necesita ser parte fundamental de la gobernabilidad que estamos perdiendo.

Estamos proponiendo la creación de una fiscalía especializada, que sea un personaje, mujer o hombre, del más alto talento y capacidad moral; que pueda ayudarnos a reconducir esa falta de credibilidad en que caímos cuando Murillo Karam dijo que ésta era la verdad histórica.
¿A poco no podemos coincidir en esto? No podemos, como Senado de la República, aterrizar en un punto de Acuerdo, que ése sea el exhorto como parte del Pacto Federal, para relanzar una visión que tiene que recuperarse, que es la de la credibilidad.

Yo me niego a pensar que el PRI no tenga el talento y la capacidad de entender que ésta es una oportunidad para ustedes. Me niego a pensar que solamente vayan a ver este informe de la comisión como un asunto de trámite, cuando hay 43 jóvenes cuyos padres siguen exigiendo que sus hijos aparezcan; porque esa verdad, ese cierre del caso, esas cenizas no eran de todos los jóvenes; y han mantenido con valentía, frente al gobierno, su exigencia de que aparezcan sus hijos.

¿No tenemos la capacidad, compañeras y compañeros, de que con la supervisión de esos padres podamos tener un fiscal que nos ayude a que este gobierno recupere credibilidad?

¿No podemos tener en esos elementos del quinto camión, la posibilidad de revisar más a fondo cómo está funcionando el estado de Guerrero, si es que se dice que ese quinto camión era un camión en el cual se traficaba droga o se traficaban armas?

¿No necesitamos los mexicanos tener más información para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir? Porque ésa, compañeras y compañeros, es la condición que tenemos como país firmante de los derechos humanos en el país, evitar que se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como los de Iguala.

Por eso, compañeras y compañeros, yo los exhorto a que este debate no se quede en esas defensas muchas veces por encimita, fáciles e incapaces de proyectar que como políticos tengamos mucha mayor profundidad para resolver los problemas de México.

Vámonos a una fiscalía especializada, démosle el más alto talento y pidamos a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que avalen a quién vamos a nombrar en esa fiscalía.

Construyamos una comisión ciudadana con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que han estado en la defensa de estos temas en las organizaciones ciudadanas a nivel nacional y a nivel internacional.

Son dos propuestas puntuales, compañeras y compañeros; y hagamos un compromiso:

Hoy que aparecen nuevos elementos a partir de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuemos la búsqueda de esos 42 jóvenes que aún sus padres no saben dónde se encuentran.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Esta Presidencia, una vez que se ha agotado la discusión sobre este tema, sobre los oradores registrados, turna a la Junta de Coordinación Política todas las propuestas que aquí se han presentado y, desde luego, exhorta a la misma Junta de Coordinación Política para que en la siguiente sesión se presente una propuesta que refleje el interés de los planteamientos aquí hoy comentados.

En la Junta de Coordinación Política están representados todos los grupos parlamentarios; y sin lugar a dudas con lo hoy expresado aquí no tengo la menor duda que habrá los acuerdos para que el Senado de la República aporte la parte que le corresponde en este tema que es de interés de todos los mexicanos.






Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán a las comisiones respectivas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO; Y 116, FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables. Se turna a la Cámara de Diputados.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANABEL ACOSTA ISLAS, JUANA LETICIA HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas y que la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo del 25 por ciento.

De acuerdo con el Censo de 2010, en ese año México tenía 10´612,489 personas mayores de 60 años, lo que representó el 6.1 por ciento de la población total. La dinámica poblacional y económica obliga a hacer con carácter de urgente las previsiones de las que alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones.

Se calcula que más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país no recibe ingresos y que casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS 2010), las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

En este grupo poblacional encontramos una situación multifactorial que deteriora su calidad de vida en prácticamente todas las áreas, especialmente en los ámbitos sanitario, económico, educativo, alimenticio, psicológico, social y familiar.

En resumen, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos son permanente y sistemáticamente vulnerables o vulnerados, y el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para corregir las desigualdades y para establecer las condiciones para la igualdad y la equidad, especialmente en aquellas materias más básicas y necesarias como la salud o la alimentación y en aquellas otras indispensables para su desarrollo como es la educación y el trabajo.

2. El presupuesto de egresos tiene una relación directa con el bienestar social, en la medida que corrige vacíos que las fuerzas libres del mercado no atienden, al disponer de subsidios para la población que no puede acceder a los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades, además que incentiva la generación de empleos y, a su vez, el crecimiento y el desarrollo.

Además tiene una gran relevancia desde el punto de vista social; y en el caso de los grupos vulnerables es todavía más patente, debido a las condiciones de desventaja en las que se encuentran en prácticamente todas las esferas de la vida, así como por su dimensión dentro de la totalidad de la población nacional. Al estudiar el peso cuantitativo y la situación por la que atraviesan día con día los tres principales grupos en situación de vulnerabilidad, nos encontramos que:

En 2010 había en nuestro país 39’226,948 niñas y niños menores de 18 años de edad, lo que representó el 34.91 por ciento de la población total, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El 51 por ciento son niños y 49 por ciento niñas.

Los problemas más comunes que ponen el riesgo el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de la niñez, son: la explotación sexual infantil; los problemas derivados de una alimentación inadecuada como la desnutrición, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, el embarazo adolescente; así como otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad como la orfandad, situación de calle, las enfermedades crónicas y la migración.

En lo que concierne a las personas con discapacidad, según el Censo de 2010, en México 5’739,270 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.
3.- Por ello, es necesario que los recursos públicos destinados a la población en condiciones de vulnerabilidad se establezcan con claridad en el presupuesto de egresos, no solo para identificar las materias a las que se les asignan los mismos, sino especialmente para conocer su variación anual y tendencia, y de esta forma cuidar que no disminuyan, sino que por el contrario se incrementen, debido a la situación de desventaja que generalmente padecen los grupos vulnerables en nuestro país.

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2012, obligan a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se plasme el monto de los recursos que se asignarán a los siguientes rubros: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.

De forma más específica, los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalan que el Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá anexos transversales; en los cuales se contemplen las previsiones del gasto destinado a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los sectores y áreas mencionados, dentro de los cuales se encuentran los Grupos Vulnerables.

Finalmente, el último párrafo del artículo 58 de esta misma Ley establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

El hecho de que se etiqueten los recursos para los grupos vulnerables es un gran logro digno de reconocerse; sin embargo, también resulta de lo más necesario que en las ampliaciones de recursos que realizan los diputados, se fortalezcan las asignaciones para la atención de los grupos vulnerables.

Con base en lo anteriormente expuesto y en razón que la Cámara de Diputados ejerce con plenitud su facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como lo establece la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Senadores que sea turnada a la Cámara de Diputados la presente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de Grupos Vulnerables a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad; asimismo, se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para que vigile que en el proceso de aprobación del Presupuesto se logre dicho fortalecimiento presupuestal.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren y destinen recursos para la construcción de un distribuidor vial para el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. Se turna a la Cámara de Diputados.








Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a esclarecer los presuntos casos de corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano” de Joaquín Guzmán Loera. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En junio de 1993 se capturó por primera vez al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, esta primera captura se logró en la frontera de Guatemala con el estado de Chiapas, por autoridades guatemaltecas; El Chapo, al ser entregado en el puente del Talismán fue encarcelado en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México, y condenado a 20 años y nueve meses de prisión. [*]

Dos años más tarde El Chapo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 2, “Puente Grande”, en el estado de Jalisco, donde estuvo cautivo hasta el año de 2001, año en que logró fugarse por primera vez de un penal de “máxima seguridad”, convirtiéndose de esta manera en el segundo hombre más buscado en el mundo.

Transcurrieron trece años para que este narcotraficante fuera recapturado, el 22 de febrero de 2014, cuando se dio la noticia que el líder del Cartel del Pacífico había sido capturado por elementos de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) en Mazatlán, Sinaloa. [*]

Ante esto, el Presidente de la República dijo en una entrevista que “sería imperdonable” que El Chapo se fugara nuevamente, en esa misma declaración mencionó que el Estado y el gobierno tomarían las debidas medidas para que este capo no volviera a escapar. [*]

Sin embrago, hace más de un mes el narcotraficante más poderoso del país se fugó por un túnel de aproximadamente kilómetro y medio construido debajo de su celda, en la cual solo estuvo cautivo cerca de 17 meses.

Ante esto surge la interrogante de saber cómo fue posible la construcción de un túnel debajo de una cárcel de máxima seguridad, sin que alguna autoridad se percatara de esto, por supuesto vale presuponer la evidente corrupción que existió y existe alrededor del narcotraficante, ahora, más buscado en el mundo.

No es la primera vez que hechos de corrupción e impunidad superan los actos del Estado. A lo largo de los años, sexenio tras sexenio se ha buscado erradicar la corrupción sin éxito alguno, cómo esperar que la corrupción termine, si desde los cargos más altos ésta no se erradica.

Si se habla de la corrupción en el crimen organizado, aquélla aumenta de manera considerable respecto de otros rubros, ya que en el país no se sientan las bases para erradicar el crimen organizado, solo se busca la manera de controlarlo y contenerlo a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales. [*]

Según datos de Transparencia Internacional y del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 2014, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles, ocupando así el lugar 103 de 175 países, es decir que los niveles de percepción de la corrupción en el país son alarmantes y los muchos o pocos intentos para reducirla han sido un fracaso. [*]

De 1995 a 2014 México subió en cuatro puntos su IPC, lo que es preocupante, ya que la mayoría de los países latinoamericanos han disminuido en este Índice, lo cual ha colocado a México dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos.
Asimismo, datos del Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 2013, el 87 por ciento de los servidores públicos son corruptos. [*]

Días después de la segunda fuga de El Chapo, salió a la luz pública que varios de los funcionarios, que ahora son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), ya habían sido destituidos de sus cargos en el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), por inferencia y corrupción; sin embrago, volvieron a ocupar puestos claves. [*]De estos funcionarios, aun mes de la fuga, sólo se ha dictado auto de formal prisión a tres de ellos y otros tres fueron cesados de su cargo.

Según una investigación iniciada por la revista Proceso, con base en decenas de entrevistas a abogados y familiares de presos, personal penitenciario y ex directivos de penales de máxima seguridad, revela que es imposible construir un túnel o salir de cualquier otra forma sin la complicidad de autoridades del más alto nivel. [*]

Es un hecho inadmisible que el gobierno federal no haya ejercido acción alguna ante la advertencia de la DEA sobre posibles planes de fuga del El Chapo [*]y por su puesto es increíble que a más de un mes de tan mencionado escape no se tengan avances notorios y satisfactorios, no puede ser posible que solo se hayan sancionado a tres servidores públicos, estos hechos de corrupción no se pueden seguir permitiendo y deben castigarse, la ciudadanía se merece un país libre de corrupción.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República para que se esclarezcan los presuntos casos de corrupción respecto a la fuga del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano" de Joaquín Guzmán Loera.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

[*]RED POLÍTICA, “Así publicó EL UNIVERSAL captura del “Chapo” en 1993”, [en línea], RED POLITICA, disponible en: http://www.redpolitica.mx/nacion/foto-asi-publico-el-universal-captura-del-chapo-en-1993, consultado el día 20 de agosto de 2015.
[*]Vicenteño David, “Capturan a Joaquín “El Chapo” Guzmán; terminan 13 años de fuga del narcotraficante", [en línea], Excélsior, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/23/945160, consultado el día 24 de agosto de 2015.
[*]Milenio digital, “Imperdonable que “El Chapo” se esacape otra vez, afirmó Peña en 2014”, [en línea], disponible en: http://www.milenio.com/politica/lamentable_que_el_chapo_se_escape_de_nuevo_pena-pena_asegura_que_no_se_espara_0_553144743.html, consultado el día 24 de agosto de 2015.
[*]Bataillom Gilles, “Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el Siglo XXI”, [en línea], Nueva Sociedad,disponible en: http://nuso.org/articulo/narcotrafico-y-corrupcion-las-formas-de-la-violencia-en-mexico-en-el-siglo-xxi/, consultado el día 14 de agosto de 2015.
[*]Amparo Casar María, “México: Anatomía de la Corrupción”. [en línea], CIDE e Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., disponible en: http://www.cide.edu/wp-content/uploads/2015/05/MXAnatomiadelaCorrupcion_MariaAmparoCasar.pdf, consultado el día 14 de agosto de 2015.
[*]Ídem.
[*]Mosso Rubén, “Funcionarios ligados a fuga de “El Chapo” habían sido cesados por corrupción”, [en línea], Mileniodisponible en: http://www.milenio.com/policia/Reinstalo_sistema_penitenciario_varios_quemados-Oadprs-corrupcion_en_penal-Chapo_0_557944220.html, consultado el día 14 de agosto de 2015.
[*]Hernández Anabel, “Funcionarios del gobierno dieron vía libre”, [en línea], Proceso, disponible en: http://prensaindigena.mx/web/pdf/Proceso-2020.pdf, consultado el día 17 de agosto de 2015.
[*]Brooks Martínez Darío, “A un mes del escape: 30 claves sobre la segunda fuga del “Chapo” Guzmán”, [en línea], CNN, disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/11/a-un-mes-del-escape-30-claves-sobre-la-segunda-fuga-del-chapo-guzman, consultado el día 17 de agosto de 2015.






De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de Acuerdo en relación la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.-El 4 de diciembre de 2014, de la mano de un proceso histórico que tuvo como origen una iniciativa preferente del Presidente de la República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta con 154 artículos dividida en 6 títulos:

Título Primero: Disposiciones Generales.

Título Segundo: De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Título Tercero: De las Obligaciones.

Título Cuarto: De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Título Quinto: De la Protección y Restitución integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Título Sexto: De las Infracciones Administrativas y Delitos.

La citada legislación tiene entre sus objetivos garantizar el pleno ejercicio, ejecución, respeto y promoción de los derechos de la niñez y su principio de interés superior, a partir de los siguientes puntos:

Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Promueve una política pública coordinada para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes en México.

Establece un Sistema para coordinar y diseñar todos los programas y políticas, encabezado por el Presidente de la República e integrado por las más altas autoridades del país.

Establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por encima de los usos y costumbres.

Eleva como edad mínima del matrimonio los 18 años de edad.

Establece medidas en favor de la inclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad.

Se armoniza con la prohibición constitucional para trabajar antes de los 15 años de edad.

Incluye la Igualdad Sustantiva como un derecho, para que se genere una cultura de inclusión desde temprana edad y en donde todos tengan cabida.

Refuerza que niñas, niños y adolescentes deberán ser registrados de forma inmediata y gratuita.

Mandata la creación de los Sistemas de Protección Locales para que las entidades cuenten a su vez con política pública en concordancia con la nacional para niñas, niños y adolescentes.

Crea las Procuradurías de Protección que representarán los intereses de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales.

Establece la obligación de que todas las autoridades asignen presupuestos para su  cumplimiento.

2.- Derivado de las anteriores obligaciones, la Ley citada contempla una serie de Artículos Transitorios a través de los cuales autoridades de los tres órdenes de gobierno cuentan con plazos para cumplir con la armonización de la Ley General en sus marcos jurídicos estatales (180 días), así como obligaciones presupuestarias para su cumplimentación.

Es una realidad que a nivel Federal se han realizado acciones en la materia, como la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015, a partir de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tiene como objetivo cumplir con el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas.

Asimismo, aparejado de estas acciones es necesario insistir en la cumplimentación de las demás acciones, dentro de los tres órdenes de gobierno, para la adecuada implementación y materialización de la legislación en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia.

En ese mismo sentido, de igual importancia, resulta dar seguimiento al proceso de armonización de la Ley por parte de los Congresos Locales con la finalidad de que como Congreso de la Unión y respetando el pacto federal, dar el acompañamiento y, de ser necesario, fungir como órgano de consulta. Práctica que se ha realizado por el Senado de la República a través del “Primer Encuentro de Congresos de las entidades federativas sobre la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” celebrado conjuntamente con la Cámara de Diputados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y que contó con la participación de la Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica de Presidencia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo como objetivo el reflexionar en torno a las implicaciones que la nueva “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” tiene para los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa, así como definir acciones coordinadas para lograr la oportuna adecuación del marco normativo local conforme a las disposiciones de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, entendiendo y reconociendo la responsabilidad del Congreso de la Unión en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de las entidades federativas, en pleno respeto del pacto federal, para que informen a esta Soberanía sobre el proceso de armonización legislativa que han llevado a cabo en relación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemplen recursos para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Salón de sesiones del H. Congreso de la Unión, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Rezasen.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.– Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Elena Barrera Tapia.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a explicar el recorte presupuestal en el periodo de 2015 en materia de salud; así como la posible reducción al presupuesto del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. Se turna a la Comisión de Salud.



 






De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al titular de la Secretaría de Salud del estado de Michoacán a investigar cuáles son los resultados de las acciones de los doctores del Hospital Mercy de San Diego, California, quienes han realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de labio y paladar hendido, entre otras patologías. Se turna a la Comisión de Salud.








De los Senadores Miguel Barbosa Huerta y Martha Angélica Tagle Martínez, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a abstenerse de aprobar reformas a la legislación electoral que pretendan aumentar los requisitos para las candidaturas independientes, establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.








De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar y reforzar sus acciones, estrategias, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El suicido ocupa uno de los primeros lugares entre las causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); sólo en el año 2012,  se registraron más de 804 mil muertes por suicidio, lo cual constituye un tasa anual mundial de más de 11,4 por cada 100 mil habitantes. Las cifras dejan de manifiesto que se trata de un problema de salud pública con gran impacto, por lo que debe ser atendido de manera decidida por el sector público, privado y social. En México, el suicidio representa la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Llama la atención, que la tasa de suicidios se cuadruplicó en las últimas tres décadas, al pasar de dos casos por cada 100 mil habitantes a 7.6.

El INEGI en su último informe hizo público que en nuestro país se registraron unos 5 mil 718 suicidios, de los cuales más de 826 se suscitaron en adolescentes entre 15 y 19 años.  De la misma manera, informó que entre los principales factores de riesgo están las enfermedades mentales, la depresión y abuso de sustancias como el alcohol y la violencia, lo cual puede ser potencializado por alguna enfermedad física o circunstancia como la pérdida de una relación valiosa, un embarazo no deseado y las dificultades cotidianas en personalidades poco tolerantes, lo que convierte el suicidio en la mejor y única opción para ellos.

Para resarcir esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud recomienda la restricción al acceso a métodos comunes de suicidio como armas de fuego, sustancias tóxicas, plaguicidas y alcohol, asimismo hace énfasis en la prevención y en la implementación de tratamientos adecuados para este fenómeno. Tiene identificado que el problema no siempre es abordado correctamente, debido a falta de sensibilización sobre su importancia y los mitos que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello.

En este marco, es de vital importancia que se fortalezcan e intensifiquen las campañas de prevención al suicidio, a fin de detectar, diagnosticar y brindar un tratamiento oportuno a personas que se encuentran en situación de riesgo. Estas acciones deben venir acompañadas de apoyos psicológicos y sociales, sobre todo dirigidos a los adolescentes, mujeres, hombres y personas de la tercera edad, para que estén en condiciones de afrontar crisis que pongan en riesgo su vida.

Frente a esta problemática, los legisladores del PRI, estamos convencidos de la importancia de diagnosticar de manera oportuna estas tendencias y brindar por parte de las autoridades pertinentes un tratamiento adecuado, con el objetivo de aminorar los casos de este tipo en el país y sensibilizar a la comunidad, no sólo de las conductas suicidas, sino también de la salud mental.
Como Legisladores, no podemos ser indiferentes a esta problemática, la cual implica sinergia institucional, coordinación de los poderes del Estado y acciones focalizadas para garantizar mejores niveles de bienestar a las mexicanas y mexicanos.

Las acciones hasta ahora emprendidas por la Secretaría de Salud, son las adecuadas y sus resultados han sido positivos, empero, consideramos importante que se refuercen sus estrategias, acciones, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de poder garantizar mejores condiciones de vida a los mexicanos y poder acompañarlos en momentos complicados, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas y las instancias locales encargadas de la salud, instrumenten y refuercen sus estrategias, acciones, campañas de información y concientización para prevenir el suicidio entre la población mexicana.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Atentamente.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. Se turna a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carretera sal tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada cuatro minutos un niño muere prematuramente en alguna carretera del mundo. Otros cientos sufren traumatismos, muchos de ellos graves” [*]. Niñas y niños por su condición de edad se ven limitados en su desarrollo físico, cognitivo y social, y por ello resultan más vulnerables que los adultos a sufrir lesiones en cualquier accidente de tránsito.

Un ejemplo relacionado con la problemática que se pretende exponer, se relaciona con la baja estatura que tienen la mayor parte de niñas y niños, lo cual trae como consecuencia una dificultad para que éstos, puedan ver con claridad el tránsito a su alrededor, y por esta misma condición las personas que conducen no llegan a distinguirlos. Asimismo, tienden a correr un mayor riesgo debido a que algunos de sus órganos todavía se encuentran en desarrollo y por lo tanto pueden sufrir traumatismos que les provoquen lesiones graves, irreparables y derivado de ello una discapacidad o hasta la muerte.

Así mismo, las niñas y los niños más pequeños pueden tener dificultades para interpretar las diferentes señales y sonidos de tránsito, lo que podría influir en su mala interpretación y apreciación de la proximidad, la velocidad y la dirección de los vehículos que se encuentran en movimiento. De hecho, los traumatismos por accidentes de tránsito en el mundo según los datos de la Organización Save Kids Lives, figuran entre las cuatro causas principales de defunción de todos los niños mayores de cinco años.

Es así que a medida de que las niñas y los niños van creciendo y llegan a la adolescencia, algunos estudios revelan que se vuelven especialmente propensos a asumir riesgos que ponen en peligro su seguridad en las carreteras. La OMS señala que anualmente se registran en el mundo 186 mil 300 defunciones de niños menores de 18 años por accidentes de tránsito, y los traumatismos sufridos por este tipo de accidentes son la principal causa de mortalidad de niños de 15 a 17 años en todo el mundo. El número de defunciones de niños en accidentes de tránsito duplica al de las niñas. Además, las tasas de defunción en accidentes de tránsito entre los niños en general es el triple en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de altos ingresos.

De acuerdo con la investigación denominada “Accidentes automotrices como problema de salud pública” [*] realizada por el Instituto Belisario Domínguez; los accidentes de tráfico son un problema a escala global que ha tenido un crecimiento inusitado en el siglo XX debido al avance tecnológico e industrial que permitió la multiplicación de vehículos de motor en las sociedad urbanas, tales como automóviles, motocicletas, autobuses y tranvías, entre otros. Si bien este tipo de riesgo afecta principalmente a las zonas urbanas y semiurbanas, también pueden ocurrir en cualquier región donde se operen maquinarias.

Esta investigación, señala que de acuerdo con lo que establece la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) [*] un accidente de tráfico es en el que se ve involucrado al menos un automóvil u otro tipo de vehículo de transporte por carretera. Los accidentes de tráfico tienen diferentes escalas de gravedad, el accidente más grave se considera aquél donde resultan víctimas mortales, van bajando la escala de gravedad desde donde hay heridos graves, heridos leves, y el que origina daños materiales a los vehículos afectados… un accidente puede verse agravado, si no se ha hecho uso adecuado de los medios preventivos de seguridad que no evitan un accidente sino que reducen la gravedad del mismo. Por ejemplo, no llevar ajustado el cinturón de seguridad o no llevar puesto el casco si se conduce una motocicleta.

La investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez, recopila diversos datos que resultan de relevancia en el planteamiento de esta problemática. Es así que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud ha informado que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda causa de orfandad en México. En este mismo sentido, la dependencia informó que estos incidentes tienen como consecuencias más de 24 mil muertes al año, 750 mil heridos graves que requieren hospitalización y más de 39 mil discapacidades anuales. No obstante, esta información no se encuentra desagregada por sexo y edad.

Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que en el 2013 se registraron un total de 385 mil 772 accidentes; la cifra más baja desde 2002. De este número de conductores, 290 mil 341 fueron hombres y 51 mil 550 mujeres. Si bien esta información es reveladora, no se cuentan con datos oficiales de cómo afecta a la niñez y la adolescencia esta problemática.

Fuentes periodísticas del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), revelan que en México para las niñas y los niños menores de 5 años, los accidentes de tránsito se encuentran entre las tres primeras causas de mortalidad, mientras que entre las y los jóvenes de 14 y 29 años de edad, representa la segunda causa de defunciones.

Actualmente, y bajo la regulación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se debe atender el derecho a la prioridad en el ejercicio de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México y especialmente que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones y, que se les considere de manera prioritaria para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Aunado a lo anterior, niñas y niños tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo y a que las autoridades en los tres niveles de gobierno y en el ámbito de sus competencias lleven a cabo acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.

Recientemente y derivado de los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México mismos que fueron sustentados por nuestro país ante el Comité de los Derechos del Niño en el mes de mayo, el Comité preocupado por el alto número de niñas y niños que mueren por accidentes de tráfico, recomendó al Estado mexicano la adopción de nuevas medidas para prevenir los accidentes de tráfico, así como que continúe sensibilizando a la población sobre la prevención de accidentes, además de diseñar e implementar las sanciones pertinentes, en particular a aquellas personas que conduzcan bajo la influencia de alcohol o las drogas.

El Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 pone de relieve los aspectos necesarios para mejorar la seguridad vial de todas las personas. Los gobiernos deben legislar en lo concerniente a riesgos clave tales como la velocidad, la conducción y el consumo de alcohol, además del uso de cascos, cinturones de seguridad y dispositivos de protección, así como la aplicación de leyes y normas reglamentarias vigentes; la construcción de carreteras y la obligación de los fabricantes de producir vehículos con elementos de seguridad apropiados; y el establecimiento de sistemas que proporcionen atención de emergencia rápida a los heridos.

Otras medidas que podrán ayudar a proteger mejor a niñas y niños mientras viajan por carretera, son las siguientes: Si la velocidad es un factor que propicia gran parte de los accidentes de tránsito es necesario que se consideren estrategias que contribuyan a reducir la velocidad en escuelas, áreas residenciales y comerciales en donde se encuentren niñas y niños, no obstante, también es importante establecer y hacer que se respeten los límites de velocidad apropiados en función de cada carretera; el uso de cámaras automáticas de detección de velocidad o la construcción de características que limiten la velocidad como lo son la instalación de semáforos, rotondas, etc.

La prevención de conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, el uso de cascos para ciclistas y motociclistas, la protección de los niños al interior de los vehículos, el mejoramiento de la infraestructura vial para otorgar visibilidad de las niñas y los niños pequeños, la reducción de riesgos para las y los adolescentes, la atención adecuada e integral de niños y niñas con traumatismos, entre otras.

Compañeras y Compañeros senadores:

Las niñas y los niños deben tener prioridad en cualquier estrategia que sea planteada,  y por lo tanto es necesario que en la planificación de carreteras y en la educación vial se contemplen de manera específica las necesidades de la niñez y de la adolescencia así como en las acciones que el Estado mexicano realice para la prevención de los accidentes de tránsito.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras, en especial, las relacionadas con el control de la velocidad en los vehículos automotores; la prevención en la conducción de automovilistas bajo los efectos del alcohol y otras drogas, el uso obligatorio de cascos en motociclistas y ciclistas; el mejoramiento de medidas de seguridad de niñas y niños que viajen en cualquier medio de transporte; el mejoramiento para la visibilidad de niñas y niños en edades tempranas; el mejoramiento de la infraestructura vial y la aplicación de permisos de conducir graduales para los adolescentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se informe a esta H. Soberanía, sobre las acciones y medidas de seguridad que el Gobierno Federal ha realizado para salvaguardar la seguridad de niñas, niños y adolescentes que viajan en las carreteras del país.

TERCERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se brinde la atención integral y prioritaria de niñas, niños y adolescentes víctimas de accidentes de tránsito.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Martha Elena García Gómez.

[*] Organización Mundial de la Salud (OMS)-Save Kids Live, 2015. “Diez estrategias para preservar la seguridad de los niños en carretera”, disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162336/1/WHO_NMH_NVI_15.3_spa.pdf?ua=1

[*] Aguirre, Juan Pablo (2015), Cuaderno de Investigación no.17 “Accidentes automotrices como problema de salud pública”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Pp. 1-37.

[*] Nora Ibarra Araujo. Accidentes de tránsito por vehículo de motor. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Disponible en: www.facmed.unam.mx/deptos/ salud/portadas/accidtrans/(fecha de consulta: 16 de junio de 2015) en Aguirre, Juan Pablo (2015), Cuaderno de Investigación no.17 “Accidentes automotrices como problema de salud pública”, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Pp. 1-37.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación. Se turna a la Comisión de Salud.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

La Ley general de Salud, en su artículo 226 distingue entre aquellos medicamentos que para su venta requieren receta médica  y aquellos que no, estos últimos al no requerir supervisión médica para su prescripción están asociados a la automedicación.

La automedicación se refiere al uso de los medicamentos, sin  receta, por iniciativa propia de las personas, quienes generalmente  utilizan este tipo de medicamentos para el alivio de una serie de síntomas, tales como: dolor de cabeza, fiebre, acidez estomacal, etc.

En el caso de nuestro país, de acuerdo al Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, señalan que el 78% de los mexicanos recurren a esa práctica, principalmente por usos y costumbres en el seno familiar, así como  por las recomendaciones que reciben de amigos.

Está situación resulta preocupante en virtud de que la automedicación no puede ser considerada como una práctica completamente segura. El uso irresponsable o abuso de medicamentos sin receta puede representar un problema de salud pública sino se llevan a cabo las acciones necesarias para prevenir estas prácticas.

Entre las principales afectaciones a la salud asociadas a la automedicación se encuentran: “el auto-diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consejo médico cuando sea necesario, las reacciones poco frecuentes pero graves adversos, interacciones peligrosas de drogas, de manera incorrecta de administración, dosis incorrecta, elección incorrecta de la terapia, el enmascaramiento de una enfermedad grave y el riesgo de la dependencia y el abuso.”

No obstante, entre la  población no existe una percepción sobre estos riesgos, basta mencionar que de acuerdo al estudio anteriormente citado, 45% de los entrevistados perciben que existe la posibilidad de una intoxicación; 17% considera que los efectos secundarios pueden representar un riesgo para su salud; 16% supone que el principal riesgo es que el medicamento no de los resultados esperados, solo 7 % percibe que con la automedicación  se cubren los síntomas de una enfermedad más grave que requiere atención; 3% de los entrevistados  considera que esta práctica genera una dependencia o adicción; y 1%  opina que el uso de medicamentos sin prescripción médica puede provocar resistencia a los antibióticos.

Por otra parte, 11 % de la población ha declarado consumir antibióticos, los cuales obtuvieron sin la necesidad de presentar receta médica, hecho que resulta contrario a la Ley General de Salud y que evidencia que en nuestro país la automedicación no se reduce al consumo de medicamentos que no requieren receta.

Lo anterior, pone de manifiesto dos problemáticas: por una parte, el incumplimiento de la  Ley por parte de los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos; y otra que resulta más grave y que está relacionada con la venta clandestina de medicamentos en mercados sobre ruedas y puestos ambulantes.

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, refirma su compromiso por llevar acciones que coadyuven a garantizar  el derecho a la salud de los mexicanos, por ello, expresamos nuestra preocupación por erradicar prácticas como la automedicación debido a que puede representar un riesgo para de la salud de las y los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con sus homologas en las entidades federativas implementen una campaña de concientización que coadyuve a erradicar la práctica de la automedicación.

Segundo. El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar que los establecimientos que expiden medicamentos cumplan con los criterios dispuestos en el artículo 226 de la Ley General de Salud.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Atentamente.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones en torno al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES ENTORNO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró la Línea 1 del Metro, conformada por 16 estaciones que corrían de Zaragoza a Chapultepec con 12 kilómetros 660 metros, aunque el primer recorrido fue en el tramo de Insurgentes a Zaragoza. Los habitantes de la Ciudad se vieron beneficiados con la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo para el transporte colectivo en el Distrito Federal.

El STC Metro es un medio de transporte más importantes de la Ciudad de México trasladó en 2014 a 5.2 millones de usuarios utilizan el Metro, y muchos de ellos no viven en la Ciudad de México, con 1 mil 614 millones 333 mil 594 viajes en las 194 estaciones de sus 12 líneas con 226 mil 488 kilómetros de red, consumiendo un total de 835 millones 840 mil 639 kilowatts.

2. El STC Metro suscribió en 2004 un Convenio con la Dirección General de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ejecutar el Programa “Ciencia de Boleto”, que entró en vigor en 2005 y contaba con un tiraje de 50 mil ejemplares de 50 títulos de la autoría de investigadores.

Tiempo después, el Jefe de Gobierno promovió el programa “Tómalo, Léelo y Devuélvelo” que se ejecutó en la línea 3 porque se consideró que en ella se concentraba el mayor número de estudiantes por estar ligada a instituciones educativas como la UNAM y el IPN.

Después, se puso en marcha la campaña “Para leer de boleto en el metro”, con un tiraje de 250 mil ejemplares. Los libros estuvieron disponibles en las 21 estaciones de la línea 3 del metro, la cual traslada alrededor de 900 mil usuarios diarios. Sin embargo, del total de los ciudadanos lectores sólo el 70 por ciento devuelve los libros. Por su parte, el Jefe de Gobierno Mancera menciono que no sabe porque dejo de funcionar pero sabía que debía regresar.

En enero de 2015, inició nuevamente la Campaña “Para Leer de Boleto en el Metro” con una duración de 4 meses para poner en marcha durante el mes de julio la segunda antología que cuenta con autores como Élmer Mendoza, Rosa Beltrán, Cristina Pacheco, Luis H. Crosthwaite, Enrique González Rojo, Jorge F. Hernández, Gerardo de la Torre, Héctor de Mauleón, Óscar de Pablo y Adriana Malvido, entre otros. Sin embargo, no todas las estaciones cuentan con la infraestructura para operar este programa y sólo representa un desgaste de recursos.

3. Es necesario acercarnos a otros sistemas del mundo para conocer sus programas exitosos. En el caso del Metro de Medellín, este funciona bajo tres principios: el valor económico, social y ambiental, mantener la sostenibilidad financiera e implementar los principios de movilidad sostenible.

El Metro de la ciudad de Medellín, Colombia tiene dos importantes programas culturales:
Bibliometro: Programa que se realiza en alianza con COMFAMA y UNE. Se trata de bibliotecas ubicadas en las estaciones de mayor afluencia. Allí se ofrece el servicio de préstamo de libros, revistas, navegación gratuita en Internet y proyección de películas.

Palabras Rodantes: Es un programa de promoción de lectura que desarrolla el METRO en alianza con Comfama. Hasta el momento se han publicado 58 títulos y más de 700 mil ejemplares de libros de pequeño formato, que están ubicados en dispensadores en todas las estaciones para que la gente los lleve, los lea y los devuelva, a fin de que otros usuarios puedan leerlos también.

Datos del Metro de Medellín señalan que algunos de los beneficios  de la Cultura metro son:

1. La formación de por lo menos un millón de niños en Cultura Metro y en convivencia ciudadana.
2. La promoción de la lectura a partir de programas como “Palabras rodantes”.
3. El cambio de hábitos asociados al transporte y el manejo de la economía personal.
4. La adopción de las normas de uso del sistema como una forma de desplazamiento seguro y rápido.
5. La invitación a la protección y cuidado del medio ambiente.
6. La adopción de hábitos de transporte
7. La incorporación de tecnologías novedosas a la vida cotidiana

4. En materia de accesibilidad, el Metro de Medellin considera la Movilidad sostenible como un concepto que abarca múltiples dimensiones del desarrollo del sistema. Una de ellas es la Gestión e inclusión social, con la cual se busca garantizar que las poblaciones menos favorecidas tengan acceso igualitario al servicio de transporte, promoviendo la equidad social.

En materia de infraestructura, todas las estaciones son accesibles y cuentan, dependiendo de su arquitectura, con ascensores, plataformas mecánicas, escalas eléctricas y/o apoyos isquiáticos. De igual manera, las estaciones cuentan con teléfonos públicos bajos para personas de baja estatura.

El STC Metro de la Ciudad de México, carece lamentablemente de la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad accedan al servicio de forma frecuente y sin acompañantes.

5. La red del STC metro, cuenta con distintos desperfectos provocados por la falta de cultura y civilidad de algunos usuarios entre ellas podemos señalar: grafitis, cristales rayados, ventanas trabadas, destrucción de sistema de audio, pisos dañados, romper luminarias, obstrucción de torniquetes, deterioro interior y exterior de estaciones, inclusive se han reportado algunos andenes donde los usuarios hacen sus necesidades fisiológicas.

Es importante realizar campañas de concientización para desarrollar en el usuario una cultura de cuidado de las instalaciones del STC Metro.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, suscrito por México el 30 de marzo de 2007 y ratificado el 17 de diciembre del mismo año, señala que: Art. 4 Obligaciones Generales Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

(…)

Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

 f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por el 46 Aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), reconoce su trascendente aporte a la movilidad de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y hace un reconocimiento a sus trabajadores por su contribución diaria en la prestación de dicho servicio.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a transformar de fondo el programa de lectura “Para leer de boleto en el Metro”, a fin de contar con la infraestructura y con las acciones necesarias para que sea funcional, tomando como modelo experiencias internacionales exitosas. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a incluir en el proyecto Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 una partida específica para garantizar la accesibilidad en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro); acelerando la construcción de rampas, la instalación de elevadores de sillas de ruedas, elevadores tradicionales, ranuras guía para invidentes, sistemas de información auditiva y placas informativas en sistema Braille.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a poner en marcha una campaña de concientización dirigida a los usuarios para fomentar la cultura del cuidado de las instalaciones y vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como la convivencia armónica y respetuosa entre usuarios.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 septiembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias que permitan garantizar los derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SEÑORES ANTONIO JOSÉ URBINA ROMERO Y CORAL YOASMIL ROJAS ACOSTA DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, llegaron a la Ciudad de México con la intención de residir en nuestro país. Dentro de su matrimonio procrearon a tres niños entre los cuales se encuentra el menor de nombre Isaac Daniel Urbina Rojas, quien para su formación escolar, ingresó al Instituto ”WesthilllInstitute S.C.” en el año 2010.

2.- Para el ciclo escolar 2011-2012 Isaac Daniel Urbina Rojas fue promovido de grado, a consideración del mencionado instituto, toda vez que el menor contaba con un nivel mayor de conocimientos, tomando en cuenta su madurez y sociabilidad, debido a que  eran un factor para ascenderlo de segundo a tercer grado. Presuntamente derivado de esta acción, el menor disminuyó su rendimiento escolar y a decir de los padres esto implicó consecuencias psicológicas, por lo cual el Instituto optó por que el menor repitiera el año escolar.

3.- Ante tal situación los padres decidieron demandar al Instituto y a la Secretaria de Educación Pública por responsabilidad civil subjetiva y objetiva así como daño moral. En respuesta el Instituto interpuso una denuncia por el delito de FRAUDE PROCESAL en contra de los padres del menor Isaac Daniel Urbina Rojas.

4.- A decir de la defensa legal de Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, su detención fue ilegal y se justifica en una represalia que involucra tráfico de influencia.

Por su parte, el Colegio acusa ante los medios de comunicación al matrimonio Venezolano por el intento de extorsión.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. III. Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos garantizando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que en caso contrario el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, el artículo 108 de la Ley Suprema, señala que los servidores públicos serán los responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones como se transcribe a continuación:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

IV.- Que de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, todas las personas gozarán de las garantías establecidas en la Constitución y se reconocen los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto y las leyes correspondientes.

V. Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, será el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el ente encargado de administrar e impartir justicia.

VI. Que con fundamento en el párrafo VI del artículo 201 de la Ley Orgánica de la materia, son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conocerá respecto de actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 201…

VI Conocer y resolver las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, así como los procedimientos oficiosos contra actos u omisiones de los miembros del  Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrados, Jueces y demás servidores de la administración de Justicia, haciendo la sustanciación correspondiente y, en su caso, imponer la medida disciplinaria procedente.

Estas facultades se ejercerán, por conducto de la Comisión de Disciplina Judicial, la que resolverá en primera instancia. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal resolverá en segunda instancia y de forma definitiva e inatacable de conformidad con esta ley y los acuerdos expedidos para el efecto.

Por último, es necesario que en el presente caso las autoridades que tienen conocimiento sobre asuntos en los que se presumen o presuponen violaciones a los derechos de las personas, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas como lo establece nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que conozca el caso y realice una investigación por la presunta detención arbitraria en contra de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, quienes se encuentran presos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente; así como por un presunto tráfico de influencias en dicho caso.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que a través del Consejo de la Judicatura, lleve a cabo una revisión de la causa penal número 237/2014-A, así como del actuar del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, a fin de determinar que sus actuaciones hayan estado apagadas a Derecho durante dicho procedimiento y remita un informe a esta Soberanía.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice las diligencias necesarias que garanticen el respeto a los derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana actualmente presos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 septiembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar puntual seguimiento a la situación en la República de Guatemala relacionada con actos de corrupción. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RELACIONADA CON ACTOS DE CORRUPCIÓN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En 2006, el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un Acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual fue ratificado en 2007 por el Congreso Nacional de Guatemala y la Corte de Constitucionalidad. La CICIG es un órgano independiente internacional con las siguientes:

a. Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala.

b. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
c. Hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias.

El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años.

Siguiendo el procedimiento estipulado en el artículo 14 del Acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala escribió al Secretario General el 23 de diciembre de 2010 proponiendo formalmente la extensión del mandato.

2. En abril de 2015, a CIGIG dio a conocer el desmantelamiento de una red de corrupción  conocida como "La Línea", que tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.

Gracias a una serie de más de veinte operativos, los fiscales del Ministerio Público y de la CICIG capturaron a 20 personas, entre autoridades y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), algunos empresarios y tramitadores.

Al ser imputado Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales presentaron una llamada telefónica que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan Carlos Monzón, que las autoridades suponen es el exsecretario privado de la ahora ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, considerado el cabecilla de dicha estructura.

La Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías renunció al cargo el 8 de mayo de 2015 en medio del escándalo de corrupción conocido como “La Línea”.

El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex Vicepresidenta y una solicitud de antejuicio contra el PRESIDENTE Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera; las autoridades indicaron que las pruebas obtenidas indicaban que el Presidente de la República y la ex vicepresidenta eran los máximos dirigentes de la red de defraudación. Ese mismo día fue capturada Rozana Baldetti siendo trasladada a las 6:49 PM,  la prisión-cuartel de Matamoros. Tras rendir algunas declaraciones, el 26 de agosto se le envió a prisión preventiva a la Cárcel de Mujeres de Santa Teresa.

3. La Fiscalía General de Guatemala solicitó a la Corte Suprema el inicio de un antejuicio para retirar la inmunidad del Presidente Otto Pérez Molina, a quien vincula con un presunto caso de defraudación aduanera.

La Corte Suprema de Guatemala falló a favor de investigar al Presidente Otto Pérez Molina por presunta corrupción, además  solicitó al Congreso que considere el levantamiento de su inmunidad.

El Congreso convocó el pasado martes una sesión ordinaria en la que se decidirá si levanta o no la inmunidad al Presidente Pérez Molina. Tras o la decisión unánime de una comisión de cinco diputados, elegidos por sorteo, de recomendar al Parlamento unicameral que despoje al mandatario de su inmunidad.

Serían necesarios 105 votos (de 158) a favor del retiro de la inmunidad para que fuese juzgado el Presidente de Guatemala; el Vicepresidente Alejandro Maldonado asumiría el cargo como interino hasta que hubiese una sentencia.
4. Se han presentado diversas manifestaciones contra el Presidente de Guatemala en el país, el pasado jueves 27 de agosto, Guatemala amaneció con las calles ocupadas por miles de ciudadanos (alrededor de 75 mil en el interior del país y 25 mil en la capital) reclamando su inmediata dimisión. En el campo, las organizaciones indígenas y campesinas bloquearon carreteras y obstaculizaron el tránsito en puntos clave; el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a los principales empresarios de Guatemala, ya pidió su dimisión.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que las relaciones entre México y Guatemala se remontan a 1838, año en que se conformaron las Repúblicas de Centroamérica. Cabe señalar que México ha jugado un papel de suma importancia en el proceso de negociación de la paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala, que puso fin a 36 años de enfrentamiento. Asimismo, México recibió en su territorio a la población guatemalteca desplazada por el conflicto armado, más de 45 mil personas.

IV. Que México comparte frontera con Guatemala de aproximadamente 956 kilómetros con 10 cruces fronterizos legales, pero que enfrenta problemas de seguridad con la proliferación de bandas criminales que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes mexicanos y guatemaltecos.

V. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

(…)

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República de Guatemala relacionada con los cuestionamientos al titular de su Poder Ejecutivo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A IMPULSAR EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS LA TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 21 de agosto entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por el Presidente venezolano Nicolás Maduro, en zonas colindantes con Colombia tras un ataque en el que supuestamente tres militares y un civil venezolanos fueron heridos en la ciudad de San Antonio de Táchira durante una operación anti contrabando. Maduro sostiene que es necesario para combatir el contrabando y luchar contra los grupos paramilitares que, asegura, operan en la zona.

2. Del 20 al 25 de agosto, el gobierno de Venezuela deportó entre 750 y mil colombianos del territorio fronterizo destruyendo las casas que habitaban, lo cual Colombia rechazó y pidió respeto a Venezuela. En 2014, Venezuela expulsó mil 820 colombianos, es decir, en 5 días se deportó casi la mitad de colombianos que fueron deportados el año anterior.

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, afirmó: “No es admisible, bajo ninguna circunstancia, la forma como esos colombianos han sido expulsados del territorio venezolano, dejando atrás hijos, muchos de ellos niños”.

3. Para intentar encontrar una solución a la crisis se convocó una reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dicha reunión se llevó a cabo el 26 de agosto en la ciudad de Cartagena, Colombia. Se esperaba que al finalizar dicha reunión se anunciará el final de las deportaciones masivas o algún avance para superar las diferencias, sin embargo no se presentó ningún adelanto para levantar el cierre fronterizo.

Dentro del acuerdo se establece una serie de reuniones entre las Defensorías del Pueblo y los Ministerios de Defensa de ambos países para definir protocolos para la protección de los derechos de los deportados y enfrentar el delito del contrabando y presencia de bandas delincuenciales en la frontera. La representante colombiana hizo énfasis en que la posición del Gobierno de Colombia no considera que el cierre de la frontera ayude a combatir el problema.

Las cancillerías de ambos países se comprometieron a trabajar para superar la situación.

Delcy Rodríguez, Ministra de Exteriores venezolana, señaló que “Venezuela ha sido un espacio y una patria de cobijo para millones de ciudadanos colombianos que ven en nuestra patria un espacio donde convivir familiarmente. Mal podríamos nosotros estar maltratando a esos ciudadanos colombianos”.

4. El jueves 27 de agosto, el Presidente de Colombia llamó a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, por los “atropellos de Venezuela contra los miles de colombianos deportados” y por el incumplimiento de acuerdos bilaterales como la posibilidad del ingreso de camiones con los deportados a territorio venezolano para recoger sus pertenencias.
Santos pidió convocar reuniones de emergencia con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para "contar al mundo" lo que ocurre.

Maduro, a su vez, ordenó a la Canciller Delcy Rodríguez llamar a consultas a su Embajador en Bogotá, Iván Rincón.

5. El viernes 28 de agosto de 2015, Ravina Shamdasani, Portavoz de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a Venezuela a respetar los derechos humanos de los deportados, adicionalmente el organismo internacional se mostró “preocupada” por la crisis humanitaria.

El 29 de agosto de 2015 la Unión Europea a través de su órgano diplomático el Servicio Europeo de Acción Exterior manifestó: “el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, seguido del desplazamiento forzado, pone en riesgo el conjunto de la situación humanitaria, la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza. Se debe evitar una mayor escalada. Se deberían encontrar soluciones aceptables mutuamente, en pleno respeto de los derechos humanos, y garantizar el bienestar de la población local”.

Por su parte, el 30 de agosto de 2015 Estados Unidos pidió a Colombia y a Venezuela buscar una solución diplomática a la crisis fronteriza, ya que la situación se recrudece con la denuncia de la Procuraduría General colombiana de que algunas niñas y mujeres de ese país fueron víctimas de abusos sexuales por parte de militantes venezolanos.

Estados Unidos manifestó que las deportaciones deben realizarse de conformidad con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la coordinación entre las naciones involucradas.

6. El lunes 31 de agosto el Consejo Permanente de la OEA se reunió para decidir si convoca una reunión de Consulta de Cancilleres para exponer la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Venezuela.

La reunión de cancilleres de la OEA es un instrumento utilizado solo en ocasiones extremas y su convocatoria tendrá que contar con el apoyo de más de la mitad de los 34 países miembros.

Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA rechazó celebrar la reunión ministerial propuesta por Colombia ante lo que considera una "grave crisis humanitaria" con "deportaciones arbitrarias y maltratos" por parte de Venezuela en la frontera de ambas naciones.

Apoyaron la propuesta colombiana Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile y la misión de Colombia. Cinco naciones secundaron el rechazo de Caracas a que la OEA aborde esta crisis: Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y la misión de Venezuela.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que “las protestas nuestras que fueron puestas sobre la mesa no fueron escuchadas, dijeron que esto no era verdad y que era invento de los medios cuando teníamos testimonios de nuestros compatriotas”.

Finalmente, Venezuela sí aceptó que el asunto se aborde en UNASUR, donde hay convocada una reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros para el próximo 3 de septiembre, en su sede en Ecuador.

CONSIDERACIONES

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal.

III. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios Normativos:

(…)

“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales

III. Que la Carta de las Naciones Unidas, señala en su artículo 1 que los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;

IV. Que el Reglamento del Consejo de Seguridad señala en su artículo 8 que:

Todo Miembro de Naciones Unidas que no tenga representación en el Consejo de Seguridad, podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier controversia o situación que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Dicho Estado Miembro deberá hacer la petición por escrito, y presentarla ante la Presidencia del Consejo de Seguridad al inicio de cada sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, promueva que el Consejo de Seguridad aborde el tema de la tensión diplomática entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 8 septiembre de 2015.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.






Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares. Se turna a la Comisión de Vivienda.

El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quiénes habitan en asentamientos irregulares, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 14 de enero de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal, presentó en el estado de Tabasco el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas.

Afirmando que el objetivo del Programa consistiría principalmente en evitar que las inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales, la subida de las mareas por encima del nivel habitual, o cualquier otra eventualidad producto del cambio climático, siguieran ocasionando pérdidas humanas o daños por miles de millones de pesos en las localidades ubicadas en zonas de riesgo, el Presidente instruyó la coordinación entre diversas autoridades para su implementación.

Asimismo, manifestó que se trataba de un proyecto integral, que contemplaría la ejecución de acciones medioambientales, de planeación urbana, prevención, alertamiento temprano y protocolos de emergencia.

Dentro las acciones a llevar a cabo en el marco del Programa, se debería supervisar que no se construyeran asentamientos humanos en zonas riesgosas o susceptibles de inundación; y revisar el estado de obras de infraestructura que pudieran prevenir contingencias que afecten a la población.

Para ello, ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizar un Plan de Ordenamiento Territorial e iniciar reuniones con las entidades federativas, con el fin de intercambiar información sobre áreas proclives a inundarse durante temporada de lluvias.

No obstante, a dos años de la presentación de ese Programa, y a un año de su inclusión en el Programa Nacional Hídrico presentado por la Comisión Nacional del Agua, se tiene conocimiento que la mencionada Secretaría ha sido omisa en realizar el Plan de Ordenación del Territorio que, en su momento, se consideró fundamental en la estrategia para evitar la construcción de vivienda en zonas de riesgo y la reubicación de los habitantes en asentamientos irregulares1.

Conforme a lo enterado por la propia dependencia, mediante una solicitud de información pública, ésta tampoco ha llevado a cabo reunión alguna con las entidades federativas con el objetivo de identificar áreas o asentamientos de naturaleza irregular.

Aunado a ello, del análisis del Tercer Informe de Gobierno de la República, se advierte que respecto del Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, únicamente se reporta la elaboración de mapas de envolventes de tirantes, velocidades y severidad en cinco ciudades de todo el país.

De igual forma, por lo que hace a la Ordenación del Territorio, en el mismo informe solo se reporta que para este año, el Programa de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo se transformó en Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo, sin que respecto a él se informen acciones concretas que hayan contribuido a evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de riesgo para la población.
La mencionada omisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cobra relevancia ante la temporada de lluvias anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, que afectará a varios estados del país.

Por lo anterior, resulta fundamental que la dependencia, que hoy cuenta con una nueva titular, lleve a cabo un plan de ordenamiento territorial que permita evitar que, como siempre, los más vulnerables sean víctimas de las contingencias ambientales que afectan al país, pero sobretodo de la falta de prevención y de coordinación entre las autoridades responsables.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar un plan de ordenamiento territorial, para evitar la construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como para reubicar a quiénes habitan en asentamientos irregulares en el país.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer programas ambientales de rehabilitación y reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el 70 por ciento de los árboles utilizados para reforestar sean frutales, con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento saludable y gratuito. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1,  fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En México las áreas verdes urbanas comúnmente son vistas sólo como un espacio de recreación y son consideradas un lujo, en parte porque existe una gran necesidad de vivienda que requiere espacio para su construcción. Sin embargo, pocas veces se valora el papel fundamental que las áreas verdes desempeñan dentro de las ciudades.

Es indudable que los problemas de degradación ambiental y de depredación de los recursos del planeta, se han convertido ya, en un asunto de sobrevivencia, y en un serio obstáculo para mantener las condiciones de bienestar social generalizado.

El irreversible proceso de urbanización,  apunta a un horizonte mundial en el que dos de cada tres personas habiten en zonas urbanas y amenaza con romper el equilibrio de los recursos naturales básicos como; la flora, la fauna, el agua, el suelo agrícola y forestal.

Según datos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro país ocupa el quinto lugar de deforestación a nivel mundial y, relacionado con el dato anterior, debemos considerar que según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México pierde cada año 155 mil hectáreas por deforestación.

Mucho se ha mencionado sobre la importancia del estudio y conservación del ambiente en las ciudades, de la realización de campañas de verificación vehicular y del control e inspección periódica de la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de las industrias, pero la verdad es que no se ha logrado lo suficiente para revertir la problemática ambiental que aqueja a las grandes ciudades; una de las principales acciones de los diferentes gobiernos, para procurar la mejora de las condiciones de vida en las áreas urbanas ha sido la instalación de parques y la instauración de programas de reforestación urbana.

Frecuentemente las zonas verdes en sitios públicos, no han sido planificadas con criterios de sostenibilidad o provecho superior, sino exclusivamente estéticos; se puede observar a menudo en las áreas verdes urbanas especies que no son autóctonas o endémicas; que no se adaptan al lugar y al final acaban dando problemas. Es por ello, y por el gran potencial de aprovechamientos que pueden generarse, que en las diferentes ciudades del País debe crearse un movimiento de recuperación de esas zonas, transformándolas en pequeños huertos urbanos, que induzcan, a los habitantes y visitantes a desear su cuidado y mantenimiento.

En ese orden de ideas, potenciar la transformación de la tendencia actual que prefiere la estética sobre la utilidad pública en las áreas verdes, sin duda, otorgara una gran cantidad de beneficios, que van desde la inclusión de la sociedad para procurar el cuidado de los espacios públicos, hasta la creación de condiciones de fácil acceso a alimentos saludables para la población.

El concepto tradicional de áreas verdes siempre ha sido asociado exclusivamente a su función social, bajo el marco de la recreación y el deporte, ignorando su valor ambiental y económico, así como el gran potencial que existe en ellas para procurar alimento.

En los últimos años,  se han concretado diferentes iniciativas de los diversos órdenes de gobierno que van en el sentido de aprovechar el potencial de los espacios públicos urbanos. La determinación de incluir árboles frutales en los programas de reforestación urbana municipal, local y federal, han, sin lugar a duda, significado un gran avance; sin embargo, debe destacarse que en la generalidad de los casos, la cantidad de árboles frutales sembrados no supera el 20% de la totalidad de flora prevista en el programa; igual de importante es destacar que cada evento de reforestación se presenta casi de forma aislada y, en muchos casos, sin coordinación entre las diferentes autoridades responsables.

Nuestro País, a pesar de encontrarse en un franco proceso de desarrollo, aún carga con la pesada pena consistente en que una significativa parte de su población no tiene el acceso adecuado a alimentos; en virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal ha instaurado una serie de mecanismos orientados a reducir, al mínimo posible, dicha problemática.

En ese mismo sentido, la oportunidad de proporcionar alimento gratuito y de fácil acceso, a través del aprovechamiento del potencial que ofrecen los propios sistemas naturales, no debe ser dejada en segundo término; por el contrario, en un escenario mundial en el que se prevé (según FAO) que la población mundial llegue a los 9 mil millones de personas en el año 2050, es necesario dar impulso a ese recurso. 

La naturaleza es generosa y ha procurado dotar a cada árbol frutal con características propias que, una vez evaluadas por el hombre, se convierten en herramientas valiosas.

La utilidad pública derivada de cada situación ha de ser determinada en función de una diversidad de factores; en el caso de la colocación de árboles frutales en áreas verdes urbanas, su provecho puede determinarse en función de su producción promedio anual, su compatibilidad con el entorno, la preferencia en su consumo y la edad productiva de la planta.

En ese mismo orden de ideas, a continuación se ofrecen algunos ejemplos que ilustraran la gran cantidad de beneficios potenciales del establecimiento de un Plan Nacional de Reforestación Urbana que contemple de forma permanente la utilización de árboles frutales para su colocación en áreas verdes en las ciudades1:

Árbol de Aguacate:


Edad de la Planta
(en años)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número estimado de frutos por año
(en piezas)

10

60

100

150

250

300

350

400

450

Naranja (nivel de producción bajo):


Edad de la Planta
(en años)

3

4

5

6

7

8

9

10

Número estimado de frutos por año
(en piezas)

14

40

88

132

198

264

330

400

Mango:


Edad de la Planta
(en años)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número estimado de frutos por año
(en piezas)

10

60

100

150

250

300

350

400

450

Los ejemplos presentados en las tablas anteriores, ilustran de manera muy clara el beneficio social que puede desprenderse de la adopción de políticas públicas encaminadas al aprovechamiento de las áreas verdes urbanas.

Finalmente, es destacable mencionar que, sin dejar de ponderar justamente las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal en materia de Alimentación, facilitar a la población el acceso a una gran diversidad de frutos de forma gratuita, seguramente será de gran ayuda para aumentar la calidad de la alimentación de un gran número de personas en situación de vulnerabilidad.

Considerando que una vez que los árboles frutales, consigan dar sus frutos, es recomendable darle la responsabilidad a cada municipio para su recolección, entrega y destino.

En virtud de todo lo anterior, considero que es apropiado someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO.-El Senado de la Republica exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus facultades, y en coordinación con los Gobiernos locales y municipales, se establezcan programas ambientales de rehabilitación y reforestación de áreas verdes urbanas en los que se contemple que el setenta por ciento de los árboles utilizados para reforestar sean frutales; lo anterior con el propósito de facilitar a la población el acceso a alimento saludable y gratuito.

SEGUNDO.- Una vez implementados los programas ambientales de rehabilitación, se considere que el municipio sea el responsable de recolectar los frutos y distribuirlos entre la población más vulnerable.

México, Distrito Federal, el 8 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.

1Estimación de los rendimientos en algunos frutales: Aguacatero, Mango y Naranjo. L. Avilán Rovira, Ing. Agr. M. Sc. Dr.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo en relación al Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Justicia.

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El domingo 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el informe: “Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”,  un documento de 560 cuartillas que aporta nuevos elementos de investigación sobre hechos que han ofendido e indignado a la sociedad mexicana en su conjunto.

Cabe destacar que dicho grupo se conformó a petición expresa del gobierno mexicano para transparentar y fortalecer las indagatorias sobre el caso Iguala, como parte del Acuerdo de Asistencia Técnica, firmado en octubre de 2014 por el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la creación de este grupo, el Gobierno de la República le ha brindado todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones,  en un esfuerzo de colaboración inédito para la protección de derechos fundamentales en nuestro país.

Como era natural e incluso deseable, algunos de los resultados del grupo de expertos convocados por la CIDH, han reavivado el debate en torno a los hechos en Iguala, y, particularmente, respecto a la actuación de las autoridades mexicanas para atender la crisis.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI considera que el Gobierno de la República no ha escatimado recurso alguno para investigar, esclarecer y sancionar los hechos de Iguala.

Como resultado de una investigación seria y responsable, emprendida en primera instancia por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y, posteriormente, por la Procuraduría General de la República, se han detenido a 110 personas por su presunta participación en las agresiones cometidas contra los normalistas, incluidos el Presidente Municipal del Municipio de Iguala, Salvador Abarca y su esposa; se han integrado 138 tomos de investigación con 14 anexos; se han tomado más de 385 declaraciones y han llevado a cabo 2 reconstrucciones de hechos. Asimismo, se han realizado más de 16 cateos y se han asegurado 93 quipos de telefonía móvil.

El envío de evidencia ósea al laboratorio de Innsbruck, en Austria, ha permitido la identificación de una de las víctimas y, recientemente, la Procuradora General de la República, informó que se estarían enviando otras muestras de ropa como parte de las indagatorias.

Hay que ser muy claros: el Gobierno de la República ha mantenido abierta la investigación, sin descartar ningún elemento de prueba. Es falso que se haya querido dar “carpetazo” a la investigación, como se ha afirmado por parte de algunos actores. Por el contrario, la PGR ha insistido en todo momento que la indagatoria no se ha cerrado y el gobierno sigue emprendiendo acciones dirigidas a encontrar la verdad jurídica.

Precisamente, una de las afirmaciones que más ha causado conmoción en la opinión pública, se refiere a la supuesta imposibilidad de la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, es decir, una de las conclusiones a las que apuntan no solo múltiples testimonios de personas que presuntamente habrían participado en el secuestro de los normalistas, sino también evidencias físicas recabadas en peritajes realizados por personal forense del más alto nivel, en los que participaron expertos de los Institutos de Biología y Geología de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo.
En este punto, debemos enfatizar que la posibilidad de que los estudiantes hayan sido privados de la vida no es un invento de la PGR, sino la dirección a la que apuntan los indicios tanto testimoniales como físicos.  En otras palabras, el informe de los expertos no contraviene a las investigaciones del gobierno, sino en todo caso a los testimonios de delincuentes confesos, que han declarado haber privado de la libertad y la vida de los normalistas, y posteriormente arrojado sus restos en el Río San Juan.

Haciendo a un lado las discrepancias, el informe del panel de expertos tiene coincidencias importantes con las indagatorias del gobierno federal, como la participación de la delincuencia organizada, así como de policías municipales de Iguala y Cocula.

En ese sentido, creemos que la respuesta del Gobierno Federal al informe del grupo interdisciplinario, refleja el compromiso con el esclarecimiento total de los hechos en Iguala, pues lejos de desacreditar las conclusiones de los expertos internacionales, el Presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido las aportaciones del grupo de expertos, instruyendo de forma inmediata a analizar las recomendaciones y los nuevos elementos contenidos en el informe.

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, por su parte, ha señalado que los resultados y conclusiones de los expertos serán estudiados y, en su momento, la procuraduría valorará su incorporación a la averiguación previa correspondiente. En relación con los aspectos técnicos del fuego, se anunció que se realizarían nuevos peritajes con expertos en la materia para explorar la hipótesis formulada por el grupo de expertos.

Más allá de cualquier polémica, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes constituye un elemento que debe abonar a la certidumbre y no a la politización de un acontecimiento que nos duele como Nación.

En el Grupo Parlamentario del PRI respaldamos las acciones instrumentadas por el Gobierno de la República para encontrar la verdad jurídica sobre los lamentables acontecimientos de Iguala. Asimismo, reconocemos que la mayor parte de los responsables han sido capturados y están hoy tras las rejas, por lo que no hay impunidad en este caso.

En virtud del compromiso mostrado por el Gobierno del Presidente Peña Nieto para esclarecer los dolorosos sucesos del año pasado, estamos convencidos de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más que un obstáculo, será una herramienta para profundizar las investigaciones que nunca ha dejado de emprender el Gobierno Federal.

Conscientes de la sensibilidad y el compromiso del Presidente de la República, nos permitimos plantear diversos exhortos encaminados a aprovechar la oportunidad que representa el nuevo informe para llegar a la verdad y hacer valer el Estado de Derecho.

De conformidad con las consideraciones anteriores, quienes integramos la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer al Pleno los siguientes puntos de acuerdo de urgente resolución.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a llevar a cabo los peritajes e indagatorias a los que haya lugar, a partir de los nuevos elementos contenidos en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a mantener abierta la investigación del caso hasta tener certeza jurídica de los acontecimientos y que se haya detenido y consignado hasta el último responsable.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el 8 de septiembre de 2015.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a formular e impulsar el programa de la protección y conservación de la tortuga marina. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para formular e impulsar el programa de la protección y conservación de la tortuga marina, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

México, es uno de los países con una mayor diversidad de flora y fauna del mundo, es considerado uno de los principales en el mundo. Debido a su relieve tiene una red de ecosistemas terrestres y acuáticos de gran importancia.

Nuestro país es conocido como la capital de las tortugas marinas ya que siete de las ocho especies de mayor importancia del mundo anidan en sus costas. Específicamente en el Golfo de México y Mar Caribe se encuentran algunas de las playas de anidación más importantes de las tortugas de carey, tortuga lora, verde o blanca y cahuama o cabezona, la entre otras; en las costas del Océano Pacífico están algunas de las mayores zonas de anidación de tortuga laúd, prieta y golfina. Todas las especies de tortuga marina se encuentran en peligro de extinción de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010 denominada “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”.

Las tortugas marinas forman parte de los quelonioideos  (Clasificación científica: familia Chelonioidea), son de sangre fría y habitan en todos los océanos tropicales. Son exclusivamente marinas, pero tocan tierra solamente para anidar; la mayoría de las especies de tortugas se encuentran en aguas poco profundas de bahías, lagunas y estuarios. Otras se adentran al mar abierto.

Las tortugas marinas generalmente pueden nadar a velocidades de 27 a 35 km/h, tienen un fuerte cuello, no poseen dientes pero sí unos picos cortantes en la parte superior de su mandíbula. Sus aletas están adaptadas a la vida acuática por lo que en tierra se desplazan con dificultad y lentitud, algo que las identifica es su fuerte y vistoso caparazón que de acuerdo con la especie, varía en su color y textura. La tortuga baúla por ejemplo, lo tiene delgado y flexible, por lo que entra en la categoría de tortugas suaves.

La tortuga marina varía su temperatura corporal adaptándose al medio ambiente, respiran por medio de pulmones y posee un corazón de tres cámaras. Las tortugas de maromnívoras, se alimentan de esponjas, moluscos, crustáceos, algas, plantas marinas, peces y coral que les aporta calcio para fortalecer el caparazón. Las carnívoras comen pulpos o pequeños animales vertebrados.

La reproducción de la tortuga marina se lleva en aguas cercanas a la costa, los huevos dentro de la hembra tardan en formarse de dos a tres semanas. Después, las hembras llegan a las costas para anidar, realizando recorridos por las playas para encontrar el lugar más adecuado donde realizarán el desove.
Una de las peculiaridades de las áreas de desove, es que, debe estar libre de vegetación y lejos de la orilla del mar, pues la marea alta podría impedir el desarrollo de los huevos.

Sin embargo, dentro de la cadena alimenticia, las tortugas pequeñas tienen depredadores naturales como las aves marinas, tiburones y algunos peces. Una de las dificultades que presentan durante las primeras semanas es su dificultad para respirar, pues no pueden permanecer mucho tiempo debajo el agua, así como la lentitud, considerada como factores determinantes por lo que resulta todo un desafío sobrevivir en tales condiciones. Pero la peor amenaza es el traficó ilegal de huevos, con la apertura de la época de anidación desde el mes de mayo y en algunos lugares concluye en noviembre, se da inicio al saqueo de huevos, principalmente en las zonas turísticas y aledañas, debido a la oferta gastronómica al turismo, pero también esta actividad se realiza en zonas costeras donde no existen alternativas de sustento económico, es decir que esta actividad representa de forma ilícita un ingreso económico para quienes se dedican de manera cotidiana y reiterada.

A pesar de los esfuerzos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para vigilar y salvaguardar las áreas de desove, se ha realizado el decomiso de importantes cargamentos de huevo de tortuga de la especie golfina en playas de Oaxaca, pese a que la actividad sigue incrementándose de forma alarmante.

Además de la que la Procuraduría General de la Republica (PGR) consignó ante un juez a un hombre que capturó y mató a una tortuga marina en el puente del Río Cuale de Puerto Vallarta. Además llevaba consigo 68 huevos de la especie protegida. El sujeto fue procesado por la comisión de delitos contra la biodiversidad.

Es precisamente la fracción I del artículo 420 del Código Penal Federal, que contienen una pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. Adicionalmente la fracción IV del mismo artículo impone las castiga a quien realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Sabemos de las carencias que atraviesan algunos pobladores de comunidades costeras, pero creo que si las conductas se castigan, se estaría imputando a personas que considero mantienen una forma de subsistencia que se les debe inculcar a cambiar de actividad, de pasar a las actividades ilícitas como la explotación y tráfico de especies, así como sus productos y subproductos deben de difundirse campañas informativas para dar a conocer los daños que ocasionan las distintas actividades relacionadas con el aprovechamiento ilegal. Afortunadamente contamos con nuevas herramientas que permiten hacer conciencia y reflexionar para contrarrestar cierto tipo de actividades,  iniciando con los consumidores.

Adicionalmente, vale  la pena retomar las propuestas de México para erigir  refugios especiales para las tortugas como se propuso en los  municipios de Comundú y Mulegé, en Baja California Sur. Cuya vigilancia se le otorgaría a la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formularía un programa de protección, conservación y manejo, para desarrollar actividades que pudieran a su vez, mitigar y contrarrestar el aprovechamiento furtivo de huevo de tortuga.

Por otro lado vale lapena considerar las declaraciones del Gobierno de los Estado Unidos sobre la decisión de aplicar sanciones a México por la desprotección de las tortugas marinas. Si esto sucede, se afectaría de forma importante la actividad pesquera nacional. Entre 15,000 y 20,000 ejemplares de tortugas llegan a aguas mexicanas especialmente la especie Caretta, la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros, ya que cada año arriban al litoral del suroccidente de Estados Unidos hasta la península de Baja California provenientes de Japón. Organizaciones ambientales han presionado al gobierno estadunidense para que penalice a México por considerar que no cuida adecuadamente de esa especie en peligro de extinción. En el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales, enviado por el Departamento de Comercio estadunidense al Congreso de la Unión Americana, contiene dichos señalamientos además de otros casos de prácticas pesqueras como las de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Nigeria y Portugal por ser ilegales, países Belice, Costa Rica, Ghana, Guatemala y España, están incluidas en una "lista gris" por considerarse naciones con actividades pesqueras dudosas.

El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. El mercado negro, tanto nacional como internacional fluyen  grandes cantidades de mercancías de vida silvestre. México, es un protagonista central en el mercado internacional tanto como consumidor como abastecedor de productos de vida silvestre. Lamentablemente la tortuga marina es un animal muy buscado ya que puede aprovechar todo de ella su carne, caparazón, piel y huevos; actualmente la venta ilegalmente sigue en aumento, por el costo elevado de los productos.

Por otro lado, recientemente el titular de la PROFEPA informó que se estableció un mecanismo de coordinación para tareas de inspección y vigilancia que serán implementadas en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Policía Federal y la Secretaría de Marina. Así como la instalación de filtros carreteros considerados puntos clave en el tráfico del producto especialmente en playas de Oaxaca. A pesar de estos convenios de coordinación, es importante que asista la participación de los gobiernos de los estados costeros, además de los gobiernos municipales y de la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular dela Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones, impulse una política nacional para la conservación, protección y vigilancia en las áreas de desove de la tortuga marina, especialmente en aquellas zonas de alta migración.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones realice convenios con los Gobiernos de los Estados costeros, para que se refuerce la vigilancia, protección y conservación de en las zonas de desove de las tortugas marinas, con el apoyo de los gobiernos municipales.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de sus atribuciones implemente una campaña intensiva para difundir en los distintos medios de telecomunicación, internet e impresos, sobre las causas que se producen por el consumo, posesión, tráfico y comercio de huevo de tortuga así como las posibles responsabilidades administrativas y penales por realizar dichas conductas.

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión,
el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato de donación a beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C. Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Monterrey a entregar el dinero correspondiente al contrato de donación a beneficio del patronato de bomberos de Nuevo León, A. C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El nombre de Bombero se asocia a la tarea de apagar fuegos utilizando bombas para sacar agua de pozos, ríos o cualquier otro depósito o almacén de agua cercano al lugar del incendio. Se atribuye al Emperador César Augusto la creación del primer cuerpo de bomberos en Roma.

Existen demasiadas evidencias históricas de acciones de grupos de personas organizados contra incendios, pero las pruebas más antiguas de lo que podemos comparar con un cuerpo de bomberos actual, surge de los Romanos. Con una antigüedad de 1.650 años, arqueólogos alemanes, bajo la dirección de Bernd Paeffgen, descubrieron en 2004, en el Valle del Rin, lo que fue descrito como una bomba de agua. El equipo contaba además con un tubo delgado de 1,10 metros que iba unido a la bomba. Inicialmente confundida con una lanza, las posteriores pruebas revelaron que se trataba de un conducto o manguera. En la antigua Roma y de Julio César, Marco Licinio Craso era una de las personas más ricas de la ciudad, su riqueza provenía de los bienes raíces y el "alquiler inmobiliario", pero la curiosa historia le atribuye aún más mérito al haber sido el organizador del primer servicio contra incendios de Roma, para asegurar que sus bomberos tuvieran siempre trabajo, también organizó las primeras brigadas de "incendiarios" de las que se tiene referencias en la Historia.

2.- Tradicionalmente la tarea principal de los bomberos ha sido extinguir fuegos pero en las décadas pasadas el número de ayudas técnicas se ha elevado. Por eso los bomberos disponen de vehículos en que tienen no sólo equipo para apagar el fuego sino también para ayudar en otras situaciones de urgencia, como pueden ser huracanes, inundaciones y desastres naturales.

3.- En México, el 22 de agosto de 1873 surgió el primer cuerpo de bomberos, el cual se creó en el puerto de Veracruz. En sus inicios fue llamaba "Compañía de Bomberos de Veracruz" y posteriormente al decretarse apoyo económico estatal se crea el primer cuartel. Fueron 35 los veracruzanos que conformaba el primer cuerpo de voluntarios, entre panaderos, herreros, cargadores, carpinteros y comerciantes. Sus nombres aún se encuentran registrados en el acta constitutiva que el ayuntamiento de Veracruz expidiera el primero de julio de ese año.  Hasta entonces los bomberos sólo eran voluntarios, es decir no recibían ninguna remuneración por sus servicios, ni tampoco ninguna instrucción. De esto da cuenta un "reglamento" emitido en abril 14 de 1862 por quien fuera general de ejército liberal en la guerra de Reforma, Anastasio Parrodi, donde señala que la participación de voluntarios producía algunas veces "resultados incompletos y tardíos por la falta de pericia y dirección", por lo que busca dar orden a los rescates a través de la formación de compañías de 70 hombres al mando de un capitán, según documenta el museo de bomberos de Xalapa en su sitio web.

4.- En el Estado de Nuevo Leónlas primeras noticias que se tienen acerca del establecimiento formal de un cuerpo de bomberos en la Ciudad de Monterrey, N.L. datan del 28 de Septiembre de 1908, fecha en que se discutió su formación en sesión de Cabildo. En ella el Republicano Ayuntamiento aprobó unánimemente la creación en la Ciudad de Monterrey el Cuerpo de Bomberos, "considerado que el proyecto aludido viene a llenar una necesidad urgente en esta población".

Sin embargo, a decir del acta del H. Cuerpo de Bomberos de Monterrey fechada el 15 de Octubre de 1923, las buenas intenciones del cabildo regiomontano no fueron suficientes para que operara el servicio eficientemente.

En el acta de la reunión celebrada, quedó asentado "Solicitar al R. Ayuntamiento facilite un edificio para cuartel del Cuerpo y que se entregue a la Directiva todos los útiles y aparatos que pertenecieron al extinto cuerpo de bomberos y que en deplorable estado se encuentran en los patios de la comandancia de policía".

También se acordó, formar una Junta Directiva para organizar el cuerpo de bomberos e informar e invitar a las autoridades, cámaras, asociaciones, clubes de servicio para que participaran como socios benefactores, a través de cuotas.

Bomberos de Nuevo León es una Asociación Civil que integra y administra los esfuerzos de la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad para proporcionar gratuitamente a la población el servicio de bomberos y auxilio en materiales peligrosos. La institución, independiente de los tres niveles de gobierno y de otros organismos de protección, busca decididamente brindar a la comunidad de Nuevo León el mejor servicio de Bomberos en México.

Por ello realiza esfuerzos propios para brindar este indispensable servicio público, tarea que sin duda requiere el apoyo de la siempre pujante iniciativa privada, clubes de servicio y sociedad en general. 1

5.- La tarea que realiza el cuerpo de bomberos de Nuevo León es de vital importancia para la sociedad Neoleonesa, su aportación y su constante vigilar y participación en eventos que podrían representar un riesgo a la sociedad o en aquellos eventos desafortunados en donde por diferentes circunstancias la sociedad se está reponiendo de un desastre, es decir, su trabajo es preventivo y correctivo en la ayuda y aportación cuando el riesgo ya se cristalizo y se convirtió en un desastre. Entre sus servicios está el brindar un servicio gratuito las 24 horas (durante todo el año) en el auxilio ante diferentes tipos de emergencias, como incendios, desastres naturales, contingencias químicas, rescates acuáticos, rescates en espacios confinados y montañismo, así como ofrecer apoyo a las instituciones en su fortalecimiento para los sistemas de prevención contra incendios, siniestros y/o contingencias, mediante asesorías, cursos y entrenamientos al personal de dichas organizaciones. Adicionalmente a esto, realiza diferentes tipos de estudios que son requeridos por instituciones privadas y dependencias gubernamentales como Desarrollo Urbano, Secretaría de Educación, Agua y Drenaje de Monterrey, Protección Civil, Secretaría del Trabajo y compañías aseguradoras.

6-. Por la misma naturaleza y por lagunas en la constitución y la forma en la cual se integró el cuerpo de bomberos de Nuevo León se ve en la necesidad de solicitar donaciones a los Municipios y al Estado de Nuevo León, son muchas sus carencias y algunos de sus integrantes trabajan sin percibir sueldo y esto lo convierte en un trabajo prácticamente altruista en donde su sueldo se convierte en una ayuda económica. Al margen de todos estos problemas se suma la mala administración del Municipio de Monterrey quien no ha cumplido con el contrato de donación y con el patronato de bomberos de Nuevo León.   

ANTECEDENTES

1.- Mediante escrito con fecha 10 de octubre del 2014, él C. Fernando Villarreal Palomo, en su carácter de Director General del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C., presentó la petición formal dirigida a la Alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, para la renovación del contrato de donación entre el Municipio de Monterrey y la Asociación para el año 2015, solicitando un incremento a la aportación económica por la cantidad de $760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N) mensuales.

2.- La petición se aceptó y en sesión de cabildo realizad el 26 de febrero de 2015, se aprobó el contrato de donación a beneficio del patronato de bomberos de Nuevo León, A.C., quedando de la siguiente forma: Se autoriza a los representantes legales del Municipio celebrar contrato de donación con el Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C., por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), la cual será entregada en 10-diez exhibiciones de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) cada una, entre la aprobación del presente dictamen y el 30 de octubre del 2015 en las fechas que establezca el contrato

3.- En recientes fechas se dio a conocer que el Ayuntamiento de Monterrey Gobierno Municipal 2012-2015 ha incumplido el contrato de donación El incumplimiento de la Administración del Ayuntamiento de Monterrey, encendió una crisis económica en el organismo que apagará la operación de una estación de servicio. También, se dio a conocer que la Administración adeuda a los socorristas 3 millones de pesos.

4.- El Patronato ha hecho pública la decisión de suspender los servicios de la estación No. 3, en la Colonia Morelos, para compensar la falta de recursos. El problema inició hace alrededor de cinco meses, cuando la actual Administración comenzó a incumplir con el pago compromiso de 500 mil pesos mensuales que tiene con el Patronato. Los Municipios metropolitanos respetan el convenio con Bomberos y en el caso de Monterrey, en los 106 años que tiene de fundada la institución, nunca una administración había incumplido. Lo anterior en perjuicio de la comunidad de ese sector que en caso de un siniestro, su vida, integridad física y su patrimonio puede depender del servicio oportuno que los bomberos presten o no.  

El pasado 31 de julio, el organismo envió a la Alcaldesa un escrito en el que le recuerda el adeudo y le avisa del cierre de la estación.

CONSIDERANDOS

1. En base a lo anteriormente expuesto se desprenden las grandes problemáticas que son:

• La necesidad de contar con un cuerpo de bomberos que este equipado de manera adecuada para poder hacer frente a cualquier contingencia, la aportación del cuerpo de bomberos es esencial para proteger a la sociedad Neoleonesa.

• La falta en el cumplimiento del contrato de donación pone en peligro el adecuado funcionamiento del cuerpo de bomberos.

• En una eventual emergencia el cuerpo de bomberos no podría hacer frente a una adversidad ya que no cuenta con los recursos ni materiales ni financieros para poder brindar sus servicios.

• Se presume una clara negligencia y falta de sensibilidad por parte del Gobierno Municipal de Monterrey al dejar de cumplir con el contrato donación.

Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de Monterrey Nuevo León a entregar el dinero correspondiente al contrato de donación a beneficio del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C.

1 .- BOMBEROS DE NUEVO LEÓN A.B.P en: http://www.bomberosdenuevoleon.org/hcb.php revisión realizada el 18 de agosto de 2015






Y los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMÉRIDES

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.








Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN
08 DE SEPTIEMBRE

Desde hace más de 40 años, la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la Alfabetización, en el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho humano y constituye la base de todo aprendizaje.

Además, la alfabetización es el eje mismo de la Educación para Todos y resulta esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

El tema del Día Internacional de la Alfabetización 2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”. La alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible. Las competencias de lectoescritura son requisitos indispensables para adquirir un amplio conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores, necesario para crear sociedades sostenibles. Al mismo tiempo, el progreso en ámbitos del desarrollo sostenible tales como la salud y la agricultura propicia el fomento de la alfabetización y los contextos alfabetizados.

Al igual que en años anteriores, el Día Internacional de la Alfabetización 2015 se celebrará en el mundo entero y congregará a gobiernos, organizaciones multilaterales y bilaterales, ONG, miembros del sector privado, comunidades, docentes, estudiantes y expertos.

Los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número de persona alfabetizados a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para todos - niños, jóvenes y adultos - es todavía una meta lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de una combinación de factores, como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización universal requiere no solo de mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles: local, nacional e internacional.

En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República ha planteado como una de las cinco metas nacionales la Educación de Calidad, cuya aspiración es garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano.

Un México con Educación de Calidad busca robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres mejor preparados y comprometidos con la consolidación de una sociedad más justa y más próspera, que solo será posible con la participación de todos los mexicanos.

Martes 8 de septiembre de 2015
H. CAMARA DE SENADORES

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.






Del Senador Benjamín Robles Montoya, grupo parlamentario del PRD, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN”

El tema del Día Internacional de la Alfabetización para este 2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”.

Tal y como lo sostiene la UNESCO, la alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible de cualquier nación, sin embargo en nuestro país el analfabetismo es una deuda social.

Lo anterior lo confirmo en virtud del siguiente dato: tres lustros antes de que iniciara la Revolución Mexicana, 6 millones de mexicanos mayores de 15 años no sabían leer ni escribir, en contraste, en la actualidad, más de un siglo después, todavía hay en México 5.4 millones de personas del mismo rango de edad que viven socialmente relegados por no saber leer ni escribir.

Nuestro país, se encuentra en un momento en donde la discusión acerca de la educación esta centrada en todo, menos en lo que realmente importa: el deber del Gobierno de reducir el número de personas que no tiene acceso las escuelas.

Otros temas relacionados a la educación son los que se están tratando en la agenda nacional, y mientras esto sucede, cada vez más mexicanas y mexicanos quedan en el total analfabetismo.

Es por eso, que aprovecho la celebración de este día, para exhortar a todas las fuerzas políticas a ocuparnos del verdadero problema de la educación en el país.

Es cuanto.






Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.

Se dice que la alfabetización es un derecho social y cultural, un avance cognitivo, que permite a los ciudadanos poder participar en diversas  actividades que implican más que leer y escribir. Sin embargo, en realidad es un derecho que va más allá, se trata de un derecho fundamental del ser humano, como elemento indispensable para lograr la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas.

Por ello, todos los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, aunque debemos reconocer que se trata de un objetivo nada sencillo.

En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 40 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 a 6.9%.Y aunque en el país la educación primaria y secundaria cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir, por lo que el problema persiste.

En virtud de la vital importancia de la alfabetización, la Organización de las Naciones  para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó el día 8 de septiembre como “Día Internacional de la Alfabetización”. Para este año con el tema “La alfabetización y las sociedades sostenibles”; bajo la atinada consideración de que la alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible y que las competencias de lectoescritura son requisitos indispensables para adquirir un amplio conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores, necesarios para crear sociedades sostenibles.
Señala UNESCO que una sociedad globalizada demanda un ciudadano con más habilidades y conocimientos  para poder desenvolverse mejor dentro de una sociedad. Para poder sacar provecho  de la sociedad globalizada de nuestros días se necesita mucho más que  información, un adecuado conocimiento  y un mejoramiento en la educación y además lograr que todas las culturas sin importar cual marginadas sean, tengan acceso a dicha educación.

Y asiste la razón, por lo que comparto totalmente el anterior razonamiento, como también, que para lograr la alfabetización se requiere de mayores esfuerzos y una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente.

Por eso, en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización,” el 8 de septiembre, una oportunidad para celebrar los esfuerzos que en México se realizan para lograr la deseada alfabetización y una educación de calidad que permita a nuestra población mejores condiciones en todos los ámbitos de la vida.

Además, estimados compañeros legisladores, un espacio oportuno para reflexionar sobre la importancia de continuar trabajando en pro de esa educación de calidad en nuestro país, como eje central que permitirá a su vez incidir en tantos otros temas como la erradicación de la pobreza, moderar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

Un sincero reconocimiento a todos aquellos que con el quehacer de cada día inciden positivamente en la alfabetización de los mexicanos, como también a todos aquellos que se esfuerzan por una superación constante en el ámbito de la educación, en especial a aquellos que luchan por salir del analfabetismo.

Dado en la ciudad de México, el 8 días de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Mundial de la Agricultura”.

Desde 1944, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que ofrecen el fruto de su trabajo diario en el campo para que todos tengamos una vida más digna. El respeto y la valoración de los agricultores es un compromiso con la producción nacional, con el desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más genuinos de nuestro país. En definitiva, gran parte de lo que un país es, se lo debe al trabajo de los agricultores. Y es con esta celebración que se pretende honrar a todos los productores agropecuarios del país, quienes con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los cimientos para la grandeza de nuestra patria.

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras.

Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; etc.
Los primeros cereales que fueron cultivados fueron el trigo y la cebada. Desde ese momento hasta nuestros días la agricultura ha sufrido una gran evolución tecnológica gracias a la introducción de la maquinaria.

Se suelen realizar conferencias en las que se exponen las dificultades a las que se exponen los agricultores de hoy en día: plagas, terremotos, lluvias, granizo, etc., así como su posible evitación. En muchos casos todos estos hechos atmosféricos pueden ser la ruina para los agricultores ya que en cuestión de segundos pueden estropear la cosecha de todo un año o bajar la calidad del producto. Por ello también se suelen analizar estas situaciones para pedir ayudas a los estados por si llegasen a ocurrir unos de estos fenómenos; ell cuidado del campo, las semillas, los controles que se realizan al estado de la tierra han contribuido de forma notable al gran aumento de las cosechas por unidad de superficie. Siendo muy evidentes las diferencias existentes entre los países pobres a los países ricos, donde la innovación y tecnología es escasa.

Aunque la tendencia en México es que la agricultura ocupe un menor papel en cuanto al producto interno bruto (menos del 4%) y a los ingresos en general del país, sigue siendo una de las actividades principales de México al emplear a aproximadamente 10% de la población, por la obvia razón de que la producción de alimentos es fundamental para cualquier nación. Los 10 productos que más se producen en el campo mexicano son: Caña de azúcar, maíz, plátano, sorgo, naranja, trigo, jitomate, limón, chile verde y papa. La zona cultivable en México es muy amplia, pues según los datos del banco mundial alrededor del 13% de la totalidad del territorio está dedicado a la agricultura.

Senado de la República, el 8 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el 153 aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín.

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del ciento cincuenta y tres aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza Seguín (24 de marzo de 1829 - 8 de septiembre de 1862).

La historia, rumbo y destino de México se encuentra determinado por las memorables hazañas, los actos heroicos y las acciones patrióticas de valientes e ilustres mexicanos que en distintas etapas han contribuido a la construcción, conservación y consolidación de un país más justo, equitativo e igualitario.

Bajo esta tesitura, es vital que desde esta Soberanía mantengamos viva la memoria de aquellas personas que con notable vocación de servicio e inquebrantable patriotismo, sentaron las bases del México de instituciones, libertades y derechos en el que hoy vivimos. Al respecto, cabe mencionar que el 8 de septiembre de 1862, ocurrió el sensible deceso de Ignacio Zaragoza Seguín, mexicano ejemplar que es reconocido como uno de los más importantes héroes nacionales.

A ciento cincuenta y tres años de este acontecimiento, es oportuno llevar a cabo una breve pero representativa recapitulación de los pasajes más emblemáticos del gran “Héroe de la Batalla de Puebla”. Este verdadero prócer de la patria, nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu, Texas (cuando todavía pertenecía a México), fue hijo de Miguel G. Zaragoza y María de J. Seguín.
Desde sus primeros años, demostró su inteligencia nata, liderazgo y valentía, de ahí que a temprana edad dejara sus estudios para incorporarse a las tropas que combatieron la invasión norteamericana.

Por lo que respecta a su trayectoria dentro de la milicia, destaca que en 1853 se alistó como Sargento en Nuevo León, en la Guardia Nacional, para después incorporarse al ejército regular como Capitán. Más adelante, en 1854 fue determinante para que Juan N. Álvarez pudiera proclamar el Plan de Ayutla, el cual tenía como objetivo central  acabar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna. 

En 1857 tuvo una vital intervención para que, aún con la oposición del Presidente Ignacio Comonfort, la Constitución Política pudiera ser promulgada, como vemos no sólo trascendió en el campo de batalla, sino que además lo hizo en la configuración del régimen jurídico que nos rige. Por lo anterior, no es extraño que forme parte de los jefes militares liberales más sobresalientes de la Guerra de Reforma.

En el marco de esta conmemoración, recordamos al multifacético héroe nacional que destacó en diversas actividades, entre las que sobresalen las de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, encargo desde el cual enfrentó a las fuerzas francesas que habían invadido el territorio nacional para imponer a Maximiliano de Habsburgo.

En esta etapa, es recordado porque en abril de 1862 lideró y guío de manera ejemplar a las tropas que hicieron frente al ejército francés en las Cumbres de Acultzingo, batalla en la que se impidió que las fuerzas extranjeras pudieran ingresar a la ciudad de Puebla.

Pero sin duda, el día en el que su nombre que inscrito con letras de oro en la historia de México, fue durante la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, emblemática gesta en la que puso de manifiesto su valor, audacia, capacidad estratégica, liderazgo y patriotismo. 

Aunado a lo anterior, enalteció el orgullo de ser mexicanos y la esperanza de un mejor porvenir, pero sobre todo, demostró que cuando la patria lo demanda, es preciso realizar las acciones que sean necesarias, incluso aquellas concebidas como imposibles. Prueba de ello es que ese día, el General Ignacio Zaragoza se dirigió a sus soldados con las siguientes palabras: “Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”.

El binomio formado entre el efervescente nacionalismo y la brillante estrategia militar del General Zaragoza, hicieron sucumbir al ejército más poderoso del mundo. En consecuencia, este ilustre mexicano señaló con justa razón: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”.

En contraste a la gloria que alcanzó, meses después murió a causa de la fiebre tifoidea. Han pasado 153 años desde aquel el 8 de septiembre de 1862, pero estamos ante un hombre que por su legado, dimensiones y aportaciones, trasciende en el tiempo.

En el PRI, estamos convencidos de que la mejor manera de honrar su memoria, es mantener viva su permanente defensa de los derechos, libertades e igualdades. En consecuencia, hacemos el respetuoso pero enérgico llamado a seguir trabajando en favor de México.






De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el “Día Internacional de la Alfabetización”.








CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:16 horas)

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