Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXIII
              Legislatura
1er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO I                       Primer Periodo Ordinario                       LXIII Legislatura                       Sesión Núm. 3

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Roberto Gil Zuarth

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Septiembre de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

APERTURA

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (12:03 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, se abre la sesión del jueves 3 de septiembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDE EL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las quince horas con diez minutos del día miércoles dos de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2015.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, oficio por el que informa su determinación de separarse de las comisiones ordinarias y especiales a las que pertenece, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al periodo septiembre 2014-agosto 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, oficio por el que informa su ratificación como Coordinador General del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores para la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, oficio por el que informa su ratificación como Vicecoordinadora General del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores para la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el Informe de la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio, en la Ciudad de la Habana, Cuba.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, oficio por el que informa su acuerdo de remitir a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos registrados para ocupar el cargo de magistrado del órgano jurisdiccional local de los estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 128 ejemplares del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.- La Presidencia informó que los ejemplares del documento se recibieron el martes 1 de septiembre y se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-junio de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el Informe Anual 2014 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se remitió a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico,  los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de Acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2014; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2015.- Se remitirá a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

 

Se recibió de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.- La relación de asuntos y los turnos se publicaron en la Gaceta del Senado.

(Dictamen a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Miguel Basáñez Ebergenyi, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.- Para la presentación del dictamen, intervinieron los Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, por la Comisión de Relaciones Exteriores y Alejandro Tello Cristerna, por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Layda Sansores San Román del PT, Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Benjamín Robles Montoya del PRD, Ernesto Ruffo Appel del PAN, Juana Leticia Herrera Ale del PRI. En la discusión intervinieron los Senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, en contra; Lisbeth Hernández Lecona del PRI, a favor; Teófilo Torres Corzo del PRI, a favor; Luz María Beristain Navarrete del PRD a favor; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN, para rectificación de hechos. El dictamen fue aprobado por 98 votos en pro y 3 en contra. El embajador rindió su protesta de ley.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las diecisiete horas y citó a la siguiente el jueves tres de septiembre a las once horas





 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, realizada en Panamá, los días 31 de julio y 1 de agosto de 2015.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió también una comunicación suscrita por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, por la que notifica su decisión de no integrarse a ningún grupo parlamentario.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos.





 

Compañeros Senadores, informo a ustedes que los integrantes de la Junta de Coordinación Política nos remitieron un Acuerdo que propone modificaciones en la conformación de las comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión el Acuerdo.

Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Honorable Asamblea, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo que propone realizar sesión solemne para recibir la visita del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo.

En consecuencia, la Cámara de Senadores realizará sesión solemne el martes 8 de septiembre para recibir al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.





 

Honorable Asamblea, les informo que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para incorporar una Secretaria a la Mesa Directiva.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo.

En consecuencia, se designa a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva.

Solicito a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez se sirva pasar al frente de este presidium para que rinda la protesta de ley.

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ciudadana Senadora Martha Palafox Gutiérrez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señora Senadora!

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.





 

CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron de la Cámara de Diputados diversos proyectos de Decreto aprobados durante el anterior periodo de sesiones.

Doy cuenta:

Uno, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.







 

Otro, por el que se reforman los artículos 669, 670, 671, 677 y 705 del Código Civil Federal y se adiciona un artículo 371 Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles.







 

Uno, por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 360 del Código Civil Federal.







 

Otro, por el que se reforma el artículo 205-Bis del Código Penal Federal.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnense los cuatro anteriores proyectos a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió también el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, se recibió el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Igualmente, se recibió el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: De la misma manera, se recibió el proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaría Senadora Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados el expediente de proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos, desechado para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.





 

En el apartado de iniciativas, tiene ahora la palabra la Senadora Graciela Ortiz González para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 7o. de la Ley General de Educación y se reforma el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7o. FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Presentada por la Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

Con el permiso de todas las compañeras y compañeros.

Vengo al Pleno, como ya se mencionó por la Presidencia de la Mesa Directiva, a presentar a nombre propio y a nombre de las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, una iniciativa que busca, fundamentalmente, reformar el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con la finalidad de fomentar y de fortalecer el respeto a los símbolos patrios.

Los principales rasgos de identidad nacional de un país son sus símbolos patrios, y en el caso del nuestro revisten tal carácter el Escudo Nacional, el Himno y desde luego, la Bandera Nacional.

Junto al Escudo y el Himno Nacional, nuestro Lábaro Patrio representa uno de los símbolos de los Estados Unidos Mexicanos, quizá el más emblemático por contener el Escudo y por las características que le otorgan identidad a la nación, así como patriotismo a los mexicanos. En él se encuentra plasmada la historia y la constitución de nuestro país.

Por ello, el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los símbolos más importantes, tienen en sí mismos una ideología que se transforma en la identidad nacional.

En virtud de la importancia histórica de estos símbolos patrios, así como lo que representa para los mexicanos, resulta intolerable la falta de respeto  hacia los mismos, y el Estado mexicano tiene la obligación de dictar las medidas para que en todas las instituciones, principalmente las del sistema educativo, se profundice en la enseñanza de la significación, del significado que tienen los símbolos patrios.

El fortalecer el respeto a éstos, a través de actividades educativas, traerá consigo una identidad y conciencia de nacionalidad en todos los alumnos de diferentes niveles escolares, obteniendo resultados a corto y a largo plazo.

Es importante que los mexicanos, principalmente los jóvenes, conozcan los momentos históricos que representan los símbolos  patrios, ya que ahí radica la importancia de los mismos, porque una vez, y esto lo sabemos muy bien, una vez que se conoce la historia, es posible entender su significado, y conociendo el significado de la historia se creará un respeto y una conciencia de  nacionalidad, que muy importante es en estos momentos.

Por eso, las Senadoras ya mencionadas consideramos necesaria una propuesta que fomente y fortalezca el respeto a los símbolos patrios, así como a impulsar la conciencia de nacionalidad, consistente en incorporar en la Ley General de Educación la realización de una Semana Cívica a nivel nacional en el mes de septiembre dentro de la cual se deberán llevar a cabo diferentes actividades encaminadas a conocer la historia, el significado y la importancia del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Por otra parte, y toda vez que en todo momento los símbolos patrios deben ser respetados por nacionales y extranjeros, se considera una falta grave el mal uso de los mismos con fines de lucro, así como en espectáculos abiertos dirigidos al público en general.

Por ello proponemos el incremento de las sanciones establecidas en la normatividad aplicable, de forma tal que no sean éstas un mero trámite del pago de una cantidad mínima, sino que se convierta en un elemento que produzca el efecto preventivo y correctivo que la ley debe alcanzar.

En consecuencia, señoras y señores Senadores, solicito a ustedes el apoyo y el respaldo para que con su voto en comisiones y en el Pleno del Senado de la República en esta sesión de periodo ordinario podamos aprobar esta iniciativa que busca fortalecer nuestra identidad, nuestro orgullo nacional a través de la concientización de nuestros niños y nuestros  jóvenes, de lo que es la importancia de los símbolos patrios.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senadora.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se encuentran en este recinto representantes de los medios de comunicación del estado de Tlaxcala, para presenciar el desarrollo de la misma, invitados por la Senadora Martha Palafox.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Tiene ahora la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS CUERPOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Señoras y señores legisladores, el día de hoy a nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña, así como de mis compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, que han suscrito también esta iniciativa, presento algunos detalles de la misma.

Si bien es cierto que en los últimos años se han comenzado a instrumentar distintas acciones para eliminar barreras físicas que limitan la autonomía y el libre acceso de las personas con discapacidad en nuestro país, queda pendiente todavía adecuar el marco normativo que garantiza de manera suficiente el acceso a la justicia a personas con discapacidad.

Porque así como es importante que estas personas disfruten plenamente de derechos como el acceso a la salud, al trabajo, a la educación; también lo es que tengan pleno acceso a la justicia siendo necesario que cuenten con los medios para que de forma eficaz puedan enfrentar en igualdad de condiciones lo que implica un procedimiento ante instancias jurisdiccionales.

En este orden de ideas, a partir de reconocer que los diferentes obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos, y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.

El problema que estamos planteando el día de hoy no es menor si consideramos que de acuerdo con datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas, a nivel  mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad, y si se toma en cuenta además a las familias de ellos, el número asciende a 2,000 millones, casi la tercera parte de la población  mundial.

En México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 6.6 por ciento de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 2 millones 437,397 mexicanos tienen una limitación para moverse o caminar; un millón 292 mil 901 para ver; 401 mil 534 para hablar o comunicarse; 498 mil 640 para escuchar.

Además de esto, históricamente también debemos de reconocer que las personas con discapacidad han sido un grupo de la sociedad que ha sido estigmatizado y, en muchas ocasiones, ha sido víctima de discriminación.

Dichas circunstancias las han colocado en situación de desventaja y exclusión social, lo que se traduce también en un desconocimiento de sus derechos en el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y en la vulneración constante de los mismos.

Como ya lo he mencionado, las barreras del contexto en que se desenvuelven las personas con discapacidad, constituyen su principal obstáculo para que puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones respecto de quienes no tienen ninguna discapacidad.

Los operadores del sistema de justicia deben tener la capacidad de incidir considerablemente en esta realidad y producir cambios que generen sustanciales mejoras en el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, en el ámbito de justicia es donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones a través de protocolos que aportan una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos fundamentados en el principio pro persona que buscan de esa manera contribuir a garantizar que el derecho de acceso a la justicia pueda ser ejercido por las personas con discapacidad atendiendo a sus necesidades concretas.

Es importante señalar lo anterior y reconocer el papel destacado del Poder Judicial de la Federación en la implementación de estas acciones que constituyen en su conjunto un avance significativo; sin embargo, resulta necesario dotar a los operadores de mecanismos legales que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones de acceso a la justicia, siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad.

Es importante destacar que a través de una tesis jurisprudencial de 2012, emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito en nuestro país, al pronunciarse sobre el derecho de acceso a la justicia de personas con discapacidad y retomando la resolución de la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos de julio de 2006, ha establecido que no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos a alegar.

Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.

Esta tesis la cito porque ha sido muy relevante en el ámbito internacional e incluso ha sido citada en el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Es por ello que, en virtud de los protocolos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario armonizar nuestro marco jurídico reconociendo que esfuerzos importantes también se han llevado ya a cabo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Transparencia y en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es necesario sumar una serie de cuerpos normativos a este esfuerzo y, por ello, la propuesta que estamos presentando incluye la modificación a ocho leyes y códigos: el Código Federal de Procedimientos Civiles; el Código de Comercio; el Código Fiscal de la Federación; la Ley de Concursos Mercantiles; la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo; la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal de Defensoría Pública.

Las modificaciones a los cuerpos normativos señalados buscan asegurar que las personas con algún tipo de discapacidad tengan derecho a que se establezcan aquellos ajustes razonables, es decir, que se tenga acceso a un intérprete o a aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener o conocer de forma comprensible toda aquella información relacionada con el proceso jurisdiccional de que sea parte y, de igual forma, se busca que las personas con discapacidad cuenten con los medios a intérpretes que les permitan un entendimiento cabal de todas y cada una de estas actuaciones.

Es por ello que presentamos esta iniciativa esperando que en breve las comisiones respectivas puedan dictaminarla y, con ello, contribuir de manera más puntual al pleno ejercicio de los derechos de acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

VER DOCUMENTO

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Ortega.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Actívese el sonido en el escaño de Senador Eviel Magaña.

El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Pedirle a la Senadora si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente Roberto Gil Zuarth: Senadora Pilar Ortega, ¿acepta?

Senador López Brito, ¿para el mismo efecto?

El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) En el mismo sentido, señor Presidente.

El Presidente Roberto Gil Zuarth: ¿Acepta, Senadora Ortega?

Se toma nota de la adhesión de los Senadores que han sido mencionados.





 

Enseguida, tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojosa, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter, Luisa María Calderón Hinojosa, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, el día de ayer, muchos en vivo, otros desde la televisión, escuchamos un mensaje del Presidente, y en la parte final, cuando replanteó el decálogo, empezó hablando del combate a la corrupción otra vez.

Ayer el propio Presidente Enrique Peña Nieto aceptó que los señalamientos de conflictos de interés han generado molestia e indignación en la sociedad y ofreció absoluta determinación, compromiso con la ley, con la integridad en el servicio público y con el combate a la corrupción.

Yo le tomo la palabra, pero le tomo la palabra a partir de una crítica de fondo, y esto tiene que ver con lo siguiente.

¿Qué combata mejor la corrupción?

¿Cuáles son los elementos que mejor nos permiten tener un combate serio de a de veras contra la corrupción?

El Sistema Nacional Anticorrupción incorpora el tema de la prevención, sin duda, importante; incorpora el tema de la coordinación entre las áreas, la fiscalización de las participaciones federales a los estados, la investigación también; por supuesto, las sanciones; por supuesto, el resarcimiento del daño, pero hay un elemento que debemos reconocer: sigue estando muy flaco, sigue siendo muy débil en el combate a la corrupción, y esto tiene que ver con la denuncia. Contra la corrupción no hay mejor arma que la denuncia.

Pero cómo pensamos o cómo podemos pensar que un funcionario público, un integrante de un partido político, un integrante de un sindicato, que por sus responsabilidades se da cuenta de que hay actos de corrupción y se da cuenta de que se está reservando información para no hacerlos públicos, se anime a denunciar.

¿Qué les estamos pidiendo a esos funcionarios? Que hagan un acto heroico en el cual el Estado mexicano no los va a acompañar, pues me parece muy desafortunado.

Yo creo que hay mexicanos, no en las cúpulas, en la base de las organizaciones, que tienen estándares éticos y morales muchísimo más elevados que las de sus jefes, pero a ellos, a ellos no les estamos ofreciendo salvaguardas, garantías para que esos estándares éticos los traduzcan en una denuncia.

Por eso hoy, los compañeros Senadores, la compañera Senadora Calderón, que estamos presentando esta iniciativa, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reconocemos que esta ley no incorpora lo que esta otra ley de informantes, sí necesita nuestro país.

¿De qué se trata la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción? Simplemente de proteger a las personas que denuncian actos de corrupción ante las autoridades, y a quienes testifican ante ellos.

¿Cómo se establece esto? Con diferentes medidas de acompañamiento para los denunciantes, para los testigos, asistencia legal, ofrecerles reserva de su identidad, ofrecerles traslados de la dependencia en la que trabajan, traslados del centro de trabajo, licencia de goce de sueldo, protección policial, muchas veces también necesaria, incluso, cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante. Entre muchas otras cosas, que caso por caso se deben de analizar.

Estas medidas que parecen y se acercan mucho a la de testigos protegidos, no existen en nuestra democracia.

Hablamos constantemente de la consolidación democrática mexicana, de tener un mejor diseño y uno de los accesorios más importantes que han servido en otras partes del mundo, incluso, para cimbrar a un sistema político. Aquí simplemente hemos decidido darle la espalda.

Por eso, es que me parece tan importante la protección informante, los Whistleblowings, como se les conoce en el mundo.

En Francia, en Chile, en Canadá, ya se cuenta con esquemas de disposiciones de protección en diversos ordenamientos de los códigos penales. En los Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, son leyes específicas, y eso es lo que estamos planteando, una ley específica, una ley que además sigue los parámetros establecidos en la ley modelo para facilitar e incentivar denuncia de actos de corrupción y protección de denunciantes y testigos que está elaborada por la Organización de Estados Americanos.

Creo que hay que retomar el espíritu de la primera propuesta que hicimos y que firmamos, no se les olvide, todos los partidos políticos, el PRI, el PAN, el Partido Verde también, el PRD; y que después aceptamos que recibiera una serie de recomendaciones de parte, dicen algunos, de la Consejería Jurídica de Presidencia, y ahí se eliminó el tema de informantes.

Nuestra iniciativa originalmente tenía el tema de informantes, no podemos venir con el discurso de que nos equivocamos y que no nos habíamos dado cuenta. Sí la tenía, y después, en las comisiones dictaminadoras, simplemente esto desapareció.

Creo que es el día hoy, después del informe, después de este anuncio, a que retomemos ese compromiso, a que demostremos que tan lejos queremos llegar en el combate a la corrupción. Si vamos a hacer una ley de secundarias, al sistema y a la ley, que simplemente cumplan, que simplemente se queden en la mediocridad de haber satisfecho el consenso de los Senadores, o si vamos a fondo, a establecer medidas para informantes que realmente sean en quienes descanse el verdadero combate a la corrupción.

Nunca más un funcionario público, que tenga que poner en la mesa, en su determinación más profunda, en una reflexión, la idea de sobrevivir en su empleo, de no causar problemas, de generarse enemigos grandes y poderosos, o simplemente callar.

No los pongamos en la determinación de poner en duda nunca sus estándares éticos, si las cabezas de las dependencias no lo tienen, démosle la oportunidad a estos héroes anónimos de hacerlo, pero hacerlo no como un suicidio, hacerlo como un acto heroico en el cual se verán acompañados por el Estado mexicano y por una ley específica.

No podemos nosotros, no recordar el día de hoy a este hombre, a quien, yo insisto, deberíamos todos tener en la memoria de cómo la transparencia y el combate a la corrupción puede cimbrar sistemas políticos poderosos.

Seguramente muchos no se acuerdan de él, es Mark Felt, conocido como “garganta profunda” el Whistleblower más famoso que ha existido en el mundo. Pero él es el primero, después de él han seguido muchos snowden. Hay Whistleblowings africanos que han tenido que salir de su país y están en este momento como asilados en universidades norteamericanas, porque sus países no les permiten acceder a este tipo de mecanismos.

Por eso, compañeras y compañeros, es momento de determinar si nos queremos parecer a los países de África, o nos queremos parecer a las democracias a las cuales nos estamos comparando constantemente.

Si nuestro combate a la corrupción pasa por ofrecer este tipo de mecanismos de protección, o si se quedará en una serie de discursos, de anuncios, de decálogos, de tablas de la ley, en las cuales no se ve una verdadera voluntad de cambiar las cosas en nuestro país.

Yo los invito, compañeras y compañeros, a que se sumen a esta iniciativa, a que realmente vayamos a regular a los Whistleblowings en nuestro país y no dejemos fuera de la ley la protección a ciudadanos que responsablemente buscan exhibir la corrupción que pasa enfrente de ustedes. Necesitan protección especial, necesitan ser escuchados y necesitan ser respaldados por su acto de valor.

Los invito a que recapacitemos sobre esto y a suscribir esta iniciativa.

Es cuanto, Senador Presidente. Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

Está Presidencia da la bienvenida a Alcaldes del estado de Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!





 

Tiene a continuación el uso de la tribuna el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción XII del artículo 3, y se crea un artículo 61 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3, Y SE CREA UN ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Presentada por el Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del PRI)

El Senador Héctor Yunes Landa: Con su venía, señor Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores, amigos todos.

Como sociedad vivimos en la era del riesgo. Los fenómenos naturales y la creciente depredación ambiental nos colocan cada vez más en situaciones de vulnerabilidad.

Por su condición geográfica, México está expuesto a fenómenos naturales de gran intensidad, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sequias e inundaciones, que han ocasionado grandes pérdidas económicas y humanas.

A este gran riesgo, se suma el que padecen millones de familias al habitar en zonas consideradas de peligro por sus características geográficas.

Los efectos de los terremotos del '85, las explosiones en San Juan Ixhuatepec en el '84 y en Guadalajara en 1992, el impacto de los huracanes Gilberto, Paulina, Roxana, Stan, Wilma, Manuel e Ingrid, así como los diversos fenómenos meteorológicos registrados en estados como Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, entre otros. Son muestras de la vulnerabilidad que enfrentan millones de familias mexicanas asentadas en zonas de riesgo.

La ciencia ha advertido que los efectos previsibles del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero, se han traducido en un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, inundaciones, sequias, desertificación, pérdida de cubierta vegetal y, en consecuencia, procesos de erosión del suelo causado por aire y causado por lluvias.

Asimismo, el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para los asentamientos humanos localizados en planicies costeras, como mi estado, Veracruz.

En el caso de nuestro país, las pérdidas de vidas humanas y del patrimonio productivo por este tipo de eventos, han sido significativos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, reveló que en el periodo comprendido de 1990 a 2010, ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud y naturaleza, que dejaron más de 3500 personas fallecidas, miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de pesos.

El propio Cenapred informó que 87.7 millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos.  Es decir, compañeras y compañeros Senadores, el 78 por ciento de la población habita en territorios que registran diversos grados de vulnerabilidad.

Ante el gran reto que representa dicha situación, el Ejecutivo Federal implementó políticas públicas a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu.

Con el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de Poblaciones en Zonas de Riesgo, se pretende orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio.

En este caso, el ordenamiento territorial se convierte en un proceso arduo en el que intervienen factores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio.

Por otra parte, con el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, se desarrolla el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgos. Sin embargo, esta política resulta limitada ante circunstancias crecientemente complejas de índole económica, social y ambiental. 

De ahí, que someto a consideración de esta Soberanía, la propuesta de modificación y adhesión a dos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Se propone reforzar el compromiso por parte de las autoridades federales y locales para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional.

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a legislar con responsabilidad y correspondiendo a la confianza de la gente.  Hagamos de la ley un instrumento de prevención, anticipando riesgos y promoviendo en una mayor medida responsabilidades.  México es nuestra casa, promovamos con toda fuerza de la ley, que las familias mexicanas habiten en lugares seguros, evitemos que las familias vivan en zozobra en lugares inseguros.

Es momento, compañeras y compañeros, de revertir prácticas que ponen en peligro la integridad y patrimonio familiar.  La seguridad empieza desde el hogar.

Muchas gracias.

Iniciativa



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias Senador Yunes Landa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.





 

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Benjamín Robles Montoya: Con su venia, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores, como todos ustedes saben, la Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, a efecto de que cualquiera de ellos esté en la posibilidad de participar en la planeación y en la aplicación de los recursos destinados a los programas sociales.

Creo que en este Senado reconocemos que la ley de mérito es una valiosa aportación al marco jurídico nacional, ya que de manera clara instituye y define el proceso de acceso a los programas sociales.  Sin embargo, sostenemos, compañeras, compañeros, que existen pendientes que deben ser integrados al precepto de referencias, en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa, y lo subrayo, continúa siendo un rasgo distintivo en nuestro país.

En ese orden de ideas quiero abordar, si me lo permiten, uno de esos pendientes que debe ser atendido a la brevedad, porque para que la ley se cumpla con una mayor eficacia, sus principales objetivos, es decir, la evaluación y seguimiento de los programas sociales, hay que en principio recordarlos.

La Ley General de Desarrollo Social señala que los programas, que los fondos, que los recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y también son de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación, de acuerdo, y no podrán sufrir ni disminuciones en sus montos presupuestales. 

Pero lamentablemente, compañeras y compañeros, en nuestro país, durante años ha permeado una arraigada costumbre de cooptación política, de cooptación clientelar y partidista, de los programas dirigidos a los grupos focalizados, dejando de lado siempre a los más pobres.

Y aunque desde la izquierda se ha trabajado de manera incansable en el fortalecimiento de los programas sociales, hay que reconocer que no ha sido suficiente para contrarrestar los abusos que se cometen por parte de la autoridad.

Así, en lo que respecta a la evaluación y al seguimiento de la Ley General de Desarrollo Social, ésta instituyó un proceso sistemático para evaluar la política pública en la materia, con el fin, precisamente, de dar seguimiento al cumplimiento del propósito social de los programas para corregirlos, para modificarlos, para adicionarlos y orientarlos, inclusive suspenderlos total o parcialmente.

Sin embargo, me pregunto, por ejemplo, ¿por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los procedimientos destinados a la evaluación de los programas sociales, por qué entonces no se han completado las correcciones significativas ante los resultados que arrojan los propios mecanismos de evaluación?

Lo anterior, desde mi punto de vista, Senador Presidente, compañeras y compañeros, se debe a que en ningún artículo se determina que las evaluaciones deben ser observadas por las dependencias y entidades federales.  Las evaluaciones y las recomendaciones que se emiten acerca de los programas sociales pueden ser de gran interés, pero solamente lo han sido hasta ahora de carácter informativo.

Por lo tanto, vengo  a esta tribuna a decir que es necesario y que es impostergable cambiar esta condición en la Ley General.  Se tiene que dotar, y lo subrayo, a las instituciones evaluadoras, de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales y así, compañeras y compañeros, estar en condiciones para que nos ayuden a  evitar errores que impidan el acceso a una vida digna para todos los mexicanos.

Es por eso, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que solicito su invaluable apoyo para concretar esta reforma.

Es cuanto, Senador Presidente.

Iniciativa

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobiernos, para que cualquiera de ellos este en la posibilidad de participar en la planeación y aplicación de los recursos de los programas sociales.

La ley en comento establece que la planeación del desarrollo social en México se integrará por programas y planes de carácter nacional, institucional, regional, estatal y municipal.

De tal suerte que éste instrumento jurídico tiene como propósito fundamentar, estructurar y generar certeza para que todas las personas que habitan el territorio nacional tengan la misma posibilidad de disfrutar de una vida digna.

En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática reconocemos que la Ley de mérito es una valiosa aportación al marco jurídico nacional, ya que es un ordenamiento legal que de manera clara instituye y define los derechos sociales de los mexicanos.

Pero también sostenemos que existen pendientes que deben de ser integrados al precepto de referencia en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa siendo un rasgo distintivo en nuestro país. Si bien es cierto que el texto es loable en sus fines, también es cierto que su aplicación aún dista mucho de ser eficaz, eficiente, oportuna y equitativa.

En este orden de ideas queremos destacar uno de esos pendientes que creemos que deben ser atendidos para que el proceso que la Ley determina para el desarrollo social cumpla con una mayor eficacia sus objetivos: la evaluación y seguimiento de los programas sociales.

La evaluación de programas sociales dejó de ser casual para convertirse en norma y en materia para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En este sentido la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 señala:

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lamentablemente, en nuestro país, durante años ha permeado una arríausanza de cooptación política, clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de más pobres a fin de focalizar dichos programas.

Aunque se ha trabajado de manera incansable desde nuestro Instituto Político - léase el éxito de los programas sociales en el Distrito Federal a partir de la llegada de los gobiernos perredistas a la Ciudad- en el fortalecimiento de la operatividad de los programas sociales a través de la construcción de un marco jurídico e institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas no ha sido suficiente para contrarrestar los abusos que se cometen en aras del desarrollo social.

Este fortalecimiento se ha visto traducido en una mayor institucionalización de la política social, es decir, se han logrado avances en la elaboración de las reglas de operación que cada vez son más claras y definidas circunstancia que abona a la rendición de cuentas y a los procesos de transparencia.

En lo que respecta a la evaluación y seguimiento el ordenamiento legal que nos ocupa instituyó un proceso sistemático para evaluar la política de desarrollo social con el fin de dar seguimiento continuo al cumplimiento del propósito social de los programas, metas y acciones en la materia para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, para tal efecto se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

El artículo 72 de la Ley de mérito en lo conducente estipula:

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

De igual forma se constituyeron mecanismos para coadyuvar a la evaluación de los programas al solicitar indicadores de resultados, gestión y servicios:

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social:

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Por su parte los indicadores de gestión y servicios deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de dichos programas:

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Las disposiciones normativas referidas en los párrafos superiores se concatenan con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 2 fracción LI determina que el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Así que, el objetivo de éste Sistema se entrelaza con el fin que la Ley General de Desarrollo le otorga al ámbito de la evaluación de los programas sociales, en el sentido, de consolidar una herramienta de información eficaz para la toma de decisiones que refuerce el vínculo entre el proceso presupuestario con la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Lo anterior en virtud de la importancia del tema de evaluación como una prioridad en materia de política pública, siendo objeto de un gran proceso de instrumentación para sumar esfuerzos en la debida y correcta aplicación de los programas y del efectivo ejercicio de los recursos correspondientes.

Por otro lado en su artículo 80 la Ley General de Desarrollo Social en lo conducente determina que:

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

Con esta disposición se puede entender que se está fortaleciendo la relación que se genera a partir de los resultados de las evaluaciones y la retroalimentación del diseño y avance de las políticas y programas sociales.

Aunado a lo anterior, encontramos un mecanismo más que abona en la consolidación de las evaluaciones de la política pública en materia de desarrollo social; el 30 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación por conducto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades federales.

A través de estos preceptos legales desprendemos que la evaluación de los programas es recurrente, sistemática y basada en indicadores que permiten medir los resultados y el desempeño en su aplicación; de tal suerte que tenemos, en teoría, los elementos básicos para conocer qué programas están consiguiendo los fines por los que fueron creados.

Ahora bien, recordemos el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social que mencionamos con antelación para advertir que la evaluación de dichas acciones está sustentada en resultados que tienen que reflejar el oportuno cumplimiento de las metas trazadas en la formulación de la política nacional de desarrollo social.

Es en este momento en el que empiezan a surgir cuestionamientos que nos indican que a pesar de estos mecanismos legales en materia de evaluación existen, a la luz de los hechos, pendientes que atender. Preguntas del siguiente tenor, por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los procedimientos destinados a la evaluación de programas sociales, no se han conseguido correcciones significativas en las carencias arrojadas en los resultados de tales evaluaciones, es evidente que la conclusión de todo el trabajo evaluador es de carácter informativo sin tener un rasgo de mínima observancia por parte de los organismos que integran la administración pública federal.

Esto se advierte en el Título Quinto, de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Capítulo I, de la Evaluación; en ningún artículo se determina que las evaluaciones deban de ser observadas por las dependencias y entidades federales. Los artículos 79 y 80 de Capítulo de referencia en lo conducente establecen:

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría.

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

En el sentido estrictamente mediático pueden ser de gran interés estas evaluaciones y sus respectivas recomendaciones. Pero en el sentido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo anterior se traduce en una debilidad de nuestro sistema político. Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz, de qué sirve todo un aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es sólo para tomar conocimiento.

Es necesario e impostergable cambiar esta condición. Se tiene que dotar a las instituciones evaluadoras de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales y así estar en condiciones que nos ayuden a evitar errores que acoten el acceso a una vida digna a todos los mexicanos tal y como sigue ocurriendo en estos días.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 85.

Las resoluciones que emita el Comité Directivo serán de carácter observable por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal en los términos aplicables.

Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones a las que se refiere este capítulo, serán consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, operación y ejecución de los programas sociales.

TRANSITORIO

Artículo Único.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias Senador Robles Montoya.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.





 

Se recibió de los Senadores Miguel Romo Medina y Alberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

(Presentada por los Senadores Miguel Romo Medina y Alberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe, Miguel Romo Medina, Senador de la República del Honorable Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los diversos gobiernos del mundo, han decidido fortalecer la cooperación internacional ante el enorme reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de ilí­citos, tales como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, los cuales afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.

Acorde con los nuevos principios que regulan nuestra vida jurídica, es menester destacar diversos instrumentos internacionales que se han adecuado a la normatividad interna de manera tal que se cuente con un marco legal que permita fortalecer políticas públicas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes. Destacando entre ellos, el Programa Alerta AMBER, desarrollado desde 1996 en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su menor hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.

Desde el 2012, el Gobierno Federal, implementa y pone en funcionamiento el Programa Nacional Alerta AMBER México, para coadyuvar en la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Para realizar lo anterior, se cuentan con distintos mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta AMBER México a nivel nacional y estatal; las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población y las autoridades de gobierno mexicano; los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta AMBER México; la capacitación y certificación de los enlaces, entre otros lineamientos, que en su conjunto, representan la acción integral del Estado Mexicano, anteponiendo ante todo el principio del interés superior de la niñez, tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 1° del mismo ordenamiento.

El Protocolo Nacional Alerta AMBER México, es el resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, empresas de transporte de personas, medios de comunicación y otros sectores involucrados. Se trata de un mecanismo independiente del proceso judicial que en su caso, se inicie por las autoridades competentes.

Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite de manera inmediata y es divulgada a través de diversos medios y con el creciente uso de redes sociales, la ciudadanía toma cada vez un papel más activo en la difusión, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. Derivado de ello y del interés por seguir transformando a México, se busca sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y desde su puesta en marcha, a partir de mayo de 2012 y hasta el cierre de 2014, la Alerta Amber ha localizado a 63.8 por ciento de los 428 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos.

Recientemente se impulsaron diversas reformas estructurales, dentro de las cuales destaca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como cuerpo normativo que establece las disposiciones legales sobre las cuales se parten los cimientos de la comunicación en México. Muestra de lo anterior, lo podemos ver establecido en las primeras disposiciones de esta Leyque a la letra estipulan:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico.

Se podrá permitir el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de los recursos orbitales, conforme a las modalidades y requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

De lo anterior trascrito, podemos observar la importancia de promover el correcto uso del servicio público en beneficio de la nación.

En merito a todo lo anterior, el propósito de esta Iniciativa de Decreto consiste en fortalecer la cooperación ciudadana con el sistema de Alerta Amber, aunado al fortalecimiento de las empresas de telecomunicación como empresas ciudadanamente responsables.

Por tales motivos, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se reforma el artículo 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN para quedar como sigue:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes.

De igual manera, colaborar gratuitamente en la búsqueda de desaparecidos por la activación de la Alerta Amber, comprometiéndose a difundir la información vía mensaje de texto y/o en tiempo oficial del cual dispone la federación, según corresponda al medio.

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.

….

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Sen. Miguel Romo Medina.

Fuentes:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
3. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
4. http://www.alertaamber.gob.mx/
Protocolo Nacional de Alerta Amber.http://manwere.com/portaltransparencia/User/Workspace/Archivos/PDF/29/FRACCION-I-90150.pdf Consultado el 1 de Septiembre de 2015
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf





 

Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, por el que se desechan dos proyectos sobre la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

(Dictamen a discusión)



El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de no haberse registrado ningún orador, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar proyectos de Decreto.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha dos proyectos de Decreto en materia de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

En la discusión de dictámenes sobre proposiciones, les informo que la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia solicitó el retiro de los dos dictámenes que estaban inscritos.





 

Pasamos a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión de Justicia, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con “punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.”

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 28 de noviembre de 2013, los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Rosa Adriana Díaz Lizama, ambas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrantes todos de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la proposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

La proposición fue turnada de manera directa a la Comisión de Justicia y en la misma no se incluyó un apartado de Exposición de Motivos, por lo que no se cuenta con elementos para describir su parte argumentativa.

No obstante lo anterior, los legisladores ponentes propusieron la aprobación del siguiente punto de Acuerdo:

Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Oaxaca con estricto apego a sus atribuciones como titular de un Estado integrante de la Federación para que cumpla con la Constitución, las leyes y decretos e instruya al Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca para que investigue, practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de los hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes resulten probables responsables, relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.”

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

a. Análisis contextual

Con el objetivo de determinar la viabilidad de la proposición con punto de Acuerdo que se estudia y toda vez que la misma no incluyó un apartado de consideraciones, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de información oficial o periodística sobre el tema, localizando diversas notas publicadas en medios de comunicación electrónicos que dan cuenta de que en la región Mixteca de Oaxaca, desde hace varios años se han constatado diversos fraudes cometidos por cajas de ahorro.

Asimismo, se localizó una nota periodística en la que se informa que la Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de aquella entidad, Diputada Leslie Jiménez Valencia, el 30 de diciembre de 2013, confirmó que en el proyecto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 se dispuso de un rubro para atender este tipo de fraudes en todo el Estado, pero en especial los ubicados en la región Mixteca.

En otra nota informativa se llegó al conocimiento de que el Secretario de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) del Gobierno del estado de Oaxaca, Alejandro López Jarquín, reveló el 24 de noviembre de 2013, que en breve se realizaría un proceso de auditoría a cajas de ahorro que defraudaron a sus clientes y que cumplen con las reglas del FIPAGO, para proceder posteriormente a resarcir el daño.

Asimismo, se desprende de la nota que el citado Secretario estatal subrayó que son aproximadamente cuarenta y un mil, las personas que se tienen consideradas para apoyarlas, pero que en primer lugar se les resarciría el daño a 6 mil defraudados por cajas de ahorro.

No obstante lo anterior, en dos notas de prensa fechadas el 18 y el 20 de enero de 2014, se informó que el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C. (FUADO A.C.), que agremia a más de 41mil de los 55 mil ahorradores que se estima han sido defraudados en esa entidad federativa, anunciaron que realizarán diversas movilizaciones para buscar el pago del 100% de los ahorros defraudados por 81 cooperativas apócrifas en Oaxaca y de no lograr su objetivo, llevarían a cabo plantones en la Ciudad de México.

Con lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora apreciamos que la problemática que aqueja a más de 55 mil personas defraudadas por cajas de ahorro en el estado de Oaxaca, en especial en la región Mixteca, es bastante compleja y que aunque el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fideicomiso Pago Sistema de Solución para Ahorradores (FIPAGO) han realizado diversas acciones tendentes a resarcir en lo posible a los afectados, aún existen miles de personas que no han sido compensadas.

Es importante destacar que el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del estado de Oaxaca, Sergio López Sánchez, declaró que de no atenderse la problemática de las cajas de ahorro se generará una crisis y colapso económico en las regiones que operan, pues de todas las cooperativas que operan en la entidad solamente cinco se han regularizado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el plazo para hacerlo vencerá el próximo 1 de abril. Asimismo, manifestó que a la fecha el adeudo es superior a los 5 mil millones de pesos en agravio de más de 55 mil ahorradores.

b. Análisis jurídico

En ese contexto, es dable ahora entrar al análisis de la proposición con punto de Acuerdo, por la que se exhortaría al Gobernador del estado de Oaxaca para que instruya al Procurador de Justicia de esa entidad Federativa para que investigue, practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes resulten probables responsables, relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.

En este contexto, es fundamental advertir lo siguiente: toda vez que tal y como señala el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, la gran mayoría de las cajas de ahorro en la entidad no están regularizadas ante la autoridad financiera federal, lo que implica que a pesar de presentarse como instancias bancarias o financieras regularizadas, carecen de las autorizaciones legales para operar.

Bajo esa perspectiva, las conductas ilícitas que puedan cometer o hayan cometido las personas que se ostentan como socios, administradores, empleados, etcétera, de esas cajas de ahorro, se configuran como delitos cometidos por particulares en contra de particulares, por lo que son competencia del fuero común.

Así las cosas, el artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece lo siguiente:

ARTICULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”

Asimismo, los artículos 380, y 381, fracción III, el Código Penal para el Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente:

380.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cien veces el salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta última cantidad;

II.- Con prisión de tres a seis años y multa de cien a ciento cincuenta veces el salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de cien veces el salario; pero no de quinientas veces;

III.- Con prisión de seis a doce años y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el salario cuando el valor de lo defraudado exceda de ésta última cantidad.”

“381.- Las mismas penas señaladas en el Artículo anterior se impondrán:

I y II.- …

III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sepa que no ha de pagarla;

…”

Tal y como puede observarse, las conductas de apropiación ilegal de los recursos económicos de los ahorradores, por parte de personas que no cuentan con autorización de las autoridades financieras y hacendarias para operar como instituciones financieras o de crédito, puede actualizar el tipo penal de fraude, contemplado en la legislación penal del estado de Oaxaca en los artículos antes transcritos.

En ese sentido, como se aprecia en la transcripción del artículo 21 de la Constitución del Estado, es al Ministerio Público de la entidad a quien corresponde iniciar las investigaciones y determinar, en su caso, el ejercicio de la acción penal en contra de las personas que sean probables responsables de los delitos que se hubieren actualizado con las conductas descritas.

Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera que es viable aprobar la Proposición de mérito, adecuándola solamente por cuestiones de forma.
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos realizado una investigación que nos ha permitido analizar la problemática que presentan los ahorradores que han sido defraudados por cajas de ahorro y préstamo en todo el estado de Oaxaca, aunque especialmente, en la región Mixteca.

Si bien reconocemos que el Gobierno del estado de Oaxaca ha realizado esfuerzos importantes para atender esta problemática, coordinándose con autoridades federales para promover que los afectados obtengan una indemnización, consideramos que una forma de combatir este fenómeno es aplicando la ley a quienes la infringen.

Si bien es cierto que es fundamental atender a los ahorradores que han sido mermados en su patrimonio, también debe serlo el combatir el fenómeno utilizando las herramientas legales que el derecho penal otorga al Estado, por lo que es de capital importancia que el Ministerio Público de la entidad refuerce sus actividades e investigaciones para determinar la existencia de delitos en esta problemática, así como ubicar a los culpables.

Al ejercer las atribuciones penales que la ley ha conferido al Estado, se disminuirá el grado de impunidad con que estas personas pueden actuar y con ello se fomentará que en el futuro se desincentiven nuevos casos de aplicación.

Por tales motivos, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con los Senadores ponentes en la necesidad de que se refuercen estas acciones del Ministerio Público y, por lo tanto consideramos viable aprobar la proposición modificando el acuerdo solamente por causas de forma legislativa.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que a través de las dependencias competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno respeto a los derechos humanos, las investigaciones y diligencias que se estimen pertinentes para determinar si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan las acciones legales que sean procedentes.

Senado de la República, 10 de junio de 2015.

COMISIÓN DE JUSTICIA.

Atenderán Diputados fraudes en cajas de ahorro, advierte Leslie Jiménez, disponible en el portal electrónico e-Oaxaca, periodismo digital, disponible en http://www.e-oaxaca.mx/noticias/poder-legislativo/20755-atenderan-diputados-fraudes-de-cajas-de-ahorro-advierte-leslie-jimenez.html
Seguirá el apoyo del Gobierno estatal a los defraudados por cajas de ahorro, dijo Alejandro López Jarquín, disponible en el portal electrónico Informativo Express, disponible en http://www.informativoexpress.com/seguira-el-apoyo-del-gobierno-estatal-a-los-defraudados-por-cajas-de-ahorro-dijo-alejandro-lopez-jarquin/
Defraudados por cajas de ahorro anuncian movilizaciones contra FIPAGO, disponible en el portal Ciudadanía Express, en la dirección electrónica http://ciudadania-express.com/2014/01/18/defraudados-por-cajas-de-ahorro-anuncian-movilizaciones-contra-fipago/
Ahorradores exigen solución a fraudes de cajas de ahorro “patito”, disponible en el portal de la Revista Proceso, en la dirección electrónica http://www.proceso.com.mx/?p=362857
Asoma nueva crisis por fraudes en cajas de ahorro de Oaxaca, disponible en el portal Oaxacain.com, en la dirección electrónica http://www.oaxacain.com/noticias/legislativo/9877-fraudes-cajas-ahorro.html





 

Doy lectura al siguiente dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con “punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.”

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 24 de julio de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la proposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Primera Comisión, para su estudio y dictamen.

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de fecha 3 de septiembre de 2013, la proposición fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la proposición con punto de Acuerdo por las razones siguientes:

1. Señala el legislador que el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad Justicia y Legalidad (ONC) señala, en sus últimos informes “Incidencia Delictiva Nacional y por Estado 2012”, “Incidencia Delictiva Nacional y por Estado 2013” e “Incidencia Delictiva a Nivel Municipal”, que el homicidio doloso es uno de los más graves problemas en materia de seguridad pública en nuestro país; a pesar de la disminución de 5.9% de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registrada de 2011 a 2012, este delito de alto impacto ha implicado una severa afectación a la seguridad ciudadana, pues solo en el año 2012 se registraron 38,125 denuncias por este delito, siendo las entidades más afectadas el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa.

2. Asimismo, manifiesta que el secuestro -con un promedio de cuatro casos diarios en 2012, con mayor preponderancia en Michoacán, el Estado de México y Tamaulipas-; la extorsión -con 7,194 casos en 2012-; el robo con violencia y el robo de vehículo -con 210,238 casos en el año 2012- son una muestra de la preocupante alza que estos delitos de alto impacto han mostrado en prácticamente todo el territorio nacional.

3. Por ello, el Senador consideró “prudente promover el siguiente exhorto con la finalidad de atender de manera decidida y eficazmente medidas que tiendan a disipar y prevenir la comisión de la actividad delictiva.”

Por ello, propuso la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Secretario de Gobernación y Procurador General de la República se implemente la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.”

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

De la Exposición de Motivos de la Proposición que se analiza y de la propuesta de punto de Acuerdo del Senador ponente se desprende que su objetivo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para implementar la colaboración necesaria con las autoridades de todos los órdenes de gobierno para disminuir la comisión de los delitos de alto impacto en nuestro país.
El fenómeno delincuencial en México es complejo y, en consecuencia, las acciones de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno deben ser integrales, combatiendo y castigando la comisión de delitos pero también sentando condiciones que prevengan dichas conductas.

Por ello, se considera que el punto de Acuerdo que se estudia debe entenderse bajo esas dos perspectivas: castigo a quienes cometan delitos y prevención de la violencia y delincuencia en la sociedad.

En ese contexto, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece, en sus artículos 1 y 2, lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.”

Asimismo, sus numerales 6 y 7 definen la prevención social y las formas en que debe llevarse a cabo:

Artículo 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos:

I. Social;

II. Comunitario;

III. Situacional, y

IV. Psicosocial.

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y
V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.”

Estas acciones deberán desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el Consejo Nacional de Seguridad Pública la máxima instancia para estos efectos, tal y como se observa en el artículo 12 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia:

Artículo 12.- El Consejo Nacional será la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Consejo Nacional contará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste se apoyará para ello en el Centro Nacional, en los términos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normativa aplicable.

Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables, el Secretariado Ejecutivo se coordinará con la Comisión.”

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las funciones y atribuciones del Consejo Nacional en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, destacando las contenidas en sus fracciones I, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII y XVIII, tal y como se aprecia a continuación:

Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;

XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;

XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y

…”

Con lo anteriormente expuesto se hace evidente que tal y como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

Al ser una función en la que se establecen competencias claras pero en la que también existe concurrencia de facultades y obligaciones, la seguridad pública, así como la prevención del delito no puede ser encasillada en un solo orden competencial, por lo que la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno es indispensable para cumplir con el objetivo establecido en la Constitución.

En ese sentido, al observar que la proposición de mérito se concentra en emitir un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo tal coordinación con el objetivo de disminuir la comisión de delitos de alto impacto en todo el territorio nacional, consideramos que la misma tiene asidero constitucional y legal suficiente para ser aprobada.

Sin embargo, toda vez que existe un marco legal e institucional que es el propicio para llevar a cabo esa coordinación, consideramos necesario modificar la propuesta de mérito para que, en lugar de solicitar que ello se lleve a cabo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se realice en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia legalmente creada ex profeso para tal actividad.

Asimismo, estimamos necesario precisar la solicitud señalando que el objetivo de tal coordinación debe ser la disminución, combate y prevención de los delitos de alto impacto, pues como se ha señalado, esta función debe realizarse con una visión integral que abarque también la disminución de las causas estructurales del delito. De igual manera proponemos solicitar que el Ejecutivo Federal también informe a esta Soberanía sus resultados.

Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la proposición de mérito, con las modificaciones antes detalladas.

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos plenamente con la Proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, que tiene como objetivo exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que se implemente una coordinación efectiva y transparente con las autoridades de los demás órdenes de gobierno que permitan disminuir la comisión de delitos de alto impacto en todo el territorio nacional.

En efecto, como bien lo menciona el Senador ponente, los estudios del fenómeno delictivo de alto impacto en el país realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano y otras instituciones públicas y privadas, que han sistematizado e interpretado las cifras publicadas periódicamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que a pesar de que se dio una reducción de este tipo de delitos en el año 2012, las estadísticas aún revelan que su comisión es un problema que debe enfrentarse urgentemente por las autoridades competentes de todo el país.

Los delitos de alto impacto (homicidio -doloso y culposo-, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículos y violación) continúan en niveles alarmantes y su combate solo puede darse mediante una efectiva coordinación entre las distintas autoridades encargadas de la seguridad pública y de prevención del delito.

Como se ha plasmado en el cuerpo del presente dictamen, consideramos que esa coordinación debe darse en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia nacional en la cual convergen todas las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia, y en la cual todas ellas deben compartir la información y estrategias de prevención y combate a la delincuencia y a la violencia social.

Sostenemos que la violencia social y la delincuencia deben ser atendidas en distintos campos, pues la mera acción de las fuerzas de seguridad pública no es suficiente y, por ello, estimamos que la prevención social de la violencia y del delito es un factor fundamental en esta lucha. Atacar las causas estructurales del delito es una apuesta que las autoridades ejecutivas de todo el país deben tomar para promover que el tejido social se reconstituya y con ello se mejoren las condiciones sociales que facilitan la expansión del fenómeno delictivo.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la Proposición modificando el acuerdo en el sentido en que se ha expresado en el apartado anterior.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder  Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se implemente la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir, combatir y prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país, e informe a esta Soberanía sus resultados.

Senado de la República, a 17 de junio de 2015.

COMISIÓN DE JUSTICIA.





 

Doy lectura al siguiente dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con “punto de Acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del estado de Chiapas a consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.”

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 10 de octubre de 2013, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del estado de Chiapas a consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la proposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Primera Comisión, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

La legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la proposición con punto de Acuerdo por las razones siguientes:

1. Señala la legisladora que la criminalización de la protesta social se ha constituido en uno de los principales problemas de derechos humanos de en el estado de Chiapas. A través de la utilización arbitraria de los órganos de procuración y administración de justicia se ha perseguido y encarcelado a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

2. Continúa manifestando la Senadora que la agresión violenta que sufrieron personas asociadas a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, es un expresión más de esta conflictividad social manipulada por funcionarios públicos, pues después de destruir y saquear una panadería administrada por esa organización, en el Ejido Veracruz, Municipio de las Margaritas, los señores Gerardo López Hernández, José López Cruz, Mario Álvarez Gómez, Fermín López Cruz, Juan Cruz López, Armando Abadía López, Antonio López Hernández, Francisco López Hernández, Marcelino Coello López, Mario Gómez Cruz, Israel López López, Rigoberto López López, Tomas López Aguilar, Rosemberg López López, Tomas Coello Álvarez, Amilcar Cruz López y Herlindo Álvarez Gómez, agredieron con disparos de armas de fuego a integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que celebraban una asamblea, provocando daños materiales en inmuebles y vehículos, según consta en la averiguación previa número 183/2013.

3. Finaliza la legisladora expresando que no obstante que existe prueba fehaciente de los hechos, hasta la presente fecha la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas no ha actuado ejercitando acción penal en contra de los agresores, por lo que se hace necesario exhortar la intervención inmediata de las autoridades competentes para que realicen una investigación exhaustiva e imparcial.

Por ello, propuso la aprobación del siguiente punto de Acuerdo:

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ciudadano Procurador de Justicia del estado de Chiapas para que consigne los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de los agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a decretar las medidas necesarias para distender el conflicto entre organizaciones sociales, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y violaciones a los derechos humano.

Tercero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que asuma acciones inmediatas de dialogo y vigilancia para distender el clima de conflictividad social entre organizaciones sociales en el estado de Chiapas.”

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

Con el objetivo de determinar la viabilidad de la proposición con punto de Acuerdo de mérito, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de comunicados oficiales sobre el tema, sin que se hubiera localizado ninguno, encontrándose solamente una nota periodística intitulada “Enfrentamiento entre CIOAC en Las Margaritas”, publicada el 30 de septiembre de 2013, en la página de internet del diario Chiapas Paralelo, localizable en la dirección electrónica:

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-margaritas/.

En ella se narra que el enfrentamiento entre miembros de la CIOAC Histórica y la CIOAC Democrática dejó un saldo de tres locales comerciales destruidos y un número indeterminado de indígenas tojolabales heridos, sin que pudiera ser confirmado por fuentes oficiales.

Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra imposibilitada materialmente para conocer información oficial al respecto y, con ello, emitir un dictamen certero sobre la situación.

No obstante lo anterior, la Senadora ponente ha señalado que con motivo de esos hechos se levantó la averiguación previa número 183/2013, ante el Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, lo que permite contar con un elemento que ayudará a definir la forma de atención que esta Comisión Dictaminadora brindará al asunto en comento.

Ha sido criterio sostenido consistentemente por esta Comisión Dictaminadora aprobar exhortos para que las autoridades públicas lleven a cabo alguna acción solo cuando exista información oficial certera respecto de los hechos consignados en ellos o, cuando menos, se cuente con indicios publicados en medios masivos de comunicación que permitan inferir los pormenores no oficiales de los sucesos.

En este caso, al no contar con información oficial sobre los hechos que motivan la proposición con punto de Acuerdo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra imposibilitada para exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas a consignar la investigación relativa ante el juez competente.

En ese contexto, al haber aportado la Senadora ponente un número de averiguación previa que presumiblemente se instauró a causa de los hechos narrados en la Proposición de mérito y considerando que para poder determinar la viabilidad de alguna ulterior acción por parte de este Senado de la República es fundamental que los legisladores de esta LXII Legislatura cuenten con información oficial sobre el tema, proponemos aprobar el Acuerdo Primero de la Proposición, modificándolo para solicitar que se remita a esta Soberanía un informe sobre el estado procesal en que se encuentra la averiguación previa mencionada, en el que se precise si la misma fue iniciada a causa de los hechos narrados por la Senadora ponente.

En este punto es importante manifestar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 16, 36, 44, 45, 49 y 50 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Poder Ejecutivo de esa entidad se deposita en el Gobernador del Estado, de quien depende la Administración Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia, por lo que los exhortos mencionados deben ser dirigidos al C. Gobernador Constitucional del estado de Chiapas y no así al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De igual forma, recordando que la información de las averiguaciones previas es considerada como de carácter reservado por las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, es necesario que en el Acuerdo que se aprueba se mencione que la información requerida deberá respetar la normativa en la materia.

Siguiendo con el análisis de la proposición, encontramos que los dos Acuerdos restantes están dirigidos a exhortar al Gobierno del estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación para que realicen las acciones necesarias para distender ese conflicto y otros que pudieran darse entre organizaciones sociales en aquella entidad federativa.

Al respecto, tomando en cuenta que al parecer este conflicto se origina por el choque de dos grupos de una misma organización campesina, puede inferirse que el mismo puede presentar componentes políticos que deben ser atendidos por las vías de concertación y diálogo, pues las acciones de procuración de justicia, aunque indispensables, no son suficientes para resolver problemáticas de carácter social.

En efecto, aún cuando es insustituible el accionar de las entidades de procuración de justicia en el tema, para determinar si en algún momento se dio alguna conducta típica y punible, no puede dejarse de lado la necesidad de que las dependencias encargadas de la concertación social y el mantenimiento de la gobernabilidad en el Estado atiendan esta clase de problemáticas para encontrar soluciones institucionales que privilegien el respeto al Estado de Derecho.

Así las cosas, se concuerda con la propuesta de la Senadora ponente que busca exhortar al Gobierno del estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación para que dentro del ámbito de competencia que les corresponda, analicen la problemática que originó el enfrentamiento narrado en la Proposición que se estudia y, en su caso, determinen si existen acciones institucionales con las que puedan coadyuvar para lograr su resolución pacífica.

En ese sentido, el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas otorga a la Secretaría General de Gobierno la atribución siguiente:

Artículo 28.- Al titular de la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Atender lo conducente a los aspectos relativos a la política interior del Estado, ejecutando acciones que garanticen la gobernabilidad, la paz social y promover el fortalecimiento de las relaciones con los poderes legislativo y judicial, con los ayuntamientos del estado y con la federación.

…”
Por otro lado, el artículo 27, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación la siguiente atribución:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

…”

En ese contexto, se aprecia claramente que en conflictos que puedan poner en riesgo la gobernabilidad democrática, tanto el Gobierno del estado de Chiapas como la Secretaría de Gobernación cuentan con facultades para atenderlos, en su respectivo ámbito de competencia, favoreciendo la creación de condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales.

Por tal motivo, tomando en cuenta que este tipo de conflictos sociales deben ser atendidos de manera oportuna para evitar la repetición de enfrentamientos como el que se ha relatado, consideramos conveniente aprobar los exhortos que propone la legisladora ponente, adecuándolos solamente por cuestiones de técnica legislativa.

Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la proposición de mérito, con las modificaciones antes detalladas.

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sostenemos que la atención de los conflictos sociales, en especial aquellos que han derivado en enfrentamientos violentos en el pasado, debe llevarse a cabo por las autoridades de todos los órdenes de gobierno, privilegiando el diálogo y la coordinación de esfuerzos institucionales para buscar soluciones pacíficas, duraderas y que atiendan el fondo de cada problemática.

En ese contexto, coincidimos con la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza en el sentido de que es fundamental que el Senado de la República eleve una respetuosa petición al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación, para que se brinde la atención que sea necesaria y legalmente procedente al conflicto que originó el enfrentamiento violento del pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en el Estado de Chiapas.

Es públicamente conocido que la conflictividad social que presenta el Estado de Chiapas desde hace muchos años, debe ser atendida de manera especial pues la conjunción de diversos factores como la pobreza, los conflictos agrarios y ambientales, las problemáticas inter e intra comunitarias, así como las disputas entre organizaciones sociales y campesinas, han sido un factor de volatilidad social que incluso desembocó en el movimiento armado del año 1994.
En esa tesitura, al advertir que la información pública refleja la existencia de un enfrentamiento violento reciente entre miembros de la CIOAC Histórica y la CIOAC Democrática, que vale decirse, tienen una larga historia de enfrentamientos en los  últimos años, es fundamental que todas las autoridades competentes coadyuven en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática de la región y que se eviten nuevas pugnas que puedan concluir con la irreparable pérdida de vidas humanas.

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos viable aprobar los exhortos dirigidos a solicitar a los gobiernos estatal y federal que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, lleven a cabo todas las acciones que estén a su alcance para lograr la resolución pacífica de este conflicto.

Asimismo, con la finalidad de que los Senadores integrantes de esta LXII Legislatura cuenten con información oficial y fidedigna sobre las acciones de procuración de justicia que se han iniciado por los hechos relatados, consideramos necesario modificar el punto de acuerdo primero de la Proposición para, en este momento, solamente requerir un informe al respecto.

Con lo anterior, cada legislador federal podrá analizar la situación en comento con información objetiva y, en su caso, podrá tomar las decisiones que se requieran, promoviendo incluso algún punto de acuerdo o acción adicional.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el apartado anterior.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del estado Libre y Soberano de Chiapas, para que a través de las dependencias competentes:

1.- Informe a esta Soberanía si la averiguación previa número 183/2013 está relacionada con el enfrentamiento suscitado entre miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en esa entidad federativa, y de ser así, incluya su estado procesal, respetando la normativa en materia de transparencia y acceso a la información correspondiente.

2.- Analice la problemática que dio origen al enfrentamiento antes señalado y, en su caso, determine la viabilidad de implementar, dentro de su ámbito de competencia, las medidas políticas y legales necesarias para distender dicho conflicto, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y posibles violaciones a los derechos humanos.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que analice la problemática señalada en el cuerpo del presente dictamen y, en su caso, determine la viabilidad, dentro de su ámbito de competencia, de implementar medidas que coadyuven a lograr la distención del conflicto, a través del dialogo y las vías institucionales.

Senado de la República, a 17 de junio de 2015.

COMISIÓN DE JUSTICIA





 

Doy lectura al siguiente dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la “proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República la creación de una comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante la PGR”.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 6 de febrero de 2014, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Senado de la República la creación de una comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante la PGR.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la proposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

La Legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la proposición con punto de Acuerdo por las razones siguientes:

1. Señala la legisladora que el 5 de Febrero de 2014, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Dr. José Manuel Mireles, dirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, hizo una serie de imputaciones muy graves sobre su persona, vinculándola al grupo de políticos que protegen las actividades del crimen organizado en su entidad natal. Sin embargo, manifestó que el señalamiento es completamente falso.

2. Continúa expresando que los señalamientos contra su persona, hechos en el contexto de los enfrentamientos que se desarrollan en Michoacán, son una genuina amenaza de muerte en su contra y su familia.

3. En virtud de lo anterior, plantea dos proposiciones para que se aclaren los señalamientos en contra de su persona. Asimismo, manifiesta que considera de suma trascendencia esta investigación, pues considera que la infiltración de grupos criminales en el Senado o en el Congreso Federal sería un lastre sobre instituciones fundamentales del Estado mexicano.

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo:

“Primero. El Senado de la República por conducto de su mesa directiva, presente ante la Procuraduría General de la República una petición formal para que se investigue a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza sobre las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada.

Segundo. El Senado de la República integre una comisión plural investigadora de los señalamientos que diversos actores han hecho sobre mi persona en el sentido de estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada”.

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, en su orden y de manera independiente, cada uno de los puntos de acuerdo propuestos.

1.- Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para que se investigue a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza sobre las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada.

De la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora en fuentes de información pública se desprende que el 6 de febrero de 2014, el diario Excelsior, en su versión en internet, publicó el reportaje titulado “Senadora Iris Vianey presenta denuncia”.

Dicho reporte señala que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, acompañada por el Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, Raúl Cervantes y de su Coordinador Parlamentario, Miguel Barbosa, acudió el 6 de febrero de 2014 a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia penal para que se investiguen los hechos que le imputan en medios de comunicación sobre su presunta relación con Los Caballeros Templarios.

Al respecto, el departamento de Comunicación Social del Senado de la República, publicó en internet el 6 de febrero de 2014, el boletín número 070, titulado “Dirección Jurídica del Senado de la República presenta denuncia de hecho”.
De acuerdo con el boletín mencionado “la Dirección Jurídica del Senado de la República, representada por Enrique A. de Icaza Pro, presentó una denuncia de hechos, por parte del órgano legislativo, a petición expresa y por escrito de la Senadora con licencia Iris Vianey Mendoza Mendoza, y en atención a un acuerdo previo de la Mesa Directiva”.

Dicho boletín señala que “con esta denuncia, la Mesa Directiva cumple con la obligación de dar vista a la PGR para que inicie una investigación con entera libertad sobre los hechos que se han conocido en los medios de comunicación”.

Es de conocimiento público que el pasado 6 de marzo de 2014, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, regresó a sus funciones en el Senado de la República después de haber solicitado licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 30 días.

El diario de circulación nacional Milenio publicó en su versión en línea del 6 de marzo de 2014, el reportaje titulado “Regresa Iris Vianey Mendoza al Senado”, en el cual asegura que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza informó que hasta el momento, la Procuraduría General de la República no había encontrado elementos para iniciar una averiguación previa en su contra.

Otro diario de circulación nacional -El Universal- publicó en su versión en internet del 6 de marzo de 2014, el reportaje titulado “Entrevista: Iris Vianey: me exoneró el Procurador”, en el cual señala que el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam le informó a la Senadora que la investigó pero que no encontraron nexos con Los Caballeros Templarios.

En ese contexto, es evidente que la solicitud presentada por la Senadora Mendoza Mendoza, a través de su proposición con punto de Acuerdo, ya ha sido superada, pues tanto ella como la Dirección Jurídica del Senado de la República presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y, asimismo, la propia Senadora ha hecho de público conocimiento que esa Procuraduría no ha encontrado ningún indicio sobre las imputaciones de tener vínculos con la delincuencia organizada, por lo que no ha podido integrar una averiguación previa en su contra. Por esa razón es necesario concluir que esta proposición ha quedado sin materia, por lo que es inevitable desecharla.

Por las razones y fundamentos antes señalados, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos viable desechar la proposición con punto de Acuerdo.

2.- Sobre la creación de una comisión plural de Senadores para investigar los señalamientos que diversos actores han hecho sobre los vínculos de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza con grupos de la delincuencia organizada.

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento del Senado, el Senado de la República cuenta con comisiones ordinarias y especiales que se integran y funcionan en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado.

En tal virtud, es necesario advertir que en la estructura del Senado de la República  no existen comisiones plurales integradas por Senadores, sino únicamente comisiones ordinarias y especiales.

Ahora bien, los artículos 117 y 119 del Reglamento del Senado establecen las facultades de dichas comisiones ordinarias y especiales. Al respecto, los citados artículos establecen textualmente lo siguiente:

“Artículo 117

1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación que les corresponden.

2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación”.

“Artículo 119

1. Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley.

2. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; en ningún caso tienen facultades para dictaminar.

3. El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes”.

A la luz de lo anterior, podemos señalar que las comisiones especiales son aquellas creadas con un objetivo específico como el conocer exclusivamente sobre una materia o llevar a cabo una investigación sobre hechos bien definidos.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza solicitó en el punto de Acuerdo de marras, la creación de una comisión plural de Senadores para investigar las imputaciones que se han hecho en su contra, sin embargo, esta Comisión Dictaminadora interpreta que la petición de la Senadora se refiere a la creación de una comisión especial que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Ahora bien, en ese contexto recordemos que el artículo 119, párrafo segundo, del Reglamento del Senado, que fue citado en párrafos anteriores, dispone que las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por lo que es claro que esta Comisión de Justicia no tiene facultades legales para crear comisiones especiales.

En ese sentido, los integrantes de esta Dictaminadora estimamos jurídicamente inviable la propuesta de creación de una comisión especial por parte de la Comisión de Justicia, por tratarse de una acción que no puede llevar a cabo la misma, y por ende, consideramos necesario desechar la proposición de mérito.

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza referente a los hechos que le imputaron en medios de comunicación sobre su presunta relación con el crimen organizado, pues no solo se daña el nombre de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, sino también se vulnera a la institución misma.

El Congreso de la Unión es el órgano representativo del pueblo que tiene como misión expresar la voluntad de éste, elaborando y aprobando leyes y, asimismo, ejerciendo una función de control del Poder Ejecutivo. Por ello, la institución representa en sí misma la conjunción de valores indispensables para la vida democrática y respetuosa del Estado de Derecho de nuestro país, por ello, involucrar a uno de sus miembros en cualquier actividad presuntamente irregular debe ser atendido por las autoridades competentes de manera inmediata, asegurando que la legalidad prevalezca en el diario acontecer del trabajo legislativo.

Sostenemos que el principio de presunción de inocencia es aplicable para todas las personas que se encuentren en nuestro país y, por tal motivo, expresamos que deben ser los órganos de procuración e impartición de justicia penal quienes determinen si los hechos motivo de las denuncias aludidas en el cuerpo de este dictamen son ciertos o no.

Como ya se expresó en el cuerpo del dictamen, de acuerdo con la propia Senadora ponente, hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha encontrado indicios sobre su presunto nexo con Los Caballeros Templarios, por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera que la proposición con punto de Acuerdo en estudio ha quedado sin materia, toda vez que su objetivo era exhortar al órgano ministerial federal para que iniciara las averiguaciones correspondientes que permitieran determinar la probable responsabilidad de la legisladora en cita, lo que ya fue llevado a cabo.

Finalmente, al analizar la proposición llegamos también a la conclusión de que es jurídicamente inviable crear una comisión especial para que investigue los presuntos hechos delictivos que se le imputan a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, pues ese tipo de comisiones se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política del Senado.

En ese contexto consideramos, respetuosamente, que la vía correcta a seguir es que tal propuesta sea planteada por la Coordinación del Grupo Parlamentario de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhortaría a la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer las imputaciones que se han hecho en contra de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, toda vez que ha quedado sin materia.

Segundo.- Notifíquese a la Comisión de Justicia del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente concluido.

Senado de la República, 10 de junio de 2015.

COMISIÓN DE JUSTICIA

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/06/942484 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/10791-boletin-070-direccion-juridica-del-senado-de-la-republica-presenta-denuncia-de-hechos.html
http://www.milenio.com/politica/Iris_Mendoza-Iris_Vianey-Senado-templarios-licencia-senadora_Iris_Vianey_Mendoza-PRD-Michoacan_0_257374466.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/entrevista-iris-vianey-me-exonero-el-procurador-992887.html





 

Doy lectura al último dictamen.

COMISIÓN DE JUSTICIA

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE JUSTICIA

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la proposición con “punto de Acuerdo por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento”.

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente.

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 4 de febrero de 2014, el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de Acuerdo por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la proposición con punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la proposición con punto de Acuerdo con las razones siguientes:

1. Señala el legislador que la Marina Ixtapa es un centro portuario de suma importancia para el municipio de Zihuatanejo ya que atrae al turismo, cuenta con más de 600 posiciones y se pueden ingresar embarcaciones hasta de 125 pies. Cuenta con hoteles, condominios y restaurantes que fomentan la atracción turística. Sus funciones náuticas, al estar en una zona estratégica, fomentan el desarrollo de la entidad, pero actualmente no se encuentra funcionando debido a que en términos del acuerdo de intención del 18 de julio de 1989, que antecede al contrato de fideicomiso traslativo de dominio y de garantía celebrado entre FONATUR y Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., de fecha 16 de agosto de 1990, se pactó que FONATUR renunciaría a la concesión que ya le había otorgado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, explotación y operación de la marina turística a favor de Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., transmitiendo también la facultad de aprovechar las obras de infraestructura marítima realizadas por FONATUR al amparo de dicha concesión.

2. Continúa manifestando el Senador que Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., cedió los derechos y obligaciones derivados de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., previa autorización de la SCT, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2004, modificando al mismo tiempo el número de posiciones de atraque, pero ante la solicitud de renovación y con fecha 23 de noviembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolvió no otorgar la prórroga de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta impugnó dicha resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra actualmente radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 1055/2012-17-07-6.

3. Finaliza el legislador manifestando que resulta fundamental que se emita el resultado del juicio y así, la Marina pueda continuar con su debido funcionamiento, retome sus funciones náuticas y con ello continúe fomentando el turismo en la zona lo cual genera recursos y empleo impulsando el desarrollo en la entidad.

Por ello, propuso la aprobación del siguiente punto de Acuerdo:

UNICO. Se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento.”

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta

Para determinar la viabilidad de la Proposición, es necesario estudiar las atribuciones del titular del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa, así como del Pleno de ese tribunal, para conocer si cuentan con facultades para ordenar o solicitar la resolución de un juicio que se encuentre sub iudice.

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, tal y como se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.”

Ahora bien, el artículo 2 de dicho ordenamiento legal establece la integración de dicho tribunal, como a continuación se aprecia:

ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por:

I. La Sala Superior;

II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares, y

III. La Junta de Gobierno y Administración.”

De lo anterior podemos empezar a desprender que el trabajo jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se caracteriza por la autonomía de éste hacia el exterior y de los magistrados en su interior. Por ello, es fundamental determinar si el Pleno de la Sala Superior cuenta con atribuciones para solicitar, requerir, sugerir u ordenar a una Sala Regional que se aboque al conocimiento de un asunto en concreto hasta su resolución.

Al respecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece lo siguiente:

ARTÍCULO 18.- Son facultades del Pleno, las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de esta Ley;

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de esta Ley;

V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones;

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

X. Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las Salas a que se refiere el artículo 38-Bis de esta Ley, así como el número y cualidad de los asuntos que se enviarán a dichas Salas;

XI. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de las Secciones;

XII. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XIII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XIV. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos;

XV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la consideración del Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos del artículo 7 de esta Ley, y

XV. Se deroga.

XVI. Las demás que establezcan las leyes.”

Por su parte, el artículo 30 de la ley citada establece las facultades del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como sigue:

ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las siguientes:

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. Despachar la correspondencia del Tribunal;

III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno;

IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno;

X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones;

XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.” Como puede apreciarse, ni el Pleno de la Sala Superior y tampoco el Presidente del Tribunal cuentan con facultades para ordenar, requerir, solicitar o sugerir a una Sala Regional que resuelva un asunto de manera prioritaria.

Adicionalmente, es fundamental señalar que de la consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios se conoció que el pasado 10 de febrero de 2014 se dictó sentencia en el expediente de que se trata, por lo que es innecesario exhortar al Tribunal en el sentido solicitado por el Senador ponente.

Por tales motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concluimos que es necesario desechar la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos llevado a cabo un análisis profundo sobre la Proposición en estudio, encontrando que el caso planteado ya fue debidamente resuelto por el Tribunal a exhortar.

Además, es fundamental reconocer que los tribunales en México, incluyendo los de carácter administrativo, se fundan en el principio de independencia jurisdiccional, por lo que ningún servidor público del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta con las facultades para ordenar la resolución prioritaria a otro juzgador adscrito a ese Tribunal.

Por tales motivos hemos decidido desechar la Proposición de marras y reiterar que sostenemos la vigencia de los principios constitucionales de independencia y autonomía de la función jurisdiccional.

De este modo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos necesario desechar la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se desecha la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva de manera prioritaria el expediente número 1055/2012-17-07-6, radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina Ixtapa.

Segundo.- Comuníquese a la Comisión de Justicia para su archivo como asunto totalmente concluido.

Senado de la República, a 17 de junio de 2015.

COMISIÓN DE JUSTICIA

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia.

En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Para ello, ha pedido hacer uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a dos diferentes dictámenes:

Primero, el que exhorta al Gobernador de Oaxaca a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre las cajas de ahorro y préstamo en esa entidad.

Y segundo, el que exhorta a combatir y prevenir la Comisión de los Delitos de Alto Impacto.

En el uso de la palabra, Senador Robles Montoya.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Presidente.

Con su autorización me he de referir única y exclusivamente al punto de Acuerdo, al dictamen que tiene que ver con el exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, bajo los siguientes términos:

Justicia es, compañeras y compañeros, lo que se propone en este punto de Acuerdo en el dictamen que nos envían las comisiones, y si bien entiendo yo, como Senador por el estado de Oaxaca, puedo decirles que efectivamente, lo que ha habido en Oaxaca, en la materia, hay justicia.

Sin embargo, nos parece también muy claro que hay delincuentes que deben ser castigados, es decir, es importante que impere el estado de derecho, y ante esto, evidentemente, hay mucho que hacer.

Justicia, compañeras y compañeros, es lo que México y lo que Oaxaca, en particular, necesitan, sin embargo, me gustaría hacer algunas precisiones, porque hay que reconocer que si hay alguna administración a nivel nacional que ha mostrado voluntad política con los ahorradores defraudados, es precisamente, el gobierno de Oaxaca.

Quiero recordarles que para el año de 2010, se estimaba que en Oaxaca lo desfalcado a estos ahorradores defraudados ascendía a cerca de 5 mil millones de pesos, afectando a cerca de 65 mil familias ahorradoras.

Y es en ese sentido, que en mayo de 2011 el gobierno de Oaxaca y el titular de la Fipago, Guillermo Barnés, en ese momento, firman un convenio para dar inicio al apoyo de cerca de 12 mil ahorradores defraudados por un monto de 309 millones de pesos, de manera particular, para apoyar a los ahorradores de las cajas Zaqui-putla, Casandó, Nuevo Milenio y Cofría.

El 15 de agosto de 2014, el gobierno de Oaxaca también suscribe otro convenio de coordinación con Fipago, por un monto de 160.9 millones de pesos, de los cuales, el  64 por ciento de los mismos, son recursos aportados por Fipago y el 36 por ciento son aportación federal.

Y eso permitió que 2 mil 668 ahorradores de esas cajas, de las cajas cooperativas Centenario, de la caja Solidaria la Mixteca, de la caja del Sistema Cooperativo del Valle, pudiesen ser rescatados.

En total, quiero informar a esta Soberanía que han sido cuatro los paquetes para que la justa retribución de los ahorradores defraudados reciba ese apoyo, es decir, que en lo que va de la actual administración en Oaxaca, con la aportación de recursos federales y de recursos estatales, la inversión ejercida en apoyo a los ahorradores afectados ha sido del orden  superior a los 500 millones de pesos.

Por esto, se ha alcanzado una cobertura para apoyar a casi 19 mil ahorradores defraudados de 17 cajas de ahorro.

Y quiero subrayar algo que me parece fundamental, ningún otro gobierno estatal, y lo quiero decir sin ningún temor a equivocarme, ha mostrado tal entrega y compromiso con los ciudadanos defraudados, se ha hecho esto, no sólo por el imperativo moral que significa  ayudar a decenas de familias, de miles de familias despojadas de los ahorros de toda su vida, familias pobres, familias rurales, familias de migrantes, sino también porque había un compromiso asumido y porque había  una palabra empeñada.

Falta, compañeras y compañeros, un quinto paquete de apoyo, uno que se está gestionando, que se está gestionando para integrar de acuerdo a los lineamientos contenidos en la reforma del Fipago,  publicadas en abril de 2014, aprobada aquí por nosotros, por esta soberanía el 10 de abril de ese mismo año, ampliando el plazo para que las cooperativas creadas hasta el 13 de agosto de 2009 puedan acogerse a ese beneficio.

Con  esto le quiero decir a los compañeros ahorradores defraudados de Oaxaca, que seguimos en la lucha junto con el gobierno federal y estatal para que puedan resarcir parte de sus ahorros.

Por eso, Senador Presidente, nosotros le damos la bienvenida a este punto de Acuerdo.

Creemos sí, que la Procuraduría General de Justicia del estado tiene algunas cuentas pendientes con varios de los delincuentes que  les quitaron este patrimonio a las familias de Oaxaca.

Sí queremos que haya justicia a ese clamor creo que debiésemos unirnos todos.

Concluyo con una última reflexión, que ya abordaré en otro momento, pero hoy mismo, en este Orden del Día, Senador Presidente, presento un tema muy similar relacionado con  el estado de Puebla, donde también ahí hay muchos ahorradores defraudados de inmobiliarias que se han acercado a este Senado. Esperamos que el Gobernador de Puebla tome cartas en el asunto y no espere a que este Senado de la República lo exhorte, se trata de buscar, de rescatar el apoyo de muchas familias también en el estado de Puebla como en otras entidades donde junto con los ahorradores defraudados estamos luchando para que sus recursos les sean retribuidos. 

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

No habiendo más oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.





 

Pasamos ahora a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano, que contienen puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen:

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

A La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición que exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos a la adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a fin de emitir este dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición referida.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza la propuesta.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la valoración de la propuesta que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. El 19 de febrero de 2015, los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Mariana Gómez del Campo Gurza, presento ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de acogimiento pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos a la adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte.

2. El 19 de febrero de 2015, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-1027, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración.

3. El 30 de abril de 2015, se aprobó por el pleno de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

II. DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Los proponentes expresan que la figura de la adopción en México requiere un ajuste en los textos civiles a fin de actualizar su contenido con el objeto de respetar las disposiciones federales e internacionales que atienden las nuevas realidades de la sociedad, las cuales obligan a empatar criterios y evocar que existen instrumentos internacionales para que el traslado de menores se realice en el marco de seguridad internacional que los estándares de adopción exigen.

En este sentido, la incorporación de la figura de familia por acogimiento pre-adoptivo viene a hacer eco en nuestra legislación, ya que atiende una necesidad que se venía desarrollando en la sociedad mexicana. La Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de reciente aprobación por el Congreso de la Unión, tutela el bien superior del menor y la reviste como medida de protección hasta en tanto no se otorgue la adopción definitiva. El menor que gozará de ésta figura contará con el cuidado y la protección de la familia que lo acoge provisionalmente y la cual buscará formalizar su estancia de forma permanente dentro del seno familiar.

La familia de acogida pre-adoptiva no considera la familia extensa o ampliada, se trata de una familia externa a la familia de origen, que deberá acreditar todos los requisitos de adopción, su idoneidad estará determinada por la autoridad del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con el proceso que se sigue para una adopción nacional. A fin de que ésta figura no se vea enturbiada por acciones como retención ilegal de menores, sustracción de estos u otras similares, es importante incluir en las legislaturas locales en que consiste ésta figura preparatoria de adopción a fin de que se eviten actos de injusticia en contra del menor, que recordemos es el bien que debe prevalecer.

En este sentido la importancia porque las legislaturas locales adopten las medidas necesarias para que incluyan en sus textos ésta figura de pre-adopción, a fin de que la normativa no se vea rebasada por la realidad de la sociedad mexicana.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Declaración de Derechos de la Niñez en su artículo 6° refiere la necesidad de los niños y niñas crezcan “al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material”. Se menciona, además que, salvo circunstancias excepcionales, se les debe separar de su madre cuando son de corta edad. En el mismo sentido, en el artículo 3 sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de la infancia, con especial referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los ámbitos nacional e internacional, recoge como primera prioridad que el niño sea cuidado por su familia de origen.

Este derecho a permanecer con la familia de origen (incluyendo en ella a la familia extensa o ampliada), implica el reconocimiento del derecho del niño o niña a que su familia reciba la ayuda necesaria para cuidarle cuando no pueda o no sepa ejercer esta función por sí misma. Los motivos de la falta de cuidado parental son múltiples, variados y complejos, pues pueden responder a situaciones como falta de acceso a la salud, educación, vivienda, desnutrición, entre otras. Estas a su vez generan otros problemas sociales culturales tales como la violencia familiar, las adicciones, el trabajo infantil y la explotación sexual comercial.

A esta cuestión se refiere también la Asamblea General de Naciones Unidas que, en un documento titulado “Guidelines for the alternative care of children” de 2009, menciona que los estados deben tomar medidas para evitar el abandono, la renuncia y la separación de los niños y niñas de su familia. Existen estimaciones sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en México, aunque en la actualidad no hay una cifra oficial del gobierno mexicano, organismos internacionales que están preocupados por la situación, se han pronunciado sobre la importancia de contar con dichos datos, de los cuales expresan que al menos existen:

• Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el mundo hay 132 millones de niñas y niños en condición de orfandad, ubicando a México como el segundo lugar de América Latina con 1.6 millones de niños en esta situación, sólo después de Brasil con 3.7 millones.

• De acuerdo con el último estudio de Aldeas Infantiles México SOS, en nuestro país hay más 400 mil niños y niñas privados del cuidado parental.

• Conforme al Diagnóstico de la Adopción del Sistema Nacional DIF de 2007, en México se registraron a más de 29 mil niños, niñas y adolescentes que por algún motivo no pueden vivir con su familia de origen.

Actualmente existe la necesidad de impulsar medidas de cuidados alternativos para las niñas y los niños que no tienen cuidados familiares o que están en riesgo de perderlos y que se respete también su derecho a la familia y vida en comunidad.

SEGUNDA. La familia en México, se ha desempeñado como institución básica en la formación y realización de los individuos y como grupo fundamental de la sociedad, es una unidad de vida social y personal. La familia no es una simple yuxtaposición de individuos. La familia es de alguna manera lo que son los individuos que la componen, las relaciones que se establecen entre ellos, el grupo que ellos forman, los valores que comparten, los contactos y redes que mantienen, el techo bajo el que habitan, las estrategias que desarrollan para vivir. Son los comportamientos de los integrantes de la familia que favorecen a otras personas, grupos, metas sociales, lo que aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria (entre los que dan y los que reciben), en las relaciones interpersonales o sociales, mejorando la unidad, la identidad, la creatividad y la iniciativa, de las personas o grupos implicados, ya que no está motivada por la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o materiales.

TERCERA. En la reciente Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el apartado Del Derecho a Vivir en Familia, se establecen figuras jurídicas indispensables para restituir el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. Principalmente en cuatro esquemas:1

• Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

• Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia;

• Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;

• Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez;

Sin embargo, al considerarse propios de un esquema de orden civil local, no fueron desglosados debidamente para poder aplicarlos, por lo que se coincide con el senador proponente en la necesidad de lograr armonizar estas figuras atendiendo a su realidad y normatividad vigente.

El ámbito adecuado de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es el entorno familiar, por eso cuando se busca un lugar para ellos, se lo busca en primer lugar en la familia, en el sentido amplio de la palabra y si no se da en esos lugares a lo que se apunta es a integrarlo en los sistemas de acogimiento familiar y no de acogimiento institucional.

El acogimiento familiar debe ser temporal, no definitivo. La familia de acogida es por tanto la encargada de cuidar a los niños, niñas y adolescentes mientras el Estado busca una solución a su situación. Es necesario diferenciar entre familia de acogida y familia adoptante. La primera se postula para un cuidado transitorio y recibe una contraprestación material a cambio de ese cuidado. En cambio en caso de la familia adoptante integra de forma definitiva al niño o adolescente a su familia.

CUARTA. Con base en lo anteriormente expuesto, la familia, en términos generales, se entiende como una realidad institucional que precede al Estado y que permite la construcción de la sociedad humana. Familia no significa agrupación de personas, sino una unión complementaria, rica en vínculos afectivos de tipo conyugal, filial, fraternal, parental, de distinto tipo y en diversas direcciones, que no puede ser equiparada ni sustituida por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. La intimidad de la persona, dentro de la familia se vive y se expresa de manera cotidiana, lo cual permite su formación y desarrollo. De ahí su importancia en conmemorar este dio, con acciones concretas y efectivas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

QUINTA. Esta Comisión coincide con los proponentes de la H. Cámara de Senadores, en la que exhorta respetuosamente a las legislaturas de cada entidad federativa a que incluya en el título de adopciones en su texto civil o familiar lo referente al concepto de familia por acogimiento pre-adoptivo, así como que se introduzca las disposiciones referentes al proceso de adopción internacional y adopción realizada por extranjeros que tutelan los tratados internacionales en los que México ha sido parte. En aras de fortalecer su alcance sean considerados también los esquemas de acogimiento residencial y familia de acogida, para que sean analizados por las entidades federativas y atiendan a estas figuras en función de su realidad y orden jurídico. Para el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de cada entidad federativa armonice sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden jurídico local.

Sala 1 de Hemiciclo P.B. del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

Sen. José María Martínez Martínez, Presidente; Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria; Sen. Adolfo Romero Lainas, Secretario; Sen. Martha Palafox Gutiérrez, integrante.





 

Doy lectura al siguiente dictamen.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

A La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición referida.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza la propuesta.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. El 27 de noviembre de 2014, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, presento ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana.

2. El 27 de noviembre de 2014, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.-5339, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración.

3. El 30 de abril de 2015, se aprueba por el pleno de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

II. DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

El senador proponente expresa sobre la figura jurídica de adopción por la cual el menor adquiere la calidad de hijo en una familia distinta a la biológica, éste concepto incluye en su esencia dos acepciones de protección al menor, la primera de ellas tiene por objeto procurar y brindar una cobertura integral de cuidado, desde la concepción y en muchos casos hasta la mayoría de edad, la otra es la que se proporciona mediante la normativa que garantice la posibilidad de mejorar su calidad de vida por medio de la integración a una familia.

El Estado mexicano a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública que coordina el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia procura la atención de los menores y adolescentes, su defensa y desarrollo, atiende a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad, entre otras, brindándoles el apoyo asistencial, técnico y operativo para su desarrollo. En el caso de las adopciones el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia es el responsable de proponer y dirigir la administración del trámite de adopción, se apoya de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que se encargan de vigilar que el proceso de adopción sea el correcto.

En el ámbito internacional México ha suscrito y ratificado diversos tratados, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopciones y a nivel interamericano, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores de 1984 y la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores de 1989, son la base en los cuales ha descansado la elaboración de la normativa federal y estatal, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia los ha atendido, sin embargo es necesario profundizar en el tema a nivel Nacional.

En materia de adopción, la misión principal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia es cerciorarse que las familias receptoras del o los menores sean las idóneas, respalda las relaciones familiares que se crean a partir del inicio del proceso de adopción hasta la entrega del menor. Su acción no sólo se acota a este intervalo sino que, posteriormente lleva a cabo visitas de trabajo social con el objetivo de verificar que las condiciones de adaptabilidad e integración se desarrollen adecuadamente. Para que el proceso de adopción concluya satisfactoriamente el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia opera con la normativa que se ha desarrollado y que ha resultado insuficiente para atender la demanda que existe entre los niños susceptibles de adopción y los solicitantes.

Dentro de la principal problemática que hemos encontrado se encuentran los siguientes:

• La adopción es una institución que se legisla a nivel local, por lo que existen 32 visiones distintas para atender el tema, más la federal.

• Existe disparidad entre los requisitos solicitados para el trámite de adopción por el DIF Federal, con los establecidos por los DIF estatales.

• El trámite de adopción agota el principio de exhaustividad, sin embargo aún se considera complicado, burocrático y agotador.

• No existe un Padrón Nacional de Adopciones, el cual permita tener un registro confiable del total de niños susceptibles de ser adoptados, familias precalificadas para adoptar en lista de espera y el número de mujeres embarazadas que concederían la adopción.

A nivel Federal, no existe un Sistema Nacional de Adopciones que permita contar en la legislación criterios homogéneos; se establezcan métodos de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno y genere condiciones de protección y certidumbre a los menores en situación de abandono.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El niño tiene derecho a vivir en familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente del derecho de la protección de la familia plenamente reconocido.
La familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. Y el estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar medidas de protección de los niños, no a también a favorecer directamente medidas de protección de los niños, sino también para favorecer, de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la “protección de la sociedad y el Estado”, [*] constituye un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana.

SEGUNDA. La adopción dejó de ser un negocio jurídico de derecho privado para convertirse en un acto de autoridad perteneciente al derecho público. [*] La manifestación de voluntades, consentimiento, y audiencia, no son más que presupuestos, es decir, simples requisitos de eficacia para llegar al acto constitutivo. Las actuales corrientes doctrinales han determinado una nueva vigencia de equiparar lo más posible la situación del hijo adoptivo con el biológico. Parece que la discusión doctrinal queda clara la finalidad de la adopción; recibir como hijo, al que no lo es y así restituir el derecho del niño o la niña a vivir en familia, de acuerdo con los requisitos y solemnidades que establezcan las leyes.

De acuerdo con el “Breve Panorama de la Adopción en México, 2010” del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados CEAMEG:

• En 21 Estados de la República se contemplan las figuras de la adopción tanto simple como plena. Los Estados de Coahuila y Nuevo León contemplan la plena y semiplena.

• En 22 entidades de la República, las personas mayores de 25 años de edad y en pleno ejercicio de sus derechos son consideradas aptas para adoptar. En el Estado de México, la edad mínima para adoptar es de 21 años, mientras que en Guerrero y Tlaxcala, la edad fue fijada en 30 años. En los Estados de Coahuila, Chihuahua y Puebla, la ley señala que tienen que ser mayores de edad. En Hidalgo y Jalisco, la ley no señala la edad con la que debe contar el adoptante, pero establece que deberá tener 20 y 15 años más que el adoptado, respectivamente.

• En 30 Estados, la legislación señala explícitamente que los cónyuges pueden adoptar. En Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México. Michoacán, Sonora y Tabasco, los códigos señalan de manera explícita que también los concubinos pueden adoptar.

• En 28 Estados de la República se establece que podrán ser adoptados uno o más menores de edad y personas con discapacidad. En el Estado de Baja California se establece que podrán ser adoptados los menores de edad o las personas que no tengan capacidad de comprender el significado de los hechos. En Jalisco podrán ser adoptados los menores cuando sean huérfanos de padre y madre; los hijos de filiación desconocida declarados judicialmente abandonados; a los que sus padres hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial; aquellos cuyos padres o tutores otorguen su consentimiento; y a los mayores de edad cuando sean incapaces.

• En 28 Estados los adoptantes deben cubrir el requisito de contar con medios económicos suficientes para proveer la subsistencia del adoptado y su educación. Asimismo, en 26 Estados el hecho de que la adopción sea benéfica para el adoptado representa un requisito a acreditar por los adoptantes. En 21 se contempla, para adoptar, el requisito subjetivo de tener o ser persona con buenas costumbres; asimismo y, además, en Chiapas se deberá contar con solvencia moral; en Guanajuato debe tenerse también reconocida probidad; en Morelos contar con antecedentes familiares y entorno social adecuado; en San Luis Potosí el adoptante debe contar con reconocida solvencia moral y modo honesto de vida y, por último, en Zacatecas es necesario tener solvencia moral.

• En 13 Estados de la República se señala como requisito que el adoptante goce de buena salud física, asimismo, en Chiapas es necesario que esté libre de enfermedades venéreas o contagiosas y en Guerrero que cuente con buena salud y personalidad. En Tamaulipas se requiere de una prueba de detección de VIH-sida, una biometría hemática y una prueba de química sanguínea por parte del adoptante.

• En 12 Estados de la República se señala como requisito para adoptar, el que el adoptante goce de buena salud mental, así mismo, en Guerrero y Nuevo León se amplía dicho requisito al señalar que deberán contar con capacidad psicológica.

• En 7 Entidades se establece que las personas que pretendan adoptar deberán ser aptas y adecuadas para tal fin, en el estado de Colima se amplía ese requisito y se señala que, además, deberán ser integra y, en Tlaxcala, contar con reconocida probidad. Los Códigos Civiles de los Estados de Jalisco, Baja California Sur, Campeche y Querétaro, establecen como requisito que las personas que pretendan adoptar deberán ser asesoradas sobre las implicaciones de dicha responsabilidad. Es importante señalar que las legislaciones de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora no establecen requisitos para adoptar.

• Finalmente, en 25 Estados de la República se contempla la figura de la adopción internacional, mientras que en los otros 7, no se hace referencia a la misma. En 24 Estados de la República se contempla el interés superior de la infancia como un requisito a observar para la adopción y en los otros 4 no se hace referencia al mismo.

Cabe señalar, que la adopción fue rebasada por la ineficiencia de su trámite, ya que no cuenta con reglas claras respecto a su tratamiento, etapas, ejecución y medios de control, situación que perjudica a los niños a que puedan formar parte de una familia adoptante.

TERCERA. Por tal motivo se requiere a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el trámite generalizado para que lo pueda promover a través del Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, la inclusión del proceso de adopción dentro de una Norma Oficial Mexicana, a fin de que las instituciones de asistencia social públicas y privadas sean certificadas para efectuar cada etapa del desahogo del trámite de adopción.

Dichas instituciones contarán con las herramientas necesarias para brindar la atención, orientación y gestión, con requisitos validados y unificados para dar trámite a las solicitudes de adopción. Ésta acción fortalece a las entidades públicas y privadas que actúan con seriedad, profesionalismo y calidad, su certificación se considerará requisito indispensable para que conserven su registro en el Directorio Nacional de Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social.

CUARTA. Asimismo, se solicita la inscripción del trámite en el Registro Federal de Tramites de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), considerada la institución que apoya a los ciudadanos en la realización de sus trámites.

La COFEMER dentro de sus atribuciones sólo excluye la publicación e inscripción a un trámite cuando es relacionado con materia fiscal, de responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, Ministerio Público, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y procedimientos de contratación. Razón por la cual el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia tiene la posibilidad de inscribir su trámite ante ésta Institución sin ningún inconveniente.

En este sentido, ésta proposición tiene doble intención, por un lado promueve la inscripción del trámite de adopción ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a fin de que todo ciudadano interesado conozca las etapas, requisitos y autoridades ante las cuales se promueve, considere el tiempo de respuesta y cuente con los elementos necesarios para presentar los documentos requeridos. Por otro lado, al incluirse dentro de una Norma Oficial Mexicana el menor gozará de una institución que velará porque su proceso de adopción sea el más conveniente para él, ágil y seguro.

Así las familias que desean adoptar tendrán la certidumbre de contar con instituciones certificadas en el proceso de adopción, de tal forma que se coadyuve con la detección de las instituciones que ficticiamente y dolosamente ofrecen la gestión de adopción de menores en México.

Esta Comisión coincide con el proponente que exhorta respetuosamente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana. En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que incluya el trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a fin de homologar los requisitos en todos los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatales, así como promover ante el Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, la expedición de una Norma Oficial Mexicana relativa al proceso de adopción.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a que en tanto no se expida una Norma Oficial Mexicana para el proceso de adopción, implemente un mecanismo de certificación con el fin de regularizar los requisitos y medidas de seguridad con el objetivo de que solamente las instituciones certificadas puedan realizar este importante trámite.

Sala 1 de Hemiciclo P.B. del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

Sen. José María Martínez Martínez, Presidente; Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria; Sen. Adolfo Romero Lainas, Secretario; Sen. Martha Palafox Gutiérrez, integrante.

[*] Opinión Consultiva OC-17/02, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derecho del niño a vivir en Familia
[*] Cárdenas Miranda, Elva “México y la Adopción” Embajada de Francia- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 2000.





 

Doy lectura al último dictamen.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

(Dictamen a discusión)

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir e impulsar el tema de la familia, en términos de la Declaración de los Derechos de la Familia, en el marco de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen propuesto.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza la propuesta.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la valoración de la propuesta.

ANTECEDENTES

1. El 14 de abril de 2015, los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Margarita Flores Sánchez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, José María Martínez Martínez, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y Adolfo Romero Lainas presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de incluir e impulsar el tema de la familia, en términos de la Declaración de los Derechos de la Familia, en el marco de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.

2. El 16 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.- 3372, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración.

3. El 30 de abril de 2015, se aprobó por la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Los Senadores proponentes expresan que el Gobierno de la República, con el objetivo de que nuestro país sea una fuerza positiva y propositiva al servicio de las mejores causas de la humanidad, es decir, para que se consolide como un actor con responsabilidad global, que incorpore la realidad nacional y las prioridades internas, respetando y promoviendo el derecho internacional, los derechos humanos, el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e inversión a México.

Así mismo, México ha realizado acciones para integrar una agenda incluyente, convocó a tres talleres internacionales sobre la Perspectiva General de Inclusión Social y Económica, en los que participaron delegados de gobierno, encargados de la negociación de la Agenda, titulares de organismos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. De igual forma, ha realizado diversas consultas en temas energéticos, necesidades de los grupos vulnerables y de los migrantes.

Aunado a lo anterior, se tuvo participación en la primera reunión del proceso intergubernamental de negociación de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015, que se llevó a cabo en Nueva, York, los días 19 al 21 de enero, con el objetivo de realizar un balance sobre el conjunto del proceso de integración de la agenda en mención; la delegación mexicana destacó la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, medios de implementación y seguimiento de la agenda. Por otro lado, la delegación mexicana también tuvo participación en una segunda reunión intergubernamental de negociación, en la que se discutieron temas relacionados con la prevención y atención de desastres, empleo digno, familia, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, cultura, combate a la pobreza, financiamiento, desagregación de datos, entre otros; así como los mecanismos de implementación, seguimiento y revisión de la agenda. La participación de nuestro país se centró en el binomio pobreza y desigualdad, acordando que en la tercera reunión se abordarían las metas de la agenda, así como indicadores globales.

Lo antes expuesto, resulta de suma importancia para el desarrollo de los pueblos y del hombre como unidad integrante de la sociedad, con ello se fortalecerán políticas públicas transversales para la atención integral de las necesidades de hombres y mujeres del mundo, por lo que es de reconocerse el trabajo llevado a cabo por la delegación mexicana, sobre este particular. Sin embargo, es menester que los representantes de la nación mexicana en el exterior abanderen también el tema de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y cuya conservación es indispensable para la trascendencia del ser humano, pues en ella se transmiten los valores y se prepara al individuo para enfrentarse a la sociedad, la cual espera una contribución positiva de cada persona.

El tema de la familia ya ha sido considerado como factor clave del desarrollo por algunas instancias internacionales, precisamente con la intención de delinear los objetivos de lo que será la Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015, alrededor de 200 líderes políticos y sociales de todo el mundo, entre ellos Senadores de la República, se han comprometido a fortalecer y apoyar a la familia, dentro de la Cumbre Transatlántica de Representantes Políticos y Sociales 2014 (Transatlantic Summit 2014), que tuvo verificativo el pasado 5 de diciembre, bajo el lema “Fortalecer a la Familia para un Desarrollo Sostenible”.

En la cumbre, compartieron experiencias y reflexiones de mejores prácticas de política pública a nivel local en torno a la agenda global; se asumió un decálogo de compromisos y deberes con la vida, el matrimonio, la familia, el trabajo y el salario digno, la libertad religiosa y el derecho de objeción de conciencia para finalizar con la firma de la Declaración de los Derechos de la Familia (Declaration on the Rights of the Family), misma que fue entregada al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La declaración, reafirma la importancia de la familia, del matrimonio para el bienestar de niños y adultos, la necesidad de fortalecer al núcleo de toda sociedad y considerarlo como elemento clave para el desarrollo sustentable, retomando el espíritu original de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU,  que establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Al ser la familia la institución dedicada al cuidado de los niños, de los adultos mayores, de trabajadores y desempleados, de enfermos y de todos aquellos miembros que la conforman; quienes tienen el deber de procurarse su bienestar y trasmitirse de forma generacional los valores, las tradiciones y buenas costumbres que contribuyan al desarrollo individual y, consecuentemente, al desarrollo de la sociedad; es que debe formar parte de las negociaciones llevadas a cabo por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

La presencia de la nación mexicana en los diversos foros y diálogos de alto nivel para concretar las negociaciones en temas de interés de la comunidad internacional, han sido la ruta fundamental para que se apuntale como una potencia emergente, asumiendo un papel constructivo, frente a las demandas y necesidades del mundo. En ese sentido, México se ha comprometido con la agenda internacional del desarrollo, observando a la Declaración del Milenio y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como instrumentos importantes para la cooperación multilateral y para la reformulación del desarrollo global, que se concretará en la Agenda de Desarrollo Post 2015.

A unos meses de que se cumpla el plazo para el cumplimiento de los ODM, la comunidad internacional acordó la creación de un nuevo marco global para el desarrollo posterior al 2015 y bajo ese esquema es que se inician los trabajos para la Agenda de Desarrollo Post 2015, la cual hace referencia al establecimiento de objetivos ambiciosos y transformadores que incidan en las causas estructurales de la pobreza, que erradiquen la desigualdad e impulsen el desarrollo sostenible, generando condiciones que permitan a los habitantes del mundo contar con calidad de vida y prosperidad.

México ha sido un actor activo rumbo a la agenda de desarrollo, participando en los años 2012, 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones que se realizan bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas; buscando contribuir de manera relevante al cambio de paradigma del desarrollo global, estimulando la Perspectiva General de Inclusión Social y Económica, como un principio rector de dicha agenda y que además, se liga al principio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas  deben verse cumplidos, sin importar su condición de género, edad, pertenencia étnica, migratoria, de discapacidad o socioeconómica. Ha contribuido también a que la agenda contemple patrones de consumo y producción sustentables; la protección del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; así como el combate al cambio climático y sus efectos en la vida de las personas; el cumplimiento de derechos sociales; la información estadística e indicadores globales y regionales como herramientas de evaluación de avances entre los países; la transparencia y la rendición de cuentas.

SEGUNDA. En el marco del XX aniversario del Año Internacional de la Familia y la respectiva discusión sobre los objetivos de lo que será la Nueva Agenda del Desarrollo Sustentable de la ONU, también conocida como la Agenda Post 2015, se llevó a cabo la Transatlantic Summit 2014 y se fundó la Political Network for Values, en la sede misma de Naciones Unidas en New York, el 5 de diciembre pasado.

Este esfuerzo se origina de una serie de diálogos transatlánticos, llamados “Los Valores que nos Unen”, bajo el liderazgo de Jaime Mayor Oreja, para reunir políticos conscientes de la importancia de la familia y valores universales, en sedes como Bruselas, Estrasburgo, Madrid, México, Washington y Lima, donde participaron redes político parlamentarias, como la Red de Acción Ética Política de México y la red europea que lidera Jaime Mayor, con el capital social, Red Familia de México, el World Congress of Families o la National Organization for Marriege de EUA, con el capital intelectual de expertos como el Instituto de Política Familiar Europeo, la Alliance Defending Freedom, o C-Fam.

TERCERA. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores, 2010, para los mexicanos “tener una familia” ocupa el primer lugar en las percepciones de lo que significa “tener éxito en la vida” esto fue señalado por 73.8% de los entrevistados; cantidad significativamente superior a la evaluación de las demás opciones de respuesta, tener un trabajo respetado, tener propiedades, tener libertad como una casa o auto, ayudar a otras personas, viajar y conocer otros lugares, incluyendo la educación.

La familia manifiesta su fuerza y su razón de ser principalmente mediante dos elementos. El primero de ellos significa que cada miembro ha hecho un compromiso individual para con los demás integrantes donde hay una actuación consciente en relación con la presencia física, así como la unión, la aceptación, el respeto, la generosidad y la empatía. Ser familia tiene que ver con la forma en que se relacionan sus miembros y con lo que cada uno de ellos de forma individual valora y aporta.

Por tal motivo, es obligación del Estado proteger y velar por su bienestar, por lo que esta Comisión, ha trabajado firmemente en evitar cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, orientación sexual, estado civil o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas, respecto a las políticas públicas tendientes a la protección de la familia y sus miembros.

Esta Comisión, reconoce la importancia de fortalecer las acciones institucionales, para la creación y ejecución de políticas públicas, es momento de convertir en eje transversal a la “Familia” no solo como institución sino como baluarte para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

CUARTA. Nuestro país, ha transitado de la atención al “desamparado” a una “visión meramente asistencialista”, necesitamos privilegiar el empoderamiento de las personas en situación en condiciones de vulnerabilidad, a facilitarles y acompañarlos en su reincorporación al desarrollo humano. Para ello se requiere articular estrategias orientadas a reducir y aminorar los factores que le afectan, de forma que sea capaz, por sí mismo, de reintegrase de manera armónica a su entorno familiar y social. La familia, debe ser entendida como el destinatario en quien debe recaer el esfuerzo y los motores del desarrollo social de ahí su importancia para que se le considere como eje central en la constitución de la Agenda Post 2015 para que este proceso de crecimiento y mejora, trabaje de forma paralela en un beneficio para cada una de las personas que la integran y su comunidad.

En términos de lo expuesto y con fundamento en la función constitucional que en el caso específico corresponde a esta Comisión, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, considerar como eje transversal la protección de la familia, en los términos de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Sala 1 de Hemiciclo P.B. del Senado de la República, a 30 de abril de 2015.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO

Sen. José María Martínez Martínez, Presidente; Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria; Sen. Adolfo Romero Lainas, Secretario; Sen. Martha Palafox Gutiérrez, integrante.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para referirse a los siguientes dictámenes: al relativo al trámite de adopción y el que exhorta a considerar como eje transversal la protección de la familia.

En uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Martha Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Me parece muy importante, compañeros Senadores, queremos especial atención al punto de Acuerdo que se está poniendo a consideración este día en el Pleno, el dictamen de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.

Pues tiene que ver con un tema que ha salido a los medios recientemente, que tiene que ver con el tráfico de niñas, niños en el estado de Sonora, y que es un tema recurrente que sucede en varios estados.

El caso de Sonora, se encuentran vinculados en el tráfico de niños, directamente, funcionarios del DIF estatal, y digo que desafortunadamente es un tema recurrente porque encontramos que existen notas periodísticas que desde el 2012 es una situación que ya está ocurriendo en el estado de Sonora, pero que no solamente es un tema en el que nos tenemos que enterar por los medios de comunicación.

Es de muchos conocido que desafortunadamente en el tema de la adopción, al no haber una correcta regulación sobre este tema se presta, precisamente, para que particulares intenten hacer un negocio del tráfico de niños que estén en adopción.

Por eso es que el tema que hoy está a consideración de este Pleno es muy importante que sí se regule como lo establece el propio punto de Acuerdo, pero además, que quede correctamente especificado que es un tema en el cual el Estado tiene completa responsabilidad. No puede ser considerado nunca como un asunto entre particulares, porque precisamente estamos viendo que cuando particulares participan en temas de adopción es que se dan este tipo de situaciones en las que no se está velando el interés superior de las niñas y los niños.

Por eso quiero proponerle a este Pleno una propuesta de modificación que solamente viene a buscar reforzar el Acuerdo que está a consideración, en el sentido de que se tome el primer punto, en el primer resolutivo, que se establezca que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que incluya el trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites y Servicios de Mejora Regulatoria, a fin de homologar los requisitos en todos los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatales. Tomando esa propuesta de modificación, tomando como base el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como promover ante el Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, la expedición de una Norma Oficial Mexicana relativa al proceso de adopción.

Y en el segundo resolutivo propuesto. Incluir al final, también, que la armonización que se pide de los requisitos y medidas de seguridad para la adopción a nivel nacional en cada uno de los estados, se dejen pre-velando por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que están en adopción.
Me parece un tema de vital importancia dadas las circunstancias de lo que está pasando en el estado de Sonora, pero que les digo, no solamente tiene que ver con este estado, sino que justo al carecer  de una regulación de vida y homogénea en cada uno de los estados, se presta a actos ilícitos como es el tráfico de menores.

Por eso solicitaría que a pesar de que es un tema en que, sin dunda, está incluido el tema de recurrir al interés superior de las niñas y niños se pueda incluir explícitamente para que quede sobre los marcos internacionales que están al respecto en la ley.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Tagle.

A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse al dictamen que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente, señoras y señores legisladores:

El punto de Acuerdo que está presentando para su discusión y aprobación la Comisión de la Familia, creo que sus fundamentos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que discutimos en el Senado de la República, me parece que es importante y relevante destacar.

El problema que tenemos en México respecto a las adopciones, hay que recordar que tenemos un marco jurídico en un tratado internacional específico en la materia, que además da cuenta de cómo tiene que emprenderse la adopción, incluso a nivel internacional, porque estamos también inscritos en esta globalidad. La relación y la posibilidad de que niñas y niños puedan ser adoptados tanto por familiares, por familias mexicanas o que puedan ir a familias de otros países. Y eso ha llevado a Naciones Unidas a diseñar esta Convención para que tengamos posibilidades de armonizar un estado de derecho que permita que no haya ninguna situación que ponga en riesgo o que ponga en una situación de vulnerabilidad o desventaja o menoscabo de sus derechos a niñas y niños que, por desgracia, no tienen una familia original que pueda garantizar el pleno desarrollo de su personalidad y, por supuesto, fundado en el respeto irrestricto de su dignidad humana.

Creo que recordar no es un asunto nuevo, es escandaloso lo que aconteció en Sonora. Yo recuerdo, desde varios años atrás que este asunto, sin la relevancia escandalosa de Sonora, pero hemos encontrado diversos casos en Jalisco, en Guanajuato, en donde las instituciones que dicen estar encargadas de garantizar que las niñas y los niños estén protegidos debidamente, son por desgracia rehenes, son mercancía.

Hay una cosificación de las niñas y los niños que en función de la situación de vulnerabilidad en su madre, en la que se incluye su situación económica de pobreza, o extrema pobreza, simplemente lo que hace la autoridad con todo el rigor de las funciones que tiene desde los DIF estatales y municipales, lo que hacen es quitarle a su madre, a su familia original, esta niña, este bebé, este niño, para después utilizarlo como una mercancía y darla sin ningún cumplimiento de la normatividad. Eso se llama, sin lugar a dudas: “trata de personas”. Estamos frente a un delito, efectivamente, de trata de personas. 
Por eso es importante recordar que también en el Senado de la República, reformamos la Ley de Trata de Personas, hay un capítulo específico que plantea cómo se tiene que castigar este tipo de delitos.

Hoy, lo que va a acontecer con estos funcionarios del DIF de Sonora, es que, simplemente, aprovechando la situación de lagunas que se encuentran en la normatividad, simplemente se les pueden fincar responsabilidades que no tienen, de ninguna manera, la magnitud de la comisión del delito en la que se vieron involucrados.

Es verdaderamente penoso que tengamos que estar enfrentando que salgan a la luz pública este tipo de situaciones porque, por desgracia, las madres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, precisamente las más pobres, las más marginadas son a las que se les puede utilizar con base de amenazas, como sabemos aconteció en el caso de Sonora, de que a una madre se le quita a su bebé y se le amenaza por parte de estos funcionarios o ex funcionarios, de que si dice algo se le quitará su otro niño o niña.

Entonces hoy que estamos viendo este punto de Acuerdo, me parece importante poner en funcionamiento también los mecanismos de la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Yo no estoy de acuerdo que estemos acordando cuestiones coyunturales. Si bien es pertinente aprobar este punto de Acuerdo de la comisión que nos lo presenta, me parece que lo que hay que hacer es llegar al fondo de la situación, tomar medidas realmente estructurales y aplicar las leyes en la materia.

Hoy estamos frente a una decisión importantísima, trascendental, que por desgracia no logramos implementar a finales del año pasado todos los mecanismos que tienen que funcionar, que tienen que funcionar precisamente con presupuestos para que la ley que aquí aprobamos en materia de derechos de la niñez, pueda ser vigente, pueda ser aplicable, pueda ser ciertamente parte del estado de derecho que debemos tener en todo el país. Por desgracia no es así.

Así que el llamado que hacemos desde esta tribuna es que las autoridades de Hacienda tomen las medidas pertinentes para poner en funcionamiento el Sistema Nacional para Prevenir y Atender los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes inscritos en la ley de la materia.

Tengamos al Procurador de los Derechos de la Niñez en el marco del Sistema Nacional del DIF y que por supuesto se garantice que esta misma dinámica pase en todos los estados de la República, llamando la atención, que tengamos mucho cuidado, mucha vigilancia de que no se tergiverse el sentido del espíritu de la ley general como está aconteciendo en algunos estados, como es el Estado de México o el estado de Sinaloa, que en vez de armonizar la ley general, lo que hacen es tergiversar algunos de sus mecanismos, de sus capítulos.

Entonces, yo quiero simplemente aprovechar esta oportunidad para que las autoridades de Hacienda no le den vuelta a la hoja y entremos realmente a la instrumentación de este marco jurídico que hemos estado armonizando en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y, sobre todo, garanticemos mejores condiciones de vida, y estrictamente respetando los derechos humanos de quienes son menores de edad.

Es cuanto, y muchas gracias a ustedes por su atención.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para referirse al dictamen sobre la protección de la familia.

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, estamos convencidos que podemos engrandecer a una nación a través del fortalecimiento y desarrollo humano de las familias mexicanas.

Es por eso que el día de hoy estoy ante ustedes en representación de la Comisión de la Familia para pedirles su voto a favor de estos tres puntos de Acuerdo, que conllevan en sí la esencia de lo que es el fortalecimiento de vivir en familia.

Sabemos bien que es el centro de gravedad de nuestra sociedad. El concepto se ha redefinido con el tiempo, respondiendo a necesidades económicas y sociales.

Sin embargo, el grupo que se conforma a partir de los vínculos familiares es el soporte trascendental para sus miembros y para el desarrollo de una nación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, define a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, tal y como lo establece nuestro artículo 4o. constitucional.

En razón de lo anterior, podemos decir que la familia es la unidad básica de la sociedad humana, centro fundamental del desarrollo de la vida afectiva y moral de los individuos.

El pasado 5 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la Cumbre Trasatlántica de Representantes Políticos y Sociales bajo el lema: “Fortalecer a la familia para un desarrollo sustentable”, a lo cual asistieron alrededor de 200 líderes políticos y sociales de todo el mundo, donde se estableció el compromiso de fortalecer y apoyar a las familias.

También nuestro país participó en la Primera Reunión de Proceso Intergubernamental de Negociación de la Agenda de Desarrollo, posterior al 2015, que se llevó a cabo en Nueva York el pasado mes de enero, y la participación de México se centró en el binomio de pobreza y desigualdad.

En esta reunión, México se comprometió con la Agenda Internacional de Desarrollo, observando la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo, como instrumentos importantes para la cooperación multilateral y la reformulación de desarrollo global en la Agenda de Desarrollo 2015.

En este sentido, estos tres rubros, tanto la ley que recientemente se aprobó del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el Capítulo de “Vivir en familia”.

Es por ello que en el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que para alcanzar los objetivos planteados en esta agenda, es indispensable que la protección de las familias y su desarrollo se convierta en un eje transversal, pues es dentro de este espacio donde se estructuran las futuras generaciones.

Compañeras y compañeros, es necesario que pongamos interés en este tema, ya que todos y todas y cada uno formamos parte de una familia, y es la motivación y el centro que mueve para que podamos hacer que México crezca.

Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, para referirse a los dictámenes anteriores.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros, hablar del tema de la familia o familias es con “s”, también, porque la distribución que hoy tiene la familia es muy distinta a la que seguramente muchas de nuestras generaciones vivimos: papá, mamá, el hijo, las hijas. Hoy una abuela con sus nietos hace familia. Hoy la distribución realmente obedece a la situación que vive el país y que vive el mundo, pero definitivamente el tema de la familia, la institución de la familia, reviste una gran importancia.

Yo he considerado, hablo en primera persona, que si le pusiéramos el énfasis que tiene la familia, muchos de los problemas de seguridad, los problemas de relajamiento social   o descomposición social serían distintos porque es ahí dentro de la familia, en un hogar, en una casa, en un techo, donde se incuban las grandes conductas, a veces buenas, a veces malas o muy malas.

Y hoy se ha tocado uno de los temas más interesantes que tiene que ver con el derecho familiar, y el derecho familiar tiene instituciones de familia, uno de los temas al que le hemos puesto poco interés y que tenemos que urgir sobre la armonización y homologación, es el que tiene que ver con la adopción.

En muchos Estados le llaman adopción plena y no sé a qué le llaman adopción plena, en otros Estados le llaman adopción simple. Hay muchos Estados que todavía adoptan el calificativo de adoptado o no, y ése es un tema totalmente discriminatorio para nuestras niñas y niños en este país, y adolescentes, y por qué no decir jóvenes.

Por eso estamos de acuerdo con este dictamen y ojalá se urja sobre la necesidad de aterrizar la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Es necesarísimo que adoptemos un marco jurídico de avanzada que el Presidente Enrique Peña Nieto trajo como prioridad, ha sido la única iniciativa preferente que ha mandado al Congreso de la Unión y que es urgente se pueda aterrizar.

La ley tiene muchas bondades. Dentro de ella tiene esta parte de armonizar las legislaciones, y yo hago un voto de ánimo, de confianza, para que se pueda armonizar lo que tiene que ver con la adopción, que es una de las figuras de las instituciones de familia de la mayor importancia.

Ojalá votemos a favor de la familia o familias, y votemos a favor de una institución tan interesante, que es necesario hablar el mismo lenguaje, que es la parte de la adopción simple y sencillamente.

Muchas gracias por su atención.

EL Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: A fin de dar trámite a la propuesta de modificación presentada por la Senadora Tagle, al dictamen sobre adopción. Solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de modificación al Punto de Acuerdo:



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada.

La Secretaría Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: En consecuencia, consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación que ya fue aceptada y los anteriores dictámenes de la comisión.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo con la propuesta de modificación y los demás dictámenes de la comisión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

Pasamos ahora a la discusión de ocho dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que contienen puntos de Acuerdo. Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al siguiente dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al siguiente dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura a otro dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al siguiente dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al siguiente dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al siguiente dictamen:

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al último dictamen sobre las actividades laborales del ciudadano Mony de Swaan Addati.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Están a discusión los mismos.

Para ello, ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, para referirse al dictamen sobre servicios de telefonía móvil.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores:

Nosotros venimos a hablar a favor del dictamen respecto a las proposiciones con punto de Acuerdo que buscan exhortar al Ifetel y a Profeco a revisar diversas prácticas de comercialización a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil, y lo hacemos porque según datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hay 95.5 millones de líneas telefónicas celulares, es decir, que el 85 por ciento de los mexicanos tiene un dispositivo móvil, de los cuales el 17 por ciento es un smartphone y el 83 por ciento celular, mientras que el porcentaje de usuarios de tabletas en México no supera el 5 por ciento.

El mercado nacional de la telefonía móvil se compone por un 15.9, casi un 16 por ciento de suscripciones de postpago, es decir, de suscripciones que tienen contratado un plan de renta mensual, en tanto que el segmento de prepago es superior al 80 por ciento de líneas habilitadas.

Una diferencia esencial es que los primeros reciben un estado de cuenta con el detalle de consumo, y a los segundos sólo se les proporciona cuando realizan una consulta directa en ventanilla, lo cual puede dar lugar a abusos y a excesos por parte de los prestadores de los servicios de telefonía.

Los servicios de valor agregado sólo se informan a los usuarios a través de servicios de mensajería, pero no se precisa ni el periodo de cobro o si el costo de un servicio es por cuota única, mensual o por acceso.

En diversas ocasiones son cobrados servicios como tonos musicales, envío de imágenes y juegos en línea sin que los usuarios estén plenamente informados de a qué se refiere el cobro que se les está haciendo.

Ante esta problemática, quienes estamos promoviendo este dictamen consideramos que el usuario del servicio de telefonía móvil se enfrenta a la circunstancia de una asimetría entre el proveedor y su capacidad de reclamación, lo que deriva en una pérdida de bienestar generalizado a favor de los prestadores de servicios y lo que significa una verdadera injusticia que puede ser lesiva para la economía del usuario.

Por ello, la normatividad vigente refuerza la obligación de que toda la información comercial que reciban los  usuarios en sus dispositivos sea lo suficiente clara a fin de que los consumidores tomen la decisión que más convenga a sus intereses; es decir, si consideran que se ven lesionados sus derechos como usuarios, pues puedan cambiar de servicio de telefonía por tener la información precisa de cómo los está tratando la empresa específica.

Dentro de las obligaciones de los prestadores de servicios están informar y respetar los precios, tarifas, calidad, términos y plazos, y demás condiciones de la prestación del servicio conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el usuario o suscriptor.

El grupo parlamentario del PRI coincide con los proponentes en el sentido de conocer de manera objetiva la forma en que se están regulando los servicios de valor agregado y conocer las áreas de oportunidad para ampliar los derechos de los usuarios.

Por tanto, es que estamos haciendo con este dictamen, que les pedimos apoyen y lo voten, un exhorto al Ifetel y a la Profeco para que rindan un informe a esta Soberanía respecto a la calidad del servicio en la prestación del servicio de telefonía celular, así como de manera específica las medidas y acciones que cada una esté ejecutando con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios.

Es, pues, de parte de los promoventes una búsqueda de que se le dé el servicio, la calidad y los merecimientos que la ley estableció y la cual votamos en esta Soberanía a los usuarios de este servicio para que se cumpla el espíritu de la ley y no sean motivo de abusos o de excesos por parte de las empresas.

Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias compañeras y compañeros.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Graciela Ortiz González.

Sonido, por favor, en el escaño del Senador Oscar Román Rosas González. 

Bueno, si gusta pasar a la tribuna, para referirse a uno de los dictámenes que estamos discutiendo en este momento.

El Senador Oscar Román Rosas González: Con su permiso, Senador Presidente.

Quiero agradecer el apoyo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre el punto de Acuerdo donde se exhorta a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informen el estado actual que guarda, y los avances de las condiciones técnicas y de seguridad de la obra de beneficio mutuo denominada Ingeniería Procura y Construcción del Nuevo Puente Vehicular de “La Unidad”, en Ciudad del Carmen, Campeche.

El resolutivo del punto de Acuerdo queda de la siguiente manera:

Se le exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos dar informe detallado, a esta soberanía, sobre el estado actual, el grado de avance y las condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada: Ingeniería, Procura del Nuevo Puente Vehicular “La Unidad”, que va de la Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del estado de Campeche, incluyendo los aproches y el alumbrado.

El segundo resolutivo del punto de Acuerdo dice lo siguiente:

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a sus atribuciones se le exhorta a realizar un estudio sobre el cumplimiento de las normas, lineamientos técnicos  y materiales utilizados en la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada: Ingeniería, Procura y Construcción Nuevo Puente “La Unidad” que va desde La Aguada hasta Ciudad del Carmen, sobre la carretera federal 180.

Quiero pedirles a todos ustedes, compañeras Senadoras, Senadores y externarles que este puente ya tiene aproximadamente tres años en donde se pronunció iniciada su construcción.

Y es hoy que este puente solamente lleva un 30 por ciento de avance. Esto significa que el anterior puente, que ya tiene más de 30 años de vida útil, que pone en riesgo a todos los carmelitas, a todos los campechanos y a todos los vehículos que tienen que comunicarse a la península de Yucatán, ocupando este puente, “La Unidad”, que ha sido de gran utilidad para todos nosotros.

La importancia que se le dé puntual seguimiento como se manifiesta en este punto de Acuerdo, de verificar la calidad de los materiales, ya que esta obra que se inició, como dije hace un momento, hace tres años, muchos de los materiales, de las varillas ocupadas ya guardan mucha corrosión, y creo yo, a simple vista, por eso exhortamos a las autoridades para que hagan un estudio profundo, no guardan las condiciones óptimas para que se siga construyendo.

Ha habido pronunciamientos de personajes importantes, de instituciones importantes donde manifiestan su preocupación y donde dicen que ya la calidad de los materiales que se están ocupando para la construcción del nuevo puente no son las correctas.

Así que, agradeceré a todos ustedes, Senadoras, Senadores, respalden este punto de Acuerdo que a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes ha sido aprobada, y también les solicito la solidaridad de todos ustedes hacia el pueblo de Campeche, y hacia todos nosotros, que algún día podamos tener la necesidad de ocupar ese nuevo puente que se está construyendo en el estado de Campeche.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias a usted, Senador Oscar Román Rosas González.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí son aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense los mismos.

Pasamos ahora al apartado de proposiciones.





 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de Acuerdo por el que el Senado manifiesta su preocupación, y exhorta a diversos gobiernos estatales a implementar una campaña de difusión y prevención en torno a las previsibles variaciones climatológicas.

En el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros Senadores:

Sin duda, el cambio climático ya está cobrando consecuencias, y consecuencias graves.

A pesar de los grandes esfuerzos que hemos realizado, muchos de los que estamos aquí, y que inclusive el propio gobierno federal, con la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático, ha hecho esfuerzos importantes, ha hecho inversiones también que han manifestado la preocupación del gobierno federal en este tema.

Algunos de los estados de la República ya están trabajando, y otros más ya cuentan con su Ley de Cambio Climático.

¿Y por qué traigo a colación este tema? Lo traigo en razón de que parece que los humanos no entendemos que el daño que le estamos ocasionando al medio ambiente ya está a la vista, y para muestra basta un botón. En los últimos días, particularmente en el estado de Jalisco, se vienen dando lluvias consideradas de manera irregular, que se han extendido a lo largo de periodos que en el pasado no se daba.

Se viene insistiendo que cada año, y para éste tampoco es la excepción, que la primera parte de 2015, el temporal de lluvias ha registrado el doble de agua acumulada en comparación al 2014.

Hasta el momento estamos hablando que ha sido este año el más lluvioso en la historia, o por lo menos en los últimos 100 años.

Tan sólo en la zona metropolitana de Guadalajara, al mes de julio pasado, la media histórica era de 270 milímetros de agua, que ha sido rebasada por un acumulado de este año, del orden de los 368 milímetros de lluvia; mientras que, por otro lado, las lluvias no  han alcanzado a todo el estado, y en zonas como en Los Altos, de Jalisco, y en la zona costera, han registrado lluvias mínimas. Por un lado sequías y por otro lado lluvias intensas.

Por poner un ejemplo, las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos han afectado solamente en el estado de Jalisco más de 2,000 viviendas, 300 de ellas, en una población, una ciudad media como es Tepatitlán, se han visto afectados en la zona de Los Altos, más de 600 árboles derribados y las fuertes lluvias han afectado además la infraestructura, por ejemplo, se destruyó prácticamente la carretera que une a Jalisco con Colima en su tramo norte y sur, prácticamente fue destruida en su totalidad.

Pero, lo que yo quiero llamar la atención, lo que realmente es preocupante, es la pérdida de vidas humanas.

Estamos hablando que este temporal de lluvias, solamente en Jalisco ha cobrado la vida de por lo menos 10 personas, en una semana, en una sola semana se generaron cuatro decesos relacionados con el temporal.
Esto se debe, sin duda, al fenómeno de El Niño, que ha provocado en el Pacífico, que Jalisco atraviese un temporal de lluvias irregular, con lluvias de moderadas a fuertes en la zona metropolitana, y como ya comentaba, con sequías en otro lado.

El gobierno de Jalisco se preparó al máximo, identificando más de 7,000 puntos de peligro, de los cuales, 250 se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, Jalisco ha sido severamente afectado.

Las cosas no paran ahí, los pronósticos indican que un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste, cruzando el occidente y hasta el centro del territorio nacional. Se asociará con la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, lo cual causará nublados y una potencial lluvia muy fuerte en Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México y Puebla.

Además, se predice que para el otoño-invierno, meses considerados de pocas lluvias, será diferente, ya que se tiene pronosticado que las lluvias ascenderán.

Lo cierto es que en grado aceptable de probabilidad, las condiciones no mejorarán a lo largo de este año, por ello, es que considero importante, en base a la premisa de la prevención informada, que la población de esta región se prepare y prevenga en base a medidas previstas por sus gobiernos locales.

La mejor manera que la población puede reaccionar conforme a las expectativas de las autoridades de protección civil, es que la población esté bien informada y esté bien preparada.

Se insiste, la mejor manera de prevenir se basa en la información y en la anticipación.

En mérito de lo anterior, es que me permito proponer a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

Primero.- El Senado de la República manifiesta su preocupación por las variaciones climatológicas a las que se ve sometida gran parte del país con motivo de la predominancia del fenómeno de El Niño, en las que se prevén modificaciones importantes en el patrón de lluvias para el otoño-invierno de este año, con afectaciones previsibles en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Segundo.- Por ello, bajo la premisa de mayor prevención en base a mayor información, se exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos estatales de dichas entidades federativas a emprender una intensa campaña de difusión y concientización, para informar a la población de las eventualidades climatológicas que se prevén, como las acciones y recomendaciones a seguir en caso de emergencia; para que en la medida de lo posible puedan prepararse de manera anticipada las contingencias y actuar conforme a las previsiones en materia de protección civil previstas para este tipo de emergencias, de acuerdo a los casos concretos en base a los puntos de riesgo identificados en cada una de estas entidades federativas.

Por su atención, muchas gracias.

Dejo la petición.

Gracias, señor Presidente.

Proposición

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por la que el Senado de la República manifiesta su preocupación y exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla, a implementar una intensa campaña de difusión y prevención por los graves riesgos ocasionados por las variaciones climatológicas previsibles a las que se verá sometida esta parte del país, con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace años el término “Cambio Climático” no formaba parte de nuestro vocabulario.

Fue hasta finales de la década de los 70’s y principios de los 80’s cuando comenzó a tocarse el tema como tal. Luego, los análisis científicos de los procesos de cambio climático concluyeron que es la mayor amenaza ambiental que la humanidad enfrentará en este siglo; caracterizado principalmente por eventos meteorológicos atípicos y extremos.

Así, parece que los temporales de lluvia son cada vez menos ordinarios y muestran características diferentes a los considerados como regulares, lo que abarca sus plazos por así decirlo, normales.

Eso se viene advirtiendo ya cada año, y para este no es la excepción, por ejemplo en Jalisco, en la primera parte que ha transcurrido de 2015, el temporal de lluvias ha registrado el doble de agua acumulada en comparación con el 2014 y hasta el momento, el 2015 se ha convertido en el año más lluvioso de los últimos diez años.

Tan sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al mes de julio pasado, la media histórica de 270 milímetros fue rebasada por un acumulado de 368 milímetros de lluvia. Mientras que por otro lado las lluvias no han alcanzado a todo el Estado, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, zonas como los Altos de Jalisco y la zona Costera del Estado han registrado lluvias mínimas, algo cercano a sequía.

Y más, las partes que han registrado intensas lluvias han afectado más de dos mil viviendas en Jalisco. Tan sólo300 viviendas se inundaron en el municipio de Tepatitlán, ubicado en la zona Altos.

También se reportan infinidad de apagones, más de 600 árboles derribados, además de afectaciones en tramos carreteros, entre los cuales las fuertes lluvias destruyeron la carretera que conecta el sur de Jalisco con el estado de Colima, al grado de que el carril con sentido norte-sur fue destruido en su totalidad.

La temporada de lluvias ya cobró la vida de cuando menos 10 personas y daños materiales millonarios en Jalisco. Tan sólo en una semana del mes de agosto de registraron 4 decesos relacionados con el temporal.

Esto se debe a que el fenómeno de 'El Niño' (fenómeno que produce el calentamiento de las aguas del Pacífico a la altura del Ecuador y que causa cambios climáticos a escala planetaria) ha provocado en el Pacífico que Jalisco atraviese un temporal de lluvias irregular, con lluvias de moderadas a fuertes en la Zona Metropolitana y sin lluvias en otras regiones.

El gobierno de Jalisco se preparó al máximo, identificando más de siete mil puntos de peligro, de los cuales, 250 se localizan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, Jalisco ha sido severamente afectado.

Las cosas no paran ahí, los pronósticos indican que un canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste, cruzando el occidente y hasta el centro del territorio nacional, se asociará con la entrada de humedad de océano Pacífico y Golfo de México, lo que causará nublados con potencial de lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Sobre esta inercia, cabe decir que el estado vecino de Michoacán ha registrado más de 3,000 damnificados por el temporal de lluvias.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a estar atenta a las actualizaciones del pronóstico estacional y de los boletines meteorológicos, considerando que sistemas hidrometeorológicos de corta duración pueden modificar significativamente las circunstancias medias esperadas.

Así, las condiciones normales de lluvia se verán modificadas en Jalisco, porque cuando un fenómeno como el de “El Niño” predomina, las condiciones climatológicas estarán sometidas a variaciones importantes a las que estamos acostumbrados, y conforme los meses avanzan el fenómeno es cada vez más fuerte y modifica el clima; por lo que contrario a lo ordinario, se predice que para el otoño e invierno, meses consideradas de pocas lluvias, será diferente, ya que se tiene pronosticado que las lluvias ascenderán.

Para hacer frente a estas inclemencias meteorológicas, lo mejor es estar preparados y prevenidos. No podemos impedir las embestidas de la naturaleza, que pareciera querer cobrarnos la factura por las afectaciones que la actividad humana le ha generado.

Lo cierto es, que en grado aceptable de probabilidad, las condiciones no mejorarán a lo largo del fin de año, por ello, que considero importante, en base a la premisa de la prevención informada, que la población de esta región se prepare y prevenga en base a las medidas previstas por sus gobiernos locales. La mejor manera de que la población pueda reaccionar conforme las expectativas de las autoridades de protección civil, es que la población esté informada y preparada.

Por ello, la humilde sugerencia es que los gobiernos de esta región, emprendan una intensiva campaña de difusión para informar y concientizar a la población de las eventualidades climatológicas que se prevén, como  de las acciones y recomendaciones a seguir en caso de emergencia; para que en la media posible puedan prepararse de manera anticipada a las contingencias, conforme a los patrones de proceder que las autoridades han previsto para dichas contingencias.

Se insiste, la mejor maneara de prevenir se basa en la información y anticipación, por ello, el sentido de la propuesta.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, manifiesta su preocupación por las variaciones climatológicas a las que se ve sometida gran parte del país con motivo de la predominancia del fenómeno de “El Niño”, en las que se prevén modificaciones importantes en el patrón de lluvias para el otoño e invierno de este año, con afectaciones previsibles en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla.


SEGUNDO.- Por ello, bajo la premisa de mayor prevención en base a mayor información, se exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos estatales de dichas entidades federativas a emprender una intensa campaña de difusión y concientización, para informar a la población de las eventualidades climatológicas que se prevén, como de las acciones y recomendaciones a seguir en caso de emergencia; para que en la media posible puedan prepararse de manera anticipada a las contingencias y actuar conforme las previsiones en materia de protección civil previstas para este tipo de emergencias, de acuerdo a los casos concretos en base a los puntos de riesgo identificados en cada entidad.

Dado en el Senado de la República, a 3 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Jesús Casillas Romero.

Desde luego, se adhiere a esta misma propuesta la Senadora María Elena Barrera Tapia.

Igualmente el Senador José María Martínez, se adhiere a dicha propuesta.

¿Acepta, Senador Jesús Casillas Romero, la adhesión?

Con todo gusto.

Tome nota de ello la Secretaría.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.





 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción en la investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en el estado de Sonora.

En el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Con su permiso, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Cualquier noticia que denuncie hechos que atenten no sólo contra la dignidad de la niñez, sino contra mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, llama nuestra atención y reclama acciones concretas para castigar a los culpables, que eviten impunidad, sobre todo si se involucran servidores públicos.

Tal es el caso de hechos criminales que conocimos la semana pasada, relacionados con el delito de trata de personas, como es la venta de menores de edad en el estado de Sonora, en los que presuntamente se encuentra involucrado personal del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia.

Después de un proceso de investigación, fue descubierta una banda de traficantes de menores de edad, en la que participaron servidores públicos, en un claro abuso de sus cargos al utilizar información de mujeres embarazadas y fungir, por un lado, como intermediarios en la venta de recién nacidos, gestores que agilizaban trámites para parejas en lista de espera de adopción y, por el otro, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de esas mujeres para presionarlas, persuadirlas y convencerlas de entregar a sus bebés a cambio de una retribución económica.

Se encontraron registros ilegales desde 2012, como si los bebés fueran hijos biológicos de esas parejas. Eso, sin duda, es lucrar con las personas.
Con los elementos señalados, es evidente que nos encontramos ante la posibilidad de la comisión del delito de trata de personas y explotación.

Además, cabe destacar, que en relación a lo anterior, el 26 de marzo de este año, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos envió al Procurador de Justicia del estado de Sonora y a otras instancias, una comunicación en la que además de hacer referencia a la cooperación entre gobiernos para el combate de delitos trasnacionales, por medios de una fuente confidencial, le informa acerca de un grupo de personas dedicadas a la venta de recién nacidos, tanto a parejas mexicanas como estadounidenses, que forman una compleja red internacional.

Hasta ahora se han recuperado, de acuerdo a información pública, nueve bebés y se tienen consignadas a 16 personas presuntamente involucradas en los delitos de sustracción y tráfico de menores, dos servidores públicos y 14 que son parejas y madres solteras que se supone recibieron fuertes sumas de dinero, desde 80  hasta 150 mil pesos por la obtención ilegal de un bebé.

El procurador estatal de justicia ha declarado que en muchas ocasiones los bebés fueron trasladados a Estados Unidos, por lo que tal delito y sus efectos han traspasado las fronteras de nuestro país.

Por ello, desde esta tribuna, el grupo parlamentario de Acción Nacional solicita que se dé seguimiento a la línea de investigación por trata de personas trasnacionales, más los delitos de explotación que resulten al abarcar aspectos trasnacionales.

Se hace necesario que en la investigación intervenga la Procuraduría General de la República, con el objeto de que se realice intercambio de información con autoridades norteamericanas.

Por su gravedad, la investigación y sanción de los acontecimientos descritos no puede quedar sólo a cargo de las autoridades locales, no se deben dejar espacios abiertos por donde pueda transitar la impunidad, menos cuando se habla de un delito tan grave como la trata de personas y la posible explotación no sólo de menores, sino de mujeres que puedan ser explotadas con fines reproductivos.

En tal virtud, y de acuerdo con la relevancia de los hechos y su afectación a la sociedad no sólo de Sonora, sino de todo el país, conforme al artículo 5º. fracción IV de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el asunto es susceptible de ser atraído por las autoridades federales, en particular, por la Procuraduría General de la República.

Es por ello que el grupo parlamentario del PAN presenta al pleno de esta soberanía la siguiente proposición de urgente resolución.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República con el objeto de que, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades, atraiga la investigación relativa a la venta de bebés para adopciones ilegales en el estado de Sonora, y, en su caso, hacer las detenciones y consignaciones por el delito de trata de personas y explotación que corresponda.

Es urgente continuar con los procesos de investigación para desarticular las redes delictivas nacionales e internacionales.

Además, también, es urgente que avancen las reformas al marco jurídico vigente en materia de trata de personas, porque entre sus errores encontramos que los preceptos que hablan de la adopción son confusos, lamentablemente no se contempla la explotación con fines reproductivos, es decir, no se sanciona a aquél que a través de matrimonio o no, explota a una mujer para tener hijos y luego separarla de ellos sin su consentimiento para cualquier tipo de explotación, como puede ser el caso que vemos, es decir, para adopciones ilegales o cualquier otro fin.

En esta soberanía existe preocupación porque las autoridades responsables de operar la norma no cuentan con un instrumento jurídico claro y preciso que les permita cumplir con su cometido y sancionar a los culpables.

Reitero, en este Senado impulsaremos, y solicito el apoyo de todas las y los Senadores, las reformas en materia de trata de personas que están en su estudio y discusión en este Senado de la República.

Por su atención, muchas gracias.

Proposición

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ejerza la facultad de atracción en la investigación y persecución de los delitos relativos a la trata de personas por la venta de bebés en el Estado de Sonora, donde se encuentran inmiscuidos servidores públicos estatales, lo anterior de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En días pasados, se conoció sobre la investigación y consignación  de un asunto en el cual servidores públicos del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, utilizaban la información y posición de su cargo para fungir como intermediarios en la venta de bebés a cambio de una retribución económica.

Se trata de la venta de recién nacidos, en el cual los servidores públicos fungían como intermediarios y recibían cuantiosas remuneraciones a cambio de “agilizar” los trámites necesarios para la adopción, y en algunos casos, presionaban a las personas que se encontraban en situación vulnerables con el objeto de convencerlas de que accedieran dar a su bebé a cambio de una suma de dinero.

Asimismo, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos envió al procurador de justicia del estado de Sonora, una comunicación -haciendo referencia a la cooperación entre gobiernos para el combate de delitos trasnacionales-, que llegó a esa oficina información a través de una fuente confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas mexicanas como estadounidenses, formando una red compleja para el resultado final.

Lo anterior, hace evidente que nos encontramos ante la posibilidad de la comisión del delito de trata de personas y explotación.

Por su gravedad, la investigación y sanción de los acontecimientos descritos, no puede quedar solo a cargo de las autoridades locales, no puede quedar abierta la posibilidad de impunidad y menos cuando se habla de un delito tan grave como la trata de personas y la posible explotación no sólo de los menores, sino de mujeres que puedan ser explotadas con fines reproductivos.

Por ello, y de acuerdo con la relevancia de los hechos y su afectación a la sociedad no sólo de Sonora, sino de todo el país, conforme al artículo 5º, fracción IV, de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el tema es susceptible de ser atraído por las autoridades federales, en particular la Procuraduría General de la República.

Si bien al momento se ha logrado recuperar a 9 bebés, y se tienen consignadas por tales hechos a 16 personas presuntamente involucradas en los delitos de sustracción y tráfico de menores -2 servidores públicos y 14 son parejas y madres solteras- que se supone recibieron fuertes sumas de dinero (desde 80 y hasta 150 mil pesos) por la obtención ilegal de un bebé, no se debe cerrar la línea de investigación por trata de personas transnacional, más los delitos de explotación que resulten.

Los servidores públicos investigados son el subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la “Línea Protege” y el asesor jurídico del Sistema DIF estatal e integrante de la Unión Ganadera Regional de Sonora, ambos utilizaron la autoridad e información propias de los cargos con el objeto de conocer qué parejas de se encontraban en lista de espera y ubicar a las posibles mamás que se encontraban en una situación de vulnerabilidad con el objeto de persuadirlas de dar a su bebé para que, saltándose trámites legales, los registraran como biológicos, esto desde el 2012.

Al respecto, el mismo procurador de Sonora ha declarado que en muchas ocasiones los bebés eran trasladados a Estados Unidos, por lo que tal delito y sus efectos han traspasado las fronteras de nuestro país.

Ese panorama que abarca aspectos transnacionales hace necesario la intervención en la investigación de la Procuraduría General de la República, lo anterior con el objeto de que se realicen las comunicaciones debidas con las autoridades norteamericanas.

Por lo anterior, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República con el objeto de que, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades, atraiga la investigación relativa a la venta de bebés para adopciones ilegales en el estado de Sonora, y en su caso, hacer las detenciones y consignaciones por el delito de trata de personas y explotación que correspondan.

Senado de la República, a 03 de septiembre de 2015.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Adriana Dávila Fernández.

Sí, Senadora Angélica de la Peña, ¿para qué asunto?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, preguntarle a la Senadora proponente si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Adriana Dávila, ¿acepta usted que se adhiera?

Con gusto.

Senadora Anabel Acosta, ¿para qué asunto?

La Senadora Anabel Acosta Islas: (Desde su escaño) Para el punto de Acuerdo que acaba de presentar nuestra compañera del PAN, para decirle que como sonorense y como priísta también estamos en desacuerdo con todo lo que está pasando en el estado de Sonora, pero pedir más que se atraiga la investigación por parte de la PGR, como ahorita está allá en el estado, está como un delito local, entonces, que se abra una nueva investigación por delito federal por trata de personas, por delincuencia organizada y por tráfico de influencias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Anabel.

Senador Luis Humberto, ¿para el mismo asunto?

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) En el mismo sentido.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota.

La Senadora Mónica Arreola, para el mismo asunto, para adherirse a la propuesta de la Senadora Adriana Dávila.

Con mucho gusto, la Secretaría tome nota de ello.

Perdón, Senadora Adriana Dávila.

La Senadora Adriana Dávila Fernández: (Desde su escaño) Yo quisiera hacer una precisión.

Me parece fundamental hacer una precisión a la Senadora del Partido Revolucionario Institucional.

La ley, es una ley general, tendrá que definirse si es un delito federal o un delito de foro local.

Lo que nosotros estamos hablando es una atracción de la PGR por tratarse de un asunto que traspasa a las fronteras nacionales. Me parece que valdría nada más especificar el tema del marco jurídico, es una atracción que tiene que hacer la PGR, está en sus facultades.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias.

Senadora Adriana Dávila, le informo que esta proposición se turnará a la Comisión de Justicia, donde se dará la discusión con toda la amplitud del análisis que se requiera para este tema, que es de la mayor importancia.

Senadora Angélica.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Por favor, también túrnela a la Comisión de Derechos Humanos, si es tan amable.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Pido que se dé turno también a la Comisión de Derechos Humanos.

La Senadora Ana Gabriela, ¿para qué asunto?, ¿para el mismo?

Para adherirse, con mucho gusto.

Senadora Martha Tagle, para el mismo asunto.

Sí Senadora María Elena Barrera, para adherirse también a la misma proposición.

Se turna a la Comisión de Justicia y a la de Derechos Humanos.





 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de Acuerdo relativo a los fraudes cometidos por grupos inmobiliarios y otras sociedades financieras en el estado de Puebla.

En el uso de la palabra, Senador.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias.

Efectivamente, Senador Presidente, hace un rato adelantábamos que es imposible conocer el número de ciudadanos defraudados, pero no solamente de cajas de ahorro, también  hay ahorradores defraudados de grupos inmobiliarios, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras de objeto limitado y algunas otras figuras más.

Inclusive me atrevo a decir que el ya paradigmático caso de Ficrea, podría considerarse casi como el último eslabón de un muy largo rosario de atropellos en contra del ciudadano que ahorra.

Y si bien la presencia de estos fraudes, compañeras y compañeros, a lo largo y ancho del país son síntoma claro de graves fallas estructurales en nuestro sistema financiero, también lo es que el fraude por parte de inmobiliarios en ninguna otra parte del país es tan conspicuo, como en el estado de Puebla.

En el año del 2009, en Puebla, precisamente, aconteció lo que no podría denominarse de otra forma más que como una cascada de fraudes. Empresas como Coofia, Sigma, Inverbien, Invergroup. Grupo Bienestar Social La Paz, Incoin, por mencionar solamente algunas, defraudaron a más de 55 mil familias poblanas por un monto de más de 3 mil millones de pesos.

De dos años para acá, se han sumado, también debo decirlo, otros dolorosos casos de desfalco; Banpeco, Chamba México y el propio Ficrea.

Y es importante mencionar en esta alta tribuna, Senador Presidente, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inspeccionó, auditó y determinó el cierre y pago de la cartera de clientes que tenían, hasta diciembre de 2009, tres de estas sociedades inmobiliarias, me refiero a Sigma, a Inverbien e Invergroup.

Sin embargo, no se le dio ningún seguimiento y mucho menos se alertó a la población para no invertir en estas empresas, que ya carecían del permiso de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que continuaban operando.

Desde entonces, en el 2009, cuando esta situación explotó y se hizo del conocimiento público, decenas de miles de poblanos han exigido justicia y retribución. Primero, al entonces gobernador Mario Marín, y desde el 2010, al actual gobernador Moreno Valle.

Los afectados, además del calvario que les ha significado perder los ahorros de sus vidas, muchos de ellos personas de la tercera edad, han realizado infinidad de gestiones, desde la presentación de demandas penales, a recomendación expresa de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a la franca movilización y manifestación, ante la ausencia de una solución; y la respuesta, por parte del gobierno de Puebla, ha sido la represión.

La integración de demandas por parte del Ministerio Público, fue a toda luz errónea e insuficiente, porque ella dio paso, compañeras y compañeros, a que jueces dieran su veredicto contra los quejosos, imagínense, contra los afectados, contra ellos resulto el veredicto en contra.

Y hoy la gran mayoría de los defraudadores se pasea con absoluta impunidad.

Quiero decir que la Procuraduría General de Justicia de ese estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectados y, sin embargo, a los agraviados se les niega la información, desconociendo hasta la fecha el padrón, como decía hace un rato, de los afectados.

Todavía no se conoce bien el monto total de los fraudes, las cuentas bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores.
En el estado de Puebla, eso sí se puede decir, se establecieron por lo menos 32 sociedades inmobiliarias, con el aval de los gobiernos municipales, estatal y federal, permitiendo su funcionamiento y su posterior quebranto en detrimento de decenas de miles de familias poblanas.

Esta situación, Senador Presidente, fue tolerada por las autoridades, existe incluso la presunción por parte de los ciudadanos afectados, con quienes me entreviste precisamente ayer en Puebla, que fue promovida por los propios funcionarios del gobierno del estado, realizando operaciones oficiales con estas empresas, firmando convenios que no se han hecho públicos y aprovechando las campañas publicitarias de estas empresas para promoverse personalmente.

A lo largo de seis años de estos sucesos, así me lo dijeron los ahorradores defraudados, los avances han sido nulos, las justas demandas de estos ciudadanos defraudados han sido desdeñadas por la administración local, no logrando ni siquiera conseguir una audiencia con el propio gobernador.

Y compañeras y compañeros, ante el profundo dolor humano que esto representa, ante la indefensión de miles de ciudadanos, me permito poner a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, por la cual se exhorta: con absoluto respeto al federalismo, pero finalmente se exhorta al gobernador de Puebla, el doctor Rafael Moreno Valle, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de los ahorradores defraudados así como con la Procuraduría General de la República para que está ejerza su facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados.

Es, podría decir, un caso como el que hace rato se aprobó, hablando del estado de Oaxaca. No dejemos indefensos a los ahorradores defraudados por estas inmobiliarias del estado de Puebla.

Es cuanto, Senador Presidente.

Proposición

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno proposición con punto de Acuerdo con base en los siguientes:

CONSIDERACIONES

A nivel nacional es imposible conocer actualmente el número de ciudadanos defraudados por Cajas de Ahorro, Grupos Inmobiliarios, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto Limitado u otras figuras. Lo es, más que nada, por la omisión de los supuestos órganos reguladores del Estado en la materia, así como por la manifiesta complicidad, en muchos casos, de autoridades de los tres órdenes de gobierno con los defraudadores.

El ya paradigmático caso de Ficrea no es más que el último eslabón de un muy largo rosario de atropellos en contra del ciudadano ahorrador, y si bien la presencia de fraudes a lo largo y ancho del país son síntoma claro de graves fallas estructurales en nuestro sistema financiero, también es cierto que el fraude por parte de inmobiliarias en ningún lugar del país es tan conspicuo como en el Estado de Puebla.

En el año 2009, en el Estado de Puebla, aconteció lo que no podría ser denominado más que como una cascada de fraudes. Empresas como COOFIA, SITMA, INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, solo por mencionar algunas, defraudaron a más de 55,000 familias poblanas, por un monto aproximado de $3,000 millones de pesos. De dos años para acá, se han sumado otros dolorosos casos de desfalco: BANPECO, CHAMBA MEXICO y FICREA.

Es importante mencionar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inspeccionó, auditó y determinó el cierre y pago de la cartera de clientes que tenían, hasta diciembre de 2009, tres de estas sociedades inmobiliarias: SITMA, INVERBIEN E INVERGROUP. Sin embargo, no se le dio seguimiento, mucho menos se alertó a la población para no invertir en estas empresas, que ya carecían del permiso de la CNBV pero seguían operando.

Desde entonces, en el 2009, cuando esta situación explotó y se hizo de conocimiento público, decenas de miles de poblanos han exigido justicia y retribución del daño. Primero al entonces Gobernador, Mario Marín, y desde el 2010 al actual Gobernador.

Los afectados, además del calvario que les ha significado perder los ahorros de sus  vidas -muchos de ellos personas de la tercera edad-, han realizado infinidad de gestiones. Desde la presentación de demandas penales, a recomendación expresa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a la franca movilización y manifestación ante la ausencia de solución. La respuesta, por parte del Gobierno de Puebla, ha sido la represión.

La integración de las demandas, por parte del Ministerio Público, fue a toda luz errónea e insuficiente, misma que dio paso a que jueces dieran su veredicto en contra de los quejosos. Hoy la gran mayoría de los defraudadores se pasea con absoluta impunidad. La Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectados, sin embargo, a los agraviados se les niega información, desconociéndose hasta la fecha el padrón de los afectados, los montos totales de los fraudes, las cuentas bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores.

En el Estado de Puebla se establecieron 32 sociedades inmobiliarias, con el aval de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, permitiendo su funcionamiento y posterior quebranto en detrimento de decenas de miles de familias poblanas. Esta situación fue tolerada por las autoridades, existe incluso la presunción, por parte de los ciudadanos afectados, con quienes hemos mantenido reuniones de trabajo, de que fue promovida  por funcionarios del gobierno del estado; realizando operaciones oficiales con estas empresas, firmando convenios que no se han hecho públicos y aprovechando las campañas publicitarias de estas empresas para promoverse personalmente.

A seis largos años de estos sucesos, los avances han sido nulos. Las justas demandas de estos ciudadanos defraudados han sido desdeñadas por la administración local, no logrando ni siquiera conseguir una audiencia con el Gobernador.

Ante el profundo dolor humano que esto representa, ante la indefensión de decenas de miles de ciudadanos, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Esta Soberanía, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador de Puebla, Dr. Rafael Moreno Valle, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por COOFIA, SITMA, INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, con objeto de buscar mecanismos que permitan resolver la problemática social de los defraudados en el estado de Puebla e instruya a la Procuraduría General de Justicia en el estado para que informe a los agraviados sobre el avance de las investigaciones de la denuncias presentadas.
Segundo.- Esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por COOFIA, SITMA, INVERBIEN, INVERGROUP, GRUPO BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, COMSBMRA, INCOIN, GEICI, SARE, INVERTLAX, SYBCE, BURCAP, FINANCIERA SURESTE, JARGOS, COBIRMEX, COORPORATIVO DEL VALLE, FINANCIERA ACIERTA, INVERSINOVA, INVERCAPITAL Y CAPRESS, para investigar los hechos y fincar responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Suscribe

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.

Túrnese está proposición a la Comisión de Justicia.





 

Informo también al Pleno que daremos turno directo al punto de Acuerdo de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre un exhorto a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora, a fin de llevar a cabo una investigación en relación a la Red de Trata de Infantes detectada en dicha entidad.

Proposición

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del pleno desarrollo y salvaguarda de los derechos de la niñez mexicana, basta mencionar la amplia legislación que tenemos en la materia, donde destacan instrumentos jurídicos como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito nacional y la Convención de los Derechos del Niño, en el internacional. En este sentido, sobresale el principio del interés superior de la niñez, consagrado en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto jurídico que a la letra dispone lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Por su naturaleza, el principio del interés superior de la niñez representa una de las principales directrices de la actuación del Estado mexicano. En consecuencia, los legisladores del PRI, tenemos el compromiso permanente de establecer las condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños.

En contravención a las consideraciones y disposiciones vertidas, hace unos días, tuvimos conocimiento de la operación de una red de tráfico de infantes en el estado de Sonora, acontecimiento que impactó a toda la sociedad y que nos constriñe en la obligación de dar puntual seguimiento a las investigaciones de las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia estatal, así como de los resultados y sanciones que deriven por estos hechos.

Para dimensionar la trascendencia del asunto, tenemos que derivado de las primeras investigaciones, se tienen registrados nueve casos de compraventa de menores recién nacidos, acto que no tiene ningún tipo de justificación o paliativo, por lo que todas las partes implicadas, deben responder por la comisión de estas conductas antijurídicas.  

En relación a los hechos ocurridos en el estado de Sonora, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Que hasta el momento se ha logrado identificar a nueve menores que fueron inscritos de manera irregular ante el Registro Civil de Sonora. Se trata de bebés de hasta cuatro años de edad: seis niñas y tres niños

• Que los “adoptantes”, pagaron montos que van desde los 80 mil hasta los 150 mil pesos y otros 15 mil pesos por el aviso de nacimiento.

• Que la desarticulación de la red de tráfico de infantes, fue posible gracias a una denuncia anónima presentada en marzo de 2015, sobre las irregularidades en el proceso de adopción de los niños.

• Que la comisión de este tipo de conductas delictivas ocurre desde el 2012 en los municipios de Nogales y Hermosillo, y que a través de ellas, los implicados recibían beneficios económicos por entregar a los infantes a personas que tenían el deseo de adoptar.

• Que debido a la naturaleza de los hechos delictivos, todas las partes, incluidos los “adoptantes”, serán sujetos del proceso penal correspondiente.

• Que en todos los casos las madres biológicas se encontraba en situación de vulnerabilidad -pobreza extrema y problemas de adicción-, y no recibieron dinero a cambio de entregar a sus hijos, por lo cual no están sujetas a proceso penal.

• Que se han girado 16 órdenes de aprehensión por la probable participación en la presunta comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, y sustracción y tráfico de menores, de las cuales sólo se han ejecutado 8.

• Que 2 de las 16 órdenes de aprehensión, son contra  funcionarios estatales: José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora y encargado de la Línea Protege, quienes no han sido detenidos.

En relación a estos últimos, ambos son acusados por la comisión de diversos delitos, entre los que se encuentran: incumplimiento de un deber legal, suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, sustracción y tráfico de menores e incapaces.  

Aunado a lo anterior, el 02 de septiembre de 2015 se dio a conocer que 3 niños permanecen en la Casa Hogar Unacari del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, donde son víctimas de incertidumbre y afectaciones psicológicas, derivadas de la separación de quienes hasta hace unos días, concebían como sus padres.
Más allá de los buenos tratos o mejor nivel de vida que pudieran tener con los adoptantes, de manera ilícita fueron separados del seno familiar, al ser entregados a cambio de una transacción económica, vulnerando sus derechos humanos.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es prioritario garantizar el bienestar y desarrollo de las niñas y niños, por ello, hacemos el llamado a que los hechos sean esclarecidos por completo, que todos los implicados respondan por su participación en la comisión –por acción u omisión-, de este delito y que se inhiba la posibilidad de casos semejantes en un futuro.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. El H. Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, para que en el ámbito de sus atribuciones y en observancia al principio del interés superior de la niñez, lleve a cabo una investigación, expedita, objetiva y transparente en relación a la red de trata de infantes detectada en la entidad, a fin de que se aprehendan a todos los responsables para que éstos, sean sancionados conforme a derecho proceda.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos.





 

Asimismo se da turno directo al punto de Acuerdo de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Raúl Gracia Guzmán y Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 recursos para fortalecer la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Proposición

Los suscritos, Senadores GABRIELA CUEVAS BARRON, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN y FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para la fortalecer la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), el mantenimiento de la paz es un mecanismo flexible que no solamente consiste en mantener la paz y la seguridad sino también facilitar procesos políticos, proteger civiles, ayudar en el desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes; apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a reestablecer el estado de derecho. [*]

En este sentido, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (en adelante OMP) son el instrumento para ayudar a países que viven o han salido de conflictos a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. En las últimas dos décadas se han desplegado 16 misiones de mantenimiento de paz de la ONU en cuatro continentes (África, América, Asia y Europa).

Nuestro país ha participado en operaciones de paz en tres ocasiones: la primera fue en el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre los Balcanes (UNSCOB) de 1947 a 1950; la segunda fue siendo parte del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y Pakistán en 1949 (UNMOGIP); y, la tercera ocasión fue durante la misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) de 1992 a 1993.

2. De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 (en adelante PND), “México ha demostrado un firme apego a valores universales. Desde hace un cuarto de siglo, los principios normativos que debe observar el Ejecutivo Federal al dirigir la política exterior, están incorporados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Junto con otras naciones de América del Norte, América Latina y el Caribe, al igual que de distintas regiones del mundo, México ha sido un firme promotor de ese conjunto de normas de observancia general que forman parte tanto de su marco jurídico interno como del derecho internacional, y que fueron, en su origen, elevadas a rango de derecho positivo en los instrumentos fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).”

3. Dentro del Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2013-2018 (en adelante SEDENA), la estrategia 1.7 hace referencia a la necesidad de “fortalecer los mecanismos de coordinación bilateral y multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con representaciones diplomáticas del Estado Mexicano”, para lo cual, una de sus líneas de acción es:

“1.7.8. Asistir a actividades internacionales relacionadas con las operaciones de paz, para estudiar la posible participación en este tipo de operaciones.” [*]

Por lo anterior, en el marco de su participación en el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de ONU, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la reanudación de la participación de nuestro país en las OMP.

4. Esta decisión, dada a conocer en el máximo organismo internacional, es, sin duda, la acción de política exterior más relevante llevada a cabo por el Presidente de la República, pues representa un cambio sustancial en el compromiso internacional de México a favor de la paz y la seguridad internacionales, valores fundamentales en los cuales descansa la comunidad de las naciones.

5. De igual forma, la participación de México en las OMP al amparo de las Naciones Unidas es una vertiente más del compromiso de nuestro país por la promoción de un régimen internacional de derechos humanos que implica que “no es únicamente el Estado quien debe promover y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de su población, sino que ello es también un legítimo interés de las organizaciones internacionales.” [*] De alguna manera, con esta decisión, México abre un nuevo capítulo en su historia diplomática.

6. Este cambio trascendente en nuestra política exterior requiere acompañarse de los medios necesarios para que, como política de Estado, pueda cumplir los objetivos que se propone.

7. Para hacer frente a la estrategia marcada en el PND y el Programa Sectorial de la SEDENA, ésta última diseñó la creación de un Centro Coordinador Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de Paz al interior de las Fuerzas Armadas. Asimismo, tiene proyectado la creación de un Centro de Entrenamiento Militar de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en México, así como la organización y despliegue de una unidad de nivel de Compañía o Batallón tipo infantería, con el objetivo de consolidar la participación de México en este tipo de operaciones. [*]

8. Tomando en consideración que desde hace casi 25 años México no ha formado parte de las OMP, la participación de nuestro país en las OMP requerirá la capacitación necesaria y los recursos para garantizar la mejor aportación y la mayor seguridad de las y los mexicanos que formen parte de las mismas.

De igual forma, el personal militar que participe en futuras OMP requerirá las facilidades necesarias para el adecuado desempeño de su comisión, tales como previa capacitación en las tareas que desempeñará, previa capacitación en el idioma de trabajo de la OMP, viáticos, vivienda para su familia durante el tiempo que se encuentren en el extranjero y equipo de trabajo con estándares internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce la oportuna decisión del C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, al anunciar la reanudación de la participación de nuestro país en las Operaciones de Mantenimiento de Paz.

SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce los esfuerzos de nuestro Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en el seguimiento de las acciones para que México participe en futuras Operaciones de Mantenimiento de Paz en el marco de las Naciones Unidas.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para la Creación del Centro Coordinador Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de Paz y del Centro de Entrenamiento Militar de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en México, además de recursos suficientes para la participación de personal militar en las Operaciones de Mantenimiento de Paz.

Senado de la República, a 3 de septiembre de 2015.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Fernando Yunes Márquez.

[*] Organización de las Naciones Unidas, “Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, DE: http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015.
[*] Eje V. “México con Responsabilidad Global” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pag.91-92, DE: http://pnd.gob.mx/, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015.
[*] Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional, DE: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015.
[*] Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Ana Covarrubias Velasco, Derechos humanos en política exterior. Seis casos latinoamericanos, México, D.F.: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2011, p.9.
[*] Versión electrónica de la Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, “La gran fuerza de México”, Secretaría de la Defensa Nacional, fecha de publicación: junio 2015, DE: http://www.sedena.gob.mx/revistae/2015/junio/index.html, fecha de consulta: 24 de agosto de 2015.





 

Informo también que daremos turno directo al punto de Acuerdo del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Salud a realizar de forma efectiva y expedita peritajes en materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del municipio de Cadereyta de Jiménez para evaluar  el daño causado debido al derrame acontecido el día 16 de agosto de 2014. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proposición

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, referente al derrame de petróleo en el Rio San Juan en Cadereyta, Nuevo León, en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Salud a que en función de sus facultades realicen de forma efectiva y expedita peritajes en materia ambiental y de impacto a la salud de los pobladores del municipio de Cadereyta de Jiménez para evaluar el daño causado debido al derrame referido; acontecido el día 16 de agosto de 2014. De igual forma se exhorta a estas instancias a brindar una explicación de estos hechos y se haga público todo el trabajo realizado para terminar las labores de limpieza en dicho caudal.

ANTECEDENTES

1. El pasado 16 de agosto de 2014 en el municipio de Cadereyta Nuevo León a 15- quince kilómetros de la refinería, se presentó una fuga de petróleo en un ducto de Pemex presuntamente producto de una ordeña, lo anterior se pudo descubrir luego de que a lo largo de cinco a seis kilómetros se observaron “manchones” negros que cubrían gran parte del río San Juan, así como el color y olor incoloro del agua que corre por este afluente.

2. Derivado de lo anterior en mi carácter de Senador de la República presente un punto de acuerdo el día 3 de septiembre de 2014 en donde hice la proposición para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República a fin de realizar un peritaje para evaluar el daño causado debido al derrame del 16 de agosto de 2014 en el rio San Juan.

3. El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de medio ambiente y recursos naturales el día 30 de septiembre de 2014para ser dictaminado como lo establece el artículo 276 en su numeral 2 del reglamento del Senado de la República. La comisión dictamino mi proposición con punto de acuerdo en conjunto con la proposición de la Senadora Marcela Guerra Castillo; por tratarse de la misma materia y con fundamento en el artículo 277 numeral 2 del mismo ordenamiento. El sentido del dictamen fue positivo y se trató de respetar la proposición que hice a esta soberanía, por lo anterior el 26 de febrero de 2015 se turnó al pleno y fue aprobado en votación económica el 18 de marzo de 2015

4. El Senado de la República exhorto a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua de la Procuraduría General de Justicia y de Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia remitan a esta soberanía un informe detallado de las acciones que han llevado a cabo para remediar los daños ambientales, sociales y económicos que causó el derrame del hidrocarburo del oleoducto madero Cadereyta de la refinería ING. Héctor R. Lara Sosa ubicado en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León que ocurrió el mes de agosto de 2014. El informe también debería de explicar el estado de avance en que se encuentra cada una de las acciones implementadas al momento de dar respuesta al acuerdo.

5. Del 18 de marzo del presente año a la fecha el Senado de la República ha recibido la respuesta de los siguientes Organismos:

CONAGUA: La respuesta enviada por la coordinación de asesores de la Dirección General de CONAGUA y queda contestación al exhorto de la siguiente manera:

El organismo de Cuenca Río Bravo realizó tres campañas de monitoreo en el río San Juan: 21 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre del 2014. Se realizaron análisis de Hidrocarburos totales de petróleo (TPH¨s) y benceno, tolueno, etilbeno y xileno /BTEX). En el último muestreo los valores de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH¨s) fueron inferiores a los límites de detección lo que indicó el saneamiento de las aguas de río San Juan. Respecto a BTEX en las tres campañas de monitoreo los valores estaban muy por debajo de los límites máximos permisibles que marca la NOM-127-SSA1-1994 mod.2000.

El 26 y 27 de agosto de 2014 se inició el monitoreo de pozos y norias que se ubican en la zona de afectación  y que abastecen de agua a las localidades ubicadas en el área. Los resultados de los 19 sitios monitoreados, en BTEX los valores encontrados son inferiores a los Límites Máximos permisibles que establece la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 mod.2000, y para hidrocarburos totales de petróleo los valores son inferiores al límite mínimo de cuantificación. Por lo que se determinó, que no hubo indicios de contaminación por hidrocarburos en el agua subterránea. En resumen las acciones efectuadas para atender el asunto han consistido en muestreo, supervisión de muestreos y análisis de la calidad del agua en el tramo del río contaminado y de pozos y norias ubicados en la zona que se usan  con fines domésticos y el inicio de procedimiento administrativo de PEMEX. Por lo que hace a las acciones administrativas, se realizó visita formal de inspección en fecha 22 de agosto de 2014  con acta de visita 19-009-001(20149.

La Procuraduría General de Justicia de la República, por medio del oficio No. SELAP/UEL/311/1033/15 de fecha 12 de junio firmado por el Mtro. Valentín Martínez Garza, da respuesta al exhorte hecho por el Senado a la Procuraduría se puede encontrar lo siguiente: La delegación de la Institución del Estado de Nuevo León informó que se inició una averiguación previa, la cual actualmente se encuentra en trámite; toda vez que se desahogan las diligencias, necesarias para la localización, ubicación y presentación de la o las personas relacionadas con el ilícito que se investiga, así como también de los vehículos que participaron en los hechos; de igual forma se remitió al titular de la unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales de la subprocuraduría especializada en investigación  de delitos Federales, de esta misma procuraduría, para efectos de que continúe con la investigación por lo que respecta al delito ambiental.

Petróleos Mexicanos respondió al exhorto hecho por el Senado de la República de la siguiente manera:

Gestiones administrativas realizadas

Mediante oficio No. PXR-SUD-GTD-STDN-SDV-362-2014 de fecha 17 de agosto del 2014, se dio aviso inmediato a la Procuraduría Federal de protección del ambiente, sobre la ocurrencia de la toma clandestina descontrolada en el km. 463+525.20 de la línea 1 del Oleoducto de 24” Madero-Cadereyta.

Acciones operativas realizadas:

Desde que se tuvo conocimiento del incidente, personal adscrito al Sector Ductos Victoria realizó de manera continua y permanente la ejecución de los trabajos encaminados al control de la fuga de hidrocarburos, la eliminación de la toma clandestina, así como la mitigación del derrame de la zona pantanosa de las represas, en la acequia, desembocadura y márgenes del Río San Juan, así como en el punto en donde se ubicó la toma clandestina descontrolada, siendo los trabajos más relevantes los siguientes:

Trabajos de acondicinonamientos de acceso.

Instalación de las barreras marinas para la contención del derrame 

Instalación de cordones Oleofílicos para contención y absorción del producto derramado 

Limpieza de márgenes del Río San Juan, canal y represas. 

Recuperación de maleza y suelo impregnada con hidrocarburo, recolectada en las bolsas de plástico negro colocado sobre geo membranas de 1mm de espesor.  

Recuperación de hidrocarburos por medio de UPV y denostadoras. 

Muestreos de agua en pozos aledaños a la zona del derrame.  

Con independencia de las actividades de atención a la emergencia, se contrataron los servicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León para llevar los trabajos de CARACTERIZACIÓN DEL SITIO IMPACTADO CON HIDROCARBURO, DERIVADO DEL DERRAME POR TOMA CLANDESTINA DESCONTROLADA EN EL KM. 463+525.20 OLEODUCTO 24”LINEA 1 MADERO CADEREYTA, CORRESPONDIENTE AL SECTOR DUCTOS VICTORIA, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE TRASNPORTE POR DUCTO NORTE”, resultado que después de los trabajos emergentes contención limpieza de las márgenes de la acequia y del Río San Juan, se determinó que el área impactada es el punto donde se originó el derrame siendo una superficie total de 4,396.56 metros cuadrados, es importante indicar que el área resultante como impactada es dentro de la propiedad del C. Ezequiel Treviño Cárdenas, propietario de la parcela donde ocurrió el acto ilícito de la instalación de a Toma Clandestina, no existiendo afectación en la acequia ni en el Río San Juan así  como sus márgenes.

De igual forma se contrató al Instituto del agua de Nuevo León, para realizar los trabajos de “Muestreo y análisis FRL agua y suelo para identificar posibles afectaciones, derivado del derrame por toma clandestina descontrolada en el KM. 463+525.20 OLEODUCTO 24”LINEA 1 MADERO CADEREYTA, CORRESPONDIENTE AL SECTOR DUCTOS VICTORIA, ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE TRASNPORTE POR DUCTO NORTE”, en cuyos resultados de determinó que no existe afectación atribuible al derrame de hidrocarburos en el agua.

Resuelve:

PRIMERO.- Han quedado desvirtuadas las hipótesis normativas constitutivas de infracción atribuidas a PEMEX REFINACIÓN, Organismo Público Descentralizado del gobierno Federal, con consecuencia;

SEGUNDO.-No es procedente la imposición de sanción alguna en el presente asunto.

TERCERO.-Notifíquese personalmente.

Estas son las respuestas que ha recibido la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, por parte de los organismos a los cuales les fue turnado el exhorto.
6. Después de haber trascurrido un año del derrame de hidrocarburos en el Río San Juan en Cadereyta de Jiménez, por diferentes medios de comulación se han exhibido diferentes versiones que contrastan con las respuestas que enviaron a esta soberanía las instancias antes citadas. Dentro de estas versiones se encuentran las de los habitantes de Cadereyta, de Jiménez especialistas, ONGs y sacerdotes quienes han solicitado realizar estudios para descartar daños en el Río San Juan; han mencionado que los daños ecológicos y las manchas de hidrocarburo no solo son producto del derrama de hidrocarburos, sino también del trabajo constante de la planta tratadora de aguas residuales. Son evidentes las cubiertas aceitosas, un olor intenso a combustible, y la parte de las aguas espumosas.

7. Esta problemática ambiental ya ha impactado la salud de los habitantes y las cosechas de la zona: Orfelinda Pérez y María de la Luz Pérez, habitantes de la zona dañada por el derrame, aseguraron que el agua del Río San Juan les ha ocasionado padecimientos gastrointestinales, alergias en la piel y ha dañado las cosechas. [*]

8. El 30 de agosto de 2015 en el periódico el NORTE, publicó la nota: Descarga sin control Pemex en Cadereyta.“Afirma biólogo que se tiran toneladas de residuos al Río San Juan. Señalan que desechos de la refinería Héctor R. Lara Sosa terminan en afluente. La contaminación se percibe hasta a nueve kilómetros a la redonda, según se constató en recorridos por el municipio nuevoleonés” del suplemento de la revista PROCESO por Luciano Campos; en dicha publicación se exhibe las condiciones en la cuales se encuentra el Río San Juan en donde se detectó que la procesadora de crudo tira toneladas de aceites residuales e hidrocarburos sólidos que van directamente a la cuenca. La principal fuente de esta contaminación es, paradójicamente, la planta tratadora de aguas, de donde se vierten los residuos. La refinería tiene unos 40 años y, sin documentación disponible, podría suponerse que desde el inicio de sus funciones se registran las descargas clandestinas. También se señala lo siguiente: 

Desde que fue detectado el derrame por la toma ilegal, el 16 de agosto de 2014, los habitantes de la zona han sufrido múltiples afectaciones en su salud y su economía.

Señalan que padecen frecuentes diarreas y que por la contaminación del agua en el subsuelo se han perdido cosechas de vegetales que debían destinarse al comercio y el consumo."

Nos desgraciaron la vida", resume María de la Luz Pérez García, afectada por los derrames y residente del ejido La Concepción, del municipio de Cadereyta Jiménez.

Tras la afectación, se les prometió a los residentes del sector que habría indemnizaciones. Pero éstas no han llegado y ya presentaron una demanda que está en curso. [*]

Las constantes publicaciones y exhibiciones de las diferentes denuncias públicas sobre el daño ambientan en el Río San Juan y el deterioro de la salud de los habitantes no se puede ocultar.

9. Todo lo anterior contrasta a las respuestas enviadas por las diferentes instancias antes citadas a las cuales el Senado de la República exhorto informaran sobre los trabajos realizados en el Ríos San Juan.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.
II. Derivado de todos los acontecimientos antes citados y lo sucedido en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León desde hace más de un año. Es urgente que los tres órdenes de Gobierno coadyuven para dar una solución expedita y efectiva a todos los habitantes de dicho municipio ya que se ve afectada su salud y los cultivos de la zona.

III. A lo largo de más de una año el daño ecológico que este desastre está ocasionando está impactando en la zona citrícola del municipio de Cadereyta, tanto en el agua para consumo humano, de riego, así como a la fauna y flora originarios de la región por lo cual es necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente así como la Comisión Nacional del Agua actúen de manera urgente sobre las providencias que se necesitan efectuara a fin de evitar que el daño que se está exponiendo sea mayor al ya ocurrido. 

IV. Sin ser menos importante ya que es la naturaleza del problema la Procuraduría General de la República y de igual manera a Petróleo Mexicanos a que en un esfuerzo en conjunto trabajen para detectar tomas clandestinas de hidrocarburos ya que como lo podemos constatar en este hecho son de extremo peligro para la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que elabore un peritaje preciso y de manera expedita y efectiva respecto a los daños que el derrame de petróleo ha ocasiono en el agua destinada para consumo humano y de igual manera los mantos acuíferos de la región.

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente a que de manera expedita y eficaz de elabore un peritaje detallado del daño causado a la flora y a la fauna ocasionados por el derrame de petróleo en el municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León. Y de igual manera se haga una campaña con las providencias necesarias para evitar daños en la salud de los habitantes de la región.

TERCERO. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que de manera pública explique los hechos acontecidos el día 16 de agosto del 2014 con referencia al derrame de petróleo sobre el Rio San Juan en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. De la misma manera si insta a Petróleo Mexicanos a que realice una inspección a la refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa" de todos los contaminantes que se pudieran derramar  por su actividad en el Río San Juan.

CUARTO. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus funciones realice una campaña de detección y prevención de posibles brotes de enfermados relacionadas con el agua contaminada y con los elementos nocivos a los cuales se encuentra expuesta la población que habita en el municipio de Cadereyta de Jiménez.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Sen. Raúl Gracia Guzmán.

[*].- Yolanda Chio. Exigen atender contaminación en río.
En http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Fecha de la publicación 14 de agosto de 2015. Revisión hecha el 1 de septiembre de 2015.
[*].- Luciano Campos.  Descarga sin control Pemex en CadereytaAfirma biólogo que se tiran toneladas de residuos al Río San Juan. Señalan que desechos de la refinería Héctor R. Lara Sosa terminan en afluente. La contaminación se percibe hasta a nueve kilómetros a la redonda, según se constató en recorridos por el municipio nuevoleonés. En: http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Revisión hecha el 1 de septiembre de 2015.





 

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de los asuntos de modificación de turno, que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de esta mañana.

MESA DIRECTIVA

La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta.

La Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno a los siguientes proyectos:

Uno, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, presentado el 4 de noviembre de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda.

Y por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 22 de julio de 2015, para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.

Asimismo, autorizo la ampliación de plazo para dictamen a diversas comisiones sobre 43 proyectos de Decreto.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado a conocer la Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama.





 

En el apartado de efemérides, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, a nombre propio y de las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el XLVI aniversario de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

EFEMÉRIDES

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Hago uso de esta tribuna a nombre de mis compañeras Senadoras Graciela Ortiz, Marcela Guerra y Blanca Alcalá y, por supuesto, a nombre propio.

Un día como hoy, hace 46 años, iniciaron los recorridos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, un sistema sin el que hoy francamente no entenderíamos la movilidad en esta gran capital.

Fue considerado un referente internacional de transporte público en cuanto a la calidad del servicio y en poco más de 20 años se construyeron y se pusieron en funcionamiento las 11 líneas que actualmente se encuentran en operación, todas ellas expedidas en su momento por la Presidencia de la República en turno.

En 2012 se inauguró la Línea 12 del Metro, que con 20 estaciones de servicio, fue cerrada desde marzo de 2014, con las dificultades técnicas de construcción y de operación que no vale la pena repetir, son de todos nosotros conocidas.

Comparado con otras ciudades de similares características, cuenta con 12 líneas que recorren 226 kilómetros. Y para que podamos dimensionar de lo que estamos hablando, comparado con el Metro de Tokio, que cuenta con 13 líneas que recorren 286 kilómetros, tiene un precio en el servicio de 5 pesos sobre un salario mínimo de 70 pesos por día, lo que permitiría acceder a 14 viajes diarios; mientras, proporcionalmente en Tokio alcanzaría para pagar diariamente 10 viajes.

El Metro de la Ciudad de México transporta diariamente a 7.6 millones de personas, 5.1 millones dentro de la ciudad y 2.5 millones para entrar o salir del Distrito Federal, principalmente por las estaciones Cuatro Caminos, Pantitlán o Indios Verdes, cifra superior a los cinco millones de personas que se movilizan en Nueva York, pero menor a los 8.7 millones que se transportan en el sistema de Tokio.

Recientemente investigadores del Instituto Politécnico Nacional, publicaron su tesis “Modelado de Interdependencia en Sistemas Críticos”: caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Refieren que de continuar con el mismo número de líneas y los otros modelos de transportes existentes, en cinco años, es decir, en 2020, la operatividad de nuestro tan preciado Metro se verá rebasada; es decir, sólo para usuarios de entrada y salida, entre el Distrito Federal y el Estado de México, se registrará un aumento de 100 mil 411 personas.

Los usuarios de la red del Metro, sólo para transportarse aquí en la Ciudad de México, aumentarán en un millón 172 mil 047 usuarios.

El Metrobús registrará 611 mil 96 usuarios y finalmente 3 millones 645 mil 198 personas utilizarán microbuses.

Lo anterior sin contar con el crecimiento de los vehículos privados que de acuerdo con la última actualización en cifras oficiales, para 2013 sumaban ya 8 millones 224 mil 053.

En materia ambiental ni qué decir de la utilidad que tiene el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el patrón de movilidad de nuestra zona metropolitana, contribuye a que los vehículos emitan 50 por ciento de los gases de efecto invernadero y el 80 por ciento de los contaminantes locales, lo que da resultado que 270 días al año se rebasen las normas de calidad del aire.
En materia económica, el Distrito Federal es señalado como la ciudad que presenta mayores pérdidas causadas por la congestión vehicular.  

El Instituto de Políticas para Transporte del Desarrollo, ha estimado que las pérdidas anuales que tenemos no sólo en la ciudad, en la zona metropolitana, ascienden a 200 mil millones de pesos anuales.

La seguridad es otro tema por el cual deberíamos cambiar este paradigma de invertir a los vehículos, en lugar de invertir en transporte masivo, en ciclovías, en otros medios alternativos y mucho más amigables con el medio ambiente y con nuestra salud, por cierto.

De acuerdo con datos que tenemos, de 1975 a 2015, se han registrado 36 personas muertas y 77 lesionadas a causa directa de choques de trenes en el Metro.

Para este 2015 se reporta que de los 500 trenes con los que se cuenta, sólo están en funcionamiento 390 y la mitad de ellos prácticamente han cumplido su ciclo de vida útil,  25 años es el promedio que duran estos trenes.  Datos que han sido incluso reconocidos por el actual Director del Sistema de Transporte Colectivo.

Adicionalmente es preciso mencionar que las señalizaciones de seguridad y de operación del Sistema demandan atención para su actualización y de ser el caso, su cambio, pues muchas de ellas han estado en uso por más, no de 25, de 45 años.

La conectividad de vialidades se encuentra íntimamente relacionada con este Sistema de Transporte Colectivo, por lo que evitar los accidentes de tránsito es importante para garantizar la seguridad vial. Hay estudios que señalan que 47 por ciento de estas muertes son de peatones; 36 por ciento de pasajeros; 16 por ciento de motociclistas y uno por ciento de ciclistas.

¿Cuál es la meta que nos deberíamos plantear, a propósito de esta efeméride que hoy conmemoramos? Impulsar un sistema para la movilidad integral, en la que todos sus componentes, educación, infraestructura, sustentabilidad, seguridad a peatones, a usuarios del Sistema de Transporte Público, ciclistas y, por supuesto, también, a los automovilistas, cuenten con una visión de ciudades más humanas y mucho más democráticas. Sin duda, hay avances que han generado buenos resultados.

Yo quiero aprovechar la oportunidad de conmemorar con ustedes esta efeméride, para reconocer al gobierno federal la visión y el impulso que está dando para que en esta metrópoli tengamos buenas noticias.

Desde luego, el anuncio de la ampliación del Sistema de Transporte Masivo hacia el oriente de la ciudad, hacia el oriente de mi estado, el Estado de México, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en su primera etapa.

Y cierro con una frase de Luis González Plascencia: “En México la movilidad representa una fisiología de la desigualdad”.
Ojalá que aprovechemos este día para reflexionar y tomar medidas al respecto.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.





 

Compañeras, compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que no fueron presentadas en la tribuna, se mantendrán para una segunda sesión en la agenda.

Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates.

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, sobre el XLVI aniversario de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal.

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “XLVI ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EN EL DISTRITO FEDERAL”, EL 4 DE SEPTIEMBRE.

H. ASAMBLEA:

Generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, accesible, sustentable e incluyente, es sinónimo de incremento en la calidad de vida de todas las personas.

Lamentablemente la gran apuesta realizada al automóvil privado no fue la opción para lograrlo; con las consabidas consecuencias, congestionamientos viales, contaminación, degradación de la imagen urbana, reducción de la accesibilidad y deshumanización de la ciudad.

Hoy, estos trastornos han hecho que la sociedad volteemos a los esquemas de Movilidad Urbana que prioricen la no motorizada y el transporte público, como los mecanismos capaces de recuperar inclusión social, reducir la desigualdad y vulnerabilidad de las personas, aunado a sus aportaciones en materia energética y ambiental.

Reflexión a colación del 46 aniversario de la inauguración de la línea 1 del transporte público más emblemático y eficiente de la Ciudad de México: El Metro.

Fue el 4 de septiembre de 1969, cuando los habitantes de la Ciudad de México se fascinaron con esta nueva forma de transporte, rápido, limpio y seguro; conformada por 16 estaciones que corrían de Zaragoza a Chapultepec con 12 kilómetros 660 metros, aunque el primer recorrido fue en el tramo de Insurgentes a Zaragoza.

La idea de construir el Metro en la ciudad de México comenzó en 1950, en el tiempo cuando los viejos tranvías entrecruzaban la ciudad, el tráfico comenzaba a incrementarse y el sistema del autobús no era suficiente para cubrir todas las demandas de las personas que vivían fuera de la ciudad.

Su construcción comenzó en 1967 y dos años más tarde, un 4 de septiembre ya se inauguraba el primer servicio de este Sistema de Transporte Colectivo rápido, movido por energía eléctrica y recorrido subterráneo, que a la fecha cuenta con 12 líneas, con 195 estaciones, más de 7 millones de pasajeros diarios y 226 kilómetros de vías.

Así pues, este 4 de septiembre se conmemora el 46 aniversario de aquella inauguración. Conmemoración que resulta oportuna para recordar la importancia de los medios de transporte público, retomar su preponderancia sobre el vehículo particular, y la necesidad de una reorientación en las políticas públicas para impulsar este tipo de modelos de transporte.

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco del 46 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 4 de septiembre, hago propicia la ocasión para reflexionar sobre la necesidad de lograr sistemas de transporte público capaces de satisfacer la mayoría de las funciones sociales relacionadas con la movilidad de las personas, de una manera eficiente, económica, segura y con menos contaminación y consumo de energía y por ende, capaz de ofrecer una opción viable y preferible al automóvil particular.

H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS
30 DE AGOSTO

Este 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que ha sido declarada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo.

La fecha se celebra desde el 2011, luego de que se emitiera una declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209, del 21 de diciembre de 2010.

De acuerdo con la ONU el propósito de esta celebración es “exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos”. Además, se brinda apoyo a los familiares de las víctimas que luchan por encontrar a sus seres queridos.

En la actualidad, se contabilizan 43 mil casos de desapariciones en estudio en el mundo, según el último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reunido en Buenos Aires.

Entre los países de América Latina que más resaltan en los casos de desapariciones forzadas en la actualidad se encuentran México. Este país salió a relucir en este tema tras el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

El presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, dijo que si bien siguen de cerca el tema no han recibido eco de parte del gobierno. "El gobierno de México no está dispuesto a escuchar y aceptar nuestras recomendaciones", afirmó, al tiempo que expresó que la preocupación del Grupo que conduce se centra en la utilización de torturas por parte de efectivos de organismos de seguridad mexicanos para obtener información sobre estas desapariciones.

Otras organizaciones no gubernamentales señalan que en la nación mexicana hay 25 casos de mil desaparecidos sin resolver, y cerca de la mitad de ellos se registraron durante el actual gobierno del presidente Peña Nieto.

Expertos aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con las bandas criminales.

La ONU concluyó en un informe de febrero de 2015 que “la impunidad por las desapariciones en México, al igual que la tortura y el uso de violencia por parte de las fuerzas federales, eran una práctica esparcida por todo el territorio de manera generalizada.”

La Cancillería mexicana rechazó contundentemente dicho reporte argumentando que ese diagnóstico contenía “inexactitudes estadísticas”.

H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre la “Inauguración del Banco de México”.

“INAUGURACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO”

Con el objeto de ordenar la economía, la Constitución de 1917 dispuso que sólo el gobierno federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de México.

Sin embargo, no fue sino hasta 1925 cuando el presidente de la República de entonces, Plutarco Elías Calles, inauguró el Banco Central.

Para nadie es ajena, la importancia del Banco de México como una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano.

Sin embargo, he venido reiterando que uno de los grandes problemas estructurales de nuestra economía tiene que ser resuelto mediante una reforma al Banco de México, ya que, son precisamente las directrices de este organismo las que determinan el precio del dinero y su disponibilidad.

El Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, debe observar, como parte de sus prioridades, el crecimiento económico del país, lo cual implica que las decisiones sobre tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas.

Resulta imperativo que el banco central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en un órgano protagónico del crecimiento económico.

En tal sentido, sirva esta fecha para reiterar el llamado, de la impostergable transición de nuestro Banco Central ya que, el país requiere que esta Institución coadyuve en el crecimiento económico nacional.

Muchas gracias.





 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del PAN, sobre el 62° aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

62° Aniversario de la Convención Europea de los Derechos del Hombre
3 de septiembre

Un día como hoy pero de 1953 entra en vigor la Convención Europea de los Derechos del Hombre, su verdadero nombre “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, es producto de la devastadora Segunda Guerra Mundial que dejo a Europa Occidental con innumerables pérdidas humanas, materiales y económicas. Europa se vio en la necesidad de crear una organización apoyada por los Estados Democráticos resultando en la creación del Consejo de Europa en 1949. Abonado a esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos impulso a la llamada Asamblea Consultiva del Consejo a crear un sistema que protegiera derechos fundamentales que habían sido terriblemente violados por crímenes perpetrados por el Tercer Reich. De esta manera el Comité de Ministros Europeo aprueba el proyecto para la creación de este sistema para que más tarde, un 4 de Noviembre de 1950 el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos era firmado por los representantes de 12 Estados (La República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía).

El principal propósito de este convenio era unificar a los países suscritos a respetar los derechos humanos mencionados en el Convenio y también compromete “a toda persona dependiente de su jurisdicción” a reconocer los derechos consagrados en su artículo primero.

Derechos como el de libertad y seguridad, vida, proceso equitativo, matrimonio, respeto a la vida privada y familiar se reconocen en la Convención. La libertad de expresión, reunión, asociación, pensamiento y religión también vienen suscritas en el primer título de la Convención. Sin duda este antecedente en materia de Derechos Humanos marcaron una pauta entre los países Europeos, como también trazaron el camino y pusieron el ejemplo para que muchos países a nivel mundial tomaran esta convención y modernizaran normas en pro de Derechos Humanos.

Hoy celebramos esta Convención porque nos recuerda la responsabilidad de proteger Derechos Humanos Fundamentales para prevenir acontecimientos como los que se vivieron a mitad del siglo XX. Hoy 3 de Septiembre recordamos a los hombres y mujeres que lucharon por la protección de los Derechos del Hombre

H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Sonia Rocha Acosta.





 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, sobre la "Proclamación de las Leyes de Reforma”.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2015
Oficio BRM/775/2015

“PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA”

El 6 de septiembre de 1860, en plena guerra entre liberales y conservadores, Benito Juárez proclamó las Leyes de Reforma, mismas que revisten un significado trascendental en el ser de México, con ellas el país alcanzó libertad plena, así como una auténtica identidad nacional.

El día de hoy, México, vive tiempos de una preocupante ausencia de identidad nacional, ya no se diga de libertades; el fracaso del actual gobierno federal ha provocado que la mayoría de las y los mexicanos no se sientan identificados con su patria.

Sin duda alguna, no estamos librando el tipo de problemas que enfrento el Presidente Juárez, problemas que enfrentó y supo resolver como el estadista que era. Ni hablar de lo que hoy representa el gobierno en turno.
Es por eso, que rememorar esta Proclamación resulta de la mayor pertinencia, nuestro país, y lo he manifestado de forma sistemática, necesita el resurgimiento de una clase política que enfrente las problemáticas con una visión de verdaderos estadistas. Esos hombres existen, pero lamentablemente, la oposición a ellos los está desplazando.

Sin embargo, su lucha será permanente, no sucumbirá ante los embates de los que solo les interesa conservar sus cuotas de poder.

Es cuanto.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, sobre el natalicio del General Francisco José Múgica Velázquez, ocurrido en Tingüindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884.

EFEMÉRIDES

En la Sexagésima Tercera Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, conmemoramos el centésimo trigésimo primer aniversario del natalicio del General Francisco José Múgica Velázquez, prócer michoacano que se distingue por una vida de ferviente servicio en favor de México.

Nació el 3 de septiembre de 1884 en Tingüindín, Michoacán. Su padre fue profesor de enseñanza primaria, al igual que su abuelo materno, situación que a la postre resultó determinante en la destacada participación que tuvo durante la redacción del artículo 3º en el Congreso Constituyente de 1917.

Asimismo, destacó su labor en el ámbito periodístico donde participó en diversos medios locales de Michoacán como “El faro", "La voz", "Prensa libre". Además, fue corresponsal de periódicos nacionales como "El diario del hogar" y de periódicos casi clandestinos, como "Regeneración", por otro lado, en 1090 fundó el periódico “El Demócrata Zamorano”. En todos ellos quedó de manifiesto su vocación democrática y su crítica a la dictadura de Porfirio Díaz.

En 1910 se dirigió a San Antonio, Estados Unidos para sumarse a la Junta Revolucionaria que se encargaba de organizar los primeros pasos de la revolución maderista. En 1911 participó, a lado de Pascual Orozco, en la toma de Ciudad Juárez.

Participó decididamente en la lucha en contra de Victoriano Huerta, colaborando con el General Venustiano Carranza, por lo que fue uno de los personajes que suscribió el Plan de Guadalupe a través del cual se desconocía el gobierno golpista de Huerta.

Es incuestionable que el General Mujica fue uno de los más destacados revolucionarios, que sobresale por materializar una de las principales demandas que dio origen a este movimiento -su participación en el primer reparto agrario-, llevado de 1913 a lado de Lucio Blanco.

Cabe señalar su importante papel como miembro del Congreso Constituyente de 1917, en el que destacó su ferviente, elocuente e informada participación  en los distintos debates, especialmente, en la redacción del artículo 3º.

Para dimensionar la trascendencia de este gran personaje, es importante señalar que su participación fue determinante para dar surgimiento a una de las Constituciones más modernas de la época.
Además, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, tuvo la importantísima encomienda de redactar la exposición de motivos de la expropiación petrolera, la cual representa uno de los episodios más trascendentales de la historia de nuestro país.

En el grupo parlamentario del PRI, reconocemos la labor de un mexicano ejemplar que fue parte fundamental del movimiento de revolución, pero sobre todo, que gracias a su talento y decisión logró plasmar los ideales del movimiento en nuestra Carta Magna.

En el marco de su natalicio, es oportuno honrar su legado, el cual se caracteriza por la defensa de la democracia, las instituciones con carácter social y un México más justo e igualitario.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Día Internacional de la Beneficencia.

EFEMÉRIDES

Día Internacional de la Beneficencia
5 de septiembre

En su resolución A//67/L.45, la Asamblea General de la ONU expresa su reconocimiento a “los esfuerzos de las organizaciones de beneficencia y de particulares”, para mencionar a continuación expresamente “incluida la labor de la Madre Teresa”.

El Día Internacional de la Beneficencia coincide con la fecha en la que la iglesia católica recuerda a la Beata Madre Teresa de Calcuta, religiosa fundadora de las congregaciones de Misioneros y Misioneras de la Caridad, para servir a los enfermos abandonados.

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su escrito publicado el 14 de diciembre de 2012, vinculado al sexagésimo séptimo periodo de sesiones, reconoce "el papel de la beneficencia a fin de mitigar las crisis humanitarias y el sufrimiento humano, dentro de los países y entre estos", por lo que invita a "celebrar de manera adecuada el Día Internacional de la Beneficencia, alentando a esta, por ejemplo, mediante actividades educativas y de concienciación”.

Los actos de bondad y generosidad que no esperan recompensa, y otras expresiones de solidaridad mundial nos ayudan en nuestro objetivo común de vivir juntos en armonía y construir un futuro en el que reine la paz para todos.

La beneficencia es la virtud de hacer bien. Quien practica la beneficencia se denomina benefactor. La beneficencia suele estar asociada a la filantropía, un término de origen griego que significa “amor a la humanidad”. El filántropo tiene una actitud constructiva y pretende ayudar al prójimo sin que exista interés en su respuesta o se pida algo a cambio.

Es importante señalar que la beneficencia puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia. Ayuda a la promoción de la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio cultural y natural. También promueve los derechos de los marginados y de los desfavorecidos y difunde el mensaje de la humanidad en situaciones de conflicto.

Festejemos este día movilizando y sensibilizando a las personas, a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos interesados de todo el mundo para ayudar a los demás a través de actividades voluntarias y filantrópicas.

H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
30 de agosto

Este 30 de agosto se celebró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 2010.

Expresa la preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley" (preámbulo).

La desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario.

En una desaparición pueden violarse también los siguientes derechos civiles o políticos:

• El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

• El derecho a la libertad y seguridad de la persona;

• El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos penas crueles, inhumanos o degradantes;

• El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;

• El derecho a una identidad;

• El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;

• El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;

• El derecho a conocer

Esa fecha recuerda a todas las personas que fueron detenidas y que se encuentran en lugares ocultos, fuera de contacto con sus familiares, prensa o público en general. Se calcula que entre 1966 y 1986 unas 90.000 personas ”desaparecieron” en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Haití y Venezuela, cifra que en muchos casos incluye a niños de corta edad y bebés nacidos mientras sus madres se hallaban sometidas al cautiverio.
La desaparición forzada ha sido usada a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

La adopción de un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas expresa una preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, así como por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

H. Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre a las 11:00 horas. Y a sesión solemne en ese mismo día a las 12:00 horas, para recibir la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

(Se levantó la sesión a las 14:23 horas)

Directorio

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