Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 20


Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 14 de Agosto de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (10:10 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Secretario Diputado Tomás Torres Mercado: Como lo ha instruido el señor Presidente, señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 27 ciudadanos legisladores. Por ende, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Dígame usted el porcentaje, para poder afirmarlo, señor Secretario.

El Secretario Diputado Tomás Torres Mercado: Debe ser próximo al 81.3 por ciento, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muy bien, señor Secretario.

Se abre la sesión de la Comisión Permanente del viernes 14 de agosto del año 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y dos minutos del miércoles cinco de agosto de dos mil quince, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veintinueve de julio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados del Ejercicio Naval “TRADEWINDS 2015”, que se llevó a cabo del 15 al 24 de junio de 2015, realizado por el personal de la Armada de México, en el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Belice.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Marina de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, enero-junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2015; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2015, en cumplimiento de los artículos 1 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Informe final de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario “P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, oficio con el que remite los Informes del Resultado de las auditorías practicadas al pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Humberto D. Mayans Canabal, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de agosto de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 16 de agosto de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de septiembre de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, el Informe de su participación en la 3ª Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Informe de la Delegación Mexicana, encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al Encuentro Anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: “Plan de Acción para prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres”, realizado en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina, del 11 al 14 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para celebrar sesión solemne con motivo de la visita de la Presidenta de la República de Chile.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, emitió un mensaje con motivo del inicio de las transmisiones del Canal del Congreso en la señal abierta de televisión.- Intervinieron los legisladores: Diputada Martha Gutiérrez Manrique, presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso; Diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla información sobre los criterios de reclutamiento, selección, permanencia, confianza y promoción que son aplicados a los elementos policiales de la entidad, así como sobre los controles que le fueron aplicados a los ciudadanos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano.

2. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal un informe sobre la situación legal y patrimonial de la casa ubicada en Ámsterdam 270, construida por el arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez.

3. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, se incorporen las medidas necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

4. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a continuar el monitoreo de la actividad del Volcán de Colima.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre las acciones emprendidas para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios del estado de Chiapas afectados por el sismo del 7 de julio de 2014, así como sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados el 30 de junio de 2015 con el Comité de Reconstrucción de Viviendas del municipio de Huixtla.

6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que, en su ausencia temporal, quedara como encargado de la dirección del gobierno, el Secretario de Gobernación.

7. Por el que se dan por atendidas las proposiciones que solicitaban información sobre el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Sistema Nacional de Protección Civil y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a emitir recomendaciones para prevenir y protegerse de accidentes caseros durante la temporada de vacaciones de verano 2015.

9. Por el que se desecha la proposición que solicitaba al gobierno del Distrito Federal realizar una auditoría al proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios mediante adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2014, que llevaron a cabo las secretarías y órganos administrativos desconcentrados del Distrito Federal.

Los nueve dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a generar incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores especializarse en el estudio de la esclerosis lateral amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento.- Intervino el Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI.

2. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el domingo 6 de diciembre de 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN y Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu PRI.

3. Por el que la Comisión Permanente condena cualquier forma de atentado terrorista cometido contra la población civil y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos de América el pasado 18 de junio; y en Túnez, Francia y Kuwait el 26 de junio de 2015.- Intervino el Diputado Enrique Cárdenas del Avellano del PRI.

4. Que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país; asimismo, exhorta a considerar una partida presupuestal para construir centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA.

5. Por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que informe de los resultados de la política social en la materia de combate a la pobreza en México; asimismo, cita a comparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el objeto de que informen de los resultados de las evaluaciones de la política social y los resultados del combate a la pobreza en México.- Intervinieron los legisladores: Senador Armando Ríos Piter del PRD quien presentó propuesta de modificación la cual fue aprobada, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI y Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

6. Que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre los criterios seguidos en el programa de sustitución de fármacos, a efecto de brindar certeza médica a los pacientes y la sociedad de que cuentan con la efectiva y eficiente dotación           de medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades.

7. Que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las estrategias para prevenir, atender y combatir la incidencia de obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.

8. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar campañas que informen a la ciudadanía sobre los riesgos y peligros por el consumo de drogas lícitas e ilícitas.

9. Por el que la Comisión Permanente, con motivo del reciente fallecimiento de Sir Nicholas Winton, conmemora su obra, en ocasión del rescate de niños judíos antes del inicio de la segunda guerra mundial en 1939.

10. Que exhorta a los poderes del estado de Chihuahua a continuar con las mesas de diálogo para la incorporación de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo 03-08/12/2014 del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se les insta a revisar las reformas publicadas el 23 de julio del 2014, en relación a diversa disposiciones de los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares.

11. Que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a coordinarse ante la eventual aplicación a nivel nacional del programa “Conduce sin Alcohol” de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

12. Que exhorta la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las acciones de políticas públicas para erradicar y combatir el mercado ilegal de medicamentos.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea treinta y siete dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a consolidar y fortalecer los mecanismos y procedimientos necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de Ahorro Popular El Paraíso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V.

2. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe respecto de la situación del Sistema Nacional de Refinación, en el que precise las medidas adoptadas para garantizar el abasto de gasolina y diésel en el territorio nacional; las medidas adoptadas para mejorar le eficiencia de las refinerías del país; la situación de las negociaciones de importación de gasolina y diésel y la estrategia para cubrir la demanda de gasolina y diésel en el territorio nacional.

3. Que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento a los acuerdos alcanzados con los productores nacionales de acero, el 8 de julio de 2015.

4. Por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis un informe sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica; así como las acciones y medidas implementadas para prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias ecológicas que han surgido en el presente año.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo HIGA y el Gobierno Federal.

6. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe de las observaciones que no ha logrado solventar el gobierno del estado de Puebla derivados de las auditorías financieras y dé cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013.

7. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” y la sustracción ilícita de combustible.

8. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar la fusión de programas presupuestarios presentados a la Cámara de Diputados, así como el cambio de denominación de otros programas presupuestarios que se propone crear; asimismo, solicita a la empresa LICONSA informe las consideraciones efectuadas para ajustar el precio de la leche en su programa popular de abasto en algunas regiones del país.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los servicios contratados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional con la empresa Hacking Team en los Contratos No. CISEN/020/15 y CISEN/128/13- Elementos 1-5.

10. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informen sobre el monitoreo a las operaciones de los bancos comerciales cuyas matrices se encuentran en la eurozona, para evitar una posible transferencia de utilidades y divisas en perjuicio de nuestro sistema financiero, asimismo, se exhorta al Banco Nacional de Comercio Exterior a apoyar a las empresas mexicanas que tengan negocios con entidades privadas o gubernamentales con sede en Grecia.

11. Que exhorta al Gobierno Federal a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a pronunciarse sobre la aplicación y posible afectación de las normas y recomendaciones de BASILEA I, II y III a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

12. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas y evaluación de impacto ambiental de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

13. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus cuentahabientes.

14. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una campaña de difusión para alertar a los usuarios de las entidades financieras sobre las cláusulas que se presentan en los contratos de adhesión que atentan contra su patrimonio.

15. Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar sobre todos los proyectos en que participe o haya tenido alguna participación el Grupo HIGA con el Gobierno Federal.

16. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral respecto de los contratos otorgados durante el periodo 2012-2015, con la empresa Cusaem y sus filiales.

17. Por el que se solicita al gobierno del estado de Coahuila informar sobre el proceso de reestructuración de la deuda pública contraída por esa entidad.

18. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informar sobre el estado que guarda la deuda pública en la entidad.

19. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública remita los términos en que se han hecho las licitaciones y las asignaciones directas de contratos, así como apoyos y subsidios celebrados entre las dependencias del Gobierno Federal con la empresa Enova y la fundación Proacceso.

20. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación realice las acciones necesarias a fin de agilizar la liberalización de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender los daños causados en el estado de Guerrero, a consecuencia de los efectos del fenómeno conocido como mar de fondo.

21. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a diversos gobiernos municipales de la entidad a organizar foros públicos incluyentes y que consulten a la sociedad civil en general, sobre la viabilidad o no de construir el gasoducto en los municipios referidos.

22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

23. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre los recursos asignados en la operación y funcionamiento del puente La Herradura, en la ciudad de León, Guanajuato.

24. Por el que se solicita a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos informe si ésta, o alguna de sus subsidiarias, ha celebrado contratos con empresas dedicadas a la vigilancia de las telecomunicaciones o de equipos informáticos.

25. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a reconsiderar el desalojo de los miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola la Estancia S. de R.L. de las instalaciones en los linderos de la Presa Constitución de 1917 en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

26. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe sobre el posible uso indebido de bienes públicos en posesión de la empresa, y que no deben distraerse para el traslado o beneficio de particulares.

27. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz un informe sobre las modificaciones que se le hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del estado, anunciadas el pasado 13 de julio.

28. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua determinar la existencia de irregularidades en la construcción de un muro en el fraccionamiento “Riveras del Pitic” que modificó el cauce del río San Miguel, en el municipio de San Miguel de Horcasitas, en el estado de Sonora.

29. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el año 2015, así como la situación económica general en que se encuentra el país.

30. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los avances físicos y financieros que presenta el Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua en el estado de Tabasco.

31. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de solicitar a las autoridades competentes de Estados Unidos y Canadá revisar las reglas de origen de los productos textiles establecidas en el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

32. Que exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones pertinentes para fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

33. Que exhorta al gobierno del estado de México a implementar las acciones necesarias que garanticen calidad y seguridad a los usuarios del transporte público en esa entidad.

34. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informe sobre los términos de la modificación del Título de Concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

35. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar y garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales en las obras de infraestructura carretera “Villahermosa-Escárcega”.

36. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba investigar el ejercicio de los recursos públicos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012.

37. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad.

Los treinta y siete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

El Presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo de los grupos parlamentarios, concedió el uso de la palabra a los legisladores, para referirse a los homicidios ocurridos en la Colonia Narvarte del Distrito Federal.- Intervinieron: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Diputada Esther Quintana Salinas del PAN, Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD y Senador David Penchyna Grub del PRI.

Los grupos parlamentarios hicieron llegar a la Presidencia una propuesta de punto de acuerdo con relación al tema. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de Yesenia Quiroz Alfaro y de dos personas no identificadas que fallecieron en los lamentables acontecimientos del viernes 31 de julio en la Colonia Narvarte.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud, para promover en la población, la educación y medidas necesarias para limitar la exposición al medio ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Planeación, con el objeto de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, la Ley de Migración, la Ley General de Salud y la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7° y 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto que adiciona un capítulo XVIII y diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 bis a la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Fernando Mayans Canabal y del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 267 y 286-H de la Ley del Seguro Social y los artículos 220 y 221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio Mendívil, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 87 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 95 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a investigar el presunto desvío de recursos públicos que el Jefe de la Unidad de Coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, ha utilizado para difundir su imagen política con fines electorales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar la puesta a disposición de la Línea Ferroviaria "E", a efecto de concretar la donación de los terrenos de vía férrea en desuso y derechos de vía solicitada por diversos municipios del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ejercer la facultad que le concede la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y fiscalice los ingresos y egresos del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio Rojas Toledo, e imponga las multas correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres asesinadas el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, a cumplir cabalmente con sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en su decreto de creación correspondiente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud estatales a intensificar las medidas implementadas en la prevención, retención y erradicación del virus Chikungunya.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas en materia de salud materna.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a elaborar la norma oficial mexicana que indique las características que deben cubrir los lactarios, así como a reforzar las acciones para incentivar la lactancia materna.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación un informe relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas, así como información relativa al caso de Rubén Espinoza Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a investigar la procedencia de los recursos gastados en la campaña electoral del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe sobre el costo erogado y el que se tiene pensado implementar en el envío de personal militar, policiaco o civil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres víctimas más, así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe respecto de los ahorros que se han obtenido a partir de la centralización de la nómina educativa a través del FONE y la aplicación que se ha hecho con el excedente que se ha obtenido.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a investigar y castigar a los responsables de los asesinatos de cuatro mujeres y del periodista Rubén Espinosa Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos ocurridos el 31 de julio de 2015, respecto al periodista Rubén Espinosa Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al Gobernador del Banco de México un informe respecto de las acciones implementadas para detener la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar de manera oficial una prórroga, en donde se permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir en la investigación de las actividades y operaciones de la empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades reportadas por la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las acciones y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la participación de México en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a comparecer ante la Comisión Permanente a fin de informar sobre las acciones y medidas que en materia de combate a la pobreza se han implementado en el país en la presente administración.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud y hacendarias de las entidades de Guerrero y Oaxaca a destinar de manera inmediata los recursos materiales y humanos suficientes y necesarios para hacer frente a la epidemia del virus Chikungunya que afecta a dichas entidades federativas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Secretaría de Gobernación a investigar y, en su caso, determinar las medidas que correspondan al Cardenal Norberto Rivera Carrera, por la comisión de presuntos actos discriminatorios durante la homilía del domingo 2 de agosto de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a formular el proyecto correspondiente para solicitar al titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del Estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras en los programas destinados a la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes; y a las Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores a diseñar programas y lleven a cabo medidas específicas que favorezcan la reinserción escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena los delitos cometidos en agravio de Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios cometidos contra Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra, en la Colonia Narvarte del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la estrategia o política pública en materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de candidaturas independientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes información sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Veracruz acudir a una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa y de expresión.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Gobierno Federal instrumente un programa de apoyo integral a la industria siderúrgica nacional que incremente la cadena de valor del sector acerero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones de impacto ambiental emitidas para autorizar la construcción de un segundo centro integral para el manejo y aprovechamiento de residuos industriales en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención de la Secretaría de Educación Pública para solucionar la problemática que enfrenta la Universidad Intercultural de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la “depresión”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso de la Unión una miscelánea fiscal, en el marco del paquete económico de 2016, que tenga el objetivo de fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecer una mesa de trabajo a fin de que se busque solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a fortalecer las acciones para el manejo integral de los residuos peligrosos y prevenir posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a informar sobre el proyecto de modernización de riego en Parras de la Fuente, Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Gobierno de Distrito Federal a presentar un informe sobre la situación que prevalece en los centros y albergues de asistencia social, tanto públicos como privados, para personas con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los mecanismos de prevención y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se elabore una norma oficial mexicana para la regulación del denominado “nopal en polvo”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proceder a la ministración, previa validación, de los recursos aprobados en el anexo 31 del ramo 16.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma al reconocimiento internacional en respaldo al acuerdo entre Irán y los países del grupo denominado E3+3 sobre el programa nuclear iraní.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a entregar los avances en las investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acelerar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del foto periodista Rubén Espinoza Becerril y cuatro mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca a realizar acciones para atender de manera inmediata a los sustentantes que presentaron exámenes para optar por cargos de maestro, de dirección y supervisión y que obtuvieron calificaciones de “no idóneo”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño de los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales, así como a informar de manera regular al Senado de la República previamente a su participación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República a atraer la información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá hacer pública acerca de la empresa FICREA con la finalidad de elabora el dictamen de la minuta con Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman diversas disposiciones en la materia.-  Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades estatales y locales a atender la situación de la población afectada por el derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi y a garantizar la no repetición de la contingencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Gabriela Cuevas Barrón y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las actividades que personal militar mexicano desarrolla en el marco de las operaciones para el mantenimiento de la paz.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Hidalgo y al municipio de San Agustín Tlaxiaca a revisar, analizar e implementar acciones concretas para solucionar la problemática de salud, originada por la contaminación del agua potable en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y local, así como al gobierno del estado de Guerrero, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo la investigación y se castigue la caza ilegal de un jaguar realizada en la localidad de Xolapa, Acapulco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que se la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas y Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes a investigar las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a la Dra. María Teresa Franco González Salas, Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a una reunión de trabajo para abordar el caso de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los miembros de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva del Senado de la República apoyar y brindar todas las facilidades para la celebración del primer parlamento juvenil de México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del Chikungunya y de su vector.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Distrito Federal realizar acciones que permitan llegar al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Colonia Narvarte en el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, a la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la educación superior pública en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a definir en el catálogo de las actividades que integran los sectores agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de caza y pesca, cuáles actividades son peligrosas o insalubres y cuáles no lo son, a efecto de que los jornaleros agrícolas mayores de 15 y menores de 18 años de edad puedan trabajar en labores no peligrosas o insalubres en los campos agrícolas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple destinar recursos al proyecto “Campeones infantiles mexicanos”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos y financieros de la construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de valores dentro de sus instalaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a fijar su posición en relación al tema de la privatización y subrogación de servicios médicos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la tala ilegal de manglares en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las políticas, acciones y resultados de la aplicación de los programas de combate a la pobreza.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a exhibir la manifestación de impacto ambiental correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación informe si el periodista Rubén Espinosa o Nadia Vera Pérez se encontraban inscritos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o habían solicitado su protección.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y exige castigo a los responsables de este artero crimen que atenta contra las libertades democráticas y la gobernabilidad del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre todos los proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma OHL y sus filiales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla investiguen los nexos y/o posible responsabilidad del ex Secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, con el robo de combustible en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una revisión integral de los resultados educativos y el ejercicio de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Excitativa)

La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con los siguientes asuntos:

1. Proyecto de decreto el que se reforman la Ley Federal de Consulta Popular y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

2. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México,

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, remitieron efeméride en conmemoración del 70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el inicio de las transmisiones del Canal del Congreso en la señal abierta de televisión.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre los pueblos indígenas y su contribución al fortalecimiento de la cultura nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención sobre el 70 aniversario del lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuarenta minutos y citó para la siguiente sesión el día viernes catorce de agosto, a las diez horas; y a sesión solemne ese mismo día en el salón de sesiones del Senado para recibir la visita de la Presidenta de Chile.

El Secretario Diputado Tomás Torres Mercado: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobada el acta.

Se declara un receso para trasladarnos al salón de sesiones de la planta baja, y dar inicio a la sesión solemne, en la que se recibirá la visita de la Presidenta de la República de Chile. Gracias.

(Receso)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se reanuda la sesión.

Dé cuenta la Secretaría con el siguiente asunto de la agenda.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto del año 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único. Se concede licencia al Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto del año 2015”.

Han solicitado el uso de la palabra los siguientes legisladores: Diputado Manuel Añorve Baños, Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Diputada Lilia Aguilar Gil, Senador Gerardo Flores Ramírez, Diputado Fernando Belaunzarán, Diputado José González Morfín, Senador Emilio Gamboa Patrón y Senador Miguel Barbosa Huerta.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Manuel Añorve Baños.

El Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor Presidente.

Hago uso de la palabra solamente para expresar en nombre de mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, nuestro más amplio, sincero y gran reconocimiento solidario a quien coordinó a nuestra bancada, de manera intensa y de manera exitosa, estos tres años; bancada que está a punto de concluir su periodo legislativo, pero que hoy hacemos este reconocimiento a quien pide licencia al cargo, a nuestro líder y amigo Diputado Manlio Fabio Beltrones.

No puedo dejar de decir en esta tribuna, con el permiso de todos ustedes, que el Diputado Manlio Fabio Beltrones llega a esta etapa de su fructífera vida política en busca de asumir nuevas responsabilidades y enfrentar nuevos retos, como siempre lo ha hecho, y como lo hizo aquí, en la Comisión Permanente y en la Cámara de Diputados, con el ánimo siempre de avanzar, de acordar, de construir, de buscar los consensos, de generar, por supuesto, buenos resultados de la política y con la política, porque la concibe como el instrumento para que las cosas buenas pasen.

El Diputado Manlio Fabio Beltrones cumple con el llamado de la política, que es su pasión, y así lo hemos vivido cerca de él, y nosotros, como sus compañeros de bancada y de muchas batallas legislativas, nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de que su extraordinaria capacidad política, sus dotes de organizador, de estratega, su capacidad de escuchar y respetar al otro, su visión comprensiva de la realidad, se pongan al servicio, por supuesto, de su nueva responsabilidad y al servicio de la democracia y de las instituciones de nuestro país.

Quienes conocen, y también lo puedo decir con mucho orgullo, quienes conocen a Manlio Fabio Beltrones, saben que es un hombre de palabra y de conducciones; un político de talento, y no me gana el afecto, porque he tenido la oportunidad de ser el vicecoordinador de este Grupo Parlamentario.

Es un político de talento y de lealtades, que cree en lo que dice y es firme sin ser inflexible, cualidades que todos conocemos, invaluables en la política, y así lo demostró en su paso por esta Cámara, pero también así lo demuestra su paso por el Senado de la República y su vida parlamentaria. Los hechos acreditan a Manlio Fabio Beltrones como un hombre de reformas y de propuestas de avanzada, leal y respetuoso de la pluralidad, un político incluyente que ha contribuido al lado de políticos de otros partidos al avance de la transición mexicana y la modernización de nuestra vida pública.

Sus compañeros y compañeras de la bancada del PRI le deseamos éxito, señor coordinador, en esta nueva etapa, y estamos seguros que su participación será ampliamente positiva para el proyecto de transformación nacional de nuestro país.

Felicidades, señor coordinador, nos sentimos muy orgullosos de su liderazgo.

Muchas felicidades y muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Añorve.

En uso de la palabra la Diputada María Sanjuana Cerca Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

No encontrándose en el recinto, tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Mucha gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea.

Yo conocí a Manlio Fabio Beltrones en las leyendas urbanas de la política, debo confesar que al intercambiar mis primeras ideas de diferendo, me preparé tanto como para un examen de grado, porque se le reconocía siempre la inteligencia y la habilidad.

Y en esas leyendas era el bueno, el malo, el negociador, pero siempre el político. Luego, en el ejercicio de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones le permitió a esta Diputada conocer más allá de la leyenda.

El hombre educado, el hombre analítico, el hombre franco, el hombre con sentido del humor que también le permitía a veces burlarse de sí mismo, pero siempre estratégico, y debo confesar que conmigo muchas veces paciente al extremo.

Es difícil en la política encontrar un hombre que entienda la pluralidad, la viva y la ejerza, y respete, aunque sea en la diferencia, las ideas. Eso es lo que yo aprendí del Diputado Beltrones.

Nunca jamás, en mi interacción con él, aunque difiriera de mis ideas, jamás me faltó al respeto o fue más allá de las pasiones personales que a veces tenemos en la política.

El Diputado Beltrones entiende el rol que todos jugamos en la construcción de la democracia de este país. Insisto, en las diferencias y más allá de las pasiones personales, yo reconozco al Diputado Beltrones, su trabajo en la Cámara de Diputados.

Reconozco al hombre generoso, al hombre con sentido del humor, al hombre con disponibilidad, al hombre tolerante, al hombre norteño y franco, que en eso nos entendemos y, sobre todo, aquel que me dio la lección de que en la política hay que construir y que siempre la lección debe de ser el respeto.

Señor Diputado, yo le reconozco no sólo al político, sino también al hombre que evoluciona, al hombre que hoy tiene una nueva responsabilidad, de trato amable y gentil, que me dio definiciones muy claras: “Hay que aprender a la primera, y siempre hay que medir el tiempo, el tono, hay que ser tenue y, sobre todo, hay que ser tenaz”.

Con gran aprecio, le deseo el éxito al político, al amigo y al hombre, aunque evidentemente, en la política estaremos en lugares distintos y esperamos que le vaya bien.

Con mucho cariño, señor Coordinador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la tribuna el Diputado Tomás Torres Mercado.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Le aprecio al señor Presidente Barbosa la oportunidad de la palabra, lo digo porque no estaba en el registro inicial de participantes, y me ha exhortado a que sea breve, pero la exhortativa no surge efecto, sino la asumo como propia.

En el paso del tiempo, en la vida cotidiana, o de sus pases políticos sobre la responsabilidad pública, en la que uno tiene oportunidad de serlo, va conociendo a los seres humanos y a las personas.

Como he ofrecido ser breve, lo habré de decir con mente, pero también con el corazón, dos dimensiones observo de Beltrones Rivera: en lo humano, confiable; y un ser humano confiable lo es en la política, y de la política, eficaz.

Suerte en sus nuevas lides, es bueno para su partido, es bueno para México.

¡Éxito!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias.

El uso de la palabra le corresponde al Senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.

Es para mí un privilegio venir a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, del Senado de la República, a dirigir este breve mensaje a Manlio Fabio Beltrones, que sabemos todos, hoy ha solicitado licencia de su cargo como Diputado, un reconocimiento a nombre de mi Grupo Parlamentario, a nombre de mi Coordinador, por supuesto, y a nombre del mío propio.

En el Partido Verde reconocemos, sin duda, a Manlio Fabio Beltrones como un amigo, como un gran amigo del Partido Verde, que en distintas circunstancias siempre ha hecho su mejor esfuerzo para colaborar con las estrategias o con las ideas en el ámbito parlamentario de los grupos parlamentarios del Partido Verde.

A mí me ha tocado el honor y el privilegio de coincidir en distintas arenas: primero, en mi calidad de Diputado, donde en ese entonces Manlio Fabio Beltrones era Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República; y ahora en mi calidad de Senador, de su servidor, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Cámara de Diputados.

En todas estas circunstancias he tenido el privilegio de observar y de poder ver esa enorme capacidad que hoy le reconocen todos mis colegas en esta tribuna, una gran capacidad para articular estrategias, para poder sacar adelante los distintos temas parlamentarios que ocupan a los mexicanos, que ocupan a México, que impulsan a México a un mejor desarrollo.

Reconocemos a Manlio Fabio Beltrones como un político de enorme talento, que ha puesto sus capacidades y habilidades siempre en beneficio de México, de los mexicanos y de sus instituciones.

Coincido con mi compañero Tomás Torres, no quiero abundar más, sabemos de su gran capacidad, sabemos que le va a ir muy bien, le deseamos el mayor de los éxitos, sabemos que hará un gran papel al frente de su partido, y desde el Partido Verde, desde luego, estaremos atentos para colaborar con nuestros aliados del Partido Revolucionario Institucional en lo que se requiera para sacar adelante o avanzar a este país.

Es cuanto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Diputado Fernando Belaunzarán hará uso de la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que todos reconocemos en Manlio Fabio Beltrones un político serio, un político de palabra, efectivamente, de confianza, así lo hemos conocido.

Pero no le haríamos justicia a Manlio Fabio Beltrones, si esto es solamente un concurso de elogios.

Vamos a ir, y no le podemos ofrecer otra cosa que un debate intenso, fuerte, pero siempre respetuoso, porque además Manlio Fabio Beltrones es una persona de ideas, de propuestas, y vamos a buscar que cosas que él ha propuesto se conviertan en realidad.

Por ejemplo, el gobierno de coalición, que no se quede sólo en una buena intención constitucional el gobierno de coalición para construir democráticamente gobiernos de mayoría, ahora que, por cierto, se ha dispersado el voto, porque así como está dispersado el voto y no construimos gobiernos de coalición, entonces tenemos que tener segunda vuelta, si es que queremos tener un régimen con una lógica política y con gobernabilidad.

Pero bueno, algo que tenemos que reflexionar es: ¿qué pasa con los partidos?

Nos dieron una lección, o más bien un mensaje, los ciudadanos. Los partidos ya no podemos ser ojos cerrados, hay que abrirnos a la sociedad, y ahora que se están viendo los procesos de cambio de los distintos partidos, pues es un buen reto, cómo la sociedad incide de alguna manera.

Es cierto que en el Partido Revolucionario Institucional se decidió por una voluntad, no se escondió eso, pero también es cierto que la sociedad, de alguna manera los medios de comunicación estuvieron muy atentos en esto, y mucha gente opinó sobre esto, y quizás, también, la opinión de la sociedad, de los comunicadores algo incidió en esa decisión, y tenemos que ver: ¿Cómo pueden incidir? ¿Cómo puede incidir la sociedad en esto de los partidos? Somos de interés público, somos financiados por la sociedad con el recurso público y, por supuesto, tenemos que abrirnos.

Hemos hablado del parlamento abierto, tenemos que tener partidos abiertos y es un reto que tenemos como partidos, y es algo que seguramente demandarán.

Quiero agradecerle aquí a Manlio Fabio Beltrones el respaldo para hacer el Foro Internacional de Política de Drogas, que fue un hecho inédito por el tamaño en que se hizo, y la institucionalidad, con la cual coincido, necesariamente con la reforma energética, pero ahí estuvo César Gaviria con nosotros en la Cámara, pero yo recuerdo que siempre, acuerdo que tomé con Manlio Fabio Beltrones, acuerdo que cumplió, es un hombre, insisto, de palabra.

Pero esto de romper el tabú y discutir la política de drogas abiertamente y escuchar a todas las voces, es algo importante. Falta pasar de la discusión a la práctica.

Por cierto, anuncio que hoy presentamos una iniciativa más de regulación de marihuana, desde la producción hasta el consumo, la presento con mi Coordinador, le decimos “El Jefe Raya”, con Miguel Alonso Raya, presentamos esta iniciativa con un agregado: “clubes de cannabis”, eso que genera mucha polémica en España, que agregó Uruguay en su legislación, aquí le agregamos y le llamamos: “Asociaciones cannábicas de consumidores”. Ya no se presentan iniciativas, pero bueno, si les llamó la atención, ahí está la Gaceta.

Lo único que quiero decir es que vamos al debate fuerte, de hecho vienen momentos, dada la situación del país, lo que menos se puede esperar es que no haya debate, no haya debate intenso, pero lo que sí habrá siempre es respeto personal, y es respeto y es reconocimiento a los políticos de oficio que saben construir acuerdos.

Entonces, desde la diversidad, desde la diferencia, desde la discrepancia, mi reconocimiento a ese trabajo y a que pudimos construir acuerdos. Por supuesto, no le puedo desear éxito electoral, pero sí un éxito personal, un éxito para la protección de acuerdos, un éxito acá. Y termino diciendo, Manlio Fabio, termino diciendo que hay cosas que continuar de nuestra legislatura, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, igual que los gobiernos de coalición es ahorita un ornato, es un bonito adorno constitucional hasta que no estén las leyes secundarias.

Y la gran pelea que tenemos, es que las leyes secundarias no desmerezcan a la reforma constitucional, que sean del mismo nivel que la reforma constitucional, que no haya retrocesos en las leyes secundarias, y ahí estaremos y esperemos que ese gran mensaje que dimos de combatir la corrupción, de darle transparencia al país, lo refrendemos en las leyes que faltan en la materia.

Pues, enhorabuena y mucho éxito.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Tiene el uso de la palabra el Diputado Marcelo Torres Cofiño, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia.

Brevemente, en mi carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Cámara de Diputados, y en lo personal, siento el gran compromiso de felicitar y agradecer a mi amigo, el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, por su gran oficio político, al conducir la coordinación de su Grupo Parlamentario, igualmente en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara, esto por poner toda su entrega, su disposición, su palabra, su honestidad respecto de todas las ideologías, criterios, propuestas.

Le deseo, Diputado Beltrones, el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos, con todo aprecio y con todo respeto.

Muchas gracias.

¡Felicidades!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

En uso de la palabra el Diputado José González Morfín.

El Diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor Presidente.

He tenido la fortuna de ser compañero de Manlio 12 años en el Poder Legislativo: primero, en la Cámara de Diputados; después 6 años aquí y después otros 3 años que están a punto de concluir, en la Cámara de Diputados. Y yo quiero, me sentiría fatal si no lo hiciera, reconocer hoy aquí varias cosas.

Primero, reconocer el trabajo de Manlio. Los resultados están a la vista, y yo creo que la ciudadanía puede objetivamente juzgarlos.

Pero también reconocer el trato, el trato que ha tenido conmigo, y creo que con todos los que integramos esta Legislatura y las anteriores.

El compromiso y la disposición de Manlio para construir acuerdos, para desatorar las cosas. El siempre cumplido Manlio, que siempre, compromiso que se hacía con él, uno tenía la seguridad de que el compromiso se cumplía.

Tener un político con palabra, que cumple sus compromisos, en nuestro país o en cualquier otro país, la verdad es un valor agregado que todos debemos de agradecer.

Te digo en lo personal, Manlio, ha sido un gusto compartir contigo estas 4 legislaturas.

Reconozco su trabajo como parlamentario.

Agradezco, en lo personal, el trato que siempre me has dispensado, y yo sí le deseo a mi amigo Manlio mucha suerte de aquí para adelante.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa Patrón.

El Senador Emilio Gamboa Patrón: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy es un día importante para mi partido, es un día importante para Manlio Fabio Beltrones, es un día importante para sus compañeras y compañeros Diputados federales que vinieron a acompañarlo, y para mis compañeras y compañeros Senadores que estamos aquí el día de hoy.

Manlio Fabio Beltrones: La historia moderna no puede dejar de mencionar ese nombre en las páginas que se van a escribir y que se están escribiendo.

Yo entiendo a Manlio Fabio Beltrones, como un hombre que entiende perfectamente que quiere a este país.

¿Cómo define la política Manlio Fabio Beltrones? Servir, para eso es política.

Y a mí me gusta, cuando aquí escucho a gente de otros partidos, que respeto y aprecio, ver el respeto que se le tiene, el cariño que se ha ganado en otros partidos.

Como comprenderán, en el mío, es un cariño, un respeto absoluto el que se le tiene a Manlio Fabio Beltrones.

Yo tuve el privilegio de coincidir con él legislativamente, pero no juntos. En el 2000, cuando perdimos la Presidencia de la República, yo era Senador de la República, y Manlio Diputado federal, y siempre pude platicar con él lo más importante, el respeto de las instituciones, el respeto al Presidente de la República, el respeto a lo que los legisladores, durante muchos años hicieron, que son las instituciones que honramos todos los días.

Tuve el privilegio, también, de trabajar con Manlio Fabio del 91 al 97, él siendo gobernador, muy joven, de su entidad, de Sonora, y yo como Director de Infonavit, del Seguro Social, y como Secretario de Comunicaciones y Transportes, y las veces que lo visité, siempre había un común denominador: ayuda a la gente más pobre, hazles casas a la gente que más lo necesita, hazles hospitales a la gente que está enferma y que requiere que curen a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos; haz carreteras para que Sonora se transforme. Nunca un favor personal, siempre pensando en los sonorenses.

Y hoy Manlio toma una decisión que yo respeto, que apoyo, y que, sin duda alguna, estoy seguro le va a ir muy bien.

Pide licencia para dejar la Diputación federal, un hombre que conoce perfectamente la historia de nuestro país.

Un hombre que, como aquí se ha dicho, es para él lo más importante en la política, después de servir, cumplir la palabra. La palabra empeñada, jamás, jamás he visto que Manlio la traicione.

Y en las diferencias que tenemos aquí con los diversos partidos, saben ustedes de que en Manlio van a tener un hombre abierto, un hombre que está dispuesto a seguir fortaleciendo la democracia de mi país, un hombre que cree en la pluralidad, un hombre con ideas que van a generar iniciativas para que los Senadores y para que los Diputados que vamos a configurar la LXIII Legislatura, sigamos transformando este país, que es el deseo, sin duda alguna, del Presidente Enrique Peña Nieto, pero es el deseo, estoy convencido, viéndolo de diversas formas, es el deseo de todos los mexicanos. Queremos un México mejor. Para eso estamos, para eso nos pagan y para eso seguiremos nosotros en la LXIII Legislatura.

Manlio, mi amistad contigo es de muchos años. Respeto absoluto el corazón de ese hombre. En la enfermedad de un hermano, ya sea mío o de él; en la enfermedad de su padre o de su madre, o de mi padre y mi madre. Entiendo ese cariño. Te deseo, con todo corazón, que te vaya bien.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gamboa.

Haré uso de la palabra como Presidente del Senado y como Presidente de la Comisión Permanente.

Compañeras y compañeros legisladores: Hoy otorgaremos licencia de sus labores legislativas a un importante líder parlamentario, a un importante líder político.

Sin duda que la labor realizada en el Congreso mexicano y en los últimos 15 años, por lo menos, de parte del Diputado Beltrones Rivera, ha sido una labor muy influyente, una labor muy destacada, y los productos legislativos que tiene hoy nuestra sociedad tienen la opinión de su Grupo Parlamentario y la opinión de su líder, el Diputado Manlio Fabio Beltrones.

Las expresiones aquí escuchadas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, de Diputados y Senadores, habla de la madurez de esta LXII Legislatura, la más productiva en la historia del Congreso mexicano, y habla que nos movemos dentro de los parámetros en los cuales se desenvuelve la labor parlamentaria; y dentro de esos parámetros, uno muy importante: la cortesía política, la cortesía parlamentaria.

Con ese ánimo de cortesía política y cortesía parlamentaria, hoy saludamos y aprobaremos la decisión de pedir licencia del Diputado Beltrones Rivera.

Esperamos que su decisión de participar en la elección del Presidente Nacional de su Partido, el Revolucionario Institucional, sea para bien de México, así como las que se están llevando a cabo en los otros partidos políticos, la del Partido Acción Nacional y la del Partido de la Revolución Democrática.

El compromiso de los políticos de hoy es, y siempre ha sido, con México.

Yo estoy seguro que la labor del parlamentario Manlio Fabio Beltrones, del político Beltrones Rivera, será en ese sentido, en el reconocimiento del Senado de la República y el reconocimiento de la Comisión Permanente.

¡Enhorabuena, Diputado Beltrones!

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el punto de Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto del año 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió, también, una comunicación suscrita por el Diputado Eduardo Román Quian Alcocer, por la que solicita licencia para separarse de su funciones legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- Se concede licencia al Diputado Eduardo Román Quian Alcocer, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto del año 2015”.

No habiendo registrado legislador para hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Eduardo Román Quian Alcocer para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto del año 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibieron las siguientes comunicaciones.

Una, de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de su participación en la Mesa Directiva de Eurolat y en las reuniones de trabajo sostenidas en Reino Unido, Armenia, República Checa, Hungría, Bulgaria y en comisiones y Plenaria de Eurolat, celebradas del 15 de mayo al 5 de junio de 2015.








Y una, del Senador Fernando Yunes Márquez, con la que remite el informe de sus actividades en la visita de trabajo sobre temas de defensa y seguridad, en la República Islámica de Irán, del 14 al 23 de junio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió también un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica que la Evaluación de Procesos 2015 del Programa Presupuestario P002 “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor” será realizada por la institución Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: También, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al primer semestre de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MÉXICO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Banco de México, su informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Congreso del Estado de Veracruz, una iniciativa de Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.






COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de agosto de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de presupuesto.

Por no haber quien desee hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de presupuesto del mes de agosto de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de agosto del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el informe del presupuesto ejercido en el mes de junio de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






En el siguiente apartado del Orden del Día, que es la discusión de los dictámenes que presentan las comisiones, solicito a la Secretaría dé cuenta con los de la Tercera Comisión, sobre los que no existen reservas.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos siete dictámenes de la Tercera Comisión:

Que exhorta a desarrollar un plan estratégico frente a la escasez de agua.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y al gobierno de Baja California, a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público para que, haciendo uso de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico para hacer frente a la situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada, presentado por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 29 de julio del 2015, el Diputado David Pérez Tejeda Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y al gobierno de Baja California, a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público para que haciendo uso de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico que haga frente a la situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto exhortar a la CONAGUA, SEMARNAT y al gobierno de Baja California, para que haciendo uso de sus facultades legales, desarrollen un plan estratégico de abastecimiento de agua, ante la grave sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada.

El proponente expone que el punto nodal del fenómeno de la sequía que afecta a la Cuenca Binacional y propicia el desabasto de agua en el estado es la falta de planeación estratégica, lo cual ha sido motivo de señalamientos hacia los responsables de atender lo antes posible esta problemática.

Destaca que la sequía que enfrenta el municipio de Ensenada se debe al bajo índice de precipitaciones pluviales, a lo que se suma la construcción del Acueducto Inverso y la Planta Desaladora, que han provocado que el suministro para el sector doméstico y el sector comercial se vea reducido en más de un 50%, problema que ha rebasado a las autoridades estatales y federales.

En ese sentido, el Diputado expone la necesidad de adoptar una planeación estratégica que permitan prevenir a todos los sectores y niveles de la sociedad ante la poca disponibilidad del agua en el estado de Baja California y específicamente en el municipio de Ensenada.

Algunos de los principales problemas que ha propiciado la sequía son el abastecimiento  a entidades como el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y San Quintín, en las que existe una gran actividad agrícola e industrial.

El proponente señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° establece el derecho de contar con las condiciones necesarias para acceder al recurso del agua. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Expone también que tras la firma del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el principal suministro de agua cercano a este estado fronterizo se localiza en la cuenca del Río Colorado.

Considera que debido a los recortes del suministro de agua prevista para el año 2017, y ante la falta de estrategias del gobierno para enfrentar la actual sequía en el estado de Baja California, se deben generar políticas públicas proactivas, a fin de evitar la dependencia hacia las acciones llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado de Baja California a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público, para que, haciendo uso de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico para hacer frente a la situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el Municipio de Ensenada.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, define la desertificación como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas como el cultivo, el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego.

Según datos de las Naciones Unidas, más de 1500 millones de personas en 170 países se ven afectados  anualmente por la desertificación y las sequías.

En nuestro país, y en relación al Punto de Acuerdo en comento, la escasez de agua en el municipio de Ensenada, Baja California, ha reducido el desarrollo económico de la región y ha generado problemas de salud, debido a la prolongada sequía que afectan al estado.

Los principales problemas identificados en la región son: Inseguridad de abastecimiento futuro de agua a zonas urbanas y rurales, baja eficiencia de los sistemas de agua potable y riego, sobre explotación de los acuíferos de la región, falta de infraestructura de medición, contaminación de aguas superficiales, deficiente cultura del agua, daños provocados por fenómenos hidrometeorológicos extremos y el daño ecológico en el Delta del Río Colorado.

Al respecto, el Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, emitió una declaratoria de emergencia por la escasez de agua en el municipio de Ensenada. En este documento se instruye a distintas dependencias a determinar los recursos económicos para realizar los trabajos y obras necesarias para mitigar el problema.

Según datos de la Comisión Estatal de Agua de Baja California, con la finalidad de dar una pronta respuesta a la población ante la escases de agua, se puso en marcha el Proyecto Integral acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada (Flujo Inverso), el cual tiene como objetivo dotar a Ensenada de 300 L/s adicionales provenientes del Río Colorado a través del Acueducto Río Colorado con regulación en la presa El Carrizo, potabilizados en la Potabilizadora El Florido de la Ciudad de Tijuana y conducidos por los Acueductos Florido- Popotla, Herrera- La Misión, La Misión- Interconexión Morelos y el Acueducto Morelos hasta llegar a los tanques Morelos en la Ciudad de Ensenada. Se estima que dicha obra beneficia a una población de 400,000 habitantes que incluyen las zonas urbanas de la ciudad de Ensenada, Sauzal y Valle de Maneadero además de la zona sur de Playas de Rosarito.

El Programa Integral del Agua de Ensenada tiene por objetivo lograr el abastecimiento de agua a la población y el desarrollo de las actividades productivas, contribuir a su desarrollo sustentable y conservar los ecosistemas que hacen posible la captación de agua, con una proyección al año 2030, mediante la concertación de los tres órdenes de gobierno y los usuarios en una dinámica de participación activa.

Esta Comisión dictaminadora es consciente de la necesidad de tomar medidas extraordinarias ante los escases de agua y la sequía que afectan al estado de Baja California, específicamente al municipio de Ensenada.

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos fundamental la coordinación entre la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno del Estado de Baja California, para establecer un plan estratégico que atienda el abastecimiento de agua y la sequía en esta región del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Baja California, a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público, para desarrollar, o en su caso fortalecer, un plan estratégico que haga frente a la escasez de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el Municipio de Ensenada.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a considerar una auditoría para conocer el uso de los recursos públicos federales del Fonden entregados al municipio de Guasave, Sinaloa.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los fondos entregados al municipio de Guasave por el huracán de 2014; a la Secretaría de Hacienda a prever fondos para la recuperación de una playa; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe de los estudios realizados en la escollera y la Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa; presentada por los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Francisco Salvador López Brito.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. En la proposición con punto de Acuerdo que se dictamina, solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los fondos entregados al municipio de Guasave por el huracán de 2014; a la Secretaría de Hacienda a prever fondos para la recuperación de una playa; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe de los estudios realizados en la escollera y la Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa. En la propuesta se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

• En Sinaloa, el turismo es la segunda actividad más importante en términos económicos.

• El municipio de Guasave es el cuarto más importante de los atractivos turísticos de la región por sus playas; entre las que destaca “Bocanita” “Boca del Río”, “las Glorias” y la isla de Macapule.

• En 1992 se inició la construcción de un complejo de escolleras que nunca se terminó, lo que afectó al ecosistema de la región; las cuales quedaron inconclusas y de acuerdo con el informe de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo mismo sucedió en la playa “las Glorias”.

• En 2006, se proyectó la construcción de un espigón de piedra para detener el material de las corrientes marinas en la playa “la Bocanita”; sin embargo, debido a que también quedó inconclusa, no sólo afectó la ecología local sino también a las playas de la isla Macapule.

• El agua en las diversas playas se ha recorrido entre 25.1 metros y se recorre por año, en promedio 0.75 metros. En la Isla Macapule ya ha tenido un desplazamiento de 317 metros lineales. 

• Otro factor que ha afectado gravemente el crecimiento y desarrollo de Playa las Glorias son los fenómenos meteorológicos. Desde 2009 la tormenta Rick inundó el Bulevard Tiburón y el espigón hacia su parte costera, donde el alto nivel del mar afectó a los diversos comercios establecidos cerca de la playa.

• Otro fenómeno que afectó gravemente a playa Las Glorias fue el huracán suscitado en 2014, bajo el nombre de "Odile“ el cual ocasionó severos daños en el municipio de Guasave debido al fuerte oleaje que generó derrumbes en carreteras, casas y comercios de la zona ubicada en playa Las Glorias, ante tal situación el jueves 25 de Septiembre del 2014 la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre al municipio de Guasave, por la ocurrencia de dicho Huracán, por lo que se aprobó el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

• En lo que compete a playa Las Gloriadlos recursos para su restructuración formaron parte de los montos asignados. No fue hasta después de cinco meses, por el derrumbe de alrededor de 15 casas y restaurantes, que las autoridades iniciaron la limpieza de la playa, sin embargo, la falta de transparencia en la ejecución de recursos del Fonden y los trabajos de limpieza mal hechos, dejan en duda la efectiva aplicación de los recursos por parte de las autoridades locales.

• Con el propósito de conocer cuál ha sido el uso y destino de los recursos que otorgó el Fondo de Desastres Naturales, la población de playas Las Glorias ha solicitado a diversas instancias informes sobre el manejo de los $323,969,362.00 millones de pesos que se destinaron para la reconstrucción de la localidad, sin embargo, las autoridades se han mantenido omisas ante dichas petición.

• De acuerdo con el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (IPN-CIIDIR Unidad Sinaloa) en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (IPN-CICIMAR), proponen una solución para disminuir este problema, el cual sería instalar un sistema de geotubos que por un lado, controle la erosión de la playa y un rompeolas sumergido para que se rompa la órbita de la ola de tormenta y dispersar la energía del oleaje. El costo de esta inversión es mucho menor a lo ya invertido en la construcción de las escolleras en 1992, el espigón en 2006 y su ampliación en 2012 (más de 500, 000,000.00 de pesos aproximadamente), y representa un beneficio para su población y poder así reincentivar el turismo de la región.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales entregados al Municipio de Guasave, Sinaloa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para la instalación de una barrera paralela de geo tubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Transporte, a fin de que remita el contenido de los resultados de los estudios realizados en la escollera y la Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Se concuerda con los legisladores que cualquier hecho en el que exista duda de que pudiera atentarse en contra del bienestar de la sociedad  y que además afecte el medio ambiente debe ser relevante y debe atenderse. En el caso, se nota que se han tratado de realizar obras a favor de mantener los ecosistemas lo mejor posible, aunque dichas obras no hubiesen sido concluidas y hubiesen tenido como consecuencia la degradación abrupta del ecosistema.

Por otra parte, esta Comisión concuerda que, además del tema ecológico, existe una variante de relevancia que es la actividad económica derivada del ecoturismo de la región. Si las playas son la fuente del ecoturismo, al que estén en malas condiciones afecta de forma directa la economía de la región. En efecto, “en el plano económico la situación en playa Las Glorias ha ocasionado un baja en los ingresos de las personas que se dedican fundamentalmente al sector turístico de la zona, lo que se ha traducido en una disminución en el crecimiento y desarrollo económico del municipio.”

En ese sentido, como lo indica las consideraciones en el punto de acuerdo, “han sido diversos los factores que han impedido la restructuración de playa Las Glorias, lo que no tan sólo ha tenido implicaciones ambientales al presentar una fuerte erosión de la playa, sino también ha generado condiciones adversas para su población. Además, la falta de transparencia ha impedido realizar un plan de acción eficiente para rescatar playa Las Glorias y sus zonas aledañas”.

Es necesario que las instituciones encargadas establezcan lineamientos efectivos por los que pueda rescatarse el ecosistema de la región.

En cuanto a la solicitud de transparencia, coincidimos con el punto de acuerdo, en el sentido de que el combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia.

Respecto a la solicitud de los legisladores, se considera procedente conforme a lo dispuesto en la Fracción I del artículo 79 constitucional; al artículo 40 y a la fracción II del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Auditoría Superior de la Federación está facultada para realizar la auditoría solicitada en el punto de acuerdo analizado.

En el mismo sentido, conforme a lo dispuesto en el transitorio Segundo de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 2 de enero de 2013, la Secretaría de la Función Pública está facultada para dar cauce la solicitud planteada.

Finalmente, es viable la petición de que el Instituto Mexicano del Transporte informen a ésta Comisión cuál es el estado en el que se encuentran las diversas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en un lapso no mayor a 15 días, lo anterior conforme al contenido del inciso I, del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “[l]os presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales entregados al Municipio de Guasave, Sinaloa.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de considerar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para la instalación de una barrera paralela de geotubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Transporte, que en término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía el contenido de los resultados de los estudios realizados en la escollera y la Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca, sobre la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y la comercialización del “Hule Hevea”, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación; presentado por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 31 de julio de 2015.

2.- El 31 de julio, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca, sobre la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y la comercialización del “Hule Hevea”, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(i) El hule es un producto especialmente útil por sus cualidades físicas, ya que retiene el aire, es repelente al agua, no conduce fácilmente la electricidad y tiene larga duración. En México se puede obtener de distintas plantas como el Castillo Elástica, árbol que se desarrolla en el sureste de México.

(ii) La superficie mundial plantada es de 9.8 millones de hectáreas y 90% se localiza en Asia, su uso es industrial; se producen entre 40 y 50 mil artículos de hule natural entre los que sobresalen las llantas, cámaras, bandas transportadoras, mangueras, empaques, soportes, globos y guantes, entre muchos otros.

(iii) En México el cultivo del hule natural ha permitido el desarrollo de regiones potenciales para este cultivo en el sur-sureste del país, específicamente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, cuyas condiciones climáticas corresponden con altas precipitaciones, suelos drenados y fisiografía de lomeríos suaves. Su importancia a nivel nacional radica en el número de familias que dependen económicamente de los ingresos de este cultivo.

(iv) El Estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional en superficie plantada y volumen de producción, distribuidos en las regiones del Itsmo, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan; de esta última zona el 72% de los productores cuenta con un predio el cual puede ser de su propiedad, rentado, o trabajando a medias con otro productor.

(v) En el padrón 2011 se identificaron 1,384 productores en Oaxaca con plantaciones con árboles de hule, en donde 8 de cada 10 productores eran hombres y 2 mujeres.

(vi) El análisis de los datos obtenidos con el padrón arrojó que la mayoría de los predios plantados con hule son ejidales (88.0%), poco más de una décima parte (10.4%) son propiedad privada y el 1.6% son terrenos comunales. A su vez, los productores de hule en su mayoría tenían un nivel muy bajo de escolaridad, ya que el 81.2% no contaba con escolaridad o máximo primaria completa. El 13.3% tenía estudios de secundaria, el 3.3% con educación media superior y el 2.2% con licenciatura.

(vii) La producción de hule en sus diferentes etapas genera 3,779 empleos, de los cuales el 39.4% son permanentes en tanto que el 60.6% son temporales. La mayoría de los productores de hule se encuentran integrados en el Sistema Producto Hule (SIPRO) y en el Consejo Estatal de Productores de Hule de Oaxaca (CEPHO), obteniendo como ventaja la seguridad de venta de su producto en la Beneficiadora y Comercializadora de Hule Oaxaca S.A. (ByCHOSA).

(viii) El distrito de Tuxtepec concentra el 87.1% de la superficie en el Estado destinada a la explotación del hule, seguido por el distrito de Juchitán con 5.4% y por último los distritos de Choapam y Mixe con 4.9% y 2.6%, respectivamente.

(ix) Se señala que el 83.2% de los productores de hule no recibía asesoría. Un inconveniente de los últimos años es que el 16.9% ha establecido plantaciones nuevas en una superficie de 363.55 hectáreas de las cuales el 84.4% se ubican en la región del Papaloapan, esto se debe a varios factores, entre los que resalta la falta de predios disponibles, la falta de apoyos en los primeros años de establecimiento y desarrollo de la plantación y la falta de material vegetativo y enfermedades de los plantíos.

(x) A principios del año 2014, los huleros expresaron que sufrían su peor crisis por las toneladas de hule que ingresan de otro país a bajo costo, pidiendo a los industriales mexicanos que ya no compren producto de otros países y que consuman lo que México siembra. Más de 4,000 productores declararon crisis económica, al desplomarse el precio del kilo de látex a $11.00 pesos.

(xi) A pesar del gran potencial que se tiene en México para desarrollar el cultivo del hule, la Asociación de Plantaciones de Hule con Especies Maderables mencionó en julio de 2014 que sólo se establecían 27,128 hectáreas (7%); es así que la producción de caucho natural y látex para la demanda de hule nacional que actualmente se tiene, presenta un déficit de alrededor 85% de la balanza comercial.

(xii) El valor de la producción de hule en el estado de Oaxaca de 2014 disminuyó en 52%, significando que su participación a nivel nacional que era en 2013 del 12% quedo en 4.1%.

(xiii) En abril de este año, representantes de ByCHOSA reportan que la producción hulera sigue siendo inestable debido a que el precio en el mercado internacional no logra mantenerse. Antes se lograban obtener de 70 a 80 toneladas a la semana mientras que a la fecha sólo se llegan a captar entre 30 y 40 toneladas, lo que constituye casi un 50% menos.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del Estado de Oaxaca en la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y su comercialización, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a instrumentar acciones de asesoramiento en estrategias en materia económica que coadyuven a la compensación de la caída de los precios del hule, así como capacitación en estrategias de comercialización favorables para el sector.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta representación coincide con el proponente en reconocer que el hule es un cultivo estratégico para México, ya que existen grandes sectores industriales que se han instalado en el país y que requieren de productos derivados de este. En este supuesto  particular se encuentra el sector de la industria automotriz.

Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con el potencial para el impulso del campo y producción de hule, lo que requiere poner énfasis en capacitación, aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno acompañado de una estrategia comercial, como lo sugiere el proponente.

En ese sentido, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con la propuesta del Senador Pérez Magaña sobre la importancia para que los productores de hule puedan ser debidamente apoyados y asesorados tanto el proceso de producción como de comercialización del hule, no sólo en el estado de Oaxaca, sino en nuestro país en general.

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca en la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y su comercialización, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a instrumentar acciones de asesoramiento en estrategias en materia económica que coadyuven a la compensación de la caída de los precios del hule, así como capacitación en estrategias de comercialización favorables para el sector.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Por el que solicita al IMSS información de la situación que prevalece sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

a. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad al criterio establecido por un juez federal que acredita una retención ilegal por parte del Instituto, pero no lo hace extensivo a los demás afectados.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

a. De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad al criterio establecido por un juez federal que acredita una retención ilegal por parte del Instituto, pero no lo hace extensivo a los demás afectados.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La proponente refiere las diversas denuncias que han formulado los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, por considerar que sus derechos fueron vulnerados en demerito de sus prestaciones laborales, al modificar sin su consentimiento el contrato colectivo de trabajo. 

Manifiesta que dichas modificaciones tuvieron como consecuencia, la reducción de la prima de antigüedad para los jubilados, que a partir de 1994 sólo han recibido 12 días por año por pago de este concepto.

Señala que con el fin de atender esta situación, se han llevado a cabo diversas reuniones con funcionarios del instituto, los cuales han manifestado su interés por dar una solución a este conflicto, siempre que ésta se encuentre dentro del marco de la ley.

Al respecto, advierte que varias de las personas afectadas, promovieron juicios de amparo. Uno de ellos fue resuelto por el Poder Judicial de la Federación, condenando al Instituto al pago de la suma de las diferencias reclamadas, por concepto de prima de antigüedad.

Por ello, la proponente considera que esta resolución, debiera ser un precedente suficiente para que el Instituto procediera al reconocimiento de la violación de los derechos de los jubilados y en consecuencia, al pago de las sumas que se estiman adeudadas. 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de inmediato inicie las investigaciones que procedan sobre la llamada “cuenta secreta”, para deslindar responsabilidades, incluidas las de carácter penal; y con sus fondos se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a todos sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Comisión coincide en la importancia de salvaguardar los derechos humanos de pensionados y jubilados en nuestro país.

En este sentido, esta Comisión considera preciso señalar que se advierte, que la proponente ha promovido en diversas ocasiones proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender la demanda de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que les sea pagado el monto que consideran les corresponde por concepto de prima de antigüedad.

Asimismo, se advierte que dichas propuestas han sido desechadas en reiteradas ocasiones, por no haber sido dictaminadas dentro del periodo en que fueron presentadas; por considerarse que carecen de sustento; o debido a que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para exhortar a las autoridades señaladas. 

En este sentido, la proponente ha referido que los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han denunciado la existencia de una “cuenta secreta”, afirmando que el monto de esa partida es de, aproximadamente, 400 mil millones de pesos, los cuales, advierten, son ejercidos de manera discrecional.

Al respecto, se ha señalado que dicha cuenta, se ha formado a través de los años, con los montos ordinarios y extraordinarios que no han sido entregados a los trabajadores del IMSS al momento de jubilarse, particularmente al reducirse la prima de antigüedad de 50 a 12 días de salario por año de servicios.

Como lo señala la proponente, lo anterior es resultado del establecimiento de una cláusula tercera transitoria, que se previó en el marco de la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS en 1970, en el que se les otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio.

No obstante, se ha denunciado que en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 bis, por virtud de la cual se reducía la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año.

De esta forma, el pago por la separación por jubilación está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo entre el Instituto y sus Trabajadores, concretamente en la cláusula 59 Bis, la cual, a la letra señala:

Cláusula 59 Bis.- Separación por Jubilación por Años de Servicios

A la separación del trabajador con motivo de su jubilación por años de servicios, pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, el Instituto le pagará como prima de antigüedad, el importe de 12 días de salario, por cada año efectivo laborado y la parte proporcional correspondiente a la fracción de año, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor de quince años.

Los trabajadores que se separen por las mismas causas, con menos de quince años de antigüedad en el servicio, recibirán del Instituto doce días de salario por cada año efectivo de servicios, sin que el pago de la antigüedad pueda exceder del importe de tres meses de salario, computados a razón del que disfrute el trabajador en el momento que le sea otorgada la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez.

Asimismo, les cubrirá todas y cada una de las prestaciones que les adeudare, por concepto de salarios, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro y aquellas a que tuvieren derecho de conformidad a las cláusulas relativas al presente contrato.

De la lectura de dicho precepto normativo se ha considerado la imposibilidad de las autoridades para investigar algo que está pactado con los mismos trabajadores, ya que la naturaleza de los contratos colectivos de trabajo es la de un acuerdo de voluntades y, por lo que, en dado caso es a ambos a quienes debe exigírseles la rendición de cuentas por los posibles actos que lesionan los intereses de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios en el sentido de afirmar que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre el sindicato y el patrón con el objeto de establecer, en cláusulas generales y abstractas, las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, y cuando las relaciones laborales terminan por mutuo acuerdo, y con posterioridad a esa fecha se celebra un contrato de prestación de servicios entre un trabajador y ese patrón ya no existe obligación de cumplir con las condiciones generales de trabajo pactadas, porque los únicos obligados eran las partes contratantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anterior, esta Comisión considera que carece de facultades para requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social a que lleve a cabo la entrega de los recursos que señala en la propuesta, toda vez que, como se indica en la propuesta, es el Poder Judicial de la Federación el competente para determinar, mediante la resolución de los recursos que para el efecto se promuevan, la obligación de la autoridad de dar cumplimiento al pago de los conceptos adeudados.

No obstante, coincidiendo con la importancia de velar por los derechos de los trabajadores jubilados del país, y toda vez que esta Comisión advierte que en reiteradas ocasiones se ha manifestado que los recursos para los pagos de la prima de antigüedad que se reclama, han sido aprobados, sin embargo, no han sido transferidos al Seguro Social, se estima la oportunidad de exhortar al Instituto a que informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para atender la cuestión planteada por la proponente.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía la situación que prevalece sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 38 días de prima de antigüedad.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Por el que se solicita al gobierno federal información sobre el Programa PROAGRO.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo, presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 29 de julio de 2015.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a que informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con las Reglas de Operación y la aplicación de los Programas PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO.

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

i. Que el Programa PROAGRO, que nació como PROCAMPO en 1993, fue concebido como apoyo compensatorio para los productores en pequeña escala y de autoconsumo, ante la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque se consideró que existían desventajas competitivas para los productores nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios.

ii. Que el PROCAMPO sustituyó el sistema compensatorio basado en precios de garantía que se había aplicado en el país en años anteriores y consistió en un pago directo por hectárea o fracción sembrada con cualquiera de los nueve cultivos elegibles, algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo, en alguno de los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores a agosto de 1993.

iii. Que el Programa incorporaba a personas de bajos ingresos, que destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo; que era un mecanismo de transferencia de recursos aceptado internacionalmente porque no provocaba distorsiones  de mercado; que la intención del Ejecutivo al proponer el Programa  era apoyar a los pequeños productores de autoconsumo,

iv. Que para el año 1996 fueron modificadas las Reglas de Operación del PROCAMPO para convertirlo en un apoyo a medianos y grandes productores, estableciendo como superficie por productor agrícola, 100 hectáreas de riego o su equivalente en temporal y 2,500 hectáreas de riego o su equivalente por persona moral, con la excepción del componente de PROAGRO Productivo, cuyo máximo de apoyo quedó en 80 hectáreas.

v. Que según el decreto que crea Programa ProAgro éste tiene como Objetivo General: "Contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas mediante incentivos para: la integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agro clúster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agro insumos, manejo post cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales." y como Objetivo Específico "Mejorar la productividad agrícola de todos aquellos productores agrícolas, personas físicas o morales, con predios en explotación que se encuentren debidamente inscritos en el Padrón de PROAGRO Productivo que hubiesen recibido apoyos del PROCAMPO en alguno de los últimos dos ciclos homólogos anteriores y cumplan con el resto de la normatividad de este componente." ​

vi. Que en la definición de su estructura programática para 2014, se incluye el Programa de Fomento a la Agricultura, se formaliza la transición del PROCAMPO Productivo, para convertirse en lo que ahora se denomina PROAGRO Productivo, y se establecen como propósitos fundamentales:

La igualdad de oportunidades para impulsar un México Próspero. 

Elevar la productividad del país, incrementando el crecimiento potencial de la economía para coadyuvar al bienestar de las familias.

Generar una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales, reduciendo los altos niveles de desigualdad prevalecientes.

I. Que sin embargo los propósitos apuntados no se cumplen. El PROAGRO, ha dejado de cumplir el objetivo que propuso la creación de PROCAMPO en 1993 y los que se establecen en su estructura programática y se ha convertido en la "caja chica" de los grandes productores del campo.

II. En años recientes tampoco se ha cumplido el propósito de elevar la productividad: la producción agrícola y ganadera ha dejado de crecer y lo que sí ha crecido es el consumo de alimentos y la necesidad de importar cada año mayores cantidades de granos básicos y alimentos industrializados para cubrir la demanda nacional.

III. Las cifras de importación nos hablan de un déficit cercano a los dos mil quinientos millones de dólares anuales. En paralelo aumenta la emigración hacia los Estados Unidos de miles de campesinos que no tienen oportunidades productivas en su tierra.

IV. Que tres millones novecientas mil Unidades Económicas Rurales de baja productividad carecen de financiamiento. Estas Unidades producen para autoconsumo y para mercados locales, pero no participan en los mercados nacional e internacional.

V. Adicionalmente existen un millón quinientas mil Unidades Económicas Rurales de productores medios que aportan el 60% del valor de la producción nacional que tienen una relación eficiente con los sistemas de financiamiento tanto del Estado como privados. Una debilidad de estas Unidades es su relación con los mecanismos de exportación. Una parte importante de los fondos del PROAGRO va a estos sectores productivos.

VI. Que la mayor oportunidad de mejora productiva está en los sectores productivos hoy marginados, casi cuatro millones de productores de autoconsumo y pequeña escala; un millón y medio de medianos productores en pequeñas propiedades legales. Estos sectores tienen el potencial para crecer, producir más y mejor, generar empleos en el campo, proveer al mercado nacional de alimentos y lograr la Autosuficiencia Alimentaria.

VII. Dentro de las UER´s hay un sector privilegiado: los grandes productores con más de trescientas hectáreas, muchos de ellos enfocados al mercado de exportación.  Son solo diez y siete mil Unidades de producción, el 0.3% de los productores del país. Reciben 50 veces más, persona por persona, que los productores de superficies menores. El PROCAMPO fue originalmente pensado para atender a los productores de autoconsumo y pequeña escala.

VIII. Esto es lo que tiene que cambiar. El PROAGRO debe volver a ser el programa de apoyo al desarrollo social, no al crecimiento de las desigualdades.

IX. La experiencia de intervención del gobierno en favor de "productores eficientes" afectando a los pequeños productores de la propiedad social es muy ilustrativa: veinte años de una política que ha privilegiado a los grandes productores ha demostrado que no se dan abasto para producir los alimentos que necesitamos para todos.

X. Ante esto nos preguntamos ¿cuáles son las prioridades del Gobierno Federal en el campo? ¿quiénes deben ser los beneficiarios de los programas compensatorios? ¿la política de desarrollo debe orientarse a los grandes productores? ¿o a los pequeños productores, incluidos quiénes producen para autoconsumo? ¿cuáles son los criterios para incluir, excluir o mantener en el ProAgro a los productores? y esas son las preguntas que queremos hacerle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XI. Considerando finalmente que los apoyos institucionales encuadrados en el PROAGRO deberían orientarse a quiénes necesitan fondos subsidiarios para mejorar sus ingresos y su calidad de vida, y que esta intención no se refleja en la orientación actual del Programa.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, que informe a esta soberanía:

1) Cuáles son los criterios generales de aplicación de los recursos presupuestales del PROAGRO, específicamente los relacionados con superficie de cultivo, calidad de suelos, productos elegibles; asimismo le pedimos nos informe cuales son los montos considerados para los diferentes productos y productores; 

2) Cuando fue la más reciente actualización del padrón de PROAGRO y cuales criterios se aplicaron para hacer inelegible a un productor para recibir los recursos públicos que asigna el Programa;

3) Si existen criterios de exclusión por parentesco con funcionarios públicos,  dirigentes políticos, empresas del Estado, delincuencia organizada, antecedentes penales, adeudos fiscales o de otro tipo. 

4) Si es vigente la exclusión de los beneficios del PROAGRO de funcionarios públicos,  diputados, senadores, jefes militares, clérigos, menores de edad, avecindados. 

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del Senador en el sentido de conocer cómo funciona el Programa citado en la proposición con punto de acuerdo toda vez que incide en la política social y económica del país y repercute en el bienestar de los mexicanos y del grupo beneficiado con dicho programa.

Para esta Comisión resulta de primer orden de importancia los programas destinados al agro mexicano ya que son de vital importancia tanto para garantizar la suficiencia alimentaria interna como ser un motor de la economía a nivel global, del que nuestro país saque buenos dividendos.

Coincidimos con el Senador proponente en solicitar información que permita a esta Soberanía tener mayor claridad respecto al manejo, destino y proyección de tan importante programa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía:

1) Cuáles son los criterios generales de aplicación de los recursos presupuestales del PROAGRO, específicamente los relacionados con superficie de cultivo, calidad de suelos, productos elegibles; así como cuáles son los montos considerados para los diferentes productos y productores; 

2) Cuándo fue la más reciente actualización del padrón de PROAGRO y cuáles fueron los criterios de elegibilidad para recibir los recursos públicos que asigna el Programa; 

3) Si existen criterios de exclusión por parentesco con funcionarios públicos,  dirigentes políticos, empresas del Estado, delincuencia organizada, antecedentes penales, adeudos fiscales o de otro tipo. 

4) Si es vigente la exclusión de los beneficios del PROAGRO de funcionarios públicos, diputados, senadores, jefes militares, clérigos, menores de edad y/o avecindados. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Por el que se solicita al gobierno federal considere realizar auditorías a los diversos programas que son parte del “Programa Especial Concurrente”.

 

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada el punto de acuerdo punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría a los programas que integran el “Programa Especial Concurrente”, presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A.  El Senador proponente motiva su petición con las siguientes consideraciones:

Refiere que en enero de 2015, Oxfam, una Organización de la Sociedad Civil  presentó un estudio en el que analiza el tema de la desigualdad. Afirma que en el mundo, 80 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, esto es aproximadamente 3550 millones de personas. Precisa que en México cuatro familias poseen unas fortunas que sumadas representan el 9% del PIB nacional.

Que México se situó dentro de los países con mayor desigualdad en el mundo y el de mayor desigualdad de América Latina. Que durante los últimos 18 años el PIB per cápita creció menos del 1% anual, mientras la fortuna de los 16 mexicanos más ricos creció en promedio 25% anual, es decir 455% en ese periodo.

Que según datos de INEGI y CONEVAL en enero del presente año el valor de la canasta alimentaria, se situaba en el orden de 897.30 pesos, lo que significa 17% más que en el mismo mes de 2012 y 30% más que en enero de 2010.

Que uno de los programas considerados puntales para el crecimiento económico, el Programa Especial Concurrente, PEC, fue creado en 2001 con el objetivo de aplicar una política transversal para el desarrollo rural, promover las actividades productivas, crear infraestructura social en municipios rurales e infraestructura productiva en las áreas agrícolas, ganaderas y forestales.

Que el PEC es conducido por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y un Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que formulan las previsiones para ser incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Que hasta hoy no se ha logrado una verdadera política transversal; el desarrollo rural no ha logrado despegar, el campo sigue expulsando a sus hombres y mujeres por falta de oportunidades; la sociedad rural sigue estancada, sin crecimiento económico, sin empleos, sin mejoría, y cada año tenemos que importar parte de nuestros alimentos básicos.

Que uno de los graves problemas sociales es la situación de carencia alimentaria. Para resolverla se han creado programas permanentes que son parte del PEC, y programas coyunturales como la Cruzada Nacional Contra el Hambre. De los programas del PEC solo cinco están enfocados directamente a la solución de la situación de insuficiencia alimentaria, estos son:

Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF)

Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria,

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.

B. De acuerdo a lo anterior los Senadores proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública la realización de auditorías a los Programas:

Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF)

Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria,

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.

Que son parte del Programa Especial Concurrente y que se informe a esta Soberanía de los resultados de dichas auditorías.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, nos dimos a la tarea de recopilar información respecto del “Programa Especial Concurrente” para tener información que nos permita emitir una opinión responsable y adecuada.

En ese tenor, debemos señalar que encontramos información en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En ese estudio se señala que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se destinaron 332 mil 158.7 millones de pesos para el “Programa Especial Concurrente” esto es, un monto inferior en 5.1 por ciento en términos reales, al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Según el dicho de organizaciones campesinas que recientemente participaron en un evento en el Senado de la República, es necesario que las políticas y la entrega de recursos del Programa Especial Concurrente, sean reorientadas, dado que se entregan más recursos a los productores del norte del país, en detrimento de los productores del sur-sureste.

Los miembros de esta Comisión compartimos la visión del proponente en cuanto a la importancia de abatir la carencia alimentaria en nuestro país. No es posible que en México existan 27.4 millones de personas que padezcan carencia alimentaria. Esas personas no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria básica.

Los índices de pobreza que registra nuestro país son preocupantes, por lo que es necesario implementar políticas públicas y acciones legislativas que en realidad contribuyan a la mitigación del hambre en nuestro país.

En ese tenor, consideramos adecuado aprobar la propuesta del Senador Pedraza, realizando únicamente adecuaciones de redacción y técnica legislativa para darle viabilidad a la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, considere realizar auditorías a los siguientes Programas que son parte del “Programa Especial Concurrente”: Programa de Incentivos para Productores de Maíz (PIMAF), Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO), Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil. Asimismo, informe a esta Soberanía de los resultados de dichas auditorías.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Y por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, particularmente sobre los estudios para garantizar la sustentabilidad ambiental, así como los relativos para garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario en cada región del país, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 29 de julio del 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016,particularmente sobre los proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra informe al Congreso de la Unión, sobre la sustentabilidad de los proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016.

La proponente expone que es de suma importancia, realizar un estudio general a las políticas públicas en materia hídrica. Debido a que nuestro país, necesita asegurar el abasto de agua para ésta y las siguientes generaciones ante el panorama de escases, especialmente en el Valle de México.

La Senadora considera necesario analizar los proyectos del actual gobierno federal que tendrán inicio en 2016, de tal manera que los recursos constituyan una fortaleza que propicie el desarrollo económico, social y sustentable del país.

Cerca de 1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, otros 500 millones se aproximan a esta situación. A nivel mundial, se estima que unos 768 millones de personas continúan sin acceso a una fuente mejorada de suministro de agua “aunque algunas fuentes lo estiman en 3.5 mil millones de individuos”.

De acuerdo a datos de la Unesco, 2014, se estima que al año 2030 cerca de 47% de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico.

La Senadora señala que el uso del agua y su disponibilidad varía de un país a otro, incluso de una región a otra dentro de los propios estados.

Destaca que según datos de la Unesco, considerando el número de habitantes de cada país los diez países que consumen más agua en volumen son India, China, Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, México y la Federación de Rusia.

La Senadora propone necesaria la supervisión y optimización de los recursos financieros de los que dispone el sector hidráulico, para el ejercicio fiscal 2016, a fin de enfrentar los retos en materia ambiental, bajo el principio de sustentabilidad y sostenibilidad.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, para que asista a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de esta Soberanía con la finalidad de informar sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, especialmente sobre los estudios para la sustentabilidad ambiental así como los estudios para garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario en cada región del país donde se construirán tales obras.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

El agua es un recurso, indispensable para la vida y estratégico para el desarrollo sostenible del país. Conocer los principales problemas que enfrenta el abastecimiento de agua, garantizar su acceso y mejorar el saneamiento, son los retos principales que enfrenta la presente administración.

Como lo ha expuesto la proponente, el sector hídrico del país enfrenta muchos retos, por lo que es necesario la supervisión y optimización de los recursos financieros disponibles y su viabilidad como herramienta para lograr los objetivos del sector para el ejercicio fiscal 2016.

Dicho análisis debería enmarcarse en un modelo de gestión integral del agua para garantizar la utilización racional del recurso a nivel local, estatal y federal.

El sector hídrico de México se encuentra en crisis, a pesar del aumento de los fondos de inversión asignados a dicho sector.

Estos son algunos de los principales problemas que se han identificado, con afectaciones ecológico irreversible, agotamiento de manantiales, desaparición de lagos, reducción de los caudales de los ríos, desaparición de vegetación, lesión de ecosistemas, deterioro de la calidad del agua de los propios acuíferos, hundimiento del subsuelo y los efectos de las sequías e inundaciones, son factores que ponen en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos a largo plazo.

En el documento agenda del Agua 2030 CONAGUA. Los análisis de los posibles escenarios indican que para poder superar con éxito los desafíos futuros en el sector hídrico será necesario invertir anualmente $51.000 mil millones de pesos en los próximos 20 años. El costo económico de no actuar, representa 1.5 billones de pesos anuales al 2030.

La Ley de Aguas Nacionales, precisa que el Programa Nacional Hídrico es el documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión integrada de los recursos.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo desconcentrado, que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica al constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

La CONAGUA tiene entre sus principales atribuciones, el monitoreo y certificación de la calidad del agua para sus distintos usos, así como el fomento de obras de infraestructura que potencialice el uso sustentable del agua.

De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, El Director General de "la Comisión" tendrá las facultades siguientes:

I. Dirigir y representar legalmente a "la Comisión".

Esta Comisión dictaminadora considera necesario que la Comisión Nacional del Agua brinde un informe minucioso sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, particularmente sobre los estudios para garantizar la sustentabilidad ambiental.

Sin embargo se considera que la proponente del punto de Acuerdo solicitó una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra con la finalidad de informar sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016. Considerando el acuerdo de la Junta Directiva de la Tercera Comisión respecto al trámite para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, será requerir en primer término un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente. El plazo que se establecerá para que se haga llegar el Informe es de 15 días naturales.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención la supervisión y optimización de los recursos financieros de los que dispone el sector hidráulico, para el ejercicio fiscal 2016. En ese sentido coincidimos con la intención de la proponente, y realizando las precisiones correspondientes aprobamos las propuestas en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a esta Soberanía sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, especialmente sobre los estudios para la sustentabilidad ambiental así como los estudios para garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario en cada región del país donde se construirán tales obras.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Son los dictámenes de la Tercera Comisión en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los recursos económicos destinados al programa “Cine Móvil”; asimismo a informar sobre los programas de capacitación que lleva a cabo para evitar accidentes de trabajo. El dictamen está publicado en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Energía y al Director de PEMEX a enviar un informe respecto de los recursos destinados al programa cine móvil; presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 22 de julio de 2015.

2.- El 23 de julio siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Secretario de Energía y al Director de PEMEX a enviar un informe respecto de los recursos destinados al programa cine móvil. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(i) De 2009 a 2013, Pemex ha producido en promedio 3 películas por año a través del programa Cinetransformer. En total 18 películas de 45 minutos.

(ii) El objetivo es reforzar la cultura de seguridad y reducir al mínimo los accidentes de trabajo en temas de salud en el trabajo, procedimientos preventivos, robo de combustible, entre otros. 

(iii) Las películas mezclan una historia de ficción que vincula casos reales.

(iv) La inversión en el programa de 2009 a 2013 es de 564 millones de pesos.

(v) Dado el costo de la inversión, es necesario conocer los resultados.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell y al Director General de Petróleos Mexicanos Emilio Ricardo Lozoya Austín, a fin de que envíen un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo informen sobre los programas de capacitación que llevan a cabo para evitar accidentes de trabajo en Petróleos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Esta Comisión dictaminadora considera que la rendición de cuentas y la transparencia son un elemento definitorio para fortalecer la democracia. En el mismo sentido, se considera que el cuidado y utilización de los recursos es uno de los factores elementales de cualquier gobierno.

En el caso de PEMEX, se ha dado a conocer a través de diversos medios periodísticos la utilización de fuertes sumas de dinero en un programa de prevención que ha causado dudas a los ciudadanos. De ahí que la legisladora haya argumentado en el respectico punto de acuerdo que “llevar trailers de estas dimensiones a ciudades pequeñas para proyectar las películas es complicado, representa realizar mucha actividad con tránsito y aplicar una logística compleja que genera elevados costos por lo que es importante conocer si éstos se subsanan con la reducción significativa de accidentes de trabajadores de Petróleos Mexicanos por lo que quiere conocer si ¿realmente la inversión en las mencionadas películas de prevención han sido factor determinante para que la tasa de incidentes de trabajo que han costado la vida o importantes lesiones a empleados, ha tenido una disminución?”

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

Sin embargo, esta Comisión considera suficiente solicitar dicha información a Petróleos Mexicanos, y no así a la Secretaría de Energía, en el marco de sus atribuciones y según lo referido en la solicitud original del punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamentea Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo informen sobre los programas de capacitación que llevan a cabo para evitar accidentes de trabajo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea.

El punto de Acuerdo que hoy se dictamina por parte de la Tercera Comisión, específicamente tiene que ver con un tema de gastos excesivos, aparentemente, y no justificados en el tema de capacitación por parte de Pemex para la creación de películas, que se suponía que vendrían a ayudar al tema de evitar riesgos y evitar accidentes en plataformas y en el ejercicio de todas las secciones y todas las empresas de Pemex.

Dicen que más vale prevenir que lamentar, y estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, este programa de capacitación que ha promovido Pemex a través de lo que se conoce como el Cinetransformer, que ha producido ya algunas series de películas.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame, Diputada.

Compañeras y compañeros, vamos a tratar de recuperar la atención, les pido, por favor, atención a la oradora. A los señores y señoras asesoras, por favor, nos apoyen para la realización de la sesión.

Adelante.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias.

Estamos conscientes que es necesario iniciar un programa de verdadera capacitación para evitar los accidentes en Pemex.

Tan sólo entre 2007 y 2013, Pemex Exploración y Producción registró un promedio anual de 153 muertes; el mayor número de fallecimientos ocurrió en 2012, con 30 casos y en 2013, la tasa de mortalidad y lesiones de trabajadores de Pemex era 6 veces el promedio internacional.

Estamos conscientes del riesgo, de que la gente no puede seguir muriendo mientras realiza su trabajo en la empresa más importante de este país. Hay que generar, en efecto, las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, que es una obligación del patrón con la participación de sus empleados.

Sin embargo, la creación de estas películas de Cinetransformer, que han gastado ya más de 500 millones de pesos, aparentemente no ha tenido el impacto en seguridad para evitar accidentes y muertes en Pemex. Sólo hace unos días nos enterábamos de los últimos accidentes que se sufren.

Pemex no ha sabido dar una respuesta al escándalo del Cinetransformer, más allá, ha tratado de mantenerlo escondido. El gasto que se ha hecho excesivo en la creación de estas películas, de casi 538 millones, no ha sido cubierto definitivamente, por lo que Pemex argumenta que se han evitado en gastos, dados los avances de seguridad que tiene en resultados de estas películas, que es apenas de 500 millones de pesos.

Este tema no ha querido no solamente ser discutido por la empresa, por la paraestatal o por la nueva Empresa Productiva del Estado, sino que, además, se ha tratado de mantener por debajo de la mesa este escándalo.

Nosotros lo que estamos solicitando en este punto de Acuerdo, es que se informe el gasto que se ha tenido en las creaciones de estas películas de Cinetransformer que, por cierto, parecen, insisto, más de aquellas viejas películas de burla, de un poco de la sociedad mexicana, que serias películas para la capacitación.

¿Por qué? Porque utilizando a mujeres casi desnudas, utilizando argumentos y guiones que no tienen nada que ver con la seguridad, han pretendido decir que tienen un programa de capacitación completo.

A mí me parece, entonces, que debe ser del interés no solamente de todos nosotros, como legisladores, sino de todos los ciudadanos, que Pemex informe cuáles son los verdaderos resultados de estos 538 millones de pesos que se han gastado en Cinetransformer, y también me parece importante que nos digan los efectos reales que ha tenido en seguridad.

Pemex, presume que es una de las empresas del ramo más seguras en Latinoamérica; sin embargo, ha modificado también la forma de presentación de los índices de incidencia de accidentes y muertes, y eso es simplemente la modificación de los números y de la medición, no necesariamente mayor seguridad.

Pemex siendo la empresa más importante de este país y representando todavía el 40 por ciento de los ingresos totales que tenemos en México, debe ser tratada con transparencia, y lo único que hemos escuchado desde que inició la Legislatura, de la que soy parte, son escándalos: Oceanografía, el caso inicial, y que el día de ayer supimos de la aprehensión de uno de los que participó en este escándalo; hoy, Cinetransformer.

Necesitamos que la comisión que transformó el punto de Acuerdo que yo he presentado para darle 15 días a la empresa para que responda sobre el gasto de los 538 millones de pesos, y que ni siquiera pide la comparecencia del director para hablar sobre este tema, nos parece que no cumple con el objetivo que nosotros teníamos con este punto de Acuerdo, y que, como consecuencia, no debería esta Permanente estar protegiendo los actos de corrupción o presuntos actos de corrupción que se llevan a cabo en empresas como Pemex.

Yo con esto concluyo mi intervención, diciendo que la comisión transformó el punto de Acuerdo que nosotros presentamos, es laxo completamente en la petición que hace a Pemex en este asunto, y me parece que no le sirve a nadie proteger, que no le sirve a nadie guardar la información.

Finalmente, en el discurso, la Presidenta Bachelet decía que teníamos coincidencias en el tema de la transparencia. Yo he insistido en esta tribuna y en la Cámara de Diputados que la transparencia no debe ser un discurso, sino una realidad.

Entonces, exhorto a que en puntos de Acuerdo como éstos no quieran "taparle el ojo al macho".

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada.

Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas. El dictamen está publicado en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la Asociación de Bancos de México, a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. En la proposición con punto de Acuerdo que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El 19 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones en materia de cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión que posteriormente se publicaron en la página de Internet de este organismo para su mayor difusión, así como a través del Buró de Entidades Financieras para informar a los usuarios de servicios financieros.

En el documento se establecen los casos y supuestos en los cuales se considerará la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de los productos que ofrecen las instituciones financieras.

En uso de las nuevas facultades, la CONDUSEF emprendió las primeras acciones para suprimir aquellas cláusulas que versen sobre temas distintos a tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por la institución financiera, que causen un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes (institución financiera y usuario), en detrimento o perjuicio de los usuarios.”

“Es en este sentido que consideramos necesario que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación de las denominadas “cláusulas abusivas” contenidas en los contratos que los usuarios suscriben con las diversas entidades financieras en diversos tipos de seguros.

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es la encargada de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que en su artículo 1º establece:

“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones.”

Lo anterior a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como lo establece el artículo 4º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:

“Artículo 4o.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.

La protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.”

Respecto a los contratos de adhesión el artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece:

“Artículo 56.- Como una medida de protección al Usuario, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.

Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.”

Es así que en defensa de los usuarios se prohíben las “cláusulas abusivas” dentro de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que en su artículo 56 bis a la letra dice:

“Artículo 56 Bis.- Los contratos de adhesión que utilicen las Instituciones Financieras para la celebración de operaciones con Usuarios, en adición a los requisitos a los que están sujetos conforme a ésta y, en su caso, otras leyes, no deberán contener cláusulas abusivas.

La Comisión Nacional, mediante disposiciones de carácter general que emita con el acuerdo de su Junta de Gobierno, establecerá los casos y supuestos bajo los cuales se considere la existencia de una cláusula abusiva.

Las disposiciones referidas en el párrafo anterior podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones de los contratos de adhesión, excepto tasas de interés, comisiones, o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por una Institución Financiera por la operación de que se trate. Dichas disposiciones no podrán oponerse a las demás disposiciones o reglas que emitan otras autoridades en el ejercicio de sus atribuciones.

En los casos de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestación recibida por una Institución Financiera por la operación de que se trate, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional emitirá opinión sobre éstas, misma que se publicará a través del Buró de Entidades Financieras.

La Comisión Nacional en todo momento podrá ordenar la supresión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión a que se refiere este artículo y dará publicidad a dichas resoluciones utilizando los medios que estime convenientes. Dicha resolución deberá integrarse en la información contenida en el Buró de Entidades Financieras.

Las Instituciones Financieras a petición de un Usuario deberán modificar los contratos de adhesión que hubiera celebrado con éste, a fin de eliminar las cláusulas que en términos de este artículo la Comisión Nacional haya ordenado suprimir.”

De acuerdo con la CONDUSEF para que sea una cláusula abusiva es necesario que se den tres condiciones:

- Que sean contratos de adhesión.

- Que se refiera a cualquier término o condición distinta a tasas de interés o comisiones.

- Que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento o perjuicio del Usuario.

El artículo 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece:

“Artículo 57.- La revisión que, en su caso, se haga de los contratos de adhesión, tendrá por objeto determinar que se ajusten a los ordenamientos correspondientes y a las disposiciones emitidas conforme a ellos, así como verificar que dichos documentos no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a los Usuarios conocer claramente el alcance de las obligaciones de los contratantes.”

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que es necesario se revise la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus cuentahabientes a fin de evitar cláusulas abusivas.

Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en que las reformas a diversas leyes como la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se realizaron con la finalidad de que entidades como la Procuraduría Federal del Consumidor; la Procuraduría de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y la Comisión Federal de Competencia, pudieran ejercer acciones colectivas en defensa y protección de los derechos e intereses colectivos ante los Tribunales de la Federación.

Por lo que con las anteriores herramientas jurídicas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), está facultada para salvaguardar los intereses y derechos de los usuarios de servicios financieros, a través de su función preventiva y resarcitoria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.

Este tema, que es un tema de gran dolor económico, sobre todo para las familias de clase media que han visto mermados sus niveles de ingreso por abusos provenientes de instituciones financieras, pero también de familias de más escasos recursos que acuden a la obtención de créditos, y que en aras de obtenerlos para salvaguardar sus necesidades y sus urgencias, muchas veces pasan desapercibidos los contenidos de desventaja que les proveen en dichos contratos las instituciones financieras.

La consolidación de la economía de un país sabemos que tiene como punto fundamental el contar con un sistema financiero ágil, eficiente, transparente y congruente con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.

México tiene un sistema financiero que ha sido eje y pieza fundamental de la política en materia económica, sin duda. Es a través de él que las instituciones financieras y de seguros ofrecen diversos servicios a la población, entre las que destacan las cuentas de débito y el financiamiento.

Más del 56 por ciento de la población adulta hace uso de algún servicio financiero, siendo los más conocidos y destacados los bancos, seguidos por las aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa y las administradoras de fondos de inversión. Bajo esta premisa es necesario fortalecer las acciones que permitan proteger y defender los derechos y el patrimonio de los usuarios.

Desafortunadamente, como dije en un inicio, los contratos que los usuarios firman con las entidades financieras para el uso de productos o servicios financieros a veces incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente.

La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras establece que para que en un contrato se contenga una cláusula abusiva es necesario que se den las siguientes condiciones: que sean contratos de adhesión, que se refiera a cualquier término o condición distinta a tasas de interés o comisiones, o bien, que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento o perjuicio del usuario.

Según la misma CONDUCEF, el producto con mayor número de cláusulas abusivas es el crédito hipotecario, y le sigue el crédito de nómina y el depósito a la vista.

En el mes de junio del presente año, la CONDUSEF informó que muchas de las instituciones no cumplen cabalmente con la normatividad sobre disposiciones abusivas. Señaló directamente a instituciones como BANORTE, BANAMEX, INBURSA y BBVA Bancomer, como las que concentran el 56 por ciento de las cláusulas abusivas en México.

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece en su primer artículo. “La presente ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones”.

La misma ley establece que la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios estará a cargo de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

En concordancia con las mejores prácticas internacionales para regular las cláusulas de la contratación y tratar de evitar que sean abusivas, la reforma financiera impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vigente a partir del 10 de enero de 2014, otorgó nuevas herramientas a la CONDUSEF para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.

Específicamente, el artículo 546-Bis señala que: “Los contratos de adhesión que utilicen las instituciones financieras para la celebración de operaciones con usuarios, en adición a los requisitos a los que están sujetos conforme a ésta y en su caso otras leyes, no deberán contener cláusulas abusivas”.

Con estas herramientas se le mandata a la Comisión defender los derechos de los usuarios de los servicios financieros y a prohibir de manera clara y precisa la inclusión de dichas cláusulas abusivas.

Este punto de Acuerdo, que por supuesto respaldamos con todo el efecto positivo que esperamos se dé, de menores abusos a los usuarios de créditos financieros, exige el cumplimiento, entonces, de lo estipulado en esta ley, en beneficio de millones de familias mexicanas.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por tanto, apoya el punto de Acuerdo con el objetivo concreto de defender los derechos multicitados y fortalecer con ello el sistema financiero mexicano, lo cual redundará, sin duda, en beneficios para la economía nacional.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado.

Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen por el que se solicita información sobre los avances de las investigaciones realizadas por la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque de Mazatlán, en Sinaloa, así como los resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas suscitadas en las costas de Chiapas. El dictamen está publicado en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, las siguientes proposiciones con punto de Acuerdo:

a. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas.

b. Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas.

c. Punto de Acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas.

2.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas.

3.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de Acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en el municipio de Tapachula, Chiapas.

4.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las tres proposiciones citadas se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

5.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONTENIDO

A. La propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván tiene por objeto solicitar información a las autoridades correspondientes respecto la muerte de peces de consumo en los estados de Sinaloa y Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El sector pesquero y acuícola se ve afectado por algunos fenómenos naturales, los cuales han presentado a lo largo de la historia. Recientemente, el pasado 9 de julio del presente año, fueron encontrados muertos aproximadamente 300 ejemplares de la especie Tilapias en la Laguna del Bosque que se ubica en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Dicha situación que causó preocupación a los habitantes de la región, la PROFEPA inició la investigación correspondiente y coordinándose con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno para poder revisar el área y de ser necesario dictar las medidas que se consideren necesarias para poder garantizar la conservación de la fauna de la región.

Señalan que, algunos ejemplares de la especie antes mencionada fueron enviados a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar una necropsia dentro de sus instalaciones y determinar el motivo del deceso.

Ante ello, la proponente considera necesario conocer a detalle los resultados de las investigaciones que se realicen por parte de las autoridades.

En el mismo sentido, la proponente hace referencia de otro caso presentado recientemente en (SIC) las costas del Estado de Chiapas, señala que apareció un gran número de peces que flotaban muertos, la mayoría son sardinas, lo que generó alarma en los ciudadanos.

Precisa que elementos de la Décimo Cuarta Zona Naval retiraron varias toneladas de sardinas, ayudados por pobladores.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)para que informe a ésta Soberanía, sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como sus resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente  exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, para que conforme al ámbito de sus facultades realice una investigación en las costas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y determine si la muerte de sardinas presentadas desde el día sábado 11 de julio del presente año, representan un peligro de salubridad para la población, y de ser así, informe a ésta Soberanía las acciones que se deben tomar para proteger la salud de los habitantes de la región.

C. La propuesta presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo tiene por objeto solicitar que la SEMARNAT y la PROFEPA intervengan para detener la contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El legislador proponente expone que Puerto Chiapas ha tenido un crecimiento importante en el sector carguero, lo que le ha permitido tenga un rol protagónico en el desarrollo comercial y logístico para México, sin embargo, señala que el mar está siendo fuertemente contaminado, lo que ha provocado que durante las últimas semanas miles de peces hayan aparecido muertos en el muelle, y se ha formado una capa de aceite de aproximadamente 15 centímetros sobre la superficie del agua.

Precisa que, de acuerdo a algunos diarios y testimonios lo anterior es ocasionado en su mayoría por la falta de responsabilidad ambiental de tres empresas. “Procesa Chiapas, Cafés de Especialidades de Chiapas y Herdez” debido a que se vierte una gran cantidad de químicos y residuos tóxicos, sin contar con una planta de tratamiento de residuos, se desecha agua a temperatura muy alta y en condiciones ácidas, situación que afecta directamente a la fauna marina.

Señala que las autoridades no han intervenido permitiendo que estas empresas contaminen, lo que genera una afectación a los ciudadanos y un riesgo en la salud.

D. De acuerdo a lo anterior el proponente formulan el punto petitorio siguiente:

Único.-. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que intervenga urgentemente, para detener los actos de contaminación realizados por empresas en Puerto Chiapas, y a que se realice una inspección sobre los estándares de calidad con los que están operando las plantas de tratamiento residuales que estas utilizan. Asimismo, a que aplique las sanciones correspondientes a los responsables.

E. La propuesta presentada por el Diputado Danner González Rodríguez tiene por objeto solicitar la intervención de diversas autoridades para investigar y detener la contaminación en diversas playas del estado de Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El proponente expone que a principios del mes de junio del año en curso, se reportó la muerte de un gran número de sardinas y otras especies en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas.

Señala que de acuerdo a declaraciones de pescadores y medios de comunicación, las empresas que se han instalado en el parque industrial son responsables de contaminar las playas ya que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales, vierten una gran cantidad de químicos y residuos tóxicos y se desecha agua a temperatura muy alta y en condiciones ácidas.

Precisa de manera particular a las empresas CAFESCA, PROCESA, HERDEZ y a la Administración Portuaria Integral, de ser los responsables de esta mortandad de peces que desde hace años se viene dando en la entidad referida.

Señala también que las autoridades no están actuando conforme a las exigencias del problema, lo que ha provocado un “Ecocidio” en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, además de las implicaciones en la salud de los habitantes de esta zona.

F. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en esta zona por parte de las empresas que operan en los alrededores.

Segundo.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas a que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, así como a la Secretaría de Pesca y Acuacultura, a que elaboren un informe detallado y pormenorizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el impacto de la contaminación en el ambiente y en la salud de los habitantes que residen en los alrededores de las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, generada por empresas que llevan a cabo sus actividades en esa área. Dicho informe deberá ser enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Tercero.-Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la contaminación en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades penales que correspondan.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Como la ha señalado los legisladores proponentes, el sector pesquero en México, es de gran importancia, debido a su potencial para solventar la seguridad alimentaria, generar empleos e impulsar en gran medida la economía de México.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora compartimos la preocupación de los legisladores en relación a los sucesos de contaminación y mortandad de peces de consumo humano narrados en sus consideraciones, al respecto coincidimos con la necesidad de solicitar a las autoridades correspondientes, información a detalle de dichos sucesos, así como la realización de diligencias necesarias para descartar cualquier contingencia en materia de salubridad y de daño ambiental.

Ante ello cabe destacar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde el fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Así mismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las siguientes atribuciones:

• Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

• Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior.

• Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaria.

• Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo soliciten.

• Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  competencia.

En especial, a la PROFEPA le corresponde, investigar los hechos relacionados con denuncias ambientales y cuidar que no se contaminen los ríos, lagunas, esteros, lagos, playas y mares con los desechos municipales e industriales.

Por su parte la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  (CONAPESCA) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene entre otras atribuciones:

• Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y acuacultura;

• Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con otros países en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas;

• Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas;

• Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás disposiciones en la materia.

Por último, es de señalar que de acuerdo a la citada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

• Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General.

• Dirigir la policía sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana.

• Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana.

Aunado a lo anterior, y como lo han señalado los legisladores, de acuerdo al Código Penal Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, existen repercusiones en el ámbito penal, por la contaminación y daños ocasionados a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente. En este sentido la que dictamina coincide con los proponentes en solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República para que investigue y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Ante ello, esta Comisión dictaminadora considera que, realizadas algunas modificaciones, son de aprobarse las propuestas para solicitar la intervención de diversas autoridades ambientales y sanitarias a fin de atender cualquier contingencia en materia de salubridad y de daño ambiental en las cosas de Sinaloa y Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que en un término no mayor a 15 días naturales, informen a ésta Soberanía, sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Chiapas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que conforme al ámbito de sus facultades realice una investigación en las costas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y determine si la muerte de sardinas presentadas desde el día sábado 11 de julio del presente año, representan un peligro de salubridad para la población, y de ser así, informe a ésta Soberanía las acciones que se deben tomar para proteger la salud de los habitantes de la región.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que intervenga urgentemente, para detener los actos de contaminación realizados por empresas en Puerto Chiapas, y a que se realice una inspección sobre los estándares de calidad con los que están operando las plantas de tratamiento residuales que estas utilizan. Asimismo, a que aplique las sanciones correspondientes a los responsables.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en esta zona por parte de las empresas que operan en los alrededores.

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, así como de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, a que realicen un estudio sobre el impacto de la contaminación en el ambiente y en la salud de los habitantes que residen en los alrededores de las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, generado por empresas que llevan a cabo sus actividades en esa área. Asimismo, se informe a esta Soberanía sobre dicho estudio.

SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar el caso de la contaminación en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, a fin de deslindar las responsabilidades penales que correspondan.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

Agradezco mucho que se dictamine hoy este punto de Acuerdo que presenté, y que se refiere a la contaminación generada por las empresas CAFESCA, PROCESA, HERDEZ y a la Administración Portuaria Integral que han provocado la muerte de peces en las playas de Puerto Madero, en Playa Linda, en Chiapas.

Y también hoy quiero aprovechar para decir que estoy presentando un punto de Acuerdo sobre la contaminación y la depredación de la flora y la fauna que el proyecto Malecón Tajamar está ocasionando en Cancún.

En todos estos casos se está provocando un daño a la salud de cientos de miles de habitantes, además de los impactos al entorno por los residuos tóxicos que se arrojan. Pero hay que decirlo también, se ocasiona un ecocidio con esto.

La superficie de ecosistemas naturales del país se ha reducido considerablemente desde mediados del siglo pasado.

Hasta este año se contabiliza la pérdida de 23.4 millones de hectáreas de selva y 12.9 millones de bosques, esto, sin considerar las lagunas, ríos y playas contaminadas. El modus operandi es el mismo, el tema de fondo es el mismo, la corrupción de autoridades con empresas privadas que dejan un beneficio a las primeras y a las segundas las arropan de un manto protector.

Esa relación de intereses privados y funciones públicas es inadmisible. El medio ambiente es proveedor de la economía, no un objeto más de saqueo y de voracidad.

La Procuraduría General de la República, la SEMARNAT, la PROFEPA y sus delegaciones en las entidades federativas, lo mismo que la CONAGUA y las autoridades estatales y municipales, deben hacer valer, en estos temas, su mandato legal para dar cuentas de su compromiso con el medio ambiente y proceder con inflexibilidad, porque las circunstancias así lo demandan.

Es tiempo de que prevalezca la legalidad y empecemos a respetar al entorno, porque es también respetarnos a nosotros mismos. Por eso agradezco mucho a la comisión que haya dictaminado de manera favorable ese punto de Acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Danner.

Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes del grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a enviar en tiempo y forma el informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. El dictamen está publicado en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los 31 estados de la Federación a enviar el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, presentada por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto, exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación a enviar el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.

La Senadora proponente argumenta que el estado que guardan las finanzas públicas a nivel estatal y municipal, ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos en la actualidad. La heterogeneidad de los municipios y la creciente necesidad de proveer de bienes y servicios públicos a una población en crecimiento, y el papel cada vez más importante que juegan los gobiernos estatales y municipales, desencadenó un fenómeno generalizado de endeudamiento en estos dos ámbitos de gobierno.

Más allá de la complejidad de la administración de las finanzas públicas, con sus principios, criterios y fórmulas técnicas para la asignación del presupuesto, la dependencia financiera de los recursos de la federación y la forma en que se reparten las potestades tributarias y los recursos, dio como resultado una tendencia creciente de la deuda pública estatal y municipal.

De acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la deuda pública casi se triplicó al pasar en el 2007 de 186 mil 470 millones de pesos a 509 mil 690 millones de pesos en el último trimestre de 2014, nivel que creció en 1.4% respecto al año anterior y que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien se ha registrado un incremento de la deuda de las entidades federativas y municipios en los últimos años, este endeudamiento no representa un riesgo para la economía y para el sistema financiero mexicano, dado que la deuda es manejable.

Sin embargo, era necesario frenar esta problemática porque la garantía de las contrataciones de créditos eran los ingresos de las participaciones federales. Lo cual comprometía la prestación de servicios públicos y en ocasiones el patrimonio estatal y municipal.

Lo anterior derivó en diversos análisis e importantes discusiones que dieron origen a reformas constitucionales en materia de disciplina financiera que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 26 de mayo del corriente.

Dentro del orden constitucional se establecieron los alcances y principios por los que el Estado debe velar para mantener condiciones de estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero, de forma consistente al Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes estatales y municipales.

Entre los principales ejes de esta reforma destaca la creación de candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos, como el que los Congresos locales puedan aprobar sólo con mayoría calificada --dos terceras partes de los legisladores presentes-- la contratación de nuevos créditos; se obliga que la reestructuración y reingeniería de deuda se pueda realizar en lo local, sólo si se consideran condiciones de mercado; además, se precisa un proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá celebrar empréstitos en favor de las entidades federativas.

En las modificaciones también se incluyen las facultades del Congreso en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación; aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos; analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados; y expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, estados, municipios y el Distrito Federal.

Además, se establece que los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.

De igual forma, la Senadora proponente señala que se amplían facultades de la Auditoría Superior de la Federación y dependencias de fiscalización estatales para los casos en que estados y municipios cuenten con la garantía de la Federación, se revise el destino y ejercicio de los recursos correspondientes; se estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos nuevos y los contratos de refinanciamiento o reestructura deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.

Dada la implicación de los alcances jurídicos de las reformas constitucionales en los ordenamientos locales, el cumplimiento de los plazos para la elaboración de la ley reglamentaria y la armonización de las leyes locales, será determinante para su operatividad. En razón de lo anterior se vuelve imprescindible que las entidades federativas y los municipios envíen al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, sus informes sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, para que en el marco de los trabajos al interior de las comisiones se pueda tener una dimensión clara sobre el endeudamiento subnacional y cumplir con el plazo establecido en el artículo sexto transitorio del decreto en comento, que a la letra dice:

TRANSITORIOS

… Sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación envíen en tiempo y forma el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por la proponente en cuanto a que efectivamente la evolución de la deuda de las Entidades Federativas ha aumentado de manera notable en los últimos 8 años, y si bien aún no se ha convertido en fuente de riesgo inminente para las finanzas públicas, la reforma constitucional en materia de disciplina financiera resulta en un instrumento de gran importancia para evitar los riesgos de una deuda subnacional fuera de control.

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión también coincidimos plenamente con la Senadora proponente en cuanto a la necesidad de contar con la información de los saldos de la deuda de todas las Entidades del país, así como del Distrito Federal, toda vez que como bien lo señala la proponente, el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional en comento señala lo siguiente:

…Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.

De acuerdo a la información vertida por la proponente, conforme al mandato constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo del año 2014, y con la finalidad de que el Senado de la República pueda evaluar el comportamiento real de la deuda subnacional, esta Comisión estima prudente, y necesario aprobar en sus términos la proposición expuesta por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación envíen en tiempo y forma el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 13 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Bueno, dado que la Asamblea me ha concedido el uso de la palabra, prometo ser muy breve, hablaré durante los próximos 30 minutos sobre este tema, que es de vital importancia.

Miren, en el siglo XX, durante la etapa de los liberales mexicanos, quizá la más grande de las etapas de reformas de este país, eso que Daniel Cosío Villegas llamó la “República restaurada”, podemos encontrar un timbre de orgullo que hoy brilla por su ausencia en los municipios.

El Presidente Juárez decía que no era viable una República más que con la honestidad y la austeridad de los servidores públicos.

¿Cuál es el problema? Que actualmente los gobernadores y muchos alcaldes actúan no solamente como caciques, sino como una especie de virreyes en sus feudos. Atrincherados en sus cotos de poder, hacen de las finanzas públicas su caja chica para financiar intereses personales, políticos y electorales, en lugar de destinar el dinero a educación, a salud, a vivienda, a obra pública y, en consecuencia, al bienestar social de sus habitantes.

De ahí el recelo, la malicia y el temor de muchos gobernadores y alcaldes para transparentar el uso de los recursos públicos.

A pesar de esto, son ampliamente conocidas las irregularidades y el endeudamiento excesivo y cada vez más grande en los estados y en los municipios. Se empezó con esquemas de bursatilización. Hoy sabemos que hay estados que poseen, francamente, inoperabilidad financiera, que no tienen recursos para pagar, ya ni siquiera la nómina, y que todos los días están viendo de dónde sacan recursos a fin de sanear sus finanzas públicas.

Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando los estados y los municipios se declaren prácticamente en bancarrota? ¿Acaso vamos a cerrar el país y nos vamos a ir a otra parte?

Miren, durante el ejercicio fiscal 2013, las entidades federativas y los municipios del país recibieron transferencias de recursos federales por un billón 474 mil 137 millones de pesos. Esta cifra es 7.4 por ciento superior, en términos reales, a la registrada en el ejercicio fiscal 2012. Pero además, esta cantidad de dinero es inversamente proporcional a la calidad de vida de sus habitantes, ahí están los índices del CONEVAL, basta ver cómo los estados que más recursos han obtenido de la Federación son al mismo tiempo los estados que tienen los índices más altos de marginación, de pobreza y de rezago educativo. De lo contrario, si se aprovecharan bien estos recursos, la marginación y la desigualdad no nos tendrían en el índice que el CONEVAL ha marcado con dos millones de mexicanos más en pobreza.

La Secretaría de Hacienda refiere que la deuda pública se triplicó de 2007 a 2014, al pasar de $186,470 millones a $509,690 millones.

Por si lo anterior fuera poco, datos de esta misma dependencia señalan que la deuda interna de los estados y los municipios se incrementó en más de $75 mil millones, sólo en lo que va de la presente administración federal.

Razón nos sobra, en vista de los hechos notorios, para decir que este bando despilfarrador, no puede llamarse de otra manera, sino como enemigo del progreso democrático.

Las reformas que se hicieron a la Constitución en materia de endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios, no fueron producto de la ocurrencia de los legisladores, sino de la exigencia y de un reclamo social por erradicar la reserva y la secrecía de gobernadores y alcaldes en el manejo de los recursos públicos.

En síntesis, la transparencia y la rendición de cuentas son un mandato constitucional para cualquier servidor público, pero también son pilares fundamentales de cualquier sociedad y gobierno democrático; son referentes que explican a la sociedad las acciones de los gobernantes y ponen al alcance de la opinión pública la información para ser analizada.

Compañeras y compañeros legisladores: La opacidad y el endeudamiento de las entidades federativas y municipios constituyen hoy una bomba de tiempo que, si no atendemos, mañana serán el detonante no sólo de crisis económica, sino social y de gobernabilidad, por eso es importante este dictamen.

En Movimiento Ciudadano consideramos inaplazable que el Distrito Federal y los estados de la República den cabal cumplimiento a la obligación sobre su deuda y transparenten las obligaciones de pago vigentes, como lo enmarca esta reforma constitucional en materia de disciplina financiera.

Pero es necesario ir más allá. Necesitamos poner especial atención sobre el fenómeno de la corrupción que afecta a todos los estados. Tenemos que transparentar de manera más eficaz el uso de los recursos públicos y, sobre todo, de encontrar ahí, donde haya uñas largas, que no solamente se corten las uñas, sino también las manos. Que se ejecuten las acciones correspondientes, que la Auditoría Superior de la Federación ha demostrado por todo el país que hay, pero que en ninguno de estos casos se ha traducido en acciones penales en contra de quienes defraudan a la Hacienda Pública.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión de dos dictámenes en los que se abordan proposiciones sobre el robo de identidad o conocido también como phishing. Los dictámenes están publicados en la Gaceta.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)
TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a implementar una campaña preventiva en contra del phishing; presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena Barrera Tapia Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a implementar una campaña preventiva en contra del phishing, manifiesta sustancialmente lo siguiente:

• Los avances en las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) son una herramienta que ha dinamizado todos los sectores económicos.

• El uso de las tecnologías no es excluyente del phishing; éste se define como una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, para luego ser usados de forma fraudulenta.

• El modus operandi busca engañar al receptor de la oferta falsa, al suplantar la imagen de una empresa o entidad pública y de esta manera se hace "creer" a la posible víctima que realmente los datos solicitados proceden del sitio "oficial" cuando en realidad no lo es.

• Otra modalidad son ofertas irreales y donde el usuario facilita todos sus datos o solicitan depósitos a cuentas como enganche de los servicios y desafortunadamente cuando llegan a hacer el uso del servicio se dan cuenta de que fueron engañados perdiendo su dinero, sin contar con servicio y sin tener a quien reclamar.

• En el periodo vacacional es común que aumente el número de correos engañosos que ofertan servicios turísticos, hoteles, aviones, cruceros en donde quienes lo reciben, al ver los atractivos precios caen en el engaño perdiendo su patrimonio.

• Es importante una campaña de difusión para que los usuarios de servicios financieros conozcan cómo funciona y puedan evitarlo.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por medio de una campaña masiva informe a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus medidas de prevención y alerta.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Comisión considera que es preocupante la situación reportada por la CONDUSEF. El porcentaje en las denuncias y fraudes por el robo de identidad es alarmante.  Al parecer, el robo de identidad es una forma de  estafa cada vez más frecuente.

El Phishing un tipo de delito de fraude y se comete mediante el uso de un sistema informático pensado para intentar obtener información confidencial de forma fraudulenta. Existen distintas modalidades de ataques “phishing”:

En el caso en particular, se prevé la modalidad de  la compra de ofertas irreales y donde el usuario facilita todos sus datos o solicitan depósitos a cuentas como enganche de los servicios y desafortunadamente cuando llegan a hacer el uso del servicio se dan cuenta de que fueron engañados perdiendo su dinero, sin contar con servicio y sin tener a quien reclamar. 

Ese tipo de fraude podría realizarse a través de alguna de las siguientes modalidades:

• “Los Web Trojans, son programas que aparecen en for­ma de ventanas emergentes sobre las pantallas de validación de páginas web legítimas. El usuario cree que está introduciendo sus datos en la web real, mientras que lo está haciendo en el software malicioso.

• System Reconfiguration Attacks, este ataque se efectúa modificando los parámetros de configuración del orde­nador del usuario, por ejemplo modificando el sistema de nombres de dominio.

• DNS-Based Phishing (“Pharming”) este delito se ba­sa en la interferencia en el pro­ceso de búsqueda de un nombre de dominio, es decir modifica fraudulentamente la resolución del nombre de dominio envian­do al usuario a una dirección IP distinta.

• Hosts File Poisoning, es otra forma de llevar a cabo el Pharming. En este caso la transformación se lleva a cabo mediante el fichero hosts albergado en los servidores DNS.

• Content-Injection Phishing esta modalidad consiste en introdu­cir contenido fraudulento de­ntro de un sitio web legítimo.

• Man-in-the-Middle Phishing, en este caso, el delincuente se posiciona entre el ordena­dor del usuario y el servidor, pudiendo filtrar, leer y modificar información.

• Search Engine Phishing, los phishers crean buscadores y páginas web que ofertan pro­mociones inexistentes”.

En el caso, las legisladoras prevén una preocupación mayor porque la temporada vacacional que transcurre actualmente; preocupación que hace suya esta Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por medio de una campaña masiva informe a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus medidas de prevención y alerta.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en contra del phishing; presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 29 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. En la proposición con punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en contra del phishing. En la propuesta se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

• El phishing es el envío de correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fiables e intentan obtener datos confidenciales del usuario.

• El Presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros dio a conocer que el robo de identidad (phishing) puede llegar a tener en 2015 un incremento de 25% respecto del año anterior, por la tendencia observada.

• Condusef ha emitido 6 alertas contra mensajes falsos que piden información confidencial.

• El análisis de “Tendencias de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe”, realizado por la Organización de los Estados Americanos, ubica a México como el segundo país con mayor afectación en América Latina con 3 mil millones de dólares.

• Se reconoce el trabajo de CONDUSEF, pero se considera debe reforzarse.

• La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, tiene a su mando la “División Científica” que entre sus obligaciones se encuentra: vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de internet para prevenir conductas delictivas”.

• Es importante una campaña de difusión para que los usuarios de servicios financieros conozcan cómo funciona y puedan evitarlo.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña preventiva en medios de comunicación, a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado phishing.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Comisión considera que es preocupante la situación reportada por la CONDUSEF. El porcentaje en las denuncias y fraudes por el robo de identidad es alarmante. Al parecer, el robo de identidad es una forma de estafa cada vez más frecuente.

El phishing se realiza a través de un mensaje electrónico que es enviado a tantas direcciones de correo electrónico de Internet obtenidas por el defraudador, presumiendo provenir de una organización legítima como un Banco, un servicio de pagos en línea, etc. En el correo se solicita se verifique su información personal y financiera (contraseñas, fecha de nacimiento, números de tarjetas, entre otros); algunos incluso incluyen amenazas de congelación de cuentas para que los usuarios proporcionen la información solicitada. El correo abre una liga que redirige al usuario a un sitio web que imita y parece idéntico al del servicio. Los defraudadores usan esa información financiera para comprometer cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc.

Si la comisión de delitos se da por las nuevas tecnologías y está aumentando a un grado abrupto que además genera daños económicos graves – segundo lugar en América Latina según la OEA- es de considerar procedente la petición analizada en el presente punto de Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a implementar una campaña preventiva en medios de comunicación a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado “phishing”.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han permitido gran dinamismo en la economía, al grado que hoy son esenciales para mejorar la productividad, calidad y competitividad prácticamente en todas las empresas.

Las tecnologías de la información se han convertido en un elemento trascendental en nuestra forma de trabajar. Sin duda alguna, es imposible pensar en nuestra labor profesional o el desempeño de cualquier compañía sin ellas.

Sin embargo, la innovación de las tecnologías de la información y la comunicación, vienen también, lamentablemente, ligadas a acciones negativas de personas o grupos delincuenciales que desean aprovecharse de la buena fe, el trabajo y la interacción que como individuo, sociedad y empresa, tenemos todos los días.

En el caso del denominado phishing o engaño, que es el envío de correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fieles como un banco, un servicio de pagos en línea o una empresa seria, e intentan obtener datos confidenciales de los usuarios. Mediante correos se solicita al usuario que verifique información personal y financiera, como contraseñas, fechas de nacimiento, número de tarjetas y otros datos personales, muchas veces incluso mediante amenazas de congelación de cuentas para presionar a los usuarios y que proporcionen la información solicitada.

El correo generalmente abre una liga que dirige al usuario a un sitio web que imita y parece idéntico al del servicio. Los defraudadores usan esa información financiera para comprometer cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otro tipo de claves identificables.

El otro modelo son las ofertas irreales donde el usuario facilita sus datos o realiza depósitos a cuentas, como enganches de los servicios, y desafortunadamente cuando llegan a hacer uso del mismo, se percata que fue engañado, perdiendo dinero y sin tener a quien reclamar. Esto se presenta de manera muy recurrente en los servicios turísticos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, creemos que es imprescindible que se establezcan mecanismos de difusión sobre la prevención y solución de la problemática que trae consigo el llamado phishing o engaño.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, ha visto fortalecidas sus facultades y, por tanto, ha emitido alertas a todo seguimiento, a las reclamaciones sobre posibles fraudes por robo de identidad o falsificación de datos personales.

La Secretaría de Gobernación, a través de la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad, mantiene las atribuciones de vigilar, identificar, monitorear y rastrear las redes públicas de Internet para prevenir conductas delincuenciales.

La Secretaría de Turismo mantiene su responsabilidad de alertar a paseantes nacionales y extranjeros sobre este tipo de prácticas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instancia rectora, precisamente insta a los principales deberes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la seguridad de los datos personales.

Los legisladores del PRI estamos a favor de exhortar respetuosamente a la CONDUSEF, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a la Secretaría de Turismo, a efecto de que implementen una campaña masiva para informar a la ciudadanía sobre el llamado phishing o engaño, del robo de identidad al ciudadano, de los datos personales, servicios turísticos fraudulentos ofertados por Internet, así como para difundir las medidas de alerta, prevención y solución.

Compañeras y compañeros legisladores: La práctica del engaño o phishing puede derivar de la comisión de diversos delitos y, por lo tanto, es de vital importancia que los usuarios de los servicios financieros conozcamos en qué consiste, cómo se presenta, cómo podemos evitarla y cómo podemos solucionarla cuando ya se ha sido víctima de ella.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado.

Agotada la discusión de dictámenes, procederemos a su votación.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






La Secretaria Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Tenemos 52 dictámenes de la Segunda Comisión.

1.- Por el que se solicita un informe sobre los recursos económicos correspondientes al subsidio 2015 destinados a la Universidad Obrera de México.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








2.- Que exhorta a generar políticas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto de 2015, Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La  legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“En la actualidad el país está sufriendo procesos que implican cambios estructurales que repercuten necesariamente, en los sectores social, económico, cultural, educativo y productivo, pero de igual modo inciden de manera importante en el seno de las familias mexicanas.

En un mundo convulsionado por los cambios citados, se suman otros factores que abonan el camino para agudizar el estado de ánimo del ser social, como son la delincuencia que se traduce en violencia; sembrando miedo y zozobra en los habitantes de este país.

La violencia per se es dañina. Afecta el bienestar no sólo físico sino también psicológico de sus destinatarios; provoca un sentimiento de vulnerabilidad ante los otros, rompe con la autoestima de cada individuo, nos vuelve introvertidos, en algunos casos pensamos en renunciar a la vida propia o en situaciones más graves, se tiende a lesionar a los semejantes.

La violencia se reproduce en todos los ámbitos sociales y en cada rincón del territorio nacional , de tal forma que quienes resultan víctimas del flagelo son los grupos vulnerables dentro de los que se encuentran las personas adultas mayores, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.

Ante ese contexto, podemos afirmar que todos soportan el mismo sentimiento de victimización y, por igual, requieren atención médica, psicológica o económica, que les ayude a superar el momento trágico que los envuelve, para regresarle un poco de paz a su exaltada existencia.

Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que durante el curso de nuestra vida, los hechos violentos sufridos en la niñez o adolescencianos quedan marcados para el resto de nuestra existencia. Esas experiencias indeseables nos generan efectos traumáticos que en muchas ocasiones ni el tiempo mismo logra borrarlos de nuestra mente.

La violencia encaminada a los menores de edad es un problema ineludible de las autoridades responsables de velar por el interés superior de la niñez. Los medios de comunicación masiva, electrónicos o escritos, dan cuenta casi a diario del brutal trato que reciben las niñas y los niños mexicanos. Son víctimas y reciben agresiones, cuyo centro de origen es la propia familia, los compañeros de escuela, los “amigos”, el sistema de gobierno, la institución educativa, o en casos más graves, los conflictos armados.

En Nueva Alianza consideramos que a este fenómeno no se le ha dado la importancia que merece, ni por las autoridades, los padres de familia o los académicos. Simple y sencillamente porque se han ignorado sus verdaderas dimensiones, o de plano no es de su interés ya que se privilegian otras ramas o directrices. El resultado es que estamos generando para el futuro, personas negativas porque en su infancia vivieron y se desarrollaron en la adversidad.

Por lo que es muy probable que en la etapa de su adultez reproduzcan dichos esquemas.

A continuación se expondrán los casos de violencia que tienen como objetivo principal a los menores de edad:

a. Uno de los casos de violencia citados se presenta, de manera recurrente, precisamente en las aulas de clase, y se expresa mediante el acoso escolar  o también denominado bullying . Conductas negativas convertidas en violencia que van desde agresión física, psicológica o emocional, hasta maltrato sexual y violencia cibernética, que de forma reiterada puede llegar a excluir socialmente a los afectados y que, en algunos casos, han provocado denigración, lesiones o pérdida de la vida a los sujetos pasivos . Los centros educativos reportan que a sus espacios concurren niños y niñas que provienen de diferentes estamentos sociales, en donde la desintegración familiar juega un papel destacado, las causas son el divorcio, abandono de hogar, o emigración.Circunstancias que provocan que muchos de los colegiales manifiesten comportamientos agresivos, problemas de aprendizaje, psicológicos, emocionales y académicos. Para contrarrestar el problema se tiene que recurrir al fortalecimiento del núcleo familiar, que permita un desarrollo integral de los alumnos, esa tarea no es sólo del docente, sino que tiene que emplazarse justamente a los padres de familia, para que en forma conjunta se logren los resultados deseados.

b. No menos dañina es la situación que sufren los menores que transitoria o permanentemente se encuentran en las guarderías que prestan el servicio de estancia o de guarda y custodia. En la memoria de las mexicanas y mexicanos persiste el recuerdo del incendio que se presentó en la guardería ABC de Hermosillo Sonora. Suceso que ocurrió en el mes de junio del año 2009, cuyo saldo fue de 49 niños muertos y 106 lesionados, todos ellos en edades que oscilan entre cinco meses y cinco años de edad. Estos trágicos hechos no se han podido esclarecer totalmente.

Un diagnóstico sobre el estado de los Centros de Atención Públicos y Mixtos a Nivel Nacional arroja que 13 por ciento de las 15 mil guarderías que administran o subrogan las Secretarías de Educación Pública y Desarrollo Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y del DIF, no ofrecen garantías de seguridad para los miles de menores que atienden. Dentro de las deficiencias que acusan son la falta de capacitación del personal, además de infraestructura inadecuada en otras 13 mil estancias, donde son atendidos alrededor 700 mil niños. En el estudio se aduce que a nivel nacional dos mil 72 guarderías entre públicas y privadas y mixtas carecen de un plan de protección civil, tal y como lo establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral .

En Nueva Alianza sostenemos que es un problema que se tiene que atender con urgencia, en virtud de que la falta de supervisión de la autoridad, da pie al maltrato, el abuso y el abandono, en síntesis a la violación de los derechos humanos que se presenta estos espacios victimizando a los niños y niñas.

No son casos aislados. Recordemos los hechos que acontecieron en el estado de Michoacán y que sacudieron a la sociedad mexicana, nos referimos concretamente al rescate de 500 niños en el orfanato conocido como la “Gran Familia”. Otro ejemplo es el de “Casitas del Sur”, aunque su fundador y varios de sus colaboradores fueron detenidos, todavía no ha sido posible encontrar a algunos menores. Las denuncias contra este tipo de casas hogar se han multiplicado en los últimos años, por el maltrato que aplican contra los menores. El problema llega a tal nivel que no se conoce el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por parte de quienes, dicen, cuidarlos .

Las cuestiones de violencia infantil desplegados son indignantes. Sin embargo, no los únicos existentes, pues podemos referirnos a otros que sustentan violencia extrema o violencia grave. Son considerados así, porque atentan contra los valores fundamentales de cualquier comunidad, como es la integridad o la vida misma de las niñas, niños o adolescentes.

Hechos que, por su acritud, conmocionaron a la sociedad mexicana, por la severidad con que se presentaron y que exhiben la disgregación social que padecemos en la actualidad, fundamentada en el detrimento de los valores sociales, acontecimientos como los que continuación se exponen:

1.- El domingo 20 de julio del presente año, se presentó una irrupción de las fuerzas del orden, federales, estatales y municipales en el poblado de Santa María Ostula, cuya cabecera municipal es la comunidad de Aquila en el estado de Michoacán. El acto violento dejó como víctimas mortales a dos menores de edad y adulto, y número indeterminado de lesionados.

Sobre el tema el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, manifestó que la Violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México ha resultado en un alto número de decesos de menores y lamentó el alto número de desaparición de niñas y de feminicidios que se han presentado en el país .

Esta entidad federativa está considerada como una de las más violentas del país, situación que ya no puede seguir, por lo que es necesario construir las condiciones de seguridad idóneas para proteger de las agresiones a las niñas y niños en particular y en general a toda la ciudadanía .

Similar suceso fue el que se dramatizó el pasado 7 de julio en la región de Calera, en el Estado de Zacatecas, donde fueron detenidos, varios adolescentes, por militares pertenecientes al 97 batallón. Luego de estar desaparecidos recientemente fueron localizados cuatro cuerpos con un tiro en la nuca, en el Municipio de Jerez, entre los que se encuentran dos de los adolescentes, lo que parece ser una ejecución extrajudicial .

Otros casos de violencia infantil.

Es inaudito pensar que por equivocación del médico oftalmólogo, un menor de casi dos años de edad y que padece retinoblastona (tumor canceroso), en el ojo izquierdo, le fue extirpado el derecho, es decir el ojo sano, provocando un severo problema al sistema visual del niño. El problema se agrava porque el facultativo que intervino, tenía en sus antecedentes mala práctica, en virtud de que enfrentaba serias acusaciones. Pero aún en esas condiciones se le permitía operar a los pacientes, sin que la autoridad sanitaria intervenga para evitar otras tragedias como la ocurrida .

Otro caso similar o más cruento, fue el que se presentó en el oriente de la capital del país , donde un pequeño de escasos cinco años edad, había sido víctima de un supuesto ritual, fue su propia progenitora la agresora, quien le extirpó ambos globos oculares, propiciando ceguera total al menor, por lo tanto, el daño inferido, lamentablemente, es irreversible.

Por mandato constitucional las autoridades deben garantizar protección y seguridad pública a la población. Lo aberrante es cuando sucede lo contrario, es decir la potestad pública es quien se convierte en la agresora apartándose de la legalidad. Nos referimos a los acontecimientos ocurridos en el estado de Puebla, donde se verificó la lesión y posterior muerte de un menor de 13 años de edad, luego de recibir un impacto de bala de goma en la cabeza, lanzado por la policía, que intentaba disuadir una marcha en la que participaba el adolescente.

Aunque el gobierno posteriormente promovió iniciativa para abrogar la llamada “ley bala”, el daño ya se había consumado. Esta es una muestra de la brutalidad con que actúan algunas fuerzas del orden del país, a quienes les falta capacitación, para que operen bajo protocolos de actuación .

Se pueden citar muchos casos más de violencia contra los niños, pero finalmente traeremos a comentario el evento ocurrido en el norte del país, en el estado de Chihuahua, en donde perdió la vida un niño de escasos seis años de edad, cuyo origen fue mientras “jugaban” otros niños con la víctima a simular un secuestro. El homicidio fue ejecutado con toda inclemencia, de tal forma que pone en juego muchas interrogantes, como preguntarse si los agresores a pesar de su corta edad tenían la conciencia para actuar como verdaderos psicópatas.

La violencia en México de 2006 a 2014, ha generado cerca de 2 mil homicidios de niñas, niños y adolescentes, en la mayor parte de estos lamentables eventos predomina la impunidad y la ausencia de una investigación seria, objetiva, responsable y profesional por parte de la autoridad competente .

Lo cierto es que la violencia no solo es del tipo argumentado porque se presenta en otros frentes. Por ejemplo, datos fatídicos que involucran a este sector que nos referimos, son aquellos que indican que de 2007 a 2014 desaparecieron 6 mil 998 niñas, niños y adolescentes. Dentro de este grupo de la población, si consideramos los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2 mil 621desaparecidos de los cuales mil 712 son mujeres, esto se traduce en que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres .

Ante los lamentables acontecimientos expuestos, en Nueva Alianza estamos convencidos que se presenta la urgente necesidad de hacer conciencia en las familias que tienen niñas, niños o adolescentes a resaltar que estas personas requieren de cuidados especiales, respeto y solidaridad, así como una vinculación intergeneracional que les permita tener una mejor calidad de vida y salud.

En tanto apremiamos a los gobiernos de los tres órdenes a implementar programas de orientación, de convivencia y conciencia familiar, de esparcimiento y de difusión con la finalidad de generar bienestar y esperanza de vida de las niñas, niños y adolescentes.

Desde el punto de vista social, las autoridades responsables en conjunto con los padres de familia tienen que identificar los factores de riesgo social para que se genere un clima de reflexión sobre la formación del menor atento al entorno en que se desenvuelve, para diagnosticar y buscar las mejores vías y estar en aptitud de superar los conflictos. Por lo que se requiere crear cambios de comportamiento que propicien mejorar la calidad de vida del menor y de la población con la convicción de lograr la reinserción de aquél en la vida productiva de la comunidad.

Atento a los argumentos vertidos podemos llegar a colegir que en nuestro país no existe una instancia que coordine los esfuerzos en favor de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Además que las políticas públicas y programas de gobierno se instrumentan de manera aislada, por lo que no se logran los objetivos deseados. Esto implica que no se cuenta con un marco institucional que asegure la primera infancia, y es que según los especialistas, México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia.”

En mérito de lo expuesto, se somete a esta H. Asamblea la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y de los Gobierno Municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez en los términos del artículo 4° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta los titulares de la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, para que en los operativos que realicen en el combate a la criminalidad, desarrollen protocolos de actuación, especialmente en los lugares donde se encuentren niños y adolescentes, atento a la recomendación que formuló al Estado Mexicano el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito. Es decir, hacemos nuestra la inquietud que asiste a su autora para estimular la intervención de los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los municipios en la búsqueda de la implementación de mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr su desarrollo integral considerando en todo momento el interés superior de la niñez en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; generar políticas públicas orientadas a la población infantil con las condiciones necesarias para su desarrollo humano, protección y calidad de vida; y propiciar el desarrollo de protocolos de actuación dispuestos especialmente para operativos que las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, lleven a cabo en lugares en donde se encuentren niñas, niños y adolescentes, conforme a la recomendación que al Estado Mexicano formuló el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Esta inquietud es conteste, en su sentido y alcance, con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, precepto que debe ser la base y el fundamento de legitimidad de todos los programas y las políticas que sean emprendidas en el Estado Mexicano sobre cuestiones debatidas que involucren a niñas, niños y adolescentes. A la letra, dice tal precepto:" En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Luego, el carácter amplio de este artículo per se comprende todos los aspectos de la atención y protección de los niños en todos los entornos. Así lo establece, también, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, al imponer a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la competencia que tienen atribuida, la obligación de concurrir en el cumplimiento del objeto de la Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Políticas públicas que deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.

II.- Esta Dictaminadora  considera, en el escenario que se describe, atendible la inquietud  que asiste a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco. Circunstancia, en cuya virtud, esta instancia parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelve aprobar en sus términos la proposición que se plantea por ser acorde con las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que deben adoptar los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, para dar efectividad a las potestades reconocidas en ese instrumento internacional, tratándose de México, a partir de su entrada en vigor el 2 de septiembre de1990. Reconocimiento de derechos fundamentales por la comunidad internacional que implicó en un primer momento, en el caso nuestro, la publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos consabidos que nuestra Carta Magna les reconoce, para asegurarles un desarrollo pleno e integral, que haga posible la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Ley abrogada por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 5 de diciembre de 2014, y en su artículo 1define como su objeto:

• Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

• Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

• Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

• Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en examen, cuyo sentido y alcance no representa otra cosa que un complemento del compromiso internacional asumido por México al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo esa tesitura, tiene la obligación de proteger a los menores de edad para asegurarles un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una sana formación física, mental, emocional, social y moral. En la consecución de esa tarea, debe adoptar las medidas necesarias que contribuyan al bienestar de estas personas sin desestimar en el desarrollo de ésta el interés superior del niño. Por tanto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la competencia que constitucional y legalmente tienen atribuida, deben adoptar las medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

A una última reflexión cabe acudir, los tratados internacionales por sus efectos son actos materialmente legislativos al contener normas generales y abstractas. Instrumentos que, cuando satisfacen los requisitos a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son ley interna. Es decir, al asumir el Estado Mexicano en su conjunto estos compromisos internacionales, los mismos, por disposición expresa de la norma suprema a que se alude, automáticamente se integran al derecho  positivo  nacional y, por ende, es legítimo estimular la intervención de cualquier órgano de autoridad en la búsqueda de los propósitos a que se refiere la proposición que ha sido analizada.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Desarrollo Social, a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






3.- Por el que se solicita un informe de la situación jurídica y de salud física y mental de la ciudadana Rosa del Carmen Verduzco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información sobre la situación jurídica de la ciudadana Rosa del Carmen Verduzco, fundadora del albergue La Gran Familia, así como de las denuncias presentadas en su contra.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de 2015,la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“A mediados de mes de agosto de 2014, fuimos informados, por los medios de comunicación, sobre un operativo por parte de la Procuraduría General de la República en el Albergue la “La Gran Familia”, ubicado en el Estado de Michoacán, bajo las sospechas de corrupción de menores, tráfico de personas y secuestro, en el habitaban seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 hombres,

Este albergue era operado por la C.  Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa en la entidad tras sus casi seis décadas “dedicada a recoger niños de la calle para albergarlos en una de sus propiedades y criarlos bajo su custodia.”

En su oportunidad presente proposición con punto de Acuerdo en el que solicite:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República dar puntual seguimiento a este lamentable caso, referente a La Gran Familia, sita en Zamora, Michoacán, a fin de que sean sancionadas todas las personas sin excepción, responsables de la violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes vivían en este albergue, tanto a quienes estaban privadas de su libertad y no.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de Michoacán a revisar las condiciones en las que se encuentran las casas hogares de esa entidad federativa.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF  a crear un sistema de supervisión de albergues y casa de cuidado en el país, y diseñar un Protocolo Único de funcionamiento, supervisión y evaluación diagnóstica periódica para normar a todas las asociaciones civiles, de asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender desde albergues, casas de medio camino, centros de atención, etc., para que se garantice el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que en los términos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, integren una base de datos desagregada por sexo y edad, que dé cuenta de las niñas, niños y adolescentes que habitan en los albergues del país y de la situación en que viven.

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para crear un grupo plural de Senadoras y Senadores que de acompañamiento para apoyar las acciones emprendidas por la PGR en el caso del albergue La Gran Familia, situada en Zamora Michoacán.

Sexto. La Cámara de Diputados junto con la Secretaría de Hacienda, determinen presupuestos suficientes extraordinarios y se tomen las previsiones presupuestales para el ejercicio 2015 a fin de que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en sus tres órdenes de gobierno brinde asistencia integral a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran sufriendo discriminación múltiple, como las niñas y niños migrantes no acompañados, víctimas de violencia en sus familias o en centros de atención y que se encuentren privados de los cuidados familiares.

Como respuesta a esta solicitud, el 17 de febrero de 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través del Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, oficio. Núm. DGPPVCI/DV/0112/2015, informó que:

El 15 de julio de 2014, el C. Procurador General de la República informó que en acatamiento a una orden de cateo derivada de la denuncia hecha por cinco personas en relación al hecho de que sus hijos estaban en un albergue, podríamos llamarle, internado y que no se los devolvían se negaban a devolvérselos e inclusive a la libertad, se instrumentó un cateo después de una labor de investigación para determinar la posibilidad real de llevar a cabo el hecho planteado anteriormente, por la policía federal, por el Gobierno del Estado, POR La Policía Ministerial de la Procuraduría, los miembros de la Agencia, y con el apoyo del Ejército, en razón de que se decía que había una gran cantidad de niños en el lugar, y para garantizar la seguridad de ellos, también acordonó con el Ejercito el lugar.

Al ingresar se encontró una población aproximadamente de 500 personas compuestas por adultos, adolescentes, infantes en el lugar se continúa compareciendo a las personas encontradas. Se encontraron las cinco niñas que se buscaban durante el cateo; sin embargo, se continuo realizando peritajes de identificación para la identidad y posterior situación jurídica de los menores.

…. Así mismo informaron que una vez presentadas y valoradas las actuaciones ministeriales se ordenó la libertad con reservas de ley a una persona, y a otra, libertad absoluta, y se ejercitó acción penal contra seis trabajadores del albergue, que fueron ingresados al Centro Federal Social No. 4 de Nayarit, por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; trata de personas con fines de mendicidad forzada; trata de personas en la modalidad de explotación de mendicidad ajena; trata de personas con fines de explotación laboral y delincuencia organizada.

El 24 de julio de 2014, se informó; que después de valorar los elementos proporcionados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, dentro de las causa penal, dictó auto de formal prisión contra Felipe Serrano Gómez, Lourdes Verdezco, David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, Vicente Carlos Félix Duran y Miguel Ángel Ibarra Valencia, por su probable responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos:

a. Delincuencia Organizada hipótesis de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y trata de personas.

b. Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado y dispuesto en la Ley General de Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, en agravio de 48 víctimas.

c. Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad forzada (Hipótesis; dolosa de varias personas para captar, retener, entregar, transportar y recibir a una persona o varias con fines de mendicidad forzada).

c. Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad ajena agravada según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de trata de personas.

d. Trata de personas hipótesis del trabajo o servicios forzosos, acción dolosa de varias personas para captar, enganchar, transportar, entregar, recibir y alojar a unas o varias personas con fines de explotación laboral.

Sin embargo y pese que se demostró la existencia de diversos tipos de delitos que ameritan prisión, en una conferencia de prensa el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, explicó que. “sí existen imputaciones directas en contra de Mamá Rosa, pero se determinó la inimputabilidad con base en un estudio médico, patológico y psicológico, el cual arrojó que padece de trastorno de senilidad, por lo que no se le puede fincar responsabilidad penal. Si es culpable de propinar golpizas y maltratos; sin embargo, por su edad avanzada y mal estado de salud física y mental, no se ejerció acción penal en su contra.”

Además de esto, ninguna de las instancias en los tres niveles de gobierno ha hecho caso omiso a las diversas preocupaciones que en su momento, fueron hechas, principalmente la que solicitaba una revisión integral de las casas hogar, guarderías y albergues para niñas y niños en todo el país, con el fin de repetir este tipo de hechos tan indignantes.

Desde su aprensión y su muy pronta absolución de los delitos imputados, se han creado varias líneas que investigación que indican la complicidad de diversos sectores del gobierno tanto municipal, estatal y federal.

Hoy y a pesar de que Mamá Rosa, fue declarada como incapacitada mentalmente para darse cuenta de todas la vejaciones que se cometieron contra las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en este sitio; hoy existen denuncias sobre que nuevamente esta persona, se encuentra operando un albergue, esta vez ubicado en su domicilio.

Ante esto es necesario que todas las instancias gubernamentales encargadas de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, rindan un informe del seguimiento que se le ha dado el caso, cuales son realmente las razones por las cuales se ha permitido que esta persona siga poniendo en riesgo la integridad y la vida de muchos más niñas, niños y adolescentes.”

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República:

1. Informe sobre la situación jurídica de la C. Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa;

2. Lleve a cabo una valoración médica del estado de salud  física y mental;

3. De seguimiento a las denuncias en contra de ella y se valore la pertinencia de que sea detenida a fin de que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes que permitan absolverla o condenarla por los diversos delitos que le fueron imputados.

SEGUNDO. Se solicita a la Procuraduría General de la República informe sobre el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia”, por haber sido utilizado para la comisión de diversos delitos graves.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, cuyo contexto se anima en la inquietud que asiste a su autora para solicitar a la Procuraduría General de la República, por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de sendos informes para conocer la situación jurídica de la C. Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa, y el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró con relación al complejo que ocupaba el albergue “La Gran Familia”, al considerar que fue utilizadopara la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, sin que se hubiese notificado de ello a la autoridad por cualquier medio o se hubiese hecho algo para impedirlo; también, a través de esa instancia de procuración de justicia, se lleve a cabo una valoración médica del estado de salud física y mental de esa persona, y se dé seguimiento a las denuncias presentadas en su contra y se valore la pertinencia de establecer su detención con la finalidad de llevar a cabo las indagatorias que permitan determinar su responsabilidad penal o no en los hechos que se le imputan.

Se percibe, en el caso particular, más allá de conocer e impulsar los extremos que se contemplan en el punto de acuerdo que se analiza, el propósito de no descuidar las exigencias actuales de la defensa social con relación a los derechos fundamentales de los menores de edad e incapaces, a través del cumplimiento de la respuesta que el Estado debe obsequiar para prevenir un fenómeno criminal que se manifiesta en sus más altos grados de perversidad. En esa aspiración toral, reconocemos el valor que tiene la noble inquietud que motiva a la legisladora.

II.- Esta Dictaminadora considera atendible el punto de acuerdo que se describe, a pesar de la negativa a fincar responsabilidad penal a la C. Rosa del Carmen Verduzco, por los hechos ocurridos en 2014. Acontecimientos en los que aun cuando se pudo demostrar la existencia de diversos tipos de delitos consumados en contra de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el albergue dirigido por esta persona y, por consiguiente, ameritaban una pena de prisión en su contra, se decretó su inimputabilidad con base en un estudio médico, patológico y psicológico, que confirmó en la misma un padecimiento de trastorno de senilidad.

Bajo esa tesitura, no obstante, como al Estado le corresponde el deber de proteger especialmente a los menores de edad e incapaces para evitar que se quebrante, dañe o ponga en peligro su libertad y seguridad sexuales, bien se justifican los propósitos a los que se orienta el punto de Acuerdo en estudio.

III.- La Segunda Comisión reitera así la responsabilidad y la obligación que al Estado Mexicano, en su conjunto, le asisten para proteger a los menores de edad e incapaces asegurándoles un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una sana formación física, mental, emocional, social y moral. Para el logro de esa tarea, el Estado debe adoptar las medidas necesarias que contribuyan al bienestar de estas personas, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus custodios o de aquellos otros sujetos que sean responsables de los mismos. Sin negar, sin apartarnos del escenario en el que se discurre, el deber y la obligación que a la comunidad a la que pertenezcan  y, en general, a toda la sociedad, les corresponde para respetarlos y auxiliarlos en el ejercicio de esos derechos.

IV.- Por los delitos cometidos contra infantes, esta Segunda Comisión solicita a la Procuraduría General de la República un Informe sobre la situación jurídica de la C. Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa, remítase el informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días; realizar una valoración médica del estado de salud  física y mental de la Ciudadana Verduzco y continuar con las denuncias en contra de ella y se valore la pertinencia de que sea detenida a fin de que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes que permitan absolverla o condenarla por los diversos delitos que le fueron imputados. Así como un Informe del estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia”, por haber sido utilizado para la comisión de diversos delitos graves. Lo anterior bajo el fundamento del párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República un Informe de la situación jurídica y de salud, física y mental de la C. Rosa del Carmen Verduzco; además de culminar con las indagatorias pertinentes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la República informe sobre el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia, remítase el informe a esta Soberanía en un plazo de 15 días.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






4.- Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cérvicouterino que actualmente están ejecutando.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El cáncer cervicouterino, es un tumor maligno que se origina en el cuello de la matriz. Es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas mayores de 20 años.

Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que:

Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años

Han tenido más de 3 compañeros sexuales

Han tenido más de 3 partos

 ● Fuman

Tienen problemas de desnutrición

 ● Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz

Tuvieron su primer parto antes de los 15 años de edad

 

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso. Consultado el 17 de julio de 2015.

Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia en los casos más avanzados.

Es una enfermedad que de no detectarse y tratarse a tiempo puede causar la muerte, es necesario que en todo el territorio nacional existan campañas permanentes de información y de detección del cáncer cervicouterino, para ello se debe de contar con el equipo necesario y personal capacitado.

En el Estado de Quintana Roo se ha dado a conocer que se implementará una campaña para detectar a tiempo el cáncer cervicouterino, sin embargo no se ha informado específicamente cual será la capacidad real de atención a las necesidades, razón por la cual es necesario que la Secretaría de Salud del Estado informe de manera detallada los programas que están ejecutando.

Por otro lado, se ha informado en diversos medios locales que se han destinado más de 5 millones de pesos para la detección oportuna del cáncer de mama y de cuello uterino.

De igual manera debemos conocer en que se empleará el presupuesto para poder seguir construyendo estrategias de protección a la salud y poder identificar las áreas que se tienen que reforzar, así como hacer llegar la información a toda la ciudadanía interesada para que accedan a los beneficios de seguridad social.

En el párrafo cuarto, artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos expresado el derecho a la salud, el cual a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Dada la importancia del derecho a la salud, debemos estar cerca de las políticas públicas que originarán beneficios para los ciudadanos y por otro lado el derecho a la información con el que cuentan los ciudadanos el cual hace a una población más participativa en la toma de decisiones.

Cabe destacar que el acceso a la salud en el Estado de Quintana Roo ha sido difícil, a tal grado que solo las personas con los recursos económicos suficientes para atenderse en otros estados pueden cuidar su salud, asimismo las características del estado como por ejemplo: las altas temperaturas o las grandes distancias entre poblados han agravado la situación de salud para los ciudadanos, de tal manera que se debe de contemplar que muchas veces la población afectada no se puede atender en un hospital aunque quede en el municipio vecino porque no tienen dinero para el transporte.

Estamos hablando de los ciudadanos que menos tienen, ese sector de la población necesita hospitales en sus comunidades, si bien las campañas y recorridos en pro de la salud son benéficos para todos, la salud es impredecible y en cualquier momento puede surgir la necesidad de médicos y equipo especializado, y vuelve necesario personal e instalaciones en cada población, razón por la cual de manera reiterativa la salud y las estrategias que la involucran deben ser tomadas con suma importancia e integralidad, con miras de planificación a futuro. Esto implica que debe de haber metas a corto, mediano y largo plazo de las cuales en el plan de desarrollo se atienden, sin embargo el desarrollo en materia de salud del Estado debe ir más allá, hablando en términos de planificación de largo plazo.

Son varios los motivos que originan la petición de este documento, y solo con la información detallada de las acciones a tomar los derechos de los ciudadanos podrán ser protegidos y garantizados”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución, priorizando las siguientes interrogantes:

Cuantos aparatos y que equipamiento en específico de detección de cáncer cervicouterino ha adquirido el gobierno del Estado de Quintana Rooen el último año y en que parte especifica del Estado están instalados.

 ● Cuál es la infraestructura que ha adquirido y cual se ha adecuado el gobierno del estado de Quintana Roo para la detección oportuna del cáncercervicouterino.

A Cuántas mujeres se les ha dado la atención médica para la detección oportuna de cáncer cervicouterino en el estado de Quintana Roo y cuantas se han realizado de manera gratuita.

 ● Si ha tenido algún costo para los pacientes los exámenes de detección de cáncer cervicouterino.

Cuantas colposcopias desde el 2011 se han realizado en el Estado de Quintana Roo. Cuantas colposcopias desde el 2011 se han realizado en el Estado de Quintana Roo.”

CONSIDERACIONES

I.- Tal y como lo señala la autora de la proposición de mérito, el cáncer cervicouterino constituye la segunda causa de muerte entre las mujeres, lo que lo coloca como un grave problema de salud pública en nuestro país, cuya atención es impostergable.

II.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que de acuerdo con la Fundación Nacional Contra el Cáncer Cervicouterino (Fuunacc), tan solo en el año 2012, unas 13 mil 960 mujeres en México fueron diagnosticadas con ese padecimiento y 4 mil 769 fallecieron; el principal rango de edad de mujeres afectadas oscila entre los 34 y los 45 años. Así también dicha fundación prevé que este año se sumen entre 13 mil 500 y 15 mil nuevos casos de cáncer en nuestro país.

III.- Por otro lado el Reporte GLOBOCAN 2012 señala que alrededor de 4 mil 500 mujeres mueren cada año por dicha enfermedad, un promedio de 12 cada día, mientras que especialistas del Instituto Nacional de Cancerología han señalado que el 80% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención, toda vez que el cáncer cervicouterino es curable si se detecta a tiempo.

En opinión de esta Comisión dictaminadora resulta preocupante que a pesar de la existencia de programas y políticas públicas tendientes a fomentar la cultura de la prevención y detección a tiempo, el nivel de este padecimiento siga siendo tan elevado, generando los consabidos índices de mortandad. 

IV.- Tal y como lo señala la proposición en estudio, el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo anunció el pasado 1° de julio que durante los meses de julio y agosto se reforzarían las actividades del programa de prevención del cáncer en la mujer y se llevaría a cabo una campaña de prevención y detección del cáncer cervicouterino.

Al respecto, el portal electrónico del Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó un boletín de prensa emitido por la Secretaría de Salud del Estado, en el que informa que en todos los centros de salud de dicha dependencia se aplicará de manera gratuita el Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años y la prueba del VPH a mujeres de 35 a 64 años para prevenir y detectar oportunamente el cáncer cervicouterino.

Así también señala que del 3 al 9 de agosto se realizará la semana “El cáncer de cuello uterino más cerca de lo que parece", con el objetivo de promover en las mujeres estilos de vida saludables que incluyen un aumento en el consumo de frutas y verduras, la práctica de ejercicio por al menos 30 minutos diarios, entro otras medidas.

Entre los objetivos de la campaña se pretende que las mujeres acudan a sus estudios de prevención del cáncer de mama y cervicouterino. A pesar de ello, la proponente subraya la necesidad de conocer la capacidad real de atención, así como la manera en que se aplicará el presupuesto correspondiente en aras de construir estrategias en materia de protección a la salud, reforzando los rubros que así lo requieran.

En ese orden de ideas, esta dictaminadora comparte la idea de la proponente en el sentido de que, al igual que en el caso de cualquier programa público, en el que nos ocupa resulta necesario conocer no solamente los objetivos trazados, sino la manera en que éste fue implementado y sus resultados, a fin de poder evaluar su eficacia, pues sólo de esa manera las autoridades estarán en posibilidad de identificar los aspectos que deben fortalecerse o corregirse, en beneficio de los gobernados.

Tratándose de un tema tan importante por los altos niveles que ha alcanzado este padecimiento, es de vital importancia contar con la información suficiente sobre el diseño y resultados del programa, en aras de lograr que los beneficios alcancen a la mayor cantidad de personas, tanto en el Estado de Quintana Roo como en el resto de la República.

V.- Los integrantes de la Segunda Comisión comparten plenamente el espíritu que motiva la proposición de mérito y ante la relevancia del tema que nos ocupa, por ser el cáncer cervicouterino una de las principales causas de mortandad de mujeres en nuestro país y un grave problema de salud pública, estiman necesario contar con información detallada sobre el diseño y los objetivos del programa implementado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo para atender la problemática relativa a esta enfermedad.

VI.- Para esta Comisión dictaminadora, el tema de que trata la proposición en estudio reviste una especial trascendencia y por ello no debe soslayarse ningún esfuerzo tendiente a fortalecer la perspectiva de prevención y detección a tiempo del cáncer cervicouterino que debe prevalecer en las políticas públicas en materia de salud. Por otro lado, en un distinto nivel de análisis, la proposición de mérito también resulta viable a la luz del principio de transparencia y rendición de cuentas que debe prevalecer en el ejercicio del servicio público, por lo que a juicio de esta Comisión la solicitud de información que se plantea resulta plenamente adecuada, en el entendido de que con independencia de su materia, se trata de un programa de gobierno que implica recursos públicos que deben ser ejercidos de manera eficiente.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






5.- Que exhorta a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Comisionado Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  8 de julio de 2015, las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“De acuerdo al “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado mexicano no brinda la atención pertinente a las mujeres que se encuentran en cárceles del país, incumpliendo así con su obligación de adoptar medidas para asegurar que este sector poblacional goce de todos los derechos que les corresponden.

Entre las denuncias que se enumeran en el Informe destacan las ineficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato físico; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno , cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; aplicación discrecional de sanciones disciplinarias; falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.

El documento señala datos alarmantes que ponen en entredicho la seguridad e integridad de las mujeres, así como de sus hijos e hijas en los centros de reclusión. La lista de denuncias es larga y no es nueva, aun así éstas deben enunciarse. 

Para iniciar, la CNDH reportó que en 33 penales de casi todo el país - Baja California, Chipas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, etc. -, 60 internas denunciaron haber sido golpeadas por el personal; 147 internas de 50 cárceles, han sido amenazadas, 256 internas en 61 penales han sufrido algún tipo de humillación y 213 presas de 55 centros señalaron tratos discriminatorios por parte del personal del centro penitenciario.

En cuanto a ineficientes condiciones materiales se recalcaron las fallas en el suministro de agua que se utiliza para el aseo de las internas y de las estancias. Esta declaración nos recuerda las denuncias de la líder comunitaria Nestora Salgado, quien se encuentra recluida en el en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, quien señaló que el agua potable le ha sido negada.

Aunado a esto se detectaron cantidades insuficientes de alimentos para satisfacer las necesidades de las internas, en algunos casos sólo se proporcionan dos comidas al día. También se señaló la falta de alimentación especial a las/os hijas/os de las internas que viven con ellas en los centros.

Resulta alarmante la alerta de sobrepoblación y hacinamiento en 17 penales - Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas – en donde las internas deben dormir en el suelo a falta de camas. Tal es el caso del centro de Venustiano Carranza, en Nayarit, que cuenta con una sobrepoblación es de 246%, o de lo casos de Chalco y Ecatepec, Estado de México, y Cárdenas, Tabasco, en los que la sobrepoblación es igual o mayor al 100%.

De igual forma, los casos de explotación sexual son también un problema en los centros penitenciarios. De acuerdo a la CNDH se encontraron casos de explotación sexual en 20 establecimientos de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En 66 centros ni siquiera existe separación por situación jurídica ni clasificación, entre varones y mujeres, lo que ha derivado que en algunos casos cohabiten mujeres y hombres.

Estas denuncias se agravan al conocer que en 27 centros de reclusión (Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), el personal asignado para vigilar y custodiar las instalaciones es insuficiente; en algunos casos tan sólo hay de una a cuatro personas por turno encargadas de la seguridad y custodia.

En cuanto al tema de capacitaciones en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, en 57 centros (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) el personal directivo o de seguridad y custodia no ha recibido ninguna capacitación.

Al respecto de la prestación de servicios médicos, en 73 penales de 77 visitados, se registran irregularidades en la prestación de éstos, puesto que se carecen de instalaciones y personal médico específico para las internas, además, muchas veces son atendidas en el servicio médico destinado a los varones, cuya atención resulta deficiente e inoportuna debido a que son insuficientes, incluso para los internos.

Tampoco existe atención médica especializada para las mujeres ni para los menores que viven con ellas. Aunado a este problema, se destaca que en los centros de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas está prohibida la estancia de menores de edad lo que vulnera el interés superior de la infancia y el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así lo señala lo CNDH; en al menos 53 penales no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica.

Finalmente, en tanto a la accesibilidad de los centros, en 25 de ellos - Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz-, no hay adaptaciones para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad. El problema se agrava con internas con padecimientos mentales, las cuales, de acuerdo a la CNDH, se encuentran en áreas con malas condiciones y sin personal médico que las atienda.

En la investigación de la CNDH se señala que en promedio hay 14 irregularidades por centro, y los que concentran el mayor número de éstas son centros en Guerrero, particularmente los de Chilpancingo y Acapulco.

Las condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión del país, deben ser atendidas de manera inmediata. Desde hace al menos una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ha alertado sobre esta situación, y los gobiernos han permanecido omisos e indiferentes ante estas graves violaciones. Todos los derechos para todas las personas.

El Secretario de Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad, y cada Gobernador así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deben atender cabalmente las recomendaciones de la CNDH para garantizar los derechos humanos de las mujeres reclusas, y así eliminar las desigualdades y violaciones a derechos humanos que se ejecutan en los centros penitenciaros contra la población femenil.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Defensa Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.”

CONSIDERACIONES

I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito respecto de la preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres internas; así como por la imperiosa necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas, que enfrentan una vulnerabilidad agravada tanto por su condición de reclusas, como por ser mujeres y en muchas ocasiones, madres. Así mismo, en muchos casos confluyen una serie de circunstancias como son la pobreza, la enfermedad, la mala alimentación, la corrupción e incluso la explotación con fines sexuales, entre otras; condiciones todas que demuestran que la situación de los centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales, lo que motiva a los miembros de esta dictaminadora a adherirnos a las advertencias y propuestas que lanza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante su “Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".

La adopción de políticas penitenciarias con perspectiva de género, que consideren las necesidades especiales de la mujer y busquen reducir su vulnerabilidad a la vez que persigan la reinserción social, propósito fundamental de la pena y base sobre la que descansa nuestro sistema penitenciario.

II. El artículo 18 constitucional señala en su segundo párrafo:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”

De lo anterior se colige que el objetivo asignado constitucionalmente a nuestro régimen penitenciario y a la pena privativa de la libertad no es el castigo o la venganza del Estado por las acciones de aquel que llega a delinquir, sino su reinserción a la sociedad, concibiendo al delito como una enfermedad social y procurando por tanto el tratamiento de quienes la han adquirido. Por supuesto, la ejecución penal tiene un elemento intimidatorio del que no se puede desprender, pues no deja de ser una medida de defensa social que busca suspender la relación del individuo con la sociedad que lo vio delinquir, sin embargo éste no tendría sentido sin procurar reencausar al sentenciado asumiendo que volverá a ser parte de la sociedad, momento en el que deberá estar preparado para observar y respetar los valores colectivos que quebrantó, lo cual no podría conseguirse sin respetar escrupulosamente la dignidad e integridad de la persona y sus derechos fundamentales.

El respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los mayores y más complejos desafíos que enfrenta nuestro sistema penitenciario, que requiere políticas públicas para revertir la cotidiana violación de los derechos humanos de la población reclusa, por lo tanto, para que la privación de libertad como respuesta al delito, cumpla con su finalidad esencial, es imprescindible hacer frente a estas deficiencias estructurales, asumiendo como deberes del Estado el garantizar los derechos fundamentales de las personas sometidas a su custodia, y ejercer el control efectivo y la seguridad interna de los centros penales.

III. El Dictamen que nos ocupa trata entonces un asunto relativo además, al cumplimiento de las obligaciones de México ante la comunidad internacional. En el plano internacional, el Estado mexicano ha asumido el compromiso de contar con un sistema penitenciario humanista que persiga la reinserción social de las personas en reclusión, particularmente de las mujeres, destacando como instrumentos para perseguir tal objetivo las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad de la ONU(Reglas de Tokio),las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok),y los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así mismo, la ONU ha establecido una Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da seguimiento permanente a la protección de personas privadas de libertad en las Américas.

En este tenor, ambos organismos han emitido recomendaciones generales y específicas considerando a las reclusas como uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y requisitos específicos, entre las que destaca la invitación contenida en la resolución 10/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 2009, dirigida a los gobiernos, los órganos internacionales y regionales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, para que dediquen mayor atención a la cuestión de las mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas cuestiones relativas a los hijos de las reclusas, con miras a identificar y abordar los aspectos y desafíos del problema en función del género.

Como puede verse, la CNDH, en cumplimiento a tal compromiso internacional ha dado seguimiento a esta problemática, emitiendo propuestas (recomendaciones en sentido amplio, más no en el jurídicamente estricto que reserva tal concepto al ejercicio de su facultad primordial), a efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a los que ocupan los hombres; separar a las internas sentenciadas de las procesadas; edificar locales y/o establecimientos con instalaciones apropiadas para la atención médica, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades deportivas, entre otras; y advirtiendo que los gobiernos Federal y de las Entidades Federativas no han realizado acciones efectivas para asegurar el respeto pleno de los derechos de las reclusas.

IV. Resulta interesante observar que según apunta la CNDH en el informe de referencia “la población penitenciaria del país en el periodo citado en el párrafo anterior [al mes de febrero de 2014] ascendía a 249, 912 personas, y únicamente 12,690, que corresponde al 5.08%, eran mujeres, de las cuales 9,529 son del fuero común; de éstas, 5,019 bajo proceso y 4,510 sentenciadas, mientras que las restantes (3,161) pertenecen al fuero federal; 1,866 de ellas se encontraban bajo proceso y 1,295 estaban sentenciadas.” Ante lo que señala que “El hecho de que el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de conductas delictivas sea menor que el de los hombres, como ya se ha apuntado, no justifica la deficiencia de una perspectiva de género…”.

En este sentido la CNDH consigna que tuvo conocimiento de hechos “que dificultan las condiciones de vida digna y segura, así como de situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos que permanecen con ellas, relacionados con maltrato; deficiencias en las condiciones materiales de los centros de reclusión; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno; cobros y privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias; diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica; inexistencia de manuales de procedimientos; deficiencias en la prestación del servicio médico; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de reclusión; anomalías en la supervisión de los centros de reclusión; deficiencias relacionadas con las actividades de reinserción social; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad física; inadecuada atención a las personas con discapacidad psicosocial, así como inexistencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación.”

Esta larga lista de irregularidades es preocupante al indicar un conjunto de situaciones que impiden el cumplimiento de los objetivos fundamentales de nuestro sistema penitenciario. En este sentido, los miembros de esta comisión consideramos que estas graves faltas pueden impedir la resocialización de las reclusas y provocar su reincidencia criminal, por lo que hacemos hincapié en la necesidad de establecer reglas especiales a fin de velar por que las mujeres recluidas en los centros penitenciarios, independientemente de su ámbito competencial, sean tratadas en forma equitativa y justa, respetando sus derechos humanos y prestando atención a los requerimientos especiales que enfrentan las mujeres embarazadas o con hijos.

Finalmente, señalamos que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que por el contrario es un elemento esencial tanto para su realización como para a buena administración de la justicia; por lo que nos adherimos a las veintidós propuestas que presenta la CNDH para procurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado como responsable de la integridad de las personas recluidas, particularmente de las mujeres, así como el cumplimiento del objetivo resocializador y correctivo de nuestro sistema penitenciario.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y del Distrito Federal, a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que viven con sus madres, considerando la adopción de políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, atendiendo cabalmente las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, emitido el 18 de febrero de 2015.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece  días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






6.- Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género en diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen diversas proposiciones con punto de Acuerdo, relacionadasa las declaratorias de alerta de género en México.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a nombre propio y dela Diputada Roxana Luna Porquillo, integrantes ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar el cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 534/2013 y al gobernador del estado de México a atender dicha resolución, respecto al feminicidio de Mariana Lima Buendía.

2.-Con fecha 24 de junio de 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a nombre propio ydela Diputada Roxana Luna Porquillo, del Diputado Roberto Cabrera Solís, del Diputado Víctor Nájera Medina, integrantes todos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y a la Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.

3. Con fecha 22 de julio de 2015,Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la acción emprendida por el Gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de alerta de género en 11 municipios.

4. Con fecha 29 de julio de 2015, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,que exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

Por lo anterior, en este acto se emite Dictamen conjunto a las propuestas antes referidas, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Respecto de la propuesta con punto de Acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar el cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 534/2013 y al gobernador del estado de México a atender dicha resolución, respecto al feminicidio de Mariana Lima Buendía, los legisladores proponentes señalan expresamente:

“La abogada Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010 en su casa de Chimalhuacán, estado de México. El principal sospechoso de la muerte era Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo y agente judicial -hoy comandante en Toluca-, quien denunció la muerte de Mariana como un “suicidio”.

La versión de Julio César Hernández asegura que su esposa se ahorcó colgándose de un clavo que era utilizado para sostener las cortinas, de donde amarró un cordón de macramé con un grosor de 5 milímetros. El 28 de junio de 2010 el propio Julio César Hernández informó a la madre de Mariana, Irinea Buendía, del supuesto suicidio. Sin embargo, cuando llegó a la casa donde estaba el cuerpo de su hija, Irinea vio cómo Mariana tenía puesta ropa interior negra y la blusa que vestía el día anterior, además, su cabello estaba mojado, sus pies limpios y como si hubieran pasado mucho tiempo en el agua, su rostro estaba golpeado y tenía rasguños por todo el cuerpo.

Un día antes del suceso, Mariana le había contado a su madre, Irinea, su decisión de terminar con el matrimonio tortuoso que tenía con Julio César así como de denunciar toda la violencia física y psicológica que había recibido de su parte, incluyendo amenazas de muerte. Irinea conocía las golpizas y agresiones que Mariana sufría a manos de su esposo. Junto a la cama en la que estaba el cuerpo de Mariana, se encontraban las maletas de ella. Esta información, además de los propios testimonios acerca de las circunstancias en que encontró el cuerpo de Mariana y otras irregularidades, llevaron a que Irinea nunca creyese que se trataba de un suicidio.

Ese mismo día, Julio César llegó a la casa acompañado por un agente del Ministerio Público y un par de peritos quienes, en poco menos de 15 minutos, tomaron fotos y levantaron el cuerpo de Mariana.

Ante las inconsistencias, la impunidad y la falta de justicia, Irinea no se ha cansado de luchar para demostrar que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada.

La vida que Mariana vivió al lado de Julio César fue de un completo martirio. La primera golpiza que Mariana confesó a su madre, Irinea, ocurrió el 10 de enero de 2009, día que Mariana le habló llorando explicando que Julio César la había golpeado por servirle jugo de naranja sin colar.

Irinea ubica tres ocasiones en las que Julio César intentó matar a Mariana: cuando la arrojó por las escaleras; mediante golpes, y al prenderle fuego a un garrafón de gasolina amenazando con aventárselo.

El 27 de junio de 2010 y tras una nueva golpiza por parte de Julio César, Mariana dijo “basta”. Dispuesta a poner fin a la violencia, decidió terminar su relación. El día 28 apareció muerta.

Ante las sospechas y la mala práctica de las autoridades, Irinea Buendía interpuso una denuncia contra Julio César Hernández. Sin embargo, las autoridades decidieron dictar no ejercicio de la acción penal en contra del hoy comandante policiaco, ignorando los antecedentes de violencia sufrida por Mariana.

Las pruebas del asesinato de Mariana se encuentran asentadas en el expediente CHIM/III/3885/20103en donde hay 60 evidencias que señalan a Julio César como autor del crimen. Sin embargo, sólo cinco pruebas, las aportadas por el propio Julio César, fueron consideradas para declarar la muerte de Mariana como un suicidio. Entre las pruebas aceptadas, destacan tres cartas suicidas que no se encontraban en la escena del crimen y que fueron presentadas por Julio César días después de la muerte de Mariana. En estas cartas no sólo se confesaba el suicidio, sino que se pide no culpar a nadie del mismo, entregar su cuerpo a su mamá y que vendieran su teléfono celular.

Desde entonces y pese a todos los obstáculos e injusticias, Irinea acudió a cada una de las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio del Estado de México, e interpuso todos los amparos necesarios para que se investigara el caso de Mariana como feminicidio y no como suicidio.

Poco parecían avanzar los esfuerzos hasta que en septiembre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso al considerar fundadas las quejas por las omisiones cometidas por las autoridades de procuración de justicia del estado de México.

Dos años después de la atracción y a casi cinco años del asesinato, el 25 de marzo del año en curso, día en el que Mariana cumpliría 34 años, la Primera Sala de la SCJN otorgó a Irinea Buendía el amparo directo 534/2013 por unanimidad.4Con esto se ordena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) volver a investigar los hechos de la muerte de Mariana Lima Buendía reconociendo que en la investigación hubo “irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones a la justicia” y determinando que el Ministerio Público mexiquense debe “completar” la investigación “de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial”, con perspectiva de género a fin de resarcir todas las fallas que cometió la instancia en torno a este crimen.

A través de esta decisión, los ministros y la ministra de la SCJN han sentado las bases para impulsar investigaciones de toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, siguiendo los estándares internacionales, nacionales y locales.

Pese al gran avance para la justicia que ha supuesto el fallo de la SCJN, el gobierno del estado de México ha demostrado reticencia e indiferencia para actuar ante diversos casos que han sido de conocimiento público e incluso objeto de decisiones importantes por instancias judiciales y de protección a los derechos humanos.

De acuerdo a declaraciones proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la PGJEM no ha tenido un acercamiento oficial con la familia de Mariana Lima bajo el argumento de que no ha sido notificada “formalmente” de la resolución de la SCJN.

Para dar cumplimiento a las obligaciones dictadas por la Suprema Corte, se debe garantizar que Julio César Hernández Ballinas, comparezca ante la justicia, brindar seguridad a Irinea Buendía y a su familia, así como garantizar que la nueva investigación sea realizada por personal altamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género.

La respuesta de la PGJEM ha sido totalmente insatisfactoria, al decidir no suspender a Julio César Hernández de sus labores, para, supuestamente, tenerlo vigilado.

En este mismo sentido, el OCNF ha manifestado preocupación de que se decida regresar el expediente a la Fiscalía de Feminicidio, organismo que determinó el no ejercicio de la acción penal contra el presunto feminicida.

Para evitar prejuicios y no dañar la nueva investigación, es necesario contar con personal altamente capacitado, como lo ha mandatado la SCJN.

Todo el caso anteriormente expuesto es enmarcado en una situación alarmante para la vida y seguridad de las mujeres del estado de México. De acuerdo a grupos de la sociedad civil, cada día dos mujeres son desaparecidas en la entidad. Además, cabe recordar que durante el gobierno del ahora presidente Enrique Peña Nieto, en el Estado 1006 feminicidios fueron ejecutados, siendo Chimalhuacán -lugar que ha tenido únicamente gobiernos priistas- uno de los 6 municipios en donde se concentró el 54 por ciento de estos crímenes. Seis de cada diez mujeres fueron asesinadas brutalmente.

Frente a este panorama de violencia contra las mujeres, los gobernadores se han negado a declarar la alerta de género y a desarrollar acciones efectivas que detengan esta ola de violencia. De esta forma resulta evidente la omisión, indiferencia, inacción y desprecio hacia la vida y derechos de las mujeres.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar a esta Soberanía respecto del cumplimiento de la resolución emitida en torno al amparo directo 534/2013, dirigidas al gobierno del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de México a atender cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al amparo directo 534/2013, y hacer públicas las vías de su cumplimiento e invitar a instancias independientes a dar seguimiento a sus acciones sobre el caso para proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a emprender una revisión exhaustiva del personal de la institución para que se cuente con perfiles de alta capacidad en materia de género y derechos humanos que atiendan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al amparo directo 534/2013.”

2. En lo que toca a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y a la Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero, los legisladores que la suscriben motivan su proposición con los siguientes argumentos:

“Una vida libre de violencia sigue siendo para muchas mujeres un sueño inalcanzable, un objetivo por el que perdemos la vida y es que aunque han existido importantes avances legislativos, jurídicos, políticos y sociales, gracias al movimiento feminista y amplio de mujeres, la realidad sigue siendo devastadora.

En los últimos 25 años han existido más de 34 mil feminicidios. Actualmente siete feminicidios ocurren a diario, tres mujeres son desaparecidas al día y una mujer es violada cada cuatro minutos en México. Todo esto ocurre en el marco de la complicidad, negligencia y complacencia del sistema de procuración e impartición de justicia, del sistema de educación; es decir, de todo el sistema patriarcal que ha marcado a nuestra estructura institucional.

Este sistema que estereotipa y asigna roles de género lacerantes para las sociedades y profundiza la desigualdad y violencia que enfrentamos las mujeres, recrudece su opresión al añadir al componente de género elementos de clase, edad y etnia, porque es indiscutible que quienes son más vulnerabilizadas son las mujeres indígenas, jóvenes y pobres.

En este sentido, la ignorancia y desprecio por la vida de las mujeres pareciera una constante del sistema político mexicano, especialmente, el de Puebla. A continuación presentamos un caso que ejemplifica lo descrito.

El pasado 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue reportada como desaparecida en la ciudad de Puebla, capital de Puebla de Zaragoza. El 18 de junio del mismo año, sus restos fueron encontrados enterrados en la comunidad de Soto y Gama, en el municipio de Huaquechula, Puebla. Moisés Torres López, su esposo, confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones en sus declaraciones ante agentes de la policía ministerial.

Moisés Torres López realizó una primera declaración en la que aseveró haber asesinado a Olga ese mismo 9 de junio, día en el que ella le contó que había reprobado el curso de idioma francés que estudiaba y que además le era infiel. Moisés señaló que la golpeó con un marro en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte y que después descuartizó su cuerpo para ir a enterrar las partes en un paraje de Huaquechula.

Sin embargo, Moisés Torres López se reservó su derecho a declarar ante el juez y sólo ha declarado ante el Ministerio Público, cambiando su primera versión para decir que Olga murió de manera accidental cuando él la empujó durante una discusión, lo que ocasionó que ella se golpeara la cabeza. Declaró que al ver que Olga ya no presentaba signos vitales, tuvo miedo de que sospecharan de él y por ese motivo decidió deshacerse del cadáver cortándolo en pedazos y trasladando los restos hasta la comunidad de Soto y Gama.

En esta declaración Moisés Torres López refiere que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a limpiar la escena del crimen por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) iniciada en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar la participación de otras personas en el feminicidio de Olga y en posteriores actos de encubrimiento.

En el tenor de lo expuesto, también es importante señalar que Moisés Torres López promovió un amparo 1525/20014 en el 7o. Juzgado de Distrito para que le fuera devuelto el inmueble donde asesinó a Olga, argumentando que se estaban violando sus garantías. Ante esto, el juez de distrito ordenó que se levantaran los sellos declarando que Moisés Torres López podía disfrutar del bien pero no disponer del mismo, por lo cual ordenó que se le hiciera la entrega del inmueble a Moisés Torres Monroy (padre del feminicida) quien fue la persona autorizada por Moisés Torres López. Al tener conocimiento de lo anterior, inmediatamente la familia de Olga, su hermana, Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, interpusieron un recurso de queja, pero el juez octavo de lo penal no hizo caso del mismo y sin resolver el trámite de dicho recurso hizo entrega material del inmueble a Moisés Torres Monroy. Aunado a esto, también solicitaron que la Procuraduría General de Justicia de Puebla reclamara el inmueble para continuar con las investigaciones sobre la posible participación de otras personas en el asesinato. Sin embargo, personal de la Procuraduría señaló que no reclamarían ese bien.

Al cabo de un tiempo, el juzgado 7o. de distrito emitió una sentencia con la que negaba el amparo a Moisés Torres López, determinando que ninguna de sus garantías estaba siendo violada. Desafortunadamente, a la hora de esta sentencia, Moisés Torres Monroy ya había tenido tiempo suficiente para alterar la escena del crimen.

Olga Nayely Sosa Romero era odontóloga y madre de una niña de tres años de edad. Su hermana, Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, además de hacer frente a la pérdida de Olga, emprendieron una lucha para obtener la guarda y custodia de la niña. Después de un largo peregrinar en un proceso envuelto en irregularidades que parecieron agudizarse por el lazo familiar existente entre el feminicida Moisés Torres López y el magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres (tío del culpable), obtuvieron la custodia compartida con la madre de Moisés, Elsa López Huerta.

Al principio del juicio de la custodia, Moisés Torres Monroy, el padre del asesino de Olga, estuvo acompañando a Elsa López. Sin embargo, este proceso iniciado por Elsa López, no fue tramitado en asociación con su esposo dado que este último, como lo hemos señalado, es sospechoso en el feminicidio de Olga, lo cual está asentado en el Triplicado que se quedó abierto en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas con número 410/2014/DMZS.

Aunado a esta situación, Alejandra y Argelia han denunciado que el feminicida Moisés Torres López les dijo lo siguiente: “Mi tío, el magistrado [Manuel Nicolás Ríos], cuenta con relaciones en los juzgados, por cualquier problema que se me presente”.

Pese a las amenazas, ambas presentaron una nueva demanda a nombre de Argelia Romero Cinto para solicitar el derecho de la guarda y custodia de su nieta. Luego de mucha presión, hoy han obtenido la custodia compartida de la niña.

Pese a las dificultades que enfrentan tanto Alejandra como Argelia ellas continúan su lucha para exigir que al asesino de Olga se le dicte una sentencia que lo condene por el crimen que cometió hace casi un año ya, así como para buscar que la hija de Olga se quede con ellas lejos de personas cómplices de feminicidios, que además corrompen el sistema de impartición de justicia.

De acuerdo al reportaje “Puebla supera al Estado de México en desaparición de mujeres” de la agencia de noticias Lado B, en Puebla, desde enero de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2015, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó 68 feminicidios. Solamente en 2015 han contabilizado ya ocho de estos crímenes.

Aunado a lo anterior, el reportaje destaca que en Puebla existen 3,599 mujeres desaparecidas por cada cien mil habitantes, superando, de esta manera, al Estado de México en desaparición de mujeres. Durante 2014, 530 desapariciones fueron reportadas de acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Hasta enero de 2015, 208 seguían sin ser localizadas.

En 2012 el feminicidio fue tipificado como delito en el estado; no obstante, en 2014, sólo se emitió una sentencia por feminicidio demostrando el intento del sistema de procuración de justicia poblano, de ocultar estos crímenes.

Hoy la entidad de Puebla es un lugar peligroso para las mujeres. El estado poblano está enfrascado en un aparato institucional machista, autoritario, patriarcal y represivo que no respeta la vida ni la dignidad de las mujeres, que viola sistemáticamente sus derechos humanos siendo omiso y negligente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa propone los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Puebla, a través del Juzgado 8o. de lo Penal de la misma entidad, a que emita una sentencia acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las mujeres a fin de, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico respecto a las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Puebla a continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento.”

3. Por lo que hace a la proposición por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la acción emprendida por el gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de Alerta de Género en once municipios de esa entidad, los legisladores que la suscriben expresan en sus consideraciones:

“La violencia feminicida transgrede los derechos humanos en los ámbitos público y privado, implica conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado aun cuando se trate de mujeres y niñas aniquiladas debido al odio en razón de su género. El delito del feminicidio[*]se concentra principalmente en ocho entidades federativas: Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz de acuerdo con el Estudio nacional sobre todas las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres.

Datos del mismo estudio revelan que en el Estado de México, se cometen el 20 por ciento de los feminicidios del país, principalmente en Ecatepec, Nezhualcóyotl y Toluca. Le siguen Ciudad Juárez, Chihuahua donde se concentra el 9.44 por ciento de estas muertes; el Distrito Federal con el 8.35 por ciento seguido por las ciudades de: Tijuana, Acapulco, Jalisco y Zapopan, Morelia y Lázaro Cárdenas, así como el puerto de Veracruz.

Existen diversos acercamientos multidisciplinarios para comprender el origen y el propósito de esta forma de violencia, para algunos estudiosos del tema, comprende:

…la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida.

El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, como resultado de las relaciones de inequidad de género, que no es "natural" y se genera en un contexto social permisible a esa violencia[*].

Este lacerante acto afecta no solamente a las víctimas y a sus familiares, sino a toda la sociedad, en virtud de que implica una acción de violencia y un rechazo sistemático contra las niñas y mujeres.

Resolver esta problemática social, demanda instrumentar campañas progresivas e intensivas de fomento al respeto entre géneros y a la dignidad humana, sin discriminación alguna. Sin duda alguna, la prevención es clave para que descienda el número de casos en el país.

Para lograr su erradicación debe trabajarse en un modelo de justicia que evite la impunidad, es necesario capacitar y sensibilizar a los agentes del ministerio público que integren los expedientes con las pruebas fehacientes para la deliberación del juez. Aunado a ello, se requiere armonizar los códigos penales estatales con base en principios mínimos asociados al respeto integral de las personas.

Otro factor que coadyuva a erradicar esta conducta criminal se vincula con el conjunto de acciones interinstitucionales de los gobiernos estatales como el transporte público seguro para ellas; los centros de justicia; líneas directas de asesoría y atención inmediata; capacitación a las autoridades investigadoras del delito y otras que se conjugan con los esfuerzos de las instancias federales como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ambas de la Secretaría de Gobernación.

Los avances logrados a la fecha no serían posibles sin la invaluable aportación de las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio[*], entre otros y, especialistas de la academia como el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en mucho contribuyeron para el diseño del protocolo que permite dictaminar de manera objetiva si ha lugar o no a solicitar la emisión de la alerta de género.

Cabe destacar que el 25 de noviembre de 2014 la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República presentó los Protocolos[*]de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y para la Violencia Sexual.

Ante este panorama, el pasado 9 de julio el titular del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de México, solicitó la declaración de Alerta de Género para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y el Valle de Chalco. El gobernador añadió que con esta acción se accederá a recursos que permitan fortalecer los esfuerzos institucionales y los programas especializados para atender a las víctimas y prevenir este delito que, aseguró, de 2012 a la fecha la incidencia en el Estado de México ha sido de 1.75 casos por cien mil habitantes.

En este marco, reveló que desde que fue tipificado el delito en esa entidad (2011) a la fecha, se registraron 209 casos de los cuales 130 fueron judicializados y 67 tienen sentencias condenatorias que alcanzan los sesenta años de prisión[*].

Como se advirtió al inicio de las consideraciones, existen otras entidades federativas con cifras crecientes en materia de violencia contra las mujeres, si bien, existen acciones de carácter jurídico y administrativo que avanzan de manera gradual, se ha demostrado que la voluntad del de las autoridades, es fundamental para lograr un cambio que asegure el derecho efectivo de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la acción emprendida por el gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de Alerta de Género en once municipios de esa entidad; asimismo, hace un respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y un entidades federativas restantes, para actuar de manera congruente con la promoción y protección de los derechos de las niñas y mujeres para vivir una vida libre de violencia.”

4. El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“En 1405 Christine de Pisan, considerada una de las primeras feministas medievales, quien se negó a aceptar la inferioridad femenina, describía en su libro La Ciudad de las Damas, la formación que recibía en su infancia:“Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres”. Esto lo escribía en referencia a las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres que históricamente han marcado el rol femenino social y familiar, asimismo esta sumisión histórica de la mujer sobre el hombre ha sido el punto de partida para la comisión de actos de violencia en todos los ámbitos.

A más de seiscientos años de luchar por la equidad e igualdad de género, hoy en día se sigue discutiendo acerca de las estrategias y mecanismos que se necesitan implementar en todo el mundo para lograr una verdadera equidad e igualdad entre los géneros.

Una de las consecuencias de la falta de paridad entre hombres y mujeres, y el sometimiento por parte del sexo masculino sobre el femenino, ha sido un ejercicio permanente de la violencia en sus diferentes modalidades para mantener dicho sometimiento en todos los ámbitos de la vida personal a la mujer. Fue hasta el año de 1979 que la Organización de las Naciones Unidas se convertiría en el primer organismo internacional en hablar abiertamente del tema de la violencia contra las mujeres, y reconoció que esta situación en el entorno familiar era el crimen encubierto más frecuente en el mundo, aprobando en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer.

En el caso particular de México, a través de la ratificación de tratados internacionales se ha comprometido con la implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir la violencia contra las mujeres. De tal forma que en el artículo 4º Constitucional ha establecido la igualdad entre mujeres y hombres.

A fin de cumplir con dichos objetivos, y frente a un escenario de crisis de la violencia de género, en el año 2007 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una   Vida   Libre   de Violencia, la cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

En este sentido, esta Ley General en su artículo 5º, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

A raíz de la creación de la Ley General, en el año 2008 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Para el año 2006, en la entidad, de cada 100 mujeres casadas, 42 decían haber vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja, teniendo mayor incidencia la violencia emocional con alrededor de 77.5%.

Mientras que para el año 2011, alrededor de 161 mil 645 mujeres en Zacatecas habían vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, y de cada 100 mujeres, 48 habían vivido algún tipo de violencia. Lo que registra un leve aumento respecto del año 2006. Estas cifras ubican a la entidad en el lugar número 7 de los estados con mayores proporciones de violencia.

Ahora bien, de la legislación Federal para el combate a la violencia contra las mujeres, se desprende la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, mientras que en la legislación local de igual manera se ordena la creación de un banco estatal de datos. De esta manera, del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, en su artículo 15 establece que dicho banco estatal “se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, investigaciones y estudios en la materia.”

De acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a mayo de 2015, en Zacatecas se registraron 1586 casos de violencia con un total de 1422 agresores.

Asimismo en días pasados la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), declaraba que en Zacatecas “no se respeta con estricto apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia.” También señaló que a pesar de que la Ley en la materia no permite procedimientos conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es común este tipo de prácticas.

Frente a este panorama, las cifras por un lado indican que la violencia contra las mujeres en Zacatecas es grave, ya que lo ubican como la séptima entidad con mayores índices. Por otro lado es preocupante que a más ocho años de la expedición de las legislaciones federal y local para contener la violencia contra la mujer, estos índices no han logrado disminuir, y por el contrario han tenido ligeros aumentos.

En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las 32 entidades federativas, implementen mayores y mejores estrategias, a fin de hacer una difusión amplia de la importancia y los beneficios de la paridad de género, y sobre todo vigilen que el cumplimiento de la Ley en la materia se haga en estricto apego a los establecido en cada legislación, a fin de garantizar certeza y seguridad que denuncien actos de violencia en su contra.

Asimismo, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas difunda los datos permitidos por la Ley, contenidos en el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres a fin de que la población conozca dicha información, y sirvan para elaborar políticas públicas para disminuir esta problemática.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente yen estricto apego al pacto federal, al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas:

a) A implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género y del respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

c) A difundir la información que contienen los Bancos Estatales sobre la Violencia contra las Mujeres en las entidades del país, contemplados en la Ley de la materia y ponerla a disposición de la población.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, cuyo propósito se anima en el interés de expresar a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la satisfacción que a este órgano le produce la acción emprendida por el gobierno del Estado de México al solicitar la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia Género en once municipios de esa entidad y estimular, sobre el tema que motiva la congratulación, su intervención en el libramiento de un exhorto respetuoso a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y un entidades federativas restantes, para instarlos a actuar de manera congruente en la promoción y protección de los derechos de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Nuestro país es conocido en el mundo entero por el oprobio del feminicidio. Luego, si la violencia ejercida contra las mujeres constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de su personalidad y una afrenta, por consiguiente, al respeto y ejercicio de su derecho fundamental a una vida libre de violencia, en la especie, es atendible e inaplazableel uso de las acciones gubernamentales de emergencia como factor fundamental para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

II.- Esta Dictaminadora  considera atendible la aprobación del punto de acuerdo que se analiza, cuyo sentido y alcance es acorde con la obligación que al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación le corresponde para declarar la alerta de violencia de género y notificar dicha circunstancia al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Declaratoria que procede emitir cuando:

• Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

• Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

• Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

La alerta de violencia de género contra las mujeres, es por ello un mecanismo fundamental de control que busca garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y la supresión de las desigualdades que agravian sus derechos humanos.

En este sentido, reconocemos la importancia de las primeras dos declaraciones, desde la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al accionar los mecanismos que dicha Ley prevé, se asume como responsabilidad del Estado en su conjunto la atención de la violencia sistemática contra las mujeres, y se permite iniciar la coordinación de las acciones interinstitucionales y transversales pertinentes con motivo de la emisión de la Alerta.

En este sentido, el artículo 24 de la ley invocada, establece las causales que motivarán la declaratoria de alerta, siendo éstas:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Entonces, una vez emitida dicha declaratoria, las instituciones del Estado a nivel federal, estatal y municipal, de manera transversal, deberán implementar acciones para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, así como eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, para lo cual se debe observar lo siguiente:

• El establecimiento de un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para el seguimiento de las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; 

• La elaboración de reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; 

• La asignación de los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

• Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

En este sentido, el 28 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación emitió el Boletín 459, que a la letra señala:

“Acuerda el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres procedente la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México

En el marco de la XVI Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se llevó a cabo hoy, se acordó la procedencia de la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco) con base al artículo 38, párrafo segundo, vigente al momento en que se presentó la solicitud, del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la reunión que se celebró en el Salón Revolución de esta dependencia, se informó que la Secretaría de Gobernación emitirá la correspondiente declaratoria de Alerta de Género, la cual será notificada al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México. Asimismo, instruirá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) iniciar la coordinación de las acciones interinstitucionales y transversales pertinentes con motivo de la emisión de esta Alerta.

El Gobierno de la República, interesado en el fortalecimiento permanente de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, otorga la mayor importancia a este mecanismo de prevención, el cual brinda una oportunidad única para trazar acciones coordinadas, integrales y de vanguardia que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Cabe señalar que el 28 de abril de 2014, durante la XIII Sesión Extraordinaria de este Sistema Nacional, se declaró la procedencia del inicio de investigación de la declaratoria de Alerta de Género en el Estado de México. A partir de este hecho se instaló un grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado de analizar la solicitud.

En consecuencia, el grupo turnó su informe a una Comisión Dictaminadora -integrada por la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres-, la cual tras el analizar el pertinente del caso, el 17 de julio de 2015 presentó ante el Sistema Nacional un dictamen en el que refirió la conveniencia de dictar la Alerta de Género en el Estado de México.

Cabe destacar que de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Alerta de Género) es un mecanismo mediante el cual se identifican contextos de violencia contra mujeres y niñas en territorios determinados, y se determinan acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar dicha problemática.

El evento fue encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, por parte de esta Secretaría, así como por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.

Asimismo, participaron autoridades de las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la Procuraduría General de la República, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También, representantes de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas y de la sociedad civil.

III.- La Segunda Comisión reitera su adhesión al punto de acuerdo que se examina, proposición que se orienta en el interés de hacer frente de manera decidida a un fenómeno social que constituye un grave riesgo para las mujeres, la seguridad pública y la tranquilidad de los mexicanos. Por tanto, si uno de los principales logros de nuestro país fue la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento jurídico que reconoce a la violencia de género como un asunto de Estado y le impone a éste la obligación de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia es un deber o exigencia inexcusable. Personas que, por su particular escenario de indefensión como consecuencia natural de su condición de género, se encuentran en una situación de desventaja, discriminación, aversión u odio y, por ende, alto riesgo para su seguridad e integridad.”

Posteriormente, se emitió el boletín 475, fechado el 10 de agosto de 2015, para declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en ocho municipios del estado de Morelos. Dicho boletín refiere expresamente:

La Secretaría de Gobernación declara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del estado de Morelos

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió hoy la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los siguientes ocho municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

La determinación adoptada se motivó en las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo encargado de estudiar y analizar la situación de los derechos humanos de las mujeres en esa entidad en el periodo comprendido entre enero de 2000 y junio de 2013, así como en la valoración de las acciones que fueron emprendidas por el gobierno estatal para atender las propuestas planteadas para detener, combatir y erradicar la violencia de género detectado en el territorio morelense.

En consecuencia, se deberá diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia, a fin de garantizar los derechos de las mujeres, particularmente al de una vida libre de violencia.

Entre las medidas solicitadas, destacan: la divulgación de la AVGM; una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata.

Así como la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer que permita identificar contextos de violencia y, consecuentemente, diseñar políticas públicas efectivas; la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores, y la sociedad general.

Otras medidas son la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia; y la armonización legislativa. La Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas.

De conformidad con lo que establece el artículo 23, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo que inicialmente estudió la situación de los derechos de las mujeres en el estado de Morelos, se convertirá en el instrumento interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el gobierno estatal para atender la Alerta de Género para el estado de Morelos.

El Gobierno de la República externa su compromiso para garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres.”

Ante el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que los tres niveles de gobierno enfrentarán para erradicar la violencia contra las mujeres en los 19 municipios de ambos estados, es necesario que el Congreso de la Unión se una a los esfuerzos para superar este estado de emergencia, por ello, los legisladores que integramos esta comisión, consideramos que a la Comisión Permanente debe promover ante las instancias locales y federales competentes, las acciones que permitan a las víctimas, el acceso a la justicia y a la sociedad, la erradicación de este mal. Por ello, además de saludar estas declaraciones,

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda la decisión de emitir las declaraciones de Alerta de Género en los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, del Estado de México, y en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, en el estado de Morelos; emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los días 28 de julio y 10 de agosto de 2015, respectivamente; pues el reconocimiento de esta grave situación permitirá accionar los mecanismos para enfrentar y erradicar la violencia feminicida que aqueja a dichas Entidades Federativas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a promover la declaración de alerta de violencia de género en los municipios de las entidades federativas que así lo requieran.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y el Distrito Federal, a velar por el estricto cumplimiento de las normas y resoluciones jurisdiccionales tendentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, particularmente en los casos de feminicidios.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas de Morelos, Puebla y el Estado de México a elaborar un diagnóstico para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, a efecto de implementar mejores estrategias de prevención, atención, investigación y sanción a la violencia contra las mujeres, invitando a instancias independientes y con perspectiva de género a dar seguimiento a las acciones que deriven de dichas estrategias.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






7.- Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de 2015, elSenador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México refiere en su artículo 3° que éstas son, aquellas que tienen 60 años o más de edad y tienen todos los derechos que se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [*]

El estudio realizado por el Consejo Nacional de Población en México (CONAPO) “Proyecciones de la Población 2010-2050”, indica que en 2010 había 7.1 millones de adultos mayores y que en 2020 la cifra aumentara a 9.8 millones. [*]

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, para el año 2050 en México se tendrá una población total de 132 millones de habitantes, de quienes 12.5 millones corresponderán al grupo de 60 y más años, uno de cada cuatro habitantes será considerado adulto mayor. [*]

Es evidente que conforme transcurre la edad de una persona los riesgos de tener problemas de salud se incrementan y, por el contrario, las posibilidades de generar ingresos se ven reducidas por razones biológicas o por las condiciones laborales. En este sentido, la población de adultos mayores constituye otro de los grupos vulnerables.

Asimismo, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México, 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza multidimensional; a modo a que en ciertos casos los adultos mayores no cuentan con seguro de pensión o jubilación.[*]

De igual forma, muchas personas de la tercera edad son desamparadas por su propia familia, debido a que dejan de ser económicamente productivos o no hay quien se haga responsable de su cuidado, dejándolos en el abandono y expuestos a cualquier tipo de peligro, llevándolos al aislamiento y la soledad.

En consecuencia, las familias de los adultos mayores debido a sus propias ocupaciones, no pueden estar al pendiente de ellos, ocasionando que se queden en el abandono o sean remitidos a los asilos.

Las instituciones que atienden a las personas de la tercera edad se han ido incrementando, con el objetivo de proporcionar cuidados a personas que no cuentan con familia o que no tienen las condiciones necesarias para brindarles atención. Las instituciones de asistencia privada son entidades con presupuesto propio y bienes de propiedad particular, generalmente están conformadas como fundaciones o asociaciones.[*]

Sin embargo, no todas estas instituciones cuentan con la infraestructura adecuada o carecen de los medios para subsistir.

Tal es el caso de los 16 adultos mayores que fallecieron en el asilo “Hermoso Atardecer” a causa de un incendio el pasado 23 de junio del presente año, el cual devastó sus instalaciones, ubicadas en una zona rural de Mexicali.[*]

Asimismo, se debe precisar que gran parte de los adultos mayores que se encontraban en el asilo, son personas que habían sido abandonadas por sus familiares o que se encuentran en situación de calle.

Aunque no se tenía la certeza de las causas del siniestro, el pasado 25 de junio del año en curso, el diario Milenio dio a conocer una nota en la que los peritajes que realizaron los bomberos en el asilo de Mexicali indicaron que el incendio había sido de manera intencional, ya que se encontraron restos de cajas quemadas en el punto suroeste de la cerca perimetral de madera.[*]

Esta tragedia nos recuerda lo que sucedió hace seis años en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 25 niñas y 24 niños, a la fecha no se han castigado a los verdaderos responsables que provocaron el incendio.

Con base en los hechos anteriormente mencionados, se está ante un escenario donde la impartición de justicia no ha sido eficaz ni satisfactoria ya que se ha demostrado que hubo una serie de complicidades y corrupción que originaron el incendio.

Ante ello, ahora se tiene la situación de los adultos mayores fallecidos en el asilo “Hermoso Atardecer”, el sufrimiento y daño por lesiones de diferentes grados ha sido un fuerte golpe, así como por la forma en que se registró el siniestro.

Por lo que las autoridades federales y estatales deben hacer justicia llegando al fondo de dicho hecho y que la impunidad no se vuelva a hacer presente ante una tragedia de tal magnitud.

De manera que, la Comisión Permanente de este H. Congreso, debe manifestarse para que el caso no se convierta en un número más de la impunidad que prevalece en el país.”

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, a que rinda un informe detallado sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, cuya trascendencia reside en el interés de estimular la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer, a través de un exhorto que se libre a esta dependencia, un informe detallado sobre los asilos existentes en la República Mexicana. En tal contexto, se contempla una inquietud que surge en virtud del incremento de ciudadanos ancianos en la población nacional y la obligación que al Estado le corresponde para llevar a cabo el desarrollo de un análisis sobre temas como los costos del seguro social, atención a la salud y sus condiciones de vulnerabilidad al verse reducida la posibilidad de generar ingresos por razones biológicas o por su situación laboral. Deber o exigencia inexcusable que consigna el artículo 4, fracción V, de la Ley se Asistencia Social, al reconocer el derecho a la asistencia social de los individuos y familias —entre éstos, a las personas adultas mayores— que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

II.- Esta Dictaminadora  considera atendible la aprobación del punto de acuerdo que se analiza. Punto de acuerdo que es conforme con los esfuerzos que en México se han hecho con relación a la atención geriátrica en unidades de tercer nivel como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sector Salud y el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán; en la comunidad y asilos del Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; y en unidades de primer nivel como la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, se encuentra ausente en nuestro país la consolidación de una política nacional que permita unificar toda la experiencia de las diversas instancias y personas involucradas en la atención de los ancianos, para considerar que los modelos de atención a nivel local y regional cuentan con el apoyo necesario para ser reproducidos evaluando su impacto social y económico. Esto, con la finalidad de superar el desfase actual que se manifiesta entre las necesidades de la población anciana y un sistema nacional que sólo contempla respuestas limitadas e ineficaces.

Es decir, pese a que México tiene sistemas de seguridad social y cuenta con esquemas que cubren a la población en general, la realidad económica actual anula con frecuencia los beneficios que los ancianos han venido esperando. La mayor parte de estos sistemas se ven restringidos por un impuesto limitado sobre el trabajo en el sector formal, que en algunos países representa una base mínima y en todas partes está sujeto a contracción durante los periodos de reducción económica. Bajo esa tesitura, dentro del marco de ajuste estructural, las iniciativas para mejorar la protección social de los ancianos deben competir con otros programas diseñados para reducir, en lugar de aumentar, el gasto público. Escenario, en cuyo ámbito, los niveles de beneficio al quedar a la zaga de la inflación se traducen en un creciente número de ancianos que llega a la edad de percibir su jubilación con un grave deterioro de su nivel de vida.

III.- La Segunda Comisión reitera su adhesión al punto de acuerdo que se examina, cuyo sentido y alcance abrirá la posibilidad de conocer con certeza el número de asilos públicos existentes en nuestro país, con la finalidad de evaluar su realidad y la asistencia efectiva que prestan a las personas adultas mayores. Personas que, por su edad y condiciones en que se encuentren, no deben ser consideradas como grupos vulnerables, sino como personas que pueden ser productivas si se construyen las políticas de protección y de empleo dispuestas especialmente para ellas sin discriminación alguna en el territorio nacional, como lo consagra su derecho humano fundamental previsto en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, tratándose del tema que nos ocupa, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, que en el artículo 17, dispone que se adopten medidas concretas a favor de las personas adultas mayores, y compromete a los Estados Parte a proporcionar a ese grupo alimentación y atención médica especializada en caso de carecer de ella, a ejecutar programas laborales específicos y a estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.

IV.- Finalmente los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la solicitud de información del proponente, ya que dentro de las facultades de fiscalización del ejercicio de los recursos públicos parte del Congreso de la Unión o como solicitud de información, cuenta el legislador proponente con fundamento constitucional establecido en la párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, a que rinda un informe detallado sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






8.- Que exhorta a implementar una campaña de sensibilización sobre la hepatitis.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

Consideraciones:

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es decir, se trata de un aspecto que trasciende en prácticamente todos los ámbitos de desarrollo de las personas, de ahí que constituya una de las principales preocupaciones a nivel mundial.

En nuestro país, el acceso a la salud forma parte del catálogo de derechos fundamentales. En el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra se dispone: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha llevado a cabo múltiples esfuerzos, que se encuentran plasmados en diversos instrumentos jurídicos como son tratados, acuerdos y convenios. Asimismo, ha establecido diversas campañas de concientización a través de diferentes semanas y días internacionales que tienen como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades.

En este sentido, el 28 de julio de cada año se conmemora el “Día Mundial contra la Hepatitis”, en el cual se busca generar conciencia sobre la importancia que es conocer las causas, síntomas y efectos de esta enfermedad. Las actividades a desarrollar este día se conducen bajo un tema central, en el año 2015 se eligió: “Prevenir la hepatitis, actuar ya”.

Los legisladores del PRI, vemos en la prevención al instrumento por excelencia para garantizar el acceso a la salud de los mexicanos. Es vital fomentar e impulsar todas las precauciones, desde aquellas relacionadas con hábitos en el hogar, hasta la implementación de políticas públicas.
En este sentido, es oportuno tener en cuenta las siguientes consideraciones:

● Que de acuerdo con la OMS, la hepatitis se define como una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o un cáncer de hígado.

● Que la comunidad científica ha detectado cinco virus, a los cuales le fueron designados por las letras A, B, C, D y E. Precisando que todos causan enfermedades hepáticas, pero se distinguen por varios rasgos importantes.

● Que la hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D por regla general se producen por el contacto con humores corporales infectados.

● Que las formas más comunes de transmisión de estos últimos derivan de la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, procedimientos médicos invasores donde se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual. 

● Que la infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede producir manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Las características, causas, síntomas y efectos, dejan de manifiesto que se trata de un importante problema de salud pública, por lo que es necesario implementar o en su caso, reforzar los mecanismos que se requieran para combatir esta enfermedad.

Para dimensionar la importancia e idoneidad del presente asunto, es menester señalar que de acuerdo con cifras de la OMS, la hepatitis cada año provoca la muerte de alrededor de 1.5 millones de personas; asimismo, se estima que en México hay aproximadamente 700 mil pacientes infectados de hepatitis (cifra que corresponde solo mostrado por el virus de la hepatitis C).

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de la Hepatopatía se estimó en un 0.5 a 1.4%. Asimismo, según cifras de la Secretaría de Salud, en 2012 el grupo de edad más afectado por esta enfermedad fue el que se ubica entre los 5-9 años, con una incidencia de 69.0 por cada 100 mil habitantes, seguido del que comprende de 1-4 años y el de 10-14 con una incidencia de 52 y 29, respectivamente.

Ante este panorama, durante la actual administración, desde los tres órdenes de gobierno, se han llevado a cabo importantes acciones tendientes a la atención de la hepatitis. En 2013, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), implementó la aplicación de 227 mil 274 dosis de vacunas anti-hepatitis B entre sus derechohabientes y la población en general.

Además, se ha llevado a cabo un programa permanente de atención contra la hepatitis, basta mencionar que en el presente año han sido aplicadas 223 mil 558 vacunas anti-hepatitis B en las unidades médicas y, 53 mil 716 dosis durante las Semanas Nacionales de Salud, dando un total de 277 mil 274 vacunas otorgadas. Asimismo, en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), se aplicaron 18 mil 790 dosis anti-hepatitis A, entre la población infantil.

En el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, debemos concentrar y promover acciones para fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral, así como de sus enfermedades conexas. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que tanto la Secretaría de Salud como sus homologas en los estado y el Distrito Federal, lleven a cabo la implementación y difusión de exhaustivas campañas de sensibilización sobre la prevención de la hepatitis.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, y a sus homologas en las treinta y dos entidades federativas, a fin de que en el marco del “Día Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la solicitud del proponente para prevenir la hepatitis en México.

Se define como hepatitis la lesión inflamatoria difusa del hígado producida por variados agentes etiológicos que clínicamente puede ser asintomática o cursar con grados variables de insuficiencia hepática. Dentro de las diferentes causas se encuentran agentes infecciosos, trastornos metabólicos, y agentes físicos. La hepatitis se define cómo la inflamación del hígado debido a causas diversas. El hígado es el laboratorio bioquímico del cuerpo, lugar dónde se almacena el azúcar de reserva del organismo, el glucógeno, y varias vitaminas; también es el responsable de desintoxicar el cuerpo, transformando y eliminando las sustancias toxicas que ingresan a él como el alcohol y los fármacos, produce la bilis y las proteínas del plasma sanguíneo, entre muchas otras funciones más; su labor es tan esencial y significativa que cuando se enferma produce debilidad general, sangrado estomacal y alteración neurológica por acumulación de amoniaco en el cerebro, entre otros efectos, los cuales al complicarse producen la muerte.

Las causas por las cuales enferma el hígado son muy diversas; entre las más importantes se encuentran la desnutrición, el consumo de altas dosis de alcohol y drogas, incluidos los fármacos, y las infecciones, bacterianas, parasitarias y virales. Y son las infecciones virales hepáticas las que están incrementándose en México, al tiempo que son casi desconocidas para la población.

II.- Existen siete tipos diferentes de virus capaces de producir hepatitis: A, B, C, D, E, F, G, aunque hay evidencias de la existencia de más virus que pueden causar daños al hígado. Sin embargo, solo el B, C, y D, ocasionan formas crónicas de la enfermedad.

Tipo

Transmisión

Prevención

Tratamiento

A

La hepatitis A se transmite principalmente a través de comer alimentos o agua que ha sido contaminada. También se puede transmitir por el consumo de mariscos crudos que han venido de agua contaminada por las aguas residuales.

Existe una vacuna para la hepatitis A. El tratamiento a las pocas semanas de la exposición al virus también puede llevar a la inmunidad a corto plazo.

Como la hepatitis A sólo causa hepatitis aguda, el cuerpo suele ser capaz de limpiar la propia infección en unas cuantas semanas.

B

La transmisión se da a través del contacto con fluidos corporales.

Hay una vacuna que previene la infección con la hepatitis B.

Hay una variedad de medicamentos antivirales disponibles que frenar la replicación del virus y en ocasiones da lugar a su despacho.

C

La transmisión se da principalmente con el contacto con sangre y de madre en hijo en el embarazo.

No hay vacuna para la hepatitis C. Es necesario reducir el riesgo de exposición.

El tratamiento se basa en la erradicación total del virus.

D

La infección se da por contacto con sangre contaminada.

Ha sido encontrada únicamente en personas que previamente fueron infectadas con virus B.

Las condiciones pueden mejorar con la administración del medicamento, sin embargo, hay una terapia no hay un antiviral efectivo disponible para la hepatitis D.

En México, durante los últimos 10 años, los casos de personas con hepatitis viral A, han ido en descenso. En 2000, fueron registrados 21 mil 231 y en 2009, 18 mil 082. Este tipo de hepatitis es común en niños. La hepatitis viral B se mantuvo constante en el mismo periodo: 2005 fue el año con el menor número de casos reportados, con 626; en contraste, 2008 registró la mayor frecuencia con 1,107.

De acuerdo con datos del sitio World Hepatitis Alliance, en el mundo existen 400 millones de personas infectadas, 4000 mueren al día por este mal. Hay 240 millones de personas con hepatitis B, siendo los niños no vacunados los más propensos al riesgo de contraer este virus, además de grupos como individuos en prisión, personas que se inyectan estupefacientes, personas con múltiples parejas y trabajadores de la salud.

En cuanto a la hepatitis viral C en México mostró una tendencia ascendente de 2000 a 2008 con una tasa promedio anual de crecimiento de 10% en el número de casos. La hepatitis C es una enfermedad asintomática y, por lo tanto, silenciosa. Al menos ocho de cada 10 enfermos no saben que la tienen. En México, el 1.4% de la población (aproximadamente 1.5 millones de personas) tiene el virus y al año se presentan 19,300 nuevos casos en promedio, según la Secretaría de Salud (SSA).

Un alto índice de enfermos de hepatitis C desarrolla la enfermedad de manera crónica, al grado de que la función del hígado disminuye hasta llegar a la insuficiencia o cirrosis hepática.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 45 y 60% de las personas que tienen hepatitis C desarrolla una hepatopatía crónica y de ellos; entre 5 y 20% contrae cirrosis, y entre 1 y un 5% muere por cirrosis o cáncer del hígado. En uno de cada cuatro casos de cáncer del hígado, la causa fundamental es la hepatitis C.

De esta manera podemos observar que, a pesar de la disminución estadística de las enfermedades virales, patologías desarrolladas por virus hepatotróficos siguen siendo comunes y requieren de una importante atención como parte de la salud pública.

II.- Es del conocimiento de esta dictaminadora que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro como Día Mundial contra la Hepatitis el 28 de julio de 2015, como una fecha donde la OMS y sus asociados instar a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen ya para prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis. Las hepatitis virales —un grupo de enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C, D y E— afectan a cientos de millones de personas del mundo entero, pues provocan hepatopatías agudas y crónicas y causan la muerte de cerca de 1,5 millones de personas cada año (sobre todo las hepatitis B y C). Esas infecciones se pueden prevenir, pero la mayoría de las personas no sabe cómo.

En mayo de 2014, los delegados de 194 gobiernos adoptaron durante la Asamblea Mundial de la Salud una resolución destinada a promover la acción mundial para prevenir, diagnosticar y tratar la hepatitis viral.

Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis se celebrarán eventos dedicados a la prevención de la hepatitis B y la hepatitis C en todo el mundo. La fecha para la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis se eligió en honor del Profesor Baruch Samuel Blumberg, Premio Nobel, nacido un 28 de julio, que descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló la primera vacuna contra él.

III.- Sin embargo, esta dictaminadora recomienda para cumplir fehacientemente con el espíritu de la proposición que el exhorto debe ser dirigido a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud responsables de atender y prevenir la Hepatitis en México, con fundamento a lo establecido en los artículos 1, 1Bis, 2, Fracción XV del artículo 3, 4 y 5 de la Ley General de Salud, el tema de esta enfermedad no es menor, en el mundo alrededor de 240 millones de enfermos de hepatitis B y 150 millones de hepatitis C. En México, la cantidad de enfermos de hepatitis B ronda los 1.4 millones de personas, en tanto que de hepatitis C, existen, aproximadamente, 1.5 millones de infectados, 80% de los cuales desgraciadamente desconocen de la situación de salud, poniendo en riesgo a otros ciudadanos. Esta dictaminadora se suma al exhorto de los proponentes para exhortar a las autoridades sanitarias, dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones para implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de la hepatitis en México.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para que en el marco del “Día Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






9.- Por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fueron  turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, presentaron un punto de Acuerdo donde proponenque la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015..

2. Con fecha 29 de julio de 2015, del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y elaboración de dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

1.- Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, señala expresamente en sus consideraciones:

Tras dieciséis días de actividad deportiva, los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015 finalizaron el pasado 26 de julio con una clausura emotiva, rodeada de música y fuegos artificiales que al unísono, convocó a atletas, entrenadores y público en general.

En este acontecimiento, se observó la magnífica participación de atletas de todo el continente americano; deportistas de 33 países como Canadá, Brasil, Estados Unidos, Jamaica, Venezuela, México, Barbados, Puerto Rico, Guatemala, entre otros, que estuvieron representados por los mejores en sus disciplinas deportivas.

Sin lugar a dudas, la Delegación Mexicana fue una digna representante de nuestro país en estos juegos, al conseguir un total de 95 medallas, 22 de oro, 30 de plata y 43 medallas de bronce [*]. Con estos resultados México logró la posición 6ª de los medalleros, demostrando que nuestro país es hoy en día una potencia regional del deporte y el atletismo.

Los atletas mexicanos demostraron ocupar los mejores lugares en atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo de pista y de ruta, clavados, esgrima, esquí acuático, futbol gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, nado sincronizado, patinaje de velocidad, pentatlón moderno, racquetball, remo, squash, taekwondo, tenis, tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol de playa y vela.

En resumen, la Delegación Mexicana obtuvo los siguientes resultados:

Clavados. Consiguió cinco medallas de oro, tres plazas individuales a Juegos Olímpicos y nueve medallas totales. Fue la mejor actuación de este deporte en unos Panamericanos fuera de casa.

Raquetbol. Ganó cuatro medallas de oro, incluidas tres de Paola Longoria.

Atletismo. Ganó tres medallas de oro con Juan Luis Barrios (5 mil metros), Brenda Flores (10 mil metros) y Guadalupe González (20 km marcha).

Tiro con arco. Destacó el equipo varonil con dos oros (equipo e individual con Luis Álvarez) y cuatro medallas en ambas ramas.

Taekwondo. Obtuvo dos oros (Carlos Navarro y Saúl Gutiérrez) y sumó siete medallas totales en ocho categorías que se disputaron.

Triatlón. Ganó oro y plaza a Juegos Olímpicos con Crisanto Grajales, además de tres preseas totales.

Tiro deportivo. Goretti Zumaya ganó el primer oro individual del tiro deportivo en 40 años en la prueba de rifle aire; obtuvo, además, la clasificación a Juegos Olímpicos.

Boxeo. Ganó oro Joselito Velázquez en -49kg.

Patinaje. Oro de Mike Páez en 1,000m por puntos, y sumó tres medallas totales.

Remo. Alan Armenta y Alexis López ganaron oro en doble ligero. El deporte dio también un bronce.

Pentatlón. Platas de Tamara Vega e Ismael Hernández y se obtuvieron plazas para los Juegos Olímpicos.

Ecuestre. Bernadette Pujals consiguió la plaza olímpica en la modalidad de adiestramiento.

Futbol. Plata en varones y bronce en mujeres.

Balonmano y polo acuático. Clasificaron a los preolímpicos mundiales del próximo año.

Nado sincronizado. Obtuvieron medallas de oro en dueto y equipo, superando a las selecciones de Brasil y Estados Unidos [*].

Con estos resultados, se confirma que México ha sido una pieza clave en cada uno de los Juegos Panamericanos, desde que ganó 40 medallas en los Juegos inaugurales en Buenos Aires 1951. En total, México ha ganado 916 medallas, y ocupa el sexto puesto del medallero histórico de los Juegos Panamericanos.

El día de hoy, queremos transmitir un merecido reconocimiento y admiración a nuestros extraordinarios atletas mexicanos, así como a sus entrenadores, por qué gracias a su empeño, apoyo y dedicación, México se siente orgulloso de los resultados obtenidos.

Asimismo, reconocemos la espléndida labor y trabajo en equipo demostrado por el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para la consolidación de estos resultados que tanto engrandecen al deporte mexicano.

Por tal motivo, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos una cosecha histórica de medallas logradas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015, en donde la unión de voluntades se encaminaron hacia el mismo objetivo: competir y ganar.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento al Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su labor de apoyo al deporte y atletismo mexicanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.”

2.- DelDiputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que expresa las siguientes consideraciones:

“Desde 1951, cuando se llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, Argentina, cada cuatro años México ha venido participando en ellos, al grado de organizar tres ediciones de los mismos, una de ellas en Guadalajara, hace cuatro años.

Para esta XVII edición que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, la delegación mexicana estuvo integrada por 510 deportistas mexicanos que asistirán a la justa deportiva, compuesta por 280 varones y 230mujeres, siendo la mayor participación una delegación mexicana en unos Panamericanos realizados fuera de nuestro territorio.

Dicha competencia posee reconocimiento internacional, por el gran nivel de preparación que se le exige a los atletas participantes, por lo que se ven obligados a llevar a cabo una ardua preparación física y mental antes de poder asistir a una competición como esta.

Esto ha quedado demostrado con los atletas que dignamente han representado a nuestro país, esto al haber obtenido 95 preseas; 22 de oro, 30 platas y 43 de bronce

Podemos resaltar los resultados obtenidos en disciplinas como clavados (cinco oros), tiro con arco (dos oros) y el taekwondo (dos oros). En clavados, incluso, se tuvo la mejor actuación fuera de México en unos Juegos Panamericanos. El raquetbol estuvo en el rango planeado y ganó cuatro medallas de oro, tres de ellas con Paola Longoria, quien se convirtió en la máxima medallista del país con tres oros, seguida de Paola Espinosa (clavados), y Rommel Pacheco (clavados), con dos oros.

De igual forma tenemos que reconocer la labor desempeñada por nuestros deportistas mexicanos en las disciplinas de atletismo, tiro con arco, taekwondo, triatlón, boxeo, patinaje, remo, equitación, futbol, balonmano, polo acuático, y nado sincronizado.

Este importante hacer mención que el número de medallas obtenidas en estas justas deportivas, representan para la participación de la delegación mexicana en los juegos panamericanos fuera del país, la mejor que se ha obtenido hasta la fecha, al acumular 95 preseas, y con ellos superar las 80 obtenidas en Mar de Plata en 1995.

Es claro que cada vez la mentalidad ganadora, mezclada con el esfuerzo y disciplina de los deportistas mexicanos ha permitido que se vea una clara mejoría en la participación de las diversas competencias deportivas en las que se participan, así como en sus  diversas especialidades, consiguiendo cada vez mejores resultados.

Es por esto que proponemos se reconozca y felicite a la delegación de deportistas mexicanos que asistieron a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, ya que gracias a su sobresaliente participación, consiguieron la obtención de 95 preseas para nuestro país.

Tenemos que seguir impulsando el deporte en nuestra juventud, impulsar que cada día sean más los jóvenes que se encuentren con la oportunidad de representar a nuestra nación en competencias deportivas como los atletas de hoy han sido un claro ejemplo de que todo es posible si se esfuerzan y luchan por conseguir sus metas.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende sus felicitaciones y reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito por que el impulsar el deporte en México es indispensable para el adecuado desarrollo de la juventud del país.

Es importante reconocer el esfuerzo que los atletas mexicanos realizaron para representar dignamente a nuestro país, alcanzando un digno sexto lugar. Donde además México demostró ser una potencia en deportes como taekwondo, clavados, raquetbol, triatlón, boxeo, patinaje, remo, equitación, futbol, balonmano, polo acuático, y nado sincronizado. Al obtener una cantidad importante de medallas de oro en dichas especialidades. También es importante felicitar al Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que sin su esfuerzo y dedicación no se hubieran tenido los resultados obtenidos.

II.- Esta Dictaminadora considera que la comisión permanente al igual que la sociedad debe de reconocer la exitosa participación de los deportistas mexicanos en esta importante justa deportiva. De igual manera se debe de seguir apoyando el deporte en México, brindando los recursos y las facilidades necesarias para que nuestros representantes sigan teniendo participaciones exitosas e incluso mejores en próximos eventos. Se debe de seguir avanzando en el desarrollo deportivo para mejorar la posición de México en el medallero de los próximos juegos Panamericanos y poder competir con las grandes potencias en eventos donde participan representantes de todo el mundo.

III.- La Segunda Comisión reconoce a cada uno de los integrantes de la delegación Mexicana, y de manera particular por obtenerlos siguientes resultados:

Medallero de Oro

• María González: Marcha 20 km femenino en atletismo
• Iván García: Plataforma 10 m masculino en Clavados
• Sincronizados trampolín 3 m masculino en Clavados
• Rommel Pacheco: Trampolín 3 m masculino en Clavados
• Paola Espinosa: Plataforma 10 m femenino en Clavados
• Sincronizados trampolín 3 m femenino en Clavados
• Mike Páez: 10000 m puntos masculino en Patinaje de velocidad
2 pares de remos cortos ligeros masculino en Remo
• Carlos Navarro: Hombres -58 kg en Taekwondo
• Saúl Gutiérrez: Hombres 68 kg en Taekwondo
• Goretti Zumaya: 10 m rifle de aire femenino en Tiro
Equipos masculinos en Tiro con Arco
• Luis Álvarez: Individual masculino en Tiro con Arco
• Crisanto Grajales: Hombres en Triatlón
• Ontiveros/Virgen en Voleibol de Playa

Medallero de Plata

• Brenda Flores: 5000m femenino en atletismo
• Ignacio Prado: Omnium masculino en Ciclismo de pista
• Ignacio Prado: Contrarreloj individual masculino en Ciclismo de ruta
• Jahir Ocampo: Trampolín 3 m masculino en Clavados
• Dafne Navarro Loza: Individual femenino en Cama elástica-Gimnasia
• Vanessa Zambotti: Más de 78 kg femenino en Judo
• Bredni Roque: Hombres 69 kg en Levantamiento de Pesas
• Ali Soto: Hombres Grecorromana 59 kg en Lucha
• Alma Valencia: Estilo libre femenino 53 kg en Lucha
Dueto en Nado Sincronizado
Equipo en Nado Sincronizado
• Ismael Hernández Uscanga: Individual masculino en Pentatlón Moderno
• Tamara Vega: Individual femenino en Pentatlón Moderno
Equipo masculino de Squash
• María Espinoza: Más de 67 kg femenino en Taekwondo
• Itzel Manjarrez: Mujeres -49 kg en Taekwondo
• Paulina Armería: Mujeres -57 kg en Taekwondo
• Victoria Heredia: Mujeres -67 kg en Taekwondo
• Rodríguez/Zacarías: Dobles femenino en Tenis
• Victoria Rodríguez: Individuales femenino en Tenis
• Alejandra Zavala: 10 m pistola de aire femenino en Tiro
Equipos femenino en Tiro con Arco
• Paola Díaz: Mujeres en Triatlón
Windsurfl RSX Masculino en Vela
Windsurfl RSX Femenino en Vela

Medallero de Bronce

• Juan Luis Barrios: 10000m masculino en atletismo
• Castillo/Muñoz: Dobles masculino en Bádminton
• Misael Rodríguez: Medio masculino (75 kg) en boxeo
• Victoria Torres: Ligero femenino (57-60 kg) en boxeo
• José Cristóbal: Masculino C1 1000m en Canotaje
Femenino k2 en Canotaje
Persecución por equipos femenino en Ciclismo de pista
• Jonathan Ruvalcaba: Plataforma 10 m masculino en Clavados
Sincronizados plataforma 10 m femenino en Clavados
• Dolores Hernández: Trampolín 3 m femenino en Clavados
• Daniel Gámez Tanamachi: Florete Individual Masculino en Esgrima
• Carolina Chapoy: Overall femenino en Esquí acuático
• Daniel Corral Barrón: Caballo con arzones masculino en Gimnasia Artística
Karla Díaz Arna: Pelota en Gimnasia Rítmica
• José Cuevas: Más de 100 kg Masculino en Judo
• Isao Cárdenas: Menos de 90 kg masculino en Judo
• Edna Carrillo: Menos de 48 kg femenino en Judo
• Quisia Guicho: Mujeres 58 kg en Levantamiento de Pesas
• Aremi Fuentes: Mujeres 69 kg en Levantamiento de Pesas
• Jesse Ruiz: Estilo libre masculino Libre 97 kg en Lucha
• Juan Escobar: Hombres Grecorromana 75 kg en Lucha
• Diana Miranda: Estilo libre femenino 69 kg en Lucha
• Jorge Martínez: 200 m Contrarreloj Masculino en Patinaje de velocidad
• Jorge Martínez: 500 m Masculino en Patinaje de velocidad
• Mayan Oliver: Individual femenino en Pentatlón Moderno
Par masculino en Remo
• César Salazar: Individual masculino en Squash
• Terán/Urrutia en doble femenino en Squash
Equipo femenino en Squash
• Samantha Terán: Individual femenino en Squash
• Mariana Nava: 25 m pistola femenino en Tiro
• Karla Hinojosa: Individual René Lizárraga: Hombres -80 kg en Taekwondo
femenino en Tiro con Arco
• Irving Pérez: Hombres en Triatlón

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento al Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su labor en apoyo al deporte y atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






10.- Que exhorta a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en diversos estados del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna y de los recién nacidos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y el derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de junio de 2015, el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La salud materna y de los recién nacidos sigue siendo un grave problema de salud pública y de justicia social en nuestro país. Sin embargo, es evitable y su control depende, entre otros factores, del acceso oportuno y disponible a los servicios de salud con calidad en la atención.

A pesar de la importante reducción en la mortalidad materna e infantil en México durante las últimas dos décadas, sigue existiendo desigualdad significativa en los progresos que reportan algunas entidades federativas, en especial, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

De ahí la importancia de que el Estado mexicano realice un esfuerzo más amplio para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y abatir la inequidad en la salud materno-infantil, ya que el reto es reducir anualmente la incidencia de muertes maternas y de recién nacidos, en estrecha colaboración con la sociedad civil, el sector privado nacional y los organismos internacionales.

Los niveles de mortalidad materna son una muestra de las insuficiencias de cobertura y de calidad de los servicios de salud prevalecientes en los estados del sur de la República Mexicana.

Lo anterior, representa un problema de injusticia social, de inequidad y de derechos humanos, que como tales, constituyen un reto para nuestro sistema nacional de salud.

La muerte materna-infantil debemos verla como un problema multifactorial donde se aglomeran un conjunto de factores culturales y socioeconómicos, y donde se pone de manifiesto la desigualdad social.

Es por ello indispensable fortalecer los sistemas estatales de salud, elevar los indicadores de desempeño, optimizar los recursos humanos disponibles, garantizar insumos y capacitación necesarios para mejorar la calidad en la oferta de la atención obstétrica de emergencia tanto básica como integral.

Ninguna mujer o neonato tendría que estar enfrentando los problemas de morir por una mala atención médica durante el embarazo, el parto o el postparto. Reducir la mortalidad materna-infantil representa un tema de un gran impacto social para el desarrollo en México.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por México en enero de 1981 dispone, que "los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia".

Asimismo, el gobierno mexicano también asumió el compromiso internacional para mejorar la salud materna ante la Organización de las Naciones Unidas y expresado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio el 8 de septiembre del año 2000.

De no lograr erradicar la inequidad en lo que respecta a la salud materno-infantil, seguiremos en falta respecto al derecho básico que tienen las mujeres para poder atenderse en las mejores condiciones con relación al embarazo, el parto y el periodo posterior a éste, a partir de la calidad en los servicios de salud, así como de los infantes de nacer y desarrollarse a partir de mejores oportunidades en cada etapa de su vida.

Uno de los obstáculos que hacen complicado el acceso a los servicios de salud es, indudablemente, el costo de la atención médica durante la etapa del embarazo, en el momento del parto y en el período de puerperio, por lo que resulta indispensable considerar una campaña que intensifique la afiliación de mujeres de aquellos municipios con menor Índice de Desarrollo Humano y/o zonas indígenas o urbano marginadas al Seguro Popular.

En este sentido, y para lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Ejecutivo Federal, además de focalizar las acciones en áreas geográficas particularmente vulnerables como son los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, debe fortalecer la atención materna en las adolescentes, población que muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, consecuentemente, un gran riesgo de fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la maternidad superior al de las mujeres de edades que van de los 20 a los 35 años; de igual manera es necesaria la implementación de campañas para difundir la importancia y el derecho que tiene la mujer en condiciones de embarazo, en parto o etapa de puerperio, para acudir con prontitud a las unidades de salud en el país.

Diversas son las problemáticas de salud para alcanzar la calidad de la atención sexual y reproductiva de las mujeres: la suficiencia de personal en los centros de salud, la falta de medicamentos y equipo para la atención, el maltrato que reciben las usuarias en clínicas y hospitales, los obstáculos para el traslado de mujeres embarazadas con problemas obstétricos y el cobro en los servicios de salud, entre otros.

De ahí la importancia de este exhorto para lograr que se garantice a todas las mujeres embarazadas, acceso oportuno, gratuito y de calidad, durante su embarazo, parto y posparto.

Es así que desde el Congreso de la Unión solicitamos un impulso a la ampliación, reasignación y etiquetación del presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados del gasto, a fin de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas en esta materia.

Finalmente, es de destacar que la muerte materna-infantil es la expresión más aguda de la inequidad, además de representar un factor de desequilibrio familiar y social, ya que cuando una mujer muere a causa de su maternidad se afecta la estructura familiar y de la comunidad en su conjunto.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, implementen acciones para reforzar la atención materna en adolescentes, debido a que esta población muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, consecuentemente, un gran riesgo de fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la maternidad.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, evalúenlos indicadores de desempeño, la optimización de los recursos humanos e infraestructura disponibles, así como garantizar insumos y capacitación necesarios para la oferta de la atención obstétrica de emergencia tanto básica como integral.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, para que a partir del presupuesto anual con la metodología “Base Cero”, impulsen la ampliación, reasignación y etiquetación del presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados del  gasto, con el objetivo de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas para abatir la muerte materno-infantil en nuestro país.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con el contenido de la proposición de mérito.La Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general” y prevé como materia de salubridad general la atención materno infantil la cual, a su vez, se considera como parte de los servicios básicos de salud para los efectos del derecho a la protección de la salud.

Los servicios específicos de atención materna están previstos en el capítulo V de la Ley General de Salud donde se indica que la protección materno infantil y la promoción de la salud materna “abarca el periodo que va del embarazo, parto, postparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto” y engloba, entre otras acciones, “la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera”. Asimismo, esta ley enfatiza el derecho de las mujeres embarazadas a obtener servicios de salud “con estricto respeto de sus derechos humanos”.

II.- México se ha comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, lo que significa que para 2015 se haya disminuido la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos estimados. Este gobierno estableció la meta de disminuir la mortalidad materna en 40% en su población general y en 50% en los municipios de alta marginación. La respuesta del sistema de salud ante el reto de la muerte materna se ha plasmado en diversas acciones, que si bien han contribuido a su disminución, no han logrado los resultados esperados para asegurar que las metas comprometidas puedan ser alcanzadas. Es importante señalar que México tienen una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países similares como es el caso de Chile. En México hay diferencias importantes, así, los municipios con población indígena (70% y más) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos municipios sin población indígena, o RMM siete veces mayores entre mujeres que fallecieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con respecto a las que no cuentan con seguridad social.

III.- Es del conocimiento de esta Segunda Comisión que las cifras muestran que en los primeros cuatro años del siglo XXI, la razón de mortalidad materna (RMM) se redujo en 4% anual, cuando se requeriría al menos 5% de disminución para llegar al 2015 con una RMM no mayor a 22/100.000 nacidos vivos. De acuerdo con los datos del último año, ahora la exigencia es mayor, pues se requiere por lo menos un promedio de 7.5% anual para alcanzar la meta en 2015. Es tema de la mayor prioridad porque hablamos de vidas humanas y de la responsabilidad del Estado de velar por el derecho humano más importante: La vida.

IV.- Es importante mencionar que la muerte de madres al momento de dar a luz, es distinta por región y entidad federativa, por ejemplo, la probabilidad de morir para una mujer por causas obstétricas es cinco veces mayor en un Estado del Sureste comparado con un Estado del Norte; las mujeres en condiciones de pobreza alimentaría fallecen tres veces más que aquellas que no la padecen; en promedio, 25% de las fallecidas son beneficiarias del programa Oportunidades; el 33.39% de las mujeres que fallecieron del 2004-2008 habitaban en localidades de menos de 2500 habitantes; el 67.28% de las mujeres fallecieron en localidad de más de 50 mil habitantes, muy probablemente con servicios de hospitalización.

Dentro de las causas de la mortalidad materna, como es la pobreza y la desnutrición, en el periodo 2003-2007, la TMM entre mujeres sin escolaridad es cinco veces mayor que aquella que se presenta en el grupo que ha cursado estudios superiores.

V.- En 2013 los estados que presentaron una tasa de mortalidad materna (por cada 10,000 mujeres) importante fueron Zacatecas con 181.1, Tlaxcala 112.2, Guanajuato 96.3, Morelos 95.1, Chiapas 81.8, Guerrero 85.0, Tabasco 77.3, Veracruz 75.3 y Oaxaca  63.5, por lo que es importante, ya que la proposición con punto de acuerdo que discutimos solo se concentra en la región del Sureste, y el fenómeno se identifica también en otras entidades. En el año 2014 a nivel nacional se presentaron 893 muertes maternas, para lo que va del 2015 se han registrado 374 muertes en el país, en el Estado de México  55, Oaxaca 23, Chiapas 22, Guerrero 17, Distrito federal 26, Jalisco 18, Veracruz 20,Puebla 19,Tabasco 16, Michoacán 15,Chihuahua 14, Tamaulipas 12, Coahuila 11,Hidalgo 10, San Luis 10, Nayarit 8, Yucatán 8, Nuevo León 7, el resto de la República registran de 1 a 6 muertes.

VI.- Esta Comisión Dictaminadora también reconoce entre los esfuerzos más importantes de las autoridades sanitarias que para enfrentar este problema de salud pública el Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal (PAE SMP) 2013-2018 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud, diseñado exclusivamente para contribuir, apoyar y acompañar a las mujeres para ampliar las capacidades y oportunidades de cursar el embarazo sano, el parto respetuoso y el puerperio seguro, y para que sus hijos nazcan y se desarrollen con salud, con pleno respeto a la diversidad cultural y al ejercicio de sus derechos, apoyando su proyecto de vida. El objetivo principal del Programa es que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos en el curso de la vida, particularmente los relacionados a la salud materna y perinatal, y promover el derecho a la salud de toda persona desde antes del nacimiento, con énfasis en el desarrollo del recién nacido sano y la prevención de defectos al nacimiento, ya sean congénitos y/o genéticos plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud, su efectividad, el seguimiento y la rendición de cuentas y lograr que se disminuyan los rezagos en salud que afectan a la población.

El PAE SMP aborda la detección de factores biológicos o del desarrollo que afectan periodos sensibles y tienen un efecto a largo plazo, independientemente de circunstancias ulteriores, haciendo énfasis en la prevención y la promoción del cuidado de la salud en mujeres y hombres, con perspectiva de género y derechos humanos. Así como el Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida de carácter normativo para todo el país y particularmente para los Servicios Estatales de Salud, en el que se definen tres objetivos generales, el primero,  fortalecer la capacidad de las mujeres y sus parejas para planificar la familia y participar activamente en el cuidado de la salud materna y perinatal, segundo, reducir las brechas existentes en la salud materna e infantil en las entidades federativas y en los municipios de menor desarrollo, y el tercero, mejorar el acceso y calidad de la atención obstétrica por personal calificado e incrementar la capacidad resolutiva de los servicios de atención de emergencia obstétrica y neonatal.

Se cuenta con un Acuerdo del H. Consejo Técnico del IMSS para la atención de mujeres sin derechohabiencia, referidas por complicaciones obstétricas desde su programa de extensión IMSS-Oportunidades desde 2006. También está el programa “Embarazo Saludable” que establece que toda mujer con diagnóstico de embarazo deberá ser afiliada al Seguro Popular disminuyendo los costos de bolsillo vigente desde 2008.

VI.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que existe el Convenio Interinstitucional entre Secretaría de Salud (SSA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS por el cual toda mujer que presente una emergencia obstétrica debe ser atendida en cualquier unidad médica de las instituciones mencionadas, sin discriminación por razón del estado de afiliación, vigente desde mayo de 2009. Así como Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados, desde la SSA federal se establece este documento como un mecanismo presupuestario, que se firma anualmente entre la SSA y los SESA. Contiene asignación presupuestaria a los 31 programas bajo la rectoría de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, de la SSA y, por ende, todos los relacionados con la atención en salud sexual y reproductiva.

VI.- Esta Dictaminadora respalda la petición del proponente, y con los datos obtenidos a partir de la investigación proponemos que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil, dentro de la construcción del presupuesto federal 2016 se amplíen los recursos y la cobertura de servicios de salud pública con el objeto de erradicar la muerte materna y cumplir con los compromisos del Estado mexicano en cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y compromisos internacionales que ha suscrito en materia de salud.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a  la Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, implementen acciones para reforzar la atención materna en adolescentes, debido a que esta población muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, consecuentemente, un gran riesgo de fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la maternidad.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, evalúenlos indicadores de desempeño, la optimización de los recursos humanos e infraestructura disponibles, así como garantizar insumos y capacitación necesarios para la oferta de la atención obstétrica de emergencia tanto básica como integral.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud, para que a partir del presupuesto anual con la metodología “Base Cero”, impulsen la ampliación, reasignación y etiquetación del presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados del  gasto, con el objetivo de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas para abatir la muerte materno-infantil en nuestro país.”

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






11.- Que exhorta a fortalecer los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta, al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de Julio 2015, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

“La protección de la salud y a la vida es un derecho fundamental que está consagrado en la Carta Magna, por lo que es obligación del Estado y de los gobiernos estatales brindarla de manera eficaz y de calidad.

Lamentablemente en nuestro país existe un déficit en la calidad de los servicios de atención médica entre muchos otros aspectos, uno de ellos y el más grave es la negligencia en la que se ven involucrados el personal médico de las instituciones públicas y privadas del sector salud.

Es importante mencionar que la negligencia médica, es el acto en el que incurre un prestador de servicios de salud, cuando al brindar sus servicios incurre, en descuido de precauciones y atenciones calificados como necesarios y obligados en la actividad profesional médica o sea que se puede configurar como la realización u omisión de un acto que ocasione una desmejora a la salud o en su caso la perdida de la vida de la persona.

Es decir se habla de negligencia cuando a pesar del conocimiento de lo que debe hacerse, no se aplica o se provoca un daño lo cual equivale a un descuido u omisión.

Sabemos que la profesión médica es compleja, con gran repercusión y sobrecarga social, la cual es el eje y punto de mira de todos los ciudadanos, en su creencia de la existencia del médico que cura todos los males, pero lamentablemente por la impericia y negligencia de algunos profesionales de las ciencias médica, lo que ha provocado la perdido tal creencia, y que por consecuente se ha quedado en la ciudadanía el temor fundado de una mala práctica médica.

La mala praxis se refiere a aquellas circunstancias en la que los resultados de cierto tratamiento ha originado un perjuicio al paciente, siempre y cuando estos resultados sean diferentes a los que hubieran conseguido la mayoría de los profesionales en las mismas circunstancias, entonces, la mala praxis abarca la impericia y la negligencia.

La atención deficiente y prácticas médicas inadecuadas llevan cada año a la muerte a decenas de personas que buscan atención médica en clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde, a pesar de las probadas negligencias, los médicos y enfermeras irresponsables siguen laborando sin problema alguno.

Como claro ejemplo lo sucedido recientemente, el 26 de junio del presente año, en el que por una grave negligencia médica, a un bebe de 1 año de edad se le extirpó un ojo el cual se encontraba totalmente sano, todo ello ocurrió en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón del Estado de Sonora por parte de un especialista en oftalmología del mismo Instituto.

Casos como el anterior existen cientos, que es realmente preocupante y deja muy en claro, la falta de compromiso de los prestadores de los servicios de salud, hacia los pacientes, lo que está ocasionando pérdidas irreparables a su salud y en su caso hasta la vida.

Es inadmisible que en pleno siglo XXI se sigan presentando casos en hospitales y clínicas del sector salud en donde pacientes pierden la vida o están en grave riesgo de perderla por negligencia y falta responsabilidad.

La negligencia médica que existe en nuestro país por parte de médicos, enfermeras y personal administrativo son evidentes, por la cual es extremadamente urgente actuar en la creación de protocolos de sensibilización en las instituciones de salud.

Una adecuada atención médica debe ser una prioridad en materia de salud, pero no solo en el discurso de funcionarios y gobernadores, sino en la realidad, que garantice a los mexicanos que su vida y salud se encuentra en las mejores manos.

El médico en su ejercicio, no solo tiene la obligación, sino también el deber jurídico de aplicar una técnica profesional adecuada de la que debe responder ante el paciente y su familia.

La mala práctica médica u omisión del deber del cuidado por parte del personal a cargo de atender al paciente es un tema de actualidad y su figura es tema de análisis, en la medida de que es causante de consecuencias dañosas, irreparables e indemnizables.

Por eso es importante hacer un enérgico llamado a las autoridades federales del sector salud (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE), al igual que a las estatales, para que a la brevedad posible establezcan protocolos de actuación que permitan sensibilizar al personal médico, de enfermería y administrativo que concienticen sobre la problemática y tomen las medidas oportunas que generen una mejor atención médica”

Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los dispositivos y protocolos médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Sonora para que en el ámbito de sus atribuciones y dentro del término de quince días contados a partir de la publicación del presente exhorto, informe a esta Comisión Permanente, cuál es la relación laboral y jurídica actual del o los médicos responsables de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón del Estado de Sonora que el pasado 26 de junio de 2015 extirparon un ojo sano a un niño de un año de edad.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora a fin de que agilice las diligencias ministeriales necesarias para determinar el ejercicio de la acción penal en contra del o los médicos responsables de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón del Estado de Sonora que el pasado 26 de junio de 2015 extirparon un ojo sano a un niño de un año de edad.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto es pertinente mencionar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona quetoda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud, artículo 6, fracción IV y VIII, especifica los objetivos del Sistema Nacional de Salud, que  tiene como propósito  dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez y coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección.

II.- La Salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones como la Secretaría de Salud, que atiene al sector público, a su vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que provee servicios de salud a empleados en el sector privado, mientras que el Instituto de Seguridad y servicios Sociales para los Trabajadores del Estado que atiende las necesidades sociales y de cuidado a la salud de aquellos empleados por el estado.

III.- El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en América Latina.

IV.- Para esta dictaminadora resulta importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social. Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

V.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte. Es de suma importancia mencionar que una de las misiones del (ISSSTE) es contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

VI. Sin embargo, un lamentable hecho de conocimiento público se registró el pasado 26 de junio de 2015, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una investigación y avisó al Órgano Interno de Control para verificar el cumplimiento de los protocolos en el caso del menor al cual presuntamente se le extirpó el ojo equivocado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora. Es del conocimiento de la Secretaría Técnica de esta Comisión que un Comunicado, tras los hechos en el área de cirugía oftalmológica de la UMAE, realizan diversas acciones para conocer si el equipo de salud involucrado cumplió con los protocolos, y conocer los aspectos legales.

De manera preliminar, la investigación médica indicó que el niño tenía cáncer congénito avanzado que afectaba ambos ojos, y aparentemente el doctor tomó la decisión sobre lo que consideró era lo más conveniente para el menor. Sin embargo, destacó, serán las investigaciones las que deslinden las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el médico que practicó la cirugía no realiza actividades médicas hasta en tanto concluyan las investigaciones. Se trasladó a Ciudad Obregón un equipo encabezado por el coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Jaime Zaldivar Cervera, un médico oftalmólogo pediatra y personal de atención al derechohabiente para valorar la situación de primera mano y tomar cualquier medida necesaria. Mencionó que ya existe una denuncia presentada por los padres del niño ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual el IMSS colaborará estrechamente para que se esclarezcan los hechos. Asimismo, para que se finquen las responsabilidades correspondientes, y en su caso proceder a la reparación del daño de manera expedita. Señaló que los funcionarios se entrevistarán con los familiares del niño para conocer directamente las circunstancias del suceso y reiterarles el apoyo institucional para acompañarlos en este proceso. Lamentable hecho público que fue constatado por la Secretaria Técnica de esta Comisión en el proceso de revisión del presente punto de acuerdo.

VII. Esta Comisión expresa su indignación y se solidariza con la familia del menor, es un hecho lamentable que se suma a diversas denuncias de negligencia médica, que afectan la imagen de la institución de salud más importante de la historia de México. Esta Segunda Comisión también tiene conocimiento de los esfuerzos que realizan miles de médicos y enfermeras por responder a las crecientes demandas de la sociedad, en cumplimiento de las obligaciones del Estado, a pesar de la disminución de recursos públicos y el creciente costo de operación ante nuevos tipos de enfermedades.

VIII. El IMSS es el principal sistema de seguridad social en México, tiene dado de alta a 17,674,295  puestos de trabajo, tiene  a más de 40 millones de derechohabientes en clínicas y hospitales, y cuenta con presupuesto anual de 497 mil 695 millones de pesos. Y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), el IMSS es la institución que acumula más quejas por prestación médica deficiente.

IX.- La Conamed es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado en 1996 para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos. De 2002 a 2006, la Comisión recibió alrededor de 4 mil inconformidades donde se acusa de negligencia médica al IMSS. Sin embargo, la Conamed sólo confirmó 914 quejas de mala práctica médica por parte de personal del Seguro Social, y donde éste tuvo que pagar un laudo a los quejosos. Para reclamar la reparación del daño o el reembolso de gastos, los derechohabientes o sus representantes tienen dos años para presentar su queja, contados a partir del momento en que se identifica la mala práctica médica.

IX. Finalmente, el pasado 11 de agosto de 2015, la delegación sonorense de la Procuraduría General de la República obtuvo autoridad jurisdiccional para ejecutar el auto de formal prisión contra el cirujano Armando Cisneros Espinoza, quien condenó a la ceguera al niño Fernando Jonathan, luego de extirparle por error un ojo sano. De acuerdo con el informe de la PGR, el médico adscrito a la Unidad de Alta Especialidad Médica número 2, con sede en Ciudad Obregón, fue encontrado presuntamente responsable del delito de lesiones culposas, en el cumplimiento de una responsabilidad profesional. El pasado 23 de julio, el juez Séptimo de Distrito en Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, libró la orden de aprehensión contra el doctor, dentro de la causa penal 89/2015. El 3 de agosto, el médico promovió un juicio de amparo contra este acto judicial. Pese a ello, el 8 de agosto, la autoridad dictó el auto de formal prisión a Armando Cisneros Espinoza, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones culposas, por responsabilidad profesional. Se trata del delito previsto y sancionado por los artículos 288, 289, 292, segundo párrafo, con relación a los diversos 228, fracciones I y II, 9 párrafo segundo y 60 del Código Penal Federal, cometido en términos del artículo 13, fracción II, del Código Federal Penal.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora para efectos de normar su criterio sobre un asunto de la mayor delicadeza, por el daño causado de manera permanente al menor por parte de un servidor público, en primer lugar declara su solidaridad con la familia y el afectado, y se pronuncia sin demeritar la labor social que desempeña la Institución, por un exhorto al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los dispositivos y protocolos médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como reforzar los dispositivos y protocolos médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






12.- Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental,  presentada por los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de 2015, los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

Que la salud mental no solo se refiere a la ausencia de trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Esta condición se encuentra determinada por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. En este contexto, tiene importantes repercusiones en el desarrollo social y económico de las personas y sociedad.

Que los problemas de salud mental dificultan la capacidad de las personas para realizar sus actividades cotidianas, no solo afectan su condición física y emocional, sino también la calidad de vida de su familia y de la sociedad en su conjunto.

La OMS señala, que en el mundo alrededor de 450 millones de personas sufren un trastorno mental. En México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, indica que una de cada cinco personas presenta al menos un trastorno mental en su vida.

Según el estudio Trastornos psiquiátricos en México: prevalecencia a lo largo de la vida en una muestra representativa nacionalmente, el trastorno más común es el abuso de alcohol con una prevalecencia del 7.6%, seguido por la depresión (7.2%) y fobias específicas (7%).

Existen diversos sectores de la población que, por alguna condición específica, se encuentran más vulnerables a padecer algún trastorno mental, entre ellos podemos encontrar a las personas que padecen enfermedades avanzadas, progresivas e incurables, las niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes de violencia familiar o social y las personas de la tercera edad.

Por lo que el panorama de la atención a la salud mental en México muestra condiciones muy limitadas para los pacientes; diversas investigaciones refieren que es necesario incrementar el gasto público en este rubro, transformar los hospitales psiquiátricos en unidades de atención primaria y propiciar vínculos sólidos entre la sociedad civil y el sector salud.

Por lo que resulta indispensable que la Secretaría de Salud se vincule con otros sectores como el educativo, laboral, judicial y organismos no gubernamentales, promoviendo actividades que fomenten la salud mental y que sensibilicen a la población con la finalidad de desestigmatizar estos padecimientos.

Así mismo se requiere lograr una mejor atención en materia de salud mental, además de alcanzar una cobertura más amplia respecto a las personas que padecen algún trastorno mental, pues lo que está en juego es el desarrollo de los núcleos familiares y por lo tanto el desarrollo de nuestra sociedad.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.”

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, al día veintidós del mes de julio del año dos mil quince.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en la vigente Ley General de Salud, ordenamiento que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y que es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. En el mismo,  se señala que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Asimismo, es relevante citar que en su artículo 2°, se dispone que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras, las siguientes finalidades: la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Como referencia datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisan que en nuestro país, el 34.5% de la demanda en los servicios de salud en el primer nivel de atención se brinda a niñas y niños; sin embargo, se carecen de estudios epidemiológicos al respecto.

II.- Esta Dictaminadora considera importante señalar que los trastornos mentales son una causa importante de sufrimiento y discapacidad, que afecta no solo al individuo sino a la familia y la sociedad. Sin embargo, a pesar del gran impacto que estos trastornos tienen en la vida de las personas, una gran proporción de ellas no recibe tratamiento debido a la estigmatización y la discriminación de que son sujetos las personas con estos padecimientos, la centralización hospitalaria de los servicios de salud mental y a que para la población con bajos recursos y sin seguridad social, la compra de medicamentos resulta un gasto catastrófico.

Asimismo Los trastornos mentales comprenden un amplio rango de enfermedades que se manifiestan con diferentes síntomas, que pueden afectar el pensamiento, las emociones, la conducta y el desarrollo integral del individuo. Algunos ejemplos de trastornos mentales son: la depresión, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, el abuso de sustancias, el autismo, los trastornos de personalidad y los trastornos de conducta. Los trastornos mentales generan una importante causa de discapacidad crónica y dependencia.

Que los trastornos mentales conllevan sufrimiento y deterioro funcional, que resulta en discapacidad psicosocial y produce una alta vulnerabilidad social, estigmatización, discriminación y falta de acceso a los servicios de salud en general.

III.- La Segunda Comisión considera importante mencionar que a pesar del gran impacto que tienen los trastornos mentales en la vida de las personas, la brecha en la es del 60% y está asociada con diversos factores, entre los que destacan el incremento generalizado y gradual de los trastornos mentales, la estigmatización y la discriminación de que son sujetos las personas con estos padecimientos, el limitado acceso a los servicios de salud y los costos del tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






13.- Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus códigos civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la proposición con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes en proceso de separación familiar, sean víctimas de las conductas descritas por síndrome de alienación parental.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de  2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, yMaría Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

“1.- El Síndrome de Alienación Parental (SAP), es un término interpuesto por el Profesor Richard A. Gardner en el año de 1985, mediante el cual propuso interpretar la conducta de ruptura que se da entre uno de los progenitores con uno o varios de sus descendientes, derivado de un conflicto o ruptura conyugal.

El SAP se lleva a cabo mediante actos que uno de los padres aplica sobre el hijo o hija, lo que bien Richard A. Garden podría señalar como un “lavado de cerebro” el cual consiste en que desprecien a la mamá o al papá, mediante acciones que consciente o inconscientemente provoca que las niñas, niños o adolescentes manifiesten rechazo a su madre o padre.

El Psicólogo José Manuel Aguilar definió en el año2004, al SAP como un trastorno caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con el otro progenitor.

2.- De acuerdo con lo expuesto por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, existen varias conductas del padre o madre alienador, entre las que destacan:

• Impedir la convivencia de hijas o hijos con el otro progenitor.
• Insultar a la madre o padre ausente enfrente de hijas o hijos.
• Ridiculizar el afecto de hijas o hijos por la madre o padre no custodio.
• Prohibir que los llamen papá o mamá.
• Cambiar los apellidos de los hijos.
•Cambiarse de domicilio.

Asimismo, niñas, niños y adolescentes alienados presentan los siguientes efectos:

• Distorsión dela madre o padre alienado.
• Recuerdos imaginarios inducidos.
• Conflicto de lealtad.
• Formas disfuncionales de comunicación.
• Sentimiento de culpa por tener sentimientos positivos hacia la madre o padre alienado.
• Reacciones de ansiedad.
• Crisis de angustia y miedo a la separación.
• Alteraciones a nivel fisiológico en los patrones de alimentación y sueño.

3.- Históricamente, la familia es el núcleo social en donde niñas y niños se relacionan con sus progenitores, institución que en el contexto actual presenta un constante cambio como producto de la mayor incidencia de separaciones o divorcios.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2012 se registraron 585,434 matrimonios, en el año 2011 un total de 570,954y en 2010 fueron 568,632. Por su parte, el mismo INEGI señala que en el año 2012se registraron 99,509 divorcios, en el año 2011 fueron un total de 91,285 y finalmente en el año 2010 se llevaron a cabo 86,042 divorcios.

Con estas cifras, damos cuenta de que del 1´725,020 de matrimonios que se realizaron, hubo 276,836 divorcios consumados. Lo anterior, da un total de 16 por ciento de matrimonios disueltos, cifra que se ha cuadriplicado en los últimos 30 años, ya que en los primeros cinco años de la década de los ochentas, el porcentaje era de 4 por ciento, dejando de lado la cifra de separaciones familiares no cuantificadas por no tener como precedente un vínculo matrimonial.

4.- Es una realidad que el SAP no está contemplado en la legislación como un término o concepto; sin embargo, las acciones y conductas que lo describen deben estar contemplados en la legislación familiar de las entidades federativas, como parte del respeto del interés superior de la niñez en procesos de separación familiar, en donde uno de los derechos principales a procurarle es el vínculo y la relación con sus padres.

A nivel nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2014, establece en sus artículos 22 y 23 que Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez.

Asimismo, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

De igual manera, establece que en el caso de familias separadas, niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, aun cuando éstos se encuentren privados de su libertad, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.

Por todo lo anterior, siendo congruentes con el compromiso del Estado Mexicano respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y atendiendo la mayor incidencia de divorcios o separaciones de núcleos familiares a nivel nacional y la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad involucrados en estos procesos, se propone exhortar a los Congresos de las Entidades Federativas para que legislen respecto al Síndrome de Alienación Parental y las características que lo conforman.

Asimismo a las autoridades correspondientes de las Entidades Federativas para que diseñen y fortalezcan mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes bajo el contexto referido a lo largo del presente, sean víctimas de las conductas descritas por el Síndrome de Alienación Parental.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a los Congresos de las entidades federativas para que en sus legislaciones correspondientes establezcan medidas para regular dentro de un proceso de separación familiar, las conductas a través de las cuales la progenitora o progenitor transforma la conciencia de sus hijas e hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro progenitor, conocido como Síndrome de Alienación Parental.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las autoridades en materia familiar de las entidades federativas para que diseñen y fortalezcan mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niñosy adolescentes en procesos de separación familiar, sean víctimas de las conductas descritas por el Síndrome de Alienación Parental.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a las tendencias de matrimonios y divorcios en México, al 2012 se registraron 585 mil 434 matrimonios, en 2011 fueron 570 mil 954 y en 2010 fueron 568 mil 632. En los últimos años, el número de divorcios en México se incrementó considerablemente. Al 2012 se registraron 99 mil 509 divorcios, en 2011 fueron 91 mil 285, y 2010 86 mil 042. Mientras que en 1980 por cada 100 matrimonios había 4 divorcios; en 1990 y 2000 esta cifra se elevó a poco más de 7 divorcios, para 2005 el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de casi 12 y al 2012 fue de 17 divorcios por cada 100 matrimonios. Las entidades con mayor número de divorcios son: Chihuahua con 33 divorcios por cada 100 matrimonios, Distrito Federal con 31, Nuevo León con 28 y Baja California Sur con 26 divorcios por cada 100 matrimonios. Por lo contrario, las entidades con menor proporción de divorcios son los estados de Oaxaca con 4, Guerrero con 7 y Chiapas con 9 divorcios por cada 100 matrimonios.

En el Distrito Federal, de acuerdo con un análisis del despacho Ortiz-Rubio Legal Abogados, cuya directora de lo Contencioso Familiar, Valeria Ortiz Rubio Anzornea afirma que en el último año la tasa de divorcios express se ha disparado en 50 por ciento. Destacó que el divorcio incausado o express, cómo se le denomina coloquialmente, ha tenido un auge importante en la capital del país donde este fenómeno ha ido en crecimiento. Dijo que hay 42 jueces civiles en la Ciudad de México que han registrado este incremento, donde los divorcios son demandados tanto por mujeres como por hombres en forma similar.

II.- De acuerdo con datos del INEGI, en la última década la cantidad de matrimonios celebrados a nivel nacional ha disminuido en 19.3 por ciento. Por el contrario, los divorcios han tenido un incremento de 74.3 por ciento. El 54.4 por ciento de las personas que se divorcian estuvo casada durante 10 años o más, 17.4 por ciento vivió casada de seis a nueve años, y en 27.2 por ciento de los casos el matrimonio no duró más de cinco años. La especialista destacó que este año se puede esperar un incremento de 50 por ciento en la tasa de divorcios, aunque podría ser mayor.

II.- Es del conocimiento de esta Comisión, que durante el proceso de divorcio, el Estado debe velar por el bienestar de los hijos, buscando en todo momento su protección, sin embargo, de acuerdo a Richard A. Gardner Gardner se le conoce por haber acuñado el término Síndrome de alienación parental en 1985. Se define como El Síndrome de Alienación Parental como es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de exagerada denigración hacia el padre objetivo. Es el resultado de una combinación de programación (“lavado de cerebro”) y adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones de los hijos en la creación de un villano en el padre objetivo. Según Gardner los niños con síndrome de alienación parental son adoctrinados por un padre vengativo. Recomendaba al tribunal retirar a los niños de los hogares de los padres alienantes y colocarlos bajo la custodia de los padres acusados de abuso. Su teoría provocó una vehemente oposición entre los profesionales de la salud mental. Publicó más de 40 libros y más de 250 artículos en su compañía Creative Therapeutics Inc, que comercializaba materiales basados en sus teorías sobre el SAP. No hacía terapia, sino que se dedicó a testificar como perito testigo en cientos de casos de custodia de niños en divorcios conflictivos en los Estados Unidos.

El SAP nunca fue diagnosticado fuera de un litigio por custodia y continúa siendo rechazado por la comunidad científica internacional. Sus ideas fueron cuestionadas por profesionales que consideran al SAP un invento acientífico para enmascarar el abuso sexual infantil, por la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Médica Americana, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Americana de Psiquiatría- que publica el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales- el SAP no constituye una entidad médica ni clínica y por eso las dos principales categorizadoras del diagnóstico psicopatológico profesional a escala mundial elCIE-10 y el DSM rechazaron su inclusión en la lista de síndromes. No ha sido reconocido ni en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R, 1987,1994, 2000), aunque Gardner siguió insistiendo hasta su muerte en el pedido de inclusión en el DSM. Según sus defensores, el diagnóstico del SAP no puede ser separado de su aplicación final. El objetivo pragmático es doble: conseguir el cambio de custodia y modificar a través del tratamiento la conducta del progenitor y de los niños que son diagnosticados. Por otra parte, la Asociación Americana de Psiquiatría confirmó que, a pesar del pedido de algunos grupos, no incluirá el SAP en su actualización del DSM 5 porque no lo reconoce como síndrome.

III.- Este síndrome es caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, una invasión sobre el criterio y la conducta del niño desde uno de los progenitores.

III.- El síndrome de alienación parental es una alteración que ocurre en algunas rupturas conyugales muy conflictivas, donde los hijos censuran, critican y rechazan a uno de sus progenitores de modo injustificado y/o exagerado. El concepto descrito por Gardner incluye el componente lavado de cerebro, que implica que un progenitor, sistemática y conscientemente, programa a los hijos en la descalificación hacia el otro, además de incluir otros factores "subconscientes e inconscientes", utilizados por el progenitor "alienante". Por último, incluye factores del propio hijo, independientes de lascontribuciones parentales, que juegan un rol importante en el desarrollo del síndrome. Poco o nada recoge sobre la participación del progenitor alienado. Las alternativas de solución deberían considerar la interacción entre factores personales, familiares y legales. En este sentido, la mediación familiar, entendida como un abordaje psicojurídico de conflictos psicojurídicos, podría constituir un enfoque efectivo. La mediación va más allá de la simple facilitación de procesos de negociación, otorgando importancia a la creación de un contexto familiar cooperativo que contribuya a transformar el proceso conflictivo y debe adaptarse a la situación generada por la disputa judicial, donde habitualmente las diferencias de las partes alejan a éstas de sus auténticas necesidades.

IV.- El SAP tampoco es aceptado en los juzgados de ningún país excepto Brasil y la Ciudad de México, este último caso, se localiza en el artículo 323 Septimus, donde se define la alienación parental como:

“Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada. En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno. A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador. El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a los Congresos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias legislativas incorporen en sus Códigos Civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar, y tipifiquen las conductas a través de las cuales la progenitora o progenitor manipule la conciencia de sus hijas e hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro progenitor, conocida como Síndrome de Alienación Parental.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






14.- Que exhorta a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a personas con enfermedades lisosomales

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de junio de 2015, la Dip. Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La atención médica se define como el conjunto de servicios que intervienen de manera sistemática para la prevención y curación de las enfermedades que afectan a los individuos, así como de la rehabilitación de los mismos (Secretaría de Salud, 2015). Este conjunto de servicios es determinante para garantizar el derecho a la protección de la salud que, en términos del  Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen los mexicanos.

La Ley General de Salud (Ley), que reglamenta el derecho a la protección de la salud, establece en su Artículo 3o. que es materia de salubridad general la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. Asimismo, la Ley define en su Artículo 6o. los objetivos del Sistema Nacional de Salud, entre los que menciona:

“I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;”

Ofrecer servicios de salud de calidad resulta esencial para la consecución de los objetivos en materia sanitaria, la mejora de la salud de la población y el futuro sostenible de los sistemas de salud en el mundo, incluido el mexicano. Hoy en día, no obstante, persisten importantes desafíos con respecto a la calidad de la atención médica, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la atención sanitaria de calidad deficitaria impone una carga negativa significativa a la sociedad y a los sistemas sanitarios. Según la OPS, la falta de calidad se manifiesta de múltiples formas, incluyendo:

Servicios de salud inefectivos, es decir, que no alcanzan el resultado esperado en salud. Este problema se expresa en términos de una injustificada variabilidad de la práctica clínica, aplicación de cuidados inoportunos o innecesarios, y un alto porcentaje de cuidados no consistentes con el conocimiento profesional actual. 

Servicios de salud ineficientes, es decir, con costos superiores a los necesarios para obtener el mismo resultado. Este fenómeno contribuye a un aumento excesivo del gasto en salud sin el correspondiente mejoramiento del desempeño de los servicios de salud. Ello supone un costo de oportunidad para el servicio sanitario, retrayendo recursos que podrían invertirse, por ejemplo, en incrementar la cobertura de los servicios a las poblaciones más desprotegidas. 

La mala calidad se expresa también en limitada accesibilidad, con barreras administrativas, geográficas, económicas, culturales o sociales, e indiferencia respecto a la perspectiva de género en la provisión de servicios de salud. Esta situación se manifiesta en largas listas de espera, horarios de atención incompatibles con las posibilidades de consulta del usuario, distancias excesivas al centro de atención sanitaria, falta de medicamentos en los centros de atención, y oferta de servicios no adecuada al contexto cultural y social del ciudadano.

Finalmente, otra expresión de la falta de calidad corresponde a la insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de salud con los servicios de salud. Los pacientes se quejan, por ejemplo, de maltrato, falta de comunicación e inadecuación de instalaciones de salud. Por otra parte, los profesionales y trabajadores de salud sufren de desmotivación y sobrecarga de trabajo, y en los casos más extremos se ven afectados por el síndrome de burnout [*], lo que contribuye aún más al deterioro de la calidad del servicio prestado.

El impacto de la falta de calidad en la atención médica es particularmente negativo en los grupos vulnerables, entre los que destacan los individuos que padecen alguna enfermedad rara, como son las enfermedades lisosomales [*].

Al respecto, cabe señalar que los niños y niñas, así como los adolescentes y adultos que sufren algún padecimiento lisosomal se enfrentan a un entorno caracterizados por una limitada respuesta sociosanitaria y por la falta de recursos idóneos para su atención. En este entorno también prevalece el desconocimiento –tanto de los profesionales médicos como de la población y las autoridades– e incluso la incomprensión social hacia sus necesidades específicas.

Algunas consecuencias concretas que se generan por una calidad deficitaria en la atención médica que reciben los pacientes con enfermedades lisosomales, son:

Grandes desplazamientos, sobre todo porque las unidades de atención médica de primer nivel no ofrecen servicios de salud a las personas con enfermedades raras. 
Actitudes poco proclives a la colaboración por diagnósticos incorrectos y el maltrato del personal médico. 

Desapego al tratamiento, que se traduce en complicaciones como hospitalizaciones, incapacidades y progresión de la enfermedad, lo que afecta la calidad de vida del paciente y disminuye el costo-efectividad de la terapia.

En este contexto, resulta oportuno recordar que los esquemas de atención médica experimentan cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, de la mejor comprensión de los factores que intervienen en el origen y evolución de las enfermedades, así como de los recursos terapéuticos, físicos, humanos y financieros para la atención. Estos cambios son, a todas luces, una oportunidad para impulsar la calidad en los servicios de salud.

En esta realidad, marcada por retos y oportunidades para mejorar la calidad de la atención médica, el Sistema Nacional de Salud, a cargo de la Secretaría de Salud, debe emprender las medidas necesarias para que las unidades, clínicas o centros de salud de primer nivel garanticen un mayor acceso a la atención de las personas con enfermedades lisosomales.

La importancia que tiene este nivel de atención en el cuidado y mejora de la salud de la población mexicana se expresa en el hecho de que el 95% de las unidades de salud que existen en el Sector Público corresponden a unidades de atención primeria. En el caso particular de los Servicios Estatales de Salud, muchas de las unidades de primer nivel están ubicadas en zonas de alta marginación, lo que las convierte en la única alternativa para hacer frente a los problemas de salud que aquejan a la población de bajos recursos en México. Los servicios de atención primaria son, en pocas palabras, la cara más visible del Sistema Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 2008).

Por otro lado, al reconocer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el Sistema Nacional de Salud también está en condiciones de implementar la infusión en casa. Esta es una alternativa novedosa para mejorar la calidad de la atención médica y el apego al tratamiento de las personas con enfermedades lisosomales.

La infusión en casa consiste en la aplicación del tratamiento por personal de salud calificado en el domicilio del paciente. En este sentido, la experiencia de más de 20 años en otros países ha demostrado que la terapia por infusión en casa es factible y eficaz al momento de brindar beneficios, tanto para las personas con enfermedades lisosomales como para las instituciones de salud. Esto porque que conlleva mejoras en la seguridad y calidad de vida del paciente y porque, además, reduce los recursos empleados para atender a los enfermos. 

A pesar de ser una alternativa novedosa, la infusión en casa es un caso de éxito en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, a lo largo de 4 años, 22 pacientes con Enfermedad de Fabry recibieron un total de mil 528 infusiones en casa. En este universo de pacientes  no se identificaron riesgos adicionales para los individuos que fueron infundidos por una enfermera en casa. Además, ningún paciente presentó eventos adversos adicionales por hacer el cambio hacia infusión en casa. Estos resultados permitieron corroborar la seguridad y factibilidad de la infusión en casa.

En Argentina, como segundo ejemplo, a lo largo de 6 años, 87 pacientes con Enfermedad de Fabry recibieron un total de 5 mil 229 infusiones en casa.  En este universo de pacientes, se presentaron sólo 5 eventos adversos, representando el 5.7% del total de las infusiones en casa a pacientes.  Cabe mencionar que los eventos adversos fueron considerados leves y se resolvieron con medidas generales, sin requerir hospitalización.

Bajo la lógica de estos argumentos se puede concluir que el Sistema Nacional de Salud tiene la posibilidad de superar los obstáculos que merman la calidad de la atención médica que se ofrece a los niños y niñas, así como a los adolescentes y adultos con enfermedades lisosomales.

Los esfuerzos antes mencionados, atención médica en instituciones de primer nivel e infusión en casa, se enmarcan dentro del ARTÍCULO 16. del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud. Dicho artículo mandata a la Secretaría de Salud a definir normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social, así como supervisar su cumplimiento.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y consideramos importante recordar para los efectos que norman este dictamen que las enfermedades de depósito lisosomal o enfermedades lisosomales son enfermedades genéticas que, por su baja incidencia mundial son mejor conocidas como enfermedades raras. Dependiendo de la enzima faltante en el cuerpo, se presentan síntomas variados que producen retraso y confusión en el diagnóstico son incurable y potencialmente mortal, crónicas y discapacitantes.

II. Es del conocimiento de esta Segunda Comisión, que su prevalencia en la población, en general es menor de 5 casos por cada 10,000 habitantes. Se estima que en el mundo existen entre 5 mil y 7 mil padecimientos considerados raros. Los síntomas de la enfermedad de depósito lisosomal varían, dependiendo del trastorno particular y otras variables, como la edad de inicio, y pueden ser de leves a graves. Pueden incluir retraso en el desarrollo, trastornos del movimiento, convulsiones, demencia, sordera y/o ceguera. Algunas personas que padecen algún tipo de enfermedad lisosomal pueden experimentar problemas hepáticos, pulmonares y cardíacos así como crecimiento anormal de huesos.

III.- Dependiendo del defecto bioquímico y la sustancia que se acumule en los lisosomas se distinguen se distinguen diferentes enfermedades, entre las más comunes están la Enfermedad de Fabry; el Síndrome de Hunter; Enfermedad de Gaucher; Leucodistrofia Metacromática y el Síndrome de Sanfilippo.

IV.- Es importante mencionar que existen varias técnicas de tratamiento, incluyendo el trasplante de médula ósea, terapia de reemplazo enzimático , la terapia de inhibición de sustrato , chaperonas farmacológicas y muchos otros enfoques están transformando a las enfermedades lisosomales en condiciones tratables . Sin embargo, la falta de conciencia y la falta de acceso a las pruebas  son causantes de una pérdida de tiempo significativa entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Varias líneas de investigación demuestran que la introducción temprana de la terapia puede proporcionar un mejor.

V.- Y aunque en México en el año de 2012 se modificó la Ley General de Salud con el propósito de ampliar  posibilidades, a favor de los pacientes con enfermedades raras. Este hito se consiguió después de 50 años de inamovilidad en este tema. Y que las enfermedades como Gaucher tipo I, MPS tipo I, MPS tipo II o Fabry son atendidas en instituciones como IMSS, ISSSTE, Servicios de Salud de Pemex y Seguro Popular. A pesar de que en muchos países se han lanzado programas piloto para la atención de estas enfermedades, en países de América Latina, como México, aún quedan diversos aspectos por cubrir principalmente la capacitación en el personal para atender estas enfermedades, la capacidad tecnológica y la provisión de medicamentos.

VI.- Esta segunda Comisión concuerda con la proponente de que se debe impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales, la falta de información de este tipo de enfermedades ha limitado la respuesta del sector público y del Congreso en esta materia específica de enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto  del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






15.- Que exhorta a elaborar y expedir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana “Para la prevención, tratamiento y control de la hemofilia y enfermedad de Von Willebrand”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de Julio de 2015, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

“Actualmente la hemofilia constituye una enfermedad hereditaria que se caracteriza por afectar a la coagulación de la sangre, por un defecto en alguno de los elementos llamados factores, que son necesarios para que la sangre coagule, es padecida por 1 de cada 5000 varones, de los cuales el 70% la heredaron y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente existen en el mundo alrededor de 400 mil personas que viven con Hemofilia. Los síntomas de este padecimiento dependen en gran parte, del grado de deficiencia del factor de coagulación y por esto se derivan las hemorragias que pueden ser conforme al nivel circulante de factor deficiente o la presencia de inhibidores, las hemorragias pueden ser espontáneas en articulaciones y músculos; moderada; espontánea ocasional y leve con hemorragia grave secundaria a procedimientos invasivos o traumatismos.

Actualmente no existe tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía intravenosa el Factor de coagulación que falta, este tratamiento sustitutivo supuso un avance importantísimo tanto para la calidad de vida como para la supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano dio lugar, en muchas ocasiones, a la transmisión de virus, sobre todo el VIH (SIDA) en los años 80, lo que significó un grave retroceso en la vida de los pacientes con Hemofilia, a mediados de esa misma década se introdujeron los primeros métodos de inactivación viral en los concentrados liofilizados, transformándolos en productos mucho más seguros.

En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería genética ha hecho posible iniciar una nueva era en el tratamiento de la enfermedad. Desde hace unos pocos años, se han desarrollado preparados más puros de los factores de coagulación, sin necesidad de plasma humano, ejemplo de ello es el Factor VIII recombinante, el más masificado, se produce a partir de células cultivadas en laboratorio. La Federación Mundial de Hemofilia recomienda el uso de productos recombinantes, ya que garantizan una mayor seguridad con la misma eficacia que los productos plasmáticos.

A raíz de esto, existen enormes expectativas de tratamiento mediante terapia génica, que consiste en la introducción de genes en células determinadas del paciente que sean capaces de combinarse con el material genético existente, aportando la información que falta para fabricar la proteína deficitaria causante de la enfermedad. Existen dos tipos de tratamiento: Profilaxis el cual consiste en que el paciente se inyecta por vía intravenosa su medicina correspondiente varias veces a la semana, o bien el paciente se inyecta la medicina cada vez que se produce una hemorragia. Se debe hacer énfasis que la prevalecía de Hemofilia en el mundo, va a más de 400,000 personas, la incidencia de la hemofilia “A” es 1-2 de cada 10,000 varones en todas las poblaciones humanas (Mc. Kusic. 1995) y la Hemofilia B es 1 de cada 40,000 varones, de acuerdo a los estándares mundiales de tratamiento (WFH Federación Mundial de Hemofilia, OMS) ha establecido que 1 UI per cápita de Factor VIII es el objetivo mínimo para asegurar la supervivencia de la población con hemofilia.

La prevalecía de la enfermedad en México se tiene un sub-registro de la enfermedad a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana se han logrado contabilizar un aproximado de 5,124 mil pacientes, 3,935 con Hemofilia A, 595 con Hemofilia B, 213 con enfermedad de von Willebrand y 381 sin diagnóstico, de un potencial de 10,000 pacientes. Se estima que en por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de 1, 000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social. Se estima que en México, por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. México se sitúa entre los países de Latinoamérica con los niveles de tratamiento más bajos, apenas con 0.82 UI de factores VIII y IX per cápita.

Muchas personas con Von Willebrand presentan pocos o ningún síntoma, también pueden cambiar con el tiempo, a veces sólo se descubre cuando hay una hemorragia abundante después de un accidente grave o de una intervención dental o quirúrgica. Aun así podemos catalogar principales síntomas como lo son: Propensión a desarrollar moretones, hemorragias nasales, de encías, pequeñas cortadas, frecuentes o prolongadas, así como hemorragias en el tracto gastrointestinal superior e inferior, más mujeres que varones presentan síntomas derivado de sangrar más o durante un tiempo mayor al normal con la menstruación o después de un parto. El tipo de sangre también es un factor, las personas con sangre tipo O a menudo tienen niveles menores de padecer la enfermedad, que las personas con tipos A, B o AB; no es fácil diagnosticar la Enfermedad de Von Willebrand, es por ello que si es que se sospecha acerca del padecimiento se debe consultar a un hematólogo especializado en trastornos de la coagulación.”

Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo:

“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a elaborar y expedir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a tomar en consideración el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que se anexa al presente como propuesta, para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que en el ejercicio de sus atribuciones, se han implementado a favor de los pacientes que padecen de Hemofilia y la Enfermedad de Von Willebrand".

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto es pertinente mencionar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona quetoda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud, artículo 6, fracción IV, especifica los objetivos del Sistema Nacional de Salud, que  tiene como propósito  dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez.

II.- Esta dictaminadora quiere mencionar que la hemofilia es un trastorno hemorrágico poco común en el que la sangre no se coagula normalmente. Las personas que nacen con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en baja cantidad. Los factores de coagulación son proteínas necesarias para la coagulación normal de la sangre. Existen varios tipos de factores de coagulación. Estos factores actúan con las plaquetas para coagular la sangre. Los dos tipos principales de hemofilia son la A y la B. En la hemofilia A, el factor ocho de coagulación está ausente o en concentración baja. Cerca de 8 de cada 10 personas que sufren hemofilia tienen el tipo A. En la hemofilia B, el factor nueve de coagulación está ausente o en concentración baja. En raras ocasiones la hemofilia puede ser adquirida.

III.- La hemofilia puede ser leve, moderada o grave, en función de la cantidad del factor de coagulación insuficiente que haya en la sangre. Si una persona produce solamente el 1% o menos del factor deficitario, se dice que tiene una hemofilia grave. Si produce entre el 2% y el 5% del factor deficitario, se dice que tiene una hemofilia moderada y, si produce entre el 6% y el 50%, una hemofilia leve. Por lo tanto a la mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad, les hacen el diagnóstico durante la lactancia o la primera infancia. Pero a veces la hemofilia es tan leve que los afectados no se enteran de que la padecen hasta que tienen que someterse a una intervención quirúrgica menor, como una extirpación de amígdalas o de apéndice, momento en que los médicos les solicitan los análisis de sangre del preoperatorio. Las causas de la hemofilia se encuentran en la ausencia, deficiencia o conformación inadecuada de determinadas proteínas que forman parte de la denominada cascada de coagulación. Cuando se produce una herida, el organismo da la orden de movilizar una serie de componentes presentes en la sangre (que se encuentran en circulación en todo momento, haya o no herida) que acudirán al punto lesionado, formando un muro que impide la salida de la sangre. La formación de este “muro” (coágulo) sucede tras la actuación de unas proteínas denominadas factores de coagulación. El proceso mediante el cual estos activan el mecanismo de coagulación recibe el nombre de cascada de coagulación, ya que cada uno de ellos (12 en total) activa al siguiente. Debido a esta activación en cascada, si uno de los factores no se encuentra presente, o lo está de manera deficiente, será la causa de un fallo en todo el proceso. El síntoma principal de la hemofilia es la aparición de hemorragias internas y externas, ya sean provocadas o espontáneas. Derivadas de estas hemorragias van a aparecer otras manifestaciones clínicas, que suelen ser comunes a la mayoría de los pacientes.

IV.- Durante más de 50 años, la Federación Mundial de Hemofilia FMH ha brindado liderazgo a escala mundial a fin de mejorar y preservar la atención para personas con trastornos de la coagulación hereditarios, entre ellos hemofilia, enfermedad de Von Willebrand, deficiencias poco comunes de factores de la coagulación y trastornos plaquetarios hereditarios, capacitando a expertos en la especialidad, para la atención y el diagnóstico adecuados de los pacientes; realizando labores de cabildeo a fin de lograr un abasto adecuado de productos de tratamiento seguros;  e instruyendo y empoderando a las personas con trastornos de la coagulación para ayudarlas a llevar vidas más sanas, largas y productivas. En el mundo hay alrededor de 400 mil personas con hemofilia, de las cuales el 75 por ciento no tiene acceso al tratamiento, mientras que en México se tiene el registro de cinco mil 221 enfermos, se estima que la incidencia podría ser de alrededor de ocho mil casos.

VI.- La enfermedad de Von Willebrand (EvW) es el más frecuente de los trastornos de la coagulación. Las personas con EvW tienen un problema con una proteína de su sangre llamada factor von Willebrand (FvW) que ayuda a controlar las hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona y ocurre una hemorragia, el FvW ayuda a las células de la sangre llamadas plaquetas a aglutinarse y a formar un coágulo para detener la hemorragia.

VII.- Muchas personas con EvW presentan pocos o ningún síntoma. Las personas con EvW más grave podrían tener más problemas hemorrágicos. Los síntomas también pueden cambiar con el tiempo. Algunas veces la EvW sólo se descubre cuando hay una hemorragia abundante después de un accidente grave o de una intervención dental o quirúrgica. Los principales síntomas son: Propensión a desarrollar moretones;  Hemorragias nasales frecuentes o prolongadas;  Hemorragia de las encías;  Hemorragia prolongada de pequeñas cortadas;  Periodo menstrual abundante o prolongado;  Hemorragias en el tracto gastrointestinal superior e inferior; y Hemorragia prolongada después de lesiones, cirugías, trabajos dentales o partos.

Por lo anteriormente expresado, y en virtud de compartir los señalamientos expresados por el proponente, consideramos que es importante el elaborar y expedir la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand", en este sentido proponemos la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a elaborar y expedir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que en el ejercicio de sus atribuciones, se han implementado a favor de los pacientes que padecen de Hemofilia y la Enfermedad de Von Willebrand.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






16.- Que exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de los recursos públicos del programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno del distrito federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución de los recursos públicos que serán otorgados a estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un programa de becas en instituciones privadas de educación superior y/o cursos de instrucción laboral; así también implemente acciones puntuales en materia de transparencia hacia las dependencias responsables de dicho programa.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de julio de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La educación es el pilar fundamental que sostiene el futuro de una sociedad, e imprescindible, construye las bases para sus libertades y el desarrollo de la nación.

En nuestro país, se han logrado avances en la búsqueda de una educación de calidad para la niñez y la juventud mexicana, otorgándoles las herramientas por las cuales abrirán el camino de su crecimiento personal y colectivo en el ámbito profesional. Pero esto es una tarea que implica una constante evolución conforme pasa el tiempo y la demanda de miles de personas a una educación de excelencia.

Según datos de INEGI, conforme a su último censo de población y vivienda del año 2010, el porcentaje de niñas y niños de entre 3 a 14 años que cursan algún grado de la educación preescolar, primaria y secundaria ha crecido en los últimos 40 años. Habiendo una matrícula para el ciclo escolar 2013-2014 de más de 25 millones de educandos en el país.

En lo que compete a los alumnos de entre 15 a 18 años, generalmente cursan algún año de educación media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas),4 millones682 mil 336 estudiantes fueron matriculados para el ciclo escolar 2013- 20141.

Para el mismo ciclo, ingresaron a la educación superior 3 millones, 419 mil ,391 estudiantes en matrícula escolarizada y mixta. Que equivalen al 26.5% de la población de 18 a 23 años, de estas, más de 2 millones 900 mil estudia una Licenciatura2.

Los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela prematuramente. 62% de los jóvenes de 16 años están inscritos en educación media superior; el 35% de los jóvenes de 18 años cursan algún tipo de estudio (19% en educación media superior y 16% en educación superior), y únicamente el 30% de los jóvenes de 20 años están matriculados (6% en educación media superior y el 24% en educación superior)3

Las distintas realidades tanto económicas como sociales que atraviesan las familias en el país, obligan a muchos de nuestros jóvenes a salir de las filas de la educación para incorporarse al mundo laboral sin una formación profesional que le respalde.

Por ello, debemos seguir fortaleciendo las estrategias y planes en la materia, para brindar la continuidad y cobertura total de la educación de la gran mayoría población. A fin de un desarrollo profesional integro que sea útil para su día a día en el plano de lo profesional.

El artículo 3º Constitucional en su numeral V establece que “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Desafortunadamente, aunado a la problemática de deserción, las dos universidades públicas con mayor reconocimiento en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, tienen una gran demanda anual en los espacios para tomar alguna de sus numerosas licenciaturas. Esto representa un verdadero obstáculo al no tener la capacidad suficiente de albergar y recibir a todos los aspirantes que presentan su examen de admisión a estas instituciones educativas.

Esto contrapone lo plasmado dentro de nuestro texto constitucional, solo en 2014, el número de lugares ofertados por las principales instituciones de educación superior volvieron a ser insuficientes, ya que el 90 por ciento de aspirantes se quedó fuera de las listas de ingreso a la UNAM e IPN. Solamente fueron aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que buscaban ingresar en dichas instituciones.

La UNAM sólo tiene capacidad para 1 de cada 10 alumnos que buscan ingresar a sus aulas. Mientras que en el IPN la cifra de rechazados no es menor, pues se calcula que sólo 2 de cada 10 logró su ingreso4.

El 29 de marzo pasado, según los resultados del primer concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2015-2016 que se dieron a conocer a través de la página escolar.unam.mx., un total de 117, 029 aspirantes no obtuvieron lugar en alguna de las más de 100 carreras que imparte la UNAM. Siendo seleccionados 11,490 aspirantes cifra equivalente al 8.9 por ciento.

En junio se realizó un segundo examen de ingreso mediante el cual podrán ser seleccionados 9,000 aspirantes más. Para el siguiente ciclo lectivo, la máxima casa de estudios podrá recibir a más de 45,000 estudiantes de primer ingreso a licenciatura en conjunto con aquellos que ostentan el pase automático tanto de las Escuelas Nacionales Preparatorias como de los Colegios de Ciencias y Humanidades.

En el caso del IPN, en la primera etapa de selección, le correspondió presentar el examen de ingreso a 44 mil 706 aspirantes paraalguna de las carreras que ofrece esta casa de estudios en los pasados días 30 y 31 de mayo, esperando aun la publicación de resultados para el próximo 9 de agosto de 2015.

Antes esta situación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un programa de apoyo para los aspirantes a nivel licenciatura, que fueron rechazados en instituciones de educación superior.

Dicho programa, que empezará en la primera quincena de agosto, contará con tres opciones: Capacitación para que los jóvenes puedan obtener un empleo, cursos de nivelación para ampliar conocimientos y becas para continuar con sus estudios en universidades privadas.

El Jefe de Gobierno detalló que se buscará apoyar a los jóvenes rechazados mediante una selección de acuerdo con criterios como el desempeño académico y situación económica.

Un 3.7% de los rechazados, ostentan un promedio de entre 9.6 y 10, mientras que un 10% registran una calificación entre 9.0 y 9.5. Además, 4.5% son aspirantes a nivel licenciatura desde 2002 y casi un 50% son del 2014.Cabe resaltar que la operación de este programa estará a cargo de las secretarías de Educación, Trabajo y Fomento al Empleo y de Finanzas del Distrito Federal5.

Con ello, se pretende atender la demanda de miles de jóvenes de la capital del país, así como también de aquellos que provienen de otras entidades, proponiendo a su vez que dicho programa tenga una escala a nivel nacional.

Así bien, dicha causa debe estar dentro de los principios de la transparencia, al ser un programa de apoyo a la sociedad, la responsabilidad del buen manejo de los recursos que sean asignados al mismo tendrá que estar sujeta a una estricta supervisión por parte de las autoridades competentes, para que con ello, los resultados de dicho programa beneficien en su totalidad a este sector de la población.

Lo anterior se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el artículo 14º establece:

“Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan…

XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias;

XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;”

Así también, se señala en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal:

“Los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal ejecutores de cada programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del resguardo y buen uso de los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo.”

Lo anteriormente expuesto, debe garantizar y reforzar la claridad de los programas establecidos por las autoridades del gobierno capitalino, imperando sobre cualquier interés y beneficio personal o colectivo el cual desvié la finalidad del los mismos (sic).

Esto a su vez, creará una nueva imagen ante la ciudadanía sobre el verdadero compromiso que tenemos los gobernantes ante ellos, y hacia la atención a todo aquello que aqueja y detiene su crecimiento personal y colectivo.

Dejar a un lado los intereses propios reflejados en los deshonorables actos de corrupción, que tanto aqueja a nuestro país, es una forma de evolución hacia la legitimidad y la credibilidad, que desgraciadamente, los gobiernos han perdido a lo largo de los años por un incorrecto manejo de los recursos de los ciudadanos.

Para ello, Nueva Alianza hace un atento llamado a que los padrones de beneficiarios a las becas y cursos que otorgará el Gobierno Capitalino sean a aquellos jóvenes interesados en continuar con sus estudios universitarios y/o profesionales; ya que el futuro profesional de miles de personas depende de una buena toma de decisiones. Así también de una correcta gestión de los recursos públicos otorgados al desarrollo y fortalecimiento de nuestro sistema educativo.

Los montos asignados a las colegiaturas y/o apoyos, deberán ser presentados en una lista la cual se muestre junto con el nombre del beneficiario y la universidad, donde el mismo cursará sus estudios profesionales, con ello, se garantizará la transparencia conforme a lo dispuesto en la ley.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución de los recursos públicos que serán otorgados a estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un programa de becado en instituciones privadas de educación superior y/o cursos de instrucción laboral.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Gobierno del Distrito Federal a girar las instrucciones sobre la implementación de acciones puntuales en materia de transparencia hacia las dependencias responsables de dicho programa.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en el sentido de que la educación debe mantenerse como el pilar fundamental con el que se construye el futuro de nuestra sociedad y medio primordial en la continua tarea que tenemos todos los miembros del Estado para garantizar la plena vigencia de nuestras libertades y máximas aspiraciones, consagradas en nuestro texto fundamental, mismo que sirve como base, visión y aspiración del desarrollo nacional.

Asimismo, la educación es el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas, pues nos permite adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y forma a los educandos en principios básicos como el de la solidaridad social, imprescindible para mejorar la convivencia armónica y el tejido social de una vida en comunidad.

II.- Esta Dictaminadora considera oportuno mencionar que la educación, como pilar del catálogo de derechos universales, constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo social que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia, en sentido inverso, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.

Reconoce, tal como lo expone la Diputada proponente, que se han logrado avances en la búsqueda de una educación de calidad para la niñez y la juventud mexicana; tarea que implica una constante evolución a fin de atender la demanda de miles de mexicanas y mexicanos que fundan en una educación de excelencia, sus expectativas de un futuro mejor.

De manera específica, la cobertura en educación Superior en el país ha avanzado de manera significativa: en las últimas tres décadas, el porcentaje de cobertura para jóvenes entre 19 y 23 años se ha elevado de manera importante, iniciando la década de los 90 con apenas el 12.2%, para superar el 35% en el año 2013.

Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles de otros países Latinoamericanos, que en 2010 tenían una cobertura de educación superior más alta, como Panamá (46.0%), Chile (52.0%), Cuba (64.0%), o Argentina (67.0%).

La Ciudad de México, la entidad más importante en concentración de la matrícula nacional de este nivel educativo, enfrenta importantes retos que atender y superar en los próximos años a fin de que su población de entre 18 y 24 años, e incluso de toda la República mexicana, vea cubiertas sus necesidades sociales y se anticipe a ellas.

Al ampliar el acceso, las Instituciones de Educación Superior que brindan estos servicios educativos en la entidad, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana o la misma Universidad de la Ciudad de México, sin descontar el amplio catálogo de instituciones particulares, tienen ante sí la doble tarea de alcanzar simultáneamente los objetivos de equidad, pertinencia y calidad que actualmente se les exige, considerando, a su vez, la demanda de espacios que anualmente la población potencial de este nivel requiere para cumplir sus expectativas y anhelos sociales.

En el Distrito Federal se estima que en 2030, la población de 18 a 24 años será de 810’076 jóvenes, misma que no contarán con los recursos necesarios para ingresar en una institución que imparta Educación Superior, pero demandarán este tipo de educación, a partir de los avances logrados en el nivel educativo previo.

Los efectos de la presión de la demanda de lugares ya es una constante que se acumula en cada proceso de ingreso a esas Instituciones de Educación Superior, pues en cada oportunidad, recordando que son dos al año, cerca del 90% de los aspirantes no consigue un lugar para continuar sus estudios, cantidad que se acumula a los que en otros procesos tampoco obtuvieron su lugar.

Lo anterior exige enfocar de manera adecuada las políticas y programas de tales instituciones, como las instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal, consistentes en apoyos y subsidios directos en la modalidad de becas, con la finalidad de asegurar tanto el acceso, como la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo.

III.- La Segunda Comisión reitera y suscribe los argumentos que organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE asumen, al considerar a la educación superior no sólo como un beneficio individual, sino también un estímulo para el desarrollo económico y social en su conjunto; por ello, estima conveniente privilegiar e impulsar toda política y recursos públicos destinados a fortalecer su misión y propósito social, como las anunciadas recientemente por el Titular del Gobierno del Distrito Federal, consistente en apoyar a alrededor de 45 mil jóvenes que se quedaron sin un lugar al intentar ingresar al nivel superior, a través de cursos de capacitación y becas en universidades privadas.

Sin embargo, si las Instituciones de Educación Superior son el espacio que contribuye a formar ciudadanos con una visión más universal y amplia y están obligadas a llevar a cabo prácticas y valores que propicien el uso honesto y eficiente de los recursos que reciben, lo anterior exige que también los recursos públicos que en la capital del país se destinen para los fines anunciados por el Jefe de Gobierno, sean sujetos del escrutinio público, mediante los adecuados y necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

IV.- El establecimiento de estrategias basadas en políticas de transparencia brindan confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad; por ello, creemos en esta Comisión que los ciudadanos de la Ciudad de México, y de todo el país, merecen estar debida y ampliamente informados acerca de los mecanismos, responsabilidades, procedimientos, normas o reglas que rijan el programa de becas y apoyos para estudiantes sin lugar en Instituciones de Educación Superior anunciado por su Jefe de Gobierno, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos.

V.- Finalmente, esta Segunda Comisión reconoce el anunció del Gobierno del Distrito Federal para atender al mayor número de los 45,000 estudiantes rechazados de las instituciones de educación superior, mediante apoyos en capacitación laboral, cursos de nivelación y bolsas de becas, y se pronuncia en pleno respecto a la autonomía de las entidades federativas a emular dichas acciones ante el creciente número de excluidos de la educación superior en México.

De esta manera, se cierra el paso a la opacidad, la corrupción, la impunidad y a la gestión irresponsable de recursos públicos o la utilización de los mismos con fines distintos a la labor educativa y desarrollo profesional y humano de sus beneficiarios.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de los recursos públicos del programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior, así como sujetar dicho programa a las disposiciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






17.- Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y la elaboración del dictamen de la proposición con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de julio de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta nacional México con Educación de Calidad, el objetivo de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, e incorpora como una de sus estrategias, la de crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles; así como fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico;

Por su parte, el Programa Sectorial de Marina 2013-2018, establece dentro de su objetivo modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para robustecer el Poder Naval de la Federación, la estrategia de fortalecer el Sistema Educativo Naval e incorpora como una de sus líneas de acción, la de modernizar las instalaciones de los Planteles Educativos Navales para lograr una educación naval de calidad y reducir el rezago educativo hasta el nivel de bachillerato del personal naval en coordinación con otras instituciones educativas.

En términos del Plan General de Educación Naval y del Modelo Educativo Naval Siglo XXI, la capacitación y desarrollo del personal naval, tiene por objeto preparar profesionistas competitivos con una formación científica, tecnológica, humanística y ciudadana de alto nivel; implementando técnicas didácticas, con las cuales los estudiantes investigan, adquieren nuevos conocimientos y resuelven problemas complejos del mundo real y del ámbito profesional.

Es en este sentido que la coadyuvancia vigente de la Secretaría de Marina en el mantenimiento del Estado de Derecho, requiere dotar a la Armada de México de una capacidad operativa y logística suficientes para el sostenimiento y garantía de la soberanía nacional, por lo que se necesitan actualizar y modernizar los procesos, sistemas e infraestructura que permitan elevar la calidad educativa y capacitación del personal naval, he tenido a bien expedir el siguiente

Es bajo estas premisas que el jueves 23 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Nación el decreto por el que se crea la Universidad Naval, la cual se constituirá como una unidad administrativa de la Secretaría de Marina.

La nueva Universidad Naval estará integrada por los Centros de Estudio, Escuelas, Unidades y Establecimientos de Educación Naval con los que la Secretaría de Marina ha venido impartiendo educación media superior y superior, así como con aquellas instituciones educativas que dicha dependencia instituya en el futuro.

Será la propia Secretaría la que determine la normativa interna de las instituciones educativas de la Universidad Naval, la cual contendrá la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos y niveles y, en su caso, modalidades educativas de los cursos que impartan.

La Universidad Naval tendrá como objeto prestar servicios educativos a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, a quienes forman parte de las instituciones educativas vigentes y a quienes formen parte del Sistema Educativo Naval.

En el Congreso hemos de celebrar este histórico decreto que pone a la Armada de México en las sendas del desarrollo constante y le reconoce su potencial como crisol formador de nuevos valores que con heroísmo, disciplina, honor, lealtad y preparación harán frente, como lo ha venido haciendo esta Institución, a los problemas que enfrente nuestro país.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos congratulamos por la creación de la Universidad Naval, lo cual quedó publicado el pasado 23 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, la Universidad Naval tiene como objeto prestar servicios educativos a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, a los discentes de las instituciones educativas a que se refiere el artículo anterior, los que forman parte del Sistema Educativo Naval.

Esta Soberanía se congratula por dicha decisión para fortalecer con conocimientos más especializados para la fuerza naval, responsable de la seguridad y la paz en nuestro territorio nacional y sus áreas de influencia.

Nuestro país se ubica en un punto geográfico privilegiado a nivel internacional, contamos con los dos océanos más grandes del planeta, donde se ubica el comercio más relevante con la Unión Europea cruzando por el Océano Atlántico o las economías asiáticas hacia el Océano Pacifico.

II.- Es conocimiento de esta dictaminadora considera que México al contar con una superficie de mar territorial de 231,813Km2 la cual se comprende dentro de la zona económica exclusiva que cuenta con 2,715, 012 Km2, para el Estado la vigilancia y protección de nuestros fronteras y áreas de influencia debe ser una prioridad para las fuerzas navales, debido a que esto hace que México tenga una extensión mayor en aguas que en su superficie continental la cual es de 1,959,248Km2.

Por esta razón es de vital importancia para la seguridad del Estado redimensionar los límites de nuestro, para velar y realizar las acciones necesarias de seguridad dentro del territorio nacional.

Es del conocimiento de los y las legisladores integrantes de esta Comisión que las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56% del territorio nacional. En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental del país. La superficie insular es de 5, 127Km2, de acuerdo a datos del Institución Nacional de Estadística y Geografía (INEG).

La longitud de la costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 11, 122Km y de 3, 294 Km. en el Golfo de México y Mar Caribe que significan un gran potencial de recursos pesqueros; sin embargo, la actividad pesquera no está lo suficientemente desarrollada, ya que según datos del INEGI hasta el año 2010 México ocupaba el 4° lugar en su volumen de pesca, siendo el número uno Perú.

Está claro que el territorio nacional debe ser correctamente administrado, pero no debemos olvidarnos de las zonas marítimas al cual también le debe proporcional subsidio adecuado, para mantener en salvaguardia al territorio nacional.

III.- Esta Comisión reitera que México debe seguir fortaleciendo el sistema educativo naval, así como la necesidad que se tiene de proporcionar las herramientas necesarias a la marina de México para que de este modo puedan cumplir con su deber, resguardando las aguas nacionales y fortaleciendo la seguridad en ellas, de este modo se podría terminar con la pesca ilegal o irregular en nuestro país lo cual a la actualidad representa una gran reducción de la competitividad de pesca, así como la amenaza a especies nacionales

La pesca comienza a tener gran importancia en nuestro país ya que con su amplio desarrollo y gran capacidad de crecimiento, proporciona empleo a cientos de comunidades, a pesar de que estas actividades no son tan remuneradas como en otras naciones, ya que según estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, por cada peso que produce la pesca en México se generan 60 centavos adicionales, mientras que, en promedio en el mundo se generan tres pesos.

Así mismo el comercio está siendo una de las principales fuentes de ingreso para el estado mexicano es por esto que se le debe proporcionar la seguridad necesaria al comercio marítimo de México en donde hasta el año 2013 nos encontrábamos dentro de las 10 primeras economías con relaciones comerciales en el resto del mundo, lo cual nos ha orillado a contar con espacios logísticos para el traslado de mercancías, siendo importante la vigilancia en la zona marítima, en donde los puertos se han convertido en los espacios físicos que permiten el enlace de nuestro país con otros continentes como lo son el Europeo y Asiático.

Ya que según estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2012, el transporte marítimo es el segundo más utilizado, superando al carretero, pues 29% del valor de las importaciones y 28% del correspondiente a las exportaciones se realizan por esta vía.

En México existen 117 puertos a los cuales se les debe proporcionar la seguridad necesaria para que de este modo se pueda seguir teniendo un intercambio de mercancías al exterior seguro, fructífero y de conveniencia para las naciones. Sin olvidar, la protección que debemos proporcionar a nuestro buques en las zonas de influencia marítima.

IV.- Por esta razón esta Segunda Comisión considera menester el que se sigan apoyando este tipo de actividades y fortalecimiento a las fuerzas armadas para así poder comenzar a formar una nueva nación que sea más competitiva y sea un constante vigilante de su territorio para poder defenderlo en contra de amenazas externas.

V.- La Universidad Naval se integrará con los Centros de Estudio, Escuelas, Unidades y Establecimientos de Educación Naval con los que la Secretaría de Marina ha venido impartiendo educación media superior y superior, así como con aquellas instituciones educativas que dicha dependencia instituya en el futuro, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La normativa interna de las instituciones educativas de la Universidad Naval, contendrán la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos y niveles y, en su caso, modalidades educativas de los cursos que impartan, abriendo una nueva etapa de la historia de Secretaría de Marina.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






18.- Que exhorta a las autoridades de salud del estado de Quintana Roo a evaluar la viabilidad financiera de establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la secretaría de salud del estado de Quintana Roo y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que establezcan una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, carrillo puerto y Cancún, con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones que se vive en el estado

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de julio de 2015, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“En el Estado de Quintana Roo se vive una gran problemática ante una insuficiente atención médica, concretamente al momento de atender a las personas con algún problema de adicción, en el estado no hay los suficientes centros médicos especializados que puedan brindar un correcto tratamiento a los pacientes, en numerosas ocasiones las personas que buscan acceder al tratamiento adecuado, terminan en el mejor de los casos acudiendo al Distrito Federal o pagando una clínica privada.

Cabe destacar que las adicciones no respetan posición económica, sin embargo para acceder al tratamiento es necesario contar con una economía solvente, porque se ven obligados a salir a otro estado o pagar para un tratamiento, por lo cual no todos los pacientes tienen dinero para garantizar su salud, es importante mencionar que el derecho a la salud se encuentra consagrado en el párrafo cuarto artículo 4° de Nuestra Carta Magna, el cual expresa lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Es imperante garantizar la salud de los ciudadanos por medio de clínicas especializadas con personal capacitado para atender a los ciudadanos con problemas de adicción.

Estamos frente a una gran problemática porque los pacientes que no se tratan a tiempo tienen grandes posibilidades de morir a causa de la adicción que padecen, de tal manera que no solo estamos hablando de su derecho a la salud, ya que la misma gravedad de la enfermedad implica la vida de los pacientes, un mal o nulo tratamiento comprometería severamente la vida del paciente.

Es urgente se establezcan más Centros Médicos Especializados que brinden las herramientas necesarias para poder ayudar a los pacientes, de lo contrario se seguiría incrementando el índice de fallecimiento por adicciones.

Debemos sumar esfuerzos, centrar toda la atención a los pacientes que buscan salir de las adicciones y concretar una atención medica digna, estamos hablando aun de la sociedad joven que en muchos casos son menores de edad, debemos atender este problema nacional y brindar las herramientas necesarias de rehabilitación”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo y al titular del poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a que establezcan una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún, con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones que se vive en el estado.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a datos del Centro de Integración Juvenil de Chetumal, de 446 pacientes que atendió el CIJ Chetumal en 2012; 200 revelan preferencia por el consumo de bebidas alcohólicas; 190 por tabaco; 162 por marihuana; 146 por cocaína y 93 por medicamentos que no requieren prescripción médica. De estos únicamente 21 reingresaron por recaer en la adicción, cifra que representa el 4.7 por ciento. De acuerdo con las estadísticas del Centro de Integración Juvenil 2013, la adicción a las drogas en Quintana Roo se encuentra por arriba de la media nacional por consumo de marihuana, el índice en el país es de 83.2%, y en la entidad, 94.6%; en cocaína, el porcentaje en México es 34.7%, y en el Estado, 44.7%. Respecto al “crack”, Quintana Roo registra 27.4%, respecto al 19.6% a nivel nacional; y en consumo de alucinógenos, la entidad tiene 1.8%, y el país, 9.3% en general. De acuerdo con el mapa geográfico del Centro de Integración Juvenil de Chetumal establece nueve colonias de Chetumal donde se concentra el problema de adicción a bebidas alcohólicas, tabaco, marihuana y cocaína, (Forjadores, Proterritorio, Solidaridad, Jardines, Payo Obispo, Lázaro Cárdenas, Lagunitas, Barrio Bravo y del Bosque).

En 2013 Quintana Roo subió del segundo lugar al el primer lugar en adicciones a nivel nacional, Quintana Roo ha sufrido un incremento de 11.2% en los últimos años, siendo las principales, el alcoholismo y el consumo de cocaína y marihuana.

II.- El combate a las adicciones es una responsabilidad que descansa en Estado proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender las adicciones, con criterios de equidad, igualdad y no discriminación, tratamiento, investigación y capacitación en materia de adicciones a nivel mundial.

III. El Centro de Integración Juvenil de Chetumal atendió durante 2012 a 17 mil 980 personas inmiscuidas de forma directa o indirecta con el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y metanfetaminas; es decir, el 12 por ciento de los 150 mil habitantes de la capital fueron prevenidos, tratados médica y psicológicamente y orientados a no recaer en el problema.

IV.- El Centro de Integración Juvenil de Cancún, en el primer semestre de 2012, atendió a 363 pacientes, de los cuales, 71% fueron hombres, y 24.5%, mujeres, con mayor prevalencia en menores de 15 y 19 años de edad, con 170 jóvenes auxiliados; seguido de los de 10 y 14 años de edad, con 55. En el primer lugar de adicción destaca el tabaco, con 88%; en segundo sitio, el alcohol, con 87%; y la mariguana, con 80%. De 100 adictos a sustancias de este tipo, 35 individuos tienen entre15 y 19 años de edad.

V.- De acuerdo con el Centro de Integración Juvenil de Quintana Roo en los diferentes centros del CIJ, (Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen) atendieron durante 2013 para prevención, tratamiento y rehabilitación; 226,618 personas para la prevención de las adicciones, 2,919 personas ya inducidas en las adicciones para tratamiento y rehabilitación. Siendo Cancún el municipio con más atención contra las adicciones con 1, 403 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación; seguido de Cozumel con 727 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación; Chetumal con 396 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación y por último Playa del Carmen con 393 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación.

VI.- Es importante que el Gobierno Federal destine mayores recursos para crear clínicas de rehabilitación en varios puntos estratégicos del estado para atender desde estos sitios el grave problema de las adicciones y su impacto en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades de salud del Estado de Quintana Roo, para evaluar la viabilidad financiera de establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún, con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones de los jóvenes de la región.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






19.- Por el que se solicita información sobre las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de un dictamen de dos proposiciones en relación con la privatización del IMSS y del ISSSTE.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

1. Con fecha 22 de Julio de 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo por  el que exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. José Antonio González Anaya, que informen a esta soberanía y a la ciudadanía en general, sobre los rumores existentes sobre la privatización del IMSS.

2. Con fecha 22 de Julio de 2015, de los diputados Mario Alberto Dávila Delgado, María Elia Cabañas Aparicio, María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Fernando Salgado Delgado, Alma Marina Vitela Rodríguez, Raquel Jiménez Cerrillo, Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos, Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Rubén Benjamín Félix Hays, Lizbeth Loy Gamboa Song, Blanca Jiménez Castillo, Simón Lomelí Cervantes, Ma. del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza, Micaela Rodríguez Zamora, Jessica Salazar Trejo y Juan Ignacio Samperio Montaño, todos de la Comisión de Salud, presentaron una proposición con punto de acuerdo a la Comisión Permanente por el que se exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informen a la ciudadanía y a los diputados federales, acerca de la situación actual del Sistema Nacional de Salud entorno a la supuesta privatización de los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas.

3. Con fecha 29 de Julio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos.

4. Con fecha 5 de agosto de 2015, el Dip. Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a los Directores Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen públicamente su posición en relación al tema de la privatización  y subrogación de servicios médicos

En la misma  fecha la Presidencia de la MesaDirectiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de acuerdo se turnarán para su estudio y elaboración de dictaminen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguientes:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala expresamente en sus consideraciones:

“Que en nuestro país, el derecho al acceso a la salud se encuentra establecido en el artículo 4° de nuestra Constitución, y para cumplir con dicho precepto se ha creado todo un Sistema Nacional de Salud, que incluye hospitales e institutos, incluyendo el IMSS y el ISSSTE.

Asimismo dentro de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Salud establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

Por su parte, el Seguro Social, es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de su propia ley. Este seguro está administrado organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.

El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

De acuerdo al INEGI, a junio de 2014, el IMSS atendía a aproximadamente a 57,952,000 derechohabientes, concentrando la mayor proporción de derechohabiencia en relación a los demás institutos de salud, ya sea pública o social.

En días recientes, se ha intensificado de manera importante, sobre todo en redes sociales, los rumores que señalan que existe la intención del gobierno federal, en contubernio con los legisladores federales de “privatizar” el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como excluir de los servicios de salud la atención a pacientes que padecen enfermedades crónico degenerativas como el cáncer o la diabetes.

Lamentablemente, este rumor ha ido creciendo como bola de nieve, sin que la presente fecha se haya proporcionado una postura oficial, ya sea negando o afirmando los rumores, generando entre la población general y sobre todo entre los derechohabientes del Seguro Social, una molestia y enojo que parte de la incertidumbre derivada de la desinformación.

Por lo que es necesario que en cumplimiento al derecho de información que se encuentra establecido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, la persona encargada de llevar las riendas de la política pública en materia de salud en nuestro país, así como del instituto de seguridad social más importante, se pronuncien de manera oficial, con toda claridad y a la cara de la ciudadanía la veracidad o no de los rumores existentes, para la tranquilidad de millones de ciudadanos que se ven afectados por tales dichos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. José Antonio González Anaya, a que informe a esta Soberanía y a la ciudadanía en general, sobre la existencia de acciones tendientes a privatizar algún servicio o esquema de la institución a su cargo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, a que informe sobre la posible exclusión de atención médica a pacientes que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa como lo es la diabetes o cáncer en los Servicios Públicos de Salud.

2.- De la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar acerca de la situación actual del sistema nacional de salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas, establece expresamente en sus consideraciones:

“Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

“TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD… Y ESTABLECERA LA CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, CONFORME A LO QUE DISPONE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE ESTA CONSTITUCIÓN”.

Lo anterior con el objeto que toda persona esté en condiciones de acceder a un desarrollo biopsicosocial óptimo que le permita desenvolverse en su comunidad, transformar su entorno y la sociedad misma, así como acceder y elevar su calidad de vida.

En este tenor, es de reconocer que hablar de la salud implica un fenómeno multidimensional que el Estado Mexicano afronta de manera activa y efectiva, pese a un elemento que trastoca de manera sustancial la observancia a este derecho, es decir, el crecimiento polinomial de la población y que implica generar acciones innovadores que permitan asegurar todos y cada uno de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de que gozamos cada uno de los mexicanos.

Que bajo estos esquemas de la búsqueda del bienestar común, surge la imperiosa necesidad de garantizar el pleno derecho a la salud de todos los Mexicanos; tanto es así, que bajo cualquier auspicio de incertidumbre en este hecho, generará preocupación en la ciudadanía.

No obstante lo expuesto, dados los efectos de la globalización y del desarrollo de la tecnología y comunicaciones, en las últimas semanas, en las redes sociales y mediante volantes se ha divulgado una información que a la letra señala:

“DIFÚNDELO ATENCIÓN

POR FAVOR ! No lo ignores compártelo. A partir del mes de agosto: El IMSS, ISSSTE, ISEMYM se convertirán en un solo SEGURO UNIVERSAL. Así que podrás asistir a recibir atención a cualquiera de estas instituciones;  pero por enfermedades simples; por lo que respecta a las enfermedades crónicas degenerativas saldrán del cuadro de cobertura. Ósea que ya nos van a costar si necesitas diálisis, cirugías, tratamiento para cáncer, hipertensión, etc. Todo tendrá un costo aunque seas asegurado, pensionado, solo habrá medicamento para lo básico, la insulina, tratamiento para la presión, cáncer será por cuenta de tu bolsillo. Ah, pero eso si nuestras cotizaciones serán las mismas y más altas.

El gobierno, no quiere que te enteres, ya que podría ocasionar una rebelión del pueblo que requiere de la atención médica. La justificación es que la seguridad social "está en quiebra", saqueo que hizo el gobierno y que nunca se le pidió rendición de cuentas. Difundir.”

Así como,

JAQUE IMSS

REFORMA IMSS

- PRIVATIZAR IMSS (VENDERLO)

- SOLO SERVICIOS BÁSICOS.

- SIN ATENCIÓN A DIABETES, CANCER, HIPERTENSIÓN, ETC…

- PAGAR ASEGURADORA DE SERVICIOS SALUD PRIVADOS.

 Y NOSOSTROS CRUZADOS DE BRAZOS.

COMPARTE.”

Y, IMSS

Hoy acudimos a consulta al seguro social ya que mi hija de 18 años es diabética y nos encontramos con la noticia que gracias a la nueva reforma de salud, pronto ya no tendrá derecho a insulina ya que el seguro dejará de cubrir muchos medicamentos para enfermedades crónicas entre ellas la diabetes.

Con un sueldo mínimo podremos comprar insulina que tiene un valor de 852 pesos.”
Se puede decir que dicho rumor tiene base en información no oficial que también circula en redes, de la cual destaca la siguiente:

El Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, lleva varias semanas difundiendo que el sindicato se vendió para aprobar las reformas mediante las cuales se hará desaparecer el Seguro Social. Según este movimiento, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social está impulsando una generación de nuevas reformas integrales que dice, permitirían la privatización y/o subrogación de servicios como es el caso de laboratorio, cirugías y hasta de los servicios de intendencia.

Martha Medina, enfermera activa con 24 de antigüedad en el Estado de México e Ismael Bautista, presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, frente a más de 250 trabajadores activos y jubilados del instituto, manifestaron que realizan los foros con el objetivo de que conozcan el trasfondo de las reformas que se proponen y que están basadas en el Seguro Universal. Añadieron que con este seguro más de 60 millones de derechohabientes perderán el derecho a la seguridad social, debido a que las unidades médicas sólo darán atención básica a las enfermedades prioritarias. Y explicaron que los pacientes que padezcan de alguna enfermedad crónica, como diabetes, cáncer, leucemia, entre otras, tendrán que pagar una póliza de seguro para que puedan ser tratados, como sucede en Estados Unidos.

Asimismo, se han circulado fotos de supuestas listas con los costos que tendrán los diferentes servicios que otorga el IMSS.

Dicha situación ha provocado incertidumbre y un elevado desconcierto tanto en la población derechohabiente a los servicios de salud pública, así como de la población en general, lo cual de así considerarse por parte del Estado implicaría severas afectaciones y acciones que además de menoscabar los derechos antes referidos, van en detrimento de una importante infraestructura (humana, tecnológica, material y de obra pública) de entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de la propia Secretaría de Salud y del Gobierno Federal.

En este sentido, resultaría improbable medir ciertamente el impacto que generan las redes sociales bajo las cuales se ha dispersado tal información. Pero tampoco es desconocido que hoy en día, éstas se han convertido en uno de los principales medios de comunicación e información. Tal y como lo explica Castells (1999), estamos en la era de la comunicación y la información, donde las nuevas tecnologías son dominantes, y es en este marco donde las redes sociales han cobrado una gran importancia.

Aun y cuando se ha catalogado como un medio que ofrece un canal de información inmanejable y vasta, se podría afirmar con certeza que está influyendo en la democratización de los sistemas políticos. Bajo esta aseveración, resulta inminente cuestionar a las autoridades competentes respecto a la veracidad de ésta información, sin menoscabo de sus atribuciones, y acudiendo al derecho de acceso a la información que tenemos los mexicanos, establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese tenor, los datos que se difunden, aunque carecen de sustento al no haber sido emitidos por una Autoridad en la materia, como lo es la Secretaría de Salud, han causado en la ciudadanía incertidumbre, desconfianza y sobre todo molestia; y más aún por la indiferencia de la Autoridad Competente ante tales rumores.

Atento a lo anterior, como legisladores federales estamos conscientes que la vía legal para el caso de una privatización en el sector salud, consiste en Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y posteriormente las reformas a las Leyes secundarias; sin embargo, consideramos de suma importancia que ante la magnitud de los rumores, el Ejecutivo Federal esclarezca la situación del Sistema Nacional de Salud sobre todo la supuesta privatización de los servicios de segundo y tercer nivel que ofrecen el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud; estimando necesario que tales Titulares acudan ante la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados para esclarecer la autenticidad de la información en comento.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera  respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informen a la ciudadanía y a los Diputados Federales, acerca de la situación actual del Sistema Nacional de Salud en torno a la supuesta privatización de los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas; así mismo para que los titulares de estas dependencias celebren una reunión de trabajo con la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados  a fin de que aclaren la situación actual del Sistema Nacional de Salud.

3. El legislador Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En esa virtud, el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a un número creciente de mexicanos. Sin embargo, en fechas recientes se han difundido versiones surgidas en redes sociales y entre la población, sobre la privatización del sistema de salud y la amenaza que representa para el ejercicio de este derecho humano.

Para quienes suscriben el presente punto de acuerdo, esta iniciativa pretende trastocar el derecho humano a la salud y la obligación del Estado de proporcionar servicios gratuitos y de calidad a quienes lo demanden.

El pretexto es crear el Sistema Universal de Salud, como está previsto en la iniciativa presentada por el Senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), el 1° de noviembre de 2014. En realidad la aprobación de esta iniciativa representaría el inicio del desmantelamiento total y fulminante del seguro social, como derecho social de los mexicanos, construido a lo largo de muchas décadas.

La propuesta del PAN coincide puntualmente con la concepción neoliberal del PRI, con las reformas que ya se han hecho en materia energética y educativa. En este caso se pretende adoptar la propuesta de Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan; su origen se remonta a 1995 cuando se reformó la Ley del Seguro Social para privatizar los fondos de pensiones y tiene la misma orientación que el Seguro Popular de naturaleza excluyente.

Para nosotros ambas reformas, la de 1995 y la que ahora prepara la Secretaría de Salud, intentan separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación de servicios, a fin de generar competencia de mercado, con el supuesto de que se mejorará la calidad. Sin poder mostrar hasta ahora evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la calidad, ni que genere mayor eficiencia. Esto solo son premisas o mitos neoliberales puros.

Dicha propuesta, está envuelta en un supuesto atractivo “Sistema Universal de Salud” que, según la iniciativa panista, acabará con la segmentación del sistema público y permitirá establecer igualdad de derechos para todos los mexicanos. Sin embargo, no está explícito el contenido y funcionamiento del nuevo sistema, se esconde el significado real de la propuesta que en realidad tiene dos objetivos: por un lado promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones públicas, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastocan la prestación de servicios médicos ofrecidos a sus derechohabientes.

Los problemas de fondo del sistema público de salud en México son su crónico subfinanciamiento y su carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo. Tiene, además, el gasto público per cápita –US$ 320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual –84 por ciento– más bajo de este indicador de toda América Latina de 2002 a 2013. Esto explica la carencia de infraestructura y falta de personal de salud que afecta negativamente la oportunidad y calidad del servicio. Ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios frente al cambio demográfico y epidemiológico que sufre la población del país; todos mantienen un déficit grave de personal regular y muchas operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos con independencia de sus características personales o inserción laboral.

La propuesta, que ahora pretende adoptar la Secretaría de Salud, es restrictiva porque sólo determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente como las del Seguro Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera cuestionables; con la obligación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de prestarlo, en situación precaria. En las actuales condiciones de carencias de las instituciones públicas, la medida tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los derechohabientes del seguro social.

Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención del PGES a los prestadores privados, pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a los privados; recursos que serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está dando en Chile, donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica que promueve el aseguramiento en salud, porque orilla a los que tienen capacidad económica a resolver la falta de atención, comprando seguros privados de salud.

Dicha propuesta a demás excluye a los que no están asegurados, que según la Encuesta Nacional de Salud 2012 constituyen de 21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado los promoventes.

Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo de reforma que está impugnada por las amplias evidencias negativas y está siendo crecientemente abandonada en el resto del mundo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, informe de manera inmediata, si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores recursos a las instituciones públicas de salud y seguridad social.”

4.- Del diputado Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el queexhorta a los Directores Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen públicamente su posición en relación al tema de la privatización  y subrogación de servicios médicos, donde señala expresamente en sus consideraciones:

“Durante las últimas semanas se han difundido diversos rumores en relación a una supuesta reforma al sistema de salud, la que implicaría una privatización de los institutos de seguridad social (IMSS e ISSSTE), de tal modo que los afiliados a ellos tendrían solamente derecho a un paquete de servicios básicos, por lo que tratándose de atención médica de un padecimiento que no esté considerado dentro de ese paquete, el afiliado tendría que contratar con una aseguradora privada la cuota que ella determine a través de un pago a descontarse del sueldo del afiliado.

Si bien es cierto que la Secretaría de Salud así como algunos funcionarios  del IMSS y del ISSSTE han hecho declaraciones públicas sobre este tema, hace falta que sean precisamente los Directores Generales  de ambos institutos los que deberían expresar públicamente su posición , ante los rumores insistentes que culminaron con un plantón y una marcha el pasado fin de semana, en la que se agregaron mayormente grupos de derechohabientes de ambos, así como organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), aprovechando esas versiones y el hecho de ser derechohabientes del ISSSTE.

Dadas las condiciones en las que se encuentra el país, tanto económicas como sociales, una postura de los Directores de los Institutos de Seguridad Social será bienvenida para atemperar una protesta más de grupos de toda naturaleza que ponen en peligro la paz social necesaria para el desarrollo del país.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Directores Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen públicamente su posición en relación al tema de la privatización  y subrogación de servicios médicos, con la finalidad de que la opinión pública y, principalmente, los trabajadores de esos institutos, tengan una versión oficial de estos temas, de los cuáles la Cámara de Diputados no tiene noticia oficial.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente queremos mencionar que el derecho a la salud es un derecho fundamental tutelado por el artículo 4, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

II.- Esta Dictaminadora comparte el criterio de que el Estado debe velar por el derecho a la salud de las personas, ya que el artículo sexto de la Ley General de Salud señala que el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primordial proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; por lo que el privatizar los servicios de salud de segundo y tercer nivel que brindan las instituciones correspondientes contravendría dicho derecho consagrado por la citada ley, ya que esto generaría una disminución o detrimento en la calidad de los servicios de salud que brinda el Estado.

Otros objetivos del Sistema Nacional de Salud, son contribuir al desarrollo demográfico armónico del país, apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida, impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud,  promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

III.- La Segunda Comisión reitera que la salud es un derecho indispensable para poder llevar a cabo el ejercicio de los demás derechos humanos, por lo que todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud que sea posible con la finalidad de  vivir de manera digna y plena, por lo que para poder alcanzar este objetivo, se deben tener en cuenta tanto las condiciones biológicas, sociales y económicas primordiales de las personas, como los recursos con los que el Estado cuenta. Consideramos oportuno mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad, por lo que alrededor de 150 millones de personas en el mundo cada año se encuentran en una situación financiera catastrófica y otros 100 millones se ven obligadas a vivir al borde de la pobreza debido a sus gastos sanitarios.

IV.- Los legisladores y legisladoras de esta Segunda Comisión queremos expresar que ante los diversos rumores propagados en redes sociales sobre la presunta privatización de los servicios de salud, nosotros como legisladores no hemos recibido ninguna propuesta presentada al Congreso, relativa a la reforma de salud en la que se diga sobre la privatización de servicios, así como de la fusión del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, pues estas instituciones conservan en todo momento su régimen jurídico actual. Tenemos conocimiento que el IMSS mantiene la atención a sus derechohabientes y sus trabajadores continúan laborando en apego al contrato colectivo de trabajo que los rige. Privatizar los servicios de salud, requiere de una reforma que debe pasar por el Congreso de la Unión. También es importante para este dictamen precisar los alcances del concepto de privatización de un servicio público, que significa transferir una empresa o actividad pública al sector privado,  una operación que hoy realiza un órgano público ser realizada por una empresa privada.

V.- Sobre los hechos públicos, queremos mencionar que, el pasado 24 de julio, en una gira de trabajo por Chihuahua, donde encabezó, junto con el gobernador de la entidad, la firma de dos convenios con la Secretaría de Salud y uno más con el DIF estatal, José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, negó los rumores sobre la privatización de los servicios de salud y afirmó que se trabaja por su mejora, expresando textualmente "Es absolutamente falso que se vaya a privatizar el IMSS o el ISSSTE, la seguridad pública. Hay un compromiso de la administración de mejorar la cobertura y la calidad de los servicios médicos”.

VI.- Esta Segunda Comisión coincide en la necesidad de transformaciones el modelo de financiamiento y de atención médica deben responder a la transición demográfica y epidemiológica de la población, por lo cual se requiere de mejorar la atención médica, con cambios que estén encaminados a dar mayor viabilidad a los servicios médicos y recuperar la estabilidad financiera de las instituciones relacionadas con la salud, por lo que la atención en materia de salud y seguridad social que proporcionan estas Instituciones deben continuar brindándose sin costo alguno a sus derechohabientes como ha sido siempre.

VII.- Es del conocimiento de esta Segunda Comisión que el viernes 31 de julio mediante un comunicado la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, emitieron un comunicado, en donde reiteran que:

 “Con el objeto de mantener debidamente informada a la población, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desean reiterar con toda claridad que no se van a privatizar los servicios de salud pública que prestamos en estas instituciones.  Por el contrario el compromiso es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio de todos los mexicanos”. Comunicado de Prensa del IMSS. No. 310715. Sitio en internet: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201507/310715

XI. Sobre los hechos de privatización del sistema de salud,  a opinión de esta Segunda Comisión estamos en la obligación de constatar los hechos sobre los que se sustentan las dos proposiciones en análisis, que tienen como fuente las versiones de los medios de comunicación y las redes sociales.

XII. Por lo tanto, los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos que contamos con facultades de fiscalización sobre el ejercicio de los recursos públicos como órgano de representación del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.

XIII.- Consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unióndebe solicitar al Titular del Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, informen a esta Soberanía y a la ciudadanía en general, sobre la existencia de acciones tendientes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicita a los Titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, informen a esta Soberanía en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






20.- Por el que se solicita difundir el Programa Súmate ENFA - Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en relación al Programa Súmate ENFA -Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones-.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de julio del 2015, lasSenadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas,integrantes del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

1.- De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2014, publicado por la Organización de las Naciones Unidas, el consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas[*].

En el año 2012, la ONU informó que a nivel mundial hubo un total aproximado de 183,000 muertes relacionadas con las drogas, que corresponde a una tasa de mortalidad de 40 muertes por cada millón de personas en la población de entre 15 y 64 años de edad[*].

Así, se calcula que en el año 2012, entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3.5 por ciento al 7 por ciento de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita.

2.- En México, la Encuesta Nacional de Adicciones en su edición 2011 se llevó a cabo en 17 mil 500 viviendas a lo largo y ancho del país, realizándose con el objetivo de medir la incidencia en el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, en distintos sectores poblacionales de nuestra sociedad, la cual si bien no refleja la totalidad de la realidad del problema de las adicciones y el consumo de drogas en México; sin embargo, da un panorama de la situación en la que nos encontramos.

Entre los resultados a destacar dicha Encuesta reveló que la población de 12 a 65 años consumió más alcohol en el 2011 (51.4 por ciento) en comparación con el 2008 (44.1 por ciento).[*]

De igual forma que entre los adolescentes de 12 a 17 años de las ciudades, se reportó que la mariguana es la droga de mayor consumo y que este grupo poblacional reportó niveles de frecuencia de su uso de 20 días o más en el último mes.[*]

Asimismo, la Encuesta señala que 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato reportan haber consumido alguna vez en su vida una droga ilegal.

3.-Derivado del contexto anterior, el Estado Mexicano ha implementado una serie de mecanismos y estrategias tendientes combatir las adicciones, entre las cuales destacan:

a).- Poder Legislativo:

La Ley General de Educación, que en su artículo 7°, fracción X, señala que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

Esta disposición debe ser atendida por todas las instituciones que imparten la educación básica, que incluye: preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria; es decir, abarca de los cinco a los 18 años de edad.

Por otra parte, la Ley General de Salud en su Título Décimo Primero establece los Programas contra las Adicciones en donde contempla aspectos enfocados al alcoholismo y la farmacodependencia y aspectos destinados a la atención de estas adicciones en niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el artículo 185 en su fracción II, señala que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva.

Por su parte, el artículo 192 Ter, fracción I, establece que en materia de farmacodependencia la Secretaría de Salud desarrollará campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos de la farmacodependencia, especialmente hacia los sectores más vulnerables, a través de centros de educación básica.

b).- Poder Ejecutivo:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en el Eje: México Incluyente, realizar políticas encaminadas a la reducción de la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas por medio de acciones orientadas a la protección y prevención.

Derivado de la anterior, en el mes de enero del presente año se presentó elPrograma de Prevención y Atención de las Adicciones a través del cual se realizan campañas de difusión en donde se informa a la población sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, poniendo especial énfasis en la prevención de las adicciones y en el fortalecimiento de los centros de atención primaria y de integración juvenil que conforman la red de prevención, detección oportuna y tratamiento de adicciones, a partir de las siguientes líneas de acción:

• Reforzar medidas para evitar el consumo de drogas. 

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención de las personas que requieran de tratamientos contra las adicciones.  

• Fortalecer la formación y especialización de quienes atiendan los problemas de adicción.

• Fomentar la investigación científica y tecnológica contra las adicciones.  

De igual manera, en México contamos con la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la cual tiene como finalidad promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social.

Asimismo, para fortalecer la estrategia en contra de las adicciones en el país la Administración Pública Federal cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y el Control de la Adicciones (CENADIC), a través del cual se promueve la coordinación de los sectores público, social y privado para lograr una red de servicios integrales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de las adicciones, con cobertura nacional y de calidad.

4.-Aunado a las anteriores acciones, el 22 de julio pasado, el Presidente de la República presentó el Programa Súmate ENFA(Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) que es un Convenio firmado entre las Secretarías de Salud, Defensa y Marina, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones, a través de las cuales personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa serán capacitados para hacer conciencia en la población sobre el grave problema de salud pública y con ello, también, contribuir para mantener la paz y la seguridad en el país.

Lo anterior, a través de las Líneas de Acción siguientes:

• Reforzar las medidas para evitar el consumo de drogas.

• Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención.

• Fortalecer la formación y especialización de quienes atienden las adicciones. Fomentar la investigación científica y tecnológica contra las adicciones.

• Los efectivos militares y jóvenes que prestan su servicio militar se sumarán a las labores de promoción. 

5.- Es innegable el esfuerzo y trabajo que está realizando el Estado Mexicano en la prevención y atención de las adicciones. Por ello, es necesario que ls entidades federativas se sumen a estos esfuerzos y diseñen políticas que desde lo local, fortalezcan y potencien los alcances de las estrategias nacionales y atiendan los focos de alerta en donde la mayor incidencia de adicciones se presente en su localidad.

Por lo anterior, el presente Punto de Acuerdo exhortará a las Entidades Federativas para que a través de las instancias correspondientes, difundan el Programa Súmate ENFA y coadyuven en su ejecución.

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:”.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo;

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las Entidades Federativas para que a través de sus instancias correspondientes difundan el Programa Súmate ENFA (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) y coadyuven en su ejecución.”.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones publicada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en 2011, 71.3 por ciento de la población de entre 12 a 65 años, acepto haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que en 2008, esta cifra era de 61.3 por ciento, esto significa que en 3 años aumento 10 por ciento el consumo de alcohol. De 2002 a 2011, la dependencia de alcohol aumento en los hombres de 8.3 por ciento  a 10.8 por ciento  y en las mujeres de 0.6 por ciento a 1.8 por ciento, lo que significa que un 6.2 por ciento de los encuestados acepto tener una dependencia del alcohol. En la encuesta citada, los estados que presentan mayores índices de adicción a las bebidas alcohólicas son; Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, y en la región norcentral son Coahuila, Chihuahua y Durango. En la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 en el apartado de drogas ilícitas, se mantuvo un crecimiento moderado ya que en 2008 era de 1.6 por ciento de la población, en 2011, tuvo un crecimiento de 0.2 por ciento, llegando a 1.8 por ciento de la población, es decir, de 450 mil personas adictas a 550 mil. De esta cifra, el 1.2% consume mariguana y el 0.5 por ciento, mientras que drogas inhalables con anfetaminas  y alucinógenos registraron un 0.2 por ciento de la población. De acuerdo a la encuesta mencionada la edad promedio en la cual las personas empiezan a consumir drogas ilícitas es de 18.8 años de edad.

II. Los estados que presentan mayores índices de adicción a las drogas ilícitas son; Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En cuanto a rehabilitación de personas adictas a las drogas, tan sólo 1 de cada 5 usuarios recibe atención y lamentablemente, en este ámbito también existe la discriminación por razón de género, ya que por cada 2.2 hombres sólo hay una mujer en tratamiento. En cuanto al consumo de tabaco, la ENA 2011 señala que existen 17.3 millones de fumadores activos en México, de los cuales, 5.2 millones son mujeres y 12 millones son hombres. El consumo de tabaco se disparó en las y los adolescentes y hay 1.7 millones de adolescentes entre 12 y 17 años que fuman, de los cuales 1.1 millones son hombres y 539 mil mujeres. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares 2014, en nuestro país cada persona fumadora gasta en promedio una suma aproximada de cinco mil 200 pesos en la compra de cigarrillos.

III.- La Segunda Comisión tiene conocimiento de la prevalencia en el consumo de drogas permaneció estable alrededor del mundo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2014 se informó que cerca de 243 millones de personas, un 5 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años de edad, han consumido una sustancia ilícita durante 2012. Hubo alrededor de 27 millones de consumidores de drogas problemáticas, equivalente a grandes rasgos al 0.6 de la población adulta en el mundo, o lo que es lo mismo, una de cada 200 personas. El abuso de substancias psicotrópicas representa uno de los problemas más severo de la salud pública de México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la incorporación de las Fuerzas Armadas a las labores de prevención de las adicciones, para que la sociedad esté mejor informada y conozca los riesgos de consumir alguna sustancia ilícita, se consideraran cuatro líneas de acción: reforzar las medidas para evitar el consumo de drogas; mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención; fortalecer la formación y especialización de quienes atienden los problemas de adicción y fomentar la investigación científica y tecnológica contra las adicciones.

IV.- El caso de Súmate ENFA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, que promoverá la prevención y atención de dicciones en adolescentes y jóvenes. En una primera etapa se capacitarán a más de 7 mil soldados y marinos en la promoción de estilos de vida saludable para que a su vez informen a 43 mil jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas. La meta para el 2018 es capacitara 770 mil promotores y beneficiar a 7.7 millones de personas. Se fortalecen las tareas de los Consejos Estatales y Municipales contra las Adicciones, y los centros de atención y prevención que suman 454 unidades médicas, distribuidas en todo el territorio nacional.

V.- Esta Segunda Comisión considera que el combate a las adicciones es un problema de salud pública donde cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Salud -de acuerdo a la Ley General de Salud- debe coordinarse en el ámbito de sus competencias para difundan el Programa Súmate ENFA (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) y coadyuven en su ejecución.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetosamente a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que a través de sus ámbitos de competencia difundan el Programa Súmate ENFA - Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones- y coadyuven en su ejecución con el objetivo de prevenir y abatir las adicciones entre la población.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






21.- Que exhorta a considerar la creación de unidades de niñez y adolescencia y establecer políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la proposición con punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos a crear unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias a efecto de que sean un mecanismo que dé seguimiento, evalúe acciones y establezca políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia, presentada por la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de julio de 2015, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Que es importante mencionar que el avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección enuncian que:

I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos;

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo;

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional;

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema Nacional de Protección, y en lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia.

Cabe destacar que en la discusión de la iniciativa preferente, uno de los grandes logros del Congreso de la Unión fue la inclusión de los representantes de la sociedad civil con voz y voto.

Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema.

Previo a la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral es que se propone este punto de acuerdo con el objeto primordial de que la operatividad de este sea eficiente y se garanticen plenamente los derechos de la niñez y la adolescencia.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos, a crear Unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias a efecto de que sean un mecanismo que dé seguimiento, evalúen acciones y establezcan políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia, y de esta manera, se genere una efectiva coordinación operativa con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral el cual será el encargado de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, al día veintidós del mes de julio del año dos mil quince.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito,ya que como lo establece la reciente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Como referencia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

Así como en su Capítulo Tercero, el artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral. Así mismo en su artículo 127, establece la conformación del Sistema para lo cual resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

II.- Esta Dictaminadora considera que es importante resaltar que las unidades de niñez y la adolescencia que se creen al interior de las instancias de las dependencias de la Administración Pública Federal su objetivo sea brinda atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, a través de modalidades.

Por lo que contar con un Sistema capaz de producir, analizar, procesar y proporcionar eficientemente información a la sociedad y a los actores tomadores de decisión, resulta fundamental en la construcción del desarrollo del país. No existe desarrollo sin planificación, ni existe planificación sin información estadística. En este sentido, disponer de un Sistema de Información sobre Niñez y Adolescencia es condición indispensable en el seguimiento y monitoreo de sus derechos; así como en la evaluación y proyección del grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado atinentes a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

III.- La Segunda Comisión reitera que es importante la construcción y mantenimiento de un Sistema técnicamente confiable y oportuno, también facilitaría la producción de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y familia; y por esta vía se contribuiría a la formulación de políticas públicas, planes, programas y estrategias que propendan a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos, a considerar la creación de Unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias y establezcan políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia, y de esta manera, se genere una efectiva coordinación operativa con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral el cual será el encargado de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de agosto de2015.

SEGUNDA COMISIÓN






22.- Que exhorta a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la reforma educativa.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen diversas proposiciones con punto de Acuerdo en relación a los derechos de las niñas y niños y los derechos laborales de los maestros en el sistema educativo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de junio de 2015, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita un Dialogo Nacional por la Educación, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. Con fecha 24 de junio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la agrupación MORENA y el Senador Manuel Bartlett Díaz miembro del Partido del Trabajo,se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

3. Con fecha  de 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.

4. Con fecha 8 de julio de 2015, de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, al  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

5. Con fecha 29 de julio de 2015, delSenador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país.

6.- Con fecha 29 de julio de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, proposición con punto de Acuerdo por el que solicita elevar la eficiencia terminal como parte de la reforma educativa.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES

1.- Del Senador Armando Ríos Piter, en relación al punto de Acuerdo por el que convoca a un Dialogo Nacional por la Educación, señala expresamente en sus consideraciones:

“El pasado 3 de junio, se presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, mediante el cual se solicitó: “La comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet Chemor y de la Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, con el objeto de explicar las razones de la suspensión del proceso de evaluación e informar los avances de la implementación de la reforma educativa, respectivamente”. Dicha solicitud se derivó del comunicado No. 129, emitido el 29 de Mayo de 2015, por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunciando la suspensión indefinida de los procesos de evaluación educativa por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”.

El 8 de Junio de 2015, el Secretario de Educación, dio a conocer un comunicado sobre el mismo tema, dirigido al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que informó:

Que “los procesos de evaluación habrán de seguir durante el resto del sexenio como una herramienta fundamental de la Reforma Educativa y que esta decisión se tomó con la finalidad de salvaguardar los derechos de los participantes en los concursos a nivel nacional……”

Advirtió, “que respetarían las fechas marcadas por el INEE, que no hay ni suplantación de facultades, ni detención de las reformas, ni mucho menos el deseo de cancelar la evaluación porque, sin ella, no habría Reforma Educativa”.

En conclusión señaló que, “el boletín obedeció a dos razones: una de carácter técnico por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesaria. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país”.

El punto central que originó este debate, es el comunicado que suspendió la evaluación educativa, ante lo cual ya hubo una respuesta de titular de la SEP, sin embargo, ante la próxima comparecencia del Secretario Emilio Chuayffet Chemor, no es posible concentrar la discusión en este tema, cuando hay otros más importantes, que mantienen al tema educativo en una grave crisis en nuestro país.

El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante la falta de capacidad para resolver un conflicto magisterial que lleva meses activo en el país, que viola derechos de una generación entera de infantes. No podemos tener desatendido y mal capacitado a uno de los gremios más importantes para el desarrollo de una nación, así mismo, hay que trabajar para erradicar toda práctica de corrupción que inunda su vida sindical.

Para arreglar el conflicto que hoy detiene las clases en las aulas, paraliza el tráfico en las calles, afecta la actividad productiva y empobrece con cada día de paro el futuro de la infancia y la juventud de este país, el primer paso es considerar a la mayor prioridad de cualquier sistema educativo: los alumnos.

El conflicto magisterial nos involucra a todos los aquí presentes, de alguna u otra forma, podemos considerarnos parte de las y los maestros de México. Nosotros enseñamos con cada acción que tomamos y con cada inacción también. Somos referentes para muchos. Especialmente para las niñas y los niños que nos rodean.

Es momento de poner en el centro de la mesa a la infancia y la juventud de México y a la calidad de la educación pública a la que tienen acceso. Hay que buscar que nuestros alumnos tengan una educación que sea competitiva a nivel internacional. Que les agregue valor a sus vidas y que se traduzca en oportunidades de progreso en lo individual y también en lo colectivo; en las comunidades y en el país. Hay que reivindicar el papel del docente como centro del sistema educativo con mejores prestaciones y una vida digna.

La preocupación en el tema no es menor, de acuerdo al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2000 a 2012:

En todas las ediciones de la prueba PISA, el país obtuvo la calificación promedio más baja entre los países de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.

Los alumnos mexicanos obtuvieron un puntaje promedio en matemáticas de 413 (promedio OCDE: 493). A pesar de dicho avance, el porcentaje de alumnos mexicanos por debajo del nivel de suficiencia (nivel 2) sigue siendo notoriamente alto (55 por ciento contra 23 por ciento en promedio en países OCDE y 40 por ciento en promedio para países con niveles de ingreso per cápita similar a los de México).

México no sólo está lejos del promedio de la OCDE (13%) y en los últimos lugares, sino que está por debajo de su desempeño esperado dado su nivel de ingreso, gasto y características del sistema educativo. De acuerdo con el estudio, dadas sus características económicas, México debería tener 7% en los niveles 5 y 6.

Con estas prioridades, frente al conflicto magisterial necesitamos regresar al diálogo, necesitamos foros de entendimiento y necesitamos también traer más actores a la mesa. Hay que representar a todas las partes interesadas y que somos parte en el conflicto.

Uno de los objetivos centrales de estas mesas debe ser el tema de las evaluaciones que, como lo sostuve al momento de la aprobación de la reforma educativa, deben incorporar el contexto geográfico y socioeconómico que enfrentan maestros, alumnos y padres de familia en las diversas escuelas que existen en México. Insisto nuevamente, si no tomamos estos factores en cuenta, entonces caeremos en el riesgo de que las evaluaciones sean entendidas como un instrumento de discriminación y castigo laboral, y no como instrumentos para medir el desempeño, la calidad educativa y apoyo a los docentes en su crecimiento profesional.

Tenemos que sentarnos a dialogar como legisladores, como padres de familia, tienen que estar los funcionarios del INEE, los directores de las escuelas, las organizaciones de padres de familia que son los primeros interesados, las ONG´s en materia educativa, tienen que estar sentados las y los líderes que representen la reserva intelectual del país, para que sean los testigos sociales de este proceso.

Frente a esta realidad de atraso generalizado en educación pública y de desarrollo regional tan dispar, reitero mi llamado a un Foro Nacional para un Nuevo Entendimiento sobre la Educación en México, que esté fundamentado en una metodología de solución de conflictos y que tenga como sede el Senado de la República, como símbolo del Pacto Federal y de un acercamiento de responsabilidad compartida para resolver el futuro de nuestro país a través de su infancia y juventud, y la calidad de la educación que reciben.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un diálogo entre autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, representantes de padres de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas y los niños de acceso a la educación, de reconocer y apoyar al personal docente que cumple con sus responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación.”

2. Del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la agrupación MORENA y el Senador Manuel Bartlett Díaz, por el que solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad, los legisladores proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El 2 de diciembre de 2012, PRI, PAN y PRD firmaron con el Presidente dela República lo que se conoció como el Pacto Por México, que contenía un conjunto de reformas a la Constitución y a la legislación secundaria, redactadas fuera de las Cámaras del Congreso y a espaldas de la representación popular. Antes que ser un ejercicio democrático de concertación el Pacto se convirtió en el instrumento de Enrique Peña Nieto para legitimar sus acciones de gobierno. La primera gran reforma impulsada desde el Pacto contra México fue la educativa, que no contó con el consenso ni el respaldo de la mayoría de los docentes.

El argumento que se esgrimió entonces fue que el Congreso de la Unión, atendiendo a la necesidad de los mexicanos para obtener una educación de calidad debía legislar para modificar los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 26 de febrero de 2013, contempló como eje principal implementar el servicio profesional docente, con la finalidad de fijar a nivel nacional las bases de ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo; estableciéndose, según sus promotores, como elemento primordial la evaluación en dicha actividad, a fin de contribuir a incentivar el desarrollo profesional del mismo, y así alcanzar una educación de calidad. Al introducir la disposición de sujetar el resultado de la evaluación a la permanencia, quienes impulsaron y aprobaron los cambios constitucionales, dieron un duro golpe al principio de estabilidad en el empleo, previsto en el Apartado B del artículo 123 constitucional, y por el que se rigen las relaciones laborales de los trabajadores de la educación, como entonces lo hicieron notar los diputados que militan hoy en MORENA. Ese es el origen de las protestas magisteriales que desde aquellas fechas se realizan en diversas partes del país.

Así, la Constitución establece que el sistema educativo evalúe los conocimientos y las aptitudes del docente activo o del aspirante, regulándose bajo el sistema de valoración las promociones en función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de los encargados de la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. En la Carta Magna se dio origen al servicio profesional docente, generándose no una reforma educativa sino laboral-administrativa, para dotar, según se dijo, de transparencia el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en servicio, así como para crear una institución autónoma: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Según los cambios introducidos en la Constitución, éste que tiene entre sus fines garantizar la prestación de servicios educativos de calidad con fundamento en el interés superior de la niñez, a través de ceñir su operación a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, lo cual se complementó con la posterior publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), a las que también se opuso MORENA.

Sin embargo, a pesar de lo estipulado en las leyes antes enunciadas, emitidas por el Congreso de la Unión, el pasado 29 de Mayo de 2015, la Secretaría de Educación Pública, de manera inesperada, y a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en el comunicado 129 la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”. Esta decisión reflejaba la inviabilidad de aplicar la reforma, sobre todo en las entidades donde existe una fuerte protesta magisterial, y atentaba contra la autonomía del INEE, lo que provocó protestas airadas de distintos sectores.

Una vez pasadas las elecciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, ofreció una conferencia de prensa para “garantizar” la aplicación de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el magisterio, como una herramienta fundamental de la reforma educativa, según dijo. De acuerdo con el calendario pactado entre la SEP y el INEE, los días 20 y 21 de junio se dio inicio con dicha evaluación. No obstante, surgieron problemas en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán que pusieron en tela de juicio dicho ejercicio, lo que ha motivado la solicitud de que los gobernadores de las mencionadas entidades informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los problemas que están enfrentado la reformas para su aplicación.

En el marco del proceso de evaluación docente, los maestros de la SNTE del estado de Veracruz se sometieron a la aplicación de la Evaluación para la Promoción a Funciones de Dirección, Supervisión Escolar y Asesoría Técnica Pedagógica. A pesar de que las autoridades educativas de la entidad reportan avances, nosotros dudamos de que los haya, pues la evaluación diseñada desde las reformas legales tiene un carácter punitivo que la vicia de origen.

Al ser evaluados un total de mil 989 maestros veracruzanos de los dos mil 214 registrados no dudamos de la convocatoria, más bien nuestras interrogantes tienen que ver con el uso que se le pretender dar a sus resultados, por lo que creemos conveniente invitar a una reunión de trabajo al gobernador de Veracruz, con el objeto de que nos informe, al igual que lo harán los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán en días próximos, así como de las dificultades que está teniendo en la entidad la aplicación de la reforma educativa.

Para MORENA uno de los temas más importante de las familias mexicanas gira alrededor del futuro educativo de sus hijos, de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a partir del esfuerzo y la preparación.

El debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas de los partidos políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social alcanzado por el Constituyente de 1917, solicitado por la clase trabajadora y asumido como una prioridad por José Vasconcelos, como una condición fundamental para mantener la salud del tejido social de la República. En este sentido consideramos que es indispensable que el gobernador de Veracruz informe a está soberanía, el estado que guarda el programa de evaluación docente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asista a una reunión de trabajo para que informe, de manera pormenorizada, sobre el estado que guarda la evaluación educativa en la entidad, derivada de las reformas constitucionales y legales en la materia.”

3. Con fecha de 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas,el legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El fin de semana pasado se llevaron a cabo los concursos de oposición para el ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección (directores, subdirectores y jefes de departamento de las escuelas), supervisión y asesoría técnica pedagógica en la Educación Media Superior en 29 entidades federativas. [*]

La Secretaría de Educación Pública informó que el total de participantes programados fue de 40 mil 672:

36 mil 263 para ingreso a funciones docentes y técnico docentes fueron;
4 mil 409 participantes para promoción;
3 mil 703 a cargos de dirección
475 a cargos de supervisor,
y 231 a asesoría técnica pedagógica.
La participación contabilizada durante la jornada de dos días fue de 29 mil 831 sustentantes, equivalente al 73.3 por ciento.

Junto con los concursos de oposición para promoción en Educación Básica se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22 de junio, conforme el calendario establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se avanza un palmo más para la concreción de uno de los pilares de la Reforma Educativa, que es la evaluación docente.

Desafortunadamente, como todos sabemos, este proceso no ha estado exento de escollos. En el proceso de evaluación de los días 20 a 22  de junio, a petición de los gobiernos de los estados de Michoacán y Oaxaca, debió reprogramarse el proceso, al no reunirse las condiciones de certidumbre que garantizaran el proceso, mismo que a la fecha ha sido repuesto. Asimismo, fue preciso que en Chiapas, igualmente, ante hechos de violencia, fuera necesario posponer la aplicación de los exámenes a 294 participantes.

No obstante que en términos globales es digno de reconocerse el éxito del proceso, debemos hacer un alto para manifestar nuestra indignación por los hechos de violencia acaecidos el pasado fin de semana y que escapan, bajo cualquier óptica, a toda consideración comprensiva de la normal conflictividad de un proceso de este tipo.

Como todos sabemos, en el estado de Chiapas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación golpearon, amenazaron y raparon a los docentes que acudieron a realizar un examen de promoción, hechos ante los que, desde luego, manifestamos nuestro repudio.

Acompañamos el señalamiento enérgico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al condenar las agresiones a aspirantes de los procesos de evaluación en Chiapas.

Semejantes acciones son indignas, vergonzosas e impropias de miembros del magisterio.

Saludamos el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al ratificar su disposición de proteger la integridad de los sustentantes, y recalendarizar las evaluaciones donde no haya las condiciones para la aplicación de los instrumentos de evaluación y de procurar las condiciones para garantizar que todas las personas registradas ejerzan su derecho a ser evaluados. [*]

La violencia es injustificable en el contexto de una labor encaminada a dignificar una función sustantiva del Estado.

En ese tenor, consideramos necesario que esta Comisión Permanente se manifieste en apoyo de las autoridades encargadas de conducir el proceso y de preservar el orden, así como su completo rechazo de las acciones de violencia.

La Reforma Educativa avanza; de ella haya claro mensaje y testimonio.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección supervisión y asesoría técnica pedagógica y su repudio a las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un atento llamado a las autoridades del gobierno del Estado de Chiapas a actuar con prontitud para investigar y castigar a los responsables de estas agresiones.

4.- De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el que exhorta a las autoridades garantizar la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala expresamente en sus consideraciones:

“Con la reforma a los artículos 3o. y 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se consolidaron entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria que se imparte en el país, así como la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y confirió su coordinación al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Ésta reforma, en la fracción IX del artículo 3o. contempló la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como un organismo constitucional autónomo, con el objeto de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; correspondiendo al Instituto, evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Dicho Instituto tiene el mandato legal de expedir los lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, así como generar y difundir información y con base en ello entre otros.

El 11 de Septiembre del 2013, se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En su articulado, específicamente en el artículo 29, fracciones I y II, de la Ley General de Educación, se establece la obligación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán todas las Autoridades Educativas para realizar las evaluaciones que les correspondan en el marco de sus atribuciones.

Atendiendo a lo anterior, en diciembre de 2014, el Instituto, tomando en cuenta las observaciones y sugerencias realizadas por las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, publicó el Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020 (PMPSPD 2015-2020). Como instrumento de planeación, el PMP-SPD 2015-2020 plantea, entre sus metas anuales y para cada uno de los procesos de evaluación en el año 2015, la publicación del calendario anual de actividades para la implementación de dichos procesos.

En cumplimiento de este compromiso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicó el Calendario, en el cual se precisan las acciones que deberán realizarse durante el 2015 así como la distribución de responsabilidades entre las autoridades competentes para desarrollar las evaluaciones establecidas en la legislación correspondiente.

A este proceso y convocatoria, han acudido miles de maestras y maestros en todo el país, así como quienes aspiran a incorporarse al servicio educativo, creo que ante esta justa aspiración, es responsabilidad del Estado el garantizar su seguridad e integridad física, así como el respeto a su dignidad personal.

La reforma educativa es un proceso que sin duda requiere un análisis permanente, y la vertiente de la evaluación exige a las autoridades, contar con elementos para brindar el apoyo y las herramientas necesarias a los docentes que obligatoriamente deberán acudir a realizarla, sin embargo, la falta de información y el ambiente en el que se han dado en diversas entidades de la República y en el estado de Chiapas, no les garantiza a los docentes acudir en un ambiente de tranquilidad.

Los hechos recientes son inaceptables y las imágenes de las que fue testigo la sociedad no deben repetirse, es responsabilidad del estado y de la federación, generar las condiciones para que la evaluación se realice en un clima de seguridad y certeza.

Con el presente punto de Acuerdo me sumo a las voces que exigen el respeto a la dignidad de los maestros y maestras de México, quienes en uso de su derecho y libertad acuden con responsabilidad a los centros en los que se desarrolla la evaluación tanto para el ingreso como para quienes por sus méritos aspiran a cargos directivos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado, a que asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para el respeto del estado de derecho y se den las condiciones de tranquilidad para la realización de los procesos de la evaluación establecidos por el INEE.”

5. Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, donde expresamente pone en sus consideraciones:

“El 16 de julio de 2015, con la presencia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dieron inicio una serie de reuniones de trabajo con gobernadores de diferentes Estados, denominadas “Mesas de Análisis Intergubernamental” de la Reforma Educativa, organizadas por la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.

Después de la primera reunión, se tomaron medidas importantes que provocaron reacciones polémicas a favor y en contra, una de ellas, fue la trasformación de fondo que ofreció el Gobernador de Oaxaca, en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Existen antecedentes que dan evidencia de actos de corrupción que involucran a miembros del sindicato y a funcionarios públicos, en desvíos de recursos destinados al sector educativo:

• En el mes de mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero, dio a conocer que a nivel nacional “cada año se pagan de forma irregular 35 mil millones de pesos a comisionados, aviadores y líderes sindicales, es decir 95 millones de pesos diarios”del presupuesto educativo.

• El 1 de abril de 2015, se dieron a conocer por parte del Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor y el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, los resultados del censo educativo que fue aplicado del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2014 con una participación del 90.6% de los centros escolares (Existen 270,000 Centros) a excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán que no respondieron. En este informe, mencionaron que “en México hay 1,949,105 trabajadores de la Educación; de los cuales 1,128,319 plazas de maestros son ocupadas por 978,118 personas que laboran como profesores frente a grupo; 30,195 gozan de comisión o licencia; y 39 mil 222 más, no son conocidos en el centro de trabajo donde están inscritos”.

• Lo más reciente, es que en la nómina del IEEPO cobraban aviadores: políticos, funcionarios y líderes sindicales, que entre enero y marzo de 2015, tan sólo en tres meses, cobraron más de 916 mil pesos.

Lo que sucede en el estado de Oaxaca, es una situación que se repite en Guerrero, Michoacán, Chiapas y todas las entidades del país, en mayor o menor proporción.Lo grave del problema, es que independientemente que un estado tenga mayor o menor desvío de recursos o lo utilizan para pagos indebidos, esta situación de corrupción es insostenible presupuestalmente.

Es urgente un diagnóstico oficial por parte de las autoridades involucradas (SHCP, SEP, Gobiernos Estatales), acerca de irregularidades que se han venido dando para informarle a la ciudadanía el monto real de estos recursos que tienen un uso indebido, fincar responsabilidades y destinarlos a la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país. Dicho diagnóstico debe contener las acciones, plazos y montos necesarios para terminar con el rezago en esta materia.

De todos es sabido que miles de escuelas, principalmente, en las zonas rurales y de más alta marginación del país, carecen de infraestructura y equipamiento, desde aulas, sanitarios, bardas perimetrales, explanadas cívicas, techumbres, mobiliario, hasta herramientas de nuevas tecnologías como computadoras y/o tabletas electrónicas.

La política educativa, debe garantizar condiciones de infraestructura igualitarias a todos los alumnos del país; espacios educativos dignos construidos con recursos que actualmente son desaprovechados por prácticas corruptas, bien canalizados lograrían reducir la brecha de desigualdad y contribuirían a una mejor formación de jóvenes y niños de las regiones con mayor rezago.

Un diagnóstico oficial, nos permitirá hacer estimaciones de las acciones que se podrían lograr con los recursos recuperados, por ejemplo: con costos actuales en el mercado, podemos estimar que por cada $612,560.00 que sean recuperados, podríamos construir un aula equipada con pizarrón, escritorio y silla para el profesor, sillas y computadoras, para 30 alumnos cada uno.

Queda claro, que la sana implementación de la reforma educativa, depende de información transparente, delimitación de responsabilidades y de una relación de respeto conciliada entre los órdenes de gobierno y el sindicato, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la autoridad.

Debemos generar las condiciones para una nueva relación, no politizada entre gobierno y magisterio, con un objetivo común: mejorar la calidad educativa. Para ello es indispensable el saneamiento de las finanzas estatales en torno a las nóminas, que permitan la conciliación de todos los trabajadores del sector educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera en la implementación de la reforma educativa y los emolumentos a los maestros que hoy no tienen certeza de pago.

No podemos permitir, que la educación sea un rehén político; debemos pugnar para que sea utilizada como una herramienta de progreso de las personas y de las naciones.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitala creación de un Fondo Especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, derivado de un diagnóstico que realicen la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales sobre desvíos de recursos destinados a la educación, que incluya acciones, plazos y rubros precisos para terminar con los rezagos en esta materia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se realice una mesa de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entidades federativas que permita la conciliación de las nóminas de todos los trabajadores del sector educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera de la implementación de la reforma educativa y el pago a los maestros que hoy no tienen certeza de pago.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y reestructurar las atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las Entidades Federativas, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la autoridad, es decir, que los líderes sindicales hagan vida sindical y los funcionarios cumplan únicamente con actividades relativas a sus atribuciones.”

6.- De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, proposición con punto de Acuerdo por el que solicita elevar la eficiencia terminal como parte de la reforma educativa,señala expresamente en sus consideraciones:

“La reforma en materia educativa tiene como principal propósito mejorar la calidad de la educación en nuestro país, a fin de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El texto constitucional refiere que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; y que ésta será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.

Aunado a lo anterior, la Ley General de Educación añade otros fines de la educación, entre los que se encuentran: favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y mejorar la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal y nacional; y promover y fomentar la lectura y el libro.

A mayor abundamiento, el artículo 8, fracción IV, define que la calidad en la educación se entenderá como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

A pesar de lo anteriormente señalado, la postura de la autoridad educativa parece tender más a satisfacer los indicadores de eficiencia terminal que a cumplir con la finalidad y objetivos primordiales de lo que persigue la reforma, y que es precisamente, la calidad educativa.

Ejemplo de lo anterior es el estudio “Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. Área metropolitana de la Ciudad de México”, realizado a petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

El citado estudio revela que 65% de los estudiantes de primer ingreso a la educación superior no conocen a fondo la lingüística del español, sólo 9% tienen un dominio adecuado de la ortografía y la acentuación y 43.2% carece de estrategias para dar forma a un texto. Dichos datos muestran una formación precaria en los niveles previos a la universidad.

Dicha investigación señala que los estudiantes de universidades privadas registran mejores resultados, ya que provienen de hogares con mayores ingresos económicos, donde se lee más y se fomenta la educación bilingüe o trilingüe. Esta situación pone en evidencia la inequidad en el derecho a la educación de calidad establecida en el precepto constitucional.

Según el numeral 68 de las Normas de Control Escolar 2014-2015,referente a la evaluación de la comprensión lectora, se menciona que el objeto de que el maestro lleve un registro de la comprensión de leer y escribir de los alumnos es sólo con fines informativos y no determinarán por sí mismos la promoción de grado.

Más grave aún resulta lo que dispone el numeral 73.2.1 de las normas referidas, al señalar que  “la acreditación del primer grado de la educación primaria se obtendrá por el solo hecho de haberlo cursado”.

Estas disposiciones fueron probablemente planteadas con la intención de contribuir a elevar la eficiencia terminal. Sin embargo, lo que se ha conseguido es que los alumnos no tengan un aprovechamiento acorde a sus capacidades al no exigírseles ningún esfuerzo para aprender.

Los docentes se enfrentan entonces a una situación que frustra su intención de conseguir un mayor aprendizaje y aprovechamiento escolar, debido a que los alumnos no cuentan con los conocimientos necesarios para pasar de grado.

En Nueva Alianza comprendemos los obstáculos que enfrenta las y los docentes, ya que por más que se esmeren en su labor, si los alumnos no cuentan con las herramientas elementales, como son leer y escribir, es muy difícil lograr los fines de la educación de calidad que se busca con la reforma constitucional y normativa en la materia.

Estamos convencidos de que la eficiencia terminal no debe ir en detrimento del aprovechamiento escolar. No se puede fomentar la lectura si a los niños se les pasa de grado aunque no sepan leer.

Disminuir las exigencias para la promoción de grado no contribuye en modo alguno a una verdadera calidad de la educación.

A los maestros se les exige que mejoren sus capacidades y cumplan con los criterios evaluativos que marca la ley, pero si se les permite a los alumnos arrastrar deficiencias y limitaciones desde la educación preescolar y primaria, el esfuerzo del docente se vuelve estéril porque es muy difícil que el alumno alcance su potencial en grados subsecuentes.

Por ello no es vana la inquietud de los maestros respecto a la impresión que colegas y superiores puedan tener de su desempeño profesional, dada la mala preparación que puedan mostrar los alumnos que no cuentan con las capacidades para un grado escolar más avanzado y que no debieron pasar de año.

El numeral 74.2.2.2 de las Normas de Control Escolar SEP 2014-2015 dice que será promovido quien “obtenga un promedio mínimo de 6.0 en el grado cursado, aún si no acredita el total de asignaturas”.

El último párrafo de éste numeral señala que “Cuando un alumno no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según lo determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, está podrá condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores de los compromisos necesarios para brindar apoyo al menor, por medio de la CARTA COMPROMISO prevista en el Anexo 13 (modelo sugerido) que incluya un plan de trabajo extraescolar con estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje del alumno en el siguiente grado [*]”.

Esta idea de brindar apoyo al menor por medio de una carta compromiso resulta poco realista y contraproducente para el aprendizaje del educando, dado que  el hecho de que firmen la referida carta compromiso, no conduce a una certeza de que éste recibirá la atención que un maestro puede ofrecerle en el aula.

Ahora bien, según este modelo de promoción, no es posible retener a un alumno, sin importar sus deficiencias en el aprovechamiento; lo anterior debido a que la educación primaria está divida en dos periodos de educación básica, del primero a tercer grado y de cuarto a sexto grado, y las normas refieren que un docente podrá tomar la decisión de “no promover” a un niño “por una sola vez en durante el segundo periodo de la educación básica”.

Con la nueva flexibilidad para la promoción de grado no solo se está vulnerando la labor de los docentes al desestimar su criterio, también, y más grave aún, es el hecho de que los niños y niñas del país están egresando de la educación básica con deficiencias que los colocan en una situación de desventaja en el momento de su ingreso a la educación superior y esas mismas deficiencias se verán reflejadas en la falta de oportunidades para su desarrollo laboral; como lo muestra claramente el estudio citado anteriormente.

La finalidad de la reforma educativa es muy clara en sus objetivos. Si lo que se busca es una educación de excelencia, los criterios de evaluación, en lugar de disminuir, deberían elevar su nivel.

Por esta razón, para Nueva Alianza es de la mayor trascendencia que la eficiencia terminal vaya de la mano con el aprovechamiento de los educandos; de otro modo, las cifras de egreso serán mayores, sin duda, pero no contribuirán a cumplir con los objetivos que la Constitución y la reforma educativa persigue.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para con ello contribuir a la verdadera calidad educativa.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar las Normas de Control Escolar del próximo periodo 2015-1016, a fin de que se dé una mayor importancia al aprovechamiento para la promoción de grado, y con ello, contribuir efectivamente en el cumplimiento delos fines que persigue la reforma educativa.”

CONSIDERACIONES

I. Que con fecha 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de evaluación docente.

II. Que el citado Decreto dispone en la fracción III del artículo 3º que “la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

III. Que a partir de la reforma, el mismo precepto constitucional establece en su fracción IX la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo público autónomo al que corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para lo cual deberá, entre otras cosas, “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.

IV. Con fecha 11 de septiembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación sendos decretos por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente; por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, todos reglamentarios de la reforma constitucional citada.

V. Que en los ordenamientos citados se establecen y emiten las disposiciones para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y del Servicio Profesional Docente, mediante un esquema de distribución de competencias en diversas materias, entre las que destacan el diseño e implementación de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo, y su vinculación con la formación continua y desarrollo profesional, así como el reconocimiento y el estímulo de los docentes en servicio. Asimismo incorpora la Participación Social en la Evaluación.

Así, el Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente, se incorporan como componentes que como una parte esencial pero no total del Sistema Educativo Nacional. En el Sistema destacan también los mecanismos de coordinación entre el Instituto y autoridades educativas federales y de las entidades federativas. Desde los instrumentos para el intercambio de información y experiencias, como es la Conferencia; hasta los esquemas de coordinación para el desarrollo de los procesos de evaluación, que coordina el INEE mediante lineamientos y bajo una programación compartida con la Secretaría de Educación Pública.

VI. Que, como es del conocimiento público, los procesos de implementación de la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes reglamentarias han sido accidentados. Su desarrollo ha transitado en medio de un complejo contexto social y político que ha oscilado desde la protesta social organizada, incluido el cuestionamiento por la vía jurisdiccional en distintas etapas, hasta la negociación y la toma de decisiones gubernamentales de las diversas autoridades educativas que inciden en dichos procesos.

VII. Que a más de dos años de la reforma constitucional en la materia, es oportuno que el Legislador federal conozca de parte de las autoridades involucradas en las distintas tareas que, de manera coordinada, comprenden los procesos de implementación de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión, con la finalidad de contar con una visión integral de la problemática, retos, necesidades y perspectivas que enfrenta la implementación de los instrumentos legislativos generados como parte de una reforma educativa integral aún en ciernes, y está en su obligación brindar la información que demanda la sociedad y ofrecer certeza y seguridad a los actores involucrados con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo.

VIII. Que la discusión de esta temática con la autoridad educativa federal así como con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se ha desarrollado ya por vía del ejercicio de potestades constitucionales de esta Soberanía.

VIII.-Que los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con el espíritu que motiva las proposiciones de mérito. Así mismo, recordamos que los hechos que sustentan el contenido de las proposiciones en análisis han derivado en una profunda revisión de los hechos públicos e históricos al interior de la Segunda Comisión y del Pleno de la Comisión Permanente alrededor de la implementación de la reforma educativa a tal grado que se convirtió en un tema central de los trabajos legislativos.

IX.- A partir de la suspensión de la evaluación docente en fecha previa del proceso electoral y la reconsideración por parte de las autoridades competentes, la Segunda Comisión ha realizado sendos debates legislativos, ha convocado a través de la Comisión Permanente a dialogar con los legisladores, con fecha 23 de junio de 2015, al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los integrantes de la Instituto Nacional para la Evaluación Docente.

X.- Es importante recordar que de acuerdo al Artículo 40 Constitucional, el Congreso de la Unión ni la Comisión Permanente en consecuencia, tiene facultades para citar a comparecer a Gobernadores de las entidades federativas, sin embargo, por oficio político, y como un espacio republicano de dialogo sobre un tema de relevancia nacional, la Comisión aprobó un acuerdo el pasado 7 de julio de 2015, para establecer una “Mesa de Análisis Intergubernamental” con relación a los procesos de implementación de las reformas constitucional y legal en materia educativa entre los distintos órdenes de gobierno, la creación de un espacio público entre la representación del Congreso de la Unión y los gobernadores para establecer un dialogo sobre los retos de la implementación de la reforma educativa, a la convocatoria emitida tuvo respuesta del Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado Libre de Oaxaca, el16 de julio de 2015 y del Lic. Rogelio Ortega, Gobernador del Estado Libre de Guerrero, el pasado 23 de julio de 2015.

XI.- En relación a la segunda proposición del Senador Armando Ríos Piter, por el que se solicita la creación de un fondo federal para abatir el rezago en infraestructura escolar, esta dictaminadora coincide plenamente con el promovente en mejorar las condiciones de estudio de millones de estudiantes, así como salvaguardar los derechos de los docentes en el proceso de implementación y operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Esta dictaminadora considera que a partir de la publicación de la  Ley General de la Infraestructura Física Educativa en 2008, y de la reforma al artículo 7 en 2014, donde se estableció que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

La Reforma Constitucional en materia educativa mandató la modificación al marco jurídico, con la finalidad de, entre otros aspectos, “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.”

En este sentido, la Ley General de Educación, incorpora como componente constitutivo del Sistema Educativo Nacional la infraestructura educativa e incorpora los componentes definidos en el marco constitucional.

Con este objetivo, a partir del año 2014 se crea el Programa Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo, mismo que, el 1º de septiembre del mismo año se transforma en el Programa de la Reforma Educativa, a través del cual se busca atender el rezago en las condiciones físicas de los inmuebles escolares con el fin de mejorar la operación de las escuelas públicas de educación básica y fortalecer la autonomía de gestión escolar, como lo mandata la Reforma Constitucional.

Dicho Programa se suma al denominado “Escuelas Dignas”, a través del cual, a partir del diagnóstico y la elaboración de proyectos de mejora en los planteles educativos de educación básica que así lo requieran, se otorgan subsidios para la rehabilitación de los planteles escolares.

Asimismo, el Programa “Escuelas de Calidad”, creado a partir del ciclo escolar 2001-2002 como una iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar para superar los diversos obstáculos para mejorar el logro educativo, ha brindado subsidios para atender los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares públicos; y coadyuvar a fortalecer acciones orientadas a transformar la gestión escolar.

El Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas” es el proyecto por el que a través de un diagnóstico se evalúa y programan proyectos de mejora de los planteles educativos que así lo requieran, en el nivel básico o en su caso media superior y superior; con la finalidad de que éstos obtengan la certificación a través del cumplimiento de los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Los planteles beneficiados son aquellos que presenten mayores condiciones de rezago, y serán atendidos hasta que sus condiciones físicas sean susceptibles a la certificación de “Escuela Digna” que emite el gobierno federal.

Dentro de los Lineamientos Generales para la operación, aplicación de recursos, sistema de seguimiento, rendición de cuentas, y transparencia del Programa Escuelas Dignas 2015, se establece que la infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de elementos que se derivan de los avances tecnológicos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, por lo que no es suficiente contar con la infraestructura física necesaria, sino que ésta se actualice y se adecúe a efecto de dignificar las tareas del docente y particularmente el desarrollo de los alumnos en espacios que cuenten con las mejores condiciones tal como lo marcan los componentes del Programa "Escuelas Dignas".

El responsable de la implementación del Programa es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Programa de rehabilitación y mantenimiento escolar "Escuelas Dignas", conjuntamente con instancias estatales competentes en la materia y con la participación responsable de la sociedad civil y padres de familia, que se verán beneficiadas con las acciones a realizar.

Este Programa funciona a partir de la aplicación de un subsidio federal, en espacios educativos, a efecto de optimizar las condiciones físicas de los planteles con que se cuenta, sujetando las acciones y sus resultados a una Certificación. Los actuales lineamientos junto con el Manual de Operación tienen por objeto definir los criterios de aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los subsidios federales autorizados, a fin de contar con espacios físicos educativos dignos y actualizados, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Es importante mencionar que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se tienen destinados dentro del Programa presupuestario U074 Escuelas Dignas, la cantidad de $3,330,000,000.00 (tres mil trescientos treinta millones de pesos).

Sin embargo, para el año fiscal 2016, el dato del presupuesto para Escuelas Dignas no es punto de referencia, ya que de acuerdo con la estructura programática remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del proceso de planeación del Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que se construye bajo el enfoque “Base Cero”, se prevé la fusión de los Programas Escuelas de Calidad, Escuelas Dignas y Programa de la Reforma Educativa para convertirse en un solo Programa Presupuestario que tendrá la denominación de “Programa de la Reforma Educativa.”

Clave Pp 2015

Nombre Pp 2015

Clave Pp 2016

Nombre Pp 2016

S029

Programa Escuelas de Calidad

U082

Programa de la Reforma Educativa

U074

Escuelas Dignas

U082

Programa de la Reforma Educativa

En relación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y en el marco de la obligación de asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para tal efecto, se han celebrado convenios entre las entidades Federativas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conciliar y efectuar el pago de las nóminas del Sector Educativo, sin embargo, al haberse incumplido las disposiciones establecidas en los tiempos dispuestos por la Ley de Coordinación Fiscal 2015, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 estableció en su Transitorio Sexto la salvaguarda para aquellas entidades federativas que no concluyeron en proceso, sin que hasta el momento el Congreso de la Unión cuente con información fidedigna que dé cuenta del grado de avance del mismo.

En relación a propuesta que pronunciamiento por el que “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y restructurar las atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las Entidades Federativas, con la objeto de separar claramente las labores sindicales de las funciones que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos que bajo a rectoría y responsabilidad del Estado Mexicano para hacer cumplir fehacientemente con el interés público y lo que marca la Ley.” Las leyes reglamentarias de los Artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen con puntualidad las obligaciones y atribuciones de las autoridades educativas y el tratamiento que debe otorgarse a cualquier tipo de comisión o encargo que acepten los docentes. Planteado en los términos en que se redacta el resolutivo, quedaría sin materia.

Con estos antecedentes y con el fehaciente conocimiento por los integrantes de esta Segunda Comisión que la implementación de la reforma educativa para lograr sus objetivo será un proceso de varios años, se manifiesta por salvaguardar los derechos de las niñas y los niños para acceder a un educación de calidad, por transparentar el uso de recursos públicos destinados al sector educativo, por reconstruir el dialogo en tiempos estridentes para la vida nacional entre autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, representantes de padres de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, y sobre todo, reconocer y apoyar al personal docente que cumple con sus responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y fortalecer al Sistema Educativo Nacional; para lo cual se sugiere propiciar los espacios de diálogo que, en su caso, resulten necesarios, en los que se involucre la participación de todos los actores interesados en el proceso educativo.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en la programación y presupuestación anual del gasto público, a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se considere el incluir asignaciones presupuestales que permitan abatir por completo las insuficiencias y rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, disposición de materiales educativos y resolver problemas de operación básicos que persisten en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional. Asimismo solicita un informe a la Secretaría de Educación Pública sobre el avance para atender las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación entorno a los Programas Escuela Digna y Escuelas de Calidad, en un plazo no mayor a 15 días.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la SEP que informe, en un plazo no mayor a quince días, el estado que guarda el proceso de conciliación de plazas/horas establecido en el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública un informe pormenorizado del estado que guarda el proceso de armonización y/o adecuación de la Reforma Educativa con las respectivas Legislaciones de los Estados de la República Mexicana, así como los avances y retos que enfrenta cada entidad federativa en el proceso de cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes reglamentarias de los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para con ello contribuir a la verdadera calidad educativa.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






23.- Que exhorta a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen diversas proposiciones con punto de Acuerdo en relación a la exclusión de jóvenes de la educación superior.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  5 de agosto de 2015, las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la educación superior pública en la entidad.

2. En misma fecha, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

1.- De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la educación superior pública en la entidad, los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

“México incrementó su gasto público en educación de 3.7% del PIB (1990) hasta casi 6% (2010), siendo uno de los países emergentes que más ha invertido en la materia. Sin embargo, el problema de la educación no radica en falta de recursos, sino en la distribución y transparencia del ejercicio de éstos. El resultado de esta distribución se ve reflejado en los lugares que ocupa el país en pruebas como la PISA, en la que nos situamos en el lugar 53 en matemáticas, 52 en ciencia y 55 en lectura, de una lista de 65 países evaluados, mostrando un sistema educativo ineficiente.

En este sentido, debe señalarse que a nivel federal el gasto para la educación aumenta en términos absolutos pero éste no aumenta en relación a la población en edad de estudiar, limitando así el acceso a la educación pública de las personas jóvenes. Muestra de esto se puede observar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual aumenta en infraestructura y gastos corrientes, pero no en población, alimentando la contradicción sistémica de escuelas que crecen sin tener estudiantes.

De igual forma, resulta alarmante que en Puebla para este año 2015 solamente existan 22,000 lugares de estudio para 55,000 aspirantes de un total de 643,000 jóvenes de Puebla entre 18 y 23 años, la edad para estudiar una carrera. Es decir que del total de jóvenes poblanos que necesitan educación superior, sólo 7% aspira a hacer el examen de la BUAP, y de esos, sólo el 47% de aspirantes, es decir, el 3.27 % del total de jóvenes en edad de estudiar, efectivamente cursará una carrera en la BUAP.

El presupuesto que ejerció la universidad durante 2014 aumentará un 6.1% este año lo que significarán 5 mil 133 millones de pesos; desafortunadamente, ante este aumento, como ha sido señalado, la capacidad para estudiar no crece en la misma proporción. Aunado a esto, integrantes del Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET) han señalado que el destino de los recursos son pocos transparentes.

Al respecto, el FEET ha declarado que en 2013 el gasto en comunicación social aumentó en 745% con respecto del año 2011, ahondó también en la preocupación del aumento del presupuesto e infraestructura de la BUAP en un 500% desde 1990 y a que, contrariamente, la matrícula haya disminuido y los reclamos para aumentarla queden reducidos a una disculpa de “no tenemos recursos” por parte de las autoridades educativas, puntualizó.

Frente a estas cifras, se podría señalar la omisión de los funcionarios correspondientes para garantizar el derecho a la educación pública para todas y todos los mexicanos, señalado en artículo 3° Constitucional, así como el incumplimiento de tratados internacionales en la materia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La fundamentación de lo señalado radica en la Declaración Universal de los Derechos humanos, en su artículo 26 que a la letra dice:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente  a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada: el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Así como lo indica el artículo 49° de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA):

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases:

a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratuita;

b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y

c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes.

Actualmente, el número de personas rechazadas por la BUAP es superior al 50%, lo que violenta la obligación que tiene la entidad de velar para que la instrucción profesional sea garantizada, incumpliendo también con su obligación de mantener la educación abierta a todas las personas.

Frente a estas acciones, pareciera que la BUAP mostrara desinterés en lograr la gratuidad de la educación o en hacerla accesible a todas las personas. Al respecto, el FEET ha responsabilizado a las autoridades educativas de la universidad, así como a los gobiernos estatal y federal sobre la catástrofe educativa que atraviesa Puebla.

“La BUAP, responsabiliza a los gobiernos de la poca matrícula, desentendiéndose así de las tareas que le corresponden para echar mano de los recursos disponibles, que son altísimos, para hacer planes institucionales a corto, mediano y largo plazo, en donde se logre poner el ingreso y permanencia a la BUAP a la altura de las necesidades de la entidad” declararon integrantes del FEET.

Frente a este panorama, distintos colectivos estudiantiles de Puebla han propuesto un proyecto intitulado “Universidad para Todos” el cual busca contemplar el crecimiento de la BUAP para albergar a 180,000 estudiantes. Para ello, solicitan el apoyo de las autoridades de la universidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sociedad civil; demandan una reforma a la constitución del estado de Puebla para establecer la educación superior en Puebla como pública y gratuita, y solicitan al consejo universitario de la BUAP, las reformas necesarias a efecto de implementar una política de puertas abiertas mediante la cual se garantice la educación para todas las personas.

La educación pública en Puebla y en el país se encuentra en crisis. En medio de una oleada nacional de protestas, interrogantes y denuncias, la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto fue aprobada en el 2013. Ampliamente cuestionada por la falta de un verdadero proyecto educativo que permitiese hacer frente a la desigualdad y el rezago educativo de más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, y acusada de ser en realidad una iniciativa laboral administrativa, la reforma fue impuesta bajo las promesas del aumento en la calidad de la educación pública y el respeto a los derechos de los maestros.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

“PRIMERO.-Exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla a elaborar un diagnóstico respecto de la situación de la educación superior pública en la entidad poblana a efecto de que puedan identificarse problemáticas y oportunidades que garanticen el acceso de la población a este nivel educativo.

SEGUNDO.-Exhorta a las autoridades educativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de la entidad a establecer mesas de diálogos con las y los aspirantes excluidos de la educación superior pública, para encontrar alternativas que garanticen el derecho a la educación superior.

TERCERO.-Exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se incrementen los recursos destinados al sector educativo en gasto operativo.”

2. La Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior,señala expresamente en sus consideraciones que:

“Miles de jóvenes han sido rechazados de la educación superior en México al no haber aprobado el examen estandarizado de admisión. El pasado domingo 19 de julio la UNAM dio a conocer que menos del 15% de aspirantes que realizaron el examen a nivel superior fueron seleccionados.

Como legisladores cabe preguntarnos ¿qué harán estos jóvenes en edad de estudiar, que no encontraron acomodo en las instituciones de educación superior, cuando el sistema de educación superior pública apenas recibe a un 30% de los jóvenes que desean obtener el nivel de licenciatura?

Recientemente esta legisladora fue abordada por un grupo de jóvenes que desean ser protagonistas de la lucha en defensa de la educación, que han conformado una organización denominada Movimiento de Estudiantes no Aceptados (MENA). Desde su perspectiva cada vez crece más la matrícula de las instituciones privadas y decrece la de las públicas “porque existe el interés de subsidiar a las universidades privadas con dinero público, dinero que debería de haberse destinado a crear educación pública y gratuita.”

Afirman también que “las instituciones de educación superior han utilizado como instrumento para intentar justificar la exclusión educativa, al examen estandarizado de admisión, que se aplica como parte de un proyecto continental, y el cual, lejos de medir conocimientos y capacidades académicas, es un mecanismo para estratificar a los solicitantes por la condición social y económica de sus familias, para seleccionar a unos pocos y dejar fuera a la mayoría con el argumento falaz de que reprobaron el examen”.

El reconocido investigador en el ámbito educativo Eduardo Andere sostiene que “enseñar desde la perspectiva de lo que el maestro desea y no desde lo que el alumno necesita es una visión superada en este paradigma del aprendizaje” y que “para ello, es preciso se centre la formación de los maestros en las necesidades de los alumnos, de la sociedad y de su desarrollo, enseñar no es suficiente, debemos aprender.”

Si los exámenes para acceder a las universidades públicas no se sustentan en las directrices a las que hace alusión el maestro Andere, cuando el aprendizaje no ha sido el eje central de la política educativa, se entiende que solamente una minoría de aspirantes puedan haber superado un examen que no ha sido revisado como lo han hecho otros países a partir de la luz del aprendizaje y no de la enseñanza.

Los jóvenes mexicanos cuentan con habilidades, conocimientos, valores y actitudes que deben ser encauzadas y aprovechadas para lograr su desarrollo pues ellos son el futuro del país y la administración pública federal no les puede negar el acceso a la preparación con el argumento de no haber un aprobado el examen, máxime cuando se enfrentan a una alta competencia internacional en el que se privilegia la calidad de la educación.

Es obligación del Estado por tanto, establecer políticas públicas para lograr que una mayoría de estudiantes supere los exámenes de admisión al nivel superior y destinar los recursos necesarios para ampliar la infraestructura educativa.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores integrantes de esta Comisión queremos manifestar como antecedente que la Secretaría de Educación Pública de México es la encargada de la educación tanto científica como artística y deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. Además se encarga de la manutención de la cultura y sus centros de exhibición e interacciona (museos, bibliotecas, escuelas de arte); y tiene en su control los registros de derecho de autor y marcas registradas. Sin duda alguna, la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la aplicabilidad de la Ley General de Educación, así como de aquellas funciones de carácter educativo y cultural no reservados a los estados. Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a esta secretaría le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares, Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias.

II.- Esta Segunda Comisión comparte la posición de que la educación es una palanca de desarrollo que permite no solamente incrementar el capital humano, sino también fortalecer la cohesión y justicia social; enriquece la cultura, pero sobre todo contribuye a consolidar la democracia y la identidad nacional basada en la diversidad cultural.En casi todas partes del mundo, con excepción de los países de ingreso más bajo, la educación superior enfrenta problemas similares y experimenta transformaciones que apuntan en una dirección común. Los analistas atribuyen esta convergencia a los cambios que trae consigo la globalización, los cuales obligan a los sistemas a adaptarse a desafíos que, en lo básico, producen respuestas orientadas en una dirección común. La educación superior es vista como un pilar de la competitividad de los países, debiendo apoyar su inserción en un sistema económico global que usa el capital humano y el conocimiento avanzado como principales factores de producción.

III.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que la UNESCO recomienda que las respuestas de la educación superior a los continuos cambios de hoy deberán estar guiadas por tres principios rectores: relevancia, calidad e internacionalización. La relevancia se refiere al papel y el sitio que ocupa la educación superior en la sociedad, sus funciones con respecto a la docencia, la investigación y los servicios que de ellas resulten, así como en términos de sus vínculos con el mundo del trabajo en un sentido amplio, las relaciones con el Estado y el financiamiento público, y las interacciones con los demás niveles y formas del sistema educativo. Una de las mayores restricciones del proceso de cambio y desarrollo de la educación universitaria la constituye el limitado financiamiento público.

IV.- Es necesario mencionar que la educación superior será la palanca impulsora del desarrollo social, de la democracia y la convivencia multicultural, misma que proporcionará a los mexicanos los elementos para su desarrollo integral y formará científicos, humanistas y profesionales, en todas las áreas del saber, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades del país. Para el primer cuarto del siglo, el sistema de educación superior estará conformado por 32 sistemas estatales, contará con un amplio respaldo por parte de la sociedad y atenderá a más de la mitad de la población entre 19 y 23 años con una oferta amplia, flexible y diversificada de programas educativos en instituciones de diversos perfiles tipológicos. Además, ofrecerá oportunidades de actualización a todos sus egresados y contará con una oferta variada y modalidades adecuadas de educación continua para satisfacer necesidades educativas de los adultos.

Una de las características del sistema será su coordinación con los otros tipos educativos y con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, así como la operación de amplias redes de cooperación e intercambio académico en el nivel nacional e internacional, que sustentarán los programas de movilidad de profesores y alumnos. La sociedad estará plenamente informada del desempeño académico y del uso de los recursos de todas las instituciones de educación superior, con sustento en procesos consolidados de evaluación y acreditación. Para construir esta visión se necesita el compromiso de las instituciones involucradas, la participación entusiasta de las comunidades educativas y el apoyo de las autoridades federales y estatales.

V.- En el caso particular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, podemos mencionar que en 1987, el Congreso del Estado declaró a la UAP Institución Benemérita y en 1991, la 50º legislatura local aprobó la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad se distingue hoy por ser una de las seis instituciones públicas mexicanas que forman parte de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, además de Centroamérica, su oferta académica es de 149 programas educativos, de posgrado, licenciatura y bachillerato. Cuenta con distintas modalidades de estudio como lo son: presencial, semiescolarizada. En 2011, se incorpora la modalidad a distancia, ofreciendo cuatro carreras: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho y Comunicación.

VI.- En este sentido, es oportuno mencionar como antecedente que la educación de tipo superior se imparte después del bachillerato. Se conforma por tres niveles: el técnico superior (también conocido como profesional asociado), la licenciatura y el posgrado. El técnico superior requiere estudios de bachillerato, forma profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas de estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar posteriormente dos años más y lograr una licenciatura o ingeniería. La licenciatura se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias y de formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más. El posgrado requiere la licenciatura y se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado; forma profesionistas con alto grado de especialización profesional, que se acreditan mediante un título o grado.

VII.- La Segunda Comisión desea señalar que la expansión de la educación superior en México ha tenido como precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y graduación en el bachillerato. La cobertura bruta en el nivel medio superior se incrementó sostenidamente en los últimos años, al tiempo que se elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En los próximos diez años la presión para la educación superior será aún mayor pues se prevé que el nuevo ingreso aumentará alrededor de 90 por ciento, impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la educación media superior. Este último hecho revela asimismo el creciente interés de los hogares mexicanos por invertir en una mayor escolaridad de los jóvenes. La evolución del gasto destinado a los servicios de educación superior sugiere el enorme esfuerzo realizado por los hogares en este renglón. Entre 2007 y 2015, el gasto en educación, como proporción del gasto monetario total de los hogares, creció de 10.3 por ciento a 13.5 por ciento. Además, este aumento ocurrió en un contexto en el que la proporción de hogares consumidores de servicios educativos se contrajo de 71.4 por ciento a 68.6 por ciento.

VIII.- Además, los hogares perciben que una escolaridad mayor de los jóvenes les permitirá ingresar en mejores condiciones al mercado laboral. En una nación como México, donde los recursos humanos calificados no son abundantes, las tasas de retorno privado y el premio salarial a la educación superior se han mantenido altos y lo seguirán haciendo durante los próximos años. Es por ello que compartimos lo expresado por la proponente  en el sentido de la importancia de reforzar el establecimiento de políticas públicas para lograr que una mayoría de estudiantes supere los exámenes de admisión al nivel superior y destinar los recursos necesarios para ampliar la infraestructura educativa.

IX.- Desde el punto de vista de esta Segunda Comisión, el fenómeno de la exclusión de la educación universitaria obedece a múltiples factores donde sobresale sin duda, la creciente demanda de servicios educativos, es un fenómeno de carácter nacional que requiere además de mayores recursos, de un informe de parte del responsable de la educación pública al Poder Legislativo para fortalecer las opciones de estudio de nuestros jóvenes, esta obligación de dotar de por lo menos una opción de educación pública es la obligación del Estado mexicano y no de particulares.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homologas en las entidades federativas, así como universidades públicas atiendan el problema social de los aspirantes excluidos de la educación superior.

TERCERA. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que solicite en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 un incremento de los recursos en gasto operativo para la educación superior.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN






24.- Por el que la Comisión Permanente felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y la elaboración de un dictamen de la proposición con punto de Acuerdo en relación a la participación de México en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto de 2015, las SenadorasHilda Esthela Flores Escalera, Diva  Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora  Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de Acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus consideraciones:

“1.-Las Olimpiadas Especiales tuvieron su origen en los años 60 en Estados Unidos de Norteamérica, cuando la socióloga Eunice Kennedy de Shriver decide conformar un campamento de personas con discapacidad intelectual con la finalidad de evaluar sus aptitudes deportivas y desarrollar a plenitud sus capacidades.

Sentado este precedente, teniendo aparejada la práctica deportiva excelentes resultados en el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, se comenzó a trabajar en la idea de realizar, bajo el formato de juegos olímpicos, una competición internacional.

Lo anterior, con la finalidad de difundir en todo el mundo los beneficios que tiene el desarrollo de actividades deportivas en favor de las personas con discapacidad intelectual y promover su práctica teniendo como motivación la posibilidad de representar a su país en un evento de carácter mundial.

Así, el 20 de julio de 1968 se llevaron a cabo los Primeros Juegos Internacionales de Olimpiadas Especiales en Soldier Field, Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica.

2.- La reciente edición de las llamadas Olimpiadas Especiales tuvo verificativo en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos de Norteamérica de los días 25 de julio a 3 de agosto pasados, en donde alrededor de siete mil deportistas y tres mil personas de cuerpo técnico de 177 países participaron en diferentes disciplinas, tales como: natación, clavados, atletismo, bádminton, básquetbol, voleibol de playa, boliche, ciclismo, ecuestre, fútbol, golf, gimnasia artística y rítmica, balonmano y judo, entre otros. Cabe destacar que para la organización y desarrollo de la justa, también se contó con treinta mil voluntarios.

En lo que corresponde a la Delegación Mexicana, esta se conformó por 96 atletas cuyo rango de edad oscilaba entre los 12 y 48 años quienes tuvieron una destacada actuación obteniendo 121 medallas en total (31 de Oro, 42 de Plata y 48 de Bronce) dejando muy en alto el nombre de México.

Las disciplinas en las que México consiguió las medallas fueron las siguientes:

• Levantamiento de Potencia

• Patinaje de Velocidad

• Atletismo

• Gimnasia Rítmica

• Natación

• Ciclismo

• Bochas

• Tenis

Lo anterior, deja de manifiesto la capacidad que tiene las y los atletas con discapacidad mexicanos, quienes en muchos casos ganaron más de una medalla mostrándose como deportistas de alto rendimiento con resultados extraordinarios que nos enorgullecen.

En ese sentido y como parte del Estado Mexicano, resulta necesario y oportuno que como Congreso de la Unión manifestemos el beneplácito de este desempeño y felicitemos a las y los deportistas que participaron en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 y además, aunado a ello, exhortemos a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) a fortalecer las políticas y programas cuya finalidad es promover la práctica del deporte de las personas con discapacidad, así como su formación y desarrollo como atletas de alto rendimiento.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados y exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para que refuerce las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas con discapacidad.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que las Olimpiadas Especiales es el programa deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual, el cual tiene como objeto integrar a estas a la sociedad por medio del deporte dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad apoyando a sus familias y sirviendo como puente con otras instituciones, tanto del sector público como privado, para que puedan alcanzar su potencial físico y mental.

Es importante reconocer el esfuerzo que las y los deportistas mexicanos hicieron en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015, donde México sobresalió en disciplinas como levantamiento de potencia, patinaje de velocidad, atletismo, gimnasia rítmica, natación, ciclismo, bochas y tenis,México obtuvo 121 medallas, de las cuales 31 fueron oros, 42 platas y 48 bronces, siendo la delegación hidalguense uno de los contingentes estatales que más preseas aportó al país.

II.- La Segunda Comisión considera oportuno mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, por lo que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, por lo que deberá reforzar las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas con discapacidad. Asimismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, con la finalidad de Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, por lo que los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

III.- Sin duda alguna, esta Comisión Permanente al igual que la sociedad deben aplaudir la exitosa participación de las y los deportistas mexicanos integrantes de los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015, por lo que reconoce a cada uno de ellos y de manera particular por obtener los siguientes resultados:

Levantamiento de Potencia 17 medallas: Oro: 2, Plata 8, Bronce 7

• Irving Cambranis: peso muerto plata, press bronce, sentadilla bronce y totales plata.
• Jesús Torres: pesas sentadilla bronce, 3 press bronce, peso muerto plata y totales plata.
• José Velázquez: pesas sentadilla bronce, press bronce, peso muerto plata y totales plata.
• Juan de Dios Coronado: pesas peso muerto bronce.
• Juan Manuel Ojeda: sentadilla plata, peso muerto plata, press oro y totales oro.

Patinaje de Velocidad 10 medallas: Oro7, Plata 2 y 1 Bronce.

• Brenda Monreal: oro en 1000 mts.
• Josué Cruz: oro en 1000 mts.
• Leslie Mata: oro 300 mts.
• Abraham Guido: oro en 300 mts.
• Josué Cruz: 500 mts bronce.
• Leslie Mata: 500 mts oro.
• Brenda Monreal: 500 mts plata. 
• Abraham Guido: 500 mts oro.
• Relevos 2x200 mts: Brenda Monreal y Josue oro.
• Relevos 2x100 mts: Abraham Guido y Leslie Mata plata.

Atletismo 8 medallas: Plata 4, Bronce 4.

• Diego Viña: 10,000 mts planos plata.
• Enrique Chávez: 400 mts plata.
• Enrique Chávez: bala bronce.
• María Fuentes: 400 mts bronce.
• Denisse Pérez: salto de longitud plata.
• Gabriel Mendoza: 1500 mts bronce.
• Cristian Galindo: 800 mts plata.
• Relevo: Gabriel Mendoza, Edy Flor Tuz, Denisse Pérez y Diego Viña 4x400 mts bronce.

Gimnasia Rítmica 20 medallas: Oro 5, Plata 8, Bronce 7.

• Ana Victoria Alvarado: plata en aro, bronce en pelota, bronce en clavas y medalla de plata en all around.
• Fátima Núñez: medalla de bronce en cuerda, medalla de plata en pelota, medalla de oro en clavas, medalla de oro en cinta y medalla de plata en el all around.
• Asherat Ceja: bronce en aro, bronce en cuerda, bronce en all around, plata en pelota y medalla de plata en cinta.
• Blanca Bravo: medalla de oro en aro, medalla de plata en pelota y medalla de bronce en all around.
• Melissa Escamilla: oro en aro, oro en pelota y plata all around.

Gimnasia Artística medallas: Oro 8, Plata 11, bronce 14.

• Lázaro Alarcón: piso oro, arzones bronce, barras paralelas bronce, salto plata, anillos oro y all around oro.
• Gonzalo Alcázar: piso bronce, salto plata, anillos plata, barra fija plata y all around bronce.
• Rubén García: 2 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 listones 4to lugar.
• David Rodríguez: 4 bronces, 2 platas.
• Gisela Reynoso: barras bronce, viga plata, piso bronce.
• Gabriela Flores: salto bronce, viga oro y all around oro.
• Graciela Hernández: salto plata, barras bronce, viga plata, piso plata y all around bronce.
• Paola Roche: salto oro.

Natación 13 medallas: Oro 2, Plata 2, Bronce 9.

• Martín Uriel Torres: 50 mts libres bronce.
• Fernando Ríos: 100 mts libres plata.
• Josué Flores: 100 mts mariposa bronce.
• Martín Uriel Torres: 100 mts libres bronce.
• Dulce Rocha: oro 400 mts.
• Adriana García: bronce 400 mts.
• Yaroslavi Romero: bronce 400 mts.
• Josué Flores: 200 mts oro.
• Fernando Ríos: 200 mts plata.
• Yaroslavi Romero: 200 mts bronce
• Dulce Rocha: 800 mts libres bronce.
• Relevo: 4x50 mts bronce.
• Relevo: 4x100 libres bronce.

Aguas Abiertas 2 medallas: Oro 1, Plata 1.

• Beatriz Domínguez: 1500 mts. oro.
• Teresita Santander: 1500 mts. plata.

Ciclismo 7 medallas: Oro 3, Plata 1, Bronce 3.

• Enrique Chan 500 mts oro.
• Aylin Molina 500 mts bronce.
• Víctor Hernández 1km oro.
• Mariano Canche 1km oro.
• Julissa Colorado 1km bronce.
• Julissa Colorado: 2 km plata.
• Mariano Canche: 2 km bronce.

Tenis 4 medallas: Oro 1, Plata 2, Bronce 1.

• Dobles: Patricia Romo y Mauricio Valerio plata.
• Dobles: Juan Puente y Luis Mukul bronce.
• Juan Puente: singles oro.
• Luis Mukul: Singles plata.

Bochas 3 medallas: Oro 1, Plata 3.

• Abigail Cantoral plata.
• Alejandra García oro.
• Parejas: plata.

Boliche 1 medalla: Oro 1.

• Daniela Michelle de Loera: individual oro.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados y exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que refuerce las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas con discapacidad.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






25.- Que exhorta a generar y autorizar los recursos necesarios para la reactivación de la construcción del Hospital Hidalgo en el estado de Aguascalientes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de un dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción, equipamiento y puesta en operación del Hospital Hidalgo en el Estado de Aguascalientes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de julio de 2015, la Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

I. La Salud es un derecho humano, por lo tanto, la accesibilidad al Sistema de Salud, significa para las personas en general, que los gobiernos tienen la obligación y deben al mismo tiempo, crear las condiciones institucionales necesarias que permitan a la población vivir en las mejores condiciones de salud posible; esta premisa implica la construcción de las condiciones necesarias para que exista una infraestructura capaz de garantizar las condiciones de salud necesarias así como, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, en este sentido la salud no puede entenderse únicamente como el derecho a estar sano.

En tal virtud, el derecho humano a la salud está consagrado en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo y México no es la excepción.

II. Algunos tratados de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos y el acceso a la Salud, son los siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966;

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979;

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.

Tratados regionales en materia de derechos humanos y acceso a la salud:

Carta Social Europea, 1961;

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981; y,

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988.

A la luz de los instrumentos internacionales enlistados, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar el disfrute y la plena efectividad del derecho a la salud, se deberá considerar lo siguiente para:

La prevención y el tratamiento en las mejores condiciones de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales así como de otra índole, y la lucha contra ellas;

Reducir la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los niños;

Crear las condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

Al respecto nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en el artículo 4° párrafo tercero que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

III. Bajo esta lógica, ya sea como funcionarios públicos o como representantes populares tenemos la obligación por mandato constitucional de hacer efectivas y realizar las medidas necesarias para que los preceptos arriba mencionados se cumplan; en éste sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en 2000 una Observación general sobre el derecho a la salud e impuso tiempos para cumplir cada uno de manera progresiva.

Al respecto, la conclusión de la construcción del Hospital Hidalgo de acuerdo a la Observación general, permitirá cumplir con cuatro elementos esenciales en Aguascalientes, mandatados por nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales a saber:

Disponibilidad. Permite contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles y presenta las siguientes dimensiones superpuestas:

○ no discriminación;

○ accesibilidad física; y,

○ accesibilidad económica (asequibilidad);

Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.

Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

IV. A la luz de estos argumentos, al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud, impone a todas las formas de gobierno y de estado tres tipos de obligaciones:

Respetar. Significa simplemente no impedir por cualquier medio, el disfrute del derecho a la salud es decir, no perjudicar a las personas en su totalidad por argumentos económicos, políticos o jurídicos que eviten realizar o crear infraestructura que facilite el acceso al disfrute del derecho a la salud.

Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales).

Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).

V. De acuerdo a la Observación general mencionada, el derecho a la salud también comprende “obligaciones básicas” de acuerdo a los siguientes elementos fundamentales:

Servicios esenciales de atención primaria de la salud;

Alimentación esencial mínima que sea nutritiva; y,

Medicamentos esenciales.

Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública en los que se tengan en cuenta las preocupaciones en materia de salud de toda la población así como prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o menos favorecidos con una visión humanista a fin de poner en el centro la salud de la persona y no solamente la rentabilidad o los factores económicos que rodean la terminación de la construcción de un hospital de ésta magnitud.

VI. En este sentido la ONU recomienda que los Estados Partes deben adoptar medidas para avanzar hacia la realización del derecho a la salud de conformidad con el principio de realización progresiva. Esto significa que deberán adoptar medidas deliberadas, concretas y específicas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Esos recursos incluyen aquellos proporcionados por el propio Estado y los procedentes de la asistencia y la cooperación internacionales. En este contexto, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho a la salud y la renuencia a cumplirlas, porque nuestro país es generoso con su población y si bien existen dificultades y entornos económicos complejos, es una prioridad atender a la población que más necesita del disfrute y acceso a su derecho a la salud.

VII. Por todo lo antes expuesto, consideramos conveniente que en nuestro país se debe:

Reforzar la capacidad para adoptar un enfoque de la salud basado en los derechos humanos;

Promover los derechos humanos relacionados con la salud, incluido el derecho a la salud;

Que nuestra Constitución establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria.

Que una infraestructura adecuada evita una situación financiera catastrófica y sobre todo el empobrecimiento por solventar los gastos en salud.

Los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad, por lo tanto en Aguascalientes, se debe fortalecer la infraestructura pública de salud.

VII. En Aguascalientes, la situación en materia de salud, es la siguiente:

Respecto a los servicios de salud, en 2010, 78.5% de la población de Aguascalientes era derechohabiente; entre ellos 57% era derechohabiente del IMSS, 9.6% del ISSSTE, 0.3% de PEMEX, SDN o SM, 32.6% del Seguro Popular y 2.7% de otras instituciones.

Lo anterior significa que aún un 21.5% de la población aún no cuenta con acceso a los servicios de salud, por lo que esta es una ventana de oportunidad que se tiene que trabajar pues no cabe duda que esto indicador en la medición del bienestar influirá en la decisión de los electores cuando emitan su voto, este es un aspecto clave en el voto retrospectivo en un Estado que cuenta con mediciones aceptables de bienestar social.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que el 48.6% de la población usuaria de servicios de salud son hombres, mientras que 51.4% son mujeres, por lo cual esta prevalencia debe buscar un equilibrio tendiente a la universalidad en el acceso a los servicios de salud.

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de cobertura por institución y por su porcentaje.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y SU DISTRIBUCIÓN EN 2010


ENTIDAD
 FEDERATIVA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE

PORCENTAJE SEGÚN INSTITUCIÓN

IMSS

ISSSTE

PEMEX, SDN o SM

Seguro 
popular

Otras instituciones

AGUASCALIENTES

78.5

57

9.6

0.3

32.6

2.7

FUENTE: INEGI, “Sociedad y gobierno, derechohabiencia y uso de servicios de salud”, última actualización el 3 de marzo de 2011, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: marzo de 2015).

En el cuadro siguiente, se muestra el acceso a los servicios de salud por género y su porcentaje.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE SERVICIOS DE SALUD 2010

ENTIDAD FEDERATIVA

Total

Hombres

Mujeres

AGUASCALIENTES

100

48.6

51.4

FUENTE: INEGI, “Sociedad y gobierno, derechohabiencia y uso de servicios de salud”, última actualización el 3 de marzo de 2011, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: marzo de 2015).

Finalmente, la Cámara de Diputados debe elevar un atento llamado al Titular del Ejecutivo Federal, al Titular de la Secretaría de Hacienda; a la Titular de la Secretaría de Salud y al Titular del Gobierno del Estado de Aguascalientes para que en los términos de los artículos 1o. y 4o. constitucionales concreten y tomen las medidas pertinentes para que se pueda cumplir con todos los requisitos administrativos y económicos para que se pueda continuar la construcción, concluir y poner en operación del Hospital Hidalgo en el Estado de Aguascalientes, en virtud de que la infraestructura actualmente existente es insuficiente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- Se Exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para continuar con la construcción, equipamiento y puesta en operación del Hospital Hidalgo del Estado de Aguascalientes, incluyendo la incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, las medidas presupuestales necesarias.

CONSIDERACIONES

I.- Las legisladoras y legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, es del conocimiento de esta comisión que el 27 de octubre 2008, el entonces gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat  colocó la primera piedra del nuevo Hospital Hidalgo. De acuerdo con un boletín enviado a los medios de comunicación, se anunció que la obra tendría una inversión de más de 824 millones de pesos con una superficie de 50 mil metros cuadrados, con una posible expansión a futuro de 20 mil metros cuadrados, 200 camas censables y un diseño arquitectónico vanguardista.

II.- Para 2010, cuando Reynoso Femat concluyó su sexenio, la obra llevaba 65% de avance y una inversión de más de 670 millones de pesos.  “En enero del año 2013, en conferencia de prensa el gobernador Carlos Lozano de la Torre, acompañado por el coordinador de proyectos, Carlos Ruvalcaba y el secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Miguel Ángel Romero Navarro,  expresó que en varios medios de comunicación se ha dicho que no se ha concluido el Nuevo Hospital Hidalgo, el Centro de Convenciones y la vía corta de ferrocarril a Guadalajara, los cuales son los tres compromisos que hizo Enrique Peña Nieto con Aguascalientes, los cuales en su momento serían anunciados, pero vía presidencia de la República”.

III.- En mayo de 2014, a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto a Aguascalientes, se reactivó el tema de la construcción del nuevo hospital y se amplió la cantidad de dinero destinado a la inversión del mismo.

IV.- De acuerdo a los hechos que se pueden constatar de manera pública, la construcción lleva cinco años en obra negra. Sin embargo, el gobierno estatal no ha podido avanzar con ella. De acuerdo con el portal de La Jornada de Aguascalientes, Carlos Rubalcava Arellano, coordinador estatal de planeación y proyectos indicó que se cuenta con el recurso pero no se puede hacer uso de él hasta que no se obtenga un registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “El proyecto está sujeto a las disposiciones que tiene la Secretaría de Hacienda, a la inscripción ante ellos en la Unidad de Inversiones, el proyecto fue modificado porque se fusionó con el Hospital de la Mujer y para un mayor aprovechamiento se modificó el proyecto y tuvimos que presentar uno nuevo y diferente. Lo que se planteó en el proyecto original era irrealizable desde el punto de vista de operación y costos, por eso es que se aprovechará para algunas camas del nivel de especialidades y otras que permitirán ampliar el actual Hospital de la Mujer”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones puedan generar y autorizar los recursos necesarios para la reactivación de la construcción del hospital Hidalgo del Estado de Aguascalientes; así como una partida presupuestal para iniciar la operación de este proyecto de infraestructura hospitalaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el año fiscal 2016.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN


Redacción, Costará 5 veces más la cama en el nuevo Hospital Hidalgo #Aguascalientes: “Barril sin Fondo”, Revista La Verdad del centro, 21 de septiembre de 2014.
http://www.laverdaddelcentro.com.mx/index.php/reportajes/estatales/9135-salud

CERBÓN, Mónica, Gobierno, imposibilitado para ejercer recursos del nuevo Hospital Hidalgo, La Jornada de Aguascalientes, 20 de julio de 2015. http://www.lja.mx/2015/07/gobierno-imposibilitado-para-ejercer-recursos-del-nuevo-hospital-hidalgo/






26.- Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a su homóloga en el estado de Oaxaca a implementar programas de capacitación y formación permanente del personal médico de primer y segundo nivel de atención en materia de emergencias obstétricas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud federal y del estado de Oaxaca, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a atender la problemática de violencia obstétrica que ocurre en el país y, en particular, el caso ocurrido en Oaxaca a Irene Cruz Zúñiga.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  13 de agosto 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna Porquillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

 “Irene Cruz Zúñiga, mujer originaria de la comunidad mixteca de Morelos del municipio de Santa Cruz Itundujia en Oaxaca, lleva más de 13 años postrada en una cama víctima de morbilidad materna sobreviviendo pese a la indolencia y la injusticia institucional, y gracias a los cuidados de su familia entera.

Su madre, Maura Zúñiga García, su hermana, Enimia Cruz Zúñiga, sus hermanos Carlos y Bartolomé, y su padre Enrique Cruz, no se cansan de exigir justicia para el caso de Irene, el cual puede ser considerado como uno de los más dolorosos y emblemáticos sobre violencia obstétrica que afrontan las mujeres en México puesto que las condiciones en razón de clase y de pertenencia a un pueblo indígena que lo atraviesan demuestran el arraigado racismo institucional de nuestro sistema de salud pública y en el sistema de justicia.

En junio de 2001, a sus 26 años, Irene se encontraba embarazada de su primer hijo. Inició el trabajo de parto el 20 de junio del mismo año, auxiliada por una partera en su casa en el paraje de Barranca Fiera, perteneciente a la comunidad de Morelos. Sin embargo, en la mañana del 21 de junio aproximadamente a las 8:00 hrs., debido a la dilación en el trabajo de parto, la partera le dijo a Irene que debía acudir a la unidad de salud “más cercana” para continuar el parto, para lo que Irene, su padre, su madre y su entonces esposo buscaron la atención de la brigada médica de la Secretaría de Salud. Horas más tarde cuando la familia pudo trasladarse al centro de la comunidad de Morelos, el personal de dicha Brigada diagnosticó como bueno el estado del bebé y mencionaron a los familiares que éste nacería más tarde alrededor de las 19:00 hrs., por lo que la familia se trasladó al Centro de Salud de la cabecera municipal llegando allá a las 18:00 hrs. Allí, el personal de salud mencionó que el parto sería normal y que pondrían a caminar a la señora Irene, pero por si hubiera complicación alguna sugirieron a la familia trasladarse hasta al hospital de Tlaxiaco.

El trayecto al Hospital Rural del IMSS en el municipio de Tlaxiaco, implicó tres horas más de camino de terracería, por lo que llegaron allí alrededor de las 22:00 hrs del 21 de junio. En el Hospital Rural, a Irene le fue practicada una cesárea de emergencia y, sin el consentimiento de ella o su familia, le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU).

Debido a una mala aplicación de anestesia durante la cesárea, Irene presentó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno llegara a su cerebro; esto ocurrió la madrugada del 22 de junio. Como consecuencia de esta negligencia, Irene presentó daño cerebral permanente e irreversible y la pérdida de movimiento. Esa misma mañana Irene y su hijo fueron traslados al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso) que se encuentra a tres horas de Tlaxiaco, en la ciudad de Oaxaca.

Cuando salió del hospital de Tlaxiaco, de acuerdo al expediente médico, Irene fue pronosticada con “Glasgow” de “bueno para la vida, malo para la función” y en el Hospital Civil fue diagnosticada con “encefalopatía hipóxica isquémica”; es decir, Irene había perdido totalmente la movilidad y razonamiento.

El hospital de Tlaxiaco nunca le proporcionó a la familia de Irene la información que explicaba las causas que provocaron los daños pese a que la familia la solicitó. Frente a esta situación, el 30 de junio de 2001 se presentó una denuncia por negligencia médica. No obstante, la familia nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal, pero señaló que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) tardó en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes y archivó el expediente de Irene por diez años, cometiendo dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso.

El 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS; es decir, del orden federal. De esta manera dio inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011 y el 6 de julio de 2012, la PGR encontró a la anestesióloga como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público.

Ante este proceso, el Juez Cuarto de Distrito solicitó el auto de formal prisión de la anestesióloga. Sin embargo, ella pagó una fianza e interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.

El caso continuó avanzando y en diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito al haber pasado más de 10 años pero emitió un acuerdo judicial pidiendo a las autoridades mexicanas una indemnización y rehabilitación para Irene, su hijo y su familia, así como las medidas de no repetición por parte de las dependencias correspondientes con el fin de reparar los daños causados.

Pese al acuerdo judicial emitido, las dependencias locales y federales se han negado a acatar la reparación integral del daño al que Irene y su familia tienen derecho como víctimas de la falta de acceso a la justicia.

Actualmente, la familia de Irene sigue exigiendo de manera prioritaria una adecuada atención de los servicios de salud; una beca escolar para Epafrodito; una compensación adecuada y justa; así como diversas garantías de no repetición en beneficio de la comunidad.

Desafortunadamente, Irene no es la única víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica. Ambas son un serio problema de salud pública que enfrentan las mujeres mexicanas.

Morbilidad materna es aquella lesión o incapacidad que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días posteriores al parto. Actualmente, no existe una base de datos oficial y accesible que nos permita conocer las dimensiones de este problema en el país pero de acuerdo a cifras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mundo 500 mujeres y niñas mueren diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes.

Por su parte, la violencia obstétrica es definida como una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres que se genera en el “ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud - públicos y privados-, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género”. Esta violencia puede ejercerse de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se proporcionan medicamentos no justificados, o al no respetarse los tiempos y posibilidades del parto biológico; o de manera psicológica cuando se ejerce un trato deshumanizado e indigno, discriminación, humillaciones o se niega y/u obstaculiza información a las mujeres sobre la situación y evolución de su embarazo, parto y puerperio.

El caso de Irene como el de miles de mujeres mexicanas, reflejan la enorme desigualdad social que existe en México asociada a las condiciones de pobreza, etnicidad, género y clase. A esto se suma su actual condición de discapacidad.

Muestra de lo anterior se ve reflejado en las 65.3 defunciones por cada 100 mil personas nacidas vivas en el estado de Oaxaca, el cual es la segunda entidad del país con más rezago en el combate a la muerte materna, después de Guerrero, dos de las poblaciones de México con más cantidad de personas indígenas.

Debido a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna en México, así como otras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas, diversos organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha emitido recomendaciones puntuales para México en la materia entre las que destacan garantizar el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, e intensificar los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en la que se dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad.

Sin embargo, las mujeres y niñas mexicanas siguen muriendo y enfrentándose a constantes violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, así como luchando por justicia ante estas constantes violaciones.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, para que adopten la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca, específicamente al de la comunidad de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar una atención de calidad y calidez incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de personal profesional capacitado y permanente.

SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, emergencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a que conforme al acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, incluyendo una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz Zúñiga, en el sistema educativo básico, medio y superior.

CUARTO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que cumpla con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las y los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, y capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de trece años.

CONSIDERACIONES

I.- Es del conocimiento de Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente que el pasadojunio se cumplieron 14 años desde que una mala praxis sanitaria dejó a Irene Cruz Zúñiga con daño con pérdida total del movimiento  y daño cerebral permanente irreversible. Actualmente, Irene tiene 40 años de edad, vive al cuidado de su familia en Barranca Fiera, una comunidad de difícil acceso, a seis horas de la ciudad de Oaxaca, y su única manera de comunicarse con ellos es a través de gemidos y sonidos guturales.

II.- El miércoles 20 de junio de 2001, Irene comenzó a sentir los dolores de parto. Continuando con  las costumbres de la comunidad, acudió a una partera. Después de varias horas en trabajo de parto sin éxito, Irene se trasladó a un hospital público del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxiaco, Oaxaca, ubicado aproximadamente a dos horas de su lugar de residencia.

III.- En la madrugada del 22 de junio Irene fue sometida a una cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico, también le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento ni el de su familia. Hasta la fecha, desconocen si el DIU fue implantado o no. Después de notificar a la familia el grave estado en el que se encontraban tanto Irene como su hijo, la trasladaron al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso del sector salud estatal, situado a tres horas de distancia, en la capital del estado.

IV.- De acuerdo con el expediente médico, la paciente salió de Tlaxiaco con un pronóstico de “Glasgow” – escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico – de “bueno para la vida, malo para la función” .En el Hospital Civil le diagnosticaron “encefalopatía hipóxica isquémica”, es decir, pérdida total de la movilidad y razonamiento. Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en medicina interna del Hospital Civil. Más tarde, debido al desgaste económico de la familia y a la falta de apoyo por parte de los servicios de salud, la familia decidió llevar a Irene a casa y hacerse cargo de ella.

V.- Alberto Núñez Cruz, entonces esposo de Irene, presentó una demanda por negligencia médica. Fue al Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por continuar con la demanda, la carga económica cada vez se volvió más pesada y Alberto tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hasta hoy se desconoce su paradero.

La vida de la familia cambió completamente. La madre de Irene no sólo tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su hija, también tuvo que afrontar la responsabilidad de su nieto que permaneció sus primeras ocho semanas de vida en una incubadora. El padre, por su parte, tuvo que alargar sus jornadas laborales y asumir también parte de los cuidados y el soporte económico para Epafrodito, hijo de Irene.

VI.- Ante la falta de un seguimiento judicial, que fue iniciada por el entonces esposo, la denuncia quedó prácticamente como un número de expediente más y no fue sino hasta nueve años después, en 2010 cuando la familia Cruz Zúñiga citada a declarar nuevamente en la capital del estado.

VII.- El 19 de octubre de 2011, la Procuraduría declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), pues el delito fue cometido por personal del IMSS, una dependencia federal. Entonces se inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011.

VIII.- El 6 de julio de 2012, once años después de que Irene quedara en estado vegetativo, la PGR encontró a María de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión y ejercicio indebido del servicio público. Por ello, solicitó su detención.

IX.- El 21 de agosto del mismo año, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.

X.- El 11 de diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, es decir, que no se podía perseguir debido al tiempo que ya había transcurrido, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen indígena.

XI.- Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un trabajo elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que recomendó medidas de reparación integral del daño por parte de autoridades estatales y federales para las víctimas: Irene, su hijo y su familia. En su fallo, el magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían. Por lo tanto, determinó que era necesaria la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas. Como se determinó que el delito prescribió el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pidió al Estado mexicano en su conjunto, pero a través instancias federales y estatales claramente identificadas, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación y exigió implementar medidas para garantizar que no se repita la situación en las distintas dependencias del sector salud.

XII.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que Fundar ha asumido la representación legar de la familia y ha denunciado la falta de respuestas y soluciones por parte del IMSS “quien se ha escudado en la prescripción del delito para evadir cualquier obligación institucional con respecto al bienestar y protección de Irene y su familia, a pesar de la magnitud de los daños ocasionados. Incluso el IMSS ha hecho caso omiso a la resolución del magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.” El IMSS entregó al Primer Tribunal Unitario de Oaxaca, un “Análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista”, con el que pretende la reconsideración de su responsabilidad en los hechos, asegurando que gracias a la atención del hospital de Tlaxiaco, fue salvada la vida de Irene y la de su hijo.

XIII.- En octubre del año pasado, esta misma organización, Fundar, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una petición en contra del Estado Mexicano, por violaciones al derecho a la integridad personal y salud de Irene, por morbilidad materna y falta de acceso a la justicia y  ya ha sido registrada bajo el número P-1448-14, y se encuentra actualmente bajo estudio. Es decir, la CIDH se encuentra ya analizando el caso de Irene para determinar su admisibilidad.

XV.- Finalmente Amnistía Internacional se adhirió al apoyo del  caso de Irene como víctima de violencia obstétrica con responsabilidad del sector público.

Para las legisladoras y legisladores de esta Segunda Comisión, quienes se han pronunciado en diferentes temas de protección de derechos humanos en los servicios de salud, el caso de Irene Cruz Zúñiga es caso que va más allá de la mala prestación de servicios de salud, sino de la sistemática violación a los Derechos Humanos tanto de Irene como de su familia, de violación de sus derechos sexuales y reproductivos, que sintetiza una cultura de discriminación en contra de las comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe exhortar a todas las dependencias que mediante acciones u omisiones contribuyeron a agravar el daño sufrido por Irene Cruz Zúñiga, a hacer cumplir el acuerdo judicial que mandata la reparación integral del daño, que lamentablemente es permanente e irreversible.

El que nos ocupa, es un caso que atañe al Estado mexicano en su conjunto, por lo que la obligación de remediación del daño no puede limitarse a acciones aisladas por parte de una sola institución –cabe señalarse que hasta ahora, solo el Instituto Mexicano del Seguro Social ha adoptado ciertas medidas para el cumplimiento del acuerdo jurisdiccional antes referido.

En conclusión, dadas las particulares y agravadas características los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos urgente la resolución de este caso de violencia obstétrica, que no puede darse por atendido sino mediante el cumplimiento estricto y total de la reparación de un daño que se ha significado en violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de una mujer indígena. Solo de este modo se podrán atender las fallas estructurales y la discriminación que viven las mujeres indígenas en los sistemas de salud y de justicia en México.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a su homóloga en el estado de Oaxaca, a implementar programas de capacitación y formación permanente del personal médico de primer y segundo nivel de atención, en materia de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a dotar a los centros de salud de Oaxaca del equipamiento médico necesario para atender las emergencias obstétricas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca, por conducto de las dependencias señaladas en el acuerdo judicial del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el estado de Oaxaca, emitido el 11 de diciembre de 2013, a implementar todas las medidas de satisfacción necesarias para garantizar la reparación integral del daño irreversible y permanente sufrido por Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, derivado de la cesárea que le fue practicada en el hospital regional número 33, en Tlaxiaco, Oaxaca, el 21 de junio de 2001.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






27.- Por el que se solicita un informe sobre el estado que guardan las ruinas arqueológicas prehispánicas, ubicadas en Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y la elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de agosto de 2015,el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

1.- El Senador Demédicis Hidalgo señala expresamente en sus consideraciones:

“Ante el descubrimiento de los vestigios arqueológicos  en la zona que se le conoce como la Mezquitera en el Municipio de Tlaltizapán, en el Estado de Morelos, los cuales se estima que tienen una antigüedad de más de mil quinientos años, con un perímetro aproximado entre 250 y 300 metros cuadrados, ubicados entre los kilómetros 18 y 19 de la autopista siglo XXI, y que el pasado veinte de julio del presente, fueron destruidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Morelos, bajo aprobación con el Instituto  Nacional de Antropología e Historia.

El municipio de Tlaltizapán, cuenta con 34 zonas arqueológicas, y que tan solo en este tramo carretero hubo 24 hallazgos, aunado a que existen 19 ofrendas, es decir que estos vestigios arqueológicos son patrimonios culturales e Históricos de México, mismos que pasaron por desapercibidos para la construcción de una autopista.

Durante la época prehispánica, el pueblo de Tlaltizapán, tributó al Valle de México;  En el tiempo en que la Colonia integró junto con la mayoría de los municipios del hoy Estado de Morelos, parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad del conquistador Hernán Cortés. Durante la época del Marquesado, Tlaltizapán fue una estancia de yeguas establecidas en 1549, con casa dedicada al encierro y domesticación de estos animales. El encargado de esta estancia fue don Pablo de Paz.

Se dice que los dominicos construyeron la casa de Tlaltizapán hacia 1550 A.C., Hernán Cortés estableció aquí un rancho donde tenía doce empleados, es tradición haberse criado caballos de buena sangre, el encargado de dicha estancia fue don Pablo de Paz; Tenía aquí dos casas de piedra un corral grande y establo, en 1519 formó parte del señorío de Oaxtepec, mientras que para 1531 ya es sujeto de Yautepec.

Existen ruinas de las capillas de indios abandonadas, indicativas de la congregación en el siglo XVII, hay indicios de que tradiciones indígenas de salud fueron perseguidas por la iglesia con la que podemos señalar a esta región a orillas del río Yautepec como una área de curanderos, hacia el oriente hubo asentamientos indígenas importantes como San Pablo de Nexpa.

Por lo que al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas de Acamilpa, San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de Achichipico, Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa y san Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar a Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex gobernador del Estado don Carlos Pacheco.

Derivado de lo anterior y ante los hechos lamentables el pasado veinte de julio del presente, con respecto a la destrucción de los vestigios arqueológicos en la zona de la Mezquitera, la coordinación Nacional de arqueología en el Estado de Morelos, señalaron que se trataba de estructuras “inestables” y que fueron afectadas desde hace diez años, situación la que previamente se decidió llevar a cabo trabajos de exploración arqueológica, hipótesis que fue desestimada por las autoridades locales, en virtud a la destrucción evidente de los vestigios arqueológicos, acto que avaló el Instituto Nacional de Antropología e historia, para ejecutar la destrucción de dichos vestigios prehispánicos.

Al respecto prevalece un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, en virtud a que las autoridades administrativas tales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al no respetar los derechos consagrados en el artículo 14 constitucional que sustenta la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos, con respecto a los pobladores del municipio de Tlaltizapán en el estado de Morelos.

De lo cual también, se señala la facultad del congreso de la Unión para poder legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional en términos a lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXV; esto es, sólo confiere atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo y a través de la ley que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los Estados y los Municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes, intervengan, así como la forma en que deberán hacerlo.

En consecuencia, lamentamos el eminente proyecto carretero de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express)ejecutado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en razón a que se desconocen las hipótesis en las cuales sustentaron para llevar a a cabo LA DESTRUCCIÓN DE LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, con aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que expreso mi total repudio ante estos hechos tan lamentables, en concordancia con las expresiones y sentimientos del pueblo del municipio de Tlaltizapán en el Estado de Morelos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el marco de su competencia rinda un informe por “LA DESTRUCCIÓN DE LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS PREHISPÁNICAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN y TLAQUILTENAGO, EN EL ESTADO DE MORELOS”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto queremos mencionar como antecedente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. En su página de internet se señala que tiene como misión: Plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia. Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es el organismo del gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural.  Este organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos de estas últimas, 181 están abiertas al público.

En relación con la presente proposición, queremos informar que al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas de Acamilpa, San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de Achichipico, Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa y san Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar a Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex gobernador del Estado don Carlos Pacheco.  El municipio se localiza en la subregión de Jojutla y se ubica geográficamente entre los paralelos 18°41' de latitud norte y los 99°07' de longitud oeste del meridiano de Gerencia, a una altura de 945 metros sobre el nivel del mar.  Limita al norte con el municipio de Yautepec, al sur con Tlaquiltenango al este con Ayala; al oeste con Puente de Ixtla y Xochitepec, al noroeste con Emiliano Zapata y al sureste con Zacatepec.

Por otra parte, tenemos conocimiento que el pasado veinte de julio del presente, según se dice, fueron destruidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Morelos, bajo la aprobación del Instituto  Nacional de Antropología e Historia, los vestigios arqueológicos en la zona de la Mezquitera,  con el propósito de construir el proyecto carretero de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) ejecutado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Al respecto, la Coordinación Nacional de Arqueología en el Estado de Morelos, señaló que se trataba de estructuras “inestables” y que fueron afectadas desde hace diez años.

En virtud de lo anteriormente expuesto y solidarizándonos con el sentir del promovente del punto de acuerdo, manifestamos que nuestros bienes históricos y culturales forman parte de una rica herencia nacional que los mexicanos estamos obligados a preservar; y nos pronunciamos a favor de la conservación y protección de las zonas y monumentos históricos, culturales o artísticos, así como la aplicación de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días, en relación con el estado que guardan las Ruinas Arqueológicas Prehispánicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

SEGUNDA COMISIÓN






28.- Que exhorta a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la depresión.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL
Y EDUCACIÓN PÚBLICA

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan los programas de investigación y tratamiento de la “depresión”.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto de 2015, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Senadores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones que:

“La Secretaría de Salud, señala que la depresión es un trastorno afectivo en el cual el enfermo pierde la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, con una disminución de la vitalidad acompañada de tristeza, inseguridad y cansancio exagerado.

Los motivos que propician esta enfermedad son diversos y complejos; este trastorno afecta la