Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 23 de noviembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 22



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Agosto de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:32 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras y señores legisladores, daré inicio a lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 31 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de agosto de este año 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio.

Esta Presidencia agradece a los legisladores su atención a la convocatoria, para que nuestra sesión se realice en este recinto histórico del Senado.

El Orden del Día se les ha distribuido, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES
CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas con diez minutos del viernes catorce de agosto de dos mil quince, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles cinco de agosto de dos mil quince.

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne con motivo de la visita de la Presidenta de la República de Chile.

(RECESO)

(SESIÓN SOLEMNE)

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

(Comunicaciones)

Se recibió del Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015.- Intervinieron: Diputado Manuel Añorve Baños del PRI, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputado Marcelo Torres Cofiño del PAN, Diputado José González Morfin del PAN, Senador Emilio Gamboa Patrón del PRI y Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

Se recibió del Diputado Eduardo Román Quian Alcocer, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de su participación en la Mesa Directiva de Eurolat y en las reuniones de trabajo sostenidas en Reino Unido, Armenia, República Checa, Hungría, Bulgaria y en comisiones y Plenaria de Eurolat, celebradas del 15 de mayo al 5 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

Se recibió del Senador Fernando Yunes Márquez, el Informe de sus actividades en la visita de trabajo sobre temas de defensa y seguridad, en la República Islámica de Irán, del 14 al 23 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Se recibió de la Secretaria de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica que la Evaluación de Procesos 2015 del Programa Presupuestario P002 "Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor" será realizada por la institución Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaria de Gobernación, oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaria de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al primer semestre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Banco de México, oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del congreso del estado de Veracruz, iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2015.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de junio de 2015.- Quedó de enterado.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo a informar sobre los programas de capacitación que lleva a cabo para evitar accidentes de trabajo.- Intervino la Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.

2. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la Asociación de Bancos de México a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas.- Intervino el Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI.

3. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informen sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Chiapas.- Intervino el Diputado Danner González Rodríguez de MC.

4. Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de la Federación a enviar en tiempo y forma el informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera.- Intervino el Diputado Danner González Rodríguez de MC.

5. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Baja California a desarrollar o, en su caso, fortalecer un plan estratégico que haga frente a la escasez de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada.

6. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales entregados al municipio de Guasave, Sinaloa; asimismo, exhorta a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 los recursos suficientes para la instalación de una barrera paralela de geotubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias.

7. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca en la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno y su comercialización.

8. Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social información de la situación que prevalece sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 38 días de prima de antigüedad.

9. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet; asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a informar a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus medidas de prevención y alerta.- Intervino el Diputado Enrique Cárdenas del Avellano del PRI.

10. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en medios de comunicación a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado "phishing".- Intervino el Diputado Enrique Cárdenas del Avellano del PRI.

11. Por el que se solicita al Gobierno Federal información sobre el programa PROAGRO.

12. Por el que se solicita al Gobierno Federal considere realizar auditorías a los diversos programas que son parte del "Programa Especial Concurrente".
13. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016.

Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica.

PRESIDE EL DIPUTADO
MARTÍN HEREDIA LIZÁRRAGA

Se sometieron a consideración de la Asamblea sesenta y siete dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.- Intervinieron los legisladores: Senador Miguel Romo Medina del PRI y Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

2. Por el que Comisión Permanente reconoce la trayectoria y obra literaria del escritor Gustavo Sainz con motivo de su reciente fallecimiento y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la recuperación de su acervo bibliográfico ofrecido.- Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI y Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.

3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de las redes sociales.- Intervinieron los legisladores: Senador Ismael Hernández Deras del PRI y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los recursos económicos correspondientes al subsidio 2015 destinados a la Universidad Obrera de México.

5. Que exhorta a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector etario; asimismo, exhorta a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

6. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe de la situación jurídica y de salud física y mental de la C. Rosa del Carmen Verduzco y sobre el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue "La Gran Familia".

7. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a adoptar las medidas que estime necesarias para fortalecer la sana convivencia en el deporte nacional.

8. Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución.

9. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe de los avances alcanzados en el proceso de implementación de la reforma educativa.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL.

10. Por el que la Comisión Permanente expresa su más sentido pésame y condolencias a los familiares de los fallecidos en la tragedia del asilo Hermoso Atardecer en el estado de Baja California; y exhorta a la Coordinación Estatal de Protección Civil de dicho estado a verificar e informar el estado que guardan los programas internos de protección civil de los inmuebles de las asociaciones civiles encargadas de velar por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas hogar.- Intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI.

11. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares del poder ejecutivo de cada entidad federativa y del Distrito Federal a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que viven con sus madres.

12. Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género en diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos.

13. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.

14. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

15. Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas.- Intervinieron los legisladores: Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD y Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

16. Que exhorta a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a que, en el marco del "Día Mundial Contra la Hepatitis", implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.

17. Por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

18. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en diversos estados del país.

19. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como reforzar los dispositivos y protocolos médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan.

20. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.

21. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus códigos civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar.

22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales.

23. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir a la brevedad la norma oficial mexicana "Para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".

24. Que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de los recursos públicos del programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior, así como sujetar dicho programa a las disposiciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

25. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.

26. Que exhorta a las autoridades de salud del estado de Quintana Roo a evaluar la viabilidad financiera de establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún.

27. Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado información sobre las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo.

28. Por el que se solicita a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a difundir el Programa Súmate ENFA - Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones- y coadyuvar en su ejecución.

29. Que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos a considerar la creación de unidades de niñez y adolescencia y establecer políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia.

30. Que exhorta a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la reforma educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y fortalecer al sistema educativo nacional.

31. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior.

32. Por el que la Comisión Permanente felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados.

33. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cámara de Diputados a generar y autorizar los recursos necesarios para la reactivación de la construcción del hospital Hidalgo del estado de Aguascalientes.

34. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a su homóloga en el estado de Oaxaca a implementar programas de capacitación y formación permanente del personal médico de primer y segundo nivel de atención, en materia de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a dotar a los centros de salud de Oaxaca del equipamiento médico necesario para atender las emergencias obstétricas.

35. Por el que se solicita a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe sobre el estado que guardan las ruinas arqueológicas prehispánicas, ubicadas en Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

36. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la depresión.

37. Por el que se da por atendida la solicitud de las proposiciones relativas a las políticas de prevención y erradicación del virus del chikungunya en México.

38. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala; asimismo, se les exhorta a reforzar la protección, conservación y vigilancia de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos en el país.

39. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal un informe sobre los avances de la integración de México en los distintos organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética.

40. Por el que la Comisión Permanente saluda las conversaciones que llevan a cabo el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, para la construcción de una paz estable y duradera.

41. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la exitosa celebración de la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en la que México transfirió la Presidencia Pro Témpore a la República del Perú para el periodo 2015-2016.

42. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal a promover el contenido y los alcances del Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su cargo.

43. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe de los temas abordados y los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico.

44. Que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México, con el objeto de enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones.

45. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque extremista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino y su padre; extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y se une al clamor de justicia para las víctimas.

46. Por el que la Comisión Permanente hace un amplio reconocimiento al plan de acción integral conjunto alcanzado entre la República Islámica de Irán con Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos.

47. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a informar las acciones que han realizado para prevenir las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

48. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe sobre los resultados alcanzados durante la implementación del Programa Binacional de Educación Migrante.

49. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de la norma oficial relacionada con los requisitos mínimos que debe tener un lactario materno.

50. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos y financieros de la construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco.

51. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de la situación de los centros y albergues de atención de personas con discapacidad.

52. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador de Oaxaca a asumir su compromiso democrático de velar por los intereses de las mujeres.

53. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados internacionales y política exterior con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional.

54. Por el que se desechan diversas proposiciones en relación a solicitudes de informes de la política social y la comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo Social.

55. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar acciones para resolver el desabasto de medicamento.

56. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que celebraba la reapertura de las embajadas de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios.

57. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a investigar y sancionar a quien resultara responsable, sobre el caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal en el municipio de Hermosillo, Sonora.

58. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos.

59. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a informar de la investigación relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas.

60. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia por el respeto a la democracia y al gobierno nacional de la República del Ecuador y se congratula por el establecimiento de mesas de diálogo entre las partes en conflicto.

61. Por el que la Comisión Permanente saluda la celebración del Primer Parlamento Juvenil de México, que tendrá lugar del 24 al 28 de agosto.

62. Que exhorta al Gobierno Federal a impulsar la suscripción del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia en Asuntos Aduaneros cuyas negociaciones concluyeron desde julio de 2013.

63. Que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar la consolidación de las relaciones entre la República Islámica de Irán con México en temas bilaterales que enriquezcan la relación de amistad entre ambas naciones.

64. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar el modelo educativo de las escuelas normales públicas, a efecto de mejorar la adquisición de conocimientos y habilidades pedagógicas a sus egresados.

65. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la implementación de un programa de prevención del asma y de alergias, como una medida para disminuir este tipo de enfermedades.

66. Por el que la Comisión Permanente se congratula por el ejercicio democrático realizado por el pueblo helénico el 5 de julio de 2015.- Intervino el Diputado Fernando Rodríguez Doval del Pan. El dictamen, en votación económica, no fue aprobado.

Los sesenta y seis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se establece la segunda vuelta para las elecciones de Presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno, presidentes municipales y jefes delegacionales.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 47 de la Ley del Banco de México.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Friné Soraya Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

De los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 en su numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 bis 1 y 77 bis 36 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña Pérez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Del Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de exigibilidad de los derechos sociales.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

De la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, para impulsar el fomento de las actividades artísticas en la educación preescolar, primaria y secundaria.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Turismo y se expide la Ley de Protección al Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a declarar a Guerrero zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que provoca la sequía de las últimas semanas en la entidad.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a remitir información relacionada con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal Cámara de Senadores.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

De los Diputados Lourdes Adriana López Moreno y Jhonatan Jardines Fraire, con punto de acuerdo respecto a las recomendaciones finales que emitió la Organización de las Naciones Unidas a México, en torno a la prohibición de las formas de violencia a las que están expuestos los menores de edad, como la tauromaquia.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el proyecto Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proponer modificaciones a las normas oficiales mexicanas NOM 012 y NOM 068, con la finalidad de que el transporte de carga tenga una mejor regulación y disminuyan los accidentes carreteros a causa de estas unidades.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar y acelerar lo correspondiente al convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y dicha dependencia, a fin de cumplir con la credencialización de los ciudadanos que viven en el extranjero para que puedan ejercer su derecho al voto en el proceso electoral del año 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a proporcionar mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad y que en los elevadores puestos en funcionamiento y aquéllos que se instalen a futuro, se permita su utilización no solo por las personas con discapacidad sino también por las personas adultas mayores.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar la agenda de desarrollo post2015 durante la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a articular acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardar la integridad física de las personas que participan en las llamadas "peregrinaciones".- Se turnó a la Primera Comisión.

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a promover la inclusión de jóvenes en trabajos dignos y bien remunerados como requisitos indispensables para la construcción de una vida de calidad para ellos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el presunto diseño de la reforma energética por parte de funcionarios de Estados Unidos de América.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado de Zacatecas, con el objetivo de atender con mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Del Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad a realizar los estudios y acciones necesarios a fin eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares de educación pública en todo el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar las acciones necesarias para que se otorgue un descuento o tarifa especial a diversos grupos sociales de la población en el cobro del pasaje del tren suburbano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal a atender las peticiones de vecinos del pueblo de San Pedro Xalpa.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega de pantallas a ciudadanos por el apagón analógico.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

De la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato a velar por el óptimo cumplimiento y apego a la Ley de los Colegios Municipales de Profesionistas como cuerpos consultores especializados que favorecen el desarrollo de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a disponer lo necesario con el propósito de que se investiguen a profundidad los hechos dados a conocer por el portal Wikileaks en el sentido de que el gobierno de Baja California se dispone a renovar la contratación de servicios de espionaje con empresas extranjeras.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Del Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a que, a partir del próximo ciclo escolar, los alumnos que cursen educación pública obligatoria cuenten con un seguro escolar contra accidentes.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Edith Avilés Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar, investigar y, en su caso, sancionar a las compañías de telefonía celular por las fallas existentes en la prestación de los servicios que ofertan y distribuyen.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Agua a dar cumplimiento al Derecho al Agua de Calidad en los municipios de la región de la Laguna, en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la versión pública de los peritajes realizados en torno a la investigación de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía a coordinarse y desarrollar una estrategia de comunicación enfocada en la promoción turística de las entidades que comprenden la franja fronteriza norte.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las conductas del gobernador del estado de Puebla, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, proscribir la represión de los movimientos sociales en ese estado e impedir que se criminalicen los actos de protesta de los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del sistema nacional de salud a realizar un programa dirigido a prevenir e investigar el mal de Parkinson, así como a rehabilitar a quienes lo padecen.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero y de la Contraloría General del Distrito Federal a realizar una investigación respecto de presuntas construcciones irregulares de inmuebles ubicados en esa demarcación territorial.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la paridad de género, derivada del proceso electoral 2015.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a garantizar la atención de las carencias que presentan las escuelas públicas a las que asisten mayoritariamente alumnos de origen indígena.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción en los amparos en revisión relativos a la reforma energética.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación sobre el contenido de una conversación entre el Senador Ernesto Ruffo y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela Saldaña Fraire, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión a fin de explicar cómo se vinculan los "recortes" presupuestales perfilados en los pre-criterios de política económica 2015-2016, el presupuesto base cero en 2016 y la caída de los ingresos petroleros equivalente a 40.6 por ciento de enero a mayo de 2015.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a su Delegación en el estado de Guanajuato, al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y al gobierno del estado de Guanajuato a que intensificar la campaña integral para el control, combate y erradicación de la plaga del denominado "pulgón amarillo" que azota gravemente al campo guanajuatense, principalmente a los cultivos de sorgo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

De la Diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al tTitular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se prevea de forma adicional un incremento de mil 100 millones de pesos para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de 500 millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, así como al Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia del estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos Jessica Moreno y Alejandro Gaytán.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que insta al Gobierno Federal a fortalecer los protocolos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos del país, a fin garantizar en todo momento el manejo adecuado del equipaje de los usuarios del transporte aéreo.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y del estado de Veracruz a atender el alarmante problema de salud pública de enfermedad renal crónica en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a atender la denuncia por acoso sexual y laboral en contra del Consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruíz Saldaña.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer o reforzar las acciones a través de las cuales se incentive la participación cívica de los jóvenes en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar la consulta previa, libre e informada del proyecto hidroeléctrico denominado Puebla 1, dentro del río Ajajalpan del municipio de San Felipe Tepatlán, Puebla.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores.

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe sobre el desarrollo e implementación de la reforma de telecomunicaciones en materia de accesibilidad.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y acciones pertinentes para la atención de las inmunodeficiencias primarias en el país.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a enviar un informe sobre el funcionamiento de los albergues infantiles que se encuentran en la entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión, particularmente de aquéllos en donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.

De las Diputadas Aleida Alavéz Ruíz, Lorenia Valles Sampedro y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Desarrollo Social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre las políticas, acciones y resultados de la aplicación de programas de medio ambiente y recursos naturales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones específicas para direccionar esfuerzos que permitan ensamblar una estrategia nacional y un entorno favorecedor para el desarrollo de energías limpias con inversiones de largo plazo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el marco del proyecto para la creación de las zonas económicas especiales y la estrategia energética nacional 2012-2018.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente municipal de la ciudad de Puebla a cumplir cabalmente con la recomendación 11/2015 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad; y al gobernador de dicho estado a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Belauzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar sobre su actuación y responsabilidad específica para predeterminar la negativa en el otorgamiento de la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit "SUTSEM".- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso para el fomento de la cultura y las artes en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al estado de Quintana Roo informe el destino final de los recursos que le fueron asignados por el Gobierno Federal para la limpieza en diversos municipios afectados por el sargazo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres a gestionar el mecanismo de alerta de violencia de género.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el último miércoles del mes de abril de cada año, como día nacional de la lucha contra el ruido.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre el caso de la Escuela Normal Motolinía, del estado de Michoacán.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

De las Senadoras Martha Angélica Tagle Martínez, María Lucero Saldaña Pérez y María del Pilar Ortega Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a garantizar el acceso y ejercicio de sus cargos a candidatas electas en 17 estados de la República y atender las situaciones de violencia política en su contra.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario de la creación de la Comisión Federal de Electricidad.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de María Luisa Ocampo Heredia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención para referirse al papel que representan los jóvenes en el desarrollo de México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con dos minutos y citó para la siguiente sesión el miércoles diecinueve de agosto a las once horas, en el recinto de Xicoténcatl, número 9, Centro Histórico.

Fin de la sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y se reforman las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de julio de 2015, únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones su segundo informe trimestral de actividades, correspondiente al año de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el “Informe Anual 2014. Balance, Acciones de Promoción, Defensa y Fortalecimiento Institucional”.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Senadora Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 30 y 31 de julio de 2015, en Panamá.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Raúl Paz Alonzo, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 17 de agosto de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibió una comunicación de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa de la reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, en cumplimiento del artículo 298 del Reglamento del Senado.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha sido debidamente enterada.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con las iniciativas inscritas en la agenda del día de hoy y los turnos que la Mesa Directiva asignó.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un proyecto de Decreto de las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En nuestro país y de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI)1 en su Censo 2010, habitamos 112 millones de personas de las cuales 57 millones son mujeres y 54 millones hombres, quienes deben gozar y disfrutas en igual de condiciones los derechos y obligaciones estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Sin embargo, en México en la actualidad aún somos testigos de hechos que vulneran los derechos humanos por cuestiones de género, particularmente aquellos que detonan desigualdad y exclusión de las mujeres, "justificada" en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

Ello deja de manifiesto que debemos continuar realizando acciones cuyo propósito sea impulsar las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género de acuerdo con el concepto estipulado en la Ley General para Igualdad entre Hombres y Mujeres2

2.- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)3, establece que uno de los principales factores que tiene especial peso en contra la igualdad de género es la "discriminación", entendida como la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

Ejemplos de Discriminación hacia la mujer lo representan las cifras obtenidas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) que dentro de sus resultados en materia de igualdad de género tenemos como algunos ejemplos los siguientes:

● Hay ocho millones más de mujeres trabajadoras que no cuentan con seguridad social que de hombres en esa circunstancia.

● Hay 2.5 millones más de mujeres en pobreza que de hombres. De las mujeres mayores de 15 años, 7.6% es analfabeta.

● De las mujeres en edad de trabajar, 51% obtiene ingresos, en relación con 81% de los hombres

3.-En virtud de lo narrado con antelación, debemos hacer hincapié en que la importancia y promoción del "enfoque de género", que tiene como objetivo el estudio de los derechos humanos de hombres y mujeres, donde las mujeres puedan tener una vida digna, libre de violencia y de vulnerabilidad, que va más allá de las cuestiones políticas y electorales, al cúmulo de derechos humanos que deben ser garantizados a las mujeres a partir de una igualdad sustantiva.

La igualdad sustantiva es conceptualizada como un marco en donde la mujer tiene el mismo acceso a las oportunidades que el hombre, debiendo ello ser reconocido por todas las Leyes nacionales, de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 15, numeral 1, señala que todos los Estados partes reconocerá a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley4.

De allí la importancia de continuar con el fortalecimiento y promoción del enfoque de género y la igual sustantiva de la mujer, dando marcha atrás al anterior modelo de "equidad de género" que no cumplía cabalmente con el objetivo de promover los derechos de la mujer ente la Ley, ya que al hablar de equidad se entiende la existencia de una diferencia entre el hombre y la mujer.

Asimismo, es importante hacer mención que la igualdad sustantiva comprende la aplicación de medidas afirmativas como una herramienta fundamental para alcanzar dicho derecho.

4.- De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres indígenas están expuestas al menoscabo de sus derechos con base en más de un factor de riesgo, debido a la interacción simultánea de varios motivos de discriminación como en este caso son la raza, combinada con la etnia5.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres señala que las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones culturales que, si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres en mayor desventaja social, ya que a la condición de carencia material y social que representa el ser indígena en diversos contextos sociales, se aúna el hecho de ser mujer6.

En esa virtud la necesidad de reiterar que la igualdad sustantiva debe ser un principio que debe permear en todo el marco jurídico nacional, particularmente en aquellas Leyes en donde el fortalecer enfoque de género es prioritario. Tal es el caso de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en virtud de las condiciones particulares y de discriminación múltiple que viven las mujeres indígenas, y dado a que la Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Derivado de ello, la presente iniciativa tiene como finalidad reforma la citada Ley, en su artículo 3, fracción V, debido a que la actual redacción contempla el término "equidad":

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I a IV…

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI...

En ese sentido y en virtud de lo narrado en el desarrollo de la presente, como una acción más hacia el reconocimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LA COMISÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ENFOQUE DE GÉNERO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3…

I a IV…

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad sustantiva y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI...

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 19 de agosto de 2015.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Itzel Sarahí Ríos De La Mora.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Anabel Acosta Islas.- Sen. María Elena Barrera Tapia.

1 Visto en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484Consultado el 3 de agosto de 2015

2 Visto en
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/normateca/legislacion2014/lgimh.pdfConsultado el 3 de agosto de 2015

3 Visto en:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142Consultado el 3 de agosto de 2015

4 Visto en:
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdfConsultado el 3 de agosto de 2015.

5 Visto en: http://equidad.scjn.gob.mx/mujeres-indigenas-complejidad-en-la-vulnerabilidad/ Consultado el 13 de agosto de 2015.

6 Visto en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100833.pdf Consultado el 13 de agosto de 2015.






Se recibió una iniciativa del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer los consejos locales, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS CONSEJOS LOCALES

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Magna en su artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios que enmarca la ley fundamental de mérito.

De modo que la forma de gobierno en nuestro país se enmarca en un  sistema federal que está instituido en tres esferas o ámbitos jurídicos: el federal, el estatal y el municipal. En consecuencia, también son tres los ámbitos de la administración pública, en correspondencia con los primeros.

La principal ventaja de este sistema consiste en integrar a las diversas regiones, grupos e individuos que se encuentran dispersos en un territorio, pero que comparten rasgos comunes como lengua, historia, tradiciones y costumbres. Mediante esta unión se alcanzan diversos beneficios comunes para los integrantes del pacto.

Asimismo, nuestro máximo ordenamiento jurídico en su artículo 90 estipula que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal de conformidad con la Ley Orgánica específica.

Son estos dos aspectos, el sistema federal y la administración pública centralizada, las causas de una infinidad de debates en torno a los límites que se deben anteponer entre ellos para que no se vulnere ninguno de estos dos principios fundamentales.

En lo que corresponde a la época contemporánea por todos es conocido que los regímenes que han gobernado el país han dirigido la balanza hacia una centralización, a veces, recalcitrante que ha acotado el desarrollo oportuno del federalismo.
Sin embargo, el proceso por delinear sus límites no ha descansado y al paso del tiempo se han logrado avances relevantes en el fortalecimiento del federalismo a través de la implementación de políticas públicas encaminadas a destrabar el marcado centralismo sin que se quebrante la esencia de este principio.

De tal manera, el propósito de la presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer el federalismo sin que la esencia centralista de la administración pública federal se diluya.

Incluso, pensamos que el presente trabajo es primordial ya que en la revisión de la norma que pretendemos reformar notamos que en aras de respetar el sistema federal se estaba minimizando el carácter centralista del que hemos hablado. Sin embargo, creemos y sostenemos que estos dos fundamentos pueden coexistir armónicamente en la implementación de políticas públicas, este precisamente es el objetivo que perseguimos con la propuesta actual.

La materia que nos ocupa es la seguridad pública, estamos conscientes de las situación tan preocupante que vive el país por los altos índices de inseguridad que se presentan en diversos puntos del territorio nacional. Para todos es conocida la situación de algunas de las entidades con respecto al tema de inseguridad, así como las medidas que se han tenido que implementar a efecto de dar una respuesta contundente a todas las circunstancias que apremian.

Pero no podemos pensar que las soluciones van a implicar solamente ese tipo de medidas, por el contrario, necesitamos aceptar que las enmiendas deben de comenzar desde la implementación de políticas públicas que establezcan los mecanismos para poder abatir la problemática y no esperar a tomar decisiones acotadas por la premura y gravedad de los hechos.

La seguridad pública es una responsabilidad del Estado y son las instancias que lo conforman las que deben trabajar de manera permanente en la construcción de las acciones que den cabal cumplimiento al fin de la seguridad pública.

El artículo 21 de nuestra Constitución consagra la atribución obliga al Estado en materia de seguridad pública, al tenor siguiente:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

 La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Derivado de esta disposición se elaboró su ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del año 2009.

La ley reglamentaria en materia de seguridad pública se instituyó que su objeto enmarcaría en lo siguiente:

Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.
A su vez, se determinó que el Sistema referido contaría con para su funcionamiento y operación con:

Las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública”.

En el precepto secundario quedó tutelada la importancia de la coordinación como eje básico para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, al disponer que las acciones a efectuar en la materia deban de realizarse a partir de una:

Coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

La integración del Sistema se conformó bajo la siguiente estructura:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El objeto de la propuesta que venimos realizando se centrará sobre la conformación de los Consejos Locales y de las Instancias Regionales en materia de Seguridad pública, ya que creemos que es necesario que estas instancias sean sujetas de mayor definición por lo que respecta a esta Ley, a efecto de fortalecer el federalismo a través de una norma generada desde el centro.

Es decir, buscamos dotar a los gobiernos estatales de un papel de mayor relevancia en su participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgándoles facultades para ello a través de los Consejos Locales.

El artículo 34 de la ley de mérito en señala en lo conducente:

En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En virtud de esta disposición y ante la situación que vive el país en este tema, queremos proponer que los Consejos Locales cuenten con una mayor definición en su quehacer, participación y responsabilidad en la materia que nos ocupa.

De manera que sus funciones queden homologadas con las del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se depositan en el artículo 14 de le Ley en comento, del siguiente tenor:

El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;

IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;

XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;

XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;

XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;

XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y

XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

Asimismo, advertimos la necesidad de que la figura del Secretario Ejecutivo para lo que hace a las instancias locales, quede consagrada en el ordenamiento jurídico y se establezcan los mecanismos para su nombramiento y los requisitos respectivos, así como sus responsabilidades; todo lo anterior d conformidad con los que establece la norma para el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.

Para pronta referencia citamos los artículos que tutelan lo expuesto en el párrafo que antecede:

Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

Artículo 18.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;

II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;

VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;

IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;

X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;

XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;

XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;

XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;

XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;

XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;

XVII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;

XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;

XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;

XXI Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;

XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;

XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;

XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y

XV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 38.-

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales someterán a discusión y aprobación en el seno de los mismos, los lineamientos para su organización y funcionamiento.

La presidencia de los Consejos Locales recaerá en los gobernadores de la entidad de que se trate y en el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales podrán nombrar y remover libremente a su Secretario Ejecutivo.

Los consejos locales y las instancias regionales tendrán como invitados permanentes a dos representantes del poder legislativo que corresponda para cada entidad y el Distrito Federal.

TRANSITORIOS

Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya.






Asimismo, se recibió del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 91, EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El 4 de diciembre de 1995, el entonces Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Decreto que reformaba la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El objetivo de dicho proyecto era la creación de la Consejería del Poder Ejecutivo Federal.1

Esta área, constituye un ente administrativo de gran importancia; pertenece a la administración pública centralizada al igual que la Presidencia de la República, las Secretarías de Despacho y los departamentos administrativos, su fundamento constitucional se encuentra establecido en el artículo 90 y fue creada precisamente para colaborar con el Ejecutivo Federal de la Unión.2

De tal manera que su creación, funcionamiento o modificación se encuentra regulada a través de la Ley expedida por el Congreso de la Unión, a saber: La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dicho ordenamiento jurídico establece en su artículo 1º las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, siendo que la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados, integrarán la Administración Pública Centralizada.

La misma Ley en comento, en el artículo 43, enlista los asuntos que le corresponde despachar al titular de esta área. Grosso modo, esta dependencia "tiene a su cargo revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el Titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que éstos, en su contenido y forma, estén apegados a la Constitución y las Leyes que de ella emanen, además, representa al Presidente de la República cuando éste así lo acuerde, en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales previstas en el artículo 105 constitucional, así como en todos aquellos juicios en que el Titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter".3

Como podemos apreciar, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal da certeza jurídica a los actos de gobierno del Presidente de la República, corroborando que su actuación se sustente en todo momento en los ordenamientos legales que norman sus funciones; esto, en pleno acatamiento del principio de legalidad.

En síntesis, con la creación de esta nueva dependencia del Ejecutivo Federal, por un lado, se dio respuesta a los problemas de organización de los asuntos jurídicos que le atañen al Presidente, por el otro, concluyó el carácter ambiguo de la Procuraduría General de la República como representante social y como Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, tal como se había establecido en 1917, y que había suscitado un largo debate.4

A pesar de ello, quedaron sin aclarar y preciar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestiones tan fundamentales en el funcionamiento de una dependencia del Ejecutivo Federal cuya importancia es estratégica, a saber: su nombramiento y remoción del titular, la obligación de dar cuentas –como los demás secretarios de despacho- al Congreso de la Unión y la responsabilidad y sanción que amerita en caso de faltar a la Carta Magna.

Aunque es una práctica ampliamente conocida y aceptada que el Presidente de la República nombre y remueva libremente al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en el texto de la Carta Magna no se dice nada al respecto, por eso se propone la reforma a la fracción II del artículo 89, a fin de clarificar y dar mayor certeza a este acto del Presidente en el nombramiento y remoción de su Consejero Jurídico, tal como ocurre con los Secretarios de Estado.

Dado que se ha señalado que a nuestro parecer el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal está a la par de los Secretarios de Despacho, existe una laguna al respecto de cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para ser Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, por lo que proponemos que se le pidan los mismos requisitos que se le solicita a un Secretario de Estado para ocupar el cargo, de ahí que propongamos la reforma al artículo 91.

Las reformas propuestas al primer y segundo párrafo del artículo 93, obedecen a que tal y como lo hacen los Secretarios de Estado, el Consejero Jurídico pueda ser llamado a comparecer al Congreso de la Unión cuando una de las Cámaras así lo requiera. Recientemente, por dar un ejemplo, fue noticia nacional que presuntamente el diseño de la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia energética fue hecho por funcionarios de Estados Unidos de América, por este hecho y dado las facultades de la Consejería Jurídica al ser la encargada directa de las propuesta de leyes que el Ejecutivo Federal envía al Congreso, el Consejero Jurídico de la Presidencia debió haber sido citado a comparecer para aclarar este asunto, pero un impedimento para ello quizá fue que la Constitución no dice nada de que este tipo de funcionario, que está a la par de un Secretario de Estado y es catalogado como un Secretario de despacho del Presidente, pueda comparecer ante alguna de la Cámaras del Congreso de la Unión.

Si bien todo cargo público, desde el más alto hasta el más inferior jerárquicamente, deviene del mandato de la Constitución y por ende todo servidor debe respetar a la norma suprema y de no hacerlo se hará acreedor a una pena por ello, en el texto de nuestra Carta Magna al no incluir al Consejero Jurídico de la Presidencia en el listado de funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político o que se puede proceder penalmente en contra de ellos, pareciera que a quien ocupe este cargo se le exime de estas responsabilidades aun cuando a sus pares (los Secretarios de Estado) sí estén incluidos en dicho catálogo. Por lo que proponemos añadir a esos listados al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, de tal forma que se propone reformar el primer párrafo del artículo 110 y el primer párrafo del artículo 111.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 89, EL ARTÍCULO 91, EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.-Se reforma la fracción II del artículo 89, el artículo 91, el primer y segundo párrafo del artículo 93, el primer párrafo del artículo 110 y el primer párrafo del artículo 111, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. …

I. …

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado y al Consejero Jurídico, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III. a XX. …

Artículo 91. Para ser secretario del Despacho y Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Texto vigente de los artículos 89, 91, 93, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta

Artículo 89. …

I.…

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III. a XX. …

Artículo 89. …

I.…

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado y al Consejero Jurídico, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III. a XX. …

Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Artículo 91. Para ser secretario del Despacho y Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.



Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.


Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.





Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.




Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.










Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.









Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 19 de agosto de 2015.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

1 "La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal", BIBLIOJURÍDICAS, UNAM, p. 247. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1847/23.pdf (Última consulta: 17 de agosto de 2015)

2 Balderas Corona Israel y Camacho Mario Agustín. "Las Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal", BIBLIOJURÍDICAS, UNAM, p. 43. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/repjurad/cont/1/art/art4.pdf (Última consulta: 17 de agosto de 2015)

3 "Conoce la CJEF", Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Disponible en: http://www.cjef.gob.mx/conoce-la-cjef/ (Última consulta: 17 de agosto de 2015)

4 "La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal", Óp. Cit.






También, se recibió de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, un proyecto de Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley de Planeación, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE PLANEACIÓN

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema.

La Constitución establece principios, metas y fines comunes que son la cúspide del proceso de racionalización y debate democrático, que constituye fuerza vinculante, como norma suprema y los gobiernos en sus tres órdenes no tienen más que concretar tales aspectos, con independencia de la ideología partidista, porque por encima de cualquier corriente de pensamiento se encuentra el bienestar social.

En ese contexto, el artículo 26 de la norma fundante de todo nuestro sistema jurídico, impone al Estado la obligación de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo que recoja las aspiraciones y demandas de la sociedad, al que se sujetarán obligatoriamente todos los programas de la Administración Pública Federal. El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Ejecutivo Federal para el periodo 2013- 2018, tiene por objeto unir las voces del país hacia un mismo objetivo: llevar a México a su máximo potencial; privilegiando las líneas de acción; incluyendo indicadores para medir la efectividad del gobierno1 y fijando como máxima prioridad el convertir a México en una Sociedad de Derechos, es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra Constitución sean una realidad para todos los mexicanos".2

Además se argumenta que será un Plan de desarrollo que incluya los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República en el Pacto por México, e incorporadas a las siguientes estrategias transversales: "a) Democratizar la Productividad; b) Conformar un gobierno cercano y moderno; c) incluir la perspectiva de género para que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todo el Plan" entre otras cosas".3

En octubre de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma el artículo 4º y se aplicó una adición en el numeral 73 mediante la fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para instituir que "en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En donde las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez"4.

El primero de septiembre del presente año, el Ejecutivo Federal presentó ante esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, proyecto de ley que tiene el carácter de preferente.

La iniciativa de mérito, según se desprende dela exposición de motivos, retomó el contenido de algunas normas jurídicas como son: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley de Asistencia Social; la Ley General de Salud, la Ley de Migración; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Ley General de la Seguridad Pública y la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, entre otras, mismas que sirvieron de referencia para la promoción de la expresión legislativa citada.

Conviene reconocer que aunque el Plan Nacional de Desarrollo aludido contiene disposiciones que significan un destacado avance en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que el proyecto de iniciativa preferente reafirma el compromiso de la presidencia de la república para que esos derechos adquieran una realidad pragmática, la reforma constitucional de los artículos 4º y 73, queda incompleta e incluso parcial, en el sentido de generar derechos de la niñez mexicana con una orientación asistencialista, es decir, le da un trato a las niñas, niños y adolescentes como objetos y no como sujetos de derecho.

Según declaraciones de la Representante de la UNICEF en México, el reconocimiento de derechos debe verse reflejado no sólo a través de su cita en los textos legislativos, sino en las respuestas que el Estado prevé para garantizarlos5.

Por ello es necesaria la reforma de la iniciativa que se propone para que por la vía de la planeación nacional, el Estado Mexicano asuma de forma ineludible su obligación para satisfacer los derechos humanos de los infantes mexicanos,

Argumentación:

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por México el 21 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, se entiende por niño "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.6"

Tanto en la doctrina como en la práctica, se han ligado estrechamente las etapas de la infancia y la adolescencia del ser humano, por estar comprobado científicamente que en esta última el individuo aún necesita de la protección del Estado.

En materia de niños y niñas tenemos que los principales antecedentes son: Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; Declaración de los Derechos del Niño; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás estatutos e instrumentos emitidos por los organismos especializados internacionales que han expuesto interés en procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en todos sus aspectos.

En tanto los instrumentos internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos y relacionados con los derechos de los infantes son:

● Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

● Convención internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de septiembre de 1921.

● Protocolo que modifica el Convenio para la Represión para la Trata de Mujeres y Niños, del 30 de septiembre de 1921, firmado el 12 de noviembre de 1947.

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

● Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

● Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y protocolo Final, del 21 de marzo de 1950.

●"Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989".1

●"Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional".2

Lo anterior, implica la obligación para que independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas, se le asignen a la infancia todos los recursos posibles que garanticen su sano desarrollo.

Ahora bien, según se desprende del artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño:

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

De tal precepto, salta a la vista el principio del interés superior del niño, entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Dicho interés superior se traduce en una garantía a la que los niños tienen derecho, con fines muy particulares, tales como:

● Favorecer una interpretación de las leyes que reconozcan y garanticen de manera integral los derechos del niño;

● Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

● Orientar a que tanto los padres como el Estado tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente por esta función u objetivo, y

● Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Así, el interés superior del niño indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

En ese sentido, nuestro máximo Tribunal ha emitido un criterio, mediante tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Página: 265, Novena Época, Instancia: Primera Sala (No. registro 172003), que recoge y hace suya la definición de interés superior del niño dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismo que nos permitimos transcribir:

"En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: la expresión "interés superior del niño" implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño."

La Constitución como norma jurídica, es la expresión máxima de racionalismo e institucionalización jurídica y orgánica, de valores, fines, objetivos, principios y reglas que una sociedad organizada y deliberativa debe buscar como ideal de convivencia armónica y pacífica para arribar a la solución de conflictos. Pero también es el marco que sirve de plataforma para que los distintos sectores de la sociedad y el ciudadano en lo particular, alcancen sus metas.

Es el punto donde gobierno y ciudadanos debemos converger, a pesar de los distintos modos de pensamiento.

Esos valores, fines, objetivos, principios y reglas se encuentran contenidos en el artículo 26 de nuestra Norma Suprema que establece:

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Como se puede apreciar, el precepto constitucional en comento, contiene ejes rectores que orientan la actuación del Estado para implementar un sistema de planeación democrática, que sea el hilo conductor para arribar al tan anhelado crecimiento económico. No se omite mencionar que el principio de planeación debe recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas como acciones de gobiernos.

Así, los ejes rectores del desarrollo del país son la Constitución General de la República, la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En este tenor, los órdenes normativos recogerán las aspiraciones, y demandas de la sociedad mediante mecanismos de participación general.

Estamos asistiendo, pues, al tránsito de una democracia procedimental hacia una democracia sustantiva, entendiéndose esta última como aquella atribución del Estado para intervenir en el desarrollo económico, social y cultural del país, que permita y auspicie la atención de grupos marginados cuya condición los ubica en distintos estadios de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes, que en nuestro país son aproximadamente 40 millones7.

De aprobarse por esta H. Soberanía el proyecto de reforma al artículo 2º de la Ley de Planeación que se propone se garantizará el cumplimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la implementación obligatoria por parte de los tres órdenes de gobierno, de programas y políticas públicas tendentes mejorar las condiciones de este sector en materia educativa, de salud, crisis alimentaria, de desarrollo integral, pobreza extrema, insuficiencia en vivienda, vida digna, falta de oportunidades, espacios y momentos de esparcimiento, entre otras, que impiden el disfrute de un bienestar existencial.

La problemática no es menor, las cifras y números que a continuación se exponen obligan a repensar sobre la mayor atención que deben recibir los menores en México; por ejemplo, de acuerdo a datos del UNICEF, las cuentas arrojan que hay por lo menos 1,6 millones de huérfanos en el país, el segundo lugar en América Latina después de Brasil8.Unos 50 mil de estos menores perdieron a sus padres debido a la violencia de la guerra contra el narcotráfico9.

Esta Colegisladora propuso un acuerdo para crear un censo nacional de albergues, o casas hogar, en virtud de que no se sabe el número exacto de estas instituciones10. Los número son precisos y fríos, lo cierto es que el país no cuenta con políticas públicas adecuadas, eficientes y medibles para atender a menores en condición de calle, huérfanos, de abandono, o que sufren tormentos, violencia, explotación y maltrato.

Es pertinente mencionar, para mayor comprensión, que dentro de los fines del derecho se encuentran el bienestar social, la justicia, la equidad, la igualdad y la libertad, abarcando así mismo la tutela de los bienes jurídicos. Los recursos presupuestarios para este sector son insuficientes, cuando no nulos11.

Otro reporte que coincide con las cifras que maneja UNICEF, es aquel que informa que existen casi cuarenta millones de niñas, niños y adolescentes "invisibles", y abunda que el suicidio entre niñas de 10 a 14 años se duplicó entre los 12 y 17 años; 3 de cada 4 no estudia ni trabaja de 0 a 17 años; una de cada tres no tienen seguridad social, 244 mil no son atendidas, 6.8 por ciento sufre alguna discapacidad y 972 mil de 5 a 17 años realiza alguna actividad económica sin remuneración alguna12.

Luego del dramático escenario expuesto, en Nueva Alianza consideramos que se requiere, desde luego, de instrumentos jurídicos que permitan a sus operadores, en este caso, la administración pública, un carácter flexible, moderno y eficiente que propicie al gobierno federal, local o municipal, un campo de actuación articulado, coordinado y coherente, que arribe a una integración de fines y metas que la Constitución y la ley de la materia marca, para su implementación organizativa, a través de un red de valores, facultades y procedimientos comunicativos que concreten avances significativos, progreso para los distintos sectores de la sociedad; el futuro de nuestro país está depositado en las niñas, niños y adolescentes mexicanos.

El cumplimiento del artículo 26 de la Carta Magna deber ser el factor que oriente la actuación del poder público como práctica democrática. El Estado Constitucional, Democrático, de Derecho y de Bienestar Social, tiene como obligación ineludible convertir las demandas sociales en respuestas y acciones de gobierno que permitan el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, entiéndase progreso. Son estos los mejores caminos a seguir para el desarrollo y la paz social.

La sociedad anhela un gobierno fuerte que brinde seguridad y armonía social, pero que también tenga la sensibilidad y voluntad política para interpretar en su justa dimensión las necesidades del pueblo, propiciando su satisfacción y con ellosu protección. Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sostenemos que la primicia debe ser la neutralización de las desigualdades sociales.

En México se han dado avances trascendentales en materia del interés superior de la niñez, derivado de los instrumentos jurídicos internacionales, principios que han sido insertados en el derecho interno como a continuación se expone:

● La reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 2001, en el que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o Nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras.

● La reforma al artículo 2o., apartado B fracciones III y VIII Constitucional, publicada en el DOF el 14 de agosto de 2001, en el sentido de dar apoyo a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil, así como la protección a los migrantes de los pueblos indígenas mediante programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes.

● La reforma al artículo 3o. Constitucional, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2002, referente a la educación básica obligatoria, preescolar, primaria y secundaria.

● La reforma al artículo 4o. Constitucional, publicada en el DOF el 7 de abril de 2000, donde se contempla otros derechos como son: alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, respeto a su dignidad y ejercicio pleno de los derechos de los niños.

● La reforma al artículo 123 Constitucional, publicada en el DOF 31 de diciembre de 1974, en el sentido de quedar prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 14 años, y queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años, y que los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas. En cuanto al trabajo extraordinario, los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

● Finalmente la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio de este año 2014, donde se establece como edad mínima para trabajar 15 años de edad, es decir, con dicha reforma se aumentó un año.

El carácter de derechos humanos pretendido para los niños se debe cumplir plena y cabalmente tal y como lo proponemos en la presente iniciativa con proyecto de decreto, porque consideramos, que no solo se coloca como un avance a la regulación de los derechos de los niños, sino que se estaría cumpliendo con lo preceptuado en los diversos documentos jurídicos de carácter externo, de los cuales no podemos sustraernos, ya que podría suponer una mala imagen en la comunidad internacional, máxime que en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, México asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todos los infantes, mediante la incorporación de tales principios al derecho interno.

En síntesis, a favor de las niñas, niños y adolescentes están consagrados derechos que le son inherentes, tales como; el derecho a la identidad; a tener un nombre; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato; al libre desarrollo de su personalidad; a no ser explotado; y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que la nuestra Carta Magna le otorga sin importar su color sexo, idioma, religión, opinión política, lugar donde haya nacido o quiénes son sus padres; a crecer y desarrollarse física y espiritualmente; tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, tienen derecho a una vivienda digna, a buena alimentación y atención médica; tienen derecho a cuidados y atención especiales si están discapacitados en cualquier forma; tienen derecho al amor y a la comprensión por parte de los padres y de la sociedad, tienen derecho a recibir educación gratuita, jugar y a gozar de igual oportunidad para crecer y desarrollarse; tienen el derecho a ser los primeros en recibir ayuda en caso de desastres físicos o no, de sufrir abandono, de crisis sanitarias etc.; tienen el derecho a ser protegidos contra la crueldad el abandono y la explotación en el trabajo, todos los niños tienen que ser educados en la paz, la comprensión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones.

Fundamento legal:

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía Iniciativa con proyecto de:

Decreto.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se adiciona la fracción IX al artículo segundo de la Ley de Planeación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 2o…

I-VIII. …

IX. La asistencia, orientación, atención, protección y ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral y pleno de ese sector de la población, atendiendo al interés superior de la niñez en los términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,
a los 19 días del mes de agosto 2015.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 25, consultable en http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

2 Ibídempág. 10.

3 Ibídem,pág. 103.

4 Diario Oficial de la Federación del 12 de octubre de 2011

5 Revela la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México. En el Senado de la República, durante las audiencias públicas para analizar la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal para proteger a niñas, niños y adolescentes. Periódico la Jornada, de fecha 11 de septiembre de 2014. Pág. 39.

6 Artículo 1°.

7 Dato manejado por la Representante de la UNICEF en México, en su intervención en las audiencias públicas del Senado de la República para analizar la iniciática preferente del Ejecutivo Federal para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

8 MSN Noticias 17 de julio de 2014.

9 según datos de la organización Ririki, denominación "Ririki Intervención Social. S. C". Con domicilio ubicado en calle Islote No. 71 Col. Las Águilas. Delegación Álvaro Obregón. Esta Organización Social promueve "la creación jurídica, política, social y cultural de un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, con perspectiva de género, como la mejor vía para avanzar hacia una sociedad con igualdad, que cambie la realidad de casi cuarenta millones de niñas, niños y adolescentes en México. DF

10 Gaceta Parlamentaria 11 de abril de 2013.

11 Según Unicef de 100 por ciento del PIB. EN 2011, sólo se destinó 6 por ciento para ese sector el cual representa el 35.7 de la población, y de esos recursos menos del 1 por ciento se destinó a la protección y prevención para las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a niños migrantes, y en situación de calle

12 Martha Elva González / El Sol de México. 11 de octubre de 2013






Igualmente, se recibió de los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil, que se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 52 BIS A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL

(Presentada por los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI)

Los suscritos, Adriana Fuentes Téllez y Javier Filiberto Guevara González, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71º, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 30, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años la actividad del sector aeronáutico en el mundo ha registrado un fuerte crecimiento, impulsado entre otros factores por la creciente demanda de transporte. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los buenos resultados del negocio de pasajeros durante 2012 supusieron una rentabilidad de las aerolíneas mayor que la prevista. Se trató, a decir de esta organización, de un gran logro teniendo en cuenta que las economías desarrolladas mantuvieron su debilidad y que los precios del combustible de las aeronaves alcanzaron nuevos máximos anuales.

En 2012, el desarrollo de la red siguió mejorando la conexión entre los pasajeros y las economías en el mundo. Las aerolíneas añadieron nuevos servicios con un aumento neto de 974 parejas de aeropuertos, tomando como referencia el pico de temporada de julio con 40.000 parejas que supusieron un aumento de un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. El motivo de esta solidez fue la fuerza de los mercados emergentes pues el crecimiento económico y los viajes aéreos, aunque fueron débiles en las economías desarrolladas, experimentaron fuertes crecimientos económicos en los mercados emergentes en Asia, Latinoamérica y África, lo que a su vez apoyó el crecimiento de los viajes aéreos de una forma superior a la que sugieren las cifras del PIB global.1

Lo anterior constituye una muestra de que la aviación cada vez tiene una mayor accesibilidad al público en general en países que tienen una economía como la nuestra, situación que ha generado en este sector una situación de demanda completamente diferente a la del pasado.

Una consecuencia de este fenómeno se puede observar en el hecho de que, según cifras de la Dirección General de Aviación Civil, el transporte aéreo regular, tanto de empresas nacionales como extranjeras transportó más de 65 millones de pasajeros durante 2014, equivalente a un crecimiento del 8.5% comparado a los pasajeros transportados durante 2013. Las empresas nacionales lograron un incremento de 9.04% al pasar de 37.3 a 40.7 millones de pasajeros transportados de 2013 a 2014. Por otra parte, las empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron 7.74%, ya que en 2014 movilizaron a un total de 24.4 millones de pasajeros, comparado con los 22.68 millones de 2013.2

Si bien es cierto los referidos incrementos permiten generar optimismo sobre el futuro de la aviación comercial en nuestro país, ello no obsta para señalar que todavía quedan muchos pendientes por resolver, sobre todo por cuanto hace a la calidad de los servicios que prestan las líneas aéreas a sus clientes.

Los principales motivos de las quejas son la negativa a otorgar el servicio, relacionada con la sobreventa de vuelos; así como el rechazo al cambio o devolución, lo cual tiene que ver con los cargos extra que se hacen cuando se cambian reservaciones o no se pueden cancelar; pérdida de equipaje o incluso actos discriminatorios.

Aeroméxico es la línea aérea con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el 33 por ciento del total, al cierre de la segunda semana de abril del presente año.4

La irritación que han causado los reiterados maltratos de Aeroméxico y su filial Aeroméxico Conect hacia sus clientes trajeron consigo que la PROFECO ejerciera por primera vez una acción colectiva para impugnar lo que consideró son abusos contra clientes de una aerolínea en operación.

De acuerdo con algunos medios informativos, la demanda habría sido presentada el 8 de diciembre de 2014 a nombre de 532 usuarios de Aeroméxico para reclamar lo que la Profeco califica como la aplicación indebida de "cláusulas abusivas, inequitativas y desproporcionadas, que causaron diversos daños y perjuicios patrimoniales" a los usuarios.

Se trataría de una acción colectiva "en sentido estricto", es decir, se busca que Aeroméxico indemnice a cada una de las 532 personas que firmaron la demanda, pero también a todas las personas que, habiendo contratado con la aerolínea, posteriormente quisieran sumarse al reclamo.5

Prácticas como la sobreventa de vuelos no sólo vulneran los derechos de los usuarios de este tipo de servicios, sino que permiten que las aerolíneas continúen llevando a cabo las mismas de forma discriminada, con la finalidad de incrementar sus ingresos sin importar que se vean afectados los usuarios.

Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, permite la sobreventa de boletos, aunque sujeto a ciertas condiciones, tal y como se desprende de la lectura de dicho dispositivo, el cual señala a la letra lo siguiente:

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.”

Al ser la aeronáutica una  materia delicada por las implicaciones que en esta operan, es de reconocer la necesidad de ser cautelosos en el tema de seguridad que se tiene que manejar, por ende consideramos acertado que se regule de forma idónea sobre las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Este artículo, si bien es cierto de alguna manera busca proteger los derechos de los usuarios, pues contempla diversas formas de atención para ellos en el caso de que se presente la sobreventa de vuelos, no por ello ha impedido que en ocasiones familias enteras se queden varadas durante horas en un aeropuerto hasta poder abordar una aeronave que las lleve a su destino, lo que genera molestias, incertidumbre y frustración entre los usuarios, pues muchas veces las vacaciones y los negocios proyectados terminan arruinados.

La nobleza de la norma en comento se desprende de la exposición de motivos contenida en la iniciativa presentada ante el Congreso el 20 de abril de 1995, en la cual se establece que “Igualmente importante para el público usuario de los servicios aéreos es la prevención contenida en esta iniciativa, en el sentido de obligar a los prestadores del servicio a responder a los pasajeros en caso de sobreventa de boletos o de cancelación imputable al concesionario o permisionario de que se trate, mediante una fórmula que permita al afectado a elegir entre el reembolso del precio del boleto, o la ocupación en un transporte sustituido en el primer vuelo disponible, o bien la transportación en fecha posterior a un destino igual.”

A veinte años de entrar en vigencia esta disposición, no podemos afirmar que haya cumplido los objetivos para los cuales fue aprobada, razón que se estima suficiente para proponer modificaciones tendientes a mejorarla.

Es por esto que las reformas que se propone a través de la presente iniciativa se encuentran encaminadas a regular y actualizar la Ley de Aviación Civil a las necesidades que la demanda de este servicio ha generado, de tal forma que es indispensable se elimine y se exprese de forma clara en la ley la prohibición de la sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Primero. Se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I a III…

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Artículo 52 Bis. Queda prohibida la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave.

Artículos Transitorios

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de agosto de 2015.

Atentamente

Dip. Adriana Fuentes Téllez.- Dip. Javier Filiberto Guevara González.

1 Consultado en <http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2013-spanish.pdf>, el 21 de julio de 2015 a las 17:23 horas.

2 Consultado en , el 21 de julio de 2015, a las 17:48 horas.

4 Consultado en <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html>, el 21 de julio de 2015 a las 18:15 horas.

5 Consultado en <http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=517430>, el 21 de julio de 2015 a las 18:20 horas.






Asimismo, se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo e Implementación de la Reforma Educativa, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DIÁLOGO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

(Presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

El suscrito, Senador de la República BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL DIÁLOGO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 26 de febrero del año 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominada Reforma Educativa, entre cuyos fines se encuentra el de establecer la creación del Servicio Profesional Docente, como una vía para regular el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes frente a grupo y en funciones de dirección y supervisión, como una forma de garantizar la calidad de la educación, así como la jerarquización de espacio docentes a través de logros académicos.

En el transitorio quinto del Decreto citado, se estableció que para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3° y 73, fracción XXV de la Norma Suprema del país, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes harían las adecuaciones normativas conducentes en materia de profesionalización docente, creando para ello las disposiciones legislativas reglamentarias, las cuales no sólo regularan el ingreso de los docentes al Sistema Educativa Nacional, sino que establecieran fundamentalmente los procesos sobre los cuales la evaluación de su desempeño fuera una obligación para la obtención de beneficios y reconocimiento laboral, bajo un enfoque de respeto a sus derechos laborales establecidos en la propia Constitución.

Con fecha 11 de septiembre de 2013, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas secundarias en materia educativa, complementarias a la reforma constitucional, consistentes en la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como reformas a la Ley General de Educación.

Uno de los ejes fundamentales sobre los que se justificó la reforma educativa consiste en mejorar, en el sentido más amplio de la palabra, la transformación de la Educación que hoy tenemos en México, fortalecer nuestro derecho constitucional a recibir una formación integral que transforme la realidad de nuestro país sin detrimento de los logros y derechos laborales obtenidos por las y los maestros de México en los últimos 50 años.

Ahora bien, a casi dos años de la vigencia de la reforma educativa, maestros en su totalidad de Estados de la República como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas han mostrado su abierto rechazo a la implementación de las nuevas disposiciones legales por considerar que el nuevo esquema de evaluación previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente resultan retroactivas en su perjuicio, toda vez que la autoridad educativa podría privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los diferentes contextos económicos, sociales, demográficos y demás aspectos que inciden en los procesos educativos.

Aunado a ello, consideran que la reforma educativa federal no contempla los ordenamientos normativos internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado relacionados con la educación: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Sobre los Derechos de los Niños, la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ignorando también las lenguas, tradiciones y cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas, predominantes en los estados señalados.

A partir de entonces y durante más de 20 meses, hemos sido testigos de una importante movilización magisterial en todo el país, principalmente en los estados arriba mencionados, en rechazo a esa Reforma Educativa, discriminatoria de los pueblos y comunidades indígenas y a la evaluación establecida en las leyes por considerarla punitiva. De igual forma, sectores magisteriales del Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango e Hidalgo, en un importante número de contingentes y manifestantes se han negado a la evaluación educativa.

Aunado a lo anterior, el pasado 29 de mayo la Secretaría de Educación Pública informó en un escueto comunicado de prensa, que el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedaba suspendido indefinidamente.

A pesar de que dicha suspensión generó un rechazó por parte de diversos sectores y actores políticos, lo cierto es que más allá de la invasión del Secretario de Educación Pública a las atribuciones del INEE y de las reacciones que se suscitaron, queda en evidencia la necesidad de revisar a profundidad la regulación de las evaluaciones docentes a fin de garantizar que éstas se constituyan como un mecanismo idóneo para diagnosticar las fortalezas y debilidades de los trabajadores de la educación, pero también de planes y programas de estudio y a partir de ahí encaminar los esfuerzos necesarios para fortalecer la educación, revirtiendo así el esquema actual que contempla las evaluaciones como un mecanismo inquisitivo.

Mecanismo que, por lo demás, sólo garantiza la privación de plazas laborales a quien no cumpla los requisitos, pero de ninguna manera está diseñado para garantizar un constante mejoramiento en su capacitación.

A pesar del pronunciamiento gubernamental, cinco días después fue el propio Secretario de Educación quien dio a conocer que la evaluación sí se llevaría a cabo.

Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, existe un amplio rechazo a la reforma educativa en varias entidades del país. Sin lugar a dudas, el ejemplo más significativo, aunque no el único, lo encontramos en el Estado de Oaxaca, donde el martes 21 de julio del presente año, el Gobierno local, a través de las atribuciones constitucionales previstas para el Titular del Poder Ejecutivo local, reformó el Decreto por el cual se creó, en el año de 1992, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, restituyendo la rectoría y vigilancia del sector educativo a las autoridades estatales.

A partir de entonces, las autoridades educativas del ámbito federal y estatal, por conducto del Secretario de Educación y del Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, respectivamente, así como los trabajadores que integran la Sección XXII del Sindicato magisterial han cruzado posturas, acusaciones y discusiones que acentúan la ya evidente crisis educativa que vive la entidad, así como advertencias de índole laboral que en nada abonan a la estabilidad, transición y efectividad educativa que se pretende con la implementación de la multicitada Reforma Educativa.

Sostenemos que el conflicto magisterial que se vive en el Estado de Oaxaca puede tornarse en dimensiones alarmantes si no se actúa con prudencia, humildad y en pos de la niñez oaxaqueña.

En el Senado, respetamos la soberanía del Estado de Oaxaca, así como la decisión del Licenciado Gabino Cué Monteagudo de reestructurar la plantilla burocrática administrativa del Instituto Estatal de Educación y actualizar las disposiciones legales en aras de la calidad de la educación.

Si bien es cierto el IEEPO necesitaba una reestructuración, también lo es que ésta no garantiza por sí misma la calidad de la educación, porque la infraestructura de las escuelas es deplorable debido a la mala alimentación de los niños, que no les permite el óptimo aprovechamiento de los que se les enseña, entre tantos y tantos otros factores adversos que no han sido erradicados.

Esta máxima tribuna es sabedora de que la mera restructuración del IEEPO no trae consigo la implementación de la reforma educativa, tampoco garantiza el ejercicio efectivo al derecho a la educación y mucho menos a que esta sea de calidad. Por ello es necesario prestar atención a la polarización que a partir de ese acto, aun legal, puede acarrear al sistema educativo en la entidad y en consecuencia, a la gobernabilidad del Estado y del país.

En ese contexto, en nada ayudan las declaraciones del Secretario de Gobernación que señalan que la prioridad del gobierno federal es el cumplimiento irrestricto de la reforma educativa sin estado de excepción y aplicando la ley de forma efectiva. Lo anterior sólo ha provocado la ausencia de interlocución y diálogo con los principales actores sociales involucrados en la crisis estatal.

El Senado de la República manifiesta que el uso de la fuerza tampoco es la forma de amedrentar, persuadir ni mucho menos convencer para que los maestros integrantes de la Sección XXII acepten los cambios y decisiones gubernamentales. Como tampoco lo es el distanciamiento y tensión social que pretende accionar la dirigencia del magisterio para edificar un sistema educativo apegado a las características de Oaxaca.

En esta Soberanía hemos defendido que nuestro sistema educativo nacional no puede aplicarse de forma unilateral e indiscriminada en todo el país; reconocemos que los estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas presentan marcadas diferencias de desigualdad social y económica, y por ende, para alcanzar el desarrollo en materia educativa es recomendable generar las condiciones mínimas de bienestar y así garantizar que todas las niñas y niños del país se encuentren en las mismas condiciones para recibir la educación pública.

En dichos estados del país se localizan importantes asentamientos de pueblos y comunidades indígenas; por lo tanto en la construcción del sistema educativo se deben diseñar programas específicos acorde a las características de los habitantes inherentes a esos lugares, impulsando formación de docentes en educación indígena con opciones abiertas y escolarizadas. No sólo es la aplicación de una evaluación como se determinará la calidad de la educación.

Consideramos fundamental que las decisiones y actuaciones del Estado traduzcan en la satisfacción de los derechos de la niñez, consistentes en la educación, alimentación, salud y recreación para que su desarrollo se realice de manera integral, siempre respetando su dignidad humana, la cual se transmite en lenguaje, costumbres y formas de vida en su contexto territorial.

Planteamos que si el Gobierno Federal desea implementar un sistema educativo moderno, debemos incluir las aportaciones de todos los sectores que tienen injerencia en este tema y reconciliar los diversos puntos de operación y de academia, logrando así que la niñez y la juventud cuenten con educación de calidad, planteles acorde a los microclimas regionales; se cuente con el uso de tecnologías alternativas, se impulse la formación profesional, se evite la deserción escolar por motivos económicos, se tenga atención de salud y que la pedagogía sea acorde a los rasgos comunitarios de convivencia.

El suscrito asegura que tampoco la solución de la reforma educativa transita por constreñir el resultado de una evaluación al desempeño docente sin considerar las condiciones socioeconómicas y orográficas en la que se pretende aplicar las examinaciones, como se encuentra previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues es contraria al principio de progresividad y pluralidad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Máxime que dicha evaluación no debe ser utilizada como método sine qua non para la estabilidad laboral y permanencia de los docentes, sino como un examen diagnóstico que indique el dominio de los temas que se exploran a fin de enfocar políticas públicas de acuerdo con los resultados.

Es cierto, hoy en día nos encontramos bajo un proceso de restructuración, modernización y transparencia del sistema educativo mexicano; estamos conscientes de que en esta fase de consolidación de las reformas educativas se deben sin lugar a dudas converger las aportaciones que los docentes de las diferentes regiones del país han hecho valer a través de su derecho legítimo a la manifestación.

Resultaría falto de sentido común no escuchar, para la implementación y consolidación de una política educativa, precisamente a aquellos que son los encargados, en los hechos, de implementarla, que son los docentes.

Por eso, insisto, esta Soberanía se encuentra plenamente convencida de que cualquier reforma debe ser, es y será con los maestros y nunca en contra de ellos, por el bien de México. Por ello, la necesidad de abrir canales y espacios de diálogo es una responsabilidad del Congreso de la Unión como garante del Pacto Federal y representante de los intereses de la sociedad mexicana, a través de la representación popular que nos ha investido a los legisladores federales.

En consecuencia, se propone crear la presente Ley que garantice el diálogo, negociación, entendimiento y transición de la reforma educativa en aquellos estados en los que exista conflicto para su implementación, que permita edificar la transformación del sistema educativo estatal y con ello la eficiencia y calidad en la materia que buscan las autoridades federales y locales.

Esta condición de mediación no es ajena al Congreso de la Unión, pues en distintas ocasiones de alta conflictividad social, ésta Soberanía ha tenido la gran responsabilidad histórica de una participación activa, tal es el caso de la Ley para el Diálogo, Conciliación y Paz en Chiapas, conocida como Ley Cocopa, mediante la cual se permitió la persuasión de la beligerancia en el que se mantenía la zona chiapaneca.

Por lo tanto, la presente causa confiere legitimidad para la intervención del Congreso de la Unión que permita la concentración de acuerdos entre las partes de crisis para la mejor consecución de los intereses de ambas partes.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se expide la Ley para el Diálogo e Implementación de la Reforma Educativa, para quedar como sigue:

LEY PARA EL DIÁLOGO E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

ARTÍCULO 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de cordialidad, la solución justa y duradera para la transición e implementación de la reforma educativa en las Entidades Federativas que así lo requieran por existir conflictos para su aplicación.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como:

I. Autoridad educativa federal: a la Secretaría de Educación Pública;

II. Autoridad educativa local: a la dependencia o institución encargada de la educación pública en la Entidad de que se trate;

III. Congreso local: a la Cámara de Diputados de la Entidad de que se trate;

IV. Ley: a la Ley General del Servicio Profesional Docente;

V. Reforma Educativa. El cúmulo de reformas y leyes expedidas en materia de educación, derivadas de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

VI. Trabajadores de la educación: al personal docente, el personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica y el personal técnico docente, conforme los establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

ARTÍCULO 3.- El proceso de diálogo para la transición e implementación podrá iniciar a solicitud del Poder Ejecutivo local o de los trabajadores de la educación ante el Congreso local, el que a su vez convocará a las partes involucradas, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores para integrar la Comisión a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

ARTÍCULO 4.-Será objeto del acuerdo de transición e implementación a que se refiere el artículo 1, entre otros, emitir las bases que permitan:

I. Asegurar la gobernabilidad así como la solución justa y duradera que permita alcanzar un acuerdo para la transición e implementación de la reforma educativa en la Entidad de que se trate, dentro del pleno respeto al estado de derecho;

II. Promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter educativo, político, social, cultural y laboral, dentro del estado de derecho y a través de las vías institucionales;

III. Propiciar que los trabajadores de la educación participen en la elaboración de los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con pleno respeto a la multiculturalidad;

IV. Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

V. Evitar la aplicación retroactiva de disposiciones legales contrarias a los derechos laborales adquiridos en materia educativa.

ARTÍCULO 5.- En el acuerdo de transición e implementación previsto en esta Ley, intervendrán los representantes de las autoridades educativas del ámbito federal y local; los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso local, los trabajadores de la educación, así como la participación que corresponda a la Comisión de Diálogo y Transición de la Reforma Educativa a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.

ARTÍCULO 6.- Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo, a partir de la entrada en vigor de la presente ley las autoridades ministeriales y judiciales competentes suspenderán los procedimientos iniciados en contra de los trabajadores de la educación y ordenarán que se aplace el cumplimiento de las órdenes de aprehensión que en su caso hayan sido dictadas.

Las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior se mantendrán mientras continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de transición e implementación de la reforma educativa a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO 7.-Corresponde a los representantes de las autoridades educativas federal y local, así como a los trabajadores de la educación fijar los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de transición e implementación de la reforma educativa en el Estado, con la participación de la Comisión de Diálogo y Transición prevista en el artículo 10 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 8.- En tanto se desarrolla el diálogo y la negociación, las autoridades en el ámbito federal y estatal adoptarán las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los trabajadores de la educación y asegurar que no sean molestados en sus personas o posesiones, por autoridad federal o estatal alguna con motivo de sus actividades sindicales.

La Comisión de Diálogo y Transición a que se refiere esta Ley, generará medidas de distensión que propicien condiciones políticas para el diálogo.

ARTÍCULO 9.-Las autoridades educativas federal y local, así como los ayuntamientos respectivos, suspenderán hasta que haya concluido el proceso de diálogo y negociación, la evaluación docente y dejará sin efectos las que se hubieran realizado.

ARTÍCULO 10.-La Comisión de Diálogo y Transición de la Reforma Educativa será integrada por los miembros de las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como por los diputados integrantes de la Comisión de Educación del Congreso local.

Esta Comisión coordinará sus acciones con la instancia de mediación reconocida por los negociadores.

La presidencia de la Comisión de Diálogo y Transición de la Reforma Educativa corresponderá, de manera rotativa y periódica, a los representantes del Poder Legislativo Federal.

ARTÍCULO 11.- La Comisión de Diálogo y Transición de la Reforma Educativa se encargará de:

I. Coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de transición e implementación a que se refiere esta Ley, las que contendrán, entre otros aspectos, los lugares y condiciones específicos de las negociaciones y la agenda de las mismas;

II. Facilitar el diálogo y la negociación y apoyar la suscripción del acuerdo de transición e implementación a que se refiere esta Ley;

III. Gestionar ante las autoridades educativas federal y local la adopción de las medidas necesarias para la adecuada difusión de los acuerdos alcanzados;

IV. Proponer, por consenso, los espacios específicos para la realización de las negociaciones, mismos que deberán ser convenidos por las partes.

ARTÍCULO 12.- Una vez que se suscriba el acuerdo de transición e implementación a que se refiere esta Ley, o cuando los negociadores lo consideren procedente, se creará una Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada de manera paritaria, en los términos que lo acuerden los propios negociadores y a la que se invitará a sendos representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales.

Igualmente, dicha Comisión podrá invitar a personas o instituciones que considere conveniente para el mejor cumplimiento de su cometido.

ARTÍCULO 13.- La Comisión de Seguimiento y Verificación se encargará de:

I. Vigilar los compromisos pactados dentro del proceso de diálogo y negociación, con el propósito de promover el cabal cumplimiento de los mismos;

II. Proponer reformas jurídicas que se deriven del acuerdo de transición previsto en esta Ley, y

III. Publicar de manera periódica las acciones emprendidas y los resultados alcanzados, derivados del acuerdo para la transición e implementación de la reforma educativa.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de agosto de 2015.

Sen. Benjamín Robles Montoya.






También, se recibió del Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 25 constitucional, que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR LA DEFENSORÍA DEL EMPRENDEDOR

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea el presente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La aportación a la economía nacional de los micro, pequeños y medianos empresarios es ampliamente reconocida y sabida, no obstante, los apoyos, estímulos y la protección por parte de las autoridades gubernamentales a éstos son inversamente proporcionales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), son un elemento fundamental en el desarrollo económico del país y constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos.

El Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, señala que las MIPyMES constituyen más del 90 por ciento del total de unidades económicas del país, generan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se crean en México.

En el mismo orden de ideas, el Subsecretario para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Miguel Marón Manzur, en la Octava Reunión del Grupo de Instituciones Financieras Relacionadas con las Pymes, expresó que: 7 de cada 10 empleos formales del país provienen de éstas, además, constituyen el 99 por ciento de las unidades económicas y generan el 52 por ciento del PIB.1

A pesar de lo anterior, las problemáticas que impiden a los emprendedores crear nuevas unidades económicas de este tipo o su pleno desarrollo, son una constante y están a la orden del día. El Consejo Coordinador Empresarial señala que “el 75% de las empresas que abren en México, quiebran durante los primeros 5 años, debido a obstáculos y distorsiones que tiene el mercado interno, entre ellos los excesos de trámites, falta de acceso a crédito, tanto para capital de trabajo como para invertir, corrupción de autoridades, inseguridad pública y regulaciones excesivas”.2

La comunidad de micro, pequeños y medianos emprendedores del país reconoce que los obstáculos más comunes a los que se enfrentan son: la renta de local comercial u oficina, permisos y trámites ante autoridades administrativas, contratos de prestación de servicios o de compra venta y contratación de personal. Estos factores obligan a la mayoría a obtener la ayuda de un abogado para  evitar en el futuro problemas legales que perjudiquen la vida de la empresa.3

Y es que 7 de cada 10 MIPyMES tienen dificultades legales porque sólo se centran en la parte financiera y operativa, dejando de lado la parte legal, lo cual les genera muchos daños colaterales que después tienen que solventar con recursos propios que bien podrían ir destinado al mantenimiento de sus actividades.

Datos de la incubadora de negocios de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México, refieren que 8 de cada 10 micros y pequeños empresarios reclutan vendedores y no se centran en contratar a un especialista para llevar a cabo los registros financieros de la empresa.4

Así, 3 de cada 10 medianas y pequeñas empresas enfrentan fraudes por no instaurar políticas para combatirlos. Estos problemas por fraude que llevan a cabo muchas veces los propios trabajadores, generan pérdidas de 40 por ciento de sus ingresos a las empresas.5

Recientemente el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hizo públicos los resultados de su investigación sobre Justicia Cotidiana, en donde expresan varias  problemáticas que viven los emprendedores nacionales y que propician el cierre de sus empresas.

La información del CIDE señala que  los emprendedores se enfrentan a órganos gubernamentales, jurisdiccionales y regulatorios que desconocen la realidad de las MIPyMES. Esto genera en ocasiones una aplicación excesiva y desproporcional de la normatividad. Por lo que faltas administrativas de poca gravedad pueden llevar al cierre de empresas y a la pérdida de empleos.6

Por añadidura también hay que señalar que las pequeñas empresas del país tienen que competir con las empresas transnacionales, obviamente éstas al tener inversiones millonarias y las MIPyMES carencia de estímulos y apoyos, da como resultado la pérdida económica de los emprendedores nacionales.

En síntesis, alrededor del 43 por ciento de las MIPyMES del país quiebran por  problemas administrativos, 16 por ciento por problemas fiscales, 15 por ciento por la incapacidad de cumplir requisitos, 11 por ciento por la deficiencia en comercialización, 8 por ciento por errores de insumos y producción y 7 por ciento  debido a falta de financiamiento.7

Hoy más que nunca, dado las caóticas y difíciles condiciones económicas como estancamiento económico, inflación, devaluación del peso, entre otros, es imperativo que dentro de la agenda económica del Estado se le dé prioridad a la protección y desarrollo de los micro, pequeños y medianos emprendedores del país.

Es “necesaria la creación de una Defensoría del Emprendedor que transmita a las autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales la realidad de las empresas de menor tamaño, así como de las de reciente creación. Ésta debe facilitar mecanismos de diálogo y concertación para que se cumpla la ley, para que tenga mejor acceso a mecanismos de justicia, así como generar recomendaciones a las autoridades y favorecer un entorno que incentiven la formalidad”.8

Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.-Se adicionan los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

El Estado contará con un organismo descentralizado, no sectorizado, denominado Defensoría del Emprendedor, la cual tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las facultades necesarias para que sea garante de los Micro, Pequeños y Medianos emprendedores del país ante las autoridades, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con el objetivo de que éstos tengan mejor acceso a mecanismos de justicia y apoyos que permitan favorecer su entorno y que incentiven la formalidad.

La Defensoría del Emprendedor tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por las organizaciones de la sociedad civil, por las universidades públicas y por las organizaciones empresariales, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Ley establecerá las bases de organización y funcionamiento de la Defensoría del Emprendedor, y ésta se conducirá con estricto apego a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.-El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo de 120 días expedirá la Ley Federal de la Defensoría del Emprendedor y realizará las modificaciones y adiciones legales que sean necesarias para darle viabilidad a la creación y funcionamiento de dicho organismo, a fin de que éste sea garante de los Micro, Pequeños y Medianos emprendedores del país ante las autoridades, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y tengan mejor acceso a mecanismos de justicia y apoyos que permitan favorecer un entorno que incentive la formalidad.

CUARTO.- La Cámara de Diputados en el presupuesto de Egresos de la Federación, garantizará los recursos necesarios a la Defensoría del Emprendedor para su pleno funcionamiento.

Texto vigente del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Propuesta

Artículo 25.







Artículo 25.







El Estado contará con un organismo descentralizado, no sectorizado, denominado Defensoría del Emprendedor, la cual tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, y con las facultades necesarias para que sea garante de los Micro, Pequeños y Medianos emprendedores del país ante las autoridades, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con el objetivo de que éstos tengan mejor acceso a mecanismos de justicia y apoyos que permitan favorecer su entorno y que incentiven la formalidad.

La Defensoría del Emprendedor tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por las organizaciones de la sociedad civil, por las universidades públicas y por las organizaciones empresariales, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Ley establecerá las bases de organización y funcionamiento de la Defensoría del Emprendedor, y ésta se conducirá con estricto apego  a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado
de la República, el 19 de agosto de 2015.

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

1 “Las PYMES generan siete de cada 10 empleos formales en el país”, Secretaría de Economía. Disponible en: http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/6616-las-pymes-generan-siete-de-cada-10-empleos-formales-en-el-pais (Última consulta:16 de agosto de 2015)

2 Gonzales, Lilia. “En México, 75% de empresas quiebran en primeros 5 años: CCE”, EL ECONOMISTA, 10 de junio de 2013. Disponible en:
http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/06/10/mexico-75-empresas-quiebran-primeros-5-anos-cce   (Última consulta: 16 de agosto de 2015)

3 “Problemas legales que tienen que enfrentar la Pymes”, EL EMPRESARIO, 2 de septiembre de 2010. Disponible en: http://elempresario.mx/recomendaciones-legales-pymes/problemas-legales-que-enfrentan-pymes(Última consulta: 16 de agosto de 2015)

4 Cenapyme UNAM. Disponible en: http://cenapyme.fca.unam.mx/incubacion.php (Última consulta: 16 de agosto de 2015)

5 Vargas, Ivonne. “Problemas que “asfixian” a las Pymes”, CNN EXPANSIÓN, 15 de agosto de 2013.  Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/08/15/evita-conflictos-legales (Última consulta: 16 de agosto de 2015)

6 “Informe de Resultados de los Foros de Justicia Cotidiana”, Centro de Investigación y Docencia Económicas, abril de 2015, p. 146. Disponible en:
http://justiciacotidiana.mx/work/models/JusticiaCotidiana/Resource/101/1/images/Documento_JusticiaCotidiana_VoBo_270415.pdf  (Última consulta: 16 de agosto de 2015)

7 González Palomo, Miguel. ”Los procesos de gestión y la problemática de las Pymes”, INGENIERÍAS, julio-septiembre 2005, Vol.VIII, No.28. Disponible en:
www.ingenierias.uanl.mx/28/28_los_procesos_gestion.pdf (Última consulta: 16 de agosto de 2015)

8 “Informe de Resultados de los Foros de Justicia Cotidiana”, Óp Cit.






Asimismo, se recibió de la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(Presentada por la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del grupo parlamentario del PRI)

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

El artículo 32-D del Código Fiscal de la federación establece que la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes; que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código; que no se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes; que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada; o, por falta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código en lo relativo a presentar las solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Es una prohibición que establece el ordenamiento legal de carácter fiscal respecto de la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dirigida esta prohibición, a toda la administración pública en el ámbito federal.

Esta prohibición expresa tiene su origen en la necesidad de evitar o reducir el incumplimiento a sus obligaciones fiscales de carácter federal, de todas aquellas personas físicas o morales que celebran contratos con la administración pública federal centralizada, paraestatal y la Procuraduría General de la República.

En otras palabras, este precepto legal del código impositivo busca prohibir que los particulares que no se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, puedan ser receptores o beneficiarios de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública a cargo de las dependencias y entidades dependientes del gobierno federal.

Para lograr el objetivo de estas prohibiciones, consideramos que es necesario ampliar el espectro o causales de incumplimiento; es decir, que el incumplimiento no solo sea a obligaciones fiscales de carácter federal en materia impositiva, sino también de aquellas obligaciones de carácter estatal y municipal y las correspondientes a las aportaciones en materia de seguridad social que desafortunadamente es una práctica cotidiana.

4132-III, martes 14 de octubre de 2014

No omito manifestar que con fecha 14 de octubre de 2014 presenté por primera vez esta iniciativa, habiéndose publicado en la Gaceta Parlamentaria número 4132-III del día 14 de octubre de 2014 y turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Al efecto me parece importante precisar que por causas ajenas a la Comisión, no culminó su proceso de aprobación habiendo precluido por reglamento, por lo que resulta procedente volver a presentar la iniciativa toda vez que no existe impedimento legal para ello.

Argumentación

El artículo 32-D del Código Fiscal de la federación prohíbe a la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales de carácter federal.

Esa prohibición también es extensiva para los estados y municipios respecto de la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que no se encuentren al corriente de sus obligaciones de carácter fiscal en materia federal.

En la actualidad son muchas las empresas particulares que celebran contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con la administración pública centralizada, paraestatal y la Procuraduría General de la República, los estados y los municipios.

De igual manera, son muchas las empresas que siendo contratistas de las dependencias y entidades del gobierno federal, no se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de aquellas obligaciones fiscales provenientes de cuotas obrero patronales, cuotas y capitales constitutivos y accesorios de éstas, correspondientes a las aportaciones establecidas en la Ley del Seguro Social; así como de las obligaciones relativas a las aportaciones patronales y descuentos establecidos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por otra parte, son también muchas las empresas que no estando al corriente de sus obligaciones fiscales de carácter estatal y municipal, como son el impuesto sobre nóminas, impuesto predial e impuestos adicionales, resultan ser beneficiarias de adjudicación de contratos en materia de adquisiciones, servicios y obra pública, por lo que consideramos que es conveniente, necesario y procedente reformar y adicionar el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación a fin de ampliar la prohibición, precisando las obligaciones deberán ser acreditadas como cumplidas para ser candidato a la adjudicación de contratos en materia de adquisiciones, servicios u obra pública.

La reforma y adición que se propone es la siguiente:

La fracción I del artículo 32-D debe reformarse para quedar como sigue:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes en términos de lo establecido por el artículo 4 de este Código, incluidos los provenientes de cuotas, de cuotas obrero patronales, de capitales constitutivos y de accesorios correspondientes a las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social; así como las aportaciones patronales y descuentos omitidos establecidos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

Artículo 4o. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha secretaría autorice.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano.

Por otra parte, adicionar dicho artículo 32-D con una fracción V, para quedar con el texto siguiente:

V. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes de contribuciones establecidas por las entidades federativas y municipios, o créditos fiscales determinados, ya sean firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por las propias leyes de las entidades federativas y municipios, adeuden la presentación de una o varias declaraciones de contribuciones estatales y municipales o no se encuentren inscritas en el registro estatal y municipal de contribuyentes, cuando tengan la obligación. La prohibición ante la existencia de créditos fiscales en los términos de esta fracción no será aplicable a los particulares siempre que éstos celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que sus legislaciones estatales establezcan para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades. Los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretenda contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en esta fracción.

La reforma y adición propuesta puede observarse con mayor claridad en sus alcances y pretensión, en el comparativo siguiente:

Texto vigente:

Artículo 32-D. La administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.

Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales.

Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Propuesta:

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I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes en términos de lo establecido por el artículo 4 de este Código, incluidos los provenientes de cuotas, de cuotas obrero patronales, de capitales constitutivos y de accesorios correspondientes a las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social; así como las aportaciones patronales y descuentos omitidos establecidos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

...

...

...

V. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes de contribuciones establecidas por las Entidades Federativas y Municipios, o créditos fiscales determinados, ya sean firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por las propias leyes de las entidades federativas y municipios, adeuden la presentación de una o varias declaraciones de contribuciones estatales y municipales o no se encuentren inscritas en el registro estatal y municipal de contribuyentes, cuando tengan la obligación. La prohibición ante la existencia de créditos fiscales en los términos de esta fracción no será aplicable a los particulares siempre que éstos celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que sus legislaciones estatales establezcan para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades. Los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretenda contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en esta fracción.

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Considero importante mencionar que esta iniciativa con proyecto de decreto,

No omito manifestar que esta iniciativa la presenté por primera ocasión el 24 de febrero de 2015, pero precluyó por no haber sido dictaminada con la oportunidad debida por la Comisión de Hacienda y crédito Público.

Finalmente hago notar que no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

Por las razones antes expresadas, estoy solicitando, muy respetuosamente, el voto aprobatorio de esta honorable asamblea, para esta iniciativa que pretende evitar el incumplimiento a las obligaciones fiscales de carácter federal, estatal y municipal y las derivadas de la seguridad social, de todas aquellas personas físicas o morales que celebran contratos con la administración pública federal centralizada, paraestatal y la Procuraduría General de la República.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción I y se adiciona la fracción V al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-D. ...

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes en términos de lo establecido por el artículo 4 de este Código, incluidos los provenientes de cuotas, de cuotas obrero patronales, de capitales constitutivos y de accesorios correspondientes a las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social; así como las aportaciones patronales y descuentos omitidos establecidos en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

II. a IV. ...

V. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes de contribuciones establecidas por las Entidades Federativas y Municipios, o créditos fiscales determinados, ya sean firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por las propias leyes de las Entidades Federativas y Municipios, adeuden la presentación de una o varias declaraciones de contribuciones estatales y municipales o no se encuentren inscritas en el Registro Estatal y Municipal de Contribuyentes, cuando tengan la obligación. La prohibición ante la existencia de créditos fiscales en los términos de esta fracción no será aplicable a los particulares siempre que éstos celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que sus legislaciones estatales establezcan para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades. Los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretenda contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en esta fracción.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de agosto de 2015.

Dip. Elvia María Pérez Escalante.






Por último, se recibió del Diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto que reforma los artículos 248 y 252 de la Ley Federal del Trabajo, que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 248 Y 252 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE REGULAR LAS JORNADAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES FERROCARRILEROS

(Presentada por el Diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito, diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de regularizar el tiempo de la jornada laboral de doce horas y los periodos de descanso mínimos de doce horas entre jornada y jornada, de los trabajadores ferrocarrileros, al tenor de los siguientes

Argumentos

Algunos artículos de la Carta Magna señalan la importancia estratégica que tiene el sector ferrocarrilero tanto para la seguridad nacional como para el desarrollo económico del país. El sistema ferroviario fue destinado al transporte de personas y mercancías hasta la primera mitad del siglo XX. En la actualidad, por este medio pueden transportarse grandes cantidades de productos a costos mucho más reducidos que por cualquier otro medio. La red de carga se extiende por casi todo el país, enlazando los principales centros industriales con los puertos y las conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles estadounidense.

En el año de 1850, cubriendo un tramo de 13.6 km entre Veracruz y la comunidad de El Molino, se realizó el primer servicio ferroviario en México. Durante el periodo presidencial del general Porfirio Díaz se consolidó la industria ferrocarrilera.

En 1995, el gobierno federal dio inicio al proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante concesión a particulares para el uso y explotación de la red ferroviaria nacional, conservando el dominio sobre la infraestructura. En 1997, Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio ferroviario de pasajeros; quedando limitado a un par de líneas de trenes turísticos. Y en 2008, se inauguró la primera línea del Ferrocarril Suburbano del Valle de México.

Tras la expedición de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, fueron otorgados, a la iniciativa privada, concesiones y permisos, para la operación y manejo de las líneas férreas a las compañías: Kansas City Southern de México (KCSM), Grupo Ferroviario Mexicano, Ferrosur, Línea Coahuila-Durango, Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Ahora bien, la modernización perseguida con la apertura del sector, y con ello la posibilidad de una mayor y mejor infraestructura, de transporte a mayor velocidad, de manera segura y eficiente, no puede concebirse sin la participación del capital humano, de la base trabajadora ferrocarrilera.

Antes de la privatización, los trenes operaban con 89 carros, y eran manejados con seis o más tripulantes, actualmente se pueden manejar con un máximo de 120 carros, cinco locomotoras, y hasta con dos tripulantes. Hoy, el ferrocarril es más moderno y competitivo, transporta mayor volumen con menos empleados. Sin embargo, resulta muy preocupante para los trabajadores ferrocarrileros las circunstancias en las que la mayoría de ellos presta sus servicios, especialmente en asuntos de su propia seguridad.

El sector ferrocarrilero agrupa en promedio a 18 mil trabajadores. Se calcula que de ellos, cerca de mil son conductores o jefes de tren, mil más se desempeñan como maquinistas, y más de mil cien son garroteros de camino, quienes ocupan estos puestos deben permanecer de entre 16 y 20 horas consecutivas en promedio por jornada laboral, incluyendo horas extraordinarias. Sin embargo, ha habido casos extremos en que, obedeciendo a las necesidades de las empresas, los trabajadores han sido sometidos a más de 30 horas consecutivas te trabajo sin descanso. Además, la gran mayoría sólo pueden contar con periodos de descanso intermitentes, entre jornada y jornada, de 8 hrs o menos.

Como se puede percibir, estas jornadas están fuera de la legalidad, por lo excesivas y prolongadas al ser contempladas dentro de la ley como inhumanas.

El investigador Héctor Santos Azuela del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su artículo “La flexibilización y las condiciones generales de trabajo”, publicado en el Boletín mexicano de derecho comparado, indica que las jornadas de trabajo se pueden clasificar por lo que atañe a su limitación; subdividiéndose en jornada normal y especial, también conocidas como suplementarias; en cuanto a su desarrollo, puede ser continua, o en su caso, intermitente; por lo que hace a su régimen jurídico de duración la jornada puede ser normal o especial, en atención a las actividades o condiciones personales del trabajador; con base en su tipo de retribución y prórroga, la jornada puede ser ordinaria y extraordinaria; y finalmente, por lo que toca a los turnos, la jornada puede ser de carácter fijo o rotatorio.

Independientemente de las exigencias productiva de las empresas, no deberá nunca abatirse el derecho de los trabajadores, las jornadas deberán ajustares al marco normativo, pues “en todos los países civilizados, una de las primeras manifestaciones del intervencionismo del Estado en las relaciones laborales, fue la limitación de la jornada de trabajo, limitación fundada en razones económicas, pero fundamentalmente humanitarias”.1

Compromiso fundamental de los legisladores ha sido el de regular los tipos de jornada: la diurna, comprendida entre las seis y las veinte horas, cuya duración máxima es de ocho horas; la nocturna, de entre las veinte horas y las seis de la mañana, con una duración de siete horas; y la mixta, cada vez más socorrida de acuerdo a los retos de productividad y apertura económica, que abarca parte del turno diurno y del nocturno, con una duración máxima de siete horas y media.

El gobierno estará facultado para decretar la ampliación y la reducción operativa de la jornada, pero tratándose de la ordinaria, bajo ninguna circunstancia, modalidad o estímulo económico o profesional, podrá rebasar el límite de ocho horas diarias.

Una correcta reglamentación de la jornada de trabajo pretende que el trabajador consiga satisfacer sus necesidades naturales pero también debe colaborar eficientemente al financiamiento e intereses de la empresa, aplicándose a los estándares de calidad, y atendiendo de manera ineludible la preservación y garantía de la salud, seguridad e integridad del trabajador.

Así, podemos comentar que “la duración efectiva de la jornada depende de factores económicos (incluidos los niveles de empleo y de salarios), de factores técnicos (el mayor o menor grado de automatización de las industrias) y de factores institucionales (el mayor o menor sentido social de los parlamentos y los gobiernos, y la mayor o menor presión que los sindicatos ejerzan sobre ellos)”.2

Por todo ello resulta de primordial importancia que contracorriente de todo prejuicio laboral, se deba seguir avanzando en la tarea para exigir una jornada máxima de 48 horas.

Nuestra norma contempla la jornada humanitaria de trabajo. Por tanto, al contar con los elementos de juicio respectivos, deberán reducirse, sin detrimento salarial ni disminución de los beneficios de las condiciones de trabajo, las jornadas que produzcan un desgaste excesivo de energía; por ejemplo, aquellas de la industria minera o de las empresas que por la naturaleza de sus actividades, sometan a los obreros a un estrés desgastante y cotidiano.

Estamos claros que la legislación debe regular el trabajo que reclama jornadas superiores a la ordinaria, para tal efecto nuestros ordenamientos contemplando tipos de jornadas especiales: la del trabajo de emergencia, y la del trabajo extraordinario. Estas jornadas distintas tienen un régimen jurídico distinto. A saber, la de emergencia se desarrolla en casos de siniestro, dentro de la empresa, o frente a riesgos inminentes, los trabajadores deben ponerse a disposición del patrón para efectuar su actividad siempre compatible con sus fuerzas y aptitudes, no arriesgando su integridad, siempre con un sentido de solidaridad.

Por su parte, la jornada y trabajo extraordinarios, sólo podrán acordarse por requerimientos técnicos o económicos, según la fracción XI del artículo 123 de la Carta Magna; esta jornada laboral no debe exceder de tres horas diarias, ni repetirse más de tres veces por semana.

Para compensar el desgaste adicional, se establece que la jornada extraordinaria se pague doble, durante el lapso permitido, y triple si excede el límite legal, como retribución al quebrantamiento del derecho del trabajador, con independencia de la responsabilidad en otros ámbitos; aquí es preciso hacer énfasis en que temas tan importantes como la seguridad y la salud son parte de esos otros ámbitos.

En estos casos de manera particular será preciso señalar que tras la aplicación de la jornada de ocho horas la empresa deberá operar con lo necesario, planificando turnos y organizando los relevos correspondientes. A pesar del incremento del tiempo en la jornada, incluso con el consentimiento o a petición del empleado, la empresa no tiene compromiso con las labores extraordinarias.

El tiempo extra solicitado por el trabajador, redunda en la necesidad de pagarlo con remuneraciones convenida que muchas veces están por debajo delo mínimo establecido. Esto podría implicar una disminución o renuncia de los derechos laborales fundamentales, que de ninguna manera deberían legalizarse.

En casos particulares se consienten hasta dos horas excedentes a la jornada ordinaria, determinándose un máximo de quince horas por mes. Por esta razón se debe reflexionar acerca de lo que comenta Lastra Lastra: “la medicina del trabajo repite insistentemente que el trabajo continuo y excesivo provoca el agotamiento, el estrés y decaimiento de los trabajadores que repercute también en su óptimo rendimiento y su aporte productivo.3

Las jornadas “especiales”, que por lo general se prolongan más de lo permitido en la ley, bien pueden llegar a ser excesivas por mucho que atiendan trabajos de tal naturaleza, cuando menos a la vista de un mundo que desde el siglo XX ha tenido en cuenta la integridad del obrero, con sólo ocho horas de trabajo al día. Estas jornadas, debe entenderse muy bien, tendrán como condición necesidades excepcionales, y no deberán aplicarse de manera reiterada, general o permanente, a pesar de que nuestro sistema coincide en que podrán contratarse de acuerdo a requerimientos urgentes de orden técnico o reclamos de carácter económico. Con la utilización habitual o repetitiva de los horarios extraordinarios no observa el principio fundamental protector de los derechos del trabajo.

Diversos estudios científicos indican que prolongar el trabajo por más de 8 horas afecta la salud. Países europeos con jornadas más cortas han registrado niveles elevados de producción, de acuerdo con un estudio del Euroíndice IESE-ADECCO (EIL) de 2007, en el que se determina una relación negativa entre una jornada extensa y los resultados de productividad.

Jornadas de ocho horas o más limitan el tiempo que se debe dedicar a actividades para llevar una buena salud física y mental, provocando en algunos casos diversas afecciones, disminuyendo la calidad del empeño y potenciando el riesgo de padecimiento de depresión. De acuerdo a una investigación de Marianna Virtanen, del Colegio Universitario de Londres, “las horas extra provocarían una mayor exposición al estrés, y al mismo tiempo nos mantendrían alejados de la familia y los amigos, lo que provocaría un sentimiento de soledad y abatimiento”.4

De acuerdo con una investigación de la Universidad Laval, de Canadá, los trabajadores sometidos a largas jornadas, pueden sentirse sobrepasados por su propia labor provocando frustración y desilusión profundas, a este padecimiento se le conoce como burnout o síndrome de desgaste profesional.

Laborar en un ambientes estresantes disminuye la calidad del sueño: “La falta de sueño provocaría daños cognitivos y cerebrales, además de elevar el riesgo de males cardíacos, hipertensión y diabetes”, de acuerdo con la doctor Hannah Knudsen, de la Universidad de Georgia.

Como podemos observar resulta indispensable respetar las jornadas establecidas en la ley, e incluso considerar su reducción, a fin de disminuir la fatiga y el estrés, y en consecuencia mejorarla calidad de vida del trabajador, y elevarlos niveles de productividad de las empresas, para tal efecto, los lugares de trabajo deben ser concebidos para que el trabajo pueda realizarse en un ambiente seguro y saludable, facilitando la recuperación del trabajador de la fatiga acumulada, es decir, realizar las pausas necesarias en el lugar idóneo.

De acuerdo con el boletín español “El descanso en el trabajo”5 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, “el descanso es consustancial con el trabajo. Uno no puede tener verdadero significado sin el otro, y para que ambos se desarrollen de manera eficaz habrá que encontrar el punto de equilibrio para complementarse de manera alternativa y armoniosa.”6

Para que el empleado pueda permanecer atento y realizar trabajo físico continuo, será preciso intercalar pausas y descansos con la intención de recuperar los niveles de rendimiento óptimos y no dañar a la salud ni repercutir en los asuntos de seguridad durante las tareas encomendadas.“ La fatiga representa una disminución involuntaria de la resistencia y de la capacidad de trabajo y el trabajador responde a la misma de una manera consciente, aprovechando los medios disponibles, o bien inconscientemente, con pérdida de capacidades, desatención a sus menesteres y en último término con deterioro de su bienestar.”7

Una buena planificación del tiempo de trabajo y de descanso comporta mayor eficiencia productiva y obviamente, menor fatiga. En diversas partes del mundo se toman consideraciones técnicas y científicas como las exigencias físicas y psicológicas del trabajo, medidas antropométricas de las personas, conceptos técnicos de diseño ergonómico del entorno y equipos, y los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo así como la normatividad específica que pudiera afectar.

Esto quiere decir que en función del tipo de trabajo se requiere de un tipo específico de descanso y de un lugar adecuado para su disfrute.

Con la finalidad de hacer conciencia acerca del tema de las pausas y descansos obligatorios, las empresas y organizaciones, de acuerdo a las normas, están obligadas a difundir enseñanzas y orientaciones para la promoción de la salud y la seguridad entre la base trabajadora. Poniendo énfasis en aquellas labores que requieran esfuerzo físico, movimientos repetitivos, posiciones de trabajo continuadas, exposición a condiciones climáticas extremas, compatibilizando las propias necesidades de los usuarios con las exigencias del proceso productivo.

Desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales las pausas y los descansos están en función de las exigencias físicas y mentales de la tarea. A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicó en 1983 la tercera edición revisada de su texto “Introducción al estudio del trabajo”, reimpresa en 2001 que contemplaba el tiempo de recuperación de la fatiga.

La implementación inminente de los tiempos suplementarios de descanso no debería ser una meta final, sino un paso intermedio en el camino hacia la modificación y mejora de las condiciones de trabajo (reducción de niveles de ruido, aumento de la variedad de las tareas, adecuación de los niveles de esfuerzo, etcétera).

Así, deben ser diversificados los descansos conferidos a los trabajadores, entre los cuales además del periodo intermedio durante la jornada, está la pausa cotidiana ininterrumpida entre una jornada y otra, con duración mínima de cuando menos doce horas.8

En referencia a los descansos laborales semanales, el doctor Héctor Santos Azuela, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenta que “mediante la ratificación del Convenio Número 14 de la Organización Internacional del Trabajo, México confirmó el compromiso de regular el descanso semanal para la industria” por lo regular el sábado y el domingo que ya se disfrutan con regularidad.

Puede pensarse también en los descansos compensatorios para periodos muy intensos de trabajo, o aquellos conferidos con motivo de los días festivos e incluso en las vacaciones. La idea del descanso semanal, además de su origen religioso, deriva de la exigencia de recuperar el esfuerzo del trabajo cotidiano, necesidad higiénica incontrastable.9

Nuestra legislación regula para la jornada continua de trabajo un descanso mínimo intermedio de treinta minutos y en el caso de que el trabajador debiera permanecer en su centro de trabajo durante ese lapso, el tiempo se contará como realizado.

De acuerdo con el doctor José Manuel Lastra Lastra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y su artículo “La jornada de trabajo” publicado en el libro Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “La Asamblea Constituyente de Querétaro de 1916-1917, resolvió disminuir la duración de la jornada, para que los trabajadores no agotaran sus energías por el trabajo extenuante y evitar que esto pudiere redundar en las generaciones futuras y en la progenie de los trabajadores.”10

Muchas y muy poderosas razones de variada índole “biológica, social, familiar y cultural”11, animan este criterio, al que De la Cueva insistió en denominar ‘‘jornada humanitaria’’, la cual no podría exceder de ocho horas. En el mismo sentido, la ley federal de 1970, en el artículo 5o., recogió el principio, en la fracción III, para estipular la prohibición de: “Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva”.

En el Convenio 30 relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el comercio y las oficinas, expedido el 10 de junio de 1930 por la Conferencia General de la OIT, en su decimocuarta reunión, en el artículo 2o. señala que por horas de trabajo debe entenderse: “el tiempo durante el cual el personal está a disposición del empleador”. Esta idea ha sido adoptada comúnmente por la mayoría de las legislaciones en los diversos países, tal es el caso de la legislación laboral mexicana, quien la define en el artículo 58 como el “tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo”.

Para ilustrar mejor el caso, citamos de manera textual lo comentado por Lastra:

“La duración y distribución de las horas de trabajo, es (sic) parte del compromiso de los trabajadores, ocupar sus energías por el tiempo estipulado, en beneficio del empleador. Pero también la medicina del trabajo repite, con insistencia, que el trabajo continuo puede ser perjudicial para la salud del trabajador, puede ocasionar un decaimiento y agotamiento de sus energías físicas e intelectuales y, con ello, un menor rendimiento y disminución de la producción, siendo el rendimiento inversamente proporcional a la duración de la jornada laborable, además del peligro que representa el cansancio natural que puede producir accidentes de trabajo.”12

Por ello, y con razón, afirma al respecto Doménico Napoletano13 que el problema relativo a la duración del trabajo interesa no sólo desde el punto de vista social, por cuanto resguarda la tutela física y moral del trabajador, jurídica al imponer límites a la autonomía de los sujetos de la relación de trabajo, pero, también, desde un punto de vista económico, en cuanto la duración del trabajo puede repercutir sobre los costos de producción, beneficios de la empresa y precios de los bienes producidos.”

En 1919, la Conferencia Internacional de Washington, limitó la duración del trabajo a jornadas de ocho horas, y cuarenta y ocho horas semanales, el acuerdo de esta convención fue ratificado por los principales países del Continente Americano y Europa.

En tal sentido, diversas legislaciones del trabajo han incorporado la limitación de la jornada, y las leyes mexicanas del trabajo de 1931, consignaron la idea en su artículo 32, fracción VII, y en los artículos 5o., fracción III, 59 y demás relativos, que establecen la prohibición de jornadas inhumanas, y la posibilidad, para el patrón y el trabajador, de fijar la duración y repartir las horas de trabajo.

La reducción o limitación de la jornada puede configurar para el trabajador, en algunos casos, “una forma indirecta de rebaja salarial”14, pero, en otros, se ha demostrado que en las jornadas relativamente cortas la producción “es mayor y de mejor calidad”.15

La reducción de la jornada permite el aumento y diversificación se turnos, y así, aumenta la calidad del trabajo alcanzando mayor productividad; se disminuye el tiempo de estancia del empleado en el lugar de trabajo, hecho que el trabajador valora sobremanera al poder disponer de tiempo libre para dedicarlo a su familia y a las actividades educativas o recreativas de su interés, de no aplicarse de esta manera y destinar la mayoría de su tiempo al trabajo “sus derechos y deberes como persona resultarían anulados”16 .

De acuerdo con la publicación “La flexibilización y las condiciones generales de trabajo” del jurista Héctor Santos Azuela, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “La jornada inhumana de trabajo es aquella que, por consiguiente, implica un desbordamiento exagerado de energía o un grave peligro para la salud o existencia de los trabajadores. No deje de ponderarse que tal tipo de desgaste puede darse, por la complicación o dureza del trabajo, dentro de la duración incluso de la jornada ordinaria.”

Al respecto Santos Azuela agrega: “que el ajuste y reducción de la jornada deberá decretarse por la Junta competente, de acuerdo con la situación particular que se presente y el patrón únicamente solicitará la modificación de las condiciones generales de trabajo, en caso de que existieran circunstancias económicas que lo justifiquen.

El Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, claramente indica que las leyes sobre el trabajo expedidas por el Congreso de la Unión regirán todo contrato de trabajo, y que la aplicación de las mismas corresponderá a los estados, pero será de competencia exclusiva a la federación los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios, caso especifico es el de la rama ferrocarrilera que ahora tratamos.

El artículo 123 señala que la duración máxima de la jornada laboral será de ocho horas, siendo la nocturna de máximo siete, quedando prohibidas las jornadas insalubres y peligrosas. Asimismo, establece de manera puntual que por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario cuando menos de un día de descanso.

Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100 por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas, de acuerdo al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo.

El inciso XXVII señala que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, y todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, también señala que no producirá efecto legal sea escrita o verbal, la estipulación que establezca; una jornada mayor que la permitida por esta Ley; y una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

En cuanto al tema de las obligaciones de los patrones y trabajadores, en la Ley Federal del Trabajo se consigna que los patrones deberán cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, asimismo los trabajadores, deberán cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables además de observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, quedándoles prohibido ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe.

Por referir un ejemplo, guardando las evidentes proporciones pero tratándose de trabajos de la misma naturaleza, el capítulo de los trabajadores de la aviación, de la Ley Federal del Trabajo, establece jornadas máximas de trabajo, períodos de descanso, tiempos extraordinarios y, en su caso, relevos; con esto se plasma puntualmente la disposición de atender las jornadas laborales permitidas constitucionalmente.

En otro orden de ideas, y en referencia a los acuerdos y tratados internacionales referentes al derecho de los trabajadores, el artículo sexto, de la ley laboral, dice que las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.

En lo que a los asuntos de higiene y seguridad se refiere, el artículo 38 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario indica la obligación por parte de los concesionarios ferrocarrileros de contar con el equipo adecuado para el tipo de servicio que presten, así como el personal capacitado para manejarlo, además de proporcionarlo en condiciones de seguridad, eficiencia, rapidez y funcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Por su parte el artículo 40 del mismo ordenamiento señala que los concesionarios estarán obligados a vigilar y constatar que el personal que opere o auxilie en la operación del equipo ferroviario deberá obtener licencia federal ferroviaria expedida por la secretaría así como el someterse a los exámenes médicos correspondientes.

La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.

El artículo 123, Apartado A, fracción XV, de la ley suprema dispone que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores.

La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral.

El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores, en su artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su artículo 40, fracción XI, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores.

La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina, en sus artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que tienen éstas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de éstas.

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo establece en su artículo 4 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir las normas oficiales mexicanas de seguridad e higiene en el trabajo, con base en la Ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el presente Reglamento.

Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.

En la actualidad, se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.

En países europeos como Inglaterra, toman muy en serio el tema de la seguridad, particularmente en salvaguardar la integridad de los trabajadores del sector ferrocarrilero, al implementar sistemas especializados que contemplan trenes, tranvías, metros y trenes ligeros, para mejorar las prácticas estratégicas y la regulación de la salud y la seguridad, cuyo objetivo principal es que la industria deba lograr y mantener la excelencia así como la capacidad para gestionar los riesgos, y con la finalidad de mejorar y corregir las fallas en la implementación de las medidas de seguridad, mediante evaluaciones específicas y de manera permanente, se indican las deficiencias y obligaciones a las empresas, para que puedan cumplir con todas las medidas contempladas en la ley.

Otro caso de regulación que vemos, por la similitud con el tema que nos ocupa, en lo que respecta a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde el Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo 2006, vigente, señala que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe laborar en “el sistema”. La jornada de trabajo puede ser: Diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturna, que es la comprendida entre las veinte y las seis horas del día siguiente, y la Mixta, que comprende fracciones de las dos jornadas, diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea inferior a tres horas y media pues, de ser superior, se computará como jornada Nocturna. La duración máxima de la jornada Diurna no podrá ser mayor de ocho horas, la Nocturna de siete horas y la Mixta de siete horas y media. Todos los trabajadores gozarán durante su jornada de trabajo del tiempo para tomar sus alimentos o descanso que se establezca en el Reglamento respectivo de cada centro de trabajo; este tiempo no podrá ser inferior a treinta minutos.

En el ámbito ferrocarrilero, los trabajadores trenistas permanecen sentados por períodos prolongados de tiempo durante su recorrido, sin contar con un lugar y horario para tomar sus alimentos; además, al finalizar el viaje, estos, en la mayoría de los casos deben trasladarse por sus propios medios al lugar donde pernoctarán, para su descanso y espera de la próxima llamada al servicio, lo que constituye un ciclo frecuente que expone a los tripulantes de los trenes, a un desgaste reiterado a lo largo de su vida laboral, además de poner en riesgo la carga y los intereses económicos de las empresas.

La base trabajadora del sector ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad inmediata de que se den garantías básicas y se cumplan los acuerdos históricos referentes a los derechos laborales inalienables, para que se cumplan con las prestaciones contempladas en la ley, así como de los contratos y convenios laborales, evitar jornadas inhumanas, garantizar que se otorguen los tiempos mínimos de descanso entre jornada y jornada, de forma que se prevea por parte de las empresas, concesionadas o permisionarias los relevos oportunos de los trabajadores, así como que se acondicionen los espacios dignos e higiénicos destinados para la recuperación ante la fatiga de los trabajadores.

La presente iniciativa de ley pretende modificar los artículos 248 y 252 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que los trabajadores ferrocarrileros se desempeñen en ambientes y jornadas laborales más seguros, que gocen de horarios de trabajo más humanos y tengan oportunidad de recuperarse mediante descansos entre jornada y jornada.

En conclusión, se propone establecer en la Ley Laboral jornadas de trabajo máximas de doce horas, reglamentar los períodos de descanso considerando un tiempo mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y garantizar condiciones más favorables para la salud de los trabajadores trenistas.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 248 y 252 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman los artículos 248y 252 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 248.- En los contratos colectivos se podrá estipular que los trabajadores trenistas presten sus servicios sobre la base de viajes en una sola o en dos direcciones. Para tal efecto se observará lo dispuesto en el artículo 252.

...

Artículo 252.- Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora del día o de la noche, de acuerdo a lo siguiente:

I) La jornada de trabajo de los  trabajadores trenistas de  camino, no durará más de 12 horas en cada viaje, pudiéndose prolongar no más de una hora si se está a 20 kilómetros de llegar al destino. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del establecido en este capítulo.

II) El tiempo mínimo de descanso entre jornada y jornada deberá ser de al menos de 12 horas. El patrón se encargará de organizar los relevos del servicio, así como los traslados seguros correspondientes, en la estación o escape más cercano que cuente con acceso carretero.

III) Cuando por razones de transporte ferroviario internacional, los trabajadores ferrocarrileros se internen más allá de la franja fronteriza, se aplicará lo que indica el Art. 28 del presente ordenamiento.

IV) Los patrones están obligados a:

a) Cumplir todas las disposiciones de las normas de trabajo y seguridad aplicables a sus empresas o establecimientos.

b) Facilitar a los trabajadores trenistas de camino alojamiento higiénico y confortable, tanto abordo, como en las terminales, subterminales, estaciones o escapes.

c) Proporcionar alimentación suficiente y saludable, o en su caso las facilidades para que los trabajadores trenistas de camino puedan ingerir sus alimentos, cuando menos cada cuatro horas, o en el momento en que los centros de control de tráfico lo permitan, sin que esto sea motivo de sanción para el trabajador y sin que éste descuide la responsabilidad encomendada.

VII.- Son obligaciones de los trabajadores trenistas de camino:

a) Cumplir las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.

b) Contar con licencia federal ferroviaria vigente.

c) Cumplir con los recorridos para los que haya sido llamado.

d) Someterse a cualquier examen médico previsto en la ley.

e) Informar las condiciones de operación de las locomotoras al iniciar y concluir el servicio.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigencia el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de agosto de 2015.

Dip. Francisco Grajales Palacios.

Notas
1 Montoya Melgar, Alfredo, Derecho del trabajo, Madrid, Tecnos, 1981, página 310.
2 Ídem, página 309.
3 Lastra Lastra, José Manuel, Defender valores y promover el cambio: ¿difícil alternativa?, Temas de derecho, Santiago de Chile, Universidad Gabriela Mistral, año X, números 1 y 2, enero-diciembre de 1995, páginas 12 y siguientes.
4 http://www.researchgate.net/profile/Marianna_Virtanen/
5 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/ 891a925/916w.pdf
6 Ídem.
7 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/ 891a925/916w.pdf
8 Krotoschin, Ernesto, Derecho del trabajo, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 368.
9 Russomano, Víctor Mozart y Miguel Ángel Bermúdez Cisneros, El empleado y el empleador, México, Cárdenas, 1982, página 534.
10 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=139
11 Cueva, Mario de la, El nuevo derecho del trabajo, México, Porrúa, 1972, p. 269.
12 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/27.pdf
13 Cfr. Corso di diritto del lavoro, segunda edición, Nápoles, Liguori Editore, 1968, página 218.
14 Goldin, Adrian O., ‘‘La reducción de la jornada’’, Derecho del trabajo, Buenos Aires, año XXXIII, número 6, junio 1973, página 405.
15 Cabanellas, Guillermo, obra citada, página 380.
16 Deveali, Mario L., El derecho del trabajo, tomo I, Buenos Aires, Astrea, 1983, página 417.

Son todas las iniciativas, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.






El siguiente apartado del Orden del Día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los de la Primera Comisión que no tienen reserva.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes de la Primera Comisión:

Que exhorta al INE y al organismo público local electoral de Oaxaca, a garantizar el derecho humano a la consulta de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas de ese estado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Oaxaca a garantizar, antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016, el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas del Estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 29 de julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, en el que se exhorta al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado de Oaxaca a garantizar, antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016, el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas del estado de Oaxaca.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-2428.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo plantea dentro de sus líneas, inconformidad por el contenido de Acuerdo del Consejo General de Instituto Nacional Electoral, en el cual, se aprueban los criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial de los Distritos en las entidades federativas previo a sus respectivos Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 2016-2017, INE/CG195/2015, aprobado en lo general en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de abril de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del presente año, y en el que supuestamente lo autora, viola en perjuicio de los pueblos y comunidades indígenas su derecho humano a la Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado.

Para la suscrita, el citado acuerdo del INE, está fuera de la ley, ya que no se consultó a los pueblos y comunidades indígenas respecto a su aprobación y así obtener su “Consentimiento, Libre, Previo e Informado,”.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca a que garanticen antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016, el derecho humano a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos y comunidades que integran los Municipios indígenas del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a tomar las medidas pertinentes a efecto de promover el cumplimiento del derecho humano a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos y comunidades indígenas.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, argumenta que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los convenios internacionales ratificados por el Senado de la República, concuerda con que todos los gobiernos deben respetar la cultura y los valores de los pueblos indígenas, así como los territorios que ocupan y habitan. También,  se debe reconocer a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad y posesión sobre la tierra que tradicionalmente es su casa.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º menciona el derecho que tienen todas las personas a gozar de todos derechos humanos reconocidos en ella, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas para la protección más amplia.

Asimismo, la Constitución manifiesta, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En razón de esto, la Constitución no clasifica a las personas para brindar su protección, es clara y brinda protección a todas las personas en general.

De la misma forma y protegiendo el desarrollo de los pueblos indígenas, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas manifiesta que:

“Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia;

II a VIII….

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo;

XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;”

XIX….

Con lo que se plantea en la Ley en mención, se puede interpretar que la Comisión, estará encargada de la operación de un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

Adentrándonos más en el tema, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresa dentro sus líneas los derechos de los pueblos indígenas en la participación de decisiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Asimismo manifiesta que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Esta Comisión dictaminadora, para reforzar lo anteriormente fundamentado, interpreta que el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS1, manifiesta en el apartado de razones que “el acuerdo con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), México es una nación que “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. De este reconocimiento jurídico se desprenden una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas de México, cuya justiciabilidad es fundamental para el modelo del Estado de derecho pluricultural que perfila la Carta Magna.

Asimismo, el protocolo menciona en el Capítulo 1, el “Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado”, en el que se manifiesta que este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura y forestación. La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho a una consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente internacional tiene dimensiones más amplias, contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el derecho ha tenido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. El propio Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el derecho a la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está también reconocido en la Declaración Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) y es aplicable a cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. En tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas abarca no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar directamente a estas comunidades.

De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “los principios de consulta y consentimiento representan conjuntamente una norma especial para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y como un medio para garantizar su observancia”. Estos derechos sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, la salud y el bienestar físico y a materializar sus propias prioridades de desarrollo. La CIDH ha sentado diversos precedentes para definir los alcances del derecho a la consulta en casos específicos.

Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional.

El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se relaciona con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios”. Ello comprende medidas administrativas o legislativas de aplicación general, tales como iniciativas de ley sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario, si dichas medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y derechos específicos.

Tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro de un territorio tradicional […] la salvaguarda de la participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo […] a gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo […] según sus costumbres y tradiciones.”

Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas evidencian que el consentimiento sería exigible en todo caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos sobre los derechos de los pueblos indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello pudiera comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el modo de vida o subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el reasentamiento o traslados poblacionales y el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se lograra el acuerdo o consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder con una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos significativos sobre los derechos de estos pueblos, tales como su derecho a establecer sus propias prioridades para el desarrollo como parte de su derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. En ningún caso deberían ser vulnerados estos derechos. Aun en los casos en que el consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de manera que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que pudiera incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas de mitigación y compensación”.

Esta Comisión dictaminadora, esta a favor de que los pueblos indígenas tengan el derecho de poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto, implicado en la necesidad de mecanismos efectivos de consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca para que garanticen el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades que integran los Municipios indígenas del Estado de Oaxaca antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a tomar las medidas pertinentes a efecto de promover el cumplimiento del derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDA EDICIÓN 2014 D.R. © 2014.






Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal, emprenda una estrategia de información y comunicación para explicar los protocolos de las acciones de vigilancia por medio de las cuales los agentes de seguridad estén facultados para hacer inspecciones de personas y/o vehículos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emprender una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los alcances y protocolos de todas sus acciones de vigilancia, presentada por el Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 29 de julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emprender una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los alcances y protocolos de todas sus acciones de vigilancia

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-2470.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la propuesta con punto de acuerdo, para adentrarse al tema en estudio, pone como ejemplos los ilícitos y errores que se han cometido por parte de los elementos de seguridad Pública hacia la ciudadanía y que ha repercutido en la desconfianza de la misma.

En orden de ideas, el primer ejemplo que expone el autor del punto de acuerdo es “que el domingo 19 de julio la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dio a conocer sobre la detención de dos sus elementos por el presunto delito de extorsión y secuestro exprés contra dos efectivos de la Secretaria de Marina.

De acuerdo con el comunicado de prensa número 684/15 de la SSPDF los hechos ocurrieron el 25 de junio, en la delegación Benito Juárez. Con el testimonio de los dos elementos de la Marina afectados, los tripulantes de la unidad DF-904-S1, adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Álamos-Narvarte, los abordaron cerca de las 21:45 horas y les indicaron que estaban detenidos por encontrarse en un punto de venta de drogas y prostitución”.

“Los afectados refirieron que los policías pidieron once mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el Ministerio Público. Por lo anterior, los uniformados obligaron a las víctimas a subir a dicha patrulla para dirigirse al cajero automático y disponer del dinero en efectivo. Tras estos hechos, los afectados narran que se presentaron ante la SSP-DF e iniciaron una queja en contra de los servidores públicos, por lo que la Dirección General de Inspección Policial (DGIP), inició el expediente DGIP/III/910/2015-06, en el que se efectuaron diferentes diligencias, con el objetivo de esclarecer los hechos.”

“Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó la localización y presentación de los elementos Salvador Arenas Hernández y Alfredo Huato Flores, con carácter de probables responsables, requerimiento al que se dio cumplimiento con la presentación de los mismos por parte de agentes preventivos de la SSP-DF adscritos a la, DGIP.”

“El segundo evento al que alude el autor, “es la liberación de Lorena González Hernández el sábado 18 de julio, por determinación del Juez 32 Penal del Reclusorio Preventivo Sur, Jesús Ubando López, al decretar su libertad por insuficiencia probatoria”.

Se recordará que la entonces inculpada, a quien se atribuyó el alias de “La Lore”, se vio involucrada en la investigación del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí en 2008, quien fuera detenido en un falso retén en Ciudad Universitaria.

En su momento, González Hernández fue acusada de participar en el secuestro y tener vínculos con la organización delictiva. Hoy se conoce que es inocente y que pedirá la reparación integral del daño por los siete años de reclusión que pasó en el penal de Santa Martha Acatitla.”

Estos ejemplos que el autor nos mostró, son con la finalidad de considerar la situación de las personas que habitan el Distrito Federal y los miles de habitantes de las entidades circunvecinas que a diario transitan por la capital, todo esto es por el actuar de los elementos policiacos que en el marco de sus labores de vigilancia continua, operativos y puntos de revisión crean incertidumbre a la población.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal emprender una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los alcances y protocolos de todas las acciones de vigilancia por medio de las cuales los agentes de seguridad estén facultados para hacer inspecciones de personas y/o vehículos, especialmente en lo relacionado a los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ampliar la difusión de los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos puedan denunciar abusos y/o acciones posiblemente constitutivas de delito, por parte de los elementos policiacos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora, en el análisis de la inquietud que muestra el autor por la falta de información de las acciones de vigilancia y los alcances que se han obtenido a través de las inspecciones de personas y/o vehículos, especialmente en lo relacionado a los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago, manifiesta que es necesario que la autoridad demuestre que la seguridad pública y la justicia son dos de los bienes mas preciados con los que se desea vivir en sociedad y que debe de representar la principal preocupación del Gobierno del Distrito Federal.

Todo esto debe implicar que la gente cuente con la confianza y la tranquilidad necesaria para poder realizar sus actividades normales y que también tengan la certeza de que recibirán la atención y protección del Estado.

Por tal razón, la seguridad pública se entiende no sólo como la prevención o en su caso la atención rápida y eficiente de los actos delictivos y su correspondiente sanción legal para quienes los generan, además del trato responsable y digno a quienes sean víctimas del delito, sino que también comprende la promoción y puesta en práctica de políticas públicas incluyentes e integrales para mejorar la realidad social de la ciudad.

Ahora bien, en el primer resolutivo el autor solicita que se emprendan estrategias de información y que exista una comunicación con la ciudadanía en la que se muestren los alcances que se han obtenido en materia de seguridad y que sean públicos los protocolos de la forma en que debe actuar la autoridad que esta encargada de realizar las inspecciones en los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago; ya que esto daría una mayor tranquilidad a la sociedad que va a hacer molestada en su persona sin mandamiento de la autoridad judicial correspondiente.

Por tal razón, esta Comisión dictaminadora considera pertinente que se informe sobre los avances que se han obtenido con la implementación de las acciones de vigilancia en los operativos, así como la publicación de los protocolos de revisión que contengan la forma en que la autoridad debe actuar; como ejemplo esta público el protocolo de revisión del “Programa Maneja sin Alcohol”.

Por otra parte, el segundo resolutivo del punto de acuerdo espera que la autoridad encargada de vigilar la actuación de los elementos seguridad, informe a través de mecanismos de difusión y publicidad, el medio y el lugar en el cual los ciudadanos victimas de algún abuso o acción por parte de los elementos de seguridad puedan denunciar ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Esta Comisión dictaminadora, considera que con estas acciones, la desconfianza por parte de la sociedad hacia los operativos, programas y puntos de revisión, irá disminuyendo y facilitará el trabajo de la autoridad.  

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se emprenda una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los protocolos de las acciones de vigilancia por medio de las cuales los agentes de seguridad estén facultados para hacer inspecciones de personas y/o vehículos, especialmente en lo relacionado a los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, informe a través de mecanismos de difusión y publicidad, el medio y el lugar en el cual los ciudadanos víctimas de algún abuso o acción por parte de los elementos de seguridad, puedan presentar la denuncia correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia El Tanque, de la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos” presentada por la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos, dicha proposición fue presentada por presentada por la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2767.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que desde la ciencia política, la sociología y la administración, se ha acuñado el concepto de autogestión para designar un sistema en el que los participantes intervienen activamente en las decisiones sobre su organización.

Manifiesta la proponente que en el desarrollo urbano han encontrado campo para florecer, experiencias de autogestión exitosas que nos parece valioso recuperar y destaca que en México empiezan a emprenderse cada vez más proyectos de autogestión que ofrecen soluciones reales a los problemas de las comunidades, escuelas, grupos de producción económica locales, comunidades rurales organizadas para emprender proyectos de telefonía y ofrecen una muestra del potencial de la acción autogestiva.

La proponente indica que el Tanque es una colonia ubicada en la delegación Magdalena Contreras, en la zona limítrofe con la delegación Álvaro Obregón, que surgió tras la ola de crecimiento que siguió a la construcción del segundo tramo del Anillo Periférico en 1963, del mismo modo que el conjunto residencial Santa Teresa, Pedregal II, Pueblo Nuevo, Potrerillo, El Rosal, El Toro, etc.

Destaca que en esta colonia, los vecinos se han organizado en torno del Colectivo Ciclo para transformar su entorno y que emprendieron una serie de proyectos con el objetivo de recuperar nueve espacios públicos con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y de asociaciones civiles, a fin de llevar el arte mural a áreas abiertas, intervenir mobiliario urbano, rescatar jardineras e impartir diversos talleres.

La diputada promovente señala que el proyecto de recuperación incluye las plazas Benito Juárez y la Escuela Superior de Guerra. Expresa que intervinieron también la antigua estación de tren de Magdalena Contreras, convertida en un museo de sitio, e inauguraron otro mural con un águila en la Colonia Barranca Seca, en recuerdo de la antigua fábrica de casimires El Águila.

Se destaca que de acuerdo con los testimonios que se refieren en el trabajo periodístico que documenta este proyecto, los habitantes de la colonia señalan que cuando llegaron, carecían de servicios básicos tales como el agua; las familias en mejor condición económica transportaban el vital líquido a lomo de burro, pero la mayoría de los pobladores se abastecían con cubetas, y que es gracias al trabajo comunitario que la colonia ha florecido.

En la propuesta se indica que en “El Tanque”, la obra artística propicia a la convivencia social; en los lugares rescatados llegan visitantes de otras colonias, se hacen recorridos, comidas y bailes.

Se destaca que la apropiación social del espacio, el rescate de la historia particular y la prueba de la capacidad, puesta en acción, de resolver necesidades básicas, dio paso en “El Tanque” a la construcción de valores sociales intangibles, pero no por ello menos poderosos, tales como la construcción de una identidad propia, de lazos de solidaridad, de sentido de vecindad, transformándose de ser un pueblo que empezó sin agua, hasta alcanzar, a través de la organización, su derecho a la ciudad.

Bajo estas consideraciones, la proponente considera valioso destacar la experiencia de “El Tanque”, recuperarla y proponer su aprovechamiento en otros lugares de la ciudad y del país a través de acciones coordinadas por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de la proponente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la labor de los habitantes de la colonia El Tanque, de la delegación Magdalena Contreras, en favor de la recuperación de sus espacios públicos y la construcción de ciudadanía.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a fortalecer, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos a través de actividades artísticas y culturales en todo el país, tomando en consideración como referente actual la experiencia de la colonia “El Tanque”, de la delegación Magdalena Contreras.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta Comisión dictaminadora destaca que el país cuenta con una sociedad tan dinámica, diversa y plural, en la que el cambio social rebasa muchas veces la velocidad del crecimiento estructural y los proyectos de desarrollo urbano, la apropiación del espacio comprende una vinculación entre las personas y los lugares, que permite construir una mejor ciudadanía.

En ese sentido, es importante señalar que la apropiación, es la que fija la ruta para lograr consensos en la puesta en marcha de pequeños y grandes proyectos, de ahí la importancia de poder encontrar mecanismos y herramientas innovadoras que nos lleven al acercamiento con los ciudadanos.

En tanto, la apropiación del espacio comprende una vinculación entre las personas y los lugares, más allá del simple sitio, se trata de un nexo de apego, identidad y de aproximación, que nos permiten construir ciudadanía.

La proposición materia de este dictamen da cuenta de la experiencia de la colonia “El Tanque”, de la delegación Magdalena Contreras, en la que el equipo multidisciplinario de CICLO, lleva a cabo desde enero pasado y hasta agosto de 2015 acciones ambientales, culturales, sociales, artísticas y ciudadanas, a partir de la impartición de talleres especializados en nueve puntos de la delegación Magdalena Contreras.

Se destaca que diversas organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de este proyecto, busca que los vecinos consideren la re utilización de los espacios públicos y con ello contribuir en la promoción de una educación ciudadana.

Por ello, un grupo de especialistas en diversas áreas comparten sus conocimientos con la comunidad a través de talleres de Vinculación Comunitaria (Microhistorias); Diseño del entorno (Ciclo de la Vida, Ciclo del Agua, Compostas, Permacultura, Huertos Urbanos); y Arte (técnicas artísticas, Pintura Urbana Contemporánea) y posteriormente conforme a las necesidades locales, definen qué y cómo será la recuperación de los espacios, con el propósito de crear un vínculo real entre el espacio y sus habitantes, y éste se mantenga en buen estado e incluso en constante transformación.

Como se puede observar este tipo de iniciativas refleja un profundo interés, no sólo en recuperar los espacios públicos, sino también en procurarlos y adoptarlos como identidad social de la zona en que se realicen, es por ello que se deben brindar instrumentos que generen cohesión e identidad en la ciudad relacionados a la construcción de espacios públicos.

Para esta dictaminadora es relevante mencionar que estas iniciativas ciudadanas son prácticas colectivas que trabajan por el empoderamiento urbano de la ciudadanía y desarrollan procesos críticos sobre la ciudad actual y son agentes que promueven la innovación social en los entornos donde operan.

Es importante destacar que este tipo de proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se menciona que tal como se reconoce en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, la cultura es un componente del desarrollo social que forma parte de un conjunto de factores que se traducen en una mejor calidad de vida.

En la Estrategia 1.4 del Programa, se prevén líneas de acción para apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social:

1.4.1   Impulsar acciones que fortalezcan el tejido social, principalmente en zonas marginadas.

1.4.2   Diseñar programas y servicios para dar atención a grupos específicos.

Bajo estas consideraciones, esta dictaminadora acompaña los argumentos de la proponente y estiman valioso destacar la experiencia de la Colonia “El Tanque”, recuperarla y proponer su aprovechamiento en otros lugares de la ciudad y del país a través de acciones coordinadas por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la labor de los habitantes de la colonia “El Tanque”, de la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal, en favor de la recuperación de sus espacios públicos y la construcción de ciudadanía.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, fortalezca las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos a través de actividades artísticas y culturales en todo el país, tomando en consideración como referente actual la experiencia de la colonia “El Tanque”, de la Delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar, referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas”, presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-2707.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador hace referencia al artículo primero constitucional, en el que se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Bajo esa premisa, relata que el pasado mes de julio en el estado de Zacatecas se suscitó un hecho en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el que, señala, según sus habitantes denunciaron que elementos del 97 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Fresnillo de González Echeverría, estaban implicados en la desaparición de siete personas, uno de ellos ex militar, mismas que fueron detenidos en el interior de su domicilio.

Indica que, según se derivó de las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, había indicios de una probable participación de personal militar en la desaparición de los jóvenes, posteriormente el lunes 20 de julio se informó que un Teniente Coronel, y tres militares, fueron separados de sus cargos y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la desaparición de estos siete jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y con el tiro de gracia.

Considera que es necesario hacer hincapié en los informes o investigaciones de las que está obligada la Procuraduría General de la República y de Justicia Militar para solicitar mayor transparencia, manifiesta que lo anterior es en concordancia con la resolución del Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI), que instruye a  a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dar a conocer datos sobre delitos investigados y sancionados por el fuero militar. 

Explica que se requiere mayor transparencia y conocimiento en cuanto al desarrollo de la política criminal y manifiesta que ello es con el objetivo de adoptar en conjunto con la sociedad las autoridades un protocolo en la aplicación de órdenes y procesos en los que se vea inmiscuidos integrantes de las fuerzas castrenses que permita generar condiciones que eviten la violación a los derechos humanos.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que:

a. Realicen con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el caso de los siete jornaleros presuntamente asesinados por militares del 97 Batallón de Infantería con sede en el municipio de Fresnillo de González Echeverría, asimismo a que en el momento procesal oportuno informen a esta Soberanía los avances y estado que guardan dicha investigación, lo anterior sin perjuicio al proceso judicial en comento.

b. Aseguren que los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, manifiesta indignación sobre los hechos violentos que tuvieron lugar en Fresnillo, Zacatecas y solicita a las autoridades correspondientes la resolución del asunto, asimismo, se solidariza con las familias en su dolor y en el reclamo de justicia.

Cabe referir que el pasado 7 de julio un grupo de siete presuntos jornaleros, uno de ellos exmilitar, de la comunidad de Calera, en Zacatecas, fueron detenidos por integrantes del 97 Batallón de Infantería en su domicilio, durante un supuesto operativo para la búsqueda de armas y drogas, entre ellos habían cinco hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada por sus familiares, y cuatro de ellos tenían huellas de haber recibido el llamado “tiro de gracia”.

Diversos medios de comunicación refieren que los cuerpos de cuatro de los jóvenes fueron localizados en una casa en construcción en el municipio de Jerez, asesinados de un tiro en la nuca, mientras que otros tres cuerpos fueron hallados la tarde del sábado en otra comunidad de Jerez.

Al respecto, el 20 de julio pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CEDHZ) refirió que cuatro militares, entre ellos el teniente coronel Martín Pérez Reséndiz, del 97º Batallón de Infantería con sede en Fresnillo, Zacatecas, ya se encuentran en una prisión militar tras ser acusados de la detención y homicidio de 7 personas en el municipio de Calera de Víctor Rosales.

Derivado de la presunta participación de militares en los eventos ocurridos, el 21 de julio la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones y el Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa el día 31 de julio del presente año, en la que se da a conocer que se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, elementos militares del 97° Batallón de Infantería, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada de personas y homicidio calificado, con las agravantes establecidas de ventaja y alevosía.

Esta acción por parte de la autoridad jurisdiccional se debe a que el artículo 167, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente al delito de homicidio contempla la prisión preventiva oficiosa en contra de los cuatro inculpados, por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

Debe referirse que la Procuraduría General de la República se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y que el Código de Conducta Militar señala, como uno de los Valores específicos que deberá observar todo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como las normas del Derecho Internacional Humanitario y hace referencia a que el personal militar conocerá permanentemente las cartillas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.

Derivado de lo anterior, es necesario señalar que las autoridades involucradas han desarrollado acciones para la resolución del caso, dado que la PGR atrajo la investigación y ya se han consignado a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional por su probable participación en estos hechos, esta Comisión estima necesario que el proceso se desahogue como hasta ahora se ha llevado a cabo, pues se considera que las autoridades han desarrollado el proceso con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión estima que la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas ha sido atendida.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche”.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán” presentadas por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán, dicha proposición fue presentada por presentadas por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2736.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Los senadores promoventes indican que el 23 de julio del año en curso, la delegación Coyoacán comenzó las obras para la remoción del empedrado situado frente al inmueble conocido como la Casa de la Malinche, localizada entre las calles de Vallarta e Higuera, la casa fue construida en el siglo XVI y se piensa que los muros más gruesos pertenecen a la estructura original.

Destacan que el camino de piedras que cubría el frente de la casa tenía como función primaria evitar que los vehículos circularan a alta velocidad, provocando vibraciones que pudieran afectar la estructura del edificio.

Además, indican que al encontrarse dentro de la zona de monumentos históricos de Coyoacán, la calle forma parte del patrimonio que debe ser protegida. De hecho, por su antigüedad y valor histórico, las obras que se realicen deben ser autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Manifiestan que hace algunas semanas, por medio de volantes, la demarcación dio aviso de que iniciarían los trabajos de mantenimiento, previstos desde el año pasado, como parte de un proyecto de rescate del Centro Histórico de Coyoacán y consideran que si bien las autoridades de la demarcación realizan obras que se encuentran dentro de sus atribuciones legales, la importancia histórica del inmueble involucrado, obliga a emprender acciones para garantizar su preservación.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos de los proponentes:

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, conforme a las facultades legales que se le confieren para la restauración y conservación de los monumentos, zonas históricas y arqueológicas, vigile y supervise el manejo adecuado del patrimonio histórico de la Nación, en el caso de la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche”, en la delegación Coyoacán.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la delegación Coyoacán a garantizar un manejo adecuado del patrimonio histórico de la Nación en las obras de rehabilitación de la calle Vallarta.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

El INAH tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia.

Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional.

Como se da cuenta en la proposición materia de este dictamen, el 23 de julio del año en curso, la delegación Coyoacán comenzó las obras para la remoción del empedrado situado frente al inmueble conocido como la Casa de la Malinche, los promoventes señalan que dicho empedrado forma parte del patrimonio que debe ser protegido.

En virtud de dicha inquietud por parte de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, esta dictaminadora en su análisis e investigación destaca que de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no es histórico el empedrado que se retiró frente a la casa de la Malinche, en el barrio de la Concepción, en Coyoacán.

Se indica que la Delegación Coyoacán retiró alrededor de 400 metros cuadrados de piedra bola que estaban sobre la calle de Vallarta, exactamente enfrente de la casona histórica, para realizar obras de nivelación de la calle.

Para esta dictaminadora, es relevante señalar que Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, aclaró que no son pavimentos que daten del siglo XIX para atrás, que son los que la ley señala como elementos patrimoniales, y para comprobar esta información se hicieron tres calas estratigráficas, que son excavaciones, para saber si en la calle Vallarta hay otros niveles históricos de pisos.

Se destaca que la Delegación Coyoacán tiene planeado, con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nivelar la calle y devolver la piedra a la zona en donde se encontraba.

En suma, las legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora destacan que de acuerdo a la información del INAH no se está realizando algún daño patrimonial y la obra no toca edificios históricos, ni el jardín, ni mucho menos la capilla.

Es por ello, que al realizar las actividades de restauración se debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país.

Esta dictaminadora considera que realizar un exhorto al Instituto Nacional de Antropología e Historia con la finalidad de que se supervise el manejo adecuado del patrimonio histórico de la Nación, se encuentra atendido toda vez que las autoridades responsables han manifestado que las obras están en función de preservar los niveles históricos y en ningún momento se realiza un daño patrimonial al inmueble conocido como “Casa de la Malinche”, en la delegación Coyoacán.

En el mismo sentido, se destaca que la Delegación Coyoacán está en coordinación con el INAH con la finalidad de garantizar un manejo adecuado del patrimonio histórico de la Nación en las obras de rehabilitación de la calle Vallarta, es por ello que esta dictaminadora considera que las autoridades encargadas de resguardar estos sitios, están realizando la supervisión correspondiente con la finalidad de que en los trabajos de restauración de la zona, no se realice algún daño al patrimonio histórico.

or lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión estima que la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán, ha quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba al ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a implementar y reforzar las medidas de seguridad en sus instalaciones.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de valores dentro de sus instalaciones”, presentada por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de valores dentro de sus instalaciones”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-2777.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador refiere que en años recientes se han evidenciado de forma reiterada en medios de comunicación diversas irregularidades relacionadas con el desempeño de varios funcionarios del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur; explica que en lo que va de este año, resaltan dos sucesos que se han convertido en blanco de especulaciones, pues señalan la participación de funcionarios públicos de dicho Ayuntamiento en la comisión de delitos de robo en sus instalaciones.

Al respecto, el senador señala que el 1° de febrero del año en curso diversos medios de comunicación reportaron un robo al Palacio Municipal, en el que, presuntamente, se sustrajo del área de la Tesorería toda la recaudación correspondiente al Impuesto Predial, cuya cuantificación ascendió aproximadamente a 7 millones de pesos.

Explica que el robo mencionado con antelación no es el único registrado en dichas instalaciones, pues, de acuerdo con las consideraciones del autor, el 25 de febrero de 2013 se descubrió el robo de medio millón de pesos a la Tesorería municipal en el que, puntualiza, se reportó que los ladrones entraron sin violar ninguna de las puertas previas al sitio donde se encuentran las cajas recaudadoras, lo que fue señalado por la población como un acto de corrupción de funcionarios públicos que al momento sigue siendo investigado por las autoridades competentes.

Asimismo, explica que la madrugada del lunes 20 de julio, se reportó un robo en las oficinas centrales de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Los Cabos, y aunque hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, se sabe que corresponde a todo lo recaudado el viernes 17 y sábado 18 por concepto de placas, licencias y permisos y que no se ha determinado cómo entraron los sujetos a las oficinas administrativas pues el robo fue descubierto tiempo después a su comisión, por lo que no hubo detenidos.

Indica que la población ha acusado la participación de los funcionarios públicos del Ayuntamiento en estos hechos, dado que la zona donde se encuentran las Oficinas administrativas de la Policía se encuentra constantemente resguardada por su cercanía con la cárcel pública y a la Procuraduría General de Justicia estatal.

El senador considera que las circunstancias en que se realizaron los ilícitos en comento, denotan la probable participación de funcionarios públicos del XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., indica que el asunto ya está siendo investigado y de comprobarse será debidamente sancionado por la Procuraduría General de Justicia Estatal.

Sin embargo, explica que es necesario solicitar a las autoridades municipales que implementen las medidas de seguridad necesarias para custodiar adecuadamente los lugares donde se recaudan valores y dinero en efectivo correspondientes a la hacienda municipal, pues a raíz de los hechos mencionados previamente queda claro que hasta el momento dichos sitios se encuentran vulnerables a la delincuencia.

Bajo esa línea argumental propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente al Titular del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a que implemente y refuerce las medidas de seguridad en sus instalaciones, con especial énfasis en los lugares de resguardo de valores derivados de la recaudación de contribuciones, a fin de evitar el robo de recursos a la hacienda municipal.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora manifiesta que en el proceso de análisis y dictaminación de la proposición con punto de acuerdo enunciada, encontró que, de acuerdo con diversos medios de comunicación, el 2 de febrero de este año fueron sustraídos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento cerca de 3.5 millones de pesos y diversos documentos que la Procuraduría General del Estado investiga bajo el número de averiguación previa SJC/84/TUR/2015.

La PGJE dio a conocer, en un primer momento, que el robo se había cometido con violencia, que se utilizaron armas de alto poder para someter al policía de guardia y que se utilizaron barras especiales para abrir siete puertas que los llevaron a las cajas fuertes que lograron abrir con sopletes y esmeriles.

Al respecto, el ahora ex terorero municipal Gerardo Manríquez Amador reveló que los delincuentes se habrían llevado los recursos correspondientes a la recaudación del fin de semana de las áreas de Tránsito Municipal, Catastro Municipal, Planeación Urbana y las propias cajas de Palacio Municipal; el funcionario, sin embargo, solicitó separarse de su cargo el  9 de febrero del presente año para no entorpecer las investigaciones de la PGJE y el 5 de junio interpuso un amparo en contra de la orden de aprehensión.

Sobre el hecho, Adonai Carreón Estrada, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a conocer que al 12 de junio de 2015 existían cuatro órdenes de aprehensión, mientras que a PGJE a llegar hasta las últimas consecuencias y señaló que se tomarían las medidas pertinentes a fin de salvaguardar el patrimonio del municipio.

Asimismo, como lo refiere el proponente, el pasado 20 de julio se perpetró otro robo en las instalaciones de la Policía Municipal en Cabo San Lucas, en el módulo de Tesorería, que se ubica dentro de la Comandancia de Policía de Cangrejos, un edificio alejado de la mancha urbana, en la salida norte de Cabo San Lucas, rumbo a La Paz. Empleados de la dependencia dieron a conocer el robo luego de ingresar a la oficina y encontrar la caja fuerte abierta. El monto de lo robado en esa ocasión rebasa los 100 mil pesos .

De conformidad con lo anterior, resulta necesario señalar que los robos perpetrados en los edificios ocupados por las autoridades municipales están siendo atendidos por la autoridad competente, asimismo, los funcionarios encargados de la seguridad y la vigilancia de las instalaciones han llevado a cabo acciones con el fin de prevenir estos hechos y sancionar a los responsables con el fin de prevenir la comisión de delitos al interior de sus instalaciones, toda vez que la sustracción ilegal de documentos y de dinero recaudado por la hacienda municipal afectan directamente la vida delos habitantes de Los Cabos, Baja California Sur.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora estima que la preocupación del senador promovente está siendo atendida por el ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur a implementar y reforzar  medidas de seguridad en sus instalaciones ha sido atendida.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.


http://www.sdpnoticias.com/estados/2015/06/16/se-ampara-ex-tesorero-de-los-cabos-acusado-de-robar-34-mdp-del-ayuntamiento






Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a articular acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública para resguardar la integridad física de las personas que participan en las peregrinaciones.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente en el que se exhorta a la exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, articule acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, con los distintos órdenes de gobierno a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardad la integridad física de las personas que participan en las llamadas “peregrinaciones”, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 5 de agosto de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno de la República para que, articule acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, con los distintos órdenes de gobierno a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardad la integridad física de las personas que participan en las llamadas “peregrinaciones”.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El autor de la propuesta manifiesta que es necesario que los tres niveles del gobierno realicen acciones que permitan disminuir el gran número de accidentes que año con año acontecen en este tipo de peregrinaciones religiosas y que en varios casos han tenido resultados fatales.

Asimismo, manifiesta dentro del contenido de la proposición que es lamentable, que gente que busca ejercer libremente su derecho de culto, tenga que enfrentar factores ajenos que los ubican en una situación de vulnerabilidad, y que es necesario que los gobiernos, en sus distintos órdenes, deben de establecer las medidas y protocolos pertinentes para atender estos eventos, a fin de brindar seguridad a sus participantes.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, articule acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, con los distintos órdenes de gobierno a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardad la integridad física de las personas que participan en las llamadas “peregrinaciones”.

III. CONSIDERACIONES

Esta dictaminadora menciona que entiende la preocupación del autor del punto de acuerdo, en referirse a los muchos trágicos acontecimientos por los que han pasado las procesiones religiosas que año con año ejercen sus derechos que les otorga la Constitución en razón de la libertad de transito y libertad de culto.

El autor de la propuesta, manifiesta que es necesario que el gobierno de la República en coordinación con las autoridades locales y estatales de las entidades por las que pasa la procesión religiosa, implementen protocolos para el resguardo de la integridad física de las personas, sin embargo, esta Comisión dictaminadora puede mencionar que cada una de las entidades por las que cruza el peregrino cuenta con acciones que ya están implementadas y que año con año, o cualquier día en que arriben peregrinos a cualquier Estado de la República, estos en coordinación, activan los protocolos de seguridad y protección civil los cuales incluyen a las secretarías de Gobierno de cada Estado, como son la de Protección Civil, Desarrollo Social, de Salud, Obras y Servicios, Medio Ambiente, de Transporte y Vialidad, así como con la Procuradurías o Fiscalías General de Justicia de cada Entidad.

Además, se coordinarán en el operativo o protocolo con el Cuerpo de Bomberos, Procuraduría Federal del Consumidor, LOCATEL, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, gobiernos de todos los Estados de México y Municipios Conurbados, Comisión Federal de Electricidad, Cruz Roja Mexicana y autoridades internas que puedan garantizar la protección de los peregrinos.

Como ejemplo, se menciona al Gobierno del Distrito Federal el cual aparte de implementar las acciones mencionadas en el párrafo anterior, se apoya en la fuerza de la Secretaria de Seguridad Pública de Distrito Federal (SSPDF), la cual implementa es su estrategia a las policías de Proximidad, a la policía Metropolitana, la policía Auxiliar, a la policía Bancaria e Industrial, de la Subsecretaría de Tránsito, así como las áreas de Participación Ciudadana, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Enlace Institucional, Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y de la Dirección General de Helicópteros de la SSPDF.

Por estas razones, esta Comisión dictaminadora manifiesta que la petición del punto de acuerdo en el cual se exhorta al gobierno federal para que implementen protocolos para el resguardo de la integridad física de los peregrinos, ha sido atendida, ya que los gobiernos de los Estados ya han implementado acciones, estrategias y protocolos para cuidar el bien jurídico principal de los peregrinos, la vida.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los  siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, considera que la proposición con punto de acuerdo por el que s e exhortaba al Gobierno de la República para que articulara acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardar la integridad física de las personas que participan en las llamadas “peregrinaciones”, ha sido atendida de conformidad con las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO: Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias a efecto de esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 37 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político el Partido del Trabajo” presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

III. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias a efecto de esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 37 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político el Partido del Trabajo, dicha proposición fue presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1580.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

El senador proponente expresa que en el artículo 41 de la Ley Fundamental se dejó plasmado un auténtico sistema de partidos políticos y, desde entonces, apareció una norma de carácter marginal que establecía la necesidad de que las fuerzas políticas alcanzaran un determinado porcentaje de la votación para conservar su registro como partido político no obstante su evidente naturaleza accesoria respecto de la preceptiva integral.

En consecuencia, señala que el enunciado normativo relativo a la pérdida o conservación del registro, se encuentra supeditado a que la corriente de pensamiento y acción política de que se trate, alcance el rango de partido político en condición de minoría política, logrando, por medio del sufragio, llevar un número significativo de legisladores al Congreso de la Unión.

Manifiesta que de conformidad con el artículo 26, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados. Indica que  el Partido del Trabajo en la pasada elección, obtuvo por el principio de mayoría relativa seis diputados, es decir, que de manera sobrada logró en exceso una diputación para actuar como una minoría política que garantice la libre expresión de una corriente ideológica en la Cámara en términos del párrafo primero del mismo precepto. En consecuencia, manifiesta que al reunir los elementos de ley como minoría política, el Partido del Trabajo tiene derecho a conservar sus prerrogativas como lo son, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, consecuentemente mantener el registro.

El promovente señala que todos y cada uno de los motivos que ponderó el Constituyente Permanente para reconocer los derechos de las minorías políticas y abrir espacio en el seno del Congreso de la Unión a todas las expresiones del mosaico político se encuentran vigentes y son válidas hoy día, aún con mayor justificación.

Enfatiza que no obstante a todo lo anterior, el actuar de la autoridad electoral, aun cuando los resultados electorales no han causado estado, cuando la moneda se encuentra en el aire, se anticipan a manifestar de manera unilateral su voluntad propia sin tener certeza de que esta coincida con la voluntad popular, con esa que quedó plasmada en el sufragio del pueblo mexicano.

Indica que el proceso para renovar la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal fue una oportunidad para que la voluntad ciudadana se manifestara, y fue así, no obstante la falta de claridad en la actuación de la autoridad electoral administrativa, dio por hecho que el proceso electoral por el simple transcurso del tiempo dejarían en claro los resultados electorales, no obstante, de ser esta tarea la finalidad principal del Instituto Nacional Electoral.

Indica que el Partido del Trabajo, en estos momentos está siendo víctima de la falta de claridad, de certeza y legalidad del Instituto Nacional Electoral, cuyos titulares se han negado en dar respuestas a hechos, no solo para el resultado de las elecciones sino para la conservación del registro de ese organismo político, que se enfrenta al silencio cuando solicita se investigue y se clarifique hechos de opacidad manifiesta, como la caída del sistema de cómputo por espacio de varias horas en donde espontáneamente desaparecieron poco más de treinta y siete mil votos a favor del Partido del Trabajo, cuya falta lo sujeta a la posible pérdida del registro.

Expresa que de manera por demás frívola, abocó a dar por hecho la pérdida del registro del Partido del Trabajo, sin reparar en que la disposición en que pretendían fundarse debe aplicarse en armonía con la preceptiva integral que regula el sistema de partidos políticos en México, una de cuyas características es precisamente dar cabida a las minorías políticas en la representación nacional.

 Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos del proponente:

PRIMERO. Se exhorta, con el carácter de urgente al Instituto Nacional Electoral, para que realice las investigaciones necesarias a efecto de que esclarezca y resuelva las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 35 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.

La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, rediseña sustancialmente el régimen electoral. Su objetivo principal es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

Es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, párrafo V, Apartado B, inciso b), así como el artículo 32, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que es atribución del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo los escrutinios y cómputos para los procesos electorales federales.

En cómputo del proceso electoral 2015 concluyó el paso viernes 12 de junio con el registro de las 149 mil 726 actas computadas, correspondientes al 100% de la votación del domingo 7 y en el cual se dio cuenta de que el Partido del Trabajo no alcanzó a representar al 3% de los electores.

La principal preocupación del promovente se centra en que el Instituto Nacional Electoral debe realizar las investigaciones necesarias a efecto de que esclarezca y resuelva las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 35 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político.

Se destaca que ante tal situación, el Partido del Trabajo inició un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En virtud de lo anterior, esta dictaminadora destaca que el pasado miércoles 5 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 22 impugnaciones del Partido del Trabajo (PT) que buscaban anular un cúmulo de casillas en diversos estados con el objetivo de conservar su registro.

El Partido del Trabajo y el Partido Humanista no alcanzaron la votación del 3% en las pasadas elecciones del 7 de junio, requisito de la Ley Electoral para conservar el registro como partido político nacional.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició un proceso de liquidación y será el Tribunal Electoral el que defina, a más tardar en las primeras semanas de septiembre, la declaratoria de pérdida de registro de ambas fuerzas políticas.

En virtud de lo anterior, legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen ha quedado sin materia, toda vez que se han dado a conocer los resultados del cómputo final por parte del INE y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación producto de las impugnaciones presentadas por el Partido del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera que ha quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Instituto Nacional Electoral, para que realice las investigaciones necesarias a efecto de que esclarezca y resuelva las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se considera que han quedado sin materia las proposiciones que requerían información a diversas autoridades.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación:

1. La “Proposición con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades la información solicitada por la Comisión Permanente”, presentada por los diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. La “Proposición con punto de acuerdo para solicitar a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y al gobierno de Nayarit la información requerida por la Comisión Permanente”, presentada por los diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

II. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, los diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades la información solicitada por la Comisión Permanente”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1799.

B. En la sesión del miércoles 22 de julio de 2015, los diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo para solicitar a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y al gobierno de Nayarit la información requerida por la Comisión Permanente”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-2141.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

A. Los diputados señalan en sus consideraciones que la Comisión Permanente tiene la labor de mantener en funcionamiento al Congreso al lado de los otros Poderes de la Unión, continuar y ordenar el trabajo parlamentario, conocer asuntos sobre los cuales deliberar o pronunciarse y en su caso, convocar a sesiones extraordinarias cuando así sea necesario.

Destacan que una de las funciones que el Congreso sigue realizando durante los recesos, a través de la Comisión Permanente, es la supervisión y el control de los demás Poderes de la Unión y de los Órganos Constitucionales Autónomos, mecanismo que materializa el principio republicano de separación y equilibrio de poderes.

Explican que la presente Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de la LXII Legislatura, está prácticamente a la mitad de sus sesiones y que en los dos meses que han transcurrido, se han aprobado diversos dictámenes con un peso importante en la coyuntura económica y social por la que atraviesa nuestro país.

Señalan entre los casos por este órgano aquellos que consideran relevantes, tales como el caso de los jornaleros de San Quintín, la construcción del Viaducto Bicentenario y los contratos con la empresa OHL, la evaluación educativa, la situación financiera de PEMEX, la Ronda Uno, y el Presupuesto Base Cero.

Sin embargo, aducen a que existen otros pendientes que requieren de una respuesta inmediata por el pleno de la Comisión Permanente como es el caso de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, cuyo dictamen ya fue aprobado por la Primera Comisión. También señalan como un pendiente importante los dictámenes sobre las irregularidades presentadas por el Partido Verde Ecologista de México durante el proceso electoral y el uso indebido de su propaganda fuera de los plazos legales.

Asimismo, indican que se encuentra el proyecto de acuerdo para citar a los gobernadores de los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán a efecto de que expongan su experiencia y visión sobre la problemática, retos, necesidades y perspectivas en la implementación del servicio profesional y la evaluación docente.

Los diputados hacen un recuento de los casos más sobresalientes resueltos por el Pleno de la Comisión Permanente, sin embargo, consideran que algunos temas importantes se encuentran detenidos y los enumeran como se presenta a continuación:

1. Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública un informe sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar; y exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.

2. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 

3. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

5. Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012.

7. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un documento específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015.

8. Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras.

9. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los fines de las donaciones en especie, particularmente de combustibles, realizadas a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de 2015.

10. Que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe relativo a la Ronda Uno.

11. Por el que se solicita a diversas Secretarías de Estado a informar el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California, durante el periodo 2008-2015.

12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los términos y condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del satélite Centenario; así como las implicaciones que, en materia económica y de telecomunicaciones, tendrá el incidente ocurrido el 16 de mayo de 2015.

13. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de los fundamentos y las motivaciones para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016.

14. Por el que se solicita al Banco de México un informe de las consecuencias de la depreciación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015.

15. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de los conflictos laborales de antigüedad genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los órganos jurisdiccionales de carácter laboral.

16. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que especifique cuál fue el monto del recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

17. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe de las razones por las que se otorgó el permiso en Cancún, Quintana Roo a la empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto.

18. Por el que se solicita a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo del estado de Coahuila.

19. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe en torno al grado de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se encuentran proyectadas para el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018.

20. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre la entrega de pantallas de televisión en el estado de México; asimismo, un informe sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado el 13 de mayo de 2014.

21. Por el que se solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores un informe sobre las acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de "ACREMEX", Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pierdan sus ahorros, derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro.

Bajo esa línea argumental proponen lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Titular del Ejecutivo Federal, a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Energía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, así como al Banco de México, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al Fondo de Supervisión de SOCAPS y de Protección a sus Ahorradores, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Comisión Nacional del Agua a enviar la información solicitada por la Comisión Permanente, mediante los acuerdos aprobados en la sesión del 17 de junio de 2015, toda vez que el plazo de 15 días naturales dado para la entrega de dicha información ha vencido.

A. Los promoventes refieren que en la sesión del 24 de junio se aprobaron acuerdos relevantes respecto a informes en materia de impartición de justicia, derechos humanos de jornaleros agrícolas, medio ambiente, energía, derechos laborales, desarrollo regional, cuyo plazo, de 15 días naturales, ha finalizado el 8 de julio. Aun y cuando el plazo se contara a partir de que las entidades requeridas recibieran la solicitud, consideramos que el plazo se ha sobrepasado en exceso.

Señalan que, al momento de presentar el dictamen no se contaba con alguna explicación o la solicitud prórroga, y enumeran los acuerdos tomados por esta Soberanía y que no han recibido respuesta, mismos que se citan a continuación: 

1. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 

2. Por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un informe sobre los resultados de las investigaciones que se deriven.

3. Que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar el estado que guarda la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios “SUTSEM”, de las elecciones sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014. 

Bajo esa línea argumental, proponen lo siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al Titular  del Poder Ejecutivo Federal, a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Petróleos Mexicanos, a la Procuraduría General de la República, al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y al gobierno del estado de Nayarit, enviar la información solicitada por la Comisión Permanente, mediante los acuerdos aprobados en la sesión del 24 de junio de 2015, toda vez que el plazo de 15 días naturales dado para la entrega de dicha información ha vencido.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora manifiesta que la existencia de la Comisión Permanente dimana de la tradicional teoría de la división de poderes, conforme a la cual éstos deben tener presencia y actividad constante para cumplir las funciones esenciales que le encarga el Estado. A través de esa permanencia se consigue el equilibrio del poder público, mediante el procedimiento de colaboración y vigilancia entre poderes, adoptado por los estados modernos.

De acuerdo con el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta por 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones.

El mismo artículo, en su fracción III, establece que a este órgano compete:

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

Al respecto, el Título Cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116, establece que la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de este, desempeña las funciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señala, en el artículo 127, que la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones para el despacho de los negocios de su competencia.

En ese sentido, el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente, nombrará, a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes Comisiones:

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Gobernación, Guerra y Marina, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales, y Relaciones Exteriores.

En atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica, la Comisión Permanente integra temáticamente tres Comisiones para atender los asuntos establecidos por el Reglamento de la siguiente manera:

Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia;

Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y de Educación Pública; y,

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y de Comunicaciones y Obras Públicas

Estas comisiones serán las encargadas de resolver los asuntos que son competencia de la Comisión Permanente.

Ahora bien, dado que actualmente el Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra en proceso de aprobación, el Senado de la República adoptó la práctica parlamentaria de integrar acuerdos parlamentarios para normar las sesiones de la Comisión Permanente que funciona en el Segundo Receso de cada año legislativo, repitiéndose esa normatividad cada receso en que le corresponde funcionar en sede senatorial, como es el caso de esta Comisión Permanente. Bajo esa premisa, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio legislativo suscribieron el Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día, aprobado en la primera sesión de este órgano legislativo celebrada el 6 de mayo del presente año,

En dicho documento, se establece que las proposiciones de acuerdo inscritas en el orden del día se turnarán a las Comisiones para su despacho correspondiente, sin embargo, no hace alusión al tiempo en el que deben dictaminarse los asuntos.

En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo enlistadas por los proponentes en sus consideraciones, corresponden a los asuntos aprobados en la sesión de la Comisión Permanente el 17 de junio del presente y versan sobre solicitudes de información; al respecto, los proponentes aluden que el plazo de vencimiento de 15 días para la entrega de la información ha vencido.

Dado que los asuntos enlistados como pendientes por los promoventes corresponden a diversas instancias, esta Comisión estima que el asunto es de competencia de las  tres comisiones conformadas para el despacho de los asuntos que correspondan a este órgano legislativo, por lo que se pronuncia únicamente respecto de los asuntos respecto de los cuáles es competente.

De tal suerte, se observa que de los asuntos indicados por los proponentes, esta Comisión únicamente conoció del exhorto a la Procuraduría General de la República para que informara sobre las condiciones materiales y humanas para enfrentar los delitos electorales bajo el nuevo sistema penal acusatorio, mismo que fue debidamente atendido mediante el oficio SELAP/300/1686/15, recibido en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República el día 30 de julio del presente, por lo que las proposiciones se encuentran sin materia, respecto de los asuntos que son competencia de esta Primera Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Primera Comisión considera que han quedado sin materia las proposiciones con punto de acuerdo por las que se requiere a diversas autoridades la información solicitada por la Comisión Permanente, por lo que se refiere a los asuntos de su competencia.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla” presentada por las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla, dicha proposición fue presentada por las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2781.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que la organización internacional World Justice Project (WJP) publicó el pasado mes de junio el nuevo Índice de Estado de Derecho 2015, el cual consta de un informe anual que con base en las experiencias y percepciones de la población general, mide el estado de derecho en 102 países.

Que los indicadores usados por la organización para el desarrollo de este índice fueron: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal.

Que en el caso de México en torno al índice es lamentable. Nuestro país se ubicó dentro de los países más rezagados en la materia con la posición 79 de las 102 naciones evaluadas. En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, se ubicó entre los seis países peor calificados, con la posición 14 de 19 países de la región.

Destacan que, resulta alarmante que para la sociedad mexicana, el acceso a la justicia en México parece ser un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas excepciones gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios, ha podido alcanzar a algunas personas.

Señalan que desafortunadamente, un gran ejemplo de estado represor es la entidad de Puebla, en donde el acceso y la impartición de justicia atraviesan una severa crisis de legitimidad en la que sus autoridades son señaladas como cómplices de un gobierno represor, corrupto y autoritario.

Indica que muestra de ello son los más de 200 presos y presas políticas en la entidad, solamente durante el gobierno moreno vallista, al cual, cualquier crítica u oposición a su administración parece acreedora de la privación de la libertad.

Y destacan el caso de Adán y Paul Xicale, presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas situaciones alarmantes en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían garantizarlo y defenderlo.

Indican que en el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, su libertad se veía cercana, no sólo por las omisiones de los funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque se vencía el plazo para dar cumplimiento a una orden del juzgado de Cholula que pedía liberarlos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) les notificó esta semana una nueva orden de aprehensión por despojo con hipótesis de perturbación que les negaba una vez más, su derecho a la libertad.

Manifiestan que el papel de la Procuraduría en la negación de la justicia se ha facilitado porque en Puebla aún impera el sistema penal inquisitivo por lo que la palabra de los Ministerios Públicos (MP) es ley, e integrar, consignar y detener personas con tan sólo indicios, es la regla a seguir.

Señalan que es una constante en la estrategia del sistema de procuración de justicia poblano para negar la libertad a activistas y personas defensoras, es que tras el auto de formal prisión dictado por un juez y la promoción de amparos que son generalmente ganados por las violaciones al debido proceso -a espaldas de los procesados y sus defensas-, se interponen recursos de averiguaciones previas por nuevos delitos. De esta manera, las personas permanecen recluidas pese a que hayan ganado recursos de revisión y se hayan ratificado sus sentencias de amparo(s).

Indican que todos estos actos dilatorios de las autoridades gubernamentales tienen el fin de desgastar a personas y movimientos sociales, al mismo tiempo que violan el principio pro persona y la presunción de inocencia.

Ante esta situación no podemos evitar preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren.

 Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes:

PRIMERO.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

SEGUNDO.- Exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el sentido de sus atribuciones, vigile el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ) es la Dependencia del Poder Ejecutivo en la que se integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos para el ejercicio de las atribuciones que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables; su actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En este sentido, la PGJ de Puebla es responsable de organizar y regular el funcionamiento de la Institución del Ministerio Público, los servicios periciales y la policía encargada de la función de investigación de los delitos; así como determinar los funcionarios que los integran y auxilian en el despacho de los asuntos que les imponen las normas ya señaladas.

Es importante destacar que la PGJ del estado debe promover la cultura de la denuncia y trabajar también en la prevención del delito; buscan el cumplimiento de la Ley así como  la protección de las víctimas del delito.

En términos generales, el Consejo de la Judicatura, tanto a nivel federal como local, en los estados en que existe esta institución, tiene entre otras atribuciones o facultades, la de tomar a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Todo esto tiene sustento en los artículos 94, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de sus correlativos en el Distrito Federal y demás entidades que cuentan con consejos de la judicatura.

Esta dictaminadora en el proceso de análisis del punto de acuerdo a valuó las diversas opiniones y valoraciones de los proponentes y que diversas organizaciones e instituciones han realizado respecto a la impartición de justicia en el gobierno de Moreno Valle y si bien se destacan señalamientos como los del punto de acuerdo, los integrantes de esta dictaminadora encontró los siguientes argumentos contrarios a los manifestados por los proponentes.

Se destaca que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ha refrendado su compromiso con la sociedad para investigar todos los casos que sean denunciados y realizar los operativos necesarios para lograr el rescate de las víctimas y la captura de los responsables.

El Gobernador ha deja claro su obligación para garantizar y fortalecer los derechos ciudadanos, siempre bajo los estándares internacionales, con apego a la Ley para preservar la concordia y la tranquilidad, en el mismo sentido se han pronunciado por fortalecer una cultura de la denuncia, fomentar la prevención del delito y conocer las acciones relevantes del combate a la delincuencia.

Nuestro compromiso es mantener un espacio de contacto que nos permita servirte mejor, modernizar los sistemas de procuración de justicia y de seguridad en nuestro estado, así como conocer tus necesidades informativas.

Muestra de ello, son las diversas accione en la materia, entre las que podemos destacar que con el objetivo de garantizar una aplicación de justicia libre de discriminación a hombres y mujeres, el gobernador Rafael Moreno Valle se sumó al Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Justicia en México, signado por la magistrada de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Olga María Sánchez Cordero, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Roberto Flores, ha refrendado su compromiso de velar por un especializado servicio de procuración de justicia, para las personas de origen indígena.

Respecto a los hechos que narran los proponentes, es importante mencionar que la PGJ del estado continúa con las investigaciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En ese escenario esta dictaminadora considera que la emisión de un punto de acuerdo legislativo sobre el tema implicaría la intromisión de esta Comisión Permanente en asuntos estrictamente jurisdiccionales, con lo que se sentaría un precedente que debilita la independencia del Poder Judicial.

Tampoco es constitucionalmente posible para esta Comisión emitir un exhorto a ningún órgano del Poder Judicial, pues ello también implicaría vulnerar el principio de independencia judicial y, además, ningún órgano jurisdiccional puede emitir tales criterios generales, salvo a través de la creación de jurisprudencia.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos revisado profundamente la Proposición de mérito y hemos encontrado, tal y como se ha señalado anteriormente, que aun cuando consideramos muy importante que las normas jurídicas sean respetadas de manera irrestricta tanto por los ciudadanos como por las autoridades encargadas de su aplicación, no podemos dejar de advertir que el Poder Judicial es uno de los tres poderes y que uno de los principios que lo fundan es el de independencia judicial y que exige a todas las autoridades a respetar las determinaciones judiciales mientras no sean declaradas como insubsistentes por otro órgano del mismo Poder Judicial.

En virtud de lo anterior, legisladoras y legisladores de esta Primera Comisión consideran que la proposición  con punto de acuerdo materia de esta dictamen ha quedado sin materia, toda vez que las autoridades competentes se encuentra en proceso de atención y es indispensable recordar que México es una República democrática, representativa y popular en la que rige el principio de división de poderes y, ante ello, es indispensable reconocer que aprobar la Proposición que se estudia vulneraría tal configuración jurídica y política nacional.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera necesario desechar por completo la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que condenaba el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a Diputado del estado de Sinaloa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo relativo a la condena del atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito II de Sinaloa, presentada por el diputado Jesús Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día tres de junio de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVOS. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el tres de junio de dos mil quince, el diputado Jesús Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con punto de Acuerdo relativos a la condena del atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Espero, candidato a diputado por Distrito II de Sinaloa.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-617.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente señala que la noche del veintiocho de mayo de dos mil quince una persona disparó en contra de la camioneta de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional por el Distrito II de Sinaloa, durante un evento en El Estero de Juan José Ríos, poblado del municipio de Ahome.

De conformidad con la exposición de motivos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo del entonces candidato a diputado federal y uno de ellos disparó en al menos dos ocasiones contra la camioneta, sin que resultaran afectados.

En uso de sus atribuciones, la Procuraduría General de Justicia de la entidad inició una investigación, toda vez que dicho ilícito es considerado del fuero local, sin que hasta el momento se haya detenido algún presunto responsable del hecho.

El proponente destaca que este atentado se suma a otros que se han registrado en contra de diversos aspirantes a cargos de elección popular durante el proceso electoral. Afectando de manera directa el ejercicio legítimo de la política y dañando la competencia en la que se desenvuelven los comicios.

En ese contexto, el proponente pone a la consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito número II del estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Primera Comisión se suman a la condena del atentado en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito II del estado de Sinaloa.

Asimismo y de conformidad con la información proporcionada en la exposición de motivos por el proponente, se destaca que la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad ya ha iniciado la investigación correspondiente, en ejercicio de sus atribuciones y facultades.

Dichas facultades se encuentran establecidas en el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para el estado de Sinaloa, que a la letra señala:

“Artículo 5. La Institución jurídica del Ministerio Público se deposita para su ejercicio en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos.

Compete al Ministerio Público la investigación de los delitos y resolver sobre el  ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley, y en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.”

Como se desprende del artículo anterior, es competencia del Ministerio Público la investigación de los delitos y la resolución sobre el  ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley, rigiéndose bajo el estricto cumplimiento del Principio General de Legalidad robusteciendo así al estado democrático.

En esa virtud, cabe señalar que es el Ministerio Público, como parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es el encargado de realizar la investigación y de la persecución de los delitos en cuestión.

Así como se señala en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de delitos corresponde al Ministerio Público, dicho numeral a la letra señala:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

De lo que se colige que, será la autoridad judicial quien se encargue de la imposición de penas y la determinación para ejercer la acción penal.

Esta Comisión concluye que los lamentables hechos acaecidos el día veintiocho de mayo de dos mil quince, en contra del entonces candidato a diputado federal por el Distrito II del estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, ya han sido atendidos por la instancia competente de conformidad con las atribuciones que constitucional y legalmente están establecidas para tal efecto.

En este sentido y toda vez que la proposición con punto de acuerdo obedeció a circunstancias y hechos atendidos por las autoridades correspondientes, esta Primera Comisión estima oportuno desecharla.

Por las consideraciones que anteceden y con fundamento en los preceptos citados para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, Candidato a Diputado por el Distrito II del Estado de Sinaloa, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que condenaba los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presentado por el diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el martes cuatro de junio de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el cuatro de agosto de dos mil quince, el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con puntos de Acuerdo, que condena los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

b. La mesa directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-768.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente afirma que el pasado 1º de junio, se informó sobre diversas protestas de maestros oaxaqueños ante las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), en las cuales se verificó la quema de 18 paquetes comiciales en la sede de Juchitan, Oaxaca, en tanto que, según reportó el diario La Jornada, otros 23 paquetes le fueron sustraídos a un capacitador durante su traslado para la entrega a los funcionarios de casilla. Así mismo refiere que en posterior conferencia de prensa, los consejeros confirmaron que las afectaciones fueron en la sede de Juchitán, de la cual un grupo sustrajo 18 paquetes correspondientes a la elección federal del municipio de San Dionisio del Mar y comentaron que ya estaba en curso el proceso de reimpresión de documentos destruidos.

Según la exposición de motivos, en ese contexto de constante inseguridad y amenazas, vemos que las autoridades electorales nacionales, han procurado enfrentar y resolver la situación, refiere el proponente que sin embargo no se aprecia la misma celeridad del gobierno estatal de Oaxaca, para garantizar, en el ejercicio de sus atribuciones, la seguridad de funcionarios electorales y del material electoral necesario para la jornada del 7 de junio de 2015.

Al tenor de dicha línea argumentativa, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca a garantizar, con el prudente ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, la realización exitosa de los comicios en la Entidad.

III. CONSIDERACIONES

Por lo que señala el proponente en cuanto a que “… no se aprecia la misma celeridad del gobierno estatal de Oaxaca, para garantizar en el ejercicio de sus atribuciones, la seguridad de funcionarios electorales y del material electoral necesario para el 7 de junio…”, cabe señalar que de acuerdo a la reforma electoral del 10 de febrero de 2014, que modificó profundamente las bases del sistema electoral mexicano en aras de que el orden jurídico reconozca y regule el ejercicio político electoral, a fin de garantizar comicios justos y equitativos, en las cuales se establecen los mecanismos de prevención y solución de controversias, así como las sanciones a quien cometa conductas antijurídicas a través de autoridades  y órganos independientes, autónomos y profesionales reconocidos en el mismo orden jurídico, la aplicación e interpretación de la reforma corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, en la parte de consideraciones del punto de acuerdo, el proponente señala justamente que el INE y la FEPADE iniciaron y desarrollan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento y atención de las posibles responsabilidades derivadas de dichos sucesos.

Es de destacar que de acuerdo con la información publicada en la página del Instituto Nacional Electoral sobre el proceso electoral del pasado 7 de junio de 2015, se tiene el cómputo concluido de los 11 distritos de Oaxaca y con Constancias de Mayoría Relativa emitida.

Asimismo, esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente y condena los hechos de violencia  ocurridos en Oaxaca, el pasado 1º de Junio con relación a la sustracción y destrucción de material electoral, para el proceso electoral 2015; de la misma manera el Instituto Nacional Electoral condenó  “todo acto de violento en contra de las instalaciones electorales”.

En este sentido, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la proposición de referencia, toda vez que ésta obedeció a circunstancias y hechos que en el presente ya han sido atendidos por las autoridades responsables, las cuales determinaron en su momento como medida prudencial, evitar la presencia militar como parte de los protocolos tendentes a evitar cualquier tipo de enfrentamiento, continuando con la decisión de reimprimir el material electoral y recibiendo la votación del 7 de junio pasado.

Por las consideraciones vertidas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Tribunal Electoral de Tabasco, declarar la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro, que tuvo lugar el 7 de junio.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictaminación la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio e instruya la realización de nuevos comicios (sic)”, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diecisiete de junio de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio e instruya la realización de nuevos comicios (sic)”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión, mediante el oficio CP2R3A.-872.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El proponente afirma que se presentaron un cúmulo de irregularidades antes, durante y después de la elección en el municipio de Centro que abarca la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde se desprenden elementos que conducen a pensar que los derechos político-electorales de las y los Tabasqueños fueron sensiblemente vulnerados, afectando con ello los resultados de la contienda.

Según la exposición de motivos, diversos candidatos a la alcaldía de Centro, denunciaron, ante la opinión pública, que el voto fue violentado y atropellado por el gobierno estatal de Tabasco y su titular, Arturo Núñez Jiménez, quien hizo uso de recursos públicos en contubernio con miembros de su gabinete para realizar acciones ilegales destinadas a suplantar la voluntad ciudadana. Acciones que fueron permitidas por las autoridades electorales locales.

Asimismo menciona que el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, usó recursos públicos para instrumentar una elección de Estado. Además de la utilización de los programas sociales del gobierno estatal por parte del Coordinador de Desarrollo Rural de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Ovidio Chable, quien fue videograbado condicionando la entrega de apoyos al voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. La comisión de conductas delictivas por parte de dicho individuo fue confirmado por el propio gobernador, quien se vio obligado a solicitar que fuera puesto a disposición de la Contraloría del Gobierno del Estado para ser investigado. De igual manera, asevera que se registró la colocación ilegal en el transporte urbano, operado por el gobierno del estado, de propaganda del Partido de la Revolución Democrática y la utilización por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal de unidades del Transbus para la movilización el día de la elección.

Indica que se ordenó la colocación de tierra, grava y arena en los accesos a los lugares donde fueron ubicadas las casillas el domingo 7 de junio, para impedir el ejercicio del voto ciudadano, retrasando hasta por tres horas la apertura de las mismas, provocando cansancio en los electores y con ello la inhibición del voto.

El promovente expresa que, se denunció el secuestro y la agresión física y verbal hacia activistas de diferentes partidos políticos de oposición. Destaca particularmente el hecho de que fue montado un centro de operación con golpeadores armados utilizados como grupos de choque en el Lienzo Charro de la capital del estado, propiedad del titular de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, lo cual fue debidamente documentado por los medios de comunicación masiva.

Que tuvo lugar la compra y coacción del voto, incluyendo la retención de credenciales de elector a un gran número de ciudadanos, las cuales fueron devueltas después de la celebración de los comicios. Que se registró una sospechosamente baja participación de funcionarios de casilla, lo cual también provocó retrasos en la apertura de las mismas, así como incertidumbre pues se recurrió a la designación de funcionarios tomados de la fila con la consecuente desorganización que ello implica.

A mayor abundamiento, el proponente afirma que al concluir la votación, la entrega de los paquetes electorales se dio de manera tardía y se registraron faltantes, especialmente de actas de escrutinio, muchas de las cuales estaban mal llenadas o resultaban ilegibles. Además, durante el conteo se encontró un número significativo de urnas vacías (sin boletas o actas), así como paquetes electorales duplicados, de los cuales se detectó que fueron violados los sellos debido a que no fueron resguardados adecuadamente durante su traslado.

La exposición de motivos de la proposición con punto de Acuerdo asevera que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que operó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mostró una sospechosa lentitud para dar a conocer los resultados y en más de una ocasión quedó paralizado, sobre todo en el municipio de Centro. Que existen aproximadamente 210 actas de casilla, de un total de 792 que presentan irregularidades graves, lo cual representa más del 20 por ciento de las mismas.

De conformidad con tales argumentos, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio e instruya la realización de nuevos comicios.

III. CONSIDERACIONES

El siete de junio del año en curso, se desarrolló la jornada electoral para elegir al Presidente Municipal y Regidores del Municipio Centro, Tabasco; el diecisiete de junio, el Consejo Electoral Municipal, concluyó el cómputo municipal de la citada elección, en el que se declara la validez de ésta y expide constancia de mayoría y validez a favor de la planilla registrada por el Partido de la Revolución Democrática.

Derivado de lo anterior, el veintiuno de junio de dos mil quince, la representante propietaria del partido MORENA, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Encuentro Social y candidato Independiente, promovieron Juicio de Inconformidad ante el Tribunal Electoral de Tabasco, en donde se impugnan los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal de la elección de Presidente y Regidores del municipio Centro, Tabasco; la Declaración de Validez de dicha elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla registrada por el Partido de la Revolución Democrática, asignándole número de expediente TET-JI-40/2015-I y acumulados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 constitucional, fracción VI, párrafo tercero, inciso c) y las leyes en la materia, establecen de manera puntual las causas, instancias competentes y los procedimientos para calificar y en su caso declarar la nulidad de una elección.

Asimismo se destaca que las decisiones del Tribunal Electoral de Tabasco descansan en la plena autonomía que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cualquier solicitud motivo del punto de acuerdo del que se trata, vulneraría  el principio de separación de poderes.

En este sentido, y toda vez que la proposición obedece a circunstancias y hechos que están siendo atendidos por las autoridades electorales facultadas para ello, esta Primera Comisión estima oportuno desecharla.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro, que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio e instruya la realización de nuevos comicios, por las razones vertidas en el apartado de consideraciones del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba al INE a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD.”

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con puntos de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVOS. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen, mediante el oficio CP2R3A.-1192.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El proponente señala diferentes prácticas como la prestación de servicios públicos, la realización de obras o el condicionar la entrega de recursos provenientes de programas sociales a cambio de votar por algún candidato o partido, afectando así la equidad de la contienda electoral, y a su vez atentando en contra del pleno ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos.

De conformidad con la exposición de motivos, el proponente señala que estas prácticas se han hecho presentes en algunas regiones del país, por ejemplo en el Distrito Federal, entidad que ha sido gobernada desde hace dieciocho años por una misma fuerza política.

Ésta situación, a decir del proponente, favoreció la conformación de redes estructurales electorales, las cuales operaron con total impunidad a favor del partido en el gobierno en los comicios del día siete de junio del dos mil quince; haciendo uso de los recursos públicos para comprar y coartar el voto, imponiendo una elección de Estado dejando al resto de las fuerzas políticas en desventaja.

En la exposición de motivos expresa que el día ocho de mayo, en la Delegación Cuauhtémoc fueron entregadas aproximadamente once mil despensas por miembros del Partido de la Revolución Democrática, a cambio de entregar una copia fotostática de su credencial de elector.

El proponente señala que al efectuarse la recepción de paquetes electorales y al realizar el cómputo correspondiente de votos, se detectaron diferentes tipos de irregularidades como falta de actas de la jornada, diferencias sustanciales en el número de votos, casillas con la totalidad de los votos a favor de un solo partido, entre otras.

Con base en los razonamientos vertidos, el proponente sugiere el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Distrito Federal a que declare la nulidad de la elección para Jefes Delegacionales en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio, en virtud de las múltiples irregularidades presentadas.

III. CONSIDERACIONES

Los miembros integrantes de esta Comisión, coinciden con el proponente en la ilegalidad que representa el uso de recursos públicos y de los programas sociales para fines electorales y en beneficio individual o partidario.

 Tal y como se señala en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen las violaciones al ordenamiento jurídico aplicable en virtud de la utilización de recursos públicos, el artículo correspondiente dicta:

“Artículo 449.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

… ”

A mayor abundamiento, cabe destacar que la nulidad de las elecciones se encuentra prevista desde la Constitución Federal en el artículo 41° en la fracción VI para garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, dicho artículo a la letra establece:

“Artículo 41. …

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.”

Conforme a lo anteriormente establecido, es a través de las investigaciones correspondientes y habiendo acreditado las violaciones de manera objetiva y material que se podrá dictar la nulidad de la elección.

Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que el marco normativo de la materia previene puntualmente el tracto procesal en torno a las eventuales vulneraciones o delitos en el rubro.

Asimismo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en el artículo 143 establece las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Dicho ordenamiento jurídico a la letra señala:

“Artículo 143. El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral en el Distrito Federal, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal, que sean de su competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Goza de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.”

El proponente señala, en la exposición de motivos, una solicitud al H. Congreso de la Unión para exhortar al Tribunal Electoral del Distrito Federal a declarar la nulidad de la elección del día siete de junio de dos mil quince para jefes delegacionales en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa en virtud de las múltiples irregularidades presentadas.

Respecto a la nulidad de la elección, el artículo 89 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal señala:

“Artículo 89. El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección, cuando durante el proceso electoral correspondiente se hayan cometido violaciones sustanciales a los principios rectores establecidos en la Constitución, el Estatuto y el Código, y la autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones a través de los acuerdos que dicte al inicio del proceso electoral, para prevenir y evitar la realización de actos que prohíben las leyes, o con el apoyo de otras autoridades, no haya podido evitar que sus efectos se reflejaran en los resultados de la elección.”

Como se colige de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Electoral del Distrito Federal es el encargado de realizar las investigaciones correspondientes con la finalidad de velar por la imparcialidad, objetividad y legalidad en los procesos electorales del fuero local.

En este sentido, con base en el respeto al ámbito de competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral y toda vez que la proposición obedeció a circunstancias y hechos ya atendidos por las instancias electorales correspondientes, esta Primera Comisión estima oportuno desecharla.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar la utilización de los programas sociales para beneficio de campañas electorales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos”, presentada por la senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo del Partido Nueva Alianza, el treinta de junio de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el treinta  de junio de dos mil quince, la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo del Partido Nueva Alianza, presentó la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-1366.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proponente afirma que en las campañas electorales, el voto es el acto por medio del cual el ciudadano manifiesta una simpatía o antipatía, hacia un determinado partido o coalición de partidos, su programa electoral y sus candidatos. En este sentido señala que el voto representa la decisión suprema del elector, motivado por diferentes factores y motivaciones históricas y circunstanciales, que se manifiestan, concretan y depositan en la urna. Y señala que en este contexto una de las prácticas más comunes en las campañas electorales es acudir a las necesidades inmediatas de la gente para cooptar su simpatía y voto, ya sea por un beneficio inmediato o la garantía de mantener vigente un apoyo para el futuro, sujeto al éxito electoral de un determinado partido o candidato.

Según la exposición de motivos,  esta es una de las prácticas más combatidas en los últimos años y las más utilizadas por gobiernos locales y en elecciones federales, el ejemplo esta a la vista y en múltiples denuncias, desde la elaboración o uso de los padrones de los programas sociales, la afiliación a los partidos vinculada con algún programa social, la distribución de despensa, materiales de construcción, regularización de viviendas, etc.

A mayor abundamiento, la proponente afirma que las elecciones federales del pasado 7 de junio, fue una elección competida en todo el país, pero en el Estado de Chiapas, en un número determinado de casillas se dió comportamiento atípico de los electores, es decir, todos votan por una sola opción, un partido o coalición se lleva todos los votos, dando como resultado las denominadas “casillas zapato”, fenómeno que se pensó era ya parte de un pasado en el que predominaba un poder hegemónico y un control absoluto sobre la emisión y cómputo de votos.

De acuerdo a la exposición de motivos, el hecho es que tras concluir los cómputos distritales de los comicios para diputados federales, efectuado por el Instituto Nacional Electoral (INE), de las 148000 casillas instaladas, en 18 casillas el 100% de los votos se emitieron para un solo candidato, si bien esto representa apenas el 0.001% del total de las casillas instaladas, si nos muestra el caso extremo de compra de voto, aprovechando la situación de pobreza de las familias.

La proponente cree necesario “que cada uno de los casos se aclare y revise, con el propósito de eliminar cualquier duda, sobre el resultado de una elección que nos ha dado muchas lecciones a todos, la sociedad y los ciudadanos muestran cansancio ante las actitudes de los partidos y gobiernos, es momento de demostrar que el compromiso de los servidores públicos y gobernantes es con la gente, que aprendimos la lección” Refiere que 10 de éstas casillas atípicas, se registraron en Chiapas, en los municipios de Ocosingo, Ocozosocoautla, San Cristóbal y Comitán de Domínguez, a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), es por eso que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cómputo transparente de las casillas “atípicas”, denominadas “zapato” y se exhorte al gobierno federal y al gobierno de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de las campañas electorales, así mismo se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

En tal sentido, la proponente somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se tomen las medidas necesarias para garantizar un cómputo transparente de las casillas “atípicas” denominadas zapato, a efecto de hacer efectivo el respeto a la voluntad democrática de los ciudadanos y se combatan las prácticas de compra de votos a través de programas sociales, o entrega de bienes que capitalizan la pobreza y necesidades de las personas.

SEGUNDO: Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales, asimismo que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvié recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.

III. CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, párrafo V, Apartado B, inciso b), así como en el artículo 32, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que es atribución del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo los escrutinios y cómputos para los procesos electorales federales. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 79, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, es atribución de los Consejos Distritales efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional. La transparencia y máxima publicidad son los principios rectores de los cómputos distritales, que se realizan de manera ininterrumpida a la vista de todos los integrantes de los Consejos Distritales y de los representantes acreditados de los partidos políticos en contienda.

El 10 de junio de 2015 a las 8:00 horas sesionó el Consejo General del INE, para dar inicio formal a las actividades relativas al cómputo distrital del proceso electoral 2014-2015. En el Informe del Instituto Nacional Electoral señala que los trabajos para el cómputo distrital se llevaron a cabo en pleno apego a los procedimientos establecidos en la normatividad, se terminó de computar el 100% de las casillas instaladas durante la jornada electoral del pasado 7 de junio de 2015. En los 300 distritos electorales se concluyeron los cómputos distritales y se  emitieron las constancias de mayoría relativa correspondientes.

Respecto al exhorto que hace la proponente de instrumentar mecanismos de control para evitar que se utilicen los programas sociales, cabe señalar que de acuerdo a la reforma electoral del 10 de febrero de 2014 que modificó profundamente las reglas y bases del sistema electoral mexicano en aras de que el orden jurídico constitucional y legal reconozca y regule el ejercicio político electoral y garantice comicios justos y equitativos donde establece los mecanismos de prevención y solución de controversias, así como las sanciones a quien cometa conductas antijurídicas a través de autoridades  y órganos independientes, autónomos y profesionales reconocidos en el mismo orden jurídico.

La interpretación y aplicación de la reforma corresponde, en el ámbito de sus atribuciones al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para mayor abundamiento, el artículo 134 de nuestra Carta Magna hace énfasis en que los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos destinados, los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases y tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La Ley secundaria en la materia,  es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que regula los mecanismos de control para evitar que se utilicen programas sociales para beneficio de campañas electorales a los que se refiere la proponente; en el Capitulo I, de los sujetos, conductas sancionables y sanciones, que abarca de los artículos 441 al 458, es de resaltar el artículo 449 de la Ley en comento que a la letra señala:

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a)

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

f)

Así mismo el Estado de Chiapas en el Código de Elecciones y Participación ciudadana señala en la fracción V, del artículo 341 que constituyen infracciones al mencionado Código, las autoridades o servidores públicos que utilicen programas sociales  con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

En este sentido, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la proposición de referencia, toda vez que ésta obedeció a circunstancias y hechos ya atendidos por las instancias electorales competentes, así como por considerarse que el tema de interés de la proponente se encuentra suficientemente regulado por la legislación vigente.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas, a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, para que se sancione a todo servidor público que, en uso de su cargo, desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar los números de averiguación previa, el estado y los resultados de las denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación en noviembre de 2014 al gobierno del estado de Veracruz.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los números de averiguación previa, estado que guarda y los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación con fechas del 11 de noviembre al 20 de noviembre del año 2014 al gobierno del estado de Veracruz (sic)”, presentada el ocho de julio de dos mil quince por el Diputado Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el ocho de julio de dos mil quince, el Diputado Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los números de averiguación previa, estado que guarda y los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación con fechas del 11 de noviembre al 20 de noviembre del año 2014 al gobierno del estado de Veracruz (sic)”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen, mediante el oficio CP2R3A.-1589.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proponente afirma que La Auditoria Superior de la Federación (ASF), como parte de sus facultades y con el mandato que le impone la ley, ha  auditado  el uso de recursos federales para Veracruz, destinados entre otros rubros, para educación y salud.

Según la exposición de motivos, como presunto desvió de los recursos de la Cuenta Pública 2012, la ASF presentó entre el 11 y  el 20 de noviembre del 2014 un total de 15 denuncias ante la PGR, mismas que aparecen publicadas en su portal de internet,  esto en virtud   de que  en su momento los funcionarios del gobierno del estado de Veracruz no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de dichos  recursos federales, lesionando a la población más necesitada, situación propiciada por  dichos servidores que han actuado con negligencia e irresponsabilidad.

Por tal motivo el pasado 6 de mayo el Senador Fernando Yunes Márquez presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el Estado de Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la ley.

El promovente señala que a la fecha,  la Procuraduría General de la República no ha respondido a dicho exhorto y por ende a proceder en contra de los responsables de este desvió,  que incluso, los medios de comunicación han señalado varios nombres de funcionarios  y exfuncionarios del actual gobierno de Javier Duarte  como responsables de este lamentable fraude a la población veracruzana.

Es importante mencionar que  las irregularidades cometidas con el manejo financiero, no se atribuyen a un sólo ejercicio fiscal, por lo que es importante fincar responsabilidades y de cierta forma  poder resarcir el daño  por este fraude en contra de todos los veracruzanos;  motivo por el cual la PGR debe informar de inmediato a esta Soberanía y ejercer acción penal ante los tribunales correspondientes, para que los responsables del desvío de recursos que la federación asigna al estado de Veracruz en materia de educación y salud sean sancionados conforme a la ley.

Concluye señalando que las auditorias  que realizó la ASF han sido dictaminadas conforme a los lineamientos establecidos, por lo que no son objeto de negociación e incluso el gobierno de Veracruz ha reconocido la desviación de recursos, por lo que  el delito ya es un hecho, ahora solo falta que la PGR  cumpla con el mandato que le otorga la Ley y el Ministerio Publico se apegue al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo esa línea argumentativa, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que informe a esta Soberanía los números de averiguación previa, estado que guarda y en su efecto los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación con fechas del 11 de noviembre al 20 de noviembre del año 2014 al gobierno del Estado de Veracruz.

III. CONSIDERACIONES

A nivel federal existen tres autoridades a quienes corresponde conocer los hechos denunciados y descritos en la proposición de referencia, a saber: la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

En efecto, la Procuraduría General de la República, de acuerdo con su normatividad vigente es la institución del Estado que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, Titular del Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. 

Derivado de lo anterior es que esta Comisión Dictaminadora, considera que con los resolutivos emitidos en la sesión del día 6 de mayo de 2015, sobre la Proposición con Punto de Acuerdo que presentara el Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la Ley, se agota la propuesta del Diputado Juan Bueno Torio.

En dichos resolutivos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprueba exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de la República a proceder de inmediato conforme lo mandata la Constitución a integrar la averiguación previa correspondiente para que los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en estado de Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la ley; e igualmente se le solicita a dicha Procuraduría informe inmediatamente al Congreso sobre las acciones que haya llevado a cabo en relación con estos hechos, a partir del mes de noviembre de 2014 en que las denuncias fueron presentadas.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven desechar la proposición de referencia, toda vez que se considera agotada la materia del Punto de Acuerdo en estudio con los resolutivos aprobados por la Comisión Permanente, el 6 de mayo de 2015; por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba a la Procuraduría General de la República a informar los números de averiguación previa, estado que guarda y los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación con fechas 11 de noviembre al 20 de noviembre del 2014 al gobierno del estado de Veracruz, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Congreso del Estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa de reforma al artículo 1o. de su Constitución.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su Constitución”, presentado el ocho de julio de dos mil quince por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el ocho de julio de dos mil quince, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su Constitución”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, mediante el Oficio CP2R3A.-1623.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proponente señala de manera sucinta que durante el mes de marzo de 2014, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución local para elevar a rango constitucional el derecho a la vida, desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural.

La exposición de motivos del la Proposición con Punto de Acuerdo refiere que de aprobarse la reforma de mérito, al artículo 1. de la Constitución de aquélla Entidad Federativa, cuyo objeto pretende garantizar la protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción se estaría de manera regresiva, vulnerando los derechos humanos de las mujeres, toda vez que la redacción de dicho Artículo atenta contra dichos derechos, como se desprende de lo siguiente:

Artículo 1.- El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

De lo anterior, desprende la proponente que dicha reforma aún a pesar de que ha sido cuestionada no sólo por organizaciones de la sociedad civil sino también por  los representantes en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), resulta contraria  a los compromisos internacionales que México ha suscrito y por lo tanto violatoria de los derechos humanos de las mujeres.

Ello es así considera la proponente, toda vez que además de discriminar y criminalizar a las mujeres, pone en entre dicho el derecho a la reproducción asistida y a la fecundación in vitro, con lo que se restringen el derecho de la mujeres a la salud sexual y reproductiva, y que la protección de la vida prenatal no puede ser absoluta o incondicionada y que debe ser compatible con los derechos de las mujeres.

A mayor abundamiento, señala la proponente que la iniciativa es contraria a las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) quien en 2012 durante su 52 periodo de sesiones recomendó  al estado mexicano que: “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 241.

Concluye la proponente que es oportuno recordarle al Congreso de Nuevo León que en agosto de 2013, en el marco de la Conferencia Regional  sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, México suscribió el Consenso de Montevideo, y se comprometió que entre otras cosas a: “Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños”2. Bajo esa línea argumentativa, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso de Nuevo León, a que convoque a un ejercicio plural y democrático de discusión para que conforme a criterios jurídicos y  objetivos se  informe a toda la población sobre el impacto negativo y las serias consecuencia que provocaría  en la vida y salud de las mujeres, la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución del estado de Nuevo León que busca proteger la vida desde el momento de la fecundación.

Asimismo, se le exhorta a reformular su propuesta de legislar a favor de la vida, sin desconocer ni afectar desproporcionadamente los derechos humanos de las mujeres, adoptando medidas legislativas tales como: garantizar el acceso y prestación de servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, asegurando la atención médica prenatal y la provisión gratuita y suficiente de ácido fólico a las mujeres; reducir los índices de mortalidad materna y combatir la violencia obstétrica.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente, coincidimos plenamente con la proponente, por cuanto hace a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en lo general y de las mujeres en el caso que nos ocupa, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, puntualmente previsto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

De lo anterior se sigue que en el marco de la división de poderes, y la autonomía de las Entidades Federativas, resulta inconcuso el derecho de Iniciativa de los Legisladores del Congreso del Estado en cuestión, por lo que en ejercicio pleno de dichas libertades corresponde al propio Congreso del Estado la aprobación o no de las propuestas legislativas en su demarcación territorial.

No pasa inadvertido a lo integrantes de esta Comisión, que en los casos de eventuales inconstitucionalidades la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene competencia a cargo del Máximo Tribunal, mismo que resulta competente para resolver por vía de acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el artículo 7°, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De lo que resulta que en principio no se está en presencia de hechos consumados, toda vez que el Proyecto de reforma constitucional aludido por la proponente no ha colmado su Proceso Legislativo y menos aún cobrado vigencia, como se desprende de lo siguiente:

“TITULO XII
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION

ARTÍCULO 148.- En cualquier tiempo puede ser reformada esta Constitución, mas las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, necesitarán el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso.

ARTÍCULO 149.- Tomadas en consideración las adiciones o reformas se publicarán y circularán profusamente con extracto de la discusión, y no podrán ser votadas antes del inmediato período de sesiones.

ARTÍCULO 150.- Para que las adiciones o reformas propuestas sean aprobadas, y se tengan como parte de esta Constitución, necesitarán el voto de las dos terceras partes, cuando menos, de los Diputados que integran la legislatura3.”

En efecto, de lo antes transcrito se desprende que el Proceso Legislativo en el Estado de Nuevo León, respecto de las reformas constitucionales, involucra un procedimiento de suyo complejizado que no ha sido colmado por la Iniciativa de referencia.

A mayor abundamiento debe decirse que ante la eventual vigencia de preceptos normativos que contravengan la Constitución Federal como se ha referido supra, recaen acciones jurisdiccionales a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si fuera el caso de inconstitucionalidad del precepto en comento respecto de la Constitución Federal.

Derivado de lo expuesto, esta Comisión dictaminadora estima prudente desechar la proposición de referencia toda vez que su materia constituye un acto legislativo realizado en uso de las atribuciones constitucionales de los diputados integrantes del Congreso local, que a mayor abundamiento se encuentra en etapa de estudio, pendiente de dictamen, a fin de colmar el proceso legislativo previsto por la Constitución del Estado Libre y soberano de Nuevo León.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su Constitución, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

1 cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf

2www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf

3 http://www.hcnl.gob.mx/ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.






Por el que se desecha la proposición sobre el respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se emite pronunciamiento en favor del respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de Tabasco y del voto de los ciudadanos expresado en las urnas de la pasada jornada electoral en el municipio de Centro de esa entidad”,  presentada el ocho de julio de dos mil quince por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el ocho de julio de dos mil quince, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se emite pronunciamiento en favor del respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de Tabasco y del voto de los ciudadanos expresado en las urnas de la pasada jornada electoral en el municipio de Centro de esa entidad”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, mediante el Oficio CP2R3A.-1632.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proponente afirma que tal y como lo reconoció el Instituto Nacional Electoral, el pasado 7 de junio del año en curso, se realizaron las elecciones más complejas y concurridas.

En esta pasada jornada electoral, se eligieron en el orden federal 500 diputaciones (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional); en el ámbito local se eligieron en las entidades federativas 641 diputaciones; así como 993 alcaldías, y en el caso del Distrito Federal, 16 jefaturas delegacionales. Además de que en 17 estados se celebraron elecciones concurrentes, y en nueve de ellos se eligió nuevo gobernador.

La participación ciudadana que se registró en esta jornada y que ahora se encuentra reflejada en sus resultados electorales, ha sido ejemplar por lo que constituye un acicate a la vida democrática del país.

En esta ocasión, el voto de los ciudadanos puso de manifiesto una vez más la aspiración por consolidar una verdadera y sólida cultura política que garantice plenamente su ejercicio libre y secreto; así como para continuar el perfeccionamiento de las instituciones competentes en materia electoral, por lo que tiene que salvaguardarse su ámbito competencial para que ejerzan todas y cada una de ellas, sus facultades con absoluta autonomía e independencia durante las etapas del proceso electoral de 2015.

Tal es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, que como órgano jurisdiccional debe estar exento de injerencias o presiones de índole político que pretendan influir en su esfera competencial, específicamente en sus resoluciones.

La exposición de motivos de la Proposición con puntos de Acuerdo, asevera que este Congreso de la Unión lo menos que puede hacer es pronunciarse en favor de la autonomía e independencia de las que gozan las autoridades jurisdiccionales en los estados, y no tratar de persuadir en su actuación, como se pretende hacer con la proposición presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado en pasadas sesiones para que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicite al Tribunal Electoral de  Tabasco que declare la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio del año en curso, además de que instruya la realización de nuevos comicios.

En ese sentido, el proponente somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncia en favor del respeto a la función del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y como órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus resoluciones, durante el proceso electoral 2015.

Asimismo, manifiesta su rechazo a cualquier tipo de presión o acto que pretenda incidir en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales y legales al resolver las impugnaciones que son de su competencia; lo anterior, a efecto de que se garantice el respeto del voto de los ciudadanos expresado en la jornada electoral del pasado 7 de junio del año en curso; que se celebró en el estado de Tabasco, particularmente, en el municipio de Centro.”

III. CONSIDERACIONES

Después de los hechos presentados en la exposición de motivos, esta Primera Comisión estima necesario mencionar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el tema que hoy nos ocupa.

“Artículo 41.

I a IV. ..

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

…”

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley.

Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.”

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

De lo anterior, observamos la autonomía del Instituto Nacional Electoral, así como la organización de las elecciones que se realiza a través del Instituto y de los organismos públicos locales, los medios de impugnación y los encargados de estos.

Igualmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece:

“Artículo 3

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

2. El sistema de medios de impugnación se integra por:

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

c) El juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano;

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos;

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, y

f) El recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 4

1. Corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás medios de impugnación previstos en el artículo anterior, en la forma y términos establecidos por esta ley y por los acuerdos generales que en aplicación de la misma dicte la Sala Superior.

2. Para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

De lo anterior se desprende, que concierne al Instituto Nacional Electoral conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás medios de impugnación, en los términos establecidos por esa Ley.

Finalmente, es importante señalar lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, respeto del Tribunal Electoral de ese Estado.

“Artículo 63 bis.- El Tribunal Electoral de Tabasco será la máxima autoridad jurisdiccional de la materia en el Estado, funcionará de manera permanente, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento. Desarrollará sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones serán acordadas en sesiones públicas y por mayoría de votos. Expedirá su reglamento interior que habrá de ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, y realizará las demás atribuciones que le confiere la ley

Con excepción de los asuntos que corresponde resolver directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la materia electoral local, al Tribunal Electoral de Tabasco le corresponde resolver en forma definitiva, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones de Diputados;

II.  …

III. Las impugnaciones que se presenten en las elecciones de presidentes municipales y regidores, así como las relativas a delegados y subdelegados municipales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas en las tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violación a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la Ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. a IX …

…”

Como se desprende del análisis que antecede, todos los preceptos legales invocados indican el ámbito de atribuciones que tiene el Tribunal Electoral de Tabasco, y como lo menciona la Constitución del Estado, este Tribunal, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento, y toda vez que esta Primera Comisión respeta la división de poderes y, no estima necesario pronunciarse a favor del respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral Tabasco y del voto de los ciudadanos, debido a que esta legalmente constituido desde la Constitución, así como en el marco jurídico de la legislación secundaria de la materia, por lo anterior, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la Proposición de referencia, en virtud de que el asunto es de la competencia del Tribunal Electoral de Tabasco y en estricto respeto del principio de división de poderes.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se emite pronunciamiento en favor del respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de Tabasco y del voto de los ciudadanos expresado en las urnas de la pasada jornada electoral en el municipio de Centro de esa entidad, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte considerativa del presente dictamen.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a diversas autoridades a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, presunto preso político en el estado de Chiapas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proceder a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, preso político en el estado de Chiapas”, presentada por los senadores Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Rabindranath Salazar Solorio y Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el ocho de julio de dos mil quince, los  ciudadanos senadores Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Rabindranath Salazar Solorio y Manuel Bartlett Díaz, presentaron la “Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proceder a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, preso político en el estado de Chiapas”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, mediante el Oficio CP2R3A.-1637.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

Señalan los Senadores,  en la Proposición  con Punto de Acuerdo la necesidad de exhortar a diversas autoridades para que procedan a liberar inmediatamente a Roger Enrique Narcia Álvarez, preso político en el Estado de Chiapas. 

Se señala en la exposición de motivos, que el 21 de enero de 2014, los pobladores de Francisco Sarabia, iniciaron una serie de acciones de protesta por los daños causados por la Presa Hidroeléctrica denominada “Bombana”.

El 22 de enero de 2014, el Ministerio Público de la Agencia Investigadora Número Cuatro, de la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República dio inicio a la averiguación previa número GR/CHIS/TGZ-IV/39/2014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten en contra de quien o quienes resulten responsables.

El 18 de marzo de 2014, se ejerció la acción penal en contra de los CC. Nabor Alegría Hernández, Gustavo Amed Culebro Gordillo y Roger Enrique Narcia Álvarez por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacionales al impedir la generación de energía eléctrica.

El 4 de abril de 2014 el juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas libró la orden de aprehensión en contra de los inculpados.

La exposición de motivos de la Proposición con punto de Acuerdo asevera que justo un año y dos meses después de librada la orden de aprehensión, el 4 de junio de 2015, en pleno proceso electoral federal y tres días antes de la jornada electoral, elementos de la Procuraduría General de la República detienen a los inculpados.

Derivado de los hechos narrados, la esposa del C Roger Enrique Narcia Álvarez,  el 26 de junio de 2015 presentó queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal a la que recayó el expediente SEVIE 280/2015-QD, mediante el cual denuncia las actuaciones del Juez de Distrito   de la causa, quien no favoreció el principio de igualdad de trato judicial al no liberar a todos los detenidos a pesar de tener conexidad en el expediente.

Bajo esa línea argumentativa, proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Gobernador del Estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, para que en el ámbito de sus facultades realice las acciones que sean necesarias a fin de proteger y garantizar los derechos humanos y restablecer el ejercicio de la libertad personal del C. Roger Enrique Narcia Álvarez.

Segundo. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en uso de sus facultades y en pleno respeto a la función jurisdiccional, ante la urgencia del caso y la violación grave de los derechos humanos al debido proceso del C. Roger Enrique Narcia Álvarez, intervenga y revise el expediente, a fin de que se ordene su inmediata liberación.

Tercero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar el expediente de C. Roger Enrique Narcia Álvarez y en especial la actuación del Juez Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, quien trató desigualmente a los procesados en la misma causa penal, dejó de privilegiar los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personal y demás garantías del acusado.”

III. CONSIDERACIONES

De lo expuesto se desprende que el Ministerio Público de la Agencia Investigadora Número Cuatro, de la Delegación Chiapas de la Procuraduría General de la República dio inicio a la averiguación previa número GR/CHIS/TGZ-IV/39/2014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Asimismo, es necesario establecer que en el ámbito de competencia y atendiendo el principio de la división de poderes, el proceso judicial se está sustanciando ante las instancias competentes del Poder Judicial de la Federación.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, textualmente cita:

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. …”

En este contexto la competencia del asunto que se dictamina corresponde al Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 21 y 102 de la Constitución.

En este sentido, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, toda vez que ésta encontró su causa en circunstancias que en la actualidad están atendidos por las autoridades competentes.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaba a diversas autoridades para que procedan a liberar inmediatamente a Roger Enrique Narcia Álvarez, presunto preso político en el Estado de Chiapas, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.






Por el que se desecha la proposición que solicitaba a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, investigar el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales en el estado de Puebla.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla, en tanto qué conductas realizadas por integrantes del consejo democrático magisterial poblano, amparadas por la libertad de expresión y manifestación, han sido anticonstitucional y anticonvencionalmente criminalizadas”, presentado el quince de julio de dos mil quince por el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el quince de julio de dos mil quince, el senador Manuel Bartlett Díaz coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla, en tanto qué conductas realizadas por integrantes del consejo democrático magisterial poblano, amparadas por la libertad de expresión y manifestación, han sido anticonstitucional y anticonvencionalmente criminalizadas”.

b. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, mediante el Oficio CP2R3A.-1765.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente menciona que el sistema constitucional y convencional de nuestro país reconoce a los principios de presunción de inocencia y debido proceso como elementos normativos fundamentales y orientadores del actuar de todas las autoridades del país. El incumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en esos principios determina la validez jurídica de las actuaciones de toda autoridad y, en caso de su violación, entrañan consecuencias jurídicas de responsabilidad para los agentes del Estado que incumplan con ellos y, de reparación del daño para las víctimas.

En materia de derechos fundamentales, el artículo 1 de la Constitución, ordena interpretar el ordenamiento de manera conforme y maximizando los derechos humanos de los gobernados. Es decir, es obligación de todas las autoridades al interpretar y aplicar el derecho, ponerse del lado de los gobernados para ampliar lo más posible la garantía y satisfacción de sus derechos fundamentales.

Las libertades de expresión y manifestación constituyen el balón de oxígeno de la democracia. Sin ellas no existe el Estado de Derecho ni vías para cuestionar y criticar la acción de los gobiernos. Los gobernantes cuando son electos no reciben un cheque en blanco de los ciudadanos para hacer lo que les venga en gana, están sometidos al escrutinio y crítica permanente de la sociedad. Cuando más intensa es la defensa social e institucional de la crítica que realizan los ciudadanos, más sólida y profunda es la democracia.

La exposición de motivos del la Proposición con puntos de Acuerdo, asevera que los profesores Miguel Guerra Castillo, Gilberto Maldonado Maldonado y decenas de docentes poblanos, han sido sometidos a procedimientos y procesos de carácter penal por protestar el 14 de septiembre de 2013 en contra de la llamada reforma educativa.

La autoridad ministerial federal en el Estado criminalizó esa protesta ciudadana, integró averiguaciones previas y, consignó los hechos ante los jueces federales en el Estado de Puebla, estimando que los docentes que ejercieron sus derechos fundamentales de libertad de expresión y de manifestación en contra de la reforma educativa eran presuntamente responsables del delito de ataques a las vías generales de comunicación.

Amén de las irregularidades cometidas durante la averiguación previa, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el Estado de Puebla, sin cumplir con los requisitos constitucionales y convencionales, ha girado órdenes de aprehensión y dictado autos de sujeción a proceso que violentan el derecho fundamental a la prueba, al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues jamás ha quedado demostrado en autos que haya existido un bloqueo carretero o que los docentes hayan causado ataques y/o daños a las vías generales de comunicación.

Bajo esa línea argumentativa, propone el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON RESPETO AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, INVESTIGUEN EL ACTUAR DEL TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE PROCESOS PENALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TANTO QUE CONDUCTAS REALIZADAS POR INTEGRANTES DEL CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO, AMPARADAS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN, HAN SIDO ANTICONSTITUCIONAL Y ANTICONVENCIONALMENTE CRIMINALIZADAS.

III. CONSIDERACIONES

En relación a los actos de los jueces de distrito, es importante señalar lo establecido en los artículos 94, primer y segundo párrafos; y 97, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del órgano competente de vigilar la disciplina de los órganos del Poder Judicial de la Federación, los cuales se transcriben para pronta referencia.

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.”

Del artículo anterior, se desprende que en efecto es el Consejo de la Judicatura Federal el que se encarga de supervisar puntualmente la actuación de los jueces, en el marco del entramado normativo y las atribuciones inherentes a los Consejeros, por lo que ante la eventual presentación de conductas inadecuadas o desapegadas a derecho, es este órgano el competente ante el que se deben denunciar e iniciar las acciones que conforme a derecho correspondan.

En tal virtud, y en estricto apego al principio de división de poderes, esta Primera Comisión estima que de existir eventuales vulneraciones por algún juzgador o juzgadores, nuestro marco jurídico vigente previene puntualmente la vía procesal correlativa, motivo por el cual si en el eventual caso que se observen faltas al procedimiento ejercido por algún integrante de este Poder, existen vías para que los agraviados manifiesten en términos procesales lo que a su derecho convenga.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla, por las razones expuestas en el apartado de consideraciones del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, reservo, de la Primera Comisión, los dictámenes cuatro y cinco, si es tan gentil.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Quedan reservados.

Informo a la Asamblea que el grupo parlamentario del PT reservó el dictamen por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba el Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo.

Consulto si alguien desea reservar, además de los que ya se reservaron, alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Sonido en el escaño de la Diputada Lilia Aguilar.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: (Desde su escaño) Para voto, no para participación, si pudiésemos reservar el número 20 que está enlistado, precisamente que tiene que ver también con asuntos electorales, donde se desecha una serie de proposiciones en relación a denuncias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Queda reservado, Diputada Lilia Aguilar.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera reservar el que habla sobre la corrupción en los centros de verificación vehicular de la ciudad de México y el relacionado con Cuba y Estados Unidos.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Quedan reservados, Senadora Mariana Gómez.

Si ya nadie más tiene deseos de reservar alguno de los dictámenes, comunico que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hace del conocimiento de la Asamblea.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados de la Primera Comisión.

Iniciamos con el relativo al exhorto a la Secretaría de Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en los puestos de periódicos y revistas del país, observen las disposiciones del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente en el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en la mayoría de los puestos de periódicos y revistas del país se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, presentada por la Dip. Martha Edith Vital Vera integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 29 de julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en la mayoría de los puestos de periódicos y revistas del país se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-2413.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Contenido de la propuesta con punto de acuerdo es en relación a que –según la autora- en las últimas décadas, la pornografía ha invadido más espacios, manifiesta que es más visible, que todos tienen acceso a ella y constituye un problema de gran dimensión y que se ha incrementado afectando principalmente a menores de edad.

La autora menciona, que las publicaciones de carácter pornográfico están al alcance de los niños, niñas y adolescentes, y que se han trasladado desde la periferia de la sociedad hacia su centro mediante el alquiler de vídeos, difusión de películas y venta de revistas.

Asimismo, manifiesta que los menores de edad son considerados el sector más vulnerable debido a que se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo, sobre todo los más pequeños ya que constantemente están observando lo que les rodea. Dijo, que los adolescentes se encuentran en una etapa en donde su personalidad está en proceso de formación, y están abiertos a recibir todo tipo de experiencias o emociones que al combinarlas con imágenes sin ningún tipo de censura pueden llegar a tener consecuencias.

Expresa, que el desarrollo de los niños y adolescentes se ve influido profundamente por lo que presencian y experimentan en el mundo, ya sea en la realidad diaria del mundo físico o el mundo virtual y las distintas formas de medios masivos como la televisión, el cine, la radio y la prensa; diariamente en la mayoría de puestos de periódicos y revistas de todo el país se exhiben sin restricción alguna revistas con contenidos pornográficos y en ocasiones estos puestos se encuentran afuera de las escuelas primarias, secundarías y preparatorias, y se muestran a todo el público sin límite de edad.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades vigile que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en la mayoría de los puestos de periódicos y revistas del país se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, esto con la finalidad de evitar que las publicaciones con alto contenido sexual se encuentren a la vista de niños, niñas y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

La titular de propuesta, muestra un desagrado con los puestos de periódicos y revistas del país, en los cuales, según la titular del punto de acuerdo, se exhiben sin restricción algunas revistas con contenido sexual y que no cumplen con las disposiciones previstas en lo que se refiere a su presentación y exhibición al público; por lo que la autora manifiesta, daña la vida privada, la moral y la educación.

La autora, fundamenta su propuesta, en primer lugar con el artículo 6º del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, en cual se puede leer que: “Se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por: 

I.- Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios y constituya por sí mismo delito; 

II.- Adoptar temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio;

III.- Describir aventuras en las cuales, eludiendo las leyes y el respeto a las instituciones establecidas, los protagonistas obtengan éxito en sus empresas;

IV.- Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres; 

V.- Contener relatos por cuya intención o por la calidad de los personajes, provoquen directa o indirectamente desprecio o rechazo para el pueblo mexicano, sus aptitudes, costumbres y tradiciones; 

VI.- Utilizar textos en los que sistemáticamente se empleen expresiones contrarias a la corrección del idioma”.

Esta Comisión dictaminadora aprecia e interpreta que de las fracciones del artículo en mención, en los puestos de periódico o de revistas, no se encuentra nada que “induzca o fomente vicios y constituya por sí mismo delito”, que “adopte temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio”, que “enseñe procedimientos que se utilicen para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres”, que “cuya intención o por la calidad de los personajes, provoquen directa o indirectamente desprecio o rechazo para el pueblo mexicano, sus aptitudes, costumbres y tradiciones”, y que “se utilicen textos en los que sistemáticamente se empleen expresiones contrarias a la corrección del idioma”. Esta dictaminadora manifiesta que no se puede tomar como fundamento el artículo en mención debido a que no reúnen, los puestos de periódico ninguno de los supuestos que se enumeraron.

Ahora bien, esta Comisión dictaminadora argumenta que el actual Reglamento sobre Publicaciones y Revistas ilustradas tiene sus orígenes más recientes en el "Reglamento de los artículos 4° y 6° fracción VII de la Ley Orgánica de la Educación Pública, sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo tocante a la cultura y a la educación", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 1951, el cual tuvo como finalidad esencial establecer normas protectoras de la cultura y la educación en el país, pugnando por mantener a los medios impresos como vehículos que defiendan de modo positivo la cultura y la educación, evitando las publicaciones que dañen o destruyan la base moral de la familia. Esta preocupación obedeció a las circunstancias internacionales que dieron lugar a la “Convención para reprimir la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas”, celebrada en Ginebra, el 12 de septiembre de 1923, suscrita por México y ratificada por el Senado de la República el 31 de diciembre de 1946.

El 29 de noviembre de 1973 se publicó la Ley Federal de Educación, que recoge la filosofía de la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1951, a fin de mantener protegidos los valores sociales mencionados en el párrafo anterior. Posteriormente, el 21 de abril de 1977 se publicó el "Decreto por el que se modifica la denominación del Reglamento de los artículos 4o. y 6o. Fracción VII de la Ley Orgánica de la Educación Pública", para definirlo como "Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas".

El Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en vigor se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1981, tomando en consideración la redistribución de competencias que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que asigna a la Secretaría de Gobernación la facultad de vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz, la moral pública, a la dignidad personal, que no ataquen los derechos de terceros, provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público, siendo la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI) es el órgano colegiado facultado para salvaguardar los valores sociales mencionados.

La CCPRI tiene como facultad el examen del título y contenido de las publicaciones y revistas ilustradas, a efecto de declarar su licitud o, en su defecto, ilicitud, si dichas publicaciones actualizan alguno de los supuestos previstos en Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. Cuenta también con la facultad de cancelar los Certificados de Licitud por causas supervinientes y auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo opinión fundada en todo lo relacionado a su ámbito de competencia.

Por lo anteriormente mencionado, esta Comisión dictaminadora,  ha podido constatar que la conducta de los niños, niñas y adolescentes puede verse peligrosamente afectada por el debilitamiento de los valores morales; de ahí la necesidad de atender a la formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores en las nuevas generaciones. La formación de valores es una tarea pedagógica que debe asumir la familia, la escuela y las instituciones. Por tal razón, esta Comisión dictaminadora manifiesta que es necesario que se siga procurando el respeto a la vida privada, a la paz pública, a la moral pública y a la dignidad personal; por ello, se manifiesta que es pertinente realizar el exhorto a la CCPRI con el propósito de seguir vigilando el contenido de las publicaciones y revistas ilustradas (que se exhiben en los puestos de periódico y revista) para que se sigan salvaguardando los valores sociales mencionados.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, se vigile que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en los puestos de periódicos y revistas del país, observen las disposiciones del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, con la finalidad de evitar que las publicaciones con alto contenido sexual se encuentren a la vista de niños, niñas y adolescentes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La difusión de pornografía en revistas y otros medios impresos constituye una problemática que se ha expandido de manera acelerada durante los últimos años a nivel mundial.
Las publicaciones de carácter pornográfico se distribuyen de manera rápida del ámbito urbano al ámbito rural a través del alquiler de videos, difusiones de películas y venta de revistas, siendo los menores de edad el sector más vulnerable, toda vez que se encuentran en proceso de crecimiento y desarrollo dañando su vida privada, moral y educativa.

El artículo 6o. del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas señala que se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas. De acuerdo con la norma, las publicaciones de revistas pornográficas no deben contener escritos, dibujos grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca a fomentar vicios y constituya por sí mismo delito, por lo que es necesario utilizar textos en los que sistemáticamente se empleen expresiones contrarias a la corrección del idioma.

México es el segundo país consumidor de pornografía a nivel mundial y uno de los principales en la comisión del delito de trata de personas; por tal motivo, la pornografía se ha convertido en un negocio altamente rentable, generando inclusive más ganancias que cualquier empresa formal.

Más allá de las ganancias que se puedan obtener por la producción, venta, exhibición y reproducción del material pornográfico, resulta fundamental considerar el impacto negativo que ocasiona en los niños y jóvenes, sobre todo el que se encuentra exhibido en los puestos de periódicos y revistas sin ninguna restricción, los cuales se encuentran, en muchos de los casos, fuera de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

Hoy en día nos enfrentamos al desenfrenado crecimiento de industria pornográfica para adultos que pone en riesgo aspectos centrales como la formación de los niños y jóvenes, y afecta, de sobremanera, a la institución básica de nuestra sociedad, que es la familia.

El artículo 7o. del citado Reglamento plantea: “Las publicaciones de contenido marcadamente referente al sexo, no presentarán en la portada o contraportada, desnudos, ni expresiones de cualquier índole contrarios a la moral y a la educación; ostentarán en lugar visible que son propias para adultos y sólo podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas”.

Se ha podido constatar que la conducta de los niños, niñas y adolescentes puede verse seriamente afectada por el debilitamiento de los valores morales, de ahí la necesidad de atender a la formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores para las nuevas generaciones, por lo que la formación de valores constituye una tarea pedagógica urgente que deben asumir la familia, la escuela y las instituciones.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, trabajamos para que se siga procurando respeto a la vida privada, a la pública, a la moral pública y a la dignidad personal, por lo que es pertinente seguir vigilando el contenido de las publicaciones y revistas ilustradas que se exhiben en los puestos de periódicos y revistas, a fin de que se apegue a la normatividad vigente y se salvaguarden los valores morales y sociales.

Por lo anterior, señor Presidente y compañeros legisladores, invito a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Muchas gracias, Diputado Alejandro Montano. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar los programas enfocados al combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas que permitan abatir actos de corrupción en los centros de verificación vehicular denominados verificentros” presentadas por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 29 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas que permitan abatir actos de corrupción en los centros de verificación vehicular denominados verificentros, dicha proposición fue presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2449.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:
Indica que el pasado 30 de junio de 2014, el Gobierno del Distrito Federal emitió nuevas disposiciones al programa Hoy No Circula a partir del 1 julio, con lo cual se prohibiría la circulación de vehículos que tuvieran holograma tipo 2 los días sábados y un día a la semana. Dicha medida, respondía a los altos índices de contaminación cada vez más frecuentes, causando daños en la salud de los habitantes de la ciudad principalmente en los grupos más vulnerables como niños y adultos mayores.

Destaca la senadora proponente que a petición del Gobierno de Distrito Federal, el Centro Mario Molina hizo una evaluación al Programa Hoy No Circula en el 2014, en donde los resultados arrojaron una desventaja ya que hubo un incremento del parque vehicular de alrededor de un 3%. Dicho centro emitió recomendaciones donde se propone mejorar el transporte público para reducir el efecto de aumento del parque vehicular, así como aumentar las restricciones a la circulación para los vehículos de mayor antigüedad.

En este sentido, la proponente manifiesta que la organización "El Poder del Consumidor", asociación civil encargada de realizar estudios de servicios y políticas públicas, advirtió que las modificaciones al programa vehicular podrían tener efectos contraproducentes debido a que podría generar más problemas viales, de salud y de contaminación.

Destaca que el 23 de Julio del 2014 se realizó un foro en el Senado de la República, para que se discutiera el programa Hoy No Circula, donde se cuestionó el impacto que tendría dicho programa. Algunos datos relevantes proporcionados en el foro fue el crecimiento del parque vehicular en el Distrito Federal en el 2014, al pasar de 1.7 a 3.8 millones de autos. Así como un aumento de partículas contaminantes de 93 microgramos por metro cúbico, cuando la OMS recomienda máximo 20.

En la propuesta se menciona que desde antes de la implementación del doble “Hoy no Circula” los centros de verificación ya eran lugares donde se propiciaban actos de corrupción, tal y como se puede demostrar con la clausura que realizó la propia Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a 39 verificentros en el año 2014, en las delegaciones de Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tláhuac, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en donde además se detuvieron a personas implicadas en actos de corrupción, fue así, como se demostró que operaban con irregularidades en el proceso de verificación así como en la transmisión de videos al Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota. Aunado a ello, indica la proponente que los llamados coyotes, a cambio de 600 pesos ofrecían engomados a los automovilistas para que puedan liberarse de la obligación de dejar de circular dos días a la semana. Así mismo, según el boletín 082/2015 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, hasta el mes de abril del presente año, han sido clausurados 7 verificentros, por actos de corrupción.

En la proposición se indica que el día 1 de julio del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 88/2015 en el sentido de que procede la suspensión de actos reclamados, en promoción de juicios de amparo en los que se reclame que el año del vehículo limite la obtención de determinado holograma y que el otorgamiento de éste sea de acuerdo al número de emisiones y no por el año del vehículo.

En tal virtud, manifiesta la proponente que el día 8 de julio mediante publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal, se emitieron nuevos lineamientos del Nuevo Programa Hoy No Circula, los cuales toman en consideración la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, la proponente considera necesario que las medidas que adopta el Gobierno del Distrito Federal sean encaminadas a erradicar actos de corrupción como los que se dan en los denominados verificentros, a fin de que los vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de partículas contaminantes y por ende se mejore la calidad del aire en la Ciudad de México.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que implemente programas de combate a la corrupción en los centros de verificación.

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, impulse un programa conjunto con las Entidades Federativas que integran dicha Comisión, a fin de diseñar e implementar programas y acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros.

III. CONSIDERACIONES

Esta dictaminadora establece que con fundamento en el artículo primero fracciones II y V de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal conducirán el ejercicio de la conservación del medio ambiente y sobre todo prevenir y controlar la contaminación en el aire.

Y con fundamento en el artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente establecer lineamientos de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes.

De la misma manera, se manifiesta que en el artículo 195 fracción I de la Ley Ambiental del Distrito Federal, se establece que es obligación de los centros de verificación operar conforme a procedimientos y condiciones establecidas en las leyes ambientales.

Esta dictaminadora considera relevante expresar que en octubre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Convenio por el cual se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la cual está integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos de los estados de Hidalgo, de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y que tiene por objeto llevar a cabo acciones de planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona centro del país.

En la investigación que realizó esta dictaminadora se destaca que la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (SEDEMA) durante este año ha clausurado nueve verificentros y en 2014 se registraron 18, mientras que en 2014 y lo que va de 2015 se han suspendido 35 acreditaciones a los operadores.

La SEDEMA con acciones coordinadas entre la Contraloría General, la secretaría de Seguridad Pública y Gobierno capitalino, se llevó a cabo la clausura de los verificentros después de realizar visitas e inspecciones donde se encontraron irregularidades en su operación. Dichas irregularidades se documentaron a través del trabajo que se lleva a cabo en el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR), el cual es el sistema de monitoreo remoto de alta seguridad dependiente de la SEDEMA que vigila en tiempo real con dos mil 135 cámaras ubicadas en interiores y accesos de los 81 verificentros de la Ciudad de México.

Se destaca que de acuerdo a la información de la SEDEMA continuaran las acciones de vigilancia y control para garantizar una correcta operación de los verificentros, con base en los compromisos alcanzados en la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De la misma manera, se destaca que con la entrada en vigor del nuevo “Hoy no Circula” el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín Alberto Gutiérrez Lacayo dio a conocer que se reforzarán los mecanismos de combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular, en la que se coordinarán una serie de acciones para que en los 298 verificentros que operan en la megalópolis no haya lugar para la corrupción en la búsqueda de un holograma “0”.

Entre las medidas que serán implementadas, se destaca la aplicación de un software que permita introducir los vehículos de manera aleatoria a las diferentes bandas de verificación, se han puesto en operación “sensores remotos” y que al igual que los radares de velocidad, se mantendrán en monitoreo de los vehículos que circulan por diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de detectar a automóviles verificados en la megalópolis que esté generando un alto índice de contaminación y se le tomará una fotografía a la matrícula y se rastreará el centro de donde le fue otorgado el holograma; posteriormente se hará una invitación al dueño del vehículo a acudir nuevamente a verificar su unidad para garantizar que en efecto tenga la calcomanía que le corresponde, en tanto que el verificentro que le entregó el holograma previamente será sometido a inspección para descartar cualquier anomalía.

En virtud de lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que son evidentes los esfuerzos del Gobierno del Distrito Federal y su coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para reforzar los mecanismos de combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular y consideran necesario que con la entrada en vigor del nuevo “Hoy no Circula” se refuercen las acciones a fin de que los vehículos que obtengan cualquier holograma realmente emitan menos cantidad de partículas contaminantes y por ende se mejore la calidad del aire en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que refuerce los programas enfocados al combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular.

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se refuercen los programas en las Entidades Federativas que integran dicha Comisión, a fin impulsar acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI.
El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

En 1989, inició la aplicación obligatoria del programa Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de México, primero, como una medida temporal para el periodo invernal y, después, en 1990, se determinó su vigencia permanente.

El 19 de junio de 2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal modificaciones al programa Hoy No Circula, en donde se establecían, entre otros aspectos, que la calcomanía “1” sería para un auto de 9 a 15 años de antigüedad, los cuales, además de descansar un día a la semana, dejarían de circular 2 sábados al mes; y además, los autos con más de 15 años, dejarían de circular todos los sábados.

Con las instrumentaciones de las nuevas medidas, miles de personas se ampararon.

Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que procede la suspensión de los actos reclamados en promoción de juicios de amparo, en donde el año del vehículo limite la declaración de un determinado holograma y que el otorgamiento de éste sea de acuerdo al número de emisiones y no por el año del vehículo.

En este marco, las autoridades del Distrito Federal anunciaron nuevas medidas para otorgar el holograma con base en el índice de los contaminantes y no en el modelo del vehículo.

Con la entrada en vigor de las nuevas reglas es fundamental reforzar los mecanismos de combate a la corrupción en los Centros de Verificación Vehicular.

Desde antes de la puesta en marcha del Doble Hoy No Circula, ya se presentaban actos de corrupción en los Centros de Verificación, provocando que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal clausurara 39 de estos centros en el 2014, y 7 más en el mes de abril de este mismo año, procediéndose a la detención de las personas involucradas, con lo cual salieron a la luz pública las irregularidades en el proceso de verificación.

Aunado a lo anterior, hay versiones que indican que los denominados coyotes ofrecen engomados por 600 pesos a los automovilistas para poder liberarse de las obligaciones de dejar de circular dos días por semana. Esto es constante para los que residen en esta ciudad capital y que constantemente vemos que son extorsionados por gente del verificentro o gente que ya tienen involucrada para poder sacar más fácil su holograma. Creo que éste es un problema que tiene que erradicar el Gobierno del Distrito Federal.

Antes de las modificaciones realizadas recientemente al programa Hoy No Circula, nos pronunciamos a favor del presente dictamen, a fin de que el Gobierno del Distrito Federal lleve a cabo las medidas de coordinación interinstitucional y el fortalecimiento del mecanismo al combate a la corrupción en los Centros de Verificación, con el propósito de que los vehículos que obtengan cualquier holograma, realmente emitan menos cantidad de contaminantes y mejor calidad de aire, en beneficio de los habitantes de la ciudad de México.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué bueno que estemos dictaminando este punto de Acuerdo. Un tema recurrente en esta Comisión Permanente ha sido el hablar sobre el endurecimiento del Hoy No Circula en la ciudad de México.

Afortunadamente, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este Hoy No Circula, sobre todo el de los días sábados, un gran número de autos, estamos hablando de 1.6 millones de vehículos, se estaban viendo afectados por las medidas tomadas por el Gobierno del Distrito Federal.

Insisto, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto fue suavizado y hoy los automóviles que tienen 8 años de antigüedad, si están en buenas condiciones, ya pueden circular en la ciudad de México.

Y quiero compartirles que los principales beneficiados están siendo comerciantes, están siendo los vendedores de comida, están siendo todos aquéllos que trabajan en tianguis, en mercados sobre ruedas, los vendedores de flores, los mariachis, todos los que dependen económicamente del vehículo y que, sobre todo, trabajan los días sábados y domingos.

Un gran problema que tenemos, y que sigue habiendo, es la corrupción, desafortunadamente, y ésta es en los Centros de Verificación de la ciudad de México.

Y quiero compartirles algunas cifras. De acuerdo con la asociación civil Transparencia Mexicana, en el año 2010, que es su informe más reciente, los habitantes de la ciudad de México destinaron a la corrupción alrededor de 139 millones de pesos para evitar que un agente de tránsito se llevara su automóvil al corralón; 66.8 millones para evitar ser infraccionados o detenidos por un agente de tránsito, y 38.9 millones para aprobar la verificación vehicular.

Asimismo, erogaron alrededor de 16 millones de pesos en el trámite para obtener la licencia de manejo y 83 millones para regularizar diversos trámites de sus vehículos. Los actos de corrupción en esta materia no sólo están generando gastos económicos, sino pérdidas de vidas.

Se puede diseñar una buena ley, pero si no es aplicable y se presta a la corrupción, no servirá para evitar los accidentes viales. Esto fue dicho en un foro denominado “Por una capital moderna responsable, hacia una ley de prevención de accidentes”.

Lo que les quiero decir con esto, es que si le seguimos apostando a tener los Centros de Verificación en las condiciones en las que están en este momento, pues va a seguir habiendo corrupción, los ciudadanos van a seguir pagando, desafortunadamente, hasta 500 pesos por dar este salto, y el gran problema para la ciudad de México es que no va a reducir la contaminación y va de la mano con la corrupción.

Yo espero que sea un tema que podamos seguir tratando en esta Comisión Permanente, porque no es un tema exclusivo del Distrito Federal, sino es un tema también que tiene que ver con las zonas metropolitanas del país, sobre todo las principales zonas metropolitanas; y yo espero que no quitemos el dedo del renglón y que sigamos haciendo lo necesario para combatir la corrupción.

Es cuanto.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que los gobernadores electos hagan un compromiso público por la igualdad entre mujeres y hombres. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la gobernadora y los gobernadores electos en el proceso electoral del pasado 7 de junio, hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva, presentado por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna y Luz María Beristaín Navarrete, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 29 de julio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la gobernadora y los gobernadores electos en el proceso electoral del pasado 7 de junio, hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2450.
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo menciona dentro sus líneas que en el proceso electoral del pasado 7 de junio de 2015 la ciudadanía votó por la renovación de gubernaturas en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Se comenta dentro de la propuesta, que se trató de un proceso electoral importante, toda vez que derivado de la reforma político electoral del 2014, se abrió un nuevo capítulo en materia de participación política de las mujeres al establecer la paridad de género en las candidaturas al poder legislativo federal y local como un principio constitucional; y que de las nueve gubernaturas que se eligieron participaron seis destacadas mujeres, sin embargo sólo fue electa una de ellas, Claudia Pavlovich quien ganó en Sonora. Ella será la única mujer que gobierne una entidad desde el 2012, año en que Ivonne Ortega dejó el mismo cargo para el estado Yucatán.

Las autoras mencionan que la paridad avanza, lentamente, aunque aún es necesario velar por su implementación a todos los niveles. De ahí que uno de los grandes desafíos para la democracia de nuestro tiempo es que siendo reconocidos los derechos civiles y políticos de las mujeres de manera formal, los espacios de poder y de decisión sigan estando ocupados en su inmensa mayoría por hombres.

Por tal razón, se menciona en el contenido de la propuesta manifiesta, que es de suma importancia de que la gobernadora y los gobernadores electos en sus respectivas entidades realicen un compromiso público por la igualdad sustantiva para que sus equipos de trabajo y colaboradores puedan estar integrados de manera igualitaria entre mujeres y hombres.

Ante los planteamientos analizados en la propuesta con punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia para que la gobernadora electa del Estado de Sonora y los gobernadores electos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva y sus equipos de trabajo tanto del gabinete legal y ampliado se integren de manera paritaria entre mujeres y hombres.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, comprende el interés por parte de las autoras del punto de acuerdo, realizando un reconocimiento a lo que se mencionó en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador de la CEPAL en 2007, o consenso de Quito, que refiere en uno de sus considerandos que: “la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Ahora bien, la reforma político-electoral promulgada el 31 de enero de 2014 elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales, siendo reconocido este avance que trata de llevar a la sociedad a ser mas justa, incluyente y democrática.

La reforma establece en el artículo 41° Constitucional que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales".
Asimismo, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Instituciones Y Procedimientos Electorales "para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales".

Esta paridad electoral tendrá que llevar a que las mujeres tengan mayor poder de decisión en los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas en cuestiones vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas ayudará a eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.

Esta Comisión dictaminadora, reconoce al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos, a las legisladoras y legisladores y organizaciones sociales que han trabajado y trabajan incansablemente para eliminar la discriminación en México, pero de manera particular, reconoce el aporte y compromiso de las mujeres que lucharon para que la participación en todos los ámbitos sea plena e igualitaria; se puede manifestar que es un logro en el ejercicio de la ciudadanía que implica un avance en el ejercicio de los derechos humanos.

Por tal razón, esta Comisión dictaminadora espera que entre los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, los mecanismos de justicia, la comunidad política y las organizaciones civiles, realicen esfuerzos y se junten las voluntades que ayuden y permitan lograr la mayor participación política, y la plena realización de los derechos humanos de las mujeres; por lo mencionado con antelación, se manifiesta que el pronunciamiento para que la gobernadora electa del Estado de Sonora y los gobernadores electos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, se comprometan para que en sus equipos de trabajo se integren mujeres, privilegiando el principio de paridad.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia para que la gobernadora electa del Estado de Sonora y los gobernadores electos de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva y sus equipos de trabajo tanto del gabinete legal y ampliado se integren de manera paritaria entre mujeres y hombres.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores:

Alguien preguntaría si hay una obligación legal para que la gobernadora de Sonora y los gobernadores que van a asumir próximamente la conducción de la gobernanza de los estados, resultado de la elección pasada, están realmente obligados a cumplir este exhorto que hoy ponemos a su consideración en esta Comisión Permanente, y que viene inscrito de manera favorable por parte de los integrantes de la Primera Comisión.

Pues no, legalmente si revisamos la Constitución, no hay expresa obligación, textual obligación de que se integren los gabinetes de la próxima y los próximos gobernadores de manera paritaria.

La experiencia que tenemos en el país es que está inscrita la integración de los gabinetes en función de la voluntad política de la o del gobernante. Tenemos pocos casos, yo recuerdo dos gobernadores de Michoacán, aquí en el Distrito Federal, es decir, no hay más que a partir de la voluntad política de quien asume la responsabilidad de conducir los destinos del gobierno de una entidad federativa, asumir la integración paritaria de mujeres y hombres.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, a partir de reformas estructurales, que como decíamos en un evento de hoy en la mañana, estamos prácticamente en el país en una nueva época.

Es cierto que reformamos el artículo 41 para establecer la paridad en las candidaturas para congresos de los estados, para la Asamblea del Distrito Federal y para el Congreso de la Unión.

Sin embargo, nos quedó pendiente inscribir esa potestad que obligue a la integración paritaria en el tercer orden de gobierno: Presidencias municipales, ayuntamientos, etcétera.

Pero nos parece que el punto de Acuerdo que hoy ponemos a su consideración es de una gran pertinencia, porque tendríamos que preguntarnos: ¿Acaso no es un asunto de derechos reconocer que las mujeres son sujetas plenas de derechos y, por lo tanto, debería ser algo sine qua non el que la integración de los destinos de la gobernanza, insisto, de una entidad federativa, esté integrado paritariamente como está constituida la humanidad, mitad hombres, mitad mujeres?

Cuándo llegaremos a ese estado en el mundo y en nuestro país, en donde lo normal sea ciertamente que las mujeres no estemos permanentemente regateando, permanentemente insistiendo, permanentemente batallando para ser tomadas en consideración, así, como sujetas plenas de derechos que, por cierto, eso sí está claramente establecido en nuestra Constitución.

Por eso es necesario que, más allá de que falte la previsión constitucional y legal en sendas leyes que obliguen, pues que hoy, esperemos, den la muestra quienes van a gobernar estas entidades federativas de, ya mencioné, en el caso de Sonora, también en el caso de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, quienes van a estar al frente de estos gobiernos, junto con el de Sonora, puedan tomar las medidas para garantizar que haya en sus gabinetes mujeres y hombres.

Es verdad, y con esto termino, que hay que desmontar una gran cantidad de prejuicios. Uno no explicaría por qué sigue prevaleciendo, insisto, en pleno siglo XXI, todavía los criterios de que no hay mujeres preparadas, de que no hay mujeres que puedan tener los conocimientos que puedan ser diestras en actividades derivadas de encomiendas en los gobiernos estatales.

Me parece que ese prejuicio tiene, insisto, que desmontarse y ver hacia adelante, porque para allá vamos. La igualdad sustantiva tiene que ser la ruta que garantice la incorporación plena de mujeres y hombres en los próximos años, para eso tenemos que trabajar.

Por lo tanto, es muy importante el punto de Acuerdo que hoy vamos a acordar.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen por el que se reprueba todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico o psicológico para las mujeres. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas para que garantice la seguridad e integridad de la C. Yesenia Alamilla Vicente, candidata a la alcaldía del Municipio de Reforma, Estado de Chiapas, presentada por los senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristaín Navarrete, Lorena Cuellar Cisneros y Zoé Robledo Aburto, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 29 de julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al C. Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas para que garantice la seguridad e integridad de la C. Yesenia Alamilla Vicente, candidata a la alcaldía del Municipio de Reforma, Estado de Chiapas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-2455.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, manifiesta que la C. Yesenia Alamilla Vicente del Partido Acción Nacional candidata para ocupar la alcaldía del municipio de Reforma, Chiapas, ha señalado directamente a Herminio Valdez Castillo, aspirante al mismo cargo por el PVEM, de haber ordenado un atentado en su contra en el que resultó con lesiones severas.
Los autores de la propuesta mencionan los supuestos hechos denunciados por la candidata, en los que resaltan:

1.- “Yesenia Alamilla Vicente ha señalado que las amenazas directas del C. Herminio Valdez Castillo iniciaron el 23 de junio de 2015, cuando presentó su proyecto político, recibiendo junto con su equipo de trabajo agresiones verbales y físicas por parte de los colaboradores del candidato del PVEM.

2. La agraviada denunció que el pasado 11 de julio se dirigía hacia Villahermosa, Tabasco cuando se percató que una camioneta Ford Expedition seguía su vehículo. A la altura de la colonia Villa Luis Gil, Tabasco, la unidad le cerró el paso, tres ocupantes de la camioneta la obligaron a descender de su automóvil, encañonándola con armas de fuego y sometiéndola contra la carrocería, golpeándola en diversas partes del cuerpo. Su acompañante Pascualita Dantory también fue sometida por uno de los tripulantes. Una vez liberadas, Dantory trasladó a Alamilla a un sanatorio particular donde fue atendida con lesiones severas que le ocasionaron escupir y evacuar sangre.

3. La candidata panista aseguró que el 27 de junio a primeras horas de la madrugada un sujeto penetró al domicilio particular de otra de sus colaboradoras de la que pidió la omisión de su identidad, quien fue abusada sexualmente. La agraviada denunció los hechos, iniciándose la averiguación previa 245/N025/2015, responsabilizando a Herminio Valdez por cualquier nuevo atentando en contra de su persona o colaboradores.”

Por último, los autores manifiestan que la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales, como lo es la participación femenina en la política.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Manuel Velasco Coello, Gobernador constitucional del Estado de Chiapas para que por conducto de las autoridades competentes se garantice la seguridad e integridad y se establezcan medidas cautelares de la C. Yesenia Alamilla Vicente, candidata de Acción Nacional para ocupar la alcaldía del municipio de Reforma, Chiapas y se investigue, procese y sancione a los responsables de las agresiones y amenazas recibidas.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a efectuar una exhaustiva investigación que permita consignar a la brevedad a los agresores de la Ciudadana Yesenia Alamilla Vicente.

III. CONSIDERACIONES

Dentro del punto de acuerdo, los autores manifiestan o solicitan a las autoridades del Estado de Chiapas, que se establezcan las medidas cautelares de la C. Yesenia Alamilla Vicente, la cual según hechos que se narran, fue víctima de agresiones y amenazas; por tales motivos, la candidata se presentó ante las autoridades de la procuración de justicia del Estado para realizar su denuncia por las acciones de las cuales fue víctima, por lo cual, la autoridad le asigno a su asunto el número de Averiguación Previa 245/N025/2015. Se puede mencionar que hasta la fecha, las autoridades competentes no han presentado responsables de la agresión.

Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. Dichas medidas pueden tomarse tanto con anterioridad a la iniciación del proceso como durante toda la tramitación del mismo, en tanto se dicta la sentencia firme que le ponga fin.

Las víctimas gozarán de los derechos que marca la fracción X del artículo 12 de la Ley General de Victimas, manifestando que las victimas podrán solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño.

Las medidas cautelares en el proceso penal afrontan la difícil empresa de conciliar la necesidad de proteger a la sociedad y, en especial, a la víctima u ofendido del delito, con la obligación del mismo estado de derecho de respetar los derechos del individuo  sujeto  a  proceso.

Esto es, la tramitación de las medidas  cautelares  implica que siempre deben ser resueltas en audiencia con presencia de las partes. Para ello el Ministerio Público o la víctima u ofendido, deberán presentar una solicitud fundada y motivada. En la audiencia, una  vez escuchadas a las partes,  el juez tiene un ámbito de discrecionalidad para imponer una de las medidas cautelares previstas en el Código Penal Federal o combinar varias de ellas, incluso para imponer una medida diferente a la solicitada, siempre que no sea más grave.

Los requisitos formales para resolución que imponga medidas cautelares establecen que deberán señalarse:

● Los datos personales y de identificación del imputado;

● La  enunciación  del  hecho  o  hechos  que  se  le  atribuyen  y  su  clasificación jurídica, aunque esta puede ser modificada posteriormente;

● La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;

● Los lineamientos para la aplicación de la medida, y

● La fecha en que vence el plazo de vigencia de la medida.

Para reforzar lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 155 manifiesta que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el Juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares, por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que no es procedente aprobar el primer resolutivo toda vez que el asunto recae en el ámbito de las autoridades jurisdiccionales.

Esta dictaminadora rechaza todo acto de violencia contra las mujeres, y manifiesta que es necesario que se encuentre a los presuntos responsables de la agresión en contra de la candidata a la alcaldía, y se sancione de acuerdo a las leyes en la materia.

Por otra parte, analizando el segundo resolutivo en el que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República  para que investigue y consigne a los que cometieron las agresiones en contra de la candidata con el fin de que cumplan con la sanción, esta Comisión dictaminadora manifiesta que no es procedente realizar el exhorto, por que en primer lugar la autoridad local competente para la investigación y persecución de delito ya inició una investigación de las acciones que recayeron en contra de la victima, abriendo lo que se supone es una carpeta de investigación con el número 245/N025/2015.

En segundo lugar, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal, y dentro de este Título no se encentra o no se encuadra el tipo del que fue victima la candidata. Para reforzar lo anterior, esta Comisión dictaminadora diferencia que es un delito y que es un delito electoral:

● Un delito es todo acto u omisión contrario a la ley previsto y sancionado penalmente por la misma.

● Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

Por lo mencionado con antelación, es que no procede exhorta a la FEPADE con la intención de que investigue y consigne a los agresores de la candidata, ya que sus facultades son lo relativo a los delitos electorales federales, y las agresiones y lesiones le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas la cual tiene como obligación representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fueron común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la sociedad.

Esta Comisión dictaminadora, manifiesta que es procedente realizar un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con el propósito de que se refuerce la investigación y se sancione a los responsables de las agresiones y lesiones de las que se supone fue victima la candidata a la alcaldía en el municipio de Reforma, Estado de Chiapas.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reprueba todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico para las mujeres, ya que se considera una grave violación a los Derechos Humanos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente   a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a efectuar una diligente y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos y sancionar a los agresores de la Ciudadana Yesenia Alamilla Vicente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.

En realidad, el punto de Acuerdo que ha dado cuenta la Secretaría, y que ahora menciona el señor Presidente de esta Mesa Directiva, está relacionado con un asunto en el que fue físicamente y también psicológicamente violentada una ex candidata, candidata entonces, previo a la jornada electoral pasada de la segunda semana de julio en el estado de Chiapas, la ciudadana Yesenia Alamilla Vicente.

Es solamente para compartir el contenido del punto de Acuerdo, compartirlo y asumir de parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de que debemos condenar, en efecto, toda forma de violencia, física o psicológica, la vis compulsiva, que afecte la normalidad en el desarrollo y más en el trabajo político electoral de una candidata, como en este caso.

El que les habla tiene comunicación con el Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, como resulta natural y como lo es también en todos los casos en donde quien pasa a la tribuna forma parte de un instituto político en el gobierno.

En este caso, la información, reitero, de manera oficial que tenemos, es que los hechos son materia de una indagatoria, son materia de una averiguación previa, que es la 245 del año que se cursa, 2015, y que una agencia del Ministerio Público, adscrita a la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, no solamente está realizando las diligencias posibles necesarias para la integración de la indagatoria, sino también que ha decretado medidas cautelares o medidas preventivas como se ha solicitado en el punto de Acuerdo que estamos comentando.

En esos términos, la actitud de nuestra parte es acompañar el resolutivo, virtud a que no solamente sea para el caso de Chiapas.

En la intervención que me ha precedido la preopinante, ha establecido la necesidad del reconocimiento de la paridad o de la igualdad en la tutela de los derechos políticos, en la tutela de los derechos, también, en el ejercicio del gobierno de las mujeres.

No puede haber otra postura que no sea respaldando el contenido del resolutivo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Muchas gracias, señor Diputado.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente.

Pues no puedo más que signar plenamente la intervención Diputado Torres, que me antecedió en la palabra.

El caso que nos ocupa tiene que ver simplemente con un botón de muestra de, por desgracia, muchos acontecimientos que a veces no están debidamente denunciados y, por lo tanto, no hay posibilidades de una investigación.

El caso de Yesenia ciertamente hay también medidas cautelares de la Comisión de Atención a Víctimas, ella tuvo que salir de Chiapas, y ahora se encuentra en la ciudad de México, y lo que nos importa mucho es que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ciertamente en su investigación, pueda ubicar con toda precisión a quién le tiene que fincar responsabilidad penal por las agresiones que sufrió Yesenia.
Pero cuando digo que es un botón de muestra solamente, es que durante la pasada jornada, sobre todo en el ámbito de las elecciones locales, hubo una gran cantidad de hechos, señoras y señores, que reflejaron una pertinaz violencia política contra las mujeres de distintos partidos políticos, porque ninguno se salva, por desgracia, expresada en distintas formas de violencia que también, por cierto, nos obliga a la revisión de la ley y a configurar como modalidad de violencia de género, la modalidad de violencia política contra las mujeres.

Seguramente va a ser una tarea de la próxima legislatura, las comisiones en el Senado ya estamos trabajando en ese sentido, resolviendo distintas iniciativas, pero sobre todo, atendiendo los reclamos de distintas redes, de distintas organizaciones de la sociedad civil, en los estados del país que hubo elecciones y que siguen atendiendo, siguen poniendo ante la opinión pública cada uno de los casos que tienen que ver con, insisto, los diversos tipos, las diversas formas de violencia contra las mujeres en que se atreven a participar en política.

Y el problema no es menor, el problema llama a que también los partidos políticos, sus direcciones nacionales, las direcciones estatales, sean congruentes en evitar, sean congruentes en prevenir, sean transparentes en evitar, por desgracia, ocultar, tapar estos hechos que simplemente favorecen a la impunidad.

Por desgracia, insisto, es algo que vivimos en distintas elecciones locales; y el caso de Yesenia, simplemente nos llama la atención, como lo plantea la Primera Comisión de la Comisión Permanente, en que, ciertamente, haya justicia para quienes le agredieron.

Además, es necesario tomar la consideración, de que si este tipo de hechos constituye violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pues también tienen que ser debidamente sancionados en las leyes.

Hoy no hay, por desgracia, una política de prevención que permita que las mujeres puedan actuar con toda libertad, ese es un problema grave que tenemos en el país, y cuando bajamos algunas elecciones locales, cuando bajamos algunos municipios, sobre todo municipios que se encuentran en una situación de marginalidad, este tipo de hechos no son conocidos.

Por lo tanto, agradecemos que la Comisión Permanente, por supuesto, apruebe este punto de Acuerdo.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Pues primero felicitar, por estar aquí en esta casa de Xicoténcatl, con gran historia, fue un acierto el venirnos aquí, quedó muy bien el edificio, hacer el reconocimiento, sé que es iniciativa del simpatiquísimo Presidente del Senado, a quien reconozco por esta decisión de venirnos a Xicoténcatl.

Quiero, por supuesto, llamar la atención a que esta amenaza, que no sólo es contra una mujer, que ya es algo grave, es una amenaza política, estamos hablando de alguien que ganó la elección y que es amedrentada seriamente. Entonces está, por un lado, la violencia de género, pero también está, por otro, la amenaza política que existe.

Y eso que está sucediendo en Chiapas de amedrentamiento a los opositores, no es privativo sólo de ahí. Tenemos, sinceramente, muchos gobernadores que no saben vivir en democracia, que no saben aceptar la crítica, que no saben aceptar la pluralidad, que la única forma que tienen o que entienden para relacionarse con la oposición, es cooptarlos, reprimirlos, amenazarlos, etcétera; y les falta cultura democrática, verdaderamente, para aceptar a la oposición, a la crítica, etcétera, como parte, yo diría, de salud de la República, de salud del estado de derecho, porque la verdad es que la crítica, la pluralidad, lejos de debilitar la democracia, lejos de debilitar la política, eso es su sustento, su fuerza.

Pero bueno, nos falta avanzar en cultura democrática en muchos estados y, por supuesto, en Chiapas, pero hay que dar esa batalla.

Entonces, me solidarizó con este punto de Acuerdo. Me parece muy grave que se amenace así a una mujer, a cualquier mujer, y también a alguien que ganó su elección, alguien que es opositor, y yo le llamo al gobernador Manuel Velazco a que acepte a la oposición en su estado, que sepa relacionarse con la oposición de su estado, no queremos caciques, queremos verdaderos gobernantes que, insisto, aprendan a coexistir con la pluralidad, con la oposición, con la crítica en los medios y también en los congresos locales.

Insisto, hay muchos que les molesta toda la critica que hasta los grupos parlamentarios que son de uno, buscan cómo cooptarlos, y si no los cooptan, los amedrentan. Esa cultura política ya no puede existir en este país de democracia del siglo XXI que requerimos.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores y Diputados:

En mi estado, en Chiapas, vive el que es quizá el sector de la población de nuestro país más vulnerable de toda la República, se trata de aquellas personas que cumplen tres condiciones que desde el nacimiento las condena muchas veces a la exclusión, al abuso y a la marginación.

Ser mujer, ser indígena y ser pobre, es quizá el estatuto más marginado y más vulnerable de nuestro país. Por eso, cuando algo ocurre en contra de este sector de la población, hay que preocuparnos y hay que discutirlo en la tribuna del Senado de la República; y, en este caso, de la Comisión Permanente.

Porque yo creo que cuando una mujer, en alguna de estas tres condiciones, o las tres, logra a partir de su valentía, su coraje, oponerse a esas resistencias, participar en la vida pública, participar en la vida política y partidista y después tener éxito, pues debería ser objeto de preocupación de todo el Estado mexicano que esa participación no se vulnere, no se ponga en riesgo y, por supuesto, no se amenace.

¿Qué es lo que está ocurriendo en Chiapas? Como está ocurriendo en muchas otras partes del país, pues que haya obstáculos; que haya obstáculos donde debería de haber facilidades, que hay resistencias donde debería de haber un flujo de protección a este sector de la población, al cual deberíamos de estar haciendo permanentes reconocimientos por estar transformando la forma de hacer política en esos rincones apartados del país.

Hoy, desafortunadamente, y lo digo con un sentido muy autocrítico: ni los partidos políticos, ni las autoridades electorales, están haciendo nada para proteger la participación política de las mujeres en mi estado.
¿Por qué lo digo? No es una opinión de un Senador de Chiapas, es el reflejo y la reflexión a la cual nos debe de llevar la sentencia del Tribunal Federal Electoral, que puso en jaque todos los registros de todas las candidaturas en Chiapas, los suspendió durante cuatro días, a una semana de que se celebrarán las elecciones locales, por una razón: porque ningún partido, incluido el PRD, ningún partido, salvo Morena, habían cumplido la paridad de género. Les dieron 48 horas para bajar el registro y volver a registrar candidatos cumpliendo el principio de paridad.

Eso puso a las candidatas en una condición muy complicada, primero, con solamente 48 horas para hacer campaña. Yo me he estado preguntando, si esa es la paridad que queremos para el país, una paridad que no se refleja en equidad en la contienda, quién puede pensar que alguien que tiene un mes haciendo campaña, puede competir con alguien que tienen solamente 48 horas, con el agravante, como ya lo he señalado, de que sus nombres no pudieron aparecer en las boletas.

Por eso, como ya se ha señalado aquí, el caso de Yesenia Alamilla, por cierto candidata del Partido Acción Nacional, es solamente una muestra de una conducta sintomática que está en todos los partidos, el de intentar amenazar a una mujer que puede tener éxito para que no llegue al poder.

Este caso, el de Yesenia, efectivamente, ella ha señalado, y hoy estamos aprobando que se le presten medidas cautelares, que haya una investigación sobre los hechos, porque no es cualquier cosa que a una candidata a un municipio, como lo es, Reforma en el norte de Chiapas, la persigan, la alcancen, la hagan descender de su camioneta, la amaguen, la encañonen y después la retengan durante unas horas, eso no debería ser normal ni en Chiapas, ni en ninguna otra parte del país.

Y déjenme decirles una cosa. La Red de Mujeres por la Paridad en Chiapas ha recibido, a partir de este hecho, de una mujer que se atrevió a denunciar, ha recibido otras denuncias de otras ex candidatas en el estado, que recibieron amenazas e incluso agresiones.

Está el caso de Mara Gómez del PRI, en Playas de Catazajá; está el caso de María Gloria Sánchez Gómez, en Oxchuc, del Partido Verde Ecologista; está el caso de Rosario Hernández, esposa del candidato a Diputado local del Partido Verde, y fungía como coordinadora de su campaña, que fue incluso atacada a tiros y afortunadamente sobrevivió; y el caso grave, también, de una autoridad electa en Playas de Catazajá, también la alcaldesa, Marcela Avendaño, que sufrió no solamente un atentando, sino incluso una retención de más de un día.

En ese sentido es que lo que hoy estamos haciendo, no es solamente a favor de una investigación o de la protección de una mujer que, repito, debemos reconocer la valía de su participación política, sino de una conducta que pareciera sistemática y que nos hace preguntar si lo que está pasando en Chiapas es político o es de género, es partidista o es de género.

Por una razón, ésta misma red ha identificado que de las 36 mujeres que ya ganaron, gracias a la resolución del tribunal que obligó a los partidos a tener paridad en sus candidaturas, 21 mujeres han sido impugnadas, 21 mujeres en este momento están en riesgo de caer su triunfo. Y la pregunta es, si la razón es jurídica o de género, pareciera que es de género, por una razón.

Muchas de estas candidatas, en algunos casos, están siendo acusadas por tener algún parentesco con el alcalde actual, por violar el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que es un obstáculo al nepotismo, en el sentido de no permitir que una esposa, una hija, una madre del alcalde en funciones pueda acceder al cargo en la siguiente elección. Eso es por un lado.
Por el otro lado, está el riesgo enorme, y yo no me cansaré de decirlo en esta tribuna, de que alguna de estas mujeres sea obligada a renunciar para favorecer al candidato al que sustituyó, porque puede pasar, créanlo, puede pasar, en un estado tan lejano como Chiapas, la presión, la amenaza por parte de un grupo, aunque sea del mismo partido, puede obligarlas a renunciar para dejarle el paso al candidato que fue sustituido, una suerte de Juanitas, con el agravante, por supuesto, de género.

Yo estoy seguro y convencido que si ser mujer en Chiapas y hacer política siendo mujer en Chiapas, implica tener otros derechos o tener una experiencia democrática distinta a la de cualquier persona, sea cual sea su sexo en cualquier parte del país, entonces lo que sí debemos preguntarnos es si realmente la democracia en México podemos decir que existe de manera plena en todos sus rincones.

Felicidades a la Comisión Permanente por los resolutivos, pero ojalá sean la punta de lanza para otras acciones en defensa de las mujeres candidatas y las mujeres que han ganado.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre este mismo asunto, tiene el uso de la palabra el Diputado Rodríguez Doval.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia.

Creo que ya se ha dicho mucho al respecto y, por supuesto, los legisladores, Diputados y Senadores del Partido Acción Nacional que integramos esta Comisión Permanente, nos sumamos a las expresiones de solidaridad que aquí se han expresado con quien fuera nuestra candidata Yesenia Alamilla.

Yo simplemente quiero reiterar algo que hemos venido señalando también en el Partido Acción Nacional, prácticamente desde el inicio de esta Legislatura.

Los niveles de democratización en México, desgraciadamente, no han sido iguales en todos los estados del país. Vemos estados donde, a pesar de todo, ha habido avances importantes; en la misma Federación. A pesar de todo, en los últimos 15 a 20 años hemos experimentado notables progresos democráticos.

Sin embargo, hay muchos estados donde hemos vivido o hemos padecido retrocesos antidemocráticos y retrocesos autoritarios, en donde ser candidato o candidata de un partido de oposición es una verdadera proeza, es una epopeya en donde se tiene que enfrentar a todo el poder del estado y, desgraciadamente, lo vimos en las recientes elecciones, lo vimos en el reciente proceso electoral, el estado de Chiapas es un estado que se inscribiría en esta categoría. Pero no es el único, hay otros muchos donde hemos tenido involuciones autoritarias que es urgente atender.

La reforma político-electoral que se aprobó en esta Legislatura, en buena medida pretendía o pretende corregir esos excesos que se siguen presentando a nivel subnacional. Sin embargo, tenemos que estar atentos para que una vez que esta reforma ya se esté implementando, en efecto se logren estos objetivos.

No puede ser que tengamos distintos niveles de calidad democrática en este país y que, insisto, siga habiendo estados, como es el caso de Chiapas, que pareciera que viven en los años 40´s del siglo pasado, donde ser candidato de oposición es un acto heroico.

Así que agradecemos la solidaridad de todos los partidos con nuestra candidata Yesenia Alamilla; y, por supuesto, también habremos de votar los legisladores de Acción Nacional a favor de este punto de Acuerdo.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a seguir trabajando con las funciones que la Ley Federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública mandata. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a los gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, para que cumplan cabalmente con sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en sus decretos de creación correspondiente, según sea el caso, con el fin de lograr una exitosa implementación del sistema de justicia penal para junio de 2016, en los cuerpos policiacos y conseguir un desarrollo integral de la policía en el país, que le permita funcionar con mayor transparencia, mejor operatividad, eficacia y eficiencia, presentado por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 5 de agosto de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta a los gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, para que cumplan cabalmente con sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en sus decretos de creación correspondiente, según sea el caso, con el fin de lograr una exitosa implementación del sistema de justicia penal para junio de 2016, en los cuerpos policiacos y conseguir un desarrollo integral de la policía en el país, que le permita funcionar con mayor transparencia, mejor operatividad, eficacia y eficiencia.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-2708.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo menciona que con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNP), se esperaba que en corto tiempo la Ley regulara la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional a fin de que esta norma regule la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

La propuesta señala que el SNSP esta integrado prácticamente por Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el cual es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en la materia. Por esta facultad, el CNSP es el encargado de que ya se estuvieran establecidos los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de Seguridad Pública.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único: por el que la Comisión Permanente exhorta a los gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, para que cumplan cabalmente con sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en sus decretos de creación correspondiente, según sea el caso, con el fin de lograr una exitosa implementación del sistema de justicia penal para junio de 2016, en los cuerpos policiacos y conseguir un desarrollo integral de la policía en el país, que le permita funcionar con mayor transparencia, mejor operatividad, eficacia y eficiencia

III. CONSIDERACIONES

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos a diez artículos, siete de ellos en materia penal, los que serian del  16 al 22, por lo cual quedaron sentadas las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México, ad hoc con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

Por lo mencionado en el párrafo anterior,  el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el SNSP, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016.

El sistema de justicia penal acusatorio es oral, sus principios procesales son la publicidad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración, y se fundamenta en el predominio de los derechos fundamentales de víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales.

Todo lo anterior debe traducirse en mayor transparencia y eficiencia, a un menor costo en recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el conflicto penal.

Asimismo podemos mencionar que la parte medular de la reforma está contenida en el Artículo 20 constitucional, donde se establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito. Ahí se establece el principio de presunción de inocencia, al tiempo que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales e impugnación de acciones del Ministerio público. Para cumplir con la meta de implementación se fijo como fecha junio de 2016.

Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica y que tiene la función de apoyar a los gobiernos federal y estatal en el proceso reformista. A su vez, cada Estado del país dispone de un órgano homólogo local.

La reforma, exige un cambio radical de ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, además de nuevos mecanismos procesales y la necesidad imperiosa de una mentalidad acusatoria entre los operadores del sistema de justicia penal acusatorio, y el resto de la sociedad.

Por tal razón, esta dictaminadora manifiesta que algunas entidades federativas ya están en el camino de cumplir con el mandato constitucional y ser parte del nuevo sistema de justicia penal, por lo que se reconoce su labor y esfuerzo en trabajo que están realizando; por otra parte, esta dictaminadora expresa que es necesario que se logre un desarrollo integral de la policía de todo el país, ya que esto permitirá que todo funcione con mayor transparencia, mejor operatividad y eficacia dentro del sistema de justicia penal acusatorio. 

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, para que sigan trabajando con las funciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o sus decretos de creación les mandatan, con el fin de lograr una exitosa implementación del sistema de justicia penal para junio de 2016, y en los cuerpos policiacos del país conseguir un desarrollo integral, que le permita funcionar con mayor transparencia y mejor operatividad dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores:

Y en un breve comentario, sumarme a las participaciones anteriores. Y tal parece que aunque la palabra democracia tenga nombre de mujer o sea en femenino, las mujeres estamos más limitadas en la participación democrática. Obviamente votaremos a favor de ese dictamen.

Hay que decir que existe un dicho muy popular: “Lo que bien empieza, bien acaba”. Y para la óptima implementación y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal en el país, este dicho o refrán debe ser un criterio que no debe desdeñarse, es decir, hay que iniciar bien, para terminar bien.

Desde hace dos años, y sobre todo en las últimas fechas, hemos visto con agrado y satisfacción que cada vez son más las entidades federativas que se encuentran listas en su tarea de implementar el Sistema de Justicia Penal o que muestran avances significativos.

Así hemos conocido de los primeros juicios orales en entidades como Hidalgo o Jalisco, la apertura de nuevas salas orales en diversas entidades del país, así como su implementación en áreas no penales como la laboral.

Tampoco es menor el compromiso que ha mostrado la academia e instituciones de educación superior en el país, mismas que han emprendido la actualización de sus planes y programas de estudio de las carreras de derecho y áreas afines, incorporando, inclusive, en algunos casos simuladores de sala de juicio oral para que sus egresados cuenten con la práctica y el conocimiento necesarios llegando el momento de ejercer su profesión.

También debe ser gratificante para todas y todos que en el primer juicio oral realizado en el ámbito federal, a principios del mes de julio pasado, se obtuvo el fallo condenatorio por el delito de robo de hidrocarburo, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el estado de Puebla, una de las primeras entidades donde se puso en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal.

El hoy sentenciado en ese caso fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes al realizar una revisión de rutina detectaron que en el vehículo se trasladaban 6 mil 800 litros de diesel sin los permisos que acreditaban su legal posesión.

Y me centro en este último aspecto, Sin duda, es uno de los temas centrales y fundamentales para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y su efectiva ejecución.

Si entramos al terreno especulativo para preguntarnos qué hubiese pasado ese 5 de diciembre en aquel poblado de San Agustín Tlaxco, en el municipio de Amozoc, los elementos de la policía estatal tras haber detectado la comisión de un delito hubiesen permitido la marcha de chofer y su carga a cambio de una contraprestación económica, que vulgarmente conocemos como mordida o como moche, de lo anterior ni nos hubiéramos enterado, y se sumarían otras conductas delictivas más al hecho ya mencionado, por la complicidad de quienes deben y están obligados a protegernos.

La trascendencia del hecho sería mayor, pues todo el esfuerzo y recurso que ha invertido el estado en aspectos legales, en infraestructura o capacitación no serían más que el resultado inocuo de una de las reformas de justicia penal más importantes de nuestro andamiaje constitucional y normativo.

Sin embargo, aquellos miembros del estado, actuando con reconocido y ético profesionalismo cumplieron con su deber en estricto apego a las normas legales y vocación de servicio a la sociedad.

Para que los objetivos, metas y propósitos de ese nuevo Sistema de Justicia Penal se cumplan, es menester que la Federación, las entidades federativas y los municipios cuenten con cuerpos policiacos profesionales; y para ello es imprescindible el compromiso de sus máximos responsables o autoridades.

El exhorto, que respetuosamente se les hace, es precisamente para que no cesen en esta tarea, la sociedad mexicana está harta de cuidarse de quienes tienen la obligación de protegerla. No es gratuito que más del 82 por ciento de los habitantes de este país desconfíen de sus policías, de los agentes ministeriales, de los jueces y de todo aquel involucrado en la impartición de justicia.

El llamado que hace Nueva Alianza es para dignificar la situación de los más de 41 mil policías federales, y otros 267 mil estatales y municipales, ciudadanas y ciudadanos con gran vocación, pero que han sido muchas veces denigrados, a los que se les intenta corromper y que en el cumplimiento de su deber cuentan con pocas herramientas para hacer frente a la delincuencia que daña enormemente el tejido social.

El compromiso que tienen con la sociedad es muy alto, pero también nuestra responsabilidad es alta con ellas y con ellos.

Por lo tanto, invito a todos y a todas ustedes para que con su voto a favor sigamos impulsando su desarrollo profesional y su excelencia en el servicio.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores:

La entrada en vigor de la reforma constitucional de seguridad y justicia en junio de 2008, significó un parteaguas en el Sistema de Procuración de Justicia, en virtud de que en ella se establecen las bases para la transición hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el que se privilegia en todo momento el respeto a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los imputados.

También contempla la creación de nuevas figuras y mecanismos procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos de solución, de controversias, las suspensiones condicionales del proceso a prueba y los procedimientos especiales, con lo cual se coadyuva a una impartición de justicia transparente, pronta y expedita.

Asimismo, implica un uso eficiente de los recursos públicos, pues se reducen los tiempos y cargas de las partes implicadas en el conflicto penal. Una reforma de esta trascendencia refiere la creación de un andamiaje institucional que permita su implementación, debido a que conlleva cambios sustanciales en los ordenamientos jurídicos, infraestructura, métodos y procesos, así como los nuevos mecanismos procesales, particularmente la capacitación y actualización de las partes concurrentes en los procesos de este sistema, en donde se incluyen los ministerios públicos, los jueces, los defensores púbicos, los abogados litigantes, los elementos de corporaciones investigadoras y persecutoras de los delitos y de los delincuentes o presuntos responsables.

De tal manera, que a poco menos de un año que se cumpla dicho plazo de los ochos años que se señalaron para realizar las acciones necesarias en la implementación de este sistema acusatorio oral, se tiene en seis entidades registradas el funcionamiento pleno de este sistema, como son: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y recientemente Sonora.
Sin embargo, también hay entidades que tienen avances importantes y sustanciales en un promedio y rango superiores al 68 por ciento, en la cual se encuentran 25 entidades en camino y curso para este compromiso señalado en la reforma constitucional.

Desde el año 2010, se ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para la operación del sistema acusatorio en dichas entidades. Cabe señalar que actualmente existe un fideicomiso de 5 mil millones de pesos destinados exclusivamente para el desarrollo del proyecto en infraestructura y equipamiento en las entidades para dicha implementación.

Asimismo, se han aprobado diferentes ordenamientos que pueden ser complementarios de la reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008, tales como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversia y la reforma constitucional para desarrollar una legislación única en materia de justicia de adolescentes.

Asimismo, es importante resaltar que de acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, se han modificado el 93 por ciento de las legislaciones, tanto locales como federales, necesarias para la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier proyecto es el factor humano. Al respecto, de 2010 al 2014 se han capacitado a 62 mil 440 operadores de diversos perfiles, lo cual representa el 83.4 por ciento del total de los operadores necesarios. Casi 9 de cada 10 ministerios públicos y defensores públicos han sido capacitados; en contraste, sólo 8 de cada 100 policías estatales y policías de investigación han sido capacitados; y sólo el 5 por ciento de los jueces cuentan con la formación necesaria para desempeñar sus funciones en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los legisladores del PRI coincidimos con la proponente en el sentido de que el nuevo sistema penal exige un cambio radical de las normas, la infraestructura, los métodos y los procesos institucionales, por lo que todos los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal necesitan contar con la capacitación que les permita desempeñar estas nuevas tareas.

En ese sentido, resulta impostergable contar con un sistema policiaco profesional, capacitado y con salarios dignos, pues ellos son piezas fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier sistema de impartición de justicia.

Compañeras y compañeros, los datos son contundentes y ponen de manifiesto los esfuerzos y acciones que las entidades federativas e instituciones han llevado a cabo para poder dar paso a un nuevo sistema penal.

No obstante, también es preciso señalar que el avance no ha sido homogéneo, por lo que resulta impostergable que esas entidades y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal redoblen esfuerzos, a fin de lograr la operación del nuevo modelo penal y, de esta forma, coadyuvar a garantizar a las y los mexicanos una impartición de justicia más eficiente y transparente.

En virtud de los argumentos vertidos, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Romo Medina. Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz a investigar sobre la violencia en contra de las mujeres en esa entidad. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias  considere la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa Entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y  su respectivo reglamento, presentado por la Dip. María Guadalupe Talamantes Lemas, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 de junio de 2015, se presentó la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias  considere la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa Entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y  su respectivo reglamento.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1509.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Una de las preocupaciones por parte de la autora del punto de acuerdo, es la violencia de género, ya que denominan a este tipo de violencia como un problema social, una violencia especifica que reciben las mujeres por el simple hecho de serlo; asimismo, relaciona el autor un origen concreto que establece las características de género diferenciadas, a las que se le otorga distinta importancia según la jerarquía de valores que otorga la superioridad al género masculino sobre el femenino.

Asimismo, la autora manifiesta que ningún tipo de violencia, en ningún espacio  puede ser tolerada, mucho menos cuando esta violencia pone en riesgo la vida de las niñas y  las mujeres de determinadas regiones o espacios geográficos. En los últimos meses, se documenta por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la propia sociedad un notable incremento de violencia e inseguridad en el Estado de Veracruz, afectando indudablemente la libertad de todas sus mujeres, particularmente en las últimas semanas se han reportado casos de desaparición, feminicidio y violencia sexual contra jóvenes de los municipios de Boca del Río, Poza Rica y Xalapa.

Por tal razón la autora solicita que se utilice como herramienta la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que tiene como finalidad,  detener y erradicar la violencia contra las mujeres  a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO: Por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias  profundice la  información respecto al  clima de violencia en contra de las mujeres en ese Estado.

SEGUNDO: Por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus competencias, considere la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y  su respectivo reglamento.

III. CONSIDERACIONES

Recabando y exponiendo información, esta Comisión dictaminadora manifiesta que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, se reconoce que “todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, esta igualdad esencial no puede ser desconocida sin que se atente contra la dignidad de la persona.

En el caso de las mujeres, las características que su sexo les determina, definen la llamada “condición femenina”, misma que ha sido utilizada a través de la historia como pretexto para otorgar a la mujer un trato discriminatorio e inequitativo a lo largo de la historia de la humanidad y en casi todos los confines de la tierra, se ha mantenido la idea de que las mujeres son inferiores respecto de los hombres, tanto intelectual como moral y físicamente.

Esta concepción, ha sido defendida por pensadores varones en las diferentes etapas históricas y este pensamiento misógino que parte de la preeminencia y superioridad del varón, y el desprecio a la mujer está íntimamente ligado a una conformación estructural patriarcal de la sociedad.

Desde esa perspectiva se ha identificado una relación entre esa estructura misógina de la sociedad, en la que a la mujer se le considera inferior, con la violencia hacia ellas, en todas las manifestaciones que la violencia asume en los grupos sociales y los cuales se consideran normales todos aquellos medios de control, aún los violentos, para que la mujer permanezca en los espacios privados que son los naturalmente dispuestos para ella.

Cuando saltó a la luz el tema de la violencia contra las mujeres se le relacionó directamente con la sicopatología, la pobreza, el abuso de alcohol y, por supuesto, se le consideró como algo privado que no debía salir de las fronteras del hogar, de esta manera la sociedad patriarcal mantuvo o intentó mantener la discusión sobre la violencia masculina contra las mujeres tratando cada caso como aislado y excepcional.

Colocar el problema como algo absolutamente prioritario en la agenda política, ha sido un proceso muy difícil y ha sido fundamentalmente gracias al gran y permanente esfuerzo de los movimientos de mujeres y feministas.

En perspectiva de la violencia de género de problema privado a problema público, fue además, esencial el reconocimiento de las reivindicaciones feministas por parte de los organismos públicos, y entre ellos por la ONU que en 1993  aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, primer instrumento internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a este tema.

La Primera Comisión, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la propuesta con punto de acuerdo que se analiza, en virtud, de que los índices de violencia y discriminación de género en el Estado de Veracruz y en todo México es un flagelo al que hay que combatir. Esta situación no disminuirá en tanto las autoridades encargadas de velar por la seguridad de la población no apliquen las estrategias que ayuden en tratar de que se termine este problema.

Ahora bien, una de las figuras jurídicas (en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) que se ha implementado para proteger los derechos de las mujeres es la Alerta de Violencia de Género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que se utiliza para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

2. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
3. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

4. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

5. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, manifiesta en su artículo 24 que  la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

1. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

2. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

3. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Esta Dictaminadora, interpretando y tratando de realizar la conexión con lo que solicita la autora (alerta de Género) con lo que manifiesta el artículo, es que se presume que se han elevado los delitos contra las mujeres en el Estado de Veracruz, y esto perturba la paz social en un territorio determinado y organismos de la sociedad civil han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género.

Por tal razón, se pude manifestar que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que  es una herramienta que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene como finalidad, detener y erradicar la violencia contra las mujeres  a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios. Es decir, la alerta es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal de manera articulada para enfrentar y erradicar desde una perspectiva de género, la violencia en contra de las mujeres en un territorio determinado.

Es por lo anteriormente fundado, que esta Comisión dictaminadora considera pertinente realizar el exhorto a la Comisión Estatal de Derecho Humanos del Estado de Veracruz, para que considere y analice la posibilidad de presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género.

Esta Comisión Dictaminadora, expresa que el trabajo legislativo realizado por el H. Congreso de la Unión, con la emisión de las leyes generales para la igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la incorporación de la perspectiva de género a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Planeación; las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para tipificar y sancionar el feminicidio y la discriminación; y la modificación de 15 figuras jurídicas con el objetivo de garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, es un paso de enorme importancia para los derechos de las mujeres.

Los dictaminadores coincidimos  en manifestar que la violencia y discriminación de género estodo acto cometido contra el sexo femenino y que puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; es decir, la violencia contra la mujer es toda acción violenta que recibe por el simple hecho de serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y es considerada un delito.

Esta Comisión, está de acuerdo en que se tienen que combatir ciertas conductas que se ejercen contra las mujeres, y que se tiene que exigir mayor esfuerzo a las autoridades encargadas de la procuración de justicia del país, ya que a nivel nacional, se subraya el hecho de que todas las entidades federativas cuentan con una legislación específica sobre violencia contra las mujeres, y los 31 Estados y el Distrito Federal con un sistema de coordinación interinstitucional.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas. Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los  siguientes:

RESOLUTIVOS

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus facultades, desarrolle una investigación sobre la violencia en contra de las mujeres en esa entidad, y con base en el resultado de dicha investigación, analice la posibilidad de presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Estando en este recinto, como decía mi compañero Fernando Belaunzarán, se predica y se debería de predicar con el ejemplo, Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores, sobre este tema, incluso ya comentó también la Senadora Angélica de la Peña.

Este pronunciamiento sobre la alerta de género en Veracruz, México vive en una crisis de violencia que golpea con mayor severidad a sectores históricamente vulnerables como las mujeres.

El estado de Veracruz sufre un ambiente de violencia grave, objetiva, sistemática y generalizada, como ya ha sido documentado por la prensa nacional e internacional y Organizaciones No Gubernamentales.

Ese clima ha propiciado que la violencia de género en la entidad se haya incrementado a niveles preocupantes, como lo ha sostenido el grupo parlamentario del PRD a lo largo de la actual Legislatura.

El derecho de las mujeres y de las niñas a vivir sin sufrir violencia es un derecho fundamental inalienable.

No obstante, en México la violencia en contra de las mujeres ha ido en aumento cada día, al amparo de la actuación omisa de gobiernos y funcionarios que la permiten y la toleran.
La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres, situaciones que han sido difíciles de revertir. En tanto, persiste la resistencia de generar cambios que modifiquen el estatus, tanto el avance del desarrollo de estrategias de transformación a partir de políticas públicas, un marco jurídico apropiado y esquemas de educación, prevención y sanción de las diversas expresiones de violencia de género, no sólo física, sino también emocional.

Y también lo hemos comentado, lo comentábamos en corto en la Cámara de Diputados, y ojalá y siga en funciones, y se lo podemos decir a la Senadora Angélica de la Peña, y a todas y todos los Senadores, el tema que tiene que ver con la violencia política que sufrimos muchas mujeres, y también lo digo, en muchos de nuestros estados, como es el estado de Quintana Roo.

A pesar de los avances legislativos en la materia del dictaminen sujeto a discusión, en México todavía nos enfrentamos a grandes espectros de violencia generalizada en el contexto social, como ocurre en el estado de Veracruz y otras entidades.

De acuerdo con el artículo 1o. constitucional, los derechos de las mujeres están contenidos en los tratados internacionales que México ha ratificado y son parte de la misma Constitución.

Por esta razón, todas las autoridades se encuentran obligadas a aplicar dichas normas de conformidad con los estándares internacionales de protección, entre ellos las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A pesar de ello, y de que han pasado más de 30 años desde la ratificación de la Convención por la parte del Estado mexicano, y de la reiteración constante de las recomendaciones de su comité, la garantía de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una asignatura pendiente.

De ello dan cuenta las cifras oficiales, y si me permiten, lo digo de manera rápida, las cifras pareciera que son números, pero reflejan una realidad.

A nivel nacional, en 2011, 42 de cada 100 mujeres declararon haber sido o haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental psicológica; mientras que 24 de 100, recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar. Pareciera que no, pero la violencia económica también sigue creciendo, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

En cuanto a la violencia física, el Estado de México tenía el porcentaje más alto de mujeres afectadas con 15.5 por ciento; mientras que Sinaloa tenía 9.7 por ciento. La tasa nacional es de 13.5 por ciento, ahora se agrega la de Veracruz a la estadística.

Según el Estudio de Violencia Feminicida en México, en 2010 se registraron en el país 2 mil 337 muertes de mujeres con persecución de homicidio; y organizaciones civiles argumentan que entre 2011 y 2012, se cometieron 563 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 115 fueron investigados por feminicidio.

El propio Instituto Nacional de las Mujeres ha afirmado que en México tenemos un promedio de 6.5 feminicidios al día.

El balance general indica que de 1985 a 2010 se consumaron, en este país, poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas.

Quisiera terminar diciendo que, frente a este panorama, nuestro grupo parlamentario, a través de la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, a cargo de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, ha propuesto diversas medidas de política pública y una reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que cumpla con los fines, ser un instrumento jurídico con perspectiva de género, que establezca las acciones y mecanismos institucionales que brinde a las mujeres garantías para vivir libres de violencia aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno.

La situación prevalece en el estado de Veracruz, y amén de todo el caso de los periodistas, lamentablemente en diversas entidades de la República, nos obliga a redoblar esfuerzos para hacer frente a este fenómeno que lacera a la sociedad entera y completa de nuestra nación.

Nos sumamos, de manera decidida, al llamado de esta Comisión Permanente, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz, en el ámbito de sus facultades, presente una solicitud de alerta de violencia de género en la entidad.

¡No tenemos tiempo, ellas nos esperan!

La violencia de género debe ser detenida con acciones de los tres niveles de gobierno, con la participación decidida de este Poder Legislativo.

Y, por último, quiero comentar que el colectivo Observatorio Ciudadano registró unos 66 feminicidios y sólo, leo textualmente lo que ellas dijeron, en todo el territorio veracruzano, por lo que urgió a una alerta de género en el estado. La rueda de prensa, las integrantes de la agrupación observatorio ciudadano nacional del feminicidio “Alma Celia San Martín”, dijo que la situación es grave porque no cuentan con cifras oficiales; esto lo dijeron en entrevista, lo han dicho de manera reiterada, lo han dicho a través de las redes.

Por favor, hagamos caso. Urge atender esta violencia de género.

Y en este caso, también dicen que esto lo han solicitado a todo lo que es la fiscalía de justicia del estado y no han resuelto, hasta el momento, todas y cada una de sus peticiones.

Legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, y de esta Comisión Permanente, toda la fuerza del Estado para detenerlas, para detener estos asesinatos y estos feminicidios.

Muchísimas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Saldaña Fraire.

Compañeras y compañeros, Esta Presidencia saluda la presencia del congresista de la República del Perú, Omar Chehade Moya, invitado a esta sesión por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

Sea usted bienvenido.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Es muy preocupante que los índices de violencia, en todos los ámbitos de la vida pública y privada en contra de la mujer, estén subiendo de tal manera, que el día de hoy abordamos varios dictámenes que tienen que ver con este tema tan preocupante.

Al final de este día, seis mujeres habrán sido asesinadas a lo largo y ancho del territorio nacional, como todos los días en nuestra dolorosa realidad.

La violencia contra la mujer es un problema social y de seguridad pública. Constituye, como ya se ha dicho aquí, una violación a sus derechos humanos y es un agravio, sin duda alguna, en contra de sus libertades fundamentales.

Quizá de poco sirve que por mandato constitucional esté prohibida toda forma de discriminación motivada por el género o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas; y en este caso específico, de las mujeres.

Pero de facto ocurre que diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil documentan todos los días el incremento de violencia de género y de inseguridad en el estado de Veracruz, y en este caso, que afecta particularmente a las mujeres.

De acuerdo con el Estudio sobre la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y Consecuencias 2012-2013, elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en el estado de Veracruz, un millón 272 mil 7 mujeres de 15 años y más, sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual.

Este mismo informe refiere que el 28.3 por ciento de las mujeres en la entidad son violentadas en el ámbito público sufriendo intimidación, abuso sexual o agresiones físicas.

En relación con los delitos de violencia sexual y homicidios dolosos en el estado de Veracruz, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registran que entre 2012 y 2013 se cometieron 1,347 violaciones sexuales y 1,831 homicidios dolosos, respectivamente.

Por su parte, el INEGI refiere que en 2012 se registraron 142 defunciones femeninas por homicidio, mientras que la Procuraduría de Justicia del Estado, no proporciona el número de asesinatos de mujeres cometidos durante el mismo periodo.

Sin embargo, si cruzamos los datos, la Secretaría de Salud de Veracruz registró 4,610 ingresos hospitalarios de mujeres por lesiones o agresiones, de los cuales hubo 709 defunciones.

En las últimas semanas, se han reportado casos de desaparición, feminicidio y violencia sexual contra jóvenes de los municipios de Boca del Río, Poza Rica y Xalapa.

Por esa razón estamos, en Movimiento Ciudadano, en favor de este dictamen. Y consideramos que es urgente declarar la alerta de violencia de género que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya finalidad es erradicar la violencia contra las mujeres a través de acciones gubernamentales de emergencia.

Y consideramos que esto no debe ser solamente en Veracruz, sino en todos los rincones de México.

Ni una más. Ese es el grito de protesta que recorre América Latina. Pero ese grito debe traducirse en políticas públicas que frenen los asesinatos en contra de las mujeres.

Ningún tipo de violencia en ningún espacio público puede ser tolerada; y mucho menos cuando esta violencia pone en riesgo la vida de nuestras niñas y de las mujeres.

“Si tú murieras, las estrellas a pesar de su lámpara encendida perderían el camino. ¿Qué sería del universo?”, escribía en Altazor, de Vicente Huidobro.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Danner González.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, lo que está sucediendo en Veracruz es verdaderamente grave. Y no solo es, algunos dicen, es que la demanda que ayer presentamos Miguel Alonso Raya y un servidor, de juicio político, la solicitud en la Cámara de Diputados, contra el gobernador Duarte, esperemos que ya se forme la comisión en la Cámara de Diputados y lo pueda procesar.

Dicen, es que, lo de la Narvarte no está comprobado que haya sido él. Es que no se requiere que él sea culpable o tenga una responsabilidad en el multihomicidio de la Narvarte, que por cierto tiene que seguirse esa línea de investigación y aclararse, con la necesidad de juicio político.

Quitando eso, perdón, Veracruz es un estado sin estado de derecho. No hay estado de derecho en Veracruz. Lo vemos con las mujeres, lo podemos ver en muchísimos indicadores.

¿Por qué no hay estado de derecho en Veracruz? Entre otras cosas, porque el gobierno es parte del problema. Gran parte de la sociedad no solo se siente amenazada por un crimen organizado, verdaderamente feroz, atroz, que actúa con una gran impunidad; también se siente amenazado por el gobierno.

Vean nada más las denuncias de las organizaciones civiles, en México y en el extranjero de lo que está pasando en Veracruz.

Hay 140 agresiones a periodistas documentadas por artículo 19, nada más en los 4 años. De esos, los 14 asesinatos 2 corresponsales, por cierto, que podrían ser 16 corresponsables, de un periódico de Veracruz.

Hay desaparecidos, intimidaciones, 53 de esas son agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, etcétera. Y además no solo es eso, hay un problema de seguridad pública; y según la Auditoría Superior de la Federación, en 2013, hasta el 31 de diciembre, había un subejercicio del 70 por ciento para la seguridad pública. 114 millones, que era para el tema de la seguridad pública, fueron depositados en cuentas no autorizadas y se le pidió a la PGR que iniciara las investigaciones por ese asunto.

Entonces, el problema es que no hay estado de derecho en Veracruz. No importa de qué partido sea ese punto, porque miren, lo que a veces pasa y uno oye en la noticias, lo que fue un buen tiempo Michoacán, lo que pasa en Tamaulipas, uno dice: el gobierno está rebasado.
Pero en Veracruz lo que se dice es: el gobierno es parte del problema. La sociedad también se siente amenazada por el gobierno del estado.

Y la verdad es que el crimen va a la alza, hay una tremenda incapacidad y los ciudadanos no sienten que el poder público esté de su lado. Ese es el verdadero problema.

Por eso presentamos la solicitud de juicio político contra Javier Duarte, y que se tiene que ver con absoluta objetividad. ¿Hay estado de derecho o no?

Y me parece que todas las evidencias apuntan, objetivamente, a que no lo hay. Y si no hay estado de derecho, perdón, lo que tienen que hacer, la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, es proceder con ese juicio político.

Ojalá lo hagan, porque lo que ocurre con las mujeres, con los periodistas, con el aumento en la inseguridad, es solamente un síntoma de un mal mayor, de la ausencia del estado.

Porque además, a lo mejor, lo que se dice a voces en todos lados, hay una infiltración del estado.

Obviamente no es privativo del estado de Veracruz. La infiltración del crimen, a los más altos niveles del estado es conocido en muchas entidades.

Y, bueno, quién puede explicarse la fuga del Chapo, sin una infiltración al máximo nivel del crimen en el Estado mexicano. Son cosas gravísimas que tenemos que discutir, ese es un problema estructural que nosotros tenemos.

Miren, ahora se sabe, con lo de Ayotzinapa, que se perdieron las evidencias del caso Ayotzinapa, que la ropa de los estudiantes se perdió.

Si es imperdonable que se haya fugado el principal capo del narco en México por segunda ocasión, de un penal de alta seguridad, imagínense que se pierdan evidencias del caso que conmovió a este país y a la opinión pública nacional e internacional por la desaparición de los 43 estudiantes, se pierden las evidencias.

¿Qué pasa con nuestro Estado? Ese es un problema.

Y yo lo he dicho, ojalá algún día tengamos el valor para tomar al toro por los cuernos, la raíz de todo esto está en la guerra fallida contra el narco.

La guerra fallida contra las drogas ha sido una guerra contra la sociedad, contra las personas, hoy son más fuertes los cárteles de la droga y más débil el Estado, que cuando esto pasa, y si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener distintos resultados.

Entonces, apoyo obviamente el punto de Acuerdo y explico que hay ya una solicitud de juicio político contra el gobernador Javier Duarte, precisamente por esa situación de ingobernabilidad, de zozobra de los periodistas, en donde el poder público en lugar de cuidar y ver qué actitudes, no sólo no usa los recursos, sino que incluso llega a exponer más a los periodistas diciéndoles: “Si les pasa algo, es por su culpa”.

Cuanta irresponsabilidad.

Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Fernando Belauzarán.

Para hablar sobre este mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.

Es muy fácil venir aquí a la tribuna con vehemencia y con un espíritu de exaltación y excitación a hablar sobre situaciones no muy precisas.

Yo quisiera dejar claro aquí en esta tribuna, hechos y constancias claras sobre el tema de Veracruz.

En primer lugar, fue clasificado, el día de ayer y hoy se ha publicado, como el primer estado en detención de secuestrados. Hay 54 presuntos delincuentes de 12 plagios que intentaron realizar en Veracruz y que fueron rescatados con vida, en este caso, los afectados.

Quiero decirle, también, que en el estado fue creado el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, a través del cual se busca garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres.

Comentarle que dice aquí sobre el tema de los recursos, los cuales la Federación actúo a petición de la Comisión Permanente, y fueron solventados cada uno de los temas que fueron presentados.

Que no se le dé seguimiento y que no se informe, hasta ahorita no ha habido acción de ninguna índole, porque fueron solventados.

Decirle también, que como en todo el país, hay hechos que se presentan, pero creo que debe quedar marcado que ya es Veracruz cliente permanente en cada sesión que hemos tenido aquí; si no es de una manera, es de otra, y hemos estado también pendientes y hemos reclamado, como lo hicimos en el caso del periodista, nosotros pedimos que fuera la autoridad del Distrito Federal, donde es un gobierno diferente, y los mismos antecedentes del Jefe de Gobierno, sabemos que el tema se va a resolver y a aclarar a donde llegue, que eso es importante, no estamos pidiendo ni estamos viendo si hay impunidad.

Decirle también que no se vale tratar de mal informar a la sociedad diciendo, por ejemplo, de la fuga del Chapo, digo, si hay caso concreto y específico hay que señalarlo, pero no se vale en un tema mencionar que hay inmiscuidas autoridades superiores, puesto que de muchos años atrás, 13 concretamente, que andaba en fuga, se le detuvo con una buena coordinación y se le va a volver a detener, no hay duda, pero sí en lugar de hacer un bloque de unidad institucional, parece que nos conviene sacar raja política de cuando hay un tema que al final del día nos afecta a todos, no quiere decir que es el que está en el gobierno, porque el gobierno son instituciones y cuando somos instituciones tenemos que estar fuertemente aliados.

Quiero dejar claro, también, que en el tema que nos involucra y nos llamaron para este asunto que estamos comentando, es importante decir que el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional ha estado actuando, ha estado pendiente, y dentro de sus gobiernos y el gobierno federal está cuidando que no haya violencia contra el ser más importante que tenemos los seres humanos, que es la mujer.

Todos son importantes, pero el símbolo y lo que significa la mujer para nosotros es sumamente valioso e importante.

Hay acciones precisas y que debemos de señalar también que vayamos en una función de responsabilidad.

Y en el caso concreto que se presentó ayer, el asunto de un juicio político al   gobernador, el que lea lo que se menciona, verá que es más tema de medios que sustancia legal.

Por lo mismo, estamos presentes a un tema más de percepción que de rango legal, y no se vale.

Yo les puedo decir que no se vale, porque si hay algo que se ejecute y que se proceda, no hay impunidad, y el propio grupo legislativo estaría de acuerdo; pero lo que no se vale es estar insistiendo en un tema que una autoridad poco a poco va a ir aclarando y tendrá que aclarar. De lo contrario, entonces, vamos a tener juicios políticos en puras percepciones o puras orientaciones que tengamos que decir aquí.

Vayamos siendo responsables y vayamos en un orden, en un sentido de que lo que hagamos en verdad funcione a la gente, en verdad le beneficie, y las leyes que a veces trabajamos y coordinamos van en función de eso.

Por eso pido, a mis compañeras y compañeros legisladores, que hagamos y tengamos un discurso contundente, pero con sustancia legal, no mediática ni de percepción; porque entonces cada quien tendrá su orientación y su visión, y tendremos Méxicos diferentes, y creo que eso no conviene, porque al final del día cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso con quienes votaron por nosotros para estar aquí.

Y en mi caso concreto, les puedo decir que estoy muy cercano, me gusta comentar las cosas que platico y están enterados en mi distrito. Lo que digo, lo digo con tranquilidad y fortaleza, porque tengo el respaldo de mis electores.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Montano Guzmán.

Por último, se concede el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Aguilar Gil, para referirse a este mismo tema, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Aunque pareciera que este es el juego para venir a defender o atacar gobernadores en esta tribuna, me parece que el tema de fondo es mucho más importante.

Estamos hablando de violencia de género, segundo punto en el Orden del Día en el que se habla del tema, no solamente hoy en Veracruz, donde viene y se nos dice que ya se hizo, inclusive, un instituto para erradicar la violencia contra las mujeres, yo le diría a quien ha comentado eso, que hemos llegado tarde en México y hemos llegado tarde en los estados, no deberíamos estarnos aquí vanagloriando de eso mismo.

Sin embargo, lo que es importante hablar, porque yo he escuchado con detenimiento los recursos de los compañeros que me han antecedido en la palabra, es que, primero, el feminicidio está catalogado internacionalmente como la forma última del odio de género, tenemos que aceptar en el Estado mexicano que el feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres solamente por causales de género, es finalmente un problema social que tenemos que atender y que no solamente tiene que ver con la violencia de los hombres, tiene que ver, en realidad, con la violencia generalizada de las instituciones, incluyendo ésta, las mujeres y los hombres contra las mujeres que se ven en esta situación.

Sin embargo, yo hacía una reflexión en mi curul de todos los buenos deseos que se venían hacer aquí. Es muy fácil que yo como mujer de izquierda venga a decir que me uno a todos los buenos deseos de que no haya violencia política contra las mujeres en Chiapas, como bien decía el Senador Zoé Robledo, y que no haya violencia física ni de género contra las mujeres en Veracruz, y si en Veracruz son o no misóginos.

Pero no vale, porque este es un discurso que se da, como en este salón, donde pareciera que a nadie le interesa porque parece que es un tema de “viejas”. Este es un tema de “viejas”.

El tema de género es un tema de mujeres, y entonces donde: “Ya van a empezar estas viejas locas, pues aquí hablar sobre sus derechos”, y entonces donde es políticamente correcto venir aquí a posicionarse y a decir de los dientes para afuera lo que es políticamente correcto, pero hacia dentro cuántas compañeras Diputadas y Senadoras hemos escuchado: ¿quién va a pagar el género?, ¿a quién le va a tocar pagar el género? Porque, pues no es que no haya mujeres en el partido, lo que pasa es que no hay mujeres capaces. O que la ponga, al cabo al rato la hacemos renunciar, el caso de las Juanitas.

Si la violencia de género, señoras y señores legisladores, se vive en las esferas más altas de la política, si la violencia de género, o como ahora se les ha dado por llamar “la violencia de género en la política”, se da en estas instituciones que deberían de construir políticas públicas para defender a las mujeres, entonces qué podemos esperar de la creencia de todos estos legisladores que vienen a dar discursos de los dientes para afuera; y no generalizo, habrá aquí quien venga con convicciones a hablar del tema.

Yo simplemente diré que los discursos no valen, no vale decir que ya avanzamos porque está prohibida la violencia de género en la Constitución y porque ya vamos a erradicar la violencia contra las mujeres. Erradiquemos la violencia silenciosa, erradiquemos la violencia en las instituciones, erradiquemos la violencia en instituciones como esta, e inclusive para atender este tema, porque inclusive las propias mujeres somos culpables de que no se tome en serio el tema de la equidad de género.

La protección de la mujer, la protección de la política, de las políticas en el tema de género no será suficiente, siempre habrá que preguntarles, no solamente a las mujeres en la política, sino a las mujeres en la calle, a las mujeres indígenas, ¿qué es su perspectiva sobre el respeto de sus derechos?

El pensar aquí que venir hablar, a dar estos discursos de que tenemos que generarles y protegerlas, señores y señoras legisladoras, nosotros nos podemos proteger solas, el único tema es que las instituciones deben de generar un piso firme para que de verdad todos y todas tengamos igualdad de oportunidades porque no somos iguales, pero sí debemos de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos.

Basta de discursos, hay que hacer más realidades.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Aguilar Gil. Este dictamen se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente condena las amenazas hechas en contra de la Diputada Federal Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta  Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar las amenazas hechas en contra de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y a preservar su integridad física y la de su familia, así como a respetar su fuero constitucional”, presentada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar las amenazas hechas en contra de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y a preservar su integridad física y la de su familia, así como a respetar su fuero constitucional”.

A. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-891.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente señala que el presente proceso electoral del 7 de junio ha sido marcado por la violencia y la inseguridad en varias regiones del país pues han dejado como saldo la muerte de 22 personas y al menos 72 ataques sufridos por aspirantes a un cargo de representación popular o que estaban vinculadas a una función de promoción el voto a favor de algún precandidato o candidato  o de militantes de algún instituto político.

En ese contexto hace alusión al caso de Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, quien interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la delegación de Veracruz, pues, de acuerdo con el diputado, la legisladora interpuso dicha denuncia en virtud de que ha sido objeto de amenazas e intimidaciones  por sujetos con armamento de grueso calibre, reservadas para el uso exclusivo del ejército en la localidad del Salto del Agua de los Islaba Dos, Colonia Hidalgo, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, el diputado manifiesta que estas acciones en contra de la diputada podrían estar vinculadas con la operación de compra de votos por parte de la coalición PRI-PVEM.

Considera que los partidos políticos representados en esta Comisión Permanente deben pronunciarse en contra de la violencia, por lo que es necesario que ese órgano legislativo exprese su más enérgica condena a las amenazas hechas en contra de la  diputada y se pronuncie por la preservación de su integridad física y de su familia, así como por el respeto a su fuero constitucional.

Asimismo, propone un exhorto al INE para investigar los hechos denunciados ante la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito XIX Federal Electoral con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz por compra, coacción e inducción del voto cometidos por la Coordinación Regional de SEDESOL, con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz a favor del candidato C. Jorge Alejandro Carvallo Delfín postulado por la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, de esa misma cabecera.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investiguen con celeridad y prontitud los hechos denunciados por la Diputada Federal Yazmin de los Ángeles Copete Zapot en la averiguación previa AP/PGR/VER/SAT/1/085/2015 en los que se involucra al C. Jorge Alejandro Carvallo Delfín quien fue postulado por la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su más enérgica condena a las amenazas hechas en contra de la diputada federal Yazmin de los Ángeles Copete Zapot y se pronuncia por la preservación de su integridad física y de su familia así como por el respeto a su fuero constitucional.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que investigue los hechos denunciados ante la Junta Distrital Ejecutiva del Distrito XIX Federal Electoral con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz por compra, coacción e inducción del voto cometidos por la Coordinación Regional de SEDESOL, con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz a favor del candidato C. Jorge Alejandro Carvallo Delfín quien fue postulado por la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, con cabecera en esta misma ciudad.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora expresa su solidaridad a la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot y se pronuncia por la necesidad de contar con medidas de seguridad efectivas, principalmente para quienes, por actividades inherentes a su militancia, ideología o por las opiniones vertidas a partir del cargo que ocupan, puedan ser objeto de intimidaciones, agresiones o  bien, que por el desempeño de su labor su seguridad  personal y familiar pueda vulnerarse.

En ese sentido, de acuerdo con las consideraciones del proponente, la diputada fue agredida las acusaciones que había hecho públicas sobre la operación de compra de votos a favor de la coalición PRI-PVEM; de acuerdo con declaraciones de la diputada, un grupo de jóvenes, con armas de grueso calibre, la amagaron y, en repetidas ocasiones y, según su dicho, se le hizo saber que el motivo de las amenazas estaba relacionado con Jorge Alejandro Carvallo Delfín, quien fue postulado por la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, con cabecera en esta misma ciudad.

Ahora bien, de acuerdo con los legisladores Miguel Alonso Raya y Yazmín Copete, el equipo de trabajo de esta última también ha sido objeto de agresiones, amenazas y agresiones, relatan que el 19 de mayo fueron interceptados por un grupo de personas fuertemente armadas que los  amenazaron y hostigaron de manera directa y  causaron daños materiales al equipo de sonido de su propiedad, hechos  que fueron denunciados ante el Ministerio Público municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz y se encuentran en investigación bajo la Averiguación Previa AP/PGR/VER/SAT/1/085/2015.

De acuerdo con declaraciones, tanto de la diputada como de su equipo de trabajo, estos sujetos, aseguraron en todo momento, que estaban bajo las órdenes del candidato C. Jorge Alejandro Carvallo Delfín quien fue postulado por la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, con cabecera en esta misma ciudad.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora estima necesario señalar que, entre sus atribuciones, no se encuentra la de investigación ni mucho menos persecución judicial, por tanto, si bien la diputada señala un posible responsable de lo ocurrido, los legisladores integrantes de esta Comisión se manifiestan por el derecho de toda persona a ser juzgado y a la presunción de inocencia, pues corresponde a las autoridades del poder judicial determinar quiénes son responsables por la comisión de algún delito.

Las denuncias que han hecho objeto de agresiones a la diputada Yazmín Copete versan sobre la  compra de votos por parte de la coalición PRI-PVEM ante Junta Distrital Ejecutiva del Distrito XIX Federal Electoral con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz por compra, coacción e inducción del voto cometidos por la Coordinación Regional de SEDESOL, con sede en la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz a favor del mismo candidato C. Jorge Alejandro Carvallo Delfín de la Coalición del PRI-PVEM en el distrito XIX, con cabecera en esta misma ciudad, una impugnación en la que constan pruebas y alegatos suficientes que las autoridades electorales deben valorar con toda puntualidad.

Por tanto, estos hechos no sólo representan un atentado en contra de personas en el ejercicio de sus libertades de asociación y de libertad de expresión, sino que podrían constituir un delito electoral del cual el órgano competente debe tener conocimiento para establecer las sanciones correspondientes.
En virtud de que la legislación electoral vigente establece que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y en atención a que las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione a la ciudadanía a revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto; condicionar los beneficios de algún programa social, amenazar la permanencia empleo para que se vote a favor o en contra de un partido político o un candidato en particular, la compra, presión o condición del voto, debe ser denunciado ante la Procuraduría General de la República, específicamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Conforme a lo anterior, esta Comisión considera procedentes los resolutivos propuestos en sus términos, en atención a que ninguna agresión debe permitirse ni consentirse, y bajo el entendido de que las elecciones son parte fundamental de la vida democrática de nuestra República consagrada en la Constitución y, por tanto, deben esclarecerse todos aquellos actos que puedan mermar la credibilidad y legitimidad de los comicios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVOS

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente a las amenazas hechas en contra de la diputada federal Yazmin de los Ángeles Copete Zapot y exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que se investiguen con diligencia e imparcialidad los hechos denunciados en la averiguación previa AP/PGR/VER/SAT/1/085/2015.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos materia del presente dictamen, que pudieran ser constitutivos de un delito electoral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Par hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Lizbeth Rosas Montero: Con su venia, señor Presidente.

Nuevamente vengo a esta tribuna, y con todo cariño y respeto para mi compañero el Diputado Montano, compañero de Veracruz, que además me toca hablar de este tema, porque para mí Veracruz es como mi segunda tierra, de allá era mi madre y es un profundo cariño el que le tengo.

Pero lo más grave aquí en este estado, fuera de todos los temas que hemos estado hablando, es que este es un problema de una conducta sistemática y permanente por parte de un gobernador cerrado, obtuso, que no escucha ni a los propios ni a los extraños, ni a los de su partido, ni a los del PAN, ni a los del PRI.

Que se dedica a atacar, a censurar cualquier situación que no le parezca que está acorde con lo que es su gobierno, que se ha caracterizado por ser un gobernador ineficiente en el tema de seguridad.

Exhortos, compañeros Diputados, hemos tenido muchísimos desde que inició esta Legislatura, y el señor no escucha, no escucha, no genera las condiciones, no aplica las medidas cautelares de protección ni a ciudadanos secuestrados o levantados. Yo personalmente tengo 2 sobrinos que fueron levantados en Veracruz, en Xalapa, y que se vinieron prácticamente perseguidos de allá para garantizarles la seguridad.

Cientos de reporteros, ciudadanos, empresarios, un incremento de la incidencia delictiva desmedido y un estado que goza de total impunidad.

Y yo, compañeros Diputados y Senadores, les pido que en eso cerremos filas; lo que no podemos tolerar es que sigamos teniendo gobernantes así, sea del partido que sea, y lástima que se fue el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, mi querido Senador Gamboa Patrón, porque yo lo que le quiero pedir es precisamente que sea el Senado y que sea la nueva Cámara de Diputados quienes llamen al gobernador Javier Duarte a una mesa de diálogo, a una mesa de paz, a una mesa donde se reconozcan errores y se componga y rectifique el rumbo de Veracruz.

No puede haber más persecución política ni violencia, nosotros mismos, y aquí no me dejarán mentir mis compañeros Diputados, cuando inició la Legislatura tuvimos que apersonarnos 30 legisladores federales, hacer viaje a Veracruz, a Xalapa, para hablar con el gobernador por el trato, la persecución y la violencia que estaba sufriendo un compañero Diputado de nosotros, Uriel Flores, de Xalapa.

Han sido los del PAN, me ha tocado escuchar muchas veces al Senador Yunes en las mismas circunstancias, me ha tocado escuchar al compañero Danner González, y me ha tocado escuchar a los compañeros, y ahora a mi compañera Yazmín que, además, es una política que siempre ha buscado el diálogo y el consenso.

Entonces, yo sí les quiero pedir, compañeros, que en ese sentido generemos las condiciones, más allá de las diferencias, para lograr los consensos y lograr cambiar entre todos la actitud de este gobernador.

No sé qué rumbo vaya a tomar el asunto del juicio político porque en México en ese sentido nunca pasa nada, y son como verdaderamente trámites absurdos que no llegan a nada; pero en ese sentido creo que para eso estamos nosotros, para generar esas condiciones de diálogo, de disposición, que acuerde, que consense, que se siente con los principales actores políticos del estado para que precisamente termine la censura, termine la violencia y, precisamente, también termine esa persecución política de la que no es sólo objeto un político, cuando menos en lo que a mí respecta, me consta de más de 20 legisladores que están en las mismas circunstancias.

Entonces, yo les pido ese cierre de filas, que haya un compromiso del Senado para darle seguimiento a este asunto. Si no lo quieren traer a comparecer, entiendo, están en su derecho como mayoría, aunque no lo comparto; pero lo que no podemos seguir haciendo es, precisamente, no corregir la situación y llamarlo a generar un estado de paz que recupere la confianza de los veracruzanos.

Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Una vez más venimos aquí a hablar sobre el comportamiento del gobernador de Veracruz, el comportamiento tan lamentable que ha tenido durante su gobierno, y en lo que le falta todavía de gobierno; seguramente estaremos viendo muchas más malas actitudes, amenazas contra periodistas, en este caso contra una Diputada Federal.

Hemos visto, también, que en las redes sociales ha sido explosivo. Siempre que se dice algo o que se le cuestiona sobre su persona, se molesta. Pareciera que le molestan al gobernador Duarte, primero, las críticas; y segundo, el que se le cuestione el mal gobierno que ha tenido a lo largo de estos años.

Y el mal gobierno no lo decimos en esta Comisión Permanente, sino lo dicen los ciudadanos, lo dicen hoy las encuestas.

Y yo sí insistiría. Mi compañero Senador Fernando Yunes ha sido recurrente. Hemos apoyado y respaldado varios puntos de Acuerdo en donde cuestionamos el mal gobierno del gobernador Duarte, en donde cuestionamos también la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del estado de Veracruz.

Y una vez más, insisto, están las amenazas que han sufrido periodistas, las amenazas que ha sufrido también la clase política que no comparte la misma visión que el gobernador.

Yo sí quiero que no quede este punto de Acuerdo como un llamado a misa, porque lamentablemente así pareciera. Hacemos aquí exhortos, hacemos peticiones y desafortunadamente el gobernador Duarte no solamente sigue manteniendo la misma actitud de cuando comenzó el gobierno, sino que su comportamiento aún es peor.

Hoy estamos hablando de una amenaza más hacia una Diputada Federal. Es un tema que no podemos seguir permitiendo en este Parlamento.

Yo espero que hagamos lo necesario para que el gobernador se comporte como se tiene que comportar; y sobre todo, me parece crucial y hago segunda a lo dicho aquí por mis compañeros, regresar la paz al estado de Veracruz.

Va a ser muy difícil regresar la paz si se tiene al frente de ese gobierno a un gobernador sobrado, a un gobernador con poco conocimiento, a un gobernador que no reconoce lo que está ocurriendo en Veracruz, y los que están pagando los platos rotos son los veracruzanos.

No podemos guardar silencio en esta Comisión Permanente ante lo que ocurre en este estado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.
Tenemos ahora la discusión del dictamen por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Para hablar sobre este asunto; se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la Asamblea.

Dicen por ahí que la democracia es el régimen en que la mayoría reconoce los derechos de las minorías. En la realidad, la democracia bien construida es el régimen donde las mayorías son construidas en realidad por minorías, entonces reconocen los derechos unos de otros.

Este punto de Acuerdo que presentó el Senador Blázquez, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, tiene la intención de hablar del cómputo distrital que se presume no permitió o ha tenido al PT en la línea de obtener o no el registro.

Un millón 340 mil votos es lo que obtuvo el PT en la pasada elección del 7 de junio. 2,554 votos son los faltantes al momento del día de hoy para obtener el tres por ciento de la votación válida emitida, tal como lo marca la LEGIPE, es decir, nos encontramos en el 2.99938 por ciento de la votación válida emitida.

Nosotros hemos insistido, y por eso he pedido hablar en este punto a discusión, que el PT, a pesar de lo que se ha dicho en la prensa, es un partido que no solamente conserva su registro, sino que además tiene derechos plenos, y que más allá de todos los problemas que nos hemos encontrado en el camino, hemos decidido tomar una ruta jurídica institucional de la defensa del voto de aquellos mexicanos que decidieron votar por nosotros.

Estamos avanzando en esta ruta jurídica y el partido decidió como estrategia fundamental, no solamente que en la defensa de nuestro registro y de nuestros votos se presentaran los recursos de ley, sino que también argumentáramos principios de democracia.

Se han logrado anular más de 200 mil votos en todo el país, en una medida del universo de los votos nulos para que éstos aumenten, y como consecuencia también se han recuperado votos del PT que estaban ahí guardados en las urnas.

Es cierto, y no voy a abundar más en el tema jurídico porque me parece que ésta no es la instancia, el futuro del PT está en manos de la autoridad electoral. El día de hoy se tienen que desahogar todos los asuntos que permitan que se pueda integrar la Cámara de Diputados, y como consecuencia, el día de hoy se resolverán todos los recursos de apelación y reconsideración que determinarán si el PT puede alcanzar su registro o no.

Pero yo he pedido el uso de la palabra porque me parece que es importante también hablar no solamente de los números y de la ruta jurídica, sino de lo que esto representa en un principio de democracia amplia.

Se ha dicho mucho y lo hemos escuchado quienes hemos estado en la defensa de este registro, que en la democracia se gana o se pierde por un voto, pero en la realidad, en la democracia de la que muchos han venido a hablar aquí, en la democracia que debe tener principios de pluralidad y de representación, entonces la numeralia se vuelve secundaria, sobre todo cuando hay evidente violación a principios constitucionales como el de certeza, como el de legalidad.
Y para muestra solamente un botón: en los cómputos distritales que se dieron el 10 de junio posterior a la elección, solamente en casillas que se abrieron impugnadas por el PRI, el PAN y el PRD, se recuperaron del PT sólo 10 mil votos. En los procesos de recursos de reconsideración se han recuperado cerca de 800 votos y hoy están en discusión otros 2,200.

Entonces, la pregunta es: ¿Qué tan importante se vuelve, en un sistema democrático, la numeralia frente a la pluralidad? Y ¿Qué tan importante se vuelve un proyecto de izquierda como el que representa el Partido del Trabajo?

El día de hoy nosotros, como se dice por ahí, sabremos nuestra suerte, y nuestra suerte será luego dictada por el Instituto Nacional Electoral, que determinará en las sumas y en las restas si el PT mantiene o no su registro.

Pero yo quisiera hablar un poco de lo que representa, entonces, este proyecto político de izquierda.

El PT, con o sin registro nacional, mantendrá 23 registros estatales orgánicos, vivientes y que son políticamente activos.

Como muchos de ustedes saben, no solamente soy integrante y miembro activo del PT desde hace muchos años. Yo nací y crecí en la génesis del PT, el Comité de Defensa Popular en Chihuahua; nací y crecí en movimientos de izquierda, y el PT evidentemente ha sido el partido en el que yo he militado mucho más allá de que tuviese la concepción de lo que es la política.

Para muchos de nosotros, el PT más que un registro nacional, es una organización social que defiende y defendía causas sociales; es cierto, tenemos que hacer un replanteamiento y tenemos que hacer una autocrítica de qué es lo que debe de representar hoy la izquierda, pero también, y ese es el mensaje que quiero dejar en esta Comisión Permanente, más allá del de los números, el PT seguirá siendo una fuerza orgánica con o sin registro nacional y una fuerza viva, política de izquierda que tiene una apuesta, una apuesta que me parece importante en los equilibrios y en aquello que se considera la balanza de la política.

Una izquierda bien construida, una izquierda unida, una izquierda que más allá de nuestras diferencias pueda avanzar con un proyecto de nación consistente, una izquierda que pueda ser gobierno y también que pueda ser una oposición responsable.

A eso, independientemente de la suerte que se dicte hoy en el Tribunal Electoral, es a lo que le apuesta el PT y a lo que le apostará el PT con 24 registros locales o con un registro nacional.

Muchas gracias por su atención, y quedaré a sus órdenes en esta, la trinchera del PT, y siempre en la trinchera de la izquierda.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada Aguilar Gil. Este dictamen se reserva para su votación de manera separada.






Tenemos la discusión del dictamen por el que se solicita analizar la viabilidad de implementar las recomendaciones contenidas en el estudio titulado “Prevención del delito en México, ¿Cuáles son las Prioridades?”. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictaminación la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a girar sus instrucciones para que previo análisis del estudio ‘Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las prioridades?’, se avoque a implementar las recomendaciones contenidas en el documento precitado, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. Antecedentes generales. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. Contenido de la proposición. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen. Se exponen los razonamientos de los integrantes de la Comisión dictaminadora, con base en los cuales se sustenta el sentido del resolutivo del presente dictamen.

IV. Resolutivo. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a girar sus instrucciones para que previo análisis del estudio ‘Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las prioridades?’, se avoque a implementar las recomendaciones contenidas en el documento precitado, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

2. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el  oficio número CP2R3A.-1766.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora hace manifiesta la preocupación por la incesante ola de acontecimientos violentos, el constante registro de delitos en el territorio nacional y la resistencia del crimen a pesar de los esfuerzos y los logros legislativos en materia de justicia.

Asimismo, resalta la necesidad de explorar y adoptar medidas tendentes a la prevención del delito, pues sostiene que éstas deben prevalecer a las medidas correctivas o represoras, en beneficio de la integridad de los derechos humanos de las personas que pueden ser víctimas o victimarios potenciales.

La diputada enfantiza la relevancia de la cooperación entre los diversos ordenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, con el propósito de interactuar y propiciar el intercambio de información y experiencias que conlleven acciones articuladas y eficaces para la prevención del delito.

En ese contexto y con base en el contenido del estudio denominado “Prevención del delito en México: ¿Cuáles son las PRIORIDADES?”, reconoce la experiencia y los avances obtenidos a partir del “Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia” (PRONAPRED), el cual es impulsado y financiado por el Gobierno Federal, pero comparte las carencias advertidas en el trabajo de referencia, mismas que se resumen de la manera siguiente:

“Hallazgos y Recomendaciones:

1.- Refieren que por segundo año consecutivo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana no hizo públicos los criterios utilizados para seleccionar a las demarcaciones y polígonos en las que interviene el Pronapred con recursos públicos federales. Por lo que se recomienda que se proceda con mayor transparencia.

2.- Además que los diagnósticos que informan al Pronapred 2014 experimentaron cambios positivos sustanciales, pero aún queda el reto de lograr que éstos se conviertan en el insumo principal a partir del cual sean diseñadas las acciones en los polígonos de intervención.

3.- Se aduce quelas acciones propuestas en el Programa cumplen dos funciones: dos tercios de éstas se enfocan  directamente a la prevención y el resto tiene una función de logística e insumos, por lo que no se espera que tengan un efecto en los indicadores de prevención.

4.- En el mismo tenor se indican, acciones que han probado su efectividad para prevenir que jóvenes cometan delitos, como las de acompañamiento académico o la entrega de becas–ambas para individuos en riesgo de deserción–, forman parte del Programa pero se destaca que son muy escasas.

5.- En contraste, las campañas temáticas registran una frecuencia y peso presupuestal desmedidos a pesar de dirigirse mayoritariamente a la población general y enfocarse en la mera difusión de contenidos relacionados con el Programa, lo que implica que tendrán alcances difusos o, en el mejor de los casos, difíciles de dimensionar.

6.- Se observan dos tipos de acciones de las que no se aprecia una teoría de cambio sólida con fines de prevención del delito y la violencia. En otras palabras, no queda claro cómo su implementación logrará prevenir el delito y la violencia o disminuir el riesgo en sus beneficiarios de cometer o ser víctima de estos fenómenos. Se trata de la entrega de aparatos auditivos y las actividades en torno a huertos comunitarios, que a su vez cuentan con mayores recursos que las acciones de acompañamiento académico ya mencionadas.

7.- La mayoría de las acciones de prevención con mayor peso presupuestal, que consisten en las de rehabilitación de espacios públicos bajo la estrategia de prevención situacional del delito, no demuestran ser producto de la identificación de riesgos concretos y oportunidades para la comisión de delitos.

8.- Consideran que el énfasis del Programa está en indicadores de gestión y no hace ninguna referencia a mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos en particular, (sic)

9.- El mayor reto del Pronapred es lograr que los gobiernos municipales diseñen acciones de prevención que consideren entre sus componentes principales los siguientes: 1) una teoría de cambio sólida, 2) resultados medibles, 3) mecanismos de focalización efectivos y transparentes, 4) evidencia contundente y diagnósticos que sustenten la pertinencia de la acción seleccionada con miras a que tenga un cierto impacto y a que sea efectiva en la tarea de prevención de la delincuencia y la violencia.

10.- Sería ideal incorporar un “Plan de Evaluación” dentro del “Plan Anual de Actividades”, con el fin de realizar evaluaciones de impacto independientes, cuyo alcance (en la medida en que el presupuesto lo permita), sea muestra de acciones seleccionadas aleatoriamente que garanticen cubrir al menos una en cada demarcación y una proporción suficiente de cada uno de los tipos de estrategias y niveles de intervención.

11.- Se debe potenciar la entrega de becas o el acompañamiento académico en el Programa, en virtud de éstas han demostrado su efectividad, lamentable en los términos en que está diseñado aparece pero raquíticamente son muy escasas.

12.- Se debe comprobar si las acciones programadas para cada demarcación responden a los problemas identificados en ellos, el análisis debe a responder a las prioridades en cada demarcación que sirva de insumo principal para el diseño de acciones ideales de prevención de la delincuencia o violencia.

13.- Se debe transparentar los criterios y lógica de la selección de demarcaciones y polígonos que se beneficien de los recursos públicos que otorga el Programa.

14.- Se debe  dar mayor claridad a la teoría de cambio, los  procesos de focalización y la evidencia en la cual se sustentan sus proyectos.”

Bajo esa línea argumentativa, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal para que proceda a nombrar al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, a la brevedad posible.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a que gire sus instrucciones a quien correspondan para que previo análisis del Estudio “Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las Prioridades?, se avoque a implementar las recomendaciones contenidas en el documento precitado, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con la promovente en cuanto a la necesidad de fortalecer las acciones tendentes a prevenir el delito e implementar aquéllas cuyo objetivo sea lograr la estabilidad social y la seguridad de la población.

Las medidas preventivas en cuanto a la criminalidad se trata, no es un tema que haya pasado desapercibido, lo cual se refleja en la primera de las cinco “Metas Nacionales” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominada “México en Paz”, cuyo objetivo es fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, entre otras.

En dicha meta, la prevención del delito se determina como prioridad para abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía, por lo que se ha buscado disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia.

Es en ese contexto en el que surge el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 - 2018, el cual unifica y articula las políticas y funciones, dando dirección al esfuerzo de las secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social; de Salud; de Educación Pública; de Economía; del Trabajo y Previsión Social; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Hacienda y Crédito Público.

Dentro del programa, surge un subsidio federal cuyo objetivo es apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, mismas que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

En tal virtud, la asignación de los recursos procede siempre y cuando se cumpla con los Lineamientos del Programa Nacional para Prevención del Delito y se formalice el convenio específico de adhesión correspondiente, cuyos suscriptores son las entidades federativas y los beneficiarios son los municipios.

El ejercicio de los recursos federales del apoyo, así como las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deben alinearse a cuatro principios y objetivos básicos: seguridad ciudadana, perspectiva de derechos humanos, perspéctiva de género y enfoque de cohesión comunitaria.

Propicia la incorporación de mecanismos para la participación de la sociedad civil en general, desde la planeación, la ejecución y la evaluación de los proyectos.

En ese contexto, la propuesta de la diputada Cerda Franco adquiere relevancia, al ser susceptible de dar valor agregado al noble y esencial propósito del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, mediante el análisis y valoración que hagan los responsables del mismo, del contenido y las sugerencias expresadas en el estudio “Prevención del delito en México: ¿Cuáles son las PRIORIDADES?”, elaborado por la asociación México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

Por el sentido de las sugerencias realizadas en el referido estudio, se estima prudente solicitar sean valoradas por la Secretaría de Gobernación, instancia que través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, coordina los esfuerzos gubernamentales en la materia, e implementa el programa respectivo.

Por último, esta dictaminadora estima improcedente el primer resolutivo, en virtud de que en la parte considerativa de la propuesta con punto de acuerdo, no se encontrarón argumentos que justifiquen el exhorto sugerido; asimismo, con base en lo establecido en la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del titular del Ejecutivo Federal designar libremente a los empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la norma fundamental o en la legislación secundaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente la Secretaría de Gobernación que analice la viabilidad de implementar, en el contexto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014 - 2018, las recomendaciones contenidas en el Estudio “Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las Prioridades?.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En nuestro país, uno de los retos prioritarios es, sin duda, abatir la delincuencia.

La promoción de la violencia como modo de vida y la escasez de oportunidades han influido para que muchos jóvenes y adolescentes pretendan encontrar en la delincuencia una alternativa de movilidad social.

Es por este motivo que para una servidora, en mi grupo parlamentario, se hace indispensable y prioritario construir una verdadera política de prevención del delito. Entendiendo que la erradicación de violencia, la educación y la reestructuración del tejido social van de la mano con estos esfuerzos.

El propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como una de sus prioridades la prevención del delito. Se pretende abatir los delitos que más afectan a los ciudadanos, por lo que se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas de delito y la violencia.

Así, la propia Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, coordina y financía el Programa Nacional de Prevención del Delito, PRONAPRED, mismo que realizó un estudio mediante el cual se pueden identificar muchos problemas de las actuales políticas públicas en materia de prevención del delito.

Para el grupo parlamentario Nueva Alianza, es necesario que, para constituir una efectiva política pública que cumpla con las necesidades del país, se tomen en cuenta algunas de las observaciones y recomendaciones que el mismo estudio registra y que seguramente son del conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

El estudio referido encontró carencias sistemáticas y fundamentales como la necesidad de contar con mayor transparencia, ya que no se hacen públicos los criterios utilizados para seleccionar a las demarcaciones y polígonos en las que interviene el PRONAPRED, situación que nos parece preocupante, ya que derivado de dicha selección se harán erogaciones de recursos públicos muy importantes.

El estudio refiere que si bien en 2014 se contó con más diagnósticos, no por ello han resultado de gran utilidad, debido a que no queda claro si se utilizan para determinar cómo y en qué polígonos se debe priorizar una acción o programa respectivo, además de que sólo la mitad de ellos desagrega la información a nivel polígono y no se asocian los factores de riesgo con los tipos de delito.

Lo que más llama mi atención es que ante la necesidad de recursos, éstos se están aplicando de forma ineficaz, y si ahora vamos a contar con una política presupuestal con base a resultados, es necesario que se verifique la viabilidad y los resultados de las acciones para que derivada de su eficacia se destinen dichos recursos.

Lo anterior cobra mayor relevancia en la medida en que las acciones con menor efectividad como las campañas temáticas o la rehabilitación de espacios públicos carecen de un verdadero impacto en la prevención.

Para Nueva Alianza es primordial que el presupuesto se aplique de forma responsable y efectiva, no pueden identificarse acciones, conseguir presupuesto y posteriormente justificar o buscar su justificación.

Este modo de actuar ha probado su ineficacia, y nosotros, congruentes con nuestro actuar de sumar a nuestra observación o nuestra crítica una propuesta, tenemos que ser más responsables y priorizar las acciones que verdaderamente inciden en una prevención del delito como son: el otorgamiento de becas, pero con su seguimiento correspondiente; la terapia y el acompañamiento profesionales que quedan relegados en los últimos lugares en los diagnósticos y en los programas.

Confiamos en que todas y todos ustedes votarán a favor del dictamen, porque los mecanismos que tenemos para medir los resultados de las políticas públicas deben servir para cambiar de rumbo y priorizar el gasto en donde de verdad incida en una eficaz prevención del delito.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana Cerda.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Lizbeth Rosas Montero: Con su venia, señor Presidente.

Vengo a hablar en este tema y apoyar este punto de Acuerdo de nuestra querida Diputada María Sanjuana, en razón, precisamente, de la política improvisada, poco estructurada, sin metodología, que se ha venido aplicando por parte del gobierno federal en un tema trascendental como lo es la prevención del delito; y quiero comentarle, Diputada Sanjuana, que este dato que da México Evalúa, se lo dijimos a Campa Cifrián desde los primeros meses de esta administración; le dijimos en qué estaba mal, qué hacía falta reforzar; revisamos carpetas, precisamente para revisar todos estos diagnósticos de donde tomaban ellos los criterios de selección para la definición de los polígonos, y quiero decirle que eso estaba hecho un caos, no había justificación, no había transparencia, había duplicidad de funciones en los mismos temas de trabajo en materia de prevención que hacen los municipios actualmente.

No hay evaluación, que es lo peor de todo, no hay una supervisión y una vigilancia en el ejercicio de los recursos, porque finalmente quienes llevan la voz cantante de en dónde se aplican estos recursos, es el presidente municipal a cargo, y en la mayoría de los casos se utiliza políticamente, y se lo digo con conocimiento de causa.
Sin embargo, se hizo un esfuerzo por tratar de hacer más rígidas estas reglas de operación, a la fecha yo le quiero decir que no quedamos nosotros satisfechos con ese trabajo, porque ahí está ahora la respuesta de otra dependencia que nos dice, precisamente, que no hay un trabajo metodológico serio para la realización de estos programas y proyectos.

No hay efectividad, no hay disminución de los índices delictivos en donde se están aplicando estas políticas públicas, no hay diagnósticos serios, y lo más lamentable es que, además, esta área tan importante para la Secretaría de Gobernación, estuvo acéfala mucho tiempo; por ahí me mencionan que ahora sí ya pusieron una titular, con el que tuve la posibilidad de trabajar, pero creo que para este tipo de trabajo requerimos otro tipo de perfiles.

Si los que están actualmente operando estas políticas en materia de prevención no han dado resultados, necesitamos un cambio de estrategia y un cambio de personas y contar, como se lo he dicho y he insistido al Secretario de Gobernación, con el acompañamiento del sector académico.

Muchas universidades públicas y privadas tienden sendas investigaciones en esta materia, tienen importantes proyectos y programas y no han sido siquiera escuchadas. Hemos propuesto que no solamente tengan voz los consejos ciudadanos que existen en ese tema, sino el sector académico, para que verdaderamente se implemente una metodología seria y eficaz en ese tema.

¿Por qué? Porque a la fecha llevamos más de 5 mil millones de pesos ejercidos, 5 mil millones de pesos que yo le puedo decir al Secretario de Gobernación que no han servido para nada y que México requiere un cambio de estrategia, porque, si estamos como estamos en la violencia a nivel nacional, mucho tiene que ver porque no hay una efectiva política de prevención y contención, desde abajo, desde la estructura más mínima de organización, que es la comunidad, la calle, la colonia.

Entonces, mientras se siga privilegiando la discrecionalidad de los recursos y la falta de reglas claras, que además estén en una ley, en un reglamento que sea obligatorio, vamos a seguir, desafortunadamente Diputada Sanjuana, viendo este tipo de prácticas y viendo que el dinero de los mexicanos se va por la coladera.

Por lo que yo les invito, compañeros legisladores, Senadores y a los futuros Diputados que entran, a revisar esta ley que regula precisamente a estos programas, a ser más rígidos en las reglas de operación, a contar con un cuerpo de supervisores que vigile de manera más estricta y directa la aplicación de los recursos, que mucho se va en recuperación de espacios públicos, que no debe ser esto la tarea sustantiva de ese programa, porque para recuperar espacios públicos está el presupuesto de los municipios para llevar a cabo esas acciones.

Y tampoco debe de ser para estar comprando lentes, porque ahora resulta que el niño que no usa lentes se va de la escuela y, entonces, aumentamos la deserción escolar. Estas son verdaderamente opiniones sin fundamento que nos llevan a que ese recurso no se esté aplicando de la manera adecuada. Entonces, ojalá y todos pongamos de nuestra parte para que en materia de prevención del delito podamos, no solamente revisar y evaluar, sino redefinir toda la estrategia nacional, rediseñarla para contar precisamente con una política de prevención social del delito efectiva, que dé resultados.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Lizbeth Rosas. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos ahora la discusión del dictamen por el que se desecha la proposición que solicitaba un Informe sobre el cumplimiento del retiro de la propaganda electoral en el proceso electoral federal 2014-2015. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los organismos electorales información sobre el avance en el cumplimiento al retiro de la propaganda electoral”, presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 29 de julio de 2015 se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los organismos electorales información sobre el avance en el cumplimiento al retiro de la propaganda electoral”, dicha proposición fue presentada por presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2427.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente indica que la jornada electoral 2014-2015 dejo lleno de imágenes y material publicitario las calles.

Destaca que es cierto que los partidos políticos y candidatos necesitan de medios publicitarios y de comunicación para hacer llegar propuestas y plataformas políticas a la ciudadanía. Por ello, manifiesta que en cada proceso electoral es habitual el ver como las calles de prácticamente todos los centros de la población se llenan de material publicitario, pero también, es cierto que a fin de salvaguardar la imagen visual y aspecto medioambiental, que ese material deba ser utilizado estrictamente por el lapso indispensable, ser retirado y dar un destino no contaminante.

Manifiesta que con el paso del tiempo la legislación electoral fue mejorando e incorporando disposiciones encaminadas a lograr estos objetivos, como se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Indica que se supone que a la fecha la propaganda electoral instalada en la vía pública ya debe estar retirada y sometida a su proceso final, conforme los planes registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y los respectivos organismos electorales locales.

Expresa que lamentablemente eso no siempre es posible y a la fecha, en algunos Estados los organismos locales han implementado cuadrillas para identificar los puntos en los que aún persiste propaganda electoral, insistir en su retiro y en algunos casos, a realizar dichas actividades de retiro con cargo a las prerrogativas del partido político de que se trate.

Los objetivos perseguidos con la actual legislación son buenos, pero no puede quedar en buenas intenciones, en perjuicio del medio ambiente y el entorno urbano, que dicho sea de paso, es una constante en las quejas ciudadanas, la contaminación por propaganda electoral.

El proponente considera que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se debe pronunciar en favor del medioambiente y porque la legislación que esta Soberanía tuvo a bien aprobar en ese sentido no quede en letra muerta.

El Senador proponen que solicitar al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Locales, un informe sobre el avance en cumplimiento al retiro de la propaganda electoral, de ser necesario, se tomen las medidas conducentes para lograrlo y algo muy importante, porque tomen las medidas para conocer y cerciorarse de los avances en el cumplimiento de los planes de reciclaje y destino del material de propaganda electoral impresa, a fin de que se cumpla cabalmente con los compromisos inherentes en favor del medio ambiente, asumidos ante la ciudadanía a través de sus planes registrados ante los organismos electorales.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace una atenta y respetuosa solicitud al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Electorales Locales, para que informen sobre el avance en el cumplimiento al retiro de la propaganda electoral con motivo del pasado proceso, de ser necesario, se tomen las medidas conducentes para lograrlo y algo muy importante, tomen las medidas para conocer, cerciorarse e informar también, de los avances en el cumplimiento de los planes de reciclaje y destino del material de propaganda electoral impresa, a fin de que se cumpla cabalmente con los compromisos inherentes en favor del medio ambiente, así asumidos ante la ciudadanía a través de sus planes registrados ante los organismos electorales.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden que una vez concluidos los procesos electorales, se generan en todo el país importantes cantidades de material de desecho utilizado en las propias campañas, conocido como basura electoral, que afecta de manera importante las condiciones medioambientales.

Con base en lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209, numeral 2 se desprende la obligación de que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

En su artículo 210, establece que la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.

En cuanto a la propaganda colocada en la vía pública, la ley también es muy clara al indicar los plazos para su retiro: En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.

Si bien la legislación electoral establece tiempos definidos para que toda la propaganda electoral sea retirada en un tiempo razonable una vez concluida la votación, sin embargo vemos que con frecuencia el nulo cumplimiento de esa disposición y tarda meses para ser retirada.

Es importante mencionar que el artículo 210, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, sean sancionados conforme a esta Ley.

De la misma manera, el artículo 212, numeral 1 de dicha ley, señala que los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca la Ley antes mencionada.

No obstante, es preciso señalar que la propia norma electoral señala el mecanismo para canalizar las denuncias por incumplimiento de la normatividad en la materia. Al respecto dispone el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 250.

3. Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

4. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del consejo distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo local que corresponda.

Es importante destacar que en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de enero de dos mil quince, el INE emitió el acuerdo INE/CG48/2015 para normar el uso de materiales en la propaganda electoral impresa durante las precampañas y campañas electorales para el proceso electoral federal 2014-2015.

En cumplimiento a lo anterior, esta Comisión advierte que varias entidades del país ya han  procedido a la remoción de la basura electoral, y en su oportunidad, el INE ya ha realizado los exhortos a los actores políticos con el fin de cumplir con la normatividad en la materia.

Asimismo, con fecha 5 de agosto del presente, la Comisión Permanente aprobó un dictamen en sentido negativo sobre una proposición respecto del mismo asunto, por considerar que el asunto ya estaba siendo debidamente atendido, al tiempo que señala que “en caso de existir quejas sobre su incumplimiento, la propia norma electoral y el acuerdo referido señalan las vías pertinentes para presentar la queja respectiva y en su caso imponer las sanciones correspondientes”, por lo que esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud del proponente se encuentra satisfecha.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitaba respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Electorales Locales remitan un informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento del retiro de la propaganda electoral en el proceso electoral federal 2014-2015, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Y para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Cualquiera que haya estado en campañas políticas, habremos escuchado este dicho que dice “después de una elección, lo único que queda son anécdotas, deudas y basura electoral” y justamente este dictamen que estamos rechazando, me parece un error que lo rechacemos, tiene que ver con eso.

Yo espero, honestamente, que las próximas generaciones de mexicanos, sean mexicanos que cuando se vinculen con los procesos electorales, conozcan a los políticos; a las candidatas y a los candidatos por sus ideas, por su trayectoria, por sus decisiones, por sus acciones y no por el número de espectaculares que tengan en la calle.

¿A qué voy con todo esto? Todos sabemos aquí que hay disposiciones muy claras en la LEGIPE, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de nuestro país, respecto a dos temas particulares: las características que debe tener el material que se usa para los espectaculares y su retiro días antes de la elección.

¿Qué es lo que estaba pidiendo el Senador del PRI, Jesús Casillas? Lo único que estaba pidiendo, era que el INE y los OPLES en los estados, informaran sobre el procedimiento de retiro de la propaganda electoral, que informaran sobre los programas de su reciclaje, porque hay una disposición que establece que estos espectaculares, este tipo de propaganda, se realice con materiales reciclables, ¿qué estaba pasando, cómo iba ese proceso?

Hay que considerar, compañeras y compañeros, yo no sé si ustedes hayan preguntado a sus electores, a sus paisanos, ¿qué opinión tienen de los espectaculares y de la basura electoral?

Yo estoy convencido que no es el único, no es el más importante, pero es uno de los elementos que genera aversión a la cosa pública, a la gente no le gusta que se invada el espacio público, las calles, las avenidas, los parques con las caras de políticos.

¿Qué dice la Primera Comisión cuando desecha esta propuesta? Que ya está en la ley. Yo quiero que me digan si alguien realmente cree, que en nuestro país algo que está en la ley se cumple a cabalidad todas la veces y todo el tiempo en todos lados. Puede ser que hayan Institutos Electorales Locales, que hayan sido rigurosos, que hayan obligado a los partidos a retirar su propaganda electoral, particularmente la de los espectaculares, pero puede ser que en algunos no. Aquí habemos gente de toda la República.

Yo lo reto a que haga un recorrido de más de 5 minutos por cualquier avenida principal en su estado, en cualquier ciudad y que alguien me diga si está libre de espectaculares a la fecha de hoy, pasado más de un mes después del proceso electoral.

No se cumple la norma, es un poco ocioso decirlo, basta hacer un recorrido, repito, por cualquier lugar de nuestro país para seguir viendo las caras de mujeres y hombres que compitieron, algunos que ganaron, otros perdieron, y que sigue irritando a la población.

¿Qué es lo que responde la Primera Comisión? Que el asunto ya está suficientemente atendido, falso otra vez. La propaganda de espectaculares está degradando a nuestra democracia.

Los políticos no nos podemos medir por cuántas veces en el periférico aparecemos, o en la avenida central de mi ciudad natal Tuxtla Gutiérrez, la norma no se está cumpliendo y que nosotros estemos pidiendo al INE y a los OPLES un informe de cómo van, no se debe de plantear como una agresión.

Honestamente y con todo respeto, lo digo a los integrantes de la Primera Comisión, los argumentos que están esbozando, no solamente son débiles, son de un alejamiento total de la realidad que viven miles de mexicanos, que están cansados de que la política en el país se esté determinando y desafiando a partir de los famosísimos espectaculares, parabuses, anuncios en puentes peatonales, etcétera, todas las modalidades que hay, incluidos los pendones que se cuelgan del mobiliario público que está, hay una restricción, una prohibición al respecto y a nadie le interesa y nadie la cumple.

Por eso, yo les pediría que, o regresemos esto a la Primera Comisión, que lo debatamos de una manera más profunda, o de plano los invitaría a hacer un voto rechazando el resolutivo que rechaza esta propuesta.

Créanmelo, la basura electoral está dañando a la democracia más de lo que creemos, no solamente por el uso de trama de PVC, uno de los materiales más contaminantes que hay en nuestro país, que si bien es un producto relativamente económico, no tiene incentivos para su reciclaje, ya que es más caro reciclarlo que emprender un producto nuevo, y sin embargo, muchos partidos lo siguen utilizando, pero además la cara que damos frente a la ciudadanía es la de una profunda frivolidad, de políticos que sólo estamos difundiendo un rostro y no ideas.

Éste puede ser un gran paso hacia algo que yo creo que tendremos que llegar en algún momento, la prohibición total del espectacular como método propagandístico en nuestro país, no suma ni aporta nada y sólo sigue molestando a la sociedad. Es la enorme oportunidad para pasar de la democracia del espectacular, a la democracia de las ideas.

Compañeros Senadores: Se los digo con respeto, reconsideremos el voto favorable a este resolutivo que rechaza la propuesta del Senador priísta Jesús Casillas, del estado de Jalisco.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Robledo Aburto. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Y pasamos ahora a la discusión del dictamen por el que se consideran atendidas las proposiciones sobre el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los femenicidios de cuatro mujeres. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo respecto al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de la activista social Nadia Vera y de tres mujeres más, presentadas por diversos legisladores de los Grupos Parlamentarios.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTE

A. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015 fueron presentadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1.- Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres asesinadas el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del Distrito Federal, presentada por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2706.

2.- Punto de acuerdo que solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación un informe relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas, así como información relativa al caso de Rubén Espinoza Becerril, presentada por los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2712.

3.- Punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres víctimas más, así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de Veracruz y presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2715.

4.- Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a investigar y castigar a los responsables de los asesinatos de cuatro mujeres y del periodista Rubén Espinosa Becerril, presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2717.

5.- Punto de acuerdo en relación a los acontecimientos ocurridos el 31 de julio de 2015, respecto al periodista Rubén Espinosa Becerril, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2718.

6.- Punto de acuerdo que condena los delitos cometidos en agravio de Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2732.

7.- Punto de acuerdo relativo al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios cometidos contra Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra, en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2733.

8.- Punto de acuerdo que condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2738.

9.- Punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Veracruz acudir a una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa y de expresión, presentada por los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2740.

10.- Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a entregar los avances en las investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acelerar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del foto periodista Rubén Espinoza Becerril y cuatro mujeres, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2756.

11.- Punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Distrito Federal realizar acciones que permitan llegar al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Colonia Narvarte en el Distrito Federal, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2771.

12.- Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2782.

13.- Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación informe si el periodista Rubén Espinosa o Nadia Vera Pérez se encontraban inscritos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o habían solicitado su protección, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2786.

14.- Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y exige castigo a los responsables de este artero crimen que atenta contra las libertades democráticas y la gobernabilidad del país, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-2787.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En las proposiciones con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

1.- Que en la proposición del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano señala que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

De la misma manera, expresa que por mandato del artículo 1º constitucional; del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y del artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión e imprenta.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos del proponente:

Primero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en ejercicio de las atribuciones legales que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) segundo párrafo, atraiga el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de las otras cuatro mujeres asesinadas el viernes 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del Distrito Federal, a fin de que a la brevedad se esclarezca.

Segundo.- Se exhorta a los tres niveles de gobierno para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, garanticen el pleno ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión e imprenta, y salvaguarden la integridad personal de los periodistas en el país.

2.- En la proposición de los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresan su interés por conocer las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

De la misma manera, señalan la necesidad de que en ejercicio de sus facultades la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República atraiga el caso de Rubén Espinoza Becerril; de la misma manera consideran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe iniciar de oficio las investigaciones ante las posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse cometido y manifiestan su intención para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación, auxilie a las víctimas indirectas de estos homicidios.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos de los proponentes:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, envíe, en un plazo no mayor de 15 días, un informe pormenorizado relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas así como información relativa, específicamente, al caso de Rubén Espinoza Becerril.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, ejerza sus facultades de atracción de las investigaciones que realiza, actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Homicidio, en el caso de Rubén Espinoza Becerril.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie, de oficio, las posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse cometido en contra de Rubén Espinoza Becerril y las cuatro mujeres asesinadas, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación, para que auxilien a las víctimas indirectas de estos homicidios.

3.- En la proposición con punto de acuerdo presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se manifiesta la preocupación para que la PGR gire instrucciones para la atracción de la investigación sobre los hechos relativos al homicidio, de la misma manera solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz garantice facilidades para la investigación del homicidio de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera y tres personas y, asimismo, cese en las prácticas excluyentes e intimidatorias con que, en perjuicio de los periodistas y los defensores de derechos humanos, el área de comunicación social de su gobierno se conduce en dicha entidad y solicita comparezca ante las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad Pública y la Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos del proponente:

Primero. Se requiere, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República con el fin de que gire instrucciones para la atracción dela investigación sobre los hechos relativos al homicidio de quien en vida llevara el nombre de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia AVCNoticias, de la revista Proceso y de Claroscuro, así como de Nadia Vera y tres mujeres que resultaron privadas de la vida en la colonia Narvarte el viernes 31 de julio del año en curso y, asimismo, se sirva designar como fiscal especial para dicho caso a un profesionista que goce de autonomía de criterio, alta capacidad de investigación y profundos conocimientos en materia penal.

Segundo.- Se requiere al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que de inmediato ponga a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –en tanto se ejerce la facultad de atracción por el Agente del Ministerio Público de la Federación- la relación del personal de su ayudantía, así como las bitácoras o consignas del día en que Rubén Espinosa refirió fue amenazado por uno de sus miembros; separe de sus cargos a los directivos de las dependencias encargadas del gobierno, seguridad pública y procuración de justicia que colaboran con dicha ayudantía y garantice facilidades para la investigación del homicidio de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera y tres personas y, asimismo, cese en las prácticas excluyentes e intimidatorias con que, en perjuicio de los periodistas y los defensores de derechos humanos, el área de comunicación social de su gobierno se conduce en dicha entidad.

Tercero.- Se solicita, con toda atención, al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz comparezca ante las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad Pública y la Especial para dar Seguimiento a las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación para que explique las medidas que haya adoptado o vaya a tomar para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.

4.- En la proposición del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional destaca que las condiciones de crueldad y extrema violencia con las que fueron perpetrados estos crímenes implican la necesidad de que se aplique toda la fuerza del Estado Mexicano en su castigo y que es obligación del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo y la debida protección a las mujeres. En ese sentido, como senador de la República por el estado de Veracruz, se suma a todas las voces que exigen justicia y también demando que se tomen de inmediato medidas de prevención, para que estos sucesos tan lamentables no vuelvan a repetirse en ningún lugar del país.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos del proponente:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que en el marco de sus atribuciones investigue y castigue a los responsables del asesinato del periodista Rubén Espinosa.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), para que en el marco de sus atribuciones investigue y castigue a los responsables del asesinato de las 4 mujeres que acompañaban al periodista Rubén Espinosa en su domicilio.
5.- En su propuesta el Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta que la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza un intercambio de ideas e información que protege tanto la comunicación a otras personas, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que se difundan, es decir el derecho de informar y estar informado. Lo anterior encuentra sustento en el artículo séptimo constitucional.

Lamenta que en los últimos años, el periodismo en nuestro país, enfrenta con frecuencia distintos obstáculos que impiden su libre ejercicio y señala que no se puede permitir que continúen este tipo de impunidades en el país, ni mucho menos que se violenten los derechos fundamentales de todo individuo tiene derecho a gozar. Por lo ya expuesto, y ante los lamentables hechos de los cuales fue víctima el periodista Rubén Espinosa, así como la creciente inseguridad que persiste en el Estado de Veracruz en contra de los periodistas y somete a consideración los siguientes resolutivos:

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a investigar a fondo y promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y el respeto de los derechos humanos, en relación al asesinato del periodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera y las victimas halladas en el lugar de los hechos.

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República a integrar la averiguación previa respecto a las amenazas que Rubén Espinosa Becerril recibió durante su ejercicio como periodista en el Estado de Veracruz.

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promuevalas modificaciones necesarias en la legislación, para mejorar la situación de los periodistas, con el fin de poder brindar protección a quienes ejercen una labor de gran importancia para dar acceso de información a la sociedad.

Cuarto.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con el objeto de esclarecer los asesinatos de los periodistas en el estado de Veracruz, así como también a los periodistas críticos de su gobierno.

6.- La Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa en su proposición que los homicidios del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de la revista Proceso, y de las agencias Cuarto oscuro y AVC, de la antropóloga y activista Nadia Vera, integrante del movimiento #YoSoy132, de la joven Yesenia Quiroz Alfaro y de dos mujeres constituyen una emergencia nacional que debe ser investigada por las autoridades federales, en coadyuvancia con los medios involucrados, por lo tanto solicita:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los delitos cometidos en agravio de Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio del año en curso en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga la investigación de los delitos cometidos en contra de Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, “Nicole” y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que en cumplimiento de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos cometidos el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, se privilegie la línea de investigación vinculada con el ejercicio de la profesión periodística y la defensa de los derechos humanos realizada por Rubén Espinosa y Nadia Dominique Vera Pérez.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el curso de la investigación de los delitos cometidos el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cite a las y los funcionarios responsables de la seguridad en el  Estado y al Gobernador de Veracruz, quienes han sido señalados por organizaciones civiles debido a que no han atendido o por ser responsables de agravios cometidos en contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación un informe respecto de las acciones de prevención implementadas en el Estado de Veracruz en el marco del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

7.- En la proposición de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo lamenta profundamente los hechos ocurridos recientemente la colonia Narvarte del Distrito Federal y expresan su más enérgica condena a la agresión a la que fueron sujetas cuatro mujeres: Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra y que desgraciadamente culminaron en feminicidio, y condenamos también el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril; ya que dichos actos resultan indignantes, no sólo para las víctimas, sino también para toda la población que queda en estado de vulnerabilidad cada vez que este tipo de actos se cometen.

La suscrita hace hincapié en que la gravedad de este tipo de delitos trasciende a nacionalidades o clases sociales, y por lo anterior, no debe ser considerado como un hecho común, recordando que es derecho de toda persona y de toda mujer el tener una vida libre de violencia y el derecho a la protección de todos los derechos humanos, incluyendo dentro de estos, el de la libertad de expresión, establecidos en los distintos ordenamientos internacionales y nacionales.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos de la proponente:

Primero.- El Senado de la República expresa su más enérgica condena ante los hechos sucedidos en contra del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la antropóloga y activista Nadia Vera; de la estudiante Yesenia Quiroz; y de Simone y Alejandra. Ataques que terminaron con su vida.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que, en los casos de feminicidio contra Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra se aplique a cabalidad el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, debido a la probable participación de agentes del Estado de Veracruz en la comisión del delito de homicidio y delitos contra periodistas.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que abra una investigación por violaciones graves a los derechos humanos por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril y de las cuatro víctimas de feminicidio (Nadia, Yesenia, Simone y Alejandra).
8.- En la propuesta del senador Zoé Robledo Aburto destaca que no habrá esclarecimiento de los hechos sobre el homicidio múltiple del pasado 31 de julio, si no se determinan las causas reales y de los homicidios; si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista; si no se determina la veracidad o no de las supuestas amenazas que recibió en el Estado de Veracruz; si no se determina si su desempeño como periodista en el Estado de Veracruz fue objeto de presiones por parte del poder político de esa entidad; si no se determina si la causa de la ejecución de la activista social Nadia Vera está vinculada o no a sus acciones de participación en movimientos sociales.

Considera imperativo que el Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno, cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no  repetición, en los casos de violación a derechos humanos de periodistas.

Por las razones expuestas, somete a consideración del pleno los siguientes resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad y su más sentido pésame  a las familias de las víctimas y al gremio periodístico.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta a los tres órdenes de gobierno, que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas, se cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza.

Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación en su calidad de Presidente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informar el motivo por el cual no se activó el mecanismo en comento en el caso de Rubén Espinoza, así como a rendir un informe sobre los resultados derivados de dicho instrumento en lo general.

Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a atraer el trágico homicidio múltiple, toda vez que pudiera tratarse de delitos en contra de la libertad de expresión.

Sexto. Se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Población y Asuntos Religiosos y la Subsecretaría de Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe a esta H. Soberanía sobre las acciones y programas de política pública que ha implementado para atender el fenómeno del desplazamiento interno.

Séptimo. Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía informar a esta H. Soberanía sobre el número total de personas en situación de desplazamiento interno en territorio nacional

Octavo. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de los Diputados a tener en cuenta la insuficiencia presupuestal en la que se encuentra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otorgar los recursos necesarios para su adecuada operación en la siguiente discusión y eventual aprobación Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016.

Noveno. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Senadores para que a través de sus órganos de gobierno convoque a  las Comisiones involucradas para que realicen el proceso de análisis, discusión y dictaminación de las Iniciativas en materia de prevención y atención del Desplazamiento Interno.

Décimo. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

9.- El punto de acuerdo presentado por los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  solicita al gobernador de Veracruz acudir a una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa y de expresión.

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Javier Duarte de Ochoa, a acudir a una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa y de expresión.

10.- Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a entregar los avances en las investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acelerar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del foto periodista Rubén Espinoza Becerril y cuatro mujeres, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Somete a consideración los siguientes resolutivos:

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a brindar a esta Soberanía, toda la información relacionada sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de periodistas ocurridos durante su mandato en esa entidad.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a trabajar de manera coordinada con las autoridades federales, para acelerar las investigaciones del homicidio del foto reportero Rubén Espinosa Becerril, y las otras cuatro personas asesinadas en ese caso, se encuentre a los responsables y se les castigue.

11.- En la proposición de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional señala que ante el incremento de las agresiones en contra de periodistas, es necesario recordar que el Estado ha implementado diversas acciones tendientes a garantizar la libertad de expresión y de prensa de todas las personas; así mismo, ha diseñado mecanismos que permiten la protección de personas que ejercen la profesión del periodismo, la emisión de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los cuales son operados por parte de la Secretaría de Gobernación y cuyas resoluciones “serán obligatorias para las autoridades federales”.

En tal sentido y derivado de lo sucedido el viernes 31 de julio del presente año en un departamento de la Colonia Narvarte, propone:

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas del lamentable hecho ocurrido el día 31 de julio en la Colonia Narvarte, en el Distrito Federal.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a no descartar como una de las líneas de investigación en el caso del periodista Rubén Espinosa, las amenazas ocurridas en su contra en el Estado de Veracruz.

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que realice una investigación respecto del homicidio  del periodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera.

12.- El Senador Benjamín Robles Montoya en su propuesta ha manifestado su preocupación para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por las razones expuestas, somete a consideración del pleno los siguientes resolutivos:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación remita un informe detallado sobre las políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

13.- La Senadora Angélica de la Peña Gómez en su proposición con punto de acuerdo pone a consideración los siguientes resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación le informe a esta Soberanía su el periodista Rubén Espinosa o Nadia Vera Pérez, se encontraban inscritos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o había solicitado su protección.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Veracruz para que informe a esta Soberanía si había una denuncia iniciada por el periodista Rubén Espinosa o por la defensora de derechos humanos Nadia Vera Pérez y de ser así en qué estado se encuentran las investigaciones.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de Justicia de esa entidad agote exhaustivamente todas las líneas de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los homicidios de Rubén Espinosa, Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Nicole N y Alejandra N.

14.- El Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara presentó proposición con punto de acuerdo en relación al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de la activista social Nadia Vera y de tres mujeres más.

Destaca que México atraviesa por la peor crisis humanitaria de que se tenga memoria. La violencia y la inseguridad han cobrado ya muchas víctimas. Como se ha denunciado públicamente, varios de sus autores están incrustados en los aparatos gubernamentales sean municipales, estatales o en el federal.

Asimismo, indica que es responsabilidad de las y los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, repudiar este salvaje crimen y contribuir a detener la política de exterminio contra periodistas y luchadores sociales.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones legales invocadas en el proemio, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, Nadia Dominique Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro y dos mujeres más cuyas identidades se desconocen hasta ahora, y exige castigo ejemplar a los responsables de este artero crimen que atenta contra las libertades democráticas que tanto esfuerzo ha costado conquistar a los mexicanos y la gobernabilidad del país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige a las autoridades federales y al Gobierno del Distrito Federal, una pronta y exhaustiva investigación del crimen que permita castigar ejemplarmente a los culpables y detener el clima de violencia contra los periodistas.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, a separarse de su encargo, en tanto se llevan a cabo las investigaciones que posibiliten el esclarecimiento del asesinato de Rubén Espinosa Becerril, y a colaborar en las diligencias que se practiquen en el caso.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales para que restablezcan el clima de paz y tranquilidad en el país, particularmente de seguridad para que los periodistas puedan ejercer su profesión en libertad.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarlas y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta dictaminadora manifiesta su indignación ante hechos de esta naturaleza, el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres, ocurrido en la Ciudad de México, constituye un acto de barbarie que debemos reprobar de forma categórica y en ese sentido expresa su solidaridad a las familias de las víctimas.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora destacan que la indignación que ha generado este quíntuple homicidio, dentro y fuera del país, reclama a que las autoridades competentes resuelvan este caso de forma escrupulosa y no debe haber impunidad en ese asesinato, la particularidad de las víctimas implica agravantes considerables, toda vez que la actividad profesional de Rubén Espinosa obliga a esclarecer si su asesinato está ligado con su labor periodística.

El multihomicidio ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin descartar ninguna línea de investigación y con métodos profesionales que permitan esclarecer con certeza quiénes son los autores del crimen y el móvil que determinó tan reprobable acción.

Las legisladoras y los legisladores no deben erigirse en fiscales ni jueces,  determinar a priori quiénes fueron los autores del asesinato múltiple ni cuál fue el móvil del crimen, pero será importante exigir una investigación profesional que establezca, sin lugar a dudas, tanto la verdad histórica como la verdad jurídica de lo ocurrido.

Es imperativo que se solucione a la brevedad este condenable crimen, ya que la sociedad exige que se esclarezca el artero asesinato, en este sentido la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal debe actuar con rapidez, con profesionalismo y pulcritud para ofrecer los resultados que espera la ciudadanía.

Esta comisión dictaminadora destaca que el pasado 5 de agosto del presente año el Pleno de la Comisión Permanente presentó un punto de Acuerdo, que recoge todos los planteamientos hechos por los legisladores respecto al tema y el cual fue aprobado y sus resolutivos son los siguientes:

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta lo siguiente:

1. Condena el trágico homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los trágicos feminicidios de la activista social Nadia Vera y de tres mujeres más, ocurridos en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos.

2. Se solidariza con las familias de las víctimas, al gremio periodístico, a la revista Proceso y a la agencia Cuartoscuro, les expresamos nuestro más sentido pésame y exigimos la inmediata localización y detención de los homicidas responsables.

3. Considera que no habrá esclarecimiento de los hechos si no se determinan las causas reales del homicidio y los feminicidios; si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista y en el caso de Nadia Vera por su desempeño como activista y, en el caso de ambos, su calidad de desplazados.

4. Exhorta al Estado mexicano y a sus tres órdenes de gobierno, que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas, se cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza.

5. Insta respetuosamente al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevar a cabo las indagatorias correspondientes, agotando todas las líneas de investigación posibles, a fin de esclarecer con prontitud estos lamentables hechos y castigar con severidad a los responsables de los mismos.

Se destaca el 5 de agosto del presente año y con relación a las investigaciones realizadas en torno al homicidio de cinco personas, ocurrido el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte, Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, informó de la presentación ante el Ministerio Público, de un masculino con antecedentes penales, relacionado, por una huella dactilar localizada en el inmueble. Agregó que todas las líneas de investigación continúan abiertas y se respetará la garantía del debido proceso en cuanto a la persona que se encuentra puesta a disposición y dentro del término constitucional de 48 horas, se determinará la situación jurídica de esta persona, salvaguardándose en todo momento sus garantías de debido proceso.

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal manifestó en conferencia de prensa que la cancillería de Colombia ya identificó a la víctima de 29 años de edad, y está en espera de los datos que proporcione el Instituto Nacional de Migración.

Es por ello, que esta dictaminadora solicita a las autoridades competentes del Distrito Federal a llevar a cabo las indagatorias correspondientes, agotando todas las líneas de investigación posibles, a fin de esclarecer con prontitud estos lamentables hechos y castigar con severidad a los responsables de los mismos.

Ante esta situación, legisladoras y legisladores que integran esta Primera Comisión condenan el hecho, pero refrenda su postura de condena no solamente para este caso, sino para todos. Y celebra que el Pleno de la Comisión Permanente coincida en la aprobación de un punto de acuerdo que sus resolutivos tienen como origen un planteamiento plural de peticiones de los diversos legisladores y de los grupos parlamentarios.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera que las proposiciones materia de esta dictamen respecto al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de la activista social Nadia Vera y de tres mujeres más, han sido atendidas con el punto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el pasado 5 de agosto, que retomó las diversas peticiones de los legisladores.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera que las proposiciones con punto de acuerdo respecto al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de la activista social Nadia Vera y de tres mujeres más, han sido atendidas con el punto de acuerdo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el pasado 5 de agosto y que retomó las diversas peticiones de los legisladores y los grupos parlamentarios.

SEGUNDO.- Archívense como asuntos totalmente concluidos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Bueno, ya hablamos mucho del asunto de Veracruz. Ya les aclaré que una cosa son las investigaciones del multihomicidio, que una línea de investigación va a Veracruz y tiene que investigarse porque tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera, denunciaron ser amenazados, y por eso haber venido al Distrito Federal. Esa es una investigación.

Pero vengo a hablarles y obviamente tiene que esclarecerse y ya les exigimos a las autoridades correspondientes, que hicieran las averiguaciones para poder resolver este caso. Pero vengo a hablarles de otra cosa que tiene que ver con las nuevas revelaciones sobre el caso, y que me parece verdaderamente indignante la forma como se ha manejado.

Por medio de filtraciones que han circulado los medios, que algunos de los cinco asesinados del multihomicidio habían consumido marihuana, cocaína o alcohol, la verdad es que es una vergüenza cmo lo han manejado, porque parece, o lo que buscan es culpar a las víctimas, ¡Ah! Como fumaron marihuana, seguro algo tenían que ver con el narcotráfico y por eso los mataron.

¡Perdón! Ese es un prejuicio inaceptable, que hayan o no consumido marihuana, no los hace más o menos culpables, y es una verdadera tragedia nacional que cada que hay un multihomicidio, un asesinato, algo que tenemos que lamentar, salen a ver cómo responsabilizan a las víctimas. ¿Por qué? Porque al responsabilizar a las víctimas, exoneran a las autoridades de su obligación de hacer justicia, y yo digo, no tiene nada, absolutamente nada que ver que hayan consumido marihuana o alguna otra droga para esto, y por supuesto porque las autoridades no dicen nada más, nada más dicen lo que dijo el examen toxicológico, y además, lo que hacen es reproducir la discriminación contra los consumidores, que también es absurda y es inaceptable.

Entonces, no acepto esas filtraciones que me parecen que buscan desviar a la opinión pública en lo que tiene que ser la búsqueda de la justicia. No hace menos atroz el crimen, el que hayan consumido alguna droga y pensar o tratar de inducir que como consumieron marihuana, algo tenían que ver con el narcotráfico y por eso los mataron, ese es un prejuicio que no está comprobado, que no está demostrado y que sólo habla de poco profesionalismo.

Por lo tanto, rechazo esas filtraciones y sobre todo esas insinuaciones que, insisto, buscan culpar a las víctimas de su desgracia, y obviamente eso le quita, insisto, responsabilidad a las autoridades, pero hace muy felices a los criminales que cometieron tan atroz delito al desviar la atención y al tratar de culpar a las víctimas, ellos son, quieren quitarse un poco la presión y lo que acaban haciendo es haciéndole un favor a los criminales al tratar de culpar a las víctimas.

Lo que sí es algo que tenemos que discutir, es la situación del periodismo. El 15 de agosto salió un desplegado de intelectuales de todo el mundo, preocupados por la situación del periodismo en México, de la libertad de expresión, y a mí me preocupa mucho.

Miren, apenas hace muy poco, la Secretaría de Gobernación inició un procedimiento en contra de la Revista Cáñamo, además Cáñamo es una revista muy reconocida en España, en Chile, se acaba de abrir en México. Aquí escribe Tito Fuentes de Molotov, pues le acaba de iniciar un procedimiento la Secretaría de Gobernación y mandó a la PGR a investigarlo porque contó su historia y dijo: “Yo empecé a consumir a los 13 años marihuana, y yo le recomendaría a la gente que lo hiciera después de los 21 años”. Ésa es la declaración de Tito, es su opinión, es su experiencia, además es política de reducción de daño y Gobernación amenaza con cerrar Cáñamo y establecer un juicio penal contra Tito Fuentes de Molotov. ¡Absurdo¡

¿Y saben qué dice Gobernación? Que es porque esta declaración de Tito atenta contra la moral y las buenas costumbres.

Entonces, cómo sale, perdón que diga, Roberto Campa, con quien tengo buena relación, pero me parece infame que diga que son muy respetuosos de la libertad de expresión, cuando Gobernación quiere censurar esta revista, y me parece inadmisible. Mi solidaridad, presentamos por cierto punto de Acuerdo, con la Revista Cáñamo, con Tito Fuentes de Molotov, no vamos a permitir este atropello y me parece infame.

¿Con qué cara dicen que respetan la libertad de expresión? No basta con las amenazas a los periodistas que ya existen, sino también con esta absurda censura, apelando, imagínense a la moral y a las buenas costumbres en pleno siglo XXI.

¡Por favor!

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor Presidente.

No traigo mi revista, como mi compañero, pero mi solidaridad también a Molotov.

Quiero comentar algo, con eso terminamos, cuando menos mi participación el día de hoy, y seguramente nuestra Legislatura, hablando sobre este tema que suscribimos el Coordinador Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán, su servidora y otros más de nuestros compañeros Diputados en esta Primera Comisión.

Lo decía al final, que estuve muy atenta a la exposición de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a mi compañera Lilia Aguilar, a mi compañera Lizbeth Rosas, son temas que no pueden quedar sólo en exhortos, no pueden quedar en un minuto de silencio y que pasen las cosas, pase el tiempo y seamos omisos. Son temas que tenemos que señalar, pero también tenemos que escuchar a todas las voces.

En esto, y lo analizo con todo detenimiento. No puede ser que en los temas de la mujer, siempre esté el Instituto de la Mujer viendo cómo hacer, cómo resolver, tengan que hacerse comisiones especiales, como también lo comentaba mi compañero Diputado Danner González.

Y también en el caso de los periodistas, la participación importante, destacada que ha desarrollado Artículo 19. ¿Por qué tienen que crearse comisiones especiales, instancias especiales para resolver, sobre todo, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos constitucionales, humanos, en fin, pedir medidas, solicitar medidas cautelares para Diputadas, Diputados, periodistas?, ¿por qué tener que hacer todos estos pasos? Incluso comentarles, ¿por qué tener que gastar dinero en recursos de amparos de defensa de los derechos humanos? Eso es nada más lo único que nosotros decimos, ¿por qué dentro de la misma Constitución todos estos derechos, por qué no se resuelven?

Así el caso de Rubén Espinosa Becerril y que en consecuencia, la Primera Comisión de alguna forma decidió dar por atendido el tema, sin embargo, el miércoles pasado otros periodistas, también del estado de Veracruz, fueron asesinados, y por ahí decía un noticiero: si es de nuestro noticiero pero que se resuelva, se investigue y se dé a conocer.

Nosotros creemos que estamos seguros de que esto no debe tardar, y que no debemos de pasarlo a la siguiente legislatura, ¿por qué no dar la investigación y dar los resultados ante estos hechos?

Se han presentado más de 582 casos de personas desaparecidas, extraviadas en el fuero común y federal, más de 15 periodistas asesinados en el estado de Veracruz, y el más peligroso de América Latina para ejercer el derecho a la libertad de prensa. Más de 140 agresiones a periodistas en la entidad, incluyendo 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 18 amenazas y 15 actos de intimidación.

Quisiera yo terminar diciendo: la Comisión Permanente se debe pronunciar respecto a los hechos acontecidos en la colonia Narvarte, trasciende las fronteras de un caso específico y se sitúa en el terreno de la protección a los derechos humanos a los que está obligado el Estado mexicano. La libertad de expresión y de información, el derecho de seguridad y la integridad, todos ellos consagrados, como bien decía en la Constitución y en los tratados internacionales.

El gobernador Javier Duarte, que ha fallado estrepitosamente en la garantía de la seguridad pública, subejerciendo y desviando recursos destinados para este fin, y que han tenido como consecuencia la incapacidad del gobierno para que sus ciudadanos y ciudadanas gocen libremente del ejercicio de los derechos humanos, específicamente en el terreno del ejercicio del periodismo.

Es por ello que el día de ayer, el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezco, a nombre de todas y todos los integrantes del mismo, se presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, con una solicitud de juicio político en contra de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, por violaciones graves a los artículos: 1o., 6o., 7o. y 21 constitucionales, en materia de derechos humanos, protección a víctimas y periodistas, así como las obligaciones que en materia de seguridad pública tienen las entidades federativas.

Y con esto concluyo, porque son temas que deben de resolverse, no podemos dejarlos, debemos hacer señalamientos, adicionalmente, que el pasado 15 de agosto, un grupo internacional de intelectuales, artistas, periodistas, enviaron una carta abierta al Presidente Peña Nieto, en la que exigen: desde el año 2000, decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio, se sabe que otros 20 continúan desparecidos.

La abrumadora mayoría de estos crímenes pertenecen o permanecen en la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos apunta evidencia que involucra a los funcionarios públicos, en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas, extremas y generalizadas que padecen los reporteros, llama la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo y de grupos, como el Comité para la Protección de los Periodistas, que abogan todo derecho de la prensa, todos ellos han hecho campañas para acabar con todo lo que se ha llamado “censura a tiros”.

Hoy, el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio, los reporteros mexicanos, en particular, viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los sistemas de impartición de justicia, incapaz siquiera de dictaminar la responsabilidad de los asesinos, son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros.

Señor Presidente, comentan en su carta, le urgimos, primero: Garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él; y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que en cada caso se pudieran haber visto involucrados.

Y el segundo: La revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su gobierno para garantizar la libertad de expresión en México.

En esta tribuna expresamos nuestro más profundo respaldo a estas expresiones, así como nuestra solidaridad con todas y todos los periodistas en México, y no excluyo al periodista independiente Pedro Canché, del estado de Quintana Roo.

Empeñamos nuestro esfuerzo en mejorar la situación para mejorar este país que tanto nos espera.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Saldaña Fraire.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, la sesión de hoy ha abordado en diferentes discusiones de diversos puntos de Acuerdo, la situación de Veracruz, la situación de los periodistas, la situación de falta de un estado de derecho, que evidentemente muestra la falta que en el estado de Veracruz no hay la paz, la tranquilidad que debiera caracterizar a las entidades de nuestro país, somos un país que estamos en paz, pero pareciera que en algunos estados del país la situación no es así, y algunas actividades por desgracia resultan un riesgo para muchas personas.

El caso de los periodistas es así, por eso no es gratuito que cuando es del conocimiento público, el caso de la Narvarte, cuando cinco personas, cuatro mujeres y un hombre son asesinados, haya dos personas, una que tiene que ver con el trabajo del periodismo, y otra que tiene que ver con la actividad de un activista que tiene una trayectoria importante en diversos movimientos, desde “Yo Soy 132”, y otros más, pero que era conocida por su militancia en diversas actividades que, por supuesto, de repente no son muy agradables para quienes gobiernan, los reclamos que reciben de la ciudadanía.

Y no es gratuito que cause una gran preocupación y alerta respecto de cómo puede llevarse este caso, y también lo voy a decir, no nada más es un asunto que nos debe motivar de que cuando se trata de criticar a otros partidos, nos subimos a la tribuna y no tenemos absolutamente ningún impedimento para hacerlo, pero también hay que ver los errores cuando se cometen por gobiernos donde encabeza el PRD, este es el caso de la Narvarte.

Yo quiero decir, y por eso pedí la palabra, porque a mí me parece que lo hemos dicho, así lo planteamos en un punto de Acuerdo y así lo hemos manifestado públicamente, que nos parece verdaderamente inadecuada la forma como ha conducido la investigación la Procuraduría del Distrito Federal, y hay que decirlo.

Parte de los estigmas, parte de las filtraciones, a algunas de ellas ya se refería aquí el Diputado Belaunzarán, y una gran cantidad de cosas que van y vienen, que uno lee en los medios de comunicación, no sabe uno quién filtró lo que se filtró, son cuestiones que no deben de ninguna manera permitirse, y hay que señalarlas.

Y entonces, en este caso, el de la Narvarte, todo lo que se ha filtrado, claro que afecta el proceso de investigación, claro que incide en que haya perjuicios, a que haya valoraciones subjetivas con todo tipo de intenciones, que por cierto, absolutamente en nada ayudan a una investigación correcta, legal, que lleve hacia la justicia para estas 5 personas asesinadas, 4 de ellas mujeres, y en ese sentido, no hay duda, incluso así lo han manifestado las autoridades policiales, se trata de feminicidio.

Entonces, nos parece que en este momento también tenemos que hacer un llamado respetuoso, pero contundente a la autoridad del Distrito Federal, y particularmente en la Procuraduría del Distrito Federal, porque todos los vericuetos que vemos, que observamos alrededor del caso de la Narvarte, están ya totalmente contaminados por los errores de filtración, por la falta de rigor en la investigación, y no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos calladas frente al señalamiento de lo que está haciendo la Procuraduría del Distrito Federal.

Por lo tanto, y de manera muy concreta, quiero pedir a través de esta tribuna, que el Procurador del Distrito Federal garantice certidumbre, transparencia, pero sobre todo, rigor en la investigación para que resguarde lo que tiene que resguardar, y no se contamine la investigación, porque cuando tenga que resolver la averiguación, seguramente va a enfrentar, como resultados, una gran cantidad de cuestionamientos que van a evidenciar la poca credibilidad del trabajo que tiene que hacerse desde la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Y por supuesto, al Jefe de Gobierno, pues para que él, que tiene la responsabilidad, tome las medidas pertinentes para que la procuraduría actúe de manera diferente, a como por desgracia lo están haciendo en el caso de la Narvarte.

Es cuanto, y muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchísimas gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias. Compañeras y compañeros:

Creo que cuando vemos en nuestros monitores que dicen: “Que se consideran atendidas las proposiciones sobre el homicidio”, debemos de hacernos algunas preguntas y traer alguna ayuda de memoria a acciones que hemos tomado como Senadores, y también acciones que hemos tomado como Comisión Permanente.

A ver, hay que recordar que después del homicidio, el multihomicidio de la Narvarte, donde perdiera la vida Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras 3 mujeres, hicimos un exhorto para la investigación; nos apegamos a los protocolos más estrictos de la atención a violaciones a los derechos humanos, que incluyen la justicia, la verdad, el castigo a los responsables, la reparación del daño y garantías de no repetición.

Dar por desechados todas las proposiciones, como para aliviar la presión, y que el tema ya vaya quedando en la historia y en un proceso policiaco nada más, no cumple con lo que nosotros mismos aprobamos.

Pero adicionalmente yo les recomendaría que leyeran, ¿cuál fue el llamado que se votó en la Permanente por todos los grupos parlamentarios? Porque ahí también se estableció que se atenderían las condiciones de desplazamiento interno, en el cual, por lo menos 2 de las víctimas, Rubén y Nadia Vera, tenían y presentaban, a partir de declaraciones propias y de amenazas.

Yo quiero traerles otra ayuda de memorias, esto tiene que ver con algo, y esto es solamente para los Senadores, no incluye a los Diputados, que los Senadores, en febrero de este año, a partir de una proposición de la Senadora Angélica de la Peña, atendimos y aprobamos un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que le brindara protección y garantías a todos los periodistas que presentan la condición de desplazamiento interno.

Me voy un paso atrás, ¿qué es el desplazamiento interno? Es cuando una persona no puede vivir en donde vive, o no puede ejercer su profesión donde la ejerce porque ha recibido amenazas, ¿de quiénes vienen esas amenazas? Algunas veces del crimen organizado, otras veces de algunas autoridades.

En ese caso, en febrero, nosotros reconocimos como Senado, que había 18 casos reportados de periodistas que habían llegado a la Ciudad de México provenientes de otros estados de la República, y que se habían desplazado, no por gusto, que se habían cambiado de localidad, no porque estaban buscando nuevos aires, se habían movido, porque por el ejercicio de su profesión habían sido amenazados. Eso es lo que aprobamos.

Una investigación de Artículo 19 establecía que estaban llegando a la ciudad una serie de periodistas que no podían seguir permaneciendo en su lugar de origen porque habían sido amenazados, y en algunos casos también agredidos.

¿Cuál creen ustedes que era el estado que en ese informe expulsa y genera más desplazamiento de periodistas en nuestro país? ¿cuál creen? Así, una apuesta arriesgada, ¿qué creen? Es Veracruz.

Entonces, como Senadores aprobamos, la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el Senador Omar Fayad, encabezamos ese exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que protegiera y garantizara la seguridad de los periodistas que estaban desplazados y ya estaban establecidos en la Ciudad de México, porque no podían estar en su estado. Bueno, ¿eso ya se nos olvidó o qué?

Segundo, déjenme darles otra ayuda de memoria sobre un tema que pareciera que no tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver; el INAI, y hace poco lo declaró en un artículo el Consejero Francisco Acuña, el INAI solicitó también a la Secretaría de Gobernación, un reporte estadístico sobre periodistas desplazados en el país, reporte estadístico que no incluía el nombre del periodista.

¿Qué incluía? El lugar, el estado de donde provenía, el estado al que había llegado, el origen de su amenaza; si había sido un criminal común, alguien perteneciente al crimen organizado, un policía o un desconocido, el origen del agresor.

¿Qué incluía también? Pues, si era hombre o si era mujer, ¿cuántos años tenía? Pura información estadística.

¿Qué dijo la Secretaría de Gobernación cuando no entregó esa información al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Cuando le entregó la información de manera parcial, Gobernación planteó que no podía entregar todo porque ponía en riesgo la vida de estos periodistas desplazados.

Hoy, uno de esos periodistas ya perdió la vida; uno de esos periodistas, desafortunadamente por su condición de desplazado, no voy a entrar en temas policiacos de la investigación de ¿qué es lo que pasó en la Narvarte? El hecho es que Rubén estaba en la Ciudad de México por una condición de desplazamiento y no por gusto; que se había salido de Veracruz porque había recibido amenazas del crimen organizado, no por gusto, y a pesar de que el Senado de la República, después de una serie de discursos, de la unanimidad de los votos, estableció el exhorto a Gobernación, esta persona hoy no tiene vida.

A pesar de lo que pidió el INAI, y la respuesta de Gobernación, esto ocurrió y sigue ocurriendo, no solamente para periodistas, para otras de las actividades alto riesgo que existen en nuestro país: defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente, también hay desplazados en esa condición.

Hoy es hora de que aceptemos una realidad en nuestro país, que desde el 2005 estamos enfrentando un fenómeno de desplazamiento interno, de gente que está teniendo que salir de su lugar de origen producto de amenazas.

No es migración, no están ejerciendo un derecho humano de partir a buscar un nuevo horizonte y nuevas oportunidades, son desplazados, es transversal; hay desplazados ricos, hay desplazados pobres, hay desplazados periodistas, hay desplazados empresarios.

Si esto no nos conmueve y nos mueve, al legislar sobre desplazamiento interno en nuestro país, yo ya no sé quién lo va a hacer.

Honestamente, yo sí creo que esta es una oportunidad. Quiero no pecar de exceso de optimismo, pero estas muertes, particularmente la de Rubén y la de Nadia Vera, desplazados internos de Veracruz, muertos en la ciudad de México, tiene que llamarnos a la acción profunda, para atender a los 280 mil mexicanos que viven exactamente la misma condición.

Muchas gracias.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Robledo Aburto. Se reserva para su votación conjuntamente, con los demás dictámenes de este grupo.






Y pasamos a la discusión del dictamen por el que se desechan las proposiciones relativas a las reformas a la legislación electoral local, en materia de candidaturas independientes. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictaminación las proposiciones enumeradas a continuación:

1. “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia de candidaturas independientes, con el objeto de mejorar su participación y representación ciudadana en los procesos electorales locales”, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz a rectificar sus leyes electorales y a la Comisión Permanente a interponer controversias constitucionales en contra de éstas”, presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos y congresos locales de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa a no aumentar requisitos a las candidaturas independientes en sus legislaciones electorales el principio pro persona, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes”, presentada por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

4. “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de candidaturas independientes”, presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

Por economía procesal, y dado que los asuntos versan sobre un mismo tema, se dictaminarán en un solo acto diversas proposiciones

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia de candidaturas independientes, con el objeto de mejorar su participación y representación ciudadana en los procesos electorales locales”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1646.

B. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz a rectificar sus leyes electorales y a la Comisión Permanente a interponer controversias constitucionales en contra de éstas”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1802.

C. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, el Diputado Belaunzarán Mendez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos y congresos locales de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa a no aumentar requisitos a las candidaturas independientes en sus legislaciones electorales el principio pro persona, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1812.

D. En la sesión del miércoles 5 de agosto de 2015, los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de candidaturas independientes”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-2737.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

A. El senador Armando Ríos Piter refirió  que el 1 de febrero de 2014 fue promulgada la reforma político electoral de México, en la cual se fortaleció la figura de los ciudadanos postulados a un cargo de elección popular de forma independiente, a través de la obtención de recursos públicos y tiempo en radio y televisión. No obstante, el senador señala que el 1 y 2 de julio de 2015, se publicó en medios nacionales que el Congreso del estado de Chihuahua incluyó en la Constitución Local la figura de candidatos independientes limitando su participación, en el sentido de que dichos candidatos no deben haber pertenecido a ningún partido político tres años anteriores al día de la elección de que se trate.

Considera que, de manera similar, en el Congreso de Veracruz, los legisladores avalaron un Código Electoral en el que se obliga a los aspirantes sin partido a reunir las firmas del 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal actualizado, previo a las elecciones del 2016 y señala que el estado de Sinaloa llevó a cabo una reforma en la que redujo de 90 a 40 días el plazo en que los aspirantes a candidatos independientes deberán reunir las firmas de apoyo para su postulación como lo hizo también el Congreso de Tamaulipas en su nueva Ley Electoral, pues pone como requisito que  quienes opten por candidaturas independientes deben reunir el apoyo del 3% de los electores, aún cuando en la elección federal solo necesitan el 2%.

Considera que los congresos locales van en contra del espíritu de la reforma constitucional que abría nuevos esquemas de participación ciudadana.

Bajo esa línea argumental propone:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en pleno respeto a la división de poderes exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia de candidaturas independientes con el objeto de mejorar su participación y representación ciudadana en los procesos electorales locales.

B. El senador Zoé Robledo señala que como resultado de estas elecciones las candidaturas independientes dejaron como saldo un gobernador (Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, en Nuevo León) y dos diputados (Pedro Kumamoto, por Jalisco y Manuel J. Clouthier, por Sinaloa) independientes. Con ello se demostró la viabilidad de esta figura.

Sin embargo, al igual que el Senador Armando Ríos Piter, señala que  los congresos de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, llevaron a cabo reformas en sus códigos electorales que, en lugar de impulsar, dificultan el acceso a una candidatura independiente, pues considera que las legislaturas  sobre regularon esta figura en sus legislaciones electorales en comparación con la regulación contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Por las razones expuestas, sometió a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a los Congresos Estatales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, en pleno respeto de su soberanía, para que de conformidad con el contenido de la Reforma Constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, rectifiquen sus legislaciones electorales para que sus contenidos en materia de candidaturas independientes sean coherentes con la legislación nacional y los preceptos internacionales que nos rigen, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de los ciudadanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda interponer, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, las respectivas Controversias Constitucionales en contra de las normas Electorales de los estados de Tamaulipas y Veracruz, publicadas en sus respectivos Periódicos Oficiales los días 13 de junio y 1 de julio respectivamente, y contra las otras entidades, inmediatamente publiquen sus reformas.

TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

C. Por otro lado, el diputado Fernando Belaunzarán considera que por primera vez desde 1946, se terminó el monopolio de los partidos políticos para postular candidatos a los puestos de elección popular y manifiesta que en las elecciones pasadas contendieron solamente 125 candidatos independientes y que cinco de ellos ganaron.  Al igual que las proposiciones anteriores, señala que pese a que  se avanzó en el reconocimiento constitucional de esta figura y en la ampliación de los derechos políticos electorales de los ciudadanos para que pudieran ejercer este derecho inherente a su condición de ciudadanía  resulta alarmante que en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz se hayan aprobado diversas modificaciones a sus legislaciones electorales locales para revertir el ejercicio pleno de este derecho.

Bajo esa línea argumental propone:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Ejecutivos y Congresos locales de los Estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa a que no aumenten los requisitos a las candidaturas independientes en sus legislaciones electorales locales el principio pro persona así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes.

D. Los diputados Fernando Rodríguez y Juan Pablo Adame consideran que la democracia requiere de luchas constantes en contra de las amenazas de involución política; requiere de autoridades y ciudadanos comprometidos con los principios que la sostienen; y requiere de un respeto irrestricto a la legalidad y manifiestan que como legisladores deben defender los derechos humanos que hoy se ven intimidados a través de un llamado a los congresos locales a no llevar a cabo reformas que contravengan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes.

Bajo esa línea argumental propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reafirma su compromiso con el derecho humano de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados para cargos de elección popular bajo la modalidad de candidaturas independientes, reconocido en los artículos 35, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de candidaturas independientes.
III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en el proceso de análisis y dictaminación, considera necesario señalar que un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros, en ese tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. 

Ahora bien, artículo 124 Constitucional señala que en el estado federal mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma. Las precisiones sobre las facultades y atribuciones del Congreso respecto del tema del federalismo se encuentran en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre éstas destaca la de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de coordinación fiscal, protección al ambiente, seguridad pública, desarrollo social, protección civil, turismo y deporte, entre otros. Este artículo en su fracción XXIX-U confiere la atribución al Congreso de la Unión para:

XXXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación, las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, procesos electorales, conforme a las bases previstas en la Constitución.

Bajo esa premisa, debe señalarse que el artículo 35 de la Constitución Política, en su fracción II, estableció que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde tanto a los partidos políticos, como a los ciudadanos que pretendan competir en los comicios de manera independiente y que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. De la misma manera, el 27 de diciembre de 2013, con la aprobación de las dos terceras partes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas locales, el artículo 116 constitucional fue reformado para eliminar las disposiciones que dotaban a los partidos políticos del derecho exclusivo de postular a candidatos a cargos de elección popular en los procesos locales.

En concordancia con lo anterior, la reforma político electoral de 2014 reformó y expidió diversos instrumentos legales para garantizar el fortalecimiento de las candidaturas independientes como un mecanismo de la participación ciudadana con igualdad dentro de las contiendas electorales, otorgando presupuesto y tiempos en radio y televisión para llevar a cabo sus campañas.

Dichas reformas permitieron la postulación de candidatos a cargos de elección popular por vías ajenas a los partidos políticos, se han incorporado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y en las leyes electorales locales, a fin de abundar en los requisitos y en los procedimientos a seguir para hacer efectivo el derecho humano a participar en el gobierno, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

De conformidad con lo anterior, el artículo 369 del título segundo de la LEGIPE establece lo siguiente:

2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes de la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, se sujetarán a los siguientes plazos, según corresponda:

a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Presidente de la República, contarán con ciento veinte días;

b) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Senador de la República, contarán con noventa días, y

c) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Diputado, contarán con sesenta días.

Por otro lado, el artículo 371 establece que:

1. Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

2. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad federativa en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

3. Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

De igual forma, el artículo cuarto transitorio de la LGIPE establece lo siguiente:

Artículo Cuarto. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

En ese tenor, y atendiendo los preceptos enunciados al inicio de las consideraciones del presente dictamen, debe entenderse que las leyes generales, a diferencia de las leyes federales, pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano, es decir, corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran al Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional y tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales 1.

De lo anterior se desprende que, si bien el texto de la Ley instruye a los Congresos Locales a armonizar sus leyes en las áreas específicas, los legisladores locales pueden deliberar sobre los términos convenientes para su  demarcación, es decir, se han armonizado sus textos para incorporar las candidaturas independientes, con requisitos similares a los contenidos en la LGIPE, sin embargo, esta Comisión considera que la Soberanía de los estados radica en la capacidad de decisión para los requisitos que consideren convenientes en materia político electoral para las elecciones en sus estados, siempre que se apeguen a los principios democráticos y de igualdad de oportunidades.
Si bien se trata de un instrumento anterior a la reforma político electoral,  la Tesis: P./J. 20/2013 (10a.) emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede servir como base para plantear una analogía al caso que nos ocupa:

[…] la Legislatura Local estableció un mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al registro de una candidatura bajo un filtro muy similar al de una elección interna de los partidos políticos y condicionado al respaldo ciudadano, ello no constituye una limitación al ejercicio del derecho político y, por el contrario, garantiza el ejercicio efectivo del derecho a ser votado como candidato independiente, pues permite que quien aspira a contender por un cargo público cuente con un respaldo significativo de la población y que su participación se dé en condiciones de equidad electoral frente a quienes se postulen a través de un partido político.

En ese sentido, esta  Comisión emplea la analogía jurídica para considerar que, si bien las medidas tomadas por las legislaturas de los estados difieren de lo establecido por la LGIPE, no cierran la puerta a los candidatos independientes para ejercer sus derechos político electorales, por lo que son procedentes.

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora ha tenido conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes electorales de Chihuahua y Veracruz, que establecen requisitos superiores a los señalados por la LEGIPE para registrar candidatos independientes en los próximos comicios locales.

De este modo, habrá de ser el máximo tribunal el que determine sobre la constitucionalidad de dichas reformas, por lo que no es procedente que este órgano legislativo se pronuncie sobre un asunto que se encuentra sub judice.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desechan las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a las reformas a la legislación electoral local en materia de candidaturas independientes, toda vez que han quedado sin materia, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de agosto de 2015.

1  http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/reformas/tallerNarcomenudeo/TesisLeyesGenerales.pdf

Y para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, señor Presidente.

A mí me gustaría, compañeros, que antes de entrar en el fondo de este dictamen, recordáramos el contexto en el cual se hizo la reforma constitucional, que permitió incorporar la figura de los candidatos independientes.

Fue después de la elección intermedia del año 2009, cuando hubo una alta participación de personas que votaron, anulando su voto, aproximadamente un seis por ciento de ciudadanos que anularon su voto; que hubo un enorme descontento, con los políticos ya de entonces. Y fue ahí, cuando el entonces Presidente Felipe Calderón, envió una iniciativa, que después fue aprobada para incorporar a la legislación, a los candidatos independientes.

Hasta entonces los partidos políticos teníamos el monopolio de las candidaturas a algún cargo de elección popular, a nuestra legislatura, incluso le tocó llevar la reglamentación de las candidaturas independientes a la legislación secundaria.

Los candidatos independientes, por lo tanto, surgieron en un contexto de enorme hartazgo de la ciudadanía con la calidad democrática de nuestro país. Una insatisfacción hacia la democracia, tal y como se está viviendo en nuestro país.

Y al hablar de este hartazgo, no estamos hablando, en términos retóricos. Yo los invito a que revisemos algunas cifras, según la última encuesta Latinobarómetro, del año 2013, el 75 por ciento de los ciudadanos mexicanos no está satisfecho, no están satisfechos con la democracia.

Esta cifra es la más alta de toda América Latina. Esta encuesta Latinobarómetro, se lleva a cabo en todos los países de América Latina y el desencanto democrático que hay en México, es el más alto de toda la región.

Y lo pudimos ver en la reciente elección del pasado 7 de junio. Los tres partidos grandes, tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, únicamente juntamos el 61 por ciento de los votos, cuando unos años antes, aglutinábamos entre los tres, más del 90 ciento de los votos.

Empezaron, por lo tanto, a surgir varios fenómenos, como el de la candidatura independiente, del llamado “Bronco” en Nuevo León; el de Pedro Kumamoto, en Jalisco; Manuel Clouthier, en Sinaloa; o candidatos que sin ser independientes, que fueron postulados por un partido, sin embargo, de alguna manera también eran vehículos de esta insatisfacción ciudadana, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, en Cuernavaca; o el propio Alfaro, en el estado de Jalisco.

Es decir, la solución al hartazgo democrático, al desencanto, a la insatisfacción que hay en la población con nuestra democracia, la solución no viene, al poner, como ya están pretendiendo muchos congresos locales, más restricciones a la posibilidad de que existan candidaturas independientes.

Parece que los congresos locales que pretenden hacer eso, alentados por ciertos gobernadores, no entendieron el mensaje que los ciudadanos nos mandaron el pasado 7 de junio, a los partidos tradicionales.

Y déjenme decirles una cosa, yo creo que la democracia, únicamente se puede resolver a través de los partidos políticos. Yo soy un convencido de la importancia de los partidos políticos, no ha habido democracia en el mundo que funcione sin partidos políticos.

Pero por eso los partidos políticos, sobre todo los partidos más grandes o los que tradicionalmente hemos concentrado el mayor número de votos, tenemos que regenerarnos, tenemos que volver a hacer esos agentes de cambios que fuimos, durante la transición a la democracia en nuestro país.

Tenemos que entender el mensaje de las urnas y de esa manera, los ciudadanos volverán a voltearnos a ver a los partidos, que hasta hemos sido tradicionales en este país.

La solución no es, insisto, poner más requisitos, más restricciones, más candados a las candidaturas independientes, eso es como querer tapar el solo con un dedo, al contrario, eso puede generar una crisis política mayor.

La solución está, insisto, en que los partidos grandes nos regeneremos. Porque yo también les quiero decir, soy consciente de los eventuales peligros que pueda haber a través de estas figuras.

No somos ajenos a lo que ha pasado en otros países de la misma región o a otros países del mundo entero, donde a través de las candidaturas independientes han llegado personajes, que no han estado comprometidos con las instituciones democráticas, o que incluso se han valido de las candidaturas independientes para subvertir a las propias instituciones democráticas.

Insisto, yo soy un convencido de las funciones que los partidos políticos desempeñan en la sociedad. A través de los partidos políticos, los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la rendición de cuentas, castigándonos o premiándonos en cada elección a través de su voto.

También es cierto que los partidos políticos disciplinan a los candidatos electos. Ustedes imagínense que en este Senado, en esta Cámara de Diputados, en esta Comisión Permanente, todos fuéramos independientes, sería un poco problemático, incluso construir una mayoría.

También es cierto que los partidos políticos, formamos cuadros que después tendrán responsabilidades legislativas y de gobierno, y además los partidos políticos representamos, en las instituciones, las corrientes de opinión que existen en la sociedad.

Por lo tanto los partidos políticos tienen una función de ser. Por eso nos tenemos que regenerar., por eso yo tampoco creo que la solución sea pensar que los independientes van a venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana.

Pero insisto, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. No podemos caer en la tentación, como están cayendo varios gobiernos estatales, varios congresos locales, de aumentar los requisitos para las candidaturas independientes.

Antes, insisto, y con esto termino compañeros, tenemos que entender el mensaje de las urnas y parece que estos gobernadores y estos congresos locales, que quieren poner más candados y que quieren poner más restricciones, simple y sencillamente, no han tenido la más remota idea del mensaje que los ciudadanos expresaron en las urnas el pasado 7 de junio.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Fernando Rodríguez Doval.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, señor Presidente.

Debemos de entender muy bien el mensaje que los electores dieron en la pasada jornada.

Los jóvenes, las mujeres, las personas que salieron a votar a las urnas, en muchos casos, en diferentes ciudades, con diferente perfil socioeconómico, le dijeron “no” a los partidos políticos; le dijeron “no” a los partidos tradicionales; le dijeron “no” a los políticos, que se dedican hacer las cosas siempre de la misma manera.

Si nosotros como políticos, si nosotros como parlamentarios, no identificamos muy bien este mensaje, vamos a estar ante la culminación de un ciclo, dentro de la política mexicana.

Si nosotros como miembros de un partido político, identificamos los cambios que tenemos que hacer; las modificaciones para que los partidos puedan ser más abiertos, más transparentes, para que puedan aceptar a muchos ciudadanos, que hoy están buscando sacar adelante a su familia, sacando adelante una asociación civil, una universidad y una empresa, entonces, los partidos políticos, de nuevo, recibirán ese voto de confianza de la ciudadanía.
La elección que tenemos enfrente, respecto a las 12 gubernaturas, nos plantea ese reto, a los que estamos dentro de los partidos.

Pero tampoco podemos dejar de ver, el 2018 que está ya de manera inmediata. Este furor que se ha generado por las candidaturas independientes, sí nos dice, que la gente no está harta de la política, está harta, precisamente, de los políticos, que hacen las cosas de la misma manera.

Y aquí, la tentación es inmediata y la salida fácil, puede ser la equivocada, el que se planteen esos bloqueos, el que se planteen más restricciones para las candidaturas independientes, sólo hace y sólo va a generar que entonces más ciudadanos se puedan decepcionar de la actividad política.

Lo que queremos, nosotros como Partido Acción Nacional, es que este país siga por el rumbo de las instituciones, y los partidos políticos siguen siendo esas instituciones que le dan fuerza y que le dan rumbo también a la democracia de nuestro país.

Por eso hoy, desde esta tribuna, hacemos un llamado y hacemos una invitación para que los partidos se puedan renovar, se puedan regenerar, para que puedan abrirse, para que puedan ser más transparentes y para que no le quiten esos espacios de oportunidad que hoy tienen los candidatos independientes.

La tarea para nosotros es ser más competitivos, tener una mejor oferta, ser más atractivos para que entonces los ciudadanos puedan participar y ser candidatos desde nuestras instituciones políticas, ahí está el reto, esta generación lo entiende bastante bien, los mexicanos lo entendieron en la pasada jornada electoral, es el momento para que los partidos políticos también lo entiendan.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Muchas gracias, Diputado Juan Pablo Adame.

Tiene el uso de la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

También desecharon una proposición de punto de Acuerdo que presentamos, para precisamente denunciar o manifestar nuestra posición a los nuevos requisitos que algunos congresos locales están poniendo a las candidaturas independientes, la verdad es que están entendiendo mal el mensaje.

El mensaje no es impedir las candidaturas independientes o ponerles más obstáculos, entender el mensaje es que los partidos políticos cambien, que los partidos políticos se abran a la sociedad, se abran a los ciudadanos.

Los ciudadanos tienen derecho a mostrar su indignación y su molestia con el estado de las cosas, ese es su derecho y es derecho de los ciudadanos poder ser votados para esto.

Si alguien llega y dice: “¡Ah! Para que no me pase lo que en Nuevo León, lo que en Cuernavaca, o lo que sucede en otros lugares como en Zapopan, donde ganó Kumamoto, Clouthier en Sinaloa, o en Morelia, etcétera, otro candidato independiente, para que no suceda eso, pongamos requisitos que no puedan cumplir y así todo el pastel queda con los partidos y asunto arreglado”.
Perdón, esta no es la solución. Alguien diría: “Es la solución cínica”. Sí es cínica, pero no es solución. El punto es cómo cambian los partidos y se abren a la sociedad, ese es el llamado.

Si entendemos lo que pasó en la elección, si entendemos qué fue lo que expresaron los ciudadanos, pues fue precisamente el castigo al divorcio de la sociedad con los partidos, con la clase política, entonces, si nosotros ponemos más requisitos además inconstitucionalmente, ojalá que la Suprema Corte vaya.

Yo le pedí a mi Presidente, Carlos Navarrete, que estableciera un juicio de inconstitucionalidad contra esos estados, espero que me hayan hecho caso; si no que lo hayan hecho otros partidos también en contra, porque es inconstitucional mayores requisitos para ser votado.

Me parece que la Corte seguramente le dará la razón a los ciudadanos en contra de este abuso de autoridad de los congresos estatales que ven con desconfianza a los ciudadanos.

Si nosotros entendemos eso, entonces lo que tiene que hacer es en lugar de ampliar la brecha que hay entre ciudadanos y partidos, rompamos esa brecha, pongamos los puentes hacia los ciudadanos y que los ciudadanos puedan encontrar en los partidos también plataformas para ser candidatos. Ese era el punto, por cierto, de la ley de partidos, ese debió haber sido el espíritu de la ley de partidos.

Yo tengo una opinión.

¿Por qué no avanzamos en esto en la ley de partidos para que los ciudadanos pudieran en un partido de su preferencia poder entrar a ese partido y poder disputar una candidatura a esos partidos?

Pero ya como quedó, prácticamente se garantiza mucho que la decisión sea cupular o sea de élites la decisión de las candidaturas y no puedan entrar diferentes que no tengan una vinculación orgánica a decir: “quiero ser candidato de este partido porque me identifico con él”. Ese hubiera sido un avance importante.

Pero bueno, sí me parece un retroceso de los estados que pongan mayores requisitos y mayores trabas a las candidaturas independientes, no me extraña que coincida en este tema con mis compañeros Juan Pablo Adame y Fernando Rodríguez Doval, porque hemos compartido y hemos de alguna manera impulsado reformas democráticas y compartimos la idea de que en lugar de cerrar la participación a los ciudadanos, el sistema debe abrirse, y eso va a obligar a los partidos a cambiar y va a hacer que los partidos tengan necesariamente que buscar mayor legitimidad con los ciudadanos, con la sociedad, abrir más sus canales de comunicación.

Pero la peor de las soluciones, estas leyes antibronco, que es ponerles candados inadmisibles por encima de la Constitución, y con esto termino, de por sí las condiciones y los requisitos para conformar una candidatura independiente son muy altos, lo dijimos, la verdad es que fue un trabajo excepcional los que llegaron a cumplir los requisitos.

Y si a esos requisitos altos les aumentamos más los requisitos, entonces, lo único que hicimos fue exhibir que queríamos la figura, pero no queríamos a los candidatos, que queríamos la figura para decir: “Ahí está”, pero que nadie lo cumpliera. Eso, la verdad, exhibe esa intención, pero la sociedad mexicana ya no está para simulaciones.

Gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo.

Exhorto a los legisladores que recuperemos la atención a las intervenciones de Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores.

Yo sé que el Senador Gamboa, cuando llega, provoca animosidad a favor en su grupo parlamentario, pero pongamos atención a los que intervienen.

Gracias.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que este es un error que además no solamente se configura en el espacio de las cosas mal hechas, sino que atenta contra nosotros mismos.

Nosotros fuimos los legisladores, y quizá para los Diputados que están de salida, también forma parte de su legado, que aprobaron una reforma político-electoral que ampliaba de alguna manera las figuras de democracia directa, la consulta popular, que ya también demostró sus limitaciones, la iniciativa ciudadana y, desde luego, los candidatos independientes.

Uno imaginaría que ante la vulneración por parte de congresos locales de algo que aquí defendimos, votamos, nos pusimos de acuerdo y presumimos tanto, sería larga la cola de Senadores y de Diputados intentando defender a los ciudadanos de estos estados: Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua, pero no, no estamos haciendo eso, al contrario, de manera un poco indiferente, estamos aprobando que se desechen todas las proposiciones relativas a las reformas en legislación que tienen que ver con candidatos independientes.

Yo, sin duda, la defiendo porque una de esas proposiciones es mía, pero también hay proposiciones del Partido Acción Nacional.

Efectivamente, no estamos entendiendo que no estamos entendiendo, como ya dice el titular clásico, no estamos entendiendo la señal de las urnas.

Nunca jamás, en nuestro país, en la historia reciente, los tres partidos mayoritarios: PAN, PRI y PRD, en estricto orden de registro, habían tenido una votación tan baja, solamente el 60 por ciento de los mexicanos votaron por alguna de estas tres alternativas a la cual casi la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos.

¿Cuál es la señal? La señal es que haya otras alternativas, por supuesto que están los otros partidos. Por supuesto que está la nulidad activa del voto, pero también están los independientes.

Sumen ustedes el porcentaje de votación que tuvieron los 22 candidatos independientes a Diputado federal en todo el país, promédienlo, y tienen más votos que partidos como el Partido Verde, esa es la señal.
Todos hablamos de “El Bronco”, pero habría que hablar también de Clouthier y de Kumamoto, y del caso particular de Clouthier, primer candidato independiente que llegará a la Cámara, no es el único, hubo 4 más que quedaron en segundo lugar, no estamos entendiendo nada, los candidatos independientes, y de estas figuras a nivel local, deberían de preocuparnos y deberían de motivarnos a protegerlos y a defenderlos, no como un tiro en el pie, sino como una señal de que estamos dispuestos a la generación para nuevos términos de competencia.

¿Y qué es lo que hacen nuestros amigos de Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa? No quieren ir a las urnas y competir con ellos, lo que están haciendo es incrementarles requisitos.

Yo he estado planteando que los congresos locales sólo podrían estar pensando en extender derechos, nunca en restringirlos. ¿Qué es lo que hicieron? Aumentaron el número de firmas, de 2 a 3 por ciento.

Disminuyeron el número de días para recolectar esas firmar, pero por si no fuera poco esto, en casos como Chihuahua, pues también dijeron: “de una vez metamos alguna cláusula que no permita que un militante actual de algún partido compita por esa vía”.

Yo no sé, porque no conozco tanto de política chihuahuense, a quién va dirigido, seguramente alguno de los de Chihuahua nos puede decir a quién.

Pero el hecho que se suma es que están vulnerando algo que hicimos nosotros, y no nos importa, entonces cuál era la convicción democrática.

Creo que hay que voltear a ver un dato, solamente el 16 por ciento de la población confía en los partidos políticos, Aaaba de publicarse la encuesta de Reforma en confianza institucional, logramos un mínimo histórico, y por fin los señores policías de la nación deben de estar felices porque ya no son la institución con menos credibilidad, ya son los partidos.

Pasamos del 25 en una franca caída, y en el último registro llegamos a 16 por ciento. ¿Y qué hacemos? Permitimos que los congresos locales hagan leyes antiindependientes.

Yo creo que esta Permanente y el legado de los señores Diputados, a los cuales les quedan solamente algunas sesiones, debería de preocuparles un poco más, de no hacer cosas que se presumen y que después se dejan vulnerar, se dejan modificar, se dejan de formar, con el silencio cómplice de quienes en algún momento diseñaron, discutieron y votaron este tipo de iniciativas.

De verdad hay que mandarles una señal a estos congresos, no es una invasión de facultades, es una señal porque esas leyes “antibronco” tienen todas las características para un contagio masivo a otros congresos que, estoy seguro, empezarán a imitarlos, que preferirán no irse a medir a las urnas, sino desde antes restringir la participación de este nuevo tipo de manifestación política que es una gran señal a los partidos políticos, a que nos renovemos, y, por supuesto, a que no intentemos ganar en las leyes lo que creemos que no vamos a poder ganar en las urnas.

Por favor, reconsideren su voto, compañeras y compañeros.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Finalmente, en el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma.
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso, ciudadano Presidente; Mesa Directiva; Compañeras y compañeros Senadores:

Bienvenido este debate, pero distingamos entre el debate sobre candidaturas independientes y el dictamen que estamos discutiendo. El dictamen ha sido rechazado porque el asunto está sub júdice, está en proceso de discusión, no hay veredicto, no hay sentencia, no hay resolutivo, y si está en proceso justo es que otro poder, la máxima instancia para tratar estos temas, haga su trabajo.

Ya hay una acción de inconstitucionalidad, no juicio de inconstitucionalidad como aquí se dijo, esa acción de inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte que es un órgano de constitucionalidad y de legalidad, es decir, va a ver si estas leyes de estos estados que fueron impugnados, específicamente Chihuahua y Veracruz, son compatibles, se ajustan, son armónicos con la Constitución o con la Ley General de Instituciones y Procedimeintos Electorales, la LEGIPE.

Entonces dejemos que haga su trabajo, por eso se desecha, pero el debate es válido, muy válido y muy pertinente porque la primera pregunta que surge es: ¿qué es un candidato independiente, independiente de los partidos, independiente de la política? O a lo mejor quisieron decir candidato ciudadano, o a lo mejor es alguien sin experiencia en el oficio político, pues entonces es una soberana contradicción.

¿Hay una definición de candidato independiente? La Constitución no lo hace.

El artículo que habla de este tema, que es el artículo 35 donde se establecen los derechos de los ciudadanos, dice que tienen derecho a solicitar registro, y aquí termina el monopolio de registro de los partidos, por un lado, los partidos políticos, pero, por otro lado: “los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”, esa es una tautología, son independientes los que se registran independientemente, no es una definición.

Podemos decir que la Constitución deja esta definición a la ley reglamentaria, a la ley secundaria, pero la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales dice en su
Artículo 3: el “Candidato independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente ley”.

¿Es esa una definición que esclarece el concepto? A mi juicio no.

Entonces empecemos por definir, ¿qué es un candidato independiente?, ¿es independiente de los partidos?, ¿independiente qué tanto, poquito o mucho? Pues eso depende de la militancia.

¿Qué tanta militancia debe tener para ser independiente? Algunos partidos establecen requisitos de militancia, para abrir una contienda interna para elegir dirigentes o postular candidatos.

Pero aquí dirían: “Los partidos deben abrirse y, por lo tanto, cualquiera que se quiera registrar en el partido para que el partido sea el medio que los registre, pues que lo hagan”.

Y hay que hacernos una pregunta, y ese es un acto de responsabilidad: ¿Voy a elegir o a postular, o a registrar aquel que no tiene experiencia política para gobernador, pero quiere ser gobernador o quiere ser Diputado?, ¿y qué apoyos cuenta? Cuenta con el apoyo del partido, desde luego.

Ahora, pongamos en el caso de uno que sólo se registra porque cuenta con un cierto porcentaje de la lista nominal, ¿y quién lo va apoyar en el Congreso local, o quién lo va apoyar en el ayuntamiento, o va a registrar una planilla, o sólo se registra el candidato? O en el peor de los mundos, ¿quién lo va apoyar si es Presidente de la República independiente en el Congreso, en los estados, en los municipios? Si no hay una línea que nos permita un mínimo contacto, y por eso existen los partidos, porque un partido se define como una organización de ciudadanos regidos por una declaración de principios. ¿Cuáles son los principios de este candidato independiente? Por un programa de acción. ¿Cuál es su programa de acción, cuál es su plataforma, cuál es su oferta? Y estatutos. Bueno, ¿pues cuáles son las normas de conducta que van a guiar a este independiente?

En el PRI tenemos un cuarto requisito aparte de los tres que pide la ley, que es ajustarse a un código de ética partidaria, que es también parte de nuestros documentos básicos, y la gente quiere que los políticos nos ajustemos a códigos de ética pública, partidaria, personal, moral.

Y perdón por el pleonasmo, porque ética y moral son lo mismo: una está en griego “ethos”, otra está en latín: “mores”.

Pero la gente habla así y tenemos que ajustarnos al hablar de la gente, así no cumpla con el conocimiento mínimo de las raíces griegas y latinas que dan sentido a nuestro idioma y del cual se deriva nuestro idioma.

¿Queríamos decir candidatos independientes, o pusimos candidatos independientes cuando queríamos decir candidatos ciudadanos? En estricto sentido todos somos políticos.

Decía Sabater que toda la filosofía no es más que un pie de página de los Diálogos de Platón, y su discípulo Aristóteles definió al ser humano como un zoon politikon, es decir, un hombre que quiere vivir en sociedad, que quiere vivir en la polis, en la ciudad.

Entonces el tema es muy importante, el debate bienvenido y requiere más tiempo. Yo reconozco la tiranía del tiempo y, concluyo, es una involución. No se nos olvide -o al menos yo desde que tengo memoria- que en todas las boletas electorales aparece al fin un recuadro que dice: “Candidatos no registrados” a nadie se le coarta el derecho de participar, a nadie.

Yo creo que la involución es querer quitar ese cuadrito y agregar “Candidatos Independientes”. Dejemos ese cuadrito, y aquí hago una aclaración, en los cuatro puntos de Acuerdo se habla de derecho humano. Hay una gran diferencia entre el derecho fundamental, el derecho humano y el derecho político. Aquí se trata de un derecho político fundamental.

Entonces este derecho político debe ser ampliado, y para ello los partidos deben regenerarse, adaptarse, modernizarse, actualizarse, perfeccionarse, reformarse. De acuerdo, pero dejemos abiertos los espacios.

Y reitero, como conclusión, que el punto fue desechado no por razón de principio, sino por razón de procedimiento.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Manuel Cavazos.

Voy a conceder la palabra, más allá de que todos habían consentido que éste era el último orador. Así es el debate, el debate nunca termina, pero decir lo que uno quiere y piensa es un asunto de reconocimiento a la verdad que todos tenemos. Pero sí hagamos ese esfuerzo de que cuando tengamos claridad de que va a subir el último ponente, es el último ponente.

En uso de la palabra el Diputado Rodríguez Doval, del PAN, y después el Diputado Belaunzarán Méndez, del PRD.

Y con eso cerramos, salvo que la tiranía del tiempo nos siga imponiendo las condiciones en esta sesión. Don Manuel, gracias por sus nueve minutos que fueron muy ilustrativos.
El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, señor Presidente.

Yo celebro que la tiranía sea del tiempo y no del Presidente que se ha mostrado abierto a este debate, que sin duda es un debate muy rico, un debate que se tiene que dar porque tiene que ver con nuestra propia calidad democrática.

Yo recuerdo uno de los problemas que tenemos en México, en nuestra reglamentación electoral, y es precisamente ése, que nuestra democracia está sobre regulada. Hay un conjunto de normas, hay un conjunto de reglas que simplemente ponen más y más restricciones a la misma competencia política, y eso es justamente lo que se está pretendiendo ahora en varios Congresos locales, con el tema de las candidaturas independientes: seguir regulando y seguir poniendo restricciones a un fenómeno que, déjenme decirles, está pasando en todo el mundo, prácticamente en todas las democracias del mundo se permite la participación de los ciudadanos por la vía independiente.

Yo creo que la argumentación del Senador Cavazos Lerma, sin duda, fue una argumentación muy rica y muy culta, y yo nada más la matizaría con un aspecto, Senador:

Yo digo que todos los candidatos de todos los partidos somos ciudadanos, todos nosotros hemos sido ciudadanos, yo no acepto el término de candidatos ciudadanos como si fueran únicamente quienes tienen este carácter los que no están vinculados a un partido. No, todos nosotros fuimos en su momento, candidatos ciudadanos y somos Diputados y somos Senadores ciudadanos, y no solamente eso, me atrevería a decir que somos quizás quienes con más vigor ejercemos nuestros derechos ciudadanos.

Lo que sí existe son candidatos independientes, entendiendo por candidatos independientes a aquéllos que no están vinculados orgánica y estatutariamente a un partido político. Eso no quiere decir que no puedan tener una ideología en particular o que no puedan adscribirse a una corriente de pensamiento o de opinión en una democracia. Simplemente no quieren que su participación política y su derecho político, que además es un derecho humano a participar, a votar y ser votado, sean a través de un partido político. Eso es un candidato independiente.

Entonces yo creo que tenemos que aceptar en México los mismos fenómenos que están pasando en todo el mundo. En Estados Unidos desde el siglo XIX, varias veces en el siglo XX, hubo candidatos presidenciales independientes.

En cualquier democracia del mundo, europea, latinoamericana, a donde nosotros volteemos a ver, veremos que existe esta figura. Yo no la comparto y por eso me afilié en su momento a un partido político.

En mi anterior interior intervención yo mencionaba las ventajas que tienen los partidos políticos en la sociedad, sin embargo, no vamos a resolver los problemas de la democracia -que ahí están, aunque algunos no los quieran ver- poniendo más candados a una figura que ha surgido a partir, como les decía, de la apatía y del hartazgo que se generó en la elección del año 2009, y que si ha tenido éxito es precisamente porque los partidos hemos dejado de cumplir con estas funciones.

La solución está en que todos los que militamos en un partido político verdaderamente hagamos un esfuerzo para que nuestros partidos se renueven y se regeneren.

Hace diez o quince años este hartazgo no existía. Si nosotros vemos las encuestas Latinobarómetro, insisto, como comenté en mi primera intervención, de calidad democrática en toda la región, veremos que hace diez, quince años había una mucha mayor satisfacción con la democracia, con los partidos y con los legisladores de la que hay hoy en día.
Mejor preguntémonos qué está pasando o qué ha pasado en otros países, donde este hartazgo llegó a un extremo tal que permitió el arribo al poder de líderes mesiánicos, de líderes demagógicos, populistas, que proponiendo soluciones fáciles lograron hacerse de una voluntad mayoritaria del pueblo.

Preguntémonos qué tenemos que hacer nosotros los partidos políticos. La solución no está en poner más candados a los independientes, sino en nosotros, cada uno de los que militamos en un partido, buscar que tengamos una mayor renovación y regeneración para volver a ser lo que fuimos antes, instrumentos al servicio de la sociedad.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Ninguna dictadura es buena, ni la del tiempo inclusive, ni la del proletariado.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Belaunzarán.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Coincido con usted, ninguna dictadura es buena y a veces también hay que desafiar al tiempo.

Miren, agradezco mucho al Senador Manuel Cavazos porque creo que puso el debate en muy buen nivel, y qué bueno que podamos dar este debate y esta confrontación de ideas.

Por cierto, se ha dicho que no sólo la política, sino que toda la filosofía ha sido una nota a pie de página de Platón, claro, eso lo decía un platónico por supuesto.

Pero, bueno, vamos al tema. Miren, ¿quién tiene la soberanía? La soberanía reside en el pueblo y, sin embargo, hay quienes quieren ser tutores del pueblo para que el pueblo no se equivoque.

Y entonces para que el pueblo no se equivoque, pongamos el mayor número de trabas, porque los únicos capacitados para hacer o posibilitados para ser gobernantes o legisladores tienen que ser de los partidos, somos como el filtro obligado en contra de lo que debe de ser la soberanía de la sociedad.

Me parece que lo que hay son varias intenciones, primero cerraron el paso a otros políticos para que sólo tengan el camino de los partidos, y perdón, eso huele a revancha partidista o revancha de cúpulas de los partidos es, si éste no logró la candidatura, por nosotros no la puede lograr por ningún lado, no vaya a ser que los ciudadanos le den la razón al otro, y nosotros queremos muy mal, si lo importante era cerrarle el paso.

Y me parece que esa, que es también una pretensión de que, o te asumes a las reglas de este partido o no tienes ninguna posibilidad, no es, perdón, la forma más democrática.

Los problemas de la democracia se arreglan con más democracia, perfeccionando la democracia. Los problemas de la democracia no se arreglan fortaleciendo el autoritarismo o el control de las cúpulas.

Esa es mi convicción.

Por supuesto, entiendo el riesgo, si ha habido un riesgo Fujimori en Perú es clarísimo, como se generó, creo, y salió peor el remedio que la enfermedad.

Pero la salida de ese punto no era que ese sistema de partidos peruano que estaba cerrada a cualquier, la solución era que los partidos se pusieran a la altura de las circunstancias, que se abrieran, que se depuraran, que entendieran el problema de la mala administración, de la corrupción, etcétera, ese es el asunto.
Si no somos capaces de resolver los problemas de nuestro sistema político, si no somos capaces de resolver el problema de corrupción sistémica, si no somos capaces de resolver el problema de la impunidad, por supuesto crecerán las opciones que les llaman de out sider, por supuesto, pero el reto nuestro no es cerrar esa vía, el reto nuestro es que entendamos que ese camino que puede estar abierto nos obliga a cambiar a nosotros también.

Y nos obliga a algo muy sencillo, no sencillo, pero sí trascendente, que es que los partidos se acerquen, los partidos rompan esa frontera con los ciudadanos o ese abismo con los ciudadanos, se acerquen a la sociedad civil, a una sociedad civil que es actuante, que es preparada, que es verdaderamente dinámica en nuestro país y que puede, en mi opinión, dar mucho por nosotros para los cambios, para las transformaciones, en prácticamente cualquier tema, en el tema anticorrupción, en el tema transparencia, en el tema de política, de drogas, en el tema de la desigualdad, hay una sociedad civil importante con propuestas, muchas de ellas de académicos fundamentales y lo que deberíamos hacer en lugar de que nos vieran atemorizados a la clase política y cerrarles cualquier válvula para que trabajen, lo que nos debieran ver es abriendo nuestras puertas, abriendo nuestras puertas para tener una comunicación virtuosa entre partidos y sociedad.

Entonces en lugar de mandar el mensaje de que les tenemos miedo a los candidatos independientes, que serán independientes porque se registran por fuera de los partidos, solamente por eso, porque además, nosotros no dejamos de ser ciudadanos por ser político o por militar en un partido político, ejercemos un derecho ciudadano que es militar en un partido político, somos tan ciudadanos como cualquiera; son independientes porque se registran por fuera de los partidos, pero en la medida en que los partidos políticos representen las causas de la sociedad, en esa medida no habrá por qué pensar que vendrá alguien por fuera de nosotros, parece ser que es la aceptación de que nosotros no podemos cambiar y transformarnos y responder a esa demanda ciudadana de cambio de frescura, de modificación, de atender los vicios que sí tiene este sistema, parece que lo estamos aceptando y nuestra salida es cerrarle el camino a los que puedan hacer.

Miren, combatamos por supuesto los riesgos autoritarios, y la forma de combatir mejor los riesgos autoritarios, insisto, es perfeccionando nuestra democracia, y perfeccionando la democracia incluso implica una cosa, no escatimar que el gran elector es el pueblo, ese es el gran elector, es el que tiene que definir quiénes son sus representantes, si alguien determina que le cerraron el paso en un partido porque el sistema no fue democrático para elegir la candidatura, etcétera, porque le dijeron, sabes qué, esta candidatura es de hombre y tú eres mujer, y entonces como no puedes competir en esta Presidencia municipal porque tienes el gen equivocado; y la mujer decide, ¡ah sí!, pues los que tienen que decidir no es la cúpula de mi partido, si este es un distrito de hombres, termino, señor Presidente, con esto, no va a decidir la cúpula de mi partido que este sea un distrito de hombres, yo voy con los ciudadanos y ahí, siendo mujer, voy a ganar si me dicen los ciudadanos que tengo, por qué le vamos a cerrar el paso a esa posibilidad.

De veras, que debemos de decirle, y además de que nosotros decidimos que tienes que tener el gen correcto para competir en este distrito, en este municipio, te quitamos cualquier posibilidad de apelar al gran elector que es el pueblo, me parece que esta es una salida autoritaria.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Informo a la Asamblea que el dictamen por el que se consideran sin materia las proposiciones que exhortaban a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por las presuntas violaciones a las disposiciones en materia electoral, le han sido retiradas las reservas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnados los siguientes asuntos:

a) “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ordene el retiro de la propaganda ilegal del Partido Verde Ecologista de México”, presentada por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Amalia Dolores García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

b) “Proposición con punto de acuerdo para  exhortar al Instituto Nacional Electoral a que valore y delibere sobre el posible retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México”, presentada por los diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

c) “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que cumpla sus responsabilidades constitucionales y legales y emita conforme a derecho, las resoluciones correspondientes,  sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a  la campaña  del PVEM en el actual proceso electoral”, presentada por los diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

d) “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por las graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

e) “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro como partido político, al Partido Verde Ecologista de México”, presentada por la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

f) “Proposición punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes”, presentada por los diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

g) “Proposición punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político, en relación al origen y destino de estos recursos, así como en relación a los topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral”, presentada por los diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

h) “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar, deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, respecto del presunto uso indebido de datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes escolares, por parte del Partido Verde Ecologista de México”, presentada por los senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez y Javier Corral Jurado.

i) “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar abiertamente el periodo de veda electoral”, presentada por los diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

j) “Proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y de sus habitantes”, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

k) “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la afiliación colectiva, el desvío de recursos públicos, el uso electoral de programas sociales en la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas y a resolver a la brevedad las solicitudes presentadas por diversas organizaciones civiles para la cancelación del registro de dicho partido.”

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

Por economía procesal, y dado que los asuntos versan sobre un mismo tema, se dictaminarán en un solo acto diversas proposiciones

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 6 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente:

a) Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) para que ordene el retiro de la propaganda ilegal del Partido Verde Ecologista de México.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-19.

B. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentaron las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

b) Para exhortar al Instituto Nacional Electoral a que valore y delibere sobre el posible retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México.

c) Por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que cumpla sus responsabilidades constitucionales y legales y emita conforme a derecho, las resoluciones correspondientes,  sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a  la campaña  del PVEM en el actual proceso electoral.

d) Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por las graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En la misma fecha, dichas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo para su desahogo, mediante los oficios CP2R2A.-83, CP2R2A.-117 y CP2R2A.-120, respectivamente.

C. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente:

e) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro como partido político, al Partido Verde Ecologista de México.

f) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes.

En la misma fecha, dichas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo para su desahogo, mediante los oficios CP2R2A.-285 y CP2R2A.-293, respectivamente.

D. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente:

g) Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político, en relación al origen y destino de estos recursos, así como en relación a los topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-468.

E. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente:

h) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar, deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, respecto del presunto uso indebido de datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes escolares, por parte del Partido Verde Ecologista de México.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-616.

E. En la sesión del miércoles 10 de junio de 2015 se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente:

i) Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional Electoral a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar abiertamente el periodo de veda electoral.

j) Proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y de sus habitantes

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante los oficios CP2R2A.-738 y CP2R2A.-746, respectivamente.

F. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente:

k) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la afiliación colectiva, el desvío de recursos públicos, el uso electoral de programas sociales en la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas y a resolver a la brevedad las solicitudes presentadas por diversas organizaciones civiles para la cancelación del registro de dicho partido

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-880.

II. CONTENIDO

En la proposición presentada el 6 de mayo, a), así como en la proposición inciso c) enlistada  en este documento, presentada en la sesión del 13 de mayo de  2015, los promoventes exponen que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha incurrido en violaciones sistemáticas a la legislación electoral, pues ha realizado una estrategia de campaña anticipada con recursos de procedencia no especificada, que consisten en la contratación de 300 mil spots en televisión, la contratación de espectaculares y propaganda fija, la compra de los llamados “cineminutos” a precios preferentes, la contratación de inserciones en revistas del grupo Televisa, la distribución de tarjetas de descuento, la utilización de programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicina, la utilización de materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios y el uso de datos personales del padrón electoral, lo que, de acuerdo a su argumentación, son actos que constituyen violaciones graves y sistemáticas a la ley electoral.

Expresan que se han dictado medidas cautelares, resoluciones administrativas y sentencias dictadas por las autoridades electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se han impuesto multas que cuyo monto alcanza casi 200 millones de pesos, lo que representa casi el 50% de sus prerrogativas y, consideran, el PVEM está dispuesto a continuar con su estrategia de campaña frente a los mandatos judiciales.

Bajo esa línea argumental, los promoventes proponen como resolutivos:

a) ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE  para que en ejercicio de sus facultades, ordene a la brevedad el retiro de la propaganda ilegal del PVEM, que se sigue exhibiendo en diversos medios, que han sido objeto de sentencias y resoluciones de las autoridades electorales en las que se ordena su suspensión.

b) ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  para que cumpla sus responsabilidades constitucionales y legales y emita conforme a derecho, las resoluciones correspondientes, sobre los asuntos turnados a su consideración, referentes a  la campaña electoral del PVEM en el actual proceso electoral.

Los diputados promoventes de la proposición enlistada en el inciso b) del presente dictamen se refieren a la resolución de la Comisión de Fiscalización del INE en el que se establece una multa por 329 millones de pesos al PVEM impuesta por recibir aportaciones ilegales de sus grupos parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores para subcontratar un spot y transmitir sus informes legislativos de la campaña “El Verde sí cumple”.

Asimismo, se refieren que el PVEM desacató la orden del INE al formalizar, el 6 de enero, la difusión de anuncios en la salas de 103 complejos para transmitir los llamados “cineminutos” del 1º de diciembre de 2014 al 28 de mayo de 2015.

Señalan que los preceptos legales en materia electoral han sido