Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 15 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 29 de Julio de 2015

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:36 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Con gusto, señor Presidente. Señoras legisladores, señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 25 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Secretaria. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de julio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador, legisladora, requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también, la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles veintidós de julio de dos mil quince, con una asistencia de treinta y dos legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles quince de julio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, en el marco del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el Informe final de la Evaluación de Diseño del Programa F002 Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la Inversión en el sector turismo.- Se remitió a la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con:
1. El Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a reglas de operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de esa dependencia.- Se remitió a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados.
2. Los Informes finales de las Evaluaciones de Diseño 2015 de los programas presupuestarios a cargo de dicha dependencia.- Se remitió a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Desarrollo Social, los Informes finales de la Evaluación en materia de Diseño de los Programas de Abasto Rural, de Coinversión Social y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en entidades federativas.- Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, el Informe trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gastos, así como los Informes referentes al cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previsto en las Reglas de Operación.- Se remitió a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, su Informe enero-junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Migración, el Segundo Informe trimestral de los avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes referentes a:
1. Grupos Beta de Protección al Migrante,
2. Programa de Repatriación Humana,
3. Programa Paisano y
4. Oficiales de Protección a la Infancia.
Se remitió a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el documento denominado “Consideraciones sobre el proceso presupuestario 2016”.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de San Luis Potosí, proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Se recibieron de las Universidades e Institutos de: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Occidente, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Tlaxcala, del estado de Morelos, de Quintana Roo, Autónoma de Yucatán e Instituto Tecnológico de Sonora; los Informes de Resultados de las Auditorías Externas de sus Matrículas, correspondientes al segundo semestre de 2014 y al primer semestre 2015 y los Informes específicos sobre la ampliación de Matrículas y los formatos “Informe de Matrícula”.- Se remitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador José Rosas Aispuro Torres, el Informe de su participación en la Tercera Reunión del Comité Preparatorio de la 4ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada los días 1 y 2 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador José María Martínez Martínez, el Informe de actividades de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 2014-2015.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores.

(Acuerdo de la Comisión Permanente)

Por acuerdo de la Mesa Directiva, hicieron uso de la palabra los legisladores para referirse sobre el CXXIII aniversario del natalicio y XX aniversario luctuoso de Gilberto Bosques Saldívar.- Intervinieron: Diputado Javier Filiberto Guevara González del PRI, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, Diputado Rubén Acosta Montoya del PVEM, Senador Manuel Cavazos Lerma del PRI y Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de Gilberto Bosques Saldívar.

(Iniciativas)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 261 bis al Código Penal Federal, en materia de "Grooming".- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y sistema penitenciario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:
1. Por el que la Comisión Permanente condena el homicidio de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán; y exhorta a la Fiscalía General de dicho estado a continuar con el proceso penal que se sigue en torno a ese asunto.
2. Por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo han hecho, que implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
3. Por el que se remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores a fin de abordar el dictamen en materia de desindexación del salario mínimo.
4. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República valorar la posibilidad de atraer las investigaciones correspondientes a las desapariciones y homicidios de personal médico en el estado de Guerrero.
5. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”.
6. Por el que se desecha la proposición que solicitaba liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.
7. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo.
8. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre las acciones que se han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la colonia Condesa de la Ciudad de México.
9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a ejecutar los mandatos judiciales aún en aquellos casos en que el modelo adversarial no haya entrado en vigor.
10. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver en definitiva la situación de los vendedores ambulantes en el Metro.
11. Por el que se desecha la proposición por el que se solicitaba al Gobierno del Distrito Federal instruir la restauración del monumento a Colón.
12. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales.
Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:
1. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la reanudación de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de la República de Cuba y los Estados Unidos de América, así como la apertura de sus respectivas embajadas.- Intervinieron los legisladores: Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputado Ricardo Cantú Garza del PT, Diputado Rubén Acosta Montoya del PVEM, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senadora María del Pilar Ortega Martínez del PAN, Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI y Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI.
2. Por el que la Comisión Permanente condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental de Palmira, llevados a cabo por el denominado “Estado Islámico”, al tiempo que se condenan los asesinatos de civiles en la región.
3. Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe en el que se explique la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material suministrado para sus actividades a estos centros en los últimos tres años por parte del Gobierno Federal.
4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la norma oficial mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.
5. Que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
6. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar los resultados del cumplimiento de los 6 marcos de acción y 12 estrategias derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000, conocido como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 marcos regionales para las Américas y la manera en que se da cumplimiento a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
7. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados.
8. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el programa de atención al cáncer del hombre, específicamente en lo relativo a cáncer de próstata y metástasis en hueso.
9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.
Los nueve dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintiséis dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:
1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos, así como para que impulse una campaña de concientización a la población, productores y establecimientos de alimentos, a efecto de promover la donación y las buenas prácticas en el consumo y manejo de alimentos.
2. Por el que se solicita al Gobierno Federal informar sobre las acciones que se han implementado o se prevén implementar para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía. Asimismo, se exhorta a diseñar políticas públicas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para consumo humano en parques, jardines y edificios públicos.
3. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre las denuncias presentadas por asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas en todo el territorio nacional.
4. Que exhorta al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a remitir un informe sobre las acciones realizadas o por realizar para atender las demandas de los usuarios de la Caja 30 de Agosto, particularmente en el estado de Guanajuato.
5. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarios y cajeros automáticos.
6. Que exhorta al Gobierno Federal a implementar medidas para garantizar la paz, la seguridad y la resolución de conflictos a raíz del litigio agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el estado de Guerrero.
7. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los permisos y autorizaciones, especialmente sobre la manifestación del impacto ambiental, para la construcción del proyecto “Zócalo 11 de julio” en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California; y exhorta a investigar sobre la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, ubicado en dicho municipio.
8. Que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales del Instituto se integren la experiencia y habilidades en servicios de seguridad social y protección civil entre los requisitos para el nombramiento de delegados.
9. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.
10. Que exhorta al Gobierno Federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
11. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar la autosuficiencia en maíz blanco.
12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.
13. Que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación y concientización de la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y de la salud humana.
14. Que exhorta a las entidades federativas a fomentar la instalación de centros de acopio para los residuos de manejo especial, particularmente de los residuos tecnológicos, a fin de llevar a cabo su correcta disposición final.
15. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en el estado de California en los Estados Unidos de América.
16. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social, de las personas que intervienen en el proceso de la fabricación de puros labrados en el valle de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. 
17. Que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar, regular, garantizar y resolver los conflictos entre transportistas de cemento de los estados de Oaxaca y Chiapas.
18. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modificar el acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo acuerdo para que se generen las condiciones de fomento al turismo internacional de la franja fronteriza norte.
19. Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a formular y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el área natural protegida de “Yum Balam” en el estado de Quintana Roo.
20. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incorporar en los Manuales de las Buenas Prácticas Agrícolas los conceptos necesarios para sensibilizar y garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas; asimismo, para que implemente las acciones necesarias para la inspección y regulación de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas.
21. Por el que se solicita al Gobierno Federal una explicación detallada sobre las contribuciones del próximo año de México a los Organismos Internacionales de los que es parte, o bien sobre la forma en que estas contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la nueva estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
22. Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe sobre las causas que motivaron el decremento en las solicitudes de portabilidad numérica, en el periodo comprendido del mes de diciembre de 2014 al mes de mayo de 2015.
23. Por el que se solicita al Gobierno Federal ejecute las medidas necesarias para incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 los recursos necesarios que concurran y consoliden todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden las diversas dependencias de la Administración Pública Federal.
24. Que exhorta al Gobierno Federal a procurar la ministración oportuna de los recursos federales en materia de seguridad, orientados a la prevención del delito.
25. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a remitir un informe sobre los avances de la implementación de las últimas reformas aprobadas en materia de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre los avances de la estrategia para fomentar la economía social prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
26. Que exhorta al Gobierno Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para dar continuidad a “El Operativo Vacaciones de Verano” implementado durante el año 2014, con el propósito de garantizar la seguridad, la salud, la asistencia vial y el respeto a los derechos del consumidor de los turistas.
Los veintiséis dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Comisión Permanente)

Por Acuerdo de los grupos parlamentarios, los legisladores hicieron uso de la palabra para referirse a las elecciones llevadas a cabo en el estado de Chiapas.- Intervinieron: Senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, Diputado Juan Pablo Adame Alemán del PAN y Senadora Graciela Ortiz González del PRI.   

(Comunicaciones)

Se recibió de la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, oficio por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Senador Javier Corral Jurado, oficio por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Diputada Amalia D. García Medina, oficio por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.
Para referirse a las tres licencias, intervinieron los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI, Senadora Pilar Ortega Martínez del PAN, Senador David Penchyna Grub del PRI, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Comisión Permanente, y Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

(Pronunciamiento de la Comisión Permanente)

La Mesa Directiva recibió de los representantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, un pronunciamiento en torno a las modificaciones al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, recién anunciadas por los gobiernos estatal de Oaxaca y federal.- Intervinieron: Diputado Rubén Acosta Montoya del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Senador David Penchyna Grub del PRI, Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI y Senadora Angélica de la Peña Gómez quien propuso una modificación, la cual fue aceptada y se integró al texto. El pronunciamiento fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 67, el artículo 71 y se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en materia de metas de participación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y VI del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Constitución de 1917.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 154,155, 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 11 y el numeral 3 al artículo 357 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 443, 444, 448 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una campaña de difusión para alertar a los usuarios de las entidades financieras sobre las cláusulas que se presentan en los contratos de adhesión que atentan contra su patrimonio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar acciones que resuelvan el desabasto de medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, a la Procuradora General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad comparezcan ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente e informen sobre la evasión del ciudadano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo" del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luís Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el gasoducto que será construido en los municipios de Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla, Tuxpan, Pueblo Viejo y Pánuco, en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en los acontecimientos del 19 de julio pasado en Aquila, estado de Michoacán.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Carlos Sánchez Romero y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a informar sobre los criterios de reclutamiento, selección, permanencia, confianza y promoción que son aplicados a los elementos policiales de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de México y a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los contratos y donaciones otorgados a la fundación PROACCESO y a la empresa ENOVA.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Unión, por conducto de su Comisión Permanente, retira su confianza a los funcionarios que integran la línea de mando del sistema penitenciario federal y de inteligencia del Estado Mexicano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en el municipio de Tapachula, Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en su ausencia temporal, quede como encargado del Gobierno el Secretario de Gobernación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura un informe sobre la situación legal y patrimonial de la casa ubicada en Ámsterdam 270.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar información a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a los hechos de violencia presuntamente cometidos por elementos del Ejército Mexicano, el 19 de julio de 2015 en la comunidad indígena de Ixtapilla, en el municipio de Aquila, Michoacán, así como del proceso de investigación por la desaparición de 7 jornaleros en el municipio de Calera, Zacatecas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Comisión Nacional del Agua que, previo el análisis jurídico desde una perspectiva de derechos humanos, instruya al director local en Querétaro se abstenga de consumar el desalojo de las instalaciones en los linderos de la Presa Constitución de 1917 en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por medio de las cuales los miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola La Estancia, S. de R.L. y más de 300 familias obtienen su subsistencia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad y lo exhorta a difundir en forma amplia los derechos de los usuarios de telefonía móvil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre los rumores existentes sobre la privatización del IMSS y la exclusión de atención de pacientes con cáncer y diabetes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a las irregularidades e inequidad de la jornada electoral del 19 de julio de 2015 en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de México a implementar las acciones necesarias que garanticen calidad y seguridad a los usuarios del trasporte público del estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar medidas para lograr el respeto a la libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación, en el contexto de los procesos electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes en proceso de separación familiar, sean víctimas de las conductas descritas por síndrome de alienación parental.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre la existencia, objeto y justificación de contratos con empresas de espionaje, instrucción y/o vigilancia de las telecomunicaciones o de equipos informáticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y al gobierno de Nayarit la información requerida por la Comisión Permanente.- Se turnó a las comisiones dictaminadoras de los correspondientes asuntos.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a realizar el diagnóstico de valoración que permita conocer el grado de posibilidad de erupción del volcán de Colima.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados de la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra la reapertura de las embajadas de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios y felicita a ambas naciones por el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas bilaterales.- Se turnó  a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a concluir con el proceso de expedición de la cédula de identidad ciudadana contemplada en la Ley General de Población.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tabasco a implementar las medidas y mecanismos que permitan garantizar plenamente el cumplimiento de la paridad de género en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a revisar la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus cuentahabientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Deporte a implementar una novedosa campaña conjunta de educación alimentaria y nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias de la obesidad infantil y la necesidad de activarse físicamente y comer saludablemente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar y ampliar el programa Somos Mexicanos, en especial en el estado de Tamaulipas, a fin de que los connacionales repatriados cuenten con la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo a fin de que el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal informen sobre los resultados obtenidos en base a la participación de nuestro país en organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética, y la posición de esas dependencias federales respecto a la adhesión al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a emitir recomendaciones para prevenir y protegerse de accidentes caseros durante la temporada de vacaciones de verano 2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, a nombre de Diputados integrantes de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar acerca de la situación actual del sistema nacional de salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de los recursos del FONDEN para atender los daños de mar de fondo en Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a enviar un informe sobre los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo, informen sobre los programas de capacitación que llevan a cabo para evitar accidentes de trabajo en Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la acción emprendida por el Gobierno del estado de México para solicitar la declaración de alerta de género en 11 municipios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para vigilar y transparentar lo necesario respecto a la reestructuración de la deuda del estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a presentar un informe sobre las acciones emprendidas para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios del estado de Chiapas afectados por el sismo del 7 de julio de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los asilos públicos existentes en la República Mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para prevenir y evitar el robo a cuentahabientes transeúntes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a transparentar los recursos que les han sido otorgados, antes de que concluya la LXII Legislatura.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República información sobre la situación jurídica de la ciudadana Rosa del Carmen Verduzco, fundadora del albergue La Gran Familia, así como de las denuncias presentadas en su contra.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los avances físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal realizar una auditoría integral al proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios mediante adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2014, que llevaron a cabo las secretarías y órganos administrativos desconcentrados del Distrito Federal, para comprobar que se hayan ajustado a las normas y ordenamientos aplicables y, en caso de acciones y omisiones, se finquen las penas que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos a crear unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias a efecto de que sean un mecanismo que dé seguimiento, evalúe acciones y establezca políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la falta de información y de consulta sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la X Cumbre Presidencial y por la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hemofilia y la enfermedad de Von Willebrand.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción del puente “La Herradura”, debido a presuntas irregularidades en su construcción y, en su caso, establezca las sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a impulsar la suscripción del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia en Asuntos Aduaneros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el "Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la inhabilitación política de María Corina Machado en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado de Seguridad Nacional a dar cuenta por los hechos suscitados el 11 de julio de 2015, por la fuga de Joaquín Guzmán Loera.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones pertinentes para fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ofrecer su colaboración en materia de asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la jornada electoral del próximo 6 de diciembre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe, en el marco de la reforma constitucional en materia disciplina financiera de los estados y municipios, sobre el estado que guarda la deuda pública en la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

Los Diputados Ana Isabel Allende Cano, Cristina Ruíz Sandoval y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride sobre el CXXIII aniversario del natalicio y XX aniversario luctuoso de Gilberto Bosques Saldívar.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre la "Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Francisco Villa.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional del Trabajo Doméstico".- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y tres minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles veintinueve de julio, a las once horas.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de la Gobernación, con el que remite el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasemos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite información relativa a las "Contrataciones por Honorarios" y "Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados", correspondiente al periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Salud; de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, correspondiente al segundo trimestre de 2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que informa que durante el mes de junio de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su Segundo Informe Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, con la que remite el informe de la visita de la delegación mexicana del Senado de la República a Corea, China y Japón, del 1 al 13 de julio de 2015.








De la Senadora Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en el Tercer Seminario Internacional y en la Sexta Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia, celebrados el 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2015, en Brasilia, Brasil.








Y del Senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe del Seminario “Hacia la Pesca y Acuacultura Sustentables”, que se llevó a cabo los días 6 a 8 de julio de 2015, en las instalaciones de la Cámara de Senadores.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del día 29 de julio de 2015.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.






Compañeros legisladores: Informo a ustedes que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para modificar la integración de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Doy lectura al Acuerdo.

Único.- El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez se incorpora a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, en sustitución de la Diputada Amalia García Medina.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En esa virtud, está a discusión. Por no haber interesado, interesada, en hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de la Segunda Comisión.






Honorable Asamblea: Informo a ustedes que el pasado lunes 27 de julio, falleció la señora María Angélica Hernández Hernández, madre de nuestra compañera Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

En tal virtud, solicito a ustedes que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de la señora Hernández Hernández.

Honorable Asamblea: Informo a ustedes que el pasado lunes 27 de julio, falleció la señora María Angélica Hernández Hernández, madre de nuestra compañera Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

En tal virtud, solicito a ustedes que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de la señora Hernández Hernández.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

En el mismo sentido, informo a ustedes que el pasado viernes 25 de julio, falleció el periodista Armando Navarrete Yáñez, destacado reportero responsable de la fuente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, durante los 48 años de su trayectoria profesional.

Para hablar sobre este asunto, el Senador Arturo Zamora Jiménez, nos ha pedido el uso de la palabra, no sé si lo quiera hacer desde su escaño o pasa a tribuna, usted elige.

Sonido en el escaño del Senador Arturo Zamora.

El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Efectivamente, el pasado fin de semana en el estado de Quintana Roo, falleció el periodista Armando Navarrete, en un trágico accidente automovilístico con varios miembros de su familia.
Armando Navarrete cubrió por muchos años el Senado de la República, haciendo una labor como la hacen, por supuesto, muchos de los compañeros que cubren esta fuente.

También cubrió la Cámara de Diputados como periodista, la Presidencia de la República y cubrió la fuente del Partido Revolucionario Institucional.

Él inició su carrera en canal 11, y hasta hace unos meses y antes de su retiro laboral, fue reportero del “Diario Ovaciones”.

Queremos expresar a su familia, por supuesto, la solidaridad de la Permanente, y no solamente a su familia, sino particularmente a uno de sus hermanos que colabora aquí en el Senado de la República.

Por lo cual, señor Presidente, solicitamos también que podamos guardar un minuto de silencio por la memoria de éste destacado periodista.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zamora Jiménez.

Sonido en el escaño del Diputado Belaunzarán Méndez.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) No solo hago mías las palabras del Senador Arturo Zamora sobre el periodista Navarrete. Es una lamentable pérdida, efectivamente, que trabajó en la Crónica Parlamentaria.

Simplemente decir que también está la periodista Georgina Pineda, y que muchos la conocimos, trabajó en Milenio y luego estuvo en Comunicación Social en Álvaro Obregón.

La verdad es que era un periodista de primera, muy accesible, muy competente, fallecieron ella con su mamá, su hermana en este mismo accidente con Armando Navarrete, y también sumo las condolencias para los familiares y gente que le tuvimos aprecio a Georgina, y me sumo también a lo de Armando Navarrete, sensibles perdidas, lamentable como se dio este accidente automovilístico en Quintana Roo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Lo mismo por parte de los Senadores y Diputados de Acción Nacional. Tuve la oportunidad también de conocer el trabajo como periodista de Georgina Pineda, durante muchos años cubrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el PAN en el Distrito Federal.

Le tocaba cubrir a los partidos políticos, una mujer muy buena, una mujer sensible, muy trabajadora, y bueno nos sumamos a la pena por la que atraviesan su familia y muchos amigos también del gremio que así lo han hecho saber a través de las redes sociales.

Y lo mismo, por supuesto, para el periodista Armando Navarrete, “que en paz descanse”.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Primero, esta Mesa Directiva, el Senado y la Cámara de Diputados, no tengo duda en que así es, hacemos votos de solidaridad, expresamos nuestro más sentido pésame y estamos seguros que pronto se repondrá y le damos muestra de amistad a nuestro compañero de trabajo Francisco Navarrete, Paco Navarrete, trabajador del Senado por más de 25 años. Nuestras condolencias Francisco, por el fallecimiento de tu hermano.

Y les voy a pedir nos pongamos de pie para que guardemos un minuto silencio por el fallecimiento de los periodistas Georgina Pineda y Armando Navarrete Yáñez.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, tomen asiento.






PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 620 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado Alejandro Rangel Segovia, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, Diputados y Senadores:

Siempre que se trate de hablar del trabajo y los trabajadores, de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la productividad, de hacer servicios, de lograr bienes en este país, nunca será un tema menor.

Cuando los trabajadores van a su punto de encuentro con la línea de producción, habiendo recorrido, habiendo transitado la ruta desde su hogar (a hora temprana la mayoría de ellos), hasta posicionarse en esa máquina, en ese tablero que hace posible que las cosas que hacen, después se reflejen en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, es cuando hay que entender que cuando tienen un problema y lo presentan ante las autoridades laborales, este problema tendría que ver, entonces, con la mayor importancia que el mundo del trabajo tiene y que la productividad de este país necesita.

Por ello, presento ante ustedes, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el orden de los subsecuentes, al inciso a), de la fracción I del artículo 620; y versa como sigue:

“La administración de la justicia laboral, tal y como está contemplada en la legislación mexicana, en principio, nos mostraría la existencia de un ordenamiento jurídico consolidado con objetivos bien determinados, dejándonos ver que la impartición de justicia debe llevarse a cabo bajo las más estrictas regulaciones y normas”.

No obstante estas apreciaciones, es necesario mencionar que en la práctica, los procesos pueden variar de la norma, por lo que se podría considerar que la administración de justicia laboral debería ser más precisa en ciertos aspectos.

Los procesos laborales se llevan a cabo en las juntas de Conciliación y Arbitraje, pueden ser de ámbito local o federal, las cuales encuentran su razón de ser, en la historicidad del derecho del trabajo y en particular en la manera en que se ha concebido la impartición de justicia laboral en México.

De tal forma que es importante tener presente, que cada año va en aumento el número de asuntos que se presentan ante estas instituciones, de acuerdo con el Segundo Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014, los asuntos individuales de competencia federal registran un decremento de 4.9%, ya que se recibieron 42,607 nuevas demandas individuales, contra 44,824 recibidas en el mismo periodo del año anterior.

Podemos ver que lo anterior representa un gran número de asuntos laborales que se llevan a cabo, sin embargo, dentro del proceso laboral encontramos que el desarrollo de las audiencias, se encuentran con inconsistencias de acuerdo a lo establecido en la ley, ya que el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo establece:

“Artículo 620.- Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

I…

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.

b) a d)…

III…”

Es así como podemos ver que el articulo antes citado, nos marca que las audiencias que se desarrollan en los juicios laborales, sólo pueden ser llevadas por el Presidente de la Junta o por los Auxiliares, situación que en la práctica la resulta contraria, a consecuencia de que tanto en las Juntas Locales o la Junta Federal, diferentes personajes que las integran suelen practicar las audiencias con la anuencia de los presidentes y auxiliares, es decir; secretarias, mecanógrafas y actuarios, pueden llevar esta actividad en perjuicio de los derechos de las partes.

Es común conocer de quejas de trabajadores, que argumentan que se han visto perjudicados en las resoluciones en materia laboral, como consecuencia de la forma en que se desarrollaron sus audiencias, esto a consecuencia de que las mismas fueron dirigidas por personal diferente al presidente y auxiliares, personas no suficientemente capacitadas para enterarse, para atender el asunto que les atañe.

Por ello, es que consideramos pertinente se lleve a cabo una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establezca, una sanción en caso de que actores diversos a los autorizadas en la ley lleven a cabo audiencias, con la finalidad de terminar esta práctica, protegiendo a los derechos de los trabajadores, y haciendo respetar la norma jurídica laboral.

Tenemos que ubicar al ciudadano como eje central de la ley, buscar que la actuación y las herramientas de las Juntas Locales y Federales, se establezcan con la finalidad de promover un gobierno eficiente, que rinda cuentas a la población, que atienda con oportunidad las demandas ciudadanas en todas las etapas de los procesos laborales, con total apego a la normatividad establecida.

Es por esto que deben diseñarse y ejecutarse políticas que permitan consolidar un gobierno moderno, con responsabilidad y con una visión de los derechos de los trabajadores.

Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el orden de los subsecuentes, al inciso a) de la fracción I del artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

“I…

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.

El personal jurídico de las Juntas Especiales distinto a los señalados en el párrafo anterior, que lleven a cabo audiencias en contradicción a lo anteriormente señalado, será sancionado con amonestación o suspensión del cargo hasta por tres meses.

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo Presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.

b) a d)…

III…”

Artículos Transitorios

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, muchas gracias.
Iniciativa

El suscrito, Alejandro Rangel Segovia, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71º, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6º, fracción I, 77º y 78º del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración de la justicia laboral, tal y como está contemplada en la legislación mexicana, en principio, nos mostraría la existencia de un ordenamiento jurídico consolidado con objetivos bien determinados, dejándonos ver que la impartición de justicia debe llevarse a cabo bajo las más estrictas regulaciones y normas.

No obstante estas apreciaciones, es necesario mencionar que en la práctica los procesos pueden variar de la norma, por lo que se podría considerar que la administración de justicia laboral debería ser más precisa en ciertos aspectos.

Los procesos laborales se llevan a cabo en Las juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pueden ser de ámbito local o federal, las cuales encuentran su razón de ser en la historicidad del derecho del trabajo y en particular en la manera en que se ha concebido la impartición de justicia laboral en México.

De tal forma que es importante tener presente que cada año va en aumento el número de asuntos que se presentan ante estas instituciones, de acuerdo con el Segundo Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014, los asuntos individuales de competencia federal registran un decremento de 4.9%, ya que se recibieron 42,607 nuevas demandas individuales, contra 44,824 recibidas en el mismo periodo del año anterior.

Podemos ver que lo anterior representa un gran número de asuntos laborales que se llevan a cabo, sin embargo dentro del proceso laboral encontramos que el desarrollo de las audiencias se encuentran con inconsistencias de acuerdo a lo establecido en la ley, ya que el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo establece:

“Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

I…

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.

b) a d)…

III…”
Es así como podemos ver que el articulo antes citado nos marca que las audiencias que se desarrollan en los juicios laborales sólo pueden ser llevadas por el Presidente de la Junta o por los Auxiliares, situación que en la práctica la resulta contraria, a consecuencia de que tanto en las Juntas Locales o la Junta Federal, diferentes personajes que las integran suelen practicar las audiencias con la anuencia de los presidentes y auxiliares, es decir secretarias, mecanógrafas y actuarios, pueden llevar esta actividad en perjuicio de los derechos de las partes.

Es común conocer de quejas de trabajadores que argumentan que se han visto perjudicados en las resoluciones en materia laboral como consecuencia de la forma en que se desarrollaron sus audiencias, esto a consecuencia de que las mismas fueron dirigidas por personal diferente al presidente y auxiliares, de tal forma que no se desarrolló con apego a la ley, viéndose beneficiada sólo una de las partes, que en general suele inclinarse únicamente hacia el patrón y no así al trabajador.

Es por este motivo que consideramos pertinente se lleve a cabo una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establezca una sanción en caso de que actores diversos a los autorizadas en la ley lleven a cabo audiencias, con la finalidad de terminar esta práctica, protegiendo a los derechos de los trabajadores, y haciendo respetar la norma jurídica laboral.

Tenemos que ubicar al ciudadano como eje central de la Ley, buscar que la actuación y las herramientas de las Juntas Locales y Federales, se establezcan con la finalidad de promover un gobierno eficiente, que rinda cuentas a la población, que atienda con oportunidad las demandas ciudadanas en todas las etapas de los procesos laborales, con total apego a la normatividad establecida.

Es por esto que deben diseñarse y ejecutarse políticas que permitan consolidar un gobierno moderno, con responsabilidad y con una visión de los derechos de los trabajadores.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el orden de los subsecuentes al inciso a) de la fracción I del artículo 620, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

I…

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.

El personal jurídico de las Juntas Especiales distinto a los señalados en el párrafo anterior, que lleven a cabo audiencias en contradicción a lo anteriormente señalado, será sancionado con amonestación o suspensión del cargo hasta por tres meses.

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo Presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.

b) a d)…

III…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 29 de julio de 2015.

Atentamente

Dip. Alejandro Rangel Segovia.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Rangel Segovia. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de legisladores del estado de California, Estados Unidos de América, invitados por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Gabriela Cuevas Barrón.

Esta Mesa Directiva saluda cordialmente al Senador Kevin de León, Jefe de la Comisión, Presidente Pro Témpore del Senado de California; Senador Marty Block, Presidente de la Comisión sobre la Banca e Instituciones Financieras del Senado de California; Senador Isadore Hall, Presidente de la Comisión sobre Organización Gubernamental del Senado de California; Senador Jerry Hill, Presidente de la Comisión para la Gobernanza y Finanzas del Senado de California, y Senador Ben Hueso, Presidente de la Comisión de Energía, Servicios y Comunicaciones del Senado de California; el Senador Ricardo Lara, Presidente de la Comisión de Apropiaciones del Senado de California; el Senador Bill Monning, Líder de la Mayoría en el Senado de California.

Asisten a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

¡Sean ustedes Bienvenidos!






Tiene el uso de la palabra la Diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar a nombre propio y de las Diputadas Lorenia Valles Sampedro y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

(Presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de las Diputadas Lorenia Iveth Valles Sampedro y Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, en materia de movilidad humana y diálogo intercultural, que presentamos diversas legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y al cual espero que más legisladores de otras fuerzas políticas representadas en este Pleno se unan y suscriban esta iniciativa, porque atiende una serie de temas que han quedado rezagados en nuestro marco jurídico a pesar de que existen diversos preceptos internacionales, de los cuales México forma parte, relacionado con lo que ahora pretendemos legislar.

Agradezco el acompañamiento de esta iniciativa de mis compañeros Diputados Miguel Alonso Raya, Lorenia Valles Sampedro, Fernando Belaunzarán, José Antonio León Mendivil, Socorro Ceseñas Chapa, Rosario Merlín y Aleida Alavez Ruiz.

En los últimos cinco años, se propició un trabajo con la participación de diversos actores del ámbito público, social y privado, nacional e internacional, que ayudaron a integrar los diversos aspectos que se regulan en esta iniciativa, dentro de los que se encuentran el Consejo de Europa y Comisión Europea, a través del Programa de Ciudades Interculturales; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados; la Red Española de Ciudades Interculturales; la Universidad Nacional Autónoma de México; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Instituto Mora; diversas autoridades de las entidades federativas, municipales y delegacionales; las asociaciones civiles Iniciativa Ciudadana por la Promoción de la Cultura del Diálogo; Casa Refugiados; Hankili So África; la Asociación de Italianos en México; así como representaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y comunidades de distinto origen nacional; expertos y personalidades diversas.

El concepto de movilidad humana consiste en el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, incluyendo las transformaciones positivas que disminuyen las desigualdades, inequidades y discriminación.

Por ello, no puede identificarse ni reconocerse a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

La movilidad humana, es un concepto amplio que incluye a las personas que salen de su lugar de origen con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de él, ya sea dentro del territorio nacional o en el exterior; las personas mexicanas o extranjeras que llegan al territorio nacional para asentarse en él con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva, para buscar refugio o asilo por causa de cualquier tipo de tensión o violencia.

Las personas que están en situación de desplazamiento interno en el territorio nacional se dan por diversas causas, tales como las tensiones, disturbios internos, violencia generalizada o conflictos armados; las violaciones a los derechos humanos; las catástrofes o desastres de cualquier tipo; la implantación de proyectos de desarrollo a gran escala, y por miedo a ser perseguidos por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, militancia o simpatía por algún grupo social, particular o de opinión política, y que les impide por sus propios medios proveerse de protección, o que estando fuera de su domicilio como resultado de dichos eventos, es incapaz o está imposibilitado de retornar a él.

Indiscutiblemente, el tema del desplazamiento interno es uno de los flagelos sociales sobre el cual sigue sin respuesta del Estado y del ámbito jurídico.

Cerca de 300 mil personas lo viven día a día en nuestro territorio, pero esa cifra es muy conservadora, y surge de diversos esfuerzos académicos y de investigación que se han realizado, pero en términos reales las cifras seguramente son exponenciales.

No existen datos oficiales, no hay métodos estadísticos, no hay metodologías cartográficas, por eso consideramos que el tema del desplazamiento interno es de los más olvidados.

A nosotros nos importan los efectos que este tipo de desplazamiento reflejen la sociedad que lo vive, porque no sólo basta con registrarlos y cartografiarlos, sino en la atención inmediata a la población que lo sufre, y sobre la cual debe haber una respuesta de Estado.

Otro de los aspectos que esta iniciativa regula con relación a la movilidad humana, es la atención de las y los mexicanos que retorna al país una vez terminado su proceso de emigración, y que requieren insertarse a la vida comunitaria y a la sociedad mexicana, no se trata de atender los traslados obligados por el fenómeno de deportación, sino cómo el Estado asume su responsabilidad en la atención de estas personas para aprovechar sus experiencias, técnicas y conocimientos aprendidos en el exterior y dotarles de apoyos para lograr su incorporación a la vida nacional, con base en el respeto de los derechos humanos.

También implica legalizar los distintos programas sociales, que atienden a las personas migrantes y sus familias que actualmente existen, pero que se quedan sólo como modas sexenales, así como los mecanismos de financiación pública de los fondos concurrentes de los cuales se benefician los familiares de migrantes que residen en el territorio nacional.

Por último, esta iniciativa incluye el concepto de la interculturalidad, y consiste en el reconocimiento de la otredad y la coexistencia de la diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, equidad real y dignidad humana, manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su origen, que permite conservar y fortalecer sus rasgos y características socioculturales y sus diferencias, tanto en el espacio público como en lo privado, haciendo posible la interacción, mezcla e hibridación en un contexto de conocimiento y aceptación que trasciende la tolerancia.

Consiste también en un intercambio abierto y respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y opiniones basados en el entendimiento mutuo, y tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo, reforzar la cooperación y la participación, permitir a las personas desarrollarse y transformarse.

La interculturalidad es un reflejo de los procesos migratorios desde una perspectiva histórica, tanto del ámbito nacional como internacionalmente. Por eso consideramos que este tema no debe ser visto aisladamente, sino como una consecuencia, tanto para la movilidad humana y la interculturalidad se deben una serie de derechos especiales que deben ser observados por todos, desde las instancias públicas hasta la sociedad misma.

La iniciativa, en el marco competencial, establece diversas facultades que en su momento deberá ejercer el Instituto Nacional de Desarrollo Social, sin menoscabo de aquellas atribuciones que les confieren a otras dependencias y entidades de la administración pública de los distintos órdenes de gobierno.

El marco de política pública que se propone, se sustenta en una serie de instrumentos internacionales, creado en el seno del Sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente los que se refieren a los Objetivos del Milenio, la resolución sobre el diálogo intercultural, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Hanghzuo, entre otros, que se circunscriben al marco de criterios que toda política, norma, programa o instrumento afín debe observar.

Para ordenar el alcance de la política pública, se establecen diversos instrumentos de aplicación, tales como el diagnóstico permanente para promover, supervisar y evaluar acciones sobre problemas de interculturalidad y movilidad humana, para adecuar el marco de programas de desarrollo, orientar el enfoque intercultural, la planificación de los centros de población urbanos y rurales, y la regulación de los flujos de personas en movilidad humana.

El Programa Nacional de Movilidad Humana e Interculturalidad, para orientar la política pública en toda la Administración Pública Federal en el desarrollo concreto de la nación. Este programa tendrá una proyección transexenal hacia 15 y 25 años.

El Índice de Interculturalidad y Movilidad Humana, como herramienta de planificación para evaluar el estado en que se ubica la aplicación de políticas públicas, evaluar los progresos realizados en el tiempo, identificar dónde deben fortalecerse las acciones e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural.

Compañeras y compañeros legisladores: Como observan, con esta iniciativa estamos saldando una deuda histórica que tenemos con la nación, estamos visibilizando los flagelos que la realidad nos pone de cara y sobre la cual debemos darle respuestas efectivas.

No me resta más que solicitar al Presidente de la Mesa Directiva tenga a bien turnar esta iniciativa a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, así como incluir en el Diario de los Debates de esta sesión íntegramente los contenidos de esta iniciativa.

La migración no se da por gusto, compañeros, se da por necesidad.

No hay nada más difícil que dejar su tierra para buscar el sustento o para salvar la vida.

Muchas gracias.
Iniciativa

LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, GLORIA BAUTISTA CUEVAS, ALEIDA ALAVEZ RUIZ, y las y los suscritos legisladores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, con base en lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los temas relacionados con la movilidad humana y la interculturalidad han seguido un tratamiento específico por parte de las organizaciones sociales y civiles, los centros de educación superior y de investigación, así como algunas autoridades de diversos órdenes de gobierno; sin embargo, carece de una respuesta legislativa que le de coherencia y trace una estrategia integradora bajo un contexto concurrente entre los distintos órdenes de gobierno para que exista claridad que sobre este respecto le compete.

En los últimos cinco años se propició un trabajo con la participación de diversos actores del ámbito público, social y privado, nacional e internacional, que ayudaron a integrar los diversos aspectos que integran la iniciativa, dentro de los cuales se encuentran el Consejo de Europa y Comisión Europea a través del Programa de Ciudades Interculturales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Red Española de Ciudades Interculturales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad de Puebla, diversas autoridades de las entidades federativas, municipales y delegacionales, las asociaciones civiles Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Casa Refugiados, Hankili So Africa, la Asociación de Italianos en México, así como representaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y comunidades de distinto origen nacional, expertos y personalidades diversas.

En un inicio logramos que en el Distrito Federal se promulgara una ley específica en la materia y que hoy, derivado de diversas actualizaciones podemos proponer un alcance superior que regule la composición pluricultural, el diálogo intercultural y la movilidad humana.

A pesar que nuestro marco constitucional contiene varias disposiciones relacionadas con la pluriculturalidad de la nación, la diversidad cultural y la libertad de tránsito, así como diversos instrumentos jurídicos internacionales en la materia, aún carecemos disposiciones jurídicas que los regule.

Con la inclusión en el texto constitucional en 1992 de la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originariamente en sus pueblos indígenas, y revisada en 2001 con la integración de nuevos componentes al artículo segundo, así como la inclusión del derecho relacionado a la diversidad cultural en el artículo cuarto en años posteriores, se integra la base del enfoque intercultural para ser regulado en la legislación emanada de la Carta Magna, así como las referidas a la  movilidad humana que proviene desde la Constitución de 1857 y reiterada en la de 1917.

Indudablemente, existen varios instrumentos jurídicos internacionales que fundamentan las razones de contar disposiciones jurídicas como la que se propone en este proyecto de decreto, tanto en el marco de tratados internacionales, resoluciones y declaraciones del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas y Programas de Acción derivados de las grandes conferencias internacionales sobre desarrollo de la última década del siglo XX, en temas específicos como los derechos humanos, los derechos políticos y civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales, el desplazamiento interno de personas, la migración, la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

Por su parte, el tema vinculado con la pluriculturalidad y su enfoque intercultural se ha circunscrito únicamente al contexto de los pueblos indígenas y deja de lado otros sujetos sociales que también forman parte de este gran mosaico social, como lo son los afromexicanos, afrodescendientes, migrantes, comunidades de distinto origen nacional, comunidades campesinas y urbanas, incluso la población monolingüe y monocultural.

La utilización de términos como la integración, asimilación, tolerancia y multiculturalismo están por sí rebasados de la dinámica actual frente al concepto de reconocimiento de la otredad, para lo cual es imprescindible incluirse en el marco legal actual de manera adecuada. De ahí que aspectos como la educación intercultural, la salud intercultural, la alimentación intercultural, la comunicación intercultural, el patrimonio intercultural y el fomento y promoción de todos estos aspectos no pueden permanecer ajenos en la construcción de la política pública y sus instrumentos de aplicación.

Un aspecto particular que no puede soslayar en el contexto de las políticas públicas es el referente al desplazamiento interno de personas. Aunque ha habido avances en el tema de la migración, el refugio, la protección complementaria y el asilo mediante un marco legal expreso, lo cierto es que otros temas vinculados con la movilidad humana, como el tema del desplazamiento interno, no se ven reflejados jurídicamente, aunque se ha presentado para su incorporación al marco jurídico desde la 58 Legislatura en la Cámara de Diputados.

ARGUMENTACIÓN

La Iniciativa que hoy se presenta tiene como objetivo general adecuar nuestro marco jurídico para incorporar tres aspectos fundamentales que tienen base constitucional como lo son los temas de la movilidad humana y la interculturalidad, en la legislación vigente relativa a la migración.

El proyecto de decreto implica en primera instancia el cambio de denominación de la Ley de Migración por el de Ley de Migración, Movilidad Humana e Interculturalidad derivada de las propuestas de contenidos que se presentan en la incorporación de un Título Noveno que permita la regulación de estas temáticas que implican disposiciones generales, derechos humanos, competencias, política pública, aspectos particulares sobre movilidad humana y procesos interculturales.

1. Disposiciones generales

a) Objeto

Involucra disposiciones contenidas en la Constitución y Tratados Internacionales relacionados con la movilidad humana, diversidad cultural, pluriculturalidad e interculturalidad a partir de la definición de conceptos tales como:

Movilidad humana: consiste en el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, incluyendo las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Se reconoce como personas en movilidad humana:

I. Las personas que salen de su lugar de origen con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de él, ya sea dentro del territorio nacional o en el exterior;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al territorio nacional:
a) Para asentarse en él con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva;

b) Para buscar refugio o asilo, por causa de cualquier tipo de tensión o violencia; y

c) Las que están en situación de desplazamiento interno por las causas a las que se refiere esta Ley.

Sin menoscabo de lo anterior, se aplicarán supletoriamente como parte de la movilidad humana las disposiciones contenidas en las leyes relativas a la migración, refugiados, asilo, protección complementaria, nacionalidad y demás aplicables.

Pluriculturalidad: La nación mexicana tiene una composición pluricultural expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y sus comunidades, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

La composición pluricultural de la nación también incluye a las personas y sus comunidades, descendientes del proceso colonizador, tales como las afromexicanas y las descendientes de pueblos con los que hubo contacto durante dicho proceso, así como, aquéllas derivadas de los procesos migratorios a partir de la época independiente hasta la actualidad, provenientes de Estados nacionales, autonomías integradas a un Estado Nacional o territorios aún no reconocidos internacionalmente, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Interculturalidad: consiste en el reconocimiento de la otredad y la coexistencia de la diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, equidad real y dignidad humana, manifiesta en la salvaguarda,  respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su origen, que permite conservar y fortalecer sus rasgos y características socioculturales y sus diferencias, tanto en el espacio público como en lo privado, haciendo posible la interacción, mezcla e hibridación en un contexto de conocimiento y aceptación que trasciende la tolerancia.

Consiste también en un intercambio abierto y respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y opiniones basado en el entendimiento mutuo y tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo; reforzar la cooperación y la participación; permitir a las personas desarrollarse y transformarse.

b) Derechos

La iniciativa debe prever un piso mínimo de derechos y garantías que deben observarse, principalmente en la ejecución y vigilancia de las políticas, programas y demás instrumentos que formulen los distintos órdenes de gobierno, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Estos derechos reconocen aspectos tales como:

i) Vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones,

ii) Tener un nivel de vida adecuado para sí y sus familias, incluso alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, acceso al agua y saneamiento adecuados,

iii) Acceder al desarrollo,

iv) Promover la equidad y la igualdad entre las mujeres y los hombres,
v) Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y el acceso universal a los servicios de atención médica,

vi) Recibir protección y apoyo amplios para las familias,

vii) Recibir educación,

viii) Que las niñas, niños y adolescentes tengan un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación,

ix) Que las y los migrantes y sus familias sean tratados de forma apropiada y proporcionarles servicios de bienestar social adecuados, garantizando su seguridad física, teniendo presentes las circunstancias y necesidades especiales,

x) Que en caso de las necesidades de las y los indígenas, en materia de población y desarrollo deben reconocerse y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles participar plenamente en la vida económica, política y social del país, especialmente en lo que afecte a su salud, educación y bienestar,

xi) Ser protegidas en caso de desplazamiento,

xii) Acceder a los programas sociales, particularmente aquellas personas con mayor exposición social,

xiii) Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral,

xiv) Solicitar una protección adecuada y que se garanticen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, jefas de familia, adultos mayores, discapacitados, personas con distinta orientación sexual y demás en mayor exposición social,

xv) Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana,

xvi) Contar con interpretación y traducción en su lengua o idioma de origen en procesos y trámites legales y públicos.

c) Competencias

Se establecen competencias para los distintos órdenes de gobierno, quedando para el ámbito del gobierno federal la conducción de la política pública la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Este Instituto se auxiliará laComisión Interdependencial, en donde participarán representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal para coordinar sus acciones, adecuar sus políticas y vigilar su cumplimiento en las materias a las que la ley se refiere.

2. Política Pública

El marco de política pública que se propone se sustenta en una serie de instrumentos internacionales creados en el seno del Sistema de Naciones Unidas, fundamentalmente los que se refieren a los Objetivos del Milenio, la Resolución sobre el Diálogo Intercultural, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Hanghzuo, entre otros, que se circunscriben al marco de criterios que toda política, norma, programa o instrumento afín debe observar.
Para ordenar el alcance de la política pública se establecen diversos instrumentos de aplicación:

i) Diagnóstico permanente, para promover, supervisar y evaluar acciones sobre problemas de interculturalidad y movilidad humana para adecuar el marco de programas de desarrollo, orientar el enfoque intercultural; la planificación de los centros de población, urbanos y rurales; y la regulación de los flujos de personas en movilidad humana.

ii) Programa Nacional de Movilidad Humana e Interculturalidad, para orientar la política pública en toda la administración pública federal en el desarrollo concreto de la nación. Este programa tendrá una proyección transexenal hacia 15 y 25 años.

iii) Índice de Interculturalidad y Movilidad Humana, como herramienta de planificación para evaluar el estado en que se ubica la aplicación de políticas públicas, evaluar los ´progresos realizados en el tiempo, identificar dónde deben fortalecerse las acciones, e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural.

iv) Información, que garantice la transparencia en el tratamiento de la información que desarrolle la política pública y la ponga a disposición del público a través de diversos mecanismos.

3. Particularidades de la Movilidad Humana y los procesos interculturales

a) Movilidad humana

i) Disposiciones generales

Garantiza el vínculo permanente entre personas en movilidad humana y sus familias; atiende a las personas que han retornado al país derivado de un proceso de movilidad humana y que requiere ser apoyados para su reincorporación a su comunidad y se crea un Fondo para su ejecución.

ii) Desplazamiento Interno

El desplazamiento interno se da por diversas razones:

● Tensiones, disturbios internos, violencia generalizada o conflictos armados;

● Violaciones de los derechos humanos;

● Catástrofes o desastres de cualquier tipo;

● Implantación de proyectos de desarrollo a gran escala; y

● Por miedo a ser perseguidos por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, militancia o simpatía por algún grupo social, particular o de opinión política, y que les impide por sus propios medios proveerse de protección, o que estando fuera de su domicilio como resultado de dichos eventos, es incapaz o está imposibilitado de retornar a él.

En tal virtud la población en situación de desplazamiento entra en un rango de exposición social excepcional y por lo tanto es obligación de las autoridades garantizar que dicho acto se lleve a cabo en principio con base en el respeto a los derechos humanos y se tomen las medidas señaladas en la ley para:
● La protección para el desplazamiento interno

● La asistencia humanitaria, y

● El regreso, reasentamiento y reintegración

b) Procesos interculturales

En este apartado se regulan las disposiciones generales entorno a la educación intercultural para que estos aspectos sean considerados en todo el proceso educativo, así como la orientación de las universidades interculturales. También se refiere al tema de la salud intercultural para que sus disposiciones sean observables en el sector salud y se reconozcan las particularidades culturales de las personas en el otorgamiento de los servicios públicos, además de impulsar las medicinas tradicionales.

Por lo que toca a la comunicación intercultural se complementan disposiciones ya contenidas en otras leyes, particularmente por lo que se refiere a la producción de contenidos y difusión desde una perspectiva intercultural. La alimentación intercultural es otro tema de la ley para promover los valores nutricionales de los ingredientes utilizados en las cocinas tradicionales, rescata la soberanía alimentaria y promueva declaratorias para la protección de cultivos nativos desde una perspectiva intercultural.

Finalmente los procesos de difusión, fomento y promoción de todas las prácticas interculturales mediante la creación de centros de la interculturalidad, así como la realización de eventos de promuevan este enfoque.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación de la Ley de Migración por el de Ley de Migración, Movilidad Humana e Interculturalidad y el artículo primero de la misma Ley para quedar como sigue:

LEY DE MIGRACIÓN, MOVILIDAD HUMANA E INTERCULTURALIDAD

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. También tiene por objeto regular las materias relativas a la movilidad humana y la interculturalidad en los términos establecidos en el Título Noveno del presente ordenamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el Título Noveno “De la movilidad humana y la interculturalidad” y los artículos 159 al 201 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

TÍTULO NOVENO
DE LA MOVILIDAD HUMANA Y LA INTERCULTURALIDAD

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 159.- La movilidad humana consiste en el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, incluyendo las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.

Para los efectos de la presente Ley se reconoce como personas en movilidad humana:

I. Las que salen de su lugar de origen con la intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera de él, ya sea dentro del territorio nacional o en el exterior;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al territorio nacional:

a) Para asentarse en él con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; o

b) Para buscar refugio o asilo, por causa de cualquier tipo de tensión o violencia; y

III. Las personas que están en situación de desplazamiento interno en el territorio nacional por las causas a las que se refiere esta Ley.

Sin menoscabo de lo anterior, se aplicarán supletoriamente como parte de la movilidad humana las disposiciones contenidas en esta ley en materia de migración y de las leyes relativas al refugio, asilo, protección complementaria, nacionalidad y demás aplicables, así como los tratados internacionales que establecen disposiciones relacionadas con las materias que regula la presente Ley.

Artículo 160.- La nación mexicana tiene una composición pluricultural expresada en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y sus comunidades, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

La composición pluricultural de la nación también incluye a las personas y sus comunidades descendientes del proceso colonizador, tales como las afromexicanas y las descendientes de pueblos con los que hubo contacto durante dicho proceso, así como aquéllas derivadas de los procesos de movilidad humana a partir de la época independiente hasta la actualidad, provenientes de Estados nacionales, autonomías integradas a un Estado Nacional o territorios aún no reconocidos internacionalmente.

Artículo 161.- La interculturalidad consiste en el reconocimiento de la otredad y la coexistencia de la diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, equidad real y dignidad y seguridad humana, manifiesta en la salvaguarda,  respeto y ejercicio de las libertades y derechos humanos fundamentales económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su origen, que permite conservar y fortalecer sus rasgos y características y diferencias socioculturales en el espacio público como en lo privado, haciendo posible la interacción, mezcla e hibridación en un contexto de conocimiento y aceptación que trasciende la tolerancia.

Consiste también en un intercambio abierto y respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y opiniones basado en el entendimiento mutuo y tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo, reforzar la cooperación y la participación y permitir a las personas desarrollarse y transformarse.

Artículo 162.- Son sujetos de la interculturalidad todas las personas que residen dentro del territorio nacional y que se reconocen a partir de las características establecidas en la Constitución y los motivos de no discriminación que la misma establece, así como por los siguientes orígenes socioculturales:

I. Los integrantes de la composición pluricultural de la nación a la que se refiere el artículo 160 de esta Ley;

II. Las personas cuya característica fundamental es producto del mestizaje a partir de la época colonial o que con el surgimiento del Estado Mexicano están integradas principalmente a un modelo cultural nacional y monolingüístico;

III. Las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiados, apátridas, en situación de asilo, en desplazamiento, en tránsito migratorio y en protección complementaria;

IV. Las personas de origen extranjero que habitan en el territorio nacional, que no están en los supuestos anteriores, y que tienen alguna categoría migratoria; y

V. Las demás que, formando parte de los supuestos anteriores, forman parte a la vez de manifestaciones socioculturales en el ámbito individual o colectivo y sus organizaciones como las personas con distinta orientación sexual, colectivos urbanos culturales específicos, círculos sociales y académicos, entre otros.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD HUMANA
Y LA INTERCULTURALIDAD

Artículo 163- En los Estados Unidos Mexicanos está prohibida la esclavitud y cualquier forma de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil, la venta o forma análoga de mujeres para matrimonio sin su libre consentimiento o coacción; la explotación de trabajo infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado, la explotación sexual y la explotación laboral, entre otras formas análogas. La violación a este precepto se considera delito y se sujetará a las disposiciones contenidas en esta Ley, el Código Penal Federal y aquellas establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 164.- Toda persona, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución y sus garantías de aplicación, los instrumentos jurídicos internacionales y demás ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito de la movilidad humana e interculturalidad, tiene derecho a:

I. Nacer libre e igual en dignidad y derechos, sin  distinción alguna por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la condición migratoria, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad humana;

II. Vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad, sororidad, fraternidad y especialmente en complementariedad, compartiendo sin competir, en armonía entre humanos y la naturaleza, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones, aspirando a la satisfacción plena de necesidades objetivas y subjetivas de las personas y pueblos, sin ninguna forma de explotación;

III. Tener un nivel de vida adecuado para sí y sus familias, incluso alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, acceso al agua, electricidad y saneamiento adecuados;

IV. Acceder al desarrollo como derecho universal inalienable e imprescriptible, mismo que se puede invocar la falta de éste para justificar la violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan equitativamente las necesidades ambientales, sociales y económicas de las generaciones presentes y futuras.

V. La equidad y la igualdad entre las mujeres y los hombres. Los derechos humanos de la mujer, de las niñas y mujeres jóvenes son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social a nivel nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de género son objetivos prioritarios;

VI. Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual, sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo;

VII. Recibir protección y apoyo amplios para las familias;

VIII. Recibir educación, que deberá orientarse hacia su pleno desarrollo prestando especial atención a las mujeres y las niñas, respetando siempre su especificidad cultural y lingüística;

IX. Que las niñas, niños y adolescentes tengan un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud y a la educación. Tienen derecho a ser cuidados y apoyados por los padres, madres, tutores, la familia y la sociedad y derecho a que se les proteja con medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida la venta, el tráfico, el abuso sexual y el tráfico de órganos;

X. Que las personas en movilidad humana sean tratadas, a ellos y a sus familias, de forma apropiada y proporcionarles servicios de bienestar social adecuados y se les garantizará su seguridad humana, teniendo presentes las circunstancias y necesidades especiales;

XI. Que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a solicitar asilo y disfrutar de él;

XII. Que en caso de las necesidades de las personas que componen la pluriculturalidad de la nación deben reconocerse y apoyar su identidad, su cultura y sus intereses y permitirles participar plenamente en la vida económica, política y social de la nación, especialmente en lo que afecte a su hábitat, entorno social, salud, educación y bienestar;

XIII. Ser protegidas en caso de desplazamiento en los términos que define esta Ley;

XIV. Entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que imponga la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Que cuando se trate de personas pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades equiparables se observarán los derechos establecidos en el artículo 2º de la Constitución, las leyes estatales en la materia y los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales aplicables;

XVI. Acceder a los programas sociales que las leyes establecen, así como a los servicios aplicables de la administración pública, particularmente aquellas con mayor exposición social;

XVII. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral;

XVIII. Solicitar una protección adecuada y que se garanticen políticas y programas específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, jefas de familia, adultos mayores, discapacitados, personas con distinta orientación sexual y demás en mayor exposición social;

XIX. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la diversidad cultural, la interculturalidad, la hospitalidad, la identidad y la movilidad humana;

XX. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, identidad, interculturalidad y movilidad humana en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;

XXI. Protegerse sus valores culturales propios;

XXII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de cualquier modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante, persecución u hostigamiento, así como detenciones arbitrarias;

XXIII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia  o uso de redes sociales electrónicas, ni sufrir ataques a su honra o reputación;

XXIV. Contar siempre con interpretación y traducción en su lengua o idioma de origen, así como de peritajes culturales y antropológicos en procesos y trámites legales y públicos;

XXV. Las demás que esta Ley, su reglamento y demás ordenamientos jurídicos establezcan.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA

Artículo 165.- La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, con excepción de las facultades que otras leyes otorgan expresamente a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, está facultada para conducir la política pública de movilidad humana e interculturalidad en los términos que esta Ley establece. Para ello tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sus programas de movilidad humana, particularmente para la atención y desarrollo de mexicanos migrantes que retornan al territorio nacional y sus familias, la vinculación con mexicanos en el exterior para realizar proyectos sociales en el país, el apoyo a comunidades de distinto origen nacional establecidas en el país, la atención de las personas en desplazamiento interno, así como aquellas relacionadas con los aspectos de interculturalidad;

II. Promover y fomentar las relaciones interculturales en el ámbito de la salud, la alimentación, la educación, la cultura, el arte, las comunicaciones, el desarrollo y la planificación;

III. Participar en la protección, conservación, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural, cosmovisión, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales con enfoque intercultural;

IV. Visibilizar las aportaciones actuales e históricas que han hecho los sujetos de la interculturalidad para el enriquecimiento cultural de la nación;

V. Propiciar la impartición de cursos, talleres, seminarios, diplomados y demás análogos para el entendimiento y desarrollo de la movilidad humana y las prácticas interculturales;

VI. Celebrar eventos y difusión que promuevan la visibilización de los aspectos relativos a la movilidad humana y la interculturalidad;

VII. Promover programas sociales de monitoreo intercultural;

VIII. Coordinarse con las autoridades de las entidades federativas y municipales en materia de movilidad humana e interculturalidad;

IX. Formular, ejecutar y evaluar el Índice Nacional de Interculturalidad y Movilidad Humana;

X. Participar en la formulación y ejecución o en su caso promover ante las dependencias y entidades competentes las medidas necesarias para:

a) Proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la integración de la variable poblacional y de la dinámica demográfica en los ámbitos público y privado, garantizando el mejoramiento de las condiciones de vida y las personas desde un marco de derechos humanos, igualdad sustantiva y pertinencia cultural que dé cumplimiento a la pluralidad y diversidad de la población en el territorio nacional;

b) Recomendar adecuaciones a los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que formulen las dependencias y entidades de la administración pública federal sobre las necesidades que plantee la movilidad humana y la interculturalidad;

c) Participar en la articulación de una política demográfica que dé respuesta a las necesidades interculturales e identidad de la población de acuerdo a las diferentes etapas del curso de vida;

d) Contribuir a impulsar un enfoque de educación sexual integral y salud reproductiva, que subraye la atención de las necesidades interculturales de mujeres y hombres;
e) Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva para incorporar enfoque de interculturalidad a través de los servicios de salud que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos humanos fundamentales y preserven la dignidad de las personas y  las familias; y

f) Promover la plena integración de los grupos con mayor exposición social al desarrollo nacional, entre los que se encuentran los infantes, niñas y niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, discapacitados, migrantes, solicitantes de la condición de refugiados y refugiados, personas con diversa orientación sexual;

XI. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, convenios y acuerdos sobre asuntos de movilidad humana e interculturalidad;

XII. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten a los procesos de movilidad humana e interculturalidad del territorio nacional o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado, en coordinación con las autoridades competentes;

XIII. La promoción de la participación de la sociedad en materia de movilidad humana e interculturalidad de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XIV. La integración del Sistema Nacional de Información Intercultural y Movilidad Humana y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;

XV. La emisión de recomendaciones a autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de esta Ley; y

XVI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan al gobierno federal.

Artículo 164.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía está facultado para:

I. Incluir en los cuestionarios de los censos y de las encuestas que realicen, así como en la generación de estadísticas continuas, los datos que en materia de pluriculturalidad, interculturalidad y movilidad humana, así como la que solicite el Instituto, para diseñar y evaluar las políticas a su cargo;

II. Apoyar técnica y metodológicamente a las autoridades encargadas de las políticas de movilidad humana e interculturalidad de las entidades federativas y municipales para integrar la información homogénea y útil para la planificación del desarrollo;

III. Participar y apoyar en función de su capacidad y disponibilidad presupuestal en las campañas de difusión del Instituto, y, en su caso, en las entidades federativas y municipios, utilizando oportunamente los canales de comunicación y distribución de que dispone; y

IV. Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 165.- Los gobiernos de las entidades federativas y municipales, en el marco de sus respectivas competencias, podrán formular políticas y programas en materia de movilidad humana e interculturalidad, así como visibilizar las aportaciones actuales e históricas que han hecho las personas y comunidades en movilidad humana en el enriquecimiento de la cultura local y de la interculturalidad.

Artículo 166.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social podrá suscribir convenios de concertación con personas u organizaciones de la sociedad civil para que coadyuven en la aplicación de las facultades que esta Ley establece en materia de movilidad humana e interculturalidad.

Artículo 167- El Instituto Nacional de Desarrollo Social contará con una Comisión Interdependencial con el objetivo de coordinar acciones en materia de interculturalidad y movilidad humana integrada por:

I. La o el Director General del Instituto; y

II. Las y los representantes de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y Turismo.

La Comisión Interdependencial convocará a sus sesiones a invitados permanentes, con voz  pero sin voto a las y los representantes que designen: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de las comisiones de asuntos migratorios de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando se trate de asuntos vinculados a los de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el Instituto podrá solicitar a sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o nombren un representante para desahogar aquéllos.

La Comisión podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de movilidad humana e interculturalidad.

La Comisión Interdependencial contribuirá  a la aplicación de las atribuciones que tiene el Instituto. Su funcionamiento y procedimientos se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Artículo 168.- Los criterios que la presente Ley establece son de aplicación obligatoria en la formulación, seguimiento, evaluación y vigilancia de las políticas, programas, reglamentos, instrumentos, normas y demás disposiciones jurídicas aplicables a cargo de las dependencias e instituciones de las administraciones públicas de los distintos órdenes de gobierno, así como en el actuar de toda persona en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Son criterios de carácter obligatorio en materia de movilidad humana e interculturalidad:

I. La hospitalidad, que consiste en propiciar el trato digno, respetuoso y oportuno de las personas producto de la movilidad humana que se asientan en algún lugar dentro del territorio nacional;

II. La equidad social, para propiciar un acceso equitativo a las personas a los beneficios resultantes del desarrollo, superándose toda forma de desigualdad, exclusión, subordinación o discriminación de cualquier tipo para disminuir las brechas sociales, económicas, políticas y culturales entre los distintos sectores de la población, su composición pluricultural, las relaciones interculturales y los procesos de movilidad humana;

III. La soberanía alimentaria, como derecho de toda persona humana a tener una alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud y de lo económico orientada a una alimentación sana y adecuada;

IV. La economía solidaria, que consiste en propiciar un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias y democráticas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía para la transformación de las relaciones sociales. Incluye aspectos derivados de la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica y el fomento de la agricultura sustentable a pequeña escala a través de la agricultura urbana y del extrarradio;

V. El buen vivir, que consiste en fortalecer la acción de compartir más que competir, en vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, en armonía entre humanos y la naturaleza, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones, aspirando a la satisfacción plena de las necesidades objetivas y subjetivas de las personas y pueblos, sin ninguna forma de explotación, desigualdad, discriminación y exclusión;

VII. El desarrollo sustentable, que consiste propiciar cambios del paradigma económico para propiciar la justicia social con equidad, fomentar la participación equitativa de la sociedad en la toma de decisiones y garantizar la integridad ecológica que propicie el aprovechamiento de los recursos naturales excedentes y no los inventarios ecológicos de la nación;

VIII. La interacción y convivencia intercultural de la diversidad sociocultural en el espacio público para fomentar, difundir e intercambiar los valores de cada cultura que permita su reconocimiento mutuo y enriquecerlas con nuevos elementos para propiciar su desarrollo; y

IX.  La transversalidad, como el proceso que permite garantizar la incorporación  de los criterios en la planificación y gestión del desarrollo nacional, regional y local en el ámbito legislativo, de políticas públicas, actividades administrativas, económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales en las instituciones públicas y privadas.

X. El reconocimiento de la importancia única que contiene cada cultura, enfatizando también valores compartidos e identidad pluralista;

XI. La atención de los conflictos a través de la mediación y el debate público abierto;

XII. La generación de liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;

XIII. La consulta pública, libre, previa e informada y la participación inclusiva aptas para las características de la pluriculturalidad, interculturalidad, identidad y movilidad humana;

XIV. El incentivo para la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado de que estas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; y

XV. Los demás que establecen esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 169.- Para la planificación de la movilidad humana y la interculturalidad el Instituto Nacional de Desarrollo Social llevará a cabo un diagnóstico de permanente para conocer y actualizar las acciones  de la administración pública en estas materias para:

I. La adecuación de los programas de desarrollo económico, social, territorial, ambiental y cultural a las necesidades que planteen;

II. La influencia en la interculturalidad a través de los sistemas educativos, de capacitación profesional y técnica, de salud pública y de protección de la infancia, para obtener la participación consciente de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;

III. La planificación de los centros de población urbanos y rurales, con la finalidad de garantizar los servicios públicos que se requieran, desde el enfoque de la pluriculturalidad, interculturalidad y movilidad humana;

IV. La regulación de la movilidad humana; y

V. Las demás que esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables dispongan.

Artículo 170.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social formulará, ejecutará, evaluará y vigilará el Programa Nacional Movilidad Humana e Interculturalidad que tendrá como objetivo general fortalecer la política en la materia en toda la administración pública, reforzando las acciones de los sectores público y privado, para influir en las tendencias y comportamientos, para que los habitantes tomen conciencia y modifiquen sus conductas y actitudes para una actuación más responsable. El Programa incluirá, entre otros, los siguientes elementos:

I. Políticas, objetivos y metas que se pretenden obtener;

II. Los principales fenómenos y problemas de conformidad con las propias características de éstos;

III. Definición de los aspectos prioritarios de la política;

IV. Los canales de participación ciudadana para la integración y aplicación de las políticas públicas en la materia;

V. La territorialización en cuanto al volumen poblacional y características pluriculturales, interculturales y de movilidad humana;

VI. Los mecanismos de vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales e institucionales, a fin de impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población por sectores definidos;

VIII. Estrategias y acciones para la difusión, información, educación y capacitación tomando en cuenta las características económicas, culturales y sociales de las diferentes regiones nacionales;

IX. Mecanismos para su seguimiento y evaluación;

X. Mecanismos y fuentes de financiación del programa; y

IX. Los demás que sean necesarios para conseguir que la población logre su desarrollo personal y social.
El Programa tendrá una duración igual al periodo constitucional del encargo del Presidente de la República correspondiente, y será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin menoscabo de lo anterior, el programa deberá establecer las proyecciones de la política pública a 15 y 25 años.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará anualmente y por escrito sobre los resultados que se hayan obtenido de la aplicación del Programa a las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 171.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social formulará, ejecutará y evaluará el Índice Nacional de Interculturalidad y Movilidad Humana como herramienta de evaluación y seguimiento a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro y el progreso con el tiempo.

El Índice Nacional se complementará con los datos que proporcionen las diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes de expertos, investigadores, académicos y organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que el Instituto emitirá para su cumplimiento por la administración pública federal y recomendatorias para los demás órdenes de gobierno. Los gobiernos de las entidades federativas y municipales podrán implantar mecanismos homólogos para el ámbito de su competencia, con las mismas bases establecidas en esta Ley para el Instituto, además de aquellos que requieran de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa o municipio.

Para la formulación y evaluación del Índice Nacional se considerarán, al menos, los siguientes indicadores:

I. Compromiso sobre el reconocimiento de la interculturalidad;

II. Composición pluricultural;

III. Implantación de política pública;

IV. Dinámica demográfica;

V. Educación intercultural;

VI. Salud intercultural;

VII. Rendimiento económico;

VIII. Convivencia y buen vivir;

IX. Servicios públicos;

X. Mercado laboral;

XI. Espacio público;

XII. Vida cultural y civil;

XIII. Acceso a la justicia;

XIV. Lenguas;

XV. Medios de comunicación;

XVI. Hospitalidad y movilidad humana;

XVII. Identidad;

XVIII. Medición y solución de conflictos;

XIX. Liderazgo y participación social; y

XX. Perspectiva internacional.

El Índice Nacional se publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación y los que corresponda al ámbito de las entidades federativas y municipios en los órganos públicos de difusión de cada entidad federativa.

Artículo 172.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social desarrollará un Sistema Nacional de Información Intercultural y Movilidad Humana que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información nacional sobre estos asuntos, que estará disponible para su consulta pública y que se coordinará y complementará con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En dicho sistema, el Instituto deberá integrar, entre otros aspectos, la información que proporcionen las autoridades competentes de las entidades federativas y municipales. Asimismo, reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materias relacionadas con la presente Ley.

Artículo 173.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social deberá elaborar y publicar bianualmente un informe detallado de la situación general existente en el país en materia de movilidad humana e interculturalidad, así como el Atlas Nacional de la Interculturalidad y Movilidad Humana.

Toda petición de información se sujetará a la legislación aplicable en materia de transparencia, información pública y protección de datos personales.

Artículo 174.- Al término de la administración que corresponda el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, deberá coordinar la elaboración del Libro Blanco de la Migración, Movilidad Humana e Interculturalidad. La naturaleza del Libro Blanco será mediante el enfoque ciudadano que señale con particularidad la funcionalidad y efectividad de las acciones emprendidas, los obstáculos que enfrentaron y las propuestas para la siguiente administración.

Dicho Libro Blanco deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el mes anterior a la fecha de conclusión de la administración pública que competa. Las autoridades entrantes deberán tomar en cuenta las recomendaciones señaladas en el instrumento mencionado.

Artículo 175.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social llevará a cabo estudios, investigaciones y la generación de información que considere para:

I. Fortalecer la cooperación con instituciones académicas u organizaciones sociales y civiles para la realización de investigaciones, poniendo especial atención en los esfuerzos regionales, estatales, municipales y del Distrito Federal;

II. Evaluar el estado del conocimiento para identificar los vacíos, necesidades y prioridades de investigación desde una perspectiva integral;

III. Proponer la elaboración de encuestas para la generación de insumos y seguimiento a los avances programáticos derivados de las políticas públicas;

IV. Apoyar estudios e investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de las variables y sus interrelaciones con los procesos de desarrollo económico y social con énfasis en los ámbitos regional, estatal, municipal y del Distrito Federal;

V. Elaborar estudios prospectivos que permitan anticipar las demandas futuras de salud, empleo, educación, vivienda, seguridad, entre otros;

VI. Estimular la investigación sobre las características y problemáticas específicas de grupos de población que requieren atención prioritaria, entre los que se incluyen los estudios sobre los cambios en las familias, la situación de la mujer, los jóvenes, la pluriculturalidad y  las condiciones de vida y dinámica demográfica de los pueblos indígenas, afromexicanas y de distinto origen nacional;

VII. Aportar insumos a la planeación del desarrollo urbano y regional, mediante la elaboración de proyecciones de población estatales, municipales y del Distrito Federal y rural-urbano, así como llevar a cabo estudios prospectivos para anticipar las demandas futuras de empleo, servicios educativos, y salud y vivienda en las principales ciudades del país;

VIII. Llevar a cabo estudios para identificar las ciudades del país con potencial de desarrollo sustentable e impulsar medidas para orientar la movilidad humana hacia ellas, así como incorporarlas a procesos interculturales;

CAPÍTULO QUINTO
DE LA MOVILIDAD HUMANA

Artículo 176.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social, en coordinación con otras  autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios llevarán a cabo las acciones necesarias para:

I. Procurar que las personas en movilidad humana gocen de protección durante su desplazamiento en el  territorio nacional;

II. Proporcionar protección en su integridad física y moral, incorporando el enfoque de seguridad humana a las personas en movilidad;

III. Promover la creación de empleos remunerados en las entidades federativas con mayor movilidad humana para garantizar su permanencia, con pleno respeto a sus derechos humanos;

IV. Diseñar programas que proporcionen atención a personas en movilidad derivada de situaciones forzadas, falta de seguridad, violencia o crimen organizado, para asegurar su permanencia en sus lugares de origen;

V. Impulsar programas a fin de que las personas que se incorporan a los diversos núcleos de población del país, no sean objeto de conductas discriminatorias por parte de la población local;

VI. Promover programas para que los nuevos residentes se incorporen a los núcleos de población y accedan a los servicios de carácter social, primordialmente de aquellas regiones que por sus condiciones geográficas contemplan una mayor llegada y asentamiento de nuevos pobladores; y

VII. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la movilidad humana de nacionales y dictar medidas para regularla.

Artículo 177.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social está facultado para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reincorporación de personas en retorno, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que residirán.

Este Instituto, en coordinación con las dependencias de la comisión interdependencial, de las entidades federativas y municipales, así como  instituciones de los sectores público, social y privado, atenderán a la población en retorno al país para integrarlos al desarrollo económico, asegurando su radicación en el territorio nacional y que contemple:

I Acciones para brindar orientación sobre ofertas de empleo y vivienda, para su reincorporación;

II. Información y orientación respecto a los diversos apoyos que pueden recibir las personas en retorno  en el lugar de origen o residencia en el territorio nacional; y

III. Creación de proyectos para garantizar que mexicanos en retorno se queden a radicar con sus familias en los lugares de origen.

Artículo 178.- El Instituto Nacional de Desarrollo Social formulará, ejecutará y vigilará el Fondo de Apoyo para Personas en Movilidad Humana y sus Familiares para atender a los nacionales en retorno con un enfoque multidimensional, económico, social, laboral, educativo, cultural, de género, demográfico, de salud, entre otros, con la finalidad de tratarlos como sujetos protagonistas del desarrollo, colocando la movilidad humana como eje transversal de todas las políticas públicas, planes, programas y proyectos con un enfoque intercultural.

Además propiciará la construcción de sistemas de microcrédito y finanzas populares como soporte de la economía popular y solidaria del tejido productivo y social de las regiones con alta movilidad humana, y promover el apoyo técnico integral con organización, capacitación y financiación para la producción y comercialización para los proyectos productivos.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA POBLACIÓN EN DESPLAZAMIENTO INTERNO

Artículo 179.- La población en desplazamiento interno son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado una frontera internacional, en particular como resultado o para evitar los efectos por situaciones de:

I. Tensiones, disturbios internos, violencia generalizada o conflictos armados;

II. Violaciones de los derechos humanos;

III. Catástrofes o desastres de cualquier tipo;

IV. Implantación de proyectos de desarrollo a gran escala; y

V. Por miedo a ser perseguidos por motivos de su origen, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, militancia, pertenencia o simpatía por algún grupo social, particular o de opinión política, y que les impide por sus propios medios proveerse de protección, o que estando fuera de su domicilio como resultado de dichos eventos, es incapaz o está imposibilitado de retornar a él.

Artículo 180.- En los casos excepcionales en que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos establezca la restricción o suspensión de los derechos y garantías individuales conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, antes de aprobar el decreto y expedir la ley reglamentaria correspondiente, deberá considerar lo establecido en los tratados internacionales, en los casos en que los derechos y garantías no deberán restringirse ni suspenderse y cuyas disposiciones atenten contra la integridad, libertad, seguridad y propiedad de las personas desplazadas internamente.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA PROTECCIÓN PARA EL DESPLAZAMIENTO INTERNO

Artículo 181.-  Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el solo hecho de ser desplazados internos.

Las disposiciones contenidas en la presente sección serán observadas por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. Dicha observancia no afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas. Las disposiciones no podrán ser interpretadas de una forma que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho interno y no afectarán al derecho de solicitar y obtener asilo en otros países. Asimismo, no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Artículo 182.- Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Artículo 183.- Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.

Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias y, en su caso, autorizada por la autoridad competente.

Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.

Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilite alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separe a los miembros de la misma familia.

Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes o desastres, se respetarán las garantías siguientes:
I. La autoridad correspondiente adoptará la decisión específica;

II. Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;

III. Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;

IV. Las autoridades competentes involucrarán a las personas afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;

V. Las autoridades competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y

VI. Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Artículo 184.-  Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Para tal efecto, los desplazados internos no podrán ser recluidos o confinados en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a la impuesta por las circunstancias.

Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o prisión arbitrarias como resultado de su desplazamiento. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún caso.

Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen a quienes no lo hagan.

Artículo 185.-  Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de escoger su residencia. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos. Además, tienen derecho a:

I. Buscar seguridad en otra parte del país;

II. Abandonar el territorio nacional;

III. Solicitar asilo en otro país; y

IV. Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.

Artículo 186.- Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero de sus familiares desaparecidos. Las autoridades competentes deberán averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán, en su caso, con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados.

Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso.
Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos.

Artículo 187.- Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias de desplazados internos que deseen estar juntos.

Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, particularmente en los casos de familias con niños. Las autoridades responsables facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y estimularán y cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.

Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a estar juntos.

Artículo 188.- Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:

I. Alimentos esenciales y agua potable;

II. Alojamiento y vivienda básicos;

III. Vestido adecuado; y

IV. Servicios médicos y de saneamiento esenciales.

Artículo 189.- Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.

Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole.

Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos.

Artículo 190.-  Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad personal, actas de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre.

Artículo 191.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:

I. Despojo;

II. Ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;

III. Utilización como escudos de operaciones u objetos militares;

IV. Actos de represalia; y

V. Destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.

Artículo 192.-  No se hará entre los desplazados internos, con independencia de que vivan o no en campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento en el disfrute de los siguientes derechos:

I. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, opinión y expresión;

II. El derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar en las actividades económicas;

III. El derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en los asuntos comunitarios;

IV. El derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para ejercerlo; y

V. El derecho a comunicarse en un idioma o lengua que comprendan.

Artículo 193.- Toda persona tiene derecho a la educación.  Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación gratuita y obligatoria a nivel básico y media superior. La educación respetará su identidad cultural y su lengua. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educativos.

Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos.

Artículo 194.- La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares.

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos. Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.

SECCIÓN TERCERA
DEL REGRESO, REASENTAMIENTO Y REINTEGRACIÓN

Artículo 195.- Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del territorio nacional. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS PROCESOS INTERCULTURALES

Artículo 196.- La educación que imparta el Estado, así como la que impartan las instituciones privadas, deberá incluir el enfoque intercultural  en los planes y programas de estudio de educación formal e informal, con base en los criterios establecidos en esta Ley.

La educación intercultural se refiere al conjunto de procesos pedagógicos que se orientan a la formación de alumnos capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Incluye el proceso de educación bilingüe a partir de las lenguas indígenas nacionales, que privilegia la situación sociolingüística de la zona y el derecho a ser educado en la lengua materna y está dirigida a poblaciones con presencia indígena.

La Secretaría de Educación Pública está a cargo de la política de educación intercultural, en coordinación con el Instituto, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

I. Incluir los aspectos relacionados con la interculturalidad, la diversidad cultural, la pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles de educación, desde la inicial hasta la superior;
II. Impulsar la atención educativa intercultural a indígenas, afrodescendientes, afromexicanas, migrantes y de distinto origen nacional en los programas de educación;

III. Propiciar la producción de materiales educativos interculturales y en lenguas indígenas nacionales;

IV. Formar y capacitar a docentes en educación intercultural, incluida la bilingüe, así como propiciar la investigación científica en la materia;

V. Incorporar el uso de tecnologías en los centros educativos de carácter intercultural;

VI. Incluir en los procesos de evaluación educativa las características interculturales y lingüísticas de la población escolar;

VII. Otorgar becas y estímulos específicos a población educativa pluricultural para disminuir la deserción escolar;

VIII. Fomentar la creación de universidades interculturales con la participación que corresponda de las personas, colectivos y comunidades a que esta ley se refiere como sujetos de la interculturalidad, que propicie el desarrollo educativo intercultural en el marco de todos los niveles de la educación superior;

IX. Fomentar la enseñanza de lenguas indígenas nacionales en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de acuerdo con su ámbito de competencia, así como aquellas de las comunidades de distinto origen nacional en el país;

X. Promover procesos y actividades de planificación y evaluación de políticas educativas a partir de la pertinencia pluricultural y relaciones interculturales; y

XI. Las demás que establezcan esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 197.- La salud intercultural se refiere al conjunto de acciones, estrategias y políticas que buscan incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud. Supone el respeto y la valoración mutua entre las diferentes culturas. Implica diálogo e intercambio de conocimientos y prácticas beneficiosas de salud entre el sistema biomédico y las comunidades a las que sirve. En este sentido involucra la participación de la comunidad para dar forma a los servicios de salud para contar con servicios culturalmente adecuados como pate del derecho de los usuarios de los servicios de salud.

Las autoridades del sector salud de los distintos órdenes de gobierno garantizarán el derecho al uso de las prácticas y conocimientos de las culturas y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas originarias, afromexicanas, migrantes, refugiados, apátridas y miembros de las comunidades de distinto origen nacional, relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud y propiciarán la atención a la población desde un enfoque intercultural para lo cual deberán establecer dentro de los centros de atención espacios específicos para la incorporación de las medicinas tradicionales y la herbolaria.

Artículo 198.- Las autoridades del sector salud de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, con relación a los pueblos y comunidades indígenas originarias, afromexicanas, migrantes, refugiados, apátridas y comunidades de distinto origen nacional:

I. Fomentarán la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la cultura y tradiciones relacionados a la protección, prevención y fomento a la salud;

II. Establecerán programas de capacitación y aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones;

III. Supervisarán la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones;

IV. Impulsarán la investigación científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y tradiciones, y

V. Definirán, con la participación social de que se trate, los programas de salud dirigidos a ellos mismos.

La medicina tradicional es la suma completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales.

Para los efectos de esta ley se reconoce como medicinas tradicionales y remedios herbolarios aquellas que tiendan a la atención primaria en salud.

La Secretaría de Salud establecerá la certificación de médicas y médicos interculturales para la impartición de sus prácticas mismas que deberán ser reconocidas para la atención primaria en salud.

Artículo 199.- Las autoridades competentes en materia de radio y telecomunicaciones promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural a fin de que se produzcan y difundan contenidos que reflejen la pluriculturalidad de la nación y la cosmovisión, cultura, tradiciones, patrimonio, conocimientos y saberes  en su propia lengua con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente la comunicación intercultural que valore y respete la diversidad cultural de la Nación.

Los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, migrantes, refugiados, apátridas y comunidades de distinto origen nacional tienen derecho a producir y difundir a través de los medios de comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.

Todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios tienen el deber de difundir tales contenidos, a solicitud de sus productores, hasta en un espacio equivalente de por lo menos 15% de su programación, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. Cuando un medio de comunicación ya haya difundido los contenidos a los que se refiere este artículo, será opcional para otros medios volver a difundirlos.

Artículo 200.- La alimentación intercultural se refiere al conjunto de acciones, estrategias y políticas que promueve el rescate de los valores nutricionales que históricamente han producido las cocinas tradicionales y sus ingredientes, la conservación y producción de los alimentos nativos, particularmente los cultivos.

Para tal efecto, se reconoce como derecho de toda persona humana a la soberanía alimentaria que consiste en tener una alimentación que le conviene culturalmente a la sociedad, desde el punto de vista de la salud y de lo económico orientada a una alimentación adecuada, con base en los valores culturales de las comunidades.

Asimismo, se reconoce el derecho a la educación alimentaria que consiste en aquella que toda persona debe recibir que les permita tener mayor conocimiento sobre el adecuado consumo de alimentos en la prevención de enfermedades, así como en la generación de una cultura alimentaria, la preservación de la riqueza alimentaria y de las cocinas tradicionales, como parte de su patrimonio.

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas competencias y jurisdicción formularán, ejecutarán y vigilarán la aplicación de programas de alimentación intercultural que permita el respeto y la valoración mutua entre las diferentes culturas y propicie el diálogo e intercambio de conocimientos y prácticas beneficiosas.

Artículo 201.- Para el fomento, promoción y difusión las autoridades recomendarán la creación de centros de la interculturalidad con el objetivo de desarrollar acciones y prácticas de personas, colectivos y comunidades a las que esta Ley se refiere en el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y culturales relacionados con la interculturalidad, identidad y movilidad humana.

Asimismo, propiciarán la concertación con personas, grupos y asociaciones civiles para que éstas participen en la construcción de dichos espacios, sin menoscabo de aquellas que por su cuenta y con apoyos gubernamentales o donaciones decidan crear, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Dichos centros promoverán la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos, y la promoción de los productos rurales, alimentarios, artísticos y artesanales, entre otros, propios de las personas, colectivos y comunidades que propician la interculturalidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley para expedir la reglamentación correspondiente.

Suscriben,

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro. Dip. Gloria Bautista Sampedro. Dip. Aleida Alavez Ruiz

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Bautista Cuevas. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Rompió récord de tiempo, Diputada.






Tiene la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar, a nombre de la Diputada Patricia Lugo Barriga, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

(Presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Diputada Patricia Lugo Barriga, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores.

Como todos sabemos, la ubicación de nuestro territorio nacional lo hace sujeto a la acción de fenómenos naturales de distinto origen, que pueden ocasionar desastres de magnitudes considerables, como es el caso de los fenómenos volcánicos que han hecho erupción en 14 volcanes a lo largo de la historia de nuestro país, y que son considerados activos, en particular me refiero a los ubicados en la faja central que va desde el estado de Nayarit al estado de Veracruz.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contar con áreas especializadas en la materia, tales como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, que concentre a expertos, académicos, científicos y técnicos operativos, con la finalidad de realizar análisis y diagnósticos para la correcta toma de decisiones en lo referente a la situación volcánica de nuestro país.

Y es fundamental también, por otro lado, reconocer que efectivamente ha habido un esfuerzo de autoridades y de la sociedad en nuestro país en materia de protección civil.

Se ha realizado la construcción y el establecimiento de todo un esquema coordinado y de la mano de científicos, técnicos y operativos en la materia, han ido impulsando la formación de una cultura de protección civil, con una visión de sistema cuya labor es la de articular y armonizar la respuesta preventiva y oportuna en la atención de emergencias y desastres, así como la participación de las personas como actores de su propia seguridad, a través de la identificación de los peligros y riesgos en su entorno y con el aprendizaje de medidas y acciones de prevención, esto es fundamental.

Y aunque el esfuerzo se ha realizado, debo decir también, que falta todavía un gran trecho, un gran camino para lograr que esa cultura sea realmente una realidad en la vida de nuestro país.

Y ante esta situación es que surge la necesidad de consolidar la gestión integral del riesgos de desastres con un manejo interinstitucional, multisectorial, interdisciplinario, que tenga como objetivo tomar acciones preventivas y correctivas que además fortalezcan la capacidad de una sociedad que enfrente los peligros y se reduzcan las vulnerabilidades presentes y futuras mediante una preparación adecuada, tomando en consideración, sobre todo, las comunidades que siempre están en riesgo, comunidades enteras que están en riesgo, ante una serie de fenómenos volcánicos por su ubicación geográfica.

El objeto de cualquier Estado que se llame democrático, debe ser contar con las herramientas, con los mecanismos necesarios que garantizan en todo momento la seguridad de sus habitantes, en donde los fenómenos naturales ocupan, por supuesto, una atención prioritaria, a efecto de que se pueda actuar con rapidez y prontitud ante las eventualidades que suponga un riesgo considerable al bienestar nacional.

Y bajo este tenor, es como se inscribe esta necesidad de atender la actividad volcánica de nuestro país mediante instituciones debidamente estructuradas para este objetivo.
Señoras y señores legisladores: Para nuestro partido, el Partido Acción Nacional, la responsabilidad ciudadana representa una de las piedras angulares de la construcción del estado de derecho.

Y con la finalidad de asegurar la coherencia en torno al establecimiento y promoción del bien común, se requiere de la existencia de instituciones eficaces y eficientes que velen siempre y en todo momento por la seguridad de nuestro país, de nuestra nación.

Y bajo este ánimo, es que hoy a nombre de la Diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento esta iniciativa que se enmarca en la contribución, desde el ámbito legislativo, para el diseño normativo que garantice la elaboración de políticas públicas, programas y acciones con visión integral y de sistema, y en este caso específico, del riesgo volcánico.

Es por ello que con la finalidad de reducir la probabilidad de afectación de comunidades, personas, bienes y sistemas, por medio de esta iniciativa se propone una adición a la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de establecer el Sistema Nacional Vulcanológico, a fin de que el mismo realice labores de operación, instalación, mantenimiento y análisis de información derivada de una red de vigilancia volcánica, y que en coordinación con el Sistema Sismológico Nacional, determine la peligrosidad de eventos posibles o presentes en materia volcánica, y cuál es la afectación que puede generar para la población, a efecto de que las autoridades puedan tomar decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

Iniciativa

La suscrita Diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la Iniciativa.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

La ubicación del territorio mexicano lo hace sujeto a  la acción de fenómenos de origen diverso, que pueden ocasionar desastres, como es el caso del fenómeno volcánico.

Del sinnúmero de ellos en distintas épocas geológicas, de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en México catorce volcanes han hecho erupción en tiempos históricos, considerándolos activos o que representan zonas activas.1

Por ello y con la finalidad de que el CENAPRED cuente con un área especializada que concentre a expertos, académicos, científicos y técnicos operativos que permita proveer de análisis y diagnósticos al Gobierno Federal, para la correcta toma de decisiones en lo referente al tema volcánico, se propone establecer el Sistema Nacional Vulcanológico.

Argumentos que sustentan la Iniciativa.

Es de reconocer el esfuerzo que autoridades y sociedad de nuestro país han hecho en materia de Protección Civil. La construcción y el establecimiento de todo un esquema coordinado y de la mano de científicos, técnicos y operativos en la materia, han ido impulsando la formación de una cultura de protección civil, con una visión de Sistema cuya labor es la de articular y armonizar la respuesta preventiva y oportuna en la atención de emergencias y desastres, así como la participación de las personas como actores de su propia seguridad, a través de la identificación de los peligros y riesgos en su entorno y con el aprendizaje de medidas y acciones de prevención.

Asimismo, se debe reconocer  que falta un importante trecho para lograr  que esa cultura sea realidad constante y permanente en la vida y ambiente de las comunidades, así como para alcanzar una efectiva coordinación de acciones entre las partes integrantes del denominado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), entendido por la Ley General aplicable como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en la materia.

Por ello, es relevante impulsar en el contexto cultural de las comunidades de nuestro país, la convicción de  que no es posible evitar los fenómenos de origen natural,  ni la magnitud con que se manifiestan, pero sí se puede reducir su impacto destructivo en personas, bienes y entorno, reduciendo la vulnerabilidad a través de la identificación de los factores o causas que inciden y de la adopción de medidas, acciones, planes y programas que contribuyan.

Es una realidad que no podemos evitar que se manifiesten los fenómenos naturales, lo que sí podemos es reducir la probabilidad de afectación de personas bienes y sistemas, a través de la reducción de la vulnerabilidad. A través de esa hipótesis, es como debemos de entender la importancia de la cultura de la prevención en la que la participación de la sociedad es determinante.

Ante esta vulnerabilidad, surge entonces la necesidad de abordar la gestión integral del riesgo de desastres, con un manejo interinstitucional, multisectorial e interdisciplinario, encaminado a tomar acciones preventivas y correctivas que, además, fortalezcan la capacidad de una sociedad para enfrentar peligros y reducir vulnerabilidades presentes y futuras y no solamente esperemos la inminencia de un desastre para actuar sino que además, estemos preparados para ello.

La gestión integral de riesgos contempla dos fases: la primera, previa al desastre, a través de: la identificación y análisis de los riesgos; su prevención, reducción y mitigación; la transferencia del riesgo o protección financiera; y, el manejo de desastres durante la preparación y alerta de emergencia.

La segunda fase, posterior al desastre, conformada por tres componentes: respuesta inmediata a la emergencia; la rehabilitación y recuperación, y, la reconstrucción.

Necesariamente ambas fases deben incorporarse como parte integral de los planes y programas de desarrollo urbano, de la planeación territorial, económica y política en los ámbitos local, regional, nacional y hasta internacional, apoyadas, entre otros instrumentos, por una legislación efectiva que precise responsabilidades de todos los sectores en la prevención, atención y recuperación, y que destine recursos a fondos para la prevención, reducción de riesgos y la atención de desastres.

Conducidos por estos conceptos los contenidos de la presente Iniciativa, los propósitos que la animan, se enmarcan en la contribución desde el ámbito legislativo, para el diseño normativo que garantice la elaboración de políticas públicas, programas y acciones, con visión integral y de Sistema, en el caso específico del riesgo volcánico.

En México, los volcanes activos se encuentran distribuidos en diversas regiones del país, en particular, en una faja central que va desde Nayarit a Veracruz. Quienes habitan en esas regiones, deben tener una percepción clara de los beneficios pero también de los múltiples riesgos de vivir cerca de un volcán activo, para tomar medidas preventivas.

Definimos a la actividad volcánica a través de su actividad, es decir, de la cantidad y fuerza de sus erupciones, definidas como “emisiones de mezclas de roca fundida rica en materiales volátiles (magma), gases volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de carbono, bióxido de azufre y otros) y fragmentos de rocas de la corteza, arrastrados por los anteriores. Estos materiales pueden ser arrojados con distintos grados de violencia, dependiendo de la presión de los gases provenientes del magma o de agua subterránea sobrecalentada por el mismo. Cuando la presión dentro del magma se libera a una tasa similar a la que se acumula, el magma puede salir a la superficie sin explotar. En este caso se tiene una erupción efusiva. La roca fundida emitida por un volcán en estas condiciones sale a la superficie con un contenido menor de gases y se llama lava. Si el magma acumula más presión de la que puede liberar, las burbujas crecen hasta tocarse y el magma se fragmenta violentamente, produciendo una erupción explosiva”.2

México es un país rico en volcanes, la tasa de erupción promedio durante los últimos 500 años ha sido de unas 15 erupciones de diversos tamaños por siglo. Algunas muy destructivas como las de Colima de 1576 y 1818 o las de San Martín Tuxtla de 1664 y 1793 o recientemente la del volcán El Chichón en 1982, que produjo numerosas víctimas, devastó 150 Km2 de áreas boscosas y de cultivo y destruyó varios miles de cabezas de ganado. El nacimiento del volcán Paricutín, produjo flujos de lava, provocando destrucción de poblaciones y tierras cultivables, sin ocasionar víctimas.

En otro orden de ideas, el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Es determinante la labor que realiza del monitoreo volcánico,  consistente en un dispositivo de vigilancia de un volcán, constituido por equipos de alta tecnología, como redes de instrumentos que son desplegados sobre el correspondiente volcán para detectar su nivel de actividad sísmica, deformaciones que experimenta, cambios en la composición de fumarolas, manantiales y otras manifestaciones, así como para observarlo en forma directa por medio de equipos de video.

La valiosa participación del CENAPRED, aunada a sus atribuciones conforme a la legislación aplicable, amerita que en el caso del riesgo volcánico, se sistematice y articule su participación especializada, con la de científicos de Estados con volcanes activos, que mantienen un monitoreo permanente y la integración de un Comité Científico Asesor, para que integren el servicio vulcanológico, como la institución técnica-científica dependiente del CENAPRED especializado en la operación, instalación, mantenimiento y análisis de información derivada de una red de vigilancia volcánica, a través de los observatorios volcanológicos u otros implementos científicos que se establezcan y, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, determinar la peligrosidad de eventos posibles o presentes en materia volcánica y su afectación a la población, para la toma de decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Todo lo anterior, motiva a la autora de la presente Iniciativa a proponer una adición a la Ley General de Protección Civil a fin de establecer el Sistema Nacional Vulcanológico, como un órgano especializado dependiente del CENAPRED a fin de que realice las labores de operación, instalación, mantenimiento y análisis de información derivada de una red de vigilancia volcánica, y que en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, determine la peligrosidad de eventos posibles o presentes en materia volcánica y su afectación a la población, para la toma de decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Dada la importancia del fenómeno vulcanológico en nuestro país, la promovente considera que es determinante dotar a las áreas técnicas y científicas de ámbitos de especialización sin menoscabo presupuestal por lo que se aprovecharía en su constitución el diseño institucional con que ya se cuenta a través de su adscripción al Centro Nacional de Prevención de Desastres.

II. Fundamento legal de la Iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de Diputada Federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 6º numeral 1, fracción I, artículo 77 numeral 1 y artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de Reforma.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

IV. Texto normativo propuesto.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 fracción VIII y 23 y se adicionan una fracción LXI al artículo 2 y un artículo 23 Bis, todos de la Ley General de Protección Civil para establecer el Servicio Vulcanológico Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a VII. …

VIII.CENAPRED: El Centro Nacional de Prevención de Desastres;

IX. a LX. …

LXI. Sistema Vulcanológico: El Sistema Nacional Vulcanológico.

Artículo 23. El CENAPRED es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción del Sistema Vulcanológico y de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Artículo 23 Bis. El Sistema Vulcanológico es la institución técnica-científica adscrita al CENAPRED encargada de la operación, instalación, mantenimiento y análisis de información derivada de una red de vigilancia volcánica, a través de los implementos científicos que se establezcan, en su desempeño se coordinará con el Servicio Sismológico Nacional, con el fin de determinar la peligrosidad de eventos posibles o presentes en materia volcánica y su afectación a la población.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento del Servicio Vulcanológico Nacional dentro del plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y financieros así como los archivos que actualmente operan las dependencias y entidades de la administración pública federal relacionadas con las funciones del Servicio Vulcanológico Nacional deberán ser transmitidas a éste a más tardar el 1 de enero de 2015.

CUARTO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá implementar el Servicio Vulcanológico Nacional a más tardar el 1 de enero de 2015, para lo cual se le autoriza a que realice las adecuaciones presupuestales correspondientes.

El Ejecutivo Federal deberá proponer, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión los recursos suficientes para la plena operación del Servicio Vulcanológico Nacional.

Comisión Permanente, México, Distrito Federal, el 29 de julio de 2015.

Dip. Patricia Lugo Barriga.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Senadora Ortega Martínez. Túrnese a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.

El siguiente apartado del Orden del Día es la votación de dictámenes.

1 Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. CENAPRED. Secretaría de Gobernación. Primera Edición. México, 2001. Pág. 2.

2 Ibid., pág. 59.






Les informo que en el transcurso de la sesión se recibieron cinco dictámenes de la Segunda Comisión y dos dictámenes de la Tercera Comisión, que no fueron inscritos inicialmente debido a que carecían de la mayoría de firmas aprobatorias.

En el Orden del Día aparecen descritos los siete nuevos dictámenes. Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes sobre los que no hay anuncio de reserva para discusión.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Doy cuenta de los dictámenes.

Tenemos nueve dictámenes de la Primera Comisión:

Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las acciones llevadas a cabo para la atención de una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social” presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 16 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social, dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que de acuerdo con información del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IASIS), en la ciudad de México habitan alrededor de 8,800 personas en situación de calle. Para atender a este sector de la población existen 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), los cuales dependen de dicho Instituto.

De la misma manera, expresa que de acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal señala que en teoría, dichos centros proporcionan alojamiento, alimentación, atención médica, psicológica, psiquiátrica y gericultura, así como talleres de capacitación para el trabajo, educación, actividades recreativas deportivas y culturales.

Los promoventes señalan que en el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 02/2012, la cual reveló las condiciones en las que se encontraron a los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración Social “Cuemanco” y “La Cascada”; un abandono institucional que se traduce en tratos crueles inhumanos y degradantes.

Informan que la cuarta visitadora de la CDHDF, destacó que los habitantes de los Centros evaluados viven en condiciones poco higiénicas y carecen de medicamentos para tratar sus enfermedades, tampoco tienen atención médica especializada por lo tanto sus probabilidades de reinserción social son casi nulas.

En la proposición se estima que la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IASIS) no ha cumplido con sus funciones, pues una de ellas es garantizar el correcto funcionamiento de los programas y modelos de atención.

Indican que las recomendaciones fueron hechas hace 3 años y el estatus de las mismas continúa como “sujeto a seguimiento”, lo cual podría interpretarse como una evasión o falta de atención por parte de las y los servidores públicos responsables de atender lo antes mencionado.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que informe a la Comisión Permanente sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Los integrantes de la Primera Comisión coinciden con las particularidades de la proposición en la necesidad de atender la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los Centros de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal.

Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2012 dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los Centros de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal, en específico de los centros “Cuemanco” y “La Cascada”.

Como se indica en la recomendación de la CDHDF los Centros de Asistencia e Integración Social “Cuemanco” y “La Cascada” adscritos al Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal son los encargados de atender integralmente a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y que se encuentran en situación de abandono social.

El C.A.I.S “La Cascada” atiende a mujeres mayores de 18 años con trastornos mentales (esquizofrenia en todas sus variantes, retraso mental leve y severo, trastornos orgánicos cerebrales derivados del uso de alcohol y/o substancias psicotrópicas y patologías mentales derivadas de edad avanzada) y en situación de abandono. Tiene una capacidad para alojar 400 personas a las que proporciona servicios de alojamiento, alimentos, vestido, calzado, atención médica, psicológica, medicamentosa y odontológica y a las adultas mayores se les proporciona terapias de gericultura.

El C.A.I.S “Cuemanco” atiende a hombres mayores de 18 años con trastornos mentales (esquizofrenia en todas sus variantes, retraso mental severo y trastorno del comportamiento) y en situación de abandono. Tiene una capacidad para alojar 336 personas a las que proporciona servicios de alojamiento, alimentos, vestido, calzado, atención médica, psicológica, odontológica y medicamentosa. No hay un tiempo promedio de estancia de los usuarios. Este centro se considera de puertas abiertas, lo que significa que las personas pueden entrar y salir si cumplen con ciertos requisitos.

Dicha Comisión de Derechos Humanos acreditó la violación de los derechos a la salud, a una vida digna, nivel de vida adecuado y tratos crueles, inhumanos, degradantes y vivir en comunidad, sin discriminación.
Por lo anterior la CDHDF recomendó medidas en materia con 11 puntos dirigidos al derecho a la salud, a una vida digna, nivel de vida adecuado y tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de estadísticas oficiales, entre otros.

Es importante destacar que dicha recomendación fue aceptada y su estatus se encuentra sujeta a seguimiento, por lo que se requiere conocer las acciones que se han implementado para mejorar sus servicios.

A la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal le corresponde el despacho de las materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios sociales comunitarios.

Para ello cuenta con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), el cual fue creado con el objetivo de brindar atención a los grupos más vulnerables de la población, propiciando el desarrollo de sus capacidades y la construcción de oportunidades que favorezcan su reincorporación social en un ambiente de igualdad y justicia social.

El IASIS ofrece servicios de asistencia social en 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) que brindan atención a personas en situación de calle y vulnerabilidad social, que es el instrumento que permite brindar servicios asistenciales a las personas en situación de calle y en abandono social de la Ciudad de México, favoreciendo así en su reinserción social.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal es la institución responsable de garantizar el acceso a la atención médica y la protección de la salud, de la población residente en la Ciudad de México, a fin de mejorar y elevar su calidad de vida mediante el otorgamiento de intervenciones médicas integrales, oportunas y de calidad.

En su investigación, esta dictaminadora señala que de acuerdo a información del Gobierno de la Ciudad de México, se están realizando trabajos de rehabilitación en 4 de los 10 Centros de Atención e Integración Social (CAIS), a fin de mejorar las condiciones en las que viven las y los usuarios de los albergues Cascada, Cuemanco, Villa Mujeres y Cuautepec y se llevan a cabo con una inversión de 92.5 millones de pesos, recurso proveniente del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) 2014.

En este sentido, esta dictaminadora considera de primera importancia atender los problemas que afectan a los sectores vulnerables de nuestro país y, en ese sentido, nos parece trascendente que el Gobierno del Distrito Federal informe acerca del seguimiento y atención que se han hecho a las recomendaciones emitidas por la CDHDF en el 2012.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, rinda un informe a esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por las dependencias a su cargo, para la atención de la Recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.






Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a desahogar las averiguaciones que se hubiesen iniciado con relación al correcto ejercicio de la función pública.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas con diversos hechos denunciados con relación al correcto ejercicio de la función pública, y que son competencia de la Procuraduría General de la República, de la Auditoría Superior de la Federación y otras autoridades.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión da cuenta con las proposiciones que se estudian y dictaminan:

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada, presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del pan a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, presentada por el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y uso de suelo, presentada por los senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino, presentada por los diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

6. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora, presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera, presentada por el diputado Rubén Acosta Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

11. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentada por los senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

13. Proposición con punto de acuerdo que solicita se investigue el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López, presentada por los senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

17. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con el crimen organizado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político, presentada por la diputada Lourdes Amaya Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

19. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a agilizar las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

20. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

21. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

22. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-2009, sobre el delito de peculado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 17 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

24. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal a informar sobre las denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el periodo del 1 de octubre de 2012 a la fecha y el estado que guardan las mismas, presentada por el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a acelerar las indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle Plaza Río de Janeiro, No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

26.0Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario de Salud de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a integrar una averiguación respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacinoal, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de dicho estado a realizar una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

29. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada, presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

Los diputados proponentes exponen que el pasado lunes 4 de mayo, se hizo del conocimiento de la opinión pública un video en el que se observa al gobernador del estado de Colima ser sometido de manera voluntaria a una prueba de polígrafo antes de rendir protesta al cargo que hasta ahora ostenta. Destacan que lo relevante de dicha videograbación es que el ahora gobernador de Colima no pasó la prueba de detección de mentiras, particularmente cuando fue cuestionado sobre sus vínculos políticos y con grupos del narcotráfico.

Explican que en el estado de Colima se ha detectado que operan dos cárteles del narcotráfico que se disputan la plaza ya desde hace varios años: el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder del brazo armado es un personaje apodado como “El Mencho”, y Los Caballeros Templarios, liderados por el ahora preso “La Tuta”.

Los proponentes concluyen que, mas allá de lanzar una acusación directa en contra del gobernador Anguiano, ante la sospecha pública que recae sobre él, se solicita que sea sometido a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar sus posibles nexos con organizaciones de la delincuencia organizada, así como ayudar en la pacificación de la zona.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que, en apego a sus facultades y atribuciones, lleve a cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del pan a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, presentada por el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El diputado proponente refiere la información dada a conocer por el diario Milenio sobre distintas propiedades que poseen Javier Gándara Magaña y familiares directos en Estados Unidos, misma que requiere de una investigación a fondo y sin mayor demora pues no es la primera vez que se exhibe públicamente una fortuna cuyo origen es inexplicable a partir de la propia información que ha proporcionado el candidato a su paso por cargos públicos.

Señala que en este caso, y de acuerdo con la fuente citada, se trata de nueve inmuebles y un avión no declarados anteriormente por el candidato del PAN, no obstante estar a nombre de su esposa, hijos y yerno. Los inmuebles, que en conjunto sumarían un valor estimado en 117 millones de pesos, están ubicadas en zonas exclusivas como La Jolla, Fashion Hills y Chula Vista en los estados de California y Arizona.

El diputado proponente explica que ninguna de las propiedades descritas en la nota fue reportada por Gándara cuando fue presidente municipal de Hermosillo. Tampoco reportó en sus declaraciones patrimoniales un jet con matrícula XA-USS, a nombre de su esposa y con valor de dos millones de dólares, mismo que curiosamente presta servicios en una compañía de taxis aéreos, y es rentada por el gobernador Guillermo Padrés y por la propia campaña de Javier Gándara.

El diputado pregunta cómo es posible que el ex alcalde de Hermosillo y sus familiares directos, posean una fortuna de tal magnitud, cuando en sus declaraciones de Ley reconoce haber ganado 285 mil pesos mensuales en el periodo de tres años.

Adicionalmente, señala que existen acusaciones de una licitación fraudulenta del rastro de Hermosillo y una irregular "regularización" de terrenos federales, en la que se registró inclusive un robo de identidad a un modesto cantinero de Navojoa, todo esto cuando fue alcalde, entre 2009 y 2012.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la titular de la Procuraduría General de la República, Doctora Arely Gómez González, para que se lleven a cabo las investigaciones conducentes para determinar la posible responsabilidad en el delito de enriquecimiento inexplicable del C. Javier Gándara Magaña, conforme a los bienes e ingresos reportados durante su gestión como funcionario público y los que se han dado a conocer a la opinión pública.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleve a cabo las investigaciones conducentes para determinar la probable responsabilidad del delito de defraudación fiscal, en el caso del C. Javier Gándara Magaña, por la omisión del pago de 14 millones de impuestos en el periodo entre 2009 y 2014.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de la Función Pública, a Función Pública para que en el ámbito de su competencia determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido el C. Javier Gándara Magaña por omisiones o falsedad en la presentación de sus declaraciones patrimoniales mientras fue servidor público.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El diputado proponente señala que el pasado lunes 11 de mayo, bajo el encabezado “Candidato del PAN en Sonora colecciona mansiones en EU”, Milenio dio a conocer una importante investigación periodística con relación al candidato, Javier Gándara Magaña, quien, de acuerdo con los registros de propiedad en poder del diario de circulación nacional, cuenta con al manos nueve casas en Estados Unidos y hasta un avión, que no reportó en sus declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2009-2012, años en los que se desempeñó como presidente municipal de Hermosillo.

Refiere que en la citada investigación se advierte una impresionante relación de documentos públicos que acreditan la propiedad de la familia Gándara sobre los inmuebles siguientes:

1. Una mansión en “La Jolla Scenic Drive”, en San Diego, California, valuada en 3 millones 600 mil dólares.

2. Dos condominios horizontales en el suburbio “Bonita”, San Diego, con un costo total de 540 mil dólares.
3. Una propiedad en el Barrio Linda Vista del fraccionamiento Fashion Hills, San Diego, con un precio de mercado de 372 mil dólares.

4. Una propiedad en la zona residencial  University City, San Diego, con un valor de 1 millón 200 mil dólares.

5. Una propiedad en Chula Vista, San Diego, valuada en 320 mil dólares.

6. Una casa en Scottsdale, Maricopa, Arizona, adquirida en 2007 por 537 mil dólares.

7. Una casa en el Club de Equitación Sandspur Ranch, en Phoenix. Esta propiedad está a nombre de Juan Carlos Tirado Woolfolk, yerno de Javier Gándara y quien supuestamente en 2010 habría cedido los derechos a la esposa del candidato.

8. Una casa  en Tucson, Arizona con valor de 400 mil dólares.

Señala que de acuerdo con la nota en comento, el valor total aproximado de las 9 propiedades es de 117 millones de pesos.

El diputado advierte que es sumamente preocupante esta situación, dado que en las declaraciones que presentó entre 2009 y 2012, Javier Gándara Magaña reconocía ingresos mensuales de aproximadamente 285 mil pesos entre sueldo, actividades empresariales, arrendamientos e intereses sobre inversiones.

Reconoce finalmente que, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no puede prejuzgar sobre la licitud o ilicitud en los actos del entonces candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora; sin embargo, lo que sí debemos hacer, y que es nuestra responsabilidad como el órgano depositario de la representación popular en el Estado mexicano, es solicitar la actuación inmediata de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que la investigación correspondiente de posibles actos de corrupción, de desvío de recursos públicos o, incluso, de peculado, de concusión o de cohecho, sea resuelta con prontitud, celeridad, independencia e imparcialidad, pero sobre todo, garantizando por sobre todo, el interés y la hacienda pública, en particular de los habitantes del estado de Sonora.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y uso de suelo, presentada por los senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes exponen que la práctica de edificación de construcciones ilegales requiere de dos participantes: las constructoras, que al precio que sea cumplen con sus objetivos comerciales; y las autoridades competentes, que a altos costos dejan de hacer u observar lo que les mandata la ley, en franco agravio a la sociedad y a la administración pública.

Señalan que, derivado de una denuncia pública y social en la cual se acusa al entonces Candidato a Jefe Delegacional del Partido de la Revolución Democrática, David Razú Aznar, de acreditar su residencia en dicha demarcación, para contender por el citado cargo, señalando como su domicilio el penthouse ubicado en el edificio de calle Minería, número 88, Colonia Escandón, en la Delegación Miguel Hidalgo, siendo ésta una construcción permeada de ilegalidad desde sus más remotos orígenes, construida incluso bajo la anuencia de él como Director de Gobierno de la Delegación.

Advierten como un hecho probado, el que la construcción que se edificó en el mencionado predio fue levantada dentro del período en que el entonces referido candidato a Jefe Delegacional por el PRD, se desempeñó como Director de Gobierno de dicha Delegación, es decir, entre los años 2012 y 2014.

Exponen que, de acuerdo con distintas notas periodísticas se afirma que los testimonios de los vecinos señalan que dicho inmueble habría sido obtenido mediante la invasión, por parte de un grupo de golpeadores conocido como "Los Claudios", quienes por varios años lo poseyeron.

Señalan además que, de conformidad con el Certificado de Zonificación de Uso del Suelo, expedido el día 25 de marzo del año 2013, con número de FOLIO 7656-151COSA13, el predio cuenta con una superficie de 1,455 metros cuadrados, en las que únicamente se encuentra permitido edificar 14 viviendas. Sin embargo, la empresa vendedora señala que el edificio se encuentra constituido por 33 departamentos, lo cual denota una franca violación a la norma, al haberse edificado más del doble de lo permitido.

Concluyen que los gobiernos transparentes que cumplen con la normatividad y que rinden cuentas no requieren de exhortos ni extrañamientos. Sin embargo, en el caso que refieren, señalan que fue la propia autoridad quien infringió las normas y, en contumacia con tal situación, adquirió y habitó la misma, con el único objetivo de burlar a la autoridad electoral al simular el cumplimiento de la residencia para poder ser candidato.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que realice una exhaustiva  revisión a los domicilios y bienes reportados por los contendientes en estas elecciones y los urja a manifestarse con estricto apego a la verdad y a la legalidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a fin de que den inicio a las investigaciones de oficio correspondientes a fin de identificar las violaciones a la ley en materia de construcciones y uso de suelo, procediendo a la imposición de sanciones correspondientes al C.  David Razú Aznar por haber gestionado bajo la ilegalidad dicha vivienda, habiendo consentido la ilegalidad de su construcción y habitar en la misma, por lo que se solicita se dé inmediato inicio a las denuncias correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas y penales que correspondan.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Contraloría General del Distrito Federal inicie de oficio la investigación sobre las irregularidades contenidas en el expediente de autorización de construcción del inmueble ubicado en calle Minería, número 88, colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad Capital, a fin de fincar las responsabilidades administrativas que correspondan a los funcionarios que se encontraban en funciones durante la multicitada violación al uso de suelo y lo que resulte, como es el caso de David Razú Aznar, quien se desempeñaba como Director de Gobierno de dicha demarcación, durante el tiempo en que se consumó la ilegalidad denunciada.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino, presentada por los diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti y por el senador Arturo Zamora Jiménez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que el pasado día 18, el diario Milenio dio a conocer que durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, el Gobierno del Distrito Federal vendió en un millón 64 mil pesos un predio valuado en casi 33 millones, en el cual la empresa Enalser —con cuyos socios Enrique Ebrard, hermano del político, creó una inmobiliaria— construyó el edificio en el que actualmente vive el ex jefe de Gobierno, en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

Los proponentes exponen que, de acuerdo con un reportaje publicado en el mismo diario, Enrique Camilo Ebrard Casaubón se asoció en 2006 a la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali S.A. de C.V., en la que participaban Sergio Fuentes Calderón, Ernesto Castro García y tres personas más, según la escritura pública número 829.De acuerdo con la escritura 50772, Fuentes Calderón es socio de Constructora Enalser, empresa propietaria de la casa que renta Ebrard.

Además señalan que Ernesto Castro García forma parte de la compañía Círculo Promocional Gráfico, que el 6 de febrero de 2008 compró en 12 millones 531 mil pesos una casa de 670 metros cuadrados en las Lomas de Chapultepec, en la calle Sierra Tarahumara número 145, según consta en el Folio Real número 9386700 asiento 1 del Registro Público de la Propiedad. En dicha operación de compraventa entre los propietarios originales y esta empresa, Ernesto Castro García fungió como representante legal; un mes antes, el 14 de febrero, la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino emitió un primer aviso preventivo respecto a la venta de este inmueble, en favor de la señora Francisca Lacy Ramos Morgan, primera esposa de Marcelo Ebrard.

Refieren que los documentos establecen que a partir del 1º de agosto de 2013, Marcelo Ebrard renta la casa de Río de Janeiro 46 por un pago mensual de 80 mil pesos, según consta en el correspondiente contrato de arrendamiento por 960 mil pesos anuales que culmina el 31 de julio de 2016.

De acuerdo con los proponentes, la información dada a conocer por Milenio resulta preocupante, pues da cuenta del posible uso personal de la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal para beneficiar a quien fuera el jefe de gobierno capitalino durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012.

Advierten que de resultar ciertas las aseveraciones contenidas en el reportaje de mérito, estaríamos frente a un desvío de poder inaceptable por parte de Ebrard Casaubon, el cual se vendría a sumar a otros ya suficientemente documentados como lo son la discoteca New’s Divine y la construcción de la Línea 12 del Metro, obra de infraestructura que no sólo opera a medias, sino que ejemplifica un estilo de gobierno desapegado de la ley, la racionalidad presupuestal y el compromiso ético frente a los ciudadanos de la capital del país.

Concluye que, por todo ello, es necesario que se exhorte respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.

1. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

De acuerdo con los senadores proponentes, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales en un régimen democrático. A través de la primera, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas; mientras que la segunda abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan examinarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

Para fundamentar su proposición, señalan que el cabal cumplimiento de estos objetivos, se encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los recursos económicos públicos disponibles para el Distrito Federal, tendrán la característica de ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con objeto de  cumplir las metas para los que estén destinados. Lo anterior, permite que la población tenga certeza sobre el uso el gobierno le da a los recursos.

Señalan que en el Distrito Federal, la Contraloría General es la autoridad responsable de fiscalizar, evaluar y controlar la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México. En lo que se refiere al adecuado ejercicio de los recursos públicos debe ser fiscalizado por dicho órgano de gobierno y debe actuar, en todo momento, ante posibles actos de corrupción.

En el mismo sentido, advierten que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un papel medular, toda vez que entre sus diversas atribuciones se encuentran aquellas actividades tendentes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

Los senadores señalan que, en días pasados se dio a conocer a través de un importante medio de comunicación, la noticia sobre la venta de un terreno propiedad del Gobierno del Distrito Federal, por un monto de 1 millón 64 mil pesos, en el año 2011, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.

De acuerdo con la fuente citada por los proponentes, y según una valuación llevada a cabo años antes, dicha propiedad cuenta con un valor aproximado a los 33 millones de pesos, en dicho predio la empresa ENALSER, en donde uno de los socios es Enrique Ebrard, hermano del exjefe de Gobierno, construyó el edificio en donde actualmente habita el Lic. Marcelo Ebrard, ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro #46, en la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

Según la misma fuente, la empresa ENALSER, le renta al exjefe de gobierno en 960 mil pesos anuales, (80 mil al mes), además también se menciona que la empresa ENALSER adquirió la propiedad en el año de 2003 en un valor de 19 millones de pesos.

Advierten que el ex jefe de gobierno ha manifestado, en su defensa, que la propiedad señalada nunca llegó a formar de manera oficial, parte del patrimonio de la Ciudad de México, sin embargo, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, aparece el 6 de Junio de 1988 un documento en el que se otorga en préstamo dicho inmueble a la Academia Mexicana de Arquitectura, con el objetivo de que ésta sea sede de dicha organización.

De acuerdo con los legisladores, estos hechos generan dudas sobre la operación de compra-venta en la cual estuvo inmerso el Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual, es obligación de la Contraloría General del Distrito Federal, el llevar a cabo una detallada investigación, que defina si hubo algún delito en el traspaso de esta propiedad, y si algún funcionario público, pudo haberse beneficiado con esta actividad, presuntamente, ilícita.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la Calle de Río de Janeiro, número 46, en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011. Asimismo, envíe a esta Soberanía un informe sobre el avance de las investigaciones.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes exponen que en un sistema político y de partidos como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y partidos que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados. Del mismo modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún candidato.

Señalan que lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que contradicen nuestro marco jurídico, entre ellos, destacan que el personal de la Delegación Cuauhtémoc entrega apoyos a nombre del exdelegado y candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez.

Recuerdan que esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como trabajadores de la demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará recursos superiores a mil 500 pesos en sus tarjetas de apoyo, y que serán acreedores de otros beneficios como sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones y andaderas, con el único compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto.

Los legisladores proponentes advierten que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más de mil 158 tarjetas de apoyo económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la Delegación Coyoacán, en la que a través del programa “Por Ti” se entregaron 4 mil 40 pesos a 13 mil 613 beneficiarios.

Adicional a todos estos actos que relatan, señalan que la existencia de 21 denuncias que tienen 7 de los 16 delegados ante la Contraloría General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en eventos públicos y proselitismo electoral.

Los proponentes exponen que estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones por organizaciones sociales que participan como observadores electorales, quienes además acusan a los Jefes Delegacionales de omisión e impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan estas acciones contrarias a un proceso igualitario y equitativo.

Concluyen que es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones encaminadas a fiscalizar los recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en beneficio de algún candidato.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, para que presente a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegaciones por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal, para que realicen una investigación exhaustiva en relación a la entrega de diversos apoyos sociales con fines proselitistas por parte de diversos jefes delegacionales a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora, presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los diputados proponentes señalan que el pasado 23 de septiembre de 2014, el ciudadano Jaime García Chávez interpuso una denuncia penal en contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte y su esposa Berta Gómez Fog, ante la Procuraduría Federal de la República por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego se trasladaron, presuntamente, al banco Unión Progreso, cuyo accionista mayoritario es el propio gobernador Duarte.

Recuerdan que, no obstante que el mandatario estatal chihuahuense había negado la existencia de ese fideicomiso, tuvo que reconocerlo frente a las cámaras de televisión, en el programa “Punto de Partida”  y adujo cínicamente a la reportera  que no había leído lo que firmaba. “Sabe cuántos papales firmo al día? ¿Se imagina?, lo firmé, no lo leí a lo macho que no lo leí”, aseveró el gobernador.

Por otra parte, refieren que en días previos a la jornada electoral celebrada el 7 de junio, se dio a conocer información de que el secretario del ayuntamiento de Nogales, Enrique ClaussenIberri, entregaba dos maletas con dinero para “cooperar” en la campaña a la gubernatura de Sonora.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, a efecto de que informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la utilización de recursos públicos en beneficio del Banco Progreso de Chihuahua, Institución de Banca Múltiple, constituido presumiblemente por funcionarios del Gobierno del estado de Chihuahua.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y estatales informen a la opinión pública si existe una investigación en contra de la candidata del PRI al Gobierno de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por haber recibido dos maletas de dinero del Secretario del Ayuntamiento de Nogales, a través de su coordinador de campaña, Enrique ClaussenIberri; así como por los presuntos delitos y actos de corrupción en los que incurrió la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de Senadora de la República, y los CC. Raúl Murrieta Cummings, Oscar Callejo Silva y Javier Hernández Armenta, todos funcionarios de la Administración Pública Federal adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la modificación y simulación de licitaciones públicas.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera, presentada por el diputado Rubén Acosta Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

El diputado proponente señala que en términos jurídicos la corrupción es la violación de una obligación por parte de un servidor público o representante popular con el objeto de obtener un beneficio personal, en forma de dinero, regalos o favores de la persona que lo soborna o a quien extorsiona. En otras palabras, la corrupción supone el abuso del poder detentado para usarlo en beneficio propio. En este sentido, la corrupción deslegitima la democracia y genera desconfianza entre los ciudadanos hacia las instituciones estatales, al mismo tiempo que erosiona el tejido social.

Señala que, no obstante que el nuevo sistema nacional anticorrupción fue el fruto de intensas jornadas de trabajo, de discusión y negociación por parte de todos los partidos que contó incluso con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante el pasado proceso electoral un solo instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN), ha pretendido adjudicarse de manera exclusiva la aprobación de tan relevante reforma.

En ese contexto, advierte que cuando no se castigan las conductas indebidas es lógico que éstas se sigan presentando. Señala que este es el caso del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, cuyo ex titular, Jorge Romero Herrera, ex candidato a diputado local, en complicidad con miembros de su equipo administrativo, otorgó contratos millonarios a empresas ligadas a miembros de su partido, con lo cual queda acreditado el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Refiere que los contratos fueron adjudicados a empresas ligadas a los familiares del hoy candidato a Jefe Delegacional por el PAN en Cuajimalpa, Camilo Campos López.

Por ello, concluye, es lógico pensar en la posibilidad de que estos recursos otorgados en contratos estén siendo utilizados para financiar las campañas políticas del PAN en el Distrito Federal, concretamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, en donde sus candidatos se encuentran estrechamente vinculados al grupo político que encabezan Jorge Romero Herrera y Mauricio Tabe Echartea.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar de oficio y poner especial atención a la procedencia de los recursos gastados en las campañas electorales del Partido Acción Nacional en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, del Distrito Federal.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los legisladores proponentes exponen que el patrimonio de Francisco Domínguez Servién comenzó a aumentar de manera considerable en el año 2012, al finalizar su periodo como Presidente Municipal de Querétaro,  administración marcada por el escándalo del desvío de recursos a través de “Libertad Servicios Financieros”.

El pasado 9 de abril de 2015, el ex candidato panista a la gubernatura de Querétaro, causó polémica en medios de comunicación y en redes sociales por presentar una declaración patrimonial incompleta en el sitio de Internet  candidatotransparente.mx. Inicialmente, el candidato del PAN negó que estuviera incompleta y luego dijo que olvidó declarar los bienes de su esposa, por lo que días después presentó una segunda versión.

Refieren que las inconsistencias en la declaración patrimonial de Domínguez Servién siguen sin resolverse, pues en esta segunda versión omitió declarar bienes cuyo valor total asciende a más de 20 millones de pesos. Entre los bienes ausentes se encuentra el rancho “La Cruz de Mayo”, del que es accionista mayoritario; así como cuatro terrenos aledaños, uno de ellos valuado en 15 millones de pesos.

Recuerdan que como alcalde de Querétaro (2009-2012), Francisco Domínguez Servién obtuvo un ingreso total de 4 millones 542 mil pesos aproximadamente. De 2012 a 2015, como Senador de la República, obtuvo un ingreso anual de 2 millones 57 mil 328 pesos.

En ese contexto, advierten que resulta evidente que sus ingresos como servidor público no corresponden con sus bienes ni con el nivel de vida que ostentan el hoy Senador con licencia y su familia.

Concluyen que todos estos elementos reflejan una gran incongruencia entre los ingresos de Francisco Domínguez Servién como servidor público y su declaración patrimonial, además de una contradicción entre lo que expone y promete como candidato a Gobernador y sus acciones como ciudadano y servidor público poco transparente.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación por la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como sobre la procedencia de dichos ingresos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a investigar las omisiones o faltas administrativas que haya lugar, por el falseo en las declaraciones patrimoniales del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los legisladores proponentes explican que la información conocida en las últimas semanas en torno a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, revela que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares.

Refieren que el Partido Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a “precios de baratija” sus propiedades.

Detallan que en el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados".

Señalan que el gobernador y su familia habrían comprado las más de 2 mil hectáreas en 40 millones de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace siete años fue valuado en 4.80 pesos.

Refieren que de acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas.

Del mismo modo, explican que de acuerdo con información pública de la Oficina de Impuestos del Condado de Bexar, se advierte que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion.

Por otra parte, refieren que datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet.

Concluyen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y miembros de su familia.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentada por los senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes señalan que cuando no se transparentan o se desvía el dinero de los ciudadanos, se está ante un escenario que sugiere corrupción, la comisión de algún delito y lo más delicado es que nos enfrentamos a la falta de credibilidad, tal como sucedió con el ex candidato del PRD al Gobierno del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Relatan que las conductas antijurídicas ocurrieron en 2013 y 2014 cuando el ex candidato se desempeñaba como diputado federal, encargo desde el cual habría gestionado recursos para 25 municipios de Michoacán por 5 mil 333 millones de pesos en 2013 y 264 millones en 2014, que beneficiaron a empresas de quienes hoy son candidatos del PRD a diversos cargos de elección popular.

Advierten que si bien la gestión de recursos no es un acto ilícito, siempre y cuando ésta se desarrolle en el marco de ley, hay elementos que ponen en evidencia la simulación de competencia entre las empresas participantes en la licitación, sobreprecio en los costos y en la construcción de las obras.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus atribuciones, realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno del estado Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría de cumplimiento financiero y de inversiones físicas de las obras construidas en los municipios de Michoacán por las empresas Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V. en los años 2013 y 2014, y en caso de acciones u omisiones se finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

1. Proposición con punto de acuerdo que solicita se investigue el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López, presentada por los senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes señalan que en días pasados diversos medios de comunicación nacional publicaron investigaciones donde se presume que el actual candidato a Gobernador postulado por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, tuvo un indebido ejercicio de la función pública durante su paso por la Secretaría de Educación en el Gobierno de Fernando Toranzo.

Refieren que, en dichas investigaciones, se destaca que Juan Manuel Carreras abrió la Universidad IDEP (Instituto de Educación Productiva) -institución en la que participa, dentro del Consejo Directivo, y ésta se expandió de manera creciente a la par de sus labores como titular de las políticas educativas estatales: tan solo el edificio del Campus Carranza ubicado en la capital del estado está valuado de manera comercial en cerca de 18 millones de pesos, lo que evidencia un claro conflicto de interés.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes del Estado de San Luis Potosí, a realizar una investigación exhaustiva sobre el posible conflicto de interés en el que habría incurrido el entonces Secretario de Educación Pública del Estado, Juan Manuel Carreras López, durante su encargo como titular de dicha Secretaría.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

El diputado proponente explica que el pasado lunes 18 de mayo, la dirigencia estatal del PRI en Sonora denunció públicamente, en rueda de prensa, uno más de los múltiples excesos del gobernador Guillermo Padrés Elías y del ex candidato del PAN en Sonora, Javier Gándara Magaña. De acuerdo con información dada a conocer por Alfonso Elías Serrano, el gobernador de Sonora, en sociedad con familiares, amigos y hasta funcionarios estatales, poseen tres clubes hípicos con valor superior a los 150 millones de pesos. Elías Serrano reveló que los clubes denominados: “El Internacional”; “Mezquital Kino” y “San Juan de Italia” pertenecen a Guillermo Padres, en copropiedad con dos cuñados del gobernador, Roberto y José Dagnino; con el secretario de Salud de la entidad, Bernardo Campillo; con el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero y con el secretario de agricultura a nivel estatal, Héctor Ortiz Ciscomani.

El diputado refiere que en el comunicado que emitió el Partido Revolucionario Institucional en Sonora, se aseguró que Padrés miente a los sonorenses, al no incluir en su declaración patrimonial, cuando asumió el cargo de gobernador de la entidad, un predio en San Pedro el Saucito, y una casa campestre, que el gobernador describió como de 15 mil 500 metros cuadrados con un supuesto valor de 5 millones 208 mil pesos, pero que en realidad, en un avalúo posterior, se pudo constatar que este predio tiene 65 mil metros cuadrados con un valor de 50 millones de pesos.

Por otra parte, explica que también se informó que cuenta con 465 caballos de raza Pura Sangre, Hannoverianos y Cuarto de Milla, con un valor entre 15 mil y 60 mil dólares cada uno, procedentes de Estados Unidos, Holanda y Cuba. Se explicó que estos se encuentran albergados en los tres lujosos centros hípicos y caballerizas del gobernador. Y se precisó que Padrés gastó casi 7 millones de dólares de los sonorenses en la compra de caballos finos para él.

Concluye que es notoria la red de beneficiarios que crecen económica e inexplicablemente al amparo del gobierno de Guillermo Padrés. El ex candidato Gándara es claro ejemplo de bonanza inexplicable y de opaca administración. Por ello que resulta imperativo que este cuerpo colegiado inste a las autoridades, tanto electorales como ministeriales, a actuar con celeridad y de forma implacable, a fin de salvaguardar el correcto desarrollo de los comicios en la Entidad.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de la información hecha pública en fechas recientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a investigar y, en su caso, sancionar la utilización de recursos económicos fuera de los márgenes y lineamientos establecidos en la normatividad electoral local, por parte del candidato del Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que, desgraciadamente existen políticos que confunden la gestión pública con la gestión de recursos para su beneficio particular y que este parece ser el caso del ex candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien como diputado federal por el distrito 03 con cabecera en Zitácuaro, gestionó recursos por más de 5,560 millones de pesos entre los años 2013 y 2014 los cuales habrían sido utilizados de manera irregular para favorecer a los intereses Aureoles Conejo y su equipo político.

Señalan que con los recursos obtenidos por el entonces coordinador de los diputados del PRD —que equivalen a casi cuatro veces los ingresos que percibirá Michoacán por el cobro de impuestos en 2015— en lugar de beneficiar a los michoacanos, sirvieron para que políticos se convirtieran en empresarios beneficiados con obras amañadas y con sobreprecios.

Ante ello, recuerdan que el pasado 24 de mayo de 2015, el dirigente estatal del PRI en Michoacán y también compañero legislador, Senador Agustín Trujillo Iñiguez junto con el Senado Jesús Casillas Romero, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, dieron a conocer toda una red de corrupción dirigida desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, cuando ésta estuvo a cargo de Silvano Aureoles Conejo, entonces candidato a Gobernador por el PRD, PT y Nueva Alianza.

Del mismo modo, recuerdan que Aureoles, antes de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fungió como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD durante los dos primeros años de la LXII Legislatura, cargo que aprovechó para hacer diversas gestiones.

Refieren que existe una serie de documentos que respaldan las irregularidades encontradas durante las licitaciones públicas federales que comprenden los ejercicios fiscales 2013 - 2014 en los municipios de Tuxpan y de Irimbo, Michoacán. Señalan que entre las múltiples irregularidades podemos encontrar obras con sobreprecios que van desde el 100 hasta un 450 por ciento y que fueron presuntamente licitadas a diversas empresas, todas con el mismo representante legal y el mismo grupo de beneficiarios, entre los que se encuentran “distinguidos perredistas” y ex candidatos a diversos puestos de elección popular como: Silvano Aureoles Conejo; Pascual Sigala Paez, secretario general del PRD en Michoacán y ex candidato a diputado plurinominal; Carlos Herrera Tello, ex candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, ex Presidente Municipal de Irimbo y ex candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y ex candidato a Diputado Federal por el distrito 03 de Zitácuaro.

Señalan que de acuerdo con los expedientes se pueden desglosar tan sólo las siguientes 10 obras que les fueron asignadas en este breve periodo de tiempo:

1. OBRA: “Construcción de Auditorio de usos múltiples en el CBTF Ciudad Hidalgo, Irimbo”.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-003/2014.

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro y la empresa Ingeniería  de Soluciones Estratégicas PA & NOR S.A DE C.V. por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo  y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro  y Pascual Sígala Paez, secretario general del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal del PRD.

Se encontró: Facturas número A2, expedida por la personal moral referida, por la cantidad de $1,799,369.48 pesos, así como la factura número A16 por la cantidad de $ 587,331.23 pesos; tres comprobantes de operaciones bancarias de fechas 13 de marzo, dos del 08 de julio y una del 27 de julio del 2014; traspaso de la cuenta BANCOMER número 0193081214 a la cuenta número 072441008097945518 de BANORTE por las cantidades de$1,799,369.48,   $524,338.34, $ 583,331.24 y $ 915,491.54 pesos, respectivamente.
2. OBRA: Remodelación y equipamiento de la cancha de basquetbol Zaragoza del Sur. 

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, secretario general del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal.

Se encontró: Cinco comprobantes de transferencias bancarias por las cantidades de:$ 332,200.90, $254,854.58, $ 920,416.75, $ 497,543.23, y $ 809,559.01, respectivamente.

3. OBRA: “Centro de Justicia para la mujer en el municipio de Tuxpan”.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-014/2014.

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, ex Secretario General del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal.

Se encontró: Factura número A27 por la cantidad de $ 2,509,881.61 pesos; Tres comprobantes de movimientos bancarios de fechas 06 de febrero, 06 de marzo y 21 de abril del 2105, por las cantidades de $ 2,499,063.15, $ 1,174,423.24 y $709,380.15 pesos, respectivamente.

Costo Total de la obra: $7,836.544.89.

4. OBRA: “Construcción del Colector Hidráulico en el municipio de Tuxpan, Michoacán.”

Número de Obra: LO816098996-N4-2013

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa  QUALITI CONTRUCCIÓN S.A de C.V por conducto de Juan Carlos Pérez Olivares quien funge de auditor de las empresas de su prestanombres de  Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro por el PRD.

Se encontró: Análisis de precios unitarios; escritura pública 336 de fecha 18 de mayo de 2005, otorgada ante la fe de notario público 135, Modesto Barragán Romero, con ejercicio y residencia en la ciudad de Zitácuaro, el cual no corresponde con el documento que obra en el registro público de la propiedad y que se alude en dicho instrumento.

5. OBRA: “Camino con pavimento asfaltico de Corucha – Huacarillo en el municipio de Tuxpan, Michoacán”.

Número de Obra: LO-826098996-N9-2014

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa TORECOMA S.A de C.V. por conducto de su representante, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro.

Se encontró: La factura A 105 por la cantidad de $ 6,134,063.02 pesos.

Costo Total de la Obra: $ 27, 328,137.68

6. OBRA: “Construcción de red de drenaje en San Victoriano, Pedregal, Benito Juárez, Manzana del Tambor y La Esperanza en Tuxpan.

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa denominada SUPER BEE S.A de C.V.  por conducto de apoderada legal Julieta Jury Abuchard esposa de Galileo Herrera Tello hermano de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro.

Se encontró: Un comprobante fiscal digital folio 03, por el importe de $1,059,019.59 pesos.

7. OBRA: Construcción de Alumbrado Público de las Calles del Centro y de la Unidad Deportiva de Tuxpan, Michoacán.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-007/2014. 

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro, y la empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro por el PRD.

Se encontró: Dos depósitos de la cuenta: 0196675581 a la cuenta de la institución Bancaria BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A DE C.V. por un monto de $2, 071, 501.87 con fecha 06 de octubre del 2014,  así como otro depósito por  $2,900,102.61 de fecha 08 de octubre del 2014.

8. OBRA: Construcción de Alumbrado Público del Malacate (A  Puerto del Obispo del Municipio de Tuxpan).

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED/008/2014 

Celebrada: Entre el Ayuntamiento de Tuxpan, por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a Diputado Federal en Zitácuaro por el PRD, y la empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del Ing. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro.

Se encontró: Tres comprobante de depósitos: de la cuenta 0196675581 hacia la cuenta de la institución bancaria BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A. DE C.V., como beneficiario de fecha 03 de octubre, 07 de octubre y 08 de octubre del 2014 por las cantidades de $1, 773,872.83 pesos; $2,483,421.97 pesos; y $2,483,487.21 pesos, respectivamente.

9. OBRA: Construcción de Alumbrado Público en el Boulevard de Tuxpan, Michoacán.

Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-009/2014 

Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro, y la empresa LUMIAMPER S.A. de C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro del PRD.

Se encontró: Comprobante fiscal digital emitido por la empresa de fecha 03 de octubre del 2014 por $1, 781, 106.90 pesos; dos comprobantes de transferencias bancarias de fechas 03 y 07 de octubre de 2014 por las cantidades de $1, 781, 106.90 pesos y $2, 493, 549.65 pesos.

Costo Total de la Obra: $7,124, 427.58

10. OBRA: “Construcción de alumbrado público de la ciudad de Tuxpan la Cofradía”.

Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa  LUMIAMPER S.A. de C.V. por conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro del PRD.

Se encontró: Una factura número A59, por la cantidad de $ 2, 938,842.66 pesos; dos comprobantes de fechas 3 y 7 de octubre de 2014, por la cantidad de $ 2,086,247.38 y $2,920,746.34 pesos, respectivamente.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales, de uso indebido de recursos públicos, de enriquecimiento ilícito, de peculado o de delincuencia organizada por parte de Silvano Aureoles Conejo, Candidato a Gobernador  de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a Diputado Federal  por el distrito 03 de Zitácuaro.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a realizar las investigaciones correspondientes, respecto al correcto ejercicio y aplicación de los recursos que se han destinado a los municipios del Estado de Michoacán.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que apenas hace unos meses al Gobernador de Sonora Guillermo Padrés se le atribuyó de tener una presa para él y su familia en el rancho El Pozo Nuevo. En el mismo sentido, relatan, hace unos días se dio a conocer que también adquirió una playa con valor de aproximadamente 7.5 millones de dólares en un área exclusiva de San Carlos, Nuevo Guaymas.

Explican que, de acuerdo con la inserción en el periódico “El Vigía” que circula en Guaymas y Empalme firmada por Víctor Roberto Parra Maldonado, “¿Ya conoces la playa privada de Padrés?”, esta playa privada tiene una extensión de 100 metros lineales dentro del complejo residencial “Vista Real”.
Por otra parte, refieren que circula en redes sociales un video en el que se revela la existencia de dicha playa privada, propiedad de Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora. En el video se menciona lo siguiente:

“¿Ya conoces la playa privada de Guillermo Padrés? La playa privada de Guillermo Padrés es el nuevo escándalo nacional, donde el gobernador de Sonora y su familia, pidieron entre otras propiedades, un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas.

San Carlos se ha convertido en el destino consentido de las nuevas inversiones de funcionarios públicos de la administración estatal del gobierno de Sonora. La playa privada de Padrés y su familia mide más de cien metros lineales a la orilla del Mar de Cortés y se encuentra ubicada en el lujoso fraccionamiento Vista Real de San Carlos. 

Vista Real es un lugar exclusivo y de descanso de las familias más adineradas y de los empresarios más exitosos de Sonora y Sinaloa. El precio de la operación es escandaloso: supera los siete y medio millones de dólares, que al tipo de cambio actual alcanza unos 115 millones de pesos.

El Gobernador Padrés y su familia han tratado de esconder mediante simulaciones legales la operación privada ante la Dirección de Notarías del Estado de Sonora y del ayuntamiento de Guaymas, cuando era alcalde el panista César Lizárraga Hernández.

Este es un caso más de enriquecimiento ilícito en donde se involucra al gobernador de Sonora. Este es un caso más de corrupción donde se ven involucrados el mismo Guillermo Padrés, su hermano Miguel Padrés y su cuñado Roberto Dagnino. El PAN Sonora es corrupto"

Los proponentes explican que según datos de la Auditoria Superior de la Federación, Padrés incrementó su fortuna de 2006 (cuando era Senador de la República) a 2015 en un 9 mil por ciento. Detallan que en el 2006 Padrés Elías poseía 2.1 millones de pesos, en el 2008 se incrementó en un 30%, es decir pasó a 2.7 millones de pesos. Actualmente su riqueza se incrementó en 9 mil por ciento a meses de dejar el cargo de Gobernador del Estado.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investiguen la adquisición por parte del gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de un predio ubicado dentro del fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, toda vez que la adquisición de dicho predio no observa proporción con los ingresos que percibe el ejecutivo estatal por el desempeño de su encargo.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con el crimen organizado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los senadores proponentes refieren que es alarmante la situación por la que atraviesa San Luis Potosí, luego de que el martes 26 de mayo del presente año, el entonces candidato del PAN a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velázquez Pérez fuera víctima de un ataque armado, por el cual se ha responsabilizado directamente al ex candidato del PRD a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez.

Refieren que en un comunicado de prensa, el PAN indicó que los hombres armados que amenazaron a Velázquez Pérez fueron señalados como "elementos de la policía municipal de Soledad, quienes se encuentran adscritos al jefe policiaco de este municipio", subordinados a las órdenes del alcalde provisional, José Luis Fernández. El propio Juan Carlos Vázquez ha afirmado en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que la familia de los Gallardo opera "como si fueran un cártel del crimen. Tienen en el municipio de Soledad un cuerpo policiaco para intimidar, para levantar, para golpear, para inhibir”.

Señalan que Ricardo Gallardo Juárez ya gobernó el municipio de Soledad, del 2009 al 2012, heredando el cargo a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona en 2012. Éste último, fue detenido en enero pasado debido a sus supuestos vínculos con el grupo de delincuencia organizada denominado “Los Zetas”. Actualmente, el hijo de Gallardo Juárez está en una prisión de alta seguridad en Hermosillo, Sonora.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR a iniciar una investigación en contra del candidato del PRD a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con el crimen organizado.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, a investigar por el delito de asociación delictuosa al candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Gallardo Juárez.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político, presentada por la diputada Lourdes Amaya Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

La diputada proponente refiere que el periódico Reforma dio a conocer una investigación periodística en la que se señaló que la administración de Jorge Romero Herrera, Jefe delegacional con licencia de Benito Juárez, había entregado desde el año 2012, contratos por más de 50 millones de pesos a cuatro empresas vinculadas con Camilo Campos López, candidato panista a la jefatura delegacional de Cuajimalpa.

De acuerdo con la investigación periodística que cita la proponente, al menos cinco representantes de las empresas beneficiadas por la Delegación Benito Juárez están afiliados al PAN. Del mismo modo, de 36 contratos entregados a empresas vinculadas a Campos, 22 fueron adjudicaciones directas, mientras que los otros 14 accedieron a través de la figura de “invitación restringida a por lo menos tres proveedores”.

Advierte que “lo curioso del asunto” es que cuando el contrato se dio de esta última manera, las empresas “competidoras” compartían el mismo domicilio fiscal, y más curioso todavía, resulta que ese domicilio hoy en día funge como casa de campaña del candidato panista de Cuajimalpa, Camilo Campos.

Señala que este no es el primer escándalo e irregularidad en que se ve envuelto el desempeño político de este personaje. Denunciado por sus propios compañeros de partido por falsificar el padrón del PAN en el D.F.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Contraloría General del Distrito Federal a que investigue a fondo los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político, Acción Nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Contraloría  Interna de la Delegación Benito Juárez a que investigue a fondo los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político, Acción Nacional.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a agilizar las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los senadores proponentes exponen que en un sistema político y de partidos como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y partidos que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados. Del mismo modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún candidato.

Señalan que lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que contradicen nuestro marco jurídico, entre ellos, destacan que el personal de la Delegación Cuauhtémoc entrega apoyos a nombre del exdelegado y candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez.

Recuerdan que esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como trabajadores de la demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará recursos superiores a mil 500 pesos en sus tarjetas de apoyo, y que serán acreedores de otros beneficios como sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones y andaderas, con el único compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto.

Los legisladores proponentes advierten que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más de mil 158 tarjetas de apoyo económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la Delegación Coyoacán, en la que a través del programa “Por Ti” se entregaron 4 mil 40 pesos a 13 mil 613 beneficiarios.

Adicional a todos estos actos que relatan, señalan que la existencia de 21 denuncias que tienen 7 de los 16 delegados ante la Contraloría General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en eventos públicos y proselitismo electoral.

Los proponentes exponen que estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones por organizaciones sociales que participan como observadores electorales, quienes además acusan a los Jefes Delegacionales de omisión e impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan estas acciones contrarias a un proceso igualitario y equitativo.

Concluyen que es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones encaminadas a fiscalizar los recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en beneficio de algún candidato.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal para que agilice las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares y ex titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones investigue el presunto desvío de recursos públicos de las delegaciones políticas del Distrito Federal a favor de candidatos del Partido de la Revolución Democrática.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los senadores proponentes señalan que a pesar de los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública, es incuestionable que hay demarcaciones territoriales en donde la falta de transparencia, y la discrecionalidad, los excesos y las arbitrariedades forman parte del desempeño cotidiano de los servidores públicos.

Recuerdan que en fechas anteriores se dio a conocer que la Delegación Benito Juárez ha incumplido el pago en diversos contratos suscritos con empresas particulares, además de irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública, situación vulnera las finanzas públicas, en detrimento de la población de la demarcación.

En relación a los hechos controvertidos, se ha señalado que la empresa Sibasa Construcciones S.A de C.V., denunció públicamente que la Delegación Benito Juárez le adeuda un millón 178 mil 387 pesos por la prestación de servicios de mantenimiento de áreas verdes, rehabilitación de camellones y construcción de jardineras en seis colonias durante el año 2013.

Al respecto, señalan que el 30 de octubre de 2013, la empresa y el titular de la demarcación suscribieron el contrato DBJ-LPO-029-13, mismo que tuvo vigencia del 31 de octubre al 31 de diciembre de 2013, el monto a deber fue por tres millones 653 mil 952 pesos. Empero, la empresa ha manifestado que sólo se hicieron pagos parciales, quedando pendiente la deuda referida.

Por otro lado, la empresa Salca Comercial también ha manifestado que la delegación mantiene un adeudo por cuatro millones 600 mil pesos, lo anterior por concepto de elaboración de material de publicidad de la autoridad delegacional, servicio prestado a inicios del año pasado.

Diversos empresarios afectados han señalado que servidores públicos adscritos a la delegación Benito Juárez llevan a cabo el cobro de dadivas por hasta el 30% del monto de los contratos, peor aún, se han inconformado porque en la demarcación, presuntamente se han desarrollado licitaciones falsas para beneficiar a personas cercanas al entonces titular de la delegación Benito Juárez.

Los senadores refieren que, aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación han hecho del dominio público que de 2012 a la fecha, la administración de Jorge Romero Herrera adjudicó contratos por más de 50 millones de pesos, a empresas propiedad de colaboradores y familiares de Camilo Campos López, quien fue el candidato del PAN a delegado de Cuajimalpa.

Por todo lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la administración del jefe delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

Los legisladores proponentes explican que la información conocida en las últimas semanas en torno a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, revela que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares.

Refieren que el Partido Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a “precios de baratija” sus propiedades.

Detallan que en el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados".

Señalan que el gobernador y su familia habrían comprado las más de 2 mil hectáreas en 40 millones de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace siete años fue valuado en 4.80 pesos.

Refieren que de acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas.

Del mismo modo, explican que de acuerdo con información pública de la Oficina de Impuestos del Condado de Bexar, se advierte que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion.

Por otra parte, refieren que datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet.

Concluyen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y miembros de su familia.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

Los senadores proponentes refieren que la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, son elementos esenciales para el desarrollo y el fortalecimiento del régimen democrático, pero que lamentablemente, hay evidencia de que esto no sucedió con los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, ya que se presumen diversas irregularidades en su ejercicio.

Relatan que en dicho ejercicio, fue una constante el sobrecosto en las obras ejecutadas, licitaciones que no cumplen con lo establecido por la Ley y obras inconclusas.

Entre las inconsistencias que señalan, destaca el sobrecosto de las obras identificadas por la Auditoría Superior de la Federación realizadas en el municipio de Tuxpan, donde Silvano Aureoles gestionó fondos por 133 millones de pesos para obras y cuyo costo real fue de 87 millones de pesos.

Advierten que una de las empresas que mayor participación tuvo en la red de distribución de obras gestionadas por Silvano Aureoles en su calidad de legislador fue Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V. De acuerdo a la escritura pública 1683, inscrita en el volumen 37 de la notaría 132 a cargo de Jorge Guerrero Chávez, es propiedad de Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto.

Señalan que para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer la obra fue adjudicada a la empresa PA&NOR S.A DE C.V, propiedad de Sígala y Martínez Soto por 346 mil 57 pesos, sin que cumpliera con los requisitos de la licitación.

Advierten que gracias a la gestión del que fuera alcalde de Tuxpan y ex candidato del PRD para diputado por Zitácuaro, Carlos Alberto Paredes Correa, la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V., se adjudicó la construcción de un auditorio de usos múltiples, el que se designó bajo la licitación MTM/DOP/LIPFE-003-2014, que finalmente costó a la Federación 5 millones 170 mil 601.62 pesos, el doble del costo real de la obra.

Por otra parte, exponen que otra demarcación que presenta graves inconsistencias es el municipio de Turicato, ya que la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 16 expedientes de obra no se dispone de la documentación comprobatoria y justificativa, por 10,606.0 miles de pesos.

Por su parte, al municipio de Tacámbaro, se le entregó 1,227.6 miles de pesos al rubro de gastos indirectos, los cuales rebasan el límite permitido en la normativa por 303.5 miles de pesos; asimismo, se comprobó que 227.2 miles de pesos, ejercidos en este rubro no están relacionados de forma directa con la supervisión de las obras realizadas con recursos del fondo, además, carecen de soporte documental.

Finalmente, al Municipio de Zitácuaro, se le destinó el 5.4% de los recursos pagados del Fondo para la Infraestructura Municipal 2013 en el financiamiento de tres obras y 17 acciones por 3,875.4 miles de pesos, que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 4,039.9 miles pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones realice una auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-2009, sobre el delito de peculado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 17 de junio de 2015.

Los legisladores proponentes explican que el 18 de mayo del presente año, la Auditoria Superior de la Federación ratificó una denuncia interpuesta en 2010 ante la PGR, en la cual se establece el desvío de recursos públicos por parte del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán, Estado de México, durante 2006-2009; asimismo, que el 1 de junio, se conformó el peritaje en el que se cuantifica el desvío de recursos federales, por un monto de 37 millones 95 mil pesos, causado por los ex servidores públicos en comento.

Señalan que lo anterior es clara evidencia de la responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, y de la complicidad con que actuaron para ello, quienes fungieran como su secretario del ayuntamiento y su tesorero.

Por otra parte, explican que en marzo de 2008 Alarcón, siendo presidente municipal, celebró un contrato de inversión bursátil, con número 100060247, con Casa de Bolsa S.A. de C.V., y Grupo Financiero Interacciones con fecha de vencimiento al 9 de marzo del 2010, cuyo importe fue de 50 millones. La fuente de este financiamiento fueron fondos federales del ramo 33 del año 2009 y de años anteriores, así como fondos de carácter estatal y municipal. Señalan que esta inversión desapareció, ya que al 31 de diciembre de 2009, en el estado de cuenta enviado al municipio de Atizapán por Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. se reflejó un decremento de 50 millones 58 mil 867 pesos.

Advierten que la Auditoria Superior de la Federación consideró que la inversión realizada por el ex alcalde de Atizapán, Gonzalo Alarcón Bárcena, fue irregular y violatoria de la Ley; esto es en virtud de la revisión de la Cuenta Pública, que inicio en el año 2010, por parte de la Auditoria por el desvío de recursos federales, desde ese entonces a la fecha, los ex servidores públicos antes citados lograron evadir la acción de la justicia mediante subterfugios jurídicos, pues promovieron juicios de amparo y cuestionaron la competencia de las autoridades judiciales, tanto federales como locales.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado.

Segunda. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado, a hacer los trámites conducentes conforme a las atribuciones que la ley le confiere, para coadyuvar con la investigación en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado.

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal a informar sobre las denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el periodo del 1 de octubre de 2012 a la fecha y el estado que guardan las mismas, presentada por el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

El senador proponente señala que el 12 de mayo de 2015, el periódico Reforma publicó que Jose Luis Beato, presidente de la COPARMEX en la Ciudad de México señaló que las denuncias que han sido presentadas en contra de jefes delegacionales del Distrito Federal no han dado ningún resultado, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información a través de INFODF que reveló que 7 de los 16 delegados acumulan 21 denuncias ante la Contraloría del Distrito Federal.

Estas denuncias —explica—versan en acusaciones por extorsión, abuso de autoridad, maltrato de personal, gastos excesivos por actos públicos, proselitismo o vínculos familiares con otros funcionarios.

El proponente advierte que desde el pasado 25 de abril José Luis Beato había denunciado que todos los empresarios del Distrito Federal han recurrido a las “mordidas” o al tráfico de influencias, ya que se ven obligados a pagar sobornos durante la tramitación de permisos para la construcción, entre muchos otros trámites.

El proponente recuerda que Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha señalado que aquellos empresarios que sean víctimas de actos de corrupción en oficinas de la administración pública tenían la obligación de denunciar.

Del mismo modo, refiere que el Contralor del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico, advirtió que la autoridad actúa ante denuncias, quejas o querellas que señalen el hecho o la conducta ilícita, por lo que exhortó al dirigente de la COPARMEX-DF a denunciar actos concretos.

Ante ello, José Luis Beato respondió que ninguna de las denuncias que han sido presentadas derivó en alguna consecuencia legal para cualquiera de los jefes delegacionales, destacando el escándalo del Delegado con licencia en Iztapalapa, Jesús Valencia, quien tuvo un accidente vial conduciendo presuntamente en estado de ebriedad, el automóvil de una de las proveedoras de la demarcación a la han adjudicado millonarios contratos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Contraloría General del Distrito Federal que informe sobre las denuncias presentadas en contra de los Jefes Delegacionales durante el periodo del 1º de octubre de 2012 a la fecha; y el estado que guardan las mismas.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a acelerar las indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle Plaza Río de Janeiro, No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

Los senadores proponentes citan las notas periodísticas, dadas a conocer por diversos medios de comunicación sobre el escándalo en el que se encuentra involucrado el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por su presunta participación en las operaciones de venta y arrendamiento irregulares, del predio ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro Número 46 de la calle Plaza Río de Janeiro de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

Relatan que se conoce por los medios, que dicha venta se hizo a la empresa constructora Enalser, en la que ésta construyó un edificio en el que tiene actualmente su domicilio el ex Jefe de Gobierno, por el que paga, de acuerdo con su última declaración patrimonial, la cantidad de 80 mil pesos mensuales de renta; siendo que de dicha constructora, el hermano del ex Jefe de Gobierno, Enrique Ebrard Casaubón es uno de los socios accionistas, por cuya compra del inmueble referido se había pagado la cantidad de Un Millón 064 Mil Pesos, no obstante que estaría valuado en 33 Millones.

Por ello recuerda que la Fracción Parlamentaria del PRI, con fecha del 20 de mayo de 2015 presentó un Punto de Acuerdo con un solo resolutivo, en el que respetuosamente solicitamos al actual Jefe de Gobierno lo que a continuación se indica:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex Jefe de gobierno capitalino.

Advierten que, posterior a la presentación del citado punto de acuerdo, no se ha visto un resultado tangible en la investigación por las presuntas irregularidades cometidas por el ex Jefe de Gobierno. Todo lo contrario, de acuerdo con una reciente declaración del gobernante actual de la capital del país:“… el GDF no participa en esta investigación, ni en alguna otra relacionada con su antecesor… No tenemos absolutamente ninguna petición ni nada que ver en la investigación en nuestras áreas… ”.
Señalan que independientemente de lo que estén o no haciendo las autoridades del Distrito Federal respecto de este caso, y ya ante un riesgo latente de evasión de la justicia por parte de Marcelo Ebrard, las autoridades federales, en acatamiento a la obligación que le impone la Ley de investigar delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita sí han hecho la tarea que les corresponde.

Por ello, explican, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito, frente a la sospecha de las irregularidades cometidas por el ex Jefe de Gobierno, se abocó a la atarea de iniciara la investigación respectiva, tal y como lo informaron apenas la semana pasada el Diario Reforma y otros medios:

“…La Unidad de Inteligencia Financiera (UIC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene en la mira a allegados del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard… Ordenó congelar las cuentas bancarias de la Constructora Enalser, empresa que ostenta la propiedad del inmueble que actualmente renta el ex funcionario en la Colonia Roma...También solicitó asegurar las cuentas de Mariagna Prats, ex esposa de Ebrard… Uno de los propietarios de Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, a quien se le reconoce amistad con el ex Jefe de Gobierno (y)…No sólo eso (también) es copropietario de una empresa inmobiliaria denominada Residencial Mexicali, junto con Enrique Ebrard Casaubon, hermano de Marcelo…”

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar y agilizar las indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y renta del inmueble de la Calle Plaza Río de Janeiro, número 46 de la colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón y por el presunto uso de recursos de origen ilícito.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para la realización de las investigaciones sobre la comisión de presuntos delitos por el uso de recursos de procedencia ilícita, en las operaciones de compraventa y posterior arrendamiento del inmueble de la Calle Plaza Río de Janeiro, número 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Marcelo Ebrard Casaubón, y a aquellos otros que pudiesen haber actuado con él en contubernio, para el deslinde de responsabilidades y la aplicación en su caso, de las sanciones y penalizaciones correspondientes.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que inste a la Contraloría General del Distrito Federal a acelerar la investigación que se encuentra en proceso respecto a las irregularidades que se señalan; así como a la revisión de los últimos cinco años de los contratos de compraventa y arrendamiento de inmuebles en los que haya participado de manera directa o indirecta el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a efecto de detectar posibles irregularidades en las que pudiese haber incurrido; y para prevenir hacia delante, otras como la descubierta respecto del inmueble de Plaza Río de Janeiro, número 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario de Salud de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 8 de julio de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que, de acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, médicos y enfermeras pertenecientes al sistema de salud de Sonora, presentaron desde el pasado mes de enero una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García, por la presunta comisión de los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.

Según la demanda con número de expediente 51/15 interpuesta ante la Delegación Estatal de la PGR, el Secretario de Salud, Bernardo Campillo García, desvió más de 250 millones de pesos de fondos federales destinados a la homologación salarial de 6 mil trabajadores de hospitales públicos.

Explican los senadores, que los denunciantes aseguran que, durante su gestión, el Secretario Bernardo Campillo adquirió un penthouse en San Carlos, Guaymas, valuado en un millón de dólares, más de una docena de caballos pura sangre con valor superior a 70 mil dólares, y diversas propiedades.

Mientras esto pasa, en Sonora se registra una notoria necesidad de más personal médico y de enfermería; una grave carencia de medicamentos y materiales de curación, y obras que llevan años ejecutándose, como los quirófanos del Hospital General de Hermosillo, entre otras.

Por ello, señalan que es necesario que la PGR agilice la investigación en comento y la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral a la Secretaría de Salud del estado Sonora para comprobar que los recursos federales que se transfirieron a la dependencia se hayan ejercido como lo establecen las normas presupuestales.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en el ámbito de sus atribuciones agilice la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos del secretario de salud de Sonora, Bernardo Campillo García y envíe un informe a esta Soberanía, sobre los avances en las diligencias respectivas.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral a la Secretaría de Salud del estado de Sonora durante la gestión de Bernardo Campillo García, a fin de verificar que los recursos federales trasferidos a la dependencia se hayan ejercido en los términos establecidos por la legislación correspondiente.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Sonora, para que a través de la Secretaría de la Contraloría del estado, investigue la gestión de Bernardo Campillo García y, en su caso, se castigue conforme a derecho.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a integrar una averiguación respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 8 de julio de 2015.

El diputado proponente relata que el día 30 de junio se dio a conocer en por parte de las autoridades estadounidenses que Humberto Moreira “robó ciento de millones de dólares del erario de Coahuila” cuando fue Gobernador; resultando esta afirmación de la admisión de culpabilidad de Rolando González Treviño, empresario cercano a ex Gobernador.
Explica que estas declaraciones, graves por sus implicaciones, deben ser aclaradas por las autoridades mexicanas; y que debemos sentar precedente, para que los mexicanos vuelvan a creer en sus instituciones de gobierno.

El diputado advierte que al iniciar su gestión la entidad tenía una deuda pública de 323 millones de pesos, pero según registros de la Secretaría de Hacienda, para agosto de 2010 está ya era de 32 mil millones de pesos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, PGR, se integre una investigación, seria, de la presunta red de lavado de dinero; asimismo, que la misma autoridad, cumpliendo con las reservas de ley, informe a la ciudadanía el avance en la integración de las averiguaciones previas derivadas de todas las denuncias penales presentadas por distintos ciudadanos en contra de Humberto Moreira, ex gobernador del estado.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicite a las autoridades de Estados Unidos que sean extraditados a Jorge Torres López ex gobernador interino de Coahuila, y a Javier Villareal ex tesorero de Coahuila, y al empresario Rolando González Treviño; que una vez que se encuentren en territorio nacional sean juzgados y sentenciados a la reparación del daño ocasionado al Estado.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de dicho estado a realizar una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015.

Los diputados proponentes señalan que la corrupción representa la vulneración del Estado de Derecho en perjuicio directo de la ciudadanía por medio de la impunidad al amparo del ejercicio indebido del poder, en contrasentido de los valores democráticos sobre los que descansa la eficiencia de la representación popular. En ese sentido, refieren que el estado de Colima, era considerado uno de los estados menos corruptos del país hace seis años y ahora, de acuerdo a los indicadores de los  índices de corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, así como los datos delo índice de percepción de la corrupción que es medio por Coparmex junto a la Fundación Konrad Adenauer, la entidad se posiciona en el lugar número 26.

Señalan que lo anterior se pone de manifiesto ante el desempeño del gobernador de extracción priista de dicha entidad federativa, Mario Anguiano Moreno, quien de acuerdo a información publicada por diversos medios informativos se ha enriquecido al amparo del ejercicio del poder.

Refieren que, de acuerdo con información publicada por el medio informativo MILENIO durante su sexenio, Anguiano Moreno adquirió en 2012 un predio en Tinajas (donde nació) de 39 hectáreas, por $468 mil pesos, posteriormente un terreno en Colima para construir una casa en el lujoso Fraccionamiento Paseos de La Hacienda (vivienda que sigue en obra), con un costo de 868 mil pesos por el lote, más 1.1 millones de construcción, para un total de un millón 968 mil pesos; no obstante, por una casa terminada con un terreno de 250 metros cuadrados en el mismo lugar el precio comercial en el lugar asciende a los 2.6 millones de pesos. Y por otra de 520 metros de terreno el precio es de 4.8 millones de pesos, según constató MILENIO con inmobiliarias locales.

Por otra parte, señalan que se tiene información de la adquisición de una “cabaña campestre”, que más bien es un rancho de siete hectáreas al pie del volcán de Colima, en Cofradía de Suchitlán, colindante con Comala, con un valor de $2.5 millones de pesos y que fue adquirido en 2012; de tal suerte que todas estas propiedades tienen un valor de casi cinco millones de pesos: cuatro millones 934 mil pesos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, para que en los ámbitos de sus respectivas competencias realicen una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de la entidad federativa Mario Anguiano Moreno.

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

Los senadores proponentes señalan que en días recientes se denunció públicamente que durante la administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora, se ha llevado a cabo el cobro de dádivas a empresarios de la entidad.

Exponen que, para ponderar la gravedad del asunto que motiva la presente proposición con punto de acuerdo, basta mencionar que tan solo en el año 2013 se detectaron irregularidades por alrededor de 2 mil millones de pesos. Al respecto, los empresarios agraviados señalan que esto obedece a que en Sonora opera una red de corrupción de altos funcionarios estatales, entre ellos el Secretario de Hacienda y el Tesorero General, todos bajo el mando del actual Gobernador.  

De acuerdo a medios de comunicación, la referida red de corrupción se dedica al “cobro forzado de moches” de hasta 30% por cada uno de los contratos que firma el gobierno estatal con prestadores de servicios, asimismo, en cuanto a su temporalidad, los denunciantes señalan que comenzó a operar a partir del año 2012, por medio de “Cpetres SA de CV, SOFOM ENR”.

Denuncian los proponentes que lo anterior ha generado el quebrando económico de diversas empresas, causando inconformidad entre los empresarios afectados, quienes interpusieron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. En dicha denuncia se precisa que, dolosamente, el gobierno de Sonora comenzó a retrasar el pago a prestadores de servicios, acción que según testimonio de los agraviados tenía como objetivo desesperarlos y obligarlos a buscar a funcionarios estatales para “agilizar” sus pagos, panorama en el que se actualizaba el cobro de dádivas.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, para que de manera objetiva, profesional e imparcial, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios del estado de Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal, para que en su caso se impongan las penas y medidas que conforme a derecho procedan. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía Nacional los avances de las investigaciones por el probable cobro de dádivas a empresarios del estado de Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora advierte que, si bien las 29 proposiciones con puntos de acuerdo que en este acto se analizan, se refieren una serie considerable de hechos de diversa índole y se fundan en distintos instrumentos legales, existen una cúmulo de elementos coincidentes, jurídicamente relevantes, tal que permiten su estudio en el mismo acto y la elaboración de un solo dictamen que recoja las preocupaciones y propuestas de las y los legisladores proponentes.

Tal como se desprende de la relación y síntesis detallada en la sección II de este dictamen, las proposiciones muestran contenidos análogos e, incluso, en muchos casos plenamente coincidentes en los hechos que refieren, y sustancialmente similares en las propuestas presentadas.

Si bien el contenido de las proposiciones que se dictaminan se ha detallado anteriormente, para facilitar su comprensión y ubicación las mismas se pueden clasificar en el siguiente cuadro:

 

Proponente

Partido Político

Autoridad acusada / denunciada

Autoridad que propone exhortar

1.

Dip. José Gonález Morfín y Dip. Marcelo Torres Cofiño

PAN

Gob. Colima, Mario Anguiano Moreno

PGR

2.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos

PRI

Ex candidato al Gob. Sonora, Javier Gándara Magaña

PGR
SAT
SFP

3.

Dip. Abel Octavio Salgado Peña

PRI

Ex candidato al Gob. Sonora, Javier Gándara Magaña

PGR

4.

Sen. Ernesto Cordero Arroyo y Sen. Marcela Torres Peimbert

PAN

David Razú Aznar

IEDF
JD-Miguel Hidalgo
PGJDF
PAOT-DF
Contraloría General-DF

5.

Dip. Alejandro Rangel Segovia y Dip. Roberto Ruíz Moronatti

PRI

Ex jefe de Gob. DF, Marcelo Ebrard Casaubón

Jefe de Gob. DF, Miguel Ángel Mancera

6.

Diversos Senadores

PRI

Ex jefe de Gob. DF, Marcelo Ebrard Casaubón

Jefe de Gob. DF, Miguel Ángel Mancera

7.

Diversos Senadores

PRI

Titulares de diversas delegaciones del D.F.

Contraloría General-DF

8.

Dip. José Gonález Morfín y Dip. Marcelo Torres Cofiño

PAN

Gob. de Chihuahua
Ex candidata al Gob. de Sonora, Claudia Pavlovich

PGR
SHCP
CNBV

9.

Dip. Rubén Acosta Montoya

PVEM

Jorge Romero Herrera

PGJDF
Contraloría General-DF
FEPADE

10.

Diversos Diputados

PRI

Ex candidato al Gob. de Querétaro, Francisco Domínguez Servién

PGR
SFP
SAT

11.

Diversos Diputados

PAN

Gob. Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz

PGR
SAT

12.

Sen. Agustín Trujillo Íñiguez y Sen. Jesús Casillas Romero

PRI

Ex candidato al Gob. de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo

PGR
ASF

13.

Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Vianey Montes Colunga

PAN

Ex secretario de Educación Pública en S.L.P., Juan Manuel Carreras López

Gob. del Estado de San Luis Potosí

14.

Dip. Abel Octavio Salgado Peña

PRI

Ex candidato al Gob. Sonora, Javier Gándara Magaña

PGR
IEEPC-Sonora

15.

Diversos Senadores

PRI

Ex candidato al Gob. de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y otros candidatos a cargos locales PRD-PT-PANAL

PGR
ASF

16.

Diversos Senadores

PRI

Gob. de Sonora, Guillermo Padrés Elías

PGR
SFP

17.

Diversos Senadores

PRI

Ex candidato a pdte. mpal., Ricardo Gallardo Juárez

SEIDO-PGR
PGJ-SLP

18.

Dip. Lourdes Amaya Reyes

PRD

Jorge Romero Herrera

Contraloría General-DF
Contraloría Interna-BJ-DF

19.

Diversos Senadores

PRI

Titulares de diversas delegaciones del D.F.

Congraloría General-DF
IEDF

20.

Diversos Senadores

PRI

Jorge Romero Herrera

Contraloría General-DF

21.

Diversos Diputados

PAN

Gob. Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz

PGR
SAT

22.

Diversos Senadores

PRI

Ayuntamientos de diversos municipios de Michoacán

ASF

23.

Diversos Senadores

PRI

Gonzálo Alarcón Bárcena y otros funcionarios del Municipio de Atizapán de Zaragoza

PGR
PGJ-Edo. Mex.

24.

Sen. Pablo Escudero Morales

PVEM

Titulares de diversas delegaciones del D.F.

Contraloría General-DF

25.

Diversos Senadores

PRI

Ex jefe de Gob. DF, Marcelo Ebrard Casaubón

SHCP
PGR

26.

Diversos Senadores

PRI

Bernardo Campillo García

PGR
ASF
Gobierno de Sonora

27.

Dip. José Guillermo Anaya Llamas

PAN

Ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés

PGR
SRE
SHCP

28.

Diversos Diputados

PAN

Gob. Colima, Mario Anguiano Moreno

PGJ-Colima
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización-Colima

29.

Diversos Senadores

PRI

Gobierno del Estado de Sonora

PGJ-Sonora
PGR

La totalidad de las proposiciones presentadas se refieren a lo que los diversos legisladores y legisladoras consideran un ejercicio de recursos públicos indebido, deficiente o, incluso, ilegal.

En algunos casos, se cuestiona la legal procedencia de los recursos económicos de autoridades y ex candidatos a cargos de elección popular, con base en el contraste existente en los cargos públicos históricamente desempeñados y las declaraciones patrimoniales hechas públicas o, incluso, con información que se desprende de investigaciones periodísticas.

En otro cúmulo de propuestas, se plantea el indebido, incorrecto o negligente ejercicio de fondos públicos de carácter federal. En este caso, se pudiera estar frente a la probable comisión de delitos de cohecho, concusión, desvío de recursos o cualquier otro que afecte el patrimonio y las finanzas públicas, o bien en casos de deficiente administración de la hacienda pública, lo que desde luego traería aparejado algún grado de responsabilidad administrativa y, en algunos casos, responsabilidad penal.

Un tercer grupo de propuestas hace referencia a la existencia de posibles conflictos de interés en el ejercicio del cargo por parte de la autoridad denunciada. En estos casos, pudieran verificarse conductas que se traduzcan en beneficios económicos inmediatos o potenciales como es el caso del otorgamiento de licencias y concesiones para la contratación con la administración federal o local, o bien para la prestación de determinado servicio público.

A nivel federal existen 3 autoridades a quienes corresponde conocer los hechos denunciados y descritos en las diferentes proposiciones de referencia, a saber: la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

La distinción es relevante en atención al reparto competencial y la división funcional de poderes entre las distintas autoridades del Estado mexicano.

En efecto, la Procuraduría General de la República, de acuerdo con su normatividad vigente es la institución del Estado que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. Dada la especificidad de sus atribuciones, se compone orgánicamente en Subprocuradurías, Fiscalías y Unidades Especializadas.

El párrafo cuarto, del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Esta fiscalización está sujeta a los principios de anualidad y posterioridad. En otras palabras, la institución revisa las cuentas correspondientes a un año fiscal en específico, una vez que los gastos fueron efectuados.

Es importante advertir que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para intervenir en los proyectos, programas y gastos en curso; su materia exclusiva es lo reportado anualmente en la Cuenta Pública, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre los reportes de gastos detallados en la Cuenta Pública podrá realizar sus atribuciones de fiscalización, pero en ningún caso determinar el diseño de políticas públicas a cargo de los poderes ejecutivos a nivel federal o local, ni en el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente reservadas a los municipios.

De acuerdo con los primeros dos párrafos de la fracción I, del párrafo quinto del artículo 79 constitucional:

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, en específico, forma parte de la Administración Pública Centralizada y su función es vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, con la atribución de sancionar a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.

Adicionalmente, cada entidad federativa cuenta con una Contraloría local que, independientemente de la denominación que adopte, tiene atribuciones similares o análogas a la Secretaría de la Función Pública, pero relativas al uso de recursos de origen y destino local. Así lo determina el segundo párrafo del artículo 134 constitucional, que a la letra establece:

Art. 134. …

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Esta Comisión Dictaminadora advierte la importancia de que todos y cada uno de los hechos descritos y denunciados en las veintinueve proposiciones con punto de acuerdo detalladas y estudiadas, sean resueltos de manera pronta, imparcial y expedita, por ser de interés general la pulcritud, legalidad y diligencia del ejercicio de la función pública, principalmente, en lo relacionado con el destino del gasto público y la asignación de contratos sobre bienes y servicios públicos.

Cabe transcribir en este punto el contenido de los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 134 constitucional:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
En ese contexto, vemos que por disposición legal, siempre que la autoridad competente tuviera conocimiento de la posible comisión del algún delito o infracción en la materia, es imperativa su actuación en aras de la alta responsabilidad que se les ha conferido. Por ello, las proposiciones con punto de acuerdo referidas, multicitadas y descritas con anterioridad, deben ser investigadas siempre que la autoridad respectiva hubiese conocido con oportunidad de lo hechos que se describen.

En ese sentido, es de atenderse todas las propuestas hechas por las y los legisladores, con base en el reparto competencial ordenado constitucionalmente a favor de cada autoridad, con el grado de autonomía que a cada una corresponda, pero excluyendo únicamente aquellas que se dirigen a organismos de carácter electoral, sean federales o locales. Ello, en atención a que han quedado sin materia, ya que con fecha 15 de julio del 2015, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un dictamen presentado por esta Primera Comisión cuyo segundo punto resolutivos se transcribe a continuación:

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, en el contexto del proceso electoral 2014-2015, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre las proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, desahogue con imparcialidad las averiguaciones que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos que se enuncian en el presente dictamen, y que pudieran ser constitutivos de delitos de carácter federal.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, sobre los hechos que se detallan en el presente dictamen, en los casos en que hubiera tenido conocimiento, y en su caso, promueva el fincamiento de las sanciones que resulten procedentes.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a las contralorías de los estados de Colima, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y de Sonora, así como a la del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, desahoguen con imparcialidad los procedimientos que se hubiesen iniciado con motivo de los hechos descritos en el presente dictamen.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.






Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer un extrañamiento al Diputado Francisco Arroyo Vieyra.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres. Fue presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la propuesta señalada en el proemio del presente.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-125.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proponente refiere que el pasado 9 de mayo, de cara al proceso electoral en Guanajuato, el Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Arroyo Vieyra, emitió contra la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Lugo Barriga, expresiones lacerantes y misóginas, al referirse a ella como “Señora Weiler”. La propuesta refiere asimismo que el Grupo Parlamentario del PAN condena este tipo de denostaciones que atentan contra la democracia y ensucian el presente proceso electoral, así como atenta contra la dignidad de las personas. Por lo anterior se solicita en la propuesta el siguiente punto:

Único. Se solicita respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión reafirma su compromiso por el respeto a la dignidad de las personas así como el ejercicio de la libertada de expresión con responsabilidad, especialmente durante las contiendas electorales, a fin de que se lleven a cabo en un ejercicio pleno de debate de ideas y propuestas que fortalezcan nuestro régimen democrático.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión también considera que no es atribución de la Comisión Permanente realizar extrañamientos o reconvenir a los legisladores en razón las opiniones que manifiesten.

Esta Comisión también conoce por los medios de comunicación que la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Esperanza Lugo Martínez, expresó en días pasados que presentará una queja por los hechos aludidos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mecanismo que resulta idóneo para solventar las preocupaciones motivo de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con punto de Acuerdo relativo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, el 28 de julio de 2015






Por el que se desecha la proposición que solicitaba intervenir ante el gobernador de Baja California y los presidentes municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, con motivo del presunto boicot a determinados medios de comunicación.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada”, presentada por el Senador  Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

II. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 22 de julio de 2015, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-419.


II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El Senador considera que en Baja California se ha registrado la violación permanente a la libertad de expresión, destaca el ataque a los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenaday señala que, a través de un  boicot, se pretende inhibir su trabajo informativo. El senador se refiere a un desplegado del que recupera un párrafo que se cita a continuación:

“En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación, el manejo de información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las oportunidades de bienestar.

Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellos sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos.”

Al respecto, el senador refiere que los medios de comunicación aludidos rechazaron tajantemente la acusación y emprendieron acciones legales para preservar sus derechos, indica que el gobernador externó que la denuncia se condensaba en el desplegado sin ofrecer prueba alguna de la supuesta extorsión, mientras que los presidentes municipales declararon que el desplegado era asunto del gobernador.

El senador manifiesta que, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la libertad de expresión se ha convertido en la columna vertebral de las libertades civiles, pues es necesaria para el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Al respecto, expone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ha dado muestras inequívocas de su interés por la vigencia efectiva de la libertad de expresión, en los siguientes términos:

“Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.” 

Por tanto, estima grave que en Baja California se registre una violación continua a la libertad de expresión por el boicot sostenido en contra de diversos diarios pertenecientes a un mismo grupo editorial. Indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha establecido un criterio claro de que el boicot es una violación evidente a la libertad de expresión en un intento de imponer contenidos a los medios de comunicación.

Expone que ningún estado en México está exento de agresiones a periodistas y medios de comunicación, sin embargo, señala que se ha logrado en algunos Estados es hacer que las agresiones sean la excepción, hechos aislados fuera de un esquema sistemático de contención de la prensa. Indica que en Baja California el hecho de que la primera autoridad de la entidad se decida a perpetrar un ataque directo a medios de comunicación con presencia en casi todos los municipios del Estado es un retroceso inaceptable.

Considera que se requiere hacer entender al gobierno del Estado que con el boicot no afecta únicamente a los periódicos sobre los cuales descargó su inconformidad, sino que se priva a la totalidad de los habitantes de la posibilidad de una democracia deliberante.

Bajo esa línea argumental propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se requiere, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con el propósito de restablecer la normalidad constitucional regresando a la situación que prevalecía con anterioridad al boicot decretado por dicha autoridad a partir de la publicación del desplegado de fecha 13 de marzo del año en curso, preservando así la democracia deliberante y el régimen de libertades civiles y políticas a que tienen derecho los habitantes de Baja California.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión han expresado, en diversas ocasiones, su preocupación y rechazo a cualquier acto que atente contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión y en contra de cualquier acción que entrañe una falta a nuestra Constitución y nuestras leyes.

Respecto a la publicación de un desplegado signado por el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, diversos medios impresos del estado el día 13 de marzo, y suscrito por los presidentes municipales de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; Tecate, César Moreno González de Castilla, y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis; esta Comisión refiere que en dicho documento los firmantes “rechazan  la política de chantaje ejercida por los directivos de los periódicos de Grupo Healy”, que integra los diarios Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y en Ensenada.

Los autores del desplegado consideraron que el manejo de la información contenida en esos periódicos sobre los gobiernos estatales y municipales estaba fuera de toda objetividad y que atentaban contra el desarrollo armónico y la imagen de la entidad, asimismo, aducen que los reportajes publicados por Grupo Healy obedecen a la imposibilidad financiera del Estado y los Municipios de dar una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas de difusión y publicidad, por lo que manifiestan que  permitirán que ninguna empresa de medios de comunicación ejerza presión a través de los contenidos editoriales con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas en detrimento del presupuesto público y, bajo esas premisas, anunciaron la cancelación de las relaciones comerciales con la empresa Impresora y Editorial S.A. de C.V.1

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el desplegado tuvo lugar luego de que los diarios de Grupo Healy publicaron diversos reportajes que versaron sobre la precaria situación económica y social del estado, particularmente, sobre las propiedades presuntamente adquiridas por el Gobernador durante su gestión.

Ante estos hechos, Grupo Healy rechazó los señalamientos de los firmantes del desplegado y señalaron que su función es comunicar a la población asuntos de importancia para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática, asimismo, pusieron a disposición de quien solicite los datos recabados por los reporteros y editoriales en los que sustentan los reportajes2; asimismo, Grupo Healy dio a conocer que presentaría una denuncia en contra del gobernador Vega  Lamadrid y los presidentes municipales de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; Tecate, César Moreno González de Castilla, y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, por medio de la cual se exigiría la presentación de pruebas ante los señalamientos de cobros indebidos, lo que consideraron una calumnia. A continuación, se cita la postura de Grupo Healy, publicada el 13 de marzo del presente año:

Ante esa situación, el departamento legal de Grupo Healy elabora el planteamiento de la demanda judicial procedente para exigir la responsabilidad resultante del hecho calumnioso que hacen quienes suscribieron el desplegado. En los términos del artículo 1794 bis del Código Civil del Estado de Baja California se establece que están obligados a reparar el daño moral que hubieren causado las personas que imputan a otras un hecho determinado y calificado, como delito si ese hecho es falso.3

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera que el caso que nos ocupa es de orden civil, en tanto que se refiere a los dichos de unas personas, en este caso el gobernador y los presidentes municipales que suscribieron el desplegado, asimismo, se considera que el hecho de que se decida rescindir un contrato no afecta la libertad de expresión de Grupo Healy, dado que se trata de un contrato rescindido por parte del Gobierno del estado en el que se adquirían servicios de comunicación y publicidad. Es necesario señalar que, hasta el momento, en el proceso de investigación temática esta Comisión Dictaminadora no ha conocido sobre la demanda que pudo haber sido interpuesta.

Si bien la pretensión del Senador expone la necesidad de defender la libertad de expresión, consagrada en nuestra Carta Magna, así como el derecho humano al acceso a la información y la transparencia, esta Comisión considera que los titulares del poder ejecutivo del estado y los municipios no violentaron en ningún momento este derecho, por el contrario, hicieron uso de él y tomaron las determinaciones que consideraron congruentes, lo que resultó en la suspensión de publicidad gubernamental en los diarios de Grupo Healy. Cabe señalar, además, que los posicionamientos de Grupo Healy respecto a la demanda que preparaban tienen como fundamento las calumnias, y no el atentado a la libertad de expresión.

En ese sentido, los actos que denuncia el proponente en torno a un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información, y que ciertamente concierne a los legisladores conocer y deliberar sobre ello, no representan actos que coarten la libertad de expresión, en tanto que artículo 3o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California establece que se podrán celebrar contratos sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación o adjudicación directa cuando:

[…]

XIV.- Se trate de la contratación de servicios en los medios de comunicación social, incluidos radio, televisión, prensa escrita y medios electrónicos.

Ahora bien, para la rescisión de los contratos, el artículo 53, párrafo tercero, establece que:

[…] la unidad administrativa podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al sujeto obligado correspondiente. En estos supuestos la tesorería reembolsará al proveedor los gastos no recuperables, los que deberán estar debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato correspondiente.

En ese tenor, esta Comisión estima que la naturaleza de los hechos exige un tratamiento cuidadoso del tema, pues en diversas ocasiones los legisladores integrantes de esta Comisión han manifestado su interés por defender los derechos humanos y, especialmente, los relacionados con el acceso a la información y la protección a los periodistas como garantes de este derecho, no obstante, el análisis de los hechos referidos por el proponente no sugieren un problema de esta índole, sino de diferencias que culminaron en la rescisión de un contrato y con la declaración pública y por escrito de los titulares del ejecutivo estatal y municipales, firmantes del desplegado publicado el 13 de marzo, en ejercicio de sus derechos y libertades.

La rescisión del contrato cae en el ámbito de una relación comercial, sustentada en la normatividad en materia administrativa y mercantil, por lo que esta Comisión resuelve dejar sin materia la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que considera que los hechos señalados no suponen un atentado a la libertad de expresión, sino que recaen en el ámbito de actuación como sujetos de derecho privado, en tanto que acuden como partes dentro de un contrato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Gobernación que intervenga ante el Gobernador de Baja California y los Presidentes Municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con motivo del presunto boicot a determinados medios de comunicación, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO. Dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.

1 http://ciudadtijuana.me/acusan-gobiernos-extorsion-de-frontera-y-cancelan-publicidad/

2 http://ciudadtijuana.me/gobernador-y-alcaldes-de-baja-california-anuncian-boicot-contra-grupo-healy/

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/15/1013484






Por el que se desecha la proposición que solicitaba la información sobre los avances en la investigación respecto a la denuncia penal presentada en contra del candidato del PAN a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el seguimiento a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de usurpación de profesión, presentada por le Dip. Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el seguimiento a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de usurpación de profesión

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el CP2R3A.-520.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la propuesta se manifiesta la supuesta violación a la Ley penal por parte del entonces candidato el C. Edgar Olvera Higuera, el cual por menciones del autor de la propuesta, este  cometió o ha cometido el delito de usurpación de profesión durante la campaña electoral por la presidencia del municipio de Naucalpan.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a siete días, los avances en la investigación que esa dependencia lleva a cabo respecto a la denuncia penal presentada en contra del C. Edgar Olvera Higuera, Candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de usurpación de profesión.

III. CONSIDERACIONES

El titular de la propuesta, dentro de su argumento, manifiesta que el C. Edgar Olvera Higuera estuvo durante su campaña electoral o durante todos los cargos públicos que ha ocupado, manifestando que es Lic. en Administración de Empresas, por lo cual, legisladores del Partido Revolucionario Institucional interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el supuesto delito de “usurpación de profesión”.

Si nos remitimos al Código Penal del Estado de México nos menciona que la usurpación de Funciones Públicas o de Profesiones, esta regulado en el artículo 176, y en el cual se argumenta que comete el delito el que:

I. Sin ser funcionario público se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho;

II. Se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal; y

III. Se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación u ostentación de servicios de seguridad privada, por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa, sin la autorización otorgada por la autoridad estatal. Al responsable de este delito, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cien a mil días multa.

Al responsable de este delito, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a doscientos cincuenta días multa.

Cuando el usurpador se atribuya en vías de hecho la condición de miembro de una corporación policíaca pública o privada sin serlo, la penalidad será de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos cincuenta días multa. Este delito se perseguirá de oficio.

Se puede observar, que el Código Penal de Estado de México regula y califica como delito grave dicha conducta tipificando la acción del sujeto que se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal.

El Código Penal Federal, en su artículo 250 manifiesta que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:

I.- Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.

a).- Se atribuya el carácter del profesionista

b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales.

c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista.

d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.

e).- Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.

III.- Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiere concedido.

IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial.

En la interpretación de los artículos mencionados, tanto del Código Penal de Estado de México, como el Código Penal Federal, se establece claramente que estaría incurriendo en el delito la persona que “realice actos propios de una actividad profesional sin tener titulo expedido por la autoridad” o “realice actos propios de una actividad profesional” u “ ofrezca públicamente sus servicios como profesionista” o “Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello”; en todos estos supuestos, esta Comisión dictaminadora no encuentra o no encuadra al sujeto denunciado dentro del delito, ya que ni se ofreció públicamente, ni realizó actos propios de la profesión que dice tener, ni ha usado titulo alguno para ejercer la actividad de la profesión que manifiesta; sin embargo, solo un supuesto estaría encuadrado en el delito, y es el de que se atribuya el carácter del profesionista.

Si bien, esta dictaminadora puede observar, que es el único supuesto que se estaría transgrediendo de las Leyes penales mencionadas, mas sin embargo, la autoridad competente para manifestar si se reunieron los elementos del tipo penal y si es procedente su denuncia en el ámbito federal, es la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público Federal, ya que a esta autoridad investigadora y persecutora del delito le fue presentada la denuncia.

Se puede manifestar que el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada.

Por otra parte y para fundamentar la negativa a la solicitud del autor de la propuesta, se menciona que la autoridad tiene la obligación de velar dentro de una investigación, -en caso de que en la mencionada se haya acreditado el delito y se haya iniciado una Averiguación Previa- el derecho a la intimidad y a la privacidad, ya que en todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable.

Asimismo, en caso de que existiera una investigación por las imputaciones hechas al C. Edgar Olvera Higuera, El  Ministerio  Público  no  podrá  proporcionar información para no entorpecer las investigaciones. La ley manifiesta que al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que la contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

Por último y para reforzar todo lo antes mencionado y en caso o presumiendo que el Ministerio Público de la Federación haya iniciado una Averiguación Previa,  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesta que la información que se considera como reservada en su artículo 14 están las Averiguaciones Previas.

Por todo lo anteriormente mencionado y fundado, esta Dictaminadora no tiene facultad de solicitar información sobre la investigación, si es que se hubiese abierto una averiguación previa, ya que esta solo se le dará a los involucrados (sujeto activo, sujeto pasivo, agraviados y representantes legales).

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se desecha la proposición por la que se solicitaba a la Procuraduría General de la República, que informara a esta Soberanía los avances en la investigación que esa dependencia lleva a cabo respecto a la denuncia penal presentada en contra del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Naucalpan, Estado de México por el posible delito de usurpación de profesión, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO. Dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.






Por el que se desecha la proposición sobre el presunto uso ilegal de la fuerza pública en el municipio de Villa Victoria del Estado de México, durante el proceso electoral 2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la Proposición con puntos de Acuerdo relativos al uso ilegal de la fuerza pública en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, durante el proceso electoral 2015 presentada por la diputada Adriana González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el tres de junio de dos mil quince

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el tres de junio de dos mil quince, la diputada Adriana González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con puntos de Acuerdo relativos al uso ilegítimo de la fuerza pública en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, durante el proceso electoral 2015.

b. La mesa directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-621.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proponente afirma que desde el inicio del proceso electoral en el Estado de México se presentaron situaciones ilegales en el uso de la fuerza pública particularmente en el municipio de Villa Victoria.

Según la exposición de motivos, elementos de seguridad estatales y municipales acosaron e intimidaron al candidato de la coalición del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo haciendo revisiones a sus vehículos.

Dicha situación fue denunciada ante las autoridades electorales del Estado de México y el 29 de mayo realizaron un exhorto al gobierno del Estado para abstenerse de acciones de acoso e intimidación en contra del candidato de la coalición mencionada.

A mayor abundamiento, la proponente afirma que el gobierno municipal de Villa Victoria instruyó para ocultar los números que identifican a las patrullas, la remoción de las placas y el polarizado de las unidades.

Este uso ilegal, de acuerdo a la exposición de motivos, fue empleado para remover propaganda del candidato y para escoltar entregas ilegales de despensas, cemento y televisores por parte del candidato del PRI.

III. CONSIDERACIONES

El siete de junio, de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Electoral del Estado de México, la votación popular  favoreció al candidato del la coalición del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza en el municipio de Villa Victoria del Estado de México.

No obstante, diversos actores en los comicios electorales impugnaron los resultados de distintos distritos y municipios del Estado de México, entre los que se encuentra la elección municipal de Villa Victoria.

Si bien los argumentos de la proponente obedecen a supuestas acciones ilícitas realizadas durante las campañas previas a la elección del 7 de junio, es oportuno destacar que los argumentos de la proposición materia de este dictamen afirman el exhorto de las autoridades del Consejo Municipal Electoral, aprobado el 29 de mayo, para que el gobierno municipal se abstuviera en realizar acciones de acoso e intimidación contra los candidatos.

En este sentido, y toda vez que la Proposición con puntos de Acuerdo, obedeció a circunstancias y hechos atendidos por las autoridades y analizados por las instancias electorales, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la Proposición mencionada en virtud de que la problemática obedeció a la coyuntura electoral, la cual es ventilada en los procesos judiciales que pudieron instaurarse al caso concreto.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al presunto  uso ilegal de la fuerza pública en el municipio de Villa Victoria del Estado de México, durante el proceso electoral 2015, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, el 28 de julio de 2015.






Por el que se desecha la proposición sobre los hechos de violencia en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, durante el proceso electoral 2015.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la Proposición con puntos de Acuerdo relativos a hechos de violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, durante el proceso electoral 2015 presentada por la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el tres de junio de dos mil quince

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el tres de junio de dos mil quince, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con puntos de Acuerdo relativos a los hechos de violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 2015.

b. La mesa directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el Oficio CP2R3A.-631.


II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proponente afirma que el 7 de mayo diversos medios de comunicación informaron de un enfrentamiento entre los equipos de campaña de candidato a diputado local por el XX Distrito en la delegación Cuajimalpa, Adrián Ruvalcava Suárez, de la coalición PRI-PVEM y el candidato a jefe delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Ángel Espinoza Cházaro.

La exposición de motivos de la Proposición con puntos de Acuerdo asevera que el origen de enfrentamiento estuvo en la provocación directa de los candidatos del PRI-PVEM quienes agredieron a los adversarios al saber que intentaban colocar propaganda. La proponente afirma que los grupos ligados a estos partidos políticos han incurrido en intimidaciones y violencia reiteradas. Lo anterior sirve para que, a juicio de la proponente, se lleven a cabo las investigaciones para ventilar estas situaciones de violencia, deslindado responsabilidades y castigar a los culpables de generar condiciones de inestabilidad política en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal y que no contribuyen al fortalecimiento de la vida democrática de la capital del país.

III. CONSIDERACIONES

Después de los hechos violentos que lastimaron la vida democrática y la sana competencia electoral en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, los presidentes nacional y estatal del Partido de la Revolución Democrática denunciaron los hechos antes las autoridades competentes. Efectivamente, el 11 de mayo, las dirigencias de ese instituto político presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República quedando, bajo la competencia de esta autoridad, la averiguación de los delitos denunciados.

Por otro lado, y derivado de los hechos narrados en la Proposición materia del presente dictamen, el ocho de mayo, siete partidos políticos en el Distrito Federal firmaron un Pacto de Civilidad con el fin de fijar puntos clave para llevar a cabo la sana competencia electoral. En ese pacto, las dirigencias de los partidos políticos asumieron la obligación de estar atentos a todas y cada una de las acciones y controversias que sobre la organización del proceso electoral se pudieran presentar, la vigilancia directa de las conductas de candidatos, militantes y personal que colabora en las campañas electorales.

No se omite mencionar que con fecha 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronunció sobre el asunto, aprobando un dictamen con los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo, e insta a las candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos, a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a continuar con las indagatorias correspondientes y deslindar las responsabilidades que deriven de los sucesos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta, objetiva y transparente de los actos de violencia ocurridos el pasado 6 y 7  de mayo en la Delegación Cuajimalpa, y en el caso de que se actualicen transgresiones a la normatividad electoral, imponga las sanciones que resulten procedentes.

En este sentido, y toda vez que la proposición con punto de acuerdo, obedeció a circunstancias y hechos atendidos por las autoridades y solventados por un Pacto de Civilidad, y que la Comisión Permanente ya se ha pronunciado al respecto, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la Proposición mencionada en virtud de que el asunto ha sido suficientemente atendido.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa a los hechos de violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 2015, toda vez que con fecha 20 de mayo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un resolutivo sobre el mismo asunto.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, el 28 de julio de 2015.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a vigilar y liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por parte de particulares.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos por particulares, presentada por el diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 15 de julio del 2015, el diputado Jesús Valdés Palazuelos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos por particulares.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el Oficio CP2R3A.-1800.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente afirma que muchas son las causas de los grandes congestionamientos que se viven en el Distrito Federal, aunque una de las principales es la invasión de carriles por parte del comercio informal, formal y hasta de vecinos, quienes de forma arbitraria apartan lugares o hacen uso de uno y hasta dos carrilesde ejes viales y avenidas principales, reduciendo así la capacidad y efectividad de la vialidad del Distrito Federal.

De igual forma el proponente afirma que el problema de la invasión de carriles no es nuevo,ya que si bien tiene un largo antecedente, fue en 2011 cuando se demandó la liberación de carriles invadidos en el Eje 1 Norte, en el tramo de la zona comercial de Tepito, donde se ocupaban 4 de los 6 carriles de esta avenida, lo cual afectaba la circulación vehicular y originaba inseguridad para transeúntes y conductores. Aunado a esto, se registró en dicho eje el estacionamiento de vehículos en doble y triple fila .

La invasión de carriles por parte del ambulantaje capitalino continuó en 2012 cuando se registró que de los 6 carriles de vialidad disponibles en el Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, unos 200 ambulantes suprimieron un carril y se asentaron en el exclusivo para microbuses y autobuses; asimismo sobre el Eje 1 Norte, en Tepito se invadieron 2 de los 6 carriles viales . Es por lo anterior que se incrementó el congestionamiento vial, el cual se volvió cotidiano.

La obstrucción de carriles por parte de particulares sin ningún tipo de permiso no se limita al comercio informal, sino que los coloquialmente conocidos “franeleros” se han apropiado de diversas calles, cobrando por adelantado para poder estacionar el automóvil.

Se refiere en la proposición que en el mes de agosto del año pasado se volvió a registrar la obstrucción de carriles, ahora en la Calzada de las Bombas, entre División del Norte y Canal de Miramontes. Un estudio de campo realizado por un periodista señala que tanto comerciantes como vecinos apartan los lugares de estacionamiento con “burros”, cajas o botes, siendo esto un serio problema para los automovilistas que no pueden estacionarse libremente en lugares públicos. Durante este estudio se contabilizaron 10 espacios apartados y, por consecuencias, carros estacionados en lugares prohibidos  .

El proponente afirma que a pesar de que los automóviles se llegan a estacionar hasta en doble fila, causando graves embotellamientos en la Calzada de Las Bombas, no se registró ningún tipo de patrullaje o grúas de la SSPDF que ponga orden y libere la arteria.

Cabe mencionar que el 22 de agosto de 2014 el Gobierno Capitalino logró recuperar tres carriles del eje 1 norte en la Colonia Morelos que estaban invadiendo comerciantes ambulantes; a pesar de que el operativo se llevó a cabo sin ningún contratiempo exhortando a los locatarios a no invadir estos carriles, los comerciantes esperan recuperar un carril de cada lado para las épocas decembrinas  .

La proposición consiente que si bien el operativo que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto fue pertinente, aún falta mucho por hacer, principalmente porque este tipo de acciones se deben realizar de manera permanente y constante, ya que de nada sirve recuperar una de las avenidas más importantes del Distrito Federal, para perderla nuevamente días después.

El iniciante igualmente afirma que si bien el liberar los carriles viales traerá aparejado el desalojo de miles de comerciantes, éstos de forma ilegal están ocupando un espacio público que todos los habitantes tiene derecho de utilizar y que de ante mano las autoridades del Distrito Federal y las Delegaciones jamás debieron de permitir.

La proposición hace relación de otros casos de invasión de vialidades como son los siguientes:

● Instalación de puestos de pescados y mariscos en el Eje 1 Oriente, entre calzada Chabacano y Lorenzo Boturini;

● Instalación de puestos comerciales en el Eje 2 Oriente, a la altura del mercado Río Blanco;

● Reparación de automóviles en el Eje 3 Sur, entre Eje Central y avenida Cuauhtémoc;

● Utilización de los carriles del trolebús como estacionamiento en el Eje 2 – A Sur, entre Niños Héroes y Cinco de Febrero;

● Instalación de tianguis y uso de carriles para estacionamiento en el Eje 2 Oriente, entre calzada Taxqueña y Canal Nacional;

● Reparación de automóviles en el Eje 3 Oriente, entre calzada Taxqueña y avenida Ermita Iztapalapa;

● Ascenso y descenso de pasaje en lugares prohibidos en el Eje 3 Oriente, frente a la estaciones San Lázaro del Metrobús y Coyuya y Escuadrón 201 del Sistema de Transporte Colectivo Metro;

● Estacionamiento de camiones frigoríficos y de autos particulares en el Eje 2 Norte, entre Eduardo Molina y Ferrocarril de Cintura, y

● Estacionamiento frente a colegios particulares en el Eje 2 Poniente, entre División del Norte y Avenida Universidad.

El proponente pide que sea cual fuera la razón por la que existe la obstrucción de carriles en avenidas y calles del Distrito Federal, se debe de establecer un orden en la vialidad capitalina, permitiendo que tanto los vehículos como los peatones transiten libres y seguros por donde se les está permitido y que los vehículos se puedan estacionar en aquellos lugares donde se considera público sin que se les cobre un solo peso.

En razón de lo anterior el proponente solicita como exhorto el siguiente punto:

ÚNICO.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través dela Secretaría de Seguridad Pública se vigilen de forma constante y liberen permanentemente aquellos carriles de los principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por particulares.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad de que el Gobierno del Distrito Federal garantice el derecho a la movilidad y libre tránsito de la ciudadanía de conformidad con la Constitución, las leyes y el diseño urbano eficiente.

De igual forma los legisladores consideran oportuno la mención de inclusividad que realiza el proponente, puesto que la vía pública es el espacio de movilidad por excelencia que debe ser protegido y ampliado en beneficio del bien común.

No obstante lo anterior se considera que el ordenamiento vial de la ciudad de México es una materia que corresponde de forma primaria a las autoridades locales del Distrito Federal impulsar las medidas en materia de movilidad, ordenamiento del comercio y de libre tránsito, a fin de dar un puntual y eficaz seguimiento a las acciones que resulten necesarias.

Asimismo, se desprende de la proposición que el Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones Políticas de dicha entidad ya atienden la inquietud planteada por el proponente, por lo que se considera que el asunto carece de materia.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través dela Secretaría de Seguridad Pública se vigilen de forma constante y liberen permanentemente aquellos carriles de los principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por particulares, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días de julio de 2015.






Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar acciones diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la Delegación Tláhuac.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac, presentada por el diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 15 de julio del 2015, el diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.presentó la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el Oficio CP2R3A.-1807.


II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente afirma que de acuerdo con fuentes periodísticas, entre 500 y 800 granaderos y autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, desalojaron a más de 100 familias que ocupaban el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno capitalino:

“… en una acción coordinada entre las Secretarías de Gobierno, de Medio Ambiente, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, fue posible la recuperación de 70 hectáreas de Suelo de Conservación en la delegación Tláhuac.

En el suelo recuperado, conocido como paraje Tempilulli, se encontraron cerca de 100 construcciones irregulares, las cuales fueron retiradas, y material residual de la construcción conocido como ‘cascajo’, mismo que era distribuido con el objeto de nivelar el terreno para una futura invasión masiva del polígono con fines habitacionales.”

Asimismo, se señala que:

“… la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con las Averiguaciones Previas ya que de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal, las acciones que promuevan daños ambientales, invasión, ocupación y/o cambio de uso de suelo en Suelo de Conservación pueden considerarse actos posiblemente constitutivos de delito.”

De acuerdo con la información expuesta en notas de prensa, las casas que se retiraron tenían diversos grados de estabilidad: desde casas de cartón y lámina, hasta casas de concreto de dos niveles, para lo cual, fue necesario el arribo de trascabos y camiones de volteo. Aunque los habitantes opusieron resistencia en un primer momento, no se reportaron incidentes.

Se señala también que más de mil 500 funcionarios de las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal continuaron trabajando varias horas en el lugar.

Hasta este punto, el suceso no tendría mayores implicaciones; se trataría de una acción encaminada al restablecimiento del orden quebrantado por personas que invadieron un terreno delimitado como suelo de conservación; sin embargo, los testimonios de las personas desalojadas ponen sobre la mesa elementos que es preciso considerar en el deslinde de responsabilidades.

En su expulsión, los habitantes de Tempiluli dijeron que fueron las autoridades delegacionales de administraciones anteriores quienes fomentaron los asentamientos irregulares. Personas que se identifican como integrantes de la Unión de Comerciantes Lucha y Libertad, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijeron que ellos compraron los terrenos a los ejidatarios y que la Delegación Tláhuac dispuso los servicios. Afirman que los ejidatarios les vendieron lotes individualizados y que la delegación otorgó permisos para la apertura de, al menos, 10 tiendas de materiales de construcción.

Por su parte, el antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, Coordinador General de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, dijo que fueron los ejidatarios quienes cubrieron la zona con cascajo y vendieron los terrenos.

Es de destacarse que, de acuerdo con los testimonios, los invasores desalojados edificaron sus viviendas a costa de importantes inversiones del patrimonio familiar. Para comprar el terreno, pagaron enganches de 50 mil pesos y mensualidades de 4 mil por más de tres años y medio, que en conjunto ascienden a un monto de 168 mil pesos. Algunas familias compraron ladrillos, cemento, e hicieron aportaciones para los materiales requeridos para el tendido de las redes de agua y luz; según sus cálculos, invirtieron más de dos millones 16 mil pesos en sus casas que fueron demolidas el jueves pasado.

El iniciante afirma que sea cual sea la situación, las casas demolidas no brotaron de la noche a la mañana; la inversión de tiempo y dinero que requirió a estas familias la construcción de sus casas, hayan sido de cartón o de concreto, evidentemente, no se dio de un día para otro.

El proponente cuestiona cómo fue que se otorgaron permisos para la instalación de casas de materiales y que pudieran construirse cien casas, sin que, al parecer, hubiera acciones para impedirlo por parte la autoridad. El diputado saluda la iniciativa del Gobierno del Distrito Federal para emprender, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, acciones para la protección del suelo de conservación de la delegación Tláhuac.

El iniciante también reafirma la importancia de la preservación de los humedales, que –como bien señala el mismo Gustavo Cabrera, son recintos de biodiversidad, que retienen el agua de lluvia y funcionan como filtro natural hacia los acuíferos. Aunado al valor que los humedales tienen por razones asociadas a criterios propiamente ecológicos, es de destacarse que estos ecosistemas son doblemente valiosos por razones económicas y sociales.

El diputado expone que el compromiso con la protección el medio ambiente, por una parte, y la estricta vigilancia acerca del cumplimiento legal y reglamentario en materia de uso de suelo, son imperativos que por sí mismos proveen razones suficientes para emprender tareas de ordenamiento, aún a costa de la afectación de los habitantes, la presunción de que el desorden territorial que dio paso a la ocupación ilegal de terrenos de uso de conservación pudo haber sido prohijado por la propia autoridad, amerita atención especial y una investigación más que exhaustiva.

El legislador también afirma que el imperioso el cabal esclarecimiento de las acusaciones en las que se señala que la invasión y el daño ambiental fueron promovidos por las jefaturas delegacionales del PRD.

El diputado tiene en consideración el anuncio hecho por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal en el sentido de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con averiguaciones previas, sin embargo, se desconoce a la fecha hacia qué ámbitos específicos de responsabilidad se están dirigiendo las investigaciones. El legislador afirma que resultaría injusto que fueran únicamente los colonos desalojados quienes pagaran el resultado de la ocupación ilegal de los terrenos de Tempiluli.

El proponente afirma que si fuera el caso de que, efectivamente, la ilegalidad se cometió con la connivencia de funcionarios públicos, la población habría sido objeto de un abuso de poder que potencializa la situación de vulnerabilidad en que quedan tras haber sido expulsados de sus casas, razón por la que considera necesario hacer las siguientes solicitudes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un informe acerca las investigaciones sobre actos posiblemente constitutivos de delito relacionados con la promoción de daños ambientales, invasión, ocupación y/o cambio de uso de suelo en suelo de conservación en el predio conocido como Tempiluli, en la colonia del mismo nombre, en la delegación Tláhuac.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a incorporar, como parte de sus investigaciones sobre el mismo particular, los señalamientos expresados por los colonos desalojados en el mismo predio.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre los planes para la formulación de esquemas de compensación, mediante el pago por servicios ambientales, que se prevean para ejidatarios y/o habitantes de la zona desocupada.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en que se fortalezcan las medidas del Gobierno del Distrito Federal en la protección de las reservas naturales de la ciudad, en específico del área de los humedales como es la zona de Tláhuac, que constituyen una fuente muy importante de biodiversidad y recarga acuífera en las zonas rurales del Valle de México.

De igual forma los integrantes de esta Comisión manifiestan su preocupación por la aplicación de la normatividad en materia de uso de suelo, construcciones y servicios.

Sin embargo esta Comisión dictaminadora advierte lo manifestado por la proposición en el sentido de que la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal informó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con averiguaciones previas, por lo que se considera que se están realizando las acciones necesarias a fin de determinar la responsabilidad de servidores públicos que pudieran haber estado involucrados en actos ilícitos que coadyuvaran a las invasiones de los predios que se destacan en la proposición.

De esta manera se debe proporcionar el tiempo adecuado a fin de que la autoridad ejerza sus facultades legales y en su caso se verifique la procedencia o no de cualquier ejercicio de la acción penal o sanción administrativa que corresponda.

Por otra parte, no se omite mencionar que en la Quinta Reunión Ordinaria de la Primera Comisión, celebrada el lunes 22 de junio, fue aprobado un dictamen sobre  el tema de usos de suelo en el Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el miércoles 24 de junio del presente, el cual incluía los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que presente ante esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como sobre las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal un informe sobre esta materia.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 
RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac, toda vez que el asunto ha sido suficientemente atendido.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días de julio de 2015.






Tenemos también nueve dictámenes de a Segunda Comisión:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a publicar los planes y programas de estudio en la enseñanza básica, que alude el Programa Sectorial de Educación de 2013 a 2018.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con  Punto de Acuerdo sobre los Planes y Programas de Estudio de la Enseñanza Básica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES

1. Con fecha 1 de julio de 2015, el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:


CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“En semanas previas el país ha vivido un clima de crispación social y política por un tema que debiera ser motivo de fiesta cívica: la educación.

Por un lado, la Secretaría de Educación Pública de manera ilegal y unilateral el 29 de mayo del año en curso, decide a través de un comunicado suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016, decisión que no sólo fue una invasión a la competencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino también incumple lo señalado en las fracciones III y IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo que establece el artículo 7° de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por el otro, un magisterio que so pretexto de ejercer su legítimo derecho de manifestación, incurre en actos hasta vandálicos para inyectar presión al gobierno y así evitar que se lleven a cabo las evaluaciones, impidiendo con ello premiar los méritos y la preparación de los profesores que tuvieran las aptitudes y actitudes de estar al frente del aula y castigar a quienes han hecho de la educación un coto de poder y de chantaje político.

Lo cierto es que el tema de fondo resulta ser la calidad de la educación, y este asunto no sólo se circunscribe a la evaluación, como tampoco toda la responsabilidad recae en los profesores ya que el gobierno federal también tiene obligaciones ineludibles en esta materia.

Los Planes y Programas de Estudio, que me parece es una cuestión que no se ha discutido y se ha marginado del debate público sobre la calidad educativa en los últimos días, juegan un papel fundamental al ser una herramienta imprescindible que contribuye a la calidad de la educación y que son aliados estratégicos tanto para el profesor como para el alumno, toda vez que fungen como mecanismos cognoscitivos que se interrelacionan en el proceso del aprendizaje en las distintas etapas y permiten formar personas y ciudadanos capaces de enfrentar con responsabilidad y valores los retos que se les presentan dentro y fuera del aula.

El párrafo tercero del artículo 3º constitucional a la letra dice: “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

La fracción III del referido artículo 3º constitucional señala que:“ el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”.

El artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación puntualiza que corresponde de manera exclusiva a la SEP “determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”.

El artículo 47 de la referida Ley General de Educación, señala que:“ los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse: I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo; III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo; y IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos”.

Pese al valor estratégico de los Planes y Programas de Estudio en la enseñanza básica, éstos han sido objeto de reformas, adecuaciones, rectificaciones e innovaciones constantes que hacen dudar de la seriedad para abordar un asunto tan relevante.

Hacer cambios a los Planes y Programas de Estudio no es en sí una acción negativa, ya que habla de la capacidad de adecuación y adaptación a las realidades cambiantes de los profesores y de los educandos, sin embargo, cambiar para escribir en las directrices que forjarán una Nación un proyecto particular, una visión coyuntural o un modelo partidista de país, es abusar del noble recurso de las modificaciones. Esto es precisamente lo que ha pasado. Una al repertorio histórico de esta administración federal y de las dos anteriores así lo comprueba.

Con el ex Presidente Vicente Fox se crearon los Planes y Programas de educación preescolar y se reformó la educación secundaria. Con el ex Presidente Felipe Calderón, se modificaron los de primaria y se robustecieron los de secundaria.1 Ahora, con el Presidente Peña Nieto, se avecina otra serie de modificaciones a los Planes y Programas de estudio de la enseñanza básica, así lo comprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2013, que a la letra dice:“ El currículo de la educación básica ha estado sobrecargado con contenidos prescindibles que impiden poner el énfasis en lo indispensable, para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida. Ese exceso ha tenido como efecto que entidades federativas, escuelas y maestros prácticamente no hayan tenido posibilidades de contextualizar y enriquecer el currículo. Ello se ha traducido en falta de pertinencia de la educación básica, en especial en las zonas rurales e indígenas. Los materiales educativos tradicionales, y los basados en las tecnologías de la información, tampoco han tenido la diversidad deseable. Por ello, es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales y métodos educativos. Para este propósito serán necesarias consultas al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad”.

Han pasado 563 días desde entonces, y estamos  a la mitad de esta administración federal, pero hasta la fecha no se han dado resquicios de cuáles podrían ser los Planes y Programas de Estudio para la educación básica. Por lo que es necesario que a la brevedad se publiquen y se aprueben, de lo contrario tendrán un lapso muy breve para ser aplicados, ya que nada garantiza que la próxima administración dé continuidad a éstos. Y a final de cuentas, los más afectados serían los millones de niños y jóvenes que cursan la enseñanza básica.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente, al Secretario de Educación Pública para que a la brevedad publique los Planes y Programas de Estudio de la enseñanza básica que alude el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, ya que como lo establece el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Como referencia  el artículo 47 de la referida Ley General de Educación, señala que los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse:

Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo.

Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo.

Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo.

Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos.

II.- Esta Dictaminadora considera que el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de valor, y en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia internas, y en un mundo global e interdependiente.

Que la fracción III del referido artículo 3º constitucional señala que: “el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”.

Por lo que la escuela debe favorecer la conciencia de vivir en un entorno internacional insoslayable: intenso en sus desafíos y generoso en sus oportunidades. También precisa fomentar en los alumnos el amor a la Patria y su compromiso de consolidar a México como una nación multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera en el siglo XXI.

El plan de estudios es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal.

III.- La Segunda Comisión reitera que los planes y programas de estudios son de observancia nacional y reconoce que la equidad en la Educación Básica y constituyen uno de los componentes irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados. En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. También reconoce que cada estudiante cuenta con aprendizajes para compartir y usar, por lo que busca que se asuman como responsables de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo.

Otra característica de los planes y programas de estudios es su orientación hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así como una ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la educación humanista y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional.

Asimismo que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de manera temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención y retención que garanticen que los estudiantes sigan aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo. El Plan de estudios requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular en su sentido más amplio, y que se expresan en los principios pedagógicos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para que a la brevedad publique los Planes y Programas de Estudio de la enseñanza básica que alude el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.






Por el que se exhorta a diseñar y fortalecer las políticas públicas para promover la integración de las personas adultas mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas, para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, y Miguel Ángel Chico Herrera, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. ante ello y las diversas situaciones que viven las personas adultas mayores a nivel mundial, la comunidad internacional ha trabajado históricamente impulsando documentos y tratados que promuevan entre los Estados Parte, entre los cuales destacan:

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Originalmente denominada como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 no distingue al ser humano por su edad.

Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1966) y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos  (1966): Ambos pactos al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se refieren de manera general a la persona humana sin distingos por cuestiones de edad, de ahí que lo en ellos vertido aplica y protege los derechos de las personas adultas mayores.

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982.

Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991, Objetivos mundiales sobre el envejecimiento en el año 2001

Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas cuestiones de manera muy general: la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad.

Adicional a estos instrumentos internacionales, el pasado 15 de junio de 2015, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 45ª Sesión, coincidiendo con el día mundial de concientización sobre la violencia hacia las personas adultas mayores, aprobó el proyecto final de la Convención  Interamericana  sobre  Derechos de las Personas Mayores, cuya finalidad es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

Asimismo, aparejado a estas acciones, la ONU ha emprendido campañas de concientización a favor de la integración y respeto de derechos de las personas adultas mayores:

a).- Día Internacional de las Personas de Edad, aprobado por la ONU el 14 de diciembre de 1990, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, con el objetivo de instar a los Estados Parte a responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI, así como para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades [*].

b).- Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/127 del 9 de marzo de 2012, a partir del cual el 15 de junio como el día en que todos los Estados Parte deben expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores [*].

Que en México, el trabajo realizado hacia este sector de la población ha sido palpable, tanto en la esfera pública como en la agenda legislativa, en donde tenemos los siguientes avances:

I.- Acciones Legislativas:

a).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 1o que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, quedando prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por edad.

b).- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores [*], publicada el 25 de junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos. Destaca de esta Ley, la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

c).- Reglamentos: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud [*].

d).- Normas Oficiales Mexicanas: Norma Oficial Mexicana Nom-167-Ssa1-1997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores [*].

II.- Acciones de la Administración Pública Federal: A.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: En materia de integración de las personas adultas mayores establece lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

Líneas de acción

Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.

Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población.

Líneas de acción        

Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores.

B.- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), catalogado como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Que tanto a nivel internacional y particularmente a nivel nacional se ha trabajado de manera constante a favor del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Sin embargo algunas de las cifras que se tiene de las condiciones en que viven las personas adultas mayores establecen la necesidad de continuar trabajando y redoblar esfuerzos que mejoren su realidad y más cuando el Instituto Nacional de Estadística  y  Geografía  (INEGI), señala en un conteo de 2014 que el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa  9.7 por ciento de la población total.³

Señalan que con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica, quienes además viven el contexto siguiente:
Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta años. Sólo el 20% gozan de una pensión, el 40% de estas personas viven en pobreza extrema sobreviviendo al día con menos de 22 pesos, para el año 2050 sumarán 42 millones de personas adultas mayores en el país.

Cinco de cada diez personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y dos de cada diez están pensionadas. El 9.92% de los adultos mayores en México está jubilado y el 19.16% de los adultos mayores son pensionados. El 8.21% de los adultos mayores está incapacitado para trabajar por el resto de su vida.

26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad.

Asimismo, 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o en su ingreso.

Aunado a lo anterior, seguimos siendo testigos de que en diversas situaciones que ocurren dentro del territorio nacional, ya sea desastres naturales o incidentes diversos, las personas adultas mayores son vulnerables a ser afectados de dicha situación.

Ejemplo de ello, se vivió el mes de noviembre del año 2013 cuando por el paso de las tormentas Ingrid y Manuel por el país, personas adultas mayores quedaron atrapadas en la Casa del Anciano, ubicado en la Unidad Habitacional Colosio en Acapulco Guerrero, en virtud de que por su condición física y la imposibilidad de caminar, así como la falta de protocolos adecuados, les fue imposible salir del lugar teniendo que ser rescatados por autoridades días después de lo ocurrido, con lo que se puso en grave peligro su integridad.

Asimismo, el pasado 23 de junio, en un hecho lamentable, se  registró un incendio en la casa de reposo para personas adultas mayores llamada “Hermoso Atardecer” ubicada en el municipio del Ejido Querétaro en Mexicali, Baja California, que tuvo como lamentable consecuencia que 17 personas perdieran la vida.

Que en México, sin lugar a dudas trabajar en favor de la integración, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores es una realidad y una constante que nos permite tener avances palpables pero también que nos indica que es necesario redoblar esfuerzos y seguir trabajando para que cada día este grupo poblacional cuente con las herramientas necesarias para gozar y ejercer sus derechos íntegramente.

Que las cifras expuestas señalan la necesidad de insistir en que se debe trabajar en perfeccionar las políticas públicas de todos los ámbitos, con un enfoque intergeneracional que garantice a las personas adultas mayores su integración y protección que se traduzcan en acciones concretas a hacer frente a las situaciones que transgreden sus derechos, teniendo como ente coordinador al Instituto  Nacional  de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que en la última década del siglo XX las estadísticas demográficas de México dan cuenta del notable incremento en los números absolutos y porcentuales de la población en edades avanzadas, esto es, de las personas mayores de cierta edad, contadas a partir de los 60 o 65 años. El comportamiento de las variables demográficas que determinan esta transformación es, principalmente, el descenso en la mortalidad y fecundidad, cuyas tendencias dan lugar al proceso de envejecimiento de la población, de acuerdo con el conocido patrón de la transición demográfica. No obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir.

De conformidad con el artículo 1º constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  por lo que los derechos de las personas adultas mayores se extienden no solo a los reconocidos por la legislación mexicana, sino que también a los reconocidos por los diversos instrumentos internacionales que tutelan dichos derechos, algunos de estos documentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que imponen a los gobiernos la obligación de generar espacios, programas, políticas, que aseguren el respeto de los derechos humanos de los adultos mayores; son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La legislación mexicana establece que los adultos mayores tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir la protección que establecen las disposiciones legales de carácter laboral, por lo que es fundamental atender las necesidades de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación plena en la sociedad. El volumen y estructura de la población de 60 años o más, así como el conocimiento de cómo incide el comportamiento demográfico en su estructura por edad y sexo constituyen la base para el diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares

II.- Esta Dictaminadora  considera que la vulnerabilidad social se relaciona con grupos específicos de población que se encuentran en situación de “riesgo social”, debido a factores propios de su ambiente doméstico o comunitario. Estos grupos son más propensos a experimentar diversas formas de daño por acción u omisión de terceros o a tener desempeños deficientes en esferas clave para la inserción social. Los individuos que conforman estos grupos comparten algún atributo básico común, como la edad, condición étnica o localización territorial, lo que se supone genera problemas similares.

En este sentido, el grupo de adultos mayores presenta mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social y atención a la salud; por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o por su condición étnica.

Bajo esta tesitura, es indispensable señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que es necesario promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.

III.- La Segunda Comisión reitera la importancia de mencionar que el fenómeno del envejecimiento ha sido un camino anunciado con mucha anterioridad, pero hasta ahora es que se le está prestando atención en vista de los niveles que está alcanzando, dentro de una inercia de tal grado que en el siglo XXI el sector de la población en edades avanzadas en mucho marcará los rumbos sociales y económicos de la nación. Esta aseveración parte de las diversas dimensiones que tiene el proceso de envejecimiento demográfico, las cuales transformarán la manera de mirar a la población en su composición, capacidades y necesidades. La presencia de menos niños y adolescentes, y de más personas adultas y envejecidas requiere de una nueva visión social y cultural sobre los distintos segmentos de la población y su funcionamiento. Habrá cambios sustanciales en las capacidades de trabajo y productividad, los patrones de demanda y consumo de bienes y servicios, las necesidades de atención a la salud, los requerimientos a la seguridad social, las relaciones familiares, la conformación de redes de apoyo, las transferencias de recursos y los sistemas políticos y administrativos.

Un hecho notorio respecto al envejecimiento es que mientras en la última mitad del siglo XX la población total se multiplica por 3.8, al pasar de 26.2 millones a 99.8 millones, la de 65 años y más, lo hace por 5.9, creciendo de 811 mil hasta 4.8 millones. De acuerdo con las estimaciones, en los próximos 50 años, de 2000 a 2050, se espera una desaceleración en el crecimiento demográfico, pues ahora la multiplicación para la población total será tan sólo por 1.3, para llegar a 132.4 millones. Sin embargo, en la población de 65 años y más, el factor multiplicativo será de 6.8 veces, alcanzando 32.5 millones, cifra que es la cuarta parte del total proyectado de la población. En esta carrera hacia la acumulación de la vejez, en algún momento, poco después de 2030, la población de 65 años y más comenzará a ser más numerosa que la de 0 a 14, de tal manera que ya para 2050 habrá 167 personas de 65 años y más por cada 100 de 0 a 14.

Cabe señalar, que de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de 1950, cuando las personas en edad avanzada eran 811 mil, lo que representaba 3.1 por ciento de la población total, su monto creció pausadamente hasta llegar a 3 millones 124 mil en el año 1990 (3.7 por ciento). De hecho, durante las primeras nueve décadas del siglo XX, los incrementos en la participación porcentual de esta población representa, cuando mucho, 0.2 por ciento; esto contrasta con la diferencia porcentual entre 1990 y 2000, la cual es 1.1 por ciento, lo que indica la aceleración que toma el envejecimiento, diferencias que se irán agrandando conforme avancen las décadas de la primera mitad del siglo XXI.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.






Por el que exhorta a dar una mayor difusión a las acciones realizadas en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud a dar mayor difusión a las acciones realizadas en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018”.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 08de julio 2015, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Que con el nacimiento del habitante 5 mil millones el 11 de julio de 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas determinó declarar esta fecha como el Día Mundial de la Población, cuya finalidad es reflexionar sobre la importancia de los fenómenos demográficos como la natalidad, migración y mortalidad, así como su vinculación con el desarrollo.

Que en el marco de dicha conmemoración, la ONU evidenció la urgencia de lograr la estrecha colaboración de los organismos, fondos, programas y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución del programa de trabajo en materia de población y en las actividades de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, destinando cada vez más recursos a las iniciativas nacionales en las que se pone de relieve la ejecución centrada en los países y dirigida por ellos para alcanzar así mejores resultados, tomando también en consideración la responsabilidad mutua y el reforzamiento de la armonización y la adaptación.

Así también,  destaca la necesidad de atender diversos aspectos sobre la población y desarrollo como son la equidad de género, la migración, la juventud, el desarrollo sostenible y el envejecimiento.

Que desde su declaración hasta la actualidad, el Día Mundial de la Población ha sido un buen incentivo para trabajar constantemente en el estudio del fenómeno creciente de la población; año tras año se busca un tópico conmemorativo de dicha fecha; desde el año pasado se hizo un llamado a “Invertir en la Juventud”, en virtud de la creciente tasa que representa dicho sector de la población.

Menciona la importancia de la juventud es algo que todo gobierno y sociedad tendría que tener en cuenta; y es que dicho sector poblacional será en un futuro los líderes, empresarios y clase trabajadora.

Señala que es trabajo de los gobiernos crear programas y órganos que puedan ayudar a los jóvenes, desarrollando e impulsando cualquier mecanismo que garantice a éstos ampliar sus conocimientos y valores, para formar por tanto individuos mucho más cualificados que puedan gobernarnos en un futuro.

Que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), estima que hasta el año 2014 la población mexicana ascendía a 119 millones 713 mil 203 habitantes de los cuales 18.2 por ciento eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años.

La entidad con mayor proporción de población joven entre los 15 y 24 años de edad, era Chiapas con el 20.3 por ciento, mientras que la entidad federativa con menor proporción de población joven es el Distrito Federal con un 15.9 por ciento.

Que nos enfrentamos a los alarmantes rezagos que padece uno de los sectores más grandes en materia de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios de salud, de acceso a educación de calidad, de alimentación, de espacios para la participación y de fomento a la cultura, así como en muchos otros aspectos cruciales para un desarrollo digno y autónomo.

Que para ello, la actual administración ha buscado hacer a un lado toda brecha de desigualdad que impida el libre desarrollo de este sector poblacional, definiendo para ello un “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018”, que busca lograr un país incluyente en donde cada joven pueda acceder a educación de calidad y que esa preparación se transforme en un empleo digno y bien remunerado; en donde ningún joven sea discriminado y que su voz encuentre canales de expresión adecuados y respuestas oportunas; además de la garantía de sus derechos más elementales; lo cual sin duda se logrará a través de la definición de políticas públicas más efectivas y de mayor impacto.

Sin embargo, aún nos enfrentamos a la alarmante realidad en la que dicho sector poblacional se encuentra, hoy en día es común observar el abandono educativo ocasionado principalmente por la falta de recursos económicos, lo que lo lleva a integrarse a la vida laborar -mal remunerada- y en el peor de los casos a la comisión de actos constitutivos de un delito.

Que para ello, es necesario hacer uso de cualquier medio que garantice la protección de los derechos de éstos jóvenes, logrando con ello una mejora en la calidad de vida de éstos y sobre todo, un avance significativo en la civilidad de la sociedad mexicana, que cada día se ve más devaluada.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

 “UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Población (CONAPO) y al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a efecto de que se dé mayor difusión, en el marco de sus respectivas competencias, a las acciones realizadas por dichos institutos en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente queremos mencionar que con fecha 30 de abril de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Juventud, 2014-2018. En el mismo, se menciona que “en México viven más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país. La población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes.

Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizan con mayor elocuencia en comparación con el resto de la población, y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y la sociedad mexicana, debido a que:

a) Apenas un poco más de la mitad de las y los jóvenes mexicanos (56%) está recibiendo educación media superior, en contraste con el 84% logrado, en promedio, por los países de la OCDE, como requisitos de calificación para el trabajo actual y para desempeñarse como ciudadanos.

b) La mayoría de estos jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral, por ejemplo, siete de cada 10 consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares.

c) 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años.

No obstante estas desventajas educativas y socioeconómicas, son las y los jóvenes quienes están avanzado más que el resto de la población en otras dinámicas, por ejemplo, en el acceso y manejo sofisticado de las tecnologías de la información y comunicación; y también en las nuevas posibilidades de participación social y cultural.”

Este Programa Nacional, se elaboró con fundamento en dos vertientes de la legislación nacional. La primera, en aquellas leyes que norman el sistema de planeación democrática: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación. La segunda, las leyes que establecen las atribuciones relativas a la juventud en las dependencias de la administración pública federal: la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, el 7 de enero de 1974 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Ley General de Población, y por disposición de esta Ley fue instalado el 27 de marzo del mismo año el Consejo Nacional de Población.  La misión del CONAPO es la planeación demográfica del país a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.

Los principios básicos en los que se inspira la política de población emanan del Artículo 4º Constitucional que señala: "La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social... El varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa... Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades". 

El objetivo de la política de población es contribuir a asegurar que los mexicanos y las mexicanas participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, mediante la regularización de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución territorial.

Para llevar a cabo la planeación demográfica del país, en el Reglamento de la Ley General de Población se señalan las principales funciones del Consejo Nacional de Población, entre las que se distinguen:

● Formular programas de población y vincularlos con los del desarrollo económico y social del sector público

● Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e instituciones que participen en los programas de población

● Realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones para los fines de la política de población

● Elaborar y difundir programas de información y orientación públicos, así como las bases para la participación y colaboración de otras personas u organismos

● Asesorar y asistir en materia de población a toda clase de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, locales o federales, y celebrar con ellos los acuerdos que sean pertinentes

● Evaluar los programas que lleven a cabo las diferentes dependencias y entidades del sector público en relación con las políticas establecidas en materia demográfica, así como proponer las medidas conducentes.

Sin duda alguna, coincidimos en que la política de población reclama un enfoque integral, claramente inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de previsión y planeación en las familias, así como el afán de igualdad entre sus miembros, especialmente en cuestiones de género; que fomente también una alta valoración parental de los hijos y que extienda y arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo.

En el mismo sentido, el 6 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Instituto Mexicano de la Juventud, ordenamiento que ha tenido algunas reformas a lo largo de estos años, y que establece que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el Distrito Federal; especificando que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.
Dicho Instituto tiene por objeto:

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

Con estos ordenamientos legales como antecedente, sin duda alguna compartimos la expresión en el sentido de: para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población. Sin duda alguna uno de estos grupos lo representan las y los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención, que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos. Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten una visión de igualdad y no discriminación así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo.

Además, hay una serie de demandas estructurales que es imperativo atender para lograr una mejora significativa en los niveles y las condiciones de vida del sector juvenil: como más y mejores niveles educativos, ampliar las fuentes de empleo, suficientes servicios básicos y de calidad, facilidad de acceso a una vivienda y de buena calidad, servicios específicos e integrales de salud, entornos personales, comunitarios y nacionales seguros y que propicien el mejoramiento de las relaciones entre generaciones. Condicionantes y demandas que, entre muchas otras, conforman el complejo mapa de acción que tiene ante sí el Estado y la sociedad mexicana.

Por lo anterior, consideramos oportuno mencionar que el Instituto Mexicano de la Juventud señala que la mayoría de los jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral, ya que siete de cada 10 consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares, por otro lado, según datos oficiales del INEGI, 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años. Por lo anterior consideramos que es necesario conjuntar esfuerzos, para propiciar que las y los jóvenes asuman una ciudadanía plena en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país, ya que cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades de las y los jóvenes, es una garantía que permite hablar de desarrollo integral, justo y duradero.

II.- Esta Dictaminadora considera que el sector juvenil reviste especial importancia como un actor estratégico para el desarrollo nacional, por lo que es indispensable sumar esfuerzos y avanzar en el diseño de propuestas integrales, que permitan materializar el mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil, promoviendo y fomentando por medio del Instituto Mexicano de la Juventud, las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, por lo que consideramos de la mayor relevancia el que se le dé la mayor difusión posible a las acciones realizadas por el CONAPO y el IMJUVE, en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018.”

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud, en el ámbito de sus competencias a dar una mayor difusión a las acciones realizadas por dichas instituciones en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.






Por el que la Comisión Permanente extiende sus más amplias felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol en conmemoración de su 90 aniversario.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que la Comisión Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración por su 90 aniversario.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 8 de julio de 2015, el Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Es bien conocido que en nuestro país el deporte con mayor número de seguidores es el futbol, sin embargo, se debe tener en cuenta otras disciplinas como lo es el  béisbol, el cual se ha convertido en uno de los más seguidos por los mexicanos.

De acuerdo a un estudio realizado por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en México los partidos de beisbol se ubican como el segundo deporte de mayor asistencia, sólo por debajo del fútbol. Mientras en televisión, ocupa la posición número cinco dentro de los deportes con mayor audiencia, con un nivel de 4.3% y un universo estimado de 4.8 millones de personas, asícomo cuenta con un promedio mayor de frecuencia de sus aficionados, situándolo en un 14% en comparación con el 3% con el que cuenta el fútbol.

Sin embargo, a pesar de la popularidad en crecimiento del beisbol, en nuestro país no se cuenta con un registro exacto que pueda asegurar donde se jugó el primer partido, de tal forma que varias ciudades reclaman el honor, siendo las ciudades de Guaymas en el Estado de Sonora, Nuevo Laredo en el Estado de Tamaulipas y Cadereyta en el Estado de Nuevo León, las tres ciudades que se acercan más a ser las sedes de este primer partido.

SI bien no se cuenta con el dato oficial del primer partido de beisbol en el país, si se cuenta con la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual se remonta con el cronista Alejandro Aguilar  Reyes y el manager Ernesto Carmona, quienes juntos comenzaron con su fundación en la Ciudad de México en el año 1925.

Desde el momento que se fundó la LMB, el beisbol fortaleció su popularidad en México, y los primeros cimientos para su edificación comenzaron el 24 de febrero de 1925 con la unificación de las Asociaciones Mexicana y del DF, dejando un solo organismo que rigiera el béisbol de aquel entonces. Es así, como el 28 de junio de 1925, con un encuentro entre el México y el Agraria se jugó el primer partido de la primera temporada del beisbol profesional en México.

Posteriormente, en el año de 1955 la LMB ingresa al Béisbol Organizado de Estados Unidos bajo la denominación de Clase AA, y desde 1967 le es otorgado el nivel de Clase ‘AAA’, nivel que hasta el día de hoy mantiene.

El 28 de junio de 1925 pasaría a la historia como el nacimiento del primer circuito de beisbol profesional organizado de nuestro país. Se iniciaría una nueva era en el beisbol mexicano con el primer lanzamiento de Luis Mellado, del Nacional Agraria, a David Franco, del México.

Desde la fundación de la LMB más de 90 equipos han jugado la Liga, pero tan solo cinco clubes han sido los que se mantuvieron: Monterrey (1939), México (1940), Tigres (1955), Saltillo (1970) y Campeche (1980).

Asimismo, debemos tener presente que México ha aportado grandes talentos en el Beisbol, mismos que vieron sus inicios en la LMB, y que posteriormente pasarían a gozar de buenas campañas en ligas mayores, como es el caso de Baldomero (Melo) Almada, quien nació en Huatabampo, Sonora y duro 7 años en Grandes Ligas, siendo un veloz jardinero que tuvo sus mejores temporadas con la los Medias Rojas de Boston. Su primera temporada fue en 1933 y después de Almada llegó a ligas mayores el Sinaloense José Luis "Chile" Gómez para jugar con los Phillis de Filadelfia entre 1935 y 1936. Un excelente fildeador de la segunda base.

La nueva era de mexicanos en grandes ligas es iniciada por el pitcher zurdo Fernando Valenzuela, un producto de la Liga Mexicana y que después de una temporada con los Leones de Yucatán en 1979 fue contratado por los Dodgers de los Ángeles, equipo en el cual se convirtió en una importante figura del mundo deportivo.

Asimismo, encontramos a Teodoro Higuera, otro gran lanzador zurdo, quien tras convertirse en una importante figura en la Liga Mexicana donde fue pitcher campeón con los Indios de Ciudad Juárez, se convirtió en estrella de los Cerveceros de Milwaukee.

La Liga Mexicana de Béisbol es la liga que agrupa a los principales clubes profesionales, teniendo como objetivo principal la organización y desarrollo de los campeonatos de esta disciplina deportiva en el país, conformada en la actualidad por 14 equipos en el máximo nivel.

Desde entonces han transcurrido 90 años de grandes acciones, hazañas inolvidables producidas por los grandes héroes del diamante que se han encargado de enaltecer el libro de récords del beisbol mexicano con sus brillantes actuaciones sobre el terreno de juego.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende sus felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración por su 90 aniversario.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y sin pretender considerarnos unos expertos en la materia, queremos mencionar algunos datos relacionados con la proposición que nos ocupa, y que aparecen en diversas páginas de internet, para tener una mayor comprensión del tema: el béisbol (del inglés baseball) es un deporte de conjunto jugado entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. Es considerado uno de los deportes más populares en diversos países, entre los que podemos citar, los siguientes: Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos de América, Holanda, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela. Los países considerados potencias de este deporte se encuentran concentrados en América (Norte, Central y el Caribe) y en Asia, siendo los continentes europeos y africano los más rezagados. Sin embargo Europa cuenta con dos buenos exponentes (Holanda e Italia).

Al respecto, es oportuno señalar que resulta claro que el béisbol moderno se desarrolló en Estados Unidos, aunque el origen exacto del juego es difícil de determinar. La mayoría de los estudios creen que el béisbol evolucionó desde una variedad de juegos similares.

II.- En el caso de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) es el campeonato de béisbol profesional de más alto nivel durante el verano en México. Está afiliado a las Ligas Menores de los Estados Unidos bajo la clasificación 'AAA'. Tiene su propia academia de desarrollo de talentos ubicada en El Carmen, Nuevo León. Es la liga con más cobertura por parte de los medios nacionales por ser la más antigua y de mayor tradición en el país. La conforman actualmente 16 equipos divididos en 2 zonas. La temporada regular se desarrolla entre abril y agosto dejando el mes de septiembre para los juegos finales.

De acuerdo con la página oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, la Historia de la Liga Mexicana se puede dividir en tres etapas:

Primera etapa. Comprende de 1925 a 1937, jugándose casi exclusivamente en la ciudad de México. Al fundarse la LMB, el béisbol fortaleció su popularidad en  México, y los primeros cimientos comenzaron el 24 de febrero de 1925 con la unificación de las Asociaciones Mexicana y del Distrito Federal, dejando un solo organismo que rigiera el béisbol en aquel entonces.

Segunda etapa. Va de 1937 hasta 1954. Lo más destacable es que en 1937 se inicia la compilación de estadísticas.
Tercera etapa: Ingreso al béisbol organizado. La Liga Mexicana ingresó al Béisbol Organizado de los Estados Unidos en el año de1955 bajo la denominación 'Clase AA', gracias a las gestiones realizadas por el magnate chihuahuense Anuar Canavati, quien fungía como presidente de los Sultanes de Monterrey en aquellas fechas.

Ese movimiento resultó bastante provechoso para el béisbol de México, porque dio inicio a los convenios de los equipos mexicanos con las novenas de las Ligas Mayores, siendo los primeros de ellos el de los sultanes de Monterrey con los Dodgers de Brooklyn y el de los Tigres capitalinos con los Piratas de Pittsburgh. En ese mismo año, 1955, los Tigres ganaron su primer título en la liga gracias a los refuerzos obtenidos de las Grandes Ligas. En 1967, se le otorga a la Liga Mexicana el nivel "Clase AAA" con el que se cuenta en el presente.

La liga mexicana estuvo al borde de su muerte cuando en 1955 los directivos entran al béisbol organizado y se inicia una etapa de florecimiento que culmina en la temporada de 1979, cuando ya hay un total de 20 equipos jugando en el circuito.

Aunque en la primera parte de esta nueva etapa se mantiene un buen estandarte de juego al ser enviados a la liga prospectos de equipos de ligas mayores, es en la década de los 60s cuando los directivos deciden impulsar el desarrollo del pelotero mexicano. Sobre todo con el esfuerzo y la aceptación económica de Alejo Peralta, la liga mexicana forma organizaciones al estilo americano con sucursales para desarrollar nuevos peloteros

Es así como surge de esos equipos peloteros como el Héctor Espino, Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Pancho Barrios y varios más.

La liga mexicana fue creciendo paulatinamente en la década de los 60s y al llegar 1980 había un gran total de 20 equipos, siendo por ese tiempo de licenciado Antonio Ramírez Muro el presidente del circuito. Después de la huelga de jugadores en algunos equipos durante la campaña de 1980, la liga mexicana volvió con fuerza un año después y ya en la temporada de 1991 compitieron un gran total de 16 escuadrones. Fue en la primavera de 1981 que surgió la idea de establecer pasteje la academia con el nombre de Ernesto Peralta y quien fue el alma de la universidad beisbolera por varios años, antes de perecer en un accidente aéreo. De la academia de pasteje han surgido brillantes jugadores que han llegado a ser estelares en la liga mexicana y varios de ellos fueron a probar suerte en Estados Unidos. Al iniciar 1992, 3 escolapios de pasteje habían alcanzado ya las grandes ligas.

En 1982 se inicia el exitoso periodo del lic. Pedro Treto Cisneros como presidente de la liga mexicana después de que había fungido como directivo de varios equipos del circuito. En el año de 1990 se inaugura en Monterrey el gran estadio de béisbol con capacidad para 30 mil espectadores y que es orgullo del circuito de verano. Es en ese estadio en la primavera de 1990 cuando se presentan los Dodgers de los Ángeles con el gran pitcher Fernando Valenzuela y los Cerveceros de Milwaukee con Teodoro Higuera. Valenzuela gana a Milwaukee en una gran demostración que sería su última victoria con los Dodgers, mientras Higuera no puede entrar en acción en el anunciado "duelo de titanes" debido a lesiones en su hombro. La actuación de Valenzuela en un domingo lleno de sol y con el lleno completo entregándose al mexicano es inolvidable, de esas que quedan grabadas en el corazón y en la mente.

Aunque la liga mexicana había utilizado el sistema de play off esporádicamente como el enfrentar a los dos ganadores de cada mitad en 1949, 1950, 1951, y 1966, es hasta 1970 cuando surge la idea de dividir la liga en las zonas norte y sur jugando al final de 2 ganadores por la serie final y el campeonato.

Surgen grandes estrellas a través de la nueva era durante décadas inolvidables, como el gran bateador Héctor Espino que dejo una maraca en el libro de oro de los records con 453 jonrones conectando 46 de ellos en la campaña del 64. Esta ultima fue marca hasta que Jack Pierce bateo 54 jonrones en 1986 para imponer el nuevo record. Por su parte el pitcher Ramón Arana se convierte en el máximo ganador de todos los tiempos después de superar las 211 victorias de Ramón Bragaña, termina su gran carrera con 332 éxitos. El zurdo Alfredo Ortiz es el máximo ganador entre los pitcheres de brazo izquierdo con un total de 255 y segundo de la lista de todos los tiempos.

Surgen en 1955 el primer año de béisbol organizado, el equipo de los Tigeres con el Ing. Alejandro Peralta al frente. Es indudablemente Alejo Peralta el hombre principal de nuestro béisbol en las ultimas 5 décadas y sus Tigres, integrado solamente con jugadores mexicanos, es un gran ejemplo al obtener los títulos de 1965 y 1966. Ya antes habían ganado los cetros de 1955 y 1960.

Por la década surge una gran organización en Guadalajara por los Charros de Jalisco que además de ganar 2 títulos logra desarrollar elementos que llegan a grandes ligas tanto mexicanos como extranjeros. En 1972 surgen los Cafeteros de Córdoba y logran lo que nunca se había alcanzado hasta ese momento ni nunca después, un campeonato por un equipo de expansión.

Notables jugadores importados han jugado en esas ultimas 5 décadas como Al Pinkston, Alonso Perry, Teolindo Acosta, Jim Collins, Pat Bourque, Fred Waters, Lido Nodoso, Mike Cuellar, James Josford, Aurelio Monteagudo, Rico Carty.

Grandes hazañas, los súper emocionantes play offs, el gran espectáculo de la liga mexicana y sin olvidar la misión tan importante de desarrollar al jugador mexicano que es la base de nuestro espectáculo.

México ha tenido a sus peloteros estrellas que luego fueron a gozar de buenas campañas en ligas mayores. El primero en aparecer en el béisbol del mundo lo fue Baldomero (Melo) Almada, Nació en Huatabampo, Sonora y que duro 7 años en grandes ligas, siendo un veloz jardinero que tuvo sus mejores temporadas con las medias de Boston. Su primera temporada fue en 1933.

Depuse de Almada llego a ligas mayores el Sinaloense José Luis "Chile" Gómez para jugar con los Phillis de Filadelfia en 1935 y 1936. Un excelente fildeador de la segunda base, aunque su bateo hizo que no alcanza mayores momentos en Estados Unidos.

Jesé Flores, Nacido en Guadalajara, fue un pitcher derecho de los Atléticos de Filadelfia que llego a ganar 12 juegos en la temporada de 1946. Fue el tercer azteca en jugar el mejor béisbol. Llega entonces Roberto Ávila, Segunda base nacido en Veracruz y que en 1954 con los Indios de Cleveland tiene el honor de ser el primer pelotero latinoamericano en ganar el campeonato de bateo en grandes ligas.

Beto Ávila dura hasta 1959 en las ligas mayores y se le considera uno de los grandes de todos los tiempos. Beto Ávila fue una estrella del béisbol en donde quiera que jugo y después de triunfar en la liga mexicana con Pericos de Puebla, en que fue campeón bateador en los años de 1947, fue el fuerte torneo invernal de Cuba, considerado entre AAA y ligas mayores, para ser una estrella del club Marianao, perdiendo la corona de bateo él último día de la campaña ante el americano Lou Klein de los Rojos de la Habana.

Llego a los Indios de Cleveland en la campaña de 1949 y para 1954 conquista la corona de bateo al conectar para .341 y ser el primer mexicano en actuar en una serie mundial. Los Indios de 1954 es el equipo con más victorias en la historia de liga americana, un total de 111 victorias.

Beto Ávila termino su carrera en grandes ligas en 1959 jugando para los Bravos de Milwaukee y en 1960 tuvo su última campaña jugando para los Tigres a los que ayudo a ser los campeones de la liga mexicana. Beto Ávila fue también presidente de la liga mexicana en 1981 y en 11 años de ligas mayores bateo para .281 con 80 jonrones.

Al comenzar el año de 1994 ya habían sido 60 beisbolistas que han alcanzado las grandes ligas, incluyendo al famoso manager "Cananea" Reyes que en 1981, al actuar como coach de tercera base en los marineros de Seattle, es también manager del equipo por 3 partidos al ser suspendido por ese tiempo el timonel Maury Wills en esos 3 juegos. "Cananea" gano uno, perdió otro y empato el tercero. Es el mismo "Cananea" Reyes que gano 14 títulos, incluyendo 5 para los Diablos Rojos de México y dos series del caribe la primera con naranjeros de Hermosillo en 1976 y luego con las Águilas de Mexicali, en el clásico de 1986 celebrado en Maracaibo, Venezuela.

La nueva era de mexicanos en grandes ligas es iniciada por el pitcher zurdo Fernando Valenzuela, un producto de la liga mexicana y que después de una temporada con los Leones de Yucatán en 1979 es obtenido por los Dodgers de los Ángeles. Valenzuela pertenecía en su contrato a la organización de los Pericos de Puebla. Para 1980 ya esta Valenzuela ganando sus 2 primeros juegos como relevista de Dodgers y un año después se convierte en la sensación del béisbol al ganar sus primeras 8 salidas de la campaña, la mayoría por la vía de la blanqueada.

Valenzuela enloquece al béisbol americano y surge la historia del "Toro" y la locura la llaman Fernando manía. Pudo ganar 13 juegos en una temporada dividida en 2 mitades debido a la huelga beisbolera y al final obtiene el trofeo Cy Young como el mejor pitcher del año y el nombramiento del novato del año. Por única vez en la historia que un jugador gana esos 2 trofeos. Por 11 años fue Valenzuela estelar de los Dodgers hasta recibir su baja en los entrenamientos de 1991. Regresa Valenzuela En el mismo 1991 con los Angelinos de California pero tras perder 2 juegos es regresado a ligas menores.

Valenzuela gana 141 juegos contra 116 veces con los Dodgers, incluyendo sus 21 triunfos de 1989 cuando logra su mejor campaña con 21 por 11 perdidos.

También en ese 1989 tiene una soberbia actuación en el juego de estrellas celebrado en el fabuloso astrodomo de Houston cuando lanza 3 entradas en 0 carreras y con 5 ponchados en forma consecutiva para empatar el famoso record del también zurdo Carl Hubell, igualmente artista de los lanzamientos de tirabuzón y quien logro la hazaña de los 5 ponches seguidos en el partido estelar de 1934. El formidable éxito alcanzado por Valenzuela le abre las puertas de par en par a los mexicanos y es indudable que los buscadores vienen por otro Valenzuela.

Fernando Valenzuela lanza 2 juegos para los Angelinos de California y los perdió, siendo enviado a ligas menores. En 1992 jugo con los Charros de Jalisco de la liga mexicana y regreso a grandes ligas en 1993 con los Orioles de Baltimore en que tuvo destellos de su pasada grandeza al lanzar estupendamente en el mes de Julio para ser elegido el mejor pitcher de la liga americana en esos 31 días. Al terminar la campaña. Valenzuela tuvo record de 8 –10 con un alto promedio en carreras limpias a 4.94. Tomo parte en 32 juegos y abrió 31. Su record global en ligas mayores es el de 149 victoria con 128 reveses y 3.45 en carreras limpias.

Y con Teodoro Higuera tienen otro gran lanzador zurdo mexicano ya que después de triunfar plenamente en la liga mexicana donde fue pitcher campeón con los indios de Ciudad Juárez, se convierte en las estrellas de los Cerveceros de Milwaukee para ganar también 20 juegos en 1986. Higuera firma en 1990 el contrato más lucrativo para un jugador mexicano con 13 millones de dólares por 4 años. Sin embargo las lesiones, operaciones, han interrumpido varias veces su carrera triunfal.

Teodoro Higuera solo pudo lanzar 8 juegos con Cerveceros de Milwaukee en 1993 y su record fue de 1-3, siendo su victoria contra los Yankes de Nueva York, equipo a que a dominado ampliamente en su carrera. En 8 años de ligas mayores tiene record de 93-59 con 3.46 en efectividad al comenzar la campaña de 1994. Higuera es nativo de los Mochis Sinaloa, mientras Valenzuela hace famosa a la localidad de Etchohuaquila, en el estado de Sonora.

Actualmente, la Liga Mexicana de Béisbol, cuenta con 16 equipos divididos  de la siguiente manera la Zona Norte: Acereros de Monclova, Broncos de Reynosa, Diablos Rojos del México, Rieleros de Aguascalientes, Saraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y los Vaqueros de la Laguna;  la Zona Sur: con los Delfines del Carmen, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco

Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz y los Tigres de Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende sus más amplias felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración de su 90 aniversario, por su contribución al deporte nacional e internacional a lo largo del siglo XX.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.






Por el que se exhorta a impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a impulsar y fortalecerlas acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, la Sen. Lisbeth Hernández Lecona integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico (de hecho o como amenaza) contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

De conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia familiar: el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevo a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y en conjunto con el INMUJERES dieron a conocer los resultados en el 2011.

La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.

El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento.

Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Cabe señalar que entre los principales motivos por los que las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las autoridades ante la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentran: la creencia de que se trató de algo sin importancia o que él no va a cambiar (73.8%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (10.8%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (9.4%), porque él le dijo que cambiaría o porque piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla (9.1%), por miedo (8.0%), porque no sabía que podía denunciar (6.1%) y porque no confían en las autoridades (4.3%).

Los motivos por los que no se acercaron por ayuda ante los actos de violencia por parte de su ex-pareja cuando estaban con ellos las ahora separadas son un poco similares, aunque algunos con porcentajes mayores: porque creyeron que se trató de algo sin importancia o que él no cambiaría (49.4%), por miedo o porque sus ex parejas las amenazaron (24.5%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (21%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (17.8%), porque pensaban que él tenía derecho a reprenderla o porque él le dijo que cambiaría (15.3%), porque no sabía que podía denunciar la agresión (14%), porque no confían en las autoridades (9.1%).

No cabe duda que la problemática de la violencia familiar es un tema que sigue latente en nuestra sociedad, es por eso, que dada la necesidad de atender las prioridades tanto a nivel federal, estatal y municipal de las familias mexicanas y de sus integrantes, es importante impulsar estrategias de comunicación para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica, económica o sexual.

Es importante destacar que si al encuentro con la violencia desde temprana edad le agregamos la influencia de los medios masivos de comunicación y del cine y los videos que promueven constantemente modelos de personas violentas, entenderemos las razones por las cuales la violencia ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de muchas personas.
Los factores económicos en la generación de la violencia no son menos importantes. Como se sabe, desde hace varias décadas que vivimos una crisis económica en nuestro país, con ella se ha incrementado de manera importante el desempleo y se ha disminuido el poder adquisitivo de muchas familias. El estrés por la falta de recursos económicos, el abuso del alcohol y la drogadicción, asociados comúnmente con la pobreza, pudieran estar también relacionados con la violencia en la población joven y adulta de México.

Debido a lo anterior, es de suma importancia exhortar de manera respetuosa a las entidades federativas a reforzar las medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia que se vive en el entorno familiar, a través de las instancias correspondientes en cada dependencia gubernamental.

Considerando que la violencia familiar sigue siendo un tema vigente, que es un fenómeno sociocultural y multifactorial, que las  estadísticas lo demuestran reiteradamente con niveles altos, el presente punto de acuerdo tiene como propósito que se intensifiquen las acciones, los programas y las políticas para erradicar la violencia familiar.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, que invoca la intervención del “Senado de la República”(sic) con el propósito de impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar. Propósito,  que encuentra su fundamento de legitimidad en el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo párrafo primero consagra la igualdad del varón y la mujer ante la ley y el deber de ésta de proteger la organización y el desarrollo de la familia, considerada como la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social, no sólo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita, para mantenerse saludable y próspera, la comunidad política.1

II.- Esta Dictaminadora  considera atendible la proposición cuyo mérito se anima en el interés de consolidar los mecanismos especialmente dispuestos para prevenir y erradicar un fenómeno social que surge en el seno mismo de la familia, donde se desarrolla el abuso del poder  del más fuerte contra el débil. Fenómeno que se agota bajo diversas modalidades, a saber: ataques físicos, amenazas verbales, el abandono que pone en riesgo la salud y la integridad de las víctimas, agresión psicológica y ataques sexuales, entre otros. En consecuencia, es en la familia en donde se manifiesta la causa del problema que tanto afecta a la sociedad, habida cuenta que es en este escenario en el que los seres humanos se desarrollan, crecen y estructuran emocionalmente.

En su artículo 7, dispone la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Y sus tipos, tratándose de la que se ejerce contra las mujeres de acuerdo con el artículo 6 de la propia ley, son:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con el sentido y alcance de la proposición que se examina. Luego, el impulso y fortalecimiento de las acciones y estrategias a que se refiere para prevenir y erradicar la violencia familiar, deben orientarse a la consolidación de los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, como conjunto de medidas y acciones destinadas a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas de violencia familiar. Fortalecimiento de acciones y estrategias que deberá incluir, entre otras, a las obligaciones de:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia;

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima;

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima, y

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos.

Fortalecimiento de acciones y estrategias que deberán implicar, en su caso, las modificaciones de los diversos códigos penales que contemplen los delitos de violencia familiar.

Finalmente, una reflexión aparte merece el órgano colegiado al cual se pide el libramiento del exhorto a que se refiere el punto de acuerdo que se analiza, porque la solicitud es al Senado de la República. Sin embargo, si se considera que todas las proposiciones que se presentan ante la Comisión Permanente es, precisamente, para que ésta a través de sus comisiones de trabajo despache el trámite de las mismas. Por consiguiente, es  a la Comisión Permanente a la que se solicita el libramiento del exhorto consabido.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintiocho días del mes de julio del año 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. Armando Ríos Piter. Sen. Daniel Amador Gaxiola. Sen. Fernando Yunes Márquez. Dip. María de Lourdes Amaya Reyes. Dip. Alejandro Montano Guzmán. Dip. Filiberto Guevara González. Sen. René Juárez Cisneros. Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu. Sen. Juan Carlos Romero Hicks. Dip. Rocío Reza Gallegos. Dip. Fernando Rodríguez Dova. Dip. Amalia García Medina. Sen. Luis Armando Melgar Bravo. Sen. Manuel Bartlett Díaz. Dip. María Sanjuana Cerda Franco

1 (José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, Madrid, 1941, t. III, pág. 436.






Por el que se exhorta a informar sobre la situación en la que se encuentra la Escuela Secundaria Técnica Pesquera Número 7 “Primero de Junio”, ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que intervenga y realice las acciones necesarias para garantizar y mantener el correcto funcionamiento de la escuela secundaria técnica pesquera número 7 “Primero de Junio”, ubicada en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, con la finalidad de evitar el cierre definitivo de esta escuela, así como a la Secretaría de Educación Pública para que rinda un informe detallado con toda la información para que explique y esclarezca la presunta e inminente venta del inmueble.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El 26 de Marzo fueron notificados padres de familia y alumnos de la Secundaria Técnica Pesquera número 7 “Primero de junio” en Puerto Morelos, Quintan Roo, a través de la Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo para informarles que serían removidos los alumnos a un plantel educativo de nueva creación presuntamente en “Villas la Playa” en una primaria donde no hay espacio.

Asimismo se prospecta que se construirá un hotel en donde está ubicada la escuela secundaria, debido a que el predio de la escuela cuenta con más de dos hectáreas y además está ubicada a un costado del mar y por ello cuenta con un gran valor y potencial económico.

En la escuela en mención asisten 366 alumnos aproximadamente, cuenta con 9 salones, oficinas, auditorio, áreas verdes, estacionamiento, pasillos, dunas y como se mencionó anteriormente colinda con una gran extensión de playa.

Cabe mencionar que a un lado del plantel escolar también se encuentra un muelle que actualmente se usa para la importación y exportación de mercancías.

La comunidad se ha manifestado en contra de la demolición de la escuela porque se causaría un problema serio para la población ya que al construir un hotel o cualquier otro complejo empresarial en donde se prefiera el beneficio económico que al social, afectará directamente las posibilidades de desarrollo y de oportunidades no de una sola persona sino de toda una población.

Así mismo se les ha señalado que para el próximo periodo escolar los padres de familia tendrán que cambiar a los alumnos para otro plantel, se les están entregando fichas de reinscripción para una escuela la cual han denunciado los padres de familia que aún no existe, (se adjunta copia de ficha de reinscripción y croquis).

En nuestro país sufrimos un problema de educación, la cual se debe de fomentar e impulsar, así como realizar cualquier acción que mejore la educación del país, de tal manera que demoler la escuela Secundaria iría totalmente en contra de las necesidades del país.

La educación es una herramienta de desarrollo para los ciudadanos que cualquier nación debe impulsar, quitarles el derecho a la educación de manera indirecta es violentar lo plasmado en el artículo 3° primer párrafo de nuestra Constitución Federal:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Las autoridades pertinentes deben de intervenir para impedir una acción lamentable y dolosa principalmente para nuestros jóvenes.

Cabe mencionar que en el año de 1972 el terreno fue donado por habitantes de Puerto Morelos a la SEP con el único fin de que fuera usado para la educación, esta institución ha dado servicio durante 42 años, por lo que destinarlo para otros fines faltaría a la determinación del acto jurídico que dio origen a la donación, la cual atiende al interés general y por ello se debe de analizar desde un enfoque Constitucional, de derechos humanos y la relación y responsabilidad del estado, ya que se podría fomentar un daño patrimonial del Estado ocasionado por dejar sin educación, sin mencionar el daño a los derechos humanos afectados, como se mencionó anteriormente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que intervenga y realice las acciones necesarias para garantizar y mantener el correcto funcionamiento de la escuela secundaria técnica pesquera número 7 “Primero de Junio” ubicada en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, con la finalidad de evitar el cierre definitivo de esta escuela.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que rinda un informe detallado a esta soberanía con toda la información que explique y esclarezca la presunta e inminente venta del inmueble.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en el artículo 3° primer párrafo de nuestra Constitución Federal: “Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Que la educación es una herramienta de desarrollo para los ciudadanos que cualquier nación debe impulsar, quitarles el derecho a la educación de manera indirecta es violentar lo plasmado.

Como antecedente, queremos mencionar que en el año de 1972, el terreno sobre el que está edificada la institución educativa a la que se hace referencia en la Proposición que nos ocupa, fue una donación hecha por los habitantes de la localidad a la Secretaría de Educación Pública, con la condición que las autoridades garantizaran su uso para la educación.

II.- Esta Dictaminadora considera que la educación es un pilar fundamental del progreso, la estabilidad, la seguridad, el empleo y el desarrollo de una sociedad. En México, el derecho a recibir educación a nivel secundaria se encuentra consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución, tal situación obliga al Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría de Educación Pública ejerza aquellas herramientas financieras, humanas, materiales y tecnológicas que faciliten el entorno educativo de los niños, niñas y jóvenes en México.

Que en Quintana Roo, se tiene un total de 2 mil 11 escuelas de educación básica, media superior.

Que en sus inicios, cuando se abrió la institución en el año de 1972, mientras se iniciaba la construcción del gran desarrollo turístico de Cancún, el mismo gobierno que impulsaba ese proyecto dotaba a una escuela pesquera, a sólo 35 kilómetros al sur, de redes, palangres, chinchorros, dos embarcaciones equipadas con ecosonda, sonar y brújulas, entre otras cosas, además de cinco lanchas con motores fuera de borda de 25 caballos de fuerza.

La idea era que el pueblo pesquero de Puerto Morelos contara con un lugar donde se preparase a jóvenes que fueran capaces de tripular embarcaciones pesqueras y se sumaran, con esa formación técnica, al desarrollo de este sector en el país. La secundaria nació con sólo dos grupos y 35 alumnos; hoy tiene 366 estudiantes repartidos en nueve grupos.

III.- Los legisladores que integramos esta Dictaminadora exhortamos a las autoridades correspondientes que informen sobre este presunto despojo a la comunidad y que los distintos niveles de gobierno que tanto enarbolan su compromiso con la educación de México mejoren las instalaciones con las cuales cuenta este centro educativo y aseguren su permanencia en la misma ubicación para que esta situación no vuelva a repetirse.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Quintana Roo, remitir un informe detallado a esta Soberanía sobre la situación en la que se encuentra la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 7 “Primero de Junio” ubicada en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, El 28 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. Armando Ríos Piter. Sen. Daniel Amador Gaxiola. Sen. Fernando Yunes Márquez. Dip. María de Lourdes Amaya Reyes. Dip. Alejandro Montano Guzmán. Dip. Filiberto Guevara González. Sen. René Juárez Cisneros. Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu. Sen. Juan Carlos Romero Hicks. Dip. Rocío Reza Gallegos. Dip. Fernando Rodríguez Dova. Dip. Amalia García Medina. Sen. Luis Armando Melgar Bravo. Sen. Manuel Bartlett Díaz. Dip. María Sanjuana Cerda Franco






Por el que se solicita un informe sobre los avances de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, referente al programa denominado “Seguro Popular”.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo sobre el Seguro Popular.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:


ANTECEDENTES

1. Con fecha 1de julio 2015, el Diputado Danner González Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:


CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

El derecho a la salud es un derecho humano consagrado en el tercer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos signados por el Estado mexicano, tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 12).

 A pesar de que tiene el rango constitucional, el derecho al acceso a la salud en nuestro país para millones de mexicanos no es una realidad, principalmente para los grupos vulnerables. En el año 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que 25 millones 300 mil personas carecían de acceso a los servicios de salud en nuestro país, otras fuentes (presidencia de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República) refieren que hasta 2015 aproximadamente 40% de los mexicanos no tenían acceso a la salud pública.   Aunque esto, cabe puntualizar, no es privativo ni exclusivo de nuestro país, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial también recientemente han señalado que más de 400 millones de personas en los países de renta media no tienen acceso a algún servicio esencial de salud.

En mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Con esta medida se establecieron las directrices para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que por su situación social o laboral no tenían seguridad social, y así poder brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera.

Una vez establecido dicho esquema legal de aseguramiento público, por medio de la publicación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social de Salud en el DOF (abril de 2004), se determinó que operaría como Sistema de Protección Social en Salud, del cual el Seguro Popular forma parte.

Oficialmente se dice que el Seguro Popular es el mecanismo por el cual el Estado pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Aun reconociendo que el Seguro Popular intenta establecer medidas y acciones para tutelar el derecho a la salud, principalmente de la gente de escasos recursos, hay que decir que adolece de deficiencias que van desde una gran segmentación de las instituciones prestadoras del servicio, pasando por la desorganización que a la postre deriva en un financiamiento insuficiente y que produce servicios de salud de baja calidad y poco eficaces para cumplir los objetivos planteados de mejorar la salud de la población, hasta llegar a la duplicidad de funciones en cada aparato burocrático y administrativo, obstaculizando con ello la coordinación intrasectoria. En su conjunto, la dispersión, la opacidad, la duplicidad y el clientelismo, provocan que la cobertura en los servicios de salud sea limitada o mínima y la calidad muy precaria.

Prueba clara de ello son los hallazgos que ha dado a conocer respecto al Seguro Popular la propia Auditoría Superior de la Federación, a través del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, concretamente en el rubro Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas y el Distrito Federal. A continuación se enlistan algunas de las principales conclusiones y recomendaciones que se emitieron con respecto a dicho programa:

● Las disposiciones normativas no establecen sanciones por su incumplimiento, por lo que su atención es voluntaria;

● Se observa un limitado avance en el desarrollo de una cultura de evaluación y de gestión para resultados;

● Las quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2013 a partir de las muestras de auditoría fueron: atención médica insuficiente o deficiente (35.5%), surtimientos de recetas incompletas (26.5%), se negó el servicio médico (21.3%), maltrato del médico (8.9%) y cobro de medicamento y estudios de laboratorio (7.8%);

● En la revisión de muestras de recetas médicas, se constató que en promedio el 58.5% no fue surtida de manera completa;

● Se detectó medicamento adquirido a un precio superior al previsto en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del 10.5%;

● En las 32 Entidades Federativas, cada médico en nómina del Seguro Popular que prestó sus servicios frente al paciente durante el 2013 atendió en promedio a 2,306.8 afiliados de dicho programa. Sin embargo, si se considera que los médicos frente a paciente pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud también atienden a beneficiarios del Seguro Popular, la citada relación sería de 1.3 médicos. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada 1,000 pacientes;

● Recursos no devengados al término del ejercicio 2013 por 15 mil 311.5 millones de pesos, que significan el (27.6%) del monto asignado en ese año;

● Las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las Entidades Federativas no transfieren los recursos, o lo hacen con retraso a los organismos operadores, además en algunos casos, los administran directamente y realizan préstamos de recursos a otros fondos o programas.

● Inadecuado control en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificatoria del gasto;

● Inadecuado control administrativo, que ocasiona que se realicen pagos de nómina no autorizados para ser financiados con recursos del programa, pago de plazas no autorizadas, pagos de remuneraciones a personal que no está involucrado directamente en la atención a los beneficiarios, a personal de honorarios sin tener evidencia del contrato, a personal que no acredita el perfil académico requerido por el puesto, así como conceptos no contemplados en el programa y que corresponden a ejercicios de años anteriores;

● Compra de medicamento y servicios no incluidos en el CAUSES, o adquirido a un precio superior del precio de referencia;
● Incremento de la utilización de los servicios subrogados para la atención de beneficiarios y adquisición de medicamentos que carecen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto;

● Inexistencia de un programa anual de adquisiciones, lo que ocasiona el deficiente surtimiento del medicamento prescrito en las recetas médicas;

● Existencia de ministraciones de recursos que afectan el siguiente ejercicio fiscal, debido a los ajustes del padrón de afiliados al término del año;

● Los anexos de los acuerdos de coordinación no son publicados oportunamente;

● No existen indicadores que permitan medir el desempeño del programa a nivel estatal;

● No obstante que la normativa aplicable establece la obligación de realizar evaluaciones al programa, éstas no son efectuadas por la mayoría de las Entidades Federativas.

En Movimiento Ciudadano no estamos en contra de la implementación del Seguro Popular, al contrario, reconocemos que es una política pública noble del Estado mexicano para tratar de brindar a su población –sobre todo a los que tienen mayores carencias económicas- el acceso a los servicios de salud básicos como son: prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, tal y como lo ha propuesto la OMS.

Sin embargo, es necesario que este mecanismo gubernamental funcione de manera adecuada y eficaz; ejerciendo los recursos públicos de manera transparente y rindiendo cuentas a la sociedad, con plenos controles y resultados en su operación, con la calidad de la información reportada sobre su gestión y desempeño y con el pleno compromiso de los diferentes niveles de gobierno con estos principios.  De lo contrario, difícilmente se avanzará en el fortalecimiento de un sistema público que dé certeza de acceso universal y equitativo a los servicios de salud a la población mexicana.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero.- El Senado de la República exhorta la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, así como a los servicios Estatales de Salud, atiendan y subsanen a la brevedad las observaciones hechas al programa denominado Seguro Popular que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013.

Segundo.- El Senado de la República exhorta las instituciones referidas en el resolutivo anterior, enviarán a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en un plazo no mayor a quince días hábiles un informe donde señalen el grado de avance que han tenido a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, referente al programa denominado Seguro Popular. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta que a partir del primer informe que envíen las instituciones referidas en el primer resolutivo, éstas deberán trimestralmente entregar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión un informe detallado y pormenorizado sobre el grado de avance que tengan en la materia.”


CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto es pertinente mencionar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, y conforme a la Ley General de Salud en su artículo 6, fracciones I, IV Bis y V especifica los objetivos del Sistema Nacional de Salud: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social, apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida.

II.- La Salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones como la Secretaría de Salud, que atiene al sector público, a su vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que provee servicios de salud a empleados en el sector privado, mientras que el Instituto de Seguridad y servicios Sociales para los Trabajadores del Estado que atiende las necesidades sociales y de cuidado a la salud de aquellos empleados por el estado, así como también la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con su propio sistema de atención a su personal, como a su vez Petróleos Mexicanos cuenta también con su propio sistema de salud, la población que no cuenta afiliación a los anteriores puede contar con el Seguro Popular.

III.- La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de México, con autonomía técnica, administrativa y operativa que responsable de financiar la provisión de los servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. El Seguro Popular coordina la atención de salud a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas. El Seguro Popular es un modelo de aseguramiento en salud mexicano perteneciente al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que tiene como objetivo financiar la prestación de servicios de salud a las personas que no están afiliados a servicios de seguridad social como los del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Según cifras oficiales, al año 2014 el programa ha afiliado 57 millones de mexicanos y mexicanas. En noviembre de 2002, el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Salud reconociendo a la protección social en salud. El 15 de mayo de 2003 se aprobaron las reformas legales que establecieron la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el 1° de enero de 2004 comenzó a funcionar esta Comisión. El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) establece los tratamientos para las enfermedades que cubre el Seguro Popular. El Seguro Popular cuenta también con un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubre el financiamiento para tratar casi 50 enfermedades graves y crónicas (VIH/SIDA, algunos tipos de cáncer y cataratas, entre otras). Se busca que, con una mayor protección en salud, las familias mexicanas gasten menos dinero propio en el tratamiento de sus enfermedades y, de esta manera, combatir paralelamente la pobreza.

IV.- El Seguro Popular está dirigido principalmente a las familias más vulnerables, e incluye a todos sin importar en que trabajen, cuanto ganen, donde vivan, que edad tengan, es Seguro Popular es de la gente y  todos los ciudadanos pueden contar con sus servicios.

Por su lado, a Organización Mundial de la Salud es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales, en el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales.

Por otra parte, es pertinente mencionar que la Auditoria Superior de la Federación es el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados encargado de la fiscalización superior de la cuenta pública. Goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fiscalización superior de la Federación.

Finalmente, una reflexión aparte merece el órgano colegiado al cual se pide el libramiento del exhorto a que se refiere el punto de acuerdo que se analiza, porque la solicitud es al Senado de la República. Sin embargo, si se considera que todas las proposiciones que se presentan ante la Comisión Permanente son, precisamente, para que ésta a través de sus comisiones de trabajo despache el trámite de las mismas, no se encuentra dificultad alguna para que la Comisión Permanente realice el exhorto de la proposición en comento.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social y los Sistemas Estatales de Protección Social en Salud, para que a la brevedad posible remita un informe sobre los avances de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, referente al programa denominado Seguro Popular.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. Armando Ríos Piter. Sen. Daniel Amador Gaxiola. Sen. Fernando Yunes Márquez. Dip. María de Lourdes Amaya Reyes. Dip. Alejandro Montano Guzmán. Dip. Filiberto Guevara González. Sen. René Juárez Cisneros. Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu. Sen. Juan Carlos Romero Hicks. Dip. Rocío Reza Gallegos. Dip. Fernando Rodríguez Dova. Dip. Amalia García Medina. Sen. Luis Armando Melgar Bravo. Sen. Manuel Bartlett Díaz. Dip. María Sanjuana Cerda Franco.






Por el que se exhorta a informar sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas a remitir un informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de julio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora María Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

“1.- De acuerdo  con la Comisión Nacional de  Derechos Humanos (CNDH), la trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo. Miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.

Hoy día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas.

En 2005, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 12.3 millones el número de adultos y niños en situación de trabajo forzado, servidumbre por deudas y prostitución forzada. En 2012, el más reciente informe de la OIT señaló que 14.2 millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones lo eran de explotación sexual (18.7 millones en total).

En México, la CNDH señala que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay 16,000 niñas y niños sometidos a esclavitud sexual, mientras que diversos estudios de organizaciones de la sociedad civil señalan que dicha cifra puede aumentar a 70,000.

2. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad.

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad.

Ante este contexto, las personas con discapacidad pueden ser más vulnerables a ser víctimas de un delito y enfrentan mayor dificultad para que le sean respetados sus beneficios procesales y les restituyan sus derechos humanos, en virtud de que en condiciones particulares las personas con discapacidad necesitan de un tutor que interceda ante ellos para el ejercicio de sus derechos.

Situación que se agrava con la relación existente entre discapacidad y pobreza en donde las personas por sus carencias económicas se ven obligadas a realizar acciones que atentan contra su persona o representan acciones constitutivas de delito. Al encontrarse un gran número de personas con discapacidad en esta condición económica, se vuelve otro elemento más de susceptibilidad.

3.- En México, contamos con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que tiene entre sus objetivos el establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los órdenes de gobierno, establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones, así como determinar los procedimientos penales aplicable.

Dentro de su articulado, reconoce la condición de discapacidad como un factor de vulnerabilidad ante estos delitos, al incorporar en su artículo 4 que se entenderá por situación de vulnerabilidad a la condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito, entre las que se encuentra vivir con discapacidad.

De igual manera, en sus artículos 24 y 42 en su fracción VII, contempla la condición de discapacidad de la víctima como agravante del delito.

Por su parte, en el artículo 84 contempla la creación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que tendrá por objeto definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a la Comisión  Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a remitir a esta soberanía un informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas.”


CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la preocupación del fenómeno de la trata en México, se convierte en uno de los fenómenos más preocupantes de violación de derechos humanos y donde el Estado mexicano enfrenta uno de sus tareas más desafiantes para su completa erradicación.

II.- La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Secretaria de Gobernación es la instancia encargada de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objetos previstos en el artículo 84 de la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Es la responsable de impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de la Ley en la materia; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar sus acciones sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

III.- Esta Dictaminadora comparte con las proponentes la petición específica que realiza la proponente de remitir a esta Soberanía de solicitar a la autoridad responsable, un informe detallado de trata, específicamente relacionado con las víctimas de trata que padecen una discapacidad, la información dota al Congreso de la Unión de mecanismos de evaluación de una de las leyes más importantes en materia de protección de los derechos humanos.

III.- Esta Comisión Dictaminadora considera procedente conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en pleno respeto de las facultades que regulan las solicitudes de información entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene facultades para solicitar al titular de la Secretaría de Gobernación instruir a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas un informe que remita a esta Soberanía sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas, en un plazo no mayor a quince días naturales.

Por lo anteriormente expuesto por los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Gobernación para que instruya a la Comisión  Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y remitir a esta Soberanía a la brevedad posible un informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Fernando Yunes Márquez.- Dip. María de Lourdes Amaya Reyes.- Dip. Alejandro Montano Guzmán.- Dip. Filiberto Guevara González.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Dip. Rocío Reza Gallegos.- Dip. Fernando Rodríguez Dova.- Dip. Amalia García Medina.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Dip. María Sanjuana Cerda Franco.






Por el que se exhorta a implementar un Programa Nacional de Promoción y Capacitación para la Formación de Intérpretes Indígenas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para un programa nacional de promoción de intérpretes indígenas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de julio de 2015, del Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“El acceso a la justicia es un derecho fundamental, bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, que posibilita a todas las personas, incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones. Lo anterior, implica un acceso a los beneficios de la justicia y del asesoramiento legal y judicial, en forma adecuada a todas las personas físicas o jurídicas, sin discriminación alguna por sexo, raza o religión.

El acceso a la justicia es reconocido como un derecho humano en los diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ante ello, el Estado mexicano en su configuración como un Estado Constitucional reconoce este derecho en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo señalando que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

Por lo tanto, en nuestro país la impartición de justicia debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para todo individuo, y el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarlo. Sin embargo, a lo largo de la historia este derecho presenta serias dificultades para su plena aplicación a la mayoría de los ciudadanos, siendo aún más difícil y precario para la población indígena.

Respecto del contexto indígena, en nuestro país existen distintos componentes del derecho de acceso a la justicia o del derecho de “acceder plenamente a la jurisdicción del Estado”. La garantía para que las personas indígenas alcancen de manera efectiva la jurisdicción del Estado en pie de igualdad y el respeto de sus derechos sustantivos y procesales se encuentra establecida en el artículo 2do Constitucional, el cual establece en la fracción VIII que en dentro de los juicios o procedimientos ante el Estado las personas indígenas tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. A la letra dice lo siguiente:

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Asimismo, el artículo10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, establece que es responsabilidad el Estado garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes, en todos los procedimientos y juicios en que sean parte individual o colectivamente. Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Para el debido cumplimiento de lo antes mencionado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) promueve el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. Este Instituto tiene entre sus características y atribuciones establecer la normatividad para formular programas que certifiquen y acrediten a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües e impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación

En este contexto, actualmente existen 575 intérpretes acreditados dentro del padrón del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para atender a toda la población indígena del país que necesite asistencia dentro de un proceso legal, sin embargo y a pesar de la reforma aprobada en 2011, este sector sigue enfrentando serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, ya que presenta una insuficiencia de intérpretes acreditados para garantizar este derecho y cubrir las 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas.

En algunos estados como Jalisco aun no cuentan con ningún intérprete de la lengua wixárika, lengua materna del principal pueblo indígena del estado y donde desafortunadamente cae un gran porcentaje de indiciados wixaritari. En otros casos como el estado de Chihuahua solo existen 10 traductores certificados para atender a una población de 80 mil 185 personas que hablan una lengua indígena originaria. Otro caso es el estado de Sonora donde habitan alrededor de 60 mil 800 hablantes de las nueve lenguas indígenas y de acuerdo al padrón del INALI no se cuenta con ningún traductor acreditado para las diversas variantes con que cuenta el estado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas se identifican 25 regiones indígenas en 20 estados del país; sin embargo, en todas las entidades federativas se encuentra población indígena que no habla español, en este sentido la obligación de contar con intérpretes para que la población indígena cuente con una efectiva procuración de justicia debe tener una amplia cobertura en todo el territorio nacional. Si bien dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se desarrolla la estrategia 1.4.1 que tiene como línea de acción consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema, no ha sido suficiente para garantizar que la población indígena acceda plenamente a la justicia, ya que se han presentado diversos casos, a lo largo del territorio nacional, donde las autoridades no han garantizado el debido proceso por la falta de intérpretes acreditados lo que ha limitado al sector indígena la garantía de sus derechos sociales.

Por lo tanto, es necesario que el Gobierno Federal implemente programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia de acceso a la justicia. Se Debe recordar que el incumplimiento de este derecho vulnera el derecho al debido proceso y puede derivar en una injusta perdida de la libertad de las personas indígenas. Además, un programa nacional generaría que mayores personas se vinculen con las lenguas indígenas de nuestro país y garanticen su preservación.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implemente un programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia de acceso a la justicia.”

CONSIDERACIONES

I.- La Segunda Comisión reitera que la fortaleza de la identidad cultural de nuestra nación mexicana radica ante todo del reconocimiento de la riqueza de sus distintas lenguas originales, la reforma constitucional federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A y a las obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios para con ellos en el apartado B. Además, reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.

II.-El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Unesco el 21 de febrero de 2000, y se celebra en la misma fecha cada año en los Estados miembros y en la sede de la organización para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo. Este día está dedicado al reconocimiento del Movimiento por la Lengua Bengalí, que conmemoró en Bangladés el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablantes de lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Dhaka, Bangladés. A nivel internacional y mundial también existe un movimiento amplio en favor de la interculturalidad que en el futuro inmediato puede contribuir al establecimiento de un diálogo de las culturas que supere el racismo, la exclusión y los prejuicios. El Convenio 169 de la oit, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de Barcelona, la Declaración de la UNESCO sobre el Día Internacional de Lengua Materna de 1999 y sobre la Diversidad Cultural de 2001, la Declaración de Santa Cruz, Bolivia y la de Totonicapan, Guatemala, entre muchos otros documentos, en torno al reconocimiento del valor de la diversidad cultural, así como de la necesidad de instrumentar políticas que promuevan la defensa y el desarrollo del multilingüismo y la instrumentación de programas de educación intercultural, configuran, en su conjunto, el nuevo horizonte social del siglo xxi caracterizado por el desarrollo de una nueva conciencia de la humanidad que busca la convivencia democrática, la dignidad y la equidad, a partir del multiculturalismo y la interculturalidad.

III.- La década de los setenta se caracterizó por el inicio del movimiento indígena contemporáneo de México. Diversas organizaciones indígenas se constituyeron para demandar el derecho a la tierra, a la educación, a la participación política, al autodesarrollo, así como el derecho a la lengua, a la cultura y a la propia identidad.

En 1973 surgió Nechikolistli tlen Nauatlajtoua Maseual Tlamachtianej/Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas, ac. Entre sus objetivos relacionados con la lengua, destaca el de "conformar, con la participación de los profesionistas indígenas bilingües de las distintas regiones nahuas del país, una gramática náhuatl actualizada y funcional y, al mismo tiempo, estimular su desarrollo como un medio para despertar la conciencia de identidad étnica entre todos los hablantes de este idioma". Un año más tarde se realizó el primer Congreso Indígena de Chiapas, al que concurrieron destacados académicos e investigadores, así como representantes de las organizaciones indígenas provenientes de las diversas comunidades lingüísticas de la entidad. Entre las principales conclusiones en el campo del derecho a la lengua, destacan:

En 1975 se celebró en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas. Los resolutivos en el tema de lenguas indígenas fueron la solicitud de la creación de un Instituto Lingüístico Mexicano para el estudio de las lenguas indígenas que existen en el país, con [la participación de] profesionistas indígenas, quienes elaborarán y difundirán materiales de enseñanza para las escuelas del país.

En mayo de 1976 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Maestros Indígenas Bilingües en Vicam, Sonora. Fue ahí donde por primera ocasión los Promotores Culturales y Maestros Bilingües de las diferentes regiones lingüísticas del país se reunieron para analizar y discutir la educación bilingüe-bicultural como alternativa al programa nacional de castellanización que impulsaba la Secretaría de Educación Pública en aquel momento.

En octubre de 1977, los Consejos Supremos de los pueblos mazahua, otomí, tlahuica y matlatzinca del Estado de México, firmaron el Pacto del Valle Matlatzinca. El acto se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En el contexto de estas ideas y reflexiones expresadas por los líderes indígenas, las organizaciones firmantes del Pacto del Valle Matlatzinca se comprometieron a luchar por una educación bilingüe y bicultural en los diferentes niveles educativos y por el reconocimiento oficial de los idiomas indígenas.

Cabe destacar los aportes de la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, ac que, en junio de 1979, organizó el Primer Seminario Nacional de Educación Bilingüe Bicultural que derivó en una propuesta para la instrumentación de la Educación Indígena Bilingüe Bicultural, cuyo objetivo fuera el dominio pleno de la lengua indígena y del español como segunda lengua por parte de los alumnos de las comunidades indígenas.

Como corolario de esta etapa del movimiento indígena que luchó por el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios de México, me referiré al contenido de la Declaración de Pátzcuaro sobre el derecho a la lengua suscrito en el año de 1980 por el crefal, la unesco y el Instituto Indigenista Interamericano, en cuya elaboración participaron académicos indígenas y no indígenas, nacionales e internacionales.

Esta fase del movimiento indígena –la lucha por el reconocimiento de los derechos lingüísticos– se desarrolló, fundamentalmente, en la década de los años setenta. Transcurrieron diez años de discusión académica y también de demandas ante el Estado mexicano y sus instituciones para lograr el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

En la década de los ochenta diversas organizaciones indígenas emprendieron acciones concretas para impulsar la revitalización y el desarrollo de sus propios idiomas. Se crearon academias y asociaciones en diferentes lenguas indígenas. Se pusieron en práctica los alfabetos diseñados en los años setenta con el apoyo de lingüistas vinculados con los proyectos de alfabetización en lenguas indígenas. En suma, de 1980 a 1990 se sentaron las bases del movimiento en favor del reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que cobró mayor fuerza en la última década del siglo XX.

En 1992 se conmemoró oficialmente el Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El acontecimiento generó una profunda discusión entre los académicos, quienes calificaron el acontecimiento como el "encontronazo" de los pueblos indígenas de América con los pueblos de Europa, particularmente con España. Como contrapropuesta a la conmemoración oficial, las organizaciones indígenas desarrollaron una amplia movilización continental con el nombre de 500 años de resistencia indígena, negra y popular.

La lucha que se generó en torno al movimiento 500 años de Resistencia Indígena, para demandar un México incluyente de las distintas voces, lenguas y culturas, transcendió a la Reforma Constitucional de 1992, particularmente al contenido del artículo 4º, donde se reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultual sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

Dos años después de haberse realizado las Reformas Constitucionales de 1992, estalló en Chiapas el conflicto armado del EZLN, movimiento que reafirmó el lema "Nunca más un México sin nosotros." En 1996, como resultado de las negociaciones que generó el conflicto armado, se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el EZLN y el Gobierno Federal, en los que destacan los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas:

● “El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada estado tengan el mismo valor social que el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su discriminación en los trámites administrativos y legales.

● El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la enseñanza de la lecto-escritura en su propio idioma; y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español.

● Asimismo, es necesario un nuevo marco jurídico en materia de medios de comunicación que considere los siguientes aspectos: la pluriculturalidad nacional; el derecho al uso de las lenguas indígenas en los medios […] el derecho al uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y cultura, así como de sus costumbres y tradiciones, tanto políticas, como sociales, económicas, religiosas y culturales.

● Nombramiento de intérpretes, con su aceptación expresa, que conozcan tanto el idioma indígena como el castellano; compartan y respeten la cultura; conozcan el sistema jurídico indígena.

● La educación indígena debe ser bilingüe e intercultural.

● Creación de institutos indígenas que estudien, divulguen y desarrollen las lenguas indígenas y que traduzcan obras científicas y culturales. El gobierno del Estado de Chiapas creará en el corto plazo, un Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.”

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, dieron pie a la creación del Centro de Lenguas, Arte y Literatura Indígena de Chiapas en 1997, el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca en 1998 y la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas en 2001.

En el contexto del movimiento zapatista surgió el Congreso Nacional Indígena que, en gran medida, aglutina las demandas del movimiento indígena contemporáneo. Este Congreso realizó una amplia movilización indígena, junto con amplios sectores de la sociedad civil para demandar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Esta movilización concluyó en la Cámara de Diputados en marzo de 2001 con la intervención de dos representantes del Congreso Nacional Indígena y un representante del EZLN para demandar que dichos Acuerdos quedaran plenamente recogidos en las reformas constitucionales que en aquel momento estaban en proceso de elaboración y se efectuara su consecuente aprobación por el Congreso de la Unión.

A partir de este movimiento, los derechos lingüísticos quedó establecido como un enunciado en el artículo 2º, apartado A, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresa: "Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad."

IV.- En este orden de ideas, y de acuerdo con el contenido del punto de acuerdo en comento, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos pertinente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implemente un programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia de acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que implemente un programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas, con el objeto de generar mayores condiciones de accesibilidad y equidad en el trato para los hablantes de lenguas indígenas en materia de acceso a la justicia.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Sen. Armando Ríos Piter. Sen. Daniel Amador Gaxiola. Sen. Fernando Yunes Márquez. Dip. María de Lourdes Amaya Reyes. Dip. Alejandro Montano Guzmán. Dip. Filiberto Guevara González. Sen. René Juárez Cisneros. Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu. Sen. Juan Carlos Romero Hicks. Dip. Rocío Reza Gallegos. Dip. Fernando Rodríguez Dova. Dip. Amalia García Medina. Sen. Luis Armando Melgar Bravo. Sen. Manuel Bartlett Díaz. Dip. María Sanjuana Cerda Franco.






Asimismo tenemos 31 dictámenes de la Tercera Comisión:

Por el que se solicita modificar el artículo 12 del Reglamento para el Ordenamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSSTE.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a armonizar el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada por el Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:


I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.-Ese mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a armonizar el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I. En México la seguridad Social es un derecho Constitucional, ganado en base al esfuerzo y trabajo de sus derechohabientes. En nuestro país, la Seguridad Social es un eslabón muy importante de la política laboral y social; es un medio efectivo para la redistribución del ingreso; es el proveedor más importante de servicios básicos y de salud de los trabajadores, pensionados y sus familiares a lo largo de su vida. Sin embargo es necesario en el caso que el trabajador reciba una pensión que por derecho le corresponde y una pensión por viudez, reciba el total de ambas.

II. A lo largo de este tiempo la protección que ofrece el ISSSTE a sus afiliados  permite un desarrollo laboral y personal más provechoso; sin embargo es necesario evaluar la posibilidad de reformar los topes salariales a los que están sujetas las pensiones para el seguro de  retiro, cesantía en edad avanzada; así como las pensiones para el seguro de invalidez y vida, cuando se suma a alguna de estas la de viudez.

III. No existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y además esta haya logrado una pensión por jubilación, se le limite el monto total de ambas al tope máximo de 10 veces el salario mínimo, porque evidentemente tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas.

IV. La pensión por viudez de las que aportó la persona pensionada fallecida y, la pensión obtenida por el propio trabajador que se sostiene con las propias cuotas del trabajador(a) o pensionado(a) viudo(a); motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas, y además este haya logrado una pensión por su propio derecho.

V. Los trabajadores  que se rigen  por el Artículo Décimo Transitorio de la Reforma del 2007, han presentado innumerables denuncias debido a que se les niega el otorgamiento al 100 por ciento de la pensión por viudez cuando sumada a la pensión propia rebasa los diez salarios mínimos;  en cada caso el trabajador tuvo que aportar, basados en el principio de solidaridad intergeneracional, en el cual el monto de la pensión se calcula con base en los años laborados y al promedio mensual básico cotizado con base en el último año de servicio. Actualmente tiene la limitante que afecta al trabajador al establecer un tope de hasta diez veces el salario mínimo. Para garantizar el derecho a ambas pensiones se debe modificar esta medida y aplicar el criterio  que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión correspondiente al número 305/2014.

VI. Actualmente en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  se establece que en el caso de compatibilidad de las pensiones, la suma de las mismas no deberá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.

Y a la letra dice:

“Artículo 12.- Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente:

I. La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, con:

a) El disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador o pensionado, y

b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo;

II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con:

a) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador;

b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado, y

c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor.

En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.”

VII. Cabe señalar que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis del contenido del inciso  A), fracción XI, apartado b, del artículo 123 de la Constitución Federal, en relación con lo que disponen los artículos 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y en el artículo 12, segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la referida Ley.

VIII. En dicho análisis se determinó que el precepto señalado en el último término, al limitar la cantidad que puede percibir un trabajador por los conceptos de la pensión por la jubilación y viudez al monto máximo de 10 veces el salario mínimo vigente, vulnera los  derechos de seguridad social a que se refiere la norma constitucional citada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 305/2014  señaló que no existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de una pensión por jubilación, vea limitado el monto total de ambas al tope máximo de 10 veces el salario mínimo referido en el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio, ya que tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas. La pensión por viudez tiene origen y sostenimiento de las cuotas que aportó el trabajador (a) o pensionado (a) fallecido (a), y la pensión por jubilación  se sostiene con las cuotas del trabajador (a) o pensionado (a) viudo (a), motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.

IX. Cabe señalar que existen más casos que están reclamando el derecho a percibir sus pensiones íntegramente, es por ello y de suma importancia evaluar y considerar los criterios establecidos para la compatibilidad de pensiones y sus topes salariales a fin de que los trabajadores tengan la plena certeza de que lo que reciben a través de sus pensiones es realmente su derecho y el disfrute a este ingreso digno fruto de su trabajo y esfuerzo.

X. El proponente señala que es necesario que el ISSSTE revalore el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que es jurisprudencia y por lo tanto equiparable a la Ley, derivado de lo anterior es importante reajustar, y modificar las disposiciones del Reglamento del Sistema de Pensiones que permita garantizar que se cumpla el derecho a la pensión por viudez sin que se limite a diez salarios mínimos al sumarla a la pensión por derecho obtenida del propio trabajador, de tal modo que la percepción que reciban los trabadores pensionados les permita tener una vida digna y decorosa.

XI. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a que se modifique el reglamento del sistema de pensiones ya que es producto de años de trabajo y dedicación del propio trabajador (a) y la pensión por viudez tiene el propósito de ayudar  al desarrollo familiar de manera digna ya que es un derecho obtenido por los años de servicio de los trabajadores. Es importante que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice un análisis puntual y modifique el concepto de los topes salariales a los que está sujeto el sistema de pensiones considerado en el Artículo Décimo Transitorio, y específicamente en el caso de la compatibilidad por viudez debido a que resulta violatorio como se encuentra actualmente.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a modificar el  Artículo 12 Fracción III Párrafo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en el sentido de que esta soberanía debe velar por la ponderación de los derechos de seguridad social de los trabajadores.

Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente por lo que hace a los argumentos de fondo de la propuesta pues derivado del estudio del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidimos en que existe ya un pronunciamiento con respecto al parámetro de constitucionalidad de la citada norma.

En ese orden de ideas esta Comisión dictaminadora no está de acuerdo con el diputado por lo que respecta a la afirmación de que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya es jurisprudencia, pues del análisis del presente asunto se precisa que se trata de una tesis aislada, sin que esto signifique que no asista la razón al diputado promovente. Se trata de una precisión con respecto a la clasificación del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se pronunció respecto a la violación del derecho a la seguridad social y el principio de previsión social por parte del artículo 12 Fracción III Párrafo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009:

Época: Décima Época

Registro: 2007937

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXII/2014 (10a.)

Página: 1191

ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.

Amparo en revisión 305/2014. Antonio López del Río. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien integró Sala, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Esta Comisión dictaminadora consideran de gran relevancia la certeza jurídica de los gobernados y determinan que el criterio vertido en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente y sin duda da un parámetro de la constitucionalidad de la norma en análisis por lo que se dictamina en positivo la propuesta ya que existen razones suficientes para hacer el exhorto debido a que el criterio de topar el monto de las pensiones viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social de los gobernados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado considere modificar el Artículo 12 Fracción III Párrafo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.






Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe en relación a la ejecución de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

a. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación integral por posibles irregularidades en la liberación del derecho de vía y en la compra de predios y terrenos destinados al sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

a. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación integral por posibles irregularidades en la liberación del derecho de vía y en la compra de predios y terrenos destinados al sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

Los proponentes refieren el proyecto de sistemas de autobuses denominado “Bus Rapid Transit”, que está implementando el estado de Guanajuato, con la finalidad de atender la necesidad de contar con nuevas alternativas de movilización sustentable.

Al respecto, manifiestan que diversos medios de comunicación han documentado la falta de transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos destinados para dicho propósito.

Señalan que las inconsistencias se presentan en la adquisición irregular de terrenos y predios, así como la autorización por parte del gobierno federal de partidas presupuestales, respecto de las cuales, se desconoce su uso y destino.

En virtud de ello, consideran la necesidad de exhortar al titular del ejecutivo de dicha entidad para que informe sobre la ejecución de los recursos destinados a dicho proyecto; así como para que se lleve a cabo una auditoría integral por las posibles irregularidades cometidas.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato, para que presente un informe pormenorizado en relación a la ejecución de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato, para que a través del Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad, realice una investigación integral por posibles irregularidades en la liberación del derecho de vía, en la compra de predios y terrenos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”, así como en la ejecución del proyecto.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados.

En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas y municipios, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, el Estado debe efectuar la obtención de bienes, arrendamiento de éstos, contratación de servicios y la realización de obras, con el fin de estar en posibilidades, conforme a las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales que correspondan, de cumplir con los fines públicos que le son inherentes; es decir, procurar contar con la infraestructura de bienes y servicios adecuados que debe prestar el gobierno a la sociedad en general, para que viva en un Estado social de derecho que permita promover, apoyar, orientar, facilitar y optimizar su desarrollo armónico.

En este orden de ideas, esta Comisión advierte que con la finalidad de proveer al estado de Guanajuato de una red de movilidad, el 27 de Septiembre de 2003 se inauguró en la Ciudad de León, el primer Sistema Bus Rapid Transit de la República Mexicana.

No obstante, el sistema al que hace referencia el proponente consiste en un proyecto de transporte que enlazará a todo el corredor industrial del estado, también conocido como bus exprés. Para ello, se ha celebrado un contrato con una empresa encargada de realizar un estudio de factibilidad del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano de Guanajuato.

En este sentido, autoridades del estado han manifestado que se podría aprovechar los terrenos que habían sido adquiridos para el proyecto del Tren Interurbano de Guanajuato.

Al respecto, esta Comisión advierte que el proponente manifiesta que existen diversas irregularidades en procesos vinculados con la construcción y operación de alternativas similares de movilización llevados a cabo durante años anteriores.

Coincidiendo con el proponente en la importancia de la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, se considera oportuno exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, para que remita a esta Soberanía un informe respecto de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe en relación a la ejecución de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita al Banco de México un informe sobre las razones por las que sus informes profundizan sobre la evolución de la actividad económica, con énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, a informar sobre la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el Banco de México, informen al Congreso de la Unión sobre la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.

En la citada Proposición se argumenta lo siguiente:

1.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció, el 20 de mayo último, un nuevo ajuste a la baja de sus pronósticos sobre la tasa de crecimiento de la economía. Este, que representa el octavo ajuste en lo que va del sexenio actual, pasó del rango de 3.2/4.2 al rango de 2.2/3.2.

2.- Pocos días antes, el Banco de México también había realizado otro ajuste a su pronóstico de crecimiento del PIB del presente y próximo año señalando al efecto que “las previsiones para el crecimiento de la economía mexicana en 2015 y 2016 se ajustan a la baja. Para 2015, el intervalo de crecimiento para el PIB se revisa de uno de 2.5 a 3.5 por ciento a uno de 2.0 a 3.0 por ciento. Para 2016, se modifica el intervalo para la tasa de expansión del PIB de uno de entre 2.9 y 3.9 por ciento a uno de entre 2.5 y 3.5 por ciento” como se aprecia en su informe.

3.- Comparado con los cálculos realizados por algunos participantes del sistema bancario y financiero del país, el porcentaje de error de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el más alto de todos los pronósticos más importantes que se presentan en el ámbito de los especialistas. Pero también resalta el alto porcentaje de error que presentan los cálculos del Banco de México.

4.- Las explicaciones oficiales al respecto, de ambas instituciones, son en extremo muy generales, solo ofrecen descripciones de lo que está ocurriendo, y más bien parecen ser una cortina de humo para desfocalizar su fracaso en el crecimiento y su éxito en el aumento del déficit público, que al primer trimestre del 2015 se encuentra el orden de 100,417 millones de dólares, a pesar que la recaudación fiscal ha aumentado en un 32 por ciento.

5.- En realidad, la frecuencia de estas y otras inconsistencias han funcionado como pretextos para la aplicación de programas de austeridad que afectan a la mayoría de mexicanos, así como el diseño de políticas económicas promotoras de la desaceleración de la economía, reflejadas en el creciente desempleo y en salarios que son de los más bajos en el mundo occidental. Es tan grave esto, que inclusive, voceros del propio sector privado, como es el Centro de Estudios Económicos y Sociales propone la creación de más y mejores empleos dado que hay en el país 6 millones 215 personas desocupadas o subocupadas y que no menos del 21% de la PEA está en condiciones inadecuadas para mejorar sus salarios.

6.- Lamentablemente, estas prácticas de anunciar pronósticos alzados, luego corregidos a la baja, -- que junto con las solas descripciones de los fenómenos económicos externos -- parecieran ser el contenido vertebral de la política económica del régimen vigente, están produciendo serias afectaciones a los ingresos familiares y al presupuesto de infraestructura.

Así se vio cuando la SHCP pronosticó 3.9% de crecimiento del PIB para el año 2014, luego ajustó el pronóstico al 2.7% y lo real es que terminó en casi 2.0%. Es decir tuvieron un error de desviación por encima del 30%.

A pesar de lo contundente de la realidad, las autoridades fiscales ofrecieron un pronóstico de 3.7% de crecimiento del PIB para el 2015, que también acaba de ser recalculado a la baja.

7.- Los persistentes anuncios de optimismo de crecimiento que los funcionarios responsables de las políticas monetaria y fiscal han venido haciendo en el presente sexenio van en sentido contrario con los resultados que se han venido obteniendo en el mismo período, como lo demuestran los hechos.

Los autores de la política económica se dedicaron a producir instrumentos que administren los resultados de estas variables, mas no a crear nueva riqueza económica interna. Cuando la combinación de estos factores genera resultados adversos, inmediatamente cobran el faltante al país y a las familias mexicanas tal como lo han anunciado con sus recortes.

Ya se está haciendo el recorte para el 2015 de 124 mil millones de pesos, que representan unos 8,200 millones de dólares. Para el 2016 habrá otro por 135 mil millones de pesos, unos 9,300 millones de dólares. En otras palabras, las familias mexicanas pagarán un rescate de 17,510 millones de dólares, para resolver el déficit.

En realidad, el modelo económico vigente, es obsoleto, es productor de pobreza, ha colocado a la economía familiar en focos rojos. Y sus metodologías también, se requiere un modelo económico nuevo, que incluya el bienestar de las familias mexicanas y no el caprichoso equilibrio de una teoría económica alejada del interés social y aniquiladora de un sano crédito productivo de expansión.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito público así como al Banco de México a informar a esta soberanía, la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del producto interno bruto.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, realizando al efecto, las siguientes observaciones:

1. Los miembros de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que la situación económica del país es apremiante, y los continuos ajustes en las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto afectan no solo al ánimo colectivo, sino en las expectativas de inversión a corto plazo.

2. Por otra parte, a los miembros de esta Tercera Comisión nos llama la atención que tanto la autoridad hacendaria como el Banco de México, utilicen un rango de crecimiento esperado en vez de una cifra puntual.

3. Creemos que esta decisión se justificaría, en todo caso, para que una vez proporcionado el intervalo esperado de crecimiento, éste no se modificara en el futuro, pues cabe señalar que la amplitud del mismo es de un punto porcentual, sin embargo, tal y como lo señala el proponente, tanto la Secretaría de Hacienda como el propio Banco de México han reducido sus expectativas de crecimiento, reduciendo el intervalo en un punto porcentual adicional, es decir en un rango del 2.2 al 3.2 por ciento.

4. Resulta importante señalar que existen diversas preocupaciones dentro de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del propio Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, en torno a la metodología que siguen las autoridades de nuestro país para elaborar los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana.

5. No obstante lo anterior, es necesario atender las funciones que desempeñan cada una de las entidades públicas a las que se desea exhortar, ya que aun cuando la finalidad de sus cálculos es la de obtener un estimado del crecimiento del PIB, dicha actividad se realiza en cumplimiento a los mandatos legales específicos que tiene cada una de ellas. En el caso del Banco de México, conforme lo establecen los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, su mandato consiste en preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual redunda en un mayor bienestar de la población.

6. Si bien el mandato del Banco de México es efectivamente la preservación del poder adquisitivo de la moneda mexicana, dicho Instituto Central dedica un espacio considerable en sus Informes Trimestrales a explicar la coyuntura de la actividad económica. Asimismo, en dichos Informes el Banco de México pone gran énfasis en los pronósticos no sólo de la inflación, sino también del crecimiento del PIB. En efecto, el Banco de México publica su pronóstico de la evolución del PIB en los Informes Trimestrales, apegado a fechas específicas que son dadas a conocer al público con antelación.

7. Asimismo, los pronósticos que presenta el Banco de México sobre el futuro desempeño de la actividad económica son publicados en forma de un intervalo, y no de manera puntual.

8. Ante esto, resulta necesario comprender el contexto en el que, en función del mandato Constitucional del Banco de México de preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, éste dedica recursos a elaborar pronósticos sobre el crecimiento del PIB.

En virtud de las consideraciones vertidas; la preocupación del Senador Robles Montoya, así como las demás expresiones dentro de este Honorable Congreso de la Unión, esta Comisión cree pertinente solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado en donde se explique de manera puntual a esta Soberanía sobre las metodologías que sigue para el cálculo de su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, y al Banco de México un reporte que explique las razones por las que, en el contexto de su mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, sus Informes no sólo explican la evolución de la inflación, sino que profundizan sobre la evolución de la actividad económica con énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. En este contexto, también resultaría procedente solicitar que explique las razones por las que dichos pronósticos se presentan en intervalos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe referente a los pronósticos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de México, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe en el que detalle las razones por las que, en el contexto del ejercicio de su mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, sus informes, además de explicar la evolución de la inflación, profundizan sobre la evolución de la actividad económica con énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. Asimismo, explique las razones por las que dichos pronósticos se presentan en intervalos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe sobre las características de fabricación de las más de seis mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno de Guanajuato a que informe sobre 6 mil láminas compradas a la empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V y si representan un peligro para la salud, presentada por Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 27 de mayo de 2015.

2.- El 28 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice un informe respecto de la compra de 6 mil láminas para mejora de viviendas en lugares de escasos recursos,  por las siguientes razones:

I. El artículo 4º constitucional establece el derecho a la salud y a disfrutar de una vida digna y decorosa.

II. En octubre de 2014, el gobierno de Guanajuato realizó una licitación pública para la compra de diversos materiales de construcción, entre ellos, láminas termo acústicas.
III. Al final de la licitación, el gobierno de ese Estado, adquirió 6,144 piezas a la empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V.

IV. Según, el punto de acuerdo, el Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT determinó que esas láminas contienen 7 gramos de plomo por cada kilo, lo que puede llegar a ser nocivo a la salud.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina. Esta Comsión considera de vital importancia el respeto a los derechos humanos y sobre todo, si ello implica la dignidad de las personas. En el caso, se encuentra en juego, como lo dice el punto de acuerdo, “la protección de la salud y el disfrute de una vida digna y decorosa”, que podría ser amenazada.

En ese sentido, se concuerda con los legisladores que cualquier hecho en el que exista duda de que se pudiera atentar en contra de la salud o bienestar de la sociedad debe ser relevante y debe atenderse. En el caso, la compra de cualquier tipo de material, realizada por cualquier entidad gubernamental, para fines sociales, debe ser supervisada de forma estricta para que no quepa la menor duda de que traerá a los usuarios un beneficio y no afectará su salud.

En el caso, “el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal hasta el momento ha repartido alrededor de 600 láminas a familias vulnerables”.  En el mismo sentido, el punto de acuerdo afirma que “de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT […] contienen 7 gramos de plomo por cada kilo, lo cual puede provocar enfermedades”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, así como especificar si su contenido de plomo representa un peligro para la salud de los beneficiarios.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a la Contraloría General de Estado de Baja California a remitir un informe sobre los avances de la investigación realizada en torno al proceso de licitación para el suministro de licencias de conducir.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

a. Punto de acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Contraloría General del estado de Baja California a informar de la investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el “Suministro de licencias de conducir para el estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

Los proponentes manifiestan que en 2014, el Gobernador del estado de Baja California anunció que se llevaría a cabo la implementación de un nuevo modelo de expedición de licencias de conducir, el cual incorporaría la tecnología denominada biometría multimodal.

No obstante, consideran que desde el inicio del proyecto se han presentado diversas irregularidades, dentro de las que mencionan: la cancelación del proceso de licitación por falta de recursos; una nueva presentación de la licitación con la participación de cuatro empresas; así como la posterior adjudicación a una empresa que consideran no representa la mejor opción del mercado.

Refieren que ante esas circunstancias, el Congreso de esa entidad resolvió, en su momento, llamar a comparecer al Titular de la Secretaría de Finanzas y al Oficial Mayor del Estado para que rindiera cuentas sobre la licitación.

Señalan que el Contralor General de la entidad también habría iniciado una investigación sobre el particular, respecto del cual, aún se desconocen sus alcances.

Por lo anterior, y al estimar que no fueron agotadas todas las instancias necesarias para garantizar el mejor precio en la prestación del servicio señalado, los proponentes consideran necesario exhortar a la Contraloría General del Estado a que informe de la investigación realizada en torno al proceso de licitación para el suministro de licencias de conducir en la entidad.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Contraloría General del Estado de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones presente ante esta Soberanía Nacional, el informe de la investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California, para que solicite al Órgano Fiscalizador del Estado una auditoría integral al proceso de licitación de licencias de conducir y, en caso de acciones u omisiones, se proceda conforme a derecho.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar que el uso de los recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas y municipios, se lleve a cabo con total eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, debiendo ser utilizados para los objetivos a los que estén destinados.

Ello es congruente con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, los cuales establecen la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad, y conforme a los principios previamente mencionados, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

Asimismo, la Constitución local dispone que las adquisiciones y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones y convocatorias públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En el mismo sentido, cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se deberán establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio.

En este orden de ideas, esta Comisión advierte que los proponentes manifiestan que los preceptos antes descritos, han sido vulnerados a través de diversas irregularidades presentadas durante el proceso de licitación para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”.

Al respecto, los integrantes de esta Comisión advierten, que conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, para la contratación del servicio previamente citado, se iniciaron los procedimientos previstos por el artículo 21 de la Ley.

Como lo señalan los proponentes, el 22 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria de Licitación, en la cual se establecieron los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y plazo para pago, penas convencionales, anticipos y garantías.

De las declaraciones de los servidores públicos a cargo de estos procedimientos, esta Comisión advierte que en el proceso participaron cuatro licitantes; que el Comité de Adquisiciones de la Oficialía Mayor llevó a cabo la revisión de las propuestas técnicas recibidas, dando como resultado que declaró que dos de las empresas participantes no cumplieran con lo solicitado, por lo que se desecharon sus propuestas.

Que dicho Comité dictaminó que la empresa ganadora, fuera aquella que ofreció un costo menor por licencia, por lo que con fecha 4 de julio de 2014, se firmó con esa empresa el contrato respectivo para suministrar licencias de conducir,  a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal.

Por otro lado, como lo señalan los proponentes, con fecha 7 de agosto de 2014, el Congreso del Estado de Baja California, aprobó un punto de acuerdo por el cual se citó a comparecer al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a fin de que explicara el proceso de licitación para el suministro de licencias de conducir para el Estado. No obstante, hasta el momento el Congreso local no ha requerido al órgano de fiscalización el inicio de proceso alguno por el cual aduzca alguna irregularidad durante la licitación.

Sin embargo, como se refiere en la propuesta, la Contraloría General del estado, en ejercicio de sus atribuciones, inició una investigación para garantizar que las adquisiciones y los servicios referidos se hubieren realizado conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Coincidiendo en la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, para que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, garantizando a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados, esta Comisión conviene en exhortar a la Contraloría General de la entidad para que presente ante esta Soberanía un informe sobre los resultados de la investigación realizada en torno al proceso de licitación previamente detallada.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja California, que en un término no mayor a 15 días naturales y en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe sobre los avances de la investigación realizada en torno al proceso de licitación para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a realizar una auditoría de los recursos asignados a los programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada Contra el Hambre, 3x1 Migrantes y Gestores Voluntarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios en el estado de Veracruz, del Diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 20 de mayo de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la coordinación de diferentes instituciones gubernamentales, con el fin de informar e investigar el destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 y 2014 de los programas de los Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios en el estado de Veracruz.

La propuesta en estudio señala diversas violaciones que se cometieron por la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, así como por el Delegado en Veracruz de la Secretaría antes mencionada.

Uno de los acontecimientos irregulares señalado por los proponentes fue el desvío de los recursos de los Jornaleros Agrícolas, ya que éstos presentaban el trámite correspondiente ante la SEDESOL para ser beneficiario del programa el cual era aprobado, pero los recursos se entregaron en tarjetas bancarias a granel en Veracruz. De esta forma los funcionarios podían hacer uso directo de las tarjetas, falsificando la firma de los beneficiarios y retirando recursos de manera ilícita.

El proponente expone que es de fundamental importancia transparentar los procedimientos de entrega de recursos destinados a beneficiarios de los programas sociales que implemente la Secretaría de Desarrollo Social.

Por último el proponente precisan también que “Es un acto abominable que la SEDESOL Veracruz, sea cual sea la intención por la que esos recursos no llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del empobrecimiento de la población que debía ser beneficiada por los diversos programas de la institución. Es necesario entender que programas de apoyos como el destinado a Jornaleros, puede ser la única oportunidad que tengan estas personas de impulsar su desarrollo laboral y económico. Es decir, esta Delegación de la SEDESOL está minando el futuro de los beneficiarios en el Estado Veracruz.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO.- Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a realizar una auditoría a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en lo particular al uso del destino de la totalidad de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios en lo concerniente al destino de los recursos de los años 2013 y 2014 e informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar que informe a esta Soberanía sobre el cobro de las tarjetas bancarias asignadas a todas las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz en lo concerniente al destino de los recursos de los años 2013 y 2014, así como copia de la totalidad de los cheques expedidos a los beneficiarios de estos programas, con la información en video del día y la sucursal donde fueron cobrados.

TERCERO.- Solicitar a la Procuraduría General de la República para que informe a esta Soberanía a través de la fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, los avances de la investigación que solicitó el Partido Acción Nacional sobre los hechos descritos en el presente Punto de Acuerdo.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

D. México ha tenido avances significativos en el desarrollo e implementación de programas sociales destinados a las personas que en verdad necesitan el apoyo institucional como lo son personas en estado de vulnerabilidad económica, campesinos, pescadores, agricultores y personas que cuenten con las características de los programas implementados.

En ese sentido, es importante garantizar y brindar certeza jurídica de que los programas sociales que se implementen por parte de la SEDESOL, esto con el fin de que los beneficiarios no sean engañados o manipulados con una supuesta ayuda, que no se entrega de forma idónea por fraudes y desfalcos realizados por los mismos funcionarios públicos que se encargan de implementar y vigilar los programas sociales.

Con motivo de lo anterior y fundada en las denuncias y señalamientos presentados para la aclaración y sanción de los funcionarios responsables, el proponente señaló como fundamental la actuación de la Procuraduría General de la República en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de sus respectivas competencias.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en vigilar, regular y sancionar a los funcionarios públicos responsables de desvíos, fraudes y desfalcos que se realicen a los programas sociales. Es por ello que, se considera necesario hacer mención de las atribuciones que estable de normatividad mexicana a las autoridades citadas con antelación.

1. En cuanto a la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su primer artículo que a la letra dice:

Artículo 1….

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Bajo el tenor del artículo ya mencionado se entiende que es responsabilidad de esta dependencia velar por el cumplimiento cabal de los ordenamientos jurídicos que tipifique conductas atípicas en la sociedad, esto con el fin de armonizar las conductas sociales y mantener la paz.

Es por ello, que en caso de actualizarse cualquier tipo penal cometido por un servidor público, resultado del desfalco, fraude o desvío de recursos federales, es menester de dicha dependencia encargarse de la investigación y sanción de los responsables, máxime que existen pruebas presentadas para la apertura de la averiguación previa correspondiente.

De esta manera la que dictamina concuerda con el proponente, al hacer un llamado a la Procuraduría General de Justicia para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia informe el estatus de las acciones promovidas por el Partido Acción Nacional contra los servidores públicos probablemente responsables de desvíos y fraudes realizados en los programas implementados por SEDESOL con recursos federales. Esto tomando en cuenta que la unidad mencionada es competente para llevar a cabo dichas investigaciones según el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

2. Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales se encuentra facultada para:

Artículo 79. …

… La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

Asimismo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorga atribuciones que la facultan para:

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en el artículo 42 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados.

La Auditoría Superior de la Federación deberá acompañar al requerimiento los documentos o evidencias presentados por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las entidades fiscalizadas. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación.

1. Por lo que respecta a la Comisión Bancaria de Valores, la Ley que regula dicho órgano desconcentrado establece en su cuarto artículo las facultades de la Comisión de las cuales sirven como fundan la petición del proponente las siguientes:

Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:

I. a VII…

VIII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera;

IX. a XXVI…

XXVII. Llevar el registro de centros cambiarios y de transmisores de dinero y, en su caso, modificar o cancelar las inscripciones o anotaciones que se contengan en dicho registro, en los términos que establecen las propias leyes, así como expedir las bases relativas a su organización y funcionamiento y a la obtención de las inscripciones correspondientes, y

Derivado de la normatividad citada, en su competencia respectiva se encuentran facultados los órganos citados por el proponente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, esclarecer las irregularidades mencionadas y sancionar a los servidores públicos responsables de dichas anomalías y en su caso iniciar un procedimiento penal en su contra.

De acuerdo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar a la Procuraduría General de la Republica, la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proteger y garantizar el buen funcionamiento de los Programas de Jornaleros Agrícolas, el Programa de Empleo Temporal, el Programa de 3x1 Migrantes y el Programa de Gestores Voluntarios en el estado de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría a los recursos federales asignados a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios; e informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe a esta Soberanía sobre las medidas de seguridad para garantizar el cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía, en caso de ser legalmente procedente y con pleno respeto a la confidencialidad de las averiguaciones previas, el estatus de la investigación sobre el probable uso indebido de recursos públicos en los programas señalados en el presente Punto de Acuerdo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos una reunión de trabajo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos considerar los antecedentes de las empresas preclasificadas en el proceso licitación de la Ronda Uno, presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.


II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“De acuerdo con las bases del proceso licitatorio CNH-R01-L01/2014, el próximo 15 de julio se realizará la apertura de las propuestas presentadas por las empresas y consorcios interesados en celebrar contratos de explotación de catorce áreas de explotación en aguas someras y, acto seguido se realizará la declaración de ganadores. Esta etapa decisiva del proceso resulta preocupante, toda vez que en ningún momento se ha hablado de la falta de transparencia respecto de los antecedentes de las empresas que aprobaron la preclasificación en mayo pasado.
La causa de nuestra preocupación son los representantes de los vicios de la industria petrolera moderna, dentro de las 26 empresas precalificadas. Estos vicios se refieren al daño ambiental, la corrupción e incluso la capacidad de desestabilizar sistemas políticos enteros, pues su poderío y vastísima capacidad en materia de capital, son herramientas que en ocasiones pueden sobreponerse a los intereses de los Estados. Ninguno de estos aspectos ha sido discutido en el proceso licitatorio y, por tanto, se ha pasado por alto garantizar la mayor obtención de recursos para el Estado”

A manera de ejemplo, algunos de los escándalos en que se han visto involucradas las empresas precalificadas son: Petrobal, BG Group Mexico Exploration SA de CV, ENI International BV, Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V, Ecopetrol, SA., PETRONAS Carigali, Glencore E&P (MEXICO) LTD, ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V.

“Resulta preocupante que estas empresas, que tanto daño han causado hayan quedado dentro de la lista de precalificadas para la primera licitación de la Ronda Uno. Asimismo, preocupa la posterior interacción entre las débiles instituciones mexicanas, colmadas de corrupción, y el gran capital de las petroleras extranjeras. Un ejemplo, de acuerdo con los más recientes datos aportados por la consultora E&Y, México es la nación de América Latina con más casos de sobornos para hacer negocios. Un 60% de los directivos de grandes compañías declaran que las prácticas corruptas ocurren con regularidad dentro de sus empresas, mientras que un 39% declaró que lo sobornos son usados de firma regular para obtener contratos.

El mismo estudio señala que, a nivel mundial, México ocupa (penosamente) la segunda posición por índice de impunidad (IGI), sólo después de Filipinas. Las prácticas corruptas crecen en espiral ante un escenario de absoluta impunidad como el mexicano. Con estas variables en consideración es altamente probable que violaciones sistemáticas de derechos laborales, medioambientales, así como despojos y usurpación de tierras campesinas y asignación de contratos petroleros de forma discrecional y corrupta se vuelvan mucho más comunes de lo que imaginamos.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a que, en la “Ronda Uno” considere dentro de los criterios para la declaración de ganadores para la celebración de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, los antecedentes de respeto al marco normativo por parte de las empresas competidores, en particular en lo relativo a la protección del medio ambiente y el combate a la corrupción.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la primera licitación de la Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con la proponente en la preocupación de los antecedentes como daño ambiental y corrupción en los que se pudieran haber involucrado las empresas que aprobaron la preclasificación para su participación en la licitación de la Ronda 1.

Como bien lo señala la proponente, los procesos de licitación deben llevarse a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos.

Del mismo modo, el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos manifiesta que los interesados en presentar propuestas deberán cumplir con los criterios de precalificación respecto de los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia, en los términos señalados en los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Energía.

El artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos establece lo siguiente:

Artículo 25.- Contra las resoluciones mediante las cuales se asigne al ganador o se declare desierto el proceso de licitación de Contratos para la Exploración y Extracción, únicamente procederá el juicio de amparo indirecto.

 Los actos relacionados con el procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción se consideran de orden público e interés social.

Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o celebrar Contratos para la Exploración y Extracción con quienes:

I. Se encuentren inhabilitados o impedidos por autoridad competente para contratar con autoridades federales, en términos de las disposiciones aplicables;

 II. Tengan incumplimientos graves pendientes de solventar respecto de Contratos para la Exploración y Extracción adjudicados con anterioridad;

 III. Utilicen a terceros para evadir lo dispuesto en este artículo;

 IV. Presenten información falsa o incompleta. En este último caso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos prevendrá, por una sola vez, a los interesados para que subsanen la omisión dentro del término que para tal efecto se establezca, y

V. Las demás que se establezcan en las bases de licitación.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar el fallo para adjudicar un Contrato de Exploración y Extracción si se comprueba que la información presentada por el participante ganador durante la licitación es falsa. En dicho caso el contrato resultante se considerará nulo de pleno derecho.

Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitir las bases que se observarán en el procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción. Lo anterior, siguiendo los lineamientos técnicos y económicos relativos a los términos fiscales que emitan las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. Asimismo, realizar las licitaciones para la adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción.

Como lo señala el artículo 27  Constitucional el  petróleo y  los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible. En este tenor, los miembros integrantes de esta Comisión, consideramos que la puesta en marcha de dicha reforma, nunca deberá poner en riesgo los recursos nacionales, y deberá garantizar la mayor obtención de recursos para el Estado.

El sector energético puede ser una gran palanca de desarrollo nacional y un detonador del crecimiento económico, o puede ser un gran generador de conflictos, corrupción y escándalos.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, consideramos oportuno solicita a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, en un término no mayor a 15 días naturales, con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a realizar un estudio de viabilidad para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el estado de Campeche.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad a realizar un estudio de las condiciones climáticas y económicas de los habitantes del estado de Campeche y a determinar la clasificación justa de las tarifas eléctricas, presentada por el Diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Por otra parte, también se turnó la proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE)  informe de los beneficios de la disminución de las tarifas eléctricas y su impacto sobre la productividad y competitividad de la industria; presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.

Asimismo, se turnó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las áreas pertinentes a realizar los estudios de viabilidad a fin de fijar la tarifa preferencia “1F” para consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en el estado de Sinaloa para el periodo de verano durante los próximos 10 años; presentada por el Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1. Primer punto de acuerdo. La proposición respecto a las tarifas de CFE en Campeche fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Segundo punto de acuerdo. La proposición respecto de los beneficios de la disminución en las tarifas por parte de CFE, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Tercer punto de acuerdo. La proposición respecto a las tarifas de CFE en Sinaloa fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Primer punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a las tarifas de CFE en Campeche, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El estado cuenta con temperaturas promedio de más de 30 grados Celsius, en tanto que tiempo atrás, la temperatura media anual era de 26 a 27 grados. Ahora, se registran temperaturas promedio, mucho mayores a los 30 grados Celsius la mayor parte del año, llegando a alcanzar por momentos, hasta 40 grados a la sombra. En verano, la media mínima rebasa los 31 grados Celsius. En Campeche las temperaturas son elevadas la mayor parte del año, por lo que se obliga a utilizar sistemas de enfriamiento y ventilación, que ocasiona un consumo mayor de energía.

Derivado del tema de temperatura es urgente que la CFE revise la aplicación de las tarifas en Campeche, a fin de que apliquen las de mayor subsidio a los usuarios, dadas las altas temperaturas registradas en la zona y contribuir con ello al impacto en la economía de las familias, ya que bajo estas temperaturas los habitantes se ven obligados a utilizar algunos aparatos que consumen energía eléctrica para mitigar el calor.”

“La CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano. Porque en los lugares con temperaturas más altas se utiliza más electricidad.”

Por lo anterior “deben ser analizadas las condiciones particulares del estado; como  la temperatura promedio de la entidad, la zona salarial, la situación económica de la región y la aportación que hace Campeche en cuanto a recursos naturales, especialmente energético.

De igual manera es necesario que se sustituya el rango actual tarifario por otro que permita hacer frente con equidad y justicia a las condiciones de rezago y marginación que prevalecen en muchos sectores de la población ya que la mayoría de sus habitantes no tienen una percepción económica elevada.”

B. Segundo punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a los beneficios que ha traído la disminución de las tarifas de CFE, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Que para la mayoría de las empresas y comercios del país, la electricidad representa un insumo indispensable e insustituible para su operación cotidiana y en sectores como el acerero o el metalmecánico, este energético representa hasta el 40% de sus costos totales de producción […]

“El 31 de mayo de 2015, la CFE emitió un Boletín de Prensa, en el que se especifica que “Continuará la disminución de tarifas eléctricas en México”, lo anterior, en beneficio de la industria, el comercio, los hogares mexicanos”. En él se señala que “en junio de 2015, las tarifas aplicables al sector industrial, en comparación con junio de 2014, disminuirán entre 25% y 35%; para el sector comercial, se registrarán bajas de entre 11% y 22%, y en el caso del sector doméstico del alto consumo, la tarifa se reducirá en 10.8%”

Lo anterior, “podría impulsar en los próximos años un crecimiento adicional del 0.5% del Producto Interno Bruto del país”.

C. Tercer punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a las tarifas de CFE en Sinaloa, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“…debemos tener en cuenta que existen rezagos históricos y pendientes que resulta urgente que se puedan atender, a fin de permitir que en lo inmediato sean parte de la reciente reforma en la materia, e incluso también es necesario que se impulsen diversas medidas indispensables para concretar una retabulación de las tarifas eléctricas en todo el país, y particularmente en el Estado de Sinaloa, ya que todo el Estado requiere contar de la tarifa preferencia de verano 1F.

En consecuencia, la presente Proposición se orienta a dar una respuesta definitiva a la amplia demanda social de tarifas eléctricas más justas y que tienen como objetivo principal concretar beneficios palpables en el bolsillo y el bienestar de la mayoría de la población y muy especialmente en el Estado de Sinaloa, que honrosamente represento; además, significa un esfuerzo importante desde el Congreso de la Unión para armonizar las nuevas disposiciones jurídicas aprobadas por esta soberanía en materia de energía eléctrica.”

“En ese sentido, Sinaloa en los últimos diez años ha ocupado el primer lugar como el estado con mayor temperatura promedio en el año de todos los estados del país, pero también es de los estados que más paga por el otorgamiento de ese servicio, lo cual en los últimos tiempos, se convierte en una situación muy difícil para su población.”

“Por lo anterior, tenemos que tener mucha sensibilidad para comprender la relación intrínseca que existe, entre las cuestiones climáticas y el cobro de tarifas de la electricidad, misma que pretendo compartir con ustedes, ya que tenemos que en los últimos once años, Sinaloa ha alcanzado los 33° centígrados promedio por año y en ese mismo lapso, dentro del periodo establecido actualmente como de verano entre los meses de mayo y octubre, tuvo un promedio de 35.5° centígrados, y durante los meses de abril a noviembre la temperatura promedio ha fluctuado en los 34.8° centígrados. En ese sentido, es que la tarifa eléctrica 1F según los criterios establecidos por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aplicará en los Estados o regiones donde las temperaturas de verano promedien 33° centígrados como mínimo, durante dos meses consecutivos en por lo menos tres años de los últimos cinco años.”

“Es muy importante destacar, que en los temas que están vinculados de manera intrínseca aquí descritos, que para este año 2015 el Titular del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a través del Acuerdo 015 /2014 estableció como tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos 1, 1A, IB, 1C, ID, 1E y 1F, y en donde en el caso de la TARIFA 1F, se estableció para el caso del servicio doméstico para localidades con una temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, razón por la cual, el Estado de Sinaloa estaría en el supuesto de ser una Entidad Federativa que se pueda beneficiar de ese tipo de tarifa, ya que la totalidad de sus localidades están dentro de la temperatura media mínima en Verano de 33 grados centígrados.”

D. Primer punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “A” anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones realicen con urgencia un estudio de viabilidad para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el estado de Campeche.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar un ajuste equitativo a las tarifas de electricidad en el estado de Campeche velando por la economía de las familias campechanas. 

E. Segundo punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “B” anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

“Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, envíe a un Informe de los beneficios de la disminución en las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y el comercio, en la generación de más y mejores empleos y en el gasto de los hogares más pobres del país”.

F. Tercer punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “C” anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a las áreas pertinentes de las Secretarías de Energía, Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a las de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, para que realice los estudios de viabilidad a fin de fijar a la brevedad la Tarifa preferencial 1F para consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en el Estado de Sinaloa, para el periodo de verano durante los próximos 10 años; así como para que las instancias respectivas, determinen la ampliación del periodo de vigencia de la tarifa de verano de seis a ocho meses, del mes de abril a noviembre de cada año, en el Estado de Sinaloa.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que una vez que se haya concretado el cambio de tarifa, realice las gestiones pertinentes a fin de que se aplique de forma automática a los usuarios del Estado de Sinaloa dicho cambio, y así se logre una reducción de los precios de la energía eléctrica.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con los proponentes en la preocupación del incremento del importe del estado de cuenta del recibo de la luz, al verse afectado  por  temperaturas altas. Es decir, entre más calor, muchos aparatos tienen que mantenerse encendidos gran parte del tiempo como es el caso del aire acondicionado.
Como bien se menciona, la CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican a distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano:

1

Servicio doméstico

1A

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados.

1B

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados.

1C

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados.

1D

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados.

1E

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados.

1F

Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.
 DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo

Del mismo modo, en observancia al incremento del consumo que se presenta en temporada de verano que es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, existe la tarifa de verano.

Asimismo existen tarifas específicas en apoyo al campo:

9

Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión.

9M

Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión.

9CU

Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único.

9N

Tarifa de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola

Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentra la de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan estipulado en el artículo 31, fracción X.

La misión de la Comisión Federal de Electricidad es prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.

En contraposición con el punto de acuerdo anterior, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional han determinado la existencia de avances en materia de ahorro en electricidad. Así, se afirma en el contenido de la proposición lo siguiente:
● En junio de 2015, las tarifas aplicables al sector industrial, en comparación con junio de 2014, disminuirán entre 25% y 35%; para el sector comercial, se registrarán bajas de entre 11% y 22%, y en el caso del sector doméstico del alto consumo, la tarifa se reducirá en 10.8%.

● La reducción en las tarifas eléctricas se logró gracias a los esfuerzos realizados por la CFE en 2014, para sustituir combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel por fuentes de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente.

● En 2014, la CFE generó 165,165 Gigawatts-hora (GWh) de energía eléctrica. De esta energía, 37,491 GWh (23% del total) fue generada a partir de centrales hidroeléctricas. Esto representa un incremento de 40% con respecto a la energía hidroeléctrica generada en 2013

● Entre 2012 y 2014, la CFE logró reducir en 43% su consumo de combustóleo, pasando de 201,000 barriles diarios en 2012 a 111,000 barriles diarios en 2014.

● Se promueve, con el sector privado, la construcción de más gasoductos en el país, equivalentes a un incremento de 75% del Sistema Nacional de Gasoductos existente en el 2012.

● La baja en los precios de la electricidad podría impulsar en los próximos años un crecimiento adicional del 0.5% del Producto Interno Bruto del país.

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que de resultar procedente, se debe revisar la aplicación de las tarifas en Campeche y Sinaloa, a fin de que apliquen las de mayor subsidio a los usuarios, dadas las altas temperaturas registradas en la zona y contribuir con ello al impacto en la economía de las familias, ya que bajo estas temperaturas los habitantes se ven obligados a utilizar algunos aparatos que consumen energía eléctrica para mitigar el calor.

Sin embargo, en materia de tarifas eléctricas, es necesario considerar que en el Título Cuarto, Capítulo VI, artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedirá mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas para, entre otros servicios, el de operación de los suministradores de servicios básicos.

En el artículo 139 de la LIE, se establece que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

En el artículo 140 de la referida LIE se dispone que la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros, determinar tarifas reguladas para los suministradores de servicios básicos que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada.

En relación con la materia de que se trata en el presente documento, en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) se dispone que la CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios, tarifas reguladas y contabilidad regulatoria para la prestación del servicio público de transmisión y distribución, así como del suministro eléctrico en las modalidades de suministro básico y suministro de último recurso, operación del CENACE y servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 139 de la LIE determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de usuarios de suministro básico.

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera pertinente realizar el exhorto respectivo al estudio de viabilidad para la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Campeche y Sinaloa a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excluyendo a la Comisión Federal de Electricidad, por no ser la entidad competente para realizar el estudio en mención.

Por otro lado, la que dictamina coincide en que es necesario analizar de forma global y en conjunto los avances o logros que pueda tener la Comisión Federal de Electricidad como lo es la disminución de la tarifa eléctrica y su posible impacto en el sector industrial o en la generación de mayor recursos en beneficio del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones realicen a la brevedad posible un estudio de viabilidad para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el estado de Campeche, dadas las condiciones particulares de la entidad. De igual forma se realice el mismo estudio en el estado de Sinaloa para que de ser procedente, se fije en la entidad la tarifa preferencial 1F para consumo doméstico, para el periodo de verano durante los próximos 10 años; así como la ampliación del periodo de vigencia de la tarifa de verano de seis a ocho meses, del mes de abril a noviembre de cada año.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre los ajustes que se han realizado en las tarifas eléctricas a nivel nacional, así como los beneficios de la disminución en las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y el comercio; el impacto que ha tenido la política de reducción de precios en la electricidad, derivado de la reforma energética, y la prospectiva que se prevé a corto y mediano plazo, de la reducción de tarifas en todo el país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe con respecto a las observaciones realizadas en los contratos en que participó el Grupo Tradeco con el gobierno federal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los contratos que las dependencias y entidades del gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003 - 2012, así como exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.-En la Sesión del Peno de la Comisión Permanente celebrada el 26 de mayo de 2015, se presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En la Sesión del Peno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015, se presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

4.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

5.- En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015, se presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los contratos que las dependencias y entidades del gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003 – 2012. Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

7.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

A. Señalan los proponentes que la transparencia en el uso de los recursos públicos es una condición que abona al fortalecimiento de las instituciones públicas del país, toda vez permite un escrutinio de la sociedad sobre el correcto uso del dinero público por parte de los responsables.

Señalan que hacer uso eficiente de los recursos económicos de los que dispone la Federación, como mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico y del régimen de sanciones penales, observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Añaden que el mismo precepto jurídico en su párrafo tercero, establece que a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y calidad, la contratación de obras se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública.

Señalan los proponentes que en diversas ocasiones y contraposición al mandato constitucional, se adjudicaron diversas obras de manera directa al grupo Tradeco, como la construcción de la autopista Durango-Mazatlán y el Puente Baluarte Bicentenario, en donde según su dicho, en tales adjudicaciones, la Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por incumplimiento de normatividad.

Agregan que de acuerdo a lo dicho por diversos medios de comunicación, recientemente se revelaron irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea Militar en Zapopan, Jal., ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa “Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”, también propiedad del grupo Tradeco.

Concluyen afirmando que resulta impostergable que se conozcan la totalidad de los contratos que el gobierno federal celebró durante el período 2003-2012 con grupo Tradeco, con el objetivo de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las acciones necesarias para fincar posibles responsabilidades tanto administrativas como penales por el uso indebido e ineficiente de los recursos del erario público.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los siguientes puntos petitorios:

Resolutivos del 26 de mayo y 10 de junio de 2015:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoria Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 con Grupo Tradeco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública transparentar la cantidad y el nombre de los proyectos en los que participó Grupo Tradeco durante 2003-2012, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y exponer el estado que guarda la recuperación de dichos recursos.

Resolutivo del 24 de junio de 2015:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los contratos que las dependencias y entidades del gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003-2012.

CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:
Los legisladores integrantes de la Tercera Comisión compartimos la premisa referida por los proponentes, en cuanto a hacer uso eficiente de los recursos públicos de los que dispone la Federación, y que todos los servidores públicos sin importar el nivel de gobierno, ni si se trata de administraciones pasadas o actuales, deben observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Los miembros de esta Comisión estamos convencidos de que es necesario que se aclare y transparente la forma en que grupos constructores ejercen los recursos públicos que se les otorgan para el desarrollo de infraestructura, como es el caso de Grupo Tradeco y del Grupo Higa.

Consideramos que las autoridades de la administración pública deben coadyuvar al esclarecimiento del posible uso ineficiente o indebido de recursos públicos, tanto en el pasado, como en la actualidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado con respecto a las observaciones realizadas en los contratos en los que ha participado el  Grupo Tradeco con el Gobierno Federal.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales y en el marco de sus competencias.

Remitan a esta Soberanía un informe de los contratos en los que ha participado el Grupo Tradeco con el Gobierno Federal, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que de ser el caso, exponga el estado que guarda la recuperación de dichos recursos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita al gobierno del estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y aplicación del impuesto al hospedaje.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico, presentada por las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Roxana Luna Porquillo, así como el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la Proposición con Punto de Acuerdo a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tenía por objeto exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico, presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores proponentes argumentan en su exposición de motivos que Quintana Roo se ha posicionado como una de las Entidades Federativas con mayor afluencia anual de turistas nacionales e internacionales. Destacando, especialmente Cancún, como principal destino del país.

En ese tenor, los ingresos tributarios vía Impuesto al Hospedaje del 3 por ciento, juegan un relevante papel, pues, por ejemplo en 2014, las cifras de ocupación hotelera fueron cercanas al 80 por ciento y el Aeropuerto Internacional de Cancún registró arribos por 17 millones de pasajeros.

Establecen que en diciembre de 2013, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, a través de la Dirección de Programación y Control Presupuestal, informó al director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez, Jesús Almaguer Salazar, que el Congreso del Estado había aprobado un presupuesto por 175 millones de pesos para que se ejerciera en 2014.

Asimismo, los proponentes mencionan que los fideicomisos que venían operando para el fomento turístico fueron cambiados por tres nuevos fideicomisos: el Fideicomiso de Promoción Turística del municipio de Benito Juárez tendría a su cargo la atención de los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, éste último incluiría la promoción de la isla de Holbox.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la normatividad constitucional vigente en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y la aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad, y su impacto en el desarrollo turístico.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con las preocupaciones y motivaciones de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con los planteamientos de los legisladores proponentes en la importancia de que exista plena trasparencia en el ejercicio de recursos que se captan de la ciudadanía.

Para la Comisión dictaminadora es importante destacar que  Cancún es uno de los destinos turísticos más importantes del país, siendo de los favoritos por turistas extranjeros y nacionales.

Cabe señalar que el Congreso del Estado de Quinta Roo aprobó La Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2015, en donde se prevé una recaudación por el impuesto al hospedaje por la cantidad de 641, 977,154 pesos. Una parte de estos recursos se utilizarían para para el fomento al turismo a través de diversos fideicomisos.

La aplicación de algunos de los recursos no ha sido publicada por los canales oficiales del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y conforme a la visión de los legisladores proponentes, así como sabiendo la importancia de la transparencia en la ejecución de recursos, consideramos importante que se haga público el destino de la recaudación del impuesto al hospedaje en dicho estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente  al Gobierno del estado de Quintana Roo, con apego a las disposiciones en materia de transparencia, hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y la aplicación del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28  de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita información sobre los criterios para la aplicación del IVA a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la norma más favorable a las personas, tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26, presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

2) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a mantener una revisión constante para evitar abusos derivados de la aplicación del impuesto al Valor Agregado en productos alimenticios específicos, presentada por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio y 8 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

1.- Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La pretensión de incluir en el catálogo de los bienes susceptibles del cobro del impuesto al valor agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación es un caso típico de supremacía del principio de la interpretación más favorable a las personas. En efecto, la inconformidad generalizada que ha producido la medida anunciada por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de Internet obliga a poner encontraste la pretensión tributaria con el bloque o núcleo constitucional de derechos humanos recientemente incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“Frente a la aplicación mecánica de las facultades para imponer contribuciones de la autoridad fiscal, se opone la consideración de este asunto desde una perspectiva de derechos fundamentales. La autoridad encargada de recaudar los impuestos parte de la naturaleza de los alimentos y termina por analizar sus componentes para elaborar una lista con 18 comidas que considera preparadas que van desde los emparedados hasta los nachos que se oferten en tiendas de conveniencia, de cercanía, mini súper, tiendas de autoservicio o cualquier otro en los que se enajenen al público en general dichos productos encontrándose en los refrigeradores o en el área de comida rápida, según se trate.

El Sistema de Administración Tributaria lleva a cabo un análisis tomando en cuenta únicamente la combinación de los productos para dar lugar a lo que considera un alimento preparado sin realizar un enfoque a partir de los derechos de las personas. Es importante atraer la atención de la autoridad fiscal hacia el hecho de la vigencia de un nuevo paradigma en materia de derechos de las personas. En efecto, con fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas y adiciones a la Ley Fundamental entre las cuales destaca lo dispuesto en el artículo 1º que establece nuevas obligaciones y principios a cargo de la totalidad de las autoridades del país. En este sentido, el propósito de grabar a los alimentos que consumen los trabajadores preparados por ellos mismos en puntos de venta de abarrotes debe pasar el examen de las obligaciones consistentes en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.”
“El propósito anunciado el 16 de junio en la página de Internet de la dependencia fiscal es abiertamente contradictorio con la intención del legislador plasmada en el artículo 2º de la ley del IVA. Con toda claridad se puede observar que surgen ante esta medida dos interpretaciones: por un lado la de la autoridad con un claro afán recaudatorio y, por otro, el de los contribuyentes que buscan poner a salvo su menguada economía familiar. Cabe mencionar que el escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas que en distintos tonos han propuesto desde iniciativas de ley hasta consultas ciudadanas para recuperar el valor rezagado por décadas de los salarios de los trabajadores mexicanos.”

“Los impuestos pueden ser impopulares pero no violatorios de la Constitución. De ahí que por medio de esta proposición hacemos un llamado parlamentario a la autoridad fiscal para que, previa revisión serena e integral de la medida anunciada, tenga a bien abstenerse de aplicar contribución alguna a una fuente de satisfactores para la dieta de las familias de las y los trabajadores en nuestro país.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único. Se exhorta, con toda atención, el titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirva aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26.

1.- Punto de Acuerdo propuesto por el Diputado David Pérez Tejada Padilla.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El tema de los impuestos es un tema complicado tanto para la sociedad como para los policy makers (tomadores de decisiones), dado que los elementos que definen el concepto conllevan a una obligación tributaria como hecho impositivo al que no puede negarse el sujeto pasivo a quien precisamente, se le impone el pago del gravamen. 

La reglamentación del pago de impuestos debe contener reglas claras sobre los servicios y/o artículos que se sujeten a la norma, tanto para personas físicas como morales en sus respectivos ámbitos.”

“En México el gravamen a los alimentos se ha evitado para proteger a los consumidores en cuanto a productos de la canasta básica, considerando a los alimentos preparados como objeto gravable desde hace 15 años, de acuerdo con lo expresado por el titular del SAT en entrevistas a diferentes medios con fecha 25 de junio de 2015, en referencia a la publicación de la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26”, la cual indica que: 

Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini-súper”, tiendas de autoservicio y en general en cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se encuentran en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food” según se trate […] 

Lo anterior, se ha interpretado por los consumidores y medios de comunicación como una disposición que se aplica a los alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven, los cuales pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Como bien lo expresó el jefe del SAT, sólo se publicó una regla que aclara el pago del IVA para los artículos referidos, pues de no ser así, se continuaría con prácticas de competencia desleal, dado que tiendas departamentales y de autoservicio pagaban este impuesto, mientras que había tiendas de conveniencia que no lo aplicaban, dejando en claro que las tiendas de abarrotes y misceláneas quedan exentas de este impuesto, dado que se incluyen en el decreto que les ofrece a todos estos establecimientos inscritos en Régimen de Incorporación Fiscal un estímulo equivalente al IVA que ya no deben de trasladar al consumidor final.”

“Los precios aumentan de acuerdo a la diferencia que implica el aumento ya con el IVA del 16%, sin que ello signifique un costo exorbitante y que de ninguna manera puede considerarse como justificación para que dueños y/o empleados de las tiendas misceláneas, abarrotes, de conveniencia y demás establecimientos que oferten los artículos definidos en la disposición en comento, engañen y se aprovechen de los consumidores.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a que mantenga un monitoreo constante en los establecimientos que expendan los productos alimenticios referidos en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26 emitida por el Servicios de Administración Tributaria, a fin de evitar abusos en cuanto al aumento de los precios debido a la aplicación del IVA.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con los proponente en la preocupación de cómo afecta el gravamen a los alimentos que consumen los trabajadores en tiendas de conveniencia, debido a que este tipo de alimentos forman parte de la dieta de las y los trabajadores mexicanos y de sus hijos ya que los adquieren para satisfacer necesidades básicas durante su jornada de trabajo o de estudios.

La que dictamina coincide con el proponente en que los precios aumentan de acuerdo a la diferencia que implica el aumento ya con el IVA del 16% y de ninguna manera puede considerarse como justificación para que dueños y/o empleados de las tiendas misceláneas, abarrotes, de conveniencia y demás establecimientos que oferten los artículos definidos en la disposición en comento, engañen y se aprovechen de los consumidores.

Cabe señalar que el impuesto a los alimentos preparados no es nuevo, esto se encuentra establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA. El cual en su artículo 2o.-A fracción I, párrafo segundo establece:

Artículo 2o.-A.- …

I.- …

a). a i). …

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

En la Resolución Miscelánea Fiscal se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca.

Es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el Servicio de Administración Tributario expide dicho documento.

La Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 en su apartado 4.3.6 establece:

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación

4.3.6. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los que resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento, o bien, no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o cocción, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, siempre que se trate de los siguientes productos, con independencia de la denominación con que se comercialicen:

I. Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación.
II. Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o subs.
III. Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas.
IV. Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps.
V. Croissants, incluyendo los denominados cuernitos.
VI. Bakes, empanadas o volovanes.
VII. Pizzas, incluyendo la denominada focaccia.
VIII. Guisos, incluyendo las denominadas discadas.
IX. Perritos calientes (hot dogs) y banderillas.
X. Hot cakes.
XI. Alitas.
XII. Molletes.
XIII. Hamburguesas.
XIV. Bocadillos (snacks).
XV. Sushi.
XVI. Tamales.
XVII. Sopas Instantáneas.
XVIII. Nachos.

Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados, en las tiendas denominadas "de conveniencia" o de "cercanía", "mini súpers", tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general, y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida rápida o "fast food", según se trate.

Lo anterior ha generado confusión y preocupación entre los consumidores de dichos producto, incluso llegando a interpretarse como un nuevo impuesto.

La que dictamina coincide que es necesario se esclarezca la disposición anunciada en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 en su apartado 4.3.6 y en su caso aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía sobre los criterios para la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que mantenga un monitoreo constante en los establecimientos que expendan los productos alimenticios referidos en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26 emitida por el Servicios de Administración Tributaria, a fin de evitar abusos en cuanto al aumento de los precios debido a la aplicación del IVA.

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta al ayuntamiento de Cadereyta y al gobierno del estado de Querétaro, a realizar las acciones pertinentes que permitan cumplir la responsabilidad constitucional y contractual del pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores del ayuntamiento.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de Querétaro que establezca medidas para resolver los conflictos de trabajo suscitados con los trabajadores del sindicato del municipio de Cadereyta; presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido de Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina en la que se solicita al Gobierno de Querétaro que establezca medidas para resolver los conflictos de trabajo suscitados con los trabajadores del sindicato del municipio de Cadereyta,  establece como argumentos de su petición, los siguientes:

I. Alrededor de 162 trabajadores sindicalizados del municipio de Cadereitya, Querétaro, han expresado su inconformidad por la falta de diversos pagos por conceptos de sueldos, aguinaldos y prestaciones sindicales.

II. Los trabajadores sostienen que el municipio ha violentado el contenido de por lo menos 35 cláusulas de un convenio entre el sindicato y el ayuntamiento.

III. Entre las prestaciones que más preocupan a los trabajadores se encuentran las de salud, becas y pagos a la caja de ahorro. En particular, el tema de las cajas de ahorro ha sido un problema dado que desde que el Ayuntamiento no  otorga las prestaciones correspondientes, los participantes de la caja de ahorro han terminado en el buró de crédito y procedimientos de carácter mercantil.

IV. Los trabajadores denuncian que no sólo las condiciones económicas son irregulares para los trabajadores del ayuntamiento sino un problema generalizado en el ayuntamiento. Por ejemplo, no hay agua por falta del pago y se ha tomado por parte de Hacienda el planetario del parque Cirilo Anaya.

V. Algunos trabajadores decidieron iniciar procedimientos legales para el pago de las deudas por parte del municipio y fueron despedidos.

VI. Existen suficientes elementos para dudar del correcto actuar jurídico por parte del ayuntamiento hacia sus trabajadores y es necesaria la intervención del gobierno estatal.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Planeación y Finanzas a que se coordine con el Ayuntamiento de Cadereyta de Montes a fin estructurar un esquema financiero que permita cumplir con la responsabilidad constitucional y contractual para cubrir los salarios y prestaciones de sus trabajadores.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Querétaro para que a través de su Secretaría de la Contraloría o a través de las autoridades locales correspondientes investiguen y en su caso inicien los procesos administrativos o penales, en el ámbito de sus competencias, para  sancionar y consignar el incumplimiento a las normas legales del Presidente Municipal de Cadereyta de Montes en funciones”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la Senadora en el sentido de que todos los actos que se realicen por servidores de la Administración Pública Federal deben realizarse en el ámbito de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

En el mismo sentido, aún y cuando existan razones suficientes para realizar acciones como el despido de los trabajadores,  por una razón justificada, ello debe llevarse en el marco de la legalidad.

Esta Comisión coincide en la preocupación de la Senadora por los múltiples hechos que parecen darse al marco de la ley, ya que existe por lo menos un grupo de 162 trabajadores sindicalizados a los que se les deben diversas sumas por concepto de sueldos, aguinaldos y prestaciones sindicales.

Sin embargo, se difiere de la propuesta del punto de acuerdo en el sentido de exhortar sólo al gobierno del Estado para que resuelva la problemática laboral suscitada. En efecto, esta Comisión considera pertinente exhortar al municipio directamente en razón de que la fracción II del artículo 115 constitucional establece que “los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley”.

Independientemente de lo anterior, se considera viable que el Estado conozca de la situación que existe en el ayuntamiento, para que, en el marco de sus atribuciones,  realice las acciones que considere pertinentes respecto de los hechos planteados. 

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Cadereyta y al Gobierno del Estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes que permitan cumplir la responsabilidad constitucional y contractual del pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a realizar las auditorías de los contratos de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal con diversas empresas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad., presentada por el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 3 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó  la proposición con Punto de Acuerdo a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad, lo anterior en virtud de que los recursos federales sean ejecutados de manera correcta, además de fortalecer la credibilidad de las instituciones encargadas de supervisar la ejecución de recursos federales, como lo es la Auditoría Superior de la Federación.

Los legisladores proponentes argumentan en su exposición de motivos que en un régimen democrático como el que aspiramos a construir, el gobierno federal debe someterse al control de otros poderes que impida abusos en el ejercicio de sus funciones y que prevenga, persiga y castigue hechos de corrupción. En el debate académico y parlamentario, los dos instrumentos por excelencia con que el Poder Legislativo cuenta para controlar y vigilar las acciones del gobierno son las comisiones legislativas y la fiscalización superior de la Cuenta Pública.

En el diseño institucional de nuestra nación, el Congreso mexicano está facultado para ejercer ese control de diversas maneras; por ejemplo, creando comisiones de investigación para el examen del funcionamiento de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como derecho de minoría establecido en el artículo 93 constitucional.

La Cámara de Diputados ejerce también ese control político al aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, como dispone el artículo 79 de la Constitución.

La disposición constitucional invocada señala también que la Auditoría Superior de la Federación debe entregar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a consideración del pleno de esta soberanía y tendrá carácter público.
En dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por las entidades fiscalizadas y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

El examen de la Cuenta Pública es la oportunidad para revisar si las dependencias y las entidades de la administración pública federal, así como los demás organismos fiscalizados han respetado los principios y las normas relativos a la ejecución del gasto.

Específicamente, el artículo 134 de la Carta Magna establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos para los cuales están destinados.

Conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo revisiones de tres tipos a los organismos públicos: de cumplimiento financiero, de desempeño y forenses.

Estamos a tiempo de que los proyectos citados y las dependencias, así como los fideicomisos que les destinaron recursos, sean auditados con profesionalismo, imparcialidad e independencia. Sólo así recuperaremos la confianza en las instituciones y la Cámara de Diputados cumplirá eficazmente la función de control político que, en esencia, se deriva de la soberanía popular que representa. Ejerzamos a plenitud ese poder soberano.

Los proponentes hacen alusión a diversos casos de supuesto conflicto de interés de integrantes del gobierno.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en el marco de la revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2014, fiscalice y audite todos los contratos de servicios financiados por dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, en los que hayan resultado beneficiadas las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V.; Eolo Plus S.A de C.V.; Maquinaria IGSA S.A de C.V.; IGSA S.A de C.V.; Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., con contratos de servicios y otros otorgados particularmente por Petróleos Mexicanos y sus filiales, y por la Comisión Federal de Electricidad, a dichas empresas.

 III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:
Los miembros de esta Comisión dictaminadora coincidimos plenamente con los planteamientos de los legisladores proponentes de la importancia de la transparencia  y correcta aplicación de recursos federales, que aprueba y designa la Cámara de Diputados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.

También tomamos en cuenta la importancia de darle seguimiento a las funciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de  Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Resaltamos que la Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 79  menciona que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo lo siguiente:

“La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.”

“Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;”

Esta Comisión considera pertinente que la Auditoría Superior de la Federación audite y fiscalice los contratos de las empresas mencionadas anteriormente en el cuerpo del Dictamen con el objetivo de que exista confianza por parte de los ciudadanos de cómo se ejercen los recursos que son de todos los mexicanos.

En el mismo sentido, los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora, nos pronunciamos por la transparencia en la ejecución de recursos federales por parte de todos los niveles de gobierno, así como de todos los organismos, órganos e instituciones que reciben recursos públicos federales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a que en la revisión de la Cuenta Pública para el Ejercicio 2014, realice las auditorías a los contratos de las dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraestatal con las empresas Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V. y  Grupo Industrial IGSA S.A de C.V.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a diversas Secretarías de Estado a canalizar recursos del Programa Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a canalizar recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila, presentada por los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La región Metropolitana de Monclova-Frontera se encuentra ubicada en la Región Centro del estado y cuenta con una población de 300,00 habitantes. La principal actividad económica se genera en torno a la producción acerera, pues en Monclova Altos Hornos de México tiene su sede productiva.

Recientemente, se presentó en la región centro del Estado, las consecuencias del efecto económico globalizador de la industria del acero. Altos Hornos de México, produce el 21.7% de la producción total de acero en México, y se vio afectada por el exceso de producción procedente de Asia que generó un desequilibrio mundial entre la capacidad y la demanda con riesgos para la industria en el futuro inmediato.

Ante ello, la empresa se vio obligada a efectuar un recorte en la plantilla laboral del orden de 4500 empleados y dejó abierta la posibilidad de efectuar un segundo recorte.

En consecuencia y ante lo alarmante de la crisis, la Secretaría de Economía implementó diversas medidas para mitigar un impacto de una magnitud mayor en la industria.” 

“Celebramos la adopción de estas medidas y consideramos que deben de verse complementadas por todas las dependencias del gobierno federal a fin de aminorar todo lo posible los efectos de esta crisis industrial.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social a que canalicen recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila con el fin de que los trabajadores reajustados cuenten con un ingreso en tanto obtiene un empleo formal y permanente.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación de las consecuencias del efecto económico globalizador de la industria del acero. La industria acerara Nacional se vio afectada por el exceso de producción procedente de Asia, que ha generado un desequilibrio mundial entre la capacidad y la demanda con riesgos para la industria en el futuro inmediato.

Por lo que la empresa Altos Hornos de México se vio obligada a efectuar un recorte en la plantilla laboral del orden de 4500 empleados y dejó abierta la posibilidad de efectuar un segundo recorte.
Dentro de las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, se estipula que la ejecución de los proyectos y acciones de dicho programa deberán operarse para apoyar temporalmente a hombres o mujeres en periodo de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura social básica y actividad productiva.

Del mismo modo, los apoyos otorgados por el Programa de Empleo Temporal deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; que redunde en una mayor atención y satisfacción de la población objetivo, así como de grupos excluidos y marginados, con eficacia en la productividad de los recursos presupuestales destinados para tal fin, a través del impulso y promoción de la cobertura de las políticas públicas con proyectos productivos cuyos beneficios trasciendan la temporalidad del apoyo, encaminados a fomentar la integración social de las personas, que propicien el arraigo de la población en su lugar de origen, el desarrollo de sus capacidades y el aprovechamiento de las vocaciones regionales, generando alternativas de ocupación temporal y permanente que compensen los costos de productividad e inversión.

Asimismo, en un marco de coordinación intersectorial, las reglas de operación serán emitidas por el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, integrado por los Subsecretarios de: Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL; Infraestructura de la SCT; Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y de Empleo y Productividad Laboral de la STPS.

Por lo anterior, la que dictamina coincide que es necesario destinar recursos presupuestales del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila, a fin de que los trabajadores que perdieron su empleo cuenten con una fuente de ingreso momentánea en tanto pueden localizar una fuente de empleo permanente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social a que canalicen recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila con el fin de que los trabajadores reajustados cuenten con un ingreso en tanto obtienen un empleo formal y permanente.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita al gobierno del estado de Querétaro un informe sobre las estrategias que utiliza para el monitoreo de las telecomunicaciones.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro a informar sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen para la vigilancia e intervención de las telecomunicaciones, presentada  por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En los últimos días ha trascendido en diversos medios de comunicación, a raíz de la vulneración de la seguridad de los equipos informáticos de la empresa italiana “HackingTeam” –dedicada a brindar servicios de vigilancia y espionaje para gobiernos-, que nuestro país figura entre los que más ingresos generan para dicha firma. Entre los clientes con los que la firma cuenta en el país, destaca el gobierno estatal de Querétaro, siendo que las intervenciones lícitas a las comunicaciones privadas a ese nivel sólo pueden ser autorizadas por un juez federal a solicitud del titular del Ministerio Público en la entidad correspondiente. “

“Existe gran preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil por la privacidad de la información que los usuarios movemos a través de las redes, y la vulnerabilidad ante intervenciones ilegales por parte de autoridades.”

La vigilancia gubernamental debe ser observada desde la investigación y castigo de los delitos y la prevención de amenazas a la seguridad nacional, hasta los Derechos Humanos de los usuarios cuyos datos son susceptibles de ser vigilados.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Querétaro, a presentar un informe sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que utilice para el monitoreo e intervención de las telecomunicaciones, y cómo garantizan la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en que si bien la vigilancia gubernamental coadyuva para la investigación y castigo de los delitos y la prevención de amenazas a la seguridad nacional, es necesario garantizar la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el título octavo aborda la Colaboración con la Justicia y en su capítulo único las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia. Los artículos 189 y 190 de la Ley anteriormente citada establecen:

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:
I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes.

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.

 El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna;

II. …

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, que así lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.

 Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

 Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente;

IV. a XII. …

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 191 fracción II, establece el derecho a la protección de los datos personales de los usuarios.

Asimismo nuestro texto Constitucional en su artículo sexto fracción II establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida.

En el párrafo segundo del artículo 16 Constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

Del mismo modo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.
De esta manera el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece:

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Por lo anterior, la que dictamina coincide que es necesario garantizar la protección de datos personales, la privacidad y los derechos de los usuarios en telecomunicaciones cuando se realice un monitoreo e intervención de las telecomunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Querétaro, con pleno respeto al pacto federal y a la autonomía de los estados y en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que utilice para el monitoreo de las telecomunicaciones, y cómo garantizan la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales.

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a considerar la inclusión de la zona metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere la inclusión de la zona metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano, presentada por el Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Es oportuno recordar que en 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y el Consejo Nacional de Población, conformaron un grupo de trabajo que se encargó de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. Se enfocaron en la necesidad de contar con un referente territorial común, para la Secretaria de Desarrollo Social, era la conducción de la política nacional de desarrollo urbano y ordenación del territorio; en cuanto para el INEGI, era la generación de información estadística y geográfica relevante para la planeación del desarrollo; y para CONAPO, era la formulación de políticas que armonicen el crecimiento demográfico y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable.”

“La formación de zonas metropolitanas se vincula con el desarrollo económico, social y tecnológico alcanzado en un período determinado, comprendiendo los componentes de concentración demográfica, especialización económico-funcional y expansión física, motivo, por el cual, las zonas metropolitanas se consideran espacios estratégicos entre las regiones del país y el resto del mundo”

“Las zonas metropolitanas como centros de actividad económica y prestación de servicios constituyen una oportunidad para trascender, en razón a la concurrencia entre los gobiernos municipales, y la participación del gobierno estatal, se observa un enriquecimiento en los planes y proyectos, esto es debido al fortalecimiento en la coordinación intersectorial e intergubernamental.  Ante esta situación, la planeación, coordinación y administración son instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo.

Es conocido que los dos principales criterios para delimitar una Zona Metropolitana, son: el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. Adicionalmente, todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.”

“Con respecto a la Zona Metropolitana de Orizaba, Veracruz, esta zona cuenta con una población según el INEGI de 427 406 personas (Censo de Población y Vivienda 2010)  y está constituida por 11 municipios del estado Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales son: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, considere la inclusión de la Zona Metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano. 

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en que la formación de zonas metropolitanas se vincula con el desarrollo económico, social y tecnológico. 
Esta Tercera Comisión coincide con el proponente en que la distribución geográfica por zonas metropolitanas se ha convertido en un elemento de suma importancia para la organización del sistema urbano nacional.

Asimismo, las zonas metropolitanas como centros de actividad económica y prestación de servicios constituyen una oportunidad para trascender, en razón a la concurrencia entre los gobiernos municipales, y la participación del gobierno estatal, en donde se observa un enriquecimiento en los planes y proyectos, debido al fortalecimiento en la coordinación intersectorial e intergubernamental. Por lo que la planeación, coordinación y administración son instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo.

Es necesario señalar los fundamentos para la actuación del titular del Ejecutivo Federal y las facultades del mismo consagradas en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo Federal:

Artículo 74…

I. a III…

IV…

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.”

Del mismo modo, la facultad a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual está facultada por la fracción XV del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a la letra dice:

“Formular el programa del gasto público federal y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;”

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en que la Zona Metropolitana de Orizaba, es trascendental para el estado de Veracruz, así como para el desarrollo sustentable del país, por ello, los beneficios que se logren con su inclusión en el Fondo Metropolitano, se reflejara en un mejor ordenamiento en las áreas de comercio, industriales, comunicaciones, tecnológicas, culturales, y sociales, beneficiando a los municipios que la conforman, al estado de Veracruz y principalmente a sus pobladores.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el marco de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, considere la inclusión de la Zona Metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias a fin de poder integrar al Municipio de Ensenada como zona metropolitana, con el objetivo de que se incluya en el Fondo Metropolitano.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL, el INEGI, al Gobierno de Baja California y al Ayuntamiento de Ensenada consideren incorporar a este último como Zona Metropolitana, presentada por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la SEDESOL, el INEGI, al Gobierno de Baja California y al Ayuntamiento de Ensenada consideren incorporar a este último como Zona Metropolitana, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

● El crecimiento de la población tiene consigo cambios económicos políticos y sociales, naturales del crecimiento, que han obligado a los Estados a replantear el diseño de espacios de convivencia. 

●  En 2003 se conformó un equipo interinstitucional para determinar las Zonas Metropolitanas del país.

● En 2006 se creó un fondo para las Zonas Metropolitanas.

● Baja California tiene dos Zonas Metropolitanas: Tijuana y Mexicali.  Ensenada colinda con ambos municipios y no ha sido considerado Zona Metropolitana.

● Aunque Ensenada no cuenta por sí mismo con los requisitos para ser Zona Metropolitana, su colindancia con las Zonas Metropolitanas y su concentración de habitantes debe ser considerada para su inclución en esa categoría.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para que realicen las acciones necesarias a fin de poder integrar al Municipio de Ensenada como Zona Metropolitana, con el objetivo de que acceda al Fondo Metropolitano.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California y al H. Ayuntamiento de Ensenada para que realicen la integración del expediente técnico que apoye la intención de incluir a Ensenada como parte de una Zona Metropolitana.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

El legislador en el punto de acuerdo hace constar que Ensenada es una municipio que no cuenta con las características necesarias para que sea determinado por sí mismo como una Zona Metropolitana: “pues si bien por sí mismo no cuenta con los requisitos para alcanzar dicha categoría, su colindancia con otros municipios y la gran concentración de habitantes en una zona urbana son elementos a considerar para lograr que Ensenada acceda al Fondo Metropolitano”.

También no es menos cierto que conforme a una posible interpretación de lo que debe considerarse Zona Metropolitana, es posible que pudiera cumplir con los requisitos para que Ensenada sea declarada como Zona Metropolitana, si las instancias correspondientes así lo consideran. 

Lo anterior, en virtud del argumento del punto de acuerdo en el que sostiene que “las condiciones de integración entre el municipio de Ensenada y las Zonas Metropolitanas ubicadas en Baja California, especialmente con la ZM Tijuana, así como el número de habitantes concentrados en el área urbana de Ensenada, son factores que deben considerarse para integrar al municipio más grande de México dentro de una zona metropolitana, para que acceda a los recursos necesarios para el desarrollo de su población”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y al Consejo Nacional de Población para que consideren realizar las acciones necesarias a fin de poder integrar al Municipio de Ensenada como Zona Metropolitana, con el objetivo de que acceda al Fondo Metropolitano.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California y al H. Ayuntamiento de Ensenada para que realicen la integración del expediente técnico que apoye la intención de incluir a Ensenada como parte de una Zona Metropolitana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita un informe sobre los procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEDATU y de la CONAVI para que informen sobre el fundamento legal y la motivación para modificar el esquema de operación del subsidio federal a la vivienda, presentada por el Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),  para que informen sobre el fundamento legal y la motivación para modificar el esquema de operación del subsidio federal a la vivienda.

El Diputado proponente invoca al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

De igual forma, cita al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el objetivo 2.5 se señala lo siguiente:

“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna… desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias.”

Igualmente, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 prevé, entre otros objetivos:

a) Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda;

b) Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda;

c) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población;

d) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda;

e) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y

e) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda.

Posteriormente, el Diputado proponente aduce que con fecha 29 de diciembre de 2014, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, del ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, que tienen como finalidad contribuir en general al logro de los objetivos previstos en el Programa Nacional de Vivienda.

Las referidas reglas estipulan en su introducción que el subsidio a la vivienda deberá permitir que los beneficiarios encuentren en el entorno concentración de fuentes de empleo así como infraestructura, equipamientos y servicios urbanos instalados que mejoren o incrementen su calidad de vida.

Asimismo, señala que las soluciones habitacionales que se ofrezcan por vía del subsidio, serán de mejor calidad, que cuenten con estándares más elevados que garanticen una vivienda no sólo mejor ubicada, sino más sustentable y con mejores características en su proceso constructivo.

Dichas reglas estipulan como instancia normativa a la CONAVI, encargada entre otras cosas, de asignar los subsidios federales conforme a los criterios establecidos en el numeral 6 de dichas Reglas de Operación.

No obstante lo anterior, de acuerdo al proponente, la CONAVI, mediante un correo electrónico de fecha 18 de junio del presente, transmitió un “comunicado importante de subsidios”, en el que se dispone:

“La Comisión Nacional de Vivienda asignará presupuestos mensuales por Delegación y realizará revisiones mensuales para determinar una posible reasignación de recursos entre Delegaciones.

Se abrirá el Sistema de Inscripción para recibir registros de crédito con subsidio a partir del viernes 19 de junio y permanecerá abierto en un horario de lunes a sábado de 10:30 a 15:30 (hora del centro).

El registro de la operación no representa un compromiso o promesa de la autorización del trámite por parte del Instituto o de la CONAVI, ya que es posible que el registro sea cancelado.

Con base en el presupuesto mensual por Delegación publicado se realizará una autorización al mes tomando en cuenta los criterios establecidos por la CONAVI, entre los que se encuentra un límite del 20% de subsidio por vendedor en la delegación.”

Por medio de dicho comunicado, se establece un límite del 20% al subsidio federal que se destina a la población de bajos ingresos, aplicable a cada desarrollador social de vivienda, en cada delegación que es objeto de asignación presupuestal.

De acuerdo al proponente, ese subsidio que otorga el Gobierno de la República a través de la CONAVI consiste en un monto máximo de apoyo económico no recuperable que por regla general equivale a 33 veces el salario mínimo general vigente mensual.

El único destinatario de este subsidio es el beneficiario para la obtención de una solución habitacional, por lo que la referida limitación del 20% de la CONAVI, que se dirige como cupo o tope en contra del desarrollador social de vivienda, claramente no se apega a la normatividad aplicable, ni se ajusta a la política pública vigente y mucho menos se establece en favor del mismísimo comprador de la vivienda social, que siempre es una persona de bajos ingresos.

A juicio del Diputado Martín Heredia,  al restringir el subsidio a un acumulado de 20% por vendedor, no sólo afecta al desarrollador social de vivienda en su actividad económica, sino que fundamentalmente violenta el derecho de la población más necesitada a acceder a la solución habitacional que le ofrezca objetivamente las mejores condiciones en calidad y precio.

Dicha medida tiene efectos negativos importantes en contra de la eficiencia en los mercados. Discrimina al desarrollador que ha ofrecido las mejores condiciones de construcción de casa-habitación en calidad y precio, y por tanto, se afecta al comprador que identifica el ofrecimiento de esas mejores condiciones para su propia capacidad socioeconómica.

Asimismo, se restringe la libre competencia para ofrecer las mejores condiciones entre los oferentes de vivienda al universo total de posibles compradores, justamente al limitar indebidamente el subsidio mediante un cupo artificial del subsidio que se autorizó para un fin de desarrollo social.

Dicha medida también discrimina a los posibles compradores entre sí, pues sólo a aquellos que alcancen a estar dentro del cupo del 20% que corresponda a un determinado desarrollador de vivienda social, se les permite acceder al subsidio para obtener el tipo de vivienda que libremente escogieron.

De nueva cuenta, a juicio del Diputado, se violenta el principio de equidad que debe prevalecer en todos los subsidios que otorga el Gobierno de la República, al discriminar a un posible beneficiario respecto de otro en las mismas condiciones y respecto de un bien de similar naturaleza, violentando lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto responsabilidad Hacendaria, que indica:
 “Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: …”

De acuerdo al proponente, la referida limitación desincentiva la inversión en vivienda, perjudicando al beneficiario final al privarle de la posibilidad de acceder a mejores condiciones de precio, calidad y ubicación, y hace que el programa pierda su orientación social, ya que pretende re direccionar el subsidio, mas no en beneficio del posible comprador individual, sino para proteger al constructor que ofrece productos que no han sido valorados por el mercado. Esto genera un escenario incierto no solo para el vendedor sino también para el potencial comprador. Se trata de un acto arbitrario y unilateral, que implica posibles afectaciones convencionales, como pudiera ser la existencia de cláusulas rescisorias con penalidades elevadas.

Finalmente, el Diputado proponente advierte que la decisión comunicada de manera informal por la CONAVI contraviene abiertamente la política pública federal en vivienda, pretendiendo favorecer a los constructores en perjuicio del beneficiario de escasos recursos.

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Comisión Nacional de Vivienda, para que informen a esta soberanía sobre los procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda, así como para que expliquen la motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación y alterar los criterios contenidos en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar las irregularidades en la ejecución del gasto público federal que pudieran devenir de la alteración de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por el proponente en cuanto a que efectivamente el artículo 4 Constitucional dispone en el párrafo séptimo que las familias tienen el derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, y que será el Estado quien establezca los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Por otra parte, los integrantes de esta Comisión también coincidimos con el Diputado proponente en cuanto a que el desarrollo del sector de la vivienda no solo otorga un beneficio directo a las familias, sino también a la economía en su conjunto, ya que el sector de la construcción es uno de los pilares más importantes de nuestro Producto Interno Bruto.

En otro orden de ideas, esta Comisión es sensible a la preocupación del Diputado Heredia respecto a la modificación de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda que modificó el límite del subsidio por vendedor en la delegación al 20%, y que por esta medida, se pudiera afectar a las personas de bajos ingresos.

En el mismo sentido, esta Comisión toma nota de las advertencias vertidas por el Diputado Heredia en cuanto a las posibles afectaciones al mercado de vivienda, a la competencia y la supuesta discriminación entre los posibles compradores.

Considerando los argumentos del Diputado Martin Heredia, esta Comisión estima pertinente invocar el acuerdo de la primera sesión de esta Tercera Comisión dictaminadora en el cual se estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de tener toda la información disponible de parte de las autoridades competentes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre los procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda, así como la motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación y los criterios contenidos en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a la ejecución del gasto público federal del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita un informe sobre los avances de la propuesta de la Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita una mesa de trabajo con el director de BANOBRAS en relación a los trabajos para la construcción de zonas económicas especiales en México, presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto solicitar al Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de trabajo para dar a conocer los avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal y establecer un mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un nuevo andamiaje jurídico para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales.

Los Senadores proponentes comienzan su planteamiento definiendo a las Zonas Económicas Especiales como áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado que aquellas que prevalecen en el territorio nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión y de política industrial diferenciada, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad.
El fenómeno creciente de la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE's) en el mundo ha logrado dinamizar exitosamente la economía regional de países como China desde hace 20 años, India y recientemente se han implementado en América Latina como en Uruguay, Panamá y Honduras. Sin embargo, de las 3,500 zonas económicas especiales que hay en el mundo, menos de 50 han tenido un éxito total.

Es una articulación de la política exterior gradual y desarrollo regional en zonas geográficas delimitadas, son los nuevos instrumentos estratégicos que representan uno de los retos de la economía mexicana en un escenario de cooperación económica en términos de difusión de desarrollo industrial, territorio y tecnología.

Por otra parte, se expone que en México, en noviembre de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto planteo la creación de tres zonas económicas especiales con el objetivo de impulsar la economía de las regiones más rezagadas del país y sacar del estancamiento económico y social que padece gran parte de la población de Chiapas (Sur del Estado), Oaxaca (corredor interoceánico de Tehuantepec) y entre límites de Guerrero y Michoacán (puerto de Lázaro Cárdenas), que en suma contribuyen con 7% del PIB nacional, pero que representan 15% de la población nacional. Además se busca reducir la desigualdad y la inseguridad de dichas entidades. La implementación de una ZEE tiene como objetivo generar efectos propagadores de empleo, inversión extranjera directa, transferencia de tecnología, cadenas industriales y comerciales, entre otros beneficios para el país que proporciona ésta.

La  creación de zonas económicas, permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados internacionales y que, al mismo tiempo contribuya al desarrollo local, regional y nacional. Estas zonas contarían con financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades para el comercio exterior y un trato fiscal especial, es decir un marco regulatorio que atrajera a las empresas para generar empleos de calidad, beneficiando las condiciones de vida de la población.

En la Cumbre Internacional de Productividad, el Presidente Peña Nieto señaló que este año enviará a la Cámara de Diputados una propuesta de presupuesto de base cero y una serie de medidas para la creación de zonas económicas especiales enfocadas a las áreas con mayor rezago social. Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, expresó en dicha cumbre que existen zonas de alto desarrollo manufacturero como el Bajío y el norte del país, pero que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran económicamente estancados.

En el mismo sentido, los proponentes argumentan que la iniciativa del Ejecutivo Federal para la creación de las Zonas Económicas Especiales tenía que ser presentada en febrero de 2015, sin que a la fecha se tenga conocimiento o un acercamiento institucional con el Congreso de la Unión para tratar el tema, a pesar de las declaraciones que ha dado el Poder Ejecutivo.

En el mismo orden de ideas, los Senadores proponentes señalan que en cambio, el Congreso de la Unión ha presentado diversas iniciativas a partir del anuncio del Poder Ejecutivo, incluso dentro de la memoria del diario de debates, este tema cuenta con registros desde la LVIII Legislatura, entre las que destacan las siguientes:

1.- Del Senador Jeffrey Max Jones Jones, de la LVIII Legislatura, propuso la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, el 13 de Diciembre de 2002;

2.- Del Senador Fernando Castro Trenti, de la LXI Legislatura, que presentó proyecto de Ley de Ley de Zonas Económicas Estratégicas, con fecha 12 de abril de 2012;

3.- De los senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, Mario Delgado Carrillo, Víctor Hermosillo y Celada, Roberto Gil Zuarth, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya y Luz María Beristaín todos integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura, que proponen la Ley de Zonas Económicas Estratégicas presentada el 4 de diciembre de 2014.

4.- Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, con iniciativa titulada Ley de Zonas Económicas Especiales, Libres y de Promoción, presentada el 15 de diciembre de 2014.

5.- De la Dip. María de Lourdes Medina Valdés, del 18 de marzo de 2015, por el que establece como parte de la una política industrial que permita a México establecer las mismas condiciones de competitividad frente a los nuevos competidores emergentes de los mercados de Asia-Pacífico –China e India-, con énfasis general en la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y los flujos internacionales de inversiones.

Los Senadores proponentes consideran que dentro de la política industrial que debe asumir México en la Cuenca del Pacífico y dentro de los nuevos compromisos del Acuerdo Transpacífico, estamos en la obligación de iniciar a la brevedad los puentes de diálogo para construir un andamiaje que retome las mejores prácticas internacionales de zonas económicas especiales, de acuerdo a las aportaciones del Banco Mundial este tema requiere de una política de Estado con visión de largo plazo, y establecer como prioridad dentro de los trabajos legislativos del próximo periodo de sesiones la dictaminación de una Ley de Zonas Económicas Especiales.

En tal sentido, se propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de trabajo para dar a conocer los avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal y establecer un mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un nuevo andamiaje jurídico para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales. Esta reunión de trabajo debe darse al interior de la Tercera Comisión de Trabajo, tomando en consideración a los legisladores del Congreso de la Unión que han presentado iniciativas de Ley y con los Presidentes de la Comisiones relacionadas con un tema de la mayor transcendencia para el desarrollo industrial de nuestro país.

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de trabajo para dar a conocer los avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal y establecer un mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un nuevo andamiaje jurídico para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide en términos general con los planteamientos esbozados por los Senadores proponentes en cuanto a la urgencia de contar con un mecanismo de comunicación entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, a fin de avanzar en la elaboración de una propuesta de Ley de Zonas Económicas que beneficien a los habitantes de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
En el mismo sentido, los integrantes de esta Comisión coincidimos con los proponentes en cuanto a que la  creación de zonas económicas, permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados internacionales y que, al mismo tiempo contribuya al desarrollo local, regional y nacional.

En el mismo orden de ideas, esta Tercera Comisión estima necesario recordar que con fecha 27 de mayo del presente año, el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Movimiento Ciudadano propuso un punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba al Titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad iniciara la creación de las tres zonas económicas especiales y pusiera en marcha los programas sociales y económicos anunciados para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Al respecto, esta Comisión dictaminó de manera favorable la mencionada proposición, por lo que fue turnada al Pleno de la Comisión Permanente y votada a favor en la sesión del  día 17 de junio del presente año.

En el mismo sentido, consideramos que tal y como lo señalan los proponentes, el Congreso de la Unión efectivamente ha presentado en varias ocasiones, diversas iniciativas de Ley con la finalidad de contar una Ley de Zonas Económicas Especiales, sin que el Ejecutivo Federal se haya pronunciado hasta el momento.

Esta Tercera Comisión se une al llamado que realizan los senadores proponentes, toda vez que a la fecha, el Ejecutivo Federal no ha emitido lineamiento alguno sobre la puesta en marcha de las tres zonas económicas especiales que anunció el año pasado, y tampoco ha enviado al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley sobre Zonas Económicas Especiales.

Los integrantes de esta Tercera Comisión estimamos pertinente invocar el acuerdo de la primera sesión de esta Tercera Comisión dictaminadora en el cual se estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances de la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se solicita avocarse a la atención del problema generado por la construcción del Fraccionamiento Bosque Alto en las cercanías del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural protegida del Bosque La Primavera; presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina solicita al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generando por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural protegida del Bosque la Primavera. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I. El Bosque “La Primavera” en Jalisco, se enfrenta a un nuevo riesgo de invasión y tala, ante la posibilidad del derribo de centenares de árboles en una superficie de 60 hectáreas.

II. A razón de un nuevo fraccionamiento denominado “Bosque Alto”, que según información de grupos activistas, de pronto apareció supuestamente con todos los permisos más allá del Palomar y otros fraccionamientos residenciales.

III. El referido fraccionamiento ha sido clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin embargo el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, informa que el conjunto residencial se encuentra a 2.5 kilómetros del área protegida, generando que entre lo asegurado por esta entidad y grupos activistas inconformes existan diferencias.

IV. El grupo afirma que el desarrollo urbano pone en riesgo una zona de alto valor ecológico con el derribo de una gran cantidad de árboles, mientras que la autoridad asegura solo haber otorgado autorización para talar dos árboles.

V. Se menciona que se trata de una nueva autorización rodeada de irregularidades, mientras que la autoridad municipal asegura que se trata de autorizaciones que datan del año 2000.

VI. Estas discrepancias que a la fecha mantiene en un verdadero conflicto en el lugar, amerita la más pronta atención, que dé su debido lugar a los ciudadanos y a la sociedad jalisciense en general, así como la debida protección al Área Natural Protegida del Bosque La Primavera de parte de las autoridades.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace una atenta y respetuosa solicitud al gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al gobierno del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, desde una perspectiva de la verdad, la razón y la legalidad, la salvaguarda del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera y los intereses colectivos y sociales a su alrededor; sin menoscabo de los derechos particulares en un estricto orden de legalidad.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representación se basa en el artículo 27º de la Constitución Política de los Estados Unidos donde se establece que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;…” Y hace suya la preocupación del Senador, que expone en la proposición analizada, que refiere al hecho de la importancia que tiene el respeto a las áreas naturales protegidas, y reconoce que el cuidado del equilibrio ecológico es la base del desarrollo poblacional.
Esta soberanía sostiene que todo proceso que incurra en un impacto ambiental debe de ser autorizado con absoluto apego a la legalidad y que se deben de realizar los debidos procesos de verificación.

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación del Senador Casillas Romero donde menciona que se dé “una atención que dé su debido lugar a los ciudadanos y a la sociedad jalisciense en general, como a la debida protección al Área Natural Protegída del Bosque La Primavera” ya que las autoridades responsables deben de coordinar esfuerzos para encontrar la solución que permita dar fin a las controversias que se han presentado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una atenta y respetuosa solicitud al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, desde una perspectiva de la verdad, la razón y la legalidad, la salvaguarda del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera y los intereses colectivos y sociales a su alrededor; sin menoscabo de los derechos particulares en un estricto orden de legalidad.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Comisión Permanente, el 28 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Por el que se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a afrontar el problema del exceso de sargazo de sus playas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Gobierno de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I. A consecuencia de los vientos fuertes y lluvias severas de los pasados días 13 y 14 de junio del 2015 que afectó a 7 municipios del Estado de Quintana Roo, se realizó la declaratoria de Desastre Natural mediante el diario oficial de la federación del 22 de junio de 2015.

II. En el Estado de Quintana Roo la problemática aun es severa, ya que se generó una gran cantidad de sargazo el cual es el nombre común que se le otorga a diversas algas marinas que se acumulan de forma natural en la orilla de la playa, sin embargo el gran volumen que se presenta actualmente, es atípico.

III. El sargazo puede generar alergía al contacto con la piel, ademas de mal olor, mala imagen y desconfianza a los turistas.

IV. Las cantidades de sargazo se siguen acumulando en toda la Riviera Maya, lo que ha ocasionado un rebazo de las autoridades competentes que no se dan abasto para la limpieza de las playas.

V. La principal actividad de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo es el turismo, ya que sus localidades no solo son reconocidas nacionalmente sino internacionalmente, por lo que estamos frente a un riesgo para el turismo del Estado, generando una severa cancelación de visitas ya que el turismo no quiere playas con sargazo la cual le puede dañar su salud al contacto.
VI. Actualmente existe la tecnología y maquinaria específica para retirar toneladas de sargazo que se encuentra en las playas sin embargo estas aún no se han adquirido.

VIII. En base a los beneficios económicos que permite una declaratoria de desastre natural la cual ya se ha dado en el Estado, es necesario que las autoridades competentes se coordinen para poder acceder a los recursos del FONDEN para poder buscar soluciones prontas y expeditas, ya que de no acceder a este recurso se vería afectada severamente la reputación del estado como destino turístico, lo que generaría afectaciones a la economía de la mayoría de las familias quintanarroenses.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Quintana Roo, a sus Municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representaci