Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 24 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Julio de 2015

SUMARIO                                              


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PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

APERTURA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:33 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señores legisladores. Daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



 

Señor Presidente, hay una asistencia de 32 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de julio del año 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar, también, la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL DIPUTADO
MARTIN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintisiete minutos del miércoles quince de julio de dos mil quince, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles ocho de julio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, en Paracas, Departamento de Ica, República del Perú.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en alcance al remitido la semana anterior, relativo al Informe sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión  Nacional del Agua, oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2015 sobre los recursos asignados a los diversos municipios y   prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad Autónoma de Chiapas, el resultado de la auditoría externa de la matrícula universitaria del primer informe semestral 2015 y el Informe específico sobre la variación de la matrícula del primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión  de Presupuesto y Cuenta    Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el informe de la auditoría externa a la matrícula universitaria, el resumen de matrícula y su variación, así como el Informe de matrícula en el formato establecido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, correspondiente al semestre enero-junio de 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión  de Presupuesto y Cuenta    Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015; el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato del informe de matrícula del primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad de Colima, el informe de resultados de la auditoría a la matrícula      del primer informe semestral 2015, el formato del informe de  matrícula y el informe semestral específico sobre la variación de matrícula del semestre enero-julio 2015 vs enero-julio 2014, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión  de Presupuesto y Cuenta    Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad de Guanajuato, el informe de matrícula correspondiente al primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Universidad Veracruzana, el informe de resultados de la auditoría externa al primer informe semestral 2015 a la matrícula; el informe de matrícula desagregada por nivel y por programa educativo correspondiente al primer semestre 2015 y el reporte de variación de la matrícula establecida, respecto al mismo primer semestre del año anterior, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Colegio de Sonora, el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015, el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato “informe de matrícula”, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, el Informe de su participación en la sustentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, el Informe de su participación en el 48º Período de Sesiones anual de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, efectuado del 13 al 17 de abril de 2015, en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en el VII Encuentro Anual, organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas, celebrado del 11 al 14 de junio del 2015, en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el Informe de su participación en la XXIII Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de mayo de 2015, en Panamá.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Diva Gastélum Bajo, Informe de su participación en la tercera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 24ª Reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual contra Niños y en la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de Violencia, en el marco de la citada sesión, celebradas en Estrasburgo, Francia, los días 24 y 25 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Raúl Paz Alonzo, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015. - Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, oficio por el que informa la sustitución del Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo por la Diputada Lilia Aguilar Gil como consejera propietaria del Poder Legislativo de dicho Grupo Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional Electoral.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de junio y julio de 2015.- Fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores a los meses de abril y mayo de 2015.- Quedaron de enterado.

(Iniciativas)

El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a nombre propio y del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1068, 1068 BIS y 1069 del Código de Comercio.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Juan Bueno Torio, a nombre propio y del Diputado Marcelo Torres Cofiño y suscrita por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 54, 56 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Jesús Hinojosa Tijerina.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea veinticuatro dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a desahogar las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de que hubiera tenido conocimiento y que pudieran ser constitutivos de un delito electoral, en el contexto del proceso electoral 2014-2015.- Intervinieron los legisladores: Diputado Danner González Rodríguez de MC y Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD.

2. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre las causas que propiciaron el accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro; y le exhorta a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo una revisión integral de las instalaciones y del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

3. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre el avance en la reparación de las once estaciones cerradas de la Línea 12.

4. Por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre el estado que guarda el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal en dicha entidad.

5. Por el que se solicita al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca valorar la propuesta de que en su próxima entrega se condecore con esa presea al Ex Senador canadiense Noël Augustus Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes en favor de la nación mexicana.

6. Que exhorta a las instancias de seguridad pública de las entidades federativas a implementar acciones de inspección y supervisión a vehículos de transporte como son motocicletas, motonetas y bicicletas, así como a realizar campañas informativas para prevenir la comisión de delitos mediante la utilización de dichos instrumentos en zonas de intenso tránsito vehicular.

7. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México.

8. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad de México.

9. Que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a formular iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de sancionar penalmente las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales.

10. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad.- Intervino el Diputado Danner González Rodríguez de MC.

11. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a valorar la pertinencia del envío de elementos de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad en el estado de Tabasco.

12. Que exhorta a los   organismos garantes en materia de transparencia y a los     órganos legislativos de las entidades federativas a   garantizar un proceso transparente, con participación   de la sociedad civil, en el    proceso de nombramiento de     los comisionados, a fin de promover la autonomía e independencia de los mismos.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco de Nueva Alianza.

13. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones del caso RYM Capital Corporation.

14. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, asimismo, exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Jefatura Delegacional de Cuajimalpa a llevar a cabo las acciones para remediar la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29 de enero de 2015.

15. Que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán a revisar la actuación de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del estado.

16. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de esa entidad.

17. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora.

18. Por el que se desechan diversas proposiciones relativas a evitar descalificaciones y promover el respeto entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral.

19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de realizar la entrega de televisores digitales del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre durante los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral.

20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los protocolos, acciones o mecanismos  de seguridad a implementar antes, y durante la jornada electoral.

21. Por el que se desechan las proposiciones relativas a la aplicación de los criterios de paridad y alternancia de géneros en la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional en los estados de Sonora y Morelos.

22. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

23. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los órganos de control interno que vigilaban la aplicación de los recursos públicos, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público.

24. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a garantizar elecciones libres e implementar las medidas necesarias para prevenir la violencia política en el proceso electoral.

Los veinticuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un informe de las acciones y avances en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.- Intervinieron los legisladores: Diputado José Antonio León Mendívil del PRD y Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA.

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios a implementar políticas públicas que permitan promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA.

3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Senador Miguel Romo Medina del PRI.

4. Por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre los mecanismos y protocolos que se han implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes y cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Tercera Comisión con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre las denuncias de hechos y deslinde de responsabilidades sobre los bloqueos en las carreteras del estado de Chiapas; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias para garantizar el derecho al libre tránsito en las carreteras de dicho estado.

2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a regular el uso del insecticida denominado Furadan, así como otros pesticidas utilizados en zonas en las que habita el jaguar.- Intervino la Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD.

Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdo de la Comisión Permanente)

Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, los legisladores hicieron uso de la palabra para referirse a los hechos ocurridos en el Penal del Altiplano el pasado fin de semana.- Intervinieron: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, Senador Javier Lozano Alarcón del PAN, Senador Ismael Hernández Deras del PRI, Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos del PAN y Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 y se deroga el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 6 y se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley de General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, fracción IV, primer párrafo; 76, fracción XIV; y 126, y se adiciona la fracción XV al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción III y adiciona un último párrafo a dicha fracción del artículo 37 de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir de su cargo al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela Saldaña Fraire y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal de alta seguridad el Altiplano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que informen sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la Colonia Condesa de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el caso Tlatlaya.- Se turnó a Primera Comisión.

 

Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla, en tanto qué conductas realizadas por integrantes del consejo democrático magisterial poblano, amparadas por la libertad de expresión y manifestación, han sido anticonstitucional y anticonvencionalmente criminalizadas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a girar sus instrucciones para que previo análisis del estudio “Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las prioridades?, se avoque a implementar las recomendaciones contenidas en el documento precitado, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a garantizar que los organismos públicos locales cumplan con hacer respetar la Constitución en materia de paridad de género en el registro de las candidaturas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a presentar un informe en el que detalle la planeación en la ejecución de los recursos del empréstito de 2 mil 400 millones de pesos autorizado por el congreso del estado el 30 de junio del año 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación y de los titulares de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad, respecto a la fuga de Joaquín Guzmán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación para que informe de las acciones y medidas implementadas a fin de deslindar las responsabilidades que por acción u omisión permitieron la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número uno "Altiplano".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al Consejo Nacional de Población, al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada, Baja California, a realizar acciones conducentes para que se incluya al municipio de Ensenada como zona metropolitana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a diseñar e implementar una política fiscal y social que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar a favor de la economía de las familias mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado con el desacato judicial y la dilación del proceso en la administración de justicia, en aras de la reforma penal de junio de 2008.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero General estatal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las licitaciones y las asignaciones directas de contratos hechas por la SEP, CONACYT y CONACULTA con el Grupo ENOVA-PROACCESO.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a resolver la problemática por el atropellamiento de monos saraguatos en la zona que atraviesa el tramo de la carretera Villahermosa-Escárcega.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a abrogar el nuevo reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral al ejercicio de los recursos destinados a la adquisición de 125 mil tablets por parte del gobierno del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los ejecutivos Federal y estatal de Aguascalientes a tomar las medidas necesarias para continuar con la construcción, equipamiento y puesta en operación del Hospital Hidalgo en dicho estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Gobernación y del Comisionado Nacional de Seguridad para que informen sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera "el Chapo Guzmán”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Secretaría de Marina a aplicar el régimen unificado de responsabilidad ambiental en base a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a cesar su visita de Estado por la República Francesa, regrese de inmediato al país y afronte la crisis en materia de corrupción, inseguridad e impunidad que se evidenció con la segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a resolver la situación de los vendedores en el METRO.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a informar sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen para la vigilancia e intervención de las telecomunicaciones.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Amalia Dolores García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María de Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de analizar sus respectivos informes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a someter a los conductores del Metro a cursos extraordinarios de manejo de los trenes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Martín Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido     Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares de la SEDATU y de la CONAVI para que informen sobre el fundamento legal y la motivación para modificar el esquema de operación del subsidio federal a la vivienda.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores    Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los       titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional de    Seguridad, de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República para que expliquen las condiciones en las que opera el penal de máxima seguridad del Altiplano y el resto de los centros de mediana y máxima seguridad del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere la inclusión de la zona metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a instruir a la Procuraduría General de la República para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las condiciones y motivaciones del escape de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita información sobre los contratos de espionaje solicitados por el gobierno mexicano a la empresa italiana Hacking Team.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no contaminantes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria a implementar acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de sorgo forrajero en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a revisar, analizar y, en su caso, proponer las modificaciones correspondientes a su normatividad que evite violaciones a los derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXIII legislatura a asignar mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, al sector salud para la adquisición de prótesis.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos México a realizar una investigación por el uso indebido de los bienes que le pertenecen al Estado y que son parte fundamental para las tareas propias de PEMEX.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades la información solicitada por la Comisión Permanente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos por particulares.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz a rectificar sus leyes electorales y a la Comisión Permanente a interponer controversias constitucionales en contra de éstas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Tamaulipas a consolidar medios y procedimientos institucionales para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por Caja de Ahorro Popular El Paraíso S.C. de R.L. y/o Opción Cooperativa de Servicios S.C.L. de C.V. en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores a fin de aprobar el dictamen pendiente en materia de desindexación del salario mínimo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta el sensible fallecimiento del Señor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, y reconoce su importante trayectoria y aportaciones a la música popular mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a implementar un programa nacional de promoción y capacitación para la formación de intérpretes indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Agustín Alonso Raya, Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez, Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruíz y Loretta Ortiz Ahlf, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de los profesionistas desaparecidos el 19 de junio del año en curso en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir la inaplazable restauración del monumento a Cristóbal Colón, ubicado en Paseo de la Reforma.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a afrontar el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos y congresos locales de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa a no aumentar requisitos a las candidaturas independientes en sus legislaciones electorales el principio pro persona, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de candidaturas independientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que, a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, se implementen acciones parar llevar a cabo el rescate y saneamiento de las zonas concesionadas que han sido reintegradas a dicho gobierno.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación a la fuga de Joaquín "el Chapo" Guzmán del penal del Altiplano.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país, con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” y la sustracción ilícita de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aclarar la posición oficial sobre derechos humanos y los derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y al gobierno de ese estado a que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área Natural Protegida Bosque La Primavera.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar la frecuencia en la realización de los operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en causales de inmovilización de bombas despachadoras de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos de los estados y al Distrito Federal a atender las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño y con ello se ejecute plenamente la legislación nacional e internacional que garantiza los derechos de las niñas, niños y adolescentes de este país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas a remitir un informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata de personas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad al criterio establecido por un juez federal que acredita una retención ilegal por parte del Instituto, pero no lo hace extensivo a los demás afectados.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V., implementen acciones para la producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos enriquecidos de marca propia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de diversas secretarías con referencia al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a canalizar recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco Búrquez Valenzuela, Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo por el que se solicita una mesa de trabajo con el director de BANOBRAS en relación a los trabajos para la construcción de zonas económicas especiales en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno a coordinar acciones que permitan conocer el estatus que guardan 6 presas del estado de San Luis Potosí, así como valorar la viabilidad para construir infraestructura de contención y reforzar la promoción de la cultura hídrica en el estado.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis  Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos en lenguas   indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública   Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a coadyuvar a la eventual aplicación a nivel nacional del programa “Conduce sin Alcohol” de la Comisión Nacional contra las Adicciones.- Se turnó a la Segunda     Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar los criterios de cobro al servicio de sanitarios en las gasolineras del territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las acciones que procedan en relación a la construcción del muro en la propiedad del ex secretario de gobierno del estado de Sonora, que modificó el cauce del río San Miguel, lo cual provocó diversos daños ambientales y patrimoniales en el municipio de San Miguel de Horcasitas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para detectar y erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos en el Municipio de Cadereyta Jiménez.- Se turnóa la Tercera Comisión.

 

Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las áreas pertinentes a realizar los estudios de viabilidad a fin de fijar la tarifa preferencia 1F para consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en el estado de Sinaloa para el periodo de verano durante los próximo 10 años.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del estado de Veracruz revise y verifique la legalidad de la modificación del Título de Concesión del túnel sumergido de Coatzacoalcos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue, proteja y apoye a los deudos.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Excitativas)

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario, y también para que desahogue las 100 proposiciones con punto de acuerdo que aún están pendientes de dictaminar.- La Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del CXLIII aniversario luctuoso de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride      sobre el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los   Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el fortalecimiento de la actividad turística en México.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con dieciocho minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles veintidós de julio, a las once horas.

Fin de la Sesión

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señora Secretaria. Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con similar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa Presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, en el marco del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió similar de la Secretaría de Turismo, con el informe final de la Evaluación de Diseño del Programa F002 Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turismo.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Turismo y de Presupuesto Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Compañeros legisladores; señores asesores, les ruego podamos poner atención al curso de la sesión. Si hubiera asuntos particulares que atender, que vayamos a la zona de desahogos, como se le llama en nuestro Reglamento. Gracias.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a Reglas de Operación “S” y de Otros Subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.







 

Y los informes finales de las Evaluaciones de Diseño 2015 de los programas presupuestarios a cargo de dicha dependencia.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El primero de los informes se remitirá a las Comisiones de Economía; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados. El segundo de los escritos se remitirá a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Social, con los informes finales de la Evaluación en materia de Diseño de los Programas de Abasto Rural, de Coinversión Social y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en entidades federativas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARÍA DE SALUD

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Salud, con el informe trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gastos, así como los informes referentes al cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previsto en las Reglas de Operación.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Salud; de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, su informe enero-junio de 2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió del Instituto Nacional de Migración, el segundo informe trimestral de los avances financieros, correspondientes de los Programas de Protección a Migrantes, referentes a:

Grupos Betas de Protección al Migrante, Programa de Repatriación Humana, Programa Paisano y Oficiales de Protección a la Infancia.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el documento denominado “Consideraciones sobre el proceso presupuestario 2016”.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibió del Congreso del Estado de San Luis Potosí, un proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”.



El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron de diversas universidades e institutos del país, los Informes de Resultados de las Auditorías Externas de sus Matrículas, correspondientes al segundo semestre de 2014 y al primer semestre 2015 y los informes específicos sobre la ampliación de Matrículas y los formatos “Informe de Matrícula”. Las instituciones educativas son: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Occidente, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad del Estado de Morelos, Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Yucatán e Instituto Tecnológico de Sonora.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el informe de su participación en la Tercera Reunión del Comité Preparatorio de la 4ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada los días 1 y 2 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza.

Y del Senador José María Martínez Martínez, con la que remite el informe de actividades de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 2014-2015.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. En el caso del informe de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, remítase a la Cámara de Senadores.





 

INTERVENCIONES

Compañeros legisladores: Por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la trayectoria de Don Gilberto Bosques Saldívar.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor Presidente. Legisladoras y legisladores:

Es un honor para su servidor hablar de mi paisano Gilberto Bosques Saldívar, que nació en Chiautla de Tapia, Puebla, en el Distrito XIV de la mixteca poblana, el cual hoy represento.

Las personas deben ser juzgadas por la historia a partir de la intensidad con que vivieron, de los ideales que los inspiraron y del legado que dejaron a las nuevas generaciones.

Vista así, la existencia de Gilberto Bosques Saldívar fue una aventura plena, una lucha permanente por hacer realidad los más altos principios que enaltecen a nuestra especie y a un recuerdo imborrable de lo poco que significa nuestra comodidad y aspiraciones cuando existen miles de vida a las cuales salvar, aun con el riesgo de perder la propia.

Si tal como señala un proverbio judío: “quien salva una vida, salva al mundo entero”, entonces, mi paisano Gilberto Bosques salvó al mundo 40 mil veces, pues tal es la cifra de perseguidos por el nazismo y sus aliados a quienes el diplomático arrancó de las manos de sus raptores y de una muerte segura y cruel, valiéndose para ello de la inmunidad que le otorgaba su carácter de Cónsul General de México en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Así, republicanos españoles, miembros de la Resistencia Francesa, disidentes alemanes, patriotas austriacos y judíos de toda Europa acudieron a mi paisano Gilberto Bosques, quien gustoso les otorgó visas, o hasta la nacionalidad mexicana, a fin de que pudieran escapar de las garras de Hitler, Franco y otros déspotas que mal gobernaban en aquél continente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputado Guevara González, le ruego me permita.

Voy a suplicar nuevamente a los legisladores de esta Comisión Permanente, podamos atender las intervenciones correspondientes a esta sesión, todas son importantes, en particular esta efeméride que fue pactada por lo trascendente de la trayectoria de Don Gilberto Bosques Saldívar. Deberíamos poner atención en lo que se dice.

Les ruego a todos, que si hay asuntos particulares, políticos importantes, que cada uno pueda resolver, que lo haga fuera de la sede, porque tal parece que no escuchan las recomendaciones.

Gracias, Diputado Guevara González, continue.

El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Gracias, señor Presidente.

Convirtiendo así al Consulado de nuestro país, en un faro de libertad que iluminada aún en medio de la oscuridad, provocado por la peor flagelación que haya conocido el mundo.

Para Gilberto Bosques, el servicio público significó una renuncia al escritorio y a la oficina, pues la descendencia de su trabajo estaba ahí donde hubiera una injusticia que remediar, un crimen al cual oponerse, una trinchera desde dónde mostrar cuáles eran los fines que perseguía la política exterior mexicana.

Memorable fue su presencia en las estaciones de trenes, en los campos de refugiados en donde se enfrentaba a los asesinos de la SS Alemana, sólo con sus credenciales diplomáticas, a fin de evitar las deportaciones de hombres y mujeres hacia los campos de exterminio nazis.

Obviamente, acciones de esta naturaleza provocaron la ira de las tropas y ocupación en Francia, y la respuesta llegó contundente.

Una vez que México declaró la guerra a las potencias del Eje y las relaciones con el régimen colaboracionista de Vichy fueron rotas, Gilberto Bosques, su familia y equipo de trabajo fueron detenidos y encarcelados en el poblado alemán Bad Godesberg, no sin antes padecer el robo de los recursos del consulado por parte de la Gestapo.

Durante el año que estuvo recluido, mi paisano Gilberto Bosques hizo cuanto pudo para evitar que el personal del consulado, padeciera vejaciones por parte de sus raptores. Incluso, llegó a realizar una ceremonia para conmemorar un aniversario de nuestra independencia.

Gracias a las gestiones emprendidas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, Gilberto Bosques y el resto de los prisioneros mexicanos, pudieron regresar a nuestro territorio en medio de la algarabía de nuestro pueblo y la gratitud de muchos de los refugiados a quien él había salvado de la muerte en Francia.

Pasaría algún tiempo para que el talento de Gilberto Bosques, por suerte o por virtud, estuviera nuevamente al servicio de nuestra diplomacia, de las causas libertarias.

Su estancia como Embajador en Cuba, coincidió con el derrocamiento y huida del dictador Fulgencio Batista, la instauración de un nuevo régimen que prometía una segunda independencia para ese país, el acoso de una potencia infinitamente superior en recursos bélicos y el estallido de un conflicto nuclear.

Gilberto Bosques, fiel a sus ideas y a las instrucciones de los Presidentes Ruiz Cortines y López Mateos, fue un férreo defensor de la soberanía cubana.

Hoy el nombre de Gilberto Bosques Saldívar es sinónimo de dignidad, valentía y justicia, es una evocación a los principios que rige nuestra relación con el mundo, un ejemplo de lo mucho que puede hacer alguien a favor de sus semejantes, aún en medio de las peores circunstancias y a pesar de no contar con más armas, más que la razón y el derecho.

Gilberto Bosques es reconocido como un patrimonio mundial en la defensa de los derechos humanos y su nombre puede leerse lo mismo en el muro de honor del Congreso del Estado de Puebla, que en una calle de Viena.

Es su honor, se le denomino así, a un Centro de Estudios del Senado de la República y a un premio que otorgan periódicamente las embajadas de Francia y Alemania en México.

Gilberto Bosques es, por su abnegación y sacrificio, un ejemplo a seguir en el ejercicio del servicio público, una muestra de lo que podemos lograr los mexicanos cuando contamos con solvencia moral y principios étnicos indestructibles.

Gilberto Bosques nació el 20 de julio de 1892 en el municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, y falleció el 4 de julio de 1995 en la ciudad de México.

Gilberto Bosques, una verdadera fuente de información histórica y fue el último Diputado sobreviviente de la Constitución de Puebla.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Guevara González.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores:

Hoy estamos conmemorando el 123 aniversario del natalicio de Don Gilberto Bosques y también el 20 aniversario de su fallecimiento.

Como todos ustedes saben, el 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7, en la que designó la fecha 27 de enero, como el “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, fecha que el Senado del República conmemora también la memoria de Don Gilberto Bosques.

Tras la aprobación de la resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas, describió este día especial, como un importante y necesario recordatorio de las enseñanzas universales de la irracionalidad y de la miseria humana, responsables de una atrocidad sin igual, que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar.

De ahí que la repulsa al genocidio de millones de personas, sea considerada como uno de los factores determinantes que impulsaron y dieron razón a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marco jurídico fundamental que refleja los principios y los valores que guían y unen a la familia humana.

Por ello, la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, es la mejor ocasión para recordar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos a los otros.

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y el valor de la persona humana, así como el respeto por los derechos iguales e inalienables de mujeres y hombres.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, sólo puede tener como consecuencia la tiranía y la barbarie, por lo tanto, la responsabilidad de combatir el odio y la intolerancia es de todas y todos, si negamos y olvidamos el ayer, estamos socavando el mañana. Así, lo entendió un mexicano y además un ser humano excepcional.

Don Gilberto Bosques Saldívar, uno de esos hombres que trascienden su tiempo y su circunstancia gracias al valor, la audacia y la determinación. Sin duda, todo un ejemplo de vida congruencia y un referente obligado para el estudio, por cierto, en todo el Sistema Educativo Nacional que no lo privilegia como debiese ser y, por supuesto, la guía de todos quienes militamos en la causa de los derechos humanos.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senadora De la Peña Gómez.

Vuelvo a rogar a los legisladores integrantes de Comisión Permanente pongan atención, y a los señores asesores que también esa labor de asesoría la brinden de manera silenciosa.

Gracias, continúe Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Continúo, si me permiten.

Don Gilberto, a quien nos referimos siempre con la mayor admiración y respeto, fue un hombre, un político, un profesor y un diplomático que vivirá por generaciones en el corazón de las familias de todas aquellas personas a quienes les salvo la vida y les brindo una perspectiva de futuro.

La obra y el legado de Don Gilberto Bosques son de alcance universal y constituye en el reflejo de uno de los capítulos más honrosos y brillantes de la diplomacia mexicana.

Una historia diplomática que durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas se forjó a partir de decisiones políticas que hicieron de México un país ampliamente reconocido y admirado.

La condena a la invasión de Etiopia por parte de Italia, la Expropiación Petrolera, la protesta ante la Sociedad de Naciones por la anexión de Austria por parte de Alemania, el apoyo brindado a la República y el exilio español, así como la recepción de miles y miles de personas, bajo las figuras de asilo y refugio, convirtieron en nuestro país, México, en un actor protagónico del devenir internacional, algo que debiésemos estar vindicando en la política exterior de México.

Y precisamente, fue gracias a personajes como el Presidente Cárdenas y Don Gilberto Bosques, que México pudo tener una participación tan destacada en esa lamentable fase de la historia tomando decisiones y ejecutando acciones enfáticas para enaltecer nuevamente la dignidad humana.

Mención especial me merecen todas aquellas mujeres, niñas y niños a los que Don Gilberto pudo ayudar y salvar a través de su historia oral; él nos describe todo lo que tuvo que hacer para costear el rescate de huérfanas y de huérfanos que en su mayoría se encontraban asilados y protegidos bajo el resguardo de él, los cuales eran encontrados también en los alrededores de los campos de concentración en condiciones verdaderamente lamentables.

En razón de todo lo anterior, la conmemoración anual del natalicio de Don Gilberto Bosques Saldívar, cuyo nombre lleva atinadamente el Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República, constituye también una oportunidad, como es este evento que estamos realizando hoy en la Comisión Permanente, una oportunidad invaluable para honrar la memoria de las víctimas del Holocausto y para reiterar nuestro compromiso indeclinable con los derechos humanos, con la dignidad y el valor de la persona y con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en memoria precisamente de quienes sufrieron los estragos de estas guerras.

En memoria de Don Gilberto Bosques y de todas estas víctimas, les solicito de la manera más respetuosa y más atenta, señor Presidente de la Mesa Directiva, pueda usted pedir un minuto de silencio de pie para Don Gilberto Bosques, en este aniversario de su fallecimiento y natalicio.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Muchas gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Le propongo que al final de las intervenciones, guardemos el minuto de silencio.

¿Le parece Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Sí, claro que sí.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentaria del PAN.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Para el grupo parlamentario del PAN, este doble aniversario para celebrar a Don Gilberto Bosques Saldívar y su legado reviste la mayor importancia.

Bosques es una figura central de la diplomacia del siglo XX y el autor de algunas de las páginas más brillantes de su política exterior.

La larga tradición de refugios y asilos de nuestro país durante gran parte del siglo XX, tiene en Bosques a uno de sus más destacados exponentes.

Fue precisamente en 1939, cuando Lázaro Cárdenas le asignó por primera vez una misión diplomática al nombrarlo Cónsul General en París, era la época de la caída de la República Española a manos del General Francisco Franco, y el preámbulo de la guerra que desangraría a Europa bajo el ideal totalitario de Adolfo Hitler y sus aliados.

Por todos es conocida la historia de heroísmo y compromiso con los derechos humanos, que llevó a Bosques a salvar a miles de personas del holocausto, al proveerles de visas mexicanas con las que consiguieron salvar sus vidas.

Como digno representante del Estado mexicano, no sólo recomendó romper relaciones con las potencias del Eje durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, sino que en su persistente cruzada humanitaria puso en riesgo su propia vida; Bosques, su esposa e hijos, así como el personal del Consulado, fueron trasladados a la villa alemana de Bad Godesberg, cerca de la ciudad de Bonn, donde fueron recluidos.

Después de poco más de un año, en 1943 los mexicanos fueron canjeados por prisioneros alemanes mediante gestión realizada por el Presidente Manuel Ávila Camacho, Bosques regresó a México en abril de 1944.

En 1944, Bosques escribió en uno de sus numerosos artículos: “Hice la política de mi país, de ayuda, de apoyo material y moral a los esforzados paladines de la lucha contra Hitler, Mussolini, Franco, Pétain y Laval”.

Honrar a Gilberto Bosques es apenas natural para todos los legisladores mexicanos, pero especialmente para los que estamos interesados en los asuntos internacionales.

Bosques es el emblema del legislador y del diplomático que llevó sus convicciones a la acción política tanto al interior como fuera del país.

Como legislador y Presidente del Congreso de la Unión a finales de la década de los 30´s, su trabajo fue central para el trabajo de conformación de las nuevas normas que buscaban hacer realidad los ideales revolucionarios y del Constituyente de 1917, en el que participó.

Cabe señalar que en el contexto actual de reformulación de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, la figura de Bosques es también de la mayor relevancia.

En Cuba, de 1953 a 1964 fue el embajador que emitió salvoconductos y visas para que los perseguidos del régimen de Batista huyeran a México, Fidel Castro incluido, y una vez que la revolución triunfó en el país caribeño, contribuyó también a asilar y proteger a los disidentes de la revolución.

En el extranjero, Bosques ha sido merecedor de homenajes importantes desde la década de los 80´s. Se recuerda, por ejemplo, cuando la ciudad de Viena puso su nombre a una de sus calles o la profusa bibliografía que sobre el personaje se ha escrito en Francia y España.

Recientemente, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Peña Nieto a Francia, se emitió una estampilla postal en homenaje al Embajador Bosques, y se develó la placa conmemorativa de la Plaza Gilberto Bosques que estará ubicada en Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia y el puerto del Mediterráneo en donde eran embarcados miles de refugiados con destino a México.

Cabe resaltar que en 2015, el diario español El País lo nombró "el Schindler mexicano", por comparar su trabajo con el de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó la vida de más de 1,000 judíos durante el holocausto.

Asimismo, en días pasados, en la Plaza Juárez de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Canciller José Antonio Meade Kuribreña, develó el busto conmemorativo a la vida y obra del Embajador Gilberto Bosques Saldívar, el cual resalta sus labores como diplomático, periodista, político y maestro.

La vida ejemplar de Don Gilberto Bosques lo fue en todos los cargos públicos que desempeñó con enorme responsabilidad y alto sentido del deber; así como en su ideario político colmado de ideas para la libertad y la justicia social, que quedó plasmado más allá de sus acciones, en una obra prolífica también como periodista y ensayista.

En su ejercicio público predominaron siempre sus valores éticos sobre cualquier otra consideración. Por esta razón central, y por los motivos antes descritos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se une a esta doble conmemoración y hace votos porque Gilberto Bosques reciba en México el reconocimiento que en el extranjero ha recibido siempre.

Muchas gracias, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senadora Rojas Hernández.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Rubén Acosta Montoya, del grupo parlamentario del PVEM.

El Diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, señor Presidente.

La recopilación de nuestra historia política, es lo que nos brinda identidad como colectividad política y a su vez, nos impone parámetros los cuales determinan nuestras expectativas personales.

Según Nicolás Maquiavelo, la historia puede convertirse en la guía de la política, siempre y cuando la observemos como un surtidor de experiencias que nos ayuden a demostrar nuestras virtudes políticas y, por supuesto, nuestras virtudes como seres humanos.

Dicho lo anterior, la personalidad de Gilberto Bosques Saldívar, gran mexicano y poblano como ya se ha señalado, es paradigmática ya que nos proporciona un elemento de responsabilidad y santidad política, en un contexto donde la crueldad, guerra y pérdida de valores humanos, hacía casi imposible el actuar en contracorriente.

A pesar de lo anterior, Don Gilberto Bosques Saldívar defendió los derechos humanos e hizo todo lo posible para permitir la migración hacia México de muchas y muchos perseguidos políticos; lo anterior lo realizó valientemente anteponiendo los derechos humanos sin distinción de país, ideología, raza o género, siempre arriesgando su seguridad y vida propia.

¿Pero cómo llegó este gran hombre a contribuir con tan noble causa a la humanidad?

Pues en el año de 1939, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río reconociendo su capacidad y patriotismo lo nombró Cónsul General en París, Francia, en este año, y en este año se vinieron acontecimientos de gran hondura e intensidad histórica, como ya se han señalado desde esta tribuna, mismos que enfrentó con la altura anteponiendo al gran ser humano primeramente que lo caracterizaba.

Se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi invadió Francia e impuso a un personaje, el Mariscal Pétain, el cual era completamente enemigo de los españoles republicanos de tal manera que la actitud fue hostil hacia las masas que cruzaban la frontera franco-española y que buscaban la solidaridad mundial en ese momento.

En una reacción inmediata y oportuna, viendo esto Gilberto Bosques, se traslada a Marsella, donde el Consulado de México renta dos castillos con la finalidad de albergar, proteger y aislar a cientos de personas refugiadas en tanto se tramita y se organiza su salida.

Gracias a esta labor humanitaria, Don Gilberto Bosques logra con su capacidad de gestión extender 40,000 visas para México, Portugal e Italia, 40,000 personas se vieron beneficiadas gracias a su gestión, a la gran gestión de un gran ser humano.

Gratitud es la expresión mínima y adecuada a las acciones a lo largo de la vida de Don Gilberto Bosques, acciones que en muchos casos, lograron que un gran número de personas fueran salvadas de trabajos forzados y campos de concentración.

Sus obras le valieron numerosos reconocimientos como el que hoy hacemos, aunque el verdadero homenaje será el de aprender, difundir, promover y educar para sí mismo y para todos y todas, la defensa de la dignidad humana y, por ende, de los derechos humanos.

Hombres como Gilberto Bosques Saldívar son los que hacen falta en el mundo para mejorar nuestra convivencia social y olvidar nuestras diferencias.

Desde Marsella, el Embajador mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades francesas pro-alemanas al espionaje de la Gestapo, del Gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana.

Es un honor para el Partido Verde Ecologista de México, y en particular para su servidor, atender esta conmemoración, y la celebramos.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Acosta Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del PRI, para cerrar con él la lista de oradores.

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias, señor Presidente.

Antes de venir a esta tribuna, preguntaba a mi amigo Manuel Bartlett que si no iba a subir a enaltecer a su paisano y me dijo: “No, porque yo empezaría diciendo quién es Gilberto Bosques y por qué debemos enaltecer a Gilberto Bosques”, y yo seguiré esa línea de argumentación.

Primero, ¿quién es Gilberto Bosques? Un poblano distinguido que nació en 1892, y que a los 18 años ya participaba en la lucha social porque estuvo al lado de un poblano insigne, como fue Aquiles Serdán, en aquella rebelión en aquel levantamiento de 1910.

Después fue profesor, fue periodista, fue Diputado local, fue Diputado constituyente en Puebla, fue Diputado Federal, contestó el Primer Informe de Gobierno de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, en 1939, lo manda de Cónsul General a París, para que informe de los acontecimientos europeos donde ya se sentían vientos de guerra, soplos de conflicto, rispidez, y después la sanguinaria conflagración que todos tenemos.

Pero Gilberto Bosques no se limitó a eso; una vez que fueron avisados de que los alemanes estaban cerca de París, él se va primero a Bayona, luego a Marsella, y en Marsella empieza a recibir a quienes solicitaban asilo huyendo de los nazis y de los fascistas alemanes, italianos y españoles, y a un sinnúmero de judíos que pedían protección.

Y él les dio asilo, les dio pasaporte, les dio visas, contrató barcos y, como aquí se dijo, más de 40 mil asilados vinieron a México. Su argumento era muy sencillo: “México los invita, porque en México se respira democracia, libertad, soberanía y justicia social”. Cuatro valores fundamentales que alentaron su vida y que inspiraron su tarea.

Gilberto Bosques nació en julio y murió en julio, hasta en eso había simetría y congruencia.

En abril de 1944, cuando Gilberto Bosques regresa a México, en la estación de Balbuena, ahí lo recibieron cientos de españoles y judíos agradecidos y lo llevaron en hombros. Decían que así llevaban en hombros al humanitarismo que inspira la política exterior mexicana.

Por eso estamos aquí, para dar a conocer quién fue Gilberto Bosques y por qué debe de ser enaltecido, recordado y homenajeado el día de hoy.

No termina su tarea en 1944, va como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario a otros países como Portugal, pero hay que destacar que fue Embajador en Cuba, y fue él quien consiguió la visa para Raúl y Fidel Castro a principios de los años 50’s.

Y hoy que se reestablecen las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, hay que recordar esa larga tradición de la política exterior mexicana fundada en principios, México siempre estuvo con Cuba desde los tiempos de Gilberto Bosques. Y hoy, uno de los países más complacidos con la apertura, que es el inicio apenas de una buena relación de Embajadas de Cuba en Estados Unidos y de Estados Unidos en Cuba, esperemos que sigan con los principios de la política exterior mexicana y que pronto se levante el boicot y mejoren las relaciones entre ambos pueblos.

Conviene recordar que Gilberto Bosques hace pocos días fue reconocido en Francia durante la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto, y fue reconocido como un ejemplo de su contribución al mundo y a la historia del siglo XX.

Gilberto Bosques protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no sólo cumplió con la Constitución, enalteció, sobre todo, el artículo 89 fracción X, donde están consagrados los 8 principios básicos de la política exterior mexicana; la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, estos son los principios rectores del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se engloba bajo el título de un “México con Responsabilidad Global”.

Por todo ello, ¡larga vida a Gilberto Bosques Saldívar!, y me uno a la propuesta, señor Presidente, de que se pida un minuto de silencio en memoria de este mexicano ejemplar.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Cavazos Lerma.

Esta efeméride, como todas, se había acordado que fuera con la participación de un integrante de cada grupo parlamentario. El Partido Revolucionario Institucional inscribió a dos interesados, el Partido de la Revolución Democrática ha inscrito a un último interesado en participar.

¿Les pregunto si ya no hay otro legislador interesado para tomar tribuna en esta efeméride? No habiendo interés, el último participante en este tema es el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Se han dicho muy buenos discursos aquí sobre Gilberto Bosques, sobre su trayectoria, pero yo quiero resaltar algo y decirlo con todas sus letras.

Gilberto Bosques fue un héroe mexicano, un auténtico héroe, aquel que le salva la vida a las personas, aquel que le cambia la vida a las personas. ¿Cuál era la perspectiva de miles de republicanos españoles, de muchos judíos perseguidos por el fascismo? Era la perspectiva de la muerte.

Y lo que hizo Gilberto Bosques, incluso como activista con un megáfono saliendo a las calles de Marsella a decir: “Vengan al Consulado mexicano, aquí hay un espacio para ustedes”, fue la posibilidad de rehacer la vida, rehicieron la vida muchísimos republicanos españoles, muchos judíos, muchos otros perseguidos de la tierra rehicieron su vida en México, cumpliendo la política exterior de Lázaro Cárdenas, que convirtió a México en el santuario del derecho de asilo, aquí encontraron ese espacio muchos perseguidos, y por muchos años México continuó esa tradición.

Ojalá México ahora recupere esa tradición de Lázaro Cárdenas, de Gilberto Bosques, recordemos que, el político más perseguido en esa época, León Trotsky, también encontró un espacio en México por esa vocación.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Diputado Belaunzarán Méndez, permítame por favor. Les ruego nos incorporemos a los temas de la sesión. Continúe Diputado por favor.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Gilberto Bosques significó para tantos perseguidos por el fascismo la diferencia entre la vida y la muerte; entre la guerra y la paz, y rehicieron sus vidas en México y muchos de ellos entregaron lo mejor de sí a este país, y este país se engrandeció y se desarrolló gracias a su contribución.

Es muy claro, por ejemplo, en la historia de las ideas en México, hay un antes y un después del exilio español, y en muchas otras gamas del conocimiento, del trabajo, etc.

Entonces por supuesto que es correcto reconocer a Gilberto Bosques, el héroe mexicano y darle ese lugar, y a esta Comisión Permanente reconocerlo.

Hay algo en lo que quizá no se hizo suficiente hincapié de Gilberto Bosques, en que también enfrentó el autoritarismo aquí en México.

Maximino Ávila Camacho no lo quería y lo vetó para ser Gobernador de Puebla, entre otras cosas, y en esa confrontación, con ese líder, o ese caudillo autoritario del viejo cuño, Gilberto Bosques supo ser suficientemente vertical para enfrentarlo, y Lázaro Cárdenas que lo reconocía, por supuesto que le dio esa oportunidad del servicio exterior que él mismo había solicitado.

Fue además un parlamentario de excepción Gilberto Bosques, y el Artículo 3o. constitucional, que además la verdad es muy importante, es casi un poema, también se le debe en buena medida a Gilberto Bosques. Entonces, estoy congratulado con que le demos este reconocimiento a Gilberto, el héroe mexicano, que por cierto recientemente en Israel lo nombraron justo entre las naciones, qué bueno, es alguien que salvó vidas y además, les dio perspectiva de vida a quien parecía que lo había perdido todo en Europa y pudo rehacer su vida en nuestro país, engrandeciendo ésta que es la patria de todos.

Gracias, es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.





 

MINUTO DE SILENCIO

Vamos a proceder a dar un minuto de silencio en memoria de Don Gilberto Bosques Saldívar, y ojalá el silencio que guardemos nos conmine a guardar silencio en lo que resta de la sesión. Gracias.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias, tomen asiento por favor.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a la delegación de asambleístas ecuatorianos, les pido se pongan de pie para que los podamos saludar con toda atención y respeto.

Asambleístas ecuatorianos que se encuentran presentes en este salón de sesiones de la Comisión Permanente. Saludamos cordialmente a los asambleístas: Rocío Alban, Diego Vintimilla, Linda Machuca Moscoso, Blanca Argüello Troya, Zoila Benavides Zambrano, María Verónica Rodríguez, Miryam González Serrano, Eduardo Zambrano Cabanilla, Ximena Ponce León, Alex Guamán Castro, María Soledad Vela, Dora Aguirre, Fernando Xavier Bustamante, Rosana Alvarado Carrión y Pamela Falcón.

Los distinguidos legisladores y legisladoras participan en el Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los retos de la movilidad humana en el siglo XXI”. Estos trabajos se llevan a cabo en las instalaciones del Senado de la República y han sido invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.

Asisten con la finalidad de fortalecer el trabajo y la cooperación institucional en el contexto interamericano sobre la problemática y los efectos que enfrentan los grupos humanos en movilidad.

Conocemos de la intensidad de sus trabajos y deseamos que concluyan con éxito este diálogo interparlamentario, destacando que nuestros homólogos ecuatorianos se encuentran en proceso de consulta para la elaboración de una nueva Ley de Movilidad Humana en el Ecuador, y consideramos que este evento será fundamental.

Saludos a todos ustedes, ¡bienvenidos y nuestro respeto!, compañeros legisladores ecuatorianos.

Muchas gracias.

Debo agregar que también han sido invitados a esta sesión por las Diputadas Amalia García Medina y Adriana González Carrillo.





 

En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA PERSONAS MENORES DE QUINCE AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO

(Presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Buenas tardes. Gracias, señor Presidente.

Presento esta iniciativa con proyecto de Decreto al artículo 266 del Código Penal Federal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

Como ustedes saben esta Cámara trabajó fuertemente para sacar adelante la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue un gran debate y un gran logro para este país, de hecho una ley preferente como ésta que el Presidente de la República hizo de esta facultad, causó controversia, pero además de ello hubo la suma en muchos aspectos muy interesantes para que esta ley pudiera transitar.

Nos parece que nosotras, nosotros, tenemos que estar muy atentos acerca de lo que dice el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niños, que determina, entre otras cosas, una serie de derechos que tienen nuestras niñas y niños, pero subraya especialmente lo que tiene que ver con el abuso sexual, los datos son muy escalofriantes.

Hace muy poco, el CEAMEG habla de que en México hay 4.5 millones de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual, afectando la integridad y seguridad de la infancia y adolescencia.

Sin embargo, la OMS habla de 73 millones, que es una cifra alarmante. Tenemos que hablar con claridad de un tema tan doloroso para esta generación, que tenemos que tener el mayor cuidado, tenemos que tener el mayor de los cuidados con la generación que viene.

Yo quiero compartir con ustedes que hay un grupo de Senadores que pertenecemos al Consejo de Europa, y hemos estado trabajando sobre la ratificación del Convenio de Lanzarote, que tiene que ver con la violencia sexual en contra de nuestras niñas y niños.

Pero especialmente el Consejo de Europa nos ha marcado lo que tiene que ver el abuso sexual en el círculo de confianza de nuestras niñas y niños, que es un tema muy doloroso y que no se conoce hasta mucho tiempo después, el silencio siempre permanece en delitos como este, y que hoy estamos pidiendo que pueda no ser prescriptible, porque consideramos que en el momento en que se conozcan estos hechos tan dolorosos y tan aberrantes, la ley tiene que percibir y tiene que hacer pagar a los o las personas que cometan este delito.

Por eso hoy presento a ustedes esta propuesta para reformar el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, con la finalidad de que sean imprescriptibles las acciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV, para quedar como sigue:

“Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV del Código Penal Federal”.

Por nuestras niñas y niños, vayamos por esta propuesta, y en su momento discutirla y aprobarla, creo que vale la pena.

Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal Federal SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA PERSONAS MENORES DE QUINCE AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN LA CAPACIDAD DE COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestro país se ha tenido un avance importante respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a los instrumentos internacionales y nacionales protegiendo el interés superior de la infancia.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño contempla el término de niño como:

“Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la Ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

El artículo 19 de dicha Convención determina que “los países miembro tomarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a cargo del niño.”

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5 haciendo uso de un lenguaje incluyente define:

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Por otra parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

En el mes de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados realizo un foro dirigido a niñas, niños y adolescentes conmemorando el día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en dicho evento se observó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nuestro país ocupa mundialmente el primer lugar  en abuso sexual, homicidios y violencia física de personas menores de catorce años.

Por su parte Marina Mandujano Curiel Directora General del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), señalo que en México 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, afectando la integridad y seguridad de la infancia y de los adolescentes.

Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes repercute en su integridad física y psicológica, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años sufren algún tipo de violencia sexual, esta situación tiende a ocultarse propiciando que aumenten estas situaciones.

El impacto del abuso sexual en la infancia explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de trastornos de estrés postraumático, comportamientos y factores de riesgo que pueden contribuir a algunas de las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato de menores, como considerando que el maltrato o vejación abarca todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.2

Respecto a la somatización que las niñas, niños y adolescentes presentan cuando están sufriendo abuso, el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños señala:

A nivel físico: dolores de cabeza y estómago, enuresis (incontinencia urinaria), síntomas de desnutrición, tez pálida, decoloraciones en la piel, golpes y heridas, somatización, pesadillas y otros problemas de sueño.

A nivel cognitivo: problemas de atención y retención, alteraciones de la memoria, deficiente desempeño escolar.

En su conducta: hiperactividad, miedo, hostilidad, agresión, ansiedad, angustia, falta de interés, retraimiento, trastornos depresivos y otros síntomas de estrés post-traumático como exageración del peligro.

En sus prácticas: falta de higiene personal, baja autoestima, ausentismo, incapacidad para relacionarse, reacciones emocionales intensas, acciones perjudiciales para su salud como consumo de drogas, sexo temprano, tendencias suicidas y daño auto-infringido.3

Como podemos observar, los daños físicos psicológicos y emocionales que pueden presentar las niñas, niños y adolescentes son graves y posiblemente afectaran su desarrollo de manera permanente, en el mejor de los casos si se detecta a tiempo pueden ser atendidos integralmente y lograr superar la situación de abuso, puntualizando que se trata de una vulneración al interés superior de la infancia motivo por el cual estos delitos deben ser imprescriptibles.

Por delito debemos entender que es:

“En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal”.4

Se consumara el delito cuando la voluntad humana se manifiesta en una acción.

“…Es frecuente abrazar la acción y la omisión bajo el común concepto de conducta, base y centro del delito, sin la cual éste es inconcebible. Aunque esa conducta no puede, en sí misma, ser escindida, aparece en cuanto a conducta delictiva, es decir, en cuanto delito, dotada de ciertos caracteres que, para los efectos del análisis, se estudian por separado. Estos caracteres son la tipicidad, la ilicitud o antijuricidad y la culpabilidad”. 5

“La acción y la omisión deben ser típicas, ello es, conformarse a una descripción de la conducta delictiva hecha previamente por la ley (tipicidad). Los tipos son predominantemente descriptivos, y comprenden en sus descripciones contenidos tanto objetivos como subjetivos. Entre los elementos objetivos del tipo destacan: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, los medios y modalidades del delito, el resultado y los elementos normativos”.6

Actualmente el Código Penal Federal contempla en su Título Octavo los Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, en su capítulo I tipifica la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Los artículos 200 y 201 contempla el delito de corrupción de menores, así mismo el artículo 202 tipifica el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Los artículos 203 y 203 Bis del mismo ordenamiento legal tipifican el delito de turismo sexual con personas menores de dieciocho años:

Artículo 203.-Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de doce a dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.

Por otra parte, el artículo 204 del Código Sustantivo de la materia tipifica el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo.

El artículo 205 Bis, determina que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 204 del Código Penal Federal, lo anterior considerando de que se trata de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, el Código Penal Federal en el Titulo Decimoquinto estipula los Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, el artículo 261 dice:

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

El artículo 261 tipifica el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho:

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Así mismo, el artículo 266 del mismo ordenamiento legal contempla la equiparación del delito de violación cometida en contra de persona menor de quince años de edad, o bien que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho.

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;

II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad.

El delito equiparado a la violación estima como elemento psicológico que se haya obrado abusando del estado de indefensión del sujeto pasivo, por su corta edad.

El artículo 266 Bis en sus fracciones II y IV, contemplan las penas previstas para el abuso sexual y la violación, agravándolo cuando el delito fuese cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro, además se prevé la pena de prisión y la pérdida de la patria potestad o tutela cuando se ejerce violencia sobre la víctima.

Los delitos antes enunciados deben ser ejecutados contra personas (menores de edad), afectando su libertad sexual y desarrollo psicosexual, por lo que dada su trascendencia deben ser imprescriptibles, prevaleciendo este principio toda vez que las niñas, niños y adolescentes que sufren este tipo de delitos difícilmente superan la situación, por el contrario presentan desequilibrios en su conducta y no se desarrollan de manera sana y adecuada, requiriendo asistencia médica, legal y psicológica por largos periodos o de manera permanente.

Derivado de lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: Adicionar un párrafo segundo al Artículo 266 Bis, del Código Penal Federal con la finalidad de que sean imprescriptible las sanciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV, relativos a los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad o en personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, afectando su normal desarrollo psicosexual.

Por los argumentos expuestos anteriormente, someto ante esta H. Sobaranía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 266 Bis.  …

I.-IV…

Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV.

Artículo Transitorio:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de julio de 2015.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Cuadro comparativo

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas;

II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;

III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

Artículo 266 Bis.  …

I.-IV…

 

Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV.

 

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Está presente en este recinto la Diputada Aleida Alavez Ruiz del grupo parlamentario del PRD, que también es organizadora del evento interparlamentario con legisladores ecuatorianos.

1 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/es/ Consultado 13-07-2015.

2 http://files.sld.cu/prevemi/files/2013/07/definicion.pdf Consultado 13-07-2015.

3 http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf. Consultado 13-07-2015.

4 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Letra D-E. Editorial Porrúa. UNAM. México, 2002. P.25.

5 Ídem. p. 96.

6 Ibidem.





 

Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 261 Bis al Código Penal Federal, en materia de “Grooming”.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE "GROOMING"

(Presentada por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se lo agradezco mucho, señor Presidente.

Quisiera poner un contexto, la asociación Save The Children ha trabajado mucho en este tema. Pero además, coincide mucho con la anterior propuesta que hizo la Senadora Diva Hadamira, y también coincide con el foro que se está llevando en este momento en el Senado, que el Presidente nos acaba de dar a conocer, y que recibimos aquí a los legisladores ecuatorianos.

El centro de estos debates, tanto el de la movilidad como el del acoso infantil, tiene que ver con la protección que le da el Estado o los estados, la comunidad internacional, a los niños en su pleno desarrollo, en su funcionamiento y en las capacidades que ellos pueden tener, dado el ambiente y el contexto en el cual se desenvuelvan para poder tener un desarrollo integral, algo que vaya de acuerdo a su dignidad y que los pueda potencializar como seres humanos.

He trabajado durante tres años como legislador federal en temas que tienen que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la potencia que tiene el Internet para poder abrir nuevos canales, para que el conocimiento y el desarrollo sea posible para todos los seres humanos, pero no podemos dejar de lado que el desarrollo de las tecnologías de la información también trae consigo el que los delitos que se cometen en la vida real, en lo terrenal, en los campos, en las ciudades, también se puedan dar ahora en el ciberespacio, y se puedan dar a través de las tecnologías de la información.

Hoy les vengo a hablar del ciberacoso sexual infantil llamado Grooming, de una práctica que tienen unos delincuentes, que son unos seres pervertidos, que son unos adultos que se hacen pasar por niños en la red para poder entrar en contacto, para poder manipular a niños, para poder cambiar la identidad, y una vez en ese contacto, una vez teniendo la posibilidad de hablar con ellos, los pueden llevar a distintos delitos, como puede ser la trata de personas.

Desgraciadamente, la pornografía infantil, la trata de personas sí está tipificada dentro de nuestro Código Penal, pero el ciberacoso sexual infantil no lo está.

Y lo que les vengo a proponer a ustedes, compañeros legisladores, y los invito a que se puedan sumar a esta iniciativa que la trae la sociedad civil, pero también diversos países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España y Francia, ya han tipificado dentro de sus códigos penales, y la invitación que les vengo a dar es que lo podamos hacer también en México.

Realmente sólo es un asunto de voluntad política, sólo depende de este Poder Legislativo, el que esto pueda ser una realidad en nuestro país.

Es por eso que someto a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto, en la cual se adiciona un artículo 261 Bis al Código Penal Federal, imponiendo una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa, a quien cometa el delito de ciberacoso sexual en una persona menor de 15 años de edad, o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda restituirlo u obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El que suscribe, diputado federal Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona un artículo 261 Bis al Código Penal Federal, sujetando la misma al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han permitido derrumbar barreras y superar las fronteras globales que anteriormente tenía la comunicación entre las personas de todo el mundo, hoy también representan una gran herramienta para aquellos que persiguen fines ilícitos. Sobra mencionar todos los beneficios que las TIC han proporcionado a muchas sociedades en los aspectos sociales, políticos y económicos, pero éstas han servido también para cometer un sinfín de delitos informáticos; los que dañan la intimidad, la propiedad intelectual, los que cometen sabotaje, fraude, perjurio, amenazas, robo de datos e incluso de divisas, y pornografía infantil, por mencionar algunos. Las TIC también han creado un nuevo espacio de oportunidades en donde los niños pueden aprender, jugar y desarrollarse, pero también pueden correr el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.

Hoy nos encontramos ante un nuevo escenario que vuelve a querer dañar a los más vulnerables de la sociedad: los niños, aquellos que algún día serán nuestros sucesores para seguir buscando la prosperidad y el progreso de nuestra patria. Este nuevo escenario es el del fenómeno social mejor conocido comochildgroomingo “ciberacoso sexual”. El childgrooming es un proceso en donde una persona adulta crea un perfil falso haciéndose pasar por alguien de la misma edad o atractiva para los menores de edad y establecer contacto a través de los medios digitales, como redes sociales, e-mail, chats, consolas de videojuegos o incluso por medio de sus celulares. A través del engaño se ganan su confianza y logran que los menores se tomen fotos de su cuerpo de manera sugerente, con contenido sexual o pornográfico, mismas que los acosadores utilizan en distintas circunstancias con fines sexuales para satisfacerse a sí mismos o para vender e intercambiar el contenido para que otros las miren. Incluso a veces también solicitan un encuentro a través de amenazas, engaños o chantajes. En ocasiones, cuando los menores aceptan, pueden abusar sexualmente de ellos y/o secuestrarlos para llevarlos a trabajar en distintos lugares sin su consentimiento. En un peor escenario, para ser explotados sexualmente.

La organización promotora de los derechos de la niñez, SaveTheChilden, ha presentado una campaña contra el grooming, misma que busca sensibilizar sobre el riesgo que representa el ciberacoso sexual infantil para niños y adolescentes en nuestro país. Según datos presentados por esta organización, en 2013 se detectaron más de 12 mil perfiles falsos que se usaban para difundir imágenes de explotación sexual infantil.  Por otro lado, este año la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, ha detenido a seis presuntos responsables del delito de producción y distribución de pornografía  infantil, pero aunque estos actos sí son delitos, el ciberacoso sexual aún no lo es. Además, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) asegura que las conductas pederastas en internet van en aumento, ya que se han reportado 100 casos de pornografía infantil en lo que va de 2015, pero sólo dos se han llevado ante un juez.

Debido a que el ciberacoso sexual aun no es tipificado como delito, por ahora sólo se pueden tomar medidas preventivas, educando e informando a padres e hijos sobre cómo se pueden evitar dichos acercamientos a los menores por parte de los ciberacosadores. De esta manera, es evidente que las actuales leyes en la materiano están a la altura de la situación, por lo que urge que se adecúe la normatividad penal a esta lamentable realidad y así evitar que se consumen estos actos abusivos y pervertidos.

Haciendo una breve comparación con la experiencia internacional en la materia, países como Chile, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Francia, Irlanda, Costa Rica, Holanda y Reino Unido, ya han tipificado como delito la conducta del ciberacoso sexual. Por ejemplificar algunos de estos casos, desde 2010, en España, seha tipificado el grooming en su código penal de la siguiente manera:

El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.”

Cuando se hace mención de los artículos 178, 183 y 189, hace referencia a los delitos de agresión y abuso sexual, corrupción de menores en sus modalidades de utilización de menores espectáculos exhibicionistas o pornográficos; elaboración de material pornográfico, distribución y otras figuras afines; la participación en comportamientos de naturaleza sexual que perjudiquen la evolución y desarrollo de la personalidad; e, incluso, quedan aquí comprendidos los delitos de distribución o exhibición de pornografía infantil, aun siendo en este caso destinatarios los propios menores.

En Chile, en 2011, se modificó el código penal en lo relativo a la penalización del abuso sexual impropio, agregando como conducta penada a la "solicitud al menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación sexual". Además, se crean dos incisos nuevos, en los que se señala que las penas se aplicarán también cuando los delitos sean cometidos a distancia, a través de cualquier medio electrónico y "aumentándose la pena aplicable en un grado cuando el acosador falseare su identidad o edad".

En Australia desde hace varios años se realizan esfuerzos para combatir estos delitos, desde toda una suma de adecuaciones en legislación hasta estrategias concretas que se enfocan en prevenir y proteger a los menores. Una de las medidas más importantes en este sentido ha sido la puesta en marcha del programa Netalert, a cargo de la Australian Communications and Media Authority (ACMA). El programa se centra en entregar información y consejos a padres, educadores y bibliotecarios de cómo hacer un uso seguro de Internet, y empodera a los niños para minimizar los riesgos de que sean víctimas de algún tipo de delito de connotación sexual.

En 2013, Argentina tomó cartas en el asunto incorporando el siguiente texto como un artículo 131 a su Código Penal: "Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".

En un esfuerzo similar por identificar y denunciar a los ciberacosadores sexuales, en Holanda se puso en marcha el proyecto Sweetie de la organización Terre des hommes, misma que busca ponerle fin a la explotación sexual infantil. Dicho proyecto consiste en una simulación virtual con un modelo de diseño 3D de una niña filipina de 10 años que acude a redes pederastas para contactar a pedófilos y rastrearlos a nivel mundial. Esta iniciativa tiene como objetivo denunciar el turismo sexual de niños vía webcam, fenómeno que se da, sobretodo, en países ricos, donde personas adultas pagan a menores o niños de países pobres por realizar actos sexuales a través de la cámara web de un computador. Según el proyecto, estos crímenes suceden con una frecuencia de decenas de miles de ocasiones al día. Dicha organización también hace referencias a datos oficiales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el FBI (Federal Bureau of Investigation), exponiendo que en cualquier momento hay 750 mil pedófilos en línea, mientras que decenas de miles de niños filipinos están siendo ciberacosados sexualmente vía webcam, y tan sólo a seis de estos pederastas se le han presentado cargos delictivos por abuso sexual. En dos meses, dicha iniciativa logró identificar a mil depredadores sexuales, poco después entregaron esta información a la Interpol para que tomara las medidas correspondientes. Además, resaltan que si esta organización obtuvo dichos resultados en dos meses, se estima que las fuerzas policiacas podrían identificar hasta 100 mil casos al año.  Por último, este proyecto exhorta a todas las naciones a fortalecer su legislación en la materia de ciberacoso sexual, pues es desde ahí donde se puede hacer efectiva su penalización.

La pornografía infantil y el ciberacoso a menores ha sido siempre objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional. Podemos mencionar como antecedentes importantes, el Informe del Tercer Congreso Mundial de Enfrentamiento a la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía; y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, en el cual se establece la obligación de las partes de adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño”. Este convenio es el primer documento internacional que recoge como delitos las diferentes formas de abuso sexual de menores incluyendo el childgrooming.

De otro modo, el sector privado y la sociedad civil también se han sumado para colaborar en estos asuntos. Firmas como Google, Youtube y Facebook ya se han incursionado en la tarea de denunciar a este tipo de acosadores ante las autoridades. Tomando esto en cuenta, sólo falta la voluntad política para contrarrestar estas conductas pervertidasque tanto daño están ocasionando a nuestros menores. La problemática del grooming es una realidad en nuestro país, ahora también hagamos su sanción una realidad.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona un artículo 261 Bisal Código Penal Federal

TITULO DECIMOQUINTO

Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Capítulo I

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 261 Bis.- A quien cometa el delito de ciberacoso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Se entiende por ciberacoso sexual al acto de establecer comunicación a través de teléfono, Internet, o cualquier otra tecnología de la información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente, el 22 de julio de 2015

Dip. Juan Pablo Adame Alemán.

Referencias
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Child Wise: Creating child safe organisations and communities. (2013). Offending all the way through from the start. Exploring the call for law reform. Victoria Law Foundation .
EducarChile. (5 de julio de 2015). El grooming o ciberabuso sexual infantil: un peligro latente. Obtenido de El entorno altamente conectado e interactivo en que crecen los niños de hoy trae oportunidades pero también riesgos que es necesario prevenir.: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225380
Gobierno de Chile: Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. (9 de agosto de 2011). Ciber-acoso infantil será castigo gracias a iniciativa de la CDC. Obtenido de http://www.cdc.gob.cl/2011/08/09/ciber-acoso-infantil-sera-castigo-gracias-a-iniciativa-de-la-cdc/
González, L. T. (s.f.). ¿Existe el delito de Grooming o ciberacoso sexual infantil?: Una aproximación desde la óptica jurídico-penal (especial referencia al proyecto de ley que modifica el artículo 366 quáter del Código Penal ).
Hernando, J. Á. (s.f.). El ciberacoso sexual infantil y su respuesta penal . Valladolid: III Edición del Premio de Artículos Jurídicos de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Valladolid “Don Camilo de la Red”.
Hope, C. (15 de octubre de 2013). Facebook is a 'major location for online child sexual grooming', head of child protection agency says. The Telegraph.
Jiménez, E. (2 de julio de 2015). Es urgente legislar contra el "grooming": Save the Children. Milenio.
Mediatelecom- Reuters. (11 de diciembre de 2013). Promulgaron la ley de grooming. Obtenido de http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/regulacion/item/55826-promulgaron-la-ley-de-grooming
Observatorio Asia Pacífico. (27 de julio de 2011). Chile se suma a Australia y promulga ley contra el grooming. Obtenido de http://observatorio.bcn.cl/asiapacifico/noticias/chile-australia-ley-contra-grooming
Organización de las Naciones Unidas. (2011). Prevention, protection and international cooperation against the use of the new information technologies to abuse and/or exploit children. Resolución de la 48 reunión plenaria del Consejo económico y social de la ONU.
Ost, S. (2009). Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal Responses. Cambridge Studies in Law and Society.
Padilla, A. C. (2014). El nuevo delito de grooming del artículo 183 bis del Código Penal.
Rutai, D. Z. (2013). Online grooming of children: Experiencies to be used in Cyprus. Cyprus: Hope for Children UNCRC .
Save the Children. (2 de julio de 2015). Comunicado de prensa Contra el Grooming. Ciudad de México, Distrito Federal, México.
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Servet, V. M. (2010). El grooming o ciberacoso infantil, el nuevo artículo 183 bis del Código Penal. Diario.
Terres des hommes: stops child exploitation. (5 de julio de 2015). Stop webcam child sex tourism . Obtenido de Sweetie: https://www.youtube.com/user/sweetie

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Adame Alemán. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.





 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Presentada por la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El servicio comunitario es una actividad realizada por alguien o por un grupo de personas en beneficio público o de instituciones.

En nuestro país existen innumerables organizaciones de la sociedad civil que se crean con el objeto de prestar servicios comunitarios de toda índole.

Estas organizaciones, en su mayoría, están integradas por particulares y trabajan sin fines de lucro, lo que buscan es brindar servicios asistenciales en las áreas de salud, educación, discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ancianos desamparados, niños en situación de calle, huérfanos y actividades de asistencia social.

El Estado también cuenta con instituciones públicas por medio de las cuales, se dedican a realizar actos de asistencia social o servicio comunitario, el más conocido es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se conoce como DIF.

Sin embargo, hay otras instituciones que se distinguen por el tipo de población a quienes prestan sus servicios, como es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional Indigenista o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, por mencionar sólo algunas.

Es innegable la necesidad que existe en nuestro país de realizar trabajo comunitario, ya sea por medio de las instituciones de asistencia privada o de las instituciones públicas creadas para ello.

El objetivo toral de esta iniciativa que hoy presento, es el de establecer en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, una sanción adicional a quienes, en el desempeño de su encargo, hayan cometido alguna acción por la que tengan que ser sancionados. Esta sanción adicional, es precisamente la obligación de realizar un trabajo comunitario de asistencia social en alguna dependencia pública dedicada a ello, como las que se describieron en párrafo anterior.

Los servidores públicos que infrinjan la ley, tendrán, además de las sanciones ya establecidas cuya máxima es la inhabilitación, realizar un trabajo comunitario como una forma de retribuir en algo a la sociedad a la que se debe, y además serán objeto de escarnio y exhibición pública, y será, desde nuestro punto de vista, un castigo ejemplar, y así evitar que los servidores públicos sigan realizando conductas indebidas.

Creemos que la realización de un servicio comunitario le brinde una oportunidad al servidor público sancionado, para que observe con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su actuación; de este modo podrá apreciar las razones para los límites de la tolerancia social.

Aún más, se otorga al servidor público un modo constructivo, el proactivo de reparar los daños causados por su conducta ilícita con el beneficio potencial de mejorar la percepción general que se tienen del servidor público.

Como ejemplo de la aplicación de esta propuesta, podremos mencionar el caso de Silvio Berlusconi, ex Primer Ministro de Italia, que se encuentra purgando una sentencia de arresto domiciliario pero conmutada, por servicio comunitario al que acude una vez a la semana y por un periodo de no menos de 4 horas consecutivas en un centro para ancianos y discapacitados especializado en enfermedades mentales.

La sentencia inicial de 4 años de prisión, fue conmutada a 4 horas de trabajo a la semana con pacientes con demencia durante un año.

Cabe destacar que en México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio del presente año, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos, por lo que no es descabellado pensar que esos más de 5 mil servidores son 5 mil manos más en servicios comunitarios que no costarían al Estado, y que con sus actividades beneficiarían a muchísimos ciudadanos.

La propuesta concreta consiste en adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estableciendo que: “el servidor público deberá realizar servicio comunitario en instituciones de asistencia social públicas, por las horas a la semana que determine la autoridad, que en ningún caso podrá ser menor a cuatro semanas”.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchísimas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, diputada federal Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El servicio comunitario es un servicio donado, o actividad que es hecha por alguien o por un grupo de personas para beneficio público o sus instituciones.

Los voluntarios pueden dar servicio a la comunidad, sin embargo, no todos los que proporcionan servicio comunitario son vistos o catalogados como voluntarios, ya que algunas personas que proporcionan servicio a la comunidad no lo realizan por su propia voluntad, sino que se ven obligados a hacerlo por alguna razón.

Las razones más sobresalientes son:

● Como parte de las necesidades de la ciudadanía, en sustitución por ejemplo del servicio militar;

● Por sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, y en muchos casos para evitar una sanción mayor de tipo económico o de tipo penal;

● Para cumplir los requisitos de un curso, como el caso del llamado aprendizaje en servicio, o para cumplir con ciertos requisitos exigidos para la graduación;

● Por alguna exigencia de una escuela o de una guardería o de una institución deportiva, que a veces requieren de los padres o responsables de quienes allí se inscriben, cierto número de horas de servicio no remunerado.

En México, existen innumerables organizaciones de la sociedad civil que se crean con el objetivo de prestar servicios comunitarios de toda índole. Estas organizaciones en su mayoría está integrada por particulares y trabaja sin fines de lucro. Lo que buscan es brindar servicios asistenciales en las áreas de: salud, educación, discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ancianos desamparados, niños en situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia social.

Por su parte la Ley de Asistencia Social, define en su artículo 3 que: “se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral  del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.”

Con esto queremos señalar que el Estado, también cuenta con instituciones públicas por medio de las cuales se dedican a realizar actos de asistencia social o servicio comunitario. El principal y más conocido es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se reconoce como DIF. Sin embargo, hay otras instituciones que se distinguen por el tipo de población a las cuales presta sus servicio, tal es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el instituto Nacional Indigenista o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, por mencionar solo algunas.

Es innegable la necesidad que existe en nuestro país de realizar trabajo comunitario, ya sea por medio de las instituciones de asistencia privada, o por medio de las instituciones públicas enfocadas a ello. En México, debemos de tomar acciones como las que se realizan en algunos países, incluso tan sorprendentes como Ruanda, en el que existe un programa denominado Umuganda. Este es un servicio comunitario obligatorio para todo el país, con excepción de los niños. Consiste en que cada último domingo del mes, de 8 a 11 de la mañana, los vecinos de cada barrio se reúnen y asignan trabajos de limpieza y mantenimiento de sus calles. Lo mejor: el presidente, su gabinete y todas las autoridades locales están obligadas a llevar a cabo este servicio. Además, este tiempo también se aprovecha para que los ciudadanos expresen quejas y sugerencias directamente a sus gobernantes. La lógica detrás es que la única manera de reconstruirse es aprendiendo a trabajar en equipo y ayudarse los unos a los otros. (http://www.animalpolitico.com/blogueros-arena-electoral/2014/04/17/mexico-por-que-aprendes-de-ruanda/#ixzz35ZZQFzlS)

Y el objetivo de ésta iniciativa, no es llegar a los límites ideales como lo hacen en Ruanda, sino de establecer en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, una sanción adicional a quienes en el desempeño de su encargo hayan cometido alguna acción que se encuentre prohibida en dicho ordenamiento y que por ello tenga que ser sancionado.

Esta sanción adicional, es precisamente la obligatoriedad de realizar un trabajo comunitario de asistencia social en alguna dependencia pública dedicada a ello como las que se describen anteriormente.

Consideramos que es importante que se apruebe la presente iniciativa, pues con ello, los servidores públicos que infrinjan la ley, tendrán además de las sanciones ya establecidas, cuya máxima es la inhabilitación, deberán de realizar un trabajo comunitario como una forma de retribuir algo a la sociedad a la que se deben, y además serán objeto del escarnio y la exhibición pública, y será, desde nuestro punto de vista un castigo ejemplar y así evitar que los servidores públicos sigan realizando conductas indebidas.

Creemos que realización de un servicio comunitario brinda una oportunidad de que el servidor público sancionado observe con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su actuación. De este modo, podrá apreciar las razones para los límites de la tolerancia social. Aún más, se otorga al servidor público un modo constructivo y proactivo de reparar los daños causados por su conducta ilícita, con el beneficio potencial de mejorar la percepción general que tiene el servidor de su propio valor.

Como ejemplo de la aplicación de esta propuesta, podemos mencionar el caso de Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, que se encuentra purgando una sentencia de arresto domiciliario, pero conmutada por servicio comunitario al que acude una vez a la semana y por un período de no menos de cuatro horas consecutivas en un centro para ancianos y discapacitados, especializado en enfermedades mentales, en el pueblo de Cesano Boscone cerca de Milán, Italia. La sentencia inicial de cuatro años en prisión fue conmutada a cuatro horas de trabajo a la semana con pacientes con demencia durante un año.

Cabe destacar que en México, entre el primero de diciembre de 2012 y el 30 de junio del presente año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos, por lo que no es descabellado pensar que esos más de 5 mil servidores, son cinco mil manos más en servicios comunitarios, que no le costarían al Estado y que con sus actividades beneficiarían a muchísimos ciudadanos.

La propuesta consiste en adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estableciendo que:  el servidor público deberá realizar servicio comunitario en instituciones de asistencia social públicas, por las horas a la semana que determine la autoridad, que en ningún caso podrá ser menor a cuatro semanas.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la honorable esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

DECRETO

Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13.- …

I.- a V.-

Además, el servidor público deberá realizar servicio comunitario en instituciones de asistencia social públicas, por las horas a la semana que determine la autoridad, que en ningún caso podrá ser menor a cuatro semanas.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de julio de 2015.

Dip. Esther Quintana Salinas.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Quintana Salinas. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma que los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y sistema penitenciario. Y también para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Le rogamos, señor Senador, que lo haga en una sola intervención.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21, 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Armando Ríos Piter: Así será, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Las presentes iniciativas, tanto de cambio constitucional, como de ley reglamentaria, tienen que ver con los recientes hechos: la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Para no hacer demasiada alegoría de Joaquín Guzmán Loera, es, sin duda alguna, uno de los temas más preocupantes de la vida nacional.

Aun cuando el gobierno federal y su partido, que lo veo entretenido dialogando, estén empeñados mediáticamente en querer venderle a la población la idea de que fue una fuga impresionante, que fue imposible, tecnológicamente, impedirla, la verdad es que no podemos, ni los legisladores, ni sobre todo la sociedad lo va a permitir, dejar que este tema se vaya como un asunto más.

Si hacemos una sumatoria de los asuntos, desde Ayotzinapa, Tlatlaya, OHL, pues, obviamente la cereza, desafortunada, en ese pastel, en ese universo de cuestiones que tienen que ver con corrupción e impunidad, la viene a poner precisamente la fuga de ese penal de máxima seguridad.

Y por eso insistiremos, antes de comentar sobre la iniciativa, en lo que hemos venido diciendo. Aquí tiene que haber responsables, y hay una responsabilidad fundamental, de la cual el Presidente de la República no puede ausentarse.

A mí me tocó, como a muchos de ustedes, seguramente, ver en repetidas ocasiones, son 16 millones de veces que se ha repetido un video en el cual el Presidente Peña Nieto dice textualmente: “Sería imperdonable que se fugara nuevamente “El Chapo” Guzmán.

Y subraya y ahonda, dice: “Yo le digo diariamente al Secretario de Gobernación: ¿lo tienes bien checado?, ¿estás seguro de que está bien previsto que no se escape?” Entonces, compañeras y compañeros, hay que llamar a cuentas.

En esa parte de ese discurso, al titular del Ejecutivo, a que tomen definiciones claras, son el rumbo que tiene, no solamente la política penitenciaria, sino la política de seguridad en este país.

Nosotros esperaríamos que el Presidente Peña Nieto, frente a la crisis que se vive de percepción de impunidad, tomara acciones al respecto, y tal vez, una cosa inmediata, si es que no fuera él quien lo definiera, que el propio Secretario de Gobernación, en la condición de responsabilidad y de seriedad, presentara su renuncia. Pero no nos quedamos ahí, se tiene que ver toda la cadena del mando penitenciario.

Y por eso, compañeras y compañeros, si no queremos quedarnos solamente en un discurso de: si sí renuncias, que yo estoy convencido que en algún momento llegarán, y que si no llegan, este gobierno y su partido en el poder tendrán, pues, 3 años de muertos vivientes, porque la credibilidad, la poca que hoy puedan tener, pues se irá perdiendo poco a poco, conforme a esa frase: “Sería imperdonable se le imputen continua y diariamente millones ciudadanos al titular del Poder Ejecutivo”.

Pero dicho esto, compañeros y compañeras, ¿qué es lo que hay que hacer y cuál es la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo?

No podemos quedarnos solamente en la exigencia de algo que socialmente, y además de que políticamente es fundamental, que es este tema de la renuncia.

Tenemos que hacer cambios contundentes, y entender y retomar de aquello que ha fallado, cambios que sean significativos para los próximos 3 años.

Y recuerdo, hay un debate que tuvimos aquí, en este cuerpo colegiado, donde nosotros sostuvimos que no era pertinente que se fusionaran la Secretaría de Gobernación con la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

Y lo decíamos así en el planteamiento: “Sería inapropiado generar una mega Secretaría, porque se corre el riesgo de que no se tenga claridad y que se relajen los seguimientos del funcionamiento de un tema tan preocupante como el tema de la seguridad”.

Dijimos que en la mayoría de los países, este era un despropósito, pero bueno, el gobierno entrante, pretendiendo y con una clara intención de entrarle a un tema que nos interesa a todos como mexicanos, que es el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, posee la confianza por parte de este cuerpo legislativo.

Lo votó la Cámara de Diputados y lo votó el Senado, y aprobamos que la Secretaría de Gobernación se convirtiera en la mega Secretaría, que no solamente llevara el tema político, sino que también llevara el tema de seguridad.

Pues, compañeras y compañeros, es momento de reflexionar y de ver que eso que se debatió hace 3 años y que se aprobó, hoy no está funcionando, hoy no está funcionando porque el criminal más buscado en el mundo después de Osama Bin Laden, se ha escapado, y se le ha escapado al PRI, que tanto se vanaglorió de que después de 11 años que el PAN no logró encontrarlo, pues haberlo podido meter a la cárcel.

Y hoy lo que tenemos que ver, no solamente es el tema de responsabilidades, sino ¿qué es lo que estamos obligados a cambiar?

Y es claro, compañeras y compañeros, que esta fusión de Secretarías, pues no está dando los resultados que en principio nos planteó el Poder Ejecutivo y que en principio plantearon, tanto el Partido Verde como el Partido Revolucionario Institucional.

Por eso, compañeras y compañeros, estamos planteando una división de estas Secretarías nuevamente, sin repetir el esquema anterior, buscando una dinámica distinta, pero que deje claro que el relajamiento que se ha venido presentando es parte de la cadena de problemas que permiten que un criminal de la talla de Joaquín Guzmán Loera se escape, y que ese relajamiento, compañeras y compañeros, tiene que atenderse con visión de fondo, con cambios legislativos y con cambios en la estructura administrativa.

Por eso, compañeros, hay que retomar, y yo llamo a que escuche el Coordinador del PRI, porque este discurso y este debate lo tuvimos con los priístas en la Cámara de Diputados hace 3 años, cuando nosotros planteamos y pusimos en la ley: “Que tenía que haber rendición de cuentas y controles parlamentarios”, fue la bancada del PRI la que promovió que hubiera una controversia constitucional, que quitó esa capacidad de controles parlamentarios.

La Corte dio la razón, la Corte declaró como inconstitucional. Sin embargo, por eso la iniciativa que hoy presentamos como cambios constitucionales, lo que busca es recuperar eso que está tan pendiente y tan necesario en la política criminal y la política de seguridad; garantizar, compañeras y compañeros, que el Poder Legislativo tenga capacidad, sí de ratificar a funcionarios tan importantes, como el Comisionado Nacional de Seguridad, el titular del Sistema Penitenciario o el propio del CISEN; pero al mismo tiempo, compañeras y compañeros, que haya una moción de censura.

Estoy y estamos convencidos en la bancada del PRD, que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, deje en evidencia que tenemos que cambiar y no solamente andar ratificando en el Congreso las decisiones del Poder Ejecutivo.

Es momento de que si un funcionario público ratificado por este cuerpo colegiado, deja de tener la confianza de parte de las y los legisladores que representan a la sociedad, a través de ese cuerpo de representantes, capacidad de censurar y de remover a aquellos funcionarios que hayan perdido la confianza.

Es precisamente la situación en la que estamos ahorita, compañeras y compañeros, la confianza en el titular de la Secretaría de Gobernación, la confianza en los encargados del sistema de seguridad, que fueron ratificados por este cuerpo colegiado, se ha perdido.

Si queremos, y especialmente si el gobierno quiere tener rumbo y quiere tener credibilidad para los próximos tres años, este tipo de acciones, compañeras y compañeros, son las que requerimos.

Hagamos los cambios legislativos, pero exijamos las remociones y los cambios que hoy el Poder Ejecutivo está rehusando y que está queriendo solamente patear la lata para ganar tiempo.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

Quienes suscriben, senadoras y senadores INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21, 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 31 de diciembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual se modificó en forma relevante la estructura y funciones de distintas dependencias de la Administración Pública Federal.

La iniciativa, avalada por el Presidente electo, fue presentada el 15 de noviembre del mismo año por diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con la manifiesta intención de que fuera aprobada antes de la toma de protesta del Ejecutivo, el 1º de diciembre.

El Pleno de la colegisladora aprobó el proyecto siete días después de su presentación, el 22 de noviembre. En el Senado, el proyecto fue aprobado el 11 de diciembre de ese mismo año, siendo objeto de diversas modificaciones.

Destacadamente, la reforma estableció modificaciones trascendentes a la estructura y organización de la Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta diversas potestades propias de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue suprimida de la Administración.

Con ello, la Secretaría de Gobernación se transformó en una dependencia fundamental para el ejercicio del poder público desde el Ejecutivo Federal, pues concentró, además del poder político que tradicionalmente ha correspondido a esa dependencia, el control de la fuerza legítima del Estado, es decir, las funciones de seguridad pública, de prevención del delito, de persecución del mismo y de aplicación de penas.

Dada esa concentración de poder público, en el Senado de la República se propusieron diversos controles democráticos:

a) Se estableció la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública nombrado por el Ejecutivo Federal, así como del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

b) Se estableció la obligación del Secretario de Gobernación de concurrir en comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cada 6 meses, para informar sobre los asuntos relacionados con ésta, y

c) Se estableció también la obligación del Secretario de Seguridad Pública de concurrir en comparecencia ante las comisiones correspondientes del Senado con la misma periodicidad, para presentar la política criminal del gobierno y para dar seguimiento a su evolución o modificaciones.

Lo anterior, como parte de los acuerdos que permitieron el tránsito de la reforma pretendida por el Ejecutivo entrante. Tales controles motivaron la expresión de confianza hacia la propuesta de un nuevo esquema de seguridad pública, ante la expectativa de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad para encarar los problemas nacionales desde una perspectiva renovada.

Sin embargo, por acción del propio Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló los tres mecanismos de control político parlamentario descritos, al advertir su falta de previsión en la Constitución.

Ante los recientes sucesos que involucran la fuga de un penal de máxima seguridad del principal líder de la más importante organización delincuencial del país, como hechos graves que denotan que la concentración de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciario, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República propone retomar a nivel constitucional los controles democráticos antes desarrollados y adicionarlos con la ratificación de los servidores públicos encargados de ejecutar las funciones de seguridad pública, del sistema penitenciario federal y de seguridad nacional, así como establecer el mecanismo de moción de censura para ambos servidores.

Así, en una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se presenta correlacionada con el presente proyecto, se propone reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública, prevención del delito, política criminal y sistema penitenciario; manteniendo las funciones de concertación política y gobernanza interior en el Secretario de Gobernación, al que le son naturales.

En la misma reforma, se desarrollan los controles democráticos propuestos en esta iniciativa constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único. Se adicionan los párrafos décimo primero y décimo segundo al artículo 21, y se reforman el párrafo tercero al artículo 69 y la fracción II del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 21. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

a) a e) (…)

Los Secretarios responsables del gobierno interior y de la Seguridad Pública en el ámbito federal; así como los servidores públicos responsables de la planeación y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de la política criminal federal, y del Sistema penitenciario Federal, informarán al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia, a través de comparecencias periódicas ante el órgano y en los términos que establezca la ley.

Los servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de seguridad pública y política criminal, del sistema penitenciario federal y de la seguridad nacional en el ámbito de la Administración Pública Federal, serán designados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores. Podrán ser removidos de su cargo por el Presidente de la República, salvo objeción que apruebe el Senado dentro de los 30 días siguientes. Así mismo, el Senado podrá aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes moción de censura sobre dichos servidores, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, en cuyo caso el Ejecutivo deberá proceder a su sustitución inmediata.

Artículo 69.- (…)

(…)

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará periódicamente sobre el estado que guarde, en los términos que establezca la Ley.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.  (…)

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de seguridad pública y política criminal, del sistema penitenciario federal, así como de la seguridad nacional; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XIV. (…)

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de julio de 2015.

Suscriben.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

Quienes suscriben, senadoras y senadores INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA REINSTITUIR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de noviembre de 2012, diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa por la que se reformaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A pesar de haber sido presentada por legisladores, se hizo público que la iniciativa representaba el interés del Presidente electo, así como la pretensión de que fuera aprobada antes de su toma de protesta, el 1º de diciembre.

El Pleno de la colegisladora aprobó el proyecto siete días después de su presentación, el 22 de noviembre. En el Senado, el proyecto fue aprobado el 11 de diciembre de ese mismo año, siendo objeto de diversas modificaciones.

La iniciativa propuso realizar un conjunto de cambios a estructuras y órganos de la Administración Pública Federal, como primera medida de gobierno, con objeto de adecuarla al programa de gobierno y facilitar así el despliegue de políticas y compromisos.

De manera destacada, la reforma estableció modificaciones trascendentes a la estructura y organización de la Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta diversas potestades que le transformaban en una dependencia central para el ejercicio del poder público desde el Ejecutivo Federal, ya no sólo desde la posición de concertación política que tradicionalmente ha correspondido a esa Secretaría, sino ahora también con el control de la fuerza legítima del Estado: las funciones policiales de seguridad pública, de prevención del delito, de persecución del mismo y de aplicación de penas.

En sus consideraciones, la iniciativa expuso que se trataba del “planteamiento inicial de un nuevo esquema de seguridad”. Estableció que, si bien, en gobiernos anteriores se atendían las tareas de seguridad pública por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, expandiendo y fortaleciendo la Policía Federal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el esquema debía transformarse para reforzar, en primer término, “las tareas de coordinación permanente de los esfuerzos de seguridad y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo y de decisiones inmediatas y rápidas en la materia”.

Para el gobierno, una respuesta eficaz en el tema de seguridad debía “aprovechar los vínculos y lazos permanentes de coordinación con todas las instancias administrativas y de los distintos niveles de gobierno en el Estado mexicano”. Al mismo tiempo en que era necesario coordinar las tareas de seguridad interior del país con las labores de vigilancia fronteriza y migratoria y concentrar la información relativa a las materias de seguridad nacional y seguridad pública para crear las condiciones para su disposición inmediata.

Así, mediante la reforma de 2012, el Secretario de Gobernación quedó facultado para formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Desde entonces, el Secretario preside la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y designa a quien presidirá y a quien fungirá como Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Por lo tanto, tiene adscrita a su estructura a la Policía Federal y propone a quien pudiere ser designado por el titular del Ejecutivo como Comisionado General de la propia Policía Federal.

En materia de coordinación, la Secretaría de Gobernación desarrolla políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y las aplica en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales. Así mismo, cuando así se le solicite, puede “reforzar la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.

Además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional, ahora la Secretaría opera el sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal, así como un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos.

Incluso, la dependencia quedó encargada de ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal, incluidos los centros de readaptación de mínima, media y máxima seguridad, así como el sistema de tratamiento de menores infractores. Es en este rubro en donde se ha mostrado que el esquema no resultó eficaz.

Tras una larga discusión, el Pleno del Senado de la República refrendó el proyecto aprobado por los diputados en un contexto de colaboración institucional con el Ejecutivo entrante y en un gesto de voluntad hacia el anunciado cambio en el esquema de seguridad pública y combate al delito. En ese mismo contexto, el Senado estableció controles democráticos mínimos, ante la concentración de poder público que representaba el proyecto.

Se trató de un ejercicio de cuestión de confianza, si bien, no formal, pues dicha figura no está contemplada en el derecho parlamentario mexicano. Aunque cifrado, el gobierno ofrecía en su iniciativa un cambio en la forma de enfrentar el creciente fenómeno de inseguridad en nuestro país. La opción ofertada partía de considerar la capacidad de comunicación y, por ende, de coordinación intergubernamental que resultaba de las potestades tradicionales de concertación política propias del Secretario de Gobernación y aprovecharlas en un esquema de coordinación en materia de política criminal. Un esquema que debía resultar más eficiente que la mera persecución concentrada en una secretaría creada exprofeso para la uso de la fuerza legítima del Estado, como se venía haciendo por los gobiernos anteriores.

El voto del Congreso significó, entonces, un voto de confianza hacia el nuevo esquema, ante la expectativa de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad para encarar los problemas nacionales desde una perspectiva renovada.

Sin embargo, el esquema no ha resultado eficaz. La fuga del penal de máxima seguridad del principal líder de la más importante organización delincuencial del país deja constancia de ello. Ésta se ejecutó en ausencia del titular de la dependencia concentradora de las potestades de gobernanza y seguridad pública, en momentos en que debía asumir una responsabilidad mayor en el país; pero, lo más delicado es la dimensión del plan de fuga considerado en tiempo de ejecución, recursos humanos, económicos y técnicos, precisión, datos confidenciales requeridos y grado de cooptación evidente de diversas autoridades de seguridad, lo que denota que la concentración de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciario.

La fuga da testimonio de una crisis de seguridad y de gobierno. El programa de seguridad pública emprendido desde esa engrosada dependencia no ha variado sustancialmente del programa de gobiernos anteriores. La concentración de potestades políticas y policiales no facilitó la coordinación, sino que la propensión al uso de la fuerza pública opacó la capacidad de concertación política del Secretario de Gobernación; no favoreció el diseño de políticas integrales de prevención al delito en coordinación estratégica entre autoridades federales y locales, sino que dio pie al avasallamiento federal de las ya superadas capacidades locales.

Es menester, en consecuencia, dar marcha atrás a la reforma. Es preciso restablecer en la estructura de la Administración Pública Federal a la dependencia encargada de las funciones específicas de seguridad pública, política criminal, prevención del delito, mando de las policías, así como administración del sistema penitenciario federal y favorecer la recomposición de la Secretaría de Gobernación como una dependencia concentrada en el ejercicio de la política y la concertación.

No se sugiere en la presente iniciativa retornar a la estrategia de seguridad desplegada en gobiernos anteriores, cuya médula punitiva no ha sufrido cambios en el actual, sino recomponer la estructura administrativa que vinculó dos funciones escasamente compatibles habida cuenta de la manifiesta ineficacia de esa medida.

Dicha recomposición deberá constituir, ahora sí, el planteamiento inicial de un nuevo esquema de seguridad, sustentado en una eficiente coordinación intergubernamental para el diseño de una política criminal que se fundamente en la prevención social del delito, la atención integral a las víctimas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la racionalidad en el uso de la fuerza legítima del Estado, sujeta a un esquema de controles democráticos.

Para ello, la iniciativa propone retomar dos mecanismos de control político parlamentarios incluidos en la reforma que se revierte: la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública que nombre el Ejecutivo Federal; la posibilidad de objetar la remoción que dicte el propio Ejecutivo, así como la posibilidad de que el Senado retire la confianza al Comisionado, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante moción de censura, en cuyo caso el ejecutivo deberá proceder a su remoción y a la sustitución inmediata, evitando dejar acéfalo un cargo de tal relevancia.

Así mismo, se incluye la obligación del Secretario de Gobernación de concurrir en comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cada 6 meses, para informar sobre los asuntos relacionados con ésta, así como la obligación del Secretario de Seguridad Pública de concurrir en comparecencia ante las comisiones correspondientes del Senado con la misma periodicidad, para presentar la política criminal del gobierno y para dar seguimiento a su evolución o modificaciones.

Salvo la moción de censura, los controles anteriores fueron definidos por el Congreso en la reforma que se revierte en esta iniciativa, sin embargo, fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al advertir su falta de previsión en la Constitución. Por ello, esta iniciativa se presenta en forma correlativa a una diversa iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos preceptos constitucionales para establecer dichos controles.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un numeral quinto, recorriendo a los subsecuentes, al párrafo primero del artículo 26; y se reforman los artículos 27, en diversas fracciones y 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Seguridad Pública

Artículo 27. ...

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII_. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;

XIII. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho Consejo acuerde;

XIV. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano así como contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno;

XV. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional;

XVI. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;

XVII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes;

XVIII. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución;

XIX. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las islas a que se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía geográfica;

XX. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables;

XXI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;

XXII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas;

XXIII. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal;

XXIV. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

XXV. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación;

XXVI. Fijar el calendario oficial; y

XXVII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y para informar en seguimiento a su evolución o cuando ésta se apruebe o se modifique; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República;

III. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales; y coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley;

IV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

V. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;

VI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establece el párrafo final de este artículo;

VII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;

VIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación;

IX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables;

X. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones;

XI. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;

XII. Diseñar, actualizar y publicar, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;

XIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XIV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional;

XV. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

XVI Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XVII. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones que las leyes le establecen;

XVIII. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución, y

XXVII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

En el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXVI, XVII y XVIII de este artículo, el Secretario de Seguridad Pública se auxiliará del Comisionado Nacional de Seguridad, sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades.

El Comisionado Nacional de Seguridad, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República. Podrán ser removidos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. En su caso, el Senado de la República podrá objetar la remoción dentro del término de 30 días naturales. Así mismo, el Senado de la República podrá retirar la confianza a dichos servidores públicos, mediante moción de censura aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes, en cuyo caso el Titular del Ejecutivo deberá proceder a su remoción y al inmediato nombramiento de quienes hayan de ocupar dichos cargos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 22 de julio de 2015.

Suscriben.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter. La iniciativa de reforma constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. Y la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la misma Cámara de Senadores.





 

En el siguiente apartado del Orden del Día, tenemos la votación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reservas para discusión.

Informo a la Asamblea, que a petición de la Segunda Comisión, se retiró de la agenda de hoy el dictamen por el fallecimiento del señor José Manuel Figueroa.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes sobre los que no hay anuncio de reserva para su discusión.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 12 dictámenes de la Primera Comisión con los siguientes puntos de Acuerdo:

Por el que la Comisión Permanente condena el homicidio de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán para que investigue el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al Gobierno Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los próximos comicios del 7 de junio, presentada por los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Fernando Rodríguez Doval, Juan Pablo Adame Alemán y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcriben textualmente los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 de junio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán para que investigue el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al Gobierno Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los próximos comicios del 7 de junio.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-624.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo es para condenar enérgicamente el asesinato de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurridos el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán.

Los titulares solicitan que se exhorte a las autoridades encargadas de la procuración y persecución del delito a que se realice una investigación sobre los hechos del pasado 31 de mayo del año en curso, sobre los jóvenes que perdieron la vida en el municipio de Peto.

Ante los planteamientos analizados en las propuestas con punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurridos el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán y a la Fiscalía General del Estado para que realicen una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en el cierre de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal del municipio de Peto, en el que dos jóvenes fueron asesinados y varios más resultaron heridos, tras el ataque perpetrado por un grupo de choque.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, implemente las medidas necesarias para garantizar el desarrollo normal y pacífico de la jornada electoral del próximo domingo  7 de junio. 

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, comprende el interés de exhortar a las autoridades del Estado de Yucatán por la presunta Comisión del delito de homicidio en riña por el cual perdieron la vida los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer UcEk, ocurridos el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán, durante el cierre de campaña del entonces candidato Jaime Hernández Santos.

Por tal motivo, diversos legisladores del Partido Acción Nacional interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con sede en Tekax, por las lesiones que originaron la muerte de los ya mencionados con antelación.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), confirmó en un comunicado la detención de cuatro sujetos tras los hechos violentos registrados el 31 de mayo en el municipio de Peto, durante el cierre de campaña del candidato perteneciente al Partido Acción Nacional Jaime Hernández Santos a la alcaldía de ese municipio.

Ariel Aldecua Kuk,  Fiscal del Estado y el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, informaron en conferencia “que la trifulca tuvo como resultado el saldo de un fallecido y ocho personas lesionadas, y que la riña fue protagonizada por miembros de las bandas denominadas Jockey y Barrio Pobre 32, y no por grupos de otro partido como se dio a conocer en un inicio”.

Los legisladores que interpusieron la denuncia afirman, que no se trató de ninguno de los dos grupos vandálicos que menciona el Fiscal que se enfrentaron, sino que fue gente que los acompañaba en el mitin los que fueron heridos.

Por otra parte, el Fiscal del Estado, confirmó que se identificaron y detuvieron a las personas que presuntamente cometieron el delito, mismas que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde esa fecha; por lo que esta Comisión Dictaminadora asume que los presuntos agresores están llevando ya su proceso penal para el deslinde de responsabilidades o imputación del delito.

Por las razones con antelación expuestas, es que la Comisión Dictaminadora ve viable que se exhorte a la autoridad judicial, para que se concluya con el proceso que se sigue en contra de los agresores y se determine su situación jurídica y se informe en el momento oportuno el resolutivo.

Asimismo, esta Comisión dictaminadora condena todo tipo de violencia y agresión en cualquiera de sus manifestaciones, porque constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo, la paz en las sociedades y atenta contra la protección de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad.

Pasando al siguiente punto que tiene que ser atendido dentro del dictamen, los autores de la propuesta solicitaban que la Comisión Permanente exhortara a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, implementara las medidas necesarias para que se garantizara el desarrollo normal y pacífico de la jornada electoral del domingo 7 de junio, en el que sereno varía a regidores de los 106 Ayuntamientos y el Congreso local, como resultado, se obtuvo un saldo manchado por los dos decesos en el municipio de Tekax. Por razones de temporalidad se entiende que esta petición ha quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el homicidio de los jóvenes Francisco Canché Moo y Elmer Uc Ek, ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a continuar con el proceso penal que se sigue con motivo de los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, a fin de esclarecer los hechos, determinar la responsabilidad de quienes participaron en él, y en su caso aplicar las sanciones que correspondan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que solicita a las legislaturas de las entidades federativas, que implementen reformas a su legislación, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas cuatro proposiciones con puntos de acuerdo en materia de matrimonio igualitario, presentadas por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a adecuar su legislación civil con el fin de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la interpretación de la jurisprudencia 43/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha proposición fue presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-875

B. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario, dicha proposición fue presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1191

C. En la misma sesión se presentó la proposición con Punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar la institución del matrimonio en sus marcos jurídicos locales conforme los principios de igualdad y no discriminación presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1255.

D. En la sesión del martes 30 de junio se presentó la proposición con Punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas a la legislación civil y familiar en materia de matrimonio igualitario presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1374.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES

Las proposiciones que se dictaminan coinciden en señalar la necesidad de legislar en materia de matrimonio igualitario, en función de que el pasado 17 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en revisión (823/2014), relacionado con la legislación del estado de Colima, que establece que el matrimonio se circunscribe a un solo hombre y a una sola mujer, pero prevé una figura especial, el enlace conyugal, que se celebra entre dos personas del mismo sexo.

La Primera Sala reafirmó que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aun cuando existiera un régimen jurídico diferenciado al cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, pues se les reconocería un conjunto incompleto de derechos siguiendo su orientación sexual.

Indican que la resolución de la Primera Sala sentó jurisprudencia, misma que es obligatoria para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las tesis referidas son las siguientes:

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)
MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación   resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la    persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”

Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.

“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.

De conformidad con lo anterior, los promoventes coinciden en la necesidad de exhortar a las entidades federativas que aún o lo han hecho a legislar en materia de matrimonio igualitario. Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente los resolutivos propuestos:

Dip. María Sanjuana Cerda Franco:

ÚNICO. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, a que adecuen su legislación civil con el fin de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según la interpretación de la Jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos Locales que aún están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de Derechos Humanos y con las tesis jurisprudenciales 1a./J. 43/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.) recientemente emitidas por la Suprema Corte de Justicia, a que armonicen su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.

Sen. Mario Delgado Carrillo:

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a las Legislaturas de las Entidades Federativas a realizar las adecuaciones a la normatividad civil local con la finalidad de que el elemento de comunión sea el único que defina a la institución del matrimonio, se reconozca que se puede celebrar entre personas del mismo sexo y en general se armonice con base en los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, eliminando cualquier trato diferenciado por razón de género o preferencia sexual.

Sen. Angélica de la Peña Gómez:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas a los Códigos Civiles, a la legislación familiar y demás disposiciones correspondientes que nieguen, restrinjan o anulen el acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio igualitario.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

El dispositivo referido en el numeral anterior determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 133 de la norma fundamental, se establece que la propia  Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, y ordena que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

La decisión fundamental contenida en el artículo 133 constitucional, determina la jerarquía de las normas en el régimen jurídico mexicano, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Federal, seguida de las leyes secundarias como instrumentos necesarios para dar realidad jurídica a las bases contenidas en aquélla.

Sin embargo, la ley es susceptible de imperfecciones y por ende podría ser contraria a la norma fundamental, lo cual hace necesarios ciertos  mecanismos de control como lo son, entre otros, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, previstos en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, cuyo propósito esencial es procurar el respeto de la norma suprema, a través de la supresión de la eficacia de los actos que la contravienen.

En México el control constitucional ha sido por tradición un monopolio que detenta el Poder Judicial de la Federación, a través de las figuras ya referidas en el numeral anterior, al tratarse de una función íntimamente vinculada con la labor interpretativa.

No obstante lo anterior, con la reforma a diversos artículos de la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se sustituyó el  concepto de “garantías individuales” por el de “Derechos Humanos”, y se ampliaron las bases del amparo constitucional, lo que propicio el resurgimiento del control difuso dando pauta a la relevancia que tenía desde su antecedente original, es decir, el de la Constitución de 1857. 1

A partir de dicha reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó su criterio a través de la Tesis P.LXVIII/2011 (9a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, la cual impone a todo juzgador la obligación de aplicar el "control convencional ex officio", al mismo tiempo de desaplicar aquellas normas que se consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.2

En virtud de que la parte final del artículo 133 constitucional determina que el “control difuso” es una atribución exclusiva de los jueces, no es reprochable a las autoridades administrativas que se limiten a la aplicación de las normas en sus términos, salvo en aquelas ocasiones en que son impelidas por una resolución jurisdiccional.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión coinciden con la preocupación de los promoventes en torno a la necesidad de proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

La reforma de junio de 2011 puso en el centro del sistema jurídico mexicano a los derechos humanos. El artículo 1º de nuestra Constitución prohíbe expresamente la discriminación, entre otras, por razón de género o preferencia sexual, asimismo, el artículo cuarto reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.

La tesis 43/2015 (10ª), constituye jurisprudencia por reiteración de criterios, y su observancia es obligatoria para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 216 de la Ley de Amparo; en consecuencia, no es obligatoria para las legislaturas de los estados, en tanto no reúna los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

De conformidad con lo anterior, esta Comisión dictaminadora observa que no se colman los supuestos previstos por la norma fundamental para que las autoridades de las entidades federativas se encuentren compelidas a superar por la vía legislativa el posible problema de inconstitucionalidad. No obstante lo anterior, ello no impide que esta soberanía se pronuncie sobre el particular, con pleno respeto a los principios de pacto federal.

El pasado 28 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo relativo al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, a través del cual el Senado de la República del H. Congreso de la Unión se pronunció en el siguiente sentido:

UNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, que en el ámbito de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

De esta manera, el Congreso de la Unión, por conducto del Senado de la República, ha manifestado su preocupación por el tema. No obstante, con motivo de las tesis de jurisprudencia recientemente aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aportan nuevos elementos a considerar sobre la materia, por lo que las legisladoras y legisladores de esta Primera Comisión consideran que, una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas en las proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan, es procedente pronunciarse en el sentido de reafirmar el resolutivo aprobado en su oportunidad por el Senado de la República.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en alcance al resolutivo único aprobado por el Pleno del Senado de la República el 28 de abril del presente año, solicita respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo han hecho que, en el ámbito constitucional de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, informando oportunamente a esta soberanía sobre el particular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 “La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente… todas las autoridades sin excepción se encuentran obligadas a asumir una responsabilidad de Estado en la implementación de esta compleja transformación constitucional; y, en especial, reconocen aquella que enfrentan las y los operadores de justicia, particularmente quienes tienen en sus manos la impartición de justicia o funciones asociadas con la defensa –tanto jurisdiccional como no jurisdiccional– de los derechos humanos, para desarrollar todas sus acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos… es importante resaltar que un cambio de tal envergadura requiere de estrategias y mecanismos adecuados y eficaces para garantizar que las nuevas disposiciones constitucionales alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas. Por tal motivo, asegurar el efecto útil de la reforma constitucional antes señalada sólo será posible en la medida en que las instituciones, la sociedad y la academia exploren a profundidad los alcances de la multiplicidad de herramientas con las que ahora cuentan de manera indubitable.” Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Rubén Sánchez Gil. “Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad”. Reforma DH Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Número 4. Primera edición. Comisión de Derechos Humanos del D.F., Suprema Corte de Justicia de la Nación, ONU, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. p. 5. Consulta en línea en el sitio http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Metodolog%C3%ADa%20Control%20Difuso.pdf

2 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”





 

Por el que se remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el punto de Acuerdo para convocar a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores a fin de aprobar el dictamen pendiente en materia de desindexación del salario mínimo” presentada por el Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles15 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores a fin de aprobar el dictamen pendiente en materia de desindexación del salario mínimo, dicha proposición fue presentada por el Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1804.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que con fecha 10 de diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos a fin de desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal, y crear al mismo tiempo una nueva unidad de cuenta para esos efectos.

Señala el promovente que la minuta de dicho proyecto de reforma fue turnada y recibida en la Cámara Revisora el 11 de diciembre para los efectos del artículo 72 constitucional; y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda,  para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Indica que dichas Comisiones Unidas, el día 14 de diciembre dictaminaron en sentido positivo por unanimidad la Minuta recibida de la Cámara de Diputados y la turnaron en la misma fecha a la asamblea del Senado para primera lectura y su correspondiente aprobación.

Manifiesta que la Cámara de Senadores terminó el período ordinario el pasado 30 de abril, sin debatir ni resolver  la Minuta de las Comisiones Unidas sobre esta importante iniciativa de reforma constitucional.

Destaca las coincidencias de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios en la relevancia de los problemas económicos y sociales a resolver con la reforma, al desindexar los salarios mínimos  de múltiples procesos económicos y normas jurídicas a los que en términos de unidad de medida o unidad de referencia,  se encuentra vinculado actualmente.

Manifiesta que el Poder Legislativo Federal tiene una deuda con los millones de asalariados del campo y de la ciudad al frenar una de las  reformas constitucionales más importantes en la actualidad, no solo para restablecer el equilibrio de los sectores de la producción y  hacer justicia a los grupos más débiles de la sociedad, sino también para liberar las condiciones que mantienen deprimida a la economía nacional.

Destaca las de diversas proposiciones presentadas por Senadores y  diputados de los diferentes grupos parlamentarios para que la Comisión Permanente convoque a un período extraordinario de sesiones del Senado o de ambas Cámaras del Congreso; por ello insiste en la importancia de dicha convocatoria para el caso de la Cámara del Senado, con el objeto exclusivo de  desahogar la Minuta de la iniciativa  referida, puesto que se han cubierto  las formalidades del procedimiento legislativo, se tienen los consensos de los diversos grupos parlamentarios y se cuenta con el dictamen  de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a un período extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores a fin de desahogar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

El periodo de sesiones extraordinarias es el tiempo durante el cual el Congreso de la Unión acuerda tratar la resolución de asuntos específicos y concretos considerados como urgentes o de suma importancia y estos asuntos materia del periodo extraordinario son producto de los acuerdos de las fuerzas políticas.

La proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen propone que se convoque a un periodo extraordinario a fin de desahogar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

Sin embargo, la determinación de citar a un periodo extraordinario parte de la premisa de que debe existir un dictamen que pueda sujetar a consideración del Pleno de la Cámara que así lo disponga por ser de su competencia, por lo que resultaría ocioso citar a un periodo extraordinario, sin tener un dictamen.

Dentro de la fase del proceso legislativo, la primera lectura de un dictamen sirve para conocer la totalidad de su contenido por los integrantes de la Asamblea, lo que implica tiempo y raciocinio y la práctica parlamentaria de esta LXII Legislatura ha llevado a reflexiones de un mayor tiempo por las Cámaras, así como de periodo de consultas a los interesados en el tema.

Se destaca el asunto que se contempla en la solicitud ya cuentan con un dictamen y sin bien un aspecto a considerar para que  dicha solitud a convocar a un periodo extraordinario sea posible, deben contar con la anuencia de la mayoría de los Grupos Parlamentarios para darle viabilidad al proceso, ya que la ausencia de los acuerdos de los mismos inhabilitará el cauce de los temas.

Dicho asunto se encuentra en el siguiente estatus:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2014 y remitida al Senado de la República quien el 11 de diciembre del mismo año turnó Comisiones Unidas de Puntas Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis, estudio y quienes elaboraron el dictamen correspondiente el 14 de diciembre del 2014 y el mismo día en sesión ordinaria del Senado de la República, quedó de primera lectura.

Este dictamen quedó de primera lectura en el Senado de la República, como es de su conocimiento es esta fase del proceso legislativo, es el elemento en el cual la Asamblea asume el estudio toda vez que son temas de gran relevancia y la mayoría consideró prudente que dicho análisis fuera con mayor detenimiento.

Esta comisión dictaminadora destaca que sí es el órgano competente para presentar a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente un dictamen para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, y ello se realiza a partir de conocer, no solo las materias en las que versará el periodo, sino tener conocimiento de los consensos que generan los contenidos de los dictámenes.

Es importante destacar que las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión expresan que el pasado miércoles 8 de julio, en la Sesión de la Comisión Permanente fue aprobado un dictamen que resuelve remitir 4 proposiciones para convocar a un periodo extraordinario a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el propósito de que sea la instancia que las turne a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras. Ya que se consideró que los asuntos son de gran interés para ser resueltos por los integrantes de esta LXII Legislatura, en virtud de ello los Grupos Parlamentarios deben manifestarse en relación a los temas propuestos.

El objeto de solicitar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la remisión de la solicitud para convocar a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores a fin de abordar el dictamen en materia de desindexación del salario mínimo a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, permitirá que en su momento, esta dictaminadora resuelva la petición que hagan los representantes de los Grupos Parlamentarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Primera Comisión resuelve que la propuesta para convocar a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores a fin de abordar el dictamen en materia de desindexación del salario mínimo, sea remitida a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, con el propósito de que sea la instancia que la turne a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, al ser el órgano colegiado idóneo para impulsar los entendimientos y las convergencias políticas con las instancias que  resulten necesarias, a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden y valorar la convocatoria a un periodo extraordinario.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República atraer las investigaciones sobre desapariciones y homicidios de personal médico, en el estado de Guerrero.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de los profesionistas desaparecidos el 19 de junio del año en curso en el estado de Guerrero”, presentada por losDiputados Carlos de Jesús Alejandro, Agustín Alonso Raya, Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez, Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruíz, Loretta Ortiz Ahlf y Juan Ignacio Samperio Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Agustín Alonso Raya, Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez, Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruíz. Loretta Ortiz Ahlf y Juan Ignacio Samperio Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar el caso de los profesionistas desaparecidos el 19 de junio del año en curso en el estado de Guerrero”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1808.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los diputados exponen que el estado de Guerrero vive una violencia sistemática que se ha incrementado a pesar de las medidas tomadas ante la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sin embargo, refiere que, a pesar del esfuerzo mostrado por los distintos niveles de gobierno, el clima de inseguridad no ha cambiado en el estado.

Señalan que el día 19 de junio de 2015, los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, adscritos al hospital básico comunitario del municipio de Petatlán, Guerrero, acompañados de Julio César Mejía Salgado y José Osvaldo Ortega Saucedo, se trasladaron a la ciudad de Chilpancingo de los Bravo para realizar trámites administrativos relativos a la regularización de sus plazas, una vez culminados los trámites, se dirigieron a la Ciudad y Puerto de Acapulco, por la carretera federal, explican que se detuvieron en la localidad de Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, en donde decidieron detenerse para visitar a José Enrique Ortega Martínez, padre del último; refieren que ahí estuvieron con el médico Juan Dante Manzo, en cuyo domicilio se encontraron hasta las 20:00 horas aproximadamente.

En sus consideraciones, los diputados relatan el proceso de denuncia que enfrentaron los padres de los profesionistas desaparecidos y explican que existe una sensación de impotencia entre la ciudadanía ante las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado mexicano, derivado de las irregularidades y hermetismo por parte de las autoridades investigadoras y ministeriales.

Consideran que, ante la desaparición de los 4 profesionistas en el estado de Guerrero, sus familiares tienen argumentos de peso para sostener que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha cometido errores en su investigación, pues los cuerpos que ha identificado como el de los desaparecidos no corresponde  con los de las personas que ahora siguen buscando.

Manifiestan que se debe garantizar el derecho inalienable a la seguridad física y mental y la certeza de los ciudadanos ante instituciones de impartición de justicia, es decir, respetar el derecho que contempla la Ley General de Víctimas, que en otros casos han hecho efectivo para contar con el apoyo de expertos independientes para investigar y realizar peritajes que cuenten con la capacidad y la confianza de las víctimas directas e indirectas.

Bajo esa línea argumental proponen el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga e investigue el caso de los profesionistas desaparecidos el 19 de junio del presente año en el estado de Guerrero, y garantice a las víctimas el derecho a contar con peritajes de acuerdo a los más altos estándares en derechos humanos.

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia ejerza sus facultades de investigación para el caso mencionado en el resolutivo anterior y garantice a las víctimas el derecho a contar con peritajes de acuerdo a los más altos estándares en derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES

Los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora se han pronunciado en diversas ocasiones en contra de todos aquellos actos que violenten o vulneren los derechos humanos de las víctimas del delito, y comparten la preocupación de los promoventes sobre la actuación de las autoridades en el esclarecimiento de los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero.

En primer término, esta Comisión estima necesario realizar una revisión jurídica de las competencias de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia, al respecto, el párrafo noveno del artículo 21 constitucional establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. […]

Por tanto, es atribución de los estados y municipios la procuración de justicia de sus demarcaciones. En ese sentido la Ley Orgánica de Fiscalía General del estado de Guerrero establece en su artículo 1º, párrafo segundo, que:

[...] el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de Guerrero como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Es una institución de seguridad pública en términos de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tal, participa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y puede ejercer todas las funciones a que se refiere la ley general de la materia.
[…]

Asimismo, el artículo 2, párrafo segundo del mismo ordenamiento señala que:

La Fiscalía General del Estado de Guerrero debe realizar la función constitucional de investigación y persecución efectiva para lograr la prevención del delito y los fines del proceso penal acusatorio para:

I. El esclarecimiento de los hechos;

II. Proteger al inocente;

III. Que el culpable no quede impune, y

IV. Que se reparen los daños causados por el delito.

En segundo término se realizará un análisis del caso para conocer si la proposición de los diputados promoventes es procedente. Como refieren en sus consideraciones, el 19 de junio los médicos adscritos al hospital básico comunitario del municipio de Petatlán, Guerrero Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, se encontraban en la ciudad de Chilpancingo para renovar su contrato en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con información publicada por diversos medios de comunicación, una vez terminados sus encargos, los jóvenes se  trasladaron a Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero y ahí se encontraron con José Osvaldo Ortega Saucedo, proveedor de muebles de oficina para el Gobierno de Guerrero, con Julio César Mejía Salgado, empleado de la Secretaría de Salud, y con Juan Dante Manzo, también médico, y permanecieron en el domicilio de este último  hasta las 20:00 horas aproximadamente, momento en que decidieron trasladarse al puerto de Acapulco. La última noticia que se tuvo de ellos fue a las 20:20 horas, pues Marvin Hernández envió un mensaje en el que dijo no poder atender una llamada porque iba manejando; los jóvenes viajaban en un Ibiza gris placas HBZ7418 de Guerrero.

El 20 de junio, la madre y la tía de Marvin Hernández se percataron de la ausencia del joven e iniciaron la búsqueda entre familiares, amigos y después en los hospitales de Acapulco y en el Servicio Médico Forense, sin embargo, al no obtener respuesta, alrededor de las 16:00 horas se dirigieron a la Fiscalía Regional de Acapulco para denunciar la desaparición. De acuerdo con declaraciones de las denunciantes, se les pidió esperar un plazo de 72 horas para denunciar a Marvin Hernández como desaparecido.

El mismo 20 de junio, a las 20:00 horas, Elizabeth Mejía Salgado, hermana de Julio César Mejía Salgado, se comunicó Antonia Hernández Albinez, tía de Marvin Hernández, para que acudiera a la agencia especializada en robo y recuperación de vehículos con el fin de que se levantara ante el reporte de localización del vehículo Ibiza gris, que ya había sido localizado.

En la agencia del Ministerio Público correspondiente, ellas refieren que alrededor de las 21:00 horas se acreditó la propiedad del vehículo y se les entregó la tarjeta de circulación y las llaves de funcionamiento del mismo.

También les mostraron documentos originales del agraviado: Credencial de elector, cartilla del servicio militar, CURP, cédula profesional, así como un folder que contenía documentos que no fueron incluidos en el parte de la policía estatal, los cuales son: certificados originales de primaria, secundaria, preparatoria, acta de nacimiento, título profesional de estudios de médico cirujano expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero.

Los familiares refieren que el titular de la agencia del Ministerio Público de ciudad Renacimiento, Lic. Huri Josué Cadena Nava, les mostró fotografías del vehículo y se las reenvío vía digital, se les informó que el vehículo había sido localizado en el kilómetro 40, localidad de Xolapa y que se levantó la denuncia en el municipio de Juan R. Escudero, sin embargo, no pudieron obtener copia del parte policíaco ni de la denuncia.

Posteriormente, el día 22 de junio se levantó la denuncia por desaparición y el día 23 de junio sostuvieron una reunión con el Lic. José Balbuena, particular del Fiscal Antisecuestro, estando presentes el Lic. Pablo Jasso, Coordinador de la Policía Ministerial, así como el Lic. Alejandro Santos, Vicefiscal;  posteriormente asistieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde solicitaron a Cecilia Gaytán el acompañamiento institucional, asimismo, designaron una comisión de padres que asistió a la Ciudad de México para plantear la desaparición de sus familiares en la  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.

El día 24 de junio, la Fiscalía General del Estado los convocó para que asistieran al SEMEFO de Chilpancingo de los Bravo para reconocer cuatro  cuerpos localizados en  Jaleaca, Santa Bárbara, del municipio de Acapulco. De acuerdo con los familiares, ninguno de los cuerpos que inspeccionaron correspondían a sus familiares, por lo que los operativos de búsqueda se reiniciaron y los familiares solicitaron apoyo a las corporaciones policiacas estatales y federales.

El 27 de junio, a través de un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado señaló que se inició la averiguación previa BRA/SC/04/1769/2015 tras el hallazgo de cuatro cuerpos del sexo masculino cerca del poblado de Santa Bárbara en el municipio de Chilpancingo, e informó que se les tomaron muestras biológicas para establecer su perfil genético al igual que a familiares directos de los tres médicos desaparecidos y el abogado.

En el mismo boletín, se informa que de acuerdo al dictamen de genética forense emitido por la Dirección de Servicios Periciales, hay correspondencia con el perfil genético obtenido de las muestras tomadas a los familiares, por lo que se establece que los cuerpos encontrados corresponden a las personas reportadas como desaparecidas; asimismo, se informa que ese resultado se contrastaría con los dictámenes elaborados por las dependencias federales1.

El 1º de julio el Fiscal General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, compareció ante el Congreso del estado en una reunión privada, luego de que el Congreso desestimara las investigaciones de la Fiscalía en las que determina que los desaparecidos del 19 de junio están muertos2.

Derivado de este evento, la  Fiscalía General del Estado dio a conocer, a través de un boletín de prensa, que en dicha reunión se acordó que los familiares de las victimas elegirían un laboratorio de su confianza para realizar pruebas genéticas y que los resultados se habrán de cotejar con los presentados por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía y los que presente la Procuraduría General de la República en próximos días3.

Días después, el 9 de julio, el presidente de la Federación de Colegios Médicos de la entidad, declaró que, al menos, se tienen registrados otros 18 casos de galenos desaparecidos durante el gobierno de Ángel Aguirre y exigió a la Procuraduría General de la República entregar los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los cuerpos hallados en la comunidad de Santa Bárbara4.

Finalmente, el 11 de julio, el titular de la Fiscalía del Estado de Guerrero informó que dejó de buscar a los jóvenes desaparecidos el 19 de junio, en virtud de que se les declaró oficialmente muertos y que las investigaciones se centrarían en encontrar a los culpables5, toda vez de que los cuerpos encontrados una semana después de su desaparición, cerca de la localidad de Santa Bárbara en el municipio de Chilpancingo, corresponden a Raymundo Tepeque Cuevas, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo y Julio César Mejía Salgado, de acuerdo con los exámenes de ADN practicados. Ante este hecho, los familiares han declarado su inconformidad y rechazaron la versión de la Fiscalía6.

El motivo del exhorto de los diputados estriba en que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de los desaparecidos, en virtud de las presuntas irregularidades en el procedimiento de investigación y la actuación de las autoridades, que han dejado inconformes a los familiares. En ese sentido, la Ley General de Víctimas que establece que se podrá contar con el apoyo de expertos independientes para investigar y realizar peritajes que cuenten con la capacidad y la confianza de las víctimas directas e indirectas:

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

[…]

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas”.

Como consta en el boletín con fecha de 1º de julio, la Fiscalía del estado de Guerrero pidió el apoyo del personal especializado de la PGR para determinar si los cuerpos encontrados en la comunidad de Santa Bárbara corresponden a los de los jóvenes desaparecidos el 19 de junio, de lo que se desprende que las autoridades federales ya tienen conocimiento del hecho y trabajan en coordinación con la Fiscalía del estado.

Asimismo, derivado de la reunión con los diputados locales de Guerrero, se contará con la asistencia de un laboratorio elegido por las víctimas, acciones que corresponden al cumplimiento del precepto anteriormente citado.

En cuanto a la solicitud para que la PGR atraiga el caso, el Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 10, que el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlo, por lo que resulta procedente instar a dicha dependencia a valorar la posibilidad de atraer las investigaciones, a la luz de las reglas vigentes para el efecto.

Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional de los derechos Humanos dispone:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

Si bien los antecedentes descritos nos conducen a tener conclusiones parciales, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia considera conveniente realizar una solicitud a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que se investiguen las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos en contra personal médico en el Estado de Guerrero, y en el caso en particular que nos ocupa, para vigilar y garantizar el respeto a los derechos y garantías en favor de las víctimas indirectas de estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en el ámbito de sus atribuciones legales, valore la posibilidad de atraer las investigaciones correspondientes a las desapariciones y homicidios de personal médico en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de su competencia ejerza sus facultades de investigación respecto de las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos en contra personal médico en el Estado de Guerrero, así como para que vigile la debida observancia y el respeto de los derechos y las garantías procesales en favor de las víctimas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.fiscaliaguerrero.gob.mx/fiscal-general-se-reune-con-familiares-de-los-tres-medicos-y-un-abogado-desaparecidos/

2 http://www.informador.com.mx/mexico/2015/601123/6/fiscal-de-guerrero-comparece-por-caso-de-medicos-desaparecidos.htm

3 http://www.milenio.com/estados/No_habra_carpetazo_en_desaparicion_de_los_4-_Fiscal_de_Guerrero_0_546545698.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/07/9/exigen-presentacion-de-4-desaparecidos-en-guerrero

5 http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/medicos-desaparecidos-en-guerrero-fiscalia-los-declara-muertos,b564ad58c2c6c0686682b64cc9dddf302wjzRCRD.html

6 http://www.animalpolitico.com/2015/07/fiscalia-de-guerrero-deja-de-buscar-a-medicos-desaparecidos/





 

Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del Portal Electrónico “Escribiendo la Verdad”

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue, proteja y apoye a los deudos” presentada por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue, proteja y apoye a los deudos, dicha proposición fue presentada por presentada por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1841.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que el pasado 2 de julio de 2015 fue asesinado el periodista veracruzano Juan Mendoza Delgado, director general del portal electrónico de noticias “Escribiendo la Verdad”, y quien también trabajó para el periódico “El Dictamen”, y su cuerpo fue localizado con huellas de violencia.

Se señala que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas confirmó que Mendoza Delgado se convirtió en el décimo tercer periodista asesinado durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

Los proponentes exponen que la organización internacional “Artículo 19”, señaló que además de su labor como periodista, Juan Mendoza se dedicaba a manejar un taxi y, precisamente, fue lo último que se supo el pasado martes, a las 16:00 horas.

Se indica que los familiares del periodista al presenciar su ausencia, presentaron una denuncia ante la agencia séptima, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, según informó Taide Pavón, esposa del comunicador, a la organización.

La propuesta en estudio señala que el estado de Veracruz es la entidad de la República con más periodistas asesinados del país y más riesgosa para ejercer el periodismo. Destacan que para deslindarse de toda responsabilidad el gobernador de Veracruz Javier Duarte ha optado por la política del pretexto pueril como forma de responder a los reclamos dela sociedad en materia de seguridad y justicia.

Los proponentes señalan que trece asesinatos de periodistas en el Estado de Veracruz no son una casualidad, afirman que estamos ante una estrategia definida de intimidación y persecución a los comunicadores, donde se enfrentan a una ley mordaza de facto, aunado a un contexto de violencia e inseguridad que se traduce en una disyuntiva de “plata o plomo” para los periodistas, articulistas, reporteros y fotógrafos en la entidad.

En este orden de ideas, los proponentes manifiestan que la Procuraduría General de la República, en el uso de sus atribuciones y facultades, debe intervenir atrayendo el caso Juan Mendoza Salgado para que sea investigado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), y se castigue a los culpables.

Así mismo, proponen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe ejercer las atribuciones que estén a su alcance, en particular las de proteger y apoyar a los deudos del periodista, pues además se tiene la controversia de que la autoridad dijo que el hoy occiso fue atropellado, aunque se han mostrado imágenes en donde el comunicador aparece con el rosto vendado, lo que genera serias dudas sobre lo que en realidad le aconteció.

Señalan que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el pasado 1º de julio aseguró en reunión con comunicadores que algunos trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con grupos criminales. Los proponentes afirman que ese es el contexto donde en el que se ejerce el periodismo en Veracruz, indican que el gobernador tiene la obligación legal de presentar las denuncias que corresponda y proporcionar la información con la que cuente al ministerio público o se convertirá en cómplice de estos delitos.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los   proponentes:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Procuraduría  General de la República para en el ámbito de sus atribuciones atraiga el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la verdad”, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue, proteja y apoye a los deudos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente las declaraciones del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, que vinculan irresponsablemente con el crimen y sin pruebas a periodistas de la entidad, por lo que lo exhorta respetuosamente a conducirse dentro del marco de la ley y, asimismo, a acabar con el clima de violencia contra los comunicadores veracruzanos.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Los integrantes de la Primera Comisión se han manifestado en diversas ocasiones porque los Derechos Humanos se respeten y que las instancias encargadas de protegerlos, cumplan con su deber y actúen conforme a derecho. Del mismo modo, los integrantes de esta Comisión, hemos sentado precedentes respecto a nuestra voluntad porque en nuestro país se ejerza la libertad de expresión y se proteja la importante actividad de los periodistas.

Respecto a la desaparición de Juan Mendoza Delgado, de 46 años de edad, se informa que el 01 de julio se realizó la denuncia y quedó asentada en la Investigación Ministerial 701/2015/VII.

De acuerdo a información de diversas fuentes de comunicación Juan Mendoza Delgado se desempeñaba como periodista y director general del portal de noticias “Escribiendo la Verdad”.

Mediante un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz  (FGE) se esclareció la desaparición de Juan Mendoza Delgado, en el que se manifiesta que con base en la información aportada por la familia y en el marco de los protocolos de búsqueda y localización, se pudo conocer que las características físicas coincidían con las de una persona muerta por atropellamiento la madrugada del mismo día.

En el comunicado se señala que al lugar de los hechos se trasladó personal de la Dirección de Servicios Periciales, así como agentes ministeriales y el Agente Sexto del Ministerio Público Investigador, quien asentó los hechos en la Investigación 929/2015/6º/VER-07.

El sentido directo que se refleja en la materia de este dictamen, sugiere que el caso sea investigado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), y se castigue a los culpables.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

En virtud de lo anterior, esta dictaminadora considera que la propuesta para que esta Fiscalía investigue el caso ha sido suficientemente atendida, en virtud de que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz dieron  a conocer que el C. Juan Mendoza Delgado presentó lesiones múltiples por atropellamiento que le causaron la muerte, tratándose de un delito del fuero común, no perseguible por la autoridad federal.

Es importante destacar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya se encuentran revisando el caso y que mantienen contacto con la Fiscalía del Estado y con los familiares de la víctima de acuerdo a la información vertida en una conferencia de prensa del Presidente de la Comisión Estatal Luis Fernando Perera Escamilla; por lo tanto, la materia de la solicitud en comento ha sido debidamente atendida.

Respecto al exhorto al Gobierno del Estado de Veracruz para que se conduzca dentro del marco de la ley y, asimismo, a acabar con el clima de violencia contra los comunicadores veracruzanos; esta dictaminadora considera que la propuesta ha sido colmada con el dictamen que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el 15 de julio y donde se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que a través de las autoridades correspondientes intensifique las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad y a fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar las condiciones para la libre expresión de las ideas en esa entidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue, proteja y apoye a los deudos, toda vez que en la sesión del 15 de julio del presente año, fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el asunto materia de dicho dictamen.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se desecha la proposición que solicitaba liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales, para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, presentado por la Diputada Martha Loera Arámbula del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 junio de 2015, se presentó ante el pleno el punto de acuerdo en referencia. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-771.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Señala la proponente que  la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el mismo 25 de mayo de 2015,  la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a fin de  activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y atender la emergencia acontecida en Acuña, donde un tornado afectó a numerosas familias causando cuantiosos daños materiales.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada por aquél fenómeno meteorológico.

Esa declaratoria contribuirá a que se atiendan las principales carencias de los afectados por el tornado, pero los recursos en ocasiones tardan tiempo en llegar a los estados para atender con prontitud la emergencia, siendo que la necesidad es inmediata; además, estoy cierta de que la suma de esfuerzos multiplica los resultados, por lo que confió en que todas las dependencia del gobierno, tanto federal como estatal, deben avocarse de manera urgente a auxiliar a las personas damnificadas, así como a apoyar las tareas de atención, rehabilitación y reconstrucción dela infraestructura dañada por aquel fenómeno natural. Por tales motivos, propone el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.

III. CONSIDERACIONES

El 25 de mayo de 2015 la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña de dicha Entidad Federativa, por la presencia de tornado, ocurrido el día 25 de mayo de 2015; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación declaró en emergencia el día 2 de junio de 2015 al municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza por la presencia de tornado ocurrido, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contaron con recursos que atendieron las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Una vez que fue publicada la declaratoria de emergencia en el municipio de Acuña, Coahuila, las autoridades encargadas de proporcionar el apoyo a las personas afectadas, cumplieron con el cometido de brindar ayuda y seguridad a todas las personas que perdieron o sufrieron daños en su patrimonio o su vida.

Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual solicita el exhorto de la Comisión Permanente al de la titular de la Secretaría de Hacienda, en el cual solicita se agilizara y canalizaran los recursos del  FONDEN, ha quedado suficientemente atendida. 

Asimismo, esta Comisión advierte que con fecha 3 de junio se presentó una proposición con punto de acuerdo sobre el mismo asunto, que en su oportunidad fue desechado por los mismos motivos.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo que solicitaba respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, liberara y canalizara los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, toda vez que el asunto ha sido debidamente atendido.

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes” presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 10 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, dicha proposición fue presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-936.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Señala que la conductora Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mujer que llega a este país desde el año 2009, contratada por las cadenas televisoras y que es ampliamente reconocida por un programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia, falsedad, sin credibilidad y acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en este programa televisivo y que es transmitido en un horario inapropiado, ya que niños y adolescentes también lo ven. Destaca que el contenido de su programa televisivo no se considera ni remotamente cultural o expresa algún tipo de educación, análisis, denuncia, respeto o colaboración para remontar la problemática que enfrenta la franja social que participa o es el público a quien se dirige dicha emisión.

Señala que según declaraciones del Procurador Anticorrupción de Perú, Julio Arbizu, quien informó que la conductora de televisión Laura Bozzo fue parte de una red criminal de corrupción en ese país, donde se desviaron alrededor de 3 millones de dólares y que los llevó a prisión. Indicó que Bozzo fue condenada de manera provisional para que no huyera del país y a 4 años de pena privativa, pero nunca piso prisión.

Destaca que de manera constante y flagrante vía los medios de comunicación, conocemos de una tras otra violación e interferencia en asuntos de escrupuloso carácter nacional, esto con el apoyo y protección de la empresa televisiva a la cual presta sus servicios, Televisa.

Ello sin contar con el número elevado de niñas y niños que son expuestos a que sean denigrados, agraviados y revictimizados en el programa que conduce Laura Bozzo, en el canal 2 de Televisa, lo cual es evidente que Laura Bozzo viola gravemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Manifiesta la diputada proponente que en su gran mayoría se observa violación a los derechos humanos, incitación a la violencia escolar y la omisión al cumplimiento de las leyes nacionales, situación que no debe de pasar desapercibida para este gobierno federal en turno.

Con base en lo anterior, señala que este no es el primer acto que llama a la observancia en el desarrollo del trabajo de la conductora, ya que en meses pasados, un grupo de mexicanos encabezados por Manuel Vázquez Flores, politólogo y maestro en Derecho, mostró a medios de comunicación la petición que llevó ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expulsarla y sacar del aire su programa “Laura” transmitido por Televisa.

Manifiestan que la presentadora informó que tiene contrato para producir y presentar el programa “Laura” hasta 2015, pero “con posibilidad de extenderse hasta el 2020″, por otra parte ante el riesgo de que busque el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, considera necesario alertar a las autoridades correspondientes y la sociedad  en su conjunto para que este personaje sea monitoreado de manera puntual y exhaustiva en su trabajo, a fin de que cumpla con el marco jurídico que regula a todo personaje en nuestro país y que, de no ser así sea aplicado con rigurosidad lo que nuestras leyes manifiestan.

Por ello, consideramos que la Comisión Permanente de este H. Congreso no puede permanecer inmóvil, insensible e indiferente ante estos hechos que lastiman e indignan a las y los mexicanos. Es nuestra responsabilidad exigir que el Estado Mexicano deba iniciar el procedimiento administrativo para aplicarle a Laura Bozzo el artículo 33 constitucional, que a letra dice:

“Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que realice el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en caso de que la conductora Laura Bozzo no cumpla con los requerimientos jurídicos establecidos para la emisión de los programas televisivos, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, se inicie el proceso administrativo para aplicar el artículo 33 constitucional.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta dictaminadora manifiesta que en la actualidad la televisión en México se ha convertido en una fuente de entretenimiento e información para la gran mayoría de sus habitantes y puede ser la única opción de estar enterados del acontecer diario, así como la gran ventana para ver el mundo. Sin embargo, lamentablemente la televisión mexicana es de poca calidad y carece de contenido que fomente la cultura.

La diputada promovente pretende que la Secretaría de Gobernación realice un seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es importante destacar que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 66 establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral.

De la misma manera en su Artículo 68 establece que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.

Es importante destacar que dentro de las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a la Secretaria de Gobernación se encuentra la de verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación y aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de dicha ley y en ejercicio de las mismas la Secretaría de Gobernación deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa.

Al respecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión faculta a la Secretaría de Gobernación, para sancionar el incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de contenidos, ello de acuerdo con el artículo 297 en su cuarto párrafo, que establece que dicha secretaría sancionará el incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de contenidos, tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos conforme a lo dispuesto en el Capítulo III denominado “Sanciones en materia de Contenidos Audiovisuales”.

En virtud de lo anterior, se destaca que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades, RTC supervisa los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso.

Es por ello, que esta dictaminadora acompaña la preocupación vertida en la proposición con punto de acuerdo y considera que los medios de comunicación, en particular la televisión, al ser espacios responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, tienen un papel determinante en la sociedad y coadyuvan al proceso formativo de la infancia, evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

Ante la necesidad de mantener los medios de comunicación como espacios responsables de información y no vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Pleno de la Comisión Permanente el pasado 17 de junio aprobó un exhorto a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para que realice una investigación, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, y con pleno respeto a la libertad programática y libertad de expresión, a fin de verificar si los contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos, es por ello que se considera que ha sido atendida la solicitud.

Respecto a la propuesta de que la Secretaría de Gobernación, verifique que en caso de que la conductora Laura Bozzo no cumpla con los requerimientos jurídicos establecidos para la emisión de los programas televisivos, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, se inicie el proceso administrativo para aplicar el artículo 33 constitucional.

Es importante destacar que la Secretaría de Gobernación informó que ya analiza una petición en la que solicita la expulsión del país a Laura Bozzo, así como la cancelación de su programa. Es por ello que ante las investigaciones que se realizan, esta Comisión considera que el tema ha sido debidamente atendido.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, toda vez que en la sesión del 17 de junio del presente año, fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el asunto materia de dicho dictamen.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre las acciones para combatir la extorsión en la colonia Condesa, de la ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que informen sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la colonia Condesa de la Ciudad de México”, presentada por el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que informen sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la colonia Condesa de la Ciudad de México”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1763.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador refiere que el 4 de julio de 2015, el periódico Reforma publicó un reportaje sobre una red de extorsionadores en la colonia Condesa, de acuerdo con la publicación, dicha red estaría conformada por un grupo de ocho a diez jóvenes que exigen un pago de 5 a 10 mil pesos por derecho de piso a los establecimientos asentados en la colina. El senador explica que la publicación denunció que estas extorsiones iniciaron a finales del año 2014 y que el modus operandi de estos grupos consiste en ubicar a los dueños de los establecimientos y a sus encargados hasta recabar sus datos y el de sus familiares para, después, plantear sus exigencias mediante amenazas.

Ante este reportaje, el senador señala que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal minimizó las denuncias que los restauranteros hicieron públicas en las colonias Condesa, Roma y algunos establecimientos a lo largo de la Avenida Insurgentes, bajo el argumento de sólo haber recibido una denuncia.

Al respecto, explica que, al desestimar las acusaciones de propietarios de estos establecimientos mercantiles, resulta preocupante que el Gobierno del Distrito Federal no brinde la debida atención a las declaraciones que advierten la posible presencia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, por lo que considera necesario que se lleven a cabo acciones ante los posibles actos de extorsión.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que informen sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión han expresado, en diversas ocasiones, su preocupación y rechazo a cualquier acto criminal, de intimidación y violencia en nuestro país, asimismo se ha pronunciado al respecto instando a las autoridades competentes para tomar medidas en ese sentido.

En el caso que refiere el senador, sobre presuntos casos de extorsión a los dueños de establecimientos asentados en la colonia Condesa, esta Comisión estima necesario realizar un análisis jurídico sobre este asunto. En primer lugar, debe citarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los Municipios, y que esta comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva.

En ese sentido, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal define la seguridad pública como un servicio cuya prestación, en salvaguarda de las garantías individuales, corresponde de forma exclusiva al Estado y que esta tiene por objeto mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, así como colaborar en la investigación y persecución de los delitos, entre otros.

Asimismo, el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que la Organización Política y Administrativa del Distrito  Federal debe atender como principio estratégico la cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes; por otro lado el artículo 118 del mismo ordenamiento indica que la seguridad pública es una de las materias que el gobierno del Distrito Federal debe tomar en cuenta para el desarrollo y bienestar social de Ciudad de México.

En cuanto a la ejecución de los preceptos ya citados sobre la seguridad pública, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que el Jefe de Gobierno habrá de auxiliarse en el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Por tanto, corresponde a esas instancias resolver las denuncias y los actos que pongan en riesgo la seguridad pública de la demarcación pues son las responsables de realizar acciones para prevenir y, en su caso, sancionar los delitos en el Distrito Federal, por tanto, les corresponde resolver los casos dados a conocer por diversos medios de comunicación que afirman que los empresarios de la colonia Condesa son objeto de extorsiones. De acuerdo con estas publicaciones, el asesinato de Marco Cardona, dueño del bar Life Condesa, ocurrido el pasado 28 de junio, puso en alerta a los restauranteros de la zona, dado que las primeras investigaciones y declaraciones de testigos apuntaban a un posible caso de extorsión como causa del homicidio.

Posteriormente, el periódico Reforma publicó un reportaje en el que dio a conocer que los negocios de la zona son extorsionados con cobros que van de 5 a 10 mil pesos quincenales y que son cerca de 50 establecimientos las víctimas de este delito. Esta publicación alertó a la población, dado que la colonia Condesa es una de las zonas comerciales y residenciales más visitadas por los capitalinos.

Ante esta situación, el 4 de julio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) puso en marcha el operativo de seguridad “Condesa Seguro”, en el que 300 agentes de la PGJDF y 120 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF)  vigilarían de forma permanente la zona, con el fin de dar certeza y seguridad a los dueños de restaurantes y bares de la colonia, a pesar de que, según explicó el titular de la corporación, Hiram Almeida Estrada, no hay denuncias sobre estos hechos; asimismo, dijo que este operativo es parte del programa denominado “Riesgo Cero”, que busca que el delito no exista y dijo que tiene como finalidad combatir los casos de cobro de piso, además de delitos como el robo de vehículos, robo a cuentahabiente, robo a transeúnte y robo a negocio.

Este programa contempla que los policías permanezcan en la colonia Condesa trabajando durante una jornada de 24 horas y estarán distribuidos en las vialidades que existen en la Condesa, sobre todo en zonas donde se concentra la mayor cantidad de gente, y fue informado  el titular de la secretaría, asimismo, refirió que, dado que en temporada de lluvia se generan asentamientos viales, la SSPDF pondrá en marcha dispositivos de vialidad y adicionalmente, instalará retenes del programa Conduce sin alcohol1.

Por otro lado, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal realizó una visita a los bares y restaurantes de la colonia Condesa, perímetro de la delegación Cuauhtémoc, y platicó con los encargados y clientes de los establecimientos para invitarlos a presentar denuncias en caso de ser víctimas de algún delito y entregó información sobre el programa “Yo no pago extorsión”, el cual integra medidas de prevención para evitar la comisión de este tipo de delitos, asimismo, informó que se contará con una Unidad Móvil del Ministerio Público2.

De igual forma, el 7 de julio de 2015 el Secretario de Seguridad Pública implementó el mecanismo de llamada directa, mediante la cual los propietarios de establecimientos pueden reportar cualquier incidencia delictiva que detecten a través de una app denominada Mi Policía K8, que puede instalarse en smartphones a través de la plataforma de Google Play; dicha aplicación tiene como propósito “acercar al ciudadano de manera interactiva a la información de su respectivo cuadrante, proporcionando una manera rápida de hacer un llamado en caso de emergencia y conocer gráficamente la ubicación de los cuadrantes del Distrito Federal” de acuerdo con la descripción ofrecida en la tienda de aplicaciones.

Como resultado del operativo “Condesa Segura”, Hiram Almeida, titular de la SSPDF, informó que 52 personas han sido detenidas, dos de ellas por robo a transeúnte y otra por posesión de estupefacientes, mientras que a 49 se es remitió al Juez Cívico por faltas administrativas; en el mismo sentido, se han efectuado revisiones preventivas a otras mil 187, así como a 305 vehículos, y 319 fueron sometidas a pruebas de alcoholimetría, en dos puntos instalados del Programa Conduce Sin Alcohol.

Asimismo, el funcionario informó que durante el primer semestre del año no se han registrado casos de robo a bordo de taxis o a cuentahabientes, mientras que el robo a negocio disminuyó de 14 a 5% y el robo a transeúnte bajó de 23 a 8%.

Es importante destacar que, además, la policía capitalina realizó 450 encuestas a habitantes, trabajadores y empresarios de la zona como solicitud de seguridad, mismas que arrojaron que los temas que más preocupan a la población de la colonia Condesa son el robo de vehículo estacionado y la modalidad de los carteristas, sin embargo, destacó que los resultados no reflejaron el tema de extorsión o robo de piso3.

Esta Comisión considera que, de conformidad con la legislación citada al inicio de este documento, las autoridades encargadas de la seguridad pública han tomado medidas para prevenir y sancionar el delito denunciado por la publicación, así como otros delitos que son comunes en la zona, y en tanto que la implementación de operativos y los resultados de ellos se han dado a conocer de forma puntual por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal, esta comisión estima que no es necesario que se remita un informe sobre su actuación en el caso, considera que con la implementación de los programas y su ha quedado satisfecha la intención del promovente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Honorable Congreso de la Unión considera que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo relativo a solicitar información a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia organizada en la colonia condesa de la Ciudad de México, en virtud de que ambas instancias han informado puntualmente las medidas que han tomado al respecto.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.


1 http://www.ssp.df.gob.mx/boletines/eventos/julio-15/63315.html

2 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/5-1-1/detalle_imprime.php?idw3_comunicados=101833&idw3_contenidos=18
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/5-1-1/detalle_imprime.php?idw3_comunicados=101834&idw3_contenidos=18

3http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/comunicacion_social/boletines/julio_2015/140715%200667%20Recibe%20titular%20de%20la%20SSPDF%20a%20empresarios%
20y%20vecinos%20de%20la%20Condesa.pdfhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/14/van-52-detenidos-durante-operativo-condesa





 

Por el que se desecha la proposición que exhortaba a ejecutar los mandatos judiciales aún en aquellos casos en que el modelo adversarial no haya entrado en vigor.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, relacionada con el desacato judicial y la dilación del proceso en la administración de justicia, en aras de la reforma penal de junio de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 15de julio del 2015, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo presentó la proposición con punto de acuerdo relacionada con el desacato judicial y la dilación del proceso en la administración de justicia, en aras de la reforma penal de junio de 2008.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1774.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La senadora proponente expone que como legisladores sabemos que el fin último y más amplio de la procuración y administración de justicia es, sin duda, evitar que los particulares hagan justicia por sí mismos, que exista un juicio mayor e imparcial al de dos perspectivas particulares contrapuestas. Una de las obligaciones y funciones primarias de todo Estado es la administración de la justicia; ésta representa uno de los principales motivos por los cuales el pueblo decidió transferir su soberanía a la legislación, esperando que ésta sea ejercida por el Estado, y por ende, cumplida.

Dentro de la administración de la justicia, señala, existen las denominadas garantías individuales, las cuales son necesarias en todo proceso para que éste pueda ser válido y eficaz, y así, cumplir con su objetivo. Explica que, en sentido contrario, de no respetarse las garantías individuales, el proceso está viciado y se vulnera a las personas procesadas.

Refiere que el desacato judicial, la manipulación de la ley y el aprovechamiento de las ineficiencias jurídicas de la legislación ensombrecen la justicia, la transparencia, el Estado de Derecho, el respeto a la ley y a las instituciones.

Señala que el sistema de justicia, dentro de los elementos necesarios para el desempeño de su función y obligación, se auxilia para hacer que sus resoluciones sean oportunamente cumplimentadas, logrando así los fines del Derecho. En diversas ocasiones, algunas mediáticamente conocidas, se vulneró una resolución judicial y se  mantuvo una postura gubernamental generando el desconcierto de la ciudadanía y el menosprecio por el Estado de Derecho.

Advierte que una referencia necesaria para todo proceso en el que la autoridad incurra en desacato, es el proceso de amparo, en donde el artículo 107 fracciones XVI y XVII señalan:

“Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia dela autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados...”

XVII. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare…”

De acuerdo con la proponente, el desacato judicial genera la violación de las garantías individuales y derechos humanos de los procesados, y por esto debe ser condenado como lo señalan nuestras leyes.

La senadora proponente señala que a menos de un año de que concluya el plazo establecido para transitar hacia un sistema de justicia penal de tipo acusatorio, que busca, principalmente, desarrollar un sistema de justicia eficiente, transparente y respetuoso de los derechos humanos, no cabe resquicio para el incumplimiento de mandatos judiciales y garantías procesales por parte de los servidores públicos.

Por lo anterior, propuso lo siguiente:

ÚNICO.- En alcance al plazo de transición otorgado en la reforma penal de junio de 2008, se exhorta a la Administración Pública Federal y a las administraciones públicas de los estados, a que, con pleno respeto a los principios rectores del nuevo sistema penal acusatorio, se ejecuten los mandatos judiciales aún en aquellos casos en que el modelo adversarial no haya entrado en vigor, de tal modo que de manera irrestricta, se respeten y hagan respetar las garantías procesales en la administración de justicia y mandatos judiciales, y se sancione a los servidores públicos que incumplan con esta obligación.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide en la imperiosa necesidad de que las determinaciones, resoluciones y sentencias que dicten los jueces, sean constitucionales o de primera instancia, en su fundamental labor de impartición de justicia, deben ser puntualmente obedecidas.

Las sanciones ante el desacato en materia de amparo, o por responsabilidad derivada de alguna omisión en el cumplimiento de un mandato judicial, tienen penas tan graves como la separación del cargo, la inhabilitación (en caso de que se imputara responsabilidad política o administrativa, en términos del capítulo IV de la Constitución Federal) o incluso, penas privativas de libertad. 

Si bien la proponente refiere que nos encontramos a un año de que concluya el periodo que el Constituyente Permanente otorgó a los Poderes Constituidos para la total implementación del nuevo sistema de justicia penal de corte adversarial, no menos cierto es el hecho de que, independientemente de la verificación de dicho término, los jueces de primera instancia y los jueces constitucionales cuentan ya con la obligación de hacer valer sus determinaciones con el apoyo de las medidas de apremio que existen en cada ley, de acuerdo con el procedimiento que se hubiere desahogado.

En el mismo sentido, las autoridades obligadas en términos de las resoluciones judiciales, en particular en materia de amparo, podrán ser sujetas de responsabilidad administrativa, penal y política, en caso del incumplimiento de una ejecutoria de amparo. Tanto las determinaciones del capítulo IV de la Constitución Federal, como las fracciones XVI y XVII del artículo 107, y los artículos citados del Código Penal Federal son ley vigente y no se encuentran sujetas a vacatiolegis, que pudiera mantener en suspenso su entrada en vigor.

Por ello, no es necesario que se cumpla el plazo de la reforma constitucional en materia penal, para que la administración de justicia adquiera nuevos principios o nuevas medidas de apremio para hacer valer las determinaciones de jueces, magistrados o ministros, sino que por el contrario, las disposiciones de referencia son de plena vigencia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre la proposición con punto de acuerdo de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposiciones con punto de acuerdo por el que, en alcance al plazo de transición otorgado en la reforma penal de junio de 2008, se exhortaba a la Administración Pública Federal y a las administraciones públicas de los estados, a que, con pleno respeto a los principios rectores del nuevo sistema penal acusatorio, se ejecuten los mandatos judiciales aún en aquellos casos en que el modelo adversarial no haya entrado en vigor, de tal modo que de manera irrestricta, se respeten y hagan respetar las garantías procesales en la administración de justicia y mandatos judiciales, y se sancione a los servidores públicos que incumplan con esta obligación.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver en definitiva la situación de los vendedores ambulantes en el Metro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se resuelva en definitiva la situación de los vendedores en el Metro, también llamados “vagoneros” y que se prohíba a los miembros de la policía actuar con discriminación al remitir al juzgado cívico solo a los más desvalidos, permitiendo indebidamente que los demás continúen infringiendo las leyes y los reglamentos respectivos.

Adicionalmente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a someter a los conductores del Metro a cursos extraordinarios de manejo de los trenes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

Las proposiciones con punto de acuerdo que se estudian y dictaminan son las siguientes:

1. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se resuelva en definitiva la situación de los vendedores en el Metro, también llamados “vagoneros” y que se prohíba a los miembros de la policía actuar con discriminación al remitir al juzgado cívico solo a los más desvalidos, permitiendo indebidamente que los demás continúen infringiendo las leyes y los reglamentos respectivos, presentada por la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

2. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que por conducto del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se someta a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, especialmente en lo relativo al cierre de puertas, al arranque, al frenado y a la comunicación oportuna de incidencias al centro de control interno, para prevenir y evitar accidentes, presentada por la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que ambas proposiciones fueran turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante los oficios CP2R3A.-1785 y CP2R3A.-1788.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se resuelva en definitiva la situación de los vendedores en el Metro, también llamados “vagoneros” y que se prohíba a los miembros de la policía actuar con discriminación al remitir al juzgado cívico solo a los más desvalidos, permitiendo indebidamente que los demás continúen infringiendo las leyes y los reglamentos respectivos, presentada por la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

La proponente señala que, con referencia al contenido del artículo 1º constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

A su vez, señala la prohibición de toda discriminación motivada por la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas, todo lo cual aplica a todas y todos los mexicanos, pero por mayoría de razón a las personas que conforman los grupos vulnerables de la población.

Posteriormente cita diversas notas periodisticas publicadas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, que revelan que a pesar de los múltiples problemas que se han señalado por la actuación u omisión de las autoridades frente al fenómeno del comercio ambulante en el metro, estos no han sido resueltos.

No obstante, señala que se han dado casos en donde algunos policías —según se advierte de videos difundidos en las redes sociales—, con lujo de prepotencia, intimidan, agreden y remiten al juzgado cívico a personas que constituyen grupos vulnerables de la población como lo son los discapacitados, las personas adultas mayores con apremiante necesidad y otros que viniendo de la situación de calle, pretenden regenerarse ganándose la vida por la vía del comercio informal a las salidas del metro.

Por lo anterior, propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se resuelva en definitiva la situación de los vendedores en el metro también llamados “vagoneros” y que se prohíba a los miembros de la policía actuar con discriminación al remitir al juzgado cívico solo a los más desvalidos, permitiendo indebidamente que los demás continúen infringiendo las leyes y los reglamentos respectivos.

2. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que por conducto del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se someta a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, especialmente en lo relativo al cierre de puertas, al arranque, al frenado y a la comunicación oportuna de incidencias al centro de control interno, para prevenir y evitar accidentes, presentada por la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015.

Expone la diputada proponente que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad encuentran serias limitantes en cuanto a su movilidad en las calles y avenidas de las ciudades, pero más aún en los sistemas colectivos de transporte.

Explica que tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal, en el que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad sufren accidentes diversos que son provocados a veces por excesos y en otras ocasiones por la imprudencia de los conductores.

Señala que, es de todos los usuarios conocido, el hecho de que los conductores de los trenes del METRO irresponsablemente activan el cierre de puertas antes de que los usuarios ingresen a los vagones, quedando atrapadas generalmente las personas adultas mayores o las personas con alguna discapacidad por las puertas que golpean con mucha fuerza, lastimando así a los usuarios.

Por otra parte, expone que en muchos casos, y sin alguna razón comprensible, los conductores arrancan con gran velocidad, lo que hace que muchas personas que no se hayan alcanzado a afianzar firmemente de algún tubo de agarre, caigan irremediablemente al suelo del vagón sufriendo en lo físico y en lo emocional la caída por las lesiones y la vergüenza ante la vista de los demás usuarios.

De acuerdo con la proponente, algo similar sucede todas aquellas ocasiones en que los conductores frenan intempestivamente y con mucha brusquedad, lo que hace que muchos usuarios caigan al suelo de los vagones.

De lo anterior concluye que todo esto se podría evitar en gran medida, si se somete a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, especialmente en lo relativo al cierre de puertas, al arranque, al frenado y a la comunicación oportuna de incidencias al centro de control interno.

Por lo anterior, propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a fin de que por conducto del Director del Sistema de Transporte Colectivo METRO, se someta a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, especialmente en lo relativo al cierre de puertas, al arranque, al frenado y a la comunicación oportuna de incidencias al centro de control interno, para prevenir y evitar accidentes.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora considera de alta relevancia la problemática planteada por la diputada proponente, en relación a las condiciones en las cuales se presta el servicio de transporte masivo de pasajeros, a través de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Tal como lo señala la proponente, tanto el problema del comercio ambulante al interior de los vagones y estaciones del STC-Metro, como el relacionado con la capacidad, la pericia y la prudencia en la conducción de trenes, son dos condiciones que deben solucionarse y mejorarse, respectivamente, a la brevedad. Esto, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios, calificado con los estándares más altos de calidad, y en el que se privilegie la seguridad, la comodidad y la eficiencia.

Esta Comisión Dictaminadora, así como el Pleno de la Comisión Permanente en funciones durante el segundo receso del tercer año de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, así lo han hecho patente.

En efecto, en sesión celebrada el día 17 de junio de 2015, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que a la letra establece:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que se refuercen las acciones necesarias que garanticen la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio.

Asimismo, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que a la letra establece:

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del sistema de Transporte Colectivo Metro, instrumente las acciones necesarias para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de la capacitación y evaluación de los operadores; así como para adoptar  todas aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, e informe a esta Soberanía al respecto.

Se tiene por reproducidas las consideraciones ofrecidas en los dictámenes citados y aprobados por medio de los cuáles se dio atención y cauce a las preocupaciones manifiestas en ambas proposiciones comentadas.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha las proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se resuelva en definitiva la situación de los vendedores ambulantes en el Metro; y por el que se exhortaba a la misma autoridad, a fin de que por conducto del Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se someta a todos los conductores a cursos extraordinarios de manejo de los trenes, por haber quedado ambos sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se desecha la proposición por el que solicita al Gobierno del Distrito Federal instruir la restauración del Monumento a Colón.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente en el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya la inaplazable restauración del monumento a Cristóbal Colón, ubicado Paseo de la Reforma, la cual fue presentada por el Dip. Javier Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTESGENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 15 de julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya la inaplazable restauración del monumento a Cristóbal Colón, ubicado Paseo de la Reforma.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1809.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la propuesta con punto de acuerdo se puede observar la preocupación por parte del autor de la misma y manifiesta que se tiene que llevar a cabo lo antes posible la reparación del daño que sufrió el monumento a Cristóbal Colón, ubicado en Paseo de la Reforma, el cual tiene una mancha roja en el lado derecho del pecho, y el pedestal sobre el que se rige también presenta escurrimientos de pintura.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades instruya la inaplazable restauración del Monumento a Cristóbal Colón ubicado en Paseo de la Reforma.

III. CONSIDERACIONES

Como mención histórica del monumento a Cristóbal Colón, se pude decir que fue en la década de los años 70 del siglo XIX, cuando fue creado el monumento a Cristóbal Colón e inaugurado en 1877, dos años después de haber llegado a México por el puerto de Veracruz. El monumento es basado en un boceto del escultor Manuel Vilar, quien inició el proyecto a iniciativa de Maximiliano I de México, pero fue creado finalmente en Francia por Charles Cordier.

El conjunto monumental, además de tener al genovés Cristóbal Colón, que dirige su mano hacia el centro de la ciudad, cuenta también en su pedestal con figuras de Fray Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Fray Juan Pérez de Marchena y Fray Diego de Deza.

Ahora bien y adentrándonos en la materia, se manifiesta que en enero de este año, el monumento a Cristóbal Colón, ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma a la altura de la calle Versalles, fue dañado en una manifestación, con lo que parece pintura de color rojo que fue arrojada por los manifestantes, asimismo, en la escultura en bronce se puede apreciar la mancha en la parte derecha del pecho.

Por lo antes mencionado y por el daño que fue causado al monumento, el proponente solicita que el Gobierno del Distrito Federal atienda en la medida de lo posible realice la reparación o restauración del monumento a Cristóbal Colón, ya que pertenece a los monumentos históricos en resguardo de la ciudad.

El exhorto que se hace al Jefe de Gobierno del D. F., es porque de acuerdo con lo establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, son bienes de dominio público del Distrito Federal, los monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal que requieren de un mantenimiento constante.

Asimismo, se menciona que en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en el Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se contempla que se atenderá a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de México, del que forman parte los bienes inmuebles, elementos aislados tales como esculturas, monumentos, así como los paisajes culturales y espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, nomenclatura, imagen urbana; las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones.

Por otra parte, en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, que es de interés colectivo para el cuidado y conservación del paisaje de la Ciudad de México, se incluye a los monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles del dominio público del Distrito Federal, que se exhiben públicamente y que están incorporados a los espacios de uso común, como plazas, calles, avenidas, paseos, jardines y parques públicos.

Con lo que se ha fundamentado con anterioridad, esta Comisión manifiesta que es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ejercer los actos de aprovechamiento, administración, utilización, conservación, mantenimiento, restauración, reparación, control, inspección y vigilancia de los monumentos, pinturas murales, esculturas y cualquier obra artística del Distrito Federal.

El Gobierno del Distrito Federal, presta a través de las Delegaciones Políticas, la atención para el mantenimiento correctivo y preventivo de espacios comunes tales como centros recreativos, parques, juegos infantiles, módulos y centros deportivos, monumentos y fuentes, entre otros, consistente en los rubros de herrería, albañilería, plomería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, desazolve y pintura en general.

Ahora bien, con base a lo anteriormente planteado,  esta dictaminadora no tiene duda alguna en que el Gobierno del Distrito Federal es la autoridad encargada de lo que se pretende solicitar a través del punto del acuerdo, pero, en el estudio, análisis e investigación de la Comisión que dictamina, se  puede manifestar que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal desde esa fecha dio instrucciones a las áreas correspondientes de su administración para que se tomaran las medidas necesarias, a fin, de que se empezaran a realizar los trabajos de la restauración del monumento a Cristóbal Colón; por lo cual, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal ha manifestado que solo esperan el dictamen correspondiente de los daños y la cuantía de los mismos, para empezar la reparación. Por tales razonamientos, se manifiesta que la propuesta con punto de acuerdo ha sido atendida.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba al Gobierno del Distrito Federal que instruya la restauración del monumento a Colón, toda vez que el asunto ya ha sido atendido.

SEGUNDO. Archívese y dese como asunto completamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.





 

Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales”, presentada por el Diputado Alejandro Rangel Segovia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 15 de julio de 2015, el Diputado Alejandro Rangel Segovia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometió a consideración de esta Soberanía la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1811.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado explica que el 12 de julio de 2015 una nota del periódico Reforma señaló que en el Distrito Federal cada vez es más recurrente el intento de despojo de propiedades en zonas residenciales y colonias de clase media.

Expone que el despojo se concreta con ayuda de invasores, en propiedades desocupadas y, posteriormente, se localizan los datos de los dueños en el Registro Público de la Propiedad se le demanda por supuestas deudas, refiere que dichos procesos  judiciales suelen terminar en embargo dado que los dueños no son realmente notificados de la demandas en su contra en virtud de que las notificaciones son entregados en la propiedad abandonada.

Asimismo, señala que se contratan invasores vinculados con agrupaciones como Asamblea de Barrios para que invadan las propiedades en lo que se declara su embargo y son subastadas.

Indica que en calles y avenidas de Polanco, Lomas de Chapultepec, Verónica Anzures, Juárez y la Condesa se observan diversos anuncios en edificios y casas particulares donde se advierte evitar fraudes, pues las propiedades no están en venta.

Explica que este fenómeno se ha incrementado de 2010 a la fecha y proporciona datos dados a conocer por la Procuraduría capitalina en la que se detalla que, en los últimos dos años, se presentaron mil 426 denuncias por despojo.

Bajo esa línea argumental propone lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades instruya a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales e inicie las averiguaciones previas correspondientes.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora considera necesario exponer que el despojo consiste en la desposesión de cualquier tipo de inmueble y pertenece a los delitos patrimoniales cuya acción se ejerce por querella o denuncia, en este tipo de delitos, resulta importante señalar por lo que se refiere a bienes inmuebles, incluso al propietario podrá imputársele el delito cuando ocupe sin derecho el bien de su propiedad estando en poder de otro, en este sentido, lo protegido por la norma es la posesión, entendiendo esto como el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles, de tal manera que cualquier perturbación en el ejercicio de este derecho bastará para que se considere consumado el tipo.

Así, nuestra legislación considera que comete el delito de despojo, quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, también entrara en esta figura delictiva aquel que ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

En ese sentido, el Capítulo VII del Código Penal del Distrito Federal se refiere al despojo, delito por el cual el artículo 237 impone una pena de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días de multa:

I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; o

III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas. El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.

El artículo 238 se refiere a los casos en los que este delito se lleve a cabo grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, al respecto, señala que:

[…] además de la pena señalada en el artículo anterior, se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en una tercera parte.

A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa1.

Ahora bien, respecto al delito de despojo en el Distrito Federal, esta dictaminadora encontró que en el año 2013 se iniciaron 5 mil 858 por el delito de despojo ante la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal; en ese año se detuvo a 8,805 personas por invadir casas o predios, de las cuales 390 fueron consignadas a un reclusorio y 40 fueron sentenciadas como culpables, según informó el subprocurador de la PGJDF, Oscar Montes de Oca.2

Sobre este asunto, el periódico Reforma publicó una serie de reportajes en los que se da a conocer la forma en que operan los “invasores” de inmuebles deshabitados. El diario refiere que constató seis casos distintos de despojo en colonias como Polanco, Lomas de Chapultepec, Verónica Anzúres y Juárez.

De acuerdo con las publicaciones del 11 y 12 de junio “Alertan fraude en residencias”3, las empresas inmobiliarias ubican inmuebles desocupados, investigan los detalles del inmueble, acuden al Registro Público de la Propiedad para conocer datos del dueño y firman pagarés a su nombre para, una vez que ha pasado cierto tiempo, acudir a tribunales de lo civil a interponer juicios mercantiles en contra de los “deudores”; los tribunales envían notificaciones a domicilios proporcionados por los demandantes y se emiten órdenes de embargo cuando hay habitantes de por medio, por lo regular personas de la tercera edad que son desalojadas.

Una vez consumado el desalojo, los inmobiliarios presuntamente contratan invasores para ocupar la propiedad hasta que esta se subaste para adquirirlos a un precio por debajo del valor comercial real.

Conforme a lo anterior, esta Comisión manifiesta que, al no ser un delito que se persiga por oficio, es necesario que los afectados interpongan una denuncia o querella para que las autoridades puedan intervenir, sin embargo, ante la alerta de los casos de despojo, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Mancera, informó que la Consejería Jurídica lanzó una app llamada “Alerta Inmobiliaria” para que los dueños de los inmuebles sean notificados inmediatamente sobre cualquier tipo de consulta o movimiento que se lleve a cabo sobre el folio relacionado con sus propiedades, el costo por esta app es de 216 pesos por 6 meses; de igual manera, dijo que el medio idóneo para resolver este tipo de casos es ante el Ministerio Público local.

Asimismo, Ernesto Meana Sariñana, asesor jurídico de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) llamó a los propietarios de inmuebles deshabitados a mantenerse al tanto de lo que suceda con sus propiedades, pues dijo que se han detectado casos en zonas como el Centro Histórico, no así en colonias residenciales.

En ese sentido, el Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Humberto Morgan, señaló que el despojo de propiedades es un problema generalizado en la Ciudad y destacó que la Delegación asesora a los propietarios que intentan ser despojados, con el fin de que procedan a la denuncia ante el Ministerio Público, pues la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal es la indicada para resolver este tipo de investigaciones y demandas.

Por tanto, esta Comisión dictaminadora estima que la propuesta promovida por el diputado es atendida conforme a derecho, en tanto que la legislación federal y local en materia de despojo establece que este delito se persigue por denuncia o querella y ya se cuenta con mecanismos establecidos en la ley para su resolución,  además, el Gobierno del Distrito Federal ha implementado el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ayudar a combatir este tipo de ilícitos, razones por las cuales se resuelve que la preocupación del promovente ha sido atendida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión considera suficientemente atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Jefe de Gobierno instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales, en virtud de que dicho delito ya se atiende conforme a derecho.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/codigo_local/CPDF.pdf

2 http://noticieros.televisa.com/mexico-df/1401/denuncias-despojo-distrito-federal/

3 http://www.reforma.com





 

Por el que la Comisión Permanente condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental de Palmira.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las acciones del Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad monumental de Palmira y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir la acción que corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior y el compromiso del Estado Mexicano con la protección del patrimonio mundial de la humanidad.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de junio de 2015, la Diputada Adriana Fuentes Téllez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

I. “El martes 23 de junio, medios de comunicación nacionales dieron a conocer la información difundida por activistas opositores y miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), al atribuirse actos de destrucción en contra de mausoleos de la ciudad monumental de Palmira, en el centro de Siria. [*]

II. La prensa señala que la activista de la opositora red Sham Samer Homsi explicó por internet que, a través de una voladura con explosivos producida la noche del lunes, se destruyeron los mausoleos islámicos de Mohamed bin Ali y Abu Baha Edin, ubicados fuera de las ruinas grecorromanas.

III. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló el martes que los extremistas destruyeron un santuario para "eliminar los emblemas politeístas", sin dar más detalles.

IV. El fin de semana, la oficina de información del Estado Islámico en la provincia de Homs publicó en internet varias fotografías de la voladura del mausoleo del jeque Mohamed bin Ali y de otro santuario, que no identificaron.

V. Las autoridades sirias señalaron que el Estado Islámico había colocado explosivos en distintas partes de Palmira.

VI. Esta situación nos llena de preocupación y nos obliga a hacer un pronunciamiento al respecto.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta profundamente y condena las acciones de Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad monumental de Palmira.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir la acción que corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior y el compromiso del Estado mexicano con la protección del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que los conflictos político-religiosos de Oriente Medio ciernen una grave y constante amenaza sobre la riqueza histórica y arqueológica de la región en cuestión.

II.- La situación de Palmira ha llamado la atención internacional debido a que ha sido objeto del saqueo del grupo yihadista del Estado Islámico en Irak. Las acciones realizadas a mano de este grupo han ocasionado la destrucción de varios sitios y museos arqueológicos, así como mausoleos islámicos y mezquitas: las ruinas asirias de Nimrud del siglo XIII a. C. y de Hatra, el Museo de la Civilización de la ciudad de Mosul y el yacimiento de Dur Sharrukin, capital asiria durante parte del reinado de Sargón II (722 - 705 a. C.).

III.- Esta Dictaminadora considera de gran importancia tratar de urgencia la gravedad de la amenaza que se cierne hoy en contra de las ruinas de Palmira, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año de 19801.

IV.- Las ruinas de Palmira figuran entre los vestigios más importantes del último periodo de la Antigüedad Clásica, y hasta hace unos años, eran una de las principales atracciones turísticas de la región, lo que también afecta al país a un nivel ecónomico considerable.

V.- La Segunda Comisión reitera su apoyo a la UNESCO ante el llamado a la comunidad internacional a que haga cuanto esté en sus manos para proteger a las poblaciones civiles afectadas y salvaguardar el patrimonio cultural único de Palmira.

VI.- Esta Comisión considera necesario que el Poder Legislativo se una a la expresión manifiesta de indignación que se está generando a nivel internacional, ya que no se puede guardar silencio ante estos hechos perfilados claramente como una verdadera tragedia en términos de patrimonio histórico y cultural.

VII.- Coincidimos plenamente con lo señalado por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quien subrayó hoy que la destrucción deliberada del enclave arqueológico sirio de Palmira por parte del grupo terrorista Estado Islámico (EI) supondría un "crimen de guerra" y una pérdida "enorme" para la humanidad.

"Pertenece a todo el mundo y creo que todos deberían estar preocupados por lo que sucede. (...) Su destrucción sería no solo un crimen de guerra, sino una pérdida enorme para la humanidad", señaló la representante de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en un vídeo colgado por su organismo.2

VIII. Destacamos además lo expuesto por la jefa de la Diplomacia europea, Federica Mogherini, quien señaló que la destrucción deliberada de Palmira, así como el asesinato de inocentes en la región, constituyen crímenes de guerra.

IX. No podemos dejar pasar la precaria situación que se vive no sólo en Palmira, sino en el resto de Siria, derivado de la lucha contra el Estado Islámico y la guerra civil iniciada en el año 2011. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), se estima que unos 5,6 millones de niños sirios tienen necesidades humanitarias urgentes, además de que de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, desde 2011, más de 215 mil personas han muerto.

X. La Comisión Permanente no puede quedarse callada ante estos actos de barbarie perpetrados por grupos radicales, por lo cual debe alzar la voz no sólo por la destrucción del patrimonio mundial de la humanidad, sino por la precaria situación que se vive en el país, principalmente para los menores que se encuentran en clara vulnerabilidad.

IX. En este tenor de ideas, coincidimos con los planteamientos expresados por la proponente, pero estimamos pertinente modificar los resolutivos originales para hacerlo más acorde con el derecho internacional y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, para quedar como sigue:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental de Palmira, llevados a cabo por el denominado “Estado Islámico”, al tiempo que se condenan los asesinatos de civiles en la región, llevados a cabo por esta agrupación radical. Asimismo, hace votos para que las partes en conflicto depongan las armas y puedan alcanzarse los acuerdos necesarios para el establecimiento de una paz en la región.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Relaciones Exteriores, para que en el marco de la Organización de Naciones Unidas, emprenda las acciones necesarias, con el fin de que la Comunidad Internacional intensifique las acciones humanitarias y de protección de los sitios arqueológicos catalogados como Patrimonio Mundial de la Humanidad, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental de Palmira, llevados a cabo por el denominado “Estado Islámico”, al tiempo que se condenan los asesinatos de civiles en la región. Asimismo, hace votos para que las partes en conflicto depongan las armas y puedan alcanzarse los acuerdos necesarios para el establecimiento de una paz en la región.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que en el marco de la Organización de Naciones Unidas, emprenda las acciones necesarias, con el fin de que la Comunidad Internacional intensifique las acciones humanitarias y de protección de los sitios arqueológicos catalogados como Patrimonio Mundial de la Humanidad, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.


1 Palmira (República Árabe Siria), UNESCO, consultado el 16 de julio de 2015, disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=26445&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2 La UNESCO ve la destrucción de Palmira como un crimen de guerra, EFE, consultado el 16 de julio, disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/cultura/unesco-destruccion-palmira-como-crimen-guerra/10005-2618765





 

Por el que solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un informe sobre la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo sobre el abandono a las bibliotecas públicas del país.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17de junio de 2015, el Diputado, Danner González Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la educación en el país deberá tener como propósito fundamental la consolidación no sólo de una estructura jurídica y un régimen político de carácter democrático en la Nación, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Para tener una educación de calidad, el sistema de bibliotecas de un país juega un papel fundamental, toda vez que los contenidos que éstas albergan debieran incluir temáticas propias del sistema educativo del país; herramientas para el fomento y el hábito a la lectura; el mejoramiento de la calidad de vida en el ámbito personal, familiar y social; la vinculación con el aparato productivo; el fortalecimiento de la identidad nacional; la formación, recreación artística y la reconstrucción del tejido social; y el uso de las nuevas tecnologías de la información.

Datos de la Dirección General de Bibliotecas y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en el país hay 7 mil 388 bibliotecas públicas. [*] Las consultas realizadas en éstas durante 2011 fueron de 49 millones 687 mil 229. También durante 2011 el número de bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada fue de 15 mil 668. [*]

Mención especial en este rubro merece el Estado de Veracruz y el Municipio de Xalapa. El INEGI refiere que Veracruz tiene 781 bibliotecas públicas y Xalapa 63. Las consultas realizadas en éstas durante 2011 fueron de 5 millones 250 mil 768 en Veracruz y un millón 195 mil 693 en Xalapa. Mientras que el número de bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada en 2011 fue de 2 mil 558 a nivel estatal y 213 en el ámbito municipal. [*]

La Ley General de Bibliotecas señala que las bibliotecas públicas tienen como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber (artículo 2º), y que los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán la organización y sostenimiento de las bibliotecas públicas (artículo 4º). Estos mismos compromisos los podemos encontrar en el Reglamento de Fomento para la Lectura y el Libro; el Programa Especial de Cultura y Artes 2014-2018 y la Agenda Digital.

A pesar de que se trata de un mandato legal y un compromiso institucional que los diferentes niveles de gobierno impulsen el establecimiento, equipamiento, mantenimiento y actualización permanente de las bibliotecas públicas del país, la realidad es que éstas sobreviven en el olvido.

En teoría, las colecciones básicas de la Red Nacional de bibliotecas públicas deberían tener información general; de consulta; publicaciones periódicas infantil y juvenil; materiales audiovisuales (multimedia); sistema Braille; libros electrónicos y enciclopedias en línea; bases de datos con información científica, tecnológica y humanística; actividades lúdicas y recreativas; recursos multimedia; catálogos bibliográficos en línea; capacitación técnica en línea y cursos de idiomas. [*]

La realidad es que miles de estos centros a lo largo y ancho del país, por omisión o desinterés de las autoridades, carecen de infraestructura, mantenimiento, presupuesto, mobiliario y equipo. Funcionan con los vidrios rotos, con las paredes sin pintar, con fallas en las tuberías, con filtraciones de agua, con el polvo que hace estragos en los libros, y en algunos casos –como en las bibliotecas rurales- hasta con carencia de servicios sanitarios. Además, muchas de ellas son objeto de saqueo por parte de la delincuencia.

A manera de ejemplo, vale la pena señalar que en Jalisco se han perdido 61 mil libros en la última década de las redes de bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Estado y la Universidad de Guadalajara. [*]

Cifras del Atlas Escolar y del INEGI señalan que en promedio en la capital del país existen 18 escuelas por cada cantina, pero si se compara la cantidad de cantinas por bibliotecas públicas, se obtiene que en el Distrito Federal hay 3 cantinas por biblioteca. [*]

Desde 2005, el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal contiene un rubro denominado "Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales", cuyo monto total se reparte entre las delegaciones y en 2014 fue del orden de los 2 mil 788 millones y de 3 mil 193 millones en 2015, a pesar de esto las 16 delegaciones no lo asignan a sus casas de cultura, lo que ha ocasionado que muchas bibliotecas estén en un deterioro excepcional, ya que no tienen ni para comprar libreros o mesas, tal es el caso de la que se encuentra en la Casa de Cultura Elena Poniatowska, en Iztapalapa, quien recientemente recibió en donación del Tecnológico de Monterrey mil 500 libros, y que el propio director de la referida Casa tuvo que pagar 2 de los 3 viajes para ir a recogerlos por la falta de apoyo de las autoridades. [*]

En Zacatecas sólo 127 bibliotecas públicas de las 236 que conforman la Red Estatal, han sido favorecidas con el Programa de Acceso a Servicios Digitales, además de que 25% de los textos del acervo total con el que cuenta la entidad es obsoleto y deberá desecharse por desgastado, viejo o en mal estado. [*]

En la ciudad de Veracruz, de las 8 bibliotecas que existen al menos 5 de ellas se encuentran olvidadas y con carencias de libros y de cómputo. [*]

La Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales 2010, elaborada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señala que el 43% de los entrevistados en el país nunca ha ido a una biblioteca; 77% no visita en un año alguna biblioteca; y 32% dice que el motivo por el que no va a una biblioteca es porque no tiene tiempo y el 28% porque no le gusta leer o no le llama la atención. [*]

En síntesis, hay datos y argumentos de sobra para decir que el gobierno federal, los estatales y los municipales, están ignorando los proyectos y necesidades de las bibliotecas públicas.

Urge rescatar del abandono en el que se encuentran a las bibliotecas públicas del país, éstas son entes vivos necesitados de mantenimiento constante, no sólo para aumentar el acervo y mantener los libros en buenas condiciones, sino también para preservar el inmueble que es recinto de este material, para dignificar las condiciones laborales y salariales de quienes las operan y para el mejor servicio de los usuarios, sólo así se podrá reforzar el papel de estos centros en la formación de hombres y mujeres cultos.

Las bibliotecas públicas pueden fungir como un instrumento educativo para la población. El avance hacia la sociedad del conocimiento plantea enormes desafíos, sobre todo para los países periféricos como es el caso de México. Las brechas entre naciones están ensanchándose: son unas cuantas las que avanzan rápido y muchas las que se rezagan, los próximos tres lustros serán cruciales para colocar a nuestro país en la senda hacia la sociedad del conocimiento o para situarlo frente a distancias insalvables, y en esta tarea las bibliotecas juegan un papel crucial.

A su vez, las características que presenta la inseguridad y la violencia en nuestro país, lleva a identificar tres factores sobre los que urge intervenir: crisis de legalidad, ruptura del tejido social y crisis de valores morales. Las bibliotecas públicas deben ser el principal aliado del gobierno en la reconstrucción del tejido social mediante la generación de mejores formas de convivencia comunitaria, de participación social y de recuperación de los espacios públicos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“Primero.- Se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que a través de la Dirección General de Bibliotecas, envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en donde se explique la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material suministrado para sus actividades a estos centros en los últimos tres años por parte del gobierno federal.

Segundo.- Se exhorta a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones legales incentiven y apoyen a las bibliotecas públicas del país, las rescaten del abandono y el olvido en el que se encuentran y mejoren las condiciones salariales de quienes laboran en estos centros.

Tercero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en la elaboración del paquete económico del próximo año, incluya una partida presupuestal especial destinada exclusivamente a las bibliotecas públicas del país, a fin de que a la brevedad se les equipe, mantenga y actualice.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que las bibliotecas públicas son importantes herramientas educativas y culturales, destinadas a facilitar el acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar el desarrollo cultural de los sectores más postergados. Además, las bibliotecas son instrumentos insustituibles para los estudiosos, investigadores y especialistas.

Por otra parte, consideramos oportuno mencionar algunos datos que aparecen en la página del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para tener más elementos de juicio, en relación con la presente proposición, en donde se señalan, entre otras referencias que: “la Secretaría de Educación Pública se instituyó en septiembre de 1921 por José Vasconcelos, primer titular de la dependencia, con el fin de promover la creación de escuelas en todo el país, organizar cursos, editar libros y fundar bibliotecas que fortalecieran el proyecto educativo nacionalista. En ese entonces, la SEP estaba organizada en tres rubros: Escuelas, Bellas Artes y el Departamento de Bibliotecas y Archivos, cuya tarea primordial era garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles escolares. Preocupado por fomentar la lectura entre la población mexicana, José Vasconcelos ejecutó uno de los proyectos bibliotecarios más extensos e importantes que se hayan realizado en la historia de México. Por primera vez se crearon cientos de bibliotecas populares en todos los estados de la República, y se concibió a la biblioteca como un elemento primordial para el desarrollo del país. La Ley Orgánica de la SEP asignó al Departamento de Bibliotecas, la creación y funcionamiento de las bibliotecas populares en todo el territorio nacional, y el cuidado y administración de la Biblioteca Nacional y de todos los recintos bibliotecarios dependientes de la SEP. Sus primeros directores fueron Vicente Lombardo Toledano y Jaime Torres Bodet. El Departamento de Bibliotecas inició la capacitación técnica del personal bibliotecario a través de cursos básicos y especializados, con la finalidad de desarrollar los servicios de las bibliotecas públicas en México, además de patrocinar tres congresos de bibliotecarios que se realizaron en 1927, 1928 y 1944. Al paso de los años, este Departamento se convierte en la Dirección de Bibliotecas de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, y posteriormente en Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas. En agosto de 1985, por acuerdo del Secretario de Educación Pública, se crea la Dirección General de Bibliotecas como unidad independiente, al igual que la Dirección General de Publicaciones. En diciembre de 1988 nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano desconcentrado de la SEP, y se le asignan las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones relacionadas con la promoción y difusión de la cultura y las artes, y la organización de las  bibliotecas públicas. A partir de  ese momento, la Dirección  General de Bibliotecas se integra al CONACULTA”.

Teniendo lo anterior como referencia, sin duda alguna resulta de la mayor importancia el destacar que, mediante la incentivación de las bibliotecas públicas del país se fomenta el derecho que todo individuo tiene, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a recibir educación, con el propósito de desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

II.- Esta Dictaminadora considera que las bibliotecas son escenarios de importancia sustantiva para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de una sociedad, ya que ponen al servicio de la comunidad los libros y demás medios culturales sobre todo en las zonas más apartadas y con problemas de acceso, asimismo proporcionan herramientas que permiten conocer e interpretar mejor y de manera autónoma el entorno social, por lo que dé, conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Educación, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística.

III.- La Segunda Comisión reitera que el sistema bibliotecario tiene una gran responsabilidad en el proceso de transformación de las estructuras sociales, ya que en esta época, funciona prioritariamente para ampliar a las comunidades el acceso a la sociedad de la información. Las bibliotecas públicas cumplen diferentes funciones sociales: facilitan la educación y la investigación, ofrecen actividades para el tiempo libre y, actualmente, tienen además, de acuerdo con la UNESCO, una función importantísima: llevar a los ciudadanos desde la mera conciencia hasta la capacitación y la potenciación.

En la relación entre el Estado y los ciudadanos, las bibliotecas contribuyen a fortalecer la democracia al proveer materiales de consulta como libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permiten a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que a través de la Dirección General de Bibliotecas, envíe un informe detallado y pormenorizado, en donde se explique la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material suministrado para sus actividades a estos centros en los últimos tres años por parte del gobierno federal.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones legales incentiven y apoyen a las bibliotecas públicas del país, y mejoren las condiciones salariales de quienes laboran en estos centros.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública incluir una partida presupuestal destinada a fortalecer las acciones de mantenimiento, equipamiento y actualización de las bibliotecas públicas del país en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a fortalecer el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social, Prestación de Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres Órdenes de Gobierno, de la NOM-031-ssa3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; así como al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de 2015, la Dip. María Sanjuana Cerda Franco integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos.

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho, a recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad; a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, así como ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono [*].

En este marco, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento emitido en el año 2002 [*], declara los compromisos que los gobiernos integrantes adquieren, asumen y ejercen para dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento en las formas de organización social, económica y cultural. Entre los que se encuentra como uno de sus objetivos el “ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las personas de edad, y apoyo a las personas que prestan asistencia” (105), señalando en específico, entre sus medidas el “… g) Establecer y aplicar normas y mecanismos para garantizar la calidad de la asistencia prestada en contextos estructurados;…”

Acorde con esos propósitos, México ha instrumentado un amplio marco legal y desarrollado políticas públicas destinadas a la atención de las personas adultas mayores. En dichos instrumentos se promueve el respeto a la dignidad humana, el goce a la libertad, la independencia, la protección, los cuidados y el bienestar integral, garantizándoles el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.

Su importancia es tal, que se concibe la atención a ese sector de la población mediante la Asistencia Social, como una expresión de la solidaridad humana que se manifiesta en la familia, la sociedad y en el ámbito del Estado. Estos propósitos están regulados en diversos ordenamientos jurídicos como son la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, los propósitos y objetivos de ese andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores. Cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Una de las principales causas para que suceda tal abandono es la idea preconcebida de que la persona adulta mayor ya no posee una vida laboral útil y comienza a generar gastos a la familia. Situación que causa tensión y trasforma el trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, se apodera de los bienes materiales del adulto mayor. En estos casos el abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede, ya sea de manera verbal o física y en ocasiones se le desplaza de la familia, llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Sucede también que los adultos mayores que no tienen hijos, ni familiares, enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar, sufrir abandono, vivir en la calle, llegar a la indigencia y la desprotección jurídica. Situaciones que sumadas a la condición de maltrato, violencia o abuso realizado por integrantes de la propia familia y el rechazo de los propios familiares ha hecho que el Estado impulse algunas acciones de atención especial o seguridad social en favor de este sector desprotegido, como es la creación de centros gerontológicos, albergues, asilos y casas de medio tiempo, así como alentado espacios similares desde el ámbito social o privado.

En estos espacios residen adultos mayores con limitaciones físicas, mentales o económicamente desamparados, en los cuales se tiene establecido que deben recibir vivienda, comida, servicio médico, actividades culturales y artísticas, terapia física y terapia ocupacional, entre otras.

No obstante que dichos espacios están destinados a brindar condiciones adecuadas de permanencia y protección para un sector en alta condición de vulnerabilidad, una simple recopilación hemerográfica puede dar cuenta de la situación real de dichos centros. Uno de ello fue el ocurrido la madrugada del pasado martes 23 de junio del año en curso en el Ejido Querétaro del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, y que hasta la fecha ha registrado el lamentable deceso de 17 adultos mayores del asilo Hermoso Atardecer, administrado por la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A.C.

Dentro del mencionado andamiaje jurídico, se establece en la Ley General de Salud, artículo 3º, fracción XVIII, que la Asistencia Social es materia de Salubridad General, correspondiéndole a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la organización, operación, mejoramiento y evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general, en este caso, la Asistencia Social (13, inciso B, fracción I). Para lograr dicho propósito se emiten las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

A mayor abundamiento, la Ley de Asistencia Social señala en su artículo 7, que los servicios de salud en materia de Asistencia Social que presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; y que los servicios que presten los gobiernos locales, así como los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud, en lo relativo a su régimen local.

Por su parte, el artículo 14 de la ley en comento establece claramente las atribuciones de la Federación en esta materia, entre las que se encuentran la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (fracc. III); la coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas (fracc. IV); así como la vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven (fracc. VIII).

En función de lo anterior, se infiere que las competencias en materia de Asistencia Social son concurrentes, por lo que corresponde a las autoridades de Salud y a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, supervisar el funcionamiento de los centros de atención para adultos mayores del país y de manera específica, el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2009, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Asimismo, considerando que el paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad, es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista. Particularmente, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de sus derechos humanos, especialmente en esta etapa de la vida.

Por ello, resaltan los Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis 2010) al dar cuenta de los niveles de exclusión, falta de reconocimiento y obstaculización de derechos y oportunidades, fundamentales para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

En ella se revela, entre otros resultados, que en nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad y que el 40.3% describe como sus principales problemas los económicos, aspectos que en parte resuelven o son obligados a resolver, al sujetarse a la protección y resguardo de un albergue, asilo o casa de asistencia diurna.

Tales consideraciones motivan una amplia participación de la instancia nacional y coordinación a nivel local de las instituciones responsables de los Derechos Humanos en el país, a efecto de evaluar y conocer en que condiciones se encuentran en esos lugares, teniendo específicos parámetros de revisión, con la intención de identificar cualquier forma de maltrato o acciones que vulneren los derechos humanos de los adultos mayores.

Fundamentalmente deberá considerarse que las violaciones a los derechos humanos contempla aspectos como las condiciones de salud, alimentación, limpieza, calidad de la atención, entre otras; situaciones que pueden ser reconocidas en la diversa cobertura mediática que a nivel local se encuentra, al indagar sobre casas hogar para ancianos en diversas partes del país.

Lamentablemente, a pesar de loables y significativas acciones emprendidas por reconocibles instituciones, existe una enorme cifra negra de ancianos que son maltratados en albergues públicos o privados.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres órdenes de gobierno, de la NOM-031-ssa3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto consideramos oportuno mencionar que el día 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ordenamiento de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Como ya lo hemos mencionado, en otros dictámenes avalados por esta Comisión, dicho ordenamiento entiende a la asistencia social, como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

II.- Por otra parte, esta Dictaminadora considera oportuno señalar como antecedente que, con fecha 13 de julio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Dicha Norma tiene por objeto establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los establecimientos de los sectores público, social y privado cualquiera que sea su denominación jurídica que presten servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores.

Define como Adulto, a la persona a partir de los 18 años y hasta los 59 años, 11 meses de edad; como Adulto mayor, a la persona que cuente con 60 años o más de edad; y Adulto y adulto mayor en estado de abandono, a la persona que presenta cualquiera de las características siguientes: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico y carencia de recursos económicos.

Por otra parte, la Norma entiende a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Señala que la prestación de servicios de asistencia social temporal y permanente estarán orientados a: Promover el bienestar presente y futuro del adulto y el adulto mayor; Otorgar con oportunidad la prestación de servicios de asistencia social;  Favorecer la interacción del adulto y adulto mayor con la familia y la sociedad; Promover la participación social; Realizar acciones que promuevan la participación en actividades educativas, físicas, ocupacionales, productivas y recreativas; Realizar acciones de referencia y contra-referencia para la resolución de urgencias médico quirúrgicas; Fomentar el respeto a la persona, a sus derechos civiles y pertenencias; y Otorgar vigilancia, protección y seguridad.

En materia de Infraestructura, la citada Norma menciona que para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos por los adultos y adultos mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y productiva. Su diseño y construcción deberá incluir los elementos necesarios para lograr un ambiente confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo a la función, mobiliario, equipo y condiciones climáticas de la región, con materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio ambiente.

Por otra parte, indica que toda institución que brinde servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores, debe llevar para sus controles un expediente administrativo por cada usuario, o en su caso expediente clínico; así como los índices de mortalidad, reporte de enfermedades infectocontagiosas a la Secretaría de Salud en términos de las disposiciones aplicables.

III.- Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión coincide con los planteamientos de la Diputada Cerda Franco, en el sentido de que los propósitos y objetivos de nuestro andamiaje normativo han sido rebasados por la realidad, recrudeciéndose las condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad y maltrato que sufren notoriamente nuestros adultos mayores; y reconoce que cada vez son más los familiares que dejan en un hospital, central de autobuses o en asilos a las personas de la tercera edad y se olvidan de ellas, lo que refleja la conducta de una sociedad insensible a su condición.

Por ello, reiteramos nuestra convicción de que en nuestro país la asistencia social es una expresión de solidaridad humana que se manifiesta en la familia, en la sociedad y en el ámbito del Estado. Su importancia es tal que la misma se regula en la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No obstante lo anterior, actualmente se están agudizando las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales más desprotegidos como son los adultos y adultos mayores en condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad, así como víctimas del maltrato en sus diversas expresiones.

En este marco y de acuerdo a las tendencias demográficas que señalan un acelerado crecimiento de la población adulta y adulta mayor, es evidente que la demanda de servicios asistenciales tenderá a incrementarse, lo que representará un verdadero reto para la sociedad en su conjunto y para todas aquellas instituciones de los sectores público, social y privado que brindan los servicios de asistencia social para este sector de la población.

Por lo que resulta de la mayor importancia el estimular y fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas, con el fin de mejorar la calidad de la atención, procurando que la prestación de los servicios asistenciales respondan a parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a los adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que fortalezca la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento, en los tres órdenes de gobierno, de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que coordine, en conjunto con las comisiones estatales en la materia, una investigación sobre las condiciones de protección y salvaguarda de los derechos humanos de los adultos mayores en los espacios destinados a su albergue, resguardo y protección.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a enviar al Senado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría, al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia ylos años otorgan.

La acelerada transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población representa un reto para México con profundas repercusiones en los ámbitos económico, político y social, particularmente en relación con los derechos de las personas adultas mayores y la obligación del Estado Mexicano de protegerlos.

En México, la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como adulto mayor es de 60 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta población supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, cifra que podría triplicarse en los siguientes 40 años como consecuencia del proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento que vive nuestro país a causa de la reducción de las tasas de natalidad y de mortalidad y del aumento de la esperanza de vida.

En México, como sucede en otros países latinoamericanos, el proceso de envejecimiento de la población está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas. Aunado a ello, una de las particularidades de la vejez en nuestro país es que está formada mayoritariamente por mujeres, quienes integran el 60% de la población adulta mayor, y además representan un grupo vulnerable de la población.

Derivado de estas circunstancias tanto a nivel nacional como internacional se han llevado a cabo grandes esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos los derechos de este sector de la población.

En nuestro país existen dos importantes acciones, que permiten la protección de los adultos mayores, en primer lugar, se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), que en 2002 cambió de nombre a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual está incorporado a la Secretaría de Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica y de gestión con el objeto de dirigir las políticas públicas para la atención específica de la población de 60 años y más.

En segundo lugar y para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como para establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, se publicó en el 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado, que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en la vejez.

Pese a ello, no existía un régimen de protección internacional específico para este sector de la población que estandarizará los derechos de las personas adultas mayores y que estableciera los mecanismos y el órgano u órganos para hacerlos exigibles.

El pasado 15 de junio durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El objeto de la Convención , el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las personas mayores, y que deben gozar plenamente de ellos en igualdad de condiciones con los demás.

Se reconocen como derechos de los Adultos Mayores:

● Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.

● Derecho a la independencia y a la autonomía.

● Derecho a la participación e integración comunitaria.

● Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

● Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

● Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.

● Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

● Derecho a la libertad personal.

● Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.

● Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación.

● Derecho a la privacidad y a la intimidad.

● Derecho a la seguridad social.

● Derecho al trabajo.

● Derecho a la salud.

● Derecho a la educación.

● Derecho a la cultura.

● Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte.

● Derecho a la propiedad.

● Derecho a la vivienda.

● Derecho a un medio ambiente sano.

● Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.

● Derechos políticos.

● Derecho de reunión y de asociación.

● Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.

● Igual reconocimiento como persona ante la ley.

● Acceso a la justicia.

La coyuntura actual en materia de derechos humanos generada por la reforma del artículo 1ro. constitucional, aprobada en 2011, reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, por lo que es necesario que nuestro país sea un de los primeros en firmar y aprobar la mencionada Convención.

La aprobación de la Convención, por parte del Senado de la república, como una de sus facultades exclusivas, permitirá reforzar las obligaciones jurídicas de respetar, promover y reconocer los derechos humanos de las personas mayores, conllevará la obligación de los Estados parte de adoptar medidas, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que envíe, a la brevedad posible al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto consideramos oportuno mencionar que el día 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ordenamiento de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Tomando lo anterior como antecedente, y reconociendo que en América Latina residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los 310 millones, de los cuales 190 millones residirán en América Latina y el Caribe. Asimismo, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estimado que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 60 años en la actualidad no disponen de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades diarias, y una tercera parte no cuenta con ingresos por concepto de jubilación, pensión o trabajo remunerado.

En tal virtud, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han reafirmado diversos compromisos, destacando la importancia de los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos; e impulsando los esfuerzos en el marco de la OEA para elaborar un instrumento interamericano sobre los derechos de las personas mayores, en alianza con instituciones hermanas especializadas en el tema, como son la OPS y la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL).

Es por ello que los Estados Parte, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscribieron la misma, al reconocer que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; remarcando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; reconociendo la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza; y recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia para la región de América Latina y el Caribe (2007), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de  San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe (2012).

Es por ello que decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica; y reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor; respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación; convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; y convencidos también que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores, tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir con su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Estableciéndose que los Estados Parte sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

En particular, la citada Convención, establece como principios generales, entre otros, los siguientes: La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; La igualdad y no discriminación; La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; El bienestar y cuidado; La seguridad física, económica y social; La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; Enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor; Respeto y valorización de la diversidad cultural; La protección judicial efectiva; Responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Para la consecución de sus objetivos, los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

● Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como, aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

● Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma.

● No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la personas mayores, así como para asegurar su plena integración, social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.

● Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, y de cualquier otra índole, incluyendo un adecuado acceso a la justicia, a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

● Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

● Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

● Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.

● Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

II.- Esta Dictaminadora considera oportuno mencionar que a la fecha Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay son los primeros países latinoamericanos que firmaron la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Ancianas.

Éste es el primer instrumento de la región para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ancianos y ancianas. Podemos sintetizar que su objeto "es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Establece asimismo que las personas pueden presentar denuncias a la CIDH sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas mayores reconocidas en este instrumento. En el artículo 36, la nueva Convención indica que los Estados Parte podrán formular consultas a la CIDH en cuestiones relacionadas con su efectiva aplicación, así como solicitar asesoramiento y cooperación técnica a la CIDH para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones allí establecidas.

Sin duda alguna, la OEA ha dado un ejemplo al mundo con la aprobación del primer instrumento regional que protege específicamente los derechos de las personas mayores; en donde se acuerda el adoptar medidas para fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez. Asimismo, se comprometen a promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

En síntesis, la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, que contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Además de considerar en su redacción el respaldo a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a las personas de ese rango poblacional.

Sin duda alguna, la aprobación del citado instrumento multilateral por parte del Senado de la República, únicamente estaría garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, en términos de exigibilidad jurídica, en todo el territorio nacional, de conformidad con nuestras leyes vigentes.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo Federal para que envíe, a la brevedad posible al Senado de la República, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el objeto de que sea analizada y en su caso aprobada en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar los resultados del cumplimiento de los seis marcos de acción y dos estrategias, derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que  exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a presentar los resultados del cumplimiento de los marcos de acción de Dakar.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha  24 de junio de 2015 de 2015, la Dip. Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“PRIMERO. Que en marzo del año 1990 se aprobó en el seno de la UNESCO la Declaración Mundial sobre Educación para Todos que apuntaba hacia el cumplimiento del derecho a la educación que fue incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que no estaba cumpliéndose, toda vez que se evidenciaba un escenario desolador en la materia, consistiendo en que:

● Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria.

● Más de 960 millones de adultos —dos tercios de ellos mujeres—son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en todos los países, tanto industrializados como en desarrollo.

● Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales.

● Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo de educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales.

SEGUNDO. Que en el mes de abril del año 2000 se adoptó en la ciudad de Dakar, Senegal, el Foro Mundial sobre la Educación, del cual se desprendió el denominado Marco de Acción de Dakar que contiene seis marcos de acción, 12 estrategias y, en particular para el continente americano 12 marcos regionales.

TERCERO. Que los objetivos a los que los países, incluido México, se comprometieron a cumplir hacia 2015 son:

i) extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos;

ii) velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen;

iii) velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa;

iv) aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente;

v) suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento;

vi) mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.

CUARTO. En virtud de que el derecho a la educación implica un derechos humano, también significa una prioridad nacional que requiere de un compromiso político decidido, aumento presupuestal, políticas y programas que orienten, además, el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, basados en una serie de estrategias que también señala el compromiso de Dakar para alcanzar la Educación para Todos.

QUINTO. Que dentro de las estrategias que se establecieron para cumplir con estos objetivos están los siguientes:

● Conseguir un sólido compromiso político, nacional e internacional, con la Educación para Todos, formular planes nacionales de acción y aumentar considerablemente la inversión en educación básica

● Fomentar las políticas de la EPT en el marco de un sector sostenible y bien integrado, claramente vinculado con la eliminación de la pobreza y las estrategias de desarrollo

● Garantizar el compromiso y la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y supervisión de las estrategias para el desarrollo de la educación

● Establecer sistemas receptivos, participativos y responsables de buen gobierno y gestión de la educación

● Atender las necesidades de los sistemas de educación afectados por un conflicto, calamidades naturales e inestabilidad y poner en práctica los programas educativos de modo que propicien el mutuo entendimiento, la paz y la tolerancia, y contribuyan aprevenir la violencia y los conflictos

● Aplicar estrategias integradas con miras a la igualdad entre los sexos en la educación, con reconocimiento de la necesidad de modificar actitudes, valores y prácticas

● Poner rápidamente en práctica programas y actividades educativas para luchar contra la pandemia del VIH/SIDA

● Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos

● Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes

● Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos

● Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la Educación para Todos, así como sus estrategias, en el plano nacional, regional e internacional

● Aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la Educación para Todos

SEXTO. Que es necesario que la Secretaría de Educación Pública presente ante esta soberanía los resultados derivados de la Declaración mencionada y de los objetivos y estrategias de Dakar, incluyendo las metas alcanzadas, las políticas formuladas, los programas elaborados y los presupuestos asignados para todo ello.”

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación a presentar los resultados del cumplimiento de los seis marcos de acción y 12 estrategias derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000, conocido como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 marcos regionales para las Américas y la manera en que se da cumplimiento a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto consideramos conveniente mencionar que el Foro Mundial sobre Educación, celebrado en abril del 2000 se adoptó el Marco de Acción de Dakar –Educación para Todos-. Los participantes en el Foro reiteraron su acuerdo con la perspectiva de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos adoptada hace diez años en Jomtien (Tailandia).

En el Marco de Acción se declara que “la médula de la Educación para Todos es la actividad realizada en el plano nacional” y que “ningún país que se comprometa seriamente con la Educación para Todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

La UNESCO, en su calidad de organización dedicada por excelencia a la educación, complementará la labor llevada a cabo por los gobiernos nacionales, coordinará y movilizará en el plano nacional, regional e internacional a todos los participantes, es decir, a los organismos de financiación multilaterales y bilaterales, las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

México asume como compromiso colectivo una educación para todos y todas, teniendo como base de cooperación a los gobiernos nacionales de cada país y el respaldo de los organismos internacionales; el objetivo de esto es una educación que incluya aprender a vivir con los demás y a ser. Se observa que a pesar de los compromisos que se han hecho, todavía existe una desigualdad tremenda y la discriminación de género sigue calándose en las escuelas y la sociedad.

En ese foro mundial sobre educación se ve un gran compromiso con la sociedad, para una educación igualitaria e inclusiva, se puede percibir las políticas de género a las que está encaminada la educación de hoy, no obstante distingo un panorama ensombrecido, pues para que se pueda dar esa maravilla de plan, es necesario contar con un cuerpo político que realmente trabaje sin corrupción y con la bandera del servicio público, pero desgraciadamente no es así, ni contamos con los ciudadanos democráticos que luchen por sus demandas, ni hay interés de la sociedad en general de cambiar la situación.

II.- Esta Dictaminadora  considera importante reforzar los dispositivos internacionales y regionales de rendición de cuentas para dar transparencia a los compromisos contraídos y velaremos por que el Marco de Acción de Dakar figure en los programas de todas las organizaciones internacionales y regionales, de los Parlamentos nacionales y de todos los foros dedicados a la adopción de decisiones en el plano local.

Hoy se entienden mejor los múltiples factores que influyen en la demanda de educación, así como las diversas causas que excluyen a niños, jóvenes y adultos de las oportunidades de aprendizaje. En todas partes se ha prestado atención al sinnúmero de medidas necesarias para incrementar la participación y retención de las niñas en el sistema escolar. Han mejorado los conocimientos sobre la eficacia de los profesores y otros educadores, el papel central de un material didáctico adecuado, la necesidad de una mezcla de tecnologías antiguas y nuevas, específicas según el contexto, la importancia de las lenguas locales en la alfabetización inicial y la mayor influencia de la comunidad en la vida escolar y en otros programas educativos. Se ha reconocido la importancia que tienen la atención y educación de la primera infancia en el éxito escolar ulterior, así como la necesidad de que exista una estrecha vinculación entre los distintos subsectores de la educación y entre la educación básica, la salud, la nutrición, el agua potable y el entorno natural, factores que se conocen hoy mejor.

III.- La Segunda Comisión reitera el derecho a la educación impone a los Estados la obligación de garantizar a todos los ciudadanos la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas de aprendizaje. La enseñanza primaria debe ser libre, obligatoria y de buena calidad. Por diversificados que estén los sistemas de educación del futuro, habrán de ser transparentes y rendir cuentas sobre cómo se administran y financian. Será preciso complementar y apoyar el papel indispensable que cumple el Estado en la educación por medio de alianzas decididas y generales en todos los niveles de la sociedad. La Educación para Todos supone la participación y el compromiso de todos en la educación.

Por lo que la UNESCO cumplirá las funciones de Secretaría y dará un nuevo enfoque a su programa de educación para que las conclusiones y prioridades del Foro de Dakar pasen a ser un elemento esencial de su labor. Esto supondrá la creación de grupos de trabajo sobre cada uno de los seis objetivos aprobados en Dakar. La Secretaría trabajará en estrecha relación con otras organizaciones y podrá contar con personal enviado temporalmente por éstas.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a presentar los resultados del cumplimiento de los seis marcos de acción y 12 estrategias derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000, conocido como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 marcos regionales para las Américas y la manera en que se da cumplimiento a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a fortalecer las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas y la industria farmacéutica fortalezcan las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  17 de junio de 2015, legisladores  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

“La salud es una condición necesaria para que las personas lleven a cabo una vida en plenitud. Nuestra Constitución Política en su artículo 4º establece que toda persona tiene derecho a la salud; este derecho fundamental está reglamentado por la Ley General de Salud, norma que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación con las entidades federativas.

A través de la Secretaria de Salud, el gobierno federal establece y conduce la política nacional de salud. Entre otras funciones esta dependencia también se encarga de coordinar el Sistema Nacional de Salud, así como de las acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, tarea que realiza a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

El trabajo que realiza la COFEPRIS resulta de vital importancia para nuestro país. Un ejemplo de ello, es el seguimiento que da para que los medicamentos cumplan con lo establecido por la legislación mexicana.

Los medicamentos constituyen un elemento imprescindible para restablecer la salud de las personas; sin embargo, si son manejados inadecuadamente pueden representar un grave riesgo, más aún si su fecha de caducidad no es vigente.

Diversos especialistas han señalado que un medicamento caduco no sólo pierde sus propiedades terapéuticas sino también pueden generar efectos tóxicos en los pacientes, los cuales llegan a ocasionar alergias, dolencias diversas, resistencia bacteriana, hasta intoxicaciones de leves a severas que no sólo agravan la enfermedad que se desea curar o controlar, sino que originan sobregastos no justificados.

En México, se estima que anualmente se caducan alrededor de doce millones de medicamentos, de los cuales se estima que por lo menos el 30% van al mercado ilegal de medicinas.

El valor del mercado ilegal de medicamentos representa menos del 1% del total; sin embargo, es necesario combatirlo debido a los riesgos que implica para la salud de los consumidores.

Con el objetivo de proteger la salud de la población ante cualquier riesgo sanitario y combatir el mercado ilegal de medicamentos caducados, el Gobierno de la República, a través de la COFEPRIS, ha realizado operativos para el aseguramiento de medicamentos irregulares, en diversas partes del país. Esta institución ha puesto especial énfasis en su programa de vigilancia sanitaria en aquellos establecimientos involucrados en el proceso de producción y comercialización de insumos para la salud.

Las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica crearon el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, para recolectar los medicamentos que han expirado. Tan sólo de enero a mayo del presente año, con 4,026 contenedores en 24 entidades federativas, se han recolectado 184 mil toneladas de medicamentos.

Si bien, hoy existen farmacias con depósitos para los medicamentos caducos y la devolución de medicinas a los laboratorios por parte de las farmacias está aumentando, es necesario fortalecer las acciones para evitar que más medicamentos caducados sean vendidos en el mercado ilegal.

Es importante concientizar a la población sobre los riesgos que representa un medicamento vencido, y fortalecer la coordinación de todos los actores de la industria farmacéutica y las entidades federativas y la autoridad sanitaria federal en la instrumentación de medidas preventivas para evitar el manejo ilícito de estos productos

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con la salud de la población, por tal motivo exhortamos a las autoridades correspondientes para que en el marco de sus atribuciones, eviten la venta de medicamentos caducados para garantizar la salud de los mexicanos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas y la industria farmacéutica fortalezcan las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones diseñe una campaña de comunicación para inhibir la compra y consumo de medicamentos caducados.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, en el sentido de que la salud es un derecho que tiene todo mexicano como lo establece nuestra Constitución en su artículo 4o. en su párrafo tercero “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El derecho a la protección de la salud es una garantía fundamental para todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud éste al alcance de toda la población; así llegamos a encontrar la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados.

Por otra parte, la Ley General de Salud vigente, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

En dicho ordenamiento, en su artículo 1 Bis, se menciona que, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo, la citada Ley señala que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;  el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Por otra parte el Artículo 17 bis de la Ley, establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, misma que efectuara la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia

II.- Esta Dictaminadora coincide en que los medicamentos, constituyen una medida preventiva de rápida y probada eficacia en la salud. Son una herramienta esencial en la lucha contra las enfermedades y sus consecuencias y han sido uno de los principales elementos que han permitido importantes mejoras en la salud y en la calidad de vida de la sociedad. Para contar con medicamentos seguros, eficaces y de calidad se requiere vincular el proceso que inicia con la fabricación y el desarrollo de nuevos medicamentos, y que continúa con las etapas de licenciamiento y/o autorización, almacenamiento, distribución y comercialización posterior.

Es por ello que, reconocemos la importancia de la COFEPRIS al cumplir su misión de proteger la salud de la población implementando una estrategia integral con una visión en salud pública que le permite contar con una regulación que sustente jurídicamente el control sanitario en todas las fases anteriormente descritas, contribuyendo así al logro del objetivo supremo: la salud de la población.

III.- La Segunda Comisión considera que el consumo de medicamentos caducos es un riesgo para la salud, ya que puede provocar alergias, resistencia bacteriana e incluso la muerte. Tenemos conocimiento que en México existe un programa para abatir este problema; sin embargo, todavía hay millones de unidades de fármacos que no se recuperan; mismos que se venden en el comercio informal o se van a la basura, donde son causa de contaminación de los mantos freáticos y de intoxicación de la fauna. Se sabe que del mercado ilegal de medicinas en el país, equivalente a 10 por ciento de la comercialización total, una tercera parte son productos cuya vigencia ya se ha vencido.

IV.- De acuerdo a informes de la Cofepris indican que en el mercado nacional existen alrededor de 5 mil 500 productos farmacéuticos con 3 mil millones de unidades en venta al año. De éstas, unos 52 millones de piezas (cajas o frascos) caducan en el mismo periodo antes de ser entregadas al consumidor, o ya adquiridos pierden su vigencia en los hogares. Es por ello que a partir de marzo de 2012 entraron en operación los lineamientos para la eliminación de medicinas caducas, a los cuales se sumaron la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y Distribidores de Productos Farmacéuticos (Diprofar). Ahí se estableció el mecanismo de retorno. Otra vía de recuperación de fármacos vencidos se da a través del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (Singrem), el cual es financiado por la industria y a la fecha cuenta con mil 800 contenedores localizados en 90 ciudades de 13 estados de la República. Esto representa una cobertura de 30 millones de mexicanos.

V.- Por lo anteriormente expuesto y al estar de acuerdo con el planteamiento de los promoventes en el sentido de que si bien, hoy existen farmacias con depósitos para los medicamentos caducos y la devolución de medicinas a los laboratorios por parte de las farmacias está aumentando, es necesario fortalecer las acciones para evitar que más medicamentos caducados sean vendidos en el mercado ilegal.

VI.- Respaldamos la importancia de concientizar a la población sobre los riesgos que representa un medicamento vencido, y fortalecer la coordinación de todos los actores de la industria farmacéutica y las entidades federativas y la autoridad sanitaria federal en la instrumentación de medidas preventivas para evitar el manejo ilícito de estos productos.

Sin duda alguna, es necesario revisar qué otras acciones se pueden poner en marcha para elevar la devolución y evitar que estos productos lleguen al comercio informal e ilegal, o bien se conviertan en focos de contaminación en los basureros. En este sentido y comprometiéndonos con la salud de la población, exhortamos a las autoridades correspondientes para que en el marco de sus atribuciones, eviten la venta de medicamentos caducados para garantizar la salud de los mexicanos, respaldando la propuesta de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas y la industria farmacéutica fortalezcan las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus atribuciones diseñe una campaña de comunicación para inhibir la compra y consumo de medicamentos caducados.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a fortalecer el Programa de Atención al Cáncer de Hombre.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en línea con las políticas de equidad de género se fortalezcan los programas del sector salud en materia del cáncer de próstata y metástasis en hueso e incluir soluciones terapéuticas innovadoras como las nucleares en el tratamiento de pacientes con esta enfermedad, a cargo del Diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, el Dip. Rubén Benjamín Félix Hays, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:

Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados organizaron el 26 de noviembre de 2014 el Foro “EL CÁNCER EN EL HOMBRE, IMPORTANCIA DE LAS SOLUCIONES TERAPÉUTICAS INNOVADORAS QUE IMPACTAN EN LA SOBREVIDA” , en el que se mostró que:

En México el cáncer de próstata se ha posicionado como la primera causa de muerte por cáncer en el hombre, cobrando alrededor de 5,000 vidas por año y a nivel mundial se estima que un hombre fallece cada 15 minutos a causa de este padecimiento, atentando no sólo contra la salud de quien lo padece, sino al núcleo familiar, ya que desafortunadamente más de la mitad de los casos diagnosticados se detectan en etapas avanzadas, teniendo así una alta tasa de mortalidad que está alrededor del 40%.

Este padecimiento es reconocido como el tumor maligno más frecuente en varones mayores a 50 años y es considerado como un tipo altamente metastásico, siendo una de las complicaciones más comunes la metástasis ósea, que disminuye significativamente la expectativa de vida de los pacientes y cuyo impacto en la calidad de vida es muy negativo a causa de los dolores excesivos que llegan a ser intolerables e incapacitantes. Las eventualidades óseas producto de las metástasis, están asociadas con un aumento significativo en los costos de los tratamientos (algunos estudios revelan que aproximadamente cada paciente gasta 2 millones de pesos, situación insostenible para cualquier familia mexica en promedio y aún así la esperanza de vida es poca.

La eficacia de los tratamientos aumenta significativamente cuando la detección de tumores temprana, es por ello que la institucionalización de campañas y programas de salud pública en la línea de la prevención y detección oportuna son de vital importancia. Sin embargo a pesar de la incidencia y alto grado de mortalidad, el cáncer de próstata, en comparación con otras neoplasias agresivas como el de mama y cervicouterino, carece de campañas gubernamentales de prevención y detección temprana. Existiendo una falta de equidad en los programas de prevención del gobierno federal. La concientización sobre las neoplasias prostáticas, resulta indispensable para lograr que se alinee una política integral e incluyente, basada en un modelo de equidad de género, que trate por igual a estos padecimientos en términos de difusión y acceso a tratamientos.

Por su parte, la revisión y mejora de la atención a pacientes con cáncer de próstata, debe ser constante con el objetivo de poner al alcance de los hombres con este padecimiento, tratamientos innovadores que impacten positivamente en su calidad de vida mediante soluciones menos invasivas y más eficaces.

En este sentido, el compromiso con la salud de los pacientes con cáncer de próstata, debe ir de la mano con acceso y disponibilidad de los mejores tratamientos existentes en el mercado como terapias nucleares, de esta manera, a través de terapias de última generación se abre una ventana de oportunidad para incrementar la posibilidad de recobrar su salud y la consecuente mejora en la calidad de vida.

Actualmente el desarrollo científico y médico canaliza sus esfuerzos en la creación de nuevas terapias cuyos mecanismos resulten innovadores, esto con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, mediante la investigación científica pues de esa manera no solo se tiene la oportunidad de prevenir enfermedades sino de encontrar nuevas soluciones a futuro.

Estudios clínicos demuestran que con las nuevas tecnologías terapéuticas de innovación para el cáncer de próstata con metástasis en hueso, los pacientes viven más y mejor, con un aumento en la sobrevivida y calidad de vida de los mismos. El contar con estos beneficios detona efectos positivos en el círculo social cercano del paciente pues los impactos de la enfermedad en muchas ocasiones terminan por incapacitarlo.

La inversión en terapias de innovación no sólo brinda una mejora tangible en la salud de los pacientes sino también representa una posibilidad de reducción en la adquisición de terapias para los efectos de este tipo de cáncer, gastos que corren por cuenta de las familias, el llamado “gasto de bolsillo” o del gasto público en salud.

Actualmente, gracias a los adelantos tecnológicos e innovadores enfocados a la salud, ya existen tratamientos de efectividad probada para el tratamiento del cáncer de próstata pero que aún no están disponibles en los sistemas públicos de salud. Es necesario poner estas terapias a disposición de los pacientes, hombres mayores que lo requieran en beneficio de ellos, sus familias y el gasto público.

Además, en términos económicos, apoyar la adquisición de terapias de innovación resulta pieza importante en el aumento de la productividad y la competitividad del país porque incentiva su desarrollo y producción. Es decir, invirtiendo en innovación damos paso a más de ella y la posibilidad de expandir las fronteras de las soluciones médicas.

La innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos resulta fundamental para controlar las enfermedades que aquejan a la población mundial, tan sólo en los últimos 40 años esto ha permitido una reducción del 50% en la mortalidad humana.

Las terapias de innovaciones aprobadas y disponibles para el tratamiento del cáncer de próstata derivarían en la disminución del gasto público de manera inmediata y en el mediano y largo plazo. Garantizar el acceso a estas terapias debe hacerse a través de la construcción de iniciativas que prioricen la innovación en atención del cáncer, y en especial al cáncer de próstata, a través de una política pública presupuestal dirigida especialmente a estos fines.

En países como Inglaterra existe el Fondo de Medicamentos de Cáncer dedicado exclusivamente a la adquisición de terapias innovadoras contra el cáncer que no están disponibles en el cuadro básico y cuyo objetivo es dotar a los pacientes con la mayor cartera posible de tratamientos de innovación disponibles.

En concordancia con las nuevas reformas del sector, es necesario que las instituciones públicas de salud revisen y actualicen los catálogos y/o cuadros básicos institucionales para asegurar que los tratamientos de innovación están siendo incluidos. Adicionalmente, la consideración de partidas presupuestales específicas para estos fines ayudará a canalizar los esfuerzos eficientemente de modo que el acceso esté garantizado para los pacientes. De igual manera es necesario que de manera integral se incorporen líneas de acción que propicien el acceso de tratamientos de innovación en salud pública, apoyar la acreditación de hospitales y promover programas de sensibilización, capacitación y profesionalización del cuerpo médico tanto en el ámbito público como en el privado.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo(s):

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se fortalezca el programa de atención al cáncer del hombre, específicamente en lo relativo a cáncer de próstata y metástasis en hueso, a fin de que se cuente con una detección más temprana, soluciones terapéuticas innovadoras como las nucleares y recursos de infraestructura y médicos adecuados.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar que, en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

II.- Por otra parte, en la Ley General de Salud, en su artículo 1 Bis, menciona que, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En el mismo ordenamiento jurídico en su artículo 6, referente al sistema nacional de salud, señala que éste tiene, entre otros objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la proporción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; contribuir al desarrollo demográfico armónico del país, apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida, impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud, promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

III.- Tomando lo anterior como antecedente, para esta Dictaminadora, resulta pertinente señalar que el cáncer es una enfermedad que se presenta por la alteración que sufren las células, en algún lugar del organismo. Las células enfermas al crecer sin control, adquieren tamaños y formas anormales, destruyendo las células sanas e invadiendo otros órganos de tejidos. A medida que el cáncer se extiende, consume los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, consume su energía y debilita las defensas contra otras enfermedades.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de canceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detecta en una fase temprana. Se prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentara un 45 % hacia el 2030 (pasara a 11,5 millones de defunciones), debido en parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población.

IV.- El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementan con la edad. Aproximadamente el 98% de las muertes por cánceres no detectados, se deben a la metastatización de estos, aunque es la más conocida, la metástasis no se limita solo a la propagación de células cancerosas, sino que se habla de metástasis cuando un émbolo desarrolla nuevamente el mismo proceso de origen (cáncer, infecciones) en el lugar donde se produce la embolia. El cáncer es capaz de propagarse por el cuerpo debido a dos mecanismos: invasión y metástasis. La invasión es la migración y la penetración directa de las células del cáncer en los tejidos vecinos. La metástasis es la capacidad de las células del cáncer de penetrar en los vasos sanguíneos y linfáticos, circular a través de la circulación sanguínea, y después crecer en un nuevo foco (metástasis) en normales de otra parte del cuerpo.

V.- De acuerdo al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), se celebró el 11 de junio de 2013, por primera vez el Día Mundial del Cáncer de Próstata, con el objetivo de incrementar la sensibilización social con la enfermedad y favorecer la normalización del cáncer de próstata.

Se tiene conocimiento que en México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5 mil defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por día. Desafortunadamente el 75% de los pacientes con cáncer de próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada, y en consecuencia es mucho más difícil tratarlo.

VI.- Consideramos conveniente mencionar que la mayoría de las personas que mueren a causa de cáncer padecerá metástasis en algún lugar de sus cuerpos. Pero ciertos cánceres, tales como los cánceres de seno, próstata, pulmón, tiroides y riñón son propensos a propagarse a los huesos. En personas con cáncer de seno y de próstata, los huesos son frecuentemente el primer lugar distante a donde el cáncer se propaga. Más de dos de cada tres cánceres de seno y próstata que se propagan a otras partes del cuerpo se propagan a los huesos.

Por lo anteriormente señalado, es que compartimos lo presentado por el diputado autor de la propuesta, en el sentido de que es necesario que las instituciones públicas de salud revisen y actualicen los catálogos y/o cuadros básicos institucionales para asegurar que los tratamientos de innovación están siendo incluidos. Y en el mismo sentido, resulta de la mayor importancia el incrementar las partidas presupuestales específicas para tratar este tipo de enfermedades, de modo que el acceso esté garantizado para los pacientes. De igual manera es necesario que de manera integral se incorporen líneas de acción que propicien el acceso de tratamientos de innovación en salud pública, apoyar la acreditación de hospitales y promover programas de sensibilización, capacitación y profesionalización del cuerpo médico tanto en el ámbito público como en el privado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que se fortalezca el programa de atención al cáncer del hombre, específicamente en lo relativo a cáncer de próstata y metástasis en hueso, a fin de que se cuente con una detección más temprana, soluciones terapéuticas innovadoras como las nucleares y recursos de infraestructura y médicos adecuados.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Que exhorta a realizar las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo  que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  24 de junio de  2015, las senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y  María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario Del Partido Verde Ecologista De México , presentó ante el pleno de la comisión permanente del congreso de la unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus consideraciones:

“De acuerdo al artículo 73 fracción XXIX- G de la Constitución establece que la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico es una materia concurrente. La concurrencia entendida como una materia delimitada por ley General que se ve implementada a través de una ley local.

La participación de los tres órdenes de gobierno resulta lógica pues el medio ambiente, si bien puede encontrar diversos ecosistemas, es indivisible. Ante ello, la participación coordinada de todos los habitantes y la atención de las autoridades resulta indispensable.

En la gestión ambiental, la educación juega un pilar fundamental. Habitantes conscientes de las consecuencias que tienen sus acciones sobre el medio ambiente y la salud realizarán actividades con el menor impacto ambiental posible. Su conducta irá encaminada hacia un uso y consumo de bienes más racional.

Asimismo, una persona “ambientalmente educada” en su entorno, casa, trabajo o empresa, multiplicará conductas e instrumentará y fomentará su seguimiento. Predicará con el ejemplo.

Los beneficios de una educación y separación de residuos se dan en diversos ámbitos:

Ambientalmente, se reduce la cantidad de basura producida, reduce el consumo de productos, disminuye el uso de recursos naturales y de energía y permite aumentar la vida útil del relleno sanitario.

Socialmente, facilita el trabajo de los recicladores al obtener productos más fácilmente para destinarse a reciclaje; y

Económicamente, se aprovecha la vida útil del desecho como materia prima y se generan negocios para su procesamiento.

Por citar un ejemplo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se generan más de 23,000 toneladas de basura al día, el origen de esta gran cantidad de desechos provienen:

43% de casa habitación

23.5% de los comercios

10.4% de los mercados públicos

10.6%de los parques y jardines

1% de los hospitales

11.2% de otras actividades

El Instituto Nacional de Ecología, clasifica los residuos sólidos urbanos de la siguiente manera:

40% es orgánica

15% papel y cartón

8% vidrio

5% plástico

6% metales varios

5% aluminio

4% materiales diversos

4% trapos y ropa vieja

3% pañales desechables

y 6% de todo tipo de desechos

La generación de residuos sólidos urbanos ha mostrado un crecimiento significativo, pues en 1950 cada persona producía 0.37 kg de residuos al día, mientras en la actualidad se estima que por individuo se genera 1kg. Dicho incremento está justificado esencialmente, por el desarrollo y evolución de la misma sociedad, puesto que la solvencia económica de una familia determinará en mayor o menor grado su consumo, y en consecuencia el número de desechos sólidos.

El crecimiento urbano ha repercutido en un inadecuado manejo del destino final de los residuos sólidos. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2001 a 2012, la generación total de residuos sólidos en México ha aumentado 33%, un promedio anual de 2.7%, pues en ese periodo pasó de 31 480 toneladas a 42 100 toneladas. Se estima que casi 40% de la generación total de estos residuos es susceptible de ser aprovechada, rubro donde destacan el plástico rígido de película, el cartón y el papel.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, en 2010, tan sólo 11% de la recolección de residuos sólidos se hizo de manera selectiva, lo cual resulta insuficiente, pues reduce sustancialmente el potencial de reciclaje de los residuos. Es pertinente mencionar que no todas las entidades federativas cuentan con programas de reciclaje por lo que resulta fundamental impulsar a los gobiernos estatales a implementar las medidas necesarias para incrementar este tipo de recolección.

En cuanto al nivel real de reciclaje en México, las cifras son poco alentadoras. La gran cantidad de residuos que se generan aún no se refleja de manera significativa en la reutilización de los mismos. A pesar de que desde 1992 las toneladas de residuos reciclados han aumentado a un promedio anual de 7.3%, y que, en comparación con ese mismo año, en 2012 se reciclaron cuatro veces más toneladas de residuos, la realidad es que el porcentaje de residuos reciclados es todavía ínfimo.

Los residuos reciclados pasaron de representar poco más de 0.5% en 1991 a 5% en 2012. No obstante, esta cifra está muy por debajo de los estándares internacionales. Basta con analizar la misma variable de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para darse cuenta de que, en primera instancia, México es el país con menor porcentaje de reciclaje de residuos. Además, el promedio de reciclaje de residuos de los miembros de la OCDE fue de 24.3% en 2012, veinte puntos porcentuales más que el caso mexicano.

Ahora bien, a fin de que la cultura de la disposición selectiva de residuos sea efectiva es importante incorporar en los planes de estudio la enseñanza de los beneficios y acompañado de la práctica en los centros escolares aunado a la recolección selectiva, esto permitirá el incremento de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

En ese orden de ideas, resulta pertinente atender lo que establece la Ley General de Educación Establece en su artículo:

“La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;”

En ese orden de ideas, es importante que las niñas, niños y adolescentes reciban desde la educación inicial los conocimientos y programas de educación ambiental, comenzando por la separación de residuos en escuelas y que las mismas cuenten con programas de separación de residuos”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fin de que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, realice las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación y Medio Ambiente de las entidades federativas, a implementar programas y acciones relacionadas con la separación efectiva de los residuos sólidos que se generen en los planteles escolares.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y su Reglamento que establecen el «Plan de manejo de residuos» como un «instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valoración de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social».

Que los planes de manejo de residuos pueden ser privados o mixtos, según sean formulados por los particulares obligados conforme a la ley con o sin la participación de autoridades públicas ambientales. Pueden ser individuales o colectivos, según el plan esté formulado por un solo sujeto o varios sujetos obligados. Y pueden ser nacionales, regionales o locales dependiendo de si aplican en todo el país, en dos o más entidades federativas colindantes, o en un solo estado o municipio.

Que las autoridades se encuentran obligados, conforme a la ley, a formular un plan de manejo de residuos y presentarlo a visto bueno de las autoridades ambientales que correspondan (federales, estatales o municipales según sea el caso).

II.- Esta Dictaminadora considera importante mencionar que es importante llevar a cabo un plan de manejo de residuos sólidos en él debe fundarse en un diagnóstico básico, estudio para estimar la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura que se requiere para manejarlos integralmente, así como darlo a conocer en las aulas escolares a fin de que la cultura de la disposición selectiva de residuos sea efectiva es importante incorporar en los planes de estudio la enseñanza de los beneficios y acompañado de la práctica en los centros escolares aunado a la recolección selectiva, esto permitirá el incremento de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

III.- La Segunda Comisión reitera que existe una gran problemática ambiental en en país, generada por la basura, por lo que las autoridades estatales como federales no han demostrado el debido interés para impulsar las políticas ambientales para el tratamiento de basura.

Asimismo que tanto en las escuelas como en los hogares hay varias acciones específicas que se pueden desarrollar.

Hacemos referencia a que es importante desarrollar un plan de manejo de los residuos sólidos en las instituciones educativas y explicamos algunas razones del por qué es importante:

- Porque los recursos naturales de los que se extraen los materiales a partir de los cuales se fabrican los productos que consumen y sus envases y embalajes se están agotando.

- Porque la cantidad de basura que generan al desechar productos de consumo, sus envases y embalajes, y otros residuos sólidos es muy grande.

- Porque la basura ejerce presiones sobre la naturaleza por su disposición final en sitios que se llenan rápidamente y corren el riesgo de provocar contaminación ambiental y problemas sanitarios como los ocasionados por la proliferación de fauna nociva (como los mosquitos transmisores del dengue).

- Porque al desarrollar un plan de manejo de residuos basado en las 3R con la participación de profesores y alumnos como parte del proceso de enseñanza, contribuyen a cambiar las prácticas de consumo y los hábitos de manejo de residuos de la sociedad.

- Porque la basura puede ser arrastrada por la lluvia y provocar inundaciones ya sea porque se tapen las coladeras en las ciudades o se alteren los caudales naturales de los ríos.

- Porque la basura contamina visualmente las calles y el campo, afectando la percepción de pertenencia de sus habitantes.

- Porque con ello contribuyen a tener comunidades saludables con un ambiente adecuado para el bienestar de sus habitantes y la protección de los demás organismos vivos.

Por lo que es importante incluir en los planes de estudio de todas las escuelas del país para que estén involucrados para promover el consumo responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en las escuelas mediante el establecimiento de sistemas de separación en origen y recolección diferenciada.

El plan se implementa en la enseñanza en escuelas de gestión pública o privada y que involucre a toda la comunidad educativa: supervisores, personal directivo, docente, no docente y alumnos. En la gestión ambiental, la educación juega un pilar fundamental. A fin de que la cultura de la disposición selectiva de residuos sea efectiva es importante incorporar en los planes de estudio la enseñanza de los beneficios y acompañado de la práctica en los centros escolares aunado a la recolección selectiva, esto permitirá el incremento de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a fin de que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, realice las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las Secretarías de Educación y Medio Ambiente de las entidades federativas, a implementar programas y acciones relacionadas con la separación efectiva de los residuos sólidos que se generen en los planteles escolares.”

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 21 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.





 

Asimismo, tenemos 26 dictámenes de la Tercera Comisión con los siguientes punto de Acuerdo:

Que exhorta a implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 30 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

Los proponentes refieren el derecho consagrado en el artículo 4º constitucional, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Manifiestan que uno de los aspectos que ponen en riesgo la garantía del cumplimiento de este derecho, es lo que se conoce como pérdidas y desperdicios de alimentos. Situaciones que son producto de las fallas en la cadena de suministro, almacenamiento y transporte de alimentos, así como el desecho de éstos a pesar de encontrarse en condiciones de ser aprovechados.

Señalan que en México anualmente se pierden 40 millones de toneladas de la producción agrícola nacional, durante el proceso para llevar los alimentos hasta el consumidor final. Al mismo tiempo se desperdicia 37% de los alimentos que se producen en nuestro país.

Advierten que en virtud de que uno de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre consiste en minimizar este fenómeno, la presente administración ha establecido acciones para el fortalecimiento de los Bancos de Alimentos y el manejo post-producción de los alimentos; así como el de la venta de los excedentes de producción.

No obstante, exponen que se deben implementar las medidas necesarias para terminar con estas malas prácticas, a fin de contribuir a abatir el problema del hambre que lastima a tantas personas en nuestro país.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus atribuciones impulse una campaña de concientización a la población, productores y establecimientos de alimentos, a efecto de promover buenas prácticas en el consumo y manejo de alimentos, así como fomentar la donación.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden con la necesidad de implementar las medidas que coadyuven a disminuir los altos volúmenes de pérdidas y mermas de alimentos, a lo largo de las cadenas alimentarias que repercuten de manera negativa en la Seguridad Alimentaria.

Como lo indica los proponentes, organizaciones internacionales han advertido que cada año, aproximadamente un tercio de la comida producida mundialmente para consumo humano, es perdida o desperdiciada. Esta lamentable situación, no es ajena a nuestro país, en el que anualmente se desperdician diez millones de toneladas de alimento.

Por lo anterior, y atendiendo a que somos una Nación en la que más de 7.4 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, y tienen carencia de acceso a la alimentación, es necesario concluir que se trata de un desperdicio de alimentos que ninguna sociedad se puede permitir.

Estas mermas y pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria resultan de las operaciones realizadas en cada una de las fases de la cadena con equipo tecnológicamente obsoleto, sistemas de información tradicionales y transporte inadecuado, que hacen ineficiente la articulación de los mercados al interior de la cadena alimentaria.

De esta forma, se advierte que dentro de la comercialización, la industria, la distribución y el consumo de los alimentos, se presentan diversos factores que se constituyen como las causas de las pérdidas y mermas de alimentos en México.

Entre ellas, es posible señalar la falta de estándares de calidad; la infraestructura inadecuada; los sobrecostos de transportación; el incorrecto manejo operacional; la falta de capacitación del personal; el incumplimiento de normas de calidad; la deficiencia en el control de los productos; el mal manejo de la mercancía; la mezcla de productos en buen estado con productos en mal estado; y muchas otras circusntancias que deben ser atendidas para garantizar el derecho a la alimentación de la población.

En esta tarea, como lo advierten los proponentes, los bancos de alimentos de México juegan y han jugado un papel muy importante en la disminución de la pérdida de alimentos. Por lo que aunando a su labor, resulta necesario emprender acciones contra el desperdicio de comida y en favor de la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición; así como implementar acciones y programas públicos a lo largo de toda la cadena de comercialización y distribución de alimentos.

Por ello, esta Comisión coincide con la oportunidad de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en coordinación con las instituciones competentes, implemente las medidas necesarias que contribuyan a hacer efectivo el derecho a la alimentación de los habitantes de nuestro país.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos, así como para que impulse una campaña de concientización a la población, productores y establecimientos de alimentos, a efecto de promover la donación y las buenas prácticas en el consumo y manejo de alimentos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Por el que se solicita información sobre las acciones para disminuir el consumo de agua embotellada.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar qué acciones ha realizado o realizará para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar qué acciones ha realizado o realizará para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente señala que México es considerado como un país con baja disponibilidad de agua, un elemento vital para el ser humano y factor estratégico para el desarrollo global del país.

Refiere que, en este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la Ley General de Aguas, que se pretendía debatir en el último periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, podría perjudicar a la población mas necesitada de México, toda vez que se estaría aprobando la privatización y control del agua por parte de grandes empresas trasnacionales.

Asimismo, manifiesta que durante los últimos años ha incrementado drásticamente el consumo de agua embotellada, por lo que nuestro país se ha convertido en el mayor consumidor de este producto a nivel mundial.

Al respecto, señala que lo anterior es producto de un marco institucional débil y de la falta de políticas públicas que hagan efectivo el derecho al agua de todos los mexicanos.

Considera que el incremento en el consumo de agua embotellada sólo beneficia el sector empresarial, al tiempo que genera un daño ambiental y hace evidente la imposibilidad de garantizar un derecho constitucional de los mexicanos.

Por lo que estima necesario exhortar al Ejecutivo Federal a que diseñe políticas públicas encaminadas a disminuir los altos índices de consumo de agua embotellada en el país.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que:

A) Informe a esta Soberanía qué acciones ha realizado o realizará para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía.

B) Diseñe políticas públicas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para consumo humano en parques, jardines y edificios públicos. 

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de garantizar el derecho humano al agua, y por ende, de disponer de este elemento de forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Al respecto, se considera preciso señalar que este derecho se encuadra en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es una condición necesaria para la supervivencia e indispensable para el ejercicio de otros derechos como el de alimentación adecuada, higiene ambiental, salud, y una vida digna.

En este sentido, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce este derecho, estableciendo la obligación del Estado de garantizarlo mediante el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

Esta obligación implica el compromiso del Estado para que, de forma progresiva pero utilizando el máximo de los recursos disponibles, dirija sus esfuerzos para facilitar, promover y garantizar el derecho al agua.

Lo anterior, por medio de la adopción de medidas positivas que permitan a todas las personas y comunidades ejercer este derecho, así como la implementación de estrategias de difusión y comunicación sobre el uso adecuado del agua y la protección de las fuentes.

No obstante lo anterior, como lo señala el proponente, órganos como el Observatorio Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han advertido que debido a la mala calidad en el servicio de agua potable, el 81% de los mexicanos la adquieren embotellada.

Ello, ha convertido a nuestro país en el líder de consumo de agua embotellada, muy por arriba de naciones como Alemania y Brasil, al consumir 26 mil 32 millones de litros al año, de los cuales el 70% son en garrafón y el resto en botellas tipo PET.

Al respecto, se ha advertido que este alto consumo tiene repercusiones negativas en materia económica como ecológica. Puesto que, por un lado cada familia mexicana gasta alrededor de 200 pesos mensuales en agua embotellada, es decir, el doble del costo por el servicio de agua entubada.

Lo anterior, representa entre 5% y 10% de sus ingresos, mientras que para las familias con mayores índices de pobreza este gasto representa hasta un 20% del total de sus ingresos.

Aunado a ello, otro de los problemas que esto ha ocasionado, es el alto desecho de botellas. Cálculos indican que, en nuestro país, anualmente llegan a la basura 8 mil millones de botellas de PET, de los cuales solo se recicla alrededor del 20%, cuyo material tarda 500 años en degradarse.

Por lo anterior, se coincide en la necesidad de implementar medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable que favorezcan tanto a zonas rurales como urbanas, y puedan ser un componente eficaz de las estrategias de mitigación de la pobreza.

Por otro lado, por lo que hace a la solicitud del proponente de diseñar políticas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para consumo humano, es preciso señalar que las recientes reformas aprobadas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, previeron garantizar el acceso de agua potable en las escuelas del país por medio de estos mecanismos.

Asimismo, el objetivo fue planteado dentro de las metas en materia de educación, previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. No obstante, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), ha informado que aún existen muchos municipios y por ende escuelas, que no cuentan con la infraestructura para llevar agua potable a los hogares y mucho menos contar con bebederos en las instituciones educativas o en otros espacios públicos para la ciudadanía.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional del Agua, que un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a esta Soberanía sobre las acciones que se han implementado o se prevén implementar para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía. Asimismo, se exhorta a que diseñe políticas públicas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para consumo humano en parques, jardines y edificios públicos. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita información sobre las denuncias presentadas por asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informen sobre las denuncias de asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas, presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Diputado proponente motiva su petición con las siguientes consideraciones:

Que uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país es, sin lugar a duda, la regulación del desarrollo urbano para que, de manera sustentable, conviva armónicamente con las áreas de desarrollo agrario así como la preservación de las Áreas Naturales Protegidas que no sólo se ven amenazadas por el cambio climático y sus consecuencias sino también por un desordenado desarrollo y crecimiento de las manchas urbanas que, frecuentemente, no respetan el marco normativo.

Señala que esto no sólo es aplicable a los desarrollos inmobiliarios. Desgraciadamente, existen zonas en nuestro país en donde los intereses comerciales de empresas extranjeras privan por sobre la regulación nacional y debe emprenderse una lucha desde la sociedad civil para que las demandas de protección al ambiente y al patrimonio cultural de la humanidad sean escuchadas. Es el caso del complejo comercial y turístico Drangon Mart, en Cancún, Quintana Roo y el de Wallmart en Teotihuacán.

Señala que los lamentables acontecimientos provocados por diversos eventos meteorológicos que han dejado al descubierto muchísimos casos de corrupción, tanto en la expedición de permisos de uso de suelo y de construcción como en la construcción misma de los inmuebles, como fue evidente durante el terremoto de 1985, en la Ciudad de México, donde todas estas irregularidades cobraron una cantidad inconmensurable de vidas.

Esta situación involucra, sin lugar a dudas, a autoridades de los tres ámbitos de gobierno que, por omisión o por comisión, incumplen con las obligaciones que se les han impuesto como servidores públicos.

Es por la gran responsabilidad que tenemos como legisladores en relación a la preservación de la vida humana, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la humanidad que resulta imprescindible tener información respecto a las transgresiones al marco legal que se han presentado para poder realizar no sólo un diagnóstico más preciso sino, particularmente, proveer a nuestro país de mejores herramientas legales que nos permitan, en colaboración con las autoridades responsables, hacer frente a este grave problema.

Agrega que en reunión celebrada el 22 de junio de 2015 de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, entre los integrantes de la misma se discutió la necesidad de contar con información del uso de suelo, ordenamiento territorial, así como de las denuncias presentadas al respecto, en todas las entidades de la República Mexicana, a efecto de contar con mayores herramientas para poder legislar en el desarrollo urbano del país.

Precisa que con dicha información los legisladores podremos conocer las violaciones más comunes que se hacen a la ley en la materia, si los mecanismos jurídicos son los adecuados y las carencias que puede haber en la norma aplicable.

Un tema que llamó particularmente la atención de los legisladores es el que tiene que ver con el desarrollo de asentamientos irregulares y uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas, zonas que pueden poner en riesgo los lugares “patrimonio de la humanidad”, por falta de atención de diversas autoridades en los tres ámbitos de gobierno.

Es necesaria la actuación del gobierno para que este fenómeno no siga creciendo, se responsabilice a los infractores sin privilegios ni corrupción.

Con esta propuesta pretendemos solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informen sobre irregularidades que tengan conocimientos de asentamientos y uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas, esto incluye sobre todo a los desarrollos inmobiliarios.

B. De acuerdo a lo anterior la Diputada proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que presente ante esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por asentamientos irregulares en Áreas Naturales Protegidas en todo el territorio nacional, así como las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (PROFEPA), para que presente ante esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en el territorio nacional.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los asentamientos irregulares representan un problema grave que lamentablemente ocurre en prácticamente todo el país. Hemos visto como las construcciones en cauces de ríos, barrancas o laderas de cerros, tarde o temprano sufren de afectaciones que ponen en peligro la vida de las personas y afectan el patrimonio de las familias que se asientan en esos lugares.

Existen diversas modalidades de asentamientos irregulares que se fincan en áreas vulnerables, áreas riesgosas y áreas protegidas. En el último caso, están las de conservación ecológica.

Las grandes ciudades de todo el mundo enfrentan el reto de crecer sustentablemente. Lamentablemente, debido a la falta de prevención, a la corrupción y a la falta de información de la gente, el desarrollo urbano se da en condiciones desordenadas y con flagrantes violaciones a la legislación en la materia.

Es un hecho que fenómenos meteorológicos y desastres naturales han evidenciado la corrupción que impera en la expedición de permisos de uso de suelo y de construcción, como fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México o el huracán Alex, en Monterrey en 2010. En ambos casos, lo peor fue la pérdida de vidas.

Coincidimos con el proponente en el sentido de que esta situación irregular involucra, a autoridades de los tres ámbitos de gobierno que, incumplen con las obligaciones que se les han impuesto como servidores públicos.

Compartimos la visión de que los legisladores tenemos la gran responsabilidad de preservar la vida humana, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la humanidad, por lo que resulta indispensable tener información respecto a las transgresiones al marco legal que se han presentado para poder realizar no sólo un diagnóstico más preciso sino, particularmente, proveer a nuestro país de mejores herramientas legales que nos permitan, en colaboración con las autoridades responsables, hacer frente a este grave problema.

En ese tenor, aprobaremos en sus términos la propuesta de la Diputada iniciante, con la finalidad de solicitar a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informen a esta Soberanía, sobre las irregularidades de las que tengan conocimientos sobre asentamientos y uso de suelo en Áreas Naturales Protegidas, incluyendo a los desarrollos inmobiliarios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que en un término no mayor a 15 días naturales, presente a esta Soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por asentamientos irregulares en Áreas Naturales Protegidas en todo el territorio nacional, así como las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, que en un término no mayor a 15 días naturales, presente a esta Soberanía, un informe sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en el territorio nacional.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a informar sobre las acciones para atender las demandas de los usuarios de la Caja 30 de Agosto.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores informe de las acciones que ha emprendido para reintegrar a los ahorradores de la Caja 30 de agosto, sus ahorros, detallando la situación de los ahorradores del estado de Guanajuato.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores informe de las acciones que ha emprendido para reintegrar a los ahorradores de la Caja 30 de agosto, sus ahorros, detallando la situación de los ahorradores del estado de Guanajuato.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La proponente refiere la quiebra de la Caja de Ahorro 30 de agosto declarada el 10 de febrero de 2014, por virtud de la cual se vieron afectadas alrededor de tres mil personas en estados como Querétaro y Guanajuato.

Manifiesta que a partir de las declaraciones de funcionarios que laboran para las autoridades responsables en la materia, se llevará a cabo un programa de liquidación de dicha caja de ahorro popular, así como el resarcimiento del daño económico a los socios defraudados.

No obstante, señala que estas acciones únicamente se han referido a los ahorradores del estado de Querétaro, no así a los de Guanajuato. Motivo por el cual, considera necesario velar porque las autoridades involucradas lleven a cabo todas aquellas acciones, que en el marco de sus atribuciones, correspondan para asegurar el reintegro de los ahorros de todos y cada uno de los socios que se vieron afectados por la quiebra de la Caja 30 de Agosto.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), informe a esta soberanía de manera inmediata y detallada las acciones que ha emprendido para reintegrar a los ahorradores de la Caja 30 de Agosto, sus ahorros, detallando concretamente la situación de los ahorradores del estado de Guanajuato, derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de prevenir y atender los riesgos inherentes a las funciones propias de las operaciones financieras de las cajas de ahorro, con el fin de proteger los recursos de miles de familias mexicanas que recurren a este tipo de modelos.

Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo con datos del Fideicomiso del Fondo de supervisión auxiliar de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y de protección a sus ahorradores (FOCOOP), tan sólo a finales de septiembre de 2014, existían en nuestro país 680 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps), mejor conocidas como cajas de ahorro, de las cuales 380 no están reguladas.

No obstante, estas sociedades administran 2% de los activos totales del sector, lo que implica que los recursos de más de 200,000 mexicanos estén en riesgo si alguna de éstas presentara irregularidades.

Como lo advierte la proponente, un ejemplo de lo anterior, es el caso de la Caja 30 de agosto, la cual no estaba registrada en las bases de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni en la Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; por lo que no operaba bajo el marco legal.

De esta forma, ante el cierre repentino de dicha institución, los ahorradores acudieron a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de solicitar las acciones necesarias ante la situación de haber sido defraudados.

Frente a ello, el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) administra un fideicomiso para regresar hasta 70% de sus ahorros a los socios afectados por la quiebra de la sociedad.

Para ello, es necesario que cada socio ahorrador afectado, cumpla con los requisitos previstos por la Ley para poder acceder a los beneficios de FIPAGO hasta por la cantidad de 240 mil pesos, de la cual se pagaría el 70 por ciento al ahorrador, que tendrá que hacer los trámites correspondientes, y cuyos recursos serían aportados por el fideicomiso y por el gobierno de la entidad federativa correspondiente.

Sin embargo, como lo advierte la proponente, sólo se tiene conocimiento de las acciones que se han iniciado en Querétaro con el fin de resarcir el daño a los ahorradores, no así en el estado de Guanajuato, entidad en la que también han sido presentadas diversas denuncias ante la unidad especializada en delitos patrimoniales.

Por lo anterior, esta Comisión coincide con la proponente en la oportunidad de exhortar al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), para que informe sobre las acciones que ha emprendido para reintegrar sus recursos a los ahorradores del estado de Guanajuato de la Caja 30 de Agosto.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones realizadas o por realizar para atender las demandas de los usuarios de la Caja 30 de Agosto, particularmente en el estado de Guanajuato.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a la Condusef, a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por saldos y estados de cuenta en instituciones bancarias.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A) Punto de Acuerdo presentado por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y cajeros automáticos.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 30 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y cajeros automáticos.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La proponente señala que uno de los objetivos de la reforma financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, consistió en fortalecer a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financieros (CONDUSEF) como órgano regulador de la defensa de los usuarios del sistema financiero.

En este sentido, manifiestan que en la legislación se contempló la facultad de revisar cláusulas abusivas en los contratos. Para ello, el artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, prevé que en los casos de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestaciones recibidas por instituciones financieras, la Comisión emitirá opinión sobre éstas.

Menciona que del informe de la CONDUSEF publicado en junio del presente año, se advierte que los bancos concentran el 57% de las cláusulas abusivas de los sectores revisados. En este sentido, refiere la problemática respecto al cobro de las comisiones que hacen las instituciones bancarias por consulta e impresión de saldo.

Considerando que las tarifas que se cobran por los conceptos previamente señalados, la proponente considera oportuno exhortar a la CONDUSEF para que emita una opinión al respecto.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señala:

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y cajeros automáticos.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Esta Comisión coincide con la proponente en que uno de los objetivos de la reforma financiera consistió en fortalecer las atribuciones con que cuenta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a efecto de incentivar a las instituciones financieras a contar con mejores prácticas de transparencia y establecer sanciones en contra de aquellas que no presten a sus usuarios un servicio adecuado y de conformidad con la normatividad.

Como se señala en las consideraciones de la propuesta, un ejemplo de ello es la facultad que se le atribuyó a la Comisión para revisar cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, celebrados por las instituciones financieras; así como para emitir opiniones respecto de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestaciones recibidas por instituciones financieras.

Al respecto, es preciso señalar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros prevé diversos principios a los que deben apegarse las comisiones que las Entidades Financieras determinen establecer a cargo de los usuarios.

Con la finalidad de que las comisiones sean claras y transparentes, entre los referidos principios destacan las siguientes obligaciones a cargo de las instituciones bancarias: utilizar lenguaje sencillo y comprensible al establecer el concepto de la Comisión y los elementos que la integran; informar el importe al que asciende la Comisión o, en su caso, el método de cálculo; identificar de manera clara el hecho, acto o evento que la genere; señalar la fecha en la que se realizó el hecho que la haya generado, así como la fecha en la que debe efectuarse su pago, y prever el periodo que comprende o, en caso de ser cobro único, señalar esta circunstancia, así como su fecha de exigibilidad.

Con base en lo anterior, el Banco de México ha identificado prácticas inadecuadas en el cobro de comisiones en operaciones activas, pasivas y de servicios. Por ello, y en uso de sus facultades para emitir disposiciones de carácter general en materia de Comisiones, ha establecido normas para limitar o prohibir aquéllas que distorsionan las sanas prácticas de intermediación, o restan transparencia y claridad al cobro de las mismas.

De esta forma, por medio de la CIRCULAR 22/2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010, en beneficio de la mayoría de los consumidores, que primordialmente utilizan los servicios financieros básicos, se estableció la prohibición de cobrar comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en cuenta y pago de créditos, tanto en las ventanillas de las sucursales de las entidades financieras como en los cajeros automáticos operados por la institución de crédito que lleve la cuenta del usuario.

No obstante, esta prohibición no fue prevista para el cobro de Comisiones por Operaciones Interbancarias en Cajeros Automáticos. De manera que, como lo indica la proponente, consultar o retirar dinero con una tarjeta de débito de un cajero automático distinto al emisor del plástico, puede costarle al tarjetahabiente hasta 50% más caro.

Asimismo, esta Comisión advierte que, según un estudio presentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) al H. Congreso de la Unión, relativo a la competencia en la banca, resulta muy caro retirar dinero en cajeros que no son propiedad del banco del usuario, pues las tarifas por retiro interbancario están en su mayoría entre 20 y 35 pesos, alcanzando en algunos casos, incluso una tarifa de 40 pesos.

En este sentido, la CONDUSEF ha emitido diversas recomendaciones para los usuarios, respecto de las comisiones que cobran las entidades financieras por retiro de efectivo y consulta de saldo en cajeros automáticos de bancos distintos al responsable de la cuenta. Señalando que la comisión por retiro de efectivo puede variar ampliamente dentro del mismo banco, ya que responde a la ubicación y el giro comercial donde están localizados los cajeros automáticos, ha manifestado que se espera que este costo se reduzca conforme se aplique la reforma financiera.

Por lo anterior, esta Comisión coincide con la oportunidad de exhortar a la CONDUSEF a que haga uso de sus facultades, para velar porque las comisiones o cualquier otro concepto que implique la contraprestación recibida por una institución financiera, no cause un desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes, en detrimento o perjuicio de los usuarios.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarios y cajeros automáticos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a implementar medidas para garantizar la paz entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, en Guerrero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en conjunto con las autoridades del estado de Guerrero a instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto agrario entre las comunidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan; presentada por los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría de Gobernación, en conjunto con las autoridades del estado de Guerrero a instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto agrario entre las comunidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(i) Desde 1987, las comunidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, presentan un conflicto agrario por la posesión que de manera ilegal tiene la comunidad de San Miguel Tecuiciapan, por 3 mil 130 hectáreas de tierras, para el que fue nombrado.

(ii) Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1987 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de julio de 1995, se inició procedimiento de conflicto por límites de tierra entre estas dos comunidades.

(iii) El 26 de noviembre de 1997, el Tribunal Unitario Agrario 12  dictó sentencia definitiva en el expediente agrario número 364/96, en el que declaró que las 3,130 hectáreas pertenecen a San Agustín Oapan.

(iv) San Miguel se inconformó. El Tribunal Unitario Agrario 51 conoció del asunto. En febrero de 2014, dictó sentencia del expediente 11/2011 en el que determinó que sólo debía entregarse a la comunidad de San Agustín Oapan 2 mil 717. 93-85 hectáreas

(v) Los comuneros tuvieron algunas diferencias en las formas de medición y solicitaron peritos a diversas autoridades para establecer los límites a través de “mojoneras”.

(vi) El 14 de marzo de 2015, los comuneros asistieron a “supervisar” el trabajo del actuario del Tribunal Unitario 51, lo que resultó en un altercado que tuvo como consecuencia  un muerto, dos heridos y doce personas detenidas.

(vii) El gobierno del Estado nombró una comisión de seguimiento al problema y determinó como fechas para realizar los trabajos del 21 al 24 de abril de este año. El caminamiento se suspendió y en consecuencia el diálogo que tenía como objetivo afinar detalles para la delimitación de tierras, se rompió cancelando todas las actividades que se tenían programadas, porque según los pobladores de San Miguel Tecuiciapan, se dieron cuenta que los ciudadanos de San Agustín Opapan, acudieron a marcar el territorio con mojoneras en la zona limítrofe de acuerdo a su conveniencia, sin respetar la resolución del Tribunal.

(viii) B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“Único. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ESTADO DE GUERRERO, INSTALE UNA MESA DE DIALOGO Y NEGOCIACIÒN DE ALTO NIVEL, A FIN DE RESOLVER EL CONFLICTO AGRARIO, ENTRE SAN MIGUEL TECUICIAPAN Y SAN AGUSTÌN OAPAN, PARA EVITAR QUE SE INCREMENTEN LA VIOLENCIA Y MÁS PÉRDIDAS HUMANAS”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de los diputados en el sentido de que el conflicto por cuestiones agrarias ha superado el límite de lo permisible, al haber tenido ya la perdida de vidas humanas como consecuencia del conflicto.

Como se observa del punto de acuerdo, las fricciones entre las dos comunidades por las tierras llevan ya casi tres decadas; sin embargo no es hasta ahora que han tenido costos de vidas humanas.

Cabe destacar, que el problema principal ha sido exitosamente resuleto y aceptado por las comunidades en conflicto, la designación de a quién le pertenece qué. Sin embargo, a la hora de materializar esa división ha surgido un conflicto grave, la imposibilidad de poder determinar los límites y colindancias por falta de orden entre ambas comunidades.

Es por lo anterior, que esta Comisión dictaminadora también considera de suma relevancia que la Secretaría de Gobernación auxilie al gobierno del estado de Guerrero a que la determinación de límites y colindancias establecidas por el Tribunal Unitario se llevan a cabo conforme al marco legal aplicable y en un ambiente de seguridad y certeza para evitar la pérdida de vidas humanas o incidentes como los que ya se han sucitado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero, implemente medidas para garantizar la paz, la seguridad y la resolución de conflictos a raíz del litigio agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el estado de Guerrero.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de junio de dos mil quince.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que solicita un informe sobre los permisos del impacto ambiental, para la construcción del proyecto Zócalo 11 de Julio, en el municipio de Tijuana.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental por la construcción del Proyecto "Zócalo, 11 de julio" del municipio de Tijuana en el estado de Baja California.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio del 2015, la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental por la construcción del Proyecto "Zócalo, 11 de julio" del municipio de Tijuana en el estado de Baja California.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto evitar la tala de árboles y solicitar información del impacto ambiental en los proyectos contemplados en Tijuana, BC., de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente expone la importancia de los ecosistemas del país, por los  servicios ambientales que proporcionan, expresa también que debido a la pérdida de áreas forestales y la tala clandestina entre otras, han provocado la disminución considerable de los elementos naturales de nuestro país.

La legisladora denuncia la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, en el municipio de Tijuana, Baja California, debido a que se inició la ampliación y remodelación de un proyecto para mejorar la zona del parque.

Ante el panorama reciente de la tala considerable de árboles por la construcción de un proyecto llamado “Zócalo 11 de julio” en el Municipio de Tijuana, la proponente manifiesta la necesidad de una evaluación de sustentabilidad resaltando la importancia de hacer conciencia sobre los beneficios ambientales de los parques.

Precisa que, ante las acciones de construcción ya iniciadas es importante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inicien una investigación con la finalidad de que la tala de árboles no proceda por acciones discrecionales en su autorización.

Señala que diversas organizaciones no gubernamentales han realizado acciones para defender el parque como se encuentra actualmente. Expone también algunos antecedentes jurisdiccionales que manifiestan la falta de documentación para acreditar la legalidad de las obras que se estaban realizando por parte de la Presidencia Municipal.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía sobre los permisos y autorizaciones para la construcción del proyecto “Zócalo 11 de julio” en el municipio de Tijuana, Baja California especialmente sobre la manifestación de impacto ambiental.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que investigue sobre la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, ubicado en el municipio de Tijuana, Baja California.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que conforme a sus facultades refuerce la vigilancia del Parque Benito Juárez y se evite de manera inmediata la tala de árboles en el Municipio de Tijuana.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Como la expone la Senadora proponente, nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que estos generan, entre los que destacan la generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, la conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas, así como el refugio de fauna silvestre.

La deforestación es una de las principales causas que generan importantes alteraciones a los ecosistemas y por consecuencia a los beneficios que estos significan para el medio ambiente y la sociedad.

También, cabe recordar que por decreto presidencial se instituyó al mes de julio como “la celebración de la Fiesta del Bosque” para divulgar y llevar a la práctica métodos de protección y aprovechamientos forestales, al mismo tiempo que ampliar las zonas boscosas.

Por otra parte, el proyecto “Zócalo 11 de Julio” contempla la construcción de un gran centro cívico en el municipio de Tijuana, se prevé la construcción de diversas plazas, estacionamientos, escenarios, zonas de servicios, ampliación de diversas instalaciones así como la construcción de una torre emblema.

De acuerdo a información de su página web, el proyecto “Zócalo 11 de Julio” tiene las siguientes generalidades:

● Estacionamiento en 3 niveles para 2,558 autos

● Edificio emblema: 7,350m2 de edif.

● Instituto de Cultura de Baja California: 5,700m2 de edif.

● Plazas: 5000 m2 de superficie

● Escenario principal: 2,600m2 de edif.

● Explanada: capacidad para 35,000 espectadores

● Calzada a CECUT: 9,900m2 de superficie

● Zonas de servicio: 6,800m2 de edif.

● Conexión a Plaza Río: 17,300m2 de superficie

● Estación transporte urbano: 750m2 de edif.

● Total de áreas verdes: 40,000m2

La Senadora proponente manifiesta en sus consideraciones que debido a la construcción de dicha obra se ha generado la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, por lo que considera necesario solicitar la intervención de la SEMARNAT y la PROFEPA para atender el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales.

En lo particular y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

● Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

● Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades.

● Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

● Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

● Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

● Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo:

● Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.

● Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior.

● Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaria.

● Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo soliciten.

● Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  competencia.

Esta Comisión dictaminadora es consciente de la importancia del fomento de inversiones en nuestro país como fuente de empleos y de desarrollo, sin embargo es igualmente importante velar por el adecuado uso y disposición de los recursos naturales.

En este sentido y ante la importancia de fomentar la preservación de los árboles en beneficio de la sociedad, coincidimos con la intención de la proponente para que la PROFEPA vigile el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales por lo que aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre los permisos y autorizaciones, especialmente sobre la manifestación del impacto ambiental, para la construcción del proyecto “Zócalo 11 de julio” en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que investigue sobre la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, ubicado en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California para que conforme a sus facultades refuerce la vigilancia y conservación del Parque Benito Juárez y se evite de manera inmediata la tala de árboles en el municipio de Tijuana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al ISSSTE a realizar las acciones, para que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones del Instituto se integren la experiencia y habilidades en servicios de seguridad social y protección civil.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Director del ISSSTE a reglamentar los requerimientos para ser Delegado; asimismo, explique las razones para haber nombrado al Delegado de Jalisco; presentada por la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Director del ISSSTE a reglamentar los requerimientos para ser delegado; asimismo, explique las razones para haber nombrado al Delegado de Jalisco. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(i) Al Titular de una delegación del ISSSTE le corresponde realizar las acciones tendentes a impulsar la integración y operación de los Consejos Desconcentrados de Protección Civil, así como de las Unidades Internas de Protección Civil en los centros de trabajo delegacionales bajo su demarcación.

(ii) La normatividad aplicable para la designación de delegados exige al Director General del ISSSTE observar requisitos en sus designaciones, según lo dispone el ACUERDO 68.1349.2015 relativo a la aprobación del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

(iii) Para ocupar el cargo de delegado, se requiere: 1. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos; 2. Ser de reconocida honorabilidad, sin antecedentes penales, y no encontrarse inhabilitado por resolución administrativa; 3. Contar con experiencia administrativa en el sector público.

(iv) El 19 de junio de este año, el delegado del ISSSTE en Jalisco fue asesinado. Se detuvieron a algunas personas que participaron en el ilícito. En ese sentido, de las investigaciones que se han realizado hasta ahora hacen probable, dice la Diputada, que el ex delegado “se encontraba vinculado en actividades ligadas a un grupo delincuencial”.

(v) De los registros existentes, se ha observado que el entonces delegado de Jalisco, Javier Galván Guerrero, no contaba con las características profesionales necesarias para ocupar el cargo para el que fue nombrado.

(vi) Es necesario establecer lineamientos claros en los que se establezcan los requisitos técnicos idóneos para el nombramiento de funcionarios, especialmente el de delegados del ISSSTE.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que realice las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales del Instituto se integren requisitos de experiencia y habilidades en servicios de seguridad social y protección civil.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO para que ORDENE LA CREACIÓN DEL PERFIL DE PUESTO PARA DELEGADOS DE LA INSTITUCIÓN.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO para que INFORME SOBRE LAS RAZONES Y MOTIVOS QUE INFLUYERON EN LA DESIGNACION DEL C. JAVIER GALVAN GUERRERO COMO DELEGADO DE ESE INSTITUTO EN EL ESTADO DE JALISCO.

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al exhortado, informar a esta Soberanía, en un término no mayor a diez días hábiles lo actuado sobre lo especificado en los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la diputada, que expone en la proposición analizada, que refiere al hecho de que los servidores públicos que sean designados para cualquier puesto deben cumplir con requerimientos mínimos de habilidades profesionales y técnicas para el buen desarrollo de su función.

En efecto, para el servicio en la función pública es necesaria la creación de mecanismos a través de los cuales se pueda tener la certeza de que las personas que serán nombradas para esos cargos cuentan con las habilidades necesarias para llevar a cabo correctamente las funciones que les son encargadas.

En el caso, la Diputada afirma que “Javier Galván Guerrero era al morir el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Jalisco, no obstante, que en su perfil profesional y académico no hay referencia de experiencia en áreas de servicios de salud pública que pudieran avalar su designación en el cargo público...”

Ante el deceso del entonces Delegado de Jalisco, la Diputada del PRD asegura que ese servidor público no contaba con las características necesarias para haber sido nombrado en el cargo que ocupaba. En el mismo sentido, expresa su preocupación por la posibilidad de que pueda repetirse el hecho, un nombramiento de una persona que no podría considerarse idónea para la función.

Sin embargo, esta Comisión no observa que según lo señalado en los requisitos citados por la propia Diputada proponente, exista el requisito expreso de tener experiencia en el sector salud, así como tampoco elementos jurídicos ni demostrables al momento de su designación, que vayan en contra de los requisitos establecidos para dicho cargo, por lo que se considera necesario eliminar el resolutivo tercero referente a solicitar las razones por la cual fue nombrado el ex delegado.

En el caso, la relevancia se da en el sentido que del delegado dependen áreas de suma importancia como son el bienestar y la salud de los habitantes del estado de Jalisco; el planear, programar, organizar, dirigir, administrar y supervisar los programas institucionales, así como atender las solicitudes de trámites para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto en forma desconcentrada y los que se presten en forma subrogada en la demarcación de su competencia; impulsar la integración y operación de los Consejos Desconcentrados de Protección Civil, así como de las Unidades Internas de Protección Civil en los Centros de Trabajo Delegacionales bajo su demarcación, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que realice las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales del Instituto se integren la experiencia y habilidades en servicios de seguridad social y protección civil entre los requisitos para el nombramiento de delegados, así como a crear el perfil de puesto para delegado de la Institución. Asimismo, se informe a la brevedad posible las medidas que se implementen al respecto.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al IMSS a implementar las acciones para satisfacer la demanda de guarderías infantiles en el estado de Jalisco.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el Estado de Jalisco, presentado por el Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario el Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto darle observancia a la rama del Derecho Social que abarca la seguridad social con respecto del cuidado de los hijos de las madres jefas de familia o que se desarrollan en un trabajo por el cual dependen de terceras personas para hacerse cargo de los niños.

La propuesta en estudio señala que la seguridad social comprende un conjunto de mecanismos de derecho público y supervisión estatal que la sociedad establece para proteger a sus integrantes, con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales derivados de la reducción o la pérdida de ingresos a causa de contingencias tales como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo.

La causa que da origen a esta propuesta sobre la procuración de guarderías en el estado de Jalisco es que éstas se han convertido en un servicio social de vital importancia, especialmente en una sociedad como la de nuestros tiempos en que cada vez más mujeres se integran al mercado laboral, independientemente de que sea por necesidad, o bien por el deseo de desarrollarse profesionalmente. 

El proponente expone que es de fundamental importancia que el Instituto Mexicano del Seguro Social tome cartas en el asunto del sistema de guarderías y estancias infantiles pues actualmente en el estado de Jalisco existen 93 guarderías con capacidad para 15,736 niños y niñas.

No obstante lo anterior, existe una lista de espera de al menos 2,370 niños, pues las guarderías instaladas en la entidad se encuentran saturadas. Es por ello, que la delegación del IMSS en Jalisco tiene detectada la necesidad de guarderías nuevas en los municipios de Ocotlán, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, por lo que para cubrir dicha demanda busca ingresar a proyectos para el Programa de expansión en 2016.   

Por último el proponente precisa también que “Además del Programa de Expansión, el IMSS actualmente concursa cuatro nuevas guarderías en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, en virtud de que cada espacio puede albergar como máximo a 252 menores, se generarán únicamente 1,008 nuevos lugares, insuficientes para garantizar cabalmente el derecho de más de un millar de madres trabajadoras que no han tenido la fortuna de poder inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS y que se ven obligadas a buscar quien se haga cargo del cuidado de sus pequeños mientras ellas trabajan, o bien, pagar una guardería particular, lo cual implica un gasto aproximado de entre mil quinientos y dos mil pesos mensuales”. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México ha signado diversos instrumentos internacionales que prevén una protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo coercible su cumplimiento en territorio nacional con relación al artículo primero de nuestro texto constitucional.

En ese sentido como ya se ha señalado, el proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantice el servicio social de guarderías y estancias infantiles, esto con el fin de brindar y garantizar, por un lado, protección institucional a las mujeres que se encuentran en desventaja económica y acceden a un empleo, y por otro lado, los principios de protección hacia los niñas, niños y adolescentes consagrados en diversos ordenamientos jurídicos.    

Con motivo de lo anterior, es necesario señalar los fundamentos jurídicos para la intervención del Estado en esta demanda de la población tapatía. De esta manera ésta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente de proteger y garantizar el cumplimiento de las prestaciones sociales del IMSS para garantizar la seguridad social a los gobernados y en concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vigilar el cumplimiento del interés superior de los menores de edad.

Es por ello, que resulta necesario precisar las disposiciones jurídicas que fundamentan dicha demanda de los gobernados en el Estado de Jalisco.

● Dentro de nuestro texto constitucional se establece la garantía al seguro social en el siguiente artículo:

Artículo 123.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a XXVIII…

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

● Por su parte, la Ley del Seguro Social establece las siguientes facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social que le permiten regular como ente estatal la prestación de este servicio social:

Artículo 251.

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:

I. Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta Ley;

II. y III…

IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las finanzas institucionales;

V…

VI. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son propios, sin sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, que fijen las leyes y reglamentos respectivos para empresas privadas, con actividades similares;

● Por otro lado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su articulado lo siguiente:

Artículo 19. Derechos del Niño.

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

● Asimismo, la Ley General de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece:

Artículo 18.

En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

Artículo 109.

Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos:

I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria;

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros;

V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral;

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez;

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos;

IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta;

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto con su comunidad, y

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable.

Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el cumplimiento de sus derechos, se deberá llevar a cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior.

La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así como para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su reincorporación familiar o social.

Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales conforme a la legislación aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su situación legal.

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en  representación del Estado y en apego al ejercicio de sus atribuciones realice las acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio de guardería en el estado de Jalisco, para satisfacer las demandas de los municipios que se encuentran con una saturación en dicha prestación.

Por otra parte, en concordancia y observancia del principio de interés superior de la niñez, se le solicita al órgano garante de la Seguridad Social y prestador del servicio de guardería en Jalisco brinde certeza y observancia a los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, los recursos para dar cumplimiento a los requerimientos que se establecen en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que se considere dentro de la Iniciativa de Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que se considere dentro de la Iniciativa de Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I. La niñez, en cualquier parte del mundo, es una etapa fundamental de aprendizaje que sin duda tiene efectos durante toda la vida de las personas; por ello, las niñas, niños y adolescentes son particularmente importantes. Lo que suceda en su infancia tendrá gran influencia en el resto de sus vidas y, en este sentido, en la vida de sus comunidades.

II. Los datos estadísticos, por muy fríos que puedan parecer, nos muestran sin embargo un panorama sombrío y preocupante sobre la situación de la infancia en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 18 millones de niños que viven en situación de pobreza, lo que representa el 56.3% del total de menores que habitan en el país (35.5 millones).

III. Según la Organización Mundial de Salud, en nuestro país, aproximadamente un 20% de las mujeres y un 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Del 25 al 50% de los niños de ambos sexos reportan maltratos físicos. Las consecuencias del maltrato recaen en la salud física y mental: depresión, adicciones, precocidad y obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), en México 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

IV. Ante este panorama, el Poder Legislativo se ha pronunciado por proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 cambian el paradigma en materia de protección para los derechos humanos al reformar el artículo 1º constitucional,  se cambia el término “otorgar”, tratándose de esta categoría de derechos, y se menciona “reconoce”. Este cambio tiene implicaciones profundas. Significa que el fundamento de los derechos humanos no es el derecho positivo ni la potestad del Estado, sino que derivan de la naturaleza misma de la persona, y el Estado está obligado a reconocerlos.

V. Un reflejo de este compromiso es la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la que se incluye el mandato expreso para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados; al igual que la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia.

VI. De igual forma, se determinan las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los criterios que deben regir la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los organismos constitucionales autónomos; así como la referencia específica para establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

VII. En los anexos de la Ley se establecen plazos concretos, así como solicitudes expresas a fin de dotar de presupuesto suficiente para la constitución de diversos organismos y sistemas, tales como la Procuraduría Federal  de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Artículo Sexto Transitorio) y coadyuvar en la implementación a las adecuaciones necesarias para implementar la ley, así como la operación de los Centros de Asistencia Social (Artículo Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorio).

VIII. Todo gasto y todo esfuerzo que se haga en protección de la infancia es una inversión con rendimientos para gobiernos y ciudadanos. Se aseguran adultos sanos, alfabetizados, cívicos, productivos, que contribuyan al desarrollo y progreso de un país.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de Ejecutivo Federal a que se considere dentro de la Iniciativa de Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la Senadora Angélica de la Peña Gómez y considera necesario la asignación de recursos para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta comisión considera necesario referir las bondades de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de resaltar la importancia de la asignación presupuestal:

● La ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; es una ley garantista; crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también se crean sistemas locales y municipales de protección.

● La ley cuenta con principios rectores importantes tales como el Interés Superior de la Niñez; la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad; la no discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; la Autonomía progresiva; el principio Pro persona; Acceso a una vida libre de violencia; Accesibilidad y Equidad de género.

● Destaca la igualdad sustantiva como principio rector ya que a través de este se garantiza la igualdad de condiciones para niñas, niños y adolescentes así como para niñas niños y adolescentes discapacitados.

● Se tutelan derechos tales como el derecho a la vida; a la supervivencia y al desarrollo; derecho a vivir en familia; derecho de identidad; derecho de igualdad sustantiva a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación, y a la atención médica entre niñas y niños; derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la Seguridad Social; derecho al descanso y esparcimiento; derechos de libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Destaca el derecho de prioridad que tendrán las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de todos sus derechos, así como los derechos a la libertad de expresión y acceso a la Información.

● La ley establece las bases sobre las cuales la Federación, los Estados y Municipios dictarán sus políticas públicas en la materia; una de las cosas a destacar es que se contempla la participación de las niñas, niños y adolescentes en juicios familiares para tomar en cuenta su opinión.

● El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las entidades federativas  y los sistemas municipales brindarán servicios de asesoría en materia de adopción y realizarán evaluaciones sobre la idoneidad de las familias que quieren adoptar.

● En materia de medios de comunicación se establece que los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que contravengan el principio del interés superior del menor. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona interesada por conducto de éstas pueden promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación. Las Procuradurías estarán facultadas para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente con el objeto de que se ordene se abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro la vida, integridad y dignidad de las niñas, niños y adolescentes.

● Las autoridades de los distintos niveles de gobierno  tendrán que diseñar estrategias y acciones para la prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente; Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar; Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar.

● Mención especial merecen los capítulos del Derecho a la Seguridad Jurídica y Debido Proceso así como el capítulo de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, ya que se plantean los requerimientos mínimos que se deben observar cuando estén involucrados en procesos de carácter jurisdiccional y administrativo.

● Respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes,  se armonizan con los tratados internacionales; la ley protege a migrantes acompañados, no acompañados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. El principio del interés superior del menor será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio, se privilegiará la reunificación familiar y el debido proceso.

● Los Sistemas Nacional, estatales y municipales DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.

● Contiene un apartado de obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia: obligaciones de alimentos, asegurar que cursen la educación obligatoria, asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, abuso, venta, trata de personas y explotación,  registrar a los niños en los primeros 60 días de vida, entre otros.

● Se crea la Procuraduría  Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que en el ámbito federal tendrá como responsabilidad garantizar el interés superior de la niñez en México.

● Se crean a nivel local Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

● Las procuradurías de protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría Federal, serán autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar centros de asistencia social, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social

● Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, el cual difundirá el marco jurídico nacional e internacional, integrará la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil; garantizará la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional de Desarrollo.

● El Sistema estará presidido por el Presidente de la República, se reunirá cuando menos dos veces al año y tendrá una Secretaría Ejecutiva, la cual será órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. En cada entidad federativa y municipios se creará un Sistema local de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

● Se contempla la elaboración de un Programa Nacional y de similares en cada entidad federativa y municipio.

● Se faculta al CONEVAL a evaluar las políticas públicas en la materia.

Dada la importancia de primer orden que tiene la correcta y debida aplicación de lo dispuesto en la Ley que nos ocupa, esta Comisión hace suya la demanda de la Senadora proponente y en virtud de los alcances que tendría el no realizar la asignación presupuestal indicada en los transitorios ya mencionados, aprobaremos la propuesta en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que se considere dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a llevar a cabo las acciones a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de incrementar el cultivo del maíz amarillo, sin descuidar la autosuficiencia en maíz blanco en virtud de ser alimento base de los mexicanos, presentado por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A.  Los Senadores proponentes motivaron su petición con las siguientes consideraciones:

Refieren los proponentes que el maíz es el principal cultivo en nuestro país, tanto por la superficie sembrada como por el volumen de producción que se obtiene. Esta gramínea se puede cultivar en prácticamente todos los climas y suelos; debido a sus propias características existe un gran número de variedades, en México podemos contar con más de mil, lo que nos ubica como el país con la mayor diversidad de maíz en el mundo.

Señalan que se estima que existen más de 3 millones de productores de maíz alrededor del país y aunque prácticamente todas las entidades lo producen, siete concentran el 64.5% del volumen de producción nacional. Sinaloa es el principal productor al concentrar el 16.5% del total, le siguen Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Añaden que por su importancia social y económica, el maíz está contemplado como un cultivo básico y estratégico en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; es parte de nuestra alimentación diaria y constituye un producto indispensable para la ganadería, así como para la obtención de diversos productos industriales.

El maíz blanco es convertido principalmente en alimentos como tortillas y tamales, productos que forman parte de la dieta de la mayoría de los mexicanos; no obstante, el maíz amarillo es el más utilizado en el mundo, además de emplearse como alimento para el ganado y las aves, también presenta diversos usos alimenticios e industriales. Del proceso de molienda húmeda del maíz amarillo se obtienen, almidón, fibra, gluten y germen que son refinados para la fabricación de almidones, endulzantes, aceites y productos para la alimentación animal.

Refieren que para visualizar la importancia del maíz amarillo, podemos mencionar que se trata del producto natural con mayor número de derivados químicos después del petróleo. Hace dos años, importamos 6.6 millones de toneladas de maíz amarillo y el año pasado llegamos a importar 11 millones de toneladas. La proporción de importaciones con respecto al consumo del maíz amarillo es del 76%.

Nuestro país ocupa el 2° lugar a nivel mundial en cuanto a importaciones del grano, lo cual nos ubica en una situación de vulnerabilidad ante cualquier alteración de la oferta mundial.

B. De acuerdo a lo anterior los Senadores proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar la autosuficiencia en maíz blanco en virtud de ser alimento base de los mexicanos.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Históricamente, nuestro país ha dependido en gran medida del cultivo del maíz. Para las culturas prehispánicas el maíz era más que un alimento, ya que se utilizaba en sus rituales religiosos y otras festividades importantes para su cultura.

Actualmente, los productos derivados del maíz representan un importante porcentaje de los alimentos ingeridos en la dieta diaria de los mexicanos, primordialmente nos referimos a la tortilla.

De acuerdo con estudios científicos realizados a este alimento, la tortilla de maíz, es fuente de calcio, fósforo, magnesio y potasio, además de ácido fólico, tiamina, hierro y zinc. Es un alimento bajo en grasa, no contiene colesterol y es fuente de fibra.

A pesar de la importancia que el maíz ha tenido y tiene para los mexicanos, nuestro país no produce suficiente maíz para alimentar a la población. Esta situación ocurre por diversos factores, entre ellos se destaca la falta de tecnología adecuada para incrementar la producción.

En cuanto al maíz amarillo, utilizado principalmente para alimentar ganado y en el sector industrial, también es utilizado en menor grado como alimento humano.

Sí se fomenta la producción de maíz amarillo, se podrá aumentar la generación de empleos, se obtendrán mayores ingresos por las ventas de la planta a las industrias y se activará la economía de las entidades en donde se fomente su siembra.

En ese contexto, compartimos la inquietud de los Senadores del PRI de que las autoridades competentes fomenten la siembra y producción de maíz amarillo sin descuidar la del maíz blanco.

Consideramos que debido a los beneficios económicos que puede generar el maíz amarillo y que el maíz blanco es la base de la alimentación de los mexicanos, consideramos adecuado aprobar en sus términos la propuesta presentada por los Senadores del PRI, para que ambos cultivos propicien crecimiento económico y se mantenga la autosuficiencia alimentaria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar la autosuficiencia en maíz blanco en virtud de ser alimento base de los mexicanos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Intervención Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a impulsar un programa para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional; presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(I) La leche forma parte de la alimentación básica de la humanidad, a partir del siglo

XX, ha sido el principal medio de combate contra la desnutrición infantil y materna, generando así que la demanda de leche vaya en aumento.

(II) Actualmente LICONSA adquiere para su programa de abasto social de leche el equivalente a 1,250 millones de litros.

(III) En México, se han desarrollado complejos industriales de ganaderos integrados como empresas que producen, acopian, pasteurizan, industrializan y envasan leche, contribuyendo de manera significativa con la oferta nacional.

(IV) La mayor parte de los productores lecheros enfrentan un mercado saturado de lácteos importados que lleva a la baja los precios al producto y merma su rentabilidad.

(V) La leche contiene un 80% de agua y por tanto, es evidente que el mercado internacional de la leche, para evitar el costo de transportar agua, se lleve a cabo a través de leche deshidratada en polvo evaporada o condensada.

(VI) A partir de enero de 2007, los precios internacionales de la leche en polvo tuvieron
incrementos imprevistos de hasta el 150%, poniendo en evidencia la volatibilidad de los mercados internacionales. Por lo que es insostenible basar un programa de abasto social de leche en la adquisición de insumos en los inestables mercados del mundo.

(VII) Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) revelan que en el primer trimestre de 2015 se presentó la citada situación en el mercado de la leche mexicana ocasionada por la existencia de sobreinventarios del alimento ya que a finales de 2014 se incrementaron las importaciones de leche en polvo por parte de los industriales cuando los precios internacionales bajaron de manera significativa. De acuerdo con datos del grupo de trabajo de Balanzas Disponibilidad Consumo en el último trimestre de 2014 mes con mes se observa un aumento en las importaciones de leche de bovino.

Por lo anterior, es importante exhortar a la SEDESOL y la SAGARPA de forma coordinada sigan impulsando la comercialización y adquisición de leche fluida y entera de producción nacional, y a la Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, se incrementen los recursos del Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V., ya que actualmente ejerce un presupuesto de 1,255´373,198 pesos.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de sus atribuciones impulse, fortalezca e implemente un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que incremente la adquisición de leche fluida y entera de producción nacional para el abasto social a cargo de LICONSA.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus facultades incremente el presupuesto con un monto suficiente del Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. para el ejercicio fiscal 2016.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía para que con base a los programas de apoyo a las pequeñas empresas impulse la creación de asociaciones y sociedades para la producción de derivados lácteos artesanales en las cuencas lecheras del país.

Asimismo se exhorta para que en Coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realicen un estudio estratégico para la construcción de plantas deshidratadoras de leche en las cuencas lecheras del país, especialmente en la Laguna, Jalisco y Querétaro.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Esta Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la Senadora respecto al consumo de la leche nacional aunado a que ponderando el artículo 4° constitucional “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizara.”

Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con una gran industria lechera, la cual es el resultado del esfuerzo de la organización y unión de los ganaderos y agricultores que día a día luchan por mantenerse competitivos ante los mercados internacionales.

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la afirmación de la Senadora Garza Galván de que “es insostenible basar un programa de abasto social de leche en la adquisición de insumos en los inestables mercados del mundo” ya que refleja, de darse este escenario, franca debilidad en dos temas prioritarios para la nación, el fortalecimiento del campo y la lucha contra la desnutrición.

Los integrantes de esta Comisión de trabajo, coinciden con la promovente, en la necesidad de reforzar los logros alcanzados en 2009 en relación al Fondo de Estabilización para la Comercialización de la Leche (FOLECHE) y que esta acción no solo sea por medio de una sola autoridad, sino que tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, LICONSA S.A. de C.V. y el Congreso de la Unión puedan establecer acciones en conjunto que permitan consolidar la adquisición e incremento de leche fluida y entera de producción nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de sus atribuciones impulse, fortalezca e implemente un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que considere incrementar la adquisición de leche fluida y entera de producción nacional para el abasto social a cargo de LICONSA S.A. de C.V.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus facultades incremente el presupuesto con un monto suficiente del Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. para el ejercicio fiscal 2016.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que con base a los programas de apoyo a las pequeñas empresas impulse la creación de asociaciones y sociedades para la producción de derivados lácteos artesanales en las cuencas lecheras del país.

Asimismo se exhorta para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realicen un estudio estratégico para la construcción de plantas deshidratadoras de leche en las cuencas lecheras del país, especialmente en la Laguna, Jalisco y Querétaro.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a implementar campañas permanentes de reforestación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación y concientización respecto a la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y la salud humana.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 30 de junio del 2015, la Dip. Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación y concientización respecto a la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y la salud humana.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la implementación de campañas de reforestación y concientización para la preservación de los árboles, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente expone que durante las últimas décadas en nuestro país se ha afectado considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades. Precisa que en la Ciudad de México, se pierden entre cinco y seis mil árboles al año.

Señala que a pesar de los esfuerzos que se han implementado para lograr el equilibrio entre las variables de población y medio ambiente, el aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa en la conservación de los recursos naturales como los árboles.

Destaca la importancia de los árboles en los distintos ecosistemas debido a que son los capaces de liberar oxígeno hacia el entorno donde se ubican y eliminan de la atmósfera o reducen la concentración del tóxico volátil que es el dióxido de carbono. En este sentido añade que la preservación de las áreas verdes en las ciudades se convierta en una preocupación de carácter institucional.

Por último añade que, desde 1840 se instituyó la conmemoración anual del Día Mundial del Árbol, lo anterior, como muestra de la toma de conciencia ante la importancia que tienen los recursos forestales, además de un compromiso por el cuidado de los árboles.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se implementen campañas permanentes de reforestación y concientización respecto la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y principalmente, de la salud humana.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que se generan como la purificación del aire, la conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas.

No obstante la gran riqueza forestal de nuestro país, es de reconocer que en un tiempo relativamente corto estos ecosistemas han sufrido extensas alteraciones debido a la huella de la deforestación.

Como lo ha señalado la proponente, como recordatorio de la importancia de proteger los ecosistemas forestales y los múltiples beneficios que un árbol puede darnos se instauró la celebración a nivel internacional el día del árbol.

Cada país celebre el día del árbol en distinta fecha, en México por decreto presidencial publicado en el DOF el 7 de julio de 1959, se celebra el segundo jueves del mes de julio, sin embargo en alcance a ésta celebración y con la intención de proteger los recursos forestales, y recordar los servicios ambientales del bosque, se instituyó al mes de julio como “la celebración de la Fiesta del Bosque” para divulgar y llevar a la práctica métodos de protección y aprovechamientos forestales, al mismo tiempo que ampliar las zonas boscosas.

Cabe recordar que los servicios ambientales que dan los bosques son los beneficios que recibimos de los diferentes ecosistemas forestales y que influyen directamente en el mantenimiento de la vida, entre los que destacan:

● Captación y filtración de agua.

● Mitigación de los efectos del cambio climático.

● Generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes.

● Protección de la biodiversidad.

● Retención de suelo.

● Refugio de fauna silvestre.

Esta Comisión dictaminadora consiente de la responsabilidad ambiental de nuestras generaciones para la preservación de la biodiversidad, coincidimos con la proponente en la importancia que tienen los árboles y su influencia sobre los distintos ecosistemas y que dicha preservación se ha convertido en una preocupación de carácter institucional.

En este sentido y ante la creciente deforestación generada en nuestro país, la que dictamina, hace suya la propuesta para que se implementen campañas permanentes de reforestación y crear conciencia en la sociedad de la importancia de la preservación de los árboles, y realizando algunas precisiones aprobamos la petición en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se implementen campañas permanentes de reforestación y concientización de la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y principalmente, de la salud humana.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.







 

Que exhorta a fomentar la instalación de centros de acopio para los residuos de manejo especial.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fomentar la instalación de centros de residuos especiales, para su correcta disposición final.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio del 2015, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fomentar la instalación de centros de residuos especiales, para su correcta disposición final.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto fomentar la instalación de centros de acopio para residuos electrónicos, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Las legisladoras proponentes exponen que el crecimiento de la basura electrónica en México es alarmante, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 7 años se triplicó la cantidad de esta basura en el país.

Señalan que el manejo y la disposición inadecuada de los residuos electrónicos pueden causar importantes daños al ambiente y la salud de las personas debido a los diferentes materiales utilizados en la fabricación de estos aparatos.

Precisan que de acuerdo a la normatividad en la materia, es facultad de las Entidades Federativas el tema de manejo y disposición de este tipo de residuos.

B. De acuerdo a lo anterior las proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que fomenten la instalación de centros de acopio para residuos electrónicos, públicos o privados, a fin de llevar a cabo su correcta disposición final.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de las proponentes, con las siguientes observaciones:

El desarrollo tecnológico en el mundo ha crecido de manera exponencial, especialmente la tecnología de la información y comunicación. Es innegable el beneficio que las tecnologías significan para la sociedad, sin embargo es importante tomar en cuenta la contaminación al medio ambiente y los riesgos sanitarios que pueden causar las mismas al final del ciclo de su vida útil. 

El tema de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos electrónicos exige nuevos compromisos y condiciones normativas, tanto de la sociedad como de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, los residuos de manejo especial son aquellos que no presentan características de peligrosidad, pero pueden llegar a serlo bajo ciertas condiciones de manejo o de mezcla, además requieren un tratamiento específico dada su naturaleza potencialmente contaminante. Es importante no mezclarlos con los residuos de la casa, porque podrían tener un impacto negativo al ambiente.

Una de las clasificaciones de los residuos de manejo especial son los “Residuos tecnológicos” provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico.

Como lo han señalado las legisladoras proponentes tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, señalan la responsabilidad de las entidades federativas para la recolección y disposición de los residuos industriales o de manejo especial.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

ARTÍCULO 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I. La contaminación del suelo;

II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;

III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación, y

IV. Riesgos y problemas de salud.

ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales.

ARTÍCULO 138.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales para:

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; y

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo, en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados;

VII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las entidades federativas y municipios, con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados;

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

Ante el panorama de avances tecnológicos que vivimos hoy en día, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos indispensable el fomento de una cultura de recolección y el tratamiento sustentable de los equipamientos electrónicos, en beneficio de la sociedad y con plena responsabilidad ambiental, es por ello que aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas para que fomenten la instalación de centros de acopio para los residuos de manejo especial, particularmente de los residuos tecnológicos, a fin de llevar a cabo su correcta disposición final.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a informar sobre las medidas con motivo de los efectos negativos de la sequía en el estado de California.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en Estados Unidos de América.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 30 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en Estados Unidos de América.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La proponente señala que organizaciones internacionales han alertado sobre los efectos que ha tenido el cambio climático, entre los que destacan las sequías que se producen y que acarrean múltiples daños para las actividades humanas.

Manifiesta que ejemplo de lo anterior, es la sequía que enfrenta el estado de California debido al bajo índice de precipitaciones pluviales.

Lo anterior, ha alertado a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en nuestro país, toda vez que esta sequía ha repercutido en los volúmenes de agua que se envían a través del Río Colorado, lo que ha afectado a la Península de Baja California debido a que dejará de recibir millones de metros cúbicos al año.

Por ello, y ante la importancia del agua para la vida humana, la proponente expone la necesidad de adoptar modelos proactivos, que permitan preparar a todos los sectores y niveles de la sociedad ante los posibles daños que esto pudiera ocasionar, principalmente al sector agrícola nacional.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se nos informe sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en California, Estados Unidos de América.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que se nos informe sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en California, Estados Unidos de América.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en que el acceso al agua es un pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad, por ser éste un elemento primordial e insustituible para la vida. Su explotación y distribución ha propiciado el progreso o la decadencia de las comunidades humanas y, por lo tanto, resulta de vital importancia su cuidado y conservación.

A pesar de que constituye una enorme porción de la superficie de nuestro planeta, el agua es hoy un recurso escaso. Las causas básicas de la actual crisis del agua se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos.

Como lo indica la proponente, ejemplo de lo anterior es el periodo de 15 años de sequía que enfrenta California y el Río Colorado. La cual se constituye como la peor en 109 años y de las mayores en 1, 200 años, originando que el gobierno norteamericano lleve a cabo una restricción de 25 por ciento del consumo de agua.

Esta Comisión coincide en que es necesario atender este fenómeno, en virtud de que un tramo del Río Colorado abastece a ciudades de Baja California, como Mexicali y Tijuana. Al respecto, se ha advertido que nuestro país podría enfrentar en 2016 un recorte de 75 millones de metros cúbicos de agua, de los mil 850 que le corresponden de la asignación anual del Río Colorado.

En este sentido, se considera preciso señalar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha informado que en el mes de agosto, nuestro país buscará un acuerdo con Estados Unidos para determinar cómo se atenderá de manera conjunta la sequía y la escasez por la que atraviesa la cuenca binacional del río Colorado, que abastece a entidades como Baja California y parte de Sonora, en las que existe una gran actividad agrícola e industrial.

La primera de estas entidades, se encuentra desde marzo en sequía severa y extrema, por lo que el impacto del recorte previamente mencionado sería significativo si se toma en cuenta que la cantidad de agua que podría dejar de percibir la entidad es similar a lo que consume la mitad de los habitantes en Mexicali en un año.

Aunado a ello, el 80 por ciento de los mil 850 millones de metros cúbicos anuales que recibe México del Río Colorado, se destinan para uso agrícola principalmente en el valle de Mexicali.

Por lo anterior, esta Comisión conviene en la necesidad de establecer medidas preventivas y de mitigación frente a estas condiciones que obedecen a causas propias del cambio climático, y que han ocasionado que las capas de nieve que en 1999 registraban un nivel óptimo para nutrir los afluentes del Río Colorado, hoy estén a un 55 por ciento de la medición de hace 16 años.

Coincidiendo con la importancia de prevenir los daños que principalmente pudiera ocasionar este fenómeno en el campo y la producción agrícola, se considera pertinente exhortar a las autoridades que la proponente señala.

Lo anterior, con el fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como la dependencia encargada de velar por el desarrollo rural; y la CONAGUA como el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en el país, informen sobre las acciones que se han implementado para prevenir los efectos negativos de este fenómeno climático.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua, que en un término no mayor a 15 días naturales, informen a esta soberanía sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en el estado de California en los Estados Unidos de América.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a revisar las condiciones laborales de ingresos y de seguridad social de las personas que intervienen en el proceso de la fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz, presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015. Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz.

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(I) En 1995 se creó la Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros (Amefap) para promover las marcas de tabaco mexicano a nivel mundial, así como de certificar productos de sus agremiados. La Amefap engloba las fábricas más importantes del Valle de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz, donde se siembra 90% del tabaco empleado para  elaborar puros, el restante 10% proviene de Oaxaca, Chiapas e incluso Nayarit.

(II) El proceso de fabricación de los puros elaborados en la región de San Andrés Tuxtla es enteramente manual, incluso artesanal, ya que requiere de hombres y mujeres expertas, que por generaciones han conservado esta tradición, siendo esta la actividad principal de la zona.

(III) Es importante considerar que la elaboración de puros labrados o artesanales implican o toman en cuenta aspectos del proceso de producción, tales como la selección del tabaco, la manufactura de cada uno de los puros, el diseño, impresión, corte y ensamblado a mano de la cajetilla, el tipo de dispensadores para su exhibición en los puntos de venta (que también son impresos, recortados y ensamblados manualmente); los carteles publicitarios y, en general, el concepto de puros artesanales.

(IV) Actualmente, en la industria de los puros intervienen cerca de 20 mil personas, desde la siembra, la selección de hojas, la fermentación y la torcedura del tabaco, hasta el arribo al punto de venta. En dicho contexto, es importante que se vigilen y atiendan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que se emplean en la industria de la elaboración del puro labrado, considerando la tendencia de flexibilización laboral que se ha implementado en las recientes reformas al marco legal en México.

(V) No debemos olvidar que corresponde al Estado, a través del Ejecutivo federal, vigilar estrictamente que se respeten los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores consagrados en el derecho nacional e internacional. Es fundamental que se realicen todos los esfuerzos necesarios para combatir la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México, porque de continuar la misma tendencia de concentración impresionante, pueden generarse condiciones de inestabilidad social.

(VI) Lo anterior sería en congruencia con el apoyo que ha solicitado el sector al verse afectado por el gravamen establecido en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación de tabacos labrados con una tasa del 160%, al obtener una tasa preferencial por la enajenación de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano del 30.4%. En correspondencia con la medida adoptada por el Estado, es indispensable que se responda garantizando los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación de puros labrados en el valle de San Andrés Tuxtla  estado de Veracruz”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la diputada María Sanjuana Cerda Francisco con relación a realizar un exhorto a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz.

La Comisión dictaminadora considera prioritario que sean respetados los derechos fundamentales al trabajo y las prestaciones derivadas de ellos de las personas que laboran en el proceso de fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz.

La Comisión dictaminadora considera necesario precisar el nombre de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ser éste el nombre correcto de la dependencia a la cual se realiza el exhorto, además se puntualizan los sujetos que se pretende sean beneficiados con la aprobación de la proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social, de las personas que intervienen en el proceso de la fabricación de puros labrados en el valle de San Andrés Tuxtla, en el estado de  Veracruz. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de julio de dos mil quince.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a investigar los conflictos entre transportistas de cemento de los estados de Oaxaca y Chiapas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno del Estado de Chiapas a resolver los problemas entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y Chiapas, presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se regularice la situación en el traslado de cemento entre los Estados de Chiapas y Oaxaca, y de esta forma, terminar con las detenciones ilegales de los camiones transportadores de cemento, practicadas por los transportistas que se ostentan como integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y de Transportes de Carga Comitán, S.A de C.V.  

La propuesta en estudio señala que existe una normatividad encargada de regular las anomalías alegadas por los transportistas. Sin embargo, la inobservancia que se le ha dado a la misma por parte de las autoridades y los particulares ha ocasionado una violación a los derechos de competitividad de los transportistas que alegan la competencia desleal.

Entre otras causas que dieron origen a la preocupación del proponente se encuentran:

● Se encuentran detenciones ilegales realizadas por transportistas de AMOTAC desde el 9 de junio del 2015, que infringen el reglamento en las carreteras, afectando consecuentemente a otros transportistas de carga de Comitán y en particular a la cementera Cruz Azul al impedir la distribución de su producto, esto derivado de un ajuste a la tarifa de tonelaje que era de $450.00 pesos por tonelada y se ajustó a $520.00 pesos por tonelada lo que termina en una situación de competencia desleal según los transportistas integrantes de AMOTAC.

● El 16 de junio se intentó llevar a cabo una serie de pláticas conciliatorias entre los  transportistas de AMOTAC, el C. Carlos de Jesús Bermúdez Albores y el representante legal de la cementera Cruz Azul, sin embargo fue imposible ante la ausencia de éste último. Al siguiente día en representación de la cementera el Ing. Guillermo Morales Montoya manifestó una negativa ante cualquier acuerdo con AMOTAC, al considerar de chantaje la retención de los transportes con carga de cemento, sólo por el hecho de provenir de otra entidad o representar a otra empresa.

● La intervención de la Procuraduría de Justicia de la entidad tuvo lugar el día 18 de junio del 2015, dando como resultado tres primicias;

- La Secretaría de Gobierno convocaría a un reunión el día siguiente para resolver la problemática del reajuste tarifario.  

- Los representantes de Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. liberarían las unidades detenidas con carga de cemento Cruz Azul, cada tres horas, tres unidades.

- AMOTAC solicitó que mientras no se resuelvan las mesas de diálogo se evite cargar cemento por parte de la empresa en lagunas de Oaxaca. 

- La Secretaría de Gobierno llevó a cabo la reunión prometida en las primicias mencionadas con anterioridad, así en reunión con los actores de la problemática se llegaron a los siguientes acuerdos:

- Los transportistas integrantes de AMOTAC realizarían el traslado de cemento desde la empresa productora Cruz Azul hasta la ciudad de Comitán de Domínguez, en las empresas de Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán, distribuidores de cemento Cruz Azul.  

- Las empresas transportadoras antes mencionadas se comprometen a pagar una tarifa de $500.00 pesos por tonelada de cemento trasladada por AMOTAC.

- Se señaló un plazo de 30 días naturales para que el Gobierno del Estado acuerde las tarifas que podrán pagar los transportistas de AMOTAC por concepto de flete con la empresa cementera Cruz Azul.

● Las acciones emprendidas por las autoridades y particulares inmiscuidos en dicha problemática resultan contrarias al orden jurídico nacional, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su articulado lo siguiente:

- Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

- Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

● Por su parte, la Ley de Planeación prevé en su cuerpo lo siguiente:

- Artículo 3o.

Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

- Artículo 16.

A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:

I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;

II.- Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República.

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República.

V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;

VI.- Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados;

VII.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y

VIII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.

- Artículos 26.

Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

El proponente expone que es de fundamental importancia garantizar y proteger la observancia del crecimiento económico de la nación.

Por último el proponente precisa también que “si al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos yclases sociales, esto no podrá lograse si el Estado es presionado para otorgar franquicias de paso a sectores o particulares que libremente dispongan de que bienes y servicios pueden ser ofrecidos o quiénes son los facultados para prestarlos.

En este sentido los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas y la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC),  para atender los planteamientos de AMOTAC relacionados con la problemática que existe con las Empresas Grupo Bermúdez y Cruz Pacífico de Comitán distribuidores de cemento Cruz Azul, son preocupantes en extremo porque inhiben la competencia económica y el desarrollo nacional”.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno del Estado de Chiapas para que resuelvan los problemas entre transportistas de cemento entre los Estados de Oaxaca y Chiapas.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México ha implementado medidas de protección a los derechos consagrados en nuestro máximo texto jurídico como lo son los que ahora se encuentran violentados por los transportistas que detienen arbitrariamente e intentan ejecutar acciones de “justicia”, para proteger sus interés personales. Así el proponente advierte una inobservancia de disposiciones constitucionales que le otorgan facultades al Estado para poder resolver dichas problemáticas.

Con motivo de lo anterior, el proponente señaló como fundamental el actuar de la Comisión federal de Competencia Económica y el Gobierno del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus competencias investiguen, regulen, garanticen y resuelvan la problemática de transporte de materiales de cemento en la entidad. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en vigilar la observancia constitucional y de la legislación secundaria que faculta al estado para resolver este tipo de problemáticas sin vulnerar el crecimiento económico de la nación.  Es por ello, que se considera necesario hacer mención de los alcances jurídicos que tienen las disposiciones y las autoridades citadas con antelación.

1. La Ley Federal de Competencia Económica establece en su artículo 12:

- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I…

II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;

III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley;

IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados;

V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tengan conocimiento;

VI. a VIII…

IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así como fijar caución para levantar dichas medidas;

X…

XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos;

XII. a XIX…

XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia económica;

XXI…

XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes materias:

a) Imposición de sanciones;

b) Prácticas monopólicas;

c) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos;

d) Determinación de mercados relevantes;

e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia;

f) Insumos esenciales, y

g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos.

...

XXIII. a XXVI…

XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre concurrencia y competencia económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones de esta Ley u otras disposiciones aplicables;

XXVIII. a XXX…

De lo anterior se desprende, la injerencia, competencia y alcances jurídicos de las autoridades citadas en el presente punto de acuerdo, así mismo, la normatividad encargada de regular la problemática planteada.

Bajo este mismo análisis, resulta importante vigilar la legalidad y cumplimiento de las acciones tomadas por los transportistas, en los puntos de las carreteras federales del Estado de Chiapas que colindan con el Estado de Oaxaca, pues dentro de éstas se han notado violaciones a los ordenamientos jurídicos citados, tanto por parte de las autoridades encargadas como por los gobernados inconformes por la situación.  

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica para que revise y garantice la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relatadas en el cuerpo del presente dictamen, así como hacer prevalecer la rectoría del Estado en el desarrollo económico y cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que en el ámbito de sus competencias investiguen, regulen, garanticen y resuelvan los conflictos entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y Chiapas, en el marco de la libre competencia económica.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a modificar el acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal, de pasajeros y turismo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo a incluir vehículos turísticos extranjeros con capacidad menor a 30 pasajeros en la estrategia para el fortalecimiento del turismo en la franja fronteriza norte, presentada por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 30 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. El Diputado proponente motiva su petición con las siguientes consideraciones:

Señala que el turismo internacional implica numerosas cuestiones como la seguridad, la economía, el medio ambiente y la infraestructura. Todo ello dentro de un contexto global al cual México no es ajeno, dada su situación geográfica. 

También refiere la importancia de la Frontera Norte de nuestro país como un punto de desarrollo para el turismo nacional e internacional, siendo Baja California un estado que ha crecido en importancia turística a nivel nacional, destacando sus pueblos mágicos, las fiestas de la vendimia, los nuevos hoteles con servicio de casinos, la gastronomía y que alberga al segundo destino de cruceros de México.

La cercanía con la economía más fuerte del mundo nos obliga a considerar acciones que, en concordancia con los tratados internacionales y el Plan de Desarrollo Nacional (PND) que reconoce al entorno internacional como uno de los ejes de acción que complementan y potencian el desarrollo interno.

Refiere que los grupos empresariales del sector turismo de Baja California, se han pronunciado por la modificación en la reglamentación que impide el ingreso y circulación de vehículos automotores de procedencia extranjera con fines turísticos, y que pudieran ingresar por cualquiera de los cruces internacionales a lo largo de la Franja Fronteriza Norte De México.

Señala que antes de 1993, no existían restricciones para la internación de autobuses turísticos al Estado de Baja California, mismo que funge como mercado turístico natural para los residentes del sur de California, Estados Unidos, dada la cercanía entre ambos estados limítrofes. 

Refiere que a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se efectuaron modificaciones en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Se limita la entrada para autobuses con capacidad mayor a 30 pasajeros, lo que impide el acceso a limosinas y camionetas tipo Van con capacidad para menos pasajeros.

Señala que permitir el acceso a ese tipo de vehículos transporte privado de personas, puede representar una importante fuente de divisas para la zona fronteriza norte, dado que los pasajeros gastan en promedio 100 dólares diarios por persona.

El 31 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo; en el cual se establecen modificaciones para acoplar el Reglamento de Autotransporte Federal en la modalidad de transportación terrestre. En el Acuerdo se considera aspectos que tienen que ver con nuevas tecnologías que garantizan mayor seguridad, menor emisión de contaminantes al medio ambiente y características de fácil accesibilidad para el usuario; cualidades que se reúnen en los vehículos integrales ligeros tipo Van, con capacidad de 10 y hasta 23 personas, así como los vehículos integrales con capacidad de hasta 7 personas, para la prestación de los servicios de autotransporte federal de pasajeros y de turismo que en la actualidad no se encuentran considerados por la normatividad de la materia en alguna modalidad en específico. 

Concluye el proponente señalando la necesidad de generar estrategias que permitan el fortalecimiento de las economías locales en las entidades federativas apoyan el crecimiento de los empleos formales. Particularmente, en Baja California, el turismo binacional representa una oportunidad de suma importancia que no se debe desaprovechar, por la cercanía fronteriza de los municipios bajacalifornianos con la mayor potencia económica del mundo. 

B. De acuerdo a lo anterior el diputado proponente formula los puntos petitorios siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes para que sea modificado el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo acuerdo para que se generen las condiciones de fomento al turismo internacional de la Franja Fronteriza Norte, permitiendo el ingreso y desplazamiento de vehículos turísticos con capacidad menor a 30 pasajeros, con base en los ordenamientos dictados por las autoridades competentes; 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fin de que se coordine con sus homólogas estatales de la Franja Fronteriza Norte de México, a fin de que se integre un análisis conducente a fortalecer el turismo internacional por medio de estrategias que incluyan el ingreso de vehículos con placas extranjeras con capacidad menor a treinta pasajeros, y cuyas actividades sean exclusivas del sector turismo.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la visión del proponente en el sentido de la importancia de fortalecer la economía, tanto estatal como nacional, derivado del ingreso de divisas por la vía del turismo.

También coincidimos en que los estados fronterizos con los Estados Unidos de América, representan el primer punto de contacto entre ambos países, y que por ello, debemos establecer normas jurídicas que faciliten y fomenten el turismo y por tanto la entrada de divisas que fortalezcan nuestra economía, generen empleos y en consecuencia mejoren el nivel de vida.

Es importante advertir que en el orden jurídico interno, ya se cuenta con antecedentes que pueden ser de utilidad para lograr el fin que persigue el punto de acuerdo, como lo es el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, citado en el apartado anterior.

Es por ello, que esta Comisión Dictaminadora hace suya la solicitud del Senador proponente para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para generar las condiciones de permitir el desplazamiento de vehículos turísticos con capacidad menor a 30 pasajeros.

Del mismo modo esta Comisión, considera pertinente exhortar a la Secretaría de Turismo a fin de integrar un análisis conducente a fortalecer el turismo internacional por medio de estrategias que incluyan el ingreso de vehículos con placas extranjeras cuyas actividades sean exclusivas del sector turismo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sea modificado el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo acuerdo para que se generen las condiciones de fomento al turismo internacional de la Franja Fronteriza Norte, permitiendo el ingreso y desplazamiento de vehículos turísticos con capacidad menor a 30 pasajeros, con base en los ordenamientos dictados por las autoridades competentes. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo a fin de que se coordine con sus homólogas estatales de la Franja Fronteriza Norte de México, a fin de que se integre un análisis conducente a fortalecer el turismo internacional por medio de estrategias que incluyan el ingreso de vehículos con placas extranjeras con capacidad menor a 30 pasajeros, y cuyas actividades sean exclusivas del sector turismo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a formular y publicar el programa de manejo para el Área Natural Protegida de Yum Balam en Quintana Roo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN*-

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a formular y publicar el programa de manejo del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio del 2015, la Dip. Graciela Saldaña Fraire y el Senador Luis Sanchez Jiménez del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a formular y publicar el programa de manejo del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar la formulación del programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los legisladores proponentes exponen que en junio de 1994 por Decreto Presidencial, se declaró como área natural protegida a la región de Yum Balam, donde se encuentra la isla de Holbox.

Manifiestan que en los ecosistemas de Yum Balam se encuentra una amplísima gama de especies de flora y fauna, con especies endémicas raras y en peligro de extinción, aves migratorias, es importante reserva de acuíferos y considerables mantos de agua. 

Ante ello, los proponentes consideran necesario garantizar la protección jurídica y el equilibrio natural y social de la zona, que se encuentra en latente peligro debido a la disposición de los recursos naturales sin la reglamentación propia para un área natural protegida.

Exponen además, que a 21 años de su promulgación como área natural protegida, la SEMARNAT no ha formulado el respectivo programa de manejo de área natural protegida, pese a que así lo manda la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a formular y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el área natural protegida de Yum Balam.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

México es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad distribuida en sus  diferentes ecosistemas, entre estos se encuentra la región conocida como "Yum Balam" ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo.

Como lo han señalado los proponentes, el 6 de Junio de 1994 se publicó el decreto por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Las Áreas Naturales Protegidas están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico.

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 176 áreas naturales de carácter federal.

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe formular el programa de manejo de área natural protegida.

ARTÍCULO 65.- La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven.

El programa de manejo de área natural protegida es, de acuerdo a la propia LGEEPA, el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva. 

Los Programas de Manejos tienen la finalidad de lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas.

El artículo 66 de la citada ley establece las bases que deberán tener dichos programas: 

ARTÍCULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras las siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.- La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.

Como lo han planteado los proponentes, a la fecha no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo de área natural protegida correspondiente a la región conocida como "Yum Balam" en el estado de Quintana Roo, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la preocupación de los legisladores proponentes que consiste en la necesidad de proteger y conservar el equilibrio natural y de la flora y fauna de la región conocida como “Yum Balam”, por lo que aprobamos las propuestas en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a formular y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el área natural protegida de “Yum Balam” en el estado de Quintana Roo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a incorporar en los manuales de las buenas prácticas agrícolas, los conceptos necesarios para sensibilizar y garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación la incorporación dentro de los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas temas relacionados con las condiciones laborales y garantías mínimas que deben otorgarse a los jornaleros agrícolas y sus familias.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio del 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunez Márquez del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (SAGARPA) la incorporación dentro de los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) temas relacionados con las condiciones laborales y garantías mínimas que deben otorgarse a los jornaleros agrícolas y sus familias.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas a través de la sensibilización y difusión de información por medio de los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los jornaleros agrícolas en México son trabajadores temporales que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y la preparación de los productos agropecuarios.

Los legisladores proponentes exponen que a pesar de que la labor de los jornaleros agrícolas es de gran importancia para el desarrollo de las empresas agroindustriales del país, estos son víctimas de explotación y malas condiciones laborales.

Manifiestan que muchos trabajadores de las zonas rurales marginadas emigren a los lugares donde hay trabajo y, lo hacen acompañados de sus familias, quienes también son contratados para las labores agrícolas, no importando que sean niños, mujeres embarazadas o adultos mayores. De acuerdo a la UNICEF, lo proponentes precisan que los hijos de los jornaleros son un grupo especialmente vulnerable que aporta gran parte del ingreso familiar.

Señalan que no se han realizado los esfuerzos suficientes para erradicar la mayoría de las quejas de los jornaleros como las largas jornadas de trabajo, los sueldos mínimos, el maltrato por parte de mayordomos, las horas extras sin pagar, despidos injustificados y las malas condiciones de higiene y seguridad.

Comentan que, de acuerdo a la Food Agriculture Organization (FAO) los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias.

Añaden que en los países desarrollados, diversas disposiciones integradas en los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas son el primer intento para tener un acercamiento entre los productores, comercializadoras, jornaleros agrícolas y sociedad en general, para procurar el bienestar de los campesinos.

Ante esto, exponen que en México no se cuenta con un estímulo suficiente por parte del gobierno ya que en los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas existentes se da prioridad a la calidad de la producción y no al capital humano.

Por último manifiestan la necesidad de mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas, y una forma de lograrlo es a través de la sensibilización y difusión de información, y una manera viable de lograrlo es por medio de los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación a que incorpore dentro de la información disponible en los Manuales de las Buenas Prácticas Agrícolas los conceptos necesarios para sensibilizar y garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación a realizar acciones que promuevan la inspección y regulación de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

En la propuesta en estudio destaca la preocupación por los jornaleros agrícolas, quienes por sus condiciones vulnerables, en muchos casos encuentran dificultades para el acceso a los servicios de salud, educación, reconocimiento de sus derechos laborales, incluso la afectación en su dignidad.

Como los han expuesto los legisladores proponentes, los jornaleros agrícolas en México son en la mayoría de los casos trabajadores temporales que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y la preparación de los productos agropecuarios, cuya labor es de gran importancia para el desarrollo económico de las regiones productoras y para empresas agroindustriales del país, sin embargo la aportación de los jornaleros agrícolas no es reflejada en las condiciones sociales y laborales que en realidad tienen.

En nuestro país, los jornaleros agrícolas tienen como condiciones relacionadas a su actividad laboral la necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo, enfrentando un panorama adverso, expuestos al deterioro de sus condiciones de vida por las largas jornadas de trabajo, sueldos mínimos, maltratos, despidos, condiciones inadecuadas de salud e higiene, lo que convierte a este sector en uno de los más vulnerables.

Ante este panorama, el Estado desempeña un papel fundamental para revertir esta situación de los grupos sociales altamente vulnerables, si bien es cierto que se han implementado programas sociales para disminuir el deterioro de sus condiciones de vida, son diversas aristas por medio de las cuales se deben realizar acciones para subsanar la carencia de dicho sector poblacional.

En tal sentido, los legisladores proponentes solicitan que en los Manuales de las Buenas Prácticas Agrícolas se incorporen las disposiciones necesarias para sensibilizar y garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las “Buenas Prácticas Agrícolas” son todas las acciones que se realizan en la producción agrícola, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, el embalaje y el transporte, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y la salud y el bienestar de los trabajadores.

En este sentido los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas contienen los principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias.

Por lo que respecta a la competencia de la autoridad, es de señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

● Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.

● Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

Cabe destacar que, en el desarrollo del presente periodo legislativo se han presentado en esta Soberanía diversas propuestas a fin de mejorar las condiciones sociales y laborales de los jornaleros agrícolas de nuestro país, lo que reitera el interés de los legisladores de los diversos

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, acorde a los criterios expuestos en esta y anteriores propuestas compartimos la inquietud de los proponentes sobre la situación de los jornaleros agrícolas y reconocemos la necesidad de fortalecer las acciones para mejor la calidad de vida y condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, es por ello que, aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación para que incorpore en los Manuales de las Buenas Prácticas Agrícolas los conceptos necesarios para sensibilizar y garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas; asimismo, para que implemente las acciones necesarias para la inspección y regulación de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita una explicación sobre las contribuciones del próximo año de México a los Organismos Internacionales de los que es parte.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir una explicación sobre la presunta intención de eliminar del gasto público del ejercicio 2016 las contribuciones de México a los organismos internacionales de los que es Parte; presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez.

Con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58,60 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- El 8 de julio, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir una explicación sobre la presunta intención de eliminar del gasto público del ejercicio 2016 las contribuciones de México a los organismos internacionales de los que es Parte. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

(i) El jueves 2 de julio del presente año, distintos medios de información publicaron notas periodísticas que hacían referencia a la supuesta intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de eliminar las cuotas de México a distintos organismos internacionales.  Los medios hacen referencia a un documento titulado "Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016". Sin embargo, el documento no menciona cuáles serían las razones que hacen necesaria la medida, así como tampoco el monto que México dejaría de pagar o a cuáles de los 92 organismos a los que nuestro país pertenece aplicaría la decisión.

(ii) El Periódico Universal encontró que de manera consistente, el documento en comento, establece junto a la fusión de distintos programas la eliminación de aquellos vinculados al concepto "Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales". Esta eliminación se prevé para diversos ramos y dependencias federales, incluyendo el ramo 5 que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

(iii) Ante la divulgación de esta información, el titular de la Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, José Ángel Mejía, informó que los pagos de cuotas a organismos internacionales se seguirán efectuando y que en la estructura programática del gasto de 2016 -si bien- no se detallan los montos, éstos se incluirán en el proyecto de presupuesto de 2016 que se presentará a la Cámara de Diputados en septiembre próximo.

(iv) Esta aclaración llega tarde y amplía aún más la confusión sobre los alcances de este documento. Dada la relevancia del caso, más allá de lo declarado a los medios de comunicación, es necesaria una explicación oficial por parte la autoridad responsable.

(v) La presunta intención de eliminar las aportaciones de las secretarías del Gobierno de la República a los organismos internacionales es totalmente contradictoria con el Programa Nacional de Desarrollo (PND) mismo que dispone, en uno de sus apartados, que "la política exterior es la dimensión internacional de la estrategia de gobierno. El diálogo y la cooperación con otros países, tanto en el ámbito bilateral como el multilateral, son herramientas insustituibles para la consecución de las grandes metas nacionales. La actividad diplomática, la promoción económica, las negociaciones comerciales internacionales, la difusión cultural y la solidaridad con otras naciones, entre otras tareas prioritarias en el ámbito externo, complementan y potencian los esfuerzos de desarrollo interno". En consecuencia, continúa el Plan Nacional de Desarrollo, "el ejercicio de las prerrogativas y los deberes que entraña ese marco de derecho internacional hacen necesario un diálogo continuo con otros actores y, muy especialmente, una participación constante y activa en los foros multilaterales, en donde se abordan y deciden las grandes cuestiones que afectan a la comunidad internacional tales como el cambio climático, el desarrollo sustentable o la migración, y los desafíos regionales, como el fortalecimiento del Estado de Derecho, el impulso a la competitividad y a la apertura de mercados, así como la consolidación de la paz y la seguridad".

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir una explicación detallada a esta Soberanía sobre la presunta intención de eliminar del gasto público del ejercicio 2016 las contribuciones de México a los Organismos Internacionales de los que es Parte o bien sobre la forma en que estas contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la nueva Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de los senadores, quienes exponen en la proposición analizada, la necesidad de que el Gobierno Federal aclare los montos y cuáles organismos internacionales presuntamente dejarían de recibir las contribuciones anuales que México aporta.

En el caso, de que la decisión de recortar el gasto presupuestal en estos rubros internacionales sea positivo, es sumamente importante que se consideren antes de implementarse estas medidas, las implicaciones que se derivan para la política interna y exterior de México. Como señalan los senadores, aún si se tratara de un error involuntario o de una interpretación imprecisa sobre este presupuesto bajo el nuevo esquema denominado de base cero, no se puede dejar pasar por alto una explicación clara y exhaustiva de la autoridad al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal, a través de las dependencias correspondientes y en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía una explicación detallada sobre las contribuciones del próximo año de México a los Organismos Internacionales de los que es parte, o bien sobre la forma en que estas contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la nueva Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita información sobre las causas que motivaron el decremento en las solicitudes de portabilidad numérica.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad y lo exhorta a difundir en forma amplia los derechos de los usuarios de telefonía móvil, presentada por la Senadora Graciela Ortiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El 11 de junio de 2013, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucionalmente autónomo.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, mismo que en términos de lo dispuesto por su artículo Primero Transitorio, entró en vigor a los 30 días naturales posteriores a su publicación, es decir, el 13 de agosto de 2014.

El artículo Trigésimo Octavo Transitorio del Decreto de Ley, otorga competencia al Instituto para emitir las reglas administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, en su caso, promover que se haga a través de medios electrónicos.

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deben garantizar una portabilidad efectiva y que la misma se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número respectivo.”

“Así, destaca particularmente como derecho de los usuarios, entre otros, la portabilidad gratuita del número telefónico dentro del plazo que determine el Instituto, así como a elegir libremente su proveedor de servicios.

De los datos que arroja el apartado de estadísticas de portabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se observa que del mes de septiembre de 2014 a diciembre de 2014 se suscita un incremento en los trámites de portabilidad solicitados por los usuarios de los diversos proveedores de telefonía, lo cual puede explicarse en razón de la expedición de las reglas de portabilidad por parte del Instituto el 6 de noviembre de 2014.

Sin embargo, en la comparación del mes de diciembre de 2014 con el mes de mayo de 2015, se observa un importante decremento casi 200 mil trámites de portabilidad solicitados por los usuarios para cambiar de un proveedor a otro, lo cual no es explicable desde el punto de vista de la propia emisión de las reglas de portabilidad en el mes de noviembre del año pasado.

Dicho fenómeno puede reflejar tres cosas: Que las reglas de portabilidad constituyen aún actos cuya complejidad dificultan el proceso de portabilidad numérica, que los proveedores han rechazado una buena cantidad de solicitudes y que los usuarios no cuentan con la información suficiente respecto de los derechos que les asisten en este rubro.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe a esta Soberanía sobre las causas que motivaron el decremento en las solicitudes de portabilidad numérica, en el periodo comprendido del mes de diciembre de 2014 al mes de mayo de 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que, en el contexto de la Campaña sobre Portabilidad Numérica, intensifique las acciones tendientes a difundir la información suficiente para el ejercicio de los derechos de los usuarios frente a los proveedores de telefonía.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación que las reglas de  portabilidad numérica sean complejas y dificulten el proceso, que los proveedores rechacen una buena cantidad de solicitudes y que los usuarios no cuentan con la información suficiente respecto de los derechos que les asisten en este rubro.

Nuestro texto Constitucional en su artículo 6º establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Asimismo que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

El Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades establecidas por el artículo 28 de la Constitución y la Ley y la Ley Federal de Competencia.

De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la portabilidad es un derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de concesionario o prestador de servicio. Así, la portabilidad numérica facilita la decisión del suscriptor respecto al concesionario que desee la prestación del servicio y su decisión se orienta a la evaluación de condiciones de calidad y precio, sin el riesgo de que al cambiarse de prestador de servicios, pierda su número telefónico.

El artículo 191 de la  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  aborda los derechos a los cuales los usuarios gozarán, en su fracción III establece el derecho a  la portabilidad del número telefónico.

Como bien se señala en el  “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos”, la portabilidad numérica en el país ha contribuido a una mejora sustancial en la calidad de los servicios, a una mayor oferta de productos y a una reducción en las tarifas, debido a que la competencia se ha fortalecido y los prestadores de servicios han tenido que esforzarse por conservar y atraer usuarios.

Asimismo,  beneficia no solamente a los usuarios que portan su número, sino además a los que permanecen con su prestador de servicios, ya que la posibilidad de que el suscriptor elija a un competidor incentiva el ofrecimiento de mejores condiciones de calidad, diversidad y precio.

El acuerdo citado anteriormente estipula los principios o conceptos generales para las nuevas reglas administrativas que regirán el proceso de portabilidad numérica en el país:

● La portabilidad numérica es, ante todo, un derecho de los usuarios.

● Los concesionarios deberán ofrecer y permitir la portabilidad efectiva de números.

● Las comercializadoras deberán permitir la portabilidad numérica.

● Deberán considerarse a las comercializadoras como Proveedores Asignatarios de numeración para efectos del proceso de portabilidad.

● La restricción geográfica de la portabilidad, limitada a Áreas de Servicio Local (ASL), debe ser replanteada a la luz de lo establecido por el artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, el cual contempla la eliminación de cargos a los usuarios respecto del servicio de Larga Distancia Nacional, y mandata la emisión de Lineamentos para la consolidación de todas las ASL.

● La portabilidad numérica debe ser gratuita para los usuarios.

● Los costos por actualizar elementos de red y sistemas para permitir la portabilidad, deben ser sufragados por cada concesionario.

● La portabilidad efectiva de un número no deberá tomar más de 24 (veinticuatro) horas a partir de la presentación de la solicitud respectiva.

● Deberá promoverse el uso de medios electrónicos para realizar trámites de portabilidad.

● Deberán reducirse los requisitos necesarios para realizar un trámite de portabilidad, siendo exigibles únicamente la identificación y manifestación de la voluntad.

● Tratándose de personas morales, deberá verificarse que la portación es solicitada por el representante o apoderado legal.

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que la portabilidad es una herramienta que incentiva la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones en aprovechamiento de la tecnología y la convergencia de servicios, en un ambiente que fortalece el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector telecomunicaciones, para contribuir a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía sobre las causas que motivaron el decremento en las solicitudes de portabilidad numérica, en el periodo comprendido del mes de diciembre de 2014 al mes de mayo de 2015.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que, en el contexto de la Campaña sobre Portabilidad Numérica, intensifique las acciones tendientes a difundir la información suficiente para el ejercicio de los derechos de los usuarios frente a los proveedores de telefonía.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Por el que se solicita incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, los recursos para la atención del fenómeno migratorio.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se avance en incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación, un anexo transversal donde concurran los recursos para los programas para la atención del fenómeno migratorio; presentado por la Diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 08 de julio de 2015.

2.- El 08 de julio, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal al inicio de la presente administración, solicita incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación un Anexo Transversal en el que concurran y se consoliden los recursos de todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden las diversas dependencias de la Administración Pública Federal. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

I) México debe asumirse como un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes y sus familias, con todas las consecuencias positivas inherentes a esta condición y con enormes retos por resolver. El gobierno debe atender a sus connacionales en el extranjero, garantizar una estancia segura para migrantes extranjeros en nuestro territorio y encontrar soluciones que permitan la protección e integración social y económica de los connacionales retornados.

II) Desde el inicio de la presente administración, el Ejecutivo Federal ha colocado el tema migratorio como uno de los principales punto de la agenda política. El 2 de diciembre de 2012 firmó, junto con los dirigentes de los principales partidos políticos el Pacto por México, en cuyo compromiso 30 acordaron ejecutar una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país.

III) La Secretaría de Relaciones Exteriores en el documento México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI, señala que “…es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo… con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”.

IV) En la Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 5.4 se establece  Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. Se refieren a los siguientes aspectos para atender la materia: 5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran; 5.4.2 Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los programas de repatriación; 5.4.3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional; 5.4.4 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria y 5.4.5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.

V) Atender de manera coordinada el fenómeno migratorio, requiere establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación un Anexo Transversal que reúna y coordine los más de 80 programas en la materia dispersos en diferentes dependencias, que permita garantizar una política coordinada, mejor aplicación de los recursos, una mejor evaluación de las acciones y programas, evitar duplicidades y la distracción de estos recursos a otros rubros.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal al inicio de la presente Administración, se avance con los pasos necesarios para incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación un Anexo Transversal en el que concurran y se consoliden los recursos de todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden las diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la diputada, que expone en la proposición analizada, de incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación un Anexo Transversal en el que concurran y se consoliden los recursos de todos los programas para la atención del fenómeno migratorio en las diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

En efecto, desde la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2015), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que la reducción significativa en los precios internacionales del petróleo, plantea retos potenciales que deben ser tomados en cuenta en el diseño de la política fiscal y económica. Lo cual impactará en recortes al gasto de algunos programas para el próximo año.

En el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de $300,000,000.00 (trescientos millones de pesos), para el Fondo de Apoyo a Migrantes.

Es oportuno que el Gobierno Federal atienda de manera transversal la migración, por medio de la asignación de presupuesto a los programas que han resentido los recortes en los últimos años, como son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; la Unidad de Política Migratoria (UPM); el Instituto Nacional de Migración (INM); el programa 3X1 para migrantes; el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; y el Fondo de Apoyos para Migrantes.

La relevancia de la propuesta, se da en el sentido de que los Programas de Apoyo a Migrantes fortalecen la política migratoria impulsada por esta administración; que reconoce la complementariedad entre órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno Federal, se ejecuten las medidas necesarias para incorporar al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, los recursos necesarios que concurran y consoliden todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden las diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta al gobierno federal a procurar la ministración oportuna de los recursos federales en materia de seguridad.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal a que procure la ministración oportuna de recursos federales en materia de seguridad para Coahuila; presentada por el Diputado José Guillermo Anaya del Partido de Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 8 de julio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina se establece la solicitud al Gobierno Federal a que procure la ministración oportuna de recursos federales en materia de seguridad para Coahuila. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes:

El subsecretario de Prevención del Delito del estado de Coahuila ha declarado que existe un rezago considerable en el suministro de recursos federales para la prevención del delito; establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito y una fracción del Subsidio para la Seguridad de los Municipios.

(I) El funcionario ha afirmado el cumplimiento de los objetivos a pesar de que los recursos “han sido congelados”.

(II) La prevención de la violencia y de la delincuencia es un eje fundamental en la política pública en materia de seguridad.

(III) El gobierno Federal ha sido omiso en entregar los recursos etiquetados para la seguridad y prevención del delito a los Estados y Municipios.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al Gobierno Federal para que, en el ejercicio de sus funciones, procure la ministración oportuna de los recursos federales en materia de seguridad orientados a la prevención del delito, con la finalidad de que se cumplan cabalmente los objetivos marcados para cada ejercicio fiscal en beneficio de las y los coahuilenses”.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del Diputado del Partido de Acción Nacional en el sentido de que es de suma relevancia el tema de la seguridad y de que todos los mecanismos, incluyendo los recursos, funcionen de forma eficiente y eficaz.

En ese sentido, Coahuila ha sido una entidad que ha atravesado un clima de violencia e inseguridad en los recientes años. Las acciones implementadas en esa entidad ayudan a controlar y disminuir el ambiente de violencia e inseguridad en la que en algún momento se encontró.

En el caso en el que el Gobierno Federal no hubiera suministrado los recursos en materia de seguridad por una causa no imputable a la entidad o los municipios, se está poniendo en peligro a la población y a la propia estructura gubernamental del estado de Coahuila.

El artículo 74, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito de sus competencias de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

El artículo 8, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, establece para la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispondrán de la cantidad de 4 mil 893 millones, 949 mil 427 pesos para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al Gobierno Federal para que, en el ejercicio de sus funciones, procure la ministración oportuna de los recursos federales en materia de seguridad orientados a la prevención del delito, con la finalidad de que se cumplan cabalmente los objetivos marcados para cada ejercicio fiscal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.





 

Que exhorta a informar sobre los avances de la implementación de las últimas reformas aprobadas en materia de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar de los resultados de la llamada reforma financiera, así como de las disposiciones aprobadas por el Congreso relativas a propiciar un proceso ordenado de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 8 de julio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. De los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar de los resultados de la llamada reforma financiera, así como de las disposiciones aprobadas por el Congreso relativas a propiciar un proceso ordenado de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

Los proponentes señalan que una de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo fue la de aplicar una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, fortaleciendo el mercado interno y la economía social, a través de un mejor acceso al financiamiento.

Manifiestan que a partir de una demanda del sector de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de facilitar su regularización, hacer más eficiente su supervisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció la figura de banca de desarrollo con función social.

Sin embargo, consideran que la línea de acción establecida por el gobierno federal de fomentar la economía social, no se vio reflejada en las diversas propuestas presentadas en el marco de la reforma financiera.

Señalan que, no fue hasta marzo de 2014, que en la propuesta de reformas a la Ley que crea el Fideicomiso de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (LFIPAGO) y a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), se incluyeron modificaciones para fortalecer la supervisión de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, detallan las diversas modificaciones que han sido aprobadas desde enero de 2013, con la finalidad de regularizar a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para cuidar los ahorros de los socios, fomentar la participación de las cooperativas de ahorro y préstamo en el acceso a créditos al alcance de todos, e incluirlas en el sistema financiero nacional.

No obstante, advierten que a pesar de que no ha transcurrido el suficiente tiempo para la implementación de dichas reformas, el 22 de abril del presente año, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al marco jurídico de las actividades de ahorro, préstamo y crédito popular.

Por lo anterior, diversas organizaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP), expresaron su rechazo e inconformidad, en virtud de que se consideró que tales modificaciones únicamente atendían al interés de brindar una solución al problema de FICREA, estimando que no era necesario imponer nuevas reformas cuando aún no se han puesto a prueba las que fueron previamente aprobadas.

Por lo que, los proponentes estiman necesario exhortar a las autoridades competentes a efecto de contar con información respecto de los avances de las tres grandes reformas que han sido aprobadas en relación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que informen en detalle los avances para dar cumplimiento a las siguientes reformas:

● El 4 de enero de 2013, el decreto por el que se reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos PRIMERO; y TERCERO de los artículos TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del "Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.

● El 28 de abril de 2014 el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado el 13 de agosto de 2009.

● En el marco de la reforma financiera, a través del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el 10 de enero de 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un informe que detalle los avances de la Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.

Líneas de acción

● Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva.

● Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden con los proponentes en la importancia de dar seguimiento a las reformas aprobadas con el fin de promover la protección de los ahorros de los socios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, entidades cuyo propósito es el de fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al crédito hacia sectores que no se han visto favorecidos con la oferta de los servicios de la banca comercial.

Como lo indican los proponentes, la LXII Legislatura de este Congreso de la Unión aprobó tres grandes reformas que ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fechas 4 de enero de 2013, 28 de abril de 2014 y 10 de enero de 2014, con el fin de establecer disposiciones relativas al funcionamiento de las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo para evitar que los ahorradores sean defraudados.

Para ello, se contempló ampliar el universo de sociedades sujetas a apoyo del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), en beneficio de los ahorradores y permitir la participación de otras personas en la cesión de activos y pasivos de las sociedades cooperativas u otras sociedades.

Se eliminó la obligación de realizar un trabajo de consolidación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con debilidad financiera y alto riesgo.

Se fortaleció el control sobre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación básico y concluir ordenadamente el proceso de regularización de aquellas con activos superiores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (UDIS).

Asimismo, la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo fue modificada en materia de creación de dichas sociedades, con el fin de fortalecer los mecanismos que permitan mitigar el alto riesgo de pérdida de patrimonio de los socios.

De igual forma, a través de las diversas modificaciones aprobadas en el marco de la reforma financiera, se previó impulsar el desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito Popular, mediante la incorporación de mecanismos que les permitan a las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ampliar su cobertura y participar de mejor forma en las acciones de inclusión financiera que se han llevado a cabo en otros ámbitos financieros.

En el contexto de la misma reforma, se incluyó en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la posibilidad de que las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo puedan contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación, así como celebrar comisiones para realizar tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas Sociedades.

Se establecieron límites individuales y agregados a las operaciones que se realicen a través de los comisionistas, a efecto de disminuir riesgos para los usuarios de las sociedades previamente mencionadas; y se facultó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de dichos servicios o comisiones en caso de incumplimiento a la Ley.

Asimismo, se le atribuyó a esta autoridad la facultad para que, en todo momento, pueda efectuar actos de supervisión respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que las Sociedades contraten, facultando a las Federaciones en el caso de las Sociedades Financieras Populares y de las Sociedades Financieras Comunitarias, así como el Comité de Supervisión Auxiliar tratándose de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para llevar a cabo una supervisión auxiliar respecto de esos terceros.

A raíz de todo lo anterior, según datos de la CNBV, al cierre de junio de 2015, existen 146 Socaps autorizadas y supervisadas por dicha autoridad, las cuales brindan sus servicios a más de 5.2 millones de socios y administran activos por más de $89.8 mil millones de pesos que representan aproximadamente el 85.0% de los activos totales del sector, las cuales además cuentan con la cobertura de la cuenta de seguro de depósitos del Fondo de Protección.

No obstante, como lo indican los proponentes, a pesar de las reformas aprobadas, siguen existiendo en nuestro país, cientos de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) que no están reguladas.

Ejemplo de ello, son las diversas sociedades que operan sin haber sido registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni en la Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, lo que pone en riesgo los recursos de los ahorradores que acuden a esas entidades.

Por lo anterior, coincidimos en la oportunidad de solicitar un informe a las autoridades competentes, a efecto de conocer los avances de la implementación de las reformas aprobadas, cuyo objeto consiste en fomentar la economía social.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en un término no mayor a 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances de la implementación de las últimas reformas aprobadas en materia de regularización del sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

SEGUNDO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala Secretaría de Economía, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances de la Estrategia para fomentar la economía social prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 21 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.