Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 10 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Agosto de 2014

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APERTURA

El Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: (11:32 horas) Le ruego a la Secretaría pasar lista de asistencia.

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Procedo a pasar lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 13 de Agosto 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DE LA
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
DIP. ALBERTO CURI NAYME, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE (COMISIÓN Oficial)
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DEL
SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DE LA
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
sen. ernesto ruffo appel, en sustitución de la
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Hay una asistencia de 24 ciudadanos legisladores. Hay quórum






ACUERDO

Doy lectura a un Acuerdo que suscriben los grupos parlamentarios. Y les pido toda su atención.

Acuerdo de la Comisión Permanente:

Los representantes de los grupos parlamentarios que participan en la Comisión Permanente, del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, y considerando que la Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo que funciona durante los recesos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General, establece que la Comisión Permanente tendrá una Mesa Directiva, integrada por los legisladores de ambas Cámaras del Congreso.

Que la Mesa Directiva guarda una conformación plural que permite la corresponsabilidad en el desarrollo de los trabajos y el ejercicio de las atribuciones.

Que los ordenamientos de las Cámaras del Congreso de la Unión, prevén la eventualidad de la suplencia de los legisladores en sus funciones como integrantes de las respectivas Mesas Directivas.

Que el artículo 121 de la Ley Orgánica dispone que la Comisión Permanente debe realizar una sesión pública semanal, durante cada receso legislativo.

Y que la sesión pública a realizarse este día, 13 de agosto de 2014, fue convocada por el Presidente de su Mesa Directiva, en pleno ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias.

Someto a consideración del Pleno, el siguiente Acuerdo:

Acuerdo:

Primero.- El Pleno de la Comisión Permanente acuerda que la conducción de la sesión de este día, miércoles 13 de agosto de 2014, esté a cargo de los legisladores electos como Secretarios de la Mesa Directiva, conforme al orden que los mismos acuerden.

Segundo.- Los trámites que dicten los Secretarios de la Mesa Directiva, en el ejercicio de la conducción de la sesión, serán válidos y surtirán todos los efectos correspondientes.

Tercero.- La cita a la siguiente sesión pública, será conforme a fecha y hora que el Pleno de la Comisión Permanente acuerde y que se hará saber antes de concluir la sesión de esta fecha.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a 13 de agosto de 2014.

Está a discusión el Acuerdo. Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente.

Este es un caso sui géneris, es la primera vez en la historia del Congreso, que no se presentan a cumplir con sus facultades, el Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión Permanente.

Lo primero que hay que señalar, es que la Comisión Permanente es el Congreso de la Unión entre período y período.

Y que este órgano es uno de los tres poderes del Estado. Que tienen asignadas responsabilidades de enorme trascendencia.

Y nos parece una enorme irresponsabilidad, que el Presidente y los Vicepresidentes, que son PAN y PRI, abandonen los trabajos de este órgano del Estado.

Nuestras tareas son constitucionales. Nos pagan tiempo exclusivo, y no puede argumentarse cansancio, ni vacaciones, cuando se aceptó el cargo, para el cual fueron electos por el Congreso de la Unión.

Porque además, el PRI y el PAN no tienen de qué haberse cansado. De las 1,350 intervenciones que hubo, por ejemplo, en el debate de Reforma Energética en el Senado, el 80% fueron intervenciones del PRD.

El PAN y el PRI solo leían tarjetas que les hacía el Ejecutivo. No sabemos de dónde se hayan cansado, porque no está aquí el Presidente, porque no están presentes los Vicepresidentes.

Fue, yo digo que, después del golpe legislativo contra el pueblo de México. Con ese voto del PAN y del PRI, por la reforma energética privatizadora, han decidido irse de vacaciones, irse a festejar; no sabemos en qué playa, no sabemos en qué antro, no sabemos, no importa, pero su obligación es estar aquí en… cumpliendo las responsabilidades para las cuales se les paga. Ante las cuales aceptaron el cargo.

Y si decidieron no presentarse a la Permanente, es una muestra de indolencia bipartidista, y que solo legislan los que les ordena el Ejecutivo, que no les interesa lo que presentamos las y los legisladores, en distintos puntos de Acuerdo, en las leyes, otros temas que no sean las reformas estructurales; parece ser que no les interesa a los partidos de la izquierda.

Yo lo que quiero señalar, del acuerdo que ha leído el secretario, es que no existe ningún reglamento, ninguna ley, porque nadie previó una omisión de tal naturaleza de las facultades legislativas.

Si un legislador quiere ausentarse de sus trabajos, debe de pedir licencia, debe de traerse al suplente, y entonces el órgano, en forma colegiada, tomar la decisión correspondiente.

Pero eso de que no vinieron o simplemente no se presentaron, por la razón que haya sido, entonces, inventan un acuerdo, fuera de la Ley Orgánica, fuera del reglamento que rige a este órgano del Estado.

Este es un órgano del Estado, se rige por leyes, se elige por reglamentos. No es a contentillo, no es a la opinión, no es al antojo de quien quiera mangonear este órgano, que debería de tener un honroso papel de representar al pueblo de México.

No lo ha sido, desde hace muchos años, este órgano dejó de representar los intereses nacionales y los intereses generales.

Están para representar a la élite del poder y también ahora el Poder Legislativo se está volviendo plutócrata al servicio de las élites. Pero eso es una voluntad y una decisión de cada quien, pero este órgano se rige por leyes, por reglamentos y no hay ninguna.

Así que pedimos que si no existe un reglamento para tal, no puede haber sesión, porque ese reglamento o ese acuerdo que leyeron no existe en ninguna parte que podamos decir está bien, está mal, o existe.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.

Tiene la palabra el Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: A ver si esperamos a que se pongan de acuerdo. Esta situación tan especial, Señor Secretario, yo quisiera solicitarle para ilustrar, no solamente mi intervención, sino a la Comisión Permanente, que den lectura a los artículos de la Ley Orgánica del Congreso, en donde se refiere a las sesiones de la Comisión Permanente, en donde se fundamente que la Comisión Permanente puede instalarse sin la presencia del Presidente ni los Vicepresidentes que fueron nombrados al momento de su instalación.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: El acuerdo señala el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General; y el artículo 121 de la misma Ley Orgánica.

Doy lectura a estos artículos. Artículo 118.- El mismo día en que las Cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los Diputados y Senadores que hubieran sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente, se reunirán a efecto de elegir a su mesa directiva en el recinto que corresponda, conforme al artículo anterior.

2- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente deberá elegirse conforme al siguiente procedimiento.

a) Los Diputados y Senadores que se reunirán bajo la presidencia provisional de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos o de estos y de nombres si hubiere dos o más apellidos iguales.

b) Para su auxilio, el presidente provisional designará dos secretarios.

c) Los Diputados y Senadores elegirán por mayoría en votación, por cédula Presidente, un Vicepresidente y cuatro secretarios de éstos últimos dos deberán ser Diputados y dos Senadores.

El artículo 121.- Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del Presidente.

El artículo 123.- La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes.

Es todo lo que está, señor Senador.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Yo creo que queda absolutamente claro que no hay la posibilidad de instalar la Sesión de la Comisión Permanente sin la presencia del Presidente o cualquiera de los Vicepresidentes que tienen la facultad expresa para convocar, que es el caso, así lo convocó el Presidente en la sesión anterior a las sesiones, y para presidir las mismas.

Todos los artículos a los que se les ha dado lectura da cuenta, uno, del procedimiento para la elección de la Mesa Directiva. Dos, de cómo se hace la instalación, nombrando un presidente por orden alfabético, quien se auxilia de secretarios designados en ese momento con el único objetivo de hacer la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Y lamentablemente no hay ningún precepto que señale que ante la ausencia de quienes deben presidir. Ahorita le voy a pedir que dé lectura a cuales son las facultades del Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión Permanente, y cuáles son las facultades de los secretarios de la Permanente para esclarecer este hecho.

Es lamentable que por primera vez, por lo menos desde que tengo memoria, por lo menos desde la Reforma política de finales de los años 70’s, que no asisten a una reunión de la Comisión Permanente ni el Presidente ni los Vicepresidentes que fueron nombrados.

Es un hecho lamentable que muestra desprecio por la Comisión que representa el Poder Legislativo en los momentos de receso.

Este es un órgano del Poder Legislativo, un órgano del estado mexicano. Es quien representa el Congreso de la Unión cuando se encuentran en recesos tanto la Cámara de Diputados como la de los Senadores. Y no son delegables las facultades y competencias de los Presidentes y Vicepresidentes nombrados.

Yo por eso, señor Presidente, creo que, señor Secretario, estamos en una situación sumamente irregular y por eso ahora le pido diera lectura a lo que son las facultades del presidente de la Comisión Permanente, de los Vicepresidentes, y específicamente va a ser lo más importante, las facultades de los secretarios, quienes son solamente. Ahorita lo van a escuchar, auxiliares de la presidencia y la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Artículo 78 de la Constitución Política respecto a la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes.

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos que hable el artículo 76 fracción IV.

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República.

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de Ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de las Cámara a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen de inmediato en el periodo de sesiones.

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesión extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en colegio electoral y se designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria hará por mayoría.

V. Se deroga.

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República;

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, en los términos que la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Pero eso, son las facultades de la Comisión Permanente, no del Presidente, los Vicepresidentes y los secretarios.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Como tales no las hay.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Entonces en ese sentido, creo que estamos en una situación de excepción por primera vez en la Comisión Permanente, no procede su instalación ante la ausencia de quienes deben presidir esta sesión. Ellos tendrán que asumir su responsabilidad, no la prejuzgo. Y creo que sería absolutamente indebido e ilegal, hacer proceder a instalar por un acuerdo de mayoría simple, por la simple y sencilla razón que nosotros no compartimos que se continúen violando las leyes, las normas que nosotros mismos nos hemos dado para funcionar dentro del Congreso y cada una de las Cámaras y, en este caso, de la Comisión Permanente.

Hemos sido muy escrupulosos en demandar el cumplimiento de los procedimientos legislativos. Se violaron recurrentemente en la discusión de la Reforma legislativa y sería gravísimo que en el órgano que representa al Congreso de la Unión durante el receso pueda instalarse de esta manera tan irregular por la irresponsabilidad en que ha incurrido tanto el Presidente como los Vicepresidentes.

Nosotros no compartimos y no participaremos de una decisión de esa naturaleza y fijaremos, ya veremos cuál es el desenlace, pero por lo pronto pedimos que no se instale esta sesión.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene la Palabra la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes. Con su permiso, señor secretario. A ver, es verdad que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para su funcionamiento nunca previó que pudiéramos estar ante una situación en donde en una reunión de la Comisión Permanente no estuviera ni su presidencia ni la vicepresidencia. Es verdad, no hay ninguna norma, pero a mí me parece que hay que tomar como antecedente dos cuestiones, que si me permiten expresarlos con puntualidad sí son legales: nombramos una Comisión Permanente, por nuestras plenarias, con funciones expresas, que si bien se establecen de manera general para el caso de la Permanente, y que ponen en funcionamiento de manera puntual, se definen con puntualidad cuáles son las facultades y atribuciones de quien preside una Mesa Directiva, también quién asume la responsabilidad de la Vicepresidencia.

Esa es una votación que tomamos en un acto legal, expreso, atribuible a una plenaria para el caso de que entremos a receso, y la Comisión Permanente está debidamente integrada legalmente.

Dos, cuando nos encontramos, y ese es un principio general del derecho, cuando una norma no es expresa, se busca cuál es la norma que puede aplicarse en una situación semejante. Y en ese sentido, permítanme decirles, señoras y señores, que la Ley Orgánica establece con puntualidad cuáles son los funcionamientos de quién preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y quién preside la Cámara de Senadores, por cierto, son iguales.

Y por supuesto también establece cuáles son las funciones, atribuciones y facultades que tiene quienes asumen las vicepresidencias. Y yo quiero destacar también cuáles son las funciones que tienen quienes asumen las Secretarías, y perdónenme, las Secretarías no pueden, no hay ninguna norma que establezca que pueden asumir funciones de vicepresidencia, y mucho menos funciones de la presidencia, son encargos totalmente distintos.

Y hay que decirlo con puntualidad, hoy estamos frente a una Comisión Permanente acéfala, porque no está ni quien debe presidirla, o en su caso frente a sus ausencias debe sustituirle que es la vicepresidencia. No hay ningún antecedente que haya meritado, si me permiten decirlo con puntualidad, que haya una reforma expresa en la Ley Orgánica para el funcionamiento o en su caso, de quienes se ausentan, como es en la sesión de hoy, con la ausencia del Vicepresidente y gravísimamente también por la ausencia del Presidente.

Por lo tanto, hoy estamos frente a una situación que tenemos que levantar, no hay manera de que la Comisión Permanente sesione porque está acéfala. Y los secretarios, con todo respeto para ellos, no pueden asumir funciones que le corresponde, que son una atribución, una facultad a la presidencia y a la vicepresidencia, no es el caso.

En todo caso lo que tendríamos que hacer, ahora que entremos al periodo ordinario de sesiones, es meter una reforma para que discutamos si vamos a cambiar el fundamento esencial, el funcionamiento del Congreso de la Unión y que impacte a todos los congresos locales, para darles funciones a quienes asumen responsabilidades como secretarios, para que puedan corresponder a lo que tiene como encomienda legal quien preside y quien, en su caso, asume la sustitución, y que son las vicepresidencias.

Estamos ante un problema legal y por lo tanto. no hay condiciones de legalidad para que esta Comisión Permanente se instale, sesiones y trabaje como tiene que ser.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Tiene la palabra el Senador Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: Compañeros Diputadas y Diputados; compañeros Senadores y Senadoras:

Ciertamente si el objetivo del PRD es hacer y dejar patente una situación que también reconozco, es inédita, quizá igual que lo decía el Senador Encinas, en mi memoria tampoco existe el que haya sucedido esto, y quizá no lo exista realmente en la historia del Congreso el que se haya dado la situación que no está presente ni el Presidente, ni ninguno de los Vicepresidentes.

Sin embargo, esa no es razón para no cumplimentar las propias obligaciones que la ley nos dio a todos los que sí estamos presentes. La Ley Orgánica, en su artículo 124, establece la obligatoriedad de la Comisión Permanente de sesionar al menos una vez a la semana.

Incluso el 124 establece que cuando exista un periodo extraordinario, como los hemos vivido recurrentemente en este receso, aún cuando exista periodo extraordinario debe sesionar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es una obligación de los miembros de la Comisión Permanente sesionar una vez a la semana.

Segundo, las atribuciones que fueron leídas aquí a petición del Senador Encinas por la Secretaría, de los secretarios de la Mesa Directiva, me parece que son muy claras, pero faltó leer el primer artículo, el primer inciso, el inciso a), y voy al final de mi intervención a solicitar a la Secretaría que dé lectura ¿Qué dice el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso? ¿Qué rige al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, y aplica supletoriamente para la Comisión Permanente?

Al referirse de los secretarios dice: “Su primera función es asistir al Presidente en las funciones que éste desarrolla”.

A ver, estoy hablando, yo respeté cuando usted estaba hablando, le pediría, por favor, que tuviera el mismo respeto.

Creo que también tenemos que hacer caso al artículo 123, y el artículo 123 al final del día, como igualmente sucede, este se refiere explícitamente para la Comisión Permanente, pero es un artículo que también aplica al Pleno de la Cámara de Diputados en otro artículo diferente, el mismo precepto aplica tanto para la Cámara de Diputados, como para la Cámara de Senadores.

Las decisiones finales las tiene el conjunto, la Asamblea, el Pleno de la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Senadores, o en el caso del 123, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Lo que se ha propuesto aquí es que cumplamos con la obligación legal de sesionar al menos una vez a la semana. Que no hay, efectivamente, como lo ha señalado aquí, lo han señalado los dos oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, norma expresa que indique que los secretarios pueden presidir. Pero hay que decir la verdad completa, tampoco existe en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento, no existe norma expresa que impida lo contrario, que impida que el Pleno tome un acuerdo para que la sesión sea conducida por los secretarios.

De tal manera que si el 123 de la Ley Orgánica le da la autoridad al Pleno de la Permanente, si el 25 de la Ley Orgánica establece que las funciones de los secretarios son, la primera, asistir al Presidente, y el Presidente tiene como función, que convocó a esta sesión de forma totalmente como ya ha sido reconocida en esta tribuna, me parece que lo procedente sería que el Pleno de esta Comisión Permanente cumpla con su obligación legal de sesionar, y que para ello pongamos a decisión de este Pleno, conforme al artículo 25, el acuerdo que hemos suscrito diversos grupos parlamentarios para que sean los secretarios quienes conduzcan esta sesión.

De tal manera que yo propongo que se someta a votación este acuerdo para que el Pleno determine si sesionamos no habiendo norma expresa en contrario, y sí habiendo norma expresa claramente de que es función de los secretarios asistir al Presidente, y también norma expresa que es nuestra obligación sesionar semanalmente.

Es cuanto.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Artículo 25, Senador Larios.- Los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes:

a) Asistir al Presidente de la Cámara en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones del Pleno.

Le voy a dar la palabra al Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: Gracias. Compañeras y compañeros.

Creo que en el fondo debemos ponernos de acuerdo, tenemos una situación inédita. Yo coincido plenamente con lo que dijo la Senadora Dolores Padierna que hay que legislar, hay que hacer cambios, empezando el período ordinario, ojalá juntos construyamos un proyecto de iniciativa que deje claro algunas cosas, pues que hoy están a la interpretación de lo que pueda decirse.

Y coincido con mi compañero Larios que él refiere a que hay un problema de interpretación, hay algo que no está expresamente señalado en nuestra ley, pero que supletoriamente, y ustedes no me dejarán mentir, podemos utilizar el principio de la supletoriedad ante la carencia de lo expreso en la norma, éste supletoriamente, solamente podríamos llevar a cabo los trabajos de esta sesión como se ha propuesto, sométase a la consideración de este pleno; tratemos de sacar adelante en cumplimiento de nuestras obligaciones los trabajos y tratar de. en armonía ponernos de acuerdo para presentar a posteriori la iniciativa que pueda dejar libre de cualquier interpretación algo que debe estar expresamente señalado que los procedimientos queden perfectamente claros, que no quede a la interpretación, sino de lo que expresamente diga la ley.

Yo quisiera pedirle a mis compañeros perredistas, a mis compañeros de partido y a mis compañeros panistas; pudiéramos lograr el acuerdo de lo que se ha propuesto aquí, que se integre la Mesa Directiva por los secretarios en atención simplemente al principio de supletoriedad y llevemos a cabo los trabajos de esta sesión, si así lo tienen a bien.

Es cuanto, señor Presidente.

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, Senador Fayad Meneses.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Sin duda que han sido muy reflexivas todas las intervenciones, y afortunadamente han sido en un tono melifluo, tranquilo, de veras sorprendente pero qué bueno que así sea, porque sin duda no podrá haber sesión, desafortunadamente.

Dice, funciones de los secretarios, asistir. Asistir es ayudar, no es sustituir; y se asiste al que está presente, no al que está ausente. Se asiste al Presidente que está con presencia física, no al Presidente ausente.

Después, el Pleno, el Pleno no podrá votar para que un secretario ejerza funciones de Presidente, sólo podrá para que ejerza las funciones que la ley le permite, no las que la ley no le permite. No hay justificación.

Pueden votar, y pueden votar, pues votaron una Reforma Energética, qué problema que voten hoy esto, no hay problema.

Yo les propongo que se lleve a cabo la sesión de la Comisión Permanente para cumplir, y se sesion una vez por semana, mañana, pasado, el sábado o el domingo, que se expida ficha roja a algún Presidente, Vicepresidente para que se le localice y se traiga, qué problema

Por qué debe sesionar este órgano del estado mexicano en condiciones de cuestionamiento; que la Comisión Permanente tiene facultades limitadas, pues sí, si las tiene, pero son los que la Constitución y la ley le da, no porque tiene funciones precarias es por lo que tendrá que funcionar con visos y con riesgos de legalidad, no hay, no las hay, ya se dio lectura, se reúne los integrantes de la Comisión Permanente, los elige el Congreso Mexicano a través de sus Cámaras; la Mesa Directiva la eligen los integrantes de la Comisión Permanente, y las funciones de los integrantes de la Mesa Directiva, de quien preside, de los Vicepresidentes y de los secretarios está en la ley, no las puede ampliar el pleno, no las puede ampliar.

Así es que más allá de lo que puedan ustedes decidir votar, yo creo que lo correcto sería diferir para que en esta misma semana la Comisión Permanente sesión, se localice al Presidente o al Vicepresidente, se le pida que puedan suspender sus vacaciones, que seguramente las están disfrutando, y muy merecidas, y puedan venir a sesionar, hacer sesionar esta comisión, no es demérito a los secretarios de la misma, nuestro respeto, pero no es un asunto de demérito, pero creo que todos debemos de estar pendientes del cumplimiento de la ley.

Es que, con el mismo tono con el que utilizó todos los que me antecedieron, quise también hacer muy cuidadoso para que no se vea que estamos peleándonos, porque esto ocurra, no, no, no, y aquí está muy claro esto y no cometan el error de violar la ley en un asunto que puede resolverse, no cometan el error.

Gracias.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Manuel Añorve.

El Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, de manera muy breve.

Yo coincido que es una situación inédita, pero que también tenemos que defender la legalidad; no solamente los artículos que ha hecho referencia el Senador Larios; tenemos el artículo 121 de la Ley Orgánica que nos hace reflexionar qué es lo que está a debate en este momento, el mandato de sesionar, establecido en este artículo 121 de la Ley Orgánica o un alegato procedimental.

Nosotros consideramos que debe de cumplirse con el prevalecimiento del mandato, y yo no tengo la menor duda que este mandato por supuesto no va a sustituir nunca lo que el pleno debe de decidir el acuerdo es para designar a quién va a presidir para cumplir con este mandato, creo que es respetable todos los comentario que aquí se han hecho, pero no tengo la menor duda que interpretando también, fielmente la supletoriedad, y esto nos obliga a ir y sustentar en la misma Ley Orgánica lo que aquí estoy señalando, y pedirle la Secretaría someta que este acuerdo se vote, y por supuesto cumplir con este mandato, debemos de sesionar, así nos lo mandata el 121 de la Ley Orgánica, y tenemos que cumplir perfectamente bien no con una interpretación, no con una interpretación procedimental; debemos de cumplir con la ley.

Es cuanto.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Los arrebatos de las mayorías de violentar la ley no son nuevos en el Congreso Mexicano, son actos de abuso, y en este caso muy sencillo, lo han hecho todo el tiempo; qué valientes, ¿verdad?, qué valor de violar la ley con una mayoría, ¡que se vote!, ¡pido que se vote!, que nuevamente se viole la ley votando; eso es lo que están votando en un asunto menor.

De verdad, le pregunto al Senador Añorve, ¿en qué sesión?, ¿en qué sesión se va a votar?, ¿en qué sesión? No ha arrancado la sesión. ¿En qué sesión, Manuel?

Hay formalidad y el procedimiento parlamentario, Arturo Garita, tú lo sabes; Gustavo Sotelo, ¿en qué sesión se va a votar?

Primero se tiene que instalar, y después se votará, pero qué se va a instalar sin un Presidente, así de rápido.

No cometan el error de violar la ley en un asunto tan pequeño.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alfonso Durazo Montaño.

El Diputado Alfonso Durazo Montaño: Compañeras y compañeros.

Creo que se han dado ya suficientes elementos, para concluir este tema. Tal vez no deberíamos de sorprendernos de que nos enfrentemos en esta ocasión a una violación más del reglamento o de la Ley Orgánica del Congreso.

Lamentablemente no estamos hoy frente a un acto administrativo, no se trata de un hecho meramente administrativo. Han sido leídas aquí las atribuciones de la Comisión Permanente, y no estamos hablando de menudencias, incluye incluso atribuciones relacionadas con el ejercicio de la responsabilidad presidencial, otorgar permiso al Presidente y no podemos ser omisos respecto a las formalidades que debemos cumplir para que se instale esta sesión.

Creo que el Senador Barbosa ha planteado de manera muy clara la solución. Nadie está en contra de que cumplamos con la responsabilidad de sesionar una vez a la semana, sin embargo no hay ninguna disposición que nos obligue a hacerlo el día de hoy. Convoquemos para otro día en que se puedan cumplir las formalidades mínimas, obligatorias para instalar esta sesión.

La comisión, el propio Reglamento y la Ley del Congreso han previsto el carácter supletorio de algunos legisladores respecto al Presidente, sin embargo, lamentablemente no solo está el Presidente, sino que tampoco se encuentran los Vicepresidentes, ellos son los responsables de atender con carácter supletorio la responsabilidad del Presidente, y dado que ninguno de los dos está presente por sus propias razones, la conclusión y la propuesta de nuestra parte sería que no se instalara, por supuesto, esta sesión, dado que no hay el lugar, dado que no se pueden cumplir las formalidades legales y convocar para una nueva fecha en la que podamos atenderlas debidamente.

Gracias.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Diputado Durazo Montaño.

Senador Héctor Larios Córdova. . . A ver, le hizo una pregunta, Diputado Añorve Baños. Sonido al escaño.

El Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Con todo afecto también, señor Senador. Solamente un comentario. La sesión fue señalada de acuerdo a la ley, obviamente al Reglamento de este Congreso, por el Presidente la semana pasada, y se señaló día y se señaló hora del inicio de la sesión; y por supuesto que no votar en este momento el acuerdo sería arbitrario, lo que se votará, y lo vuelvo a subrayar, es la designación, por lo tanto el Presidente si ya señaló día y hora estamos en esta sesión en la cual estamos también, valga la repetición haciendo uso de la palabra.

Yo pediría al Secretario, si me lo permite, a la Mesa, que se lea el artículo 121 de la Ley Orgánica donde yo sigo sosteniendo que el debate es obviamente cumplir con el mandato que la ley nos obliga.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Artículo 121. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y a las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte del Presidente.

El Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Esto confirma lo que vengo diciendo, señor Secretario.

Gracias.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Diputado Añorve Baños.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias.

A ver, ciertamente aquí se ha reconocido que es una situación inédita, habrá que reconocer con absoluta honestidad intelectual, primero, que no existe una predicción legal que establezca que los Secretarios pueden presidir la sesión, pero con esa misma honestidad intelectual hay que reconocer que tampoco la hay en contrario.

Sí hay preceptos legales con el propio artículo 121, y quiero hacer referencia a lo que dice el 121. La Comisión Permanente sesionará semanalmente, ahorita que concluya con este argumento; con todo gusto, además es un honor; la Comisión Permanente sesionará al menos una vez a la semana el día y la hora que formalmente indique el Presidente, con todas las formalidades del caso el Presidente indicó este día y esta hora para la sesión de la Comisión Permanente, ese es un precepto legal, permítame.

Aquí se dice, y se dijo así literalmente: hoy no tenemos, lo correcto, convoquemos para otro día de esta semana, convoquemos, no, solamente el Presidente, de acuerdo con el artículo 121 puede convocar.

Segundo. Sí es una obligación tener la sesión, no tenemos la seguridad si el Presidente puede o no convocar, no conozco la situación personal si esté en condiciones de hacerlo o no. Lo que sí sé y sabemos todos aquí, que estamos convocados para sesionar este día y a esta hora.

No hay precepto legal en contra de que puedan los Secretarios presidir la sesión. También se ha dicho que las sesiones se instalan, lo que se instala la sesión Permanente, la Ley Orgánica es absolutamente precisa sobre el tema, las sesiones simplemente se inician con el orden del día que previamente se estableció en la convocatoria, me parece que lo que tendríamos que hacer es, ya arrancada la sesión, puesto que nadie puede negar aquí que estamos en sesión, y tan estamos en ella que estamos debatiendo una propuesta de acuerdo, que incluso podría omitirse, pero me parece que el cuidado de las formalidades hizo que se presentara primeramente esta propuesta.

Yo creo que al final del día, y también aquí se necesita honestidad intelectual para reconocerlo, es un tema de interpretación. Respeto la interpretación que han dado legisladores del PRD, y del PT, a este tema, la respeto totalmente.

Pero también es respetable la opinión que podamos tener los demás, es un tema de interpretación, es muy fácil recurrir a decir, es que ya se ha violado otras veces las leyes, bueno, no, hay mecanismos incluso para controvertir una decisión, si alguien tiene alguna duda sobre lo que es una interpretación, a final de cuentas, la Corte señala que tendría que dictaminar y tengo mis dudas, porque lo que podría ponerse en objeción son los resultados legislativos de esta sesión de la Comisión Permanente, en ese caso particular.

Pero demos esa posibilidad de que sea el Pleno el que interprete, si existe una interpretación de que los secretarios que se basa, no hay norma expresa de que los secretarios puedan conducir la sesión, nosotros tenemos otra interpretación a la que tenemos legítimo derecho; tenemos la obligación de sesionar una vez a la semana, artículo 121.

En cualquier situación tenemos que sesionar a la semana, dice el artículo 123, cuando hay período extraordinario de todos modos tiene que sesionar la Comisión Permanente. El artículo 25 establece que es facultad de los Secretarios la de asistir al Presidente, tenemos un problema de interpretación, quien puede dirimir esa interpretación, me parece que lo único que puede hacerlo es el Pleno.

Podríamos decir, es que me atropellan, yo interpreto de otra manera, simplemente tenemos que tomar una determinación, y yo le pido al Secretario que está ahorita conduciendo la sesión que ponga a consideración el acuerdo que hemos suscrito algunos grupos parlamentarios para que cumplamos la ley, el artículo 121 y esta sesión se lleve acabo.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senador Larios Córdova.

Sonido al escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sin duda voy a hacer una pregunta. Antes diría yo ni la Mesa Directiva pudo reunirse por la mañana, sin Presidentes ni Vicepresidentes, echaron café, pero no hubo reunión de Mesa Directiva previa a esta reunión, porque ahorita no hay sesión, es reunión.

Una sesión empieza cuando se instala, no sé en dónde van a tomar la votación, ¿en una reunión de legisladores, amigos todos o en una sesión? Así de simple, eso lo sabes Héctor, hay absoluta irregularidad.

Y lo otro no me gusta el estilito que trae de Diputados, de que qué se vota, aquí en el Senado discutimos, no venimos a ver qué es lo que se vote, porque alguien desde fuera está ordenando que se vote. Eso es lo primero.

Y la pregunta es, Senador Larios, usted lo conoce, usted es un parlamentario de mucho tiempo, de la gente más experimentada que hay en nuestro Senado y me siento muy orgulloso de ser su compañero; y usted conoce el principio jurídico, para los particulares, lo no prohibido está permitido, y para la autoridad solo lo establecido en lo que puede llevar acabo.

Y mientras ha reconocido que no hay facultades expresas para poder llevar acabo esto, es que no se puede llevar acabo la sesión. Lo demás terminando los oradores que se vote, no comentan ese error de violar la ley con una mayoría mecánica!

Y ya vienen encarreraditos ¿Sí? hagan esto que es menor.

Así es que ¿Usted conoce…?

Casi ni es pregunta, porque si me dice que no conoce ese principio jurídico, pues no creo que no lo conozca.

El Senador Héctor Larios Córdova: Bien.

¿Puedo contestar?

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Adelante, Senador Larios Córdova.

El Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, me parece que la pregunta expresa del Senador Barbosa, a quien le agradezco su pregunta, es de resultado obvio.

Ciertamente conozco el principio, que la autoridad no puede hacer cosa que no le esté expresamente autorizado.

Sin embargo, lo que sí conozco es que no estamos en una reunión.

Todo los aquí presentes, incluyendo al Senador Barbosa, estamos aquí porque fuimos, de manera formal, convocados a una sesión de la Comisión Permanente.

Lo que hay es, primeramente, una declaración de quórum que hace, por cierto, la Secretaría, estamos convocados para eso, tenemos la obligación de hacerlo.

No sabemos con precisión, si el Presidente pudiera convocar, si está en condiciones materiales de podernos convocar en esta semana para otro día. Estamos en la disyuntiva de violar la ley, es un tema de interpretación, no es un tema de decir: “Es que la mayoría es mecánica”, es un tema de interpretación de la ley.

Tan puede tener razón usted, como podemos tener razón nosotros, absolutamente. O sea, el tema es ponerse en el papel de autoridad: “Que yo soy el que determino lo que es bueno y lo que es malo; lo que está dentro de la ley, lo que está fuera de la ley”, es un tema inédito que no ha tenido antecedentes.

Con eso concluyo la respuesta del Senador, a quien agradezco.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

Tengo todavía anotados a los legisladores De la Peña, Encinas, Belaunzarán, Fayad y Ricardo

Después de esta lista de oradores, quisiera consultarlos y someter a votación este Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora de la Peña Gómez.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias. Desde acá, si me lo permiten.

Sí, es correcto que se haya leído completo, en 2 ocasiones, el artículo 121 de la Ley Orgánica y, ciertamente, como dice el Senador Larios, que es un parlamentario avezado, no hay un antecedente, como tampoco hay, y eso me corregirá, seguramente el Doctor Garita, también con una gran experiencia que tiene, por ser Secretario del Senado, yo no recuerdo una sesión, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado donde quien asume responsabilidades como Secretarias o Secretarios, conduzcan una sesión; siempre la conduce el Presidente o Vicepresidentes.

Pero no hay --hasta donde yo creo-- un antecedente en donde, o en las plenarias de las cámaras, o en la Comisión Permanente presida, asuma funciones de Presidencia, de conducción, de los trabajos parlamentarios, quien fue electo como secretario o secretaria.

Entonces, me parece que la ruta es frente a los vacíos que tiene nuestra legislación, pero entendiendo perfectamente bien cuáles son las atribuciones que tienen quienes son secretarios y secretarias, que están inscritas en el artículo 25 y en el artículo 70 para dotar de legalidad respecto de cuáles son las funciones que asumen quienes son secretarias en ambas cámaras, pues, yo creo que es muy distinto suplir a --como dice la ley-- ayudar a quienes presiden en el caso de quienes están conduciendo las plenarias, ya sea como Presidentes o como Vicepresidentes.

Me parece --señoras y señores-- que lo que tendríamos que hacer, y eso sí hay antecedentes, y eso sí lo podemos hacer es, yo no sé qué habrá que hacerse para que el Presidente mande un oficio y convoque a sesión, esta sesión de ahora para la próxima semana; lo que sí podemos hacer es, y sobre todo a partir de la segunda parte del artículo 121, realizar las dos sesiones: la de esta semana y la que corresponde a la siguiente semana en la misma sesión, una tras otra, y eso sí es legal, eso sí lo podemos hacer, y no dejamos un antecedente que, si me permiten decirlo, y con mucha franqueza lo voy a expresar: no es un asunto de que sigamos imponiendo mayorías para resolver este tipo de situaciones, de este caso concreto.

Yo creo que las mayorías, todos los grupos, incluso por unanimidad deberíamos acordar, de manera tranquila, de manera responsable que no es correcto dejar ahora un antecedente como el que está a punto de perpetrar quienes están insistiendo que se vote un acuerdo para dotarle de facultades y atribuciones de conducción, de presidencia de esta Comisión Permanente, a quienes, eso sí, textualmente la ley determina que no es su función; no es correcto, no es, incluso, no utilizo la palabra: si “Mal o Bien”, estoy hablando, se trata de un precepto legal.

No es correcto que nosotros violentemos la norma legal, dándole atribuciones a quienes tienen funciones de secretarios o secretarias, y que están debidamente, es así claramente expresas en el artículo 25 y en el artículo 70, y que, por supuesto, sigue siendo la misma dinámica, tratándose, incluso, de la Comisión Permanente.

Lo que insto a los señores, a los señores que toman las decisiones de esta Comisión Permanente, con todo respeto, sobre todo al PRI y al PAN, es que convoquemos esta sesión debidamente la próxima semana, y en la próxima semana realicemos ésta y la que corresponde a la próxima semana. ¡Eso sí lo podemos hacer! Y de eso sí hay antecedentes, y está claramente expresada en la segunda parte del artículo 21.

Es cuanto.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Gracias, señor Secretario.

Bueno, lo que está plenamente claro es que no saben qué hacer, y que están metidos en un verdadero lío, porque lo único que pueden hacer es violar la ley.

¡No, para nosotros, nosotros no estamos metidos en ningún lío, lo tenemos plenamente claro!

No puede instalarse una sesión de la Comisión Permanente ante la ausencia de la presidencia y la vicepresidencia de la Mesa Directiva. Eso hay que ser total y absolutamente claros.

Y esto no es un asunto de forma, es un asunto de fondo, y creo que debemos de asumirlo; no es un asunto de trámite.

Aquí dice, en primer lugar, que tenemos interpretaciones distintas de la ley. Y yo quiero decirles, en primer lugar, que ninguno de nosotros tenemos facultades para interpretar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, es una competencia exclusiva de la Mesa Directiva.

Y la Mesa Directiva en la Permanente no está instalada, y ante la ausencia de la Mesa Directiva, le correspondería, eso todavía complica más el asunto, a las comisiones de régimen y prácticas parlamentarias.

Les pongo el precedente más cercano: la discusión que tuvimos sobre el procedimiento en las Comisiones Unidas de la Reforma Energética, donde hubo un punto de vista de la Comisión de Régimen y que fue rectificada por la Mesa Directiva, que es la única que pude interpretar nuestra ley y nuestro reglamento, y aprobó un procedimiento para él mismo.

Segundo aspecto, No puede tampoco aplicarse supletoriamente disposiciones en donde se delegan responsabilidades, esto, prácticamente es darle un caballazo, es un golpe de estado legislativo al Presidente, haciendo que un secretaria asuma facultades, que ni la ley le permite, ni se la establece por sí mismas.

Y en tercer lugar, y eso creo que es, también plenamente claro y definitivo.

Nosotros no podemos hacer nada, que no esté plenamente expreso en la ley. En ningún sentido. No podemos interpretar la ley, no podemos tomar acuerdos que modifiquen las facultades y atribuciones que competen a los integrantes de la Mesa Directiva pero tampoco podemos hacer ejercer una facultad que expresamente no nos otorgue la ley. Nosotros no podemos ir más allá de las facultades expresas que tenemos.

Yo creo que, tanto el Senador Larios, como el Diputado Añorve, deberían de editar con mayor detenimiento esta situación. Incluso las compañeras Senadoras del PAN, del PRI, los Senadores del PAN y el PRI, porque no podemos seguir trabajando con esta… de trabajo.

En primer lugar, aquí han dicho que se ha instalado esta sesión. Aquí no hubo un Presidente, en primer lugar, que solicitara que se pasara lista. En segundo lugar que hiciera la declaratoria de quórum e instalara la sesión. Bueno, ni la campanita han tocado, no…

Porque tampoco la puede tocar el secretario, no… quieren una solución, pues nombremos una Mesa Directiva; que tampoco está previsto en la ley.

Yo lo que recomiendo y planteo, es que emitamos una alerta Amber, que busque al Presidente y a los Vicepresidentes, para que convoquen esta misma semana y dar cumplimiento, efectivamente, a la disposición que nos obliga a reunirnos cada semana, durante el receso, aunque existan período extraordinarios.

Y no se cometa la arbitrariedad, nuevamente, en aras de cubrir a, pues, hay que decirlo, a los Presidentes y Vicepresidentes del PRI y del PAN, que han incumplido, que han sido omisos en asistir a esta reunión y cumplir con su responsabilidad legislativa.

Por eso nosotros no podemos convalidar, de ninguna forma, que se pretenda instalar de manera ilegal, a partir de una interpretación, para la cual no tenemos facultades, una sesión que puede llevarse a cabo esta misma semana.

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Senador Encinas, tenía una pregunta del Senador Larios.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) En que parte de la ley, establece, el requisito, que sí lo establece la Ley Orgánica, para instalar… para abrir e instalar una sesión, el que primeramente, la Secretaría, que tiene fe pública, dé cuenta de la asistencia y dé cuenta si existe el quórum.

Cosa que usted reconocerá, que se hizo antes de iniciar esta sesión. Lo cual hace instalada la sesión.

Permítame, en qué parte formal de la ley dice, que tiene que ser el Presidente, que le pida al secretario que ejerza la función del secretario.

En qué parte de la ley dice, si existe en el Reglamento, alguna referencia, al tocar la campanita.

Y la pregunta tiene un sentido. Nuestra obligación, realmente, a la que fuimos convocados, es a sesionar. Y hay una forma de sesionar y de cumplir. Hace ratito se hizo una propuesta, que nos convoquen para la próxima semana. Eso supondría una violación a la ley…

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: No estoy de acuerdo en eso…

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Bueno, la ley dice, expresamente, tanto en el 121, como en el 123, que tenemos que sesionar semanalmente.

De tal manera, que si no hay, a propósito del argumento, disposición expresa de que el Presidente tiene que tener la formalidad de solicitar al secretario, que cumpla la función del secretario, dando cuenta si hay quórum o no en la sesión, si no hay esa disposición expresa, tampoco puede, necesariamente, haber la disposición expresa, que no hay nada en contrario, para que los secretarios asistan al Presidente en la conducción de esta sesión, máxime si es ratificada esa decisión por el pleno.

¿Existe la disposición?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Voy empezar con lo que estamos de acuerdo.

Por supuesto que tenemos que sesionar esta misma semana. Nos quedan todavía cuatro días de esta semana, para los cuales pueden ser convocados la Comisión Permanente, por el Presidente de la misma. Podemos sesionar mañana, el viernes, el sábado o el domingo.

Pero en todo lo demás, no tiene usted razón.

Desde el pase de lista, a mí me pasó lista estando ausente. Por ejemplo, estábamos en una conferencia de prensa, y aquí pasaron lista en mi ausencia. En primer lugar.

En segundo lugar, desde que se estableció el tablero electrónico en los plenos, efectivamente el pase de lista se hace manera electrónica. Y el Presidente solicita al secretario, la declaratoria de quórum. Aquí no tenemos tablero electrónico, aquí tiene que haber un pase de lista, que yo no sé por qué alguien pasó lista por mí. En primer lugar, porque no había quórum. No estábamos presente ninguno de los legisladores del PRD, en ese momento.

Pero una vez que se pasa lista, quien hace la declaratoria del quórum e instala la sesión, es el Presidente. En ningún caso el Secretario.

De modo tal, desde que entró ese procedimiento, no solamente no se ha cumplido, sino que también se ha vulnerado, al pasar lista a personas que estábamos ausentes.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Perdón, Senador Encinas, tengo preguntas del Senador Romo Medina y de la Diputada Beatriz Zavala.

Sonido en el escaño del Senador Romo..

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Una pregunta si me permite, el Senador Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con gusto.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Escucho que se propone, se pueda diferir a otro día de la semana esta sesión…

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Sí.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) ¿Cómo la vamos a acordar, si usted mismo dice que no se está constituyendo?

Fuimos citados la semana pasada, por el Presidente, por la Mesa Directiva, para sesionar el día de hoy a esta hora. Y si no se constituye, ¿con qué facultades vamos a citar para un día distinto que no se convoca, también, con legalidad?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: No. Es muy sencilla la respuesta. Nosotros no vamos a convocar a ninguna reunión, tiene que convocar el Presidente de la Comisión Permanente.

Bueno, aquí de perdida, por ahí vi al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, no sé si ya se fue, quien podría notificarle al Presidente de la Permanente, esta situación irregular para que convoque; pero el que tiene que convocar es el Presidente, porque ni siquiera podemos autoconvocarnos a la misma.

No, no hay reunión ni se instala reunión… y nos convocaron legalmente el Presidente, el Presidente de la Mesa Directiva, en términos del reglamento estricto nos convocó a esta sesión, a la cual no vino. Ni vino él, ni vino los Vicepresidentes…

No, discúlpenme, pero quien tiene la facultad, es quien preside o nombremos ahorita un nuevo Presidente y un nuevo Vicepresidente; que tampoco tenemos, por cierto, facultades para hacerlo, sería el mismo golpe de Estado, que le quieren dar con los secretarios, al Presidente y al Vicepresidente.

Simplemente no se instaló la sesión, y esa es la responsabilidad de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente resolver.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Sonido en el escaño del Senador Romo Medina.

El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Hubo convocatoria, en tiempo y forma, para día expreso. Se abre la sesión, dando fe la Secretaría de que hay quórum, y estamos discutiendo, precisamente, dentro del marco de esta Asamblea convocada y que se ha aperturado.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Verdades, a medias, otra vez.

Sí se convoca, sí fui citado, por eso estamos aquí. Claro, pero el quórum no lo puede declarar un secretario. Tiene que declarar un Presidente e instalar la sesión.

¿Quién instala sesión, el secretario?

A ver, señor Secretario, dé lectura al artículo donde dice que el Secretario instala la sesión…

Que nos dé lectura, a ver dónde el secretario puede instalar la sesión…

Dice el quórum e instala la sesión el Presidente…

Claro… no hay

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Tenía una pregunta la Diputada Beatriz Zavala…

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Dice, que tengo que señalar, el Senador Fayad, el artículo.

No lo puedo señalar, por una razón muy sencilla. Porque no existe y no podemos hacer cosas que no están permitidas.

A ver, otra pregunta acá, de la Senadora…

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Sí, la Diputada Beatriz Zavala.

Después el Senador Larios.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Sí, Senador.

Creo que hay coincidencias aquí, en el sentido de que fuimos convocados para el día de hoy. Eso lo aceptamos todos.

Hay coincidencias también, en que se ha pasado lista y que tenemos el quórum suficiente para sesionar.

Hay coincidencias en que nosotros no podemos convocar a otra sesión.

Por qué no cumplimos con nuestra responsabilidad, dado que tenemos el quórum, y sesionamos a la convocatoria en esta sesión a la cual fuimos convocados.

Y creo que podríamos decir aquí presentes esta mayoría de legisladores, continuar con la sesión que ya hemos avalado en términos del quórum, y darle funciones al secretario para suplir la conducción de la sesión.

Creo que no hay ningún artículo en la ley que nos lo impida. Y sí estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad y cumpliríamos con la responsabilidad de sesionar, ya que tenemos las condiciones y el quórum suficiente para hacerlo, porque, pregunto, como no hay ningún artículo en la ley que obligue a que tienen que estar presentes los Presidentes o los Vicepresidentes, sí podemos decidir, esta asamblea de la Comisión Permanente, es la que tendría la facultad de decidir sesionar y darle esas funciones a un secretario.

¿No lo ve así, señor Senador?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Por supuesto que todos queremos trabajar. Por eso no nos fuimos de vacaciones como el Presidente y los Vicepresidentes, tan sencillo como eso.

Y tan queremos trabajar que tenemos agendados 178 puntos de acuerdo. Vean ustedes lo que está planteando para el orden del día de esos 178 puntos de acuerdo, la mayoría los hemos presentado nosotros, porque nosotros sí queremos trabajar.

Pero si bien fuimos convocados a esta reunión por el Presidente, Vicepresidentes, pues resulta que los convocantes no están presentes.

Miren, yo creo que hay que respetar bien nuestras reglas.

Si nosotros mismos no somos capaces de respetar las reglas que nos hemos dado para trabajar de manera conjunta, pues la arbitrariedad se va a seguir imponiendo. Y el uso arbitrario de una mayoría no legitima ni da legalidad a los actos, podrán hacer esta imposición, la cual nosotros no convalidaremos.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: La pregunta del Senador Larios y también tiene una pregunta el Senador Fayad.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Bueno, primero agradecer al Senador Encinas la disposición de responder.

Usted ha afirmado que si hubiera un Vicepresidente, sí pudiéramos sesionar.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Sí, porque él sí tiene facultades para suplir la ausencia del Presidente.

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) ¿En qué parte de la ley?

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: En todas las disposiciones que están establecidas, con una sola violación, por cierto, a la ley ¿eh? Porque en la Comisión Permanente solamente debe haber un Presidente y un Vicepresidente. Y por un acuerdo político, se llegó a la decisión de tener dos Vicepresidentes. Incluso el segundo Vicepresidente no tendría facultades para sustituir al Presidente, ya que la Ley Orgánica solamente señala la existencia de un solo Vicepresidente. Para qué seguimos tropezando con la misma piedra.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Senador Fayad Meneses.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Primero quería precisarle, compañero Encinas. El Presidente de la Mesa Directiva dentro de sus facultades y funciones, está el de representarnos. Hoy está en gira con el Presidente de la República. Ante esa situación usted ha señalado que si hubiera presente un Vicepresidente, podríamos seguir con la sesión. Eso es lo que usted ha señalado aquí.

De no haber Vicepresidente, para usted no podría haber sesión.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Ya lo trajeron. Si ya llegó, adelante, sesionamos.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Sin embargo, cuál de los dos Vicepresidentes, primera pregunta, tendría para usted facultades.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: El primer Vicepresidente.

El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Y segunda, Senador Encinas, esto sí estrictamente apegado a la ley, el 123 es muy claro y señala con mucha precisión, y lo refiero para todos los miembros de la Permanente que estamos aquí, que tenemos facultades para adoptar nuestras resoluciones por mayoría, para resolver cualquier problema, incluso de interpretación que tengamos aquí.

Tan es así que ya estamos en un debate en el que han reconocido todos ustedes al Secretario de la Mesa Directiva como conductor de este debate.

Si estamos aquí presentes, si hay mayoría y podemos conforme al 123 adoptar nuestras propias resoluciones, yo le pregunto, Senador Encinas ¿podemos o no, en base a lo que dice este artículo que he señalado, tomar la resolución de quién conduzca en esta sesión que está convocada conforme a la ley, y que tiene el quórum legal para que todas sus resoluciones sean legales?

Y que me diga el artículo dónde dice que el Vicepresidente segundo sí y el secretario no.

Muchas gracias por sus respuestas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Agradezco sus preguntas, nos va a permitir todavía dar mayor claridad, que reconocemos no solamente al secretario, sino a los tres secretarios presentes, por supuesto que sí, desde el día en que lo elegimos. Hay incluso un compañero del Partido de la Revolución Democrática cumpliendo y atendiendo al igual que los otros dos secretarios sus funciones. Eso no está a debate.

Lo que está a debate es justamente la otra parte, el primer Vicepresidente relevar la ausencia del Presidente sí y solamente el primer Vicepresidente, porque el segundo no existe en la ley, es un acuerdo político.

Y tercero, puede por mayoría delegarse las facultades del Presidente o Vicepresidente al secretario, no, porque la función expresa del secretario es asistir a la presidencia en el desarrollo de las sesiones y no se puede asistir a los ausentes. Es así de sencillo y espero que no vayan a cometer otro error violando flagrantemente nuestras reglas internas.

¿Alguna otra?

Muchas gracias.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Dentro de toda esta discusión que hemos tenido, quisiera pedirles compañeros legisladores que le demos la bienvenida a un grupo de 50 jóvenes que están en el curso de verano para políticos, jóvenes líderes 2014, organizado por el Senador Jorge Luis Preciado y la Diputada Adriana González Carrillo.

Sonido en el escaño del Senador Preciado Rodríguez..

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Mire, señor Secretario, hay un principio general de derecho que establece de quien puede lo más, puede lo menos. Este mismo Pleno eligió a la Mesa Directiva, por lo tanto, se elige a la Mesa Directiva para facultades específicas ante la ausencia del Presidente y los Vicepresidentes, lo que se hace es que el mismo órgano colegiado que puede lo más, puede lo menos absolutamente jurídico, en primer lugar.

Y en segundo lugar, se va a elegir a la posibilidad que los secretarios o un secretario conduzcan los trabajos sólo por una sesión. Es muy específica la función y, por lo tanto, cuando un pleno como este puede elegir a toda una Mesa Directiva, por supuesto puede tomar la determinación por mayoría que un secretario conduzca la sesión sin ningún problema, es absolutamente legal en práctica parlamentaria. Así se ha hecho y lo hemos hecho inclusive en temas mucho más delicados.

Los principios generales de derecho que puede lo más, puede lo menos. Si un órgano colegiado está facultado para elegir una Mesa Directiva, por supuesto puede elegir a un solo secretario para que conduzca los trabajos en una sesión específica. Eso no sería absolutamente ilegal y además se convalida con una votación de pleno que permita que la asamblea se manifieste y pueda elegir un secretario.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Iba el Senador Barbosa Huerta, Senadora Dolores Padierna.

Senador Barbosa. Sólo al Senador Barbosa lo vamos a escuchar, entiendo que quería….. Está usted anotado, Diputado. Sigue usted, Diputado.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) A ver, sin duda que se están buscando soluciones. Yo he sugerido que se pueda leer toda la vida del Congreso a ver si encontramos un artículo que nos lo permita. Pero, miren, esta reunión de legisladores, porque es una reunión de legisladores, no es una sesión.

El Congreso mexicano, las cámaras eligen a los integrantes de la Comisión Permanente, Senadores y Diputados, Senadoras y Diputadas. Ya que se reúnen con la presidencia, del Presidente de la Cámara donde va a llevarse a cabo el periodo de receso o el receso, se instala la Permanente y elige a una Mesa Directiva.

¿Por qué no me pone atención, Jorge Luis Preciado? Elige a una Mesa Directiva. A ver Burgos, mi tocayo Romo, eligen a una Mesa Directiva, y las facultades de la Comisión Permanente solamente se toman en sesiones una vez que las sesiones son instaladas o son declaradas abiertas.

Es el problema, que no hay manera de instalar una sesión de esta Comisión Permanente sin presidencia y vicepresidencia. Que hubiera Presidente o Vicepresidente ahí se podría tomar la decisión, inclusive de nombrar una nueva Mesa Directiva, o inclusive de designar a quién de los secretarios podría presidir para ejercer las funciones del Presidente. Ese es el problema, que se tienda perfectamente, Omar, que se entienda, no hay forma de instalar esta sesión, y por tanto no hay forma de que se tomen acuerdos válidos, es el obstáculo, nadie lo celebra, pero así ese.

Quien puede lo más, puede lo menos; cuando quien puede está en el momento de poder hacerlo. Y esta Comisión, su mayoría puede poderlo más si estuviera sesionando, Jorge Luis. No hay forma de que sesione porque no hay Presidente o Vicepresidente que permita su instalación, está claro eso, no le busquen.

Por qué no mejor si ya no dijeron que está en un lugar localizable el Presidente del Senado, nos dijeron hasta con quien está, el indiscreto de Omar Fayad, por qué no se le localiza para que haga una convocatoria para el día de mañana. Mañana porque todos queremos trabajar, por qué no se toma esa decisión, seguramente más tarde habría una convocatoria, se publica en Gaceta, en algún medio o medios, y sesionamos mañana como Comisión Permanente.

Y no es una posición obstructora, de verdad. Muchas veces se toma un asunto de legalidad como un asunto de obstrucción. No es así. Es más pulcro que sesione esta Comisión cuando la ley lo permita, que así de manera atropellada. Que no se instale la regla en el Congreso de que la mayoría puede violentar la ley. Tenemos coincidencias, y claro que tenemos coincidencias para que esta comisión funcione; pero para que funcione primero tiene que ser instalada, y hoy no puede ser instalada.

Así de simple, no hay forma de que se instale, y no hay forma de que tome acuerdos válidos.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Diputado Belaunzarán Méndez.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Ahora sí que no sé a quién darle las gracias o la venia.

La verdad es que usamos el eufemismo, situación inédita, para no decir que estamos en un brete, y estamos en un brete por una irresponsabilidad institucional de quienes están a cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Qué bueno que el Presidente de la Comisión Permanente esté acompañando al Presidente de la República, pero su responsabilidad Institucional es estar aquí, entonces está siendo irresponsable por ir a hacer caravanas con el Presidente.

Su responsabilidad, insisto, es estar aquí, su responsabilidad institucional es estar presidiendo aquí. Y si estamos en este brete es porque ni siquiera puede hablarle a los Vicepresidentes para ponerse de acuerdo y coordinar sus vacaciones, ni siquiera pudieron cruzar llamadas para coordinar sus vacaciones y estamos por eso en esta situación inédita.

Y a ver, y ojalá a los cincuenta jóvenes que nos acompañan nosotros les pudiéramos enseñar que quienes legislamos y hacemos leyes las sabemos cumplir, porque aquí lo que pasa también es que prácticamente lo que se está buscando es aplicar una regla no escrita, la mayoría lo puede todo, incluso la mayoría puede darle facultades a quienes no la tienen, imagínense el absurdo.

Entonces me parece que sí estamos en un brete, está en cuestión la legalidad, y aquí lo único que queremos decir es la mayoría lo puede todo, hasta darle facultades a quien no las tiene. Por eso me parece que lo correcto es no entrar en un terreno de legalidad, y efectivamente pedirle al Presidente del Senado, que ya está perfectamente ubicado, que mande una convocatoria para que tengamos una sesión en esta semana, como lo mandata la ley, porque si no la verdad lo que aquí estaríamos haciendo es que con usurpación de funciones se instalaría la Comisión Permanente.

Todos tenemos intención de colaborar y todos tenemos intención de desahogar los múltiples asuntos que tenemos. Pero me parece que no es correcto simplemente “a la limón”, con una mayoría decir; “Yo le doy las facultades a quien no se las otorga la ley”.

Perdón, la mayoría no es todo poderosa, en un estado de derecho la mayoría no es todo poderosa, incluso la mayoría tiene que sujetarse a la ley, y la mayoría no puede legislar de facto, estaríamos, insisto, dando un pésimo precedente. Por lo pronto es claro que el Secretario no tiene facultades para presidir, en todo caso la Asamblea tendría que decidir a un Presidente y un Vicepresidente a pesar, eso me parece que sería más correcto nombrar al Presidente y al Vicepresidente de la sesión en lugar de estar improvisando y otorgando facultades a quien no las tiene.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Diputado Belaunzarán, tenía una pregunta el Senador Preciado.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, por favor, Senador.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) De acuerdo con nuestra legislación nosotros tenemos tres instrumentos que nos permiten tratar de resolver la problemática cuando, y pondría un, que es primero la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, los reglamentos, por supuesto, y por supuesto la práctica parlamentaria, que obviamente tanto al reglamento, como las leyes orgánicas al ser exclusivas de las cámaras, pues obviamente las mayorías pueden modificarla.

Por eso siempre la mayoría en una o en otra de las cámaras pueden decidir por encima de los reglamentos en virtud de que bastaría un acuerdo en ese momento para que la mayoría cambiara reglamento, que no tendría absolutamente ninguna posibilidad de ser observado por el Ejecutivo o por otro ente. Por eso tiene su lógica que las mayorías parlamentarias puedan tomar determinaciones aún cuando reglamentariamente no esté escrita, porque obviamente lo pueden hacer.

Sin embargo, en el diseño institucional, tanto de la Cámara de Diputados, como la de Senadores sí prevé, y por eso sí considero que se puede aprobar por analogía y por práctica parlamentaria. Por ejemplo, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 63, y les leo nada más el segundo punto: “En caso de ausencia de todos los Vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá designar a alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones”. En caso de los vacantes se procederá a la elección en los términos del artículo 62; es decir, sí hay facultades para que los plenos puedan tomar una determinación.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Es que, disculpe Senador, lo que usted acaba de leer es que el Presidente puede nombrar a un Secretario, el Presidente, pero aquí no existe el Presidente.

Entonces, a ver, lo que el pleno no tiene facultades, o sea, la mayoría puede aprobar acuerdos y resoluciones, como lo leyó el Senador Fayad. El Pleno sí puede tomar resoluciones, pero lo que no puede hacer el Pleno es darle facultades a alguien que la ley no le otorga, eso es.

Sí permite que el Presidente pueda delegar una facultad que es parte de lo que decía el Senador Barbosa, de auxiliar al Presidente, el Presidente le solicita al Secretario que lo auxilie. Pero en ausencia el Presidente no le está pidiendo al Secretario, no está facultando al Secretario hacerlo, porque no está el Presidente, es el problema.

Por eso digo que hay una gran irresponsabilidad institucional del Presidente haberse ido, efectivamente no de vacaciones, pero haberse ido a una visita protocolaria, cuando su responsabilidad institucional, yo diría más, su responsabilidad constitucional era estar aquí y presidir la Comisión Permanente.

Lo que yo digo, Senador, es que el pleno no puede dar facultades que la ley no otorga, precisamente, y efectivamente usted tiene razón, el Presidente puede delegar, pero el Presidente no delega porque no está, está ausente por su irresponsabilidad institucional, no sé si le respondí.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Sonido en el escaño del Senador Preciado.

El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Precisamente yo quería que usted utilizara el argumento de que el Vicepresidente sólo le puede delegar al secretario, porque es de la fracción II; ahora le voy a leer la fracción III.

“...En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a una nueva elección en los términos del artículo 62 de esta ley, los así electos concluirán el período de quien hubiese dejado la vacante...”. Esa sí faculta a los plenos para que puedan elegir, inclusive hasta una nueva mesa directiva, de ser necesario. Por lo tanto, si pueden elegir una nueva Mesa Directiva, sí pueden tomar la decisión que un secretario conduzca una de las sesiones, es por supuesto el que puede es lo menos, y sí lo establece el Artículo 63, por supuesto que sí.

No estamos en el supuesto de que el Presidente designa, estamos en el supuesto de que un pleno, ya sea de la permanente o del senado o de la Cámara de Diputados pueda tomar la resolución de que un secretario conduzca la sesión, eso es absolutamente clarísimo en la práctica parlamentaria, por lo tanto, sí se puede hacer, no estamos ante el argumento que el Presidente designe o que por su ausencia pues no lo podría hacer, pero sí estamos ante la hipótesis en que el pleno de la Comisión Permanente pueda designar a un secretario, y aún estableciendo de que no diga expresamente en el reglamento las decisiones de la mayoría de las cámaras pueden suplir la decisión reglamentaria de que no estés establecido.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Muy bien, Senador, creo, pero tendría que haber vacantes, y yo no conozco que algún Presidente o algún Vicepresidente haya renunciado para llenar esa vacante.

Efectivamente podríamos llenar la vacante, no para que el secretario presida, porque el secretario no tiene atribuciones de presidir y de instalar, a menos de que el Presidente se lo delegue; podríamos nombrar a un Presidente y un Vicepresidente, sí, se podría, pero si hubiera la vacante, y yo pregunto, ¿hay vacante de Presidente y Vicepresidente?, ¿tenemos renuncia del Presidente y Vicepresidente?

Y, segundo, ¿está instalada esta sesión como para poder tomar esta decisión?

Esas serían las dos cuestiones que tendríamos que resolver, pero me parece que sería más adecuado nombrar a sustitutos, si es que tenemos esas vacantes, que hacer que un secretario que no tiene atribuciones para presidir, presida de facto, simplemente por aclamación o por voluntad de la mayoría, porque eso es lo que no tiene facultad la mayoría, entre darles facultades a quien no la tiene, a quien la ley no le otorga.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Tiene una pregunta el Senador Barbosa, sonido en su escaño, por favor.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) A su intervención indebida, tiene que ver con, y desde luego aprovechar la intervención, preguntarle al orador, y un poco en referencia a lo dicho por mi amigo Jorge Luis Preciado, y a todos ustedes, quienes están promoviendo este acuerdo.

Fíjense nada más, la implicación política. El Presidente de la Comisión Permanente, lo es el Presidente de la Cámara, fíjense nada más; es el Presidente de la Comisión Permanente, es el Presidente del Senado, el Presidente de la Comisión Permanente. No cometan un error político, de estar habilitando a alguien como Presidente, porque quien preside, es Presidente; el acuerdo no sería solamente la implicación política de acordar que alguien presida, es de quien presida, de entre los secretarios, no estarían nombrando un Presidente, que de alguna forma afecta el estatus de que es el Presidente del Senado, cuidado con eso. Yo otorgo todo mi respeto y solidaridad al Presidente del senado, nosotros no lo calificamos en nada que dañe su imagen, su prestigio; no hagamos cosas como senado o digo, como Senadores que afecten esa posición, al Senador Romo, que haga esa reflexión jurídica y política; y al Senador Preciado esta reunión de legisladores no es sesión, para que sea sesión tiene que haber una instalación y para que haya una instalación tiene que haber alguien que presida; no puede tomar acuerdos válidos, Jorge Luis, no puede tomar ningún acuerdo válido, es el nudo, es el nudo que hace imposible que se lleve a cabo hoy una sesión de la Comisión Permanente.

Pero lo otro es lo que les acabo de decir. Van a nombrar un Presidente distinto para esta sesión, al Senador Cervantes, claro que sí.

La implicación es jurídica y política, no cometan un error, si la afectación a quien es nuestro Presidente del Senado, y solamente por no posponer para mañana, si ya está localizado el Presidente, puede emitir una convocatoria, y mañana sesionamos. Cuidado, cuidado en ese error político que cometerían. Cuidado. Gracias, Fernando.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, estoy de acuerdo, yo veo que no tenemos conocimiento de que haya una vacante, porque efectivamente, si hay una vacante tenemos que sustituirlo o destituir a alguien, pero necesitaríamos hacerlo. Yo lo que digo es, cómo salir del entuerto, cómo salir de esta situación inédita, pues cumpliendo perfectamente la ley, y quitándonos de dudas, que el Presidente del Senado, que es el Presidente, al ser la Cámara que nos está acogiendo, ser nuestro anfitrión, él puede hacer la convocatoria para esta misma semana y cumplir con lo que dice la Constitución, de que la sesión, de que la Comisión Permanente sesione al menos una vez por semana.

Gracias.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Compañeros legisladores, hemos discutido por más de 90 minutos el acuerdo que se les presentó.

Quiero someter a consideración de la Asamblea la aprobación del Acuerdo que anteriormente leí. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La comisión asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La comisión no asiente)

Suficientemente discutido, se aprueba el Acuerdo.

Aprobado el Acuerdo por el que se autoriza que los secretarios de la Mesa Directiva conduzcan los trabajos de sesión, en consecuencia, el Diputado Williams Ochoa Gallegos llevará la conducción inicial de esta sesión.

CODUCCION DEL DIPUTADO
WILLIAMS OCHOA GALLEGOS

El Secretario Diputado Williams Ochoa Gallegos: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de agosto de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio, el Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diez minutos del miércoles seis de agosto de dos mil catorce, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el martes veintinueve de julio de dos mil catorce.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria de la Diputada Irma Elizondo Ramírez.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de agosto de 2014, con el objeto de participar en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, los Informes de utilización de tiempos oficiales, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal ejercidos al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.- Se remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Diagnóstico sobre la estructura orgánica con que cuenta la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Salud, Informe Semestral de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2014; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2013.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, para el segundo trimestre del ejercicio 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Migración, los avances financieros del segundo trimestre, así como el acumulado al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014 de los programas de protección a migrantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del Presupuesto de Egreso de la Federación para 2012.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, el diagnóstico sobre su estructura orgánica, en términos de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el diagnóstico de programas instituciones a cargo de dicha dependencia.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2014, en cumplimiento de los artículos 1 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.- Se remitió a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Nuevo León, proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir al 135 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, a realizarse el viernes 8 de agosto del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Diputado Fernando Zárate Salgado.

 

Se recibió del Diputado Fernando Charleston Hernández, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de agosto de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de su participación en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, celebrada los días 8 al 10 de mayo de 2014, en Seúl, República de Corea.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Prácticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 23 al 26 de junio de 2014, en Panamá.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Vicepresidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respectivamente, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q, 515, 899-E; se adiciona el artículo 515 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ramón Antonio Sampayo Ortíz y Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley General Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XX-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el numeral 6 al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción xiii al artículo 26 y se reforma el artículo 71, ambos de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VIII del artículo 1° y el artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 y se adiciona una fracción x al artículo 49, ambos de la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 39 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a brindar el apoyo necesario para optimizar el inmueble de la asociación cultural na bolom.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a abstenerse de usar el término "nini" para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y José Francisco Coronato Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a generar las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes sean tomadas en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales con base a sus ingresos y de manera sencilla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir a las Cámaras del Congreso un informe respecto a los motivos de retraso de los temas objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos para 2015 que han sido anunciados en boletines de la unesco en el caso México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a fortalecer sus acciones y políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar el delito de trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer medidas tendientes a la protección y preservación del halcón selvático de collar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar y etiquetar recursos para el establecimiento de oficinas de pesca y acuacultura en los puertos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2015.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre las acciones administrativas y penales instrumentadas para investigar y, en su caso, sancionar las denuncias de corrupción y extorsión presentadas contra diversos funcionarios de dicho Instituto.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, de la autoridad del espacio público del Distrito Federal, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la delegación Álvaro Obregón a implementar un programa integral en la presa Becerra "a", que incluya el desazolve, dragado, retiro de residuos de áreas verdes, implementación adecuada y permanente de una campaña de concientización para evitar que se arrojen residuos en el sitio, incluyendo la rehabilitación del espacio público, acondicionándolo como un lugar seguro, activo y accesible.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a investigar la posible comisión de delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en el dicho estado durante las administraciones de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a instrumentar un programa específico de alfabetización para quienes no sepan leer y escribir y deseen postularse a puestos de representación popular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre planes y programas instrumentados en la actualidad para detectar, diagnosticar y tratar a pacientes con enfermedades huérfanas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a través del Servicio de Administración Tributaria a que de manera pronta y expedita, genere las condiciones de discusión y de interlocución para que las personas que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes, sean tomados en consideración para cumplir con sus obligaciones fiscales con base a sus ingresos y de manera sencilla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Luis Sánchez Jiménez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar las supuestas violaciones graves a los derechos humanos y el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en el estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a realizar y fortalecer diversas acciones para prevenir y disminuir los niveles de suicidio en adolescentes y jóvenes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a atraer la investigación del caso de la C. Niza Fernanda.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a revisar el decreto relativo al artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y que se observen los principios y se cumplan las nuevas obligaciones en materia de derechos humanos de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas preventivas para enfrentar la posible presencia en nuestro país de la plaga del dragón amarillo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a solventar el atraso en las devoluciones fiscales a productores agropecuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público en su portal oficial de Internet, las acciones que ha implementado, a fin de erradicar el rezago en la educación indígena.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el cumplimiento de la normatividad referente a los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transitan en caminos y puentes de jurisdicción federal para prevenir accidentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer los hechos en que resultó privado de su libertad el periodista Nolberto Herrera Rodríguez en el estado de Zacatecas y al gobernador de dicho estado a recibir a los Senadores integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en salud a informar de las acciones y medidas que se han de tomar en el caso de los medicamentos del Seguro Popular que se almacenaron y fueron abandonados en estado caduco, dentro de una bodega en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados que, a la brevedad, dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4° y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República a enviar un informe detallado al sobre la detención realizada el pasado 24 de julio de los 16 pobladores de la isla de Holbox ubicada en el Estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por el convenio suscrito entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno de California de los Estados Unidos de América para la instrumentación de un programa para la certificación de empresas, organizaciones y agencias de reclutamiento de trabajadores mexicanos temporales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Adriana González Carrillo, Eloy Cantú Segovia y Fernando Zárate Salgado, con punto de acuerdo que exhorta a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República a definir y proyectar la participación del Congreso Mexicano durante las celebraciones del año de México en el Reino Unido y del Reino Unido en México en 2015.- Se turnó a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, lo relativo al avance del proyecto "Expediente Clínico Electrónico" de cada una de las instituciones de salud pública.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federal y estatales a vigilar que no se condicione al cobro de cuotas escolares la inscripción de los niños a las escuelas de educación básica en el próximo ciclo escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a implementar de manera urgente políticas, estrategias o planes de acción nacional multisectorial que integren varias enfermedades no transmisibles, a efecto de estar en condiciones de prevenir y atender de manera oportuna a las personas que padecen dichas enfermedades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar celeridad al cierre de los puntos de revisión fronterizos ubicados en el estado de Sonora, particularmente a la garita de San Emeterio, conforme a lo previsto en el Programa de Apoyo a la zona fronteriza.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las causas y la justificación de los subejercicios en 2013, en los  programas "Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas" y "Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cesar inmediatamente la aplicación de los aumentos mensuales a los precios de las gasolinas y diésel que se vienen efectuando en toda la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las evaluaciones de impacto que ha realizado al "Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos" y las acciones que ha implementado  a fin de garantizar que los apoyos entregados se traduzcan en acciones concretas y medibles por parte de estados y municipios en términos de gestión de residuos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2015 contemple una política de ingresos y gasto acorde al impacto y evaluación de la reforma hacendaria 2014, de la reforma energética y la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con lo recomendado por el Consejo Nacional de Evaluación, establezca los criterios para cuantificar a la población objetivo del "Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones para abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar las adecuaciones estratégicas que permitan medir el impacto social del "Programa de albergues escolares indígenas".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a hacer del conocimiento público por qué no se ha emitido la declaratoria de alerta de género en el estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emitió a los programas: "De la Mujer en el Sector Agrario y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos o Núcleos Agrarios".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones necesarias para dar seguimiento directo a los beneficiarios del Programa "Seguro para contingencias climatológicas" en el otorgamiento de apoyos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a hacer del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento de presos indígenas que han sido beneficiados dentro del marco del "Programa excarcelamiento a presos indígenas".- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Excitativa)

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 74, 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se remitió a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con relación a la Semana Mundial de la Lactancia Materna.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las once horas con veintitrés minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles trece de agosto, a las once horas.

Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria; en su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la gaceta; el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha gaceta, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Pregunto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, Senador.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2014.

2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/1703/14
México, D.F., 7 de agosto de 2014

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o, fracción IX del "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica", así como a la Base Sexta tercer párrafo de las "Bases para llevar a cabo la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México", me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio No. 4.3. 947/2014, el C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de FNML correspondiente al primer semestre de 2014 (enero-junio).

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como de sus anexos a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a la Cámara de Senadores y de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública, con el que remite la información de organismos descentralizados correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, al segundo trimestre del ejercicio de 2014; de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DGPyRF10.2/11002

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

En apego a lo establecido en el Artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 7 de su Reglamento; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite en impresión y medio magnético la información de los Organismos Descentralizados que en anexo se enlistan, correspondientes al Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

RODOLFO DEMETRIO ALOR MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Remítase la información descrita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir la siguiente ceremonias conmemorativas: del 167 aniversario de la Batalla de Churubusco a realizarse el próximo miércoles 20 de agosto, y del 493 Aniversario de la Defensa Heroica de México–Tenochtitlan, a realizar el sábado 23 de este mismo mes, ambas en esta ciudad.

SECRETARÍA DE CULTURA

"2014, Año de Octavio Paz"
Ciudad de México, a 21 de julio de 2014
Oficio No. SC/391/2014

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Asunto: Oficio de Invitación

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Cultura, ha programado las ceremonias cívicas conmemorativas correspondientes al mes de agosto, según se describen a continuación:

Fecha

Hora

Ceremonia

Lugar

Miércoles 20 de agosto

10:00 Hora

167 Aniversario de las Batalla de Churubusco

Estatua erigida al General Pedro María Anaya, ubicada en calle 20 de Agosto y calle Xicoténcatl, Colonia San Diego Churubusco.

Sábado 23 de agosto

10:00 Horas

493 Aniversario de la Defensa Heroica de México Tenochtitlán (1521)

Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, Tlatelolco.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes atentamente designar a los legisladores que sean nombrados para asistir a los eventos de referencia en representación de la Honorable Congreso de la Unión.

Mucho agradeceré su amable respuesta y pongo a sus órdenes el teléfono 17188000 Ext. 1435 con el Lic. Ramón López Vela, para efectos de coordinación.

Sin otro particular, me es grato envíales un cordial saludo.

Atentamente

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
SECRETARIO DE CULTURA.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Para asistir a esas ceremonias en representación de la Comisión Permanente, se designa al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para la Ceremonia del Aniversario de la Batalla de Churubusco, y la Diputada Lorena Iveth Valles Sampedro, para la ceremonia del aniversario de la Defensa Heroica de México Tenochtitlan.

Pasamos al siguiente asunto.






LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua un proyecto de Decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.



El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco un proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: También del Congreso del Estado de Jalisco, se recibió un proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.



El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió una comunicación de la Senadora Ana Gabriela Guevara, con el que remite el informe de la gira de trabajo por la Ruta del Migrante en la Frontera Norte de México.



El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Esta Asamblea que ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






El Secretario Diputado Adame Ochoa: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones: Una de la Diputada Aurora de la Luz Aguilar, por la que informa sobre la reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 11 de agosto del año en curso.



 






Una de la Diputada Leonor Romero Sevilla, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del día 12 de este mismo mes.



El Diputado Williams Ochoa Gallegos: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.






En el apartado de iniciativas, tiene la palabra la Diputada Martha Sosa Govea, a nombre de Senadores del grupo parlamentario de PAN, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1067 del Código de Comercio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1067 DEL CODIGO DE COMERCIO

(Presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, a nombre del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Martha Sosa Govea: Gracias señor Presidente.

Antes de iniciar le solicitaría muy atentamente a la Presidencia que el texto íntegro de esta iniciativa, así como esta intervención sean incorporados de manera total al Diario de los Debates.

Señoras y señores legisladores, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos con las trascendentes reformas que hemos impulsado en el transcurso de la presente legislatura. Sin duda alguna uno de los más trascendentes y que mayor impacto tendrá en el mediano plazo, es el referente a la Reforma Penal.

Desde el año 2008 los legisladores panistas trabajamos en colaboración con otros grupos parlamentarios, para dotar a nuestro país de un sistema penal acusatorio acorde a las necesidades actuales de nuestro país, en materia de procuración e impartición de justicia.

Es necesario que el Poder Legislativo expida leyes en materia penal en los que la gente pueda confiar con una confianza plena, en ese sentido esta legislatura se ha esforzado en aprobar trascendentes reformas, como lo son la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley de Justicia Militar.

Sin embargo, a pesar de los importantes avances logrados todavía es necesario adecuar diversas leyes al Sistema Penal Acusatorio. En ese tenor la materia penal trasciende a otras ramas del Derecho, como lo es la materia mercantil.

Para que un juez penal pueda determinar si se ha cometido un delito o no, debe confiar y debe contar con todos los elementos existentes para encontrar la verdad y hacer justicia.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene la finalidad de armonizar la legislación mercantil con la reforma al Sistema de Justicia Penal. Es el caso del artículo 1067 del Código de Comercio que se pretende reformar con esta iniciativa; porque siempre ha dado a la autoridad investigadora el carácter de una de las partes del juicio, el caso más común es aquel en el que la prueba del delito pueda encontrarse en un documento que no puede ser extraído ni analizado fuera del juzgado mercantil.

Esta situación implica que el Ministerio Público no puede extraer documento alguno para analizarlo, y en su caso integrarlo a la averiguación previa, debido a que conforme el Código de Comercio tiene solo la calidad de simple parte y no de autoridad.

Es comprensible que un juez mercantil, apegado a la legislación mercantil no permita que las partes extraigan de los juzgados los autos de un juicio, pero no que se lo impida a otra autoridad, sobre todo si el acto tiene la finalidad de investigar un delito del orden penal.

Esta situación genera impunidad para los defraudadores en perjuicio de quienes de buena fe celebran actos de comercio con ellos, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio es necesario brindar un voto de confianza a la autoridad investigadora para que esta pueda llevar acabo e integrar con eficiencia las averiguaciones previas y desarrollar así totalmente su investigación.

La iniciativa que hoy sometemos a su consideración pretende fortalecer la actuación del Ministerio Público, así como facilitar la colaboración entre las diferentes autoridades para hacer más eficaz, pronta y expedita las funciones de procuración e impartición de justicia.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias por su atención.

Iniciativa

Los suscritos Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1067 DEL CODIGO DE COMERCIO. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México busca un país en el que se haga justicia en todas las materias en las que puede haber controversias, en la medida de lo posible y conforme a las características de cada una de ellas.

Una de las materias más complicadas en ese término es lo correspondiente al derecho mercantil. En ese caso, la decisión jurisdiccional se da en torno a lo que se pueda probar. Esto, sin duda, es parte de la misma naturaleza del derecho mercantil; sin embargo, la tarea del legislador es que las partes en esos juicios estén en igualdad de condiciones para que la decisión a tomar, sea lo más justa posible.

En ese sentido, se ha observado que uno de los problemas que aquejan este tipo de juicios esta directamente relacionado a investigaciones en otras materias, en el caso en específico, a la materia penal. Actualmente, la investigación del Ministerio Público o el fiscal con relación a autos se encuentra establecida en el primer párrafo del artículo 1067 del Código de Comercio, que establece lo siguiente:

Los autos podrán ser consultados por las partes o por las personas autorizadas para ello permaneciendo siempre dentro del local del tribunal. La frase dar o correr traslado significa que los autos quedan a disposición de los interesados y en su caso se entreguen copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público.

[…]

[…]

[…]

Como se puede observar, el Código de Comercio trata como “parte” al Ministerio Público y no le otorga más facultades que las de consultar los autos. El problema se encuentra en el momento en el que los autos son un elemento necesario para determinar o no la existencia de un hecho ilícito, tal es el caso de falsificación o modificación de documentos base de la acción. En ese sentido, el juez esta “atado” al limitativo hecho de otorgar facultad a la autoridad investigadora de consultar los autos.

Es así, que si en una averiguación de carácter penal se requiere realizar en alguno de los autos alguna prueba directa como es una pericial en grafoscopía, prueba pericial de la edad legal, entre otras; ese hecho hoy sería imposible. En ese caso, el único tipo de “valor” que podría asignarse a la copia certificada o en su caso, a la constancia que de la autoridad investigadora de las constancias en autos no sería suficiente para determinar la existencia de un hecho ilícito. Sería necesario, que la autoridad investigadora o judicial tuviera a su disposición, por el tiempo que considere necesario, las constancias de los autos.

Por otra parte, nos encontramos en una etapa de transición importante en materia de la justicia penal. El nuevo sistema acusatorio dará luz a las muchas décadas de opacidad que han permeado en la historia de nuestra justicia penal. Debemos brindar la confianza a nuestros representantes, asimismo, las autoridades mercantiles aunque no persigan el mismo fin deben brindar ayuda y cooperación en la medida de lo posible para el descubrimiento de la verdad.

En consecuencia, esta iniciativa propone otorgar facultades a la autoridad ministerial y a las autoridades judiciales en materia penal, más allá que una “parte” del proceso. Lo anterior, con la única condición de que los autos o documentos que sean sustraídos del juzgado o instancia en materia mercantil, no sean destruidos o alterados en el transcurso de la investigación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los actuales párrafos segundo, tercer y cuarto, para en lo sucesivo ser tercero, cuarto y quinto; todos del artículo 1067 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1067.- …..

En el caso en que exista una investigación o un procedimiento penal con relación a los autos o documentos bases de la acción, estos podrán ser solicitados por la autoridad investigadora o por el juez penal. La restricción prevista en el primer párrafo de este artículo no será aplicable a las solicitudes en materia penal y podrán trasladarse al lugar en que la autoridad considere pertinente para la realización de la investigación. Los autos o documentos solicitados por el órgano investigador o judicial no podrán ser modificados o alterados y deberán devolverse en las condiciones en las que fueron entregados.

El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto judicial, dejando constancia en autos de su recepción.

Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial, y cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar en autos razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.

Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquél que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente, en caso de oposición.

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto del 2014.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Se concede la palabra a la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD ES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

La Diputada Dora María Talamente Lemas: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros Diputados:

Todo aquel que cause un daño a otro debe remediarlo, este es un principio general de derecho. Para quienes se desempeñan en el servicio público reparar el daño depende de si se trata de una responsabilidad civil o penal.

Además de lo anterior, existe la responsabilidad administrativa con motivo del actuar ilícito de un funcionario, misma que surge como una amplia e innovadora propuesta contra la corrupción e impunidad.

Nuestra Constitución en su título cuatro establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la administración pública, y establecer principios rectores de la misma, de tal forma que se garantice que los servidores públicos se conduzcan con apelo a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

En este sentido, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos reglamentaria de dicho título constitucional ha cumplido con sus objetivos, sin embargo, como toda ley es perfectible y puede sufrir cambios, adiciones y modificaciones.

La renovación de actualización legislativa y la creación de organismos públicos autónomos, han originado que las disposiciones estipuladas en la normatividad en comento, haya sido rebasada por las realidades que se vive.

Por lo consiguiente, se hace necesario actualizar y dinamizar esta ley para hacerla más acorde con los tiempos que vive nuestra democracia, a fin de que los servidores públicos den a la ciudadanía la respuesta que se espera de su empleo, cargo o comisión.

Con las reformas que se plantea en la presente iniciativa que someto a su consideración se busca modificar el catálogo actual y obligaciones a cargo de los servidores públicos, para insertar nuevas conductas a nuevos supuestos dentro de la ley y con ello evitar que por diversas vías o artificios se enriquezcan ilegítimamente en perjuicio de la población en general.

De igual manera, la presente iniciativa propone ampliar el catálogo de servicios públicos del Congreso de la Unión que están obligados a presentar declaraciones patrimoniales.

Así, los secretarios de servicios, el contralor interno, los coordinadores, los subdirectores, los jefes de departamento y homólogos de ambas cámaras, tendrán que cumplir con esta obligación.

Asimismo y derivado de las modificaciones al Instituto Federal Electoral, se hace indispensable que se sustituya el nombre por el nuevo Instituto Nacional Electoral.

En ese mismo sentido, debe cambiarse la redacción en lo que hacer referencia a la Procuraduría General de la República, debiendo decir: “Fiscalía General de la República”.

En Nueva Alianza, consideramos que los empleados y servidores que integran los nuevos órganos públicos autónomos deben estar regulados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Por ello, proponemos reformar el artículo 3º de dicha ley.

Con estas reformas y modificaciones estaremos actuando en concordancia con los cambios implementados en las diversas áreas que tutela esta ley, y garantizaremos que las disposiciones que contenga sean lo suficientemente precisas para que no permitan la impunidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto.

Iniciativa

Quien suscribe, DORA MARIA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de  la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, denominado “De las responsabilidades de los Servidores públicos y patrimonial del Estado”, que comprende de los artículos 108 al 114, señala quiénes son servidores públicos, las responsabilidades políticas y administrativas de éstos y la competencia que tienen las autoridades para imponerles las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento en el desempeño de sus funciones.

De manera concreta, el artículo 113 dispone que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el presunto responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109; pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Tomando en cuenta estas bases, la presente iniciativa tiene por objeto actualizar la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, para que por un lado esté acorde a los cambios de denominación que han sufrido algunas instituciones y organismos, y por el otro se modifique el catálogo actual de obligaciones a cargo de los servidores públicos, con el fin de situar nuevas  conductas  a nuevos supuestos dentro de la ley; una ley que durante mucho tiempo estuvo acorde a la problemática que se vivía, pero que ahora requiere de actualización, porque los principios que tutela se han perfeccionado, de ahí que resulte pertinente reformarla, con el fin de atender o corregir las insuficiencias o deficiencias normativas que el propio  tiempo se ha encargado de volver obsoletas, debido a la evolución de la misma sociedad y de los avances tecnológicos que traen aparejadas las renovadas exigencias que reclama la propia dialéctica.

Las modificaciones progresivas tiene múltiples ventajas: ninguna reforma es la última; toda reforma admite la prueba del ensayo y del error, quedan abiertas nuevas opciones; el tramo entre lo deseable y lo posible se acorta; mantienen su vigencia las saludables expectativas de mejoría, o por lo, menos de cambios, se matiza el inmediatismo y se programan y encauzan los nuevos estilos.

ARGUMENTACION

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1982, establecía las bases de las responsabilidades en general de los servidores públicos, a fin de que éstos se condujeran con la debida diligencia, honradez, lealtad e imparcialidad.

Posteriormente, se llevó a cabo la separación de las obligaciones políticas y administrativas para dar origen a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. Dicha ley prevé las obligaciones a las que deberán ajustarse los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, o comisiones, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público.

Se trata de una ley en la que se retomó gran parte de las disposiciones de 1982, pero se incluyó por primera vez el registro patrimonial de los servidores públicos, para llevar un control que evitara el enriquecimiento ilícito.

Esta Ley en comento, de acuerdo con su exposición de motivos, surgió como “una amplia e innovadora propuesta contra la corrupción e impunidad”. Si bien  no ha cumplido cabalmente con sus objetivos, sí  se ha avanzado en gran medida en la regulación de la función pública en materia Federal, luego entonces, para  lograr superar los vicios de operación y costumbres negativas que aún persisten, se considera necesario reformar las disposiciones susceptibles de ser mejoradas, o en las que el tiempo o la experiencia nos haya hecho percibir imperfecciones; pero tales reformas no pueden ser sino obra del tiempo y el fruto de largas meditaciones, a fin  de lograr combatir  de una manera clara y eficiente la corrupción que es el centro de nuestra atención.

El ingenio de los servidores públicos para evadir la ley, ya sea por acción  u omisiones ha propiciado novedosos comportamientos indebidos tendientes a obtener beneficios económicos o personales para sí o para personas relacionadas con ellos, que nada tienen que ver con la remuneración que les corresponde por ley con motivo del desempeño de sus funciones..

Para combatir lo anterior, con esta iniciativa se propone modificar el artículo 8° de la Ley, para agregar cuatro nuevas obligaciones a cargo de los servidores públicos, con el fin de evitar que por vías directas o indirectas se enriquezcan ilegítimamente, aprovechando de manera indebida la posición privilegiada en la que se encuentran durante su empleo, cargo o comisión, todo ello en detrimento del erario público, de la función pública y de la población en general.

Adicionalmente, se propone ampliar el catálogo de servidores públicos del Congreso de la Unión que están obligados a presentar declaraciones de su situación patrimonial. La actual fracción I del artículo 36 de la ley, únicamente obliga a los Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras, sin embargo nada se dice respecto de los Secretarios de Servicios, el Contralor Interno, los Coordinadores, los Subdirectores, los Jefes de Departamentos y homólogos de ambas Cámaras.

En Nueva Alianza, consideramos indispensable que dichos servidores también transparenten su situación patrimonial y sean sujetos de seguimiento y revisión, para con ello garantizar que no incurran en enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, en la presente iniciativa también se plantea reformar la fracción VI del artículo 3º. el inciso c) del artículo 9° y la fracción VIII del artículo 36, que aún hacen referencia al Instituto Federal Electoral, debido a que dicho organismo fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral en términos de la reforma del artículo 41 constitucional y por ende, la nueva redacción de estos artículos debe incluir su nombre correcto. Cabe mencionar que la fracción XIX-C del artículo 8°. ya, hace referencia al Instituto como “Nacional”, en vez de “Federal”, sin embargo quedó pendiente hacer la misma corrección en otras disposiciones, de ahí que se proponga su actualización.

Idéntico criterio justifica la reforma de los artículos 4, 5, y 36 fracción IV de la Ley, en los que se hace referencia a la Procuraduría General de la República, cuando lo correcto es que la legislación se actualice para dirigirse a la nueva “Fiscalía General de la República”.

Por otro lado, como consecuencia de las diversas reformas que se han hecho a la Constitución Federal en recientes fechas, se han creado diversos órganos a los que se conocen como constitucionales, que si bien ejercen potestades públicas, no forman partes de los poderes de la Unión, pero no por ello sus empleados y servidores públicos quedan exentos de cumplir con la legislación en materia de responsabilidades administrativas. Por lo anterior, se considera necesario reformar el artículo 3º, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los  Servidores Públicos, a efecto de precisar que también los llamados órganos públicos autónomos son considerados como autoridades facultadas para aplicar la referida ley a todos sus empleados y servidores.

Por lo tanto, someto a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con reformas y adiciones, con la finalidad de corregir lo que no funcionó y preservar lo que probó eficacia democrática y buenos resultados, con base en las experiencias vividas en el quehacer de los servidores públicos.

FUNDAMENTO LEGAL.

Por las consideraciones expuestas y  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 55, fracción II  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta Asamblea el presente proyecto de:

Decreto por la que se REFORMA las fracciones VI y XIX del artículo 3; los artículos 4, 5, y 9 inciso c), y las fracciones I, IV y XI del artículo 36. Asimismo, se  ADICIONAN las fracciones XXV, XXVI y XVII del artículo 8°, todos de la Ley  Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como siguen:

ARTICULO UNICO. Se REFORMAN las fracciones VI y XIX del artículo 3; los artículos 4, 5, y 9 inciso c), y las fracciones I, IV y XI del artículo 36; se  ADICIONAN las fracciones XXV, XXVI y XVII del artículo 8°, todos de la Ley  Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTICULO 3.-…

I.- a V.- …

VI.-El Instituto Nacional Electoral;

VII.- a IX.-   …

XIX.Los demás organismos públicos autónomos, órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

ARTICULO 4.- Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Fiscalía General de la República.

ARTICULO 5.-…

Contralorías internas: A los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Fiscalía General de la República.

Dependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como la Fiscalía General de la República.

ARTICULO 8.-…

I.- a XXIV.- …

XXV.- Abstenerse de aumentar su patrimonio ilícitamente, o de no comprobar la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto a los cuales se conduzca como dueño.

XXVI.- Abstenerse de condicionar o retener la entrega de ayuda humanitaria o recursos públicos destinados para el combate a la pobreza, a cambio de votos o registro a favor de algún partido político o para beneficio personal o de un  tercero.

XXVII. Abstenerse de desempeñar simultáneamente más de un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal y municipal, salvo los casos expresamente permitidos por la ley.

ARTICULO 9.-…

a) …

b) …

c) Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Nacional Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

ARTICULO 36.-…

I.-En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Secretarios de Servicios, Contralor Interno, Coordinadores,  Tesoreros, Directores de las Cámaras, Subdirectores, Jefes de Departamentos y homólogos de las cámaras;

II.-…

III.-…

IV.- En la Fiscalía General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Fiscalía General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial;

V.- a VII.- …

VIII.- En el Instituto Nacional Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente;

IX.- a X.- …

XI.- En los demás órganos públicos autónomos, órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos. 

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre del grupo parlamentario PRI, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchas gracias.

Vengo, a nombre de mi partido, a presentar la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, a fin de dar sustento constitucional a los convenios de traslado y/o coordinación de competencias entre la Federación y los estados de la República.

El término, expresamente, que se encuentra establecido en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, endurece la esfera de competencia de los funcionarios del orden federal, en virtud de que encarna un modelo de competencia, que hasta este momento ha sido rígido, el cual restringe el marco de las acciones de funcionarios federales a las facultades que expresamente les confiere la constitución.

Aunado a lo anterior, esta disposición constitucional establece la denominada cláusula residual, por los cual las entidades federativas serán competentes para todas aquellas cuestiones que la Ley Fundamental no haya concedido de manera previa.

Es así que este sistema que ha sido diseñado en un tiempo y bajo ciertas condiciones históricas, sociales y políticas muy concretas que no sólo aceptan, sino que demandan un sistema por medio del cual las partes integrantes de la federación se sometieran a las decisiones del centro.

Sin embargo, dicha situación ha cambiado y hoy los aspectos políticos y sociales que actualmente se viven en el país, son muy diferentes a los de las épocas pasadas y cuando fueron expedidas estas mismas leyes.

Dentro de este nuevo reparto competencial, tenemos que en las leyes generales existen facultades que son compartidas hasta este momento por funcionarios federales y los de las entidades federativas. Este diseño se expresa a través de convenios de traslado, o de coordinación, de atribuciones para ambas partes, los cuales son suscritos por los diferentes niveles de gobierno en el marco de una autonomía.

Por ello presento ante esta alta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario el Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución a efecto de otorgar sustento constitucional a los Convenios de Traslado y Coordinación de las Competencias entre Federación y Estado, como lo mencioné.

Compañeras y compañeros:

Resulta relevante, y además necesario que las legislaturas locales tengan participación en la ejecución de este régimen convencional, es por eso, que como parte de la propuesta de esta iniciativa, se propone que el convenio de coordinación o traslado de atribuciones sea asignado al amparo de una ley general, siempre que estos sean aprobados por la legislatura local del estado del que se trate.

Finalmente, consideramos que de traducirse en ley esta Iniciativa, estaríamos regulando una situación que se presenta con frecuencia, es decir, se estaría otorgando sustento en nuestra legislación fundamental a los convenios de traslado, evitando así los conflictos entre los diferentes niveles del estado.

Por la atención recibida, muchísimas gracias.

Iniciativa

El suscrito Diputado Federal, WILLIAMS OCHOA GALLEGOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en  lo dispuesto en el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una de las características de nuestro  sistema federal. La que corresponde con el esquema de distribución de competencias rígido que ha permanecido sin cambios desde que fue aprobado por el constituyente de 1917 y que incluso tiene antecedentes en la Constitución de 1857.

Este modelo se denomina rígido en virtud de que su contenido restringe el marco de acción de los funcionarios federales a las facultades que expresamente les confiere la Constitución. Es importante hacer llamar la atención sobre el término “expresamente” pues éste endurece la esfera competencial de los funcionarios del orden federal.

Por otra parte, ese mismo artículo reserva todo lo que no ha concedido expresamente la Ley Fundamental a los funcionarios federales, para el ejercicio de los estados. Es lo que se denomina  “cláusula residual”, por la cual las entidades federativas serán competentes para todas aquellas cuestiones que la Carta Magna no haya concedido previamente.

Antes de iniciar el análisis de este sistema dual de competencias, es necesario señalar que este esquema fue diseñado en un tiempo y bajo ciertas condiciones históricas, sociales y políticas muy concretas que no solo aceptaban sino que demandaba un sistema por medio del cual, las partes integrantes de la federación se sometieran a las decisiones del centro.

Durante la época en la que se configura el estado mexicano, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la expedición de la constitución de 1917, el país se vio bajo la amenaza de perder las partes integrantes de su territorio. En algunos casos, estuvieron presentes con mayor fuerza los planes separatistas o la idea de los estados o territorios de aproximarse más a las potencias extranjeras que al centro de su país.

Una vez que las convulsiones del siglo XIX fueron extinguiéndose y que México inició un proceso de pacificación durante el porfiriato y en la época posrevolucionaria; las sublevaciones o las intenciones independentistas de los estados fueron desapareciendo. Fue hasta entonces cuando la Constitución comenzó a adoptar ciertas reformas “De esta manera, la facultad de expedir leyes en materia de salubridad general de la República, se introdujo con la reforma del 12 de noviembre de 1908 a la Constitución de 1857. Por su parte, la posibilidad de que tanto la Federación como los estados legislen en materia educativa data del texto original de la Constitución de 1917; en tanto que la facultad del Congreso de la Unión de “dictar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa… buscando unificar y coordinar la educación en toda la República”, procede de la reforma constitucional a los artículos 3º. y 73, publicada el 13 de diciembre de 1934.”

Derivado de lo anterior, comienza a dibujarse un sistema de distribución de competencias que debe ser entendido a la luz del artículo 124 y de diversas disposiciones de la Carta Magna, pues la Constitución establece desde otros dispositivos la participación del Congreso de la Unión en ciertas materias, tal es el caso del artículo 73 que refiere todas las materias en las cuales el poder legislativo federal podrá ejercer sus facultades para expedir legislación.

A través de esas leyes generales que expide el Congreso de la Unión en función de las facultades conferidas por el artículo 73, se distribuyen competencias, además es importante tener en cuenta que el sistema competencial se integra también con las facultades implícitas, las facultades concurrentes, las inhibiciones y prohibiciones a los estados, así como a las obligaciones a cargo de las autoridades estatales derivadas de la Constitución general.2

Mediante éstas las leyes generales, tenemos facultades que no son concedidas por la Constitución, sino por éstas leyes a los funcionaros federales, y también la existencia de facultades, concedidas a los funcionarios federales donde se le permite participación a los estados de manera concurrente. En ocasiones el instrumento para realizar lo anterior son los denominados convenios de traslado o de coordinación de atribuciones.

Es decir, actualmente tenemos un sistema rígido de distribución de competencias que permite la coordinación, empalme, coexistencia y coincidencia de ambos órdenes de gobierno, lo que evidentemente supera el contenido del artículo 124 constitucional.

Es necesario adecuar la norma a la realidad. El contexto histórico en el que surgió este artículo se entiende en un México que no contaba con un estado sólido, que tuviera control sobre todos sus estados o incluso que tuviera comunicación con todos ellos.

El sistema político en México ha cambiado considerablemente desde el siglo pasado y con ello, nuestro sistema jurídico. Hoy puede decirse que tenemos un sistema de gobierno democrático que acepta una distribución de competencias más compleja pues tenemos el marco institucional y legal que permite resolver los problemas que se originan por ello.

Para que un sistema de distribución de competencias complejo pueda existir es necesario, o bien un estado autoritario que impida a las partes integrantes de la federación revelarse en contra del pacto federal, o bien, un estado que cuente con mecanismos de defensa de la Constitución, con una civilidad en todos los niveles de gobierno que permita aceptar la resolución de los tribunales en los problemas derivados de sus conflictos de competencias.

Afortunadamente en nuestro país, aunque no ha sido sencillo, hemos conseguido una estructura bastante sólida para dirimir los problemas competenciales en sede jurisdiccional, de esa suerte, toda transgresión al sistema rígido de distribución de competencias en México es dirimido por el poder judicial pues actualmente los medios de control como el amparo, la acción de inconstitucionalidad, pero sobre todo la controversia constitucional, son instrumentos que han demostrado su utilidad en una sociedad plural y políticamente diversa como la nuestra.

En nuestro país, aunque somos formalmente un estado federal, tenemos una larga tradición centralizadora de las atribuciones y competencias y una de las técnicas que se han utilizado para combatir esta tendencia es el de las llamadas leyes generales. Este tipo de leyes establece la concurrencia de materias entre la federación y los estados, es decir se otorga a la federación incidencia sobre materias que son competencia de los estados o incluso, en algunas ocasiones a través de la figura de los convenios se transfieren las atribuciones entre la federación y estados, como hemos mencionado líneas arriba; en ese sentido esta iniciativa abonaría en la federalización o distribución de competencias, pues de acuerdo con la opinión de José María Serna de la Garza, cuyo trabajo ha guiado partes esenciales de esta iniciativa:

“Ahora bien, las mencionadas leyes generales en México, que suponen acciones coordinadas y cooperativas y traslado de competencia entre Federación, estados y municipios, contienen una lógica que en cierta forma se opone al sentido del artículo 124 constitucional. En razón de ello, y pensando que este tipo de leyes y su régimen convencional podrían ser una alternativa para emprender un proceso descentralizador en México, creemos que sería conveniente consolidar constitucionalmente las relaciones de coordinación, cooperación y traslado de competencias que se dan por la vía de las leyes generales, estableciendo de manera expresa, dentro del artículo 124 un ámbito restrictivo al sistema dual. Se trataría así de autorizar al Congreso de la Unión de manera expresa, para que las leyes generales pudieran habilitar los convenios de coordinación y de traslado de atribuciones y no cabría duda sobre la constitucionalidad del ejercicio de las potestades descentralizadas.”3

Compartimos la idea del autor antes citado, pues de esta forma estaríamos regularizando una situación que se presenta con frecuencia y que son los convenios de traslado de competencias. Además se les estaría dando sustento constitucional y con ello se evitarían muchos conflictos entre los niveles de gobierno y que tienen que ver con la titularidad o el ejercicio de atribuciones y facultades.

Con lo anterior, estaríamos también descargando el trabajo de la Suprema Corte, relativo a las controversias constitucionales que debe resolver con motivo de las competencias que se disputan entre los estados y la federación y que se originan por la aplicación de los convenios a los que hacemos referencia.

También consideramos necesario que las legislaturas locales tengan participación en la constitucionalización de este régimen convencional por eso, como parte de la propuesta de esta iniciativa, se propone que una vez que el convenio de coordinación o traslado de atribuciones, sea signado al amparo de una ley general, éste sea aprobada por la legislatura local del estado de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta H. Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 124.- …

Las leyes generales que expida el Congreso de la Unión podrán establecer convenios de coordinación o traslado de atribuciones a los poderes locales. Dichos convenios deberán ser aprobados por la legislatura local.

TRANSITORIO.

Único.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 13 días del mes de agosto del año dos mil catorce.

Dip. Willy Ochoa Gallegos.

Serna de la Garza, José María, El Sistema Federal Mexicano Un Análisis Jurídico, Porrúa, México, 2009, p. 65.

2 Arteaga Nava, Elisur, citado por Serna María José, Op. Cit. P. 57.

3 Serna de la Garza, José María, Op. Cit. p.91.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se recibió de los Diputados Guillermo Sánchez Torres, Martha Lucía Micher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Ruth Zavaleta Salgado, un proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Salud en Materia de Salud Reproductiva. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA

(Presentada por los Diputados Guillermo Sánchez Torres, María de las Nieves García Fernández, Martha Lucía Mícher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Ruth Zavaleta Salgado)

Las Diputadas MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTES LEMAS del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y RUTH ZAVALETA SALGADO del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA al tenor del siguiente:

I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde que se realizó en 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto, los Estados participantes acuñaron el concepto de salud reproductiva y adquirieron el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, el acceso universal a esos servicios, así como a aquellos relacionados con la salud reproductiva. Dicho planteamiento se ratificó en la comunidad internacional en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en1995. Asimismo, el reciente Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo celebrado en agosto de 2013 reitera los principios generales de la Conferencia de Cairo destacando los derechos humanos, la igualdad y laicidad como principios universales, y establece entre las medidas prioritarias a adoptar por los Estados el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Veinte años antes, en la década de los setentas, se había promulgado en nuestro país una Ley General de Población y elevado a rango constitucional el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de las hijas e hijos. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos por México y de la obligación constitucional de respetar los derechos humanos, el acceso a los servicios de salud reproductiva está confinado únicamente a la atención materno-infantil y a la planificación familiar.

A dicha situación contribuye de manera fundamental el hecho de que el concepto de salud reproductiva no está contemplado en el texto vigente de la Ley General de Salud y tan sólo se regula de manera fraccionada en los apartados referentes a la salud materno-infantil y a la planificación familiar, sin que se haga un reconocimiento expreso de los derechos de las personas.

En ese sentido, la carencia de una legislación que aborde específicamente los temas de salud reproductiva constituye una omisión por parte del Estado que permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo tácitamente la ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de las y los seres humanos.

El pleno reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos de las personas, protegidos en el artículo 1º de nuestra Constitución, implica que éstos derechos no sólo deban ser vistos como límites a la acción del Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados como el establecimiento de obligaciones que implican acciones en torno a la garantía de su ejercicio.

No podemos ignorar que la situación de la salud reproductiva en nuestro país es compleja: tenemos aún altos índices de mortalidad materna que hacen prever que no se alcanzará la meta de reducción planteada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio; hay un número elevado de embarazos no deseados, especialmente en mujeres adolescentes; se incrementan los casos de infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA y las personas padecen de manera rutinaria las barreras ideológicas que impiden el acceso pleno a los servicios e insumos de salud reproductiva, entre otros muchos problemas.

Por ello se hace necesario proponer un marco legal que contemple los principios y acciones que debe realizar el Estado para garantizar la protección y promoción de los derechos reproductivos en México.

En ese sentido, es esencial que se creen las condiciones legales y operativas que faciliten el ejercicio de esos derechos. La regulación de la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, torna ineludible que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad de procreación y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la  sexualidad.

Congruente con lo anterior, la presente iniciativa propone que se incluya el concepto de salud reproductiva, término que, como ya se ha dicho, es aceptado internacionalmente desde hace más de veinte años en el marco de los derechos humanos y de la salud, como materia de salubridad general y, por lo tanto, motivo de concurrencia entre Federación y estados, en términos constitucionales.

Cabe mencionar que, para dotar de pleno sentido y evitar las interpretaciones de carácter ideológico, la propia iniciativa plantea una definición de salud reproductiva, en la cual, ésta se entiende como el estado de bienestar físico, mental y social que trasciende la mera ausencia de dolencias o enfermedades en todo aspecto relacionado con la actividad sexual y con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, e incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y la capacidad de procrear, así como la libertad de hacerlo o no, cuando y con qué frecuencia, en condiciones de igualdad para el hombre y la mujer.

Dicha definición deriva del concepto acuñado en El Cairo en 1994, y es, además, retomado por la Organización Mundial de la Salud y congruente con lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante suscrito y ratificado por México.

Asimismo, se propone que la prestación de los servicios integrales de salud reproductiva tenga carácter prioritario, especificando que dichos servicios son el conjunto de insumos e intervenciones que contribuyen a la salud y al bienes tarde mujeres y hombres al prevenir, proteger y controlar los problemas relacionados con la salud reproductiva.

II.- ARGUMENTOS

Con la intención de no dejar lugar a dudas de los servicios a los cuales las personas tienen derecho en el ámbito de la salud reproductiva, la iniciativa los enlista e incluye los siguientes:

I. Educación para la salud sexual y reproductiva, especialmente de las personas adolescentes, proveyendo información objetiva, veraz, oportuna y basada en la mejor evidencia científica disponible;

II. Atención materno- infantil;

III. Planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de reproducción humana asistida;

IV. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida;

V. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos;

VI. Atención de la salud post reproductiva, y

VII. Prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y

VIII. Otras que establezca la Secretaría de Salud

Este listado refleja la evolución del concepto de salud reproductiva desde el Plan de Acción de la Conferencia de El Cairo e incorpora todas aquellas materias que, de acuerdo con los consensos internacionales, son materia integrante de la salud reproductiva. La iniciativa aborda cada uno de los servicios enlistados en lo particular, señalando los derechos de las personas y las obligaciones de las autoridades en la materia.

En el texto vigente de la Ley General de Salud la operación de los servicios de planificación familiar y atención materno-infantil se encuentra asignada a las entidades federativas. Si bien eso no implica por sí mismo que los estados definan de manera autónoma las acciones en la materia, puesto que la Ley es clara al señalar que la definición de la política y la asignación de los recursos corresponde a la Federación, algunas entidades federativas interpretan su obligación de operar los servicios de manera discrecional, limitando en los hechos el acceso a los servicios por diversas razones, incluyendo razones ideológicas.

En congruencia con el uso de una nomenclatura más adecuada, la iniciativa ajusta la denominación del Capítulo V del Título Tercero para que, en lo sucesivo, se llame “Salud Reproductiva”, agrupando en éste los artículos sustantivos en la materia.

La perspectiva de derechos humanos y de género son los ejes conductores de la presente iniciativa. En ese tenor, se parte de uno de los principios fundamental del sistema jurídico mexicano: el derecho a la igualdad y no discriminación contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal así como en varios tratados internacionales, particularmente en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 12 establece que los Estados tienen la obligación de eliminar la discriminación en el ámbito de la salud. En este sentido, como lo ha reiterado el Comité CEDAW, los Estados deben implementar todas las medidas necesarias, de carácter legislativo, administrativo y judicial para promover y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se señala que los servicios de salud reproductiva se deberán prestar a todas las personas sin discriminación alguna por motivos de sexo, edad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado civil o por cualquier otro motivo.

Asimismo, se establece que se deberá mantener en todo momento la confidencialidad y privacidad de los usuarios de los servicios y que, previo a la prestación de éstos, se deberá contar con su consentimiento informado.

De este modo, la presente iniciativa tiende a subsanar la omisión histórica que como sociedad hemos perpetuado al sólo realizar una defensa ideológica de los derechos reproductivos, olvidando la importancia que tiene la necesidad de su concreción normativa.

Por otro lado, la presente propuesta legislativa resultaría incompleta si omitiera referirse a la educación para la salud sexual y reproductiva de las personas menores de edad.

En ese sentido, la iniciativa señala que, como parte de los servicios de salud reproductiva, se deberá impartir educación para la salud sexual y reproductiva a las personas adolescentes, mediante la cual se proporcione información objetiva, veraz, oportuna y basada en la mejor evidencia científica disponible.

Además, la iniciativa elimina barreras del acceso al derecho a la salud vinculadas con la edad, al establecer que el consentimiento informado de las personas adolescentes tendrá relevancia jurídica para efectos de la prestación de servicios de salud reproductiva, tomando en consideración su interés superior y los criterios de madurez y desarrollo. El consentimiento informado previo a la prestación de servicios de salud reproductiva que impliquen una intervención quirúrgica irreversible en menores de edad, deberá ser ratificado por los padres o tutores legales, salvo en casos de urgencia médica.

Esta disposición es acorde a lo establecido por el artículo 12.1 de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar a la persona menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, y a tener en cuenta las opiniones de la niña o niño, en función de su edad y madurez. Asimismo, parte del principio de no discriminación reconocido por el artículo 1 de la Constitución a partir del cual se debe reconocer que el ejercicio de los derechos humanos, como lo es el derecho a la salud, no depende ni puede ser negado debido a la edad de la persona.

Es por tal motivo que esta iniciativa propone conceder relevancia a la satisfacción de las necesidades de salud reproductiva de las personas adolescentes, así como respetar sus derechos y decisiones, que deben ponderarse sobre las decisiones de quienes ejercen la patria potestad con el objetivo de garantizar la mayor protección a los intereses y derechos humanos de los menores.

De igual manera, en el artículo 3o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dispone que, entre otros, un principio rector es el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, por lo que en el artículo 4o. se prevé que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos en un ambiente de bienestar familiar y social.

Por ello, el ejercicio de los derechos de las personas adultas no podrá en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. En consecuencia, el ejercicio de la patria potestad no debe atentar contra la integridad física o mental de las personas menores de edad, ni debe actuar en menoscabo de su desarrollo, y debe corresponder a las diversas instancias de gobierno asegurarles la protección y el ejercicio de sus derechos.

Al respecto, se debe considerar que es del más indiscutible interés público la preservación de la seguridad, la vida y la salud de las y los adolescentes, y que tales bienes fundamentales se ven socavados ante la nula educación en materia de salud sexual y reproductiva, con la cual se evitaría que aquellas personas adolescentes que libremente deciden ejercer su sexualidad con las restricciones impuestas por la legislación, vean vulnerados sus derechos fundamentales.

La perspectiva de la Ley General de Salud vigente en materia de atención materno-infantil es la de la protección del binomio “madre-hijo”, lo cual conlleva consecuencias jurídicas adversas en la atención de situaciones tales como las emergencias obstétricas, donde dicha perspectiva debe ponderarse para proteger la vida de las mujeres. En ese sentido, la presente iniciativa pretende romper con esa perspectiva de protección al binomio, reformando varias de las disposiciones de la ley que abordan el tema, para concentrarse en los distintos tipos de atención que cada uno de los integrantes del referido binomio requiere.

Es importante referir que la iniciativa reconoce y recoge la importancia de la detección oportuna de complicaciones y patologías en el embarazo, misma que ya se regula en el ámbito de las normas oficiales mexicanas pero que no tiene respaldo en la ley. Con esto, se refuerza el carácter del derecho que tienen las mujeres a una adecuada y oportuna atención en el embarazo.

Un punto fundamental de la iniciativa es la inclusión de una definición de embarazo en la Ley General de Salud. En la actualidad, el marco jurídico sanitario únicamente contempla las definiciones de embarazo a nivel reglamentario (Reglamento de la Ley General en Materia de Investigación) y normativo (Norma oficial mexicana 007 de embarazo, parto y puerperio). Tales definiciones presentan incongruencias entre sí, ya que la primera utiliza el término de fertilización para determinar que es ésta la que marca el momento del inicio de un embarazo.

Lo anterior resulta incorrecto desde la perspectiva científica y ha dado lugar a argumentos jurídicos que pretenden limitar los derechos de las personas en materias tan importantes como la anticoncepción o la reproducción asistida.

En ese tenor, la definición que se incorpora en esta iniciativa, es la científicamente aceptada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y contempla a la implantación del óvulo fecundado en la cavidad uterina como el único fenómeno necesario y comprobable para determinar la existencia de un embarazo.

De especial importancia es señalar que la definición propuesta de embarazo se ajusta también a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2012 en el caso de Artavia Murillo y otros (“Fertilización In-Vitro”) contra el Estado de Costa Rica, la cual establece expresamente que el embarazo empieza con la implantación del óvulo en el útero.

En los últimos años se ha acrecentado en nuestro país el fenómeno de la violencia obstétrica, ejemplificado principalmente por el número creciente de cesáreas innecesarias, por el uso abusivo de fórceps, así como por el hecho de excluir a la mujer de las decisiones que atañen a su parto, entre otros.

Por ello, se propone incorporar el concepto de parto humanizado como un proceso en el cual las mujeres, contando con la información necesaria, participen activamente en las decisiones correspondientes, garantizándose en todo momento su seguridad y la del producto.

En ese sentido, la iniciativa plantea que la Secretaría de Salud Federal deberá adoptar las medidas necesarias para que toda mujer pueda tener acceso a un parto humanizado, entendido éste como la posibilidad de tomar decisiones informadas para llevar a cabo el parto, de manera que se respeten sus necesidades específicas y culturales, evitando toda intervención médica innecesaria o excesiva y no basada en evidencia, sin afectar la seguridad en el parto, ni poner en riesgo la vida de la mujer y la del producto.

En congruencia con distintos compromisos internacionales suscritos por México, tales como la Declaración Política en VIH del 2011, así como con los lineamientos técnicos de ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud, en la iniciativa se establece que la Secretaría de Salud deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad y el acceso a pruebas diagnósticas de VIH y a medicamentos antirretrovirales en todos los niveles de atención durante el embarazo, parto y puerperio para proporcionar la profilaxis prenatal, la profilaxis intra-parto y la profilaxis durante el puerperio, según se requiera de acuerdo con el momento del diagnóstico.

En cuanto a la planificación familiar, para hacer efectiva la libertad reproductiva que está reconocida como un derecho humano fundamental en el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución federal, resulta imperativo que en dicha materia se reconozca el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y tecnológico.

Sin embargo, la perspectiva actual de la Ley General de Salud no sólo no reconoce el derecho de acceder a los beneficios de ese progreso, sino que interpreta la libre decisión reproductiva consagrada en el artículo 4º. Constitucional como un asunto acotado a la anticoncepción.

Dicha perspectiva es limitada, ya que deja de lado que la libertad de decisión abarca también la obligación del Estado de proveer los medios para que todas las personas que así lo deseen puedan materializar sus derechos reproductivos, que incluyen la posibilidad de ser padres o madres, ante situaciones que incluyen cuestiones que van desde la infertilidad hasta el reconocimiento de las familias mono y homoparentales.

En ese sentido, la iniciativa señala específicamente que la planificación familiar incluye tanto la anticoncepción como la reproducción humana asistida, siendo ambos componentes esenciales del derecho a la libre decisión reproductiva.

En el ejercicio de esa libertad, la información es un elemento indispensable. En reconocimiento a ello la presente iniciativa establece la obligación del Estado Mexicano de garantizar el acceso a información completa, comprensible, veraz, oportuna y basada en evidencia científica, que permita a las personas tomar decisiones libres, informadas y responsables en materia de anticoncepción y reproducción asistida.

La salud reproductiva comprende el bienestar de las personas más allá de la etapa estrictamente reproductiva. Es por ello que la iniciativa establece la obligación de la Secretaría de Salud de brindar atención en la etapa post-reproductiva de hombres y mujeres; es decir, en la andropausia y la peri- y post-menopausia , respectivamente.

Cabe mencionar que, en la actualidad, únicamente existe una norma oficial mexicana dirigida a proporcionar atención en la peri y post-menopausia, lo que implica que no existen disposiciones orientadas a brindar servicios a los hombres en las diferentes etapas de su vida fértil.

Los cánceres del aparato reproductivo se encuentran hoy entre las principales causas de mortalidad en México. Si bien actualmente se encuentran operando programas y normas cuyo objetivo son los cánceres de mama y cérvico-uterino, existen muchos otros que afectan a mujeres y hombres y requieren de acciones decididas de la Secretaría de Salud para su atención. Por ello, la iniciativa propone señalar claramente la obligación de las autoridades de regular y proveer los servicios para tal propósito.

El informe de avances 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, elaborado conjuntamente entre el Ejecutivo Federal y la Coordinadora Residente de la ONU en México y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce que es preciso fortalecer los mecanismos que permitan a la población en general, y a las y los adolescentes en particular, el ejercicio pleno e irrestricto de sus derechos reproductivos, para lo cual manifiestan explícitamente, con carácter prioritario, que es una necesidad de nuestro país “impulsar la consideración de los métodos anticonceptivos como recursos estratégicos, a la par de las vacunas, y garantizar su abasto, así como, asegurar su distribución en las entidades y establecer medidas de rendición de cuentas, vinculadas a un sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores locales”.

En sintonía con ello, la presente iniciativa propone una serie de disposiciones mediante las cuales se convertirían los insumos en materia de salud reproductiva en recursos estratégicos, en atención a su importancia para la salud pública y la seguridad nacional.

En primer lugar, se establece que el Estado Mexicano garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad permanente, de todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud reproductiva. Para ello, la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio los recursos presupuestales etiquetados para ese fin dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales deberán incrementarse año con año para cubrir el crecimiento poblacional y garantizar con ello que las coberturas no decaigan.

En segundo lugar, se estipula en la Ley que la Secretaría de Salud coordinará y centralizará el proceso de licitación y adquisición de los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud reproductiva, buscando con ello evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos como la que se ha presentado en algunas entidades federativas. Adicionalmente, se faculta a la Secretaría de Salud para que establezca indicadores de evaluación específicos en materia de prestación de servicios de salud reproductiva, y cuando se determine que el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría deberá notificar a las autoridades de control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en contra del Secretario de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos involucrados.

Se propone la creación del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva como una instancia permanente, autónoma, multidisciplinaria e intersectorial de coordinación, deliberación y consulta para contribuir al mejoramiento de las políticas públicas en la materia, en el que participarán instancias públicas, privadas y sociales. El Consejo regirá su actuación con fundamento en la mejor evidencia científica disponible, en los criterios de racionalidad y objetividad, de costo-eficiencia, así como en la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de género.

Resulta importante destacar que la presente iniciativa es congruente con la obligación contenida en el art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar conforme al principio pro persona, que significa atender al criterio normativo que favorezca el ejercicio más amplio de derechos.

Aunado a lo anterior debemos mencionar que para elaborar esta iniciativa se instaló una mesa de trabajo integrada por personas con amplia, notoria y reconocida experiencia y destacadas organizaciones de la sociedad civil entre las que destacan: Balance, Promoción para el Desarrollo y la Juventud; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Grupo de información y en Reproducción Elegida, GIRE; IPAS México y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A. C.; así como por parte de la Secretaría de Salud el doctor Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; del doctor Ricardo Juan García Cavazos, Director General Adjunto de Salud Materna y Perinatal, así como de la Doctora Susana Cerón del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva quienes desde su experiencia aportaron su trabajo y profesionalismo para llegar a los concesos que permitieron esta propuesta plural.

Es oportuno precisar que el Estado mexicano de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe traducir los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos mexicanos, compromiso que se conoce como un proceso de "armonización legislativa".

Es importante señalar que la armonización legislativa en materia de derechos humanos no es una cuestión optativa sino un deber jurídico resultado de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano cuyo incumplimiento u omisión implica responsabilidad que puede derivar en recomendaciones.

En julio del 2012, el Comité de la CEDAW (Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer) examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Este ejercicio, permitió evidenciar los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de recomendaciones al Estado mexicano entre los temas analizados destaca el de armonización legislativa, con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres.

El Comité recordó la obligación del Estado “de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención” y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las observaciones finales “requieren la atención prioritaria del Estado”.

En materia de la presente iniciativa, si bien tomó nota del Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (programa PROMAJOVEN), por el que se otorgan becas de estudio a adolescentes embarazadas y madres jóvenes, preocupó al Comité que se estigmatice y obligue a abandonar la escuela a las adolescentes embarazadas y lamentó que se haya reducido el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos sobre el que informó México y específicamente realizó las siguientes recomendaciones:

“27. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Realce la visibilidad del programa PROMAJOVEN y vele por que el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos esté al día y se base en pruebas científicas, se ajuste a las normas internacionales e introduzca un programa amplio de salud y derechos sexuales y reproductivos adecuado a cada grupo de edad, como parte del programa de estudios normal de los niveles básico y secundario del sistema educativo; (…)

Salud

30. El Comité observa que el Estado parte ha estado organizando una campaña para fomentar el uso del preservativo a fin de prevenir los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, preocupan al Comité los informes de que los adolescentes tienen un acceso limitado a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva y que el número de adolescentes embarazadas en el país va en aumento. Si bien toma nota del establecimiento del Observatorio de Mortalidad Materna, le preocupa que la actual tasa de mortalidad materna, de 53,5 muertes por cada 100,000 nacidos vivos (2010), dista de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, de 22,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que significa que como ha reconocido el Estado parte, la meta no se alcanzará.

31. El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados y de adolescentes;

(…)

c) intensifique sus esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad.

32. (…) Otro motivo de preocupación son los casos en que los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían los restrictivos criterios reglamentarios (…)

33. El Comité pide al Estado parte que:
a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité;

b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben;

c) Se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.”

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobre todo a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.

III.- FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. DENOMINACION DEL PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General De Salud en materia de salud reproductiva

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Ley General de Salud

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTICULO UNICO.- Se reforman el artículo 13 apartado A fracción II, el artículo 27 fracción V, la denominación del Título Tercero Capítulo V y los artículos61, 67 y 112; se adicionan la fracción III Bis al artículo 3 y los artículos 60 Bis 1, 60 Bis 2, 60 Bis 3, 60 Bis 4, 60 Bis 5, 60 Bis 6, 60 Bis 7, 60 Bis 8, 61 Bis, 61 Bis 2 , 61 Bis y 136 Bis, para quedar como sigue: 

ARTICULO 3o.En los términos de estale y, es materia de salubridad general:

I. a III.

III Bis. La salud reproductiva;

IV. La atención materno-infantil;

IV bis. a IV bis 2. …

V. La planificación familiar y anticoncepción;

VI. a XII.- …

XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de las personas;

XIV. a XXVIII. …

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. …

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, III Bis, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X

A. …

B. …

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a III. …

III Bis. La salud reproductiva;

IV. ....

V. La planificación familiar y anticoncepción;

VI. a XI. …

TITULO TERCERO

Prestación de los Servicios de Salud

CAPÍTULO V

Salud Reproductiva

ARTICULO 60 Bis 1. Para efectos de esta Ley se entiende por salud reproductiva al estado de bienestar físico, mental y social que trasciende la mera ausencia de dolencias o enfermedades en todo aspecto relacionado con la actividad sexual y con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos entre ellos el embarazo. Incluye, la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos así como la capacidad de procrear, la libertad de hacerlo o no, cuando y con qué frecuencia, en condiciones de igualdad para el hombre y la mujer.

ARTICULO 60 Bis 2. La prestación de los servicios de salud reproductiva es de carácter prioritario y tiene la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de salud esenciales para el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva.

LOS SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA COMPRENDEN:

I. LA CONTRIBUCION, CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ESPECIALMENTE DELAS PERSONAS ADOLESCENTES, PROVEYENDO INFORMACION OBJETIVA, VERAZ, OPORTUNA Y BASADA EN LA MEJOR EVIDENCIA CIENTIFICA DISPONIBLE;

II. Atención materno-infantil;

III. Planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y servicios de reproducción humana, de acuerdo con las necesidades específicas de las personas.

IV. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida;

V. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos que afectan a los órganos reproductivos;

VI. Atención de la salud en edad post reproductiva, entre otros, climaterio y andropausia;

VII.Prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la niñez incluyendo los servicios de aplicación de anti retrovirales y antibióticos de profilaxis post exposición, de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, en concordancia este último con lo que establezcan las disposiciones penales de las entidades federativas, y

VIII. Otros que la Secretaría de Salud establezca.

La Secretaría de Salud expedirá y modificará en su caso las normas oficiales mexicanas específicas para la adecuada prestación de los servicios de salud reproductiva contenidos en el presente Artículo.

Todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud federales, estatales, municipales y jurisdiccionales están obligadas a otorgar la prestación de los servicios de salud reproductiva de conformidad con esta Ley, las normas oficiales mexicanas respectivas y demás disposiciones que para tal efecto expida la Secretaría de Salud.

ARTICULO 60 Bis 3. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado prestarán los servicios de salud reproductiva a todas las personas sin discriminación alguna por motivos de sexo, edad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado civil o por cualquier otro motivo. De igual manera, deberán mantener en todo momento la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias de los servicios.

El consentimiento informado de las personas menores de edad tendrá relevancia jurídica para garantizar el acceso y la prestación de servicios oportunos de salud reproductiva, tomando en consideración su interés superior y los criterios de madurez y desarrollo.

ARTICULO 60 Bis 4. La operación de los programas de salud reproductiva, incluyendo los aspectos administrativos, de distribución de los insumos y de prestación de servicios, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud reproductiva, las entidades federativas deberán contar con la infraestructura física necesaria, así como con personal suficiente, capacitado y actualizado.

ARTICULO 60 Bis 5. El Ejecutivo Federal garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad permanente de todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud reproductiva. A efecto de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en cada ejercicio, los recursos presupuestales etiquetados para ese fin dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en los rubros siguientes:

I. Los recursos necesarios para implementar las acciones de salud reproductiva contenidas en el Programa Nacional de Salud en la Secretaría y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Entre los recursos a los que se refiere esta fracción deberán incluirse los necesarios para la compra de los insumos y para fortalecer la operación del programa;

II. Las previsiones para transferencias de recursos para cubrir el costo de acciones extraordinarias en materia de salud reproductiva;

III. Las previsiones para cubrir el costo de incorporación de nuevos insumos a las acciones de Salud Reproductiva contenidas en el Programa Nacional de Salud en cualquier momento del ejercicio fiscal;

IV. Los demás recursos necesarios para que la Secretaría implemente, en su ámbito de competencia, las acciones en materia de salud reproductiva previstas en esta Ley;

V. Los demás recursos necesarios para que las entidades federativas implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de salud reproductiva previstas en esta Ley y en el Programa Nacional de Salud;

VI. Los demás recursos necesarios para que las instituciones de Seguridad Social implementen, en su ámbito de competencia, las acciones de salud reproductiva previstas en esta Ley, y

VII. Los recursos necesarios para que en el marco del Sistema de Protección Social en Salud se proporcionen servicios de salud reproductiva a sus afiliados. Para efectos del presente artículo y con el propósito de atender a lo que señala el artículo 60 Bis 5, la Secretaría de Salud conservará las aportaciones que le correspondan al Distrito Federal y a los estados para adquirir y proveer los insumos de salud reproductiva en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, por lo cual dichos recursos quedarán exentos de lo que señalan los artículos 77 bis 15, 77 bis 16 y las demás disposiciones establecidas en el Capítulo III del Título Tercero Bis de esta Ley y demás artículos aplicables en materia de transferencias a las entidades federativas.

La Secretaría de Salud y las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, tanto federales como estatales, estarán obligadas a considerar en sus anteproyectos de presupuestos anuales los recursos para los rubros señalados en este artículo; proyectando que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva se incrementen anualmente para cubrir el crecimiento demográfico, para garantizar que las coberturas no decaigan, y para hacer frente a las necesidades emergentes.

ARTICULO 60 Bis 6. Por su importancia para la seguridad nacional, a los insumos para la prestación de los servicios de salud reproductiva les será aplicable la excepción prevista en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido, se deberán llevar a cabo compras centralizadas que comprendan los insumos necesarios para cubrir las necesidades de las secretarías de salud estatales y de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mismas que serán coordinadas por la Secretaría de Salud. Asimismo, se realizarán compras coordinadas para atender los requerimientos de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en el nivel federal.

Para la realización de las compras centralizadas y coordinadas se deberá justificar, a juicio de la Secretaría de Salud, previa opinión del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva, que se cumple al menos uno de los objetivos siguientes:

I. Reducir los costos administrativos y de transacción en la adquisición, mediante mecanismos de compras coordinadas nacionales e internacionales;

II. Cuando la patente o el licenciamiento exclusivo de un insumo corresponda a un solo titular;

III. Atender una situación que ponga en riesgo la salud pública del país;

IV. Cuando la seguridad nacional se encuentren en riesgo;

V. Facilitar la introducción al mercado nacional de insumos de reciente desarrollo y probada efectividad para cubrir ausencias en la prestación de servicios de salud;

VI. Cuando la adquisición de insumos con el apoyo de o a través de organismos internacionales ofrezca condiciones favorables en materia de precio y oportunidad, y

VII. Permitir la continuidad en el suministro, el abasto permanente y garantizar el acceso a los insumos.

En la adquisición de los insumos a los que se refiere el presente artículo, se deberá favorecer la transparencia en los procedimientos respectivos, mismos que serán auditables por los órganos fiscalizadores correspondientes.

ARTICULO 60 Bis 7. La Secretaría de Salud establecerá indicadores de evaluación en materia de prestación de servicios de salud reproductiva.

Cuando derivado de la supervisión que la Secretaría de Salud haga a las entidades federativas se determine que, de acuerdo con los indicadores señalados en el párrafo previo o con estándares internacionales, el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría de Salud procederá a notificar a las autoridades de control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en contra del Secretario de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos involucrados. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil o penal que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los funcionarios locales.

ARTICULO 60 Bis 8. El Consejo Nacional para la Salud Reproductiva es una instancia permanente, autónoma, multidisciplinaria e intersectorial de coordinación, disertación y consulta para contribuir al mejoramiento de las políticas públicas en la materia, en el que participarán instancias públicas, privadas y sociales.

El Consejo regirá su actuación con fundamento en la mejor evidencia científica disponible, en los criterios de racionalidad y objetividad, de costo-eficiencia, así como en la perspectiva de los derechos humanos y la igualdad de género.

Artículo61.Laatenciónmaterno-infantilcomprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral, oportuna, efectiva, preventiva y respetuosa desde la etapa preconcepcional y durante el embarazo, parto y puerperio, con o sin patología, incluyendo la atención psicológica que se requiera;

I Bis. …

I Bis 1.Laatencióndelasemergenciasobstétricasenlas diversas etapas de la gestación, incluyendo el tratamiento de las complicaciones durante el embarazo, la pérdida gestacional, el parto y el puerperio, así como las demás que requieran de atención médica inmediata;

II. La atención neonatal incluyendo la exploración profunda del recién nacido, las intervenciones de tamizaje, profilaxis y diagnóstico oportuno de patologías y discapacidades, la lactancia materna, aplicación oportuna de vacunas, la salud visual, así como la vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil,

III. a V. ...

Artículo 61 Bis 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por embarazo, como la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus usualmente en el endometrio, y termina con el nacimiento.

Artículo 61 Bis 2. La Secretaría deberá adoptar las medidas necesarias para que todas las mujeres puedan tener acceso a un parto digno, seguro y respetuoso que incluya la posibilidad de tomar decisiones informadas y libres de violencia para llevar a cabo el parto de manera que se respeten sus necesidades específicas e identidad cultural, evitando toda intervención médica innecesaria o excesiva y no basada en evidencia, sin afectar la seguridad en el parto, ni poner en riesgo la vida dela mujer y el producto.

Artículo 61 Bis 3. Las instituciones de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad y el acceso a pruebas diagnósticas del virus de la inmunodeficiencia humana y a la administración de medicamentos antirretrovirales en todos los niveles de atención durante el embarazo, parto y puerperio para proporcionar la profilaxis prenatal, intraparto y durante el puerperio, según se requiera de acuerdo con el momento del diagnóstico.

Artículo 67.La prestación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción  tienen como objetivo contribuir a la prevención de los embarazos, no planeados y no deseados, la transmisión sexual y vertical de enfermedades, especialmente de las personas adolescentes, así como servicios de reproducción humana, incluyendo la asistida. Asimismo, para disminuir los riesgos reproductivos, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de decidir sobre el número y espaciamiento de los embarazos, todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva y reproductiva, la cual debe ser oportuna, eficaz, completa y basada en evidencia para todas las personas.

Los servicios de planificación familiar y anticoncepción constituyen un medio para el ejercicio del derecho constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos con pleno respeto a su dignidad.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I.

II.

III. Orientar y capacitar a la población en materia de estilos de vida saludable que incluye entre otros: nutrición, salud mental, salud bucal, educación para la salud sexual y reproductiva, planificación familiar y anticoncepción, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

ARTICULO 136 Bis. Las instituciones de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud deberán ofrecer y proveer pruebas diagnósticas del virus de la inmunodeficiencia humana en todos los casos de violencia familiar, sexual y de género y, proveer inmediatamente los servicios de aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición, de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, en concordancia este último con lo que establezcan las disposiciones penales de las entidades federativas en todos los casos de violencia sexual que lo ameriten.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, y de las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencia, implementarán todas las acciones necesarias para garantizar que para el ejercicio presupuestal de 2015 se destinen los recursos necesarios para desarrollar las acciones de prestación de servicios de salud reproductiva, en los términos previstos en el presente Decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal contará un plazo no mayor a los 180 días naturales para expedir el Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva.

El Consejo expedirá su Reglamento Interno en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la fecha en que se realice su sesión de instalación.

QUINTO. Se abrogan los acuerdos por los que se crearon el Consejo Interno del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; la Comisión Nacional Mixta de Equidad de Género; el Grupo Interinstitucional de Lactancia Materna, y el Grupo Interinstitucional para la Detección del Cáncer de Mama.

SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no excederá los 270 días naturales para la expedición de las normas oficiales mexicanas referidas en el Artículo 60 Bis 2 del presente Decreto.

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Atentamente

Dip. María De Las Nieves García Fernández. – Dip. Martha Lucía Mícher Camarena. –Dip. Dora María Guadalupe Talamantes Lemas. – Dip. Ruth Zavaleta Salgado.






Solicito a la Secretaría dé lectura a un Acuerdo que suscriben los grupos parlamentarios sobre el Ébola.

PROPUESTAS

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con base en las consideraciones anteriores, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con dos puntos de Acuerdo de urgente resolución.



Es cuanto, señor Presidente.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a su discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro del acuerdo.

La Diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, señor Presidente.

Es indiscutible que este tema que preocupa, no solamente a los países que están viviendo la enfermedad, sino a todos los demás en este mundo globalizado, en el que las enfermedades, los virus, viajan mucho más rápido que los humanos.

Tenemos, como Senado y como Comisión Permanente, en este caso, que presentar un exhorto, una atenta y respetuosa llamada de atención, para que el gobierno mexicano, esté alerta y esté atento sobre este tema.

Esta proposición con punto de acuerdo, está soslayando y está señalando, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe manifestarse a nombre del pueblo y del gobierno mexicano, ante la Organización Mundial de la Salud, con la preocupación por esos brotes de Ébola que han causado un sinnúmero de víctimas, en los países que ya conocemos, como Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Mali y Costa de Marfil.

No solamente es manifestarse y expresar la solidaridad del pueblo y del gobierno mexicano, con quienes han fallecido ya por esta enfermedad, ante sus familiares y ante la necesidad de que se intensifiquen acciones coordinadas para evitar que se siga extendiendo.

También es importante señalar, que los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración de México, deberán de reforzar las medidas de seguridad, los medios profilácticos, preventivos y de vigilancia fronteriza, en puertos, aeropuertos y en puntos de ingreso de otras personas hacia México.

Pero además, es importante que México pueda pronunciarse para que se investigue, para que se sumen los talentos mexicanos, a la investigación, al aporte científico y a la suma de esfuerzos en una lucha que debe de ser frontal, universal y decidida para evitar que este tipo de virus siga propagándose.

Y por ello, en nombre del Partido Acción Nacional, estaremos votando en favor de este punto de acuerdo, de urgente resolución, para que hoy mismo pueda ser aprobado y consecuentemente aplicadas sus recomendaciones.

Por su atención, muchas gracias.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Para hablar sobre este mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del acuerdo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Y, bueno, estamos hablando de un problema de salud importante, que pareciera lejano por los brotes que ha habido, pero la Organización Mundial de la Salud, ha declarado un brote ya, bueno, uno de las personas afectadas, muy cerca aquí, en Estados Unidos de Norteamérica.

El problema serio que hay es, cómo se pude confundir esta enfermedad. Es una enfermedad muy parecida a otro problema de salud que hemos tenido aquí en el país, con temperaturas, dolores musculares, cefaleas y eso es lo que se llama mucho la atención.

Nosotros, queremos, por eso, este punto de Acuerdo es de urgente y obvia resolución, porque en principio hay que ponerle suma atención a la Organización Mundial de la Salud.

Las recomendaciones que da sobre las características de la enfermedad; pero también la Organización Mundial de la Salud ha dicho, que es un virus que se propaga rápidamente. Entonces, creo que lo expuesto en este punto de Acuerdo es importante, el cerco sanitario que se debe de buscar y cómo las autoridades de salud, en este país y todos los que tienen que ver con esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, pongamos puntual atención a la llamada de alerta que ha puesto la OMS, sobre una declaratoria del brote de Ébola, como emergencia sanitaria internacional.

Llamamos la atención a esto, porque tiene que haber un aviso preventivo, para las personas, para la gente que hará viajes al extranjero, sobre todo a territorio africano, en Liberia, en la Sierra Leona, en Nigeria; pero sobre todo, extremar las precauciones sanitarias en nuestro país.

No está por demás, que este punto de Acuerdo, no solamente quede en el exhorto, en la invitación respetuosa, sino en las providencias que se debe de tomar para poder poner este cerco sanitario en nuestro país, en nuestro continente.

Por su atención, muchas gracias.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Consulte…

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Señor Diputado…

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: ¿Con qué objeto, Senadora?

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Bueno, Secretario, Presidente en funciones. Deseo solicitar la palabra, a favor, en el mismo tema.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Tiene la palabra, Diputada Zavala Peniche.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de mis compañeros y compañeras.

Efectivamente, creo que todos los mexicanos, nos encontramos muy preocupados por este virus, tan letal, tan difícil de controlar, tan irreconocible, ahora, en tratamiento y en vacunas.

Creo que lo principal que debemos hacer. Y solicitar al gobierno de México y a las instancias encargadas, es, la solidaridad con los países que están padeciendo o en donde apareció este brote.

Cuando en México tuvimos el problema de la Influenza H1N1, si recuerdo bien sus siglas, tan extrañas que era un brote nuevo.

Tomamos las medidas necesarias. Hubo medidas sanitarias que fueron efectivas y que impidieron que este virus, que aún no se conocía bien, se propagara más.

Recibimos apoyo solidario de otros países. Y creo que es lo que México requiere ahora hacer, con lo que está sucediendo en estos países en África, y con este virus tan difícil de controlar.

Debemos aportar solidaridad. Podemos dar nuestra experiencia, trabajar en las medidas necesarias para su cura, para su prevención, para las vacunas.

Y debemos solicitarle a la comunidad internacional, yo pediría, pues que estuviera también la intención, en el punto de Acuerdo, que México solicite la solidaridad internacional a este país o a los países que están padeciendo el virus, a su población, que además son países con mucha pobreza, con condiciones de salud muy difíciles y que realmente requieren nuestro apoyo.

México no es un país, precisamente desarrollado, pero México puede ayudar y puede apoyar.

Y también exhortar a los países que tienen más recursos y posibilidades, pues de salud, económicas, de desarrollo de su ciencia, a que tengan esa misma actitud solidaria.

Que no le nieguen la entrada a los connacionales. A los que van y están allí apoyando en los países africanos y en donde se da este problema. Que apoyen, al contrario, que apoyen allí mismo en estos países, en África.

Es como podemos ayudar al mundo, a que esta enfermedad, no siga expandiéndose y que no sea tan letal.

Eso es lo que quiero plantear. Estoy de acuerdo con los cercos sanitarios y con lo que tenga que hacerse de manera legal; pero también creo que debemos de ser solidarios y que tenemos que apoyar a países en pobreza, que está padeciendo este mal.

Muchas gracias.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

El Diputado Williams Ochoa Gallegos: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Conforme al resolutivo primero del Acuerdo aprobado este día, asumirá la conducción de la sesión el Diputado Juan Pablo Adame Alemán.






CONDUCCION DEL DIPUTADO
JUAN PABLO ADAME ALEMAN

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de los integrantes del grupo de trabajo, creado para atender la situación de los niños migrantes, para presentar un punto de Acuerdo en relación con el tema.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Diputado.

Bueno, primero nuevamente traemos el tema de los niños migrantes no acompañados a esta tribuna. Afortunadamente este tema se ha convertido en un tema prioritario de la Comisión Permanente, hay un interés sentido, profundo por parte de los Diputados y de los Senadores.

La intención de este exhorto que buscamos hacer al Ejecutivo Federal, es por las cifras, los números que vienen inquietándonos a todos y por la crisis humanitaria por la que están atravesando los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Yo quisiera recordarles algunos números que me parece crucial que los tengamos en el radar y por lo tanto desde aquí debemos hacer lo necesario para que desde la Comisión Permanente podamos ayudar, coadyuvar en lo que está siendo ya tareas muy concretas, programas específicos, que ha dado a conocer en semanas anteriores el gobierno federal.

Por un lado, el incremento en el flujo de menores migrantes se ha incrementado el número de menores rescatados en un 7.4 por ciento. Es decir, que de 9 mil 630 menores no acompañados que hubo en 2013, tan sólo en lo que va de este año, la cifra ascendió a 10 mil 505.

Si se comparan las cifras desde el año 2010 en donde hubo 4 mil 43 menores migrantes, el incremento al día de hoy es de 159 por ciento. Las autoridades estadounidenses han detenido a más de 57 mil menores migrantes en el año fiscal actual del 1° de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014.

Reconociendo que el actual, que el Ejecutivo Federal se comprometió mediante la declaración de Managua en la reciente conferencia regional sobre migración, a garantizar el interés superior de la niñez y mantener este interés como guía a las respuestas regionales, bilaterales y nacionales ante esta urgente situación migratoria. Por supuesto este tema es de reconocerse.

De acuerdo con la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración debe trasladar a las y los niños a las instalaciones del DIF. Sin embargo esto sucede en muchos de los albergues no cuentan ni con infraestructura ni con el personal adecuado para atender a este grupo de la población.

Por ejemplo, el año pasado 95 niños y niñas extranjeros fueron deportados por el Instituto Nacional de Migración desde Querétaro. Y únicamente 13 fueron canalizados al albergue del DIF nacional “Caminando Juntos”, ubicado en esa ciudad.

El DIF debe albergar a la niñez mexicana deportada desde Estados Unidos y a la niñez extranjera detenida en México.

En el periodo de octubre de 2013 a junio de 2014, Estados Unidos deportó a 12 mil 614 menores mexicanos. Esta cifra sumada a los 10 mil 731 menores centroamericanos que el DIF debería atender. Resulta en una población objetivo de 23 mil 345 menores.

Si nosotros nos metemos también a la parte del presupuesto, con esto estaríamos diciendo que el presupuesto que tiene hoy el DIF para atender a cada niña o niño es de 270 pesos anuales. Ninguna institución puede garantizar el bienestar de un menor con este presupuesto.

Lo que estamos buscando a través de este punto de acuerdo es, primero, por un lado, exhortar al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las capacidades del DIF, concretamente para atender la problemática de las niñas y niños adolescentes migrantes no acompañados.

También por otro lado estamos buscando hacer lo necesario para establecer módulos de atención a la niñez migrante en la frontera norte y en la frontera sur.

¿Qué queremos decir con esto?

Es necesaria la presencia de médicos, es necesaria la presencia de enfermeras y enfermeros. Es necesaria también la presencia de psicólogos, concretamente en la frontera norte y en la frontera sur.

El apoyo a los niños mexicanos repatriados, por ejemplo, por qué no apoyarles con becas escolares y alimenticias para sus familias.

O por otro lado también pensar en abrir más albergues para niñas y niños extranjeros en la frontera sur. Y no queremos que estos niños sigan en las estaciones migratorias, me parecería crucial que pudieran ser atendidos por el DIF. Por eso hago hincapié en la necesidad de fortalecer las capacidades del DIF, que se contrate, de ser necesario, el personal que se pueda para el próximo año. Quisiéramos que esto fuera así.

Pero lo que sí me parece muy importante es que esta Comisión Permanente realice este exhorto al Ejecutivo Federal que hagamos lo necesario, insisto, para fortalecer las capacidades del DIF para atender concretamente a los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Tenemos que tratar de hacer lo necesario para trabajarlo de la mano con el gobierno Federal. Y aquí estamos con toda la disposición para combatir esta crisis humanitaria.

Este punto de Acuerdo está siendo firmado por el Senador Héctor Larios Córdova, por el Senador Miguel Romo Medina, quien también ha estado muy interesado en el tema desde el comienzo de esta legislatura, y así me lo ha externado, y por supuesto, por la Senadora Diva Gastélum, que además somos aliadas en éste y muchos otros temas, porque creemos que más allá de los partidos políticos hay que darle solución a estos problemas y más a esta crisis humanitaria por la que estamos atravesando no nada más en México, sino que también está trasladando fronteras y a veces pareciera que muchos hacen oídos sordos.

Es cuanto, Diputado Presidente.



El Diputado Adame Alemán: Muchas gracias, Senadora. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a su discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, Diputado Presidente.

El Diputado Adame Alemán: En consecuencia, está a discusión la propuesta, y para hablar sobre este asunto se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Creo que continuar en la búsqueda de resolver uno de los problemas más sentidos en este momento y que ha hecho crisis, que es el tema de los niños migrantes no acompañados bien vale la pena.

Regularmente la tribuna se toca una vez, pero no se le da el seguimiento apropiado regularmente, pero hoy yo quiero felicitar a la Senadora Mariana Gómez del Campo por la permanencia que ha tenido en esta defensa, en muchos otros temas, pero en esta de manera especial, y que nosotros nos hemos sumado porque consideramos que bien vale la pena aprovechar esta coyuntura delicada, hay que decirlo, pero que puede circular en dos sentidos:

Primero hay que llamar la atención en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En principio de mi vida profesional yo tuve la oportunidad de trabajar para el DIF, y descubrí en esta organización una gran oportunidad de servicio; sin embargo, todavía a esta hora el DIF requiere de suficiencia en todos los sentidos, llámese presupuestal, acciones, facultades.

Porque hay que decirlo, la Ley de Asistencia Social poco se ha revisado y poco se ha actualizado para beneficio del sector, que beneficiaría la Ley de Asistencia Social. Yo me pronuncio, nos pronunciamos el Grupo Parlamentario porque muy pronto tengamos una reforma que le dé mayores facultades al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y por supuesto el recurso que también lo es importante.

Y hablando del DIF, hay que decirlo también, que el DIF ha estado muy pendiente del tema de los niños migrantes no acompañados. Esfuerzos en el 2007, en 2009, 2010, y tomando en cuenta que Naciones Unidas ha manejado cifras que nos debe de poner muy alerta de la movilidad humana que habla que en el mundo 232 millones de personas son migrantes, es una cifra de Naciones Unidas, pero que también en el tema que estamos haciendo énfasis es lo que tiene que ver a niños migrantes no acompañados.

Lo dijo aquí la Senadora Mariana y nosotros nos sumamos a esta propuesta, de poder tener acciones específicas, porque los criterios que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene en esta estrategia de prevención son cuatro criterios que necesitan recursos, apoyos, facultades, una infraestructura más acabada para dar la atención que se requiere.

Habla de los niños y niñas adolescentes repatriados, de los niños, niñas adolescentes migrantes nacionales, y de los migrantes extranjeros porque no hay que olvidar que nosotros somos tránsito también, no solamente los que salen de nuestro país, sino los que transitan rumbo a Estados Unidos de Norteamérica. Y también los que tienen que ver con los riesgos asociados a la migración infantil no acompañada.

Son cuatro rangos, no solamente uno, cuatro rangos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha puesto especial intención, y que hoy este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución nos llama la atención para la mejora de un sistema que ha ganado por mucho tiempo la calidad moral y el creer que este sistema brinda el mejor de los servicios.

Apoyemos al DIF, pero sobre todo ayudemos a que esta crisis humanitaria tenga una respuesta favorable.

Muchas gracias.

El Diputado Adame Alemán: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, Diputado.

El Diputado Adame Alemán: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Compañeros legisladores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una Sesión más aquellas iniciativas de reciente inscripción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 37 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Presentada por los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACION, EN MATERIA DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACION EN MATERIA DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- De acuerdo con la Ley de Planeación, se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

En ese sentido, se deberán fijar los objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinando acciones y evaluando resultados.

De igual forma, la Ley establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Por lo que contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determinará los instrumentos y responsables de su ejecución.

Además, el Plan establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, teniendo que atender al conjunto de la actividad económica, social y cultural.

Asimismo, esta Ley contempla una serie de principios señalados en el artículo 2, a partir de los cuales se deberá realizar el PND, entre los que se encuentran:

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo; 

III. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres;

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre;

VI. El equilibrio de los factores de la producción;

VII. La perspectiva de género;

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

2.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal, a partir del cual todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse.

Entre las diversas acciones que contempla el PND para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad1.

Asimismo en materia de inclusión, dentro de sus estrategias, destaca lo siguiente:

VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Líneas de acción

· Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

· Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

· Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

3.- De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) hay en el país 7.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 5.7 millones viven en miseria, 2.2 millones en pobreza alimentaria y 3.8 enfrentan rezago educativo2.

Asimismo, se observan los siguientes datos:

· El Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señaló que la mayor prevalencia de esta condición se da entre personas adultas de 60 y más años (26.2%).

· Le siguen los adultos de 30 a 59 años (4.8%), los jóvenes entre 15 y 29 años (1.9%) y los niños de 0 a 14 años (1.6%).

· El Censo 2010 también reveló que en el grupo de la población con algún grado de dificultad para realizar actividades, el 39.4% señaló que la causa fue alguna enfermedad, 23.1% la edad avanzada, 16.3% el nacimiento y 14.9% algún accidente.

· Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU).

· Asimismo, el INEGI señala que más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20%, percibe menos de un salario mínimo.

· Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, SEDESOL-CONAPRED).

· De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 60% del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas; la tasa de participación económica en la población con discapacidad es sólo de 25%.

Como señalan las cifras, la condición de discapacidad es una circunstancia que se presenta en gran número a lo largo del país, lo cual implica que para poder potenciar las capacidades de las personas con discapacidad y promover una real inclusión, hay que proporcionar mayores elementos y herramientas a este sector de población para que se puedan valer por sí mismas y en igualdad de condiciones que los demás.

4.- Es una realidad que a partir del 3 de mayo de 2008, con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se dio un paso importante y fundamental para alcanzar el respeto a la dignidad y la oportunidad de un desarrollo sano e integral de las personas con discapacidad, siendo indispensable para lograr esto un cambio cultural, así como de visión en el que gobierno y sociedad, en conjunto, seamos conscientes de la necesidad de cumplir cabalmente estos derechos.

Lamentablemente, aún en pleno siglo XXI, la discriminación hacia las personas con discapacidad es un mal generalizado que se ha incrustado en nuestra sociedad de tal manera que hoy simplemente muchos ya no la ven y la aceptan como algo natural.

Sin embargo, la visión de hoy debe ser de respeto pleno a los derechos humanos, en virtud de que aún y cuando formalmente se les reconoce y respeta, en la práctica no se les han dado los instrumentos para que puedan desenvolverse en un plano de igualdad dentro de la colectividad, de allí la importancia de que continuemos fortaleciendo el marco jurídico nacional para garantizar que sin distingos de gobiernos, la inclusión de las personas con discapacidad sea un principio que deba de contemplarse en su planeación gubernamental.

5.- Desde el inicio de la presente administración ha quedado de manifiesto que la inclusión social es uno de los enfoques básicos sobre el cual se basan todas las acciones del Estado Mexicano, particularmente, tratándose del respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, en el Senado de la República el trabajo a favor de los derechos humanos es evidente, particularmente aquellos concernientes a personas con discapacidad, teniendo como ejemplos los siguientes:

· Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la información en igualdad de condiciones a través de los instrumentos y tecnologías idóneos.

· Adecuar los términos y derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco normativo nacional, en las diversas materias.

· Establecer que la educación que se imparta por el Estado Mexicano sea inclusiva y que se garantice el acceso en igualdad de condiciones al ejercicio de este derecho, a las personas con discapacidad.

· Fomentar el establecimiento de formatos o mecanismos que les permitan a las personas con discapacidad acceder a los medios masivos de comunicación.

· Promover que la discapacidad sea prevenida, habilitada y que las instituciones destinadas a brindar servicios médicos cuenten con las adecuaciones necesarias que garanticen el acceso y tránsito de las personas con discapacidad.

· Dar a las personas con discapacidad la posibilidad de obtener algún crédito, seguro o cualquier otro servicio financiero sin que la condición con que vivan sea un impedimento para su obtención.

· Establecer en la Constitución Política facultad expresa al Congreso de la Unión para legislar en temas referentes a los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, reconociendo el trabajo y compromiso del Poder Ejecutivo a favor del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, resulta preponderante que se garantice que estás acciones de Planeación Nacional contenidas en el actual PND tengan continuidad en el tiempo y vayan más allá de la voluntad de los gobernantes a un ejercicio constante que tenga su fundamento en la Ley de Planeación como uno de sus principios rectores.

De allí, atendiendo los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, así como la necesidad de cumplir con sus derechos adquiridos en tratados internacionales, en el marco jurídico nacional y en plena congruencia con la armonización legislativa, es necesario adicionar al artículo 2o de la Ley de Planeación una fracción que establezca como uno de los principios rectores la inclusión de sus derechos.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACION.

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley de Planeación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I a VI…

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, y

IX.- La inclusión de los derechos de las personas con discapacidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de agosto de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.

1 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

2 Véase: http://www.conadis.gob.mx, consultado el 5 de agosto de 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, EN MATERIA DE GRATUIDAD DE LA INFORMACION PUBLICA

(Presentada por el Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)

El suscrito, Diputado CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, EN MATERIA GRATUIDAD DE LA INFORMACION PUBLICA, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La rendición de cuentas nace con la democracia participativa, en particular con el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la Constitución Estadounidense de 1789. La rendición de cuentas implica delegación de autoridad del electorado a sus representantes y obliga a los poderes constituidos del Estado a informar a sus gobernados sobre los gastos de todo ejercicio público.

La rendición de cuentas apareció con el advenimiento de la democracia representativa, cuyo reflejo más nítido esta en los escritos de James Madison (1751-1836) a finales del siglo XVIII (fundamentalmente en El Federalista1). El gobierno representativo introdujo dos ideas novedosas: la soberanía popular y la representación. Dado que la soberanía residía en el pueblo, éste contaba con la facultad para delegar autoridad al gobierno para legislar y promover el interés general. En contrapartida, el pueblo contaba con el derecho para exigir cuentas a sus representantes. Años después de que Madison expusiera sus ideas en El Federalista, John Stuart Mill (1806-1873) las evocó al decir que: Tan importante es que los electores designen a un representante mas instruido que ellos, como que éste individuo mas ilustrado sea responsable hacia ellos. El hombre de conciencia y de talento reconocidos debería exigir plena libertad de obrar según lo que estima mejor, no supeditándose a otras condiciones. Pero los electores tienen derecho a saber cómo piensa obrar, según qué opiniones se propone dirigir su conducta en todo lo que se refiere a su deber público2.

En México, la larga campaña por la transparencia y la responsabilidad gubernamentales empezó en los años setenta, con esfuerzos para reformar la Constitución Mexicana y así regular el derecho al a información como garantía constitucional del pueblo. La nueva redacción del artículo 6 de la Constitución se aprobó en 19773.

Posteriormente, durante más de una década el acceso a la información pública se consideró incorrectamente como una garantía social que consistía en que le Estado permitiera a los partidos políticos que manifestaran a través de los medios de comunicación una diversidad de opiniones. Con una estrecha visión, ligada por cierto a una concepción autoritaria del ejercicio del poder, la Suprema Corte de Justicia sostuvo en 1985 que con esta reforma “no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información4”.Tuvieron que pasar más de 10 años para que la corte rectificara este criterio. El asunto concreto se dio a raíz de la investigación de la matanza del vado de Aguas Blancas en el estado de Guerrero. En esta ocasión, la Corte realizó una investigación que da un giro en materia de transparencia, pues consideró que esa “garantía” se encontraba estrechamente vinculada con el respeto a la verdad.
En ese sentido sostuvo:

“Tal derecho (el de la información) es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas… asumen ante éstas actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar en ellas a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernadores5”.

En esta decisión la Corte se alejó de la interpretación que consideraba el derecho a la información como exclusivo de los partidos políticos, para darle un sentido más amplio y considerar que su ejercicio concernía a la sociedad. Aún más importante, considera implícitamente que dicho ejercicio constituía una garantía individual pues, de no hacerlo, difícilmente podría haber considerado que los hechos en cuestión constituían una violación al artículo 97 segundo párrafo de la Constitución.

Varias resoluciones posteriores confirman esta interpretación y se reconoce, ya sin ambigüedades, que el artículo 6 consagra el derecho de todo ciudadano a la información y le otorga expresamente el carácter de una garantía individual6. Las decisiones de la Corte suponen reconocer además que, aunque sujeto a ciertas limitaciones, existe un derecho subjetivo de los ciudadanos a solicitar información a las autoridades y que la negativa de éstas a proporcionarla constituye un “acto autoritario” susceptible de ser impugnado por la vía del amparo.

El texto original plasmado en el artículo 6º por el constituyente en 1917 nada decía con relación al derecho a la información. Actualmente el citado artículo reza como sigue:

Artículo 6º: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será́ ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será́ garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así́ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así́ como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá́ condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios7.

El reconocimiento del derecho a la información como una garantía individual en nuestra Ley de Leyes, obliga a la reflexión sobre la gratuidad. Tal como los otros derechos inalienables garantizados en la Constitución, el de información no debe tener mayores restricciones para su disfrute.

La gratuidad al menos sobre aquella información que se originó por el gobierno en ejercicio de gasto público y que por mandato de ley es información pública. La presente iniciativa busca crear las condiciones jurídicas para que el ciudadano solicitante de la información, tenga medios gratuitos para el total acceso a la información pública.

En este orden de ideas, la transparencia aplicada a lo público, es decir, a la administración pública, se refiere por parte del gobernante a la honestidad, a las cuentas claras, y por parte del gobernado, a la participación ciudadana y al respeto de las reglas e instituciones. En otras palabras, transparentar la gestión pública como sostiene Kate Doyle8, implica favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan evaluar el desempeño de las entidades del gobierno y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del estado de derecho.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 hace referencia a la transparencia en los siguientes términos:

Gobierno cercano y moderno: Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente Administración, deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: “Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados9”.

Respecto a la rendición de cuentas y combate a la corrupción señala:

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes10.

Tal como está diseñado, el derecho de acceso a la información pública es, el derecho que tienen las personas para conocer los documentos que producen y manejan las autoridades públicas. O dicho de otra manera: en una suerte de derecho a la memoria, que se va plasmando día con día en registros escritos en papel o en medios electrónicos, a partir de la forma en que los servidores públicos de México ejercen las atribuciones que les han sido concedidas11.

Atendiendo a sus raíces, a los datos y reflexiones que nos ofrece Andrés Schedler tenemos que la palabra “transparencia” proviene de la expresión latina “trans-parere”. Lo transparente es lo que podemos ver de un lado a otro, lo que aparece viendo a través de algo. Lo transparente no es simplemente lo que podemos observar, es lo que podemos observar a través de una división, una pared, una frontera12.

Los conceptos de responsabilidad y rendición de cuentas enfrentan problemas para su traducción, aún cuando sus expresiones de origen “responsivennes” y “accountability” se asocian a la idea de dar o rendir cuentas, a la obligación de los mandatarios para obligar a sus mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.

La transparencia constituye una de las dimensiones específicas de la rendición de cuentas pero no necesariamente significan lo mismo. En cuanto a los puntos en que convergen, cabe mencionar que la encarnación de ambos conceptos ocurre en el sistema social y político donde existen relaciones identificables entre mandantes y mandatarios que participan en la formulación e implementación de decisiones vinculantes; y porque en esas relaciones resulta evidente la asimetría que hay en el manejo de información a favor de los mandatarios, lo cual se convierte en un obstáculo para que los mandantes evalúen si los mandatarios son responsables, rinden cuentas adecuadamente y, en virtud de ello pueden ser dignos de confianza.

En el tránsito de la democracia al buen gobierno, la transparencia debe asumirse como una oportunidad para encarar la suspicacia generalizada sobre la gestión gubernamental y para mejorar la calidad del servicio público y las bases de sustentación del régimen político.

Cualquier sistema de rendición de cuentas enfrenta un problema derivado de los altos costos de la información que implica su funcionamiento. La vigilancia implica costos de tiempo y dinero: adquirir información, procesarla y corroborarla. Con frecuencia, esos costos de información son muy elevados. Por ejemplo, los costos para supervisar el funcionamiento de la burocracia en México. Por un lado, la Secretaría de la Contraloría, ejerce un presupuesto anual de cientos de millones de pesos y en su nómina aparecen cientos de empleados y auditores. Invierte millones de horas-hombre en auditorías, visitas domiciliarias, procesos administrativos y penales, difusión pública, entre otros. Todos éstos son los costos de la información para vigilar la burocracia.

Según datos del sistema INFOMEX, en lo que va del año 2014, atiende alrededor de 2,000 solicitudes de información por semana, así como 100 recursos de revisión semanal. En el año 2010 se registraron 122,138 solicitudes de información, en 2011 fueron 123,293, en 2012 se registro la cantidad de 131,154 y en 2013 fueron 147,148.

En las propias estadísticas, se contempla que desde 2003 a Marzo de 2014, se han ingresado 1´045,719 solicitudes de información y corrección de datos personales. El 95% de las solicitudes de información se presentan por vía electrónica, y el 88.6% de las respuestas se dan por las mismas formas electrónicas. Lo que supone que el solicitante no tiene que pagar costos por fotocopias u otros medios para la entrega de la información.

Los datos muestran que al menos en lo que refiere a información pública de instituciones de la administración pública federal, la mayor parte de dicha información se entrega de manera gratuita. Lo que no desinhibe al solicitante al acceso de la información peticionada. El problema radica cuando la información no se encuentra disponible para su acceso por medios electrónicos y es donde el ciudadano tiene que pagar los costos de la reproducción de los materiales.

Según el portal del IFAI, los costos los fijados por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios adscrita a la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP son los siguientes. Por  un CD-R la cantidad de $10.00 (diez pesos), por cada copia simple tamaño carta u oficio $.50 (cincuenta centavos), por cada hoja impresa por dispositivo informático tamaño carta u oficio $.50 (cincuenta centavos), por cada copia certificada $16.00 (dieciséis pesos). Lo anterior adicional al costo de envío que dependerá de el destino a donde será remitida la información, el volumen y peso del envió, el prestador de servicios de mensajería y el tipo de servicio solicitado.

Durante el año 2013, 13,697 solicitudes de información fueron respondidas por medios diferentes a los electrónicos, lo que generó el pago de la reproducción de la información. Cabe mencionar, que la mayoría de las solicitudes que no son respondidas por medios electrónicos, terminan en el desistimiento, en tanto que los solicitantes no cubren los cobros estipulados.

La Cámara de Diputados también invierte cantidades extraordinarias de tiempo en comparecencias, investigaciones, auditorías y discusiones para vigilar al Ejecutivo. El presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación es el reloj más fiel de los costos de información que asume el Congreso para llamar a cuentas al Ejecutivo. Finalmente, el Ejecutivo también invierte recursos humanos y financieros para informar al Congreso y a la opinión pública de sus actos: informes de gobierno, informes de periódicos, elaboración de la cuenta pública, entre otros13.Un diseño institucional deficiente de rendición de cuentas puede volver demasiado oneroso controlar el abuso del poder y llamar a cuentas a los gobernantes. Una sociedad puede invertir enormes cantidades de recursos en crear instancias burocráticas que vigilen al Ejecutivo, para descubrir después que necesita otra instancia burocrática para vigilar a ese vigilante. Y la cadena se puede hacer infinita sin producir resultados. Según los expertos, sí las leyes pueden obligar a los gobernantes a informar de sus actos, pero resulta difícil comprobar esa información o  las sanciones en caso de incumplimiento son de difícil aplicación, el sistema de rendición de cuentas será ineficaz.

Los países de derecho codificado como México, han seguido con frecuencia la ruta más ineficaz y onerosa para que sus gobiernos rindan cuentas. Se han creado innumerables controles administrativos para limitar la corrupción, pero esos controles internos solo han dado lugar a altos costos burocráticos y administrativos y, en ocasiones, han generado más corrupción. Los economistas neoclásicos han mostrado cómo la sobre regulación burocrática solo crea más espacios para la corrupción, porque al haber más trámites que cumplir, más oficios que llenar, mas reportes que entregar y más obstáculos que vencer, surgen actores que se beneficias en los complicados procesos.

Cuando la rendición de cuentas es asumida por las élites políticas y burocráticas, su costo se eleva y se concentra en el presupuesto público con resultados magros. Por ello, se debe descentralizar la rendición de cuentas para disminuir su costo y elevar su eficiencia. Los politólogos Mathew McCubbins y Thomas Schwartz14 han ejemplificado este problema con la analogía de las alarmas de detección de fuego y los carros de bomberos. Para combatir los incendios una ciudad tiene dos opciones: estacionar un carro de bomberos en cada esquina para que al primer indicio de humo acuda el carro más cercano y apague el siniestro; o bien, colocar una alarma de incendio en cada esquina para que los vecinos la activen en caso de ser necesario. En el primer caso, el costo de apagar fuegos es absorbido por el gobierno y su monto puede ser altísimo. En el segundo caso, el costo es compartido por el gobierno que instala alarmas y por la sociedad que detecta incendios de fuego y activa la alarma en caso de peligro. Es claro que las alarmas constituyen la solución menos onerosa y más eficiente.

Para que la sociedad detecte malos manejos y active la alarma de los entes de fiscalización, es necesario que los gobiernos sean transparentes, que la información sea de acceso libre y público, para que cualquier ciudadano, organización o partido político pueda detectar irregularidades e iniciar el proceso de rendición de cuentas15.

Teóricamente, el acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. Cuando los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, sería de esperarse que su actuar público se fundamentara y documentara de mejor forma. De esta manera, el acceso a la información se reflejaría en una mayor rendición de cuentas, robustecería el Estado de Derecho y el buen gobierno. Es solamente a partir de un comportamiento pro-activo, creativo y de auténtica apertura por parte de los Servidores Públicos como emergen las anheladas sinergias. Además, depende de la acción decidida, organizada y arrojada de los actores sociales y cívicos comprometidos con la transparencia.

Hoy el acceso a la información pública, es una herramienta cara cuando no se da por medios electrónicos gratuitos, los costos por los precios de la información pública se tarifan de manera discrecional por los entes públicos y los sujetos obligados en los Estados. Garantizar el acceso a medios gratuitos de información pública es un camino a la eficiente rendición de cuentas.

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos humanos afirmó en el caso Claude Reyes en materia de transparencia y rendición de cuentas que: “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”

Va más allá al decir que: “Incluso se ha afirmado que un adecuado cumplimiento del deber de publicación 117. Por parte del Estado permite a las personas que, en caso de no encontrar la información que buscan, puedan informarse sobre a dónde podrían dirigirse para obtenerla. Además, de esta manera los Estados pueden reducir el número de solicitudes de información sobre cuestiones básicas”. Esto referido al principio de la máxima publicidad y la apertura total a la información pública, sentido de la presente iniciativa.

En suma, se trata de generar incentivos para que el ciudadano solicite información y eliminar las condiciones que permiten el desistimiento en el ejercicio del derecho de la información, motivado por el costo de la reproducción de la misma.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esa Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo Unico. Se reforman artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 9. La información a que se refieren el Artículo 7 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones, mismas que no tendrán costo para el peticionario. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Las dependencias y entidades deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

En todo caso las dependencias y entidades deberán garantizar medios gratuitos para que el solicitante pueda recibir la información solicitada.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, por conducto de sus respectivos órganos, contarán con un plazo de noventa días para realizar las adecuaciones normativas, técnicas y presupuestales conducentes.

Salón de la Comisión Permanente, a 14 de abril de 2014.

Dip Carlos Humberto Castaños Valenzuela.

1 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, El Federalista, FCE, México, 1943.

2 John Stuart Mill, Del gobierno representativo, Tecnos, Madrid, 1985, p. 140, 145.

3 DOYLE Kate, Comentarios sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, p. 169, UNAM 2013.

4 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, p. 44, 1992.

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, p. 513, 1996.

6 Derecho a la Información. La Suprema Corte interpreto originalmente el artículo 6º constitucional como garantía de los partidos políticos, ampliando posteriormente este concepto a garantía individual y a la obligación del Estado de informar verazmente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, p. 72, 2000.

7 Art. 6º, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fecha de consulta: 26 de febrero de 2014.

8 Doyle, Kate “Comentarios sobre la Ley General de Acceso a la Información Pública Gubernamental”, Derecho Comparado de la Información, Ed. Universidad Iberoamericana, Universidad de Occidente e Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México, p. 163.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 23, www.pnd.gob.mx

10 Ídem, p. 37.

11 MERINO Mauricio. Desafíos de la transparencia internacional. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 128, México 2007.

12 SCHEDLER Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, IFAI, p. 12, México 2004.

13 SCHEDLER Andreas, TheSelft-RestrainingState: Power and Accountability in New Democracies, p. 23.

14 McCUBBINS Mathew SCHWARTZ Thomas, American Journal of PoliticalSciences, núm 28, p. 165 – 169.

15 UGALDE Luis Carlos, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, Cuadernos de Divulgación, Instituto Federal Electoral, p. 23 – 25.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 309 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL NUMERAL 1 DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD)

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 309 Bis, al Código Penal Federal y se reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, tiene como objetivo garantizar el derecho a la vida, el cual se encuentra plasmado en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que establece: que toda persona tiene derecho a la vida.

Estamos frente a un imperativo que deriva del derecho a la vida, reconocido como un derecho humano. En este sentido, el Estado tiene un deber correlativo de proporcionar los elementos necesarios para salvaguardarlo, de modo tal que quede asegurado desde el nacimiento.

El derecho a la vida, es el más importante de todos los derechos humanos, pues sin este no se podría acceder a otros derechos que se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales.

La vida, en materia de Derecho Penal, es entendida como un bien jurídico tutelado, que faculta a una persona para exigir a otras personas que no atenten contra ella o que realicen acciones que eviten su desarrollo vital, y su respectiva facultad de administrarla como lo crea conveniente.

Al pasar por alto esta exigencia, quien produce  el resultado material que es la muerte o la privación de la vida de una persona, comete el delito de homicidio, conducta tipificada y sancionada en el Código Penal Federal.

“Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.

El que realiza la conducta delictuosa, como sabemos, lo puede hacer de dos maneras distintas: dolosa o culposamente.

Debe tenerse presente que en los delitos culposos la conducta prohibida no se individualiza por el fin en sí mismo, sino por la forma defectuosa de seleccionar los medios (violando deberes de cuidado) y poner en marcha la acción para alcanzar la finalidad deseada. En tal sentido, se señala que la figura del homicidio culposo constituye un tipo penal abierto porque el legislador no puede prever la infinidad de conductas violatorias del deber de cuidado que provoquen la muerte y es por eso que encomienda al juez cerrar el tipo determinando cuál era el deber de cuidado que tenía el autor en las circunstancias concretas de un caso determinado.1

El caso que ocupa a esta iniciativa, es el homicidio culposo, pues aun y cuando se  realiza sin intención de la persona para ejecutar la conducta típica, se produce por causas inexcusables del agente, como podría ser por su imprudencia, negligencia, impericia o la inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, una sola o todas a la vez.

El Código Penal Federal le impone una sanción típica, pues aunque el agente no tiene la intención de realizar el delito, una vez cometido este, priva de la vida a otra persona.

Actuar sin prudencia, puede ser la causa grave de cualquier accidente, por ejemplo al conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias que alteran los sentidos del ser humano.

Por negligencia, también se pueden ocasionar hechos irreparables, pues a falta de cuidado pertinente se han verificado un gran número de casos en nuestro país, en los que el agente, omite las medidas de seguridad adecuadas, lo que ha derivado en tragedias que han cobrado la vida de muchas personas.

En relación a la impericia, también se pueden producir resultados cuando el agente no tiene la capacidad, habilidad o conocimientos técnicos para el ejercicio de una profesión o arte.

En nuestro país, el delito de homicidio culposo, no es considerado como delito grave, sin embargo, debería serlo cuando se comete en contra de dos o más personas, pues si bien es cierto que no se comete con la intención de obtener el resultado material que es la muerte, también es cierto que con la imprudencia o negligencia del agente se priva de la vida a los seres humanos, lo cual significa un hecho irreparable.

Por este motivo, es que el espíritu de esta iniciativa va encaminado a reconocer al delito de homicidio culposo como delito grave, cuando se comete en contra de dos o más personas, sin la posibilidad de gozar del beneficio de la libertad bajo caución y que el agente continúe el proceso penal privado de su libertad.

Existen casos en los que se priva de la vida a una pluralidad de personas, que se encuentran concentradas en un lugar por diversos motivos, como es la presentación de espectáculos al aire libre, ocasiones en las que se presentan tumultos, o en lugares donde se concentran diversas personas en espacios cerrados, como escuelas, estancias infantiles, teatros u oficinas, entre muchos otros.

En México el total de homicidios, es de 18,741, en los meses de enero a junio del año en curso, de los cuales, 9,049 son dolosos y 9,692 son culposos, según cifras del “REPORTE MENSUAL DEL NUMERO DE VICTIMAS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y EXTORSION EN AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACION INICIADAS POR LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA”, del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.2

Son diversos los casos que se han presentado en la historia de nuestro país, con lamentables acontecimientos en los que se han perdido las vidas de un gran número de personas y que hasta la fecha siguen impunes. Sin embargo, estos hechos pudieron haberse previsto y evitado, si quienes teniendo la obligación de resguardar el bien de esas personas, no hubieran cometido acciones imprudenciales, negligentes o hubieran omitido las medidas de seguridad requeridas.

Uno de estos casos, es el que se registró el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, estado de Sonora, en el que por distintas acciones u omisiones, la guardería ABC se consumió en llamas, cobrando la vida de 49 niñas y niños y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad.  Este hecho en la estancia infantil es considerado la peor tragedia que involucra a la niñez de México.

Debe señalarse que en junio de 2012 tres años después del siniestro, sólo funcionarios menores habían sido imputados penalmente por el delito de homicidio culposo y ninguno está encarcelado.

Por ello, compartimos plenamente la indignación de los padres, madres, familiares y de toda la sociedad para que nunca más se vuelva a registrar otro homicidio culposo donde pierdan la vida las niñas y los niños, ni que este quede impune.

Como el anterior, se encuentran registrados diversos casos más, en los que por negligencia de organizadores de espectáculos, encargados de establecimientos, o quienes otorgan los permisos de funcionamiento, no toman las medidas de seguridad pertinentes, como fue el reciente caso donde perdieron la vida tres personas en una estampida durante un concierto que se celebró de madrugada en la localidad de Ecatepec, Estado de México.

Asimismo, casos en los que un conductor de cualquier vehículo bajo los efectos que producen la injerencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que producen efectos similares, injeridos voluntariamente, comete desastres en los que desafortunadamente han perdido la vida muchas personas.

Considerar al delito de homicidio culposo como grave, cuando se comete en contra de dos o más personas, será en virtud de la imprudencia o negligencia del agente, pues deja de observar las precauciones más elementales, en perjuicio de la vida de otros seres humanos.

Es importante decirlo con claridad, es momento de mostrar que México ha cambiado y que, nada ni nadie se debe encontrar por encima de la ley. Démosle la tranquilidad a los padres, madres y familiares y a la sociedad en su conjunto de que el Congreso de la Unión tiene el deber y compromiso con la justicia.

Es importante que las y los legisladores reconozcan que esta iniciativa tiene una larga historia, una lucha incansable de padres, madres y familiares que han perdido a sus seres queridos por la imprudencia o negligencia de otras personas.

FUNDAMENTO LEGAL

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, la siguiente iniciativa.

DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 309 Bis. al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 309 Bis.- Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, se impondrá pena de seis a veinte años de prisión, en los siguientes casos:

I. Cuando por motivo de tránsito de vehículos, el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; o

II. Cuando exista concurrencia en un establecimiento cerrado o lugar abierto.

Si el agente es servidor público, además de la pena de prisión, será sancionado con la destitución e inhabilitación por igual periodo para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el numeral 1) de la fracción I. del artículo 194.- del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en los artículos 60, párrafo tercero y 309 Bis;

TRANSITORIO

Unico.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial De la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de Agosto de 2014.

Dip. Verónica Beatríz Juárez Piña.

1 Cfr.: ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal Parte General, Tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1999, págs. 383 y ss.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, 1998, 6ª edición, págs. 427 y ss.

2 Disponible en:
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1406/1/images/VICTIMASjunio(1).pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 8 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 44 Y 45 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

El que suscribe RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 44 Y 45 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con información de la International Union for Conservation of Nature, (IUCN) publicados en el informe Protected Planet Report 2012, en la actualidad, el 12,7% del área terrestre y el 1,6% del área oceánica mundial están reconocidas como Áreas Naturales Protegidas.

Dichas zonas están delimitadas espacial y geográficamente con unas condiciones naturales únicas y en las cuales los diversos actores sociales, gubernamentales e institucionales enfocan sus esfuerzos para garantizar las condiciones de bienestar y de conservación de la biodiversidad lo más elevadas posibles.

Es de destacarse que las Áreas Naturales Protegidas empezaron a cobrar importancia en los años 70 y 80, cuando fueron reconocidas por primera vez como tales, y a lo largo de las últimas décadas se han convertido en un referente para la sostenibilidad del planeta. La International Union for Conservation of Nature señala que entre 1990 y 2010 la superficie protegida de la Tierra aumentó del 8,8% al 12,7% en áreas terrestres y del 0,9% al 4% en áreas marinas bajo jurisdicción nacional, no obstante, consideran que dichas cifras tienen que seguir creciendo de forma continua, por lo cual consideran que para el 2020 el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas del orbe sean reconocidas Áreas Naturales Protegidas.

En nuestro país, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, afirma que el instrumento de política ambiental para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas, las cuales son definidas como “porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados”, mismas que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las áreas Naturales Protegidas representan una de las primordiales estrategias que lleva a cabo el gobierno en sus tres niveles, con la finalidad de conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características no han sido substancialmente modificadas. Estas áreas naturales son manejadas bajo el instrumento político con mayor definición jurídica para la conservación, regulando sus actividades bajo el marco normativo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la citada Ley.

Así mismo, las áreas Naturales Protegidas tienen por objeto asegurar que el aprovechamiento de los recursos dentro de la zona se lleve a cabo de manera sustentable, preservando la flora y fauna característica de cada ecosistema; permitir y propiciar la investigación y estudio con el fin de generar conocimiento y transmitir prácticas o tecnologías que faciliten su aprovechamiento sustentable y, a su vez, proteger el entorno de las zonas históricas, arqueológicas y turísticas de valor e importancia cultural y recreativa.

En la actualidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra un total de 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25,394,779 de hectáreas. Dichas áreas son clasificadas en las siguientes categorías:

Número de ANP

Categoría

Superficie en hectáreas

Porcentaje de la superficie del territorio nacional

41

Reservas de la Biosfera

12,652,787

6.44

66

Parques Nacionales

1,398,517

0.71

5

Monumentos Naturales

16,268

0.01

8

Áreas de Protección de Recursos Naturales

4,440,078

2.26

38

Áreas de Protección de Flora y Fauna

6,740,875

3.43

18

Santuarios

146,254

0.07

176

25,394,779

12.93

Para el establecimiento de un Área Natural Protegida se debe tener claramente identificado el objetivo de su creación, que puede ser la protección de un ecosistema con nula o poca intervención humana, con el fin de mantener inalterables los procesos ecológicos, especies o ecosistemas; o el mantenimiento de servicios ambientales que el área provee a la población. Es decir, el área debe contener valores biológicos, ecológicos, ambientales y/o culturales que ameriten la importancia de reconocerla como una zona prioritaria para su conservación.

En este sentido, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, ha adoptado un procedimiento, donde toma en cuenta la participación de los actores, las empresas privadas, así como universidades y organismos estatales y federales.

De tal forma que en el supuesto de creación de una nueva área, ésta se llevará a cabo bajo un esquema real de necesidades de la sociedad, la economía y por supuesto, la protección de la biodiversidad y desde luego, bajo un diseño definido por condiciones científicas, considerando una serie de parámetros definidos entre un grupo multidisciplinario, con la idea de obtener resultados óptimos para la concepción de una nueva área natural.

Reconocemos que las necesidades de protección al medio ambiente es un requerimiento imperante en nuestro país, empero, cuando se realizan acciones de protección ambiental, es necesario considerar un balance armónico entre las esferas: físicas, bióticas, sociales y económicas, de tal forma que resulta conveniente definir los satisfactores y las necesidades actuales del ser humano sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones, pero también es fundamental realizar en base a procedimientos transparentes, una serie de consultas a la población local interesada, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, que históricamente han estado asentadas antes de la creación de un área natural protegida, de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo.

Cuando estos procedimientos se realizan sobre predios de propiedad comunal, es necesario contar previamente con el consentimiento libre, expreso y con pleno conocimiento de causa de sus propietarios, cuyos derechos son reconocidos y afectados en todo caso al establecer el área natural que se va a proteger. En el supuesto de grupos indígenas o poblaciones asentadas, la creación del Área Natural Protegida debe salvaguardar sus derechos adquiridos, incluyendo los de propiedad.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas Naturales Protegidas son “Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.”

El segundo párrafo del referido numeral señala que:

“Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.”

Asimismo, el artículo 45 BIS dispone:

“ARTICULO 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Obsérvese que no existe de manera clara en la legislación ambiental, el respeto al ejercicio de la propiedad u otros derechos reales de las comunidades asentadas históricamente en el área que se pretende proteger, toda vez que no se dispone en la norma las consultas a la población local interesada, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas sino que determinan de manera general estímulos fiscales o compensaciones económicas a los propietarios poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, sí por el contrario en el artículo 45 se dispone que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas.

En virtud de lo anterior y con el fin de proteger los derechos reales de los pobladores, proponemos con la presente iniciativa el incorporar un párrafo al artículo 44, a efecto de que quede perfectamente establecido en ley que deberá garantizarse los derechos de los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Asimismo, consideramos de particular importancia que en el supuesto de que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, no les sean otorgado estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en esta Ley, como una medida compensatoria y en reconocimiento a sus derechos reales, las autoridades competentes los reubiquen en otras áreas donde tengan la posibilidad de realizar las actividades productivas que hayan venido realizando; por tal motivo se propone se agregue en el artículo 44 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que además de garantizar las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, les aseguren con base en la ley, su reubicación donde puedan realizar su actividades productivas.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 44 dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 44.- Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, cuando se pretendan establecer los decretos por los que se constituyan áreas naturales protegidas, deberán disponerse consultas a la población local interesada, incluyendo a las comunidades campesinas y nativas a efecto de no afectar a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

SEGUNDO: Se reforma el artículo 45 BIS dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, o en su caso, den alternativas formales, que garanticen sus actividades económicas y su sustentabilidad.

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 20 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del grupo parlamentario del PAN)

Los suscritos, Diputados Federales de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que las sesiones del Pleno tengan como horario máximo las 12 de la noche, conforme al siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos busca incluir en la integración de la orden del día que la duración de las sesiones legislativas sea hasta máximo las 12 de la noche. La Orden del Día constituye el documento en el que se establece el contenido de la sesión y en esta propuesta legislativa, establecemos que es necesario también establecer la duración máxima de la misma.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Existen dos tipos de periodos: de sesiones ordinarias y de sesiones extraordinarias. Los primeros son aquellos que se desarrollan en fechas establecidas formalmente. La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del primero de febrero hasta el 30 de abril. En dichos periodos las Cámaras se ocupan del estudio, discusión y votación de las iniciativas que se les presenten y de la resolución de los demás asuntos que les correspondan.

Los periodos de sesiones extraordinarias son aquellos que se desarrollan sin fechas preestablecidas durante los recesos del Congreso. Son convocados por la Comisión Permanente por sí o a solicitud del Presidente de la República. Pueden ser del Congreso General o de una sola de sus Cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de una de ellas. Sólo tratarán sobre el o los asuntos que la Comisión Permanente acuerde y que se enunciarán en la convocatoria respectiva.

TIPOS DE SESIONES

• Sesión Constitutiva: Es aquélla que se desarrolla en cada Cámara del Congreso el 29 de agosto del año de la elección y que tiene por objeto, entre otras cosas, declarar la legal constitución de cada una de ellas para la legislatura que corresponda.

Sesión Ordinaria: Es la que se celebra durante los días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias.

• Sesión Extraordinaria: Es la que se celebra fuera de los periodos de sesiones ordinarias o en los días feriados dentro de éstos.

• Sesión Pública: Es aquella en la que puede asistir el público en general.

• Sesión Secreta: Es aquella en la que se trata un asunto de estricta reserva.

• Sesión Permanente: Es la que se declara por mayoría de votos de los legisladores presentes para desahogar asuntos concretos establecidos en el acuerdo relativo.

• Sesión Solemne: Es aquella que efectúa cada Cámara o el Congreso General con algún motivo especial, por ejemplo, para recibir a visitantes distinguidos, imponer alguna condecoración, conmemorar algún suceso histórico significativo o develar nombres con letras de oro.

• Sesión de Congreso General: Es aquella en la que se reúnen ambas Cámaras en Pleno, para declarar la apertura de los periodos de sesiones ordinarias; tomar la protesta al Presidente de la República; recibir el informe presidencial; o en ocasión de la falta temporal o absoluta del Presidente de la República, para actuar como Colegio Electoral a fin de designar al Presidente Sustituto o Interino, y expedir, en su caso, la convocatoria a la elección correspondiente.

• Sesión Preparatoria: Es la que cada Cámara efectúa al inicio de los periodos de sesiones ordinarias del segundo y tercer años de ejercicio de la legislatura respectiva, y cuyos objetos principales son la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y la declaratoria de instalación formal para funcionar como órganos legislativos.

En ninguno de estos casos se establece la duración de las sesiones, dejando este criterio libre en las facultades de la Mesa Directiva.

Sin embargo, cuando una sesión del pleno se extiende en el tiempo, se provoca una dispersión de la atención y no es posible siquiera comprender los temas que se han agendado para su desahogo.

A continuación me permito presentarles algunos conceptos que son importantes considerar para la definición de las duraciones de las sesiones del Pleno:

DEFINICION.

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos.

Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha llegado a un consenso, el estudio de la atención continúa.

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 1979; Celada, 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991).

Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas.

Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987).

Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos.

CARACTERISTICAS DE LA ATENCION.

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien fenomenológicamente la orientación seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención (Kahneman, 1973; Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998), presenta además otras características entre las que destacan:

• La Concentración.

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997). La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos  secundarios, la cual se identifica  con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. (Kahneman, 1973).

La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre cada uno de los objetos (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982).

• La Distribución de la atención.

A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento.

La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención (Celada, 1990; Rubenstein, 1982).

García (1997) señala esta característica como la amplitud de la atención, que hace referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo.

• La Estabilidad de la atención.

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990).

Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982).

•Oscilamiento de la atención.

Son periodos involuntarios de segundos a los que está superditada la atención y que pueden ser causadas por el cansancio (Rubenstein, 1982).

Para Celada (1990)  El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad posterior.

Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; Rubenstein, 1982; Orjales, 1999).

De otro lado, otros autores resaltan como característica del mecanismo atencional al control que se ejerce sobre los procesos de selección, distribución y sostenimiento de la atención (García, 1997), y como un mecanismo de control responsable de la organización jerárquica de los procesos que elaboran la información (Rosselló, 1998).

CLASIFICACION DE LA ATENCION.

Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. No obstante podemos rescatar los siguientes:

CRITERIOS DE CLASIFICACION

CLASIFICACION

Mecanismos implicados

Selectiva, Dividida, Sostenida

Grado de control voluntario

Involuntaria, Voluntaria

Objeto al que va dirigido la atención

Externa, Interna

Modalidad sensorial implicada

Visual, Auditiva

Amplitud e intensidad.

Global, Selectiva

Amplitud y control que se ejerce

Concentrada, Dispersa

Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más estudiadas y corresponden a las tendencias actuales en lo que al estudio de la atención se refiere.

MECANISMOS IMPLICADOS

a- Atención Selectiva.- Es la habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso  a aquellas que son irrelevantes  (Kirby y Grimley, 1992)

b- Atención Dividida.- Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja (García, 1997).

 Por su parte, Kirby y Grimley (1992) utilizan el término Capacidad de Atención para referirse a la capacidad de atender a mas de un estimulo a la vez, resaltando su importancia para el aprendizaje escolar.

c- Atención Sostenida.- Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado (Kirby y Grimley, 1992).

De acuerdo al grado de control voluntario tenemos dos tipos de atención: Atención Involuntaria y Atención Voluntaria.

GRADO DE CONTROL

a- Atención involuntaria.- La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía.

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más importantes es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata  (Luria, 1988).

b- Atención Voluntaria.- La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias escolares.

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención del niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se pasa de una a otra constantemente  (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982).

Luria (1988) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la atención voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal y  se caracteriza por ser activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos estímulos.

LA ATENCION Y SU RELACION CON OTROS PROCESOS.

La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento conjunto e interactivo de procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones concretas, de esta manera la atención no es una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con los procesos psicológicos a través de los cuales se hace notar.

Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; véase en García, 1997) la relación entre la atención y los procesos psicológicos radica en que la atención actúa como mecanismo vertical, que controla y facilita la activación y el funcionamiento de dichos procesos. Las relaciones que se pueden establecer son las siguientes.

ATENCION, MOTIVACION Y EMOCION.

Por motivación se entiende  al proceso que de algún modo inicia, dirige y finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta, es uno de los factores determinantes del comportamiento, y que tiene que ver con variables hipotéticas que son los motivos (Puente, 1998).

Ahora bien, motivación y emoción han sido considerados como factores determinantes de la atención, de este modo un estado de alta motivación e interés estrecha nuestro foco atencional, disminuyendo la capacidad de atención dividida, así como el tono afectivo de los estímulos que nos llegan  y nuestros sentimientos hacia ellos contribuyen a determinar cual va a ser nuestro foco de atención prioritario (García, 1997).

Rosselló (1998) señala que atención, motivación y emoción se encuentran relacionados desde el punto de vista neurobiológico. El Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) que activa el mecanismo atencional, establece estrechas relaciones neuroanatómicas con el Hipotálamo, que es el centro motivacional por excelencia y forma parte del cerebro de las emociones al estar integrada en el sistema límbico. Además el SARA  es también responsable de procesos motivacionales y emocionales por la implicación de vías catecolaminérgicas en los tres procesos.

ATENCION Y PERCEPCION.

La atención ha sido concebida en muchas ocasiones como una propiedad o atributo de la percepción, gracias a la cual seleccionamos más eficazmente la información que nos es relevante.

García (1997) indica que la atención considerada como propiedad de la percepción produce dos efectos principales:

-Que se perciban los objetos con mayor claridad.

-Que la experiencia perceptiva no se presente de forma desorganizada, sino que al excluir y seleccionar datos, estos se organicen en términos de figura y fondo.

La existencia de la atención en el proceso de percepción significa que el hombre no solamente oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que el hombre no solo ve, sino que observa y contempla (Rubenstein, 1982).

Para Kahneman (1973), la atención interviene en una de las fases del proceso de percepción, cuando en una fase inicial de la percepción se dividen en unidades, segmentos o grupos el campo que forma la estimulación, la atención entra en juego en el momento en que algunas de esas unidades subdivididas reciben mayor realce de figuras que otros.

• ATENCION E INTELIGENCIA. 

La inteligencia ha sido entendida de manera general como la capacidad de dar soluciones rápidas y eficaces a determinados problemas. Sin embargo para realizar un trabajo de manera eficiente se requiere de habilidad, en este sentido la atención sería una de las herramientas que posibilita y optimiza dicha habilidad.

García (1997) consideró que la capacidad de un individuo de reorientar su atención con cierta rapidez (oscilación de la atención) y de atender a más de un estímulo a la vez (distribución de la atención) pueden ser considerados como componentes importantes de la inteligencia. De esta forma atención e inteligencia se definen en términos de habilidad para manejar gran cantidad de información.

ATENCION Y MEMORIA.

La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las experiencias vividas y las re-actualiza de acuerdo a las necesidades del presente (Celada y Cairo, 1990). La memoria  asegura el almacenamiento de la información, siendo la atención  uno de los factores asociados a su buen funcionamiento, entendida esta como el esfuerzo realizado por la persona tanto en la fase de almacenamiento  como en la fase de recuperación de la información (Reategui, 1999).

La formación de esquemas, el uso de estrategias de codificación para la información, y el tipo de tarea recuerdo a realizar constituyen  otros de los factores que aseguran el trabajo de una memoria eficaz. Sin embargo, hay autores que consideran que la atención  no resulta tan necesaria para la codificación en la memoria, dado que la  memoria también se expresa en tareas que no requieren una manifestación consciente de la experiencia pasada, como suele suceder con el aprendizaje implícito o inconsciente (Ruiz-Vargas, 1994).

ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO DE LA ATENCIÓN.

Tradicionalmente se entendía a los procesos psicológicos como la función de un tejido particular del cerebro, sin embargo con el transcurrir del tiempo, la ciencia ha demostrado la imposibilidad de atribuir alteraciones en dichos procesos a causas de localización específica, por lo que los procesos psicológicos no debían ser considerados como la función directa de limitados grupos de  células en el cerebro, tal como lo señala Luria:

“Las funciones mentales como sistemas funcionales complejos no pueden localizarse como zonas restringidas del cortex o en grupos de células aisladas, sino que deben estar organizadas en sistemas de zonas que trabajan concertadamente, cada una de las cuales ejerce su papel dentro del sistema funcional” (1988, p.30).

Desde el punto de vista neuropsicológico la atención viene a ser la expresión del trabajo del Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) y de los hemisferios cerebrales, sincronizados por la actividad de los lóbulos pre-frontales. El Sistema Activados Reticular, con sus fibras ascendentes y descendentes constituye un aparato neurofisiológico que pone de manifiesto una de las formas de reflejo señaladas inicialmente por Pavlov y luego por Luria, conocida como el reflejo de orientación o la respuesta de orientación.

Dicho reflejo se caracteriza por una serie de reacciones electrofisiológicas, vasculares y motoras evidentes, como La vuelta de ojos y cabeza hacia el lado donde se halla el nuevo objeto, reacciones de alerta y escucha, alteraciones de respiración y del ritmo cardiaco, disminución o cese de toda actividad irrelevante. Estos fenómenos pueden ser observados siempre que surge una reacción de alerta o reflejo de orientación, suscitada por la aparición de un estímulo nuevo, esencial o significativo para un individuo (Celada y Cairo, 1990; García, 1997; Luria, 1986).

Por otro lado, el tallo cerebral y el sistema activador reticular ascendente (SARA) son los responsables del estado general de vigilia, indispensable para la activación atencional. Otras estructuras cerebrales que contribuyen con el reconocimiento selectivo de un estímulo particular y la inhibición de respuestas a estímulos secundarios son el cortex límbico y la región frontal, esta última encargada de preservar la conducta programada. Disfunciones o lesiones en estos circuitos afectan significativamente la capacidad atencional.

En una sesión en la que se discute una agenda tan extensa como la que nos ocupa, resulta imposible mantener la atención  y la concentración para entender lo que se discute cuando esta se alarga de forma inútil más allá de 12 horas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Sección Segunda De sus atribuciones

ARTICULO 20.

1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;

b) Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;

c) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como la duración de la misma, la cual no podrá rebasar las 12 de la noche del día en el que haya iniciado;

d) Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

e) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

f) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;

g) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;

h) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo; e

i) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.”

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de agosto de 2014.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

La suscrita ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a la Comisión Permanente, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 19, 20 Y 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La tortura ha sido reconocida por el derecho y la comunidad internacional como una violación grave a los derechos humanos. Esta afirmación llevó a que durante el siglo XX se desarrollaran varios tratados internacionales, tanto generales como específicos, que establecieran la prohibición de la tortura, así como otras obligaciones para los Estados con el propósito de prevenir y garantizar que no se cometieran más este tipo de actos.

Entre estas obligaciones cabe destacar:

• Garantizar el debido respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

• Prohibir que las confesiones arrancadas bajo tortura sean utilizadas para inculpar a las víctimas de la misma.

• Prohibir la devolución de una persona a un Estado en el que pueda correr peligro de sufrir actos de tortura.

• Establecer los criterios de competencia para que los Estados persigan y sancionen a los responsables de actos de tortura.

• Conceder la extradición en los casos en los que una persona sea acusada por el delito de tortura y se aclara que la convención tiene los efectos de un tratado de extradición para el delito de tortura entre los Estados Partes de la misma.

• Reconocer el derecho de asistencia consular y diplomática del acusado de haber cometido actos de tortura.

• Cooperar judicialmente entre los Estados cuando exista una causa abierta por posibles actos de tortura.

Desde 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la comunidad internacional afirmó su compromiso de velar por el respeto universal y efectivo de los derechos humanos prohibiendo, bajo cualquier circunstancia, una serie de conductas atentatorias de la dignidad humana, como la discriminación, la esclavitud y la tortura, entre otras. Dos años más tarde, en 1950, dicho compromiso se vio reafirmado con la entrada en vigor de los cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario al señalar que, entre otros, la tortura, en tiempos de paz o de guerra, está prohibida.

Los Convenios de Ginebra especifican que la tortura es una violación grave al derecho humanitario y obliga a los Estados a perseguir y sancionar a los responsables de dichos actos, independientemente de la nacionalidad del responsable de la conducta o de la víctima, o del territorio en donde se hubiese realizado (Convenio de Ginebra I, artículo 50; Convenio de Ginebra II, artículo 51; Convenio de Ginebra III, artículo 130; y Convenio de Ginebra IV, artículo147). A esta obligación se debe incluir lo establecido en los Protocolos Adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, los cuales establecen una protección especial a las garantías fundamentales del individuo (Protocolo I, artículo 75 y Protocolo II, artículo 4).

Posteriormente, en 1966, la Organización de las Naciones Unidas decidió aprobar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual establece que nadie será sometido, en general, a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en particular, a experimentos médicos o científicos (artículo7). Cabe mencionar que esta misma obligación se encuentra referida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), instrumento que agrega el respeto de la dignidad de las personas que se encuentren privadas de su libertad, la protección a su integridad física, psíquica y moral (artículo 5).

De la misma manera, en 1975, la comunidad internacional señaló de manera general, a través de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (diciembre de 1975), algunas medidas que los Estados deberían de adoptar para prevenir y sancionar esta conducta. De manera especial, este manifiesto contiene una definición sobre lo que debe de entenderse por tortura, estableciendo una distinción con relación a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, reafirma que la tortura constituye una violación a los derechos humanos señalando que no existe razón alguna por la cual este crimen deba ser permitido o tolerado. En ese sentido, este texto internacionalinsta a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir –por medio de la capacitación a funcionarios y la revisión de los mecanismos de interrogación– y sancionar –a través de la penalización de la conducta, el acceso a la justicia de las víctimas del delito de tortura y la efectiva reparación del daño– la tortura. Años más tarde, la comunidad internacional decidió que era necesario un instrumento internacional de carácter vinculante para los Estados en el cual se incluyera, como parte de sus obligaciones, estas medidas de prevención y sanción de la tortura. Así, el 10 de diciembre de 1984 se aprobó la Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), donde quedaron establecidas las providencias señaladas en la Declaración de 1975,agregándose que dichas conductas no podían justificarse por razones como la obediencia debida. Asimismo, se incluyeron las siguientes obligaciones:

• Prohibir la devolución de una persona a un Estado en el que pueda correr peligro de sufrir actos de tortura.

• Establecer criterios de competencia para que los Estados persigan y sancionen a los responsables de actos de tortura.

• Conceder la extradición en los casos en los que una persona sea acusada por el delito de tortura.

• Establecer el derecho de asistencia consular y diplomática del acusado de haber cometido actos de tortura.

• Cooperar judicialmente entre los Estados cuando exista una causa abierta por posibles actos de tortura.

El año siguiente, en 1985, fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura(CIPST), la cual incluye obligaciones de carácter similar a las referidas en la Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), ampliando la definición en virtud de que el elemento subjetivo prácticamente queda eliminado por la adición de las palabras o con cualquier otro fin; y el elemento de la pena o sufrimiento producido en la víctima ya no es necesariamente calificado de grave.

Además, este instrumento regional incorpora a la definición un tipo de abuso que está totalmente ausente en la convención universal: “las prácticas que, aun cuando no causen dolor, tiendan a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física omental”. Por último, en este texto interamericano se elimina toda referencia a la identidad del sujeto activo.

En continuidad con el avance progresivo de la comunidad internacional para erradicar y sancionar el delito de tortura, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ERCPI), adoptado el 17 de julio de1998, reconoce la tortura –no así los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes– como delito contrala humanidad cuando es cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Además, se cambia el sujeto activo de servidor público a una persona que cause intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control (artículo 7).

De manera complementaria a la convenciones internacionales existentes, y debido a que el derecho internacional obliga a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo incidente de tortura que se notifique, se presentó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, conocido como Protocolo de Estambul (OACNUDH,2001), que tiene por objetivo establecer directrices sobre los requisitos mínimos que debe de observar una investigación de tortura. El manual propone cuatro apartados principales, a saber:

1. El objetivo general de una investigación de tortura.

2. Los principios básicos para una investigación y documentación efectivas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

3. Los procedimientos para realizar una investigación sobre presunta tortura, considerando en primer lugar la decisión relativa a la autoridad investigadora apropiada, ofreciendo orientaciones para el acopio de testimonios orales de la presunta víctima y la observación de signos físicos.

4. Las directrices para el establecimiento de una comisión independiente de encuesta.

Asimismo, este documento contiene varios anexos en los cuales, entre otras cosas, se enumeran los métodos de tortura más comunes, se precisa cuáles son las señales físicas y psicológicas indicativas de haber sufrido dicho delito y se establecen directrices para realizar exámenes médicos y diagnósticos psicológicos para documentar fehacientemente la tortura y/o los malos tratos.

En consonancia con el desarrollo de medidas para prevenir y sancionar la tortura se aprobó en 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(PFCT). A través de este instrumento se estableció un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A partir de este Protocolo, los Estados deben crear y accionar los mecanismos nacionales de visitas periódicas a lugares en donde se encuentren personas privadas de su libertad.

El desarrollo de los instrumentos internacionales y regionales para prevenir, sancionar y erradicar la tortura anteriormente mencionados es tan sólo una muestra del interés de la comunidad internacional por erradicar esta conducta. Sin embargo, es importante resaltar que de los instrumentos internacionales convencionales, de los que el Estado mexicano es parte, sólo en dos de ellos se define lo que se debe de entender por tortura, pero estas definiciones no son idénticas entre sí:

Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1.

(…) se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 2.

(…) se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

Debe mencionarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 contempló desde su redacción inicial, en el artículo 22, la prohibición de las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De la lectura de dicha norma constitucional se desprende que el constituyente de 1917 prohibía como penas un listado de conductas que se pueden considerar tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, el término de tortura se incorporó formalmente al sistema jurídico mexicano el 29de abril de 1953, año en el que fueron ratificados por el Estado mexicano los Convenios de Ginebra.

Derivado de estas obligaciones internacionales, el Estado mexicano realizó un proceso de armonización de su legislación interna a la luz de los tratados internacionales que prohíben la tortura. Entre 1986 y 2006se tipificó a nivel federal, en las treinta y un entidades federativas y en el Distrito Federal, el delito de tortura.

Sin embargo, cada legislación contiene elementos propios y aunque se han tratado de apegar a las definiciones de los tratados internacionales, ninguna es idéntica ni cumple con todos los preceptos establecidos en dichos instrumentos.

Así México tiene treinta y tres definiciones diferentes y por tanto tipos penales del delito de tortura. A continuación se presentan las descripciones típicas de este delito tanto en el orden federal como en el de las entidades federativas, algunas establecidas en el Código sustantivo en materia penal y otras en leyes especiales para la materia:

LEGISLACION FEDERAL

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Artículo 5o.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o., instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

AGUASCALIENTES

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes

Artículo 3o.- Comete el delito de Tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, por sí o a través de otro, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o declaraciones, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Al responsable de Tortura se le aplicarán de 5 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Estas mismas penas se impondrán a cualquier persona que por inducción o instigación de un servidor público, o con su consentimiento o autorización, cause a un ser humano, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información, una confesión o declaraciones, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Artículo 4o.- Se equiparará a la Tortura cuando un servidor público o cualquier persona que por inducción de aquél, o con su consentimiento o autorización, apliquen sobre una persona métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos.

Al responsable de Tortura equiparada se le aplicarán de 5 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

BAJA CALIFORNIA

Código Penal para el Estado de Baja California.

Artículo 307-Bis.- Tipo.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado o del Municipio que, por sí, o valiéndose de un tercero, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.

No se considerarán torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo, deberá ser reconocido por perito médico legista o por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo de este Artículo, deberá comunicarlo a la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

Ninguna declaración o información que haya sido obtenida mediante tortura, podrá invocarse como prueba.

Cualquier servidor público que conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato y si no lo hiciere se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de quince a sesenta días multa.

El responsable de alguno de los delitos previstos en este capítulo estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que requiera la víctima o en que hayan incurrido sus familiares, como consecuencia del delito.

Asimismo, está obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los casos de: Perdida de la vida, alteración de la salud, perdida de la libertad, perdida de los ingresos económicos, incapacidad laboral, perdida o el daño a la propiedad y el menoscabo de la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado.

BAJA CALIFORNIA SUR

Código Penal para el estado de Baja California Sur.

Articulo 149.- Comete el delito de tortura el servidor público que, directamente o valiéndose de terceros y en ejercicio de sus funciones, cause a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero su confesión, una información, un comportamiento determinado o con el propósito de castigarla por un hecho cierto o supuesto.

CAMPECHE

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Campeche.

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

CHIAPAS

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

CHIHUAHUA

Código Penal del Estado de Chihuahua.

Artículo 289. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.

COAHUILA

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo Tercero.- Comete el delito de tortura el servidor público, que con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarlo por un acto que haya cometido, o se sospeche ha cometido.

No se considerarán como torturas las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

COLIMA

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Artículo 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo o en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores, sufrimientos o daños en su integridad física, psíquica o en ambas, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean inherentes, incidentales o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

DISTRITO FEDERAL

Código Penal para el Distrito Federal.

Artículo 294. Se impondrán de tres a doce años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o

III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.

Artículo 295. Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.

DURANGO

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.

Artículo 197.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin de:

I.- Obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II.- Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o

III.- Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.

Si además de la tortura, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.

Artículo 198.- Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.

ESTADO DE MÉXICO

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.

Artículo 2.- Comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones y con el fin de obtener de un inculpado o de un tercero su confesión, información u omisión de un hecho o cualquier otra conducta que dañe al pasivo o a un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos:

Le inflija al inculpado, golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor, sufrimiento físico o psíquico, lo prive de alimentos o agua. Es igualmente responsable el servidor público que instigue, compela, autorice, ordene o consienta su realización, así como quienes participen en la comisión del delito.

No se considerarán como tortura las penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

GUANAJUATO

Código Penal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 264.- Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación, se le sancionará con prisión de dos a diez años, cien a doscientos días multa, privación de su empleo o cargo e inhabilitación permanente para el desempeño de la función u otra análoga.

GUERRERO

Ley que Crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y establece el Procedimiento en materia de Desaparición Involuntaria de Personas.

ARTICULO 53.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado, que por sí, o valiéndose de tercero o en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos o la coaccione física o mentalmente de manera grave, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o se le pretenda imputar.

No se considerará tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas.

ARTICULO 54.- Al que cometa el delito de tortura, se le sancionará con pena privativa de su libertad de dos a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo en concepto de multa, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por dos tantos del tiempo de duración de la pena privativa de la pena impuesta.

Si además de la tortura, resulta otro delito, se estará a las reglas del concurso de delitos.

HIDALGO

Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Artículo 322 BIS.- Al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o de coaccionarla para que realice o deje de hacer una conducta determinada o para castigarla por acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días, privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada.

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Se impondrá la misma punibilidad a quien, aún careciendo de la calidad de servidor público, pero instigado o autorizado por éste, explícita o implícitamente, ejerza actos de tortura.

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán hasta tres años de prisión y multa de 15 a 60 días y suspensión del cargo hasta por el máximo de la punibilidad señalada.

No podrá invocarse como causa de justificación, en la comisión del tipo penal descrito en el párrafo primero de este artículo, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

En los delitos previstos por este artículo, la reparación de los daños y perjuicios comprenderá, además, los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier índole, según el caso, en que hubiesen incurrido el ofendido o sus familiares como consecuencia del delito. Asimismo, el sentenciado estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados al ofendido o sus dependientes económicos, en los siguientes casos: pérdida de la vida, alteración de la salud; pérdida de la libertad, pérdida de ingresos económicos; incapacidad laboral; pérdida o el daño en la propiedad o menoscabo de reputación.

JALISCO

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Artículo 2.- Comete el delito de tortura, el servidor público que actuando con ese carácter, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o deje de realizar una conducta determinada o con cualquier otra finalidad.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se encuentren dentro de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MICHOACÁN

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura

Articulo 1º.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado o del Municipio que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, por sí, a instigación suya o con su consentimiento o tolerancia, inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves o la coaccione física, mental o moralmente, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha realizado, o coaccionándolo para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

No se considerará como tortura, las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a éstas, o derivados de un acto legítimo de autoridad.

La incomunicación de los detenidos, que tenga como propósito conseguir los fines a que se refieren los párrafos anteriores, será considerada como tortura.

MORELOS

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos.

Artículo 3º.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones y de manera intencional, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido.

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere este artículo.

NAYARIT

Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Nayarit

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público estatal o municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos, lo prive de alimentos o agua, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla física, mental o moralmente para que realice o deje de realizar una conducta determinada, para obtener placer que sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.

La tortura en ningún caso se justificará, ni por la peligrosidad de la persona privada de su libertad, ni por la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere este artículo.

Artículo 4.- Son responsables del delito de tortura:

a) Los miembros del misterio público, de la policía judicial y los de cualquier otra corporación policíaca del Estado o de sus municipios;

b) Los servidores públicos que ordenen, instiguen, compelan o induzcan a su comisión, la cometan directa o indirectamente o pudiendo impedirla no lo hagan;

c) Los terceros instigados o autorizados implícita o explícitamente por alguno de los servidores públicos señalados en los incisos anteriores; y,

d) Todos los que participen en la comisión del delito de tortura, ya sea en su planeación, ejecución o consentimiento.

Para todos los efectos legales se califica como grave el delito de tortura a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.

NUEVO LEÓN

Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Artículo 321 Bis.- Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión; o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona.

OAXACA

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Artículo 1.- Comete el delito de tortura el servidor público Estatal o Municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

PUEBLA

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Artículo 449. Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con motivo de sus atribuciones, cause a una persona intimidación, incomunicación, dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

QUERÉTARO

Código Penal para el Estado de Querétaro.

Artículo 309.- Comete delito de tortura, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que cometió, coaccionarlo para que realice o deje de realizar una conducta determinada, o como medio intimidatorio para el torturado o para un tercero.

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

QUINTANA ROO

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de quintana Roo.

Artículo 3º.- Comete el delito de tortura el Funcionario Público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener el torturado o de un Tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar un conducta determinada.

SAN LUIS POTOSÍ

Código Penal para el Estado de San Luis Potosí.

Artículo 282. Comete el delito de tortura el servidor público, que con motivo de su cargo, por sí o valiéndose de terceros, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos; con el fin de obtener del torturado, o de un tercero, información o una confesión, o bien, de coaccionarla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que cometió o se sospeche que haya cometido.

Este delito se sancionará con una pena de dos a diez años de prisión, sanción pecuniaria de cuarenta a doscientos días de salario mínimo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por dos tantos del mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad impuesta.

SINALOA

Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Artículo 328. Comete delito de tortura, el servidor público que, por sí, o valiéndose de terceros y en el ejercicio de sus funciones inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o moralmente con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido. No se considerarán tortura las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a éstas.

SONORA

Código Penal del Estado de Sonora.

Artículo 181.- Comete el delito de tortura el servidor público que, directamente o valiéndose de terceros y en ejercicio de sus funciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero su confesión, una información, un comportamiento determinado o con el propósito de castigarla por un hecho cierto o supuesto.

Al responsable del delito de tortura se le impondrán de tres a diez años de prisión, de veinte a trescientos días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de dos a diez años, independientemente de la pena que corresponda si resultare otro delito. En caso de reincidencia la inhabilitación será definitiva.

La misma sanción del párrafo anterior, se impondrá a cualquier persona que participe por sí o por orden o autorización de algún servidor público, en la comisión del delito de tortura.

Tratándose del delito de tortura, en ningún caso podrá invocarse la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción VIII del artículo 13 de este Código.

TABASCO

Código Penal para el Estado de Tabasco.

Artículo 261. Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del Estado o de los Municipios, que por sí, o valiéndose de tercero y en el ejercicio de sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves o la coaccione física o moralmente:

I. Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

II. De inducirla a un comportamiento determinado o,

III. De castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

No se consideran torturas las penalidades o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a ellas.

TAMAULIPAS

Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Artículo 213.- Se sancionará con una pena de tres a doce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, destitución del cargo e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que ordene, consienta o aplique intencionalmente a una persona golpes, azotes, quemaduras, mutilaciones o cualquier otro tipo de violencia física o moral con el objeto de obtener de ella o de un tercero información, confesión de culpabilidad o cualquier otra conducta que dañe al pasivo o beneficie al servidor o a un tercero.

Las mismas penas previstas en este Artículo se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, instigue, compela o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos psíquicos a un detenido.

TLAXCALA

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura para el Estado de Tlaxcala.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley comete el delito de tortura, el servidor público que mediante un acto u omisión, inflija a una persona, directa o a través de un tercero:

I. Dolores y sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ésta o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que haya cometido;

II. Intimidación o coacción para que realice o deje de realizar una conducta o acto determinado;

III. Anulación de su personalidad o la disminución de su capacidad física o mental, aunque los métodos empleados no causen dolor físico o angustia psíquica;

IV. Otros daños igualmente graves causados por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación.

Incurre en la misma responsabilidad penal el tercero que con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, cometa alguno de los supuestos mencionados anteriormente.

No se considerará tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia única de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

VERACRUZ

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Veracruz-Llave.

Artículo 3º. Comete el delito de tortura, el que inflija dolosamente a cualquier persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

YUCATÁN

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán.

Artículo 4.- Comete el delito de tortura el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, inflija intencionalmente a un inculpado, procesado, sentenciado o a cualquier persona lesiones con fines de investigación o procedimiento legal de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo de una acción u omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió, o las coaccione para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o psíquicos que sean únicamente consecuencia de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se encuentren entre las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El delito de tortura se considerará como delito grave en términos del Artículo 13 del Código Penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad.

ZACATECAS

Código Penal para el Estado de Zacatecas.

Artículo 371.- Se aplicará prisión de dos a ocho años, multa de cien a doscientas cuotas, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público hasta por dos tantos del lapso de privación de la libertad impuesta, al servidor público que en el ejercicio de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimiento graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionar a este o un tercero para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Esta diversidad es la que impide tener en la práctica una coherencia sobre cuál debe ser el axioma a aplicar por parte de los operadores jurídicos, llámense ministerios públicos, abogados(as) de acusados(as) o víctimas de tortura, visitadores de organismos públicos de derechos humanos, organismos de contraloría interna, académicos(as), profesores(as), integrantes de organismos no gubernamentales en materia de  , entre otros. Por ello, con el propósito de atacar este escenario de conceptos heterogéneos, se propone la presente iniciativa.

En ese orden de ideas, parece correcto señalar   definición que debe de preponderarse es la contemplada en la norma internacional, ante lo cual se enfrenta a tres definiciones convencionales de las cuales México es parte. En primer lugar, la contenida en la Convención contrala Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, seguida de la que se contempla en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y finalmente la que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –incluidos los elementos del crimen–.

Esta pugna entre instrumentos internacionales debería resolverse de cara al principio pro persona, incluido explícita o implícitamente en la interpretación de las normas provenientes del derecho internacional y a partir del 11 de junio de 2011, obligatoriamente para todas las autoridades, por supuesto incluidas las administrativas y jurisdiccionales, en el artículo primero de la Constitución Federal. Esto quiere decir que, cuando exista controversia sobre qué norma debe utilizarse, se le dará preferencia a aquella que sea más favorable al ser humano, en este caso, la norma que prohíba de forma más amplia la tortura.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visitó nuestro país entre los días 21 de abril y 2 de mayo de 2014. Durante su visita el Relator viajó a distintas entidades federativas, entrevistándose con autoridades, sociedad civil y víctimas, y visitando lugares de privación de la libertad en distintos puntos del país, incluyendo la Ciudad de México; el Estado de México; Tepic y Nuevo Vallarta en Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Tapachula, Chiapas y Tijuana, Baja California. Durante su visita, el Relator visitó un Centro Federal de Readaptación Social, el Centro Nacional de Arraigo, un Centro de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal, dos centros de privación de libertad de menores infractores, el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuatro Centros de Readaptación Social Estatales, tanto varoniles como femeniles, una Estación Migratoria, y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría General de Justicia.

En sus conclusiones preliminares, el Relator menciona que persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México, además reconoce que México atraviesa por una compleja situación en lo relativo a la seguridad pública, en particular en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. Específicamente respecto de la tipificación del delito de la tortura, el Relator observa que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no refleja completamente la definición de este delito en la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, particularmente en lo que refiere a los actos cometidos por terceros a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público y a la motivación de toda forma de discriminación. Asimismo, la Ley Federal requiere para sancionar el delito demostrar la intención respecto del propósito con el que se comete la tortura, lo que es contrario a la definición internacional.

Por otro lado, el Relator nota con preocupación que no existe uniformidad respecto de la definición del delito de tortura en las diversas Entidades Federativas, siendo varias de las definiciones en las legislaciones estatales discordantes con los estándares internacionales. El Relator insta al Gobierno a trabajar en unificar la definición de tortura y malos tratos en conformidad con estándares internacionales, sea a través de la posibilidad de adoptar un Código Penal Único u otra medida legislativa. Sin embargo, el Relator destaca que la armonización debe además contemplar el respeto a los estándares fundamentales que se derivan de la prohibición absoluta de la tortura, incluyendo la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar todas las alegaciones de tortura, de prevenir estos actos, de excluir las pruebas obtenidas con el uso de tortura y malos tratos, y el cumplimiento con el estándar de non-refoulement.

Así, Naciones Unidas reconoce que la práctica de la tortura en México es recurrente y ha sido el producto de un sistema de procuración y administración de justicia que promueve su práctica, así como de una deficiente armonización legislativa en la materia. Por ello, es necesario resaltar que los avances para erradicarla tortura tan sólo serán posibles en la medida en que el Estado mexicano asuma e implemente sus compromisos internacionales y desarrolle los mecanismos necesarios para prevenirla.

Recientemente, este Senado de la República celebró en el estado de Aguascalientes el Foro Internacional sobre Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura. En dicho espacio, diversos especialistas y actores tanto nacionales como internacionales apuntaron la necesidad de homologar la descripción típica del delito de tortura que responda a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, esto es, lograr un único tipo penal para toda la república mexicana, que contenga los estándares de los instrumentos internacionales en la materia.

Expertas y expertos coincidieron que el problema de la tortura no es exclusivo de las autoridades federales, en general en todo el país se aplica como forma de obtener confesiones, incriminaciones o informaciones. Se trata de una práctica generalizada por las policías y procuradurías del país.

En este sentido, y con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas a nuestro país, pero sobre todo, respuesta a las víctimas de este delito, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO. Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, tortura, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ...

...

...

...

Artículo 20. ...

A. ...

B. ...

C. ...

I. a IV. ...

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, tortura o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

...

VI. y VII. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, tortura y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. …

...

...

XXII. a XXX. ...

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados emitirán la Ley general en materia de tortura.






PROPUESTAS

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública a realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” por no atender las recomendaciones de la testigo social, designada por dicha Secretaría. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito Diputado, JUAN PABLO ADAME ALEMAN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 1 de agosto del presente entró en vigor el nuevo contrato de Caminos y Puentes Federales con la empresa  Impulsora de Servicios Terrestres, S.A de C.V. para brindar los servicios de telepeaje y de la tarjeta IAVE.

Lo anterior, ha originado un verdadero caos en las casetas operadas por CAPUFE en las principales carreteras del país en perjuicio de no sólo miles, sino de hasta millones de mexicanos que necesitan transportarse a diferentes puntos o lugares de la República Mexicana, más en este periodo vacacional de verano en donde no existió una planeación adecuada para el cambio de dichas tarjetas de telepeaje y no se avisó a tiempo a los usuarios de las carreteras federales del país.   Aunado a esta mala planeación, se suma algo de la mayor gravedad: En la licitación con número No. LA-009JOU001-T5-2014 para este servicio, CAPUFE no atendió debidamente las recomendaciones hechas por la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera, las cuales se hicieron públicas el 16 de mayo del presente año,  entre otras anotaciones la testigo social asentó que:

"Una vez revisada la documentación varia de las proposiciones presentadas por las agrupaciones licitantes, y analizado el anexo de más de 300 páginas del acta correspondiente a la celebración del acto de fallo, así como aspectos de la convocatoria y de las disposiciones que rigen las contrataciones públicas, entre otros documentos, tengo duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento, toda vez que aprecio posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que implican incumplimiento de las normas que rigen la contratación pública, entre otros ordenamientos y la desigualdad de oportunidades para los participantes".

Así mismo, la testigo social, Mónica María Rosario Rivera, dejo en claro que existe duda razonable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. y que CAPUFE no verificó, ni constató el cumplimiento de dichas obligaciones con el Sistema de Administración Tributaria en tiempo.

Concluye que: “en este procedimiento de contratación, no se atendieron las recomendaciones emitidas de la Testigo Social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación; y en la garantía de igualdad de condiciones entre los participantes”.

Cabe preguntarse: ¿por qué el apremio para el cambio del sistema de telepeaje por parte de CAPUFE sin haber realizado una campaña previa de información a todos los usuarios de este sistema? ¿Por qué esperar hasta un día antes del cambio de este sistema para advertir a los ciudadanos sobre estas modificaciones? ¿Por qué no se realizó la instrumentación de esta política en otro momento sin generar perjuicios a los automovilistas al transitar por las casetas de cobro?

Estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos,  y ante el daño al patrimonio del Estado mexicano.

No sobra destacar que el propietario de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., a la que fue adjudicada la licitación, es el señor Roberto Alcántara, empresario del Estado de México y cercano al grupo de poder conocido como Atlacomulco, y  pareciera que la licitación favoreció a esta empresa de forma discrecional y alejada de la ley.

Es por ello que se requiere una investigación a fondo por parte de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer y dar mayor certeza sobre este asunto que, a todas luces, se perfila sombrío.

El compromiso No 85 del Pacto por México,  asumido por el Presidente Enrique Peña Nieto y, hasta ahora incumplido, refiere que se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.

Aún estamos esperando la iniciativa.

Una vez más queda a la luz  que al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no le interesa un combate frontal y efectivo en contra de la corrupción en la Administración Pública Federal sino por el contario, beneficiar a sus allegados.

Es urgente ya legislar sobre el combate a la corrupción para beneficio de la sociedad mexicana. 

Por lo expuesto anteriormente presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución.

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Lic. Julián  Alfonso Olivas Ugalde, a realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública No. LA-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” por parte de al no atender las recomendaciones de la testigo social, designada por dicha Secretaría e informe a esta soberanía sobre los resultados de la misma.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.






Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado Federal GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al primer semestre de 2014 entraron a México 274 mil autos usados, cifra 10.6 por ciento menor a la registrada en igual periodo de 2013, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

No obstante, se estima que de 2005 a la fecha, han ingresado al país aproximadamente 7 millones de vehículos automotrices usados, principalmente provenientes de Estados Unidos, dicha cifra equivale al 80 por ciento de las unidades vendidas de autos nuevos adquiridos en México durante el mismo lapso.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante 2013 se importaron 650 mil autos, lo que representa un promedio de mil 780 autos cada día.  Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), señala que en el último año las ventas al menudeo de unidades pesadas cayeron 19 por ciento, debido a la entrada de camiones usados de Estados Unidos.

Los factores determinantes de la demanda de autos importados usados son básicamente dos: el diferencial de precio entre los autos nuevos que se venden en el mercado doméstico y los importados usados; y el tiempo promedio de vida útil de un auto, el cual resulta ser de alrededor de 5 años en Estados Unidos y de más de 10 años en México.

Con la finalidad de ordenar el mercado de automóviles usados para mejorar las condiciones de compra de las personas de bajo poder adquisitivo, el gobierno federal emitió un decreto en 2005, en el que se establecieron las condiciones para la importación definitiva de vehículos de segundo uso.

El 22 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, con el propósito de favorecer la importación definitiva de vehículos automotores usados de transporte de hasta quince pasajeros y de los camiones de capacidad de carga hasta de 4 mil 536 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, con el objeto de dar certeza jurídica a los propietarios de los mismos.

Mientras que el 26 de abril de 2006, se publicó el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país. Particularmente en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora”, con el objeto de regular la estancia definitiva de los vehículos importados en la regiones y franja señaladas.

Varias modificaciones se hicieron a través de los años subsecuentes. De manera que en 2008, una de las modificaciones estuvo asociada a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección ambiental. Mientras que en otra se estableció un arancel de 10 por ciento a los vehículos originarios de Estados Unidos o Canadá con diez años de antigüedad.

En 2011, se estableció la prohibición de importar automóviles usados que no cumplieran con condiciones físico-mecánicas o con las disposiciones de protección ambiental. El 31 de enero de 2013 se extendió una prórroga para la modificación previa, extendiendo su vigencia hasta el 31 de enero de 2014.

Sin embargo, las empresas importadoras, a través de la figura jurídica del amparo, continuaron internando al país vehículos que no cumplían con las disposiciones asociadas con los certificados de origen, las condiciones físico- mecánicas o la protección ambiental.

Recientemente, diversos medios de comunicación dieron a conocer una red de tráfico de influencias que importa vehículos a México. En la cual estarían involucrados directivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), jefes aduanales, jueces, Magistrados y legisladores. Además de propietarios de las empresas y cabilderos que realizan gestiones con funcionarios y jueces.

Las investigaciones apuntan hacia altos mandos de la Administración General de Aduanas y de la Administración Central de Amparos y de Instancias Judiciales, del SAT, que se encuentran coludidos con gestores y abogados de las empresas importadoras de autos usados.

Según denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, funcionarios del SAT asesoran a los importadores a cambio de pagos y en las aduanas sus agentes facilitan el acceso y reciben una comisión por cada auto que ingresa al país.

En este sentido, se ubican a 18 empresas que son las principales importadoras de autos. Entre las que se encuentra: Cristi Automotriz, Grupo Empresarial Caoman, Grupo Empresarial Yamve, Autotrack importaciones, Autos YMC, A&B Automotriz, Voltok, Arturo Tovar Ortiz S.A. de C.V. y Pastor Perea Ramírez S.A. de C.V.

Del mismo modo existen nueve empresas que son representadas o están vinculadas al agente aduanal Roberto Ruiz Armas, como Goga Automotriz, Alfa Agro, Autos Adrey y Kikis Automotriz.

Es importante mencionar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, investigar a juzgados y tribunales de Baja California que otorgaron amparos, para permitir el ingreso de autos usados sin cumplir los requisitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia del Encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para rendir un informe preciso del estado que guarda la Administración General de Aduanas.

SEGUNDO.-LaComisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitara la Auditoría Superior de la Federación una auditoría de desempeño al Servicio de Administración Tributaria, particularmente a la Administración General de Aduanas y a la Administración Central de Amparos y de Instancias Judiciales,  sobre la importación de autos usados, así como de amparos promovidos por empresas importadoras, con objeto de que se cuente con mayores elementos sobre la problemática de este sector.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Suscribe:

Dip. Guillermo Sánchez Torres.






Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno a realizar programas permanentes de protección solar que incluyan la distribución de muestras gratuitas de protector solar entre los grupos más vulnerables de la población. Se turna a la Segunda Comisión.

Quien suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor dela siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sol es fuente de luz y calor, elementos que todos los seres vivos, en menor o mayor proporción, necesitamos para vivir. Las bondades de los rayos solares para los seres humanos van desde su coadyuvancia en la formación de vitamina D hasta su acción terapéutica para curar ciertas enfermedades.

No obstante, la exposición excesiva a la radiación solar puede producir daños severos a la salud humana, pues esta se encuentra asociada a enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer de piel, o bien, otros padecimientos que pueden resultar incapacitantes como las cataratas. Es por este motivo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda adoptar una cultura responsable frente a la radiación solar, la cual incluye tomar medidas tales como: limitar el tiempo de exposición al sol, usar ropa protectora, sombrero o gorra y gafas de sol, así como aplicar protector solar en las zonas del cuerpo que no se encuentran cubiertas.

De acuerdo a la OMS, a partir de la década de los años setenta del siglo pasado, en todo el mundo comenzó a detectarse un incremento significativo en la incidencia del cáncer de piel. Actualmente, uno de cada 3 cánceres en el mundo, es de piel. En nuestro país, de acuerdo a la Secretaría de Salud, este tipo de cáncer causó la muerte de mil 529 mexicanos en 2012, año en el cual fueron detectados más de 16 mil casos. Es por ello necesario la puesta en marcha de programas educativos que den a conocer mejor los efectos nocivos que la radiación solar tiene sobre la salud humana.

Es importante crear conciencia entre las personas respecto a la importancia que reviste protegerse de la radiación solar, además de poner énfasis en desmitificar ciertas ideas que no abonan a la adecuada prevención en contra del cáncer de piel, por ejemplo, la creencia de que sólo las personas de piel blanca deben preocuparse por la sobreexposición al sol, o que el uso de protector solar no es necesario cuando está nublado o cuando no es temporada de calor.

La intensidad de la radiación solar depende de diversos factores como la altura del sol, la nubosidad, la latitud, la altitud y el nivel de daño que presente la capa de ozono. En este sentido, si bien todos estamos expuestos a la radiación solar, existen ciudades en nuestro país que tienen un mayor riesgo y en las cuales últimamente se han registrado índices extremadamente altos de radiación solar, este es el caso, por ejemplo, del Valle de México, donde en la presente temporada de calor se han multiplicado los días en los cuales el sistema de monitoreo atmosférico del Gobierno del Distrito Federal ha alertado a la población capitalina sobre la necesidad de protegerse de los rayos ultravioleta pues el índice UV ha alcanzado más de 11 puntos.

El hecho de que la medición de la intensidad de la radiación solar sea ya sistemática en algunas ciudades del país y que los medios de comunicación colaboren para hacer llegar dicha información a la población representa un avance significativo en cuanto respecta al combate del cáncer de piel, que ya es un problema de salud pública, no obstante, un amplio número de mexicanos queda excluido de una protección integral frente a los rayos ultravioleta, pues dadas sus características socioeconómicas se encuentran impedidos para adquirir un protector solar.

Es el caso, por ejemplo, de miles de trabajadores que para subsistir se ven obligados a realizar actividades al aire libre, exponiéndose al sol, y que lamentablemente su nivel de ingresos no les permite dejar de laborar ni tampoco incluir dentro de sus prioridades la adquisición de una crema protectora que por lo regular tiene un costo elevado.

Por esto motivo creemos que resulta necesario que las autoridades sanitarias de todos los niveles de gobierno, tanto federales como locales, realicen un esfuerzo por llevar a cabo programas permanentes de protección solar que incluyan, no sólo actividades de concientización, sino también la distribución de muestras gratuitas de protector solar entre los grupos más vulnerables de la población que por su actividad ocupacional se encuentren mayormente expuestos a los efectos dañinos de la radiación solar.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno a realizar programas permanentes de protección solar que incluyan la distribución de muestras gratuitas de protector solar entre los grupos más vulnerables de la población que por su actividad ocupacional se encuentren mayormente expuestos a los rayos ultravioleta.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez.






Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del estado de Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho sobre las presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos periodistas en la entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARIA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada de la LXII Legislatura y Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, el desarrollo del transporte aéreo se inició en 1924 y cubría el trayecto México-Tampico, después se agregaron las rutas México-Tuxpan y Tampico-Matamoros; desde entonces, la industria del transporte aéreo de pasajeros ha crecido a un ritmo sin igual en el país, al tal grado que al mes de junio del presente año se ofertaron 399 rutas de origen-destino a lugares nacionales y 504 con origen y/o destino de aeropuertos nacionales a internacionales.

Datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dados a conocer en el informe de la “Aviación Mexicana en Cifras, 1992 - 2013”1, nos permiten identificar lo importante que ha sido este sector de la industria de servicios, en un periodo sujeto a fuertes presiones económicas nacionales e internacionales, así como lo significativo que resulta para los consumidores del país y del extranjero contar con una amplia oferta de servicios de transporte aéreo, servicios y tarifas para la atención de sus requerimientos y necesidades.

Lo anterior se deriva al observar que en un periodo de 22 años, el transporte aéreo de pasajeros, tanto de empresas nacionales como extranjeras, pasó de 26.8 millones en el año 1992, a 61.5 millones en el 2013.

Es decir, el transporte aéreo de pasajeros creció un 129%, a un ritmo anual de casi el 6%, mediante la prestación del servicio ofertado por más de 50 aerolíneas regulares en y hacia México, 6 de éstas nacionales y una oferta creciente de más de 40 internacionales, las cuales brindan sus servicios en 76 aeropuertos con operación regular.

Las empresas nacionales lograron un incremento del 88%, al pasar de 19.99 a 37.6 millones de pasajeros en ese lapso, mientras que las empresas extranjeras, con operaciones hacia y desde el territorio nacional, crecieron el 249.1%, si consideramos que en el año 2013, movilizaron un total de 23.89 millones de pasajeros, comparado con los 6.8 millones de 1992.

Las aerolíneas mexicanas han incrementado su flota aérea a una tasa media anual de crecimiento de 1.9% de 1992 a 2013, esto en respuesta a los incrementos registrados en sus niveles de operación y de atención a destinos, tanto domésticos como internacionales, incorporando aeronaves de nueva tecnología, de tal manera que la flota en el período comprendido paso de 224 aeronaves en 1992, a 318 en 2013, ofertando el año pasado 33,325 asientos de avión; es decir, 5,870 espacios más que en 1992.

En suma, este sector de la economía nacional, que da empleo a más de 15,393 personas, entre personal administrativo, de vuelo y técnicos, ha dado ejemplo de boyante crecimiento. Sin embargo, un servicio que se requiere para negocios o placer, que contribuye a posicionar los destinos turísticos y de negocios de México, tan desacreditados nacional e internacionalmente durante la pasada administración, presenta también algunos signos e indicadores desfavorables, que de mantenerse, en nada contribuirán en la mejora de esta clase de servicios.

La Ley de Aviación Civil señala en su artículo 49 que “el contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o un permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio”.

Asimismo, continúa en el artículo 50 estableciendo que “en servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. En vuelos internacionales, dichos límites serán los fijados de conformidad con los tratados”.

Los dos artículos referidos anteriormente tratan sencillamente de los principales derecho del usuario de transporte aéreo; en el primer caso, el concesionario o permisionario no es otro que la línea aérea que presta el servicio, y el contrato es nada menos que el boleto que éstos expiden.

Así entonces, al comprar un boleto de avión, cualquier consumidor del país o extranjero en suelo nacional, contrata un servicio que, como cualquier otro trato comercial, trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes.

En el segundo caso, tanto en la citada ley como en su reglamento, se establecen las condiciones por las cuales los usuarios de las líneas aéreas comerciales en el país puedan transportar su equipaje, las tarifas, peso y garantías de resguardo, tanto para vuelos nacionales, como internacionales.

Más aún, en el artículo 54, haciendo alusión a los vuelos de conexión, se establece con absoluta claridad la responsabilidad del concesionario o permisionario sobre los daños causados a pasajeros y equipaje facturado en tránsito o por retraso en el servicio de transporte aéreo, si la conexión forma parte del contrato celebrado entre el concesionario o el permisionario y el pasajero.

No obstante lo claro que es nuestra legislación en esos aspectos, en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de manera regular se presentan quejas por parte de los consumidores, cuyos principales motivos son el cobro indebido, el incumplimiento en el servicio o la negativa de pago por pérdida de equipaje.

Registros de la misma dependencia indican que durante la Semana Santa del año 2013, la PROFECO recibió alrededor de mil 480 quejas de usuarios de líneas aéreas en todo el país, lo que significó un incremento de 217%, respecto de las 466 reportadas en la misma temporada en el 2012.

Hasta junio del año en curso, se han registrado 878 quejas, de las cuales solo se han iniciado 6 procedimientos por infracciones a la ley, aunque es preciso comentar que, como parte de los procedimientos de la misma institución, muchas de esas quejas se busca resolver por la vía de la conciliación.

El número de quejas registradas en el año no refleja la realidad que impera en los 76 aeropuertos nacionales e internacionales, ni mucho menos indica que los más de 31.7 millones de pasajeros transportados por las líneas aéreas nacionales e internacionales en el país de enero a junio del 2014 están plenamente satisfechos por los servicios recibidos durante su experiencia de vuelo.

Considerando la tendencia de los indicadores de Calidad que ha expedido la propia Secretaría del ramo, el número de pasajeros afectados por demoras a la salida de vuelos nacionales o internacionales en el presente año asciende a 3.3 millones. Más grave aún, es el número de usuarios de estas líneas aéreas que se vieron afectados por las demoras al arribo de sus vuelos, pues éstos llegaron a ser, hasta junio del presente año, casi 8.7 millones de pasajeros2.

Para los consumidores de servicios de transporte aéreo, nacionales o extranjeros, es común saber que sus vuelos presentan demoras al momento del despegue, o que debido al “tráfico aéreo”, el aterrizaje se realizará más tarde de lo programado como hora de arribo a sus destinos3.También es un hecho que tengan que arribar en un destino diferente a lo contratado o que alguno de sus equipajes se encuentra ilocalizable o que se haya documentado hacia otro destino, diferente al que se encuentra su propietario.

Lo anterior ha llegado a ocasionar graves perjuicios para este tipo de consumidores: afectación, en principio, a sus inherentes derechos, pérdida de tiempo para el goce o disfrute de lugares en sus puntos de destino, quebranto a sus negocios por las demoras ocurridas o a su persona y desarrollo profesional al no poder atender con oportunidad algún compromiso laboral o de otra índole relacionada con sus actividades comerciales o industriales; así también, se enfrentan al extravío de objetos personales o de vuelos de interconexión hacia otros destinos, entre muchos más daños.

Ante estas circunstancias, en muchas ocasiones, se enfrentan con la indolencia, prepotencia y hasta menosprecio por parte del personal de las líneas aéreas, quienes deberían ser los principales promotores de una solución a esta clase de problemáticas, nada excepcionales en los aeropuertos del país; así como la falta de una autoridad que in situ los auxilie a mediar y, principalmente, resolver lo que les afecta.

Estas situaciones no son una exageración, basta hacer un simple recorrido por los cuatro principales aeropuertos internacionales del país en la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara o Monterrey -ya no pensemos en otros aeropuertos de menor volumen de operaciones- para constatar la ausencia de autoridades que protejan los derechos de los consumidores y si se encuentran, solo es en temporada vacacional y en los pasillos y áreas externas del aeropuerto, nunca en las salas de abordar y arribo, que es en donde principalmente se presentan las violaciones a los derechos de estos consumidores4.

Normativamente, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7° establece que “todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna”.

Por su parte, la Ley de Aviación Civil, en su artículo 6, establece las facultades que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la materia. En específico, en la fracción I, indica que entre éstas se encuentra la de “planear y formular las políticas y programas para la regulación y el desarrollo de los servicios de transporte aéreo”; y en su artículo 7, se hace claro que dicha Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los comandantes regionales y los comandantes de aeropuerto.

A éstos últimos, el artículo 7 Bis, en su fracción VII, les facultades a “levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; cumplimentar las resoluciones judiciales y coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos”.

Y en materia de sanciones, para no interpretar lo normado por ley, se reproduce en extenso lo formulado en los artículos 52 y 54 de la Ley de Aviación Civil, así como lo dispuesto en el artículo 198 de su reglamento:

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.”

En el artículo 38, fracción VII del reglamento de la Ley se indica además que, “tratándose de la indemnización, el pasajero debe manifestar si se realiza en dinero o en especie”. De igual forma, el artículo 198 del reglamento señala:

“Artículo 198. En los casos de denegación del embarque porque se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, la Secretaría sancionará en términos de lo dispuesto por el artículo 87, fracción VII, de la Ley por negarse a prestar el servicio, sin perjuicio de que se imponga una sanción en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del mismo ordenamiento, cuando el concesionario o permisionario no proporcione al pasajero cualquiera de las opciones o la indemnización que se señalan en el artículo 52 de la Ley.”

En este sentido, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza vemos la necesidad de que las autoridades responsables de los aeropuertos nacionales o internacionales del país, así como las responsables de salvaguardar los derechos de los consumidores fortalezcan sus estrategias para hacer valer la Ley de Aviación Civil y la de Protección a los Consumidores, a fin de vigilar y sancionar, conforme la norma, prácticas como el llamado overbooking o “sobreventa de boletos” en aerolíneas, así como otros perjuicios a los consumidores de esta clase de servicios aéreos, como el extravío, daño o deterioro de equipaje o los retrasos en la hora de salida y llegada de los vuelos, pues ello contribuirá a un mejor ejercicio de los derechos y obligaciones tanto de usuarios, como de los concesionarios de la industria aeronáutica y más aún, mejorará la percepción que se tiene a nivel nacional y en el extranjero de una industria tan importante para el desarrollo económico del país.

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ala Procuradora Federal del Consumidor a fortalecer las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil, ante el daño que a éstos les provoca la sobreventa de boletos, la cancelación de vuelos, el extravío, daño o deterioro del equipaje o los retrasos en la hora de salida y arribo de vuelos nacionales o internacionales que no sean provocados por cuestiones meteorológicas; así como la discriminación a los usuarios que no cuentan con servicios complementarios de acceso preferencial a los vuelos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Dip. María Sanjuana Cerda Franco.

1 Disponible en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/04%20Estadisticas%202012/01%20Aviacion%20
Mexicana/AMC_1992_2013.pdf

2 En términos porcentuales las quejas ascienden solo al 0.000028%.

3 En el año 2013, solo las empresas europeas de aerotransporte superaron el 90% de puntualidad al momento del despegue; las empresas nacionales fueron las peor catalogadas, con el 87% de puntualidad.
En contraste, en cuanto al arribo al aeropuerto de destino, las aeronaves con matrícula europea fueron las peor catalogadas, con una puntualidad promedio del 67%, en tanto que las mexicanas ocuparon el tercer lugar, con un porcentaje que rondó en un 71% de llegadas a tiempo.

4 De las autoridades federales es común encontrar a personal del Instituto Nacional de Migración, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Policía Federal e incluso, de la Armada de México, aun cuando no sea un destino portuario.






Del Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales a efecto de que vigilen y, en su caso, sancionen a aquellos centros escolares públicos que cobren cuotas a los padres de familia. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, Diputado JOSE LUIS FLORES MENDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 5 de marzo de 1993 se publicaron reformas a la Carta Magna donde se precisó la obligación que tiene el Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria, así como la de los padres de hacer que sus hijos la cursen sólo se aplicaba a los dos últimos ciclos citados.

En el año de 1934 el Constituyente Permanente incluyó en el artículo tercero la disposición de la obligatoriedad de la educación primaria. Posteriormente, en el año de 2012, se incluyó a la educación media superior como obligatoria.

Con estas reformas se afirma el compromiso del Estado de proporcionar servicios suficientes para que toda la población pueda cursar los ciclos escolares señalados, y se confirma la gratuidad y laicidad de la educación pública.

Sin embargo, al inicio de cada ciclo escolar se muestra un cúmulo importante de presuntas violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes originado por el cobro de cuotas de colaboración a padres de familia, como un condicionante para el acceso a la educación en escuelas públicas en la mayoría de las entidades federativas.

Asimismo, el cobro de las cuotas se contrapone a lo establecido en el artículo 6º de la Ley General de Educación, que establece que la educación que el Estado imparta será gratuita. Además, precisa que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo.

De igual forma, la norma jurídica radicalmente establece que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

A pesar de ello, las cuotas han adquirido una fuerza de obligación, ante la cual la gran mayoría de los afectados se someten, muchas veces por el temor al mero rechazo social que implica el ser exhibido ante la comunidad o, lo que es más grave, dichas cuotas se cumplen porque la propia autoridad escolar, discrecional o abiertamente, condiciona la inscripción de los alumnos al pago de las mismas.

Es evidente que al inicio de cada ciclo escolar, los padres de familia se enfrentan al gran problema del pago de útiles escolares, de uniformes, a lo cual se adiciona la presión del cobro de cuotas escolares que realizan los planteles educativos.

La Encuesta Nacional de Vivienda de Parametría realizada en el año 2013, arrojó que cuatro de cada cinco mexicanos creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias y, sólo el 20% sabe que las mismas son voluntarias, lo cual refleja que es una constante el cobro de cuotas escolares, lo que se vuelve costumbre en detrimento de la economía de las familias mexicanas, pero que contraviene los derechos de los educandos.

La Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares del 2012, señala que las familias mexicanas realizan un mayor gasto en artículos y servicios de la educación. En los últimos 10 años, el rubro se elevó 5.8% en promedio por cada hogar. Es decir, el actual gasto mensual promedio en educación es de 1,781 pesos (cerca de un mes de salario mínimo), mientras que en 2002 la cifra era de 1,684 pesos (expresada a pecios de junio de 2013), de tal manera que se está coartando con el derecho a la educación que es gratuita, que está plenamente mandatado en nuestra Carta Magna y en la Ley General de Educación.

Por ello, es menester que la Secretaría de Educación Pública y sus pares estatales vigilen y en su caso, sancionen a los centros educativos públicos que cobren cuotas escolares por la prestación del servicio educativo, las cuales condicionen la inscripción, la permanencia en las escuelas, la entrega de documentación, la realización de un examen, entre otras condicionantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, a efecto de que vigilen y, en su caso, sancionen a aquellos centros escolares públicos que cobren cuotas a los padres de familia.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a13 de agosto de 2014.

Dip. José Luis Flores Mendez.






Del Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a enviar información referente a las causas que han ocasionado la reducción de las visitas a las estaciones de servicio y sobre la lista de las estaciones que han sido sancionadas, detallando su razón social, ubicación por entidad federativa y la sanción implementada. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, HECTOR LARIOS CORDOVA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Marco Jurídico.

a) Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo.

Que el artículo 14 Bis, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo dispone lo siguiente:

“El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo operarán en el marco del contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, de conformidad con la presente Ley y lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera.”

En este tenor, tenemos que el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, es el cuerpo normativo de carácter administrativo, encargado de regular procedimientos, funciones, actividades, sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las Estaciones de Servicio.

Atendiendo a la naturaleza jurídica, señalada en el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley referida, existe una relación contractual amparada bajo la figura legal de la “Franquicia” entre Petróleos Mexicanos (PEMEX), específicamente el área de “Refinación” y el franquicitario.

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, la franquicia consiste en una licencia de uso de marca, otorgada por escrito, en la que se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que ésta distingue.

No obstante, para el caso que nos ocupa, de acuerdo con el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, la “Franquicia” otorgada por la Paraestatal es “Una sublicencia de uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional y de franquicia al Franquiciatario, a través de la Franquicia unitaria, no exclusiva, sin derecho a subfranquiciar para operar una Estación de Servicio con la Franquicia Pemex”.

En este caso, la Franquicia Pemex implica la existencia de dos partes: por un lado Pemex Refinación como Franquiciante, quien es el sublicenciatario de la marca y propietario de la tecnología de comercialización y por otra el Franquiciatario, persona física o persona moral, quien recibe del primero el derecho a usar la marca y los conocimientos para operar el negocio según los estándares, lineamientos, métodos y procedimientos que indique el Franquiciante.

Es decir, la Franquicia se concede para operar en una ubicación determinada, por lo que el interesado en incorporarse a la Franquicia deberá acreditar haber adquirido la propiedad o legal posesión del predio propuesto para instalar y operar en él, la Estación de Servicio, señalando el domicilio completo, identificando perfectamente las medidas y colindancias del inmueble, materia del contrato.

b) Ley Federal de Protección al Consumidor.

i) Obligaciones de los proveedores ante los consumidores.

El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (En adelante LFPC), dispone que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, modalidades, y demás condiciones  conforme a las cuales se hubieren ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio.

ii) Facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El artículo 13 de la LFPC, dispone que la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante PROFECO), verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de la LFPC.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, fracción XIV bis, la PROFECO verificará que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados.

2. Comunicado 045 de la Procuraduría Federal del Consumidor en relación a la inmovilización de 2,265 mangueras de Gasolineras en el País.

El pasado 04 de agosto del año en curso, la PROFECO, informó lo siguiente:

“…En atención a 780 denuncias y como parte del Programa Anual de Verificación y Vigilancia 2014, la PROFECO realizó en el primer semestre del año 866 visitas de verificación a gasolineras del país, inspeccionó 12,141 instrumentos de medición e inmovilizó 2,265 de ellos.

Del total de instrumentos inmovilizados (mangueras), 390 fueron por gasto (diferencia de combustible detectada entre lo indicado por el dispositivo y lo entregado al consumidor) y 767 por repetibilidad (dispersión de las mediciones obtenidas en un instrumento de medición al realizar tres despachos).

Treinta y uno por carecer de holograma de calibración vigente, 11 por precinto (lo que significa que está dañado el dispositivo de seguridad utilizado para evitar la manipulación del ajuste del instrumento de medición) y 103 por corte (tiempo máximo en el cual se deberá inhabilitar automáticamente el dispensario una vez concluido el despacho para iniciar uno)

Otras causas fueron que 172 instrumentos estuvieron fuera de servicio durante la visita de inspección, 65 mangueras tenían fuga de combustible, dos instrumentos de medición estaban mal calibrados, 30 carecían del documento emitido por la Dirección General de Normas con el que se demuestra el cumplimiento del instrumento de medición, 1,118 carecían de evaluación de componentes electrónicos del dispensario para confirmar que se encontraban conforme al diseño (prototipo) y 17 otros motivos.

Los estados con más visitas de inspección fueron Distrito Federal (142), Estado de México (110), Jalisco (78),, Sonora (67), y Baja California (58). Asimismo, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Colima fueron los que tuvieron más inmovilizaciones, con 346,302,222,180 y 127, respectivamente…”

3. Visitas de Verificación de Combustibles realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor.

De acuerdo con los datos contenidos en el 1er Informe de Labores 2012-2013, de la Secretaría de Economía, en materia de “visitas de verificación de combustibles realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor” se tienen registrados la siguiente  numeraria:

Septiembre-Noviembre 2012

Diciembre 2012-Agosto 2013

1 Semestre 2014

1,975 visitas a estaciones de servicio.

Se aplicaron medidas precautorias de inmovilización en 229 gasolineras, verificándose 25,051 instrumentos de medición o mangueras e inmovilizando 533.

1,947 visitas de verificación

Se aplicaron medidas precautorias de inmovilización en 431  gasolineras, verificándose 27,114 instrumentos de medición o mangueras e inmovilizando 1,482.

 

866 visitas

(Esta cantidad apenas representa apenas el 7.8% de las 10,966 estaciones de servicio que existen en México de acuerdo a PEMEX1).

Se inspeccionó 12,141 instrumentos de medición e inmovilizó 2,265 de ellos.

Fuente: 1er Informe de Labores 2012-2013, Secretaría de Economía, México 2013.

4. Percepción de los ciudadanos de que en las estaciones de gasolina no se entregan litros completos a los consumidores.

Diversas investigaciones que se han realizado desde hace algunos años, han   observado el problema que existe en muchas gasolineras del país, en donde la gasolina que distribuyen a los automovilistas no coincide en la cantidad y el precio que se      cobra.

Como lo mencionamos en el apartado anterior, durante el primer semestre de 2014, la PROFECO ha realizado 866 visitas de verificación a gasolineras.  Las visitas realizadas, se inspeccionaron 12,141 instrumentos de medición y se inmovilizaron 2,265 por presentar irregularidades. Esto representa el 18.6% de los instrumentos verificados, es decir, casi una de cada cinco bombas presenta irregularidades.

Lo que más sorprende es que al menos uno de cada diez instrumentos inmovilizados (9.5% del total) fue por no entregar litros completos. Al menos 1,157 instrumentos inmovilizados por estas causas de los cuales, 390 fueron por gasto (diferencia de combustible detectada entre lo indicado por el dispositivo y lo entregado al consumidor) y 767 por repetibilidad (dispersión de las mediciones obtenidas en un instrumento de medición al realizar tres despachos). Adicionalmente 1,118 carecían de la evaluación de los componentes electrónicos del dispensario para confirmar que se encontraban conforme al diseño aprobado.

Aun cuando la PROFECO realiza inspecciones periódicas y regulares, la gran mayoría de gasolineras, al menos el 92.2%, no han sido visitadas por la PROFECO en el 2014. Si consideramos que al menos una de cada cinco bombas de gasolina presenta irregularidades, entonces son miles los consumidores mexicanos que están recibiendo litros de gasolina incompletos.

Por otro lado, consideramos que la PROFECO debe de difundir los datos de las gasolineras que son sancionadas para que los consumidores conozcamos quienes infringen las normas. Es incongruente que la autoridad competente no tenga esta información en su portal de internet, mientras que la asociación civil denominada: “Al Consumidor A.C” difunde en su página de internet una “Lista Negra de Gasolineras que dan litros Incompetlos” donde se detalla por razón social y domicilio de las gasolineras que perjudican los bolsillos del consumidor.

En diversas ocasiones hemos denunciado el impacto del incremento gradual al precio de las gasolinas en nuestro país, pero queda claro que el problema del combustible no se limita solo a los precios, sino también a los distribuidores de la gasolina.

Un ejemplo de lo denunciado en este punto de acuerdo, y que los ciudadanos ya han expresado múltiples quejas, porque las estaciones de gasolina no entregan litros completos a los consumidores. Situación que se ha venido documentado recientemente en diversos medios escritos de circulación nacional, inclusive dieron a conocer una investigación ante los notarios públicos 97, Marco Antonio Espinoza; 180, Luis Paredes, y 39, Mauricio Gálvez de la Ciudad de México; 104, Sergio Elías Gutiérrez, de Monterrey, y 33 Lorenza Covarrubias, de Guadalajara, donde se demostró que de 90 gasolineras visitadas en las Ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, en 74 de ellas se surtió combustible de menos.

De acuerdo con los medios de información, el robo llegó a 4.25 litros, equivalente a casi $58 pesos.

i) Resultados de la Ciudad de México.

• En 21 de 30 estaciones sirven “menos litros” de los que se reportan en las bombas.

• Se pagaron en total 1,200 litros, sin embargo, las gasolineras “robaron al consumidor” 36.6 litros. Esto significa que por cada carga de 40 litros que paga el automovilista, en promedio le sirven 1.2 litros menos.

• Se observaron faltantes mayores en las siguientes gasolineras:

a) En la estación 0189 ubicada en Peralvillo 61, en la zona de Tepito, faltaron 3.6 litros.

b) En la estación ubicada en el cruce de José T. Cuéllar y Eje Central, en la colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, donde quedaron a deber 3.5 litros.

Además de estas dos estaciones, hubo otras 9 estaciones donde el faltante fue entre 2 y 2.6 litros por carga, y otros 10 establecimientos donde el robo fue, desde 220 mililitros hasta 1,9 litros por cada compra.

c) En ninguna gasolinera se dieron litros de más.

ii) Resultados en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Se presentaron las mismas situaciones que las observadas en la Ciudad de México, es decir, ninguna de las 30 gasolineras revisadas surtió los litros completos y en todas impactaron en la economía de los consumidores.

Si bien es cierto, reconocemos la labor importante que está haciendo la PROFECO, para sancionar estas irregularidades que se han venido presentando en las estaciones de servicio de todo el país, no obstante, este estudio nos demuestra que existen graves irregularidades que no han sido sancionadas por la PROFECO o que al menos los consumidores no tenemos al alcance el detalle de la información, es por ello que hacemos un exhorto respetuoso a la PROFECO, para que en el ámbito de sus facultades, actué en estricto sentido como un “Procurador y defensor de los derechos de los Consumidores”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que envíe a esta Soberanía, información referente a:

a) Las causas que han ocasionado la reducción de las visitas a las estaciones de servicio realizadas por Procuraduría Federal del Consumidor en lo que va del primer semestre de 2014, en comparación los años 2012 y 2013.

b) La lista de las estaciones de servicio que han sido sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor detallando su razón social, ubicación por entidad federativa y la sanción implementada.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de agosto de 2014.

Suscribe:

Sen. Héctor Larios Córdova.

1 http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=11&catID=212.





Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a establecer una mesa de diálogo de los representantes de los tres niveles de gobierno con los representantes de la Unión de Pueblos, organizaciones del estado de Guerrero y los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el objeto de crear una comisión de armonía y desarrollo del estado de Guerrero. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIÓN DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES DEL ESTADO DE GUERRERO Y  LOS LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ENTIDAD, CON EL OBJETO DE CREAR UNA COMISIÓN DE ARMONÍA Y DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO, COMO UN MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE MEJORE LAS CONDICIONES, COLABORACIÓN DE DIÁLOGO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS QUE DEN SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN A LOS GUERRERENSES, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Debido a la ola de violencia que se manifiesta en gran parte del territorio nacional, en el Estado de Guerrero se han registrado numerosos asesinatos, desapariciones, secuestros, persecuciones, extorsiones y desplazamientos forzosos. A estos hechos se suman los asesinatos a líderes, activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

La inseguridad ha desencadenado el desplazamiento forzado en varias comunidades. Los pobladores huyen de la violencia derivada del narcotráfico que se ha venido acrecentando particularmente en el estado y buscan mudarse a lugares más seguros. El caso más radical lo encontramos en la Sierra de Guerrero y en los municipios de San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón y Heliodoro Castillo.

En esta zona de la sierra los grupos de delincuencia armada queman casas, secuestran, matan, extorsionan y cobran cuotas, por lo que la gente decide abandonar sus hogares. El terror ha provocado que pueblos enteros de esta entidad se vacíen. Además, hay confrontaciones entre distintos grupos de narcotráfico, pues es esta zona en donde se conecta la sierra con las regiones norte y tierra caliente, convirtiéndose en un corredor de drogas. Por esta razón, los desplazados no están dispuestos a regresar a sus lugares de origen hasta que las autoridades garanticen su derecho a la vida y seguridad.

Estos pobladores al huir de sus localidades enfrentan nuevas carencias y falta de servicios públicos. Actualmente, no se tiene un registro exacto de los desplazados, no existe un marco legal y político coordinado para atender este conflicto. Es por ello, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al gobierno mexicano atender a la población afectada y cuantificarlos.

Aunado a lo anterior, la reciente proliferación de grupos civiles de autodefensa y policías comunitarias ha sido inducida por la creciente ola de violencia y de inseguridad que azota diversas regiones del país se incrementa día a día.

En el contexto nacional, se pueden contabilizar más de 36 grupos (cuerpos de seguridad comunitarios, policías rurales, guardias blancas y grupos de autodefensa civil) en 16 Estados del país, tales como: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala. No obstante, existen diferencias importantes entre ellos.

En los pueblos indígenas la autodefensa ha sido el último recurso al que acude la ciudadanía para defenderse de amenazas de la delincuencia y el crimen organizado, caciques locales, gobierno o megaproyectos.

A partir del levantamiento indígena del EZLN en 1994, en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca. Por ejemplo, en el Estado de Guerrero, la crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligaron a los pueblos a defenderse y protegerse a sí mismos, atendiendo los problemas locales. Además, la policía estatal no alcanzaba a cubrir la atención en materia de seguridad.

En 1995, surge la Policía Comunitaria en el municipio de Malinaltepec, la cual se encargó de resguardar y vigilar los caminos para proteger a la gente, atrapar a los criminales y entregarlos a las autoridades oficiales. Más adelante, en 1998, surgió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para encargarse de impartir justicia, debido a la ineficiencia y corrupción de las instituciones. Hasta la fecha cumple esta función, como parte del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.

Este grupo es reconocido por la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de Comunidades Indígenas de Guerrero. Los miembros de este grupo portan armas, y están uniformados con playeras verde olivo, con letras y logotipo en amarillo. Además, es una figura social que se fundamenta en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y se integra por ciudadanos de la alta calidad moral.

Actualmente, además de la CRAC, existe la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuyo líder es Bruno Plácido Valerio. Este grupo cuenta con unos 2 mil 600 policías comunitarios repartidos en unos 10 municipios, aproximadamente, casi todos de la Costa Chica.

Una diferencia importante entre estos dos grupos es que en la UPOEG los miembros de la policía son voluntarios, mientras que en la CRAC los policías son nombrados en una asamblea popular. La mayoría de las personas que integran estos dos grupos son campesinos, sin embargo, también hay maestros, albañiles, comerciantes, ganaderos, entre otros, mismos que no reciben ningún tipo de remuneración.

Ambas organizaciones indican tener objetivos más amplios, como programas de desarrollo y capacitación en diversas materias.  Tanto la UPOEG como la CRAC tienen comunidades adscritas a sus grupos en varios municipios del estado. En consecuencia, todos los conflictos derivados por la ola de violencia han afectado la armonía del estado y el tejido social de sus comunidades. De acuerdo con los dirigentes de la UPOEG,  el objetivo de esta organización es resolver los conflictos para devolver la paz a los pobladores de los municipios.

Bajo este contexto, los integrantes de la UPOEG han buscado tener acercamientos con representantes del Gobierno Federal y del Estado de Guerrero, con la intención de realizar las gestiones necesarias para crear la Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero, a fin de que sirva de canal de interlocución y colaboración entre la sociedad y el gobierno para el dialogo, análisis, discusión y conciliación de los conflictos sociales, así como para la elaboración de estrategias, planes y proyectos que den solución a las problemáticas y atención de demandas de los pobladores, de manera eficaz y coordinada con los gobiernos de los tres niveles. Un órgano de coordinación interinstitucional en el cual confluyan organizaciones sociales y pueblos indígenas, con los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la UPOEG, la Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero deberá estar integrada por los Diputados Federales Guerrerenses, la Comisión de Gobierno del Congreso local, un Representante del poder Ejecutivo Federal, un Representante del poder Ejecutivo Estatal, Representantes del Poder Judicial, un Representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, contará con representantes de los ayuntamientos, de pueblos indígenas y de los afromexicanos.

Sin duda alguna, el dialogo permanente y constructivo es un instrumento que contribuye ala solución de conflictos sociales. Es necesario reflexionarlas causas que los originan, a fin de poner en acción las medidas institucionales necesarias para la solución de un problema público, considerando en todo momento el valor de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, realizar las gestiones necesarias para establecer una mesa de diálogo de los representantes de los tres niveles de gobierno con los representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y  los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el objeto de crear una Comisión de Armonía y Desarrollo del Estado de Guerrero, como un mecanismo de coordinación interinstitucional, que mejore las condiciones, colaboración de diálogo, análisis, discusión y conciliación de los conflictos sociales, así como la elaboración de estrategias, planes y proyectos que den solución a las problemáticas que aquejan a los guerrerenses.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.






Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de salud a implementar mecanismos para la concientización y difusión de información respecto de las enfermedades mentales que afectan al sector más joven de nuestra población. Se turna a la Segunda Comisión.

El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo  59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente en nuestro país habitan aproximadamente 31.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que representa el 26.3 por ciento de la población total nacional.

Estos jóvenes son un factor determinante en el desarrollo social y económico de cualquier país, ya que su energía y bienestar resulta imprescindible para el éxito en el desarrollo de cualquier actividad dentro de las sociedades en las que viven.

Es por ello que resulta necesario implementar los esfuerzos encaminados a crear y desarrollar políticas y programas que estén específicamente adaptados y dirigidos a los jóvenes.

En atención a lo anterior, las Naciones Unidas determinaron celebrar cada 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, con la finalidad de establecer un marco normativo y las directrices necesarias para la adopción de medidas nacionales y la prestación de apoyos internacionales con miras a mejorar la situación de los jóvenes.

Para dar cumplimiento a lo anterior se creó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes cuya función primordial se centra en medidas tendientes a fortalecer la capacidad nacional en lo que respecta a la juventud y a aumentar la calidad y la cantidad de las oportunidades de los jóvenes de participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad; estableciéndose como esferas prioritarias de acción temas como la educación, el empleo, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas, la globalización y entre otras, la salud.

Precisamente este 2014, se eligió como tema “Los jóvenes y la salud mental”, haciendo énfasis a aquellos con problemas de salud mental quienes a menudo son estigmatizados y discriminados, lo que a su vez puede influir en exclusión y desánimo a la hora de buscar ayuda por miedo a ser negativamente etiquetados.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que en los últimos años existen aproximadamente 150 millones de personas  que sufren o han sufrido depresión en algún momento de su vida; así como 38 millones de personas afectados por epilepsia y 25 millones más diagnosticados con esquizofrenia, la cual ha sido calificada como una de las diez patologías más incapacitantes que se conocen.

Coincidimos en la necesidad de centrarnos en la labor de concientizar a la sociedad sobre dichos padecimientos, a través de la difusión de información clara que exalte la seguridad entre la gente joven con problemas mentales para que éstos puedan disfrutar de una vida plena y saludable.

Para ello, es necesario continuar con el compromiso de garantizar los derechos humanos de los cuales son titulares, específicamente el derecho a la salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

Si bien en nuestro país se han realizado esfuerzos encaminados a la creación de nuevas estructuras de atención para los enfermos mentales, lo cierto es que todavía es necesario realizar un esfuerzo mucho mayor para cambiar las prácticas y los sistemas de prestación de servicios.

Es por ello que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, el Partido Verde Ecologista de México se suma a la labor de concientizar, no sólo a los jóvenes afectados de padecimientos mentales, sino a la sociedad en general, para de esta forma empezar a erradicar cualquier acto discriminatorio en contra de los enfermos mentales, y con ello facilitar la aceptación y posterior búsqueda de apoyo de los mismos, para ser tratados en atención a sus derechos constitucionales.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno, para que implementen mecanismos efectivos para la concientización y difusión de información clara respecto de las enfermedades mentales que afectan al sector más joven de nuestra población, con la finalidad de erradicar cualquier acto discriminatorio que impida el libre desarrollo de las personas, especialmente de los jóvenes como sector productivo de nuestra sociedad.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 13 de agosto del 2014.

Suscribe

Dip. Enrique Aubry De Castro Palomino.






Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al gobernador del estado de Sonora a ejecutar las acciones necesarias para la investigación, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación con ácido sulfúrico de los ríos Bacanuchi y Sonora. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Derechos de la Niñez y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de la Diputada Amalia García Medina por la que se expide la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados. Se turna a la Cámara de Diputados.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE RESPETUOSAMENTE A COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DERECHOS DE LA NIÑEZ CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR LA INICIATIVA DE LA DIPUTADA AMALIA GARCÍA MEDINA,DENOMINADA PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PARA LEGALIZAR Y ABRIR LAS POSIBILIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADO PARA ASISTIR A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, bajo las siguientes consideraciones.

1.- La crisis de la niñez migrante es el nudo en donde confluyeron diversos procesos que fueron creando las condiciones que ahora manifiestan su carácter, el principal, el modelo económico que tiene en la estructura de la desigualdad social su naturaleza y su origen. Este modelo económico es propio de los países en donde se produce una migración continua y en crecimiento. Mientras los poderes ejecutivos propios y de diversos países, los organismos no gubernamentales, las instituciones y academias, luchadores sociales y organismos internacionales se organizan para invertir sus energías para mitigar esta crisis, la migración cobra aún más fuerza, más crudeza y pasa de ser una opción de reclutamiento para el crimen organizado a una instancia que prácticamente ofrece seres humanos a lo peor de la delincuencia. Estamos en presencia de una de las variables críticas previstas que, precisamente, no se quiso ver. La dimensión de este fenómeno acusa al Estado y su ideología de ser una de las causas. La economía de mercado muestra una de sus miles de consecuencias sociales y corre una prisa desmedida por afrontar los efectos de este proceso sin anular sus causas. Esta desesperación por aminorar la crisis presenta un problema que bien pudiera ser llamado de mitigación maquillada, ya que, lamentablemente, no se ha cuestionado al modelo económico ni se pretende mover ninguna de sus piezas. La migración aún será más recurrente y despiadada si no se toman acuerdos continuos, no emergentes ni espontáneos. La Migración no podrá disminuir si los poderes de los Estados involucrados en el tránsito migrante no hacen el mayor de sus esfuerzos institucionales y no atenúan las causas estructurales y de origen que son los factores de la movilidad humana en busca de trabajo y seguridad.

2.-Del gran elenco de propuestas y observaciones, de decisiones políticas se da el acercamiento del Jefe del Ejecutivo para poner en marcha el Programa Frontera Sur entre México y Guatemala. Una delas cinco líneas de acción, la cuarta suscribe Iniciar Mecanismo Especial para Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados.

3.- Sin embargo esta celeridad tiene un revés. Sucede que en la Cámara de Diputados existe una legislación cuya fecha de presentación, según la página de Internet de la H. Cámara de Diputados ubicada en “iniciativas presentadas en la LXII Legislatura turnadas a comisión, señala que el 18-Septiembre-2013. Fue presentada por las Diputadas proponentes: Dip. García Medina Amalia Dolores (PRD) Suscrita por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), el Proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. Fue turnada a las comisiones de Asuntos Migratorios, Derechos de la Niñez con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ésta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del 18-Septiembre-2013 con calidad de pendiente. Ésta propuesta suscribe “Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de establecer acciones de protección, atención y asistencia que deben implementar las autoridades de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar el interés superior de la infancia. Establecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sin perjuicio de los establecidos en otras disposiciones legales nacionales o instrumentos internacionales. Prever quien ejercerá la representación legal, tutela, asesoría y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados durante los procedimientos. Establecer las competencias y facultades de las autoridades responsables de la protección derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Señalar la obligatoriedad de la norma en esta materia para los tres órdenes de gobierno. Establecer las reglas para que las organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar a hacer efectiva la atención y protección de este grupo. Crear un sistema informático y mecanismos interinstitucionales para dar un seguimiento integral y personalizado a cada caso. Facultar al DIF para formular un Programa Nacional en materia de Protección y Atención para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, tomando en cuenta la opinión de autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil involucradas. Indicar las facultades y obligaciones de las dependencias de los tres órdenes de gobierno para la protección y asistencia de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Implementar acciones iniciales de seguimiento y procedimientos para la protección, atención y asistencia. La dirección de Internet donde se ubica esta ley es:

http://gaceta.Diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/sep/20130918-IV.html#Iniciativa20

Después de una lectura se observa la pertinencia y la urgencia de que esta iniciativa adquiera calidad de dictamen para ser aprobada de inmediato y apoyar y/o crear instrumentos legales con impactos institucionales que servirán para revertir muchas de las condiciones y procesos adversos que los infantes y adolescentes no acompañados sufren continuamente. Hay que advertir que esta propuesta tiene un año en las comisiones unidas mencionadas. La crisis de la niñez migrante mexicana tiene mucho tiempo antes de ser clasificada como crisis por la agenda mediática internacional. Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DERECHOS DE LA NIÑEZ CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADOS A DICTAMINAR LA INICIATIVA DE LA DIPUTADA AMALIA GARCÍA MEDINA DENOMINADA PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PARA LEGALIZAR Y ABRIR LAS POSIBILIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADO PARA ASISTIR A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA.

Atentamente.






Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Turismo un informe sobre los resultados de las acciones que llevó a cabo durante el periodo vacacional con el programa de seguridad denominado “Operativo Vacaciones de Verano 2014”. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 16 de julio del presente año, la Secretaría de Turismo (SECTUR) como dependencia coordinadora, a través de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, puso en marcha el “Operativo Vacaciones de Verano 2014”, el cual tiene como objetivo brindar protección y seguridad a los turistas nacionales e internacionales, así como agilizar y facilitar su tránsito en el territorio nacional.

De acuerdo con la SECTUR, en el “Operativo Vacaciones de Verano 2014” participan diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal, con acciones de vigilancia en carreteras, así como en las distintas playas, los operativos de verificación a los prestadores de servicios turísticos y de vigilancia en los diversos destinos, así como las acciones que le corresponden a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la Policía Federal y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de garantizar la seguridad de los vacacionistas.

Para llevar a cabo dichas acciones se señaló que 252 carreteras se reforzarían por medio de patrullaje de agentes federales, así como la instalación de 77 campamentos, de los cuales, 52 serían en coordinación con la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración (Programa Paisano).

Por lo que hace a la Cruz Roja Mexicana, se informó que durante el periodo vacacional se integró el apoyo de voluntarios y ambulancias para atender incidencias a nivel nacional.

La SECTUR indicó que, a través de los llamados Ángeles Verdes, buscaría atender a más de 100 mil vehículos y aproximadamente a 400 mil turistas, mediante más de 700 elementos y 400 unidades, así como proporcionar información, orientación y auxilio a los turistas a través del número gratuito 088.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con CAPUFE, así como de las concesionarias de vías generales de comunicación, dispondrían de medios electrónicos que facilitan, en tiempo real, el reporte de incidencias en la red carretera concesionada.

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, llevaría a cabo exámenes médicos, tanto en autotransporte, transporte marítimo y ferroviario, para asegurar el correcto estado de salud de los conductores y garantizar la vida de quienes hacen uso de cualquier medio de transporte.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dispondría de 160 personas de apoyo que brindarían información y agilizarán la atención a los usuarios de  las Terminales 1 y 2.

El Instituto Nacional de Migración (INAMI), con el Programa Paisano, que promueve el ingreso y tránsito seguro de mexicanos radicados en el extranjero, buscaría sugerir 3 rutas para el ingreso y tránsito a México: carretera 15 México-Nogales, Carretera 45 México-Cd. Juárez y 57 México-Piedras Negras.

Es importante señalar que, el INAMI a través de la red consular de México, ha distribuido más de 800 mil ejemplares de la Guía Paisano 2014, y ha dispuesto 988 observadores de la sociedad civil, que orientarán y brindarán información mediante 166 módulos fijos y 198 puntos de observación ubicados en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), puentes y aeropuertos internacionales, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje, así como establecimientos comerciales.

A fin de garantizar la protección de menores, se facilitaría el tránsito de los mismos utilizando el formato “Salida de Menores” (SAM), con el cual, los niños, niñas y adolescentes pueden viajar al extranjero sin compañía de sus padres.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispuso que, a fin de reforzar las aduanas, a través de la Administración General de Aduanas del  Sistema de Administración Tributaria (SAT), dispondría de 2,455 oficiales de comercio exterior, en 49 aduanas de México, y con más de 120 elementos de servicio social como apoyo en las 10 aduanas de mayor afluencia (AICM, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Nuevo Laredo, Reynosa, Tijuana, Matamoros, Piedras Negras y en las oficinas de la Administración General de Aduanas).

Asimismo, la Secretaría de Marina en el ámbito de sus atribuciones, llevaría a cabo recorridos de vigilancia terrestre, marítima y aérea, con acciones específicas en los 11 mil kilómetros de litoral que corresponden a los 17 estados costeros con los que cuenta el país.

A su vez la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) llevaría a cabo las inspecciones fitozoosanitarias en aduanas, puertos y aeropuertos, así como las acciones para sensibilizar a turistas sobre productos vegetales y animales exentos de certificación sanitaria, que pueden traer consigo si piensan viajar a nuestro país.

A fin de garantizar el esparcimiento vacacional, y preservar la flora y fauna de nuestro país, así como las áreas protegidas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha informado que existen 44 Áreas Naturales Protegidas consideradas como turísticas, con la posibilidad para el visitante de adquirir el Pasaporte de la Conservación, mediante el cual, los turistas podrán visitar cualquier área natural protegida federal cuantas veces quiera a lo largo de todo el año, por un pago único de 291 pesos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Implementa el Programa Playas en Regla, en los 17 estados costeros; se tienen contempladas, en este periodo, acciones en 264 playas de 54 municipios, con la participación de 180 inspectores, aproximadamente. Asimismo, atenderá quejas o denuncias de su competencia, a través de medio telefónico, buzones e internet.

El presente punto de acuerdo es necesario toda vez que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, dio a conocer cifras preliminares que indican que Cancún registró índices de ocupación hasta de 96.6 por ciento durante el periodo vacacional verano 2014, también reportó que Ixtapa alcanzó una ocupación hotelera de 90.6 por ciento; en Los Cabos de 86.3 por ciento y en Huatulco de 96.6 por ciento, también señala que han llegado al país casi un millón 100 mil extranjeros

Por otra parte la Confederación de Organizaciones Turísticas para México y América Latina (COTAL) señala que el número de establecimientos de hospedaje creció tres por ciento, al pasar de 17 mil 669 en 2012 a 18 mil 199 en 2013 y el número de cuartos aumentó de 660 mil 546 a 672 mil 296, lo que representó 1.8 por ciento más habitaciones, y con ello el incremento de más vacacionistas en los distintos destinos del país.

En ese mismo reporte se da conocer que se han trasladado a nuestro país, por diversos caminos de cuota a cargo de CAPUFE, poco más de 396 mil 965 mexicanos residentes en el extranjero, asimismo han cruzado más de 81 millones de automóviles, para pasar vacaciones de verano.

Es importante destacar que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), han registrado hasta ahora la presencia de 280 mil 057 visitantes a museos en la temporada.

El periodo vacacional de verano concluye formalmente el 17 de agosto próximo, y es importante que la SECTUR informe sobre los resultados de las acciones que implementó por medio del programa “Operativo Vacacional de Verano 2014”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo, a  que remita a esta Soberanía, un informe detallado sobre los resultados de las acciones del programa denominado "Operativo Vacaciones de Verano 2014".

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Atentamente

Sen. René Juárez Cisneros.






De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, de una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o bullying. Se turna a la Tercera Comisión.

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La normativa internacional, en específico la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Ahora bien, la propia Convención y nuestro marco normativo contemplan el principio del interés superior del niño el cual mandata a las autoridades de todos los ámbitos a observarlo como un rol prioritario en las políticas públicas para la niñez, con la principal finalidad de obtener la satisfacción integral de sus derechos.

En ese sentido, surge la necesidad de que bajo este principio se analicen las actuaciones del Estado respecto a la temática del Bullying o acoso escolar, un tipo de violencia que desafortunadamente se ha convertido en una forma naturalizada de convivencia entre la niñez.

Lo anterior, ya que se debe garantizar el derecho a la educación, y este derecho sólo puede garantizarse en un entorno seguro y democrático.

De acuerdo con Rosario Ortega, especialista en el tema (2008), el Bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que puede ser de mayor o menor nivel de gravedad, pero su característica intrínseca es que siempre es violento y como tal deteriora las relaciones sociales en la escuela, ya no se da un respeto o reciprocidad moral entre los pares, entre los iguales, de alguna manera en el Bullying se da una interacción de dominio-sumisión que cuando se da de forma prolongada da lugar a procesos de victimización, con lo que al paso del tiempo se va minando la salud mental de la víctima, genera angustia, dolor. Como tal son actos ejecutados dentro de una relación desigual de poder.

Ahora bien, de conformidad con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa el primer lugar en incidencia de acoso escolar.

En el ámbito escolar el 43.2 por ciento del personal docente de la Secretaría de Educación Pública mencionó que habían detectado casos de Bullying en su escuela.

En México, se han realizado estudios sobre Bullying uno de ellos denominado “Estudio exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares 2008 y 2009” y se encontró que de manera global el 92 por ciento de estudiantes de nivel primaria y secundaria reportaron acoso escolar, y 77 por ciento ha sido víctima. De quienes son agresores o testigos de actos de violencia dentro de las escuelas, se tiene que en nivel primaria cerca del 80 por ciento de niños expresaron estar viviendo, observando y/o ejerciendo violencia hacia y por parte de sus compañeros de escuela, en secundaria es de 63 por ciento, mientras que en preescolar la cifra llega a 36 por ciento.1

Estos datos y los recientes acontecimientos que han puesto en evidencia las consecuencias fatales de la violencia en los centros escolares, nos hacen reflexionar en la necesidad de promover y construir en las escuelas una convivencia armónica, además, por parte del Estado un trabajo interinstitucional y coordinado con el objeto de prevenir y atender el acoso escolar.

Sabemos que las causas que originan la violencia en las escuelas son diversas, por lo que resalto la importancia del trabajo coordinado e integral, en donde la familia oriente a la niñez sobre el acoso escolar, y la responsabilidad de los maestros y las autoridades educativas para detectar y denunciar en el supuesto de que se estén presentando casos de abuso a la infancia.

Ahora bien, desde el inicio de la Legislatura la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que me honro en presidir, impulsó un Acuerdo Legislativo que establece el compromiso de las y los Senadores de generar propuestas legislativas adecuadas a las condiciones actuales de la niñez y la adolescencia mexicana.

En seguimiento a este Acuerdo es que el pasado 30 de Abril el Senado de la República suscribió la Iniciativa diez por  la infancia, con la presencia de la representación del UNICEF y de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Las Senadoras y Senadores nos comprometimos a incluir los derechos de la niñez y la adolescencia como prioridad en la agenda legislativa, incentivando el análisis y debate político sobre la urgencia de construir las políticas públicas que garanticen y protejan de forma integral sus derechos.

Dicha iniciativa establece de manera específica que el Senado impulsará las reformas, adiciones y propuestas legislativas cuyo objeto sea prevenir, atender y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, las y los legisladores estamos trabajando para que a la brevedad se tenga una Ley General que contemple un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes en el país, que determine la rectoría en el tema de los derechos de la infancia y se encargue de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Estamos conscientes que tenemos que cumplir en el ámbito legislativo a nuestra infancia,  observando siempre el principio del interés superior de la niñez, y los demás principios señalados en los instrumentos internacionales.

Al respecto, es importante considerar que el Estado Mexicano debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención, como un principio rector en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y los adolescentes.

Es así, que recientemente observando el referido principio en el ámbito del Ejecutivo las diversas dependencias involucradas iniciaron acciones para prevenir y erradicar esta problemática, en específico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció 15 acciones contra el acoso escolar o Bullying, entre las que destacan el crear una instancia oficial en cada estado para atender casos, así como campañas permanentes contra la violencia en los planteles escolares.

De lo anterior deriva que se requiere de la continuidad y de acciones permanentes para atender el Bullying, por lo que se considera necesario que se destinen recursos suficientes para que dichas acciones se fortalezcan y se logre el objetivo que es la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Es por ello, que a través de esta proposición con punto de acuerdo se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2015, una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o Bullying.

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez mexicana.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de ésta H. Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2015, una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o Bullying.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez.

1 Estudio sobre violencia entre pares (Bullying) en las escuelas de nivel básico en México, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 2011.






Del Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, del Director General de Petróleos Mexicanos y del Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a fin de que expliquen el proceso de asignación de áreas que se derivan de la denominada Ronda Cero. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell, del Director General de Petróleos Mexicanos, Maestro Emilio Lozoya Austin, y del Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,  Maestro Juan Carlos Zepeda Molina, a fin de que expliquen el proceso de asignación de áreas que se derivan de la denominada Ronda Cero, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La llamada Ronda Cero es el proceso establecido en el artículo sexto transitorio constitucional, para otorgar a Pemex las áreas que continuará operando mediante Asignaciones. La Carta Magna le otorga a Pemex la facultad de establecer los alcances de su petición, a partir de sus capacidades técnicas, operativas y financieras. A la Secretaría de Energía, con apoyo y opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, le corresponde aprobar las áreas que serán finalmente concedidas, atendiendo, por un lado, al nuevo objeto de la empresa que es la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental y, por otro lado, a la política de la actual administración federal de  acelerar la exploración y extracción de hidrocarburos en el país.

SEGUNDO. La decisión en manos de la Secretaría de Energía es una decisión estratégica. Este carácter es innegable porque el portafolio geológico del que dispondrá Pemex condicionará su futuro como empresa productiva del Estado. La continuidad, crecimiento y desarrollo de Pemex dentro de la industria petrolera depende tanto de la cantidad y riqueza de los campos petroleros que explota, como de las áreas que tenga a su disposición para transformar recursos prospectivos, en hidrocarburos descubiertos, reservas y finalmente producción. La disponibilidad de recursos de bajo costo es determinante para la obtención de rentas económicas que convertidas en capital sirven para financiar la exploración de alto riesgo. El portafolio geológico de Pemex condiciona la capacidad de autofinanciamiento y condiciona los resultados consolidados en todas las cadenas de valor de la entidad. En consecuencia, las decisiones que se tomen en la Ronda Cero, a partir de la solicitud hecha por Pemex, son de una profunda trascendencia pues establecen el punto de partida hacia el futuro y, en buena medida, condicionan su destino. Además es una de las decisiones más importante que ha de tomar el Ejecutivo dentro de la reforma energética porque se juga la estabilidad de las finanzas públicas a corto plazo.

TERCERO. Ninguna disposición distinta a la Constitucional ha regulado la Ronda Cero. La Constitución establece directrices generales para que Pemex solicite y la Secretaría de Energía otorgue las áreas que serán operadas a través de asignaciones. Sin embargo, no instruyó explícitamente al Congreso para elaborar una normatividad específica. Pemex tuvo que elaborar la solicitud de áreas sin que el Congreso hubiera especificado la legislación sobre las empresas productivas del Estado. La única manera de actuar con certidumbre en ese vacío consiste en acatar estrictamente lo que establece la Constitución. ¿Fue así como actuó la Secretaría de Energía?

CUARTO. El artículo sexto transitorio del decreto de reforma constitucional establece un brevísimo plazo para que Pemex seleccione y justifique las áreas con las que desea quedarse y la Secretaría de Energía otorgue las asignaciones que procedan.  Dicho proceso debe ser concluido en tan solo nueve meses, cuando en otros países tomó dos o tres años hacerlo. Existe la duda razonable de que ese lapso de nueve meses haya sido suficiente para garantizar un proceso ordenado y pausado, prudente y sereno, con visión de largo plazo. Dudamos de que la Secretaría de Energía, en tampoco tiempo, haya formulado una decisión que asegure una transición sin sobresaltos, de un modelo centrado en un operador exclusivo de la Nación a otro en el que Pemex sería un operador entre otros muchos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la que descansa el peso técnico de hacer recomendaciones, no ha contado, desde su fundación, con los técnicos y recursos humanos para cumplir a cabalidad una tarea tan compleja y delicada para la cual no fue diseñada.

QUINTO. El artículo sexto constitucional deja en manos de la Secretaría de Energía, la última palabra sobre las áreas que conservará Pemex en tanto que operador nacional. No se prevé ningún mecanismo, recurso o instancia; que pudiera utilizar o a la cual recurrir Pemex, en caso de inconformidad con la resolución de la Secretaría. Además, no existe un mandato explícito para que en la legislación secundaria se establezcan los objetivos, alcances y limitaciones del proceso de reasignación de áreas. En particular, no hay ninguna mención a la metodología que deberá utilizar Pemex para probar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva en sus diferentes asignaciones. Tampoco se aclara cómo será calculado el “justo valor económico” para efecto de la indemnización que recibirá Pemex por las inversiones ya realizadas en áreas que sean o deban ser revertidas al Estado. En suma, dicha disposición deja a Pemex en estado de indefensión frente a las decisiones de la Secretaría de Energía, cuyo juicio es inapelable. Es normal que la autoridad instruya y el operador ejecute. Sin embargo, al tratarse de una autoridad con funciones políticas, ésta toma sus decisiones en un contexto de posible conflicto de intereses y confrontación ideológica. En esas circunstancias, pueden existir divergencias en torno al significado del interés nacional, sobre todo si no se han analizado a detalle las implicaciones del desplazamiento de Pemex.

SEXTO. Existe la duda de que la Secretaría de Energía haya considerado los compromisos que Pemex ha adquirido para operar las áreas que ahora tiene bajo su responsabilidad. Existen numerosos acuerdos, convenios y contratos con clientes, suministradores de fondos, proveedores de bienes y servicios; que no se pueden deshacer de la noche a la mañana, so pena de tener que afrontar demandas en tribunales y pagar cuantiosas indemnizaciones.

SEPTIMO. Las asignaciones con las que cuenta Pemex, fueron en su momento documentadas y aprobadas por la Secretaría de Energía y sancionadas por la Secretaría de Hacienda; así como por el Poder Legislativo, al asignar presupuesto para los trabajos que en ellas serían desarrollados. De las áreas que detenta Petróleos Mexicanos en la actualidad, se obtiene alrededor de un tercio de los ingresos públicos. La capacidad crediticia del Estado Mexicano y el pago oportuno de la deuda pública pende del hilo del petróleo, el gas natural y los demás hidrocarburos que Pemex produce. El petróleo alimenta a gobiernos estatales y municipales, a programas sociales y de infraestructura. Ha sido muy difícil llegar a los acuerdos y equilibrios que hoy existen entre la federación, los estados y municipios. Si Pemex no cuenta con Asignaciones suficientes se romperán los equilibrios.

OCTAVO: Quitarle a Pemex las áreas de exploración donde ya disminuyó considerablemente el riesgo geológico con la finalidad de entregar el área a compañías privadas sería un error descomunal. Pemex debe seguir explorando y desarrollando, donde ya realizó cuantiosas inversiones en adquisición, tratamiento e interpretación de datos sísmicos, así como en perforación de pozos. Asignar el área a otros operadores sería equivalente a transferir parte de la renta petrolera. Así, por ejemplo, si Pemex ya descubrió petróleo en el área de Perdido, lo correcto es que tenga la oportunidad de desarrollar los yacimientos, ya sea solo o en alianza con socios de su elección. En sentido contrario a lo que han expresado en distintos foros algunos personajes de la vida pública, a México no le conviene que a Pemex se le restrinja a trabajar en aguas someras y en los yacimientos del sureste.

NOVENO. En cuanto a la producción actual, abrir la posibilidad para que en el corto o mediano plazo, unilateralmente, se obligue a Pemex a dejar ciertos campos, con la promesa de que otros lo harán mejor es una apuesta temeraria. Los operadores que retomen la explotación, por más experiencia que tengan, enfrentarán un sinfín de dificultades y detalles no contemplados cuando hubieran decidido participar en las eventuales licitaciones. Cada zona petrolera es un microcosmos complejo que Pemex conoce y controla perfectamente, mientras los nuevos operadores deben pasar por una compleja curva de aprendizaje.

DECIMO. Lo que está en juego en la Ronda Cero es de máxima importancia para México, por lo que debe ser una decisión de Estado y no sólo de gobierno. La decisión de la Secretaría de Energía debe haber acotado la discrecionalidad, diluir los riesgos y brindar certidumbre sobre el apego del proceso al interés nacional. Se deberá explicar con la mayor claridad y precisión a la sociedad mexicana, las razones que tuvo el Ejecutivo federal para quitarle ciertas áreas a Pemex y dejarle otras; así como las ventajas y desventajas de la decisión tomada. Es fundamental que impere la sensatez para que la Ronda Cero no sea un proceso cuya única finalidad sea quitarle áreas a Pemex para entregarlas al sector privado.  La decisión de qué áreas dejarle a Pemex no es una decisión fácil, anodina, intrascendente. Al contrario, es una decisión complicada, difícil, compleja; con profundas implicaciones y riesgos para el país. Más allá de prejuicios ideológicos, políticos, institucionales o hasta personales; el momento reclama la mayor altura de miras posible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell, del director general de Petróleos mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, y del presidente de la comisión nacional de hidrocarburos,  Maestro Juan Carlos Zepeda Molina, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL PROCESO DE ASIGNACION DE AREAS QUE SE DERIVAN DE LA DENOMINADA RONDA CERO, LOS CRITERIOS, PRIORIDADES Y ALCANCES DE LAS DECISIONES QUE CADA UNO TOMO, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES, EN EL PROCESO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SEXTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL EN MATERIA ENERGETICA.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Suscribe

Dip. Miguel Alonso Raya.






De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de México a resolver los casos de mujeres desaparecidas de la entidad. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos    Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema Nacional de Protección Civil a emitir un informe exhaustivo sobre causas, efectos y repercusiones del vertimiento de desechos por el derrame ocurrido el 8 de agosto en el Río Sonora. Se turna a la Tercera Comisión.

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTEA LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LACOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A EMITIR UN INFORME EXHAUSTIVO SOBRE CAUSAS, EFECTOS Y REPERCUSIONES, ASÍ COMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS Y ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS DESECHOS QUE SE VERTIERON AL MEDIO AMBIENTE, POR EL DERRAME DEL DÍA VIERNES 8 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN EL RÍO SONORA, DE LA MINA DE COBRE A TAJO ABIERTO ENCANANEA, OPERADA POR GRUPO MÉXICO, PARA QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA TOMEN LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PERTINENTES, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Uno de los temas que ha sobresalido en los últimos años y que ha cobrado una preocupación especial en asuntos de justicia, es el tema de las mineras. La próspera industria minera en nuestro país, ha propiciado importantes e irreversibles daños a la ecología y a los habitantes que tienen la desgracia de vivir en o cerca del lugar donde las mineras se asientan para la extracción del material.

2.- Destrucción de flora y fauna, uso intensivo de agua, producción de toneladas de residuos peligrosos y daños a comunidades por la contaminación de aire y suelo, así como acústica, son consecuencias de la minería a cielo abierto y la megaminería subterránea que se extiende en territorio nacional. En gran parte del país, pero sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos y contaminación, señaló el Instituto Nacional de Ecología en el estudio “Tecnología de remediación para sitios contaminados”. Este anunció se emitió en el año de 2011.

3.- El sábado pasado, los medios anunciaron sobre un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, proveniente de los desechos de la mina de Cananea, lo cual ocasionó contaminación en seis municipios de la entidad. Se anunció oficialmente que fue superada la contingencia. Sin embargo, un día después, se difundió que pobladores de las márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, así como ambientalistas de la entidad, pusieron en duda las versiones de Protección Civil de que fue superada la emergencia. En las redes sociales, habitantes de comunidades de los municipios de Arizpe y Baviácora, denunciaron que en el agua, de ambos cauces, se observa contaminación por los desechos químicos de la mina, provenientes de los llamados represos de jales. Aseguraron que han constatado mortandad de peces. Criticaron que las autoridades no hayan emitido una alerta a tiempo, pues el derrame, que afectó los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Urés, habría iniciado el miércoles y hasta el jueves se avisó a pobladores y medios.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Unidad Estatal de Protección Civil anunciaron el cese de operaciones de los pozos cercanos al río Sonora en Arizpe, San Felipe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Este cierre es preventivo, en tanto se determina si la contaminación del río llegó a los pozos. Ese día se aplicó el protocolo de contingencia del comité de operaciones de atención a emergencias ambientales, en el que participan Profepa, Conagua y las unidades municipales y estatal de Protección Civil, así como cuerpos de rescate y de la empresa. Las acciones que se llevaron a cabo fueron la neutralización del ácido sulfúrico por medio de cal, la construcción de represas para evitar mayores escurrimientos, el rebombeo del agua contenida, así como el análisis de los niveles de contaminantes, entre otras.

4.- No podemos más que mantener una natural suspicacia ante el tratamiento de información oficial y el ya obvio control de daños en cuestión de imagen cuando se da un evento catastrófico de grandes proporciones. Las observaciones de los pobladores dejan ver que ante el siniestro hay una serie de evidentes irregularidades. Se acusa de que se emitió una alerta tardía a la población. Se observa que no hay una descripción técnica de las causas del derrame del tóxico; se denota una falta de control ante el tratamiento de desechos y de los riesgos que conlleva la alta toxicidad de todos los materiales usados; se exhibe una franca falla en términos de protección civil y ambiental. Los daños no han sido cuantificados.

Sin embargo, es tiempo de que este evento de contaminación mayúscula quede absolutamente descrito, desde sus causas lejanas, legales, de monitoreo, del operativo total ante la contingencia, de las responsabilidades de la empresa y de las entidades gubernamentales concurrentes de todos los estratos de gobierno estatal y federal, como CONAGUA y Protección Civil, sobre las alertas públicas, sobre los daños totales al ambiente ( se describe en los medios que de una mancha naranja de al menos 60 kilómetros de largo que ha recorrido municipios y la confirmación de soluciones cargadas de cobre y otros metales procesados con ácidos sulfúricos). Hay personas usando el agua y animales bebiendo de ella así como cultivos aprovisionándose de la misma.

5.- Estamos frente a una expansión de la industria minera en nuestro país. Ante ello se requieren legislaciones sólidas, protectoras absolutas del ambiente, de las poblaciones, del agua, de los cultivos. El incidente de la mina de Cananea aquí descrito, tiene que tomarse como un referente para hacer una revisión total del conjunto de normas regulan a las empresas mineras y sus responsabilidades en todo el proceso de extracción, normas que legislan antes durante y después de los accidentes y de todo aquello que puede propiciarlos. Estamos ante un suceso catastrófico que aún no manifiesta su daño total.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL AGUA Y AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A EMITIR UN INFORME EXHAUSTIVO SOBRE CAUSAS, EFECTOS Y REPERCUSIONES, ASÍ COMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS Y ELEMENTOS PROVENIENTES DE LOS DESECHOS QUE SE VERTIERON AL MEDIO AMBIENTE, POR EL DERRAME DEL DÍA VIERNES 8 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN EL RÍO SONORA, DE LA MINA DE COBRE A TAJO ABIERTO EN CANANEA, OPERADA POR GRUPO MÉXICO, PARA QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA REPÚBLICA TOMEN LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PERTINENTES.

Atentamente.






Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las gestiones necesarias para que el personal médico cuente con la capacitación necesaria para dar informes claros, precisos y oportunos a los pacientes sobre el estado de salud que guardan, así como a sus familiares. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito, Diputado LEOBARDO ALCALA PADILLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58º, 59º y 60º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS, PARA QUE EL PERSONAL MÉDICO, CUENTE CON LA CAPACITACIÓN NECESARIA, PARA DAR INFORMES CLAROS, PRECISOS Y OPORTUNOS, A LOS PACIENTES SOBRE EL ESTADO DE SALUD QUE GUARDAN, ASÍ COMO A SUS FAMILIARES, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la salud es reconocido como un derecho humano. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado a la salud, a la alimentación, a la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud declara expresamente que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

La propia Organización ha establecido que los pacientes tienen el derecho de estar plenamente informados de su estado de salud, incluidos los antecedentes médicos registrados; de los actos médicos considerados, con los riesgos y las ventajas que ellos implican; de las posibilidades terapéuticas alternativas, incluidos los efectos de una ausencia de tratamiento; y del diagnóstico, pronóstico y progresos del tratamiento.

La información debe ser comunicada al paciente de una forma que se adapte a su facultad decomprensión con un mínimo de temimos técnicos de uso poco comente. Cuando el paciente no habla la lengua común, se debería asegurarle una traducción de esta información.

En el ámbito de la legislación nacional, la Ley General de Salud dispone que los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

En el mismo sentido, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, señala que todo profesional de la salud estará obligado a proporcionar al usuario y, en su caso a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes.

Igualmente, la Norma Oficial Mexicana relativa al expediente clínico contempla la figura de las cartas de consentimiento bajo información; documento médico-legal mediante el cual se hace constar que el paciente o su representante legal, ha recibido la debida información de los riesgos y beneficios esperados de un procedimiento médico o quirúrgico.

El objetivo de la presente proposición es fortalecer los estándares de calidad que deben imperar en la relación del médico con sus pacientes y los familiares, las Instituciones de Salud en nuestro país deben asegurar que todo su personal médico, cuente con la capacitación necesaria a fin de informar adecuadamente de la salud de sus pacientes, con la calidad, periodicidad y oportunidad debida.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico: Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaria de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realicen las gestiones necesarias, para que el personal médico, cuente con la capacitación necesaria, para dar informes claros, precisos y oportunos, a los pacientes sobre el estado de salud que guardan, así como a sus familiares.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Suscribe

Dip. Fed. Dr. Leobardo Alcala Padilla.






De la Diputada María Guadalupe Mondragón González, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federal y locales y los organismos descentralizados a desarrollar y ejecutar programas que fortalezcan las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente de nuevo ingreso. Se turna a la Segunda Comisión.

MA. GUADALUPE MONDRAGON GONZALEZ, Diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes;

CONSIDERACIONES

El principal objetivo de la reforma constitucional en materia educativa fue lograr la calidad de la educación. Para ello se estableció, por medio de modificaciones al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras medidas legislativas, que el ingreso al Servicio Profesional Docente se llevaría acabo a través de concursos de oposición. Se estableció asimismo que no habría ningún otro medio reconocido por la ley para tener acceso a las plazas docentes y a la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Lo que se busca con los concursos de oposición es que se garantice la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan para estar frente a grupo.

La reciente realización del primer concurso de oposición cobra relevancia no sólo porque se trata de uno de los primeros actos realizados en cumplimiento de la nueva preceptiva en materia de educación, sino también porque dicho evento ha permitido atestiguar a los padres de familia la vocación indeclinable de las maestras y maestros de México. Y me permito afirmar lo anterior en razón de que si bien no fue posible realizar la actividad en los Estados de Oaxaca y Michoacán, ello no fue obstáculo para que maestras y maestros provenientes de dichas entidades federativas antepusieran el interés superior del niño y se trasladaran, a convocatoria de la autoridad educativa, a la ciudad de México donde aplicaron sus exámenes. Lo anterior es digno de reconocimiento pues muestra una vocación honesta y sincera así como la determinación de lograr el plan de vida profesional incurriendo incluso en gastos y costos que resultaron adicionales al resto del magisterio que practicó el examen en sus respectivos Estados.

En la implementación de la reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias en materia de educación, se llevó a cabo el concurso de oposición prácticamente en toda la República. Se han dado a conocer los resultados y nos enteramos de que de las 16,505 plazas 4,558aplicantes obtuvieron el mejor desempeño en el examen. En otras palabras, poco más del 25% de los futuros docentes. De ahí que es necesario que el resto que si bien acreditó el examen pero puede mejorar su desempeño, sea debidamente capacitado. En el primer concurso de oposición para ingresar al Servicio Profesional Docente el puntaje mínimo aprobatorio fue de 58.8 por ciento de aciertos. En consecuencia es importante, para lograr el objetivo tan deseado de la calidad de la educación, que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones y programas para elevar el nivel pedagógico y didáctico de las futuras maestras y maestros frente a grupo.

Hay que destacar que en los concursos se utilizaron los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación que para fines de ingreso fueron definidos conforme a lo previsto en la ley por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación Pública.

Aunque el artículo 22 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece que la capacitación tenga lugar a un año de servicio y que cuenten con un tutor, la suscrita considera necesario que se brinden cuanto antes los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias de las y los docentes ya que aproximadamente un 70% obtuvieron la calificación mínima aprobatoria o estuvieron cerca de este parámetro. Lo anterior en función del análisis que se haga en cuanto a las áreas o habilidades concretas donde los aplicantes mostraron mayor debilidad.

Es importante destacar que para diversos expertos en materia de educación los concursos de oposición van de la mano de medidas adicionales que se tomen por parte de la autoridad educativa en función de garantizar la calidad de la educación. Por ejemplo, Carlos Muñoz Izquierdo considera que para elevar el nivel educativo se requiere de asegurar la eficaz utilización con finalidades formativas de los resultados de las evaluaciones de los maestros, directores y alumnos (nivel nacional, regional, intra-escolar). También considera que es importante seleccionar a los aspirantes a ingresar a la docencia y normar la formación y actualización de los docentes, con el propósito de que estos adquieren las destrezas necesarias para evitar que en las aulas se incuben los rezagos educativos que son atribuibles a una inadecuada interacción de los docentes con sus alumnos.1

Aunque la ley establece un criterio para que los maestros se desempeñen frente grupo es importante valorar el hecho de tomar medidas adicionales. Tal y como lo propone el experto Pedro José Cepeda quien considera que “hacer realidad el derecho a la educación básica debe ser la máxima prioridad del gobierno y la sociedad.2

No debemos olvidar que toda reforma tiene que pasar necesariamente por los profesores, ellos son el vehículo, tal y como lo considera el experto en educación Felipe Tirado quien invoca la frase del Instituto McKinsey “La calidad de la educación en la escuela tiene como techo la calidad de sus docentes.”3

Cabe mencionar que el primer examen de oposición es trascendente también en razón de que constituye un ejercicio de transparencia en el ámbito de la educación. En efecto, la amplia difusión que han tenido sus resultados se inscribe en el espíritu de la ley de dar a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional y en cada entidad federativa.

El primer concurso fue un esfuerzo compartido en el que participaron la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también se contó con observadores. Desde luego los principales protagonistas de dicho acto jurídico-educativo fueron las y los maestros de México que concurrieron a los exámenes con la intención de obtener una plaza que les permitiera realizar su vocación en el ámbito de la enseñanza.

La dinámica que caracteriza al siglo XXI, en plena época de la Sociedad del Conocimiento, requiere que niñas, niños y adolescentes mexicanos reciban lo antes posible una educación de calidad. No se trata únicamente de desarrollar mayores y mejores capacidades y habilidades para hacer de México un país más competitivo, con plazas de trabajo suficientes y salarios remuneradores. Se trata también de la formación de los ciudadanos a quienes tocará en el breve plazo de maduración de una generación, consolidar nuestra vida democrática haciendo de nuestro país un lugar de oportunidades para todas y todos, con el propósito de elevar el nivel de vida de las familias y reducir lo más pronto posible la injusta distribución de la riqueza que ha dado lugar a que más del 50% de nuestra población se encuentre en situación de pobreza. De ahí que es prudente hacer un reconocimiento en primer lugar a las y los maestros que participaron en el concurso de oposición, que se han convertido en co-partícipes del esfuerzo nacional para elevar la calidad de la educación.

Con el ánimo de brindar a niñas, niños y adolescentes de México la educación de calidad que merecen, se eleva a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las y los maestros que participaron en los primeros concursos de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para el ciclo escolar 2014-2015 por su compromiso mostrado con la niñez y juventud de México.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta alas autoridades educativas federal y locales, y los Organismos Descentralizados a desarrollar y ejecutar programas que fortalezcan las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso para lograr el objetivo de la calidad de la educación, establecido en la reforma constitucional en materia educativa en beneficio de la niñez y juventud de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto 2014.

Dip. Ma. Guadalupe Mondragón González.

1 Gilberto Guevara Niebla, México 2012: La reforma educativa, Ediciones Cal y Arena, p. 56 y 57.

2 Ibidem, p. 92.

3 Ibidem, p. 67






Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar la donación de 25 torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco de la Bahía de Santa Lucia, además de contemplar una partida presupuestal para la contratación del personal necesario para el resguardo de los turistas. Se turna a la Tercera Comisión.

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a realizar la donación de 25 torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco de la Bahía de Santa Lucia, además de contemplar una partida presupuestal para la contratación del personal necesario para el resguardo de los turistas, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

Se le conoce como guardavidas al responsable de la seguridad de las personas en una zona de agua, y por lo general de un área definida de inmediato alrededor de o junto a ella, como una playa al lado de un océano o un lago. La prioridad de esta persona es garantizar que no sufran daño alguno los usuarios del área de la cual son responsables.

Dentro de las actividades que realizan los guardavidas está la de informar al bañista si la marea sube o baja, la peligrosidad del mar, según el viento, entre otras cuestiones más.

Los guardavidas ó socorristas acuáticos deben estar capacitados para hacer curaciones de primeros auxilios, ante cualquier caso donde la persona resulte herida, incluso fuera del agua.

Para desempeñar plenamente sus funciones deben de contar con torres guardavidas para tener una buena visibilidad de la playa, así como tener diversas herramientas de apoyo; salvavidas, cuatrimotos, motos acuáticas, etc.

También deben de estar entrenados ante un ahogamiento por sumersión de algún turista y brindar una reanimación pulmonar (RCP), mejor conocida como respiración de boca a boca. Con esta acción se puede salvar vidas antes de que llegue la ayuda de emergencia y la persona tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir.

El ahogamiento por sumersión es una de las muertes accidentales que afecta a la población, mayormente durante la infancia y adolescencia.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el ahogamiento se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en muerte, morbilidad o discapacidad.

En la playa más visitada del Estado de Guerrero, Acapulco, específicamente en la bahía de Santa Lucía, salvaguardar la vida de los vacacionistas y lugareños debe convertirse en una prioridad. Varias personas fallecen por ahogamiento en las playas de este puerto, a causa de, no saber nadar, nadar bajo el efecto del alcohol, alto oleaje, entre otros. Es por este motivo que se requieren construir más torres salvavidas y la contratación de más guardavidas.

Según datos proporcionados por la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, del 1 de septiembre del 2013 al 30 de junio del 2014, han habido 182 rescates acuáticos, de los cuales, 84 son de enero a junio del presente año.

El titular de dicha instancia, Rogelio Hernández Cruz, señaló que en el puerto de Acapulco se requiere con urgencia la instalación de 25 torres salvavidas y la contratación de 20 guardavidas que cuiden los más de 21 kilómetros de playa.

El titular considera que estas torres salvavidas ayudarán a mejorar el servicio de auxilio y seguridad, ya que la bahía de Santa Lucía cuenta con tan solo 15 torres salvavidas, de las cuales, algunas se encuentran deterioradas a causa del mar. Detalló que la construcción de cada torre para salvavidas tiene un costo no mayor a doce mil pesos.

Estas torres salvavidas deben ser ubicadas en lugares estratégicos para que los guardavidas cuenten con buena visibilidad y de esta manera poder detectar si alguien necesita ser auxiliado.

La dependencia tiene a su cargo 38 salvavidas, los cuales se encuentran distribuidos en las playas de la Roqueta, Caletilla, Caleta, Dominguillo, Bocana, Tamarindo, Bocanita, Hornos, Papagayo, Avalón, Morro, Continental, Marbella, Condesa, Presidente, Calinda, El Cano, Copacabana, Cici, todas estas en la bahía de Santa Lucía.

Dicha dependencia requiere más personal para reforzar la vigilancia de los turistas y porteños en temporadas vacacionales para las playas de Caleta, Caletilla, Tlacopanocha, Papagayo, Morro, entre otras, ya que la cantidad de trabajadores son insuficientes para responder la demanda de los usuarios en temporadas altas y tienen un déficit de al menos veinte salvavidas para cubrir descansos y vacaciones.

Por las razones ya expuestas, se llegó a la conclusión de que se debe fortalecer con particular importancia el asunto de los guardavidas porque son los responsables de la seguridad de los turistas ya que  las torres salvavidas, así como el personal guardavidas que se tienen hoy en día en el puerto son insuficientes para abarcar el área de playa, lo que pone en riesgo a los bañistas que la visitan.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero para que realice la donación de veinticinco torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en pleno respeto de la división de poderes exhorta al Ejecutivo del Estado de Guerrero se contemple destinar una partida presupuestal al pago de los guardavidas necesarios para cumplir con el resguardo de los turistas en la bahía de Santa Lucia, Acapulco Guerrero.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter.






De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir las acciones para investigar y sancionar a los responsables por el derrame de tóxico en el Río Sonora, así como a trabajar en estrecha cooperación con las instancias federales que actúan sobre este hecho. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Diputado Ricardo Garza Cantú, del grupo parlamentario del PT, con punto de Acuerdo que exhorta la titular del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al Comité Técnico del Fideicomiso 10230 a dar cumplimiento a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, RICARDO CANTÚ GARZA, Diputado Federal  a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta al titular de Poder Ejecutivo y a esta Cámara de Diputados a dar cumplimiento de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014, sobre el amparo RA-160/2013, para que se cubra el Apoyo Social señalado por la Ley a todos los ex braceros que han salido en listas de pago y todos los que tienen folio, al Comité Técnico del Fideicomiso 10230 para cumplir con esta obligación, y habilitar a los consulados de México en Estados Unidos para dar seguimiento a todos los trámites, incluyendo el pago, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al inicio de los años 40 del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial, dadas exigencias de las circunstancias económicas que trajo como resultado esa conflagración, los gobiernos de México y de los Estados Unidos establecieron el Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero.

Mediante este programa bilateral aquel país recibió entre 1942 y 1964, de manera más o menos regulada y relativamente segura, miles de trabajadores migratorios, conocidos desde entonces como Braceros, para desarrollar actividades productivas en diferentes ramas económicas.

Dentro de ese programa quedó establecido por los dos gobiernos, que el de Estados Unidos descontaría a cada trabajador migratorio dentro del programa, un porcentaje de cada dólar ganado para ser depositado en una cuanta oficial del Gobierno de México como caja de ahorro individualizada, con el fin, que al término de su contrato y regreso a sus lugares de origen contaran con recursos seguros e incrementados y con sus familias pudieran emprender actividades productivas, aprovechando la experiencia adquirida durante su estancia laboral en el vecino país.

Los trabajadores cumplieron, el gobierno estadounidense también, el Estado Mexicano, no: durante más de veinte años cientos de miles de trabajadores migrantes depositaron un porcentaje del producto de su esfuerzo, que al regresar y exigirlo, les fueron negados por la voracidad de las instituciones y la corrupción de los funcionarios responsables de administrarlos.

Los braceros mexicanos, todos ellos de la tercera edad y muchos ya fallecidos, emprendieron desde entonces una lucha, de la que muchos de nosotros fuimos testigos porque incluyó campamentos semipermanentes a las afueras de este recinto parlamentario, hasta lograr, a mediados de la primera década de este siglo, ser escuchados por los legisladores y atendidos parcialmente en sus demandas.

En consecuencia, el Congreso de la Unión, a instancias de los legisladores y especialmente la Cámara de Diputados, generó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo De Apoyo Social

Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, vigente al día de hoy, avalada con la firma del Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente entonces de esta Cámara.

Esta Ley, para evitar demandas administrativas contra el Estado mexicano, no reconoce el derecho de los ex braceros, ni de que se trata de un acto de justicia: lo aborda como una medida unilateral mediante la cual entrega no el pago de una deuda, sino un “apoyo social” que “…no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.”, y se entregará condicionado a que al recibirlo acepten “…por escrito liberar al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los Acuerdos Internacionales que dieron origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos, sin reservarse ningún derecho o acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos Acuerdos.”.Sin embargo, años después, el gobierno de Felipe Calderón reconoció este derecho al intentar saldarlo mediante un Acuerdo Extrajudicial, el Caso No. 01 – 0892 CRB, típico de un acuerdo económico entre dos partes, para liquidar una deuda reconocida.

En los términos de la Ley, el Fideicomiso que se crea tiene por objeto “…otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo…”; a través de un Fondo constituido en su suerte principal con recursos presupuestarios federales; operado por un Comité Técnico responsable de elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales autoriza otorgar un apoyo social por la cantidad de 38 mil pesos, con un orden de prelación que prioriza a los trabajadores del período 1942-1946 sobre los de ese año a 1964.

Pero como el que hace la norma hace la trampa, por un lado la Ley definió como beneficiarios a los propios braceros, sus cónyuges o concubinas, hijos o hijas o sus legítimos herederos, definiendo para acreditar este carácter requisitos y documentos las más de las veces mañosamente imposibles, con el claro fin de que fueran los menos a quienes hubiera que pagar esta deuda producto de la inmoralidad institucionalizada.

El Comité Técnico elaboró reglas de operación que resultan irracionalmente onerosas de cubrir y difíciles de solventar. Decenas de miles de personas no se pudieron registrar debido a que por el tiempo no cuentan ya con documentos para probar que participaron en el programa y la Secretaria de Gobernación se negó a otorgárselos; otros, en Estados Unidos, no pudieron hacerlo al no considerarse su atención en los consulados, que les negaron información, registro, servicios notariales y de apostillado; otros, la mayoría en ambos lados de la frontera, no pudieron hacerlo porque debían trasladarse a la frontera norte o a sus lugares de origen, lo que no pudieron hacer por sus precarias condiciones económicas y de salud.

Quienes pudieron hacerlo, tuvieron que dar vueltas y realizar viajes larguísimos y onerosos, para cobrar una cantidad que tenía ya más un valor simbólico que económico, muchas veces para encontrarse con que no pudieron cobrar los cheques debido a que fueron expedidos pero no fondeados.

En la presente administración esta Cámara, a pesar de los recursos solicitados y justificados por la Comisión de Asuntos Migratorios, omitió en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 incluir la partida presupuestal correspondiente para el pago del apoyo social a 40 mil 87 ex -trabajadores migratorios o sus beneficiarios que cumplieron previamente con los requisitos establecidos, y que ascienden a1mil 523 millones de pesos.

Se recurrió entonces a un juicio de garantías, que solventaron con sus propios recursos y ganaron al Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación reconoció su derecho y concedió a los promoventes, unos 2 mil de los más de 40 mil afectados, amparo para efectos de que  “… el titular del Ejecutivo Federal realice la propuesta de afectación del presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, es decir que en su proyecto de Presupuesto General de Egresos 2014, contemple la partida presupuestal correspondiente a favor de la Secretaria de Estado encargada de otorgar el apoyo social, afecto de purgar la omisión en que incurrió respecto del Presupuesto para 2013 y, la Cámara de Diputados realice su aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destine para el pago de apoyo social a ex braceros y/o quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; en el entendido de que los trámites subsecuentes, corresponden a la Secretaría del Despacho que se encarga de proporcionar el apoyo social, a través de la autoridad competente…”.

Compañeras y compañeros, los ex braceros –tan alabados por todos nosotros y por las autoridades en el discurso-- en México y en el exterior, en el reclamo de este derecho histórico han sido víctimas de toda clase de rapiñas al cruzar la frontera; al realizar trámites costosos que deberían ser gratis;al verse obligados a realizar viajes onerosos, inútiles y constantes para enfrentar burocracias insensibles, tanto en oficinas de gobierno como en los consulados, donde se les niega todo apoyo para tramites que requieren asistencia legal.

Y en el colmo, han sido víctimas de engaños que derivan en burla dolorosa, al pretender el gobierno mexicano saldar esta deuda histórica mediante acuerdos extrajudiciales nugatorios y entregarles cheques sin fondos.

En lo que hace a la resolución judicial aludida, es evidente que se ha hecho caso omiso, por lo que Ejecutivo y Legislativo estamos en desacato.

Así es que, en función de lo antes fundado y motivado, pongo a la consideración de ustedes la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al titular de Poder Ejecutivo y a esta Cámara de Diputados a dar cumplimiento de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014, sobre el amparo RA-160/2013, para que se cubra el Apoyo Social señalado por la Ley a todos los ex braceros que han salido en listas de pago y todos los que tienen folio;

SEGUNDO: A dar continuidad y vigencia al Fideicomiso 10230 para cumplir con esta obligación, y habilitar a los consulados de México en Estados Unidos para dar seguimiento a todos los trámites, incluyendo el pago.

TERCERO. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso a que, en un acto de elemental justicia, incluya para recibir dicho apoyo a los extrabajadores migratorios que carecen de los documentos requeridos en las reglas de operación para reclamarlo, pero:

1) Cuenten con otros documentos que permitan identificarlos como beneficiarios de este apoyo;

2) Aun teniendo los documentos requeridos, por algún motivo no hayan podido reclamarlo hasta ahora;

3) Puedan ser identificados como beneficiarios a través de métodos alternativos, como ha sido el caso de las entrevistas personales que se han usado anteriormente con este fin.

CUARTO. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso a abrir nuevas mesas receptoras en la república mexicana y en los consulados mexicanos en Estados Unidos, asegurando a todas las personas con derecho a recibir el Apoyo Social, la información, atención y servicios notariales necesarios, así como el servicio de entrega del apoyo social en dichos consulados.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de agosto de 2014

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza.






Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y de Turismo, al gobierno del estado de Baja California Sur y a los municipios de Los Cabos y La Paz a que, en un corto plazo, instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte tipo METROBÚS. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento  en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE SCT, SEDESOL, SECTUR-FONATUR, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y A LOS MUNICIPIO DE LOS CABOS Y LA PAZ A QUE EN UN CORTO PLAZO INSTAUREN MESAS DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE TIPO METROBÚS.

CONSIDERACIONES

El potencial de los transportes como motores del desarrollo económico y social los ha convertido en uno de los temas prioritarios en las agendas de los gobiernos del mundo; ya que dicha actividad es fundamental para apoyar el crecimiento sano y sostenido de la economía. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno y en los órdenes jurídicos federales y estatales se busca promover esta importante actividad.

Una política de promoción del transporte genera efectos positivos en el desarrollo de la nación al apoyar la integración nacional y el desarrollo regional. Así mismo, por su facultad de combate al aislamiento de la población y el respaldo que le otorga a los sectores generadores de divisas, donde la actividad turística ocupa un lugar relevante.

En México, resulta fundamental el fomento a las inversiones productivas que generen empleos y que, como ya se ha dicho, capten divisas. También lo es el establecimiento de mecanismos de mejora de calidad, acceso, eficiencia y cobertura de los servicios de transporte; todo ello con el propósito de apoyar la competitividad y productividad de la economía.

México compite con destinos de alto nivel turístico, por ello, la infraestructura del sector servicios debe contar con altos estándares de calidad, seguridad y efectividad que permitan el tranquilo, ágil y confiable tránsito de visitantes a través de todo el territorio nacional, sin importar la jurisdicción, camino, vialidad o medio por el que se circule.

Desde el punto de vista económico, el transporte influye en la determinación de los costos de producción y distribución de bienes y servicios, así como en la afluencia de visitantes a los centros turísticos. También es un importante generador de inversiones y empleos en prácticamente cualquier área productiva. El transporte constituye un elemento vital para el desarrollo comercial y turístico, al mismo tiempo que fortalece la presencia internacional de México, generando nuevas oportunidades de negocios para los mexicanos.

El sano desarrollo de la actividad y el flujo de inversiones, demandan reglas claras en la prestación del servicio. El inversionista y el prestador del servicio de transporte turístico, requieren de certeza jurídica en lo concerniente al retorno de su inversión con una utilidad razonable y en que la prestación del servicio se pueda dar sobre bases sólidas de permanencia, continuidad y seguridad en todo el territorio nacional.

El transporte de pasajeros es parte de una banda o cadena de servicios que representa las diferentes etapas por las que un turista vive su experiencia, incluso desde antes de su viaje. Es fundamental que quienes visitan el destino turístico de Los Cabos, se lleven una grata sensación de que en el destino turístico más importante de Baja California Sur, se cuenta con sistemas de transportes de alta calidad y que como en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, en donde han sido exitosos proyectos sustentables, se innove con carácter científico antes que el futuro nos alcance.

Es por lo que se exhorta a las autoridades e los tres niveles se considere que en Baja California Sur, se constituya un Comité de Análisis entre los tres órdenes de gobierno, con la única finalidad de proyectar la factibilidad de la implementación de construir dos  vías rápida de transporte público de pasajeros tipo “METROBÚS”, que como se mencionó previamente, operaría  desde el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo a la Marina del Puerto de Cabo San Lucas, Baja California Sur, contando con una distancia aproximada de 53 km y de San Pedro al Centro Histórico de la ciudad de La Paz. Y la construcción de una vía férrea similar al tren suburbano de la Ciudad de México, que una a la Ciudad de la Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur.

RESEÑA HISTÓRICA DEL TRANSPORTE:

En el contexto histórico, se tiene conocimiento de que el primer metro del mundo fue el subterráneo de Londres, inaugurado en 1863 con seis kilómetros de longitud. En años sucesivos fue extendiéndose, de forma que en 1884 formaba un anillo de aproximadamente veinte kilómetros; posteriormente se le añadieron líneas radiales, en parte a cielo abierto y en parte en túnel, para constituir el Metropolitan and DistrictRailway con locomotoras de vapor. Acto seguido, se comenzó la excavación de túneles en forma de tubo y se electrificaron las líneas, de allí la denominación inglesa Tube. La siguiente ciudad en tener metro fue Nueva York, cuya línea más antigua, la cual estaba totalmente separada del tráfico, la West End de la BMT, estuvo en uso desde el mismo año que el Subterráneo de Londres (1863).

Esto viene a colación por una sencilla razón, es imprescindible y trascendente preguntarnos: ¿Qué habría sucedido en esas ciudades y muchas otras, si no hubieran visionado el traslado de forma masiva de miles de seres humanos? Es evidente que el transporte en las vialidades sería mucho más caótico.

Cronológicamente hablando, el tercer metro más antiguo del mundo (y el más corto) es el de Estambul. El tramo llamado Tünel fue inaugurado en 1876 y comunica el barrio de Karaköy con la Torre Gálata. Se construyó entre 1871-1876 por una empresa inglesa con un proyecto de un ingeniero francés: Eugene Henry Gavand. Tiene 570 metros de distancia y el trayecto dura solamente dos minutos.

En  1896, Budapest (con la inauguración de la línea de VörösmartyTér a SzéchenyiFürdö, de cinco kilómetros) y Glasgow (con un circuito cerrado de 10 km.) fueron las siguientes ciudades europeas en disponer del metro. La tecnología se extendió rápidamente a otras ciudades en Europa y luego a los Estados Unidos, donde un elevado número de sistemas se han construido. A partir del Siglo XX comenzó la expansión por Latinoamérica, Oceanía, África y Asia, donde el crecimiento ha sido más grande en los últimos años. Más de 160 ciudades tienen sistemas de tránsito rápido, con un total de más de 8,000 km. de vías y 7,000 estaciones. Otras veinticinco ciudades tienen nuevos sistemas en construcción a partir de 2009.

El primer país iberoamericano que construyó su propia red de metro fue Argentina, en Buenos Aires, en el año 1913. Para 2010 esos mismos trenes seguían en funcionamiento en la línea A, lo que quiere decir que son los más antiguos en funcionamiento. Los primeros proyectos para un metro en Argentina, se remontan a 1886, cuando una casa comercial solicitó al Congreso de la Nación construir un "tranvía subterráneo" entre la Estación Central del Ferrocarril (que se hallaba junto al ala norte de la Casa Rosada) y la Plaza Once. En 1889 Ricardo Norton solicitó la concesión por perpetuidad para instalar dos ferrocarriles subterráneos: uno desde la Estación Central hasta Plaza Lorea, y de allí hasta Once. El otro uniría Plaza Constitución con la intersección de Lima y Avenida de Mayo. Estos dos ferrocarriles estaban planeados para tener doble vía y luz eléctrica. En este mismo año un tal Barrabino propuso al Concejo Deliberante de la ciudad construir un tranvía que circulara algunos tramos bajo tierra, pero el Ministerio del Interior le negó a la Intendencia (facultad de dar concesiones para construir en el subsuelo de la Ciudad). Por ese motivo, los proyectos posteriores se presentaron directamente al mencionado Ministerio. Cuando en 1894 se decidió emplazar el edificio del Congreso en su lugar actual, la idea del subterráneo resurgió, pues se buscó acortar el tiempo de viaje entre la Casa Rosada y el Congreso (con el mismo fin también se pensó en construir un tramway aéreo eléctrico que fuera por la Avenida de Mayo. Miguel Cane, quien fuera Intendente de Buenos Aires (1892-1893), también expresó en 1896 la necesidad de construir un subterráneo similar al de Londres.

El primer ferrocarril metropolitano que se inauguró en España y segundo si consideramos a España e Iberoamérica, fue el Metro de Madrid (1919), seguido por el de Barcelona (1922). En la actualidad la red de metro de Madrid es una de las más extensas y modernas del mundo, con 432 estaciones, de las que 37 son de tren ligero y 100 de tren de cercanías. Casi cinco décadas después, la Ciudad de México construye su propia red en 1969 y se convierte hasta la fecha, en el más extenso de Latinoamérica. Le siguen Brasil con sus redes de metro de Sao Paulo (1974) y Río de Janeiro (1979); y Santiago de Chile en 1975.

LA ANTERIOR RESEÑA HISTÓRICA DEMUESTRA:

Que este medio de transporte es ya una necesidad. Ejemplo claro de ello, es el proyecto del Tren Rápido Transpeninsular, el cual está prácticamente listo para ser puesto en marcha y así, poder enlazar a Yucatán, Quintana Roo y Campeche. El Tren Rápido recorrerá una distancia de 336 kilómetros en un tiempo aproximado de dos horas y media, a una velocidad promedio de 110 kilómetros por hora y una máxima de 160. Se estima que a través de este medio de transporte al menos un millón de pasajeros serán beneficiados al año, además, miles de toneladas podrán ser trasladadas por esta vía, pues se prevé uno para pasajeros y otro para carga. Si bien aún no se tiene definido el modelo de máquinas y vagones, se plantean tres opciones de combustibles sustentables: diesel, biodiesel y la probabilidad de cambiar posteriormente a energía eléctrica.

La motivación fundamental de esta proposición con punto de acuerdo, esta relacionada con una preocupación permanente de que Baja California Sur sea un estado ejemplar en el cuidado de su medio ambiente. Debemos dotar al visitante de vías rápidas. Pero lo más importante por sobre cualquier cosa, es tratar de inhibir el uso del automóvil, empleando nuevos conceptos que visionariamente pueden dar un distintivo a la región.

En materia ambiental, se estima que en la Ciudad de México circulan 5.5 millones de vehículos. La mitad de éstos son de modelos viejos, igual que en Baja California Sur, el 90% cuentan con motor a gasolina y el porcentaje restante (representado por camiones de transporte, carga y pasaje) se mueve gracias a combustibles como el gas licuado, gas natural y electricidad. De acuerdo a la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, el servicio de transportes eléctricos, atiende al 1% de la demanda de viajes diarios, a través de 344 trolebuses que transporta al día a 257 mil pasajeros en un total de 422 kilómetros de vías, y del tren ligero con sus 15 unidades que transporta al día 50 mil personas a lo largo de 422 kilómetros de vías.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un estudio realizado en 2007, señaló que en el país, 700 mil vehículos usan gas LP. Mientras que en el caso específico de la Zona Metropolitana del Distrito Federal, son 250 mil los autos que utilizan este combustible. Según datos de la Secretaría de Hacienda, para el cierre del 2010 el gas natural se incrementó 22%, la gasolina Magna 10.5%, el diesel 8.3%, el gas licuado 5.7% y la gasolina Premium 3.8%.

El auto eléctrico en México es una realidad a través de Zilent, empresa mexicana comercializadora de autos eléctricos. Su funcionamiento proporciona un ahorro a través de su sistema de almacenamiento de energía en sus 10 baterías de 12 volts, mismas que obtienen la energía por medio de su cargador inteligente que se puede conectar en cualquier contacto o toma de corriente eléctrica.

Actualmente, en la Ciudad de México los automóviles modelo 2011 y posteriores, no pueden renovar el holograma doble cero del “Programa de Verificación Vehicular”. El Gobierno del D.F. eliminó esa posibilidad reservándola sólo a los autos híbridos que cuenten con un motor eléctrico y otro de gasolina. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, para 2009 se tenía registro de 480 autos híbridos en el Distrito Federal, lo que representa escasamente el 1% del parque vehicular que circula en la ciudad. En el año 2008, la UNAM creó el primer vehículo compacto híbrido mexicano que funciona con hidrógeno, celdas de combustible y energía eléctrica. El auto, llamado Ecovía, puede alcanzar 50 mph, tiene 186 millas de autonomía con 2 tanques de hidrógeno y 44 millas con la batería cargada. En el caso de Honda, el Clarity es el primer auto convencional con 5 puertas y capacidad para 5 personas, potenciado exclusivamente por hidrógeno. Combina dicho elemento, con el oxígeno de la atmósfera para generar electricidad y mover las ruedas. Lo único que sale por su escape es agua pura. Obtiene un equivalente a 29 km/l con un tanque de hidrógeno de 5.000 psi, lo que le da una autonomía de 435 kilómetros.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los motores a diesel son 59% más eficientes en el uso de combustible que los motores equivalentes que usan gasolina. El motor diesel es menos contaminante que los motores de gasolina: produce 25 veces menos monóxido de carbono, 15 veces menos hidrocarburos sin quemar y 2 veces menos óxidos de nitrógeno, no obstante a lo anterior las emisiones de óxidos de azufre son superiores.

Los automotores diesel, representan 6% del parque vehicular en el Distrito Federal, emiten diariamente el 30.7% y el 70.6% de óxido de nitrógeno y de partículas menores a 2.5 micrómetros respectivamente; del total generado por los autos que circulan en la ciudad capital. En el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero del 2008, la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal, indicó que para brindar servicio se utilizaron 34,222,642 litros de diesel; 57,886 litros de gasolina; 254 kg de acetileno; 130,833 litros de gas LP y 1,811,826 KWH de energía eléctrica durante el año en cuestión.

Los autobuses “Metrobús”, cuentan con tecnología Euro III y Euro IV y la utilización de dieseluba (ultra bajo en azufre); además cubren las más altas y rigurosas especificaciones de emisión de agentes contaminantes a la atmósfera. Con ello, Metrobús contribuye al mejoramiento de la calidad del aire al igual que a la reducción de agentes de efecto invernadero que causan el cambio climático del planeta. De acuerdo con un estudio formulado por el Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Centro de Transporte Sustentable, la gente que viaja en tren transpeninsular se expone entre 23 y 59% menos a contaminantes tales como el monóxido de carbono, las partículas suspendidas y el benceno, éste último es considerado un agente tóxico y cancerígeno.

El Metrobús cuenta con vehículos con mejores tecnologías para el control de emisiones, además realiza un número menor de paradas en el trayecto, lo cual minimiza el número de arranques (momento en que se presentan las mayores emisiones de los vehículos en infiltración a través de puertas y ventanas abiertas).

Con base en el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero 2008, se determinó que el total de transporte público que utiliza diesel genera 93,967.5 toneladas de CO2; el transporte de gasolina 137.9; los de gas LP 205.9 y los de energía eléctrica 851.2; haciendo un total de 95,162.5 toneladas de CO2 provenientes del transporte público. Con el uso de Metrobús, cada año se dejan de emitir a la atmósfera: 73,046 toneladas de bióxido de carbono, 144 toneladas de HCT, 1,466 toneladas de monóxido de carbono, 35 toneladas de óxidos de nitrógeno y 4 toneladas de partículas suspendidas PM.

Debido a que México es uno de los países mayormente contaminados, una de las normas medioambientales más adecuada, es promover planes alternativos para utilizar combustibles de forma más eficiente. Se espera que la mayoría de vehículos, sobre todo los de transporte público, se muevan con gas natural entre los años 2015 y 2020.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA,  informó que un vehículo subcompacto nuevo rinde 2.7 veces más kilómetros por litro de gasolina en comparación con una unidad del tipo de usos múltiples modelo 1997. Estudios especializados demuestran que al afinar un auto, se obtiene un ahorro de más del 11% en el consumo de combustible. Manejar a exceso de velocidad, acelerar de manera indebida y frenar bruscamente, desperdicia gasolina en un 33% en carretera y un 5% en manejo citadino. Conducir a velocidades moderadas permite el ahorro de un 7% a un 23 % de combustible.

En Baja California Sur existe una gran dependencia en el uso de automóviles usados, procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica. La gran mayoría ya no alcanza el estándar de circulación en dicho país por la simple razón de no pasar los controles ambientales. El uso indiscriminado de neumáticos usados, igualmente de origen norteamericano, mantienen latente un grave problema en los centros de acopio, pues no pueden ser reciclados por falta de tecnología.

En Suecia, se tiene previsto que a partir del 2030, los autos que funcionen con gasolina o algún derivado del petróleo serán prohibidos; por ello que en el país nórdico ya se experimenta con biocombustibles. Lo anterior se observa en el caso de la marca Saab, pues el 85% de su producción de automóviles que lanza al mercado trabaja con etanol. En México, la meta para 2030, es que nuestro país se ubique en el 20% de los países mejor evaluados de acuerdo con el índice de competitividad de la infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial.

Actualmente, por la competitividad de su infraestructura, México se ubica en el lugar 64 de 125 países. A nivel sectorial, nuestro país ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras. En América Latina, México se ubica en 7° lugar, atrás de Barbados (28), Chile (35), Panamá (46), Jamaica (53), El Salvador (54) y Uruguay (58). A nivel sectorial, México ocupa el 3°  lugar en ferrocarriles, el 11° en puertos, 8° en aeropuertos, 14° en electricidad, 9° en telecomunicaciones y 6° en carreteras.

Para alcanzar los objetivos y metas, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas estructurales que permitan elevar la rentabilidad social y económica de la inversión; y con ello, incrementar de manera significativa los recursos, tanto públicos como privados, destinados al desarrollo de infraestructura. Para ello se necesita:

- Promover la autorización de erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

- Impulsar los proyectos de rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, económica y ambiental.

- Promover una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y con el sector privado, para el desarrollo de la infraestructura.

Ejemplos como éstos son los que se deben de tomar en cuenta para la creación de una visión a futuro que se construye día a día con acciones actuales. El transporte es un aspecto de la vida nacional que tiene efectos económicos, políticos, sociales y principalmente ambientales. No podemos esperar más tiempo, pues el futuro ya nos ha alcanzado, es momento de realizar acciones en pro del medio ambiente y sobre todo de los ciudadanos. Claramente el sector transporte incide en el desarrollo de nuestro país y es imprescindible para el cuidado de nuestro entorno.

Es importante mencionar que el 22 de enero del presente año, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó el Convenio denominado “Marco de Coordinación de acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Quintana Roo, para impulsar la construcción, operación y explotación del proyecto Tren Rápido Transpeninsular”.

Estableciendo como objetivo la “Construcción del Tren Transpeninsular desde Mérida, Yucatán, hasta Punta Venado, Quintana Roo, en donde se dará el gran crecimiento futuro de la región, para lo cual se requerirá ofrecer el servicio a las localidades de Chichén Itzá, Aeropuerto de Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Punta Venado, Riviera Maya y en segunda etapa al Aeropuerto de Cancún, Playa del Carmen y hasta Tulum”.

La firma de este Convenio tiene la finalidad de dotar a Yucatán con herramientas que impulsen el crecimiento económico más dinámico, permitiendo generar empleos y contribuir a un enorme potencial productivo y turístico de su territorio.

Además de ser una alternativa socialmente responsable y de bajo costo, para el transporte de personas y de mercancías entre la capital del estado y de la Riviera Maya.

Desde luego es un proyecto que potenciará las actividades turísticas en la región, con el transporte diurno de pasajeros, a la vez que mejorará la productividad y la competitividad de la Península con el movimiento nocturno de mercancías, poniendo al alcance de la industria las ventajas propias del ferrocarril.

Además de generar el crecimiento económico y la creación de empleos en la región en beneficio de las familias yucatecas, y lanzando este proyecto tan importante, relanzando el proyecto del tren de pasajeros que realmente durante décadas se encontró olvidado en el país.

Se estima que a más tardar el próximo mes de septiembre de este año, se emitirá la convocatoria para la licitación del proyecto, mismo que ha sido calificado como histórico pues en 100 años no se había hecho una inversión en el sistema ferroviario del país.

Si en la otra península se está tratando de construir una vía rápida ferroviaria, también es preciso voltear a Baja California Sur, a fin de que se examine la posibilidad de contar de igual forma con medios de transporte más eficaces y amables con el medio ambiente. En tal sentido se comenta:

Es urgente dejar de usar combustibles fósiles, pues además de no ser renovables, son una importante fuente de contaminantes. Para disminuir sustancialmente el uso de combustibles fósiles, resulta trascendente e inminente la construcción de una vía rápida entre La Paz y Los Cabos, similar al tren suburbano que hace el servicio entre Buenavista, México D.F. y Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México; el cual beneficia a 4.8 millones de habitantes, de los cuales, 3 millones son del Estado de México. El suburbano tiene un ahorro en tiempos de viaje de hasta 70%. Además, la operación del tren reduce 14% las emisiones contaminantes en la región.

La distancia que el mencionado medio de transporte cubre es de 27 Km.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRENES:

-Longitud de un tren de 8 carros: 205.54 metros- Velocidad máxima: 130 km/hr

- Velocidad Comercial: 65 km/hr (incluye el tiempo de parada en estaciones)

- Capacidad: 2,224 pasajeros; 460 pasajeros sentados y 1,764 pasajeros de pie.

- Aire acondicionado

- Facilidades para personas discapacitadas.

- Información al viajero (acústica y visual).

Un sistema de transporte de esta naturaleza permitiría mayores oportunidades económicas en Los Cabos; facilitando a los habitantes de la Ciudad de La Paz, a laborar en Los Cabos sin necesidad de vivir en dicho destino turístico. La gente contaría con la posibilidad de hacer viajes diarios de ida y regreso a Los Cabos o a La Paz, para trabajar, hacer compras o turismo, etcétera; además esos viajes representarían un menor impacto al entorno del que los automóviles dejan. Una de las mayores certezas que éste planteamiento tiene, es que se sumaría a los atractivos que brindan a los viajeros haciendo turismo. Debemos ofrecerle a nuestra ciudadanía y a nuestro turismo las mejores condiciones de transportación, atendiendo en todo momento el cuidado al medio ambiente.

Por ello se pide que se analice y se someta a consideración dicha propuesta; para que en un periodo de corto o mediano plazo, se modernicen los sistemas de transporte público en Baja California Sur de forma ordenada y generosa.

Por lo anteriormente expuesto se hace la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta muy respetuosamente a los titulares de SCT, SEDESOL, SECTUR-FONATUR, al gobierno del estado de Baja California Sur y a los Municipio de Los Cabos y La Paz a que en un corto plazo instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte tipo METROBÚS, del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo a la Marina del Puerto de Cabo San Lucas. Y de San Pedro al Centro Histórico de la Ciudad de La Paz. Ambos proyectos en Baja California Sur.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta muy respetuosamente a las entidades mencionadas en el punto que antecede, a fin de que realicen conjuntamente  una investigación profunda y se analice en las mismas mesas de trabajo si es técnica, científica y económicamente viable la construcción de una vía férrea similar al tren suburbano de la Ciudad de México, que una a la Ciudad de la Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur, para contar en lo futuro con nuevos instrumentos de comunicación más acordes al medio ambiente.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Atentamente.

Sen. Ricardo Barroso Agramot.






De Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instrumentar políticas públicas contundentes en materia de prevención, atención y combate al abuso sexual sufrido por menores de edad. Se turna a la Primera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia. Cada vez más, los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.”

De acuerdo con este organismo internacional, En 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Puede que varios millones más estén siendo explotados en la prostitución o la pornografía cada año, la mayoría de las veces debido a falsas promesas y un conocimiento limitado sobre los riesgos. Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.

Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela.”

De acuerdo con los datos del UNICEF, México es el segundo país de América Latina con mayor población infantil y según los datos del Censo 2010, las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años constituyen una suma de más de 39 millones de personas, cifra equivalente a casi el 35% de la población nacional.

En una investigación realizada y reportada por el diario El Universal, Se afirma que el abuso Sexual en menores de edad se ha incrementado en una medida preocupante. En 2013 se registraron cinco mil setecientas treinta y seis denuncias por violación infantil, sin embargo  en comparación con esa cifra, tan solo durante el primer trimestre del presente año de 2014, se han presentado dos mil doscientas dieciséis; lo que representa un 50% de las que se presentaron en todo el año de 2013. De continuar esa tendencia se podrían registrar el doble de denuncias al terminar el año.

En dicho reporte se afirma que el Estado de México fue una de las entidades más opacas en la entrega de información, ya que dio datos generales (2,320 denuncias por violación), sin especificar en cuántos de esos  casos la víctima fue un menor de edad.

Es urgente que los tres niveles de gobierno, tal como lo promueve la UNICEF, trabajen para prevenir y responder a la violencia sexual contra las niñas y los niños, incorporando a diferentes sectores del gobierno –la justicia, el bienestar social, la educación y la salud–, así como a los legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, el sector privado, los medios de comunicación y las familias.

 De acuerdo con las cifras publicadas por el diario El Universal, la entidad en la que se han presentan el mayor número de denuncias ha sido el Estado de Jalisco con 1267, seguido por Chihuahua con 592, Hidalgo con 518 y en cuarto lugar por Tamaulipas con 309.

No existe un censo de menores afectados por el abuso sexual, los procedimientos para la atención de las denuncias se caracterizan por revictimizar a los menores de edad. Es necesario que se capacite a los ministerios públicos para seguir los lineamientos internacionales en materia de protección a los menores de edad.

Se deben intensificar las acciones de prevención y protección de la niñez en nuestro país, en contra del abuso sexual. En este fenómeno como en otros tantos de carácter social que vulneran a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, la prevención cobra una relevancia indiscutible.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus competencias intensifiquen las acciones para prevenir, atender y castigar de manera efectiva la violencia sexual contra las niñas y los niños, a fin de reducir de manera inmediata el alarmante incremento del número de casos ocurridos en los últimos meses.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a actualizar los protocolos de atención a las víctimas, garantizando la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 13 de agosto de 2014.






Del Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Economía, al Procurador Federal de Protección al Ambiente y al Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a entablar un diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico y demás actores sociales involucrados, con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado JOSE LUIS ESQUIVEL ZALPA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en  el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que en los últimos 30 años, la inseguridad, la debilidad de las instituciones, la amplia presencia de las organizaciones del crimen organizado y la falta de inversiones productivas en Michoacán han traído como consecuencia la parálisis de la economía en la entidad, el rezago en prácticamente de todas las áreas del desarrollo humano, altos índices de pobreza y marginación, migración hacia el extranjero y desempleo.

SEGUNDO.- Que el desempleo en México afecta  dos millones 681 mil personas, es decir, 5.1 por ciento de la población en edad de trabajar, lo que representa el nivel más elevado desde 2011, según reporto la Organización para la Cooperación y el desarrollo (OCDE) en su informe más reciente de junio de 2014-.

Entre la población joven que busca un trabajo, el desempleo alcanzó niveles alarmantes del 10 por ciento de la población, prácticamente el doble de la tasa nacional. En su nivel actual, la tasa de desempleo en México es superior a la registrada en los tres años anteriores, reportó igualmente la OCDE.

La tasa de desempleo promedió 5.2 por ciento en 2011, retrocedió a 5 por ciento, un año después y se redujo a 4.9 por ciento en 2013. Desde ese punto, siguió a la baja en enero y febrero de este año, cuando se situó en 4.8 y 4.7 por ciento, para repuntar en el siguiente mes a 5.1 por ciento, de acuerdo con los datos publicados  por el organismo.

TERCERO.- Que la economía mexicana ha tenido un desempeño por debajo de lo previsto oficialmente: el universo de personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso fijo ni acceso a beneficios de seguridad social se ha incrementado constantemente.

En este orden de ideas es necesario, señalar  que las estadísticas de la OCDE no consideran a las personas que se emplean en la llamada economía informal. Sin embargo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula que seis de cada 10 personas en edad y condición de trabajar se desempeña en actividades informales, descritas como aquellas en las que tienen una ocupación pero no disfrutan de ningún beneficio de la seguridad social.

Para este año, la Secretaría de Hacienda espera un crecimiento de la economía de 3.9 por ciento, una previsión que no es compartida prácticamente por ningún grupo de análisis del sector privado o de instituciones académicas, que los sitúan en un rango de 2.5 a 3 por ciento.

CUARTO.- En Michoacán, al igual que nivel nacional, la tasa de desocupación se incrementó de manera considerable. De acuerdo con datos del INEGI en mayo del 2012 la tasa de desocupación se sitúo en 3.35 por ciento y este año cerró con 4.36 por ciento de acuerdo a la población económicamente activa.

En este orden de ideas es justo decir que dentro de los múltiples problemas que afronta Michoacán, el desempleo puede catalogarse como uno de los más graves de la entidad.

QUINTO.- Desde noviembre de 2013, derivado de la fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada en el puerto de Lázaro Cárdenas y los problemas que esto conllevó de inseguridad, robo, extorsiones y la sustracción abierta de toneladas de materiales hierro provenientes de la industria minera y su comercialización ilegal en el mercado nacional e internacional  con el consecuente financiamiento millonario a grupos delincuenciales, fueron cerradas 100 minas de mineral de hierro en los Municipios de Lázaro Cárdenas, Aguililla, Aquila, Arteaga, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla, la Unión y Zihuatanejo  ubicados en  tierra caliente y la costa Michoacana y de Guerrero.

El 4 de marzo de 2014 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), implemento un operativo para cerrar los patios de carga y descarga del material de hierro. Este hecho de inmediato obligo a que la totalidad de las minas, con excepción de las que surten a la siderúrgica Lázaro Cárdenas, detuvieran sus operaciones, dado que resulta incosteable continuar con la excavación, extracción, traslado, almacenamiento y carga del material de hierro proveniente de las minas de los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Aquila, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla, la Unión y Zihuatanejo ya que no podían depositarse en las instalaciones portuarias y por tanto resulta imposible comercializarlas.

Con esto se detuvo de inmediato y de un solo golpe  la contratación de mano de obra y el fantasma del desempleo se convirtió en una realidad inimaginable para una región con gigantescas reservas probadas de este material. Poblaciones enteras que vivían de la actividad minera dejaron de tener ingresos.

Este es el punto de partida para un problema de desempleo que ha alcanzado un GRADO DE DESASTRE SOCIAL y ha provocado un ESTADO DE EMERGENCIA LABORAL que ha durado más de 4 meses sin que existan visos de solución para este problema y sin que las autoridades del ramo den respuesta a esta situación.

Que se entienda, NADIE defiende a los grupos delincuenciales y sus operaciones, así tengan derrama económica o generen una base social para estos grupos criminales. Que se les persiga con toda la fuerza del Estado es algo en que todos estamos de acuerdo.

Que las minas que servían de base para sus operaciones les sean expropiadas o retirado el título de concesión según sea el caso.

Que se revisen todas y cada una de ellas de manera exhaustiva, sus estados contables, sus operaciones financieras y que se realicen las auditorías que sean necesarias para establecer la licitud de sus operaciones. De lo que se trata es que se permita la reapertura de los patios y cada una de las minas que realicen sus operaciones siga un protocolo perfectamente definido para establecer que se encuentran en regla sus operaciones. Esto podría, por sí mismo, reactivar de manera inmediata el mercado de trabajo y resolver el problema de agudo desempleo que azota la región.

Es una tarea que requiere esfuerzos de coordinación y requiere el involucramiento de los distintos actores. Es algo en lo que todos debemos estar comprometidos.

SEXTO.- El pasado 23 de junio de 2014, cientos de trabajadores relacionados con la actividad minera en Michoacán como mineros, camioneros, transportistas, comerciantes en pequeño que han visto afectados sus empleos con el cierre de las minas y por tanto sus fuentes de ingresos, salieron a manifestarse y marcharon por el puerto de Lázaro Cárdenas para pedir dos cosas: 1) La reactivación de la economía en lo general y de la minería en lo particular, y 2) Solicitar una audiencia con el Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Sin embargo nada de esto ha ocurrido.

SÉPTIMO.- El pasado 30 de junio de 2014, diversos tramos de la carretera Siglo XXI, entre Morelia y Lázaro Cárdenas, fueron cerrados  grupos de mineros en demanda de atención a su problemática sin que al momento exista respuesta alguna ni por parte del Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán ni de ninguna otra instancia o autoridad de la federación que busque dar una salida razonable al problema de desempleo y pauperización de la economía en el puerto de Lázaro Cárdenas y los municipios afectados derivado del cierre de estas de fuentes de trabajo.

Ese día fueron cerrados el entronque del “Naranjito”, la carretera La Mira – Arteaga y el entronque Acalpican, así como la carretera siglo XXI a la altura de “Las Cañas”, 4 Caminos, Uruapan y Pátzcuaro.

Dos son fueron las demandas:

1.- Que de manera inmediata se reactiven los trabajos en las minas y con esto se generen condiciones adecuadas para desarrollar la economía regional, y

2.- Que el Gobierno Federal aplique la Ley Minera y proceda a revocar las concesiones otorgadas a la empresa Arcelor Mittal y se le entreguen a los dueños de las pequeñas propiedades o ejidos para que estos las trabajen y sean ellos beneficiarios de la explotación de la riqueza nacional y no grupos extranjeros.

OCTAVO.-Que en el puerto de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, existe un ESTADO DEEMERGENCIA LABORAL donde se han perdido cerca de seis mil empleos directos y al menos 18 mil indirectos. Es decir, miles michoacanos, que solo buscan un ingreso para ellos y sus familias mediante el ejercicio de una actividad legal han visto coartado su derecho al trabajo y en los hechos se les ha impedido dedicarse a la actividad que mejor les acomode siendo licita violando con ello lo establecido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en los que el estado mexicano es parte y por tanto está obligado a cumplir.

Al respecto es necesario mencionar que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, por lo que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración satisfactoria, que le asegure a él y su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de seguridad social.

Sin embargo nada de esto se ha cumplido, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades federales  para el  efecto de dar solución inmediata al actual Estado de Emergencia Laboral en que se encuentran inmersos los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Arteaga, Aquila, Coalcomán, Tumbiscatio, Coahuayutla,  La Unión y Zihuatanejo; por el desastre económico que ha implicado el cierre de los patios de carga y descarga de mineral de hierro y la parálisis forzosa e indefinida de decenas de minas de hierro en la región

NOVENO.- Hay que decirlo claramente: En el Estado de Michoacán, la capacidad productiva del sector minero se ha deteriorado y se ha reducido en prácticamente el 90 por ciento principalmente a dos factores: 1) Por mantener, por parte de la secretaría de Economía del Gobierno Federal, un equivocado esquema de concesiones mineras improductivas, que otorgan un monopolio de facto, en este caso a la empresa ARCELOR MITTAL, para la extracción de mineral de hierro, e impiden, la cesión de nuevas concesiones para la explotación de este mineral, así como la regularización de la condición jurídica de las minas ya existentes en beneficio de ejidos y comunidades y no de empresas trasnacionales; 2) La desidia y falta de interés de las autoridades de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para establecer un plan que regularice y permita la pronta reapertura de los patios de carga y descarga de mineral de hierro en el puerto de  Lázaro Cárdenas.

Por tanto resulta a todas luces evidente que la administración pública REQUIERE CON URGENCIA superar las viejos esquemas y no repetir errores del pasado. La apertura de la competencia y otorgamiento de nuevas concesiones, reguladas y supervisadas por la federación, generarán seguridad jurídica no solo en inversión sino que evitarán el desvió de recursos producto de este mineral y que caiga en manos de bandas del crimen organizado.

Todo con la finalidad de facilitar la recuperación de la economía y la generación de empleos en la entidad, de un lugar tan castigado como es el Estado de Michoacán. México y los michoacanos lo necesitan.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Economía del gobierno federal, al Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)y al Comisionado del gobierno federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán para que entablen un diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacifico (UNIMPA) y demás actores sociales involucrados, con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por el cierre de los patios de carga y descarga en el puerto de Lázaro Cárdenas, con la consecuente paralización de las minas de hierro y la pérdida de miles de fuentes de empleo en la región.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 13 de agosto de 2014.

Suscribe

Dip. José Luís Esquivel Zalpa.






Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que exhorta a los poderes federales y a los órganos constitucionalmente autónomos, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a organizar durante el año 2015 eventos para conmemorar el bicentenario de la muerte del Siervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón. Se turna a la Segunda Comisión.

El suscrito Diputado LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS PODERES FEDERALES Y A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A ORGANIZAR DURANTE TODO EL AÑO 2015 EVENTOS PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL SIERVO DE LA NACIÓN, DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

● José María Morelos, el héroe y el hombre.

Al ser criollo de condición humilde, Morelos enfrentó con desventaja la vida en el Virreinato de la Nueva España; fue arriero y finalmente su tesón y esfuerzo le permitieron graduarse en el Colegio de San Nicolás del que el Cura Miguel Hidalgo era rector, fue sacerdote y es universalmente aceptado como uno de los más grandes héroes de nuestra Patria.

El ilustre jurista Fernando Serrano Migallón destaca el carácter de Morelos como ideólogo, insurgente, político, sacerdote y hombre de pueblo [1] y consideramos que le asiste la razón, porque el Siervo de la Nación fue, a nuestro parecer, el primero de los insurgentes que alcanzó esa conjunción de atributos para el beneficio de la causa.

Así, Morelos fue un militar experimentado y estratega de primer orden, al grado tal que, se menciona, Napoleón Bonaparte expresó admiración al conocer sus acciones en la guerra [2] , declarando “con cinco hombres como él conquistaría el mundo”. Pero de la misma manera, fue un ideólogo y jurista que a través de los Sentimientos de la Nación sentó las bases del gobierno representativo, de los derechos fundamentales y de la soberanía residente en el pueblo, que serían postulados en las Constituciones de Apatzingán y Federal de 1824.

El Doctor José María Luis Mora, ilustre estudioso de México y de su historia, destaca la diferencia entre las huestes de Hidalgo y el ejército profesional y bien entrenado que permite a José María Morelos poner en jaque al gobierno virreinal en lo que ahora se conoce como segunda etapa de la Independencia de México. [3]

También Morelos fue un miembro del bajo clero que decidió no tolerar las injusticias, de la esclavitud y de las vejaciones que el pueblo sufría a manos de sus opresores, un hombre que decidió unirse al movimiento de otro sacerdote, Miguel Hidalgo, en pos de mejores condiciones para las personas y, en especial, para los habitantes más pobres y desprotegidos.

● Los Sentimientos de la Nación.

La aportación jurídica y política más valiosa del Siervo de la Nación se constituye, desde luego, por “Los Sentimientos de la Nación”, que fue el preámbulo de la Constitución de Apatzingán.

Los Sentimientos de la Nación son un claro reflejo del pensamiento político de José María Morelos y Pavón. En su punto quinto establece que la soberanía reside en el pueblo, el gobierno representativo, la división de poderes y la elección de los servidores públicos de las provincias, incluyendo su actuar con probidad. Prosigue el documento estableciendo la competencia exclusiva del Congreso para aprobar leyes.

Igualmente recogió el mandato del Padre de la Patria en el sentido de prohibir la esclavitud, tan común y aceptada por las naciones en esas fechas, añadiendo con sus célebres palabras: “quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud”.

Morelos estableció derechos humanos como la libertad, la proscripción de la tortura, la inviolabilidad de los domicilios de las personas, la limitación de las guerras con el extranjero, y la contribución justa para el mantenimiento del gobierno.

● Lucha por la Independencia Nacional.

Mientras que en la primera etapa de la Independencia, se proponía que Fernando VII, prisionero de los franceses, ocupara la monarquía del virreinato independiente y, por ello, sin estar sujeto al mandato de los Bonaparte.

El carisma de Morelos fomentó que destacadísimas personas se unieran al movimiento como los hermanos Galeana, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o Nicolás Bravo. Por otra parte, Acapulco, Acayucan, Cuautla, Oaxaca, Orizaba, Perote, Puebla, Tecpan, Tehuacán, Tenancingo y Toluca, son algunas de las poblaciones que fueron testigos de su genio militar y político; el gobierno virreinal estuvo en jaque y necesitó emplear sus vastos recursos al máximo para hacer frente al movimiento insurgente que encabezaba Morelos. [4]

Morelos logra desplazar el proyecto impulsado principalmente por López Rayón, en el sentido de entregarle el gobierno del Anáhuac al depuesto Rey Español y hace aprobar por el constituyente de Apatzingán la independencia del país basado en la soberanía del pueblo, sin necesidad de una dependencia política de España o de cualquier otra nación. [5]

Toribio Esquivel Obregón [6] destaca que esa victoria política e ideológica de Morelos  fue la última de su vida. Prontamente el Congreso tuvo que huir ante las            reforzadas tropas virreinales y finalmente el Siervo de la Nación fue capturado y sometido a tortura.

Protegiendo al Congreso [7] y al Tribunal de Justicia [8] , Morelos con las pocas huestes que tenía en ese momento, el 3 de noviembre de 1815, los siguió de Tehuacán a Tesmalaca; sin embargo el Virrey Calleja tuvo conocimiento del traslado y envió un fuerte contingente español a capturarlos. Toda vez que no pudo llegar la ayuda que solicitó a sus subordinados, los insurgentes fueron dispersados por su notoria inferioridad numérica, capturando al Siervo de la Nación el día 5 de noviembre del mismo año; el día 9 siguiente se celebró la aprehensión en la capital del Virreinato y el día 22 Morelos fue ingresado a las cárceles de la inquisición. El 22 de diciembre de 1815, fue trasladado a San Cristóbal, Ecatepec, donde fue fusilado. [9]

● Relevancia de la conmemoración.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, establece que el Estado debe el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

También los órdenes de gobierno deben realizar acciones positivas para consolidar el tejido social, siendo una de las acciones con mayor éxito la identificación de los pobladores entre sí, por compartir un pasado y cultura comunes y un mismo idioma.

Igualmente es una acción positiva de gobierno difundir modelos de comportamiento de personas insignes para nuestra patria; y el caso de Morelos es arquetípico por su destacada conducta cívica y probidad.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS PODERES FEDERALES Y A LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A ORGANIZAR DURANTE TODO EL AÑO 2015 EVENTOS PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL SIERVO DE LA NACIÓN, DON JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.

Palacio Legislativo del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 13 de agosto de 2014.

Dip. Luis Armando Córdova Díaz

[1] Fernando Serrano Migallón, “José María Morelos. Un juicio a debate”, en Francisco Ibarra Palafox, Juicios y causas procesales en la Independencia Mexicana, UNAM-IJJ, Serie Doctrina Jurídica núm. 571, México, 2010, págs. 189 y sigs.
[2] Como se recoge en la página oficial del biocentenario de la Independencia de México (http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=142:10-datos-que-debes-conocer-sobre-jose-maria-morelos-y-pavon&catid=72:10-datos-curiosos).
[3] Ver Rodrigo Sánchez Arce, Retratos de una revolución. José María Luis Mora y la Independencia de México, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, México, 2012, pág, 176.
[4] Juan de Dios Arias, et.al., México a través de los Siglos. Compendio de la obra de Vicente Riva Palacio, Tomo II, Grupo Editorial Océano, 1999, págs.. 426-428.
[5] Ver Francisco José de Andrea, Breve Historia del Congreso en México: Siglo XIX, UNAM-IJJ, Serie Ensayos Jurídicos núm. 203, México, 2012, págs. 32 y 33.
[6] Toribio Esquivel Obregón, Prolegómenos a la historia constitucional de México, UNAM-IJJ, Serie Ensayos Jurídicos núm. 11, México, 1980, pág. 95.
[7] En esa época compuesto por José Sotero, Ignacio Alas, Antonio de Sesma y Ruiz de Castañeda, pues, salvo el Doctor Verdusco que se encontraba en Tusantla, los demás congresistas estaban de licencia.
[8] Integrado por los abogados Ponce, Martínez y Castro
[9] Juan de Dios Arias, et.al, Op. cit., págs. 475-479.






De Diputados del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las medidas necesarias para reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el número de accidentes carreteros. Se turna a la Tercera Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente la red carretera nacional está integrada por más de 374 mil kilómetros a lo largo y ancho del país. El papel que tienen las carreteras es relevante para el desarrollo nacional, debido a que constituyen un medio para el traslado de personas, productos, y mercancías, ya que potencian la actividad productiva y de servicios, fomentan la productividad y la competitividad y sus efectos se ven reflejados en el desarrollo social.

En la red carretera nacional se identifican puntos de conflicto vial o puntos negros1 que por sus características geométricas y estructurales que poseen algunos tramos carreteros se presentan de manera recurrente accidentes automovilísticos, muchos de ellos con fatales consecuencias.

Las cifras sobre accidentes que se producen en nuestro país son altas. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito2.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, unidad administrativa de la Secretaría de Salud, publicó que en 2012 que se registraron más de 414 mil accidentes ocasionando el deceso de poco más de17 mil personas y más de 152 mil heridos.

La situación que se presenta en las carreteras relacionada con los accidentes es delicada, la Organización Mundial de la Salud ubica a México como uno de los diez países con más accidentes mortales en carreteras de América Latina.

Dentro de las carreteras que registran el mayor número de accidentes son México-Querétaro (cuota), Puebla–Córdoba (cuota), Querétaro–San Luis Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa, con 572, 548, 443 y 411 percances, respectivamente, que en conjunto dejaron un saldo de 252 personas muertas y 1,660 lesionadas en 20113.

De igual forma, hay segmentos carreteros que presentan percances frecuentes, como es el caso de la carretera México-Querétaro en donde nueve de estos se encuentran distribuidos entre el kilómetro 191+800 al 212+000 y que requieren de la intervención de la dependencia para solucionar los factores que los generan.

Es determinante que la dependencia realice con recurrencia auditorías en seguridad vial a fin de que informe sobre posibles deficiencias o carencias potenciales en la infraestructura vial que pudieran ser causante de accidente o aumentar la severidad del mismo, y con ello reducir la probabilidad de que ocurra un incidente.

Es prioritario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) atienda con toda eficacia los puntos de conflicto vial que presentan las carreteras, debido a que es urgente disminuir los accidentes de tránsito que se presentan con frecuencia y que dejan pérdidas humanas, lesionados, y cuantiosos daños materiales.

Un dato relevante es que ante la proclamación del Plan Mundial emitido por la ONU, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011 el Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. En el que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Salud ejecutarán programas o políticas en materia de Seguridad Vial y prevención de accidentes4.

La política pública debe estar enfocada a la seguridad vial estableciendo en todo momento acciones que prevengan accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y salud de las personas.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente las medidas necesarias para reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el índice de accidentes carreteros.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
el 13 de agosto de 2014.

1 Cantidad de accidentes sucedidos en un período y en un sitio determinado, la SCT establece 5 accidentes por año. Instituto Mexicano del Transporte.

2 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

3 Anuario Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4 Gaceta Parlamentaria, Número 3880-VI,  jueves 10 de octubre de 2013. Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN.






Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores de los municipios, comunidades indígenas y regiones donde se pretende aplicar la técnica del fracking. Se turna a la Tercera Comisión.

El que suscribe, Senador ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con punto de Acuerdo con base en la siguiente:

CONSIDERACIONES

Como ha quedado claro, la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburo se ha prohibido en Francia, Bulgaria, Alemania, Suiza,  República Checa, Estados Unidos (Vermont, New Jersey, New York), en varias comunidades de Australia, en la Región del Québec, Canadá; en la Región Karoo de Sudáfrica; en la Región Conco Salto de Argentina; en las Regiones de Burgos, Cantabria y la Rioja en España, entre otras.

Pero los efectos dañinos se presentan en todos lados donde se aplica, y por lo mismo, otros países están en camino de lograr su eliminación definitiva pero por el momento han logrado -- por medio de amplias movilizaciones y campañas a favor del medio ambiente – una moratoria por dos o tres años. Es el caso de Irlanda del Norte, Rumania, Suiza, Italia entre otras.

Además de lo anterior se encuentran en proceso de suspensión definitiva o moratoria en municipios de mayoría o totalidad indígena de las naciones sudamericanas; en estados o países de Europa, Africa y los propios Estados Unidos de Norteamérica.

La razón y motivo de tales conquistas para la prohibición y acciones de municipios, pueblos y naciones  se debe a que en la aplicación del fracking se inyectan más de 700 productos químicos venenosos, tóxicos, cancerígenos y mutagénicos; pero con el pretexto de “secreto profesional” o de “patente” las empresas comprometidas,  irresponsablemente se niegan a informar el tipo de químico que se trata, y mucho menos a resolver los males que dejan.

Está ampliamente documentado, en películas, videos, imágenes, declaraciones, juicios,  que los campos donde se viene aplicando la fracturación hidráulica o fracking,  están quedando devastados, inservibles, donde la vida humana y animal no se pueden desenvolver de manera normal. Los daños a los habitantes no son menores, ya hay fallecimientos por envenenamiento del agua en varias partes del mundo, todos ellos documentados clínicamente, pero que inclusive la prensa internacional ha ocultado en algunos casos. Así pues la mencionada práctica del fracking es de aniquilación del medio ambiente y la vida humana.

Lo preocupante para México, es que de acuerdo al Informe de Pemex del año 2013 y de acuerdo a los criterios de las leyes secundarias de la reforma energética, se le está abriendo las compuertas a una práctica depredadora, expoliadora y altísimamente contaminante. Ya diversos medios de comunicación esta semana (11 de agosto 2014)  han mencionado que en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Veracruz serán los primeros en experimentar dicha práctica.

Parecen olvidar los funcionarios públicos, que por ejemplo Oaxaca es un estado,  al igual que otros, donde los usos y costumbres de las poblaciones están arraigadas históricamente mucho más allá de la propia conquista española, y generaciones enteras han vivido alrededor de los ciclos que ofrecen la siembra de productos básicos en sus tierras y de sus mantos de agua como único sustento de vida. Es decir tienen como referente primario generacional la propiedad y productos de sus tierras, al grado que han invertido en forma conjunta, comunitaria, para en algunas ocasiones enviar a sus hijos como migrantes a conseguir dinero, y esperanza de volver pronto para aportar en el desarrollo de sus tierras y pueblos. Es el caso de cientos de comunidades y municipios donde se pretende aplicar el fracking.

Es decir se tiene una problemática que en otros lados del planeta, ha sido causa de estallidos sociales, de presencia creciente de ejércitos privados de las petroleras, de confrontación entre invasores y propietarios, por ello en México, dado lo anterior,  es necesario y urgente escuchar a los habitantes de las zonas elegidas para el fracking, y preservar el Estado de Derecho con un amplio diálogo de espíritu democrático.

Son estas consideraciones que me permiten proponer el punto de acuerdo con la finalidad de escuchar y tomar en cuenta definitiva las voces de los pobladores de municipios, de comunidades, de regiones donde se pretende aplicar el fracking. Y la mejor manera de hacerlo es institucionalizando dichas opiniones y dándole forma, de manera tal que se establezca una instancia definitoria de la aplicación de tal técnica por medio de un genuino comité para darle cabida y oportunidad a los pobladores.

Dicho comité deberá estar integrado por los representantes del municipio, o de la comunidad, o de la región de manera mayoritaria y por las autoridades estatales y federales, también por especialistas que se puedan sumar, más no podrán participar en él, representantes de empresas privadas petroleras o gaseras interesadas en la exploración y explotación de los hidrocarburos.

Solo de esta manera tendremos la certeza de haber escuchado las inquietudes genuinas de los habitantes que van a ser afectados por la aplicación de la técnica de la fracturación hidráulica, tomando en consideración todo lo mencionado.

Considerando lo anterior, propongo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Secretarios de Energía y al Director General de Pemex a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking.

Suscribe:

Sen. Benjamín Robles Montoya.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Salud estatal a informar las causas que han generado el desabasto y mal estado de medicamentos y material de curación que ha afectado el funcionamiento de diversos hospitales de la entidad. Se turna a la Segunda Comisión.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES:

La preservación, conservación y atención de la salud es toral para todo régimen democrático, debido a su importancia, en el artículo 4º la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece como derecho humano la protección de la salud. Sin embargo, es una realidad que subsisten entidades en donde no se traduce en resultados tangibles ni beneficios para la población, por el contrario, son comunes los casos de negligencias e inadecuada atención médica.

Sobre el particular, en la segunda mitad de 2013 y lo que va de 2014, se han documentados diversos casos de negligencia médica ocurrida en los hospitales de Oaxaca, en agravio de las mujeres, quienes se vieron afectadas antes, durante y después del alumbramiento de sus hijos, poniendo en riesgo tanto su vida como la del producto de la concepción, tema ante el cual el Congreso no ha sido omiso, llevando a cabo importantes esfuerzos legislativos tendientes a revertir la situación que en materia de salud impera en la entidad.

Aunado a lo anterior, en días recientes se dio a conocer en medios de comunicación que la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) abrió un cuaderno de antecedentes contra la Secretaría de Salud de la entidad por el desabasto de medicamentos y material de curación que ha derivó en la suspensión de actividades en Hospitales del Istmo y los Valles Centrales, todo en detrimento de la población de la entidad.

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró un almacén de la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, por el depósito inadecuado de 10 toneladas de medicamentos y material de curación con la fecha de expedición vencida. Lo anterior aconteció después de que el 4 de agosto del año en curso, personal de la dependencia llevo a cabo la inspección del Almacén General de Medicamentos y Materiales de Curación del Programa Seguro Popular, a cargo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y evidencia la inadecuada conducción de la política en el sector salud.

Sobre el desabasto de medicamentos en clínicas, hospitales y unidades médicas, el titular de la Secretaría de Salud de la entidad manifestó que dicha situación fue consecuencia de una huelga laboral que obligó al Gobierno de la entidad a cambiar de empresa abastecedora y aunque, de acuerdo a declaraciones del propio funcionario público se ha otorgado un nuevo contrato a otra empresa que se encargará de dar solución al problema de abasto a más de 10 hospitales que han sido afectados, en un marco de absoluta transparencia y rendición de cuentas, es preciso que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar las causas del desabasto.

Asimismo, ha manifestado que a pesar del desabasto de medicamentos y las inconformidades de diferentes sectores, no se puso en peligro la salud pública de la entidad, sin embargo, al no contar con los instrumentos necesarios para dar atención a la población, la afectación a la población se desahoga por su propia y especial naturaleza.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental, que en atención a la trascendencia del bien jurídico afectado “la salud”, los hechos no queden como acontecimientos aislados, por el contario, los mismos deben ser observados de manera integral para que en su caso se deben aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan. 

En este orden de ideas, respecto a quienes son los servidores públicos que tienen a su cargo la salvaguarda del acceso a la salud, la Ley Estatal de Salud Oaxaca, señala como autoridades sanitarias estatales al Gobernador del Estado; La Secretaría de Salud del Estado; y Los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia.

Asimismo, para el desempeño y cumplimiento de su encargo, la legislación referida establece que, entre otras, al Gobierno del Estado de Oaxaca le corresponde llevar a cabo las siguientes acciones:

● El control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud de los servicios públicos a la población en general; servicios sociales y privados sea cual fuere la forma en que se contraten y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria. 

● La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. 

● La promoción de la formación de recursos humanos para la salud. 

● La educación para la salud.  

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Salud Estatal a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, envíen a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de las causas que han generado el desabasto y mal estado de medicamentos y material de curación que ha afectado el funcionamiento de diversos hospitales de la entidad.

Dado en el recinto del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.






Del Diputado Francisco González Vargas, a nombre del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a rechazar la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del fondo de retiro de los magistrados al servicio del Tribunal. Se turna a la Primera Comisión.

El suscrito, Diputado FRANCISCO GONZALEZ VARGAS, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE RECHACE LA PROPUESTA FORMULADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DF, RELATIVO A LA CREACION DEL FONDO DE RETIRO DE LOS MAGISTRADOS AL SERVICIO DEL TRIBUNAL, A CARGO DEL GP-PRI, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

El Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), ha manifestado en diversas ocasiones su intención de llevar a cabo la creación de un Fondo de Retiro para los magistrados que lo integran.

En 2006, Jaime Araiza, entonces presidente del TCADF, retuvo el ISR de los trabajadores para constituir el fondo de retiro con base en un decreto presidencial de 2003, sin embargo, los recursos recaudados fueron regresados al Gobierno local, por indicaciones de la Asamblea Legislativa del DF.

Enel2012 los magistrados del TCADF solicitaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa en el marco de la discusión de la distribución de los recursos para el Distrito Federal en el 2013, se autorizaran 100 millones de pesos para crear un Fideicomiso que les garantizara a su retiro recibir el 75 por ciento de su salario, que actualmente es de 104 mil pesos netos mensuales.1 Solicitud que fue rechazada por la Comisión.

Durante el 2013, la Junta de Gobierno del órgano autorizó el pago de 15 mil pesos en el mes de junio para la actualización del estudio actuarial para la constitución del fideicomiso de retiro y en noviembre la Sala Superior aprobó la creación de una Comisión para la elaboración de la procedencia del dictamen de viabilidad del mismo. Sin embargo, de nueva cuenta los magistrados del TCADF han solicitado se autorice la creación de dicho fondo.

El pasado 11 de agosto del presente año, la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del DF (TCADF), acompañada de los magistrados de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno de dicho organismo, llevaron a cabo una petición al secretario de finanzas capitalino, para que autorice que los estímulos fiscales que ha conseguido el TCADF, se destinen a constituir su fondo de retiro.

Recursos que en 2013 ascendieron a 8 millones 878 mil 154 pesos y, que para este año se estiman en 4 millones 503 mil 201, haciendo un total de aproximadamente 13 millones de pesos.2

Es a todas luces evidente que dicha petición, rebasa los límites de la legalidad y de la ética pública. Además, la realidad económica y social del país, convierten en un despropósito tal pretensión, particularmente cuando los Magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F., cuentan ya con las prestaciones de seguridad social que por ley les corresponden, en las cuales se incluye el derecho a la prestación de retiro por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como corresponde a todo funcionario público.

El Grupo Parlamentario del PRI, ha estado atento al tema que nos ocupa, y desde diferentes espacios, ha reiterado su preocupación y desacuerdo al régimen de privilegios que los Magistrados pretenden obtener.

En este sentido, precisa recordar que el pasado 11 de junio, se llevó a cabo una discusión en términos de un incremento en el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF, por lo que, el Dip. José Luis Flores Méndez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una Propuesta con Punto de Acuerdo, mediante la cual exhortaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar la reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, concerniente al aumento en el haber de retiro de los magistrados.

En base a lo anterior y en congruencia con lo que desde esta Tribuna hemos venido planteando, consideramos pertinente exhortar al Jefe del Gobierno capitalino, para que desde el ámbito de su competencia realice las acciones conducentes, a efecto de que la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, desestime la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal.

Finalmente, es preciso decir que el GP-PRI reprueba la pretensión de los Magistrados por considerar que atenta contra los principios fundamentales que rigen el servicio público como son la lealtad, honradez, honradez e imparcialidad, los cuales todo funcionario está obligado a observar.

En suma, de aprobarse dicha solicitud se perpetraría un abuso, que tocaría de manera cercana la esfera de la corrupción y no la de los derechos laborales, sentando un precedente negativo y ominoso, que lastimaría la confianza ciudadana y constituiría una afrenta para los capitalinos y para los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a que se desestime la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, relativa a la creación del Fondo de Retiro de los Magistrados al Servicio del Tribunal, dando por rechazada finalmente y para siempre dicha solicitud.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Dip. Francisco González Vargas.

1 W. Radio. "Quieren magistrados de lo Contencioso fondo para retiro", http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/quieren-magistrados-de-lo-contencioso-fondo-para
retiro/20121217/nota/1812574.aspx
, consultado el 11 de agosto de 2014.

2 Zócalo, "BUSCA TRIBUNAL DEBLE PENSIÓN", http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/busca-tribunal-doble-pension-1407762194, consultado el 11 de agosto de 2014.






De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Angélica de la Peña Gómez y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez y Martha Beatriz Córdoba Bernal, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a autorizar recursos para el incremento en el número de oficiales de protección a la infancia. Se turna a la Cámara de Diputados.

Los suscritos, SEN.MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ Y DIP. MARTHA BEATRIZ CÓRDOBA BERNAL, legisladores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERALPARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE AUTORICEN RECURSOS PARA EL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE OFICIALES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son grupos vulnerables aquellos que ya sea por su edad, sexo, raza, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. Dentro de estos grupos encontramos a las personas que migran de sus lugares de origen, para buscar mejores condiciones económicas, mejores empleos, mejores servicios, o por cuestiones de inseguridad. Aunado a ello, dentro de este sector existen grupos aún más vulnerables, particularmente los menores de edad que viajan solos por el país, los cuales, en su gran  mayoría transitan de manera irregular.

2.- Para hacer frente a la problemática que aqueja a los niños migrantes no acompañados, en el año 2007 el Gobierno Federal implementó la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, con la finalidad de crear mecanismos integrales de protección para este grupo. Dicha mesa se integró por la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, y Salud; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), entre otras instancias.

Entre los logros de la Mesa Interinstitucional, se destaca la creación de un cuerpo de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), que en términos reales son agentes del Instituto Nacional de Migración especializados en atender y proteger los derechos de los menores detenidos, conforme a lo establecido en el Modelo para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados,(el cual es otro logro materializado por la Mesa Interinstitucional).

Entre las funciones que realizan los OPI están las de detectar y atender de manera especial las necesidades más urgentes de los niños migrantes, así como una intervención en momentos de crisis, seguimiento en las solicitudes de refugio y los casos en los que los menores sean víctimas de trata. Además, son los responsables de informarles a los niños, niñas y adolescentes, en un lenguaje adecuado, cuáles son sus derechos y responder a todas sus dudas sobre su procedimiento migratorio. De igual forma, los OPI cumplen la función de canalizar a los niños y jóvenes a los albergues del sistema DIF y acompañarlos en los procesos de repatriación a sus países, garantizando su protección en todo momento.

3.- En el Documento Estado Mundial de la Infancia 2011, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se reconocen los avances de nuestro país, así como ser pionero de la atención a los menores migrantes, destacando también los asuntos pendientes por atender en esa materia.

“El Gobierno de México ha tomado medidas firmes con respecto a las cuestiones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes migrantes. La Mesa del Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, que se creó en marzo de 2007, ha desempeñado un papel fundamental en lo que concierne a la implementación de esa política.

La Mesa del Diálogo elabora políticas públicas y coordina programas orientados a proteger a ese sector altamente vulnerable de la población.

Esas actividades han tenido como resultado la gestación de un nuevo modelo de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y en 2009 el Congreso de México asignó más fondos del presupuesto nacional para su ejecución. En colaboración con UNICEF y otras partes interesadas, el Gobierno de México también ha realizado considerables esfuerzos para garantizar que en los foros internacionales se tengan en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes.”

4.- Desde la creación de los Oficiales de Protección a la Infancia, no se han creado plazas específicas para ellos, simplemente se capacita a los agentes tradicionales, quienes además de atender a los menores tienen que realizar otras labores. Además, a pesar del incremento en el flujo de menores migrantes, en el último año la cantidad de Oficiales de Protección ha disminuido, pasando de 493 en el 2013 a 436 hasta junio de 2014.

5.- Durante la pasada administración, el Instituto Nacional de Migración nombró a 543 Oficiales de Protección a la Infancia. Además, se estableció una red de 32 módulos y albergues operados por los Sistemas DIF de los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estos módulos en la franja fronteriza norte reciben y atienden a los niños mexicanos repatriados, otorgándoles servicios de asistencia social como albergue, alimentación, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica, entre otros. En cuanto a la frontera sur y lugares de tránsito, se establecieron 7 albergues y módulos en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

6.- En días recientes, el Instituto Nacional de Migración señaló que se ha incrementado el número de menores rescatados en un 7.4 por ciento; es decir, que de 9 mil 630 menores no acompañados que hubo en 2013, tan sólo en lo que va de este año la cifra ascendió a 10 mil 505.Si se comparan las cifras desde el año 2010 en donde hubo 4 mil 43 menores migrantes, el incremento al día de hoy es de 159 por ciento.

7.- Dentro de la realización de la XIX Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en Nicaragua, los gobiernos de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana firmaron la Declaración Extraordinaria de Managua, con la finalidad de implementar medidas para atender el aumento de la migración irregular de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de las acciones a realizar están las siguientes:

· Garantizar el interés superior de la niñez, como guía a las respuestas regionales, bilaterales y nacionales ante esta urgente situación migratoria. La conformación y reunión de un grupo ad-hoc en materia de niñez migrante.

· Proporcionar información precisa y lanzar campañas de difusión respecto de los peligros del viaje, y la falta de disponibilidad de los permisos para los que llegan a Estados Unidos.

· Luchar contra los grupos delictivos organizados de tráfico ilícito y de trata de personas, y fortalecer la cooperación para la aplicación de las respectivas legislaciones nacionales.

· En materia de gestión migratoria, los países miembros se comprometen llevar a cabo acciones de coordinación para la detección de tratantes, traficantes y delitos conexos, encaminadas a desalentar los flujos irregulares, incluido el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que ha desembocado en la actual crisis humanitaria.

· Para el desarrollo, hacer frente a las causas estructurales de este movimiento irregular de menores de edad, así como trabajar para coadyuvar en la erradicación de dichas causas.

· Fortalecer las capacidades institucionales de protección consular, en particular en la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

· Los firmantes también acordaron cooperar entre sí para destinar recursos suficientes en la implementación de programas de reinserción y reintegración de los migrantes repatriados en sus comunidades de origen. Particularmente en el caso de los menores, se acordó destinar recursos a programas de reinserción de los menores inmigrantes a sus familias.

· Además, se comprometieron a reconocer que algunos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados pueden ser candidatos a obtener la condición de refugiado o protección complementaria.

· Finalmente, se comprometieron a impulsar la cooperación para mejores prácticas por parte de las autoridades migratorias.

8.-Datos de la Secretaría de Seguridad Interna estadounidense, (Department of Homeland Security) (DHS) evidencian el incremento de menores que han trasitado por México hacia la frontera con Estados Unidos, ya que se han detenido en lo que va de este año fiscal (1 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014) a 57 mil 525 menores migrantes no acompañados. De estos menores, 12 mil 614 fueron mexicanos, que al ser repatriados son atendidos por los Oficiales de Protección a la Infancia del Instituto Nacional de Migración. La cifra de menores provenientes de países como Honduras ha incrementado en 122 por ciento con respecto al total de la cifra del año 2013, y sólo hasta el 15 de junio del presente. Además se evidencia el incremento  de menores en el tránsito por México con el aumento en 173 por ciento de aprehensiones de menores en el sector fronterizo de Río Grande, del año pasado al actual.

CONSIDERACIONES

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Título Primero artículo 4°, el interés superior de la niñez, la cual deberá garantizar y hacerla cumplir el Estado, tal y como se traduce:

Artículo 4º.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

II.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 4 establece la obligación de garantizar en todo momento el interés superior del niño, asegurando la protección necesaria para su bienestar y que los Estados adoptarán las medidas administrativas necesarias para hacerlo efectivo, dentro del ámbito de cooperación internacional.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Asimismo, el artículo 37 de la citada Convención establece que los Estados Partes velarán en todo momento por lo siguiente:

Artículo 37

Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

III.-Que dentro del procedimiento que establece la Ley de Migración, cuando una niña, niño o adolescente no acompañado quedan a disposición del Instituto Nacional de Migración, el artículo 112 de la citada ley señala lo siguiente:

Artículo 112.- …

El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

IV. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente;

V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o adolescente del país de que se trate se procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular.

En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la regularización de su situación migratoria, y

VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia.

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia.

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyudancia con los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

IV.- Que uno de los principios rectores de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es el del interés superior de la infancia; el de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; el de la igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

Es responsabilidad del Estado asegurar la protección de sus derechos, como se transcribe en el artículo 7 de la ley:

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. 

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

V.- Que el pasado 03 de julio el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso General, votó a favor de la creación de un Grupo Plural de legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que transitan por territorio mexicano e ingresan a los Estados Unidos de América.

VI.-Que de acuerdo con información emitida por el Instituto Nacional de Migración, los Oficiales de Protección a la Infancia son Agentes Federales de Migración, que realizan funciones propias del encargo, tales como el control verificación o de regulación migratoria; y por otro lado la tarea asistencialista para garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados.

VII.- Que los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Migración establecen los procedimientos a seguir por parte del Instituto Nacional de Migración, en los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, como se transcribe a continuación:

Artículo 171. Las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados quedarán bajo la custodia del Instituto cuando sea puesto a disposición de éste, o bien, cuando en el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto inicie el procedimiento administrativo para resolver su situación migratoria.

Artículo 172. En todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el Instituto valorará su interés superior, a través de personal especializado y capacitado en la protección y derechos de la infancia quienes les practicarán una entrevista. El objeto de dicha entrevista será el de allegarse de elementos sobre su identidad, país de nacionalidad o residencia, situación migratoria, la localización de sus padres o de otros miembros de la familia y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.

VIII.-Que los legisladores integrantes de este Grupo Plural, consideramos insuficiente el número de Oficiales de Protección a la Infancia, dado el incremento de menores migrantes no acompañados y las proyecciones al alza de dicha población.

En este sentido, es imprescindible contar con un mayor número de agentes dedicados a la atención de menores migrantes, cuyas funciones sean exclusivamente las siguientes:

1.-Oficiales de Protección a la Infancia, encargados de analizar el caso jurídico de manera específica para cada menor (departamento jurídico).

2.- Oficiales con perfil operativo que se encarguen de gestionar y dar acompañamiento puntual a las niñas, niños y adolescentes migrantes.

IX.-Que los legisladores integrantes del Grupo Plural recogemos y hacemos nuestra la consideración emitida por el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, desarrollada en conjunto con la Secretaría de Gobernación y con el Instituto Nacional de Migración, en el sentido de definir una plaza específica para los Oficiales de Protección a la Infancia, a fin de que permita acotar sus funciones a la protección de las niñas, niños y adolescentes no acompañados con una remuneración equitativa que  reconozca su esfuerzo, dedicación y preparación.  Dicho estudio, señala la necesidad de contar con 365 plazas de nueva creación, con un costo estimado anual de 85 millones de pesos, con 1 plaza nivel NC1ubicada en oficinas centrales de la Dirección de Protección al Migrante y Vinculación, que brinde atención, seguimiento y resolución a temas concernientes a niñez migrante y grupos vulnerables; así como364plazas nivel OB1de las cuales, al menos hayan 2 médicos generales, 1 odontólogo y 1 psicólogo en cada una de las 32 estaciones migratorias que coadyuvarán a brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes, las cuales tendrían la siguiente adscripción dentro del Instituto Nacional de Migración:

Delegación

Estación Migratoria

Plazas requeridas para un buen funcionamiento

Jefe de Departamento

Aguascalientes

Aguascalientes

6

Baja California

Mexicali

6

Tijuana

6

Baja California Sur

Los Cabos

6

Chiapas

Palenque

6

Tapachula

40

Tuxtla Gutiérrez

6

Chihuahua

Chihuahua

10

Ciudad Juárez

6

Janos

20

Coahuila

Saltillo

6

Distrito Federal

Iztapalapa

30

Hidalgo

Pachuca

6

Michoacán

Morelia

6

Oaxaca

Oaxaca

25

Puebla

Puebla

10

Querétaro

Querétaro

11

Quintana Roo

Chetumal

10

San Luis Potosí

San Luis Potosí

6

Sinaloa

Mazatlán

6

Sonora

Hermosillo

10

Tabasco

El Ceibo

6

Tenosique

39

Villahermosa

6

Tamaulipas

Nuevo Laredo

15

Reynosa

6

Tampico

6

Tlaxcala

Tlaxcala

10

Veracruz

Acayucan

20

Veracruz

6

Yucatán

Mérida

6

Zacatecas

Zacatecas

6

Total

364

X.- Que dicha propuesta se sustenta en lo establecido por el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Migración, en el que se señala que los Oficiales de Protección a la Infancia, son los encargados de realizar el “procedimiento para  poder determinar el interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados”, como se observa a continuación:

Artículo 173. En la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, se procurará lo siguiente:

I. Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentran separados de ellos;

II. Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado en el país de origen o residencia habitual, o en el territorio nacional;

III. Identificar cuando la niña, niño o adolescentes sea ofendido, víctima o testigo de algún delito en el país de origen o residencia habitual o en el territorio nacional;

IV. Determinar cualquier necesidad de protección internacional;

V. Proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada;

VI. Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen, y

VII. En caso de ser necesario, allegarse de la opinión de otros miembros de la familia, de personas cercanas o de instituciones involucradas en su atención.

XI.-Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entre otros, aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación que le haga llegar el Ejecutivo Federal, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 74. 

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Del I al III

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

XII.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. Es claro que el artículo 20 de la citada ley faculta a los Titulares del Ramo establecer la planeación de programas y contar con los medios necesarios para ejecutarlos, tal y como se traduce:

Artículo 20.Las Secretarías de Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal.

XIII.- Que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, son facultades indelegables del Secretario, entre otras, la de designar a los servidores públicos de nivel jerárquico inferior que no sean nombrados por el Presidente de la República, así como ordenar la expedición de nombramientos y resolver sobre las propuestas que formulen los servidores públicos superiores para la designación de su personal de confianza y creación de plazas, como se señala en el artículo 5 que se traduce:

Artículo 5.- Son facultades indelegables del Secretario:

Del I al XV…

XVI. Designar a los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que no sean nombrados por el Presidente de la República, así como ordenar la expedición de nombramientos y resolver sobre las propuestas que formulen los servidores públicos superiores para la designación de su personal de confianza y creación de plazas;

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se autorice una ampliación presupuestal extraordinaria al Instituto Nacional de Migración, para la creación de1 plaza federal nivel NC1 y 364 plazas nivel OB1, para los Oficiales de Protección a la Infancia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, para que los Oficiales de Protección a la Infancia no realicen tareas de control y verificación migratoria, sino que se desempeñen exclusivamente como responsables de la atención, seguimiento y resolución de los temas concernientes al procedimiento para la determinación del interés superior de cada niña, niño y adolescente migrante.

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere un incremento de recursos suficiente al Instituto Nacional de Migración,  destinado para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Dado en el alón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro.- Dip. Ricardo Astudillo Suárez.- Sen. Angélica De La Peña Gómez.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán.- Dip. Martha Beatriz Córdoba Bernal.






Del Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases. Se turna a la Tercera Comisión.

El suscrito, Diputado JOSE LUIS FLORES MENDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del consumidor, a que vigile que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Cuadernos, lápices, plumas, gomas para borrar, pegamentos líquidos, lápices adhesivos, reglas de plástico y tijeras, son algunas de las palabras que año son escuchadas con mayor frecuencia, a consecuencia del inicia del ciclo escolar, en el cual miles de niños, jóvenes y adolescentes regresan a las aulas.

El regreso a clases está cerca, el próximo día 18 del mes en curso miles de alumnos ocuparan sus salones de clases, para lo cual será necesario que cuenten con los materiales de estudio adecuados.

Cada año previo al inicio del ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública (SEP) elabora una lista de materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las actividades en las instituciones de educación básica.

Sin embargo, la compra de útiles escolares por sí misma se ha convertido en una tarea tediosa, un suplicio para padres y tutores, quienes cuentan con la tarea titánica de adquirir los productos requeridos por la SEP, tarea que no sólo representa una fuerte labor de búsqueda en mejores precios y calidad, sino que constituye un gasto fuerte para miles de familias, más aún si ésta se encuentra constituida por más de un hijo que requiera se lleve a cabo la compra de nuevos útiles.

Si a esto le sumamos el hecho de cada año miles de padres son sorprendidos previo al inicio de clases con incrementos exorbitantes en los precios de los productos por parte de los comerciantes, viéndose afectados en su economía, entonces estamos frente a una clara violación a sus derechos como consumidores.

Es por esto, que proponemos se exhorte a la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO), a efecto de que vigile que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases de miles de alumnos, evitando así daños al patrimonio familiar.

Si bien cada año la PROFECO lleva a cabo como parte del programa anual “De regreso a clases”, estudios de calidad y precios en los diversos centros de venta de útiles escolares, es necesario también se lleven a cabo verificaciones en dichos centros de venta, para que se cumplan con los precios establecidos para la venta de los productos que integran la lista de materiales y útiles escolares. 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del consumidor, a efecto de que vigile que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases de miles de alumnos.

Salón de sesiones del Senado de la República, el 13 de agosto de 2014.

Dip. José Luís Flores Méndez.






De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Manríquez González y Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a observar en todo momento la salvaguarda, conservación y preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los predios afectados por la construcción del proyecto denominado "Plaza de las Siete Culturas" en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así como de la zona arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla. Se turna a la Segunda Comisión.

Quienes suscriben, ROXANA LUNA PORQUILLO, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO y VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ, Diputados Federales pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. México es un país cuya diversidad cultural e identidad se encuentra depositada en la pluralidad de sus manifestaciones artísticas firmemente arraigadas en sus pueblos. No se puede entender el legado histórico mexicano sin concebir sus monumentos, zonas arqueológicas y artísticas, por lo que se ha hecho indispensable proteger el acervo cultural y reconocer el valor reflejado en su sociedad.

La riqueza de los pueblos se refleja en su patrimonio cultural e histórico, mismo que debe ser preservado, pues contiene el vínculo de las generaciones actuales con las pasadas, creando la identidad nacional, por ello, no debemos olvidar que los bienes que integran el patrimonio cultural de México, constituyen una herencia colectiva y el capital social no renovable del país, que los hace merecedores de protección y conservación.

Reconociendo lo anterior, nuestro país ha sido un activo participante en la suscripción de instrumentos internacionales que buscan garantizar con firmes compromisos el legado histórico-arquitectónico con el que contamos, así por ejemplo, en el año de 1984 México suscribió la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, cuerpo normativo para los Estados miembro de la UNESCO, que permite el rescate, protección y conservación de aquellos bienes, monumentos, conjuntos o lugares con un legado y valor universal incalculable.

En el mismo sentido, nuestra Constitución Federal reconoce en su artículo 2º la composición pluricultural sobre la que se asienta la sociedad mexicana actual, y en el penúltimo párrafo de su artículo 4º. establece “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”. De tal forma que el acceso a la cultura se encuentra dentro del catálogo de derechos humanos fundamentales y por esa razón, el Estado debe comprometerse a garantizar el acceso eficaz y efectivo a estos bienes propiedad de la Nación inalienables e imprescriptibles, proveyendo las medidas necesarias que cataloguen y preserven las zonas arqueológicas –entre otras- de nuestro territorio.

La urbanización no planificada y descontrolada, así como las expropiaciones en áreas arqueológicas para la edificación de conjuntos comerciales o de intensa actividad económica, sin las debidas precauciones atribuidas a los usos de suelo, pueden conllevar al deterioro del bien merecedor de protección o aún, a la pérdida irreversible de patrimonio cultural, por lo que es obligatorio e insoslayable que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo facultado para la protección en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos1 realice los estudios pertinentes, imparciales y con un profundo sentido de responsabilidad al momento de emprender procedimientos de autorización ante solicitud expresa, tratándose de proyectos de edificación en las cercanías de bienes de su competencia.

Segunda. El día 11 de marzo de 2014 se presentó ante el Congreso del estado de Puebla una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la entonces Ley de Expropiación de esa entidad, la cual se dictaminó en únicamente 50 minutos en reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y posteriormente fue aprobada en el Pleno el día 13 de marzo de 2014.

La nueva Ley de Expropiación aprobada con un procedimiento exprés, haciendo honor a la rapidez que le dio vigencia, permite un procedimiento expropiatorio también exprés, pues faculta a las autoridades estatales a iniciar acciones de expropiación sobre predios de manera unilateral y sin otorgar el derecho de audiencia a los propietarios afectados, es decir, ahora es posible que las autoridades tomen posesión inmediata alegando que existe una causa de utilidad pública superior.

El precepto reformado que contiene esta disposición es el artículo 5 bis de la nueva Ley que a la letra dispone:

Artículo 5 Bis.- En los casos previstos en las fracciones I, II, VI, XII y XIV del artículo 2 de esta Ley, la Autoridad Expropiante podrá emitir la declaratoria de utilidad pública y decretar la expropiación. En estos casos, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 5 de esta Ley.

Las fracciones III a VII del artículo 5 a las que se refiere el artículo 5 Bis, son precisamente las que otorgan la garantía de audiencia, un derecho constitucional federal, y que según lo establecido por la misma Ley indican lo siguiente:

Artículo 5.- La Autoridad Expropiante deberá formar el expediente correspondiente conforme al procedimiento siguiente:

I a II …

III.- Los interesados tendrán un plazo de doce días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado, para manifestar ante la Autoridad

Expropiante lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes;

IV.- En su caso, la Autoridad Expropiante citará a una audiencia para el desahogo de pruebas, misma que deberá verificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las manifestaciones a que se refiere el párrafo anterior. Concluida dicha audiencia, se otorgará un plazo de tres días hábiles para presentar alegatos por escrito;

V.- Presentados los alegatos o fenecido el plazo para ello sin que se presenten, la Autoridad Expropiante contará con un plazo de diez días hábiles para confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. Dicha resolución se notificará personalmente al interesado entregándole copia íntegra de la misma;

VI.- De subsistir la necesidad, la Autoridad Expropiante, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya dictado la resolución a que se refiere el párrafo anterior, emitirá el decreto de expropiación correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado, y

VII.- Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria de utilidad pública quedará sin efectos

Lo anterior no es otra cosa que permitir que sin justificación mayor y sin ninguna garantía de audiencia previa, desprendan a los poblanos de sus inmuebles, legalizando con ello el despojo, en aras de una supuesta utilidad pública que a todas luces pretende remover cualquier obstáculo para la realización de proyectos gubernamentales.

En ese tenor, trascendió en medios de Puebla que el día 2 de abril del presente año, el gobierno estatal estrenó la nueva Ley de Expropiación exprés sin garantía de audiencia al publicarse el decreto por el cual se alega la utilidad pública de un predio que comprende 747 hectáreas, tomando posesión de la finca de manera inmediata, al justificar que sería para la ejecución de un proyecto de infraestructura vial, industrial y de servicios públicos en el Municipio de Nopalucan de la Granja.

Tercera. En sesión de Cabildo de fecha 1 de mayo de 2014, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo por el que esa autoridad municipal inicia el proceso de expropiación del cerro del Acozac y9hectáreas que se encuentran en la zona arqueológica de Cholula la cual está coronada por la Gran Pirámide de Cholula, para la construcción del denominado proyecto “Plaza de las siete culturas” que contempla la construcción de un hotel, restaurantes, jardines, espejos de agua, andadores, entre otros.

El proyecto en total comprende 21 hectáreas, 12 de las cuales estarían en el Municipio de San Andrés Cholula y 9 del lado de San Pedro Cholula, para el cual también se pretendería la construcción de una estación de tren turístico ferroviario.

La importancia de esta zona y en específico la Pirámide de Cholula subyace en que ésta se encuentra considerada como una de las estructuras prehispánicas más importantes debido a su basamento y a su tamaño volumétrico. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia puntualiza que“…las dimensiones de su Gran Basamento Piramidal que según los arqueólogos mediría de 430 a 460 metros por lado en base cuadrangular y cerca de 66 metros de altura, al sistema constructivo básicamente a partir de grandes núcleos de adobe, al sistema de exploración arqueológica empleado para su excavación hace ya 80 años, al hecho de que se puede visitar mediante este sistema de túneles de exploración una parte habilitada para su visita (280 metros) de los poco más de 5000 metros que lo componen, a la continuidad habitacional desde el lejano preclásico hasta nuestros días, por la singular presencia del Santuario de la Virgen de Los Remedios en la cúspide de la Gran Pirámide de Cholula y el sincretismo religioso que este inmueble representa, por la importancia religiosa de Cholula desde la época prehispánica hasta nuestros días.2

El argumento original para llevar a cabo las expropiaciones, vertido por el Ayuntamiento el 1 de mayo, eran que dicha zona adquiere un valor cultural e histórico para la región de San Pedro Cholula, por lo que el gobierno procedería a su rescate y así darle un uso social, aunque para ese momento no conocían el fin concreto del destino de esos predios, ni habían tenido la oportunidad de estudiar el proyecto que realmente es estatal, pues aún no había sido mostrado por el gobierno de Puebla, empero, la causa de utilidad pública en el Ayuntamiento se consideró justificada.

Es necesario añadir también que existe un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 9 de enero de 1996 que declara de “utilidad pública” los predios que se ubican en torno a la pirámide de Cholula, lo que deja sin efectos cualquier declaración de utilidad pública que emitan los ayuntamientos, además ampara a esa zona arqueológica y sus alrededores, protege a todos las edificaciones que se encuentren en la zona, pues tienen un valor histórico reconocido y, por tratarse de un uso de suelo para tierras de cultivo, hace inviable totalmente la construcción de hoteles en esta demarcación.

Los propietarios de los predios afectados han hecho denuncia pública de la opacidad con la que las autoridades municipales y estatales de la entidad pretenden llevar a cabo las expropiaciones en aras de hacer posible este proyecto a toda costa, el hermetismo y la falta de transparencia ha prevalecido desde un principio, las expropiaciones se publicaron arbitrariamente sin siquiera conocerse el proyecto y sin mediar autorización alguna del INAH.

No fue sino hasta el 7 de junio, un mes después de haber consensado las expropiaciones en la reunión de cabildo del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, que esas autoridades municipales apenas conocieron el proyecto y les fue presentado, donde se mostraba el estudio que supuestamente justificaba la viabilidad económica, social y técnica del mismo.

La preocupación más importante radica en que el Proyecto Plaza de las siete culturas, estaría contemplando la construcción de un hotel y un salón de fiestas como lo informó el Diario Cambio que tuvo acceso al plano original,3 lo que significaría un riesgo inminente a la zona arqueológica, alteraría la imagen urbana de Cholula y pondría en riesgo la designación de Pueblo Mágico que se le otorgó el 30 de octubre de 2012 por el gobierno federal.

El día 24 de julio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial de Puebla la declaratoria hecha el 4 de julio del mismo año, por la que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula considera de utilidad pública e interés social el proyecto denominado “Plaza de las siete culturas”, rescate y dignificación del entorno de la zona arqueológica, para dar paso a la adjudicación de las 9 hectáreas ubicadas dentro del territorio de esa demarcación.

Ante esta publicación y debido a la hostil redacción de la nueva Ley de Expropiación de Puebla, aunado al ridículo pago de $6.8 pesos por metro cuadrado de las hectáreas afectadas, se ha generado polémica y descontento social para los propietarios legítimos de los predios, mismos que en numerosas ocasiones han solicitado a las autoridades dar a conocer el proyecto de forma pública, obteniendo como respuesta el silencio.

Cabe señalar que desde el día 3 de junio se solicitó formalmente y por escrito al Centro INAH Puebla, informara si cuenta con los permisos para demostrar la viabilidad respecto de ese proyecto, a lo que dio respuesta mediante oficio no. 401-A-311-(724-7)-01-1932 que “En esta Representación Federal (sic) no se ha recibido documentación o solicitud alguna referente al proyecto que refiere usted en su oficio, denominado “PLAZA DE LAS SIETE CULTURAS (CHOLULA)”, únicamente se ha tenido conocimiento por los medios de comunicación: en razón de lo anterior no es posible proporcionarle la documentación que al respecto solicita.”.La incertidumbre con la que las autoridades han abordado este proyecto es lamentable y desesperante para quienes se ven afectados, a la fecha el proyecto no se ha publicado, los afectados siguen sin conocerlo, no obstante que el 31 de julio el delegado del INAH en Puebla, Francisco Ortiz Pedraza reconoció implícitamente que ya conocía el proyecto al dar una declaración publicada por la periodista Maribel Velázquez del medio Imagen Poblana4 en la que indica que “…no se ha otorgado el permiso para esa obra, pues hace falta un análisis más arduo”, no obstante, ha señalado también que el proyecto “podría ser viable”.

La negativas constantes de las autoridades locales han generado que los inconformes hagan uso de los instrumentos jurídicos a su alcance, por lo que promovieron el Juicio de Amparo 952/2014 en defensa de su derecho a la propiedad y de audiencia, en virtud del cual, el día 5 de agosto, el Juez Sexto de Distrito en el estado de Puebla, concedió la suspensión definitiva  de los actos reclamados, sin embargo, el proyecto parece imponerse a pesar de esta decisión judicial y de no contar con una autorización del INAH, ya que el gobierno del estado continua con los procedimientos de licitación que lanzó de manera oficial el día 28 de julio, para que empresas constructoras obtengan el derecho a comenzar los trabajos de construcción en esa zona arqueológica.

Los directamente afectados y propietarios de los predios, han señalado que la opacidad mostrada en este proyecto desde un principio, evidencia un contubernio de las autoridades municipales con las estatales, así como con en el delegado del Centro INAH Puebla para otorgar las autorizaciones necesarias y comenzar con las obras, pues indican, hay obligaciones ya pactadas.

El INAH, es el organismo competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos según lo dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y le corresponde la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, por lo que es necesario que asuma su obligación legal y de forma autónoma a cualquier interés salvo el de preservar el patrimonio cultural, adopte una posición que satisfaga las necesidades culturales de la población.

Es también necesario, otorgar a todas las personas directamente afectadas en su derecho de propiedad, las garantías de audiencia y publicidad que amerita la construcción de este tipo de proyectos, pues el silencio de las autoridades únicamente abonan al descontento social que se vive en Puebla, así también es imperativo conocer primero el estudio técnico y de viabilidad que pretenda cualquier proyecto cuando exista riesgo fundado de deteriorar o afectar de forma grave y permanente los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos que representan un vínculo cultural con nuestra identidad nacional.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades municipales y estatales de Puebla que correspondan, a que transparenten el procedimiento expropiatorio iniciado para la construcción del proyecto denominado “Plaza de las siete culturas” en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, en esa entidad, publicando los planos que conforman la carpeta de dicho proyecto a fin de ser conocidos por los propietarios de los predios afectados; se suspendan las obras y procedimientos de licitación en tanto no se tenga una autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y culminen definitivamente los procedimientos judiciales pendientes de sentencia en torno a ese asunto y; se dialogue con los afectados y se les brinden todas las garantías procedimentales conforme a derecho.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Doctora María Teresa Franco González Salas a que intervenga directamente en la investigación, estudio y valoración de la viabilidad del proyecto “Plaza de las siete culturas” a fin de obtener una resolución imparcial y acorde a la importancia que reviste el legado cultural de la Zona Arqueológica de Cholula.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que observe, en todo momento por la salvaguarda, conservación y preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los predios afectados por la construcción del proyecto denominado “Plaza de las siete culturas” en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así como de la Zona Arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2014.

Dip. Roxana Luna Porquillo.- Dip. Víctor Manuel Manríquez González.- Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo.

1 Según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2 Referencia consultada en el sitio oficial del INAH en línea: http://www.inah.gob.mx/component/content/article/44-lista-de-zonas-arqueologicas/5568-zona-arqueologica-cholula

3 Nota de Elvia Cruz, periodista del Diario Cambio, titulada “Proyecto de Plaza de las 7 culturas contempla hotel y salón de fiestas”, consultada en: http://www.diariocambio.com.mx/2014/secciones/zoon-politikon/item/65415-proyecto-de-plaza-de-las-7-culturas-contempla-hotel-y-salon-de-fiestas

4 Nota Periodística publicada por Imagen Poblana en su sitio en línea titulada: “Plaza de las siete culturas tendrá parque y centro deportivo” consultada en: http://www.imagenpoblana.com/2014/07/30/plaza-de-las-siete-culturas-tendra-parque-y-centro-deportivo?page=1






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a hacer del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento al caso de la señora Jacinta Francisco Marcial. Se turna a la Segunda Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada en la Ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla fueron  insuficientes y el proceso estuvo lleno de irregularidades, violando con ello sus garantías procesales.

2.- Dicho caso  mostro las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres.

Jacinta Francisco Marcial durante el proceso no tuvo  acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.

3.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene  como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- La CDI cuenta con el Programa “excarcelamiento a presos indígenas, dirigido a personas que se autoadscriban como indígenas o sean integrantes u originarios de comunidad indígena, que estén privadas de la libertad o en riesgo de perderla y requieran el servicio y que no hablen el español.

5.- Su  Objetivo es contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho.

7.- Dentro de los apoyos del Programa está la  Modalidad Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas, se otorga a los beneficiarios, a través de la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, así como los recursos económicos para el traslado, alimentación y hospedaje  durante el proceso legal, de correspondencia en los Lineamientos de dicho programa.

8.- A pesar de que  dentro de sus funciones se encuentra la de coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales, en el caso de Jacinta Marcial no se tiene registro de la intervención de la CDI, dicha persona, se encentro en franca desventaja legal, social y económica ante el sistema de justicia penal, situación que se agudizo cuando durante el procedimiento legal no conto con la asistencia de un intérprete-traductor en su lengua materna, dicha figura es parte fundamental e indispensable para el  debido proceso, y con ello se garantiza el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado.

9.- La forma actual de cálculo de sus poblaciones potencial y objetivo, hace que la cobertura sea-irrelevante. Este problema se transforma en un círculo vicioso por no existir elementos para modificarlas asignaciones presupuestarias. En principio la realización de un diagnóstico, que entre otras cuestiones permita identificar principales necesidades de acceso y ejercicio pleno de los derechos en el marco del sistema procesal penal. 9 58

10.- El caso de la mujer indígena Jacinta Marcial fue llevado por el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro” A.C., así como el seguimiento al recurso de reparación de daño presentada ante la Procuraduría General de la Republica desde la liberación de la mujer ñanú en 2011.

11.-  La evolución del presupuesto para el Programa de excarcelamiento a presos indígenas es el siguiente:

Millones de pesos

Ejercicio Fiscal

Programado

Ejercido

2011

26,500.0

20,427.6

2012

18,000.0

13,880.7

2013

28,600.0

17,706.0

 CONSIDERACIONES

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2o., en su apartado B señala que: "La Federación, los Estados y los Municipios [...] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

2.- En el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, se publicó la reforma constitucional, por la que se dispone el proceso de transformación del Sistema de Justicia Penal en México, transitando de un sistema procesal mixto a uno acusatorio, estableciendo la oralidad en los juicios penales; con el propósito de dar vigencia plena a los derechos humanos y sus garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.- La actual Administración Federal  estableció  el Pacto por México el cual, en su apartado 1.6 Derechos de los pueblos indígenas, señala lo siguiente:

“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

4.- No obstante de dichas disposiciones legales y normativas, la Señora de origen ñañu Jacinta Francisco Marcial fue asesorada y representada legalmente por una instancia de la Sociedad Civil y no por un Programa del Gobierno Federal con un amplio margen presupuestario.

5.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente  a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Lic. María de los Ángeles Socorro Elvira Quezada, para que haga del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento al caso de la Señora Jacinta Francisco Marcial,  dentro del marco del “Programa excarcelamiento a presos indígenas”, debido a que durante el proceso no estuvo acompañada de un intérprete traductor; siendo que la defensa  fue a cargo del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro A.C.”.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y denuncias penales gestionadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la auditoría forense 1197/2012. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA es la  institución encargada de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales así como estimular los programas

orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas. Las acciones de CONACULTA  están encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico. Su objetivo es contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales.

2.-CONACULTA y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) suscribieron  convenio de colaboración por 422,965.3 miles de pesos con objeto de “Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos, que permitan el mejoramiento de las bibliotecas que integran la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de México, así como la implementación de servicios digitales y de capacitación para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y unidades administrativas de el CONACULTA, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad”, convenio que se adjudico en términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el artículo 4 de su reglamento.

3.- El FONDICT-UAEM subcontrató con diversos proveedores los servicios programados en un porcentaje superior al 49.0%, no obstante haber señalado que se contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de las addenda y que por ello no requería de la contratación con terceros en un porcentaje mayor del señalado, sin haber demostrado ni presentado al área contratante, antes de la firma de los contratos, las documentales que comprobara su capacidad para llevar a cabo los servicios que le fueron solicitados, las cuales debieron formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del área contratante, dicha asignación fue fuera del marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.- A su vez se le realizo la auditoría número 406 a la UAEM  en el mismo rubro, encontrando  el hallazgo sobre  una  plantilla de personal insuficiente, sin el perfil para poder ejecutar los trabajos asignados, por lo que  carecía de la capacidad para cumplir con los objetivos de los convenios y contratos suscritos con el CONACULTA.

5.- La evolución del presupuesto para el Programa Presupuestario E011 “Impulso a la cultura” a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,    ha sido de la siguiente manera:

Millones de pesos

Año

Programado

Ejercido

Variación

2012

6, 697, 666.7

7, 824, 575.7

116.8

2013

7, 358, 828.7

6,978,660.6

94.8

2014

5,881, 351. 2

s/d

s/d

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

6.-Para el año 2012, se registro un sobrejercicio correspondiente a 1, 126, 909 miles de pesos, mientras que para el año 2013 se observa una diferencia por debajo el monto programado de 380, 168.1 miles de pesos.

CONSIDERACIONES

Probable Daño o Perjuicio a la Hacienda Pública

PLIEGO DE OBSERVACION

MONTO

OBSERVACION

 

12-0-11H00-12-1197-06-001

 

8´209, 357.00

No han sido validadas 1,286,733 imágenes entre CONACULTA y FONDICT-UAEM y por consiguiente no cuentan con el acta de entrega-recepción.

 

12-0-11H00-12-1197-06-002

 

68´000, 000.00

El ente fiscalizado no proporcionó los entregables y soportes documentales de los servicios contratados.

 

12-0-11H00-12-1197-06-003

 

51´923, 191.00

El ente fiscalizado no proporcionó los entregables y soportes documentales de los servicios contratados.

 

 

12-0-11H00-12-1197-06-004

 

 

12´133, 107.97

Se realizó el pago de los servicios por el importe total al FONDICT-UAEM, sin que se hubieran ejecutado la totalidad de los servicios, amparado con una carta de garantía por el proveedor FONDICT-UAEM.

12-0-11H00-12-1197-06-005

35´380, 369.00

El ente fiscalizado no proporcionó los entregables y soportes documentales de los servicios contratados.

12-0-11H00-12-1197-06-006

167´822, 097.17

El ente fiscalizado pagó un sobrecosto por la adquisición de los libros impresos y de las bases de datos digitalizadas.

12-0-11H00-12-1197-06-007

6´374, 125.77

El ente fiscalizado no proporcionó la totalidad de los entregables y soportes documentales, ni se instalaron en su totalidad los servicios contratados

12-0-11H00-12-1197-06-008

636, 245.50

El ente fiscalizado pagó el total de las imágenes digitalizadas; sin embargo, no proporcionó evidencia de la totalidad de la entrega de 99,725 imágenes.

Total

$ 350,478,493.20

 

Fuente: Informe de Auditoría Forense 1197 del Informe de Resultado

1.- CONACULTA durante la revisión de la ASF,   no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en el cuadro anterior, por su parte el FONDICT-UAEM subcontrató en forma directa el 100.0% de los servicios, inclusive 95.0% del monto total asignado con un sólo proveedor, sin haber acatado las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar el servicio por sí mismo, asimismo  el CONACULTA no acredito fehacientemente la entrega de los servicios.

2.- El marco legal que asiste al CONACULTA se encuentra en los siguientes preceptos:

Ley general de educación, Ley orgánica de la administración pública federal, Ley federal de cinematografía, Reglamento de la ley de fomento para la lectura y el libro, Acuerdo no. 151 del secretario de educación pública por el que se delegan facultades en el presidente del consejo nacional para la cultura y las artes, Ley general de bibliotecas. Ley federal de derechos, Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Revisión de Convocatorias del CONACULTA, entre otros. 

3.- El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

4.-Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente  al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Lic. Rafael Tovar y de Teresa, para que haga del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria solicitadas por la ASF del programa “Impulso a la cultura”, derivadas de la auditoria forense 1197/2012  respecto del probable daño a la Hacienda Pública Federal que asciende a 350.4 millones de pesos, en virtud de diversas irregularidades, tales como la falta de comprobación en la entrega de recursos otorgados, sobrecostos, entre otros hallazgos.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a solventar las irregularidades en la falta de coordinación con las demás entidades de la administración pública, mismas que fueron notificadas por la Auditoría Superior de la Federación mediante el oficio núm. DGADPP/626/2013, encontrados en la Auditoría 0375 del 2012. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de cumplimiento Número 12-0-12S00-02-0305, relativa al "Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios y gastos de operación". Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía administrativa, técnica y operativa; que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en términos de la Ley General de Salud (LGS) y demás disposiciones aplicables. Su estructura organizacional se fundamenta en procesos interdependientes en materia de evidencia y manejo de riesgos, fomento, autorización y operación sanitaria, así como, control analítico y ampliación de cobertura; asimismo, opera con las 32 entidades federativas en un marco de coordinación, cooperación y corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipal, mediante la firma de los acuerdos de coordinación en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, para conformar el Sistema Federal Sanitario (SFS); al cual la COFEPRIS le destina 56 centavos de cada peso disponible del Fondo de Aportación a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC), a efecto de fortalecerlo permanentemente.

2. Asimismo, para el ejercicio de sus funciones se encuentra integrada por ocho unidades administrativas: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMR), Comisión de Fomento Sanitario (CFS), Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), Comisión de Operación Sanitaria (COS), Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS), Coordinación General Jurídica y Consultiva (CGJC), Secretaría General (SG); y cuatro órganos de consulta y opinión: los consejos Interno, Científico, Consultivo de la Publicidad y Consultivo Mixto.

3. El programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", que opera la COFEPRIS se encuentra alineado con el eje 3. Igualdad de Oportunidades, objetivo 4.1 Fortalecimiento de los Programas de Protección contra Riesgos Sanitarios, del Plan Nacional de Desarrollo PND 2006-2012, y al objetivo 1. "Mejorar las condiciones de salud", estrategias 1."Fortalecer las Acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios" y 6."Garantizar recursos financieros.

4. Cabe señalar que al programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación se le han asignado recursos, mismos que los ha ejercido de la forma siguiente:

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
(cifras en millones de pesos)

 

Autorizado

Ejercido

2011

752.11

1,051.19

2012

826.37

1,280.67

2013

909.62

1,149.23

2014

835.26

 

Fuente: SHCP

CONSIDERACIONES

A. De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, que tuvo como objetivo fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto ejercido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

B. De la revisión en comento, la Auditoría Superior de la Federación emitió Dictamen Negativo, en virtud de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, destacando los principales resultados siguientes:

a) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) pagó 111,415.5 miles de pesos por los servicios de adecuaciones y mantenimiento del inmueble arrendado en la calle Oklahoma, no obstante que por medidas de austeridad no procedían las erogaciones para la remodelación de oficinas.

b) La entidad fiscalizada pagó 35,371.0 miles de pesos sin contar con los entregables pactados y 769.2 miles de pesos que exceden el monto contratado.

c) En relación con las transferencias de recursos a las entidades federativas para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, nueve entidades federativas no reintegraron los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2012 por 24,186.9 miles de pesos.

d) La COFEPRIS pagó 2,498.3 miles de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México por gastos administrativos que no fueron pactados en el convenio de colaboración.

e) Por lo que respecta al ejercicio de los recursos del acuerdo de Ministración autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un monto de 200,000.0 miles de pesos para el programa presupuestario sustantivo G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", la COFEPRIS no los utilizó con el fin de efectuar procedimientos licitatorios para las adquisiciones de bienes y servicios, y al cierre del ejercicio no reintegró el remanente por 2,172.7 miles de pesos a la TESOFE. Además, los procedimientos de contratación realizados por la COFEPRIS al amparo de los artículos 1, 41, fracciones II, III, V y XX, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no cuentan con la documentación que acredita que se buscaron las mejores condiciones para el Estado; y se fraccionó la contratación de los servicios de fotocopiado para quedar comprendidos en el procedimiento de excepción a licitación pública.

C. De los hallazgos encontrados, en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, la Auditoría Superior de la Federación determinó recuperaciones por 176,895.9 miles de pesos, de los cuales 482.3 miles de pesos fueron operados, y 176,413.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, mismas que a la fecha siguen sin recuperarse o en su caso por aclarar 173,915.19miles de pesos.

D. Asimismo, la ASF determinó 21 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 20 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.

E. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.

F. Respecto a lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 173,915.19 miles de pesos, de los cuales  se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal y faltan de atenderlas 15 acciones que se describen a continuación:

ACCIONES

CONCEPTO

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA

12-0-12S00-02-0305-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,172,710.70 pesos (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos diez pesos 70/100 M.N.) por concepto de recursos no reintegrados a la Tesorería de la Federación que al cierre del ejercicio 2012 se encontraban depositados en la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del acuerdo de ministración para su control.

No Notificado

12-0-12S00-02-0305-06-002 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 769,207.21 pesos (setecientos sesenta y nueve mil doscientos siete pesos 21/100 M.N.) por concepto de pagos realizados que exceden el monto contratado, sin que la entidad fiscalizada demostrara que se presentaron las razones fundadas y explícitas que originaron el incremento, aunado a que no se formalizó el aumento de la cantidad de bienes y servicios contratados mediante los convenios modificatorios respectivos.

No Notificado

12-0-12S00-02-0305-06-003 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 35,370,930.42 pesos (treinta y cinco millones trescientos setenta mil novecientos treinta pesos 42/100 M.N.) por concepto de pagos realizados sin contar con los documentos o entregables que evidencien que los bienes y servicios contratados mediante los instrumentos jurídicos núms. 052-DCC-S-040-11 y COFEPRIS-006-12 se recibieron de conformidad con la descripción del servicio, las generalidades establecidas, características, especificaciones técnicas y económicas, así como los requisitos estipulados en los contratos y sus anexos respectivos.

No Notificado

12-0-12S00-02-0305-06-005 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 111,415,481.29 pesos (ciento once millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos ochenta y un pesos 29/100 M.N.) por concepto de adecuaciones y mantenimiento del inmueble arrendado ubicado en Calle Oklahoma núm. 14, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, México D.F., que se realizaron mediante los contratos núms. COFEPRIS-084-12, y COFEPRIS-084-12-A al amparo del artículo 42 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que consistieron en las mejoras y adaptaciones relacionadas con la remodelación y modificación de los espacios, acabados e instalaciones del inmueble necesarias para la prestación de los servicios, para atender las necesidades de la entidad fiscalizada, como son: preliminares, desmantelamiento y desmontajes; albañilería, muros y plafones; acabados en pisos, carpintería, cocinetas, cancelería y herrería, pintura; instalaciones eléctricas; cableado estructurado (voz y datos); sistema de aire acondicionado; subestación eléctrica; mantenimiento de elevadores; mobiliario, persianas y señalización, entre otros, no obstante que por medidas de austeridad, para el ejercicio 2012 no procederían erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas que fueran estructurales y no pudieran postergarse o las que implicaran una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generaran ahorros en el mediano plazo; asimismo, no acreditaron los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor en los que se fundamentó la adjudicación mediante la excepción a licitación pública para la realización de las obras de remodelación del inmueble arrendado, no solicitaron la aprobación del arrendador del inmueble para realizar las mejoras y adaptaciones al edificio, ni pactaron con el arrendador una duración del contrato que permitiera compensar las erogaciones realizadas en las mejoras y adaptaciones.

No Notificado

12-0-12S00-02-0305-06-006 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 24,186,861.75 pesos (veinticuatro millones ciento ochenta y seis mil ochocientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) por concepto de recursos ministrados a la Secretaría de Finanzas o su equivalente en los gobiernos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz para el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y que a la fecha de la auditoría (octubre 2013), los Servicios Estatales de Salud u Organismos Públicos Descentralizados o su equivalente en esas entidades federativas, en su carácter de unidades ejecutoras, no fueron devengados al 31 de diciembre de 2012 ni reintegrados en la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros por el tiempo en el que tuvieron los recursos en sus cuentas bancarias específicas.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión ejercieron los recursos del acuerdo de ministración autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto de 200,000.0 miles de pesos en el programa presupuestario sustantivo G004 "Protección contra Riesgos Sanitarios", sin efectuar procedimientos licitatorios para las adquisiciones de bienes y servicios, aun cuando por regla general las adquisiciones, arrendamientos y servicios se deben realizar a través de licitaciones públicas, a fin de obtener un proceso ordenado y transparente en el ejercicio del gasto, así como para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron los procedimientos de contratación por excepción a licitación al amparo de los artículos 1, 41, fracciones II, III, V y XX, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sin contar con la documentación que acredita que se buscaron las mejores condiciones para el Estado, como son las investigaciones de mercado; la información y documentación que justifique y acredite el supuesto de excepción a licitación pública con la cual se determinó realizar la contratación de los bienes y servicios; el escrito expedido por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, en el cual se expusieron las razones en las que se fundó y motivó la selección de los procedimientos de excepción a licitación, y que éstos se acreditaron en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia; la documentación que acredite que antes de iniciar los procedimientos de contratación se contó invariablemente con suficiencia presupuestaria y la partida presupuestal que sería afectada para realizar las adquisiciones correspondientes; las requisiciones de los bienes y servicios, de la documentación comprobatoria en la que se indique la no existencia de bienes de las mismas características o, en su caso, el nivel de inventario de los mismos; además, en las adjudicaciones al amparo del artículo 1, no contaron con la documentación que acredite que los proveedores contaban con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no realizarían la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49.0% del monto del contrato.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión formalizaron los contratos para el ejercicio 2012 sin establecer la descripción pormenorizada de los servicios objeto del contrato, así como la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso; asimismo, no incluyeron los datos ni anexaron los documentos que acrediten la existencia y personalidad del proveedor adjudicado; no difundieron en la página de CompraNet los datos de los contratos celebrados; no integraron el original de los contratos en el expediente respectivo; no solicitaron las garantías de cumplimiento; ni establecieron la forma y términos en que se realizaría la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes y servicios, así como la conformidad del proveedor de que hasta en tanto ello no se cumpliera, éstos no se tendrían por recibidos o aceptados.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión presentaron de forma extemporánea al Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los informes mensuales relativos a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañados de la copia del dictamen en el que se hiciera constar el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación de los contratos.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión fraccionaron las operaciones del servicio de fotocopiado adjudicadas mediante los contratos COFEPRIS-018-BIS-12 y COFEPRIS-100-BIS-12, ambos por 243.6 miles de pesos, para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública que señala el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ya que en suma exceden el monto máximo indicado en el Anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de adjudicación; los servicios objeto de las contrataciones son exactamente los mismos; las operaciones se efectuaron en el ejercicio fiscal 2012; el área contratante y la requirente son las mismas en ambos casos por lo que pudieron prever las contrataciones en un sólo procedimiento, ya que se contrató al mismo proveedor.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión pagaron 5,628.4 miles de pesos con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros" que corresponden a la partida 36901 "Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos"; así como, 281.8 miles de pesos con la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales" que pertenecían a la 33401 "Servicios para capacitación a servidores públicos"; no obstante que las partidas que debieron afectarse no contaron con presupuesto asignado y los servicios pagados no pertenecen a los conceptos de gasto que cubren las partidas afectadas, como se establece en el clasificador por objeto del gasto y en las cláusulas de los contratos celebrados.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no integraron los expedientes por cada uno de los bienes arrendados con la documentación que señala la norma en materia de arrendamiento; no evaluaron la conveniencia de continuar su ocupación, y no justificaron ante la Secretaría de la Función Pública el arrendamiento de dichos inmuebles ni optimizaron el uso de los mismos; realizaron extemporáneamente la captura de los datos correspondientes a los contratos núms. COFEPRIS-005-12 y COFEPRIS-007-12 en la página web que para estos efectos tiene el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y no registraron los contratos núm. COFEPRIS-CM-007-12 y COFEPRIS-051-12; no utilizaron el modelo de contrato previsto en la norma en materia de arrendamiento en los contratos celebrados núms. COFEPRIS-005-12 y COFEPRIS-007-12 COFEPRIS-CM-007-12 y COFEPRIS-051-12; no realizaron la asignación de espacios en función a las Tablas de superficie máxima a ocupar de los inmuebles de "Oaxaca" y "Oklahoma" y a las plantillas vigentes de los servidores públicos que ocuparon los inmuebles; no elaboraron el Programa Anual de Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento de Inmuebles, ni el formato Programa anual de requerimientos en materia de arrendamiento de inmuebles, los cuales forman parte del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales; no recabaron con anterioridad a la formalización de los contratos de arrendamiento el documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de los arrendadores, previsto en la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012; no estipularon en los contratos formalizados por concepto de arrendamiento la forma en que serían compensados los pagos del mantenimiento de los inmuebles que se realizara con cargo al arrendatario.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no demostraron la necesidad de tomar en arrendamiento el inmueble ubicado en Calle Oklahoma núm. 14, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C. P. 03810, México D.F., en razón de que reuniera las mejores características en cuanto a la distribución de la población por servir, la conveniente integración física de las unidades administrativas, las necesidades de espacio, seguridad, higiene, austeridad y funcionalidad para el público y el personal; además, realizaron trabajos por concepto de adecuaciones y mantenimiento mediante los contratos núms. COFEPRIS-084-12, y COFEPRIS-084-12-A al amparo del artículo 42 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que consistieron en las mejoras y adaptaciones relacionadas con la remodelación y modificación de los espacios, acabados e instalaciones del inmueble necesarias para la prestación de los servicios, para atender las necesidades de la entidad fiscalizada, como son: preliminares, desmantelamiento y desmontajes; albañilería, muros y plafones; acabados en pisos, carpintería, cocinetas, cancelería y herrería, pintura; instalaciones eléctricas; cableado estructurado (voz y datos); sistema de aire acondicionado; subestación eléctrica; mantenimiento de elevadores; mobiliario, persianas y señalización, entre otros, de este inmueble que ascendieron a 111,415.5 miles de pesos; no obstante que por medidas de austeridad, para el ejercicio 2012 no procederían erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas que fueran estructurales y no pudieran postergarse o las que implicaran una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles y generaran ahorros en el mediano plazo; asimismo, no acreditaron los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor en los que se fundamentó la adjudicación mediante la excepción a la licitación pública para la realización de las obras de remodelación del inmueble arrendado, no solicitaron la aprobación del arrendador del inmueble para realizar las mejoras y adaptaciones al edificio, ni pactaron con el arrendador una duración del contrato que permitiera compensar las erogaciones realizadas en las mejoras y adaptaciones, lo anterior en razón de que la vigencia del contrato de arrendamiento fue de un año.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no formalizaron el "Acta de Entrega-Recepción de Inmueble" de fecha 2 de enero de 2013 al concluir la vigencia del contrato núm. COFEPRIS-007-12 y su modificatorio núm. COFEPRIS-CM-007-12 correspondientes al inmueble arrendado ubicado en la calle Oaxaca núm. 26 y 28 Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F.

No Notificado

12-9-12S00-02-0305-08-011 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no formalizaron oportunamente los convenios durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, ya que los celebró en abril, mayo y junio de 2012; asimismo, no efectuó las transferencias en los plazos establecidos, lo que no garantiza la aplicación oportuna de los recursos para los fines para los cuales fueron otorgados.

No Notificado

G. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

H. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

I. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, C. Mikel Arriola Peñalosa, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender  las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-12S00-02-0305, relativa al “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios y Gastos de Operación”, que refieren principalmente a los 173.92 millones de pesos, detectados como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales  se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, por concepto "donativos a instituciones sin fines de lucro", realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. Por hallazgos en la Cuenta Pública 2009, se detectaron irregularidades en la comprobación de un donativo otorgado a la asociación Sumando Amor, A.C., las cuales derivaron en una denuncia de hechos, y se programó la revisión de la Cuenta Pública 2010.

2. Al respecto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2011, realizó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, correspondiente a “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, con el objetivo de Fiscalizar la gestión financiera para verificar la aplicación de recursos federales conforme a los fines previstos en las disposiciones legales y normativa aplicable.

3. Derivado de la revisión en comento, la Auditoría Superior de la Federación emitió Dictamen Negativo, toda vez que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el otorgamiento de donativos, como se precisa en los resultados y que se refieren principalmente a que Sumando Amor, A.C. con los recursos del donativo que le otorgó el CONACULTA, contrató servicios de asesorías jurídicas y administrativas no contemplados en el proyecto de “Restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe (Fase III)” ni en el contrato de donación por 500.0 miles de pesos; no se llevaron a cabo trabajos de obra por 200.0 miles de pesos, y en sustitución de éstos se realizaron sin autorización diversas adecuaciones en oficinas, sótano y bodegas, que no fueron contratados y que no están incluidos en el proyecto motivo del contrato de donación; y la Asociación Civil realizó operaciones irregulares que implican el desvió recursos del donativo por 3,351.7 miles de pesos que el prestador de servicios y contratistas depositaron en dos cuentas bancarias que manejó el Secretario Técnico de Sumando Amor, A.C.

4. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación determinó recuperaciones probables por
5.16 millones de pesos; así como 7observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 Pliegos de Observaciones, 1 Denuncia de Hechos y 1 Multa.

5. A lo anterior, cabe señalar que a la fecha ya se solventaron las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con excepción a 1 pliego de observación que se encuentra en seguimiento, mismo que se describe en el cuadro siguiente:

ACCIÓN

CONCEPTO

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Pliegos de Observaciones
10-0-11H00-12-0845-06-001.-

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,851,742.29 pesos (tres millones ochocientos cincuenta un mil setecientos cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.), en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo Sumando Amor, A.C. desvió recursos en su beneficio

En seguimiento

6. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

7. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

8. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, C. Rafael Tovar y de Teresa, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, relativo al probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 3.85 millones de pesos, en virtud de que la asociación beneficiaria del donativo “Sumando Amor, A.C.” desvió recursos en su beneficio, derivado de la Auditoría Forense número 10-0-11H00-12-0845, por concepto “Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Jalisco a hacer del conocimiento público las medidas que han implementado a fin cumplir con los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-17100-02-0306. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. El “Programa Investigar y Perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” con clave presupuestaria “E003”, tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.

2. El “Programa Investigar y Perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada” contribuye al cumplimiento del objetivo Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente., considerado en la Meta Nacional 1. México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como a los objetivos del Programa Nacional de Procuración de Justicia: Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, y Reducir la impunidad.

3. Sin embargo, en la revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2012, mediante la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa al Programa E003 "Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada" de la Procuraduría General de la República, se determinaron recuperaciones probables por 16.7 millones de pesos, así como 17 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 16 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

4. Al respecto, la ASF emitió Dictamen con Salvedad; toda vez que  la Procuraduría General de la República cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se que se refieren principalmente a lo siguiente:

a) La investigación de mercado que dio origen al contrato núm. PGR/AD/CN/ADQ/137/2012 no se elaboró y sustentó considerando todos los requisitos que aseguraran las mejores condiciones para el Estado;

b) No se proporcionó evidencia oficial que sustentara la entrega de los bienes adquiridos con cargo en los contratos núms. PGR/AD/CN/ADQ/136/2012 y PGR/AD/CN/ADQ/137/2012, por lo que no fue posible determinar la entrega oportuna de los bienes o la aplicación de las penalizaciones correspondientes;

c) No se aplicaron penalizaciones por 621.4 miles de pesos, por atrasos en la entrega de los bienes del contrato núm. PGR/AD/CN/SERV/122/2012;

d) No se formalizó un convenio modificatorio, aun cuando no se ejerció el monto mínimo del contrato;

e) El sistema de inventarios que utiliza la PGR no contiene los módulos y funcionalidades suficientes para garantizar un manejo óptimo de los bienes adquiridos, ya que no está enlazado en los diferentes almacenes, no emite reportes necesarios para su fiscalización, la información se captura manualmente, sólo permite el registro de bienes en dólares;

f) No se cuenta con un manual para la administración de sus inventarios, que permita una eficiente y oportuna identificación de necesidades de partes aéreas y realizar proyecciones con base en los consumos históricos;

g) Se realizó un pago de combustible duplicado por 37.2 miles de pesos;

h) Una aeronave efectuó un vuelo sin contar con el certificado de aeronavegabilidad.

i) No se han realizado las conciliaciones con la Compañía Aseguradora para recuperar las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR, por 16,021.8 miles de pesos.

j) No se registró contablemente la propiedad de 23 aeronaves y no se cuenta con los documentos que sustentan el alta contable y la propiedad de otras 9 aeronaves.

5. A lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 16.7 millones de pesos y  faltan de atender 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones, mismas  que se describen a continuación:

ACCIONES

CONCEPTO

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA

12-9-17100-02-0306-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la investigación de mercado relativa al contrato núm. PGR/AD/CN/ADQ/137/2012 sin considerar todas las circunstancias para la comparación objetiva entre bienes iguales o de la misma naturaleza, que demuestren que no existían ofertas de otros proveedores en cuanto a características, cantidad, calidad y precio de la adquisición a efecto de contar con los elementos suficientes para elegir el procedimiento de adjudicación; asimismo, que no revisaron que al expediente de contratación se agregaran todas las constancias que sustentaron la investigación de mercado en comento, a fin de comprobar que en la adquisición se garantizaron las mejores condiciones para el Estado.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que la entrega de los bienes en las bodegas del Agente Aduanal en Laredo Texas, solicitados mediante las órdenes de abastecimiento núms. DGAOT-137-2012-02, BELL/2012/GDL/AR-OA-01, BELL/2012/GDL/AR-OA-02, BELL/2012/GDL/AR-OA-03, BELL/2012/GDL/AR-OA-04 y BELL/2012/GDL/AR-OA-05, de fechas 8 de agosto, 17 de octubre, 8 y 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2012, se respaldara en documentación oficial, lo que evitó verificar la entrega oportuna de los bienes o la determinación, en su caso, de las penalizaciones correspondientes; asimismo, que omitieron precisar en los contratos referidos los mecanismos mediante los cuales se sustentaría documentalmente la entrega-recepción de los bienes en las bodegas del Agente Aduanal en Laredo Texas.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el cambio de las matrículas núms. XA-FSC, XA-CTL y XB-MWQ a una con nomenclatura "XC" que identifica a una aeronave al servicio del Estado; además autorizaron el vuelo del 22 de septiembre de 2012 de la aeronave con matrícula núm. XA-CTL sin contar con su certificado de aeronavegabilidad.

No atendida

12-9-17100-02-0306-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron contablemente la propiedad de 23 aeronaves y no conservaron los documentos que sustentan el alta contable y la propiedad de 9 aeronaves.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 621,371.18 pesos (seiscientos veintiún mil trescientos setenta y un pesos 18/100 M.N.), por no aplicar penas convencionales por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos mediante el contrato núm. PGR/AD/CN/SERV/122/2012.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-002 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 37,178.22 pesos (treinta y siete mil ciento setenta y ocho pesos 22/100 M.N.), por el pago duplicado de la nota de remisión núm. 21751349 que se realizó por concepto de suministro de combustible con las facturas núms. 183581 y 185920.

No atendida

12-0-17100-02-0306-06-003 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16,021,766.44 pesos (dieciséis millones veintiún mil setecientos sesenta y seis pesos 44/100 M.N.), por la omisión del entero a la Tesorería de la Federación de las primas por estadías en tierra de la flota aérea de la dependencia convenidas en la póliza núm. 3601200000049, con vigencia de marzo a diciembre de 2012.

No atendida

6. Por otra parte, en cuanto al presupuesto asignado y ejercido en el programa presupuestario “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, se detecta que en los últimos años ha ido incrementando, asimismo, ha presentado subejercicios con respecto a su presupuesto aprobado desde el  2009 al 2013, como se muestra a continuación:

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
(Cifras en millones de pesos)

 

Autorizado

Ejercido

2009

1,737.13

1,614.54

2010

1,525.53

1,365.72

2011

1,645.17

1,600.41

2012

2,258.41

1,752.34

2013

2,374.84

2,115.30

2014

2,219.30

 

Fuente: SHCP

7. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

8. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

9. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

10. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2 define el subejercicio del gasto como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir con las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Asimismo el segundo párrafo de éste artículo define que los calendarios autorizados tienen como propósito la oportuna ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los sociales y de infraestructura.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, C. Jesús Murillo Karam, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-17100-02-0306, relativa  al “Programa E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada", que refieren principalmente a los 16.7 millones de pesos, detectados por la Auditoría Superior de la Federación como recuperaciones probables, correspondientes a  penalizaciones por atrasos en la entrega de los bienes, pago de combustible duplicado y a  las primas por estadías en tierra del parque aéreo de la PGR;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, C. Jesús Murillo Karam, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las causas del subejercicio respecto a su presupuesto original, que presenta de 2009 al 2013, el “Programa E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada".

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público las causas y justificación del subejercicio respecto a su presupuesto original, que ha presentado el programa presupuestario "E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal" de 2009 al 2013. Se turna a la Tercera Comisión.








De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera con enfoque de desempeño número 12-3-15QIQ-14-0440, correspondiente al fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "Programa Tu Casa". Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LÓPEZ SUÁREZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) se instituyó con la finalidad de atender la demanda nacional de vivienda de los hogares en pobreza patrimonial, para consolidar y fortalecer el patrimonio familiar y garantizar el acceso a una vivienda digna, mediante el otorgamiento de subsidios a través de programas de vivienda para la adquisición, construcción, mejoramiento, ampliación o remodelación y autoconstrucción de vivienda, particularmente en las áreas rurales y zonas urbanas de alta marginación y rezago social.  

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" (actualmente “Vivienda Digna”), está sujeto a reglas de operación y su objetivo se alineó al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 3 "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 1 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, en sus objetivos números 3 y 4.

La coordinación de esfuerzos para destinar recursos financieros, para la operación del programa “Tu Casa”, quedó establecida en los “Convenios de Ejecución” con la participación de las instancias y funciones siguientes:

a) FONHAPO, como “Instancia Normativa” facultada para interpretar las reglas de operación; resolver los aspectos no incluidos en ellas; elaborar el manual de operación, diseñar, actualizar y operar el Sistema Integral de Información (SIDI); prever que las aportaciones se realicen y ejerzan de manera oportuna, en cumplimiento de la normativa; integrar el padrón de beneficiarios de programa, mantenerlo actualizado y remitirlo a la SEDESOL.

b) Delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas, como “Instancias Auxiliares”, representan a la Instancia Normativa en los asuntos relacionados con el programa, y entre otras actividades, reciben, revisan y remiten al FONHAPO los Planes de Trabajo Anual; reportes mensuales de avance físico; trimestrales de avance financiero; resguardan los bonos de subsidios otorgados; entregan los certificados de subsidio federal a los beneficiarios del programa, capacitan al personal de la Instancia Ejecutora que así lo requiera y verifican y supervisan las acciones de vivienda.

c) Institutos de Vivienda de los estados, municipios y delegaciones federales de la SEDESOL en los estados, como “Instancias Ejecutoras”, encargadas de elaborar Planes de Trabajo Anual; contratar la ejecución de obras para la construcción de las acciones de vivienda; informar a la instancia auxiliar los avances físicos y financieros; integrar los expedientes de los beneficiarios y entregar las acciones de vivienda.

2. En virtud de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero del 2013, el FONHAPO dejó de estar coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y quedó sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Actualmente el FONHAPO es un Fideicomiso coordinado por la SEDATU que, a través del otorgamiento de subsidios, atiende la demanda nacional de las familias en situación de pobreza patrimonial para que adquieran, edifiquen, amplíen o mejoren sus viviendas, opera a través de:
Programas de Subsidios: Vivienda Digna y Vivienda Rural, ambos con cobertura nacional dirigidos a los hogares que viven en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

Programas de Financiamiento de crédito: Fondo Nacional de Garantías a la Vivienda Popular FONAGAVIP y Escrituración, estos se enfocan a los beneficiarios que recibieron un financiamiento de crédito. El primero es un programa de garantías que mediante la participación de diferentes actores, tanto públicos como privados, logrará potenciar los limitados recursos disponibles buscando incrementar el otorgamiento de microcréditos para vivienda a las familias de menores ingresos, que por su condición económica reciben poco financiamiento y a tasas de interés muy altas y el segundo se enfoca a la atención de beneficiarios que en ejercicios anteriores se les otorgo una vivienda y no cuentan con las escrituras de su propiedad.

A través de los programas de subsidios y financiamiento de crédito junto con la colaboración de los Organismos Estatales de vivienda y de los Gobiernos Estatales y Municipales, el FONHAPO contribuye a la consolidación del patrimonio familiar de las familias mexicanas que viven en pobreza patrimonial, siendo su principal objetivo el otorgamiento de viviendas nuevas.

3. Mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se han asignado recursos, mismos que se han ejercido en los Programas de Subsidios: Vivienda Digna y Vivienda Rural, de la siguiente forma: 

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
(Cifras en millones de pesos)

Vivienda Digna

Vivienda Rural

 

Autorizado

Ejercido

Autorizado

Ejercido

2012

1,512.40

1,906.55

700.00

861.47 

2013

428.28

1,707.83

44.62

910.441 

2014

1,624.28

 

741.42

 

Fuente: SHCP

CONSIDERACIONES

A. De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de la  Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño número 12-3-15QIQ-14-0440, que tuvo como objetivo Fiscalizar la gestión financiera de los recursos aplicados mediante el programa "Tu casa", para verificar que en su autorización, otorgamiento, ejercicio y comprobación se observaron las reglas de operación; verificar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de gestión y el registro contable y presupuestal de las erogaciones conforme a las disposiciones legales y normativas; revisión en la cual emitió dictamen con salvedad, detectando entre otros resultados que refieren principalmente a lo siguiente: 

Instancia Normativa, Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FONHAPO)

• El FONHAPO no aseguró la eficiencia y eficacia en la gestión financiera de los recursos aplicados en la operación del programa “Tu Casa”, ya que no actualizó el manual de operación del programa “Tu Casa”, con las actividades que se realizan en la práctica; no implementó procedimientos de control y supervisión específicos para verificar que las aportaciones de beneficiarios se realicen conforme a la normativa, para que se haga del conocimiento de las instancias ejecutoras la aplicación de leyes federales y verificación de impuestos aplicables; tampoco desarrolló ni implementó procedimientos para regular las actividades de las áreas que intervienen en la operación del programa.

• En los expedientes de las 110 instancias ejecutoras, integrados por FONHAPO, no se localizaron 44 anexos referentes a los avances financieros en la ejecución del programa. De 110 instancias ejecutoras de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, 67 (60.9%) incumplieron parcial o totalmente con la entrega de anexos referentes a los avances físicos en la ejecución del programa.

• No ha gestionado ni exigido a las instancias ejecutoras los formatos que acrediten la entrega de 1,736 acciones de vivienda.

• No acreditó el entero a la TESOFE de las cargas financieras de un reintegro extemporáneo.

• El Sistema Integral de Información (SIDI) no incluyó actualizaciones por 6,834.3 miles de pesos, por cancelaciones de acciones y por economías en el costo de las acciones de vivienda. No cuenta con el padrón definitivo de los 1,925 beneficiarios del Programa Emergente originado por el Huracán "Carlotta". El padrón de beneficiarios publicado por SEDESOL es menor en 11,573 subsidios respecto del padrón presentado como definitivo por FONHAPO, por 74,381 subsidios.

Instancias Auxiliares

• La Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Veracruz no acreditó el resguardo de 146 Bonos de Subsidio federal de 12 instancias ejecutoras del programa “Tu Casa”, no validó ni turnó con oportunidad 5 anexos III, 4 anexos V y 6 formatos 11. La Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Oaxaca no acreditó el envío formal al FONHAPO de 3 formatos 11.

Instancias Ejecutoras

• El proceso de adjudicación realizado por el Municipio de Tepatlaxco, Veracruz, para la construcción de 150 acciones por 10,536.8 miles de pesos más IVA, no se fundamentó en leyes federales, por la participación de recursos federales.

• En los 6 procesos de contratación de materiales para la ejecución de 173 acciones de vivienda en el Municipio de Larráinzar, Chiapas, por 10,651.5 miles de pesos, se debieron aplicar leyes federales por la participación de recursos federales.

• A octubre de 2013, la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca no acreditó la entrega de 126 acciones de vivienda a los beneficiarios.

• Conforme a lo convenido en los 15 contratos de obra pública de la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Chiapas, 1 del Municipio de Tepatlaxco y 1 del Municipio de Mariano Escobedo ambos de Veracruz, se realizaron pagos del Impuesto al Valor Agregado con recursos federales, por 13,320.5 miles de pesos, 1,095.8 miles de pesos y 463.6 miles de pesos, respectivamente, aun cuando en la construcción destinada a casa habitación no es aplicable dicho impuesto.

B. Respecto a lo anterior, cabe señalar que de los hallazgos encontrados, la Auditoría Superior de la Federación determinó 9 observaciones mismas que generaron 23 acciones: 13 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones; de las cuales a la fecha faltan de atender las 9 acciones que se describen a continuación:

ACCIONES

CONCEPTO

12-9-20113-14-0440-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Veracruz, que en su gestión no acreditaron el resguardo de 146 Bonos de Subsidio   Federal de 12 instancias ejecutoras del Programa de  Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa", en el ejercicio 2012.

12-9-20113-14-0440-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las delegaciones federales de la SEDESOL en los estados de Veracruz y Oaxaca, que en su gestión no contaron con evidencia documental que   acredite que supervisaron y verificaron aleatoriamente la operación del programa "Tu Casa" 2012, mediante visitas domiciliarias a los beneficiarios, entrega de los certificados de subsidio federal, reuniones con instancias ejecutoras para el seguimiento del programa, entre otras, en incumplimiento del manual de operación del programa "Tu Casa".

12-B-30000-14-0440-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatlaxco, Veracruz, que en su gestión establecieron el pago del Impuesto al Valor Agregado(IVA) en el contrato de obra pública número FISM-2012170002, lo que resultó en pagos con recursos federales, por 1,095.8 miles de pesos por dicho impuesto, aun cuando en la construcción de casa habitación no es aplicable.

12-B-30000-14-0440-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Mariano Escobedo, Veracruz, que en su gestión establecieron el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el contrato de obra pública número MME/OP/LP/2012/102/001, lo que resultó en pagos con recursos federales, por 463.6 miles de pesos por dicho impuesto, aun cuando en la construcción de casa habitación no es aplicable.

12-9-20113-14-0440-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Chiapas que en su gestión establecieron el pago del Impuesto al Valor Agregado en 15 contratos de obra pública números AO-SDS-CHIS/FONHAPO-OP-049/12 al 063/12, lo que resultó en pagos con recursos federales, por 13,320.5 miles de pesos por dicho impuesto, aun cuando en la construcción de casa habitación no es aplicable.

12-D-30101-14-0440-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 463,576.86 pesos (cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 86/100 M.N.), de recursos federales, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convenido indebidamente en el contrato de obra pública número MME/OP/LP/2012/102/001, soportado en facturas, estimaciones de obra y estados de cuenta.

12-D-30165-14-0440-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,095,827.59 pesos (un millón noventa y cinco mil ochocientos veintisiete pesos 59/100 M.N.), de recursos federales, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convenido indebidamente en el contrato de obra pública número FISM-2012170002, soportado en facturas, estimaciones de obra y estados de cuenta

12-9-15QIQ-14-0440-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron el entero de las cargas financieras ocasionadas por el reintegro extemporáneo de recursos, efectuado a la Tesorería de la Federación el 4 de septiembre de 2013.

12-B-20000-14-0440-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Vivienda de Oaxaca (CEVI) que en su gestión no vigilaron el cumplimiento del plazo de ejecución (15 de octubre de 2013) establecido en el contrato y sus convenios modificatorios, para la conclusión y entrega a los beneficiarios de 126 Unidades Básicas de Vivienda Rural (UBVR) del programa "Tu Casa" 2012.

A. Por otra parte, cabe mencionar que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, en su apartado de “Análisis del Presupuesto de Egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la Planeación Nacional”, señala que en 2013 el presupuesto pagado del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) fue de 2,770.17 millones de pesos; al respecto,  destaca que los programas presupuestarios del FONHAPO con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

S058 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

A través de este programa presupuestario, a cargo del Fideicomiso, se pagaron recursos por 1,641.186.1 miles de pesos. Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

Hogares beneficiados con vivienda nueva: En cuanto a este indicador, referente a los subsidios otorgados para vivienda nueva, se observó un cumplimiento del 107.6% respecto a la meta original aprobada, derivado de que se buscó dar preferencia al otorgamiento de subsidios para vivienda nueva, las cuales constituyen acciones integrales de vivienda, con un mayor impacto en la calidad de vida de la población y que conforme al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a que población en situación de pobreza cuente con una vivienda digna.

Los resultados del indicador permitieron que 19,522 familias de localidades urbanas y rurales se vieran beneficiadas con una vivienda nueva; sin embargo se observan 1,377 viviendas nuevas de más a las programadas.

Hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento: En cuanto a este indicador, referente al número de subsidios otorgados para mejoramientos y ampliaciones, se observó un cumplimiento de 49.1% respecto a la meta original aprobada, gracias a las ampliaciones presupuestales al programa, lo que permitió focalizar recurso en acciones de este tipo, aún y cuando se buscó dar preferencia al ejercicio de recursos para vivienda nueva, al ser estas, acciones integrales de vivienda con un mayor impacto en la calidad de vida de la población.

Los resultados del indicador permitieron que 13,604 familias de localidades urbanas y rurales se vieran beneficiadas con mejoramientos o ampliaciones de sus viviendas; sin embargo se dejaron de beneficiar a 14,123 hogares con ampliación y mejoramiento, mismos que ya estaban aprobados.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Hogares beneficiados con vivienda nueva

 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento

Unidad de medida

Hogares

 

Unidad de medida

Hogares

VALOR DE LA META ANUAL ALCANZADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL

 

VALOR DE LA META ANUAL ALCANZADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL

Aprobada

Alcanzada

Alcanzada/Aprobada

 

Aprobada

Alcanzada

Alcanzada/Aprobada

18,145

19,522

107.6%

 

27,727

13,604

49.1%

S117 PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

A través de este programa presupuestario, a cargo del FONHAPO, se pagaron recursos por 905,238.9 miles de pesos. Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:

Hogares beneficiados con vivienda nueva: En cuanto a este indicador, referente a los subsidios otorgados para vivienda nueva, se observó un cumplimiento del 499.7% respecto a la meta original aprobada, derivado de que se buscó dar preferencia al otorgamiento de subsidios para vivienda nueva, las cuales constituyen acciones integrales de vivienda, con un mayor impacto en la calidad de vida de la población y que conforme al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a que población en situación de pobreza cuente con una vivienda digna.

Los resultados del indicador permitieron que 5,087 familias de localidades rurales de “Alta” y “Muy Alta” Marginación se vieran beneficiadas con una vivienda nueva; sin embargo se observan 4,069 viviendas nuevas de más a las programadas.

Hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento: En cuanto a este indicador, referente al número de subsidios otorgados para mejoramientos y ampliaciones, se observó un cumplimiento del 98.8% respecto a la meta original aprobada, esto derivado de que se buscó dar preferencia al ejercicio de recursos para vivienda nueva, al ser estas, acciones integrales de vivienda con un mayor impacto en la calidad de vida de la población.

Los resultados del indicador permitieron que 37,115 familias de localidades rurales de “Alta” y “Muy Alta” Marginación se vieran beneficiadas con subsidios para mejoramiento o ampliación de vivienda; sin embargo se dejaron de beneficiar a 467 hogares con ampliación y mejoramiento, mismos que ya estaban aprobados.

INDICADOR PARA RESULTADOS: Hogares beneficiados con vivienda nueva

 

INDICADOR PARA RESULTADOS: Hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento

Unidad de medida

Hogares

 

Unidad de medida

Hogares

VALOR DE LA META ANUAL ALCANZADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL

 

VALOR DE LA META ANUAL ALCANZADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL

Aprobada

Alcanzada

Alcanzada/Aprobada

 

Aprobada

Alcanzada

Alcanzada/Aprobada

1,018

5,087

499.7%

 

37,582

37,115

98.8%

C. Cabe mencionar que con relación al presupuesto asignado y ejercido en 2013 en los programas presupuestarios “Vivienda Digna” (antes denominado “Programa tu Casa”) y “Vivienda Rural”, la asignación de recursos se realizó a la Secretaria de Desarrollo Social, por 428.28 y 44.62 (mdp), respectivamente; por lo que se desconoce el destino de dichos recursos. Por otra parte, el presupuesto ejercido fue de 1,707.83 (mdp) en “Vivienda Digna” y 910.44 (mdp) en “Vivienda Rural” por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, observando que a ésta Secretaría no se le asignaron recursos para ambos programas, por lo que también se desconoce el origen de los recursos ejercidos por 1,707.83 (mdp) y 910.44 (mdp); No obstante, del análisis del presupuesto asignado a la SEDESOL y ejercido por la SEDATU, se observa un sobre ejercicio por 1,279.55 y 865.82 millones de pesos, en los programas presupuestarios “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural”, respectivamente.

Al respecto, es necesario dar transparencia al origen y ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural”, motivo de exhortó a las Secretaria de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que hagan del conocimiento público en su portal oficial de internet dicha información.

D. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

E. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

F. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, C. Rosario Robles Berlanga, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet,  las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la  Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño número 12-3-15QIQ-14-0440, correspondiente al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares “Programa tu Casa”, que refieren principalmente al pago del impuesto al valor agregado por 14.9 millones de pesos, aun cuando en la construcción destinada a casa habitación no es aplicable dicho impuesto.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, C. Rosario Robles Berlanga, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet el destino de los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a los programas presupuestarios “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural” por 428.28 y 44.62 millones de pesos, respectivamente.

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, C. Jorge Carlos Ramírez Marín, a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet las causa del incumplimiento de metas de los programas presupuestarios “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural”, así como el origen de los recursos destinados a ambos programas en el ejercicio 2013; a razón de que presentan sobre ejercicio por 1,279.55 y 865.82 millones de pesos, respectivamente, y se dejó de beneficiar a 14,123 hogares con ampliación y mejoramiento de vivienda.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la auditoría de inversiones físicas número 12-0-16100-04-0236, correspondiente al "Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)". Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. El proyecto de inversión denominado en un principio “Parque Ecológico 18 de Marzo”, actualmente Parque Bicentenario, está conformado por cinco jardines, cada uno con un carácter propio de acuerdo con las actividades que se desarrollan y son los siguientes:

• Jardín Natura, donde se encuentra el jardín botánico y la Plaza Bicentenario.

• Jardín Viento, que cuenta con un auditorio al aire libre y el área deportiva.

• Jardín Tierra, en el que se localiza el área para personas de la tercera edad, juegos infantiles, deportes extremos y el área de picnic, así como el gran corredor Paseo Bicentenario y la gran explanada.

• Jardín Sol, en el que se ubican el área de museos y la planta de tratamiento.

• Jardín Agua, donde se situaron el lago y el embarcadero.

2. En el ejercicio 2012, se continuaron los trabajos dentro del Jardín Agua, así como los correspondientes al servicio del restaurant en el Jardín Natura.

a) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012 tuvo por objeto realizar los trabajos de conclusión del Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México, D. F.; se formalizó el 1 de agosto de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 171,724.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2012 al 15 de noviembre del mismo año, 107 días naturales.

El 12 de septiembre de 2012, se formalizó el convenio modificatorio para ampliar el monto contratado en 12,305.7 miles de pesos (7.2 % del monto original), para quedar en 184,030.6 miles de pesos, debido a cantidades de obra no contempladas en el proyecto.

Al 15 de noviembre de 2012, se habían ejercido 184,030.6 miles de pesos. Actualmente los trabajos se encuentran concluidos y en operación.

b) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-001/2012 tuvo por objeto el diseño del Plan de Negocios para la operación del restaurante ubicado dentro del jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de marzo de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Corporación de Alimentos Saludables, S.A. de C.V., con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 1,227.9 miles de pesos y un periodo de ejecución del 8 de marzo de 2012 al 7 de octubre del mismo año, 214 días naturales.

El contrato concluyó en la fecha pactada y en él se ejercieron 1,227.9 miles de pesos.

c) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-027/2011 tuvo por objeto el servicio técnico integral para el restaurante ubicado dentro del jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Corporación de Alimentos Saludables, S.A. de C.V., con base en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 810.0 miles de pesos hasta 1,170.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 7 de diciembre de 2011 al 7 de marzo de 2012, 95 días naturales.

El contrato concluyó en la fecha pactada y en él se ejercieron 810.0 miles de pesos.

d) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-No. 025/2011 tuvo por objeto la adquisición de bienes muebles que quedarían adheridos al Restaurante ubicado dentro del Jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Servicios Integrales en Alimentos y Hotelería, S. de R.L. de C.V., con base en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 512.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de cinco días hábiles a partir de la firma del mismo.

Al 29 de febrero de 2012, se habían ejercido 512.3 miles de pesos. Actualmente los trabajos se encuentran concluidos.

e) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-002/2012 tuvo por objeto la coordinación y planeación de la 2da. Sección del Parque Bicentenario; se formalizó el 1 de febrero de 2012, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con el Ing. Rigoberto Lizárraga Ruiz, con base en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 521.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de febrero del 2012 al 30 de noviembre del mismo año, 304 días naturales.

El 31 de agosto de 2012, se formalizó el convenio de terminación anticipada, en razón de que se extinguió la necesidad de los servicios de Coordinación y Planeación de la 2da. Sección en la construcción del Parque Bicentenario.

Al 31 de agosto de 2012, se habían ejercido 364.7 miles de pesos. Actualmente los trabajos están concluidos y finiquitados.

f) El contrato de servicios número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-No. 026/2011 tuvo por objeto la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación en el Restaurante ubicado dentro del Jardín Natura del Parque Bicentenario; se formalizó el 7 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa Servicios Integrales en Alimentos y Hotelería, S. de R.L. de C.V., con base en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 122.2 miles de pesos y un periodo de ejecución de cinco días hábiles a partir de la firma del mismo.

Al 29 de febrero de 2012, se habían ejercido 122.2 miles de pesos. Actualmente los bienes se encuentran entregados.

g) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-009/2009 tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de la primera etapa para el Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México D. F.; se formalizó el 25 de mayo de 2009, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con la empresa de participación estatal mayoritaria FONATUR Constructora, S.A. de C.V., con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 333,407.6 miles de pesos y un periodo de ejecución del 26 de mayo de 2009 al 31 de diciembre del mismo año, 220 días naturales.

El 23 de diciembre de 2009, se formalizó el primer convenio modificatorio para ampliar el monto en 86,181.1 miles de pesos (25.8% del monto original), y el periodo de ejecución en 90 días naturales (40.9% del plazo original) del 1 de enero de 2010 al 31 de marzo del mismo año, debido a que se aumentaron cantidades de obra por modificaciones al proyecto.

Después, el 31 de marzo de 2010, se celebró el segundo convenio modificatorio para ampliar el monto en 146,551.7 miles de pesos (44.0 % del monto original) y el periodo de ejecución en 275 días naturales (125.0% del plazo original), del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre del mismo año, a fin de ejecutar conceptos con volúmenes adicionales y otros imprevistos.

Finalmente, el 31 de diciembre de 2010, se formalizó el tercer convenio modificatorio, para ampliar el periodo de ejecución en 303 días naturales (137.7% del plazo original), del 1 de enero de 2011 al 30 de octubre del mismo año, por interferencias, modificaciones de proyecto, lluvias atípicas, y trabajos extraordinarios imprevistos. Entre mayo de 2009 y octubre de 2011 se habían ejercido 565,573.8 miles de pesos y a la fecha de la revisión (noviembre 2013), no se encontraba finiquitado dicho contrato.

h) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-019/2010 tuvo por objeto realizar los trabajos de construcción de la tercera etapa para el Parque Bicentenario, ubicado en el predio de la Ex Refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México D. F.; se formalizó el 1 de abril de 2010, por conducto de la Dirección FONATUR Constructora, S.A. de C.V., con base en el artículo 1°, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por un monto de 115,697.1 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre del mismo año, 275 días naturales.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2010, se celebró el primer convenio modificatorio para ampliar el periodo de ejecución en 303 días naturales (110.2% del plazo original), debido a interferencias, modificaciones del proyecto, lluvias atípicas y trabajos extraordinarios imprevistos. Entre abril de 2010 y octubre de 2011 se habían ejercido 31,865.4 miles de pesos y a la fecha de la revisión (noviembre 2013), no se había formalizado el finiquito correspondiente.

i) El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-023/2011 tuvo por objeto el Diseño Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Bicentenario; se formalizó el 1 de agosto de 2011, por conducto de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con base en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 6,640.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de agosto de 2011 al 31 de diciembre del mismo año, 153 días naturales.

El 16 de diciembre de 2011, se formalizó el primer convenio modificatorio para ampliar el plazo de ejecución en 91 días naturales (59.5 % del plazo original), del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo del mismo año, debido a trabajos adicionales y modificaciones al proyecto.

Al 31 de marzo de 2012, se habían ejercido 3,000.0 miles de pesos, otorgados como anticipo al inicio de los trabajos en agosto de 2011. El contrato concluyó en la fecha pactada y se finiquitó; sin embargo, los equipos suministrados no se encuentran funcionando.

CONSIDERACIONES

A. De la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de la Auditoría de Inversiones Físicas número 12-0-16100-04-0236, que tuvo como objetivo Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario), a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable,  revisión en la cual emitió Dictamen Negativo, en virtud de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacaron los resultados siguientes:

Se determinaron pagos indebidos por 39.69 millones de pesos (mdp), integrados por:

a) 3.35 (mdp) por considerar costos indirectos como concepto de trabajo;

b) 3.26 (mdp) por diferencias de volúmenes y trabajos de mala calidad;

c) 2.37 (mdp) por incumplimiento de alcances en dos contratos;

d) 12.31(mdp) por la formalización de un convenio considerado improcedente; y

e) 18.40 (mdp) por sobrecosto de los trabajos contratados.

Asimismo, se observó la formalización de un contrató entre entidades con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público cuando se contaba con elementos para contratar con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual, se subcontrató con una empresa en la que el Administrador Único de la misma se desempeñaba como servidor público de la entidad contratante (FONDICT-UAEM).

B. De los hallazgos encontrados, en la Auditoría de Inversiones Físicas número 12-0-16100-04-0236, correspondiente al Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario), la Auditoría Superior de la Federación determinó10 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 9 restantes generaron: 9 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas.

C. Respecto a lo anterior, cabe señalar que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 39.7 millones de pesos de los cuales  se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal y faltan de atenderlas 9 acciones que se describen a continuación:

ACCIONES

CONCEPTO

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA

12-9-99015-04-0236-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante la Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, subcontrataron la totalidad de los trabajos para la conclusión del Parque Bicentenario con una empresa en la cual el Coordinador de Proyectos Especiales del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), era también el Administrador Único de la empresa subcontratada, y no se abstuvo de participar en la citada subcontratación durante el ejercicio de sus funciones como servidor público del FONDICT.

No Notificado

12-9-16113-04-0236-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron el contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012 con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez que el objeto de los trabajos está considerado en los artículos 2 y 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No Notificado

12-9-16113-04-0236-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la formalización del contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012, con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), por un monto de 171,724.9 miles de pesos, para la conclusión de los trabajos del Parque Bicentenario, cuando se contaba con los elementos pertinentes para contratar dichos trabajos a precios unitarios por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez se tenía un presupuesto base por un monto de 68,375.7 miles de pesos y una propuesta económica por 100,342.8 miles de pesos, que contiene catálogo de conceptos, análisis de precios unitarios, listado de insumos, cálculo del factor de salario real, costos horario de maquinaria y equipo, costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, cargo por utilidad, cálculo de cargos adicionales, programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la ejecución de los trabajos y de la maquinaria y equipo.

No Notificado

12-9-16113-04-0236-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que se cumpliera con el porcentaje de subcontratación establecido en el contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012 y que dicha subcontratación se realizara con base en la normativa aplicable.

No Notificado

12-9-16113-04-0236-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron y pagaron en dos diferentes contratos el diseño del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y por haber manifestado en el finiquito que se recibieron siete sistemas paquete de tratamiento de aguas residuales municipales para diferentes caudales a base de biorreactores, cuando únicamente se habían recibido tres de ellos, y no fue sino hasta el 12 de diciembre de 2012 que se recibieron los 4 sistemas restantes, mismos que a la fecha de la revisión (noviembre de 2013), aún no habían sido instalados, y finalmente, por la falta de puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales ejecutada por el FONDICT-UAEM, bajo en contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012.

No Notificado

12-9-16113-04-0236-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron con vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos ni conservar de forma ordenada y sistemática toda la documentación e información comprobatoria de los actos y contratos núms. DGRMIS-DAC-OP-009/2009, DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-007/2010 y DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-019/2010, correspondientes a la construcción de la primera, segunda y tercera etapas del Parque Bicentenario, así como la falta de finiquitos de los mismos.

No Notificado

12-0-16100-04-0236-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 12,305,719.81 pesos (doce millones trescientos cinco mil setecientos diecinueve pesos 81/100 M.N.), por autorizar un convenio modificatorio de incremento al monto por suministros no contemplados en el contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012, sin contar con precios unitarios que permitan cuantificar el incremento por concepto, cuando en el contrato se indicó que el monto "incluye todos los gastos que se originen como consecuencia de su realización, por lo que el integrador no podrá exigir mayor retribución por algún otro concepto".

No Notificado

12-0-16100-04-0236-06-002 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,352,730.63 pesos (tres millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos treinta pesos 63/100 M.N.), debido a que la partida de Asesoría Técnica, Control de Calidad del contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012, debió considerarse en los indirectos de la propuesta de la contratista, además de que el concepto Suministro y colocación de luminaria tipo, con un volumen de 14 piezas, considerado en la partida Zona del Lago, sub-partida Taquilla de Embarcadero, se duplicó con el concepto Luminarias Construlita o similar Mod. RE1013S, en el plafón interior de la caseta de taquilla, también con 14 piezas, referido en la sub-partida Alumbrado de Malecón y Andador del Gran Lago, sin que se pueda establecer el monto del pago duplicado en razón de que los montos están totalizados a nivel de partida.

No Notificado

12-0-16100-04-0236-06-003 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,369,990.51 pesos (dos millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos noventa pesos 51/100 M.N.), integrados por 89,100.00 pesos, por concepto de omisión en la aplicación de penas convencionales en el contrato núm. DGRMIS-DAC-MANDATO-No. 027/2011, derivados de la falta de acreditación del servicio proporcionado por el Restaurante Natura durante 11 días, 192,984.00 pesos, por la falta de reintegro de las ventas generadas a la Tesorería de la Federación por el servicio de dicho restaurante, y 2,087,906.51 de pesos por el incumplimiento de los alcances de los contratos núms. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-027/2011 y DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-001/2012.

No Notificado

D. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

E. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

F. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la Auditoría de Inversiones Físicas número12-0-16100-04-0236, correspondiente al “Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del predio que ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)”, que refieren principalmente a los 39.7 millones de pesos detectados  como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales  se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por los servicios de curaduría y de montaje no acreditados con la documentación comprobatoria, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento número 10-1-11L6J-02-0879. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) tiene como principal objetivo la edición, impresión y distribución de libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos que produce en sus instalaciones y mediante la contratación de impresores privados, para coadyuvar con la demanda de libros que requiere el Sistema Educativo Nacional.

2. Por Decreto Presidencial publicado el 21 de febrero de 2006, la CONALITEG tiene a su cargo la coordinación del papel y el cartón de desecho que le donen las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, con la finalidad de permutarlos por papel reciclado nuevo para la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo. De acuerdo con su página de Internet, en 2010 la recolección de desechos por medio del proveedor fue por 20,583.7 toneladas, por las cuales recibió 1,822.3 toneladas de papel nuevo reciclado (8.9%).

3. En cuanto al presupuesto asignado y ejercido en el programa “Producción y Distribución de los Libros de Texto”, con clave presupuestal “B-001” se observa que ha tenido variaciones, como se muestra a continuación:

(Cifras en millones de pesos)

Ejercicio Fiscal

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Aprobado

Ejercido

2008

1,880.69

1,881.02

2009

2,069.61

2,653.26

2010

2,149.64

2,434.05

2011

2,235.96

3,025.90

2012

2,446.23

2,145.77

2013

2,399.71

2,727.11

2014

2,603.75

 

Fuente: Transparencia Presupuestal

CONSIDERACIONES

A. El 10 de junio de 2011, mediante escrito se recibió una denuncia ciudadana, por presuntas irregularidades relacionadas con los desechos de papel y cartón donados al CONALITEG.

B. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los “Gastos de Producción y Distribución de Libros” mediante la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 10‐1‐11L6J‐02‐0879, en la cual emitió Dictamen con Salvedad, principalmente por los resultados que se refieren a que el contrato de permuta se formalizó sin estudios ni análisis técnicos sobre las materias primas, el proceso de reciclaje y los rendimientos de su conversión; 8,858.1 toneladas de desecho donadas no se valuaron a precios mensuales internacionales, por lo que 6,944.7 miles de pesos no se  registraron como merma o pérdida por la carencia de políticas contables; 7,562.2 miles de pesos de 8,858.1 toneladas de papel y cartón de desecho se registraron como bienes tangibles en una cuenta de patrimonio en lugar de considerarlas contablemente como bienes de consumo; han transcurrido 11 meses sin registro contable de 11,736.0 toneladas de desecho donadas; de 63 contratos de adquisición de bienes y servicios, por 1,292,585.1 miles de pesos, la CONALITEG no realizó investigaciones de mercado y subutilizó su capacidad instalada en 48.4% al dejar de producir 22,025.9 miles de libros y material.

Cabe señalar que de las 12 observaciones realizadas por la ASF, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 11 restantes generaron: 11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1Pliego de Observaciones, mismo que a la fecha se encuentra en seguimiento y refiere a lo siguiente:

ACCIÓN

CONCEPTO

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

Pliegos de Observaciones
10‐1‐11L6J‐02‐0879‐06‐001

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de CONALITEG, por un monto de 29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), por los servicios de curaduría y de montaje que se describieron en el recibo de honorarios núm. 272 del 29 de junio de 2010, por 29.0 miles de pesos (23.8 miles de pesos netos), que se pagó sin que el curador entregara a la Unidad de Difusión y Patrimonio Histórico, la bitácora que acreditara los trabajos de montaje que realizó en un museo, ubicado en Atizapán Estado de México, obligación establecida en el contrato núm. 5100000171; el prestador de servicios tampoco exhibió la bitácora en la visita domiciliaria que se practicó.

En seguimiento

C. Por otra parte, el 19 de julio de 2013, previo a la repartición de 238.3 millones de libros de texto gratuitos a escala nacional, el titular de Educación, Emilio Chuayffet, dio a conocer lo más visible: 117 errores ortográficos, tales como acentuación incorrecta, pleonasmos o fallas como ubicar Tulum en Yucatán y no en el estado de Quintana Roo.

D. En septiembre de 2013, la SEP entregó a los maestros de primaria un documento con las correcciones de las fallas, mientras que para noviembre del mismo año dio a conocer que pagó 14.21 millones de pesos a instituciones que colaboraron en la redacción de los libros con errores.

E. El 10 de enero de 2014, el titular de la SEP reconoció que algunos de los libros de texto gratuitos contenían errores científicos y pedagógicos en diversas asignaturas, lo que ha ocasionado un daño irreversible a generaciones de mexicanos.

F. Aunado a lo anterior, se detecta que los libros de texto gratuitos contienen errores que datan desde 2008, cuando se modificaron los libros en el contexto de la ACE, se realizaron eventos cuyo propósito era el análisis de la RIEB en la que participaron expertos, investigadores, maestros y padres de familia, quienes señalaron, entre otras observaciones, que se da una manipulación e ideologización de los contenidos reduciendo el tiempo dedicado a historia, geografía, cívica y ética, así como educación artística. Por ejemplo, hay errores de ubicación geográfica y se eliminan varias etapas de la historia en los libros de texto gratuitos de primaria, como se hizo con la Conquista y la Colonia en los nuevos volúmenes para sexto grado1.

G. El 28 de marzo de 2014, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México informó a la SEP que detectó nuevos errores: Los libros de texto gratuito de historia, de los niveles de primaria y secundaria, contienen numerosos errores en cuanto a fechas, nombres, e interpretación de sucesos. Por ejemplo, dice en algún libro que Benito Juárez fue presidente en 1855 y pues no, no era presidente en 1855, sino en 1858. Luego se dice que Madero fue el que continuó en la presidencia después de Porfirio Díaz y no es así, fue primero Francisco León de la Barra, hubo un interinato entre Díaz y Madero”.

En los libros de texto de tercer año de primaria distribuidos en Baja California Sur, el INEHRM detectó varios errores históricos:

“Para el periodo de la Independencia aún no existía la ciudad de Dolores Hidalgo, hay que quitar la palabra Hidalgo. Iturbide no se proclamó emperador, fue proclamado por el Congreso. La Guerra de Reforma no terminó en 1861, esto fue en 1860. La foto Francisco J. Mújica no es de él”.

En el caso de los libros de Historia para el mismo grado, pero distribuidos en Veracruz, el instituto corrige que “no existía Guanajuato en la época virreinal. La Guerra de Reforma concluyó en 1860, no en 1861″.

H. Respecto a lo anterior, se detecta la necesidad de conocer los presuntos responsables de los errores que han venido presentándolos libros de texto gratuitos, así como las acciones que se han realizado al respecto, a razón de que dichos errores se traducen en la erogación de recursos para su corrección y al daño irreversible a generaciones de mexicanos.

I. Adicionalmente, se detecta que el programa “Producción y Distribución de los Libros de Texto” con clave presupuestal “B-001”, en 2013 presentó un sobre ejercicio con respecto al presupuesto autorizado por 327.4 millones de pesos, mismos que la CONALITEG deberá hacer del conocimiento público las causas que lo generaron.

A. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

B. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

C. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, C. Emilio Chuayffet Chemor, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por los servicios de curaduría y de montaje no acreditados con la documentación comprobatoria, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 10‐1‐11L6J‐02‐0879;

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, C. Emilio Chuayffet Chemor, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de determinar a los responsables de los errores que han presentado los libros de texto gratuito, y cuáles son los mecanismos de control que ha implementado para evitar errores ortográficos y de contenido en los textos.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres.

1 La Jornada 18 de enero 2014





De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer del conocimiento público los efectos positivos que potencialmente tiene en cada uno de sus componentes "El Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales" en la sustentabilidad ambiental y en la Cruzada contra el Hambre. Se turna a la Tercera Comisión.

Los suscritos Diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, es de cobertura nacional y tiene como objetivo general contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden inducir una nueva estructura productiva incluyendo cultivos para la producción de insumos para bioenergéticos, el aprovechamiento sustentable de la energía, el uso fuentes alternativas de energía; así como  a la conservación y aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas.

2. Su objetivo específico es contribuir a la producción de biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos y al uso eficiente y sustentable de la energía en los procesos productivos, y el uso de energía renovables.

3. La población objetivo del programa se compone por personas físicas o morales, que presenten proyectos para la producción de insumos para bioenergéticos, biofertilizantes, abonos orgánicos y productos de la bioeconomía, a partir de su producción agrícola, pecuaria o pesquera, así como el uso eficiente y sustentable de la energía en sus procesos productivos y el uso de energías renovables o alternativas en actividades productivas del sector agroalimentario.

4. El Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales está integrado por siete Componentes que actúan en los ámbitos agrícola, pecuario y pesquero, los cuales se describen a continuación con su respectivo objetivo específico y población objetivo:

Componente

Objetivo específico

Población objetivo

Bioenergía y Fuentes Alternativas

Contribuir a la producción de biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos y al uso eficiente y sustentable de la energía en los procesos productivos, y el uso de energías renovables.

Personas físicas o morales que presenten proyectos para la producción de insumos para bioenergéticos, biofertilizantes, abonos orgánicos y productos de la bioeconomía, a partir de su producción agrícola, pecuaria o pesquera, así como el uso eficiente y sustentable de la energía en sus procesos productivos y el uso de energías renovables o alternativas en actividades productivas del sector agroalimentario.

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de suelo, agua y vegetación utilizados en la producción agropecuaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro en favor de las nuevas generaciones de productores rurales.

Personas físicas o morales que se dedican a actividades de producción agrícola y pecuaria, que se ubican en los municipios clasificados por la Secretaría en cada entidad federativa como de mayor prioridad por el grado de deterioro, escasez o sobre explotación de sus recursos productivos primarios (suelo, agua y vegetación)

Disminución del Esfuerzo Pesquero

Contribuir a la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros mediante el retiro voluntario de embarcaciones que integran la flota mayor.

La población objetivo es personas físicas o morales que se dediquen a actividades de pesca de altamar con embarcaciones mayores y operen al amparo de concesión o permiso de pesca comercial vigente.

Inspección y Vigilancia Pesquera.

Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas con la colaboración de los productores pesqueros y Acuícolas, mediante el fortalecimiento de las instancias que permitan a la Secretaría atender el cumplimiento de sus atribuciones, a través de la entrega de apoyos para que coadyuven en la implementación de acciones preventivas y operativas de inspección y vigilancia pesquera y acuícola.

Personas físicas o morales que se dediquen a actividades de pesca o acuacultura al amparo de concesiones o permisos, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, o productores que colaboren en el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal.

Ordenamiento Pesquero y Acuícola

Generar instrumentos de política pública que apoyen la regulación y administración de las actividades pesqueras y acuícola, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, mediante proyectos de ordenamiento pesquero ribereño y por recurso estratégico y ordenamiento acuícola.

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