Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 15 de Julio de 2015

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

APERTURA

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: (11:27 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 30 ciudadanos legisladores. Por consecuencia hay quórum.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de julio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

 

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veinticuatro minutos del miércoles ocho de julio de dos mil quince, con una asistencia de veinticuatro legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el martes treinta de junio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, la VII Cumbre México-Unión Europea y la Visita Oficial a la República Italiana, del 10 al 15 de junio de 2015.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite los Informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que solicita dejar sin efectos el comunicado de la salida del territorio nacional del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, por motivos supervenientes, programada para el 26 de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se llevó a cabo en la ciudad de La Antigua, Guatemala.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe Trimestral con las acciones implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al período de enero a marzo de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficios con los que remite:

1. La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2015; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2015 y

2. El avance del Programa Anual de Financiamiento.

Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su Informe Financiero y Actuarial 2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto 2014-2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Diagnóstico sobre la Evolución Salarial del Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2014-2015.- Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, el Informe de su participación en la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de tres diputados, oficio por el que informan de su reincorporación a sus funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015:

1. Rosalba Gualito Castañeda, a partir del 29 de junio.

2. J. Jesús Oviedo Herrera, a partir del 1 de julio.

3. Silvia Márquez Velasco, a partir del 5 de julio.

Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Ricardo Anaya Cortés, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de julio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Diputado Javier Filiberto Guevara González, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación normal.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea veintiún dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la implementación de programas y políticas públicas para prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

2. Que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; asimismo, exhorta a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a continuar capacitando a los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco de Nueva Alianza.

3. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Tabasco a fortalecer la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López; y exhorta a las fiscalías generales del país a fortalecer las investigaciones de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años, en el ejercicio de su labor.

4. Por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014 y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer las acciones implementadas en beneficio de los elementos de seguridad que en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad.

5. En torno a la investigación del homicidio del ciudadano Alan Cerón Moreno.

6. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades municipales, a implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos y de las estaciones de servicio en el país.- Intervino el Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI.

7. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral.

8. Por el que resuelve remitir 4 proposiciones para convocar a un periodo extraordinario a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el propósito de que sea la instancia que las turne a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.

9. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a valorar la viabilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los incidentes en que pudieran verse involucrados elementos de sus respectivas corporaciones de seguridad pública, como consecuencia del ejercicio de su deber.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.

10. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a valorar la posibilidad de reforzar las acciones necesarias para garantizar la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

11. Por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección de la ciudadanía acontecidas en la Ciudad de México el día 24 de junio de 2015; y exhorta al Gobierno del Distrito Federal a considerar otorgarles las distinciones, los apoyos y las prestaciones que procedan de conformidad con el marco legal aplicable.- Intervino el Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del PRI.

12. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de autorizar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús.- Intervinieron los legisladores: Diputado Enrique Cárdenas del Avellano del PRI, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN y Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

13. Que exhorta a las instancias de procuración e impartición de justicia de la Federación y de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes el más amplio respeto a sus derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

14. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio nacional; asimismo, a rendir un informe sobre los alcances y resultados del Programa Integral Frontera Sur.- Intervinieron los legisladores: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD y Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.

15. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a intensificar las acciones orientadas a garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales.

16. Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar las medidas conducentes e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018.- Intervinieron los legisladores: Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD y Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN.

17. Por el que se desechan las proposiciones que exhortaban al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atraer el proceso electoral 2014-2015 del estado de Sonora.

18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo una inspección de la propaganda electoral colocada en las delegaciones del Distrito Federal.

19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales.

20. Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México.

21. Por el que se desechan dos proposiciones en relación al bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería.

Los veintiún dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea catorce dictámenes de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de retirar a la República de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, así como por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y se pronuncia por poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que persiste sobre la economía cubana.

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal para que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea; y a diseñar un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco.

3. Que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del sector público del país.- Intervino el Senador Ismael Hernández Deras del PRI.

4. Por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres un informe sobre los avances relativos a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer al Estado Mexicano.

5. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD y Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI.

6. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la elección del parlamentario danés Mogens Lykketoft como presidente de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

7. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar, en su momento, al Senado de la República, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.

8. Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a revisar o, en su caso, elaborar programas de desarrollo social y humano enfocados a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal con la participación de los sectores público, social y privado; y exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del estado de Chihuahua a proporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, a la familia del niño Christopher Raymundo Márquez Moray.

9. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar al Senado de la República respecto de las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los organismos internacionales de los que es parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.

10. Por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones discriminatorias, denigrantes y racistas del empresario y precandidato norteamericano a la Presidencia, Donald Trump, hacia nuestro país y nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos.- Intervinieron los legisladores: Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI, quien presentó propuesta de modificación la cual fue aceptada y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD.

Los diez dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dieciséis dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.

2. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

3. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal que, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, con metodología Base Cero, considere incrementar la partida asignada al rubro de cultura.

4. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola; así como fomentar la inversión en infraestructura hídrica destinada al tratamiento de aguas residuales en el país.

5. Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía un informe que explique el proceso por el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero.

6. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a obligar a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios.

7. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a llevar a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para pagarlos.

8. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a presentar el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales, del estado de Coahuila, por la ampliación de la fábrica de la empresa Constellation Brands Inc.

9. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar operando el Programa de Comedores Comunitarios en los municipios del estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de clústeres agroalimentarios en la República Mexicana.

11. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Economía y al Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras, eficientes y con perspectiva de género, para hacer realidad los derechos de las y los jóvenes, al estudio, la capacitación y el trabajo digno.

12. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las acciones y desarrollar una estrategia común en la lucha contra la desertificación.

13. Que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a rendir un informe de los criterios utilizados, así como el impacto y los alcances de las conclusiones obtenidas en el documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”.

14. Que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza en el transcurso de su aplicación.

Los catorce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 11 al 17 de julio de 2015 para realizar una visita de Estado a la República Francesa y llevar a cabo actividades en las ciudades de París y Marsella.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de perspectiva de Género.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 68 bis y se modifica la fracción IV del artículo 148, ambos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis al Título Séptimo de la Ley General de Salud, en materia de cirugía bariátrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y deroga un artículo de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del aArtículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre los Derechos y Obligaciones en materia de Pensión Alimenticia.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo tercero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario de Salud de Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mantener una revisión estricta sobre las operaciones de los bancos comerciales cuyas matrices se encuentran en la eurozona para evitar una posible transferencia de utilidades y divisas para fortalecer a sus matrices ante el eventual impago de Grecia. - Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a realizar una revisión y valorar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el "Informe Tlatlaya a un Año: la orden fue abatir".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a mantener una revisión constante para evitar abusos derivados de la aplicación del impuesto sobre la renta en productos alimenticios específicos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el seguro popular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social de la fabricación de puros labrados en el Valle de San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado con la seguridad de los maestros que presentan su evaluación docente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Senadores, a fin de que informe la situación del caso Tlatlaya.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los actos terroristas ocurridos en Francia, Túnez, Somalia, Kuwait y Nigeria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud a dar mayor difusión a las acciones realizadas en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los planes y programas de estudio de la enseñanza básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe acerca de su pronóstico de crecimiento económico, así como explicar la situación económica en que se encuentra el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a investigar e informar sobre los criterios seguidos en el programa de sustitución de fármacos, a efecto de brindar certeza médica a los pacientes y a la sociedad de que cuentan con la efectiva y eficiente dotación de medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impedir la participación del Ejército Mexicano en la conmemoración de la Toma de la Bastilla en Francia; y en el mismo sentido el Senado de la República niegue la salida de tropas fuera del territorio nacional para la misma conmemoración.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California a que, una vez concluido el dictamen del peritaje realizado a causa del incendio en el que perdieron la vida 17 adultos mayores que se encontraban en el asilo Hermoso Atardecer, se agilice la oportuna detención de los responsables del incendio y se les castigue con todo el peso de la ley.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incorporar en los Manuales de Buenas Prácticas Agrícolas, temas relacionados con las condiciones laborales y garantías mínimas que deben otorgarse a los jornales agrícolas y sus familias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública informe sobre los procesos de investigación que ha llevado a cabo sobre la llamada “Casa Blanca”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo de los estados, así como a los congresos locales de las entidades federativas a formular decretos, proponer iniciativas y realizar las modificaciones y reformas necesarias a sus actuales leyes y códigos en materia penal, a efecto de que las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales, sean consideradas como un delito y sancionadas como tales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar qué acciones ha realizado o realizará para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de agua potable a la ciudadanía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a armonizar el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad y lo exhorta a difundir en forma amplia los derechos de los usuarios de telefonía móvil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir una explicación sobre la presunta intención de eliminar del gasto público del ejercicio 2016 las contribuciones de México a los organismos internacionales de los que es parte.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a incluir en sus respectivos portales electrónicos las efemérides presentadas por los legisladores.- Se turnó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para realizar un homenaje póstumo al periodista Jacobo Zabludovsky.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

 

De la Diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a avanzar en incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal donde concurran los recursos para los programas para la atención del fenómeno migratorio.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias a efecto de esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo en donde se estima la desaparición de poco más de 37 mil votos, dada la importancia que tiene sobre la conservación o pérdida de su registro como partido político el Partido del Trabajo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Maria Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las políticas públicas, acciones y programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Planeación y Finanzas a que se coordine con el ayuntamiento de Cadereyta de Montes en Querétaro a fin de estructurar un esquema financiero que permita cumplir con la responsabilidad constitucional y contractual para cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se demanda a Petróleos Mexicanos resolver de inmediato el desabasto de gasolina en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey y en general en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se propone que la Sala de Prensa del recinto legislativo lleve el nombre de Jacobo Zabludovsky Kraveski.- Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y Maria Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fomentar la instalación de centros de residuos especiales, para su correcta disposición final.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al titular del gobierno del estado de México a cumplir a la brevedad las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el "Caso Tlatlaya".- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al estado de Tabasco, en respuesta al incremento de los índices delictivos en la entidad de los últimos tres años.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los números de averiguación previa, estado que guarda y los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación con fechas del 11 de noviembre al 20 de noviembre del año 2014 al gobierno del estado de Veracruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación que afronta la República Helénica y sus repercusiones en la economía mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar en los planes y programas de estudio de la Federación y de los estados estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado de las redes sociales.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a integrar una averiguación respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar la fusión y creación de diversos programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2016.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione al pago de cuotas la entrega de documentos oficiales del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a explicar las medidas administrativas, legales y disciplinarias que la dependencia a su cargo está emprendiendo para evitar casos de negligencia médica como la que se suscitó en un hospital del IMSS en Sonora. - Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce los avances en la reanudación de relaciones entre los gobiernos de la República de Cuba y de Estados Unidos de América con el anuncio de la apertura de las embajadas en ambos países, prevista para el próximo 20 de julio de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de dicho estado a realizar una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a asumir su compromiso democrático de velar por los intereses de las mujeres y analice el artículo 113 constitucional desde la perspectiva de género y conforme a los criterios de la normativa nacional e internacional de derechos humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a ministrar de forma oportuna los recursos federales en materia de seguridad orientados a la prevención del delito.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a liberar los recursos económicos correspondientes al subsidio 2015 destinados a la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”, en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a instruir a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que en el consenso con la industria mexicana del acero determinen un plan de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para su protección.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Comisionado Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a los organismos garantes en materia de transparencia y a los congresos de las entidades federativas a garantizar un proceso transparente, con participación de la sociedad civil, para el nombramiento de los Comisionados, que promueva la autonomía e independencia de los mismos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural de legisladores para dar seguimiento al proceso electoral del estado de Chiapas y coadyuvar al desarrollo del mismo con estricto apego a la ley.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los resultados de los estudios de impacto ambiental por la construcción del Proyecto "Zócalo, 11 de julio" del municipio de Tijuana en el estado de Baja California.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar, fortalecer e implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche fluida y entera de producción nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación un informe sobre la detención y el proceso en contra de Rubén Oceguera González, alias El Menchito.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo las acciones necesarias que permitan incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar la autosuficiencia en maíz blanco, en virtud de que éste es el alimento base de los mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instalar una mesa de trabajo con productores del sector acerero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán y a la coordinación de universidades tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a revisar la legalidad en el procedimiento del nombramiento de la rectoría de la Universidad Tecnológica de Morelia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para dar continuidad a “El Operativo Vacaciones de Verano”, implementado durante el año 2014, con el propósito de garantizar la seguridad, la salud, la asistencia vial y el respeto a los derechos del consumidor de los turistas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar, promover y difundir el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos etarios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a revisar la denuncia, a efecto de conseguir la reparación del daño en perjuicio de los inversionistas defraudados de la empresa RYM CAPITAL, a nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores informe de las acciones que ha emprendido para reintegrar a los ahorradores de la Caja 30 de agosto, sus ahorros, detallando la situación de los ahorradores del estado de Guanajuato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa que reforma el artículo 1 de su Constitución.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos a los comicios de la República Bolivariana de Venezuela el próximo 6 de diciembre.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún, con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones que se vive en el Estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo colombiano por la detonación de dos explosivos en la ciudad de Bogotá.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar de los resultados de la llamada reforma financiera, así como de las disposiciones aprobadas por el Congreso relativas a propiciar un proceso ordenado de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre el curso de acción tomado, en atención al desabasto de gasolinas registrado los últimos días de junio en diversas entidades federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el anuncio de la reapertura de embajadas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se emite pronunciamiento en favor del respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de Tabasco y del voto de los ciudadanos expresado en las urnas de la pasada jornada electoral en el municipio de Centro de esa entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción oportuna del Hospital General de Cuajimalpa y se remedie la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29 de enero pasado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Pilar Ortega Martínez y Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dé a conocer el estado que guardan los proyectos planeados y ejecutados bajo su gestión, así como los recursos públicos involucrados.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir y realizar las gestiones necesarias a fin de declarar alerta de violencia de género en el estado de Veracruz por las continuas violaciones a los derechos de las mujeres, desapariciones y feminicidios en dicha entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente conmemora obra literaria de Gustavo Sainz y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la recuperación del acervo bibliográfico ofrecido por el escritor para la constitución de un acervo público en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Rabindranath Salazar Solorio y Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proceder a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, preso político en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente conmemora la obra de Sir Nicholas Winton, con motivo de su reciente fallecimiento.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Alliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil y de los Senadores Benjamín Robles Montoya, Héctor Larios Córdova y Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emita su determinación sobre la aplicación de esta regulación a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo nacionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración por su 90 aniversario.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informen sobre las denuncias de asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar una estrategia para contener el brote de la enfermedad Chikungunya en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Roxana Luna Porquillo y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a formular y publicar el programa de manejo del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia de candidaturas independientes, con el objeto de mejorar su participación y representación ciudadana en los procesos electorales locales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos en Tlatlaya, Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Excitativas)

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa para que la Primera Comisión de la Comisión Permanente desahogue las 138 proposiciones con punto de acuerdo que están pendientes de dictaminar, y en especial la que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.- La Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección a trabajadores del campo.- Se remitió a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Población.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del Día del Abogado.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día del Árbol.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día de la Conservación del Suelo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación al 60 aniversario de la emisión del voto de la mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación a la Décima Cumbre de la Alianza del Pacífico.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con treinta y seis minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles quince de julio, a las once horas.

Fin de la Sesión.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero hacer una petición.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Diputado, estamos con lo del acta de la sesión anterior.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Es en relación al Orden del Día.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Si gusta, cuando terminemos estas comunicaciones.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Quiero hacer una propuesta muy concreta.

La propuesta muy concreta que quiero hacer, es que terminando la ronda de iniciativas pasemos a discutir el tema que está discutiendo todo el país, que es la fuga de “El Chapo” Guzmán.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Le quiero notificar, señor Diputado, que ese tema está a consulta de los coordinadores de los grupos parlamentarios y si procede, podremos hacer una referencia en algún momento de la sesión, para contemplarsi aprueba la Asamblea hacer uso de ese tema. ¿Sí?

Continúe, Secretaria por favor.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Pasamos al siguiente






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, en Paracas, Departamento de Ica, República del Perú.




El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio en alcance al remitido la semana anterior, relativo al informe sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.




El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS
DE CONCURSOS MERCANTILES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados

Pasamos al siguiente asunto por favor.






COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2015 sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de universidades y colegios en cumplimiento del artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015:

De la Universidad Autónoma de Chiapas, con el resultado de la auditoría externa de la matrícula universitaria del primer informe semestral de 2015 y el informe específico sobre la variación de la matrícula del primer semestre 2015.








De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el informe de la auditoría externa a la matrícula universitaria, el resumen de matrícula y su variación, así como el informe de matrícula en el formato establecido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, correspondiente al semestre enero-junio de 2015.








De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015; el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato del informe de matrícula del primer semestre 2015.








De la Universidad de Colima, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015, el formato del informe de matrícula y el informe semestral específico sobre la variación de matrícula del semestre enero-julio 2015 vs enero-julio 2014.








De la Universidad de Guanajuato, con el informe de matrícula correspondiente al primer semestre de 2015.








De la Universidad de Guanajuato, con el informe de matrícula correspondiente al primer semestre de 2015.








Del Colegio de Sonora, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015, el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato “informe de matrícula”.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una de la Senadora Martha Elena García Gómez, con la que remite el informe de su participación en la sustentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.








Una del Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite el informe de su participación en el 48º Periodo de Sesiones Anual de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, efectuado del 13 al 17 de abril de 2015, en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.








Una de la Senadora Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en el VII Encuentro Anual, organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, celebrado del 11 al 14 de junio de 2015, en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina.








Una de la Senadora Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación en la XXIII Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de mayo de 2015, en Panamá.








Y una de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, en la que remite el Informe de su participación en la tercera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 24ª Reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual contra Niños y en la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de Violencia, en el marco de la citada sesión, celebradas en Estrasburgo, Francia, los días 24 y 25 de junio de 2015.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio de 2015.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio de 2015.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del día 13 de julio del año en curso.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Asimismo, se recibió una comunicación del Diputado Raúl Paz Alonso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia al Diputado Raúl Paz Alonso para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar a mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Raúl Paz Alonso para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto del año en curso.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT, por la que informa la sustitución del Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- En cumplimiento de lo que establece el numeral 4 del artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, la Comisión Permanente designa a la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.”

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, queda aprobada la designación de la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo del grupo parlamentario del PT, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Comuníquese.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores.






COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron los Presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Honorable Cámara de Senadores, para los meses de junio y julio de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Están a consideración de la Asamblea los Proyectos de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Esmeralda Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Proyectos de Presupuesto de los meses de junio y julio de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobados los Presupuestos de la Cámara de Senadores para los meses de junio y julio del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Diputada Esmeralda Reza Gallegos: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, informe de los presupuestos ejercidos en los meses de abril y mayo de 2015.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, para presentar a nombre del Diputado Abel Octavio Salgado Peña del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1068, 1068 Bis y 1069 del Código de Comercio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1068, 1068 BIS Y 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

(Presentada por el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, a nombre del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Fernando de las Fuentes Hernández: Gracias, Presidente de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del Diputado Abel Salgado Peña y de un servidor, ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código de Comercio, con la finalidad de integrar la notificación de actuaciones judiciales vía correo electrónico.

El crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ha permitido transformar diversos aspectos de la vida del ser humano. La facilidad con la que hoy nos comunicamos ha logrado hacer mucho más eficientes los procesos en áreas como la educación y el comercio; ha permitido la difusión de conocimiento, la conservación de la cultura e incluso, ha detonado nuevas formas de entretenimiento.

Desafortunadamente, no hemos tenido el acierto de aplicar en toda su extensión estas ventajas tecnológicas obtenidas en aspectos clave de la vida en sociedad, como es el derecho; en particular, el derecho procesal.

En efecto, los litigios del día de hoy se siguen desarrollando con procedimientos de muy largo aliento histórico, pero con un empleo escaso, prácticamente tangencial de las nuevas formas de comunicación.

Esto se ha debido, entre otras razones, a la desconfianza que aún genera este tipo de tecnologías en algunos sectores de juristas. Muchos otros, en cambio, han expresado la necesidad de modernizar la manera como se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales, en aras de reducir costos y tiempo, y que ello se traduzca en una justicia más pronta y expedita como mandata nuestra Constitución Política.

Es importante señalar que se ha dado algunos pasos en este sentido. En el año 2000, nuestro país dio un gran paso con las reformas, principalmente al Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles; y Ley Federal de Protección al Consumidor, en el sentido de darle validez a los contratos electrónicos y proteger al consumidor al realizar transacciones en línea.

Además, en 2003 y 2004, se reformó el Código de Comercio en materia de firmas electrónicas y prestadores de servicios de certificación

Otro ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se permite realizar “avisos de notificaciones” por correo electrónico; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, permite el señalamiento de un correo electrónico en la solicitud de acceso a la información y en la interposición del recurso de revisión para recibir promociones y notificaciones.

No obstante, aún queda mucho por hacer dada la constante rápida, y en ocasiones, imperceptible evolución de la tecnología. De otra forma, corremos el grave riesgo de que la legislación y la práctica profesional se vean ampliamente superadas por la realidad.

Estos antecedentes, fueron tomados como punto de partida al momento de discutir y aprobar el contenido del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los procedimientos penales que se celebran en todo el territorio nacional, se podrá hacer uso de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a notificaciones y citaciones.

Dentro de los medios de notificación en materia penal, ahora se establece que podría ampliarse al correo electrónico y otros medios en los actos que requiera la intervención de las partes.

Esta legislación de avanzada, se puede y debe replicar en otros ordenamientos de carácter federal y aplicación en todo el territorio nacional, como es el caso del Código de Comercio.

En efecto, recordemos que nuestro Código de Comercio, a pesar de haber sufrido una serie de importantes reformas de actualización a lo largo de las últimas décadas, es un instrumento normativo que se promulgó y publicó en 1889, en tiempos de Porfirio Díaz.

Insistimos, con el paso del tiempo, el Código se ha modernizado, incluso en la última década se incorporó el reconocimiento de la contratación electrónica, sin embargo sigue los mismos y rústicos procedimientos para el desahogo de los procesos jurisdiccionales de carácter contenciosos.

Por ello, consideramos necesario incorporar, a la manera que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismos expeditos, inmediatos y certeros tecnológicamente, para la notificación de actuaciones judiciales, sea a lo largo del proceso o sobre la conclusión del mismo, salvaguardando, desde luego, la necesidad de la notificación personal de la demanda de un juicio mercantil, sea ordinario o ejecutivo. Esto, en atención a la relevancia toral que reviste dicha notificación y que así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias.

Por ello, a efecto de lograr la prontitud en la tramitación de un procedimiento del orden mercantil, sea éste ejecutivo u ordinario, sometemos a la consideración esta iniciativa por la que se reforman los artículos 1068, 1069 y se adiciona un artículo 1068 Bis, a fin de incorporar un mecanismo novedoso de notificaciones vía correo electrónico e implementar un catálogo específico de las notificaciones que deban ser personales.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII, al artículo 1068; se adiciona un artículo 1068 BIS, y se reforma el primer párrafo del artículo 1069, todos del Código de Comercio

El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII, al artículo 1068; se adiciona un artículo 1068 BIS, y se reforma el primer párrafo del artículo 1069, todos del Código de Comercio, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido transformar diversos aspectos de la vida del ser humano. La facilidad con la que hoy nos comunicamos ha logrado hacer mucho más eficientes los procesos en áreas como la educación y el comercio; ha permitido la difusión de conocimiento, la conservación de la cultura e incluso, ha detonado nuevas formas de entretenimiento.

​​ Desafortunadamente, no hemos tenido el acierto de aplicar en toda su extensión estas ventajas tecnológicas obtenidas en aspectos clave de la vida en sociedad, como es el derecho; en particular, el derecho procesal.

En ese sentido, el implemento de tecnología a la vida cotidiana debe incidir, igualmente, dentro de la impartición de justicia con la finalidad de cumplir cabalmente la esencia de la misma, que radica en las cualidades que dicha impartición debe cumplir, a saber, ser gratuita, pronta y expedita.

En efecto, los litigios al día de hoy se siguen desarrollando con procedimientos de muy largo aliento histórico pero con un empleo escaso, práctimente tangencial, de las nuevas formas de comunicación.

Esto se ha debido, entre otras razones, a la desconfianza que aún genera este tipo de tecnologías en algunos sectores de juristas. Muchos otros, en cambio, han expresado la necesidad de modernizar la manera cómo se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales, en aras de reducir costos y tiempo, y que ello se traduzca en una justicia más pronta y expedita como mandata nuestra Constitución Política.

Uno de los más importantes promotores de la necesaria modernización es el Dr. Miguel Carbonell, prolífico miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas quien, desde el año 2002, ha dictado cursos y conferencias sobre “Nuevas tecnologías y Globalización”, en las que explica la necesidad de incorporar nuevas herramientas informáticas a la enseñanza y aplicación del derecho, como pudiera ser su vertiente procesal.

En el mismo sentido, el abogado postulante y Maestro Luis Omar Guerrero Rodríguez,1 advierte el cambio de paradigma que se ha dado desde el año 2000 y señala lo siguiente:

Es importante señalar que en el 2000 nuestro país dio un gran paso con las reformas, principalmente, al Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protección al Consumidor en el sentido de darle validez a los contratos electrónicos y proteger al consumidor al realizar transacciones en línea. Además, en 2003 y 2004 se reformó el Código de Comercio en materia de firmas electrónicas y prestadores de servicios de certificación. Las reformas han sido importantes pero insuficientes. Es necesario continuarlas y llevarlas a un terreno más procesal e, incluso, facilitar que la tarea tradicional que antes se hacía manualmente o con una presencia física intensa en tribunales o en la calle (especialmente notificaciones) se maximice utilizando los medios electrónicos.

Por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permite realizar “avisos de notificaciones” por correo electrónico (artículo 65); la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite el señalamiento de un correo electrónico en la solicitud de acceso a la información (artículo 40) y en la interposición del recurso de revisión (artículo 55 fracción IV) para recibir promociones y notificaciones. Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica (artículo 34 bis 1) permite sustanciar ciertas promociones por medios electrónicos y la Ley de la Propiedad Industrial (artículo 94 bis-4) permite la recepción de notificaciones vía correo electrónico.

No obstante, aún queda mucho por hacer dada la constante, rápida y en ocasiones imperceptible evolución de la tecnología. De otra forma, corremos el grave riesgo de que la legislación y la práctica profesional se vean ampliamente superadas por la realidad.

Desde luego, algunas de las leyes que refiere el autor, transcritas en los apartes anteriores, han sido sustancialmente modificadas por esta LXII Legislatura, en particular las relacionadas con el derecho a la transparencia y la competencia económica. Sin embargo, en ambos casos se ha garantizado que las disposiciones sobre el empleo de las tecnologías se conserven, e incluso se amplíen en la misma medida que se han desarrollado las mismas.

Un paso fundamental en este sentido, se dio en el año 2008, con la reforma constitucional en materia penal que busca la instauración plena de los juicios orales. El cambio de paradigma sobre la alta demora en los procesos litigiosos, en particular en materia penal, implicó revisar los límites del empleo de históricos, y casi rústicos, métodos para llevar un registro de la actividad procedimiental, de las actuaciones judiciales y de la intervención de las partes en los juicios.

De este modo, se está realizando el tránsito a la oralidad, no a partir de la eliminación de la totalidad de los registros en materiales impresos, sino con la incorporación de herramientas que permiten nuevas formas para conservar dichos registros en versiones electrónicas de las actuaciones judiciales. De esta forma, el juez penal se podrá concentrar en la resolución de la materia sustantiva del caso, con cierta celeridad, más allá de verificar que un expediente judicial cuente con todas y cada una de las constancias impresas sobre los dichos de las partes. El acento se movió de un formalismo exacerbado, a la justicia y la búsqueda de la verdad histórica sobre la responsabilidad penal de los gobernados.

Este punto fue tomado en cuenta a plenitud al momento de discutir y aprobar el contenido del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Se transcribe el contenido del artículo 82 y 83 de dicho instrumento normativo para mayor claridad en la exposición:

CAPÍTULO V
NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Artículo 82. Formas de notificación

Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos:

I. Personalmente podrán ser:

a) En Audiencia;

b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal;

c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o

d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes:

1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique;

2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y

3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique;

II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y

III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse.

Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación.

Artículo 83. Medios de notificación

Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello.

El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada.

En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital.

Como se desprende de los artículos transcritos, el legislador ordinario hizo una distinción clara entre las “formas” de notificación y los “medios” de notificación. Las primeras, incluyen la notificación personal (y sus variantes), la lista, estrado o boletín (según el lugar en que se aplique) y la notificación por edictos.

Por otra parte, dentro de los medios de notificación se establece que podrá emplearse el correo electrónico, y otros medios, en los actos que requieran una intervención de las partes, con cuatro particularidades, a saber: (i) la necesidad de anexar copia de envío y recibido, o bien, que se guarde en el sistema electrónico existente para tal efecto; (ii) la posibilidad de notificar a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello; (iii) la obligación de asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada, y (iv) la posibilidad del empleo de la firma digital en la notificación de resoluciones judiciales.

Esta legislación de avanzada, se puede y debe replicar en otros ordenamientos de carácter Federal y aplicación en todo el territorio nacional, como es el caso del Código de Comercio.

En efecto, recordemos que nuestro Código de Comercio, a pesar de haber sufrido una serie de importantes reformas de actualización a lo largo de las últimas décadas, es un instrumento normativo que se promulgó y publicó en 1889, en tiempos de Porfirio Díaz.

Insistimos: con el paso del tiempo el Código se ha modernizado. Incluso, en la última década se incorporó el reconocimiento de la contratación electrónica, sin embargo sigue los mismos y rústicos procedimientos para el desahogo de los procesos jurisdiccionales de carácter contenciosos.

Por ello, consideramos necesario incorporar, a la manera que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismos expeditos, inmediatos y certeros tecnológicamente, para la notificación de actuaciones judiciales, sea a lo largo del proceso o sobre la conclusión del mismo. Salvaguardando, desde luego, la  necesidad de la notificación personal de la demanda de un juicio mercantil, sea    ordinario o ejecutivo. Esto, en atención a la relevancia toral que reviste dicha notificación y que así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.2

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

EMPLAZAMIENTO A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES ILEGAL EL PRACTICADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL TÍTULO DE CRÉDITO BASE DE LA ACCIÓN, CUANDO NO SE RESPETAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, YA QUE DICHO DOMICILIO NO DEBE ENTENDERSE COMO CONVENCIONAL PARA EFECTOS PROCESALES.3

Si bien es cierto en materia mercantil el procedimiento convencional resulta preferente y por esto el emplazamiento en el domicilio convencional resulta legal, también lo es que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1051, 1052 y 1053 del Código de Comercio dicho procedimiento convencional debe formalizarse en escritura pública, póliza ante corredor o ante el Juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades del procedimiento. Por tanto, resulta ilegal el emplazamiento practicado en el domicilio señalado en el título de crédito base de la acción, cuando no se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir si el emplazamiento no fue realizado de conformidad con las reglas que al respecto se establecen, ya que dicho domicilio no debe entenderse como convencional para efectos procesales, pues para ello se requiere cumplir con los requisitos señalados en los preceptos del Código de Comercio ya citados, y por tanto, la única consecuencia que tiene la estipulación del domicilio del suscriptor del título de crédito, es que dicho documento debe presentarse para su cobro en dicho domicilio, pero cuando su pago no se obtiene, y éste se demanda en juicio ejecutivo, debe emplazarse al demandado en el lugar en que tenga su domicilio, hecho que deberá constatar el actuario, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, domicilio que podrá ser el señalado en el título de crédito.

EMPLAZAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS. SI EN LA RAZÓN DEL ACTUARIO SÓLO SEÑALA QUE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO ES CORRECTO POR ADVERTIRLO DE LAS NOMENCLATURAS DE LAS CALLES, NÚMERO, COLONIA Y CIUDAD, ELLO NO COLMA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS QUE LO RIGEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).4

El artículo 67, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado ordena que el emplazamiento a las personas físicas se realice en el domicilio señalado por la parte que lo pide, el cual debe corresponder con el lugar en donde habita el demandado; por tanto, el actuario, al realizarlo debe cerciorarse de que queden satisfechas esas circunstancias y asentarlo en el acta relativa. En esas condiciones, si en la razón del actuario no se señala que en el domicilio en el que se constituyó para practicar el emplazamiento habita el demandado y, en cambio, sólo refiere que se cercioró de que era correcto por así advertirlo de las nomenclaturas de las calles, número, colonia y ciudad correspondientes, con estas expresiones no se colman las formalidades esenciales del procedimiento, dado que esa información no brinda la seguridad de que ese domicilio sea el lugar donde habita el demandado. Consecuentemente, esa irregularidad constituye una violación a las reglas que rigen el procedimiento de dicha diligencia.

Por ello, a efecto de lograr la prontitud en la tramitación de un procedimiento del orden mercantil, sea éste ejecutivo u ordinario, deberá adicionarse y reformarse el Código de Comercio en su capítulo IV DE LAS NOTIFICACIONES, a fin de  incorporar un mecanismo novedoso de notificaciones vía correo electrónico e implementar un catálogo específico de las notificaciones que deban ser personales.

El antecedente más próximo y fehaciente lo tenemos en las últimas reformas al Código de Comercio, el cual adicionó a los procedimientos mercantiles los juicios orales y con ello el artículo 1390 Bis 10, que refiere que únicamente será notificado personalmente el emplazamiento, permitiendo que las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.

En ese sentido, se considera que dentro de los procedimientos mercantiles tramitados en las vías ejecutiva u ordinaria, respectivamente, la única notificación en forma personal deberá ser, en los ejecutivos mercantiles el requerimiento, embargo y emplazamiento, y en los mercantiles ordinarios, el emplazamiento; en ambos tipos de juicios, en los casos en que el Juez considere pertinente una notificación personal.

​​Así las cosas, deberá adicionarse dentro del artículo 1068 del Código de Comercio una fracción VII que indique la posibilidad de notificaciones a través de un correo electrónico; así mismo deberá adicionarse un artículo 1068 Bis, dentro del cual se diga que sólo deben ser personales las notificaciones tratándose de los supuestos referidos en el párrafo anterior, y reformar, igualmente, el artículo 1069 del Código de Comercio, estableciendo que en el primer escrito deberá proporcionarse una dirección electrónica, donde se puedan practicar aquellos requerimientos o notificaciones que no deban ser personales a criterio del Juzgador.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman las fracciones V y VI, y se adiciona una fracción VII, al artículo 1068; se adiciona un artículo 1068 BIS, y se reforma el primer párrafo del artículo 1069, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1068.- …

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:

I.-

II.-

III.-

IV.-

V.- Por correo certificado;

VI.- Por telégrafo certificado, y

VII.- Por correo electrónico.

Artículo 1068 BIS.- Será notificado en forma personal, en el domicilio de los contendientes en el procedimiento únicamente:

I.- El requerimiento, embargo y emplazamiento a la parte demandada en los juicios ejecutivos mercantiles;

II.- El emplazamiento en el juicio mercantil ordinario, y

III.- Los demás casos que el Juez así lo considere.

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; así mismo deberán proporcionar una dirección electrónica para que les sean practicadas las notificaciones de carácter personal que el juez considere. Igualmente deben designar  el domicilio en el que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso de la Unión
el 15 de julio de 2015.

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado De las Fuentes Hernández. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

1 Reformas Pendientes Al Código de Comercio. Conferencia impartida el 26 de junio de 2008 en el edificio las Flores del Poder Judicial Federal, dentro del “Foro de Análisis a la Reforma Procesal Mercantil y la necesidad de actualizar el Proceso Civil Federal”, organizado por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces deDistrito, A.C. (visible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/26/RIJ26-07AGuerrero.pdf ; consultado: 7 de julio de 2015).

2 Época: Novena Época; Registro: 200234; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: P./J. 47/95; P. 133.

3 Época: Novena Época; Registro: 193025; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo X, Noviembre de 1999; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 53/99; P. 157

4 Época: Novena Época; Registro: 162858; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: XIX.1o. J/10; P. 2044






Tiene la palabra el Diputado Juan Bueno Torio, para presentar a nombre del Diputado Marcelo Torres Cofiño y suscrita por diversos legisladores del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Juan Bueno Torio, a nombre del Diputado Marcelo Torres Cofiño y suscrita por diversos legisladores del grupo parlamentario del PAN)

El Diputado Juan Bueno Torio: Muy buenos días, compañeras y compañeros.

Acudo ante ustedes a presentar una iniciativa de reforma constitucional, en nombre del Diputado Marcelo Torres Cofiño y su servidor Juan Bueno Torio.

En menos de un año, el Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha enfrentado graves crisis de política interior.

Tenemos el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, la problemática que surgió de la famosa Casa Blanca y ahora la fuga de “El Chapo” Guzmán, que independientemente de las terribles consecuencias que conlleva para nuestra democracia, hacen patente la falta de seriedad y compromiso por parte de quienes ejercen, desde el Ejecutivo Federal, la alta responsabilidad de velar por la seguridad y los intereses de la nación. Y decimos irresponsabilidad, pues en el mismo vuelo viajaba el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación a una cita en el exterior.

Actualmente nos encontramos ante un escenario nacional, que podemos llamarlo como si fuera un desastre que hace indispensable, exigir el cumplimiento y el respeto del estado de derecho, y digo que es un desastre, porque traemos además de los problemas de inseguridad, traemos los problemas vinculados al respeto de los derechos humanos, los problemas económicos del país y los problemas de desarrollo social que no dejan de seguir preocupándonos a todos los mexicanos.

Sin duda que las instituciones deben ser fortalecidas y protegidas, para que los servidores públicos que las tienen a su cargo, realicen sus atribuciones constitucionales y legales, de manera que se cumpla con el objetivo de forjar un bienestar general en la población, a la cual todos los funcionarios servimos.

El Poder Ejecutivo tiene a su cargo funciones de especial relevancia para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas. Por ello resulta de especial importancia, que la persona que ostenta estas atribuciones se encuentre en territorio nacional, sobre todo cuando el titular del Poder Ejecutivo está ausente.

Hago referencia a la disposición constitucional que establece que, en este caso de ausencias, ya sean temporales o permanentes del Ejecutivo Federal, será el Secretario de Gobernación quien ocupará la Presidencia de forma provisional en los términos de los artículos 84 y 85 de nuestro texto constitucional.

El titular de la Secretaría de Gobernación, representa el segundo nivel más importante dentro del Poder Ejecutivo, después del Presidente de la República, por lo que es menester que en las ausencias de éste del territorio nacional, sea el Secretario de Gobernación quien se mantenga al frente de las decisiones del país para atender de manera inmediata los asuntos, como el caso que nos ocurrió con la fuga de “El Chapo” Guzmán, que llegaron a presentarse y que comprometen la seguridad y la protección de todos los mexicanos.

Esta iniciativa representa un medio por el cual las dependencias de la Administración Pública Federal, puedan hacer frente de manera eficiente y eficaz a los hechos que, de presentarse, requieran la atención inmediata de quien está encargado de tomar las decisiones fundamentales, y que como se ha visto, el Secretario de Gobernación, por ser el responsable de la política interior, tiene a su cargo la encomienda de realizar.

El incremento de la inseguridad, así como la existencia y fortalecimiento de los grupos delictivos del país, hace necesario que se extremen las medidas de seguridad en los viajes, sobre todo del Presidente, que realiza para la atención de los asuntos a su cargo y que debe vincular en ocasiones a ambos funcionarios.

Por técnica legislativa, además de las reformas que se proponen en materia de estabilidad para la política interior, se pretende reformar también las disposiciones relativas en las que se menciona al Secretario de Gobernación para designarlo, de manera genérica, como el Secretario del Ramo de Seguridad Interior.

Aunado a ello, hay otro asunto que es necesario atender y que se incluye en esta iniciativa: la austeridad en la política exterior.

En días pasados, el Presidente Peña realizó una Visita de Estado al Reino Unido e Irlanda del Norte. Aquella visita de Estado, fue sumamente criticada por la opinión pública, como un nuevo acto de dispendio en medio de una crisis económica y de credibilidad que parece no tener freno.

La comitiva mexicana no sólo estuvo integrada por la familia del Presidente Peña, sino también acudió su doctor personal, legisladores, empresarios, académicos, asesores y amigos, la mayoría con acompañantes personales que en nada justifican el gasto del erario público.

En su último viaje a Francia, en el que hoy nos ocupa también, el Presidente de la República viaja acompañado por una comitiva total de 143 personas, entre ellas 31 titulares de dependencias del gobierno, incluido el Secretario de Gobernación, que tuvo que regresar de manera inmediata debido a la fuga de “El Chapo” Guzmán.

Los gastos derrochados no son congruentes con la difícil situación económica que vive el país, y mucho menos frente a los anuncios de la Secretaría de Hacienda sobre los fuertes recortes al gasto ante la caída de los ingresos petroleros, la devaluación del peso frente al dólar y la poca recaudación tributaria, en virtud de la miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva que estamos padeciendo.

En aquel viaje, quedó de manifiesto la opulencia de una clase política, que contrasta con una población que apenas goza con un salario mínimo de 70 pesos diarios.

En la presente iniciativa se propone que: “En las visitas de Estado sólo podrán destinarse recursos públicos en carácter de apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo de las mismas y gastos de viaje relativos, al Presidente de la República, al Secretario del ramo de Relaciones Exteriores y al número máximo de integrantes de la comitiva que reúnan los requisitos que se determinen, en ambos casos, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.”

Termino, señor Presidente, es una reforma constitucional.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo fundamental, el establecimiento explícito de un ejercicio responsable del poder para la estabilidad política, la seguridad del interior y la austeridad en la política mexicana.

Sólo pretende, compañeras y compañeros, responsabilidad y congruencia de los funcionarios públicos. Eso es lo que buscamos.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa








Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 54, 56 y 116 constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 54, 56 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Señor Presidente, como vengo a presentar una iniciativa para ampliar la participación y representación ante las Cámaras federales y los congresos locales de los candidatos independientes, pero adicionalmente he presentado un punto de Acuerdo que está completamente ligado, le pediría me permita presentarlos ambos, por economía procesal, en este mismo acto.

Recordemos aquel cuento famoso de Augusto Monterroso, que se utilizó mucho recientemente y que decía: “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”.

Permítanme una licencia literaria y pensar ¿y qué pasó cuando el dinosaurio se durmió? Pues cuando el dinosaurio se durmió, le surgieron los independientes.

El 8 de junio, esa fue la noticia con la que despertó el país, más allá de los resultados de un reacomodo político en las Cámaras, la gran noticia, el gran avance democrático de nuestro país, el 8 de junio, el día después, fue la presencia de candidatos independientes que habían ganado.

Hoy este triunfo de los candidatos significa uno de los más grandes avances democráticos de nuestro país, y uno de los resultados contundentes, precisos, que se pueden tocar de las reformas que nosotros hemos aprobado aquí, particularmente de la reforma política.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Permítame, Senador Robledo Aburto.

Le pido a la Asamblea, por favor, quienes estén platicando puedan hacerlo de una manera más baja, hay una caja de resonancia muy fuerte de todo lo que se está comentando y quisiera que le pusiéramos atención al orador, por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Le agradezco mucho, señor Presidente.

Bueno, como les decía, y efectivamente en este ánimo donde no escuchamos a la ciudadanía, si no podemos escuchar a nuestros compañeros, pues ahí están surgiendo los independientes, ahí están surgiendo sin que nos demos cuenta, como una alternativa totalmente legítima y como respuesta a los errores que han cometido y que hemos cometido los partidos políticos durante todos los años.

Por eso, déjenme decirles qué es lo que estoy planteando con la iniciativa. La iniciativa lo que pretende es que en cada elección legislativa, los independientes tengan derecho a la representación proporcional alcanzando, en el caso de las Cámaras federales, un Diputado plurinominal y un Senador de lista nacional por cada punto porcentual obtenido en la votación nacional.

¿Cómo podríamos elegir cuáles candidatos serían seleccionados para formar parte de esta suerte de plurinominales independientes?, ¿cómo se asignarían estos lugares?

Bueno, hay que recordar la representación proporcional, los Diputados de partido, cómo se seleccionaban, pues a partir de quienes mayor votación hubieran obtenido, y es que sus resultados, sin duda, llaman la atención al considerarlos como una fuerza política con derecho a representación legislativa proporcional.

Y quisiera que viéramos algunos datos, por si no se han enterado.

En la pasada elección federal, sin duda, hubo un hecho que tiene que ver con los independientes, que es el que ocupó la mayor cantidad de planas y de tinta, que fue la victoria en Nuevo León del candidato conocido como “El Bronco”.

Pero hay otros datos que revelan cómo están operando los independientes. En el país, hubo 22 candidatos independientes a Diputado federal, de esos ganó uno, Clouthier, por cierto, ex panista.

De estos candidatos a Diputado federal, de estos 22 candidatos, 4 quedaron en segundo lugar, otros 3 quedaron en tercer lugar. Si suman todas las votaciones de los 22 candidatos independientes, resulta que en promedio, su promedio de votación fue de 9.24 por ciento, y repito, 9.24 por ciento, es decir, tuvieron más votos que 6 partidos políticos con registro nacional.

En un mundo normal, donde los legisladores vinieran a legislar, a escuchar, a debatir, en un mundo normal los partidos políticos lo que estarían haciendo, es una profunda autocrítica para saber qué les pasó.

En nuestro país ocurre otra cosa, no había pasado ni una semana de la noticia de los independientes, cuando ya cuatro congresos locales estaban viendo cómo ponerles el pie, cómo eliminarlos.

Sin duda, aquella máxima de otros tiempos que decía, que al tigre hay que matarlo chiquito, se presentó aquí, a los independientes hay que obstaculizarlos, hay que ponerles más requisitos, hay que eliminarlos para que no vulneren nuestra sólida y estable partidocracia mexicana.

A 23 días de la elección, el pasado 7 de junio, cuatro estados, y aquí hay representantes de esos estados, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua, los cuatro estados ya aprobaron obstáculos a la nueva expresión de la vitalidad democrática mexicana que significan los independientes.

Aquí yo les quisiera preguntar, porque algunos deben de recordar, quizá lo tienen así como entre sueños y el subconsciente, que aprobamos esa reforma política, aquí habría que preguntarnos: estos legisladores locales de estos cuatro estados ¿qué bien público a favor de la sociedad están tutelando?

Yo me preguntaría ¿están tutelando más libertad, más democracia, mayor participación, mayor pluralidad?

No, no hay un bien público tutelado que estén estos legisladores locales tutelando.

Quizá lo que sí están protegiendo no es un bien público, es un bien privado. El bien privado que se ha convertido el botín de la representación pública y la representación popular en muchos, en muchos estados de nuestro país.

Sin duda, un verdadero, lamentable, retroceso democrático.

Quisiera que veamos de manera muy rápida qué es lo que están haciendo. Y les pongo varios ejemplos:

En Chihuahua, hoy el congreso local estableció que para ser candidato independiente, no se debe de haber pertenecido a ningún partido político tres años anteriores ni como dirigente ni como militante.

Aquí les parece que están poniéndole fecha de nacimiento a la libertad y a la independencia de los ciudadanos, yo quisiera hacer una analogía, y a ver si me acompañan.

La Ley de Asociaciones Religiosos y Culto Público, reglamentaria del artículo 130, establece justamente que los Ministros de Culto Religioso se tienen que separar de su ministerio cinco años antes de querer ser candidato; pero no dice nada sobre aquellos que profesan una religión.

Ser dirigente, yo estoy de acuerdo que si un dirigente político quiere ser independiente, pues quizá que le pongan alguna fecha de separación, pero a un militante, es tanto como pedírselo a alguien que profesa una religión.

Pero veamos a los otros demócratas de Veracruz o de Tamaulipas, ¿ellos qué hicieron?

Dicen que los aspirantes sin partido deben de reunir tres por ciento de las firmas para poder postularse, cuando para elecciones federales lo que aquí nosotros aprobamos, es el requisito del 2 por ciento.

Y finalmente el caso de Sinaloa.

El caso de Sinaloa, que le está otorgando de manera graciosa solamente 40 días de plazo para reunir las firmas de apoyo, cuando el mínimo que nosotros aprobamos es de 60 días, para otras candidaturas son de más días, pero el mínimo son 60; Sinaloa pone un mínimo, sobre el mínimo y se va a 40 días.

No podemos dejar de pensar que estas reformas son contrarias a la democracia, son la reacción de una partidocracia que no sabe qué hacer; una partidocracia que tiene miedo a la competencia y también, por si fuera poco, son contrarias a la ley.

Pero, por si no fuera poco, son contrarias a la ley, son contrarias al sentido común, son contrarias a entender el mensaje ciudadano que nos está mandando los electores al votar por candidatos independientes.

Por eso es que creo que los Congresos de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chihuahua y de Veracruz, con estas modificaciones están invadiendo las atribuciones del Congreso de la Unión; están alterando el espíritu de la reforma política constitucional, y están vulnerando el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ese sentido, Diputado Presidente, es que yo creo que esta Comisión Permanente tiene una obligación y una responsabilidad política frente a estos cuatro congresos locales.

Y ésta tiene que ver con nuestra legitimación activa, para controvertir constitucionalmente los actos de los congresos estatales cuando éstos, como es este caso, exceden su mandato constitucional en detrimento de las atribuciones del Poder Legislativo.

Por lo anterior, es que estoy solicitando el presente punto de Acuerdo, para que la Comisión Permanente, se pronuncie no solamente para que las legislaturas estatales referidas rectifiquen sus disposiciones en materia de candidaturas independientes, sino que también que la Comisión Permanente, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva, interponga a la brevedad las respectivas controversias constitucionales en contra de las normas aprobadas por los Congresos de los Estados de Tamaulipas y Veracruz que ya fueron publicadas, y también contra las de Chihuahua y Sinaloa, inmediatamente después de que se publique.

La democracia mexicana ha avanzado a un paso gradual que muchos observadores han calificado de lento. Este avance no lo echemos para atrás por la disposición de unos legisladores locales, no lo echemos para atrás porque tenga algún objetivo específico que esté buscando evitar la participación política de algún candidato independiente.

Creo que no podemos quedar impasibles ante los retrocesos que hoy, ya de manera muy rápida, 23 días y ya cuatro congresos locales lo han hecho; esto es contagioso, esto es contagioso y me imagino pronto viendo a otros congresos locales haciendo lo mismo.

Por eso, amigas y amigos legisladores, los invito a que hagamos esta reflexión, la reflexión de que no hay nada más poderoso que un ideal al que le ha llegado su tiempo, y este es el tiempo de los candidatos independientes.

Y a los legisladores de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, decirles solamente, como les están diciendo seguramente en sus estados de manera muy cariñosa y coloquial: No le saquen. Ganen en las urnas y convenciendo al electorado, y no en las leyes lo que no puedan ganar con un liderazgo legítimo.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTÍCULOS 54, 56 y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El suscrito, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senador por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTÍCULOS 54, 56 y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Este año se llevaron a cabo las elecciones federales intermedias, además de varios procesos electorales locales en: Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, bajo el nuevo modelo político derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

En estas elecciones se instrumentaron por primera vez desde 1946 (año en que mediante una reforma legal se confirió la exclusividad a los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular) las candidaturas independientes. Esta situación nos dejó un saldo de un gobernador (Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, en Nuevo León) y dos diputados (Pedro Kumamoto, por Jalisco y Manuel J. Clouthier, por Sinaloa) independientes. Con ello se demostró la viabilidad de esta figura.

Sin embargo, posteriormente a las elecciones, los congresos de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, llevaron a cabo reformas en sus códigos electorales que, en lugar de impulsar, dificultan el acceso a una candidatura independiente. Los estados en comento sobre regularon esta figura en sus legislaciones electorales en comparación con la regulación contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Chihuahua, por ejemplo, limitó la participación de los candidatos independientes, al establecer que no deben haber pertenecido a ningún partido político tres años anteriores al día de la elección de que se trate. Por su parte en los Congresos de Veracruz y de Tamaulipas, los legisladores avalaron que en sus respectivas legislaciones electorales los aspirantes sin partido deban reunir las firmas del 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal actualizado, aún cuando en la elección federal solo necesitan el 2%. Por su parte, el estado de Sinaloa reduce a 40 días el plazo en que los aspirantes a candidatos independientes deberán reunir las firmas de apoyo para su postulación, en contraste con los plazos de la Ley general de 120 días en las candidaturas presidenciales, 90 días en las senadurías y 60 días en las diputaciones.

Las reformas referidas de los Congresos de Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, en las que ponen candados a los candidatos independientes, son una muestra de que los partidos políticos coartando los avances democráticos conquistados por la ciudadanía, y a la vez buscan fortalecer el control sobre su militancia. Antes de las elecciones Hidalgo y el Estado de México ya habían legislado de forma restrictiva estos derechos ciudadanos.

Consideramos que dichas reformas van en contra de la esencia de las reformas constitucional y legal, en materia político electoral  del año pasado, pero también en contra los derechos fundamentales, tanto de las candidatas y/o candidatos así como de los votantes que verán restringidas, una vez más, sus opciones políticas.

Sería de esperarse que los Estados se encontraran a la vanguardia, experimentando mecanismos para que los ciudadanos accedan al poder sin intervención de los partidos políticos, más allá de lo previsto por la legislación Federal. Sin embargo, pareciera que en lugar de promover estos derechos, buscan restringirlos, en favor de una partidocracia.

Por estos motivos, en esta iniciativa se pretende marcar nuevas pautas para ampliar los derechos ciudadanos, modificando una de las limitantes de las candidaturas independientes, las diputaciones por vía plurinominal, cuyo derecho sigue siendo exclusivo de los partidos políticos.

Cabe recordar que la fórmula de representación proporcional no es una patente de los partidos políticos ni una concesión. Se trata de un principio electoral que permite el reconocimiento de las minorías a través de la representación política.

Debemos recordar que en el siglo pasado, un primer paso para disminuir la sobre representación del partido hegemónico fue el reconocimiento de los diputados de partido, en 1963, durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Con esta reforma a los procesos electorales se buscó dar muestra de una mayor apertura y flexibilidad, en un momento en el que la capacidad integradora del sistema político mexicano había empezado a ponerse a prueba.

Este sistema se aplicó por primera vez en las elecciones del 5 de julio de 1964. El PAN logró obtener veinte diputados partido; el PPS, nueve y el PARM, creado en 1957, cinco; los escaños así concedidos ascendieron a 32, es decir el 15.3% del efectivo total de la Cámara. Estas cifras se mantendrían casi inalteradas en las décadas posteriores.

Fue hasta la reforma de 1977, impulsada por el secretario de gobernación Reyes Heroles, que, con el propósito de dar una salida de la clandestinidad a diversas organizaciones políticas de oposición, que de otra forma no participarían. Con esta reforma se crearon las diputaciones por el principio de representación proporcional, consistentes en 100 de los 400 diputados que integrarían la Cámara.

Como puede observarse la representación proporcional no deriva de un privilegio de los partidos políticos, sino de la lucha democrática en nuestro país. Por este motivo debemos crear un sistema que permita a los candidatos ciudadanos acceder a las diputaciones plurinominales, en pro de la representación popular, toda vez que obtienen un respaldo en votación efectiva que avala su presencia en el Poder Legislativo.

En este sentido se propone la integración de legisladores plurinominales cuyas candidaturas fueran independientes, hasta por una décima parte de la representación de los legisladores plurinominales, en el caso del Senado contando en el total a los senadores de primera minoría, pero afectando únicamente a los diputados designados por listas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN Y LOS ARTÍCULOS 54, 56 y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan una fracción VII del artículo 54, un tercer párrafo al artículo 56 y el tercer párrafo de la fracción II del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 54.La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI.

VII. Los candidatos independientes, al obtener en su conjunto el uno por ciento de la votación total en el país, en la elección respectiva, tendrán el derecho a acceder a la representación proporcional. Recibirán un diputado plurinominal por cada punto porcentual que obtengan, hasta veinte como máximo, mismos que tendrán prelación en la asignación respecto al reparto de posiciones entre los partidos políticos. Estos serán acreditados por riguroso orden, de acuerdo con el porcentaje de sufragios que hayan logrado en relación a los demás candidatos independientes, en todo el país. Solamente se podrán acreditar diputados en los términos de esta fracción a los candidatos independientes a una  diputación, que hubieran obtenido su registro conforme a lo establecido por esta Constitución y la Ley.

Artículo 56. ...

...

Los candidatos independientes, al obtener en su conjunto el uno por ciento de la votación total en el país, en la elección respectiva, tendrán el derecho a acceder a la representación proporcional. Recibirán un senador plurinominal por cada punto porcentual que obtengan, hasta seis como máximo, mismos que tendrán prelación en la asignación respecto al reparto de posiciones entre los partidos políticos. Estos serán acreditados por riguroso orden, de acuerdo con el porcentaje de sufragios que hayan logrado en relación a los demás candidatos independientes, en todo el país. Solamente se podrán acreditar senadores en los términos de este artículo a los candidatos independientes a una  senaduría titulares de la fórmula, que hubieran obtenido su registro conforme a lo establecido por esta Constitución y la Ley.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I.

II....

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, incluyendo en este último caso la representación de candidatos independientes que en su conjunto obtengan el uno por ciento de la votación total en la elección de su respectiva entidad, garantizando una participación de por lo menos el diez por ciento de las diputaciones plurinominales, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

III. a IX.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República,
el 15 de julio de 2015.

Sen. Zoé Robledo Aburto.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

Sonido en el escaño del Diputado Pablo Adame, ¿con qué objeto?

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.






Hace unos días falleció un referente del panismo, un hombre que dedicó su vida al servicio público, don Jesús Hinojosa, fue alcalde de San Nicolás en dos ocasiones y fue alcalde también de Monterrey, quisiera proponerle un minuto de silencio en su honor, en homenaje a un hombre que dedicó su vida a México.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con todo gusto, Diputado Adame.

MINUTO DE SILENCIO

Esta Presidencia otorga este minuto de silencio en honor de don Jesús Hinojosa Tijerina.

Les pido, por favor, a todos ponerse de pie.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Descanse en paz don Jesús Hinojosa Tijerina.






El siguiente apartado del Orden del Día es la votación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reservas para discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 20 dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las causas que propiciaron el accidente ocurrido en la Estación Oceanía de la Línea 5 del Metro.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas con el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en particular con la problemática derivada de la suspensión de la Línea 12, conocida como Línea Dorada y los desperfectos, fallas y accidentes en otras líneas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

Las proposiciones con punto de acuerdo que se estudian y dictaminan son las siguientes:

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-67.

2. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal instrumente las acciones que corresponda para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como una evaluación de sus operadores; e informe a la brevedad sobre las acciones y resultados al respecto, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-70.

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre todos los reportes, informes, datos y documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 1o. de mayo de 2014 hasta el 1o. de mayo de 2015; así como la atención y seguimiento en cada caso, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-85.

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que investigue la comisión de posibles delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-97.

5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-134.

6. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-301.

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a revisar los programas de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de evitar accidentes como el registrado el pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro en esta ciudad, presentada por el Dip. Gerardo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-517.

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los recursos que han sido asignados al fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, para que informe sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1202.

9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones y medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro, presentada por el Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1370.

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por las probables irregularidades respecto a la reparación de 24 trenes del Sistema de Transporte Colectivo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1397.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, prevenir casos como el acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes refieren que, en los últimos meses, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha presentado una serie de deficiencias en sus instalaciones y operación. Diversos medios informativos han documentado en varios momentos la falta de mantenimiento que se traduce en constantes retrasos en los tiempos de traslado, múltiples problemas en sus instalaciones e incluso la inobservancia en el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Señalan que estas deficiencias quedaron de manifiesto en el choque de dos unidades - El tren 0075 que alcanzó en la parte trasera a la unidad 0057- en la estación Oceanía con dirección a Politécnico de la línea 5, con un saldo de 12 personas lesionadas, de las cuales seis fueron hospitalizadas, entre ellos destaca una personas de 35 años que tuvo una fractura expuesta en tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas y otro lesionado que fue rescatado después de quedar prensado entre el vagón 4 y 5.

Adicionalmente, advierten que son varias las vías del Metro que presentan hundimiento, provocando vibraciones, colapsos de estructuras, fracturas, grietas, deformación del sistema de vías, así como desplazamientos horizontales o verticales del cajón y desgaste prematuro en vías y ruedas.

Recuerdan que, desde el 2010, se había anunciado estos desperfectos en las líneas 4, 5, 9, A y B, en la cual diariamente se movilizan y trasladan más de dos millones de pasajeros. Desde esa fecha se informó que todo el tramo elevado de la línea B y 60% de la línea 9 presentan hundimientos, mientras que de 25 a 30% de las líneas 4 y 5 presentan afectaciones por esos asentamientos, que obligan a reducir la velocidad de operación del Metro.

Concluyen que ante estos acontecimientos recurrentes, las autoridades responsables deben ser sancionadas conforme a derecho, ante su responsabilidad en estos actos u omisiones en uno de los proyectos más concurrentes de trasporte público de la capital del país y refieren que el aumento del precio del servicio no se ha reflejado en acciones para garantizar la seguridad, transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del servicio y las acciones hasta ahora instrumentadas no han arrogado los resultados esperados.

Consideran que es imprescindible conocer las acciones contempladas por las autoridades del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo Metro para el mantenimiento de las estaciones, vías, rieles y vagones para prevenir contingencias como las acontecidas, en el que indudablemente se pone en peligro la vida de miles de usuarios.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que presente un informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y con ello, prevenir casos como los acontecidos el día 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía, dirección Politécnico.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal que adicional a la presentación del dictamen técnico relocalizado por el Comité para la investigación de incidentes relevantes del Sistema de Transporte Colectivo, realice un peritaje externo sobre las causas que originaron el choque en la Línea 5 del Metro.

2. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal instrumente las acciones que corresponda para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como una evaluación de sus operadores; e informe a la brevedad sobre las acciones y resultados al respecto, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El senador proponente refiere que, conforme a información publicada por medios de comunicación, el 4 de mayo de 2015, chocaron dos trenes en la estación Oceanía de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dando como resultado 12 heridos, de los cuales seis fueron trasladados a hospitales, la suspensión del servicio y un caos vial en la zona nororiente de la Ciudad de México; debido a que a las 18:15 horas un tren operado por Gilberto Guillen Ramos, que salía de la estación Terminal Aérea en dirección a Oceanía, se impactó en la parte trasera de un tren estacionado, ya que lo resbaloso de las vías por la lluvía y la pendiente del cerro ocasionaron que la unidad no pudiera frenar.

Por otra parte, recuerda que la mañana del jueves 18 de diciembre de 2014, un tren del Metro se descarriló de las vías de la zona de talleres, en la estación El Rosario, terminal de las Líneas 6 y 7, al derribar una barda y detenerse con medio vagón suspendido en el aire, por encima de una bodega aledaña a la zona.

Del mismo modo, recuerda que el 20 de octubre de 2014 cientos de usuarios que viajaban en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, fueron desalojados del tren en el que viajaban debido a que se estaba quemando una de las llantas, al haberse sobrecalentado un kit de zapatas del sistema de frenado.

En igual sentido, expone que en los meses de julio a septiembre de 2014, en más de 15 ocasiones se suspendió el servicio gravemente en trenes de las Líneas 1, 3, 5, 6, 7 y A del Metro, ya sea por fallas técnicas, eléctricas o mecánicas, e incluso hasta por conductores ebrios.

En ese contexto, señala que resulta imprescindible que el Gobierno del Distrito Federal emprenda las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la seguridad de los usuarios del servicio público de transporte, por lo que es necesaria una efectiva revisión integral de todas las condiciones de operación de los servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, sus instalaciones y sus operadores, ante al alarmante incremento de la gravedad de los accidentes que se han presentado en los últimos meses; lo anterior, en razón de que esto resulta un grave y evidente perjuicio al derecho de movilidad de los capitalinos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a que instrumente las acciones que correspondan, para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como una evaluación de sus operadores; e informe a esta soberanía a la brevedad sobre las acciones y resultados al respecto.

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe sobre todos los reportes, informes, datos y documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 1o. de mayo de 2014 hasta el 1o. de mayo de 2015; así como la atención y seguimiento en cada caso, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El proponente señala que el 7 de mayo de 2015, el periódico Reforma publicó una nota en la que denunciaba que distintos técnicos habían detectado anteriormente problemas en el sistema de tracción-frenado, baja tensión, presencia de humo y bloqueos en el piloto automático del tren con el número M-0577 que se impactó el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía del Metro contra un convoy estacionado; tal como fue asentado en un oficio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo marcado como “urgente” en el que se incluye una lista con 13 fallas detectadas entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2015, las cuales piden sean corregidas, y que el secretario de la Sección Sindical X, Fernando Campos, envió al Director de la Línea 7, Francisco Pérez Villafaña, y al subgerente de Líneas 7, 8, 9 y A, José Luis Moreno Torres, desde el 24 de marzo, ya que dicho tren operaba antes en la línea 7 del Metro.

Refiere que cuarenta días después, el 4 de mayo de 2015, el tren se impactó en la parte trasera de otra unidad estacionada en la estación Oceanía de la Línea 5, dando como resultado 12 heridos, de los cuales 6 fueron trasladados a hospitales, la suspensión del servicio y un caos vial en la zona nororiente de la Ciudad de México.

El senador proponente concluye que resulta imprescindible que el Gobierno del Distrito Federal dé a conocer puntualmente cada una de las deficiencias detectadas en la evaluación, reportes técnicos o informes de los trenes que operan actualmente en el Sistema de Transporte Colectivo, así como el seguimiento y cumplimiento que se ha brindado a cada una de las observaciones, ya que resulta alarmante que la falta de mantenimiento del tren que suscitó el catastrófico accidente ocurrido en la estación Oceanía había sido advertido por operadores del Metro; en consecuencia, este lamentable incidente pudo evitarse, de haber sido atendida la petición de corregir los desperfectos en el sistema de tracción-frenado y el pilotaje del convoy, detectado por dichos operadores.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a que por su conducto informe a esta Soberanía sobre todos los reportes, informes, datos y documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 1º de mayo de 2014 hasta el 1º de mayo de 2015; así como la atención y seguimiento en cada caso.

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que investigue la comisión de posibles delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro, presentada por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El proponente señala que el 7 de mayo de 2015, el periódico Reforma publicó una nota en la que denunciaba que distintos técnicos habían detectado anteriormente problemas en el sistema de tracción-frenado, baja tensión, presencia de humo y bloqueos en el piloto automático del tren con el número M-0577 que se impactó el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía del Metro contra un convoy estacionado; tal como fue asentado en un oficio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo marcado como “urgente” en el que se incluye una lista con 13 fallas detectadas entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2015, las cuales piden sean corregidas, y que el secretario de la Sección Sindical X, Fernando Campos, envió al Director de la Línea 7, Francisco Pérez Villafaña, y al subgerente de Líneas 7, 8, 9 y A, José Luis Moreno Torres, desde el 24 de marzo, ya que dicho tren operaba antes en la línea 7 del Metro.

Refiere que cuarenta días después, el 4 de mayo de 2015, el tren se impactó en la parte trasera de otra unidad estacionada en la estación Oceanía de la Línea 5, dando como resultado 12 heridos, de los cuales 6 fueron trasladados a hospitales, la suspensión del servicio y un caos vial en la zona nororiente de la Ciudad de México.

El proponente concluye que resulta imprescindible que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigue la posible omisión de sus funciones por parte de servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo, debido a que había sido advertida la falta de mantenimiento de uno de los trenes que chocó con otro convoy estacionado en la estación Oceanía del Metro, provocando 12 usuarios lesionados y el fallecimiento de un trabajador; por lo que de resultar responsables se deberá ejercer la acción penal correspondiente contra los servidores públicos que hayan incurrido en la comisión de un delito y no quede impune este lamentable accidente.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que investigue la comisión de posibles delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro.

5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

La senadora proponente relata que el pasado 4 de mayo, ocurrió un choque de trenes en la Línea 5 del Metro, en la estación “Oceanía”, en donde producto del percance resultaron lesionadas 12 personas, producto del impacto de la unidad marcada con el número 0075 en la parte trasera del tren número 0507.

Aunado a lo anterior, el Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en conferencia de prensa señaló que un trabajador de nombre Salvador Sánchez, había perdido la vida al caer y golpearse la cabeza, cuando participaba en las obras para retirar los trenes.

Refiere que, a consecuencia del choque de los trenes, el Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que presentaría una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Detalla que, de acuerdo con versiones publicadas en diversos medios de comunicación el tren que chocó en Oceanía tuvo al menos 22 fallas en sólo 2 días antes del accidente. Dado que el 6 de febrero de 2014, autoridades de la Ciudad de México lo habrían presentado como recuperado, después de haber pasado tres años sin dar servicio por presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos AGATE, que controla la tracción y frenado de los trenes. Señala que, a decir de los diarios informativos, durante el tiempo en el que estaba fuera de circulación se le sustraían piezas para ocuparlas en la reparación de otros trenes y a pesar que se le habían instalado ruedas de seguridad nuevas en 2 de los 6 carros, fue puesto en marcha, teniendo que regresar al taller 4 horas después de iniciar la jornada en la línea 7, por lo que fue enviado a la línea 5 debido a que tiene una menor afluencia.

Advierte la declaración de uno de los operadores de nombre Fernando Israel Rosales Martínez, rendida ante autoridades judiciales que, según su dicho, el choque se debió a una falla en el sistema de frenado de urgencia, así mismo, señaló que: “(El tren) se comienza a patinar y al salir del tramo techado sigo sin visibilidad, por la intensa lluvia, intento detenerlo con frenado de urgencia nuevamente el cual no se logra, al encontrarme con la señal de entrada al alto espaciamiento, intento detener el tren mediante el movimiento de la llave Conmutador C de pilotaje Automático a Conducción Manual, para lograr una vez más el bloqueo y evitar el franqueamiento, asimismo, solicito el corte de corriente por medio de radio teléfono al regulador del Puesto Central de Control”. —Continúa— “al percatarme que el tren 04 no había abandonado en su totalidad la estación Oceanía por segunda, tercera y cuarta ocasión solicito el corte de corriente, no obteniendo respuesta, y a su vez, continúo moviendo el Conmutador C, para insistir en detener el tren, el cual no se logra, y al encontrarme a una distancia cerca de impactarme decido aventarme al andén para salvaguardar mi vida“

Finalmente, expone que es de observarse que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro, es el encargado de determinar las causas que ocasionaron el incidente. Dicho Comité, está integrado por 16 directivos del Sistema de Transporte Colectivo, lo que deja en duda que el reporte que emita se trate de una determinación fidedigna.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realice un peritaje integral que permita determinar las causas que provocaron el choque de trenes ocurrido en la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través del sistema de Transporte Colectivo Metro, se trasparente la información derivada del incremento de la tarifa del METRO, el monto total recaudado y el destino de dichos recursos.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a fin de que garantice el derecho del acceso a la información de los ciudadanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince.

6. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.

Los diputados proponentes explican que el pasado 4 de mayo, alrededor de las 18:00, se presentó un choque entre los trenes 04 y 05 de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. En un video que capturó el momento exacto del percance, se aprecia que mientras un convoy (el número 04) está estacionado en el andén de la estación Oceanía en los rieles que van en dirección a la estación Politécnico, un segundo tren llega y se estrella con el primero. Por la colisión, hubo 12 personas lesionadas. Además, en las labores de separación y reparación de los trenes, un trabajador, Salvador Wood, perdió la vida.

Señalan que, a partir de lo ocurrido, el martes 12 de mayo, el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro, integrado por 16 directivos del STC Metro, emitió un informe en el que pretende esclarecer lo acontecido. Así pues, dicho informe señala que el choque tuvo como causa un doble error humano: por un lado, el conductor del tren 05 no accionó el modo manual, situación a la que estaba obligado por la presencia de lluvia; por otro lado, el regulador del Puesto Central de Control no emitió el reporte pertinente en la estación Terminal Aérea, para evitar la salida del tren 05 hacia la estación Oceanía, hasta que el tren 04 hubiera desocupado por completo el andén.

Advierten que, tanto el informe del Comité como las declaraciones del director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del STC, Gerardo Requis, buscan responsabilizar exclusivamente a los trabajadores, afirmando que los trenes estaban en condiciones óptimas y que éstos están impedidos a circular cuando no cumplen con los protocolos de seguridad. No obstante, situaciones previas contradicen tales aseveraciones. El ejemplo más claro y próximo es lo acontecido en la Línea 12, en donde el material rodante operaba en condiciones por debajo de las permitidas.

Exponen que, ante ello, el chofer del tren 05, Fernando Israel Rosales, se deslindó de la responsabilidad y atribuyó el accidente a tres factores: (1) Problemas de comunicación. El Puesto de Control Central no le notificó acerca de la lluvia, por lo que no activó el piloto manual a tiempo. (2) El tren presentaba fallas, por ejemplo, el limpiaparabrisas no servía, lo que le restó visibilidad al momento de ingresar al andén. (3) El Puesto de Control Central no atendió su reiterada petición de corte de corriente, cuando se percató de que el sistema de frenado de urgencia no funcionaba.

En segundo lugar, explican, trabajadores del STC Metro han manifestado su inconformidad con la versión de los hechos del Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro. Han expuesto que a lo largo de la Línea 5 existen pendientes sin protección, en otros casos, protecciones inservibles, interferencia con otras líneas en la comunicación y vías deformadas. Argumentan que los operadores de los trenes, de 47 años de antigüedad, circulan sin las medidas mínimas de seguridad. Para sumar evidencia a tales declaraciones, se difundió un video grabado por un conductor de la Línea 8, en el que se corrobora que no hay un alumbrado adecuado que permita ver el trazo de la ruta o identificar obstáculos. En éste, también se muestran fallas en la señalización.

Adicionalmente, hacen mención a un reportaje de la periodista Denise Maerker, que apunta a que las causas del choque entre convoyes del Metro fueron otras a las señaladas por el Comité. Se señala que el tren 05 no operaba en condiciones óptimas, puesto que había presentado 22 fallas en 26 días, previo al incidente del 4 de mayo. Además, este tren no prestó servicio durante tres años por fallas mecánicas en lo que se refiere a tracción y frenado. El mismo día que este tren se volvió a poner en operación, el 4 de febrero de 2014, tuvo que regresar al taller por no funcionar adecuadamente.

Del mismo modo, informan que el periódico Reforma asegura que las bitácoras, documentos en los que se registran los pormenores de la operación, fueron alteradas el día del accidente. Este medio, que cuenta con copias de dichos registros, reporta inconsistencias: saltos de folios de las páginas, campos incompletos y tipos de letra distintos entre sí. Es decir, las bitácoras, que son elementos clave para la investigación de las causas y responsables del choque, fueron manipuladas por quienes tienen acceso a ellas.

Concluyen que los señalamientos a las condiciones de la infraestructura y equipamiento de la red del Metro de la Ciudad de México, así como las acusaciones por probables alteraciones de documentos, son sumamente graves. No obstante, el dictamen emitido por el STC Metro, a través del Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro, omite el deterioro y la falta de mantenimiento que presentan las líneas. Es decir, el órgano encabezado por Joel Ortega pretende pasar por alto los problemas de fondo que aquejan a este medio de transporte y busca eximirse de toda culpa.

Por ello, consideran de fundamental importancia que sea una empresa externa, libre de presiones por parte del gobierno capitalino, la que realice un peritaje serio que permita deslindar responsabilidades y tomar las medidas correspondientes para evitar situaciones similares en un futuro.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, contrate a una institución que elabore un peritaje externo sobre el choque entre dos trenes, ocurrido el pasado 4 de mayo, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera, para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ingeniero Joel Ortega, a fin de que la calidad del servicio mejore y que se pueda realizar una adecuada investigación de los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía.

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a revisar los programas de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de evitar accidentes como el registrado el pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro en esta ciudad, presentada por el Dip. Gerardo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

El diputado proponente relata que el pasado 4 de mayo del año en curso, alrededor de las 18:30 horas, se registró un choque entre dos trenes, en la estación Oceanía dirección Politécnico de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México, con un saldo de 12 personas lesionadas; dos de ellas de gravedad, al resultar prensadas.

Adicionalmente, recuerdan que durante el traslado de uno de los trenes accidentados en la estación del metro Oceanía, el trabajador Salvador Wood Sánchez, de 40 años de edad, cayó del convoy golpeándose la cabeza perdiendo la vida poco tiempo después en las instalaciones del hospital a donde fue trasladado. Sobre este caso, refieren que de acuerdo a las primeras versiones, Salvador Wood Sánchez viajaba a bordo del tren, el cual se puso en movimiento con las puertas abiertas, sin ningún tipo de protección, arnés, guantes o cuerda de vida, cuando el convoy se detuvo y al reiniciar la marcha, éste dió un tirón, y Sánchez cayó a las vías.

Por ello, explican que existe una afectación considerable en la confianza y percepción que se tiene del transporte colectivo, esto aunado al descontento generalizado por el hecho de que el servicio no ha registrado las mejoras que se dijo se tendrían con el aumento de tarifa.

Recupera en su exposición el informe proporcionado por el director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), Gerardo Requis, que señala que el accidente se debió a errores humanos, ya que el conductor del tren que impacto no realizó el cambio de pilotaje automático a marcha bajo conducción controlada, pese a que el Puesto Central de Control había notificado la presencia de precipitación pluvial en el área; mientras que el regulador (persona cuya función es no permitir la salida de un tren hasta que el próximo abandone la estación) omitió dar aviso sobre la permanencia del convoy en Oceanía. Asimismo, afirmó que no hay ningún reporte de que el tren 05 que provocó el accidente y que fue operado por cinco conductores, haya presentado alguna irregularidad. El funcionario del Metro abundó que este convoy tiene 40 años de vida y fue recuperado para su rehabilitación y puesto en circulación este mismo año.

Expone que el Sindicato de Trabajadores del Metro, rechazó tajantemente el reporte dado por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, debido a que solicitó la información técnica sobre el incidente, para que pudieran emitir una opinión, toda vez que a decir de los propios trabajadores, las autoridades “Son juez y parte, y todo lo enderezan en contra del regulador y conductor”. Además, se señaló que los estudios realizados son unilaterales y proponen que un especialista por parte del Sindicato, haga un peritaje propio para comparar evidencias; asimismo, es necesario que se aclaren las condiciones en que se encontraban los trenes y las propias instalaciones.

Por otra parte, señala el proponente que si bien el titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, informó que será indemnizada la familia de Salvador Wood Sánchez, el trabajador que falleció durante el retiro de los trenes accidentados en el Metro Oceanía, resulta necesario garantizar un debido protocolo de actuación para desastres que ocurran en la ciudad. Lo anterior, con la finalidad de que estos lamentables incidentes no generen mayores afectaciones a los trabajadores que se ven involucrados, a sus familias y a la ciudadanía en general.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. Se otorguen a la brevedad los apoyos necesarios a las personas afectadas por el choque entre dos trenes, en la estación Oceanía dirección Politécnico de la Línea 5 del Metro, el pasado 4 de mayo, en especial a los familiares del trabajador fallecido en las labores de remoción y arrastre de los trenes.

Segundo. Se trabaje en la creación de un Protocolo de Actuación para casos de Emergencias como la registrada.

Tercero. Se revisen los programas de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el objeto de tener la certeza de que todos los trenes en circulación, así como las instalaciones cumplen con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los usuarios.

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los recursos que han sido asignados al fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, para que informe sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes exponen que la Red del Sistema de Transporte Colectivo está integrado por 12 Líneas, 195 estaciones, 24 terminales (origen–destino), 60 correspondencias y 390 trenes. Cuenta con casi 226.5 Kilómetros de sistema de vías y se estima que anualmente transporta a poco más 1,614 millones de usuarios, convirtiéndolo en la opción de movilidad más importante para los habitantes de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana.

Del mismo modo, recuerdan que con el propósito de contar con los recursos financieros para mejorar el servicio en la red del metro, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, propuso un incremento de 2 pesos en su costo, comprometiéndose “a poner más trenes en servicio y darles buen mantenimiento, a fin de que se reduzcan las aglomeraciones, los tiempos de espera, los retrasos en el servicio y que pueda viajar con ventilación y seguridad.” De esta forma, el 7 de diciembre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el “Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro)” en el que se señala que a partir del 13 de diciembre de ese año, entraría en vigor el aumento en la tarifa del metro. El documento de referencia también señalaba que con los recursos obtenidos del aumento de la tarifa se llevarían a cabo 11 compromisos para mejorar el servicio, en los que destacan: la compra de 45 trenes nuevos; renovación de la Línea 1 y la compra de 12 trenes para la Línea 12; dar mantenimiento mayor a 45 trenes de la Línea 2; reparar 105 trenes que se encuentran fuera de servicio; mejorar los tiempos de recorrido las Líneas 4, 5, 6 y B a través de la modernización del sistema de tracción–frenado; incorporar 1,200 policías para evitar el comercio informal; renivelar las vías de la Línea A, reincorporar 7 trenes férreos; y eliminar el doble torniquete.

No obstante lo anterior, señalan que en marzo de 2014, se suspendió el servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12, que comprenden el tramo de Tláhuac a Atlalilco, porque el excesivo desgaste ondulatorio en el sistema de vías ponía en riesgo la seguridad de los usuarios. Esta situación afectó gravemente la calidad de vida de los usuarios ya que los tiempos de traslados aumentaron al doble y los autobuses de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) habilitados para brindar el servicio, en su mayoría ya cumplieron con su vida útil y resultan insuficientes para atender la demanda, sobre todo, en las horas de mayor afluencia. Aunado a lo anterior, advierten que la rehabilitación de la Línea 12 está generando gastos extraordinarios que se podrían haber invertido para mejorar el servicio y no para subsanar las fallas provocadas por irregularidades en la construcción del proyecto. Cabe mencionar los casi 90 millones de pesos que se pagaron a las empresas TSO y SYSTRA encargadas de los primeros estudios para determinar las fallas en la Línea Dorada.

Adicional a dichos recursos económicos, observan que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destinó este año 883 millones para los trabajos de rehabilitación de esta línea. Por otra parte, el secretario de obras del Distrito Federal ha estimado que los costos del servicio de transporte RTP por cada día que pasa, es de un millón de pesos, los que podrían ascender a 600 millones, si la Línea 12 comienza ha funcionar hasta el mes de noviembre, como lo ha declarado el jefe de gobierno.

Recuerdan, por otra parte, que también el pasado 4 de mayo dos trenes chocaron en la estación Oceanía de la Línea 5. En este percance resultaron heridas decenas de personas. En una versión preliminar, el STC mencionó que el impacto fue consecuencia del deslizamiento de un tren que entraba a la estación contra otro que salía, ocasionado por las lluvias que se presentaron ese día. Posteriormente, el 12 de mayo, a través del comunicado STC/059/2015 se informó que de acuerdo al Comité para la Investigación de Asuntos Relevantes, el accidente fue provocado por omisiones atribuidas a los operadores. Observan que a la fecha, todavía no se cuenta con la opinión de un organismo externo que corrobore el díctamen. Además, el 11 de junio de 2015 se publicó en la Gaceta del Distrito Federal la Licitación Pública Nacional EO-909009999-N2-2015 para construir un túnel que permita evitar la pendiente que se encuentra entre las estaciones Terminal Área y Oceanía debido a que representa un problema de seguridad para los usuarios.

Ante todos estos hechos, comentan que se evidencia que a pesar del incremento a la tarifa, no se han logrado mejorar el servicio del metro.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que presente ante esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre los recursos que han sido asignados al Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, así como de las erogaciones destinadas al mejoramiento del servicio y el avance de las obras en el período comprendido entre diciembre de 2013 hasta mayo de 2015. Asimismo, para que informen sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”.

9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones y medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro, presentada por el Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

El Senador proponente señala que el pasado 13 de mayo de 2015 trascendió en medios de comunicación que un grupo de vagoneros y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se enfrentaron a golpes en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, tras un operativo para retirar ambulantes, lo que provocó que el servicio de la Línea 2 del Metro se suspendiera por más de 30 minutos, afectando a miles de usuarios.

Recuerda el proponente que en lo que va del año, se han registrado múltiples incidentes entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y los llamados vagoneros del Metro. Refiere los siguientes casos:

El 30 de abril, en un operativo para retirar a vendedores ambulates se provocó que policías capitalinos y vagoneros se enfrentaran en la estación Centro Médico de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo, ya que los elementos intentaron confiscar la mercancía de los vendedores, quienes contestaron agrediendo a los policías, sin reportar personas detenidas.

El 1 de abril de 2015, al menos cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial resultaron lesionados después de ser agredidos por aproximadamente 150 vagoneros, tras intentar contener un pleito entre dos grupos de estos comerciantes dentro de las instalaciones de la estación Chabacano de las Líneas 2 y 8 del Metro.

Finalmente, el proponente expone el caso en el que un usuario del Metro videograbó a cinco comerciantes fumando e inhalando drogas en un vagón de la Línea 3 del Metro, el cual publicó más tarde en la red social Facebook, y en el que se observa que este individuo denunció el hecho a dos policías que se encontraban en ese momento en la estación Viveros, sin que estos hicieran algo al respecto.

Por ello, concluye que ante las continuas golpizas que han protagonizado los vendedores ambulantes del Metro con los elementos de la policía capitalina, así como el privilegio con el que parecen contar estos vagoneros para realizar cualquier tipo de anomalía en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, es que resulta imprescindible que el gobierno del Distrito Federal lleve a cabo las acciones y medidas pertinentes para lograr contener y erradicar a estos comerciantes, que además de atentar contra la seguridad de todos los usuarios, provocan suspensiones en el servicio del Metro.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. El Sendo de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a realizar las acciones y medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro; e informen a esta Soberanía al respecto.

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por las probables irregularidades respecto a la reparación de 24 trenes del Sistema de Transporte Colectivo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes señalan que, a más de 18 meses de que se estableció el incremento de 3 a 5 pesos en la tarifa del metro, la eficiencia, el funcionamiento y la operatividad del Sistema de Transporte Colectivo no se ha traducido en mejoras para los usuarios; por el contrario, en los últimos meses han sido constantes las fallas del servicio.

Explican que esta situación no sólo afecta los tiempos de traslado, también pone en riesgo la seguridad de los casi 5 millones de pasajeros que diariamente son transportados por el metro, y que en días recientes diversos medios de comunicación dieron a conocer un nuevo caso de inadecuada planeación y probables irregularidades a cargo de autoridades del Sistema de Transporte Colectivo. Los hechos controvertidos versan sobre los costos de reparación de 24 trenes, que como parte de los compromisos asumidos por el incremento de la tarifa, fueron “rescatados” y puestos en servicio.

Advierten que hasta el momento, las reparaciones representan un gasto superior a los 568 millones de pesos y no de 350 millones como lo han señalado las autoridades del organismo. Se calcula que dichas unidades todavía presentan 2 mil 400 fallas, asimismo, se estima que el gasto ejercido equivale a 113 millones de boletos del Metro, lo que representa las ganancias correspondientes a 20 días completos de viajes.

Señalan que la gravedad del asunto radica en que además del impacto económico, también se ha puesto en peligro la integridad de los usuarios, como ocurrió el 4 de mayo de 2015 en la estación Oceanía, donde se estrelló uno de los trenes “rescatados” (unidad que ha tenido más de 140 reportes de fallas), percance en el que resultaron lesionadas más de 10 personas. Antes, dicha unidad –recuperada el 6 de febrero de 2014-, ya había evidenciado múltiples inconsistencias, prueba de ello es que dentro de los 26 días posteriores a su reincorporación presentó 22 fallas, peor aún, es que tan sólo 4 horas después de prestar servicio en la Línea 7, tuvo que regresar al taller.

Por otro lado, explican que el 18 de mayo de 2015, mediante un video que circuló en las redes sociales, un conductor del Sistema de Transporte Colectivo, exhibió fallas en las señalizaciones y falta de mantenimiento en las instalaciones de la línea 8 del Metro, al mostrar la carencia de luminarias entre la estación Atlalilco y Escuadrón 201. Sobre el estado de las unidades manifestó: “Trabajamos con lo que nos dan, los trenes no son nuevos”.

Para motivar la relavancia de su proposición con punto de acuerdo advierten tener en cuenta las siguientes consideraciones:

● En diciembre de 2013, comenzó a operar la nueva tarifa en el Sistema de Transporte Colectivo. Derivado de ello, el Gobierno del Distrito Federal manifestó que los recursos serían destinados al desarrollo de 11 compromisos para mejorar el servicio del metro.

● De acuerdo con información del propio Sistema de Transporte Colectivo, el compromiso número cuatro corresponde a la reparación de 105 trenes que están fuera de servicio. Algunos desde hace 10 años. En 2014 se rescataron 22 trenes y a partir de 2015 se reincorporarán dos trenes por mes, derivado de que las refacciones se fabrican bajo pedido y son de importación.

● Con la reparación de cada tren se beneficiarían entre 200 a 450 mil pasajeros. Sin embargo, en 2014 sólo fueron reincorporados 18 y el 26 de abril de 2015, se llegó a 24 trenes reparados.

● El 26 de abril, el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, manifestó que para llevar a cabo la reparación de los 24 trenes se invirtieron alrededor de 350 millones de pesos. Sin embargo, medios de comunicación señalan que hasta el momento el costo total asciende a 568 millones de pesos. En el caso de 8 de 24 trenes el gasto relacionado con reparaciones y servicio ha superado lo que se invirtió en su denominado “rescate”.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a probables irregularidades en la reparación de 24 trenes del Sistema de Transporte Colectivo.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema de Transporte Colectivo, para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe detallado en el que se precisen los criterios técnicos empleados en dichas reparaciones.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora considera pertinente elaborar un dictamen conjunto para las diez proposiciones con punto de acuerdo presentada por legisladoras y legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios, en razón de que todas y cada una de ellas señalan la importancia toral que reviste la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la Capital del País, con especial enfasis en la prestación de un servicio de calidad, eficiente, seguro y económico, y comparten las siguientes preocupaciones:

● Los lamentables accidentes que se han sufrido en los últimos años, en la red de transporte, con especial énfasis en el lamentable suceso ocurrido el pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro en esta Ciudad.

● La necesidad de garantizar la seguridad de los pasajeros, sea en los traslados entre puntos estaciones y puntos de conexión, así como en su traslado a pie al interior de las estaciones.

● El uso eficiente de los recursos económicos que se destinan para la operación del Sistema de Transporte Colectivo, en especial, por el incremento de tarifa de 3 a 5 pesos en diciembre del 2013.

● La importancia que reviste el entramado de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro para los habitante del Distrito Federal y su zona conurbada, que cuenta con un total de 195 estaciones (184 dentro del Distrito Federal y 11 en el Estado de México), distribuídas en 12 líneas. Se estima que durante el año 2014 el Sistema de Transporte Colectivo transportó a más de 1, 614 millones de usuarios.

Esta Comisión Dictaminadora reconoce y hace suya la preocupación manifiesta por las y los legisladores en las 10 proposiciones con punto de acuerdos detalladas en la Sección II de este dictamen.

La finalidad del transporte masivo de pasajeros es esencialmente el traslado de las personas a lo largo del Distrito Federal, en todo el entramado de la Red del transporte masivo de pasajeros, sin embargo, este traslado debe, además, garantizar la integridad física y la vida de los usuarios.

Por ello, esta Comisión Dictaminadora expresa su preocupación por el lamentable hecho ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía de la Línea 5 del STC-Metro. A raíz de las investigaciones llevadas a por el propio organismo, se determinó que la causa del incidente se debió a un doble error humano.

En efecto, el director de STC-Metro, Joel Ortega, informó que ese doble error consistió en que, por un lado, el conductor del tren 05, debió haber manejado el vehículo de forma manual por la presencia de lluvia, pero mantuvo el modo automático. Por otro, el regulador, quien se encarga de permitir o no la salida de trenes de una estación, avaló que llegara un convoy cuando debía esperar.

Por su parte, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una investigación, por los delitos de lesiones y daño a la propiedad, derivados de este lamentable accidente. Esto, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal diera a conocer que en el accidente, 12 personas resultaron lesionadas, de las cuales seis recibieron atención en el lugar, mientras que a las otras seis, se les trasladó a diferentes hospitales de la Ciudad de México.

Desde luego, esta Comisión Dictaminadora no prejuzga sobre la responsabilidad que pudieran tener funcionarios y empleados del Gobierno del Distrito Federal, en particular del STC-Metro con relación a estos hechos. Sin embargo, esta Soberanía tiene la obligación de solicitar la información pertiente a fin de coadyuvar, en su caso, a la mejora en la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros en la Capital de la República.

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora advierte las múltiples denuncias que cotidianamente se realizan por delitos cometidos al interior de las 195 estaciones que componen la Red de Transporte del Metro de la Ciudad de México, por lo que cabe hacer un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad pública en la Capital, para que ejerzan sus atribuciones y tomen las medidas necesarias al efecto de garantizar la seguridad de las miles de personas que día con día hacen uso del referido transporte.

No es aceptable que los miembros de la SSP-DF, verificando en flagrancia delitos o faltas admistrativas, como son los descritos en los puntos de acuerdo de referencia, sean omisos en su tarea de salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de los usuarios del STC-Metro. Prueba de ello, son también las múltiples denuncias por abusos y violencia cometidos por los denominados vagoneros, en agravio de los usuarios y de la prestación eficiente, cómoda, segura y rápida del servicio de transporte.

Por otra parte, tal como lo detallan los puntos de acuerdo de referencia, en diciembre de 2013 se verificó el aumento de tarifa en el servicio del Metro, alcanzando los 5 pesos por viaje, con focalizadas y acertadas excepciones en atención a las necesidad de estudiantes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad y otros grupos vulnerables.

Por ello, el 7 de diciembre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el “Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro)” en el que se señala que a partir del 13 de diciembre de ese año, entraría en vigor el aumento en la tarifa del metro.

El Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Édgar Abraham Amador Zamora, anunció la constitución del fideicomiso maestro para el programa de mejoramiento del Metro, que recibiría y administrará los 2 mil 526 millones de pesos que se obtendrán del ajuste de dos pesos a la tarifa, a los que se sumarán aportaciones del gobierno capitalino.

No obstante lo anterior, y a pesar del crecimiento en los recursos destinados al STC-Metro, las constantes denuncias por fallas en el sistema se han agravado. Es por ello necesario que se brinden informes sobre el destino y correcta administración de los recursos públicos con que cuenta el Metro, a fin de contar con elementos de información precisos para valorar los incidentes y condiciones en la prestación del servicio.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre las proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa al Gobierno del Distrito Federal, rinda a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las causas que propiciaron el accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro, y sobre los daños patrimoniales, las afectaciones a la integridad de los usuarios, la posible comisión de delitos y el eventual deslinde de responsabilidades que pudieran haberse presentado como consecuencia de dicho suceso.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del sistema de Transporte Colectivo Metro, instrumente las acciones necesarias para llevar a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como de la capacitación y evaluación de los operadores; así como para adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, e informe a esta Soberanía al respecto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, un informe sobre el avance de la reparación de las once estaciones cerradas de la Línea 12.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y discusión los siguientes asuntos:

A. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal informe sobre los motivos y acciones que tomará el Gobierno del Distrito Federal, respecto al posible cierre total y suspensión del servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

B. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios.

C. Proposición con que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

D. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta.

E. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y transparente.

F. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal informe puntualmente en cada uno de los casos, los motivos y justificaciones por la que se ha declarado la nulidad de los 14 juicios promovidos en contra de los servidores públicos sancionados por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro y que uno haya sido sobreseído; así como un informe detallado de la recuperación de las multas y resarcimientos del daño causado.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se sometió  a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informe a esta Soberanía sobre los motivos y acciones que tomará el Gobierno del Distrito Federal respecto al posible cierre total y suspensión del servicio de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, suscrito por el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Partido Verde Ecologista de México.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-78.

B. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta Soberanía nacional un informe detallado sobre el funcionamiento del tramo de la línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios”, suscrito por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-118.

C. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con que exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, suscrito por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-309.

D. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con  punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta”, suscrito por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-603.

E. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con  punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y transparente”, suscrito por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-889.

F. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal informe puntualmente en cada uno de los casos, los motivos y justificaciones por la que se ha declarado la nulidad de los 14 juicios promovidos en contra de los servidores públicos sancionados por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro y que uno haya sido sobreseído; así como un informe detallado de la recuperación de las multas y resarcimientos del daño causado”, presentado por el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1238.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de acuerdo promovida por el Senador Pablo Escudero Morales señala que el 4 de mayo de 2015 el periódico El Universal publicó un reportaje sobre la Línea 12 del Metro, en donde se afirma que, a pesar de presentar fallas en su construcción aún presta servicio a los usuarios., lo anterior con base en que no se colocó una plancha de concreto para sostener las vías, sino terracería, lo que genera hundimientos e inestabilidad en los rieles, razón por la cual la Contraloría General del Distrito federal inició una nueva investigación y ordenó la realización de pruebas para determinar en qué zonas se presentan irregularidades.

La publicación del diario señala que, de acuerdo a un documento interno del grupo técnico del Gobierno del Distrito Federal, es necesario suspender la operación del servicio para dar mantenimiento a la terracería, levantar las vías, durmientes y balasto, es decir, consideran necesario cerrar en su totalidad la línea 12.

Asimismo, de acuerdo a la misma fuente, el Gobierno del Distrito Federal contrató a la empresa Mexistra para que elaborara un estudio que determine si la obra se realizó conforme al proyecto ejecutivo original, por lo que iniciaron pruebas técnicas para investigar la construcción del sistema de las vías en conjunto con personal del Sistema de Transporte Colectivo metro y la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, cuyos trabajos son independientes a las acciones de rehabilitación que lleva a cabo la empresa Comsa-Emte en el tramo elevado de la llamada línea dorada.

Al respecto, las consideraciones del promovente señalan la Contraloría General del Distrito Federal; la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF; el Sistema de Transporte Colectivo; la Secretaría de Obras y Servicios, y el Proyecto Metro del Distrito Federal revisan las posibles irregularidades a efecto de determinar si se trata de vicios ocultos, trabajos mal ejecutados o faltantes de obra.

El Senador se refiere al Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, que en su artículo 118 establece que el transporte público es una materia que debe ser tomada en cuenta para el desarrollo y bienestar social de la Ciudad de México; por otro lado, la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal establece en el artículo 7, fracción II que la Administración Pública del Distrito Federal tiene la obligación de realizar todas las acciones que aseguren que los servicios públicos del transporte de pasajeros se lleven a cabo con eficiencia y eficacia, y garanticen la seguridad de los usuarios.

De igual forma, La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito federal señala, en su artículo 101, que los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, por ello, considera que el Gobierno del Distrito Federal debe indicar si hay razones técnicas para suspender el servicio total de la Línea 12, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la unión, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito federal informe a esta Soberanía sobre los motivos y acciones que tomará el Gobierno del Distrito Federal, respecto al posible cierre total y suspensión del servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

B. La segunda proposición en análisis, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta como consideraciones que la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro inició operaciones el 30 de octubre de 2012 y tiene como objetivo atender las necesidades de movilidad de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Señalan que desde su construcción, la Línea 12 estuvo plagada de irregularidades, pues desde su planeación se tenían proyectadas 23 estaciones sin tramos elevados, sin embargo, la obra quedó conformada por 20 estaciones, 9 subterráneas, 9 elevadas y 2 en la superficie, de las cuales el 12 de marzo de 2014 once de ellas suspendieron su servicio derivado de fallas que ponían en riesgo a los usuarios.

Señalan que, en abril de 2015, la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó un informe para explicar las razones que originaron la suspensión temporal de 11 estaciones, en el que se hace énfasis en el uso de materiales no apropiados para bajar los costos de la obra.

Asimismo, explican que a más de un año del cierre parcial de la Línea 12, no se ha dado solución a las fallas que originaron esa medida, sino que se han encontrado nuevos problemas en su construcción, lo que podría llevar al cierre total de la Línea Dorada debido al hundimiento de las vías del tren y las filtraciones de agua, situaciones que ponen en riesgo a los usuarios; por ello, los legisladores del PRI estiman que deben llevarse a cabo acciones necesarias para fincar responsabilidades.

Al tenor de esas consideraciones, proponen el siguiente punto de acuerdo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía nacional un informe detallado sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios.

C. Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentan como consideraciones que la Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) integró un informe en el que, de acuerdo con los senadores, se detallan no solo los aspectos técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del metro, sino también el incumplimiento a distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de dicha obra y que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de Tláhuac a Atlalilco y eventualmente al cierre total de la llamada Línea Dorada.

Señalan que el informe explica que el Gobierno de Distrito Federal, bajo el argumento de “racionalización” por problemas presupuestales, acordó con el consorcio ganador la disminución de 2 mil millones de pesos del monto destinado para la obra la cual finalmente quedó en 17 mil 583 millones de pesos.

Indican además que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, que  presentó faltantes y pendientes en aspectos menores que posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente.

Afirman que entre las irregularidades que la Comisión detectó se encuentra el contrato número STC-CNCS-009/2010 para la Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) que suscribió el 1 de mayo de 2010, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con CAF México, S.A. de C.V., y PROVETREN, S.A. de C.V., por un monto original de un mil 588 millones 152 mil quinientos dólares por un plazo de 15 años. Explican que a través de dicho contrato las empresas proveerían de 30 trenes nuevos de rodadura férrea a la Línea 12, así como sus respectivos servicios de mantenimiento, equipamiento, refacciones y readecuación de los talleres.

Sobre el asunto, los senadores señalan que una de las principales inconsistencias detectadas fue que la infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del gobierno, y que la empresa sigue cobrando costos fijos por servicios que actualmente no brinda, por lo que los legisladores del PRI condenan energéticamente el uso indebido de los recursos públicos, así como la inobservancia de la norma, sobre todo cuando se traduce en afectaciones para la sociedad mexicana y consideran fundamental garantizar la estricta aplicación del derecho en los procesos administrativos y penales derivados de los procesos concernientes a la Línea 12, y de esta manera se sancione a los responsables, pues estamos convencidos que en estos actos no debe quedar espacio para la impunidad.

Bajo esa línea argumental proponen:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que presenten ante esta soberanía nacional, un informe pormenorizado sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

D. Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aducen que el 12 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial la convocatoria pública nacional número LO-909005989-N5-2015 (909005989-DGOP-F-004-15), para participar en los "Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Primera etapa)."

Señalan que dicho proyecto tiene como objetivo conectar a las estaciones Mixcoac y Observatorio a través de la construcción de la estación Valentín Campa, que se ubicará sobre Avenida Minas y la estación Álvaro Obregón, que se construirá sobre Calle 10.

Asimismo, refieren que la Comisión Especial de Seguimiento de la Línea 12 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó un informe en donde se indica que una de las principales omisiones en la Construcción de la Línea Dorada, lo constituyó la falta de un proyecto ejecutivo que no permitió una planeación integral y provocó fallas tan graves como la inadecuada “integración tren- vía” que fue un factor determinante para el incremento del desgaste ondulatorio que derivó en la suspensión del servicio; la Comisión recomienda sólo realizar cambios a ésta, mediante un análisis costo-beneficio en el que se analicen los distintos escenarios técnicos que se generen por la modificación.

Los Senadores manifiesta que la empresa CAF sigue cobrando por un servicio que no realiza, pues más de la mitad de las estaciones no funcionan. El costo de sus servicios está cotizado en a un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar americano, lo que significa que CAF no solo está cobrando al Gobierno del Distrito Federal por un servicio que no presta, sino además lo hace a un sobre precio.

Por esas razones, consideran que no se pueden permitir más errores en la ampliación de la Línea 12. De igual forma, afirman que se debe dar seguimiento puntual a las afectaciones que pudieran sufrir las viviendas por donde se realice la obra y dar respuesta a las mismas, evitando así que se presenten casos como los que se suscitaron durante la primera etapa de la obra y que hasta hoy todavía exigen la indemnización por las afectaciones.

Bajo esa línea argumental proponen el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que presenten ante esta Soberanía Nacional, un informe detallado sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta.

E. Los senadores del GPPRI refieren que en la Secretaría de Obras del Distrito Federal, publicó la convocatoria pública nacional número LO-909005989-N5-2015 (909005989-DGOP-F-004-15), para participar en los "Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Primera etapa)."

Consideran que resulta apremiante que en el proyecto de ampliación no se presenten fallas técnicas e irregularidades en la gestión del proyecto, dado que, apuntan, no sólo afectan la calidad de vida de los usuarios, sino que también implican diversos gastos para el erario público.

Señalan que se deben atender las recomendaciones que realizó la Comisión Investigadora de la Línea 12 con el objetivo de que este proyecto constituya una verdadera opción de movilidad para los habitantes de la Ciudad de México y, atendiendo a la experiencia de malos manejos de los recursos y de obras que resultaron con fallas técnicas e irregularidades, los legisladores del PRI proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la información técnica y financiera sea pública y transparente.

F. El Senador Pablo Escudero señala que el 9 de septiembre de 2014 la Contraloría general del Gobierno del Distrito Federal determinó que se impusiera mediante resolución sanciones a 33 personas, presentando las denuncias correspondientes y dando vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posible responsabilidad penal de 15 personas.

Indica que dos meses después, el Contralor General del Distrito federal informó que un nuevo grupo de funcionarios fueron sancionados por fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro, por lo que estima, son 48 servidores públicos sancionados con inhabilitaciones, sanciones económicas millonarias y hasta denuncias penales por las fallas de la Línea Dorada.

Expone que el 11 de mayo de 2015, el periódico Reforma publicó una nota referida a los servidores públicos inhabilitados y sancionados por la Contraloría General debido a su presunta responsabilidad en las fallas de la Línea 12 del Metro, misma que dio a conocer que hasta el mes de abril se contaba con 17 sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de las cuales 14 han sido declaradas nulas, una fue sobreseída y sólo en dos se reconoció su validez.

El senador argumenta que, derivado de la suspensión de la operación de la mitad de las estaciones de la Línea 12 del metro, se perjudicó a millones de usuarios y se realizaron gastos millonarios con recursos públicos se debe sancionar a los responsables de la construcción de esta obra.

Bajo esa línea argumental propone lo siguiente:

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Contraloría General del Distrito Federal informe puntualmente, en cada uno de los casos, los motivos y justificaciones por las que se ha declarado la nulidad en 14 de los juicios promovidos en contra de los servidores públicos sancionados por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del metro y que uno se haya sobreseído.

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Contraloría general del Distrito federal que presente un informe detallado de la recuperación de las multas y resarcimientos del daño causado por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión, en el proceso de análisis y dictaminación delas propuestas enunciadas, considera necesario exponer que, el sitio web del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con un portal focalizado para la Línea 12, en el que se presenta un informe, hasta mayo de 2014, sobre las fallas detectadas en la llamada Línea Dorada, que consta de 20 estaciones que iniciaron operación el  30 de octubre del 2012 para cubrir las necesidades de transporte en un recorrido que va de Mixcoac a Tláhuac, integrada por 9 estaciones subterráneas, 9 elevadas y 2 superficiales.

En este informe, se refiere que Línea Dorada ha presentado problemas en la prestación de su servicio desde 2013, provocados por el desgaste de vías; como producto de ello, el 11 de marzo de 2014 Joel Ortega Cuevas, Director del Sistema de Trasporte Colectivo Metro (STC) anunció la suspensión del servicio por tiempo indefinido, entre la terminal Tláhuac y la estación Culhuacán, lo que comprende once estaciones de la Línea 12, lo anterior debido a graves fallas en el tramo elevado que incrementaba las posibilidades de descarrilamiento de los trenes.

A pesar de esta medida, siguieron en operación nueve estaciones que, de acuerdo a diversos reportajes, han presentado fallas en el servicio. Destaca entre estas denuncias la del Secretario General del Sindicado del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino Arévalo, quien el 27 de febrero de 2015, emplazó al Gobierno del Distrito Federal a cerrar en su totalidad el servicio de la Línea 12 por el alto riesgo a un descarrilamiento, producto de que los trenes utilizados no cumplen con las características necesarias para circular en las vías y tienen un sobrepeso del 50 por ciento en relación con los de la línea A, tomados como base para el diseño de esta línea; también reportó fracturas en el equipo de fijación de las vías, ruptura de tornillería, aparatos de vías, durmientes y balasto1.

Por otro lado, el 3 de marzo del presente año, la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, dio a conocer el segundo informe de trabajo de este órgano legislativo en el que se presentan quince recomendaciones a diversas instancias para resolver esta problemática, entre ellas, se sugiere al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, la coordinación con las dependencias y entidades involucradas para que sostengan una estrecha relación que facilite y acelere la puesta en marcha de la Línea Dorada.

Respecto al estudio de posibles ilícitos cometidos, sugieren la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizar el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República a efecto de que proceda a la averiguación de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas relacionados con la Línea 12 del metro; de igual forma, solicita a la Auditoría Superior de la Federación continuar con las labores de fiscalización e iniciar los procedimientos correspondientes que deriven de sus hallazgos.

Cabe mencionar que el 2 de abril pasado, Miguel Ángel Mancera anunció que hasta el momento existe un avance del 25% en los trabajos de rehabilitación de cerca de 15 kilómetros las estaciones que permanecen cerradas, con la intención de que pronto brinden servicio2.

Ahora bien, el 12 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria Pública No. 04 para participar en los Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Primera etapa), que considera los  intertramos entre estaciones denominadas Mixcoax-Valentín Campa, Valentín Campa-Álvaro Obregón y Álvaro Obregón-Observatorio. Además, una zona de abocinamiento, maniobras y una vía regresiva, además, se especifica que el plazo de ejecución de esos trabajos será de 552 días naturales.

En este sentido, esta Comisión dictaminadora considera que las fallas denunciadas en las estaciones que brindan servicio a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el tramo que va de Atlalilco a Mixcoac deben investigarse, pues es de vital importancia garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan este medio transporte, asimismo, se considera necesario conocer el avance del trabajo realizado para rehabilitar el funcionamiento de la Línea 12.

Asimismo, es necesario destacar que el 2 de julio pasado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el proceso de licitación correspondiente a las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro se llevaría a cabo con transparencia y total apego a la ley y, finalmente, el 8 de julio se determinó que Promotora y Desarrolladora de México (Prodemex), Proacon México y Desarrollo de Terracerías construirán la primera etapa de ampliación de la Línea 12 del metro del Distrito Federal. 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de un comunicado, dio a conocer que la propuesta del consorcio es por 1,679 millones de pesos y se reveló que la primera fase de ampliación iniciará en la segunda quincena de julio y terminará el 31 de diciembre de 2016 y consistirá en la construcción de 13 lumbreras, un túnel de 3.9 kilómetros de longitud desde Mixcoac hasta Observatorio, con un total de 4.5 kilómetros de vías incluyendo cola de maniobras, transición y obras inducidas.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad, encargada de este proceso, informó que participaron 26 empresas de las cuales algunas se integraron en consorcios y se recibieron 11 propuestas de 14 compañías.

Respecto a la responsabilidad de los servidores públicos implicados en el tema, el pasado 3 de julio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ejerció acción penal contra los funcionarios responsables de las fallas de construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Lo anterior fue ejecutado por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves para el Distrito federal dictó auto de formal prisión en contra de Juan Manuel Martínez Juárez, ex subdirector de Costos y Concursos del Proyecto Metro y a Abraham Vizcarra Baltazar, ex jefe de la Unidad Departamental de Concursos, esto como parte de las investigaciones de las fallas en la Línea 12 del STC Metro.

Al ser un delito considerado no grave, se les impuso una fianza de 1 millón 725 mil 527 pesos, y hasta no cubrir el 12 por ciento de esta suma a la afianzadora, permanecerán en el Reclusorio Norte bajo los delitos de otorgamiento y autorización de un contrato cuyo objetivo era supervisar la construcción de obra pública, y tenía un monto superior a un millón de pesos, a pesar de que la licitación se declaró desierta.

Asimismo, se tienen órdenes de aprehensión en contra de Enrique Horcasitas Manjarrez, director del Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Sergio Aguirre Mendoza, ex subdirector de Obras de Apoyo Técnico del Proyecto Metro.

Cabe destacar que se ha solicitado el apoyo institucional para la oportuna emisión de alertas a Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Interpol; asimismo, se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión del impedimento administrativo de expedición de pasaportes en beneficio de los probables responsables, así como de emitir alertas migratorias dirigidas a Alemania, Canadá y Estados Unidos, lo anterior  para poder cumplimentar las detenciones que aún se encuentran pendientes.

Ante los argumentos presentados, los legisladores de esta Primera Comisión estiman conveniente que el Gobierno del Distrito Federal, a través de las dependencias correspondientes, remita un informe detallado a esta Soberanía sobre el avance en la reparación de las once estaciones cerradas de la Línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, las acciones que se han llevado a cabo para resolver las fallas y el tiempo estimado para  brindar de nueva cuenta el servicio en su totalidad, asimismo, se incluya un apartado sobre el  funcionamiento de las nueve estaciones en operación y el plan que se adoptaría en caso de que deba cerrarse en su la Línea 12; asimismo, respecto a la Convocatoria publicada, se considera necesario que el Gobierno del Distrito Federal remita un informe sobre el proyecto de ampliación de la Línea 12 del metro y el proyecto ejecutivo que lo sustenta.

De igual forma, se estima conveniente que el segundo resolutivo exhorte al gobierno del Distrito Federal a dar a conocer el proyecto de la obra y que tanto su avance como el ejercicio de los recursos sea público y transparente. En cuanto al proceso en contra de los servidores públicos involucrados en las fallas técnicas y de construcción de la línea 12, derivado de los hechos recientes, se propone exhortar a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que remita un informe pormenorizado sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1, 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el ámbito de sus respectivas competencias, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre el avance en la reparación de las once estaciones cerradas de la Línea 12; sobre las acciones que se han llevado a cabo para resolver las fallas y el tiempo estimado para brindar de nueva cuenta el servicio en su totalidad,  incluyendo un apartado sobre el  funcionamiento de las nueve estaciones en operación y se considere un escenario de acción frente al posible cierre total y suspensión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a que presenten ante esta Soberanía Nacional, un informe detallado sobre los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del metro, así como el proyecto ejecutivo que lo sustenta y se solicita que tanto su ejecución como el uso de los recursos destinados a esta obra sean públicos y transparentes.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que entregue a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los procesos penales y administrativos que se han presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/amagan-con-cierre-total-de-la-linea-12-1080543.html

2 http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2015/04/02/rehabilitacion-l12-registra-avances-25-mancera






Por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora, un informe sobre el estado que guarda el proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)








Por el que se propone otorgar el galardón de la Orden Mexicana del Águila Azteca al ex Senador canadiense Noël Augustus Kinsella.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a condecorar al ex senador canadiense Noël Kinsella”, presentada por la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a  condecorar al ex senador canadiense Noël Kinsella”, dicha proposición fue presentada por presentada por la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionaly turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-904.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Indica que pocos políticos canadienses cuentan con una trayectoria a tal grado amplia y prolífica como la del Senador Noël Augustus Kinsella. Poseedor de una sólida formación académica en algunas de las mejores universidades europeas para seguir estudios sociales y humanísticos, Kinsella comenzó su vida profesional como profesor  universitario en su natal Nueva Brunswick, Canadá. Su destacada trayectoria como académico y activista en favor de los derechos humanos lo llevó a incursionar en la actividad política.

Destaca que desde 1990 y bajo la recomendación del primer ministro Brian Mulroney, Kinsella se incorpora al Parlamento Canadiense como Senador por Nueva Brunswick. A partir de entonces desarrolla una carrera extraordinaria hasta llegar a líder de la oposición en 2004 y poco tiempo después a la Presidencia del Senado siendo nombrado por el Gobernador General bajo la recomendación del primer ministro Stephen Harper.

La diputada promovente manifiesta que a lo largo de una carrera parlamentaria de prácticamente 25 años, Kinsella fue un actor protagónico en distintos procesos legislativos de gran importancia en Canadá.

Señala que sus aportaciones vinculadas a México no son menores. Indica que desde la presidencia del Senado, Kinsella fue un entusiasta de las Reuniones Interparlamentarias bilaterales y un defensor de la necesidad de profundizar en la agenda migratoria, de cooperación y de intercambio comercial. Expresa que en 2009, precisamente durante el 15 aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del 65 aniversario de Relaciones Diplomáticas entre ambos países, Kinsella visitó nuestro país con una delegación oficial del Parlamento Canadiense.

Lo haría después, en 2013, a propósito de la Reunión de Presidentes de Parlamentos del G-20. Durante estas visitas y sus múltiples encuentros con distintas autoridades, legisladores y representantes de la sociedad civil mexicana en los márgenes de nuestra Reunión Interparlamentaria desde hace más de una década, Kinsella estrechó relaciones personales y políticas con muchos de ellos que le permitieron conocer a fondo la realidad mexicana y los retos vinculados a la relación con Canadá.

En la proposición se destaca que Kinsella fue un defensor del Programa de   Trabajadores Agrícolas Temporales entre ambos países, un hombre comprometido con los programas de cooperación bilateral, especialmente los educativos, un convencido de las oportunidades de diálogo y concertación entre México y Canadá no sólo en el contexto del TLCAN sino además en los propios organismos internacionales y un promotor realmente notable de la Asociación Estratégica entre ambos países denominada como Alianza México –Canadá. Más aún, como lo reafirmó durante la pasada vigésima Reunión Interparlamentaria celebrada en Ottawa en noviembre de  2014, la última que le correspondió presidir antes de su retiro, fue un crítico acérrimo de las leyes migratorias canadienses y del restablecimiento de la visa a visitantes mexicanos.

Se destaca que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles de 1936, aún vigente, dispone que el Gobierno de México entregue la Orden Mexicana del Águila Azteca a extranjeros que han prestado servicios prominentes a la Nación Mexicana o bien a la humanidad. Sin duda, se trata de la máxima distinción a que se hace acreedor un extranjero quien, sin importar su ubicación geográfica o su actividad, mantienen un contacto significativo con nuestro país y se muestran decididos a favorecer la amistad entre naciones o bien a contribuir en la defensa de intereses mexicanos y valores comunes.

Indica que quienes han tenido el honor de participar en los encuentros interparlamentarios entre ambos países en los últimos años, conocen de cerca la capacidad empática del ex Senador Kinsella para abordar los temas más delicados de la agenda bilateral y el compromiso sincero por encontrar soluciones a algunos de los problemas más relevantes.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a condecorar con esta presea al Ex Senador canadiense Noël Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la Nación Mexicana.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora señala que de acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

El Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca es el órgano encargado de evaluar y dictaminar sobre la procedencia de las propuestas de candidatos para recibir la condecoración. Está integrado, señala, por el Presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores y el director general de Protocolo, quien funge como secretario de la Orden.

En el artículo 42 se indica que en casos especiales a juicio del Consejo, podrán conferirse a extranjeros distinguidos, según sus méritos, los diferentes grados de la Orden Mexicana del Águila Azteca, excepción hecha del Collar de la Cruz.

En la historia de los galardonados, destacan grandes personalidades del siglo XX quienes desde el periodismo, la política, las artes e incluso los deportes han servido de manera eminente al propósito de estrechar los vínculos de amistad y cooperación entre México y el mundo.

El propósito del punto de acuerdo materia de este dictamen es exhortar al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a condecorar con esta presea al Ex Senador canadiense Noël Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la Nación Mexicana.

Esta dictaminadora acompaña los planteamientos de la diputada promovente toda vez que el Ex Senador Noël Augustus Kinsella cuentan con una trayectoria amplia y prolífica, se enfatiza su desempeño como académico y activista en favor de los derechos humanos lo llevó a incursionar en la actividad política. Se subraya que desde 1990 y bajo la recomendación del primer ministro Brian Mulroney, Kinsella se incorpora al Parlamento Canadiense como Senador por Nueva Brunswick. Dimitió como presidente el 26 de noviembre de 2014, a la espera de su retiro obligatorio del Senado, al llegar a la edad de 75 años.

Es importante destacar que los temas que le ocuparon durante su trayectoria legislativa es la protección de los derechos de las minorías, los derechos de los discapacitados, la defensa de los derechos civiles y políticos, el combate a la corrupción, la lucha contra la discriminación y la política exterior canadiense.

Esta dictaminadora reconoce su destacada labor en las Reuniones Interparlamentarias bilaterales, el interés de profundizar en la agenda migratoria, intercambio comercial, un defensor del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales entre ambos países, un hombre comprometido con los programas de cooperación bilateral, especialmente los educativos, un convencido de las oportunidades de diálogo y concertación entre México y Canadá. Se enfatiza que durante la pasada vigésima Reunión Interparlamentaria celebrada en Ottawa en noviembre de 2014, la última que le correspondió presidir antes de su retiro, fue un crítico acérrimo de las leyes migratorias canadienses y un defensor irreductible del restablecimiento de la visa a visitantes mexicanos.

Noël Kinsella cuenta con el honor Capitán (N) de la Marina Real Canadiense desde diciembre de 2008, es también un miembro de la Soberana Orden Militar de Malta, juró su cargo como miembro del Consejo Privado de la Reina para Canadá el 23 de febrero de 2015, esto le da el derecho al Honor Prefijo "El honorable" y las letras nominales "PC" Post por la Vida y fue nombrado Caballero de la Orden Soberana y Militar de Malta.

En virtud de las consideraciones vertidas, esta dictaminadora considera viable la proposición en virtud de exhortar al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca para que evalúe la propuesta de condecorar con esta presea al Ex Senador canadiense Noël Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes a favor de la Nación Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca valorar la propuesta de que en su próxima entrega se condecore con esta presea al Ex Senador canadiense Noël Augustus Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes en favor de la nación mexicana.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Que exhorta a implementar acciones de inspección y supervisión a vehículos de transporte para prevenir la comisión de delitos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados; así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar mecanismos de inspección y supervisión constantes y eficientes a vehículos de transporte como son motocicletas, motonetas y bicicletas para evitar que la población sea víctima de asaltos en zonas de intenso tránsito vehicular.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17 de junio del 2015, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados; así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar mecanismos de inspección y supervisión constantes y eficientes a vehículos de transporte como son motocicletas, motonetas y bicicletas para evitar que la población sea víctima de asaltos en zonas de intenso tránsito vehicular.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-925.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los autores de la propuesta con punto de acuerdo manifiestan dentro de sus líneas, la preocupación por la creciente actividad ilícita por parte de las personas que aprovechándose de la situación, en especial cuando hay tráfico en las vías primarias de la Cuidad de México y de los Estados, delincan cometiendo el delito de robo contra las personas que no pueden avanzar en medio del todo es congestionamiento vial.

Asimismo, la propuesta solicita que se creen programas y campañas informativas para que la población procure no ser víctima de este tipo de delitos, cuando los delincuentes ocupan para huir motonetas, motocicletas y bicicletas.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados; así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar mecanismos de inspección y supervisión constantes y eficientes a vehículos de transporte como son motocicletas, motonetas y bicicletas en todo el país.

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar campañas informativas para que la población, evite ser víctima de asaltos en motocicletas, motonetas y bicicletas en zonas de intenso tránsito vehicular.

III. CONSIDERACIONES

La prevención situacional dentro de las políticas gubernamentales como táctica tendiente a reducir el número de delitos es de reciente aplicación; su interés se enfoca en reducir la cantidad de oportunidades que el sujeto puede encontrar para cometer un delito. Las víctimas de delitos contra el patrimonio son seleccionadas por el delincuente porque ofrecieron una o un conjunto de características que le atrajeron, las cuales pueden ser peculiaridades físicas, económicas, situacionales o geográficas, sumadas al factor oportunidad.

Las oportunidades de delinquir se hacen presentes al o a los sujetos en el medio, con características particulares conjugadas con los elementos externos o internos de las víctimas. Se puede mencionar que existen diez principios en la teoría de la oportunidad del delito:

1. La oportunidad juega un papel importante en todos los delitos y no sólo en los delitos patrimoniales.

2.Los delitos de oportunidad son altamente específicos.

3. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio.

4. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos y actividades diarias de las personas.

5. La comisión de un delito produce las oportunidades para otro.

6. Algunos artículos generan mayor ventaja en la comisión de delitos de oportunidad.

7. Los delitos pueden ser prevenidos mediante la reducción de oportunidades.

8. No siempre, la reducción de oportunidades desplaza al delito.

9. Un enfoque conjunto por parte de autoridades y comunidad en la reducción de oportunidades puede producir que el delito decline también en otras zonas.

10. Los cambios sociales y tecnológicos generan nuevos delitos de oportunidad.

Desde la perspectiva del delincuente, una vez que se conjugan diversos elementos, la decisión de ejecutar el delito pasa por un proceso de racionalización.

En México, el incremento de los delitos y la violencia se ha convertido en un tema preocupante, que tiene un lugar importante en la agenda pública de los distintos niveles de gobierno. La evolución de la criminalidad, organizada y no organizada, y las formas de combate al delito se han instalado en el debate público en los últimos años. El aumento de los robos, particularmente los cometidos con violencia, con uso de armas y asociados con otros tipos de delitos, como el secuestro, las lesiones o el homicidio, han impactado fuertemente en la vida pública y en la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública.

Para tales efectos delictivos, el Gobierno del Distrito Federal ha implementado una estrategia en la cual se combate a la delincuencia y se da mayor proximidad a los ciudadanos. Asimismo se han instrumentado acciones que para crear una policía más eficaz, así como el que sesupervise a cada uno de los elementos y equipos de la corporación; ya que esto ha dado como resultado, una mayor seguridad para quienes viven y transitan en la capital del país.

La estrategia tiene como objeto, acotar el espacio de responsabilidad en los sectores para un mejor control de la operación, con responsables por cada Cuadrante, y así evaluar el desempeño individual de los policías.

El Programa de Cuadrantes, sigue siendo el referente de la operación policial, principalmente porque ha permitido fortalecer el vínculo con la ciudadanía; se ha reducido el tiempo de respuesta ante las emergencias y los delitos de alto impacto pasando de 9 minutos a 2 minutos 37 segundos.

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 en su Eje 2 Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana, en el área de oportunidad 2, relativo a la Prevención del Delito, establece como primer objetivo fortalecer el Modelo de Cuadrantes Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista que reduzcan los índices delictivos y mejoren la percepción y la confianza de la ciudadanía; la primera meta indica consolidar la estrategia de prevención y combate a la delincuencia que genere controles en la operación por cuadrante e incentive la participación ciudadana.

Para la consecución de esta meta se propuso el Gobierno del D.F. las siguientes líneas de acción:

• Analizar el comportamiento de la incidencia delictiva por cuadrante, que permita direccionar las acciones y el despliegue de la operación policial de manera que posibilite la toma de decisiones del alto mando y se evite la comisión de hechos delictivos;

• Mejorar la operación de los cuadrantes con una estructura organizacional dinámica, permanente y con comunicación directa con los habitantes de su territorio, además de realizar una inversión que garantice el estado de fuerza necesario, en equipo y vehículos, para fortalecer su actual operación.

Este programa tiene como objetivo coordinar acciones de gobierno que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la prevención del delito, y el consecuente abatimiento de la incidencia delictiva relacionada básicamente con el robo a transeúnte, robo a negocio y robo a casa habitación; así también el fortalecimiento del tejido social, la recuperación de espacios públicos, la realización de acciones de integración y participación social, y el acercamiento de las autoridades y de la policía con la población.

Se puede mencionar que el Gobierno del D.F., se ha preocupado por la seguridad de los gobernados, pero falta que se creen mayores estrategias para erradicar el delito de robo a transeúnte y automovilistas en avenidas primarias, falta que se creé un programa en el que se tenga un control o registro de las motocicletas o motonetas, siendo un poco más complicado el regular las bicicletas mas no imposible, y como ejemplo está el Reglamento de Tránsito Metropolitano y la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en los cuales ya se ha regulado la función y el tránsito de las bicicletas, así como el otorgamiento de derechos, pero también se necesitaría crearles obligaciones.

Esfuerzos como el de Estado de Morelos, en donde se ha implementado en los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec, Huitzilac, Jojutla, Tlaltizapán y Cuautla el programa “tolerancia cero” a motonetas y motocicletas que circulen sin placas, así como requisito indispensable para los motociclistas, se estableció que el casco de seguridad y el chaleco fluorescente que el conductor debe portar al circular incluyan el número de las placas. Este programa tiene la finalidad de regularizar a los más de 13 mil motociclistas que no han solicitado su canje de placas y entrega de la tarjeta de circulación 2014.

Todo esto se debió a que se han iniciado más de cinco mil averiguaciones por delitos, en los que se involucra el uso de motocicletas: 4,212 robos, 94 homicidios dolosos, y 1,196 casos de narcomenudeo.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instancias de seguridad pública de las 32 entidades federativas a implementar acciones de inspección y supervisión a vehículos de transporte como son motocicletas, motonetas y bicicletas, así como a realizar campañas informativas para prevenir la comisión de delitos mediante la utilización de dichos instrumentos en zonas de intenso tránsito vehicular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se solicita un informe sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México”, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México, dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1248.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que el Distrito Federal se caracteriza por concentrar múltiples actividades: académicas, económicas, culturales y recreativas, por mencionar algunas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), su población asciende a 8 millones 851 mil 80 de habitantes, a quienes se suman cientos de miles de personas provenientes de estados aledaños que diariamente se trasladan -en transporte público o particular- a la capital del país, situación que hace compleja la movilidad en sus calles y avenidas.

Que una de las principales consecuencias de la inobservancia de las disposiciones referidas son los congestionamientos viales, concebidos como: la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías comúnmente en las horas de máxima demanda, produciendo incrementos en los tiempos de viaje, recorridos y consumo excesivo de combustible.

Manifiestan que el Distrito Federal pasa por una crisis urbana en la que el transporte y la vialidad son problemáticas de primera índole debido a que producen afectaciones que van desde retrasos en los tiempos de traslado, baja productividad laboral y contaminación ambiental, hasta agravios a establecimientos mercantiles e incluso, en la limitación del derecho constitucional de libre tránsito.

Indica que en la mayoría de las ocasiones, los congestionamientos viales son producto del constante aumento de la población, incremento en el uso del automóvil, infraestructura vial deficiente, concentración de los viajes de trabajo y en los últimos años, de aquellos bloqueos que derivan en actos de vandalismo, situaciones que forman parte de la cotidianidad en la entidad.

Que con base al ranking anual de los países que presentan más tráfico en las denominadas “horas pico”, realizado por la compañía de tecnología GPS TomTom, el Distrito Federal es la segunda ciudad del mundo con mayor congestión vehicular (en promedio un viaje de 60 minutos sin tráfico, se extiende a 93, es decir, 55% más), sólo debajo de Estambul, Turquía, donde se incrementa en un 58%.

Destacan que en febrero de 2015 Castrol Magnatec, dio a conocer las ciudades con mayor número de embotellamientos (derivado del estudio realizado en 111 ciudades de 36 países del mundo), destaca que el Distrito Federal se ubica en el tercer lugar con mayor número, sólo debajo de Yakarta, Indonesia; y Estambul, Turquía.

Expresan que lo anterior deja de manifiesto la inadecuada política de movilidad que ha sido implementada por el Gobierno del Distrito Federal. Basta mencionar las múltiples deficiencias del transporte público, siendo la línea 12 un caso emblemático, así como el inadecuado mantenimiento de las principales calles y avenidas de la Ciudad de México, aspectos que derivan en retrasos en los tiempos de traslado, tránsito lento, inundaciones, encharcamientos, daños patrimoniales e incluso accidentes de tránsito terrestre.

Los senadores indican que resulta contradictorio que aunque las principales avenidas del Distrito Federal, se encuentran en permanente mantenimiento y reparación, las afectaciones referidas siguen vulnerando a la sociedad, situación ante la cual se ha tenido nula o insuficiente respuesta por parte de las autoridades en materia de movilidad en la entidad. Prueba de ello, manifiestan que los pocos letreros o avisos de las obras se encuentran colocados justo en donde está cerrado el paso, es decir, hace inasequible que los habitantes de la entidad puedan optar por alguna ruta alterna que les permita llegar a sus destinos.

Enfatizan que en el PRI, están convencidos de que es fundamental contar con protocolos y acciones para evitar congestionamientos viales en el Distrito Federal, en virtud de que de esta manera se garantizará el tránsito vehicular de una forma fluida, segura y cómoda, de ahí la importancia del presente asunto.

Bajo las consideraciones vertidas, es fundamental que el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad, y las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en la entidad, asuman su responsabilidad en el asunto, a fin de resolver uno de los principales reclamos de la sociedad.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad, y las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en la entidad, presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente e impulse campañas de difusión sobre los protocolos y acciones a seguir ante la presencia de congestionamientos viales en la Ciudad de México.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Las legisladoras y legisladores de esta Comisión dictaminadora comparten la idea de que mejorar la movilidad se ha convertido en uno de los principales retos para los gobiernos de las grandes urbes y la Ciudad de México, es la cuarta ciudad más poblada del mundo, y es parte del grupo de ciudades que deben enfrentar este reto.

Los problemas en la movilidad que son generadores de molestias cotidianas y masivas, son un síntoma de un malestar más profundo: el modo desordenado en que ha crecido nuestra ciudad y la metrópoli, con graves riesgos para la sustentabilidad de la vida de la Zona Metropolitana del Valle de México. Es por ello que se debe evaluar la eficacia de las medidas para aumentar la velocidad en la movilidad.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio de 2014 y en su Artículo 2 se señala que se considera de utilidad pública e interés general: el establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; la señalización vial y nomenclatura; y la utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad.

En su Artículo 5 se manifiesta que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

De la misma manera, en el Artículo 7 se señala que la Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, debe observar los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, sustentabilidad, corresponsabilidad social e innovación tecnológica.

En este orden de ideas, es importante precisar que en materia de movilidad, entre otras atribuciones, al Gobierno del Distrito Federal le corresponde: establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente y la calidad del entorno urbano; y promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia de vialidad, transporte y movilidad.

Por otro lado, entre las atribuciones de la Secretaría de Movilidad destacan las de fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la entidad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas; así como el establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Movilidad le corresponde garantizar que en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular.

Cabe mencionar que con base al segundo párrafo del artículo 186 de la Ley de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios, y las delegaciones en el ámbito sus atribuciones son las únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial.

Se destaca que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal tendrá entre otras la atribución de garantizar que la vialidad, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo, llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad.

Se destaca que la Secretaría de Movilidad implementa el Programa para el Mejoramiento de la Fluidez del Tránsito en el Distrito Federal con la finalidad de atender uno de los reclamos de los habitantes del Distrito Federal y de los automovilistas que en ella trabajan, con acciones coordinadas para el mejoramiento de la vialidad en la ciudad que consta de lo siguiente:

a) Supervisión de 50 cruceros conflictivos en 12 delegaciones (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza) de las 07:00 a las 11:00 horas, Con los grupos de Apoyo Vial de la SEMOVI.

b) Retiro de vehículos del transporte público que permanezcan más tiempo del necesario en los paraderos del STC Metro.

c) Reprogramación y coordinación adecuada del sistema de semáforos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

d) Apoyo en la vialidad de 37 planteles escolares de nivel primaria hasta superior, tanto públicos como particulares ubicados en 12 de las 16 demarcaciones políticas.

e) Con apoyo de la Secretaría de Obras del Distrito Federal se realizarán cuatro adecuaciones geométricas en las siguientes delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

f) Reforzamiento de los dispositivos de control de tránsito (señalamiento horizontal y vertical).

g) Reordenamiento de los horarios de carga y descarga en el centro histórico.

h) Cultura y educación vial, programas intensivos.

i) Promoción del uso de vías alternas.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera importante tener conocimiento detallado de los protocolos y acciones que se implementan para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México con la finalidad de que esta Soberanía en su momento esté en condiciones de apoyar la instrumentación de políticas públicas que permitan la solución del tráfico en el Distrito Federal.

En el mismo sentido, se pretende que elGobierno del Distrito Federal, implemente e impulse campañas de difusión de dichas acciones con la finalidad de promover el mejoramiento de la vialidad en la ciudad, a fin de generar mayor conocimiento de estas situaciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente e impulse campañas de difusión sobre los protocolos y acciones a desarrollar ante la presencia de congestionamientos viales en la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se solicita un informe sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Gobierno del Distrito Federal, envíe a esta Soberanía nacional un informe desglosado que contenga el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30 por ciento del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 30junio de 2015, se presentó ante el pleno, la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se solicita un informe desglosado que contenga el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente por cada uno y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30 por ciento del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1395.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta manifiesta que dentro de La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se contempla entre sus objetivos, el de planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar su sustentabilidad mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes al suelo, a infraestructura urbana, al transporte y al espacio público, entre otros factores.

Asimismo la propuesta manifiesta que para llevar a cabo los anteriores fines, se creó la Autoridad del Espacio Público (AEP) que se convirtió formalmente en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, mediante decreto de fecha 30 de junio del 2010. La propuesta menciona que la Autoridad del Espacio Público deberá instrumentar políticas públicas de planeación de desarrollo urbano y diseñará obras y servicios en materia de espacio público; asimismo, ejecutará y supervisará las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbano de la ciudad.

Esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que envíe a esta Soberanía nacional un informe desglosado que contenga el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente por cada uno y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30 por ciento del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, al Gobierno del Distrito Federal, envíe un informe a esta Soberanía nacional en el que funde y motive las razones por las cuales, los permisionarios de parquímetros siguen respondiendo al modelo de adjudicación directa y no por licitación pública; asimismo explique las razones por las cuales las empresas operadoras aunque de razón social diferente contemplan a los mismos accionistas.

III. CONSIDERACIONES

La regulación del estacionamiento en la vía pública es necesaria cuando hay una demanda alta y creciente de estos espacios, generada en buena medida por su carácter de gratuidad. El establecimiento de un cobro asociado a reglas de uso ha demostrado ser la mejor herramienta no sólo para administrar un bien escaso en zonas urbanas de alta demanda, sino para hacer más eficientes las condiciones de movilidad de esas zonas y mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes. Para ello, las ciudades recurren al uso de parquímetros como sistemas de cobro y gestión del estacionamiento en la vía pública. La función de estos dispositivos, ya sean fijos o móviles, es regular el uso de los cajones de estacionamiento estableciendo una tarifa que es válida durante un tiempo determinado.

La operación de parquímetros en la ciudad de México, esta regulada por el Reglamento para el Control del Estacionamiento en las Vías Públicas del D.F., de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F., que tiene su última reforma el 3 de abril de 2012;el reglamento tiene como finalidad, regular la prestación del servicio y el funcionamiento de sistemas de control de estacionamiento de vehículos en la vía pública, para la rehabilitación y el mejoramiento del espacio público, y en el se manifiesta que serán las autoridades responsables de su aplicación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, todas ellas de la Administración Pública del Distrito Federal.

Por tal razón se puede manifestar que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde:

I. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos;

II. Establecer las características técnicas de los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública;

III. Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública funcionen adecuadamente;

IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros;

V. Determinar el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la Zona de Parquímetros;

VI. Auxiliar a la Secretaría de Transportes y Vialidad en la señalización de los cajones de estacionamiento y demás indicaciones viales,

Ahora bien, el Reglamento también manifiesta que para la instalación y operación del sistema de control de estacionamiento en vía pública existirá un operador, el cual puede ser la Secretaría Desarrollo Urbano y Vivienda o alguna persona física, moral o a través de terceros que sean titulares de un permiso o concesión.

La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, publicada en el Diario Oficial de La Federación el 23 de diciembre de 1996 menciona en su artículo 17 que se establece en su parte conducente, que las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros órganos desconcentrados, así como los particulares, sólo podrán obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley establezca.

En el Título Quinto de esta Ley, se prevé el uso, aprovechamiento y explotación del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, mismo que es de suma importancia en virtud de que contiene la figura de la “concesión”, como el medio jurídico por el cual se puede permitir a un particular el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público; estableciéndose los requisitos y procedimientos que deberán cumplirse para el otorgamiento de concesiones; y con ello, dar certeza y seguridad jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones de los concesionarios, buscando en todo momento que el bien o servicio público concesionado satisfaga una necesidad colectiva.

En virtud de lo anterior, en el Artículo 76 de la Ley en cita, la Administración Pública del Distrito Federal, puede conferir el uso, aprovechamiento, explotación o administración de los bienes de dominio público local, a una persona física o moral por un plazo determinado a través de una concesión.

De conformidad con el Artículo 77 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para poder otorgar una concesión el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, expedirá la declaratoria de necesidad correspondiente y deberá publicar una convocatoria de licitación pública en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en dos periódicos de mayor circulación en la capital.

El Artículo 134, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la “licitación” es el procedimiento para que el Gobierno adquiera, arriende o enajene todo tipo de bienes o servicios; esto deberá ser a través de una “convocatoria pública”, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, misma que serán abiertas de manera pública con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Otra forma de conferir la administración, explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público establecidos en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, es a través de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, que se encuentran previstos en el Título Quinto, Capítulo Tercero, en donde el Gobierno puede otorgar a una persona física o moral, el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado, a título gratuito u oneroso, hasta por un plazo de 10 años, prorrogables.

Con fundamento en la normatividad que se ha venido citando, autoridades del Gobierno del Distrito Federal, han otorgado a diversas empresas particulares la autorización para el uso y el aprovechamiento de bienes y espacios públicos, para la instalación y operación de parquímetros; así como la administración de los estacionamientos en la vía pública y la explotación con publicidad de los espacios del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a través de Permisos Administrativos Temporales Revocables.

La discrecionalidad que tienen las autoridades locales para la administración de los bienes de uso común como las vías terrestres de comunicación (Metro), las calles y avenidas, es amplísima a través del uso de la figura de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, ya que sólo tienen que partir de una solicitud del interesado y de un acuerdo de un Comité, sin que medie una declaratoria de necesidad, ni una licitación que permita a la Administración Pública Local obtener las mejores condiciones en cuanto a quién se otorga el uso y aprovechamiento de los bienes del domino público local, y si éste es quién ofertó la mejor propuesta en el procedimiento de licitación, así como si tiene la capacidad y solvencia económica para la explotación de dichos bienes.

Asimismo, en la Ley se establece que el Gobierno del Distrito Federal podrá instalar y operar sistemas de control y supervisión de estacionamiento de Vehículos Automotores en la vía pública del Distrito Federal, en las Zonas de Parquímetros, ya sea en forma directa, o a través del otorgamiento de permisos o concesiones.

El 14 de noviembre del año 2014, empresas como “Mojo Real Estate” y “Movilidad y Parqueo”, recibieron sus primeras adjudicaciones sin que la autoridad hiciera públicos sus criterios de selección

El Gobierno del D.F., mediante la autoridad del espacio público que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad, y de la delegación correspondiente instalaron en el año 2012 en la Cuidad de México, el sistema de parquímetros que lleva por nombre “ecoParq”, que es  un programa de ordenamiento del estacionamiento en la vía pública, y una de las estrategias del Plan Verde de la ciudad.

Ahora bien, el Reglamento expresa quede cada 10 pesos que se pagan en el parquímetro, 7 van a inversión, mantenimiento y operación de los mismos, además de una utilidad para la empresa que los opera. Las empresas cambian por zona no siempre son las mismas las encargadas de la administración de los parquímetros, y  todas  ellas son vigiladas por “ecoParq”, que es la autoridad de espacio público.

Asimismo se ha manifestado en todos los lugares donde están los parquímetros, de los 3 pesos restantes se tiene que decidir el uso específico con los vecinos del Comité de Transparencia de cada zona de parquímetros. Sin embargo la autoridad ha manifestado que éste siempre va para la mejora del espacio público.

Reinvertir parte de estos recursos en la zona, ayuda enormemente a validar el sistema entre sus usuarios y los residentes del lugar. Si la recaudación se traduce en mejoras en la zona en la que se instalan, los residentes se convertirán en los principales defensores de este sistema de gestión del estacionamiento.

Aunque nunca debe ser su fin principal, un sistema de parquímetros bien manejado puede generar una cantidad importante de recursos económicos tanto para las delegaciones como para el operador del sistema. Por lo tanto, resulta fundamental que todas las etapas de su desarrollo (licitación, implementación y operación) se manejen con total transparencia.

Los aspectos técnicos (área de intervención, características del sistema) y económicos (costo del sistema, procesos de licitación, fijación de tarifa, destino de los montos recaudados) deberán ser del conocimiento público para evitar malos entendidos y sospechas que puedan entorpecer o detener el desarrollo de esta excelente implementación de ideas.

Esta dictaminadora considera que es pertinente solicitar a la autoridad responsable de la administración de los parquímetros de la Ciudad de México, un informe en el cual se pueda examinar y saber el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente por cada uno y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30 por ciento del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, y el por que las concesiones solo han sido por adjudicación directa y no también por licitación pública.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de Movilidad, rinda a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad de México; el número de parquímetros y/o polígonos asignados a cada uno de ellos, los ingresos obtenidos anualmente por cada uno y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30 por ciento del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, al Gobierno del Distrito Federal, que a través de la Secretaría de Finanzas, envíe a esta soberanía un informe en el que funde y motive la determinación de asignar los permisos para operar parquímetros mediante el modelo de adjudicación directa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas, a formular iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de sancionar las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo de los estados, así como a los congresos locales de las entidades federativas a formular decretos, proponer iniciativas y realizar las modificaciones y reformas necesarias a sus actuales leyes y códigos en materia penal, a efecto de que las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales, sean consideradas como un delito y sancionadas como tales”, presentada por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo de los estados, así como a los congresos locales de las entidades federativas a formular decretos, proponer iniciativas y realizar las modificaciones y reformas necesarias a sus actuales leyes y códigos en materia penal, a efecto de que las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales, sean consideradas como un delito y sancionadas como tales”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1569.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado señala que el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social, expone que la violencia inhibe el desarrollo de las persona, que puede causar daños irreversibles y que adopta diferentes formas de expresión, entre ellas la crueldad que, explica, es “una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta”.

Considera que debe hacerse énfasis en que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto de humanidad en sí mismo pues señala que la crueldad animal es uno de los componentes de la triada psicopática junto a la piromanía y la eneuresis.

Al respecto, manifiesta que los derechos de los animales tratan de ayudar a que disminuya el número de animales que son tratados cruelmente y a que los responsables de su maltrato sean castigados  y merecedores de sanciones que ameriten la gravedad de su conducta. Considera que la legislación nacional existente no es lo suficientemente estricta en ese sentido y que son muy pocas las entidades en donde dicha conducta es considerada como delictiva.

Refiere que en México han sido muchos los casos sabidos y relacionados con maltrato animal, pero lamentablemente no todos son del dominio público lo que evita así la posibilidad de  tomar acciones determinantes que pudieran permitir sancionar a sus agresores y realiza un enlistado de los casos más conocidos en cuanto al maltrato de animales.

Indica que, de acuerdo a estudios recientes, cada año mueren en México alrededor de 60 mil animales a causa de violencia y maltrato ejercido contra ellos. Apunta queel Distrito Federal, y los estados de Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz y Chihuahua, son las únicas entidades que han incluido tipificar la conducta del maltrato animal como delito en sus respectivas legislaciones, por ello considera necesario de conminar al resto de los Estados del País a que tomen acciones inmediatas a efecto de establecer las medidas y procedimientos necesarios de carácter ordinario y legal, con la finalidad de que el maltrato y violencia contra los animales sea considerada una conducta de tipo penal en todas las entidades federativas del país.

Bajo esa línea argumental propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los  titulares del Ejecutivo de los Estados así como a los congresos locales de las entidades federativas, para que de manera asistida por la asesoría y representación en las entidades de las autoridades de la SEMARNAT y la PROFEPA, formulen decretos, propongan iniciativas y realicen las modificaciones y reformas necesarias a sus actuales leyes y códigos en materia penal, a efecto de que las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales, sean consideradas como un delito y sancionadas como tales.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora expresa coincidencia con el diputado proponente en el sentido de que el maltrato hacia los animales es precursor de conductas que pueden expresarse en violencia hacia los humanos, por ello, considera fundamental hacer énfasis en los ordenamientos con los que actualmente se cuenta en la materia, a fin de prevenir este tipo de actos y, en su caso, sancionarlas.

Un estudio presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia puede desembocar en patologías sociales en la edad adulta, puede indicar maltrato hacia personas en edad infantil, es un recurso de poder en la violencia de género. Dicho estudio señala que el maltrato animal, aparte de su valor intrínseco a los animales, representa un indicador de riesgo social y de alteración de la salud pública, por ello es importante sancionar y prevenir este tipo de actos, dado que no sólo se protege la integridad de los animales, sino se previene un problema que puede desembocar en la afectación de la vida humana1.

Ahora bien, en nuestro país no existe una ley en contra del maltrato y la crueldad animal, sin embargo, tres leyes de observancia nacional se refieren a ello. En primer lugar, se señala la Ley General de Vida Silvestre, la cual, en noviembre de 2013, integró las definiciones de maltrato y crueldad en su artículo 3º, mismas que se reproducen a continuación:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[…]

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

[…]

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

No obstante, el mismo ordenamiento sólo se refiere a la prohibición de todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre (art. 30) y no hace referencia a casos de crueldad en contra de los animales domésticos; asimismo, debe señalarse que esta ley fue reformada recientemente para prohibir el uso de ejemplares silvestres en circos, no así con espectáculos como la tauromaquia o los espectáculos de peleas con animales; sobre el trato hacia los animales silvestres nuestro país también cuenta también con Normas Oficiales Mexicanas.

Por otro lado, la Ley de Sanidad Animal establece, en su artículo 22, que el transporte de animales vivos deberá procurar su bienestar, por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, falta de alimento o de descanso, sin embargo, no hace mayor referencia al maltrato o crueldad. En cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el artículo 79, fracción VIII, establece que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas. Como se observa, México sí contempla la protección animal, sin embargo, es enfática en el trato de animales silvestres y hasta se cuenta con una tipificación de delitos federales en este sentido.

Respecto a ello, en el ámbito internacional, el Consejo Europeo publicó en 1987 un tratado para la protección de mascotas, en el que establecía que el hombre tenía la “obligación moral” de respetar todas las criaturas vivas y tener en mente que las mascotas tenían una “relación especial con el hombre”. Además, el Capítulo II, en el artículo 3, parte 1 de los principios para el bienestar animal establecía que nadie deberá causar a un animal dolor innecesario, sufrimiento o maltrato; a pesar de que este documento no es vinculante para nuestro país, se ha convertido en referente para diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Si consideramos la premisa de la que parte el diputado en su proposición acerca de la violencia, el tema adquiere mayor importancia pues en México fallecen cada año unos 60 mil animales por maltrato, de acuerdo con cifras de la asociación Anima Naturalis. Por otro lado, la organización Milagros Caninos ha declarado que el 100 por ciento de los animales que llegan al albergue han sido maltratados, torturados, violados o vejados y en el 80 por ciento de los casos se determinó que las agresiones provenían de personas del sexo masculino2.

Si bien México no cuenta con una ley de protección animal que sea de alcance nacional,  los estados se han encargado de regular en sus demarcaciones el maltrato y la crueldad hacia los animales con leyes y ordenamientos al respecto, incluso los ayuntamientos tienen normas específicas. El Distrito Federal fue la primera entidad en criminalizar el maltrato y la crueldad animal. Al respecto, un estudio elaborado por el portal “Sin Embargo”, publicado el 25 de octubre de 2014 hace un recuento sobre las leyes de protección animal en México, en él destaca lo siguiente3:

En Baja California, el 1º de octubre de 2014 se hizo la  reforma a la Código Penal, que ahora establece que “al que intencionalmente realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo vigente en el estado”; en Coahuila el artículo 293 Bis 1 del Código Penal del Estado tipifica los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales y en caso de violar ese precepto se sancionará con una pena de seis a cuatro años en la cárcel y una multa desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885 y señala que si la crueldad contra un animal pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar un 50 por ciento.

El 17 de abril del 2013 la Ley en Colima tipificó el delito del maltrato hacia los animales domésticos, quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 salarios mínimos y tres años de prisión; en ese sentido, en el Distrito Federal la Asamblea Legislativa aprobó la prohibición para que los circos trabajen con animales y estableció una sanción de al menos 300 días de salario mínimo, también prohibió que se utilicen a animales en protestas, marchas, plantones y concursos de televisión.

Con 10 mil días de salario mínimo como multa, Durango registra la sanción más alta en nuestro país como castigo a conductas dolosas tales como tortura, vejación, mutilación que causen dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas, si la especie fue asesinada, la ley prohíbe las peleas de perros y busca implementar una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar precedentes legales; en Guanajuato la ley para la protección de los animales domésticos contempla la promoción de la concientización de la sociedad hacia los animales y ofrecerles un trato adecuado que consiste de “medidas para disminuir su sufrimiento, traumatismo y dolor de los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, experimentación, comercialización entrenamiento y sacrificio.

El estado de Jalisco aprobó la Ley de Protección Animal prohíbe las peleas de perros, mientras que las peleas de gallos se permiten considerando que los animales no “trabajen” por más de 8 horas, también prohíbe el abandono y la venta de animales en la vía pública, mantenerlos en azoteas o espacios reducidos; Michoacán castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida a las criaturas, los delitos considerados son abandono, abusos sexuales, actos abusivos y peleas callejeras, además el Congreso local aprobó sanciones de hasta 500 salarios mínimos y 24 meses de cárcel; en Morelos el artículo 13 de la Ley Estatal de Fauna dicta que los lugares como zoológicos o cautiverios públicos mantengan espacios que permitan a los animales tener libertad de movimiento.

El estado de Puebla castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de hasta 26 mil pesos, el artículo 470 del Código Penal de la entidad establece que quien realice actos de “maltrato o crueldad en contra de cualquier animal” para buscar ocasionarle dolor o sufrimiento, será sancionada; en Veracruz se sanciona el maltrato a mascotas, prohíbe las peleas de perros, la caza y captura de especies silvestres, la zoofilia, mutilaciones, falta de atención médica, abandono y la privación de aire, agua, espacio alimento y abrigo a las especies son castigados.

La Ley del Estado de México estipula la protección a las especies de ganado bovino, caprino, porcino, canino, felino, lanar, caballar, asnal, batracios, peces y aves, a los animales silvestres que no sean nocivos al hombre y a aquellos que sean exhibidos en circos o zoológicos para “erradicar y sancionar el maltrato y actos de crueldad.

Por tanto, esta Comisión estima procedente el exhorto en virtud de que ya existe legislación a nivel estatal que sanciona los actos de maltrato y crueldad en contra de los animales y dado que, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, esta actividad desarrolla conductas que pueden desembocar en la comisión de delitos en contra de la vida humana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivo y legislativo de las 32 entidades federativas para que, de manera coordinada con la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, formulen iniciativas de  reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de sancionar penalmente las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/maltrato_animal_abril2009[1].pdf

2 http://mexico.cnn.com/nacional/2014/03/21/las-leyes-sobre-animales-en-mexico-enjauladas-entre-contradicciones

3 http://www.sinembargo.mx/25-10-2014/1150376






Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones del caso RYM Capital Corporation.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a revisar la denuncia, a efecto de conseguir la reparación del daño en perjuicio de los inversionistas defraudados de la empresa RYM CAPITAL, a nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta” presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a revisar la denuncia, a efecto de conseguir la reparación del daño en perjuicio de los inversionistas defraudados de la empresa RYM CAPITAL, a nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, dicha proposición fue presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1620.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

El senador promovente indica que hoy en día, en gran parte de los de la República Mexicana miles de ciudadanos, se han visto severamente afectados por enormes fraudes perpetrados por personas sin escrúpulos que al amparo de sociedades financieras han robado los ahorraros de miles de familias.

Manifiesta que resulta importante expresar un caso en particular que sucedido en el estado de Jalisco, mismo que representa el ultraje y abuso por parte de la empresa denominada RYM CAPITAL, a nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, en contra de la sociedad jalisciense.

Dentro de este contexto, en la propuesta se indica que la empresa RYM CAPITAL, operaba a través de diversas sociedades financieras, mismas que fueron creadas como parte de la mecánica delictiva, manipulándolas a través de las siguientes cuentas bancarias, (Rym Capital LLC en los Estados Unidos, Rym Capital Corporation S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., Rym Capital LLC estas últimas en México).

El senador promovente manifiesta que el modus operandi de esta empresa se conformaba mediante una estructura piramidal, por medio de la cual los representantes de la empresa RYM CAPITAL disponían de los recursos de todos los inversionistas para utilizarlos en beneficio personal, haciendo creer que eran una empresa consolidada en el sector mediante todas las autorizaciones legales para operar y beneficiar a las personas que invertían su dinero con ellos.

De la misma manera, expresa que los activos se manejaban bajo la figura de una SOFOM, por medio de la cual se captaban recursos indebidamente. Toda vez que, como se expresa en el párrafo anterior, los mecanismos utilizados para recabar recursos no son facultad de la SOFOM, por lo que se evidencia el dolo y mala fe al aplicar el engaño.

En este sentido, enfatiza que aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó en febrero de 2011 sobre diversas empresas que no formaban parte del sistema financiero mexicano, debido a que no se encontraban supervisadas por la CNBV, aquellas desenvolvieron sus actividades, con el objetivo de cumplir su meta y defraudar a las personas que invertían su capital en ellas.

Manifiesta, que con base en los daños que se causaron como producto de las manipulaciones y engaños por parte del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta y sus asociados, a través de la empresa RYM CAPITAL hacia las víctimas, estas se vieron en la necesidad de acudir a las instancias jurisdiccionales competentes, con la finalidad de poder encontrar el apoyo y la justicia que el asunto amerita.

De manera que al denunciar y ratificar lo acontecido sobre el tema, se logró girar una orden de aprehensión en contra del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, con el fin de vincularlo de manera directa a un proceso penal, por los delitos que realizó por medio de la empresa RYM CAPITAL, en el estado de Jalisco.

Destaca que el Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, se dio a la tarea de asesorarse legalmente con un bufete de abogados, mismos que lograron conseguir un amparo, el cual hasta la fecha le ha servido como escudo y para no  ser presentado ante las autoridades jurisdiccionales y reparar el daño.

Por lo anterior, el promovente considera que se ha vuelto importante asegurar la correcta aplicación de la ley y el verdadero sentido de la justicia en México. Toda vez que, las autoridades jurisdiccionales de Jalisco no han tenido la potestad de atraer el caso del implicado, Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, ante los tribunales locales, fundamentalmente para proteger la distribución de los recursos que se obtuvieron por la inversión de los defraudados.

Siendo esta una problemática de suma importancia, el promovente considera necesario que se haga presente la voluntad de la Procuraduría General de la República, para que tome cartas en el asunto y actué de manera pronta, eficaz y contundente sobre el desarrollo de este asunto, además de explicar cuáles son los mecanismos, formas y procedimientos que se utilizarán, para solucionar la problemática que se origina por el hecho de no poder poner a disposición al Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta y evitar que siga gastando los ahorros e inversiones de los defraudados.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a revisar la denuncia AP/PGR/JAL/GDL/AG3/MI/4334/2011 a efecto de lograr que se logre conseguir la reparación del daño en perjuicio de los inversionistas defraudados de la empresa RYM CAPITAL a nombre del Sr. Raúl Yaqui Mario Corona Acosta.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora señala que en los últimos años en México, se ha presentado de manera exponencial un incremento en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro, afectando de manera directa la economía de las familias mexicanas de clase media y baja principalmente.

Entre los beneficios que ofrecen estas instituciones de ahorro para atraer a sus      clientes se encuentran jugosos intereses y rendimientos superiores a los de las instituciones financieras, captando de este modo la atención de los sectores de la población.

El punto de acuerdo materia de este dictamen aborda el caso de RYM Capital que inició operaciones en 2007 como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) siendo su fundador, Raúl Yaqui Mario Corona Acosta y a quien se acusa del presunto fraude a los ahorradores a finales del 2011.

Es importante mencionar que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE)en enero del 2012 informó que en el caso RYM Capital existen 936 afectados, luego de seis meses de intervención y recibir más de 700 denuncias, finalmente la dependencia resolvió que no era de su competencia indagar sobre este posible fraude que supera los 500 millones de pesos y confirmó que la investigación fue remitida a la PGR.

Es importante destacar que derivado de la Averiguación Previa A.P./PGR/JAL/GDL/AG3/MI/4334/2011 se solicitó un arraigo contra el dueño de RYM Capital, de nombre Raúl Yaqui Mario Corona Acosta; aunque la medida cautelar fue otorgada, éste ganó un Amparo constitucional.

En noviembre del 2012 se informó que las denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso RYM Capital van en aumento; y hasta esa fecha suman 2 mil 363 y el monto supera los 300 millones de pesos. Asimismo, se indicó que la PGR giró una orden de aprensión contra Raúl Yaqui Mario Corona Acosta, el socio fundador y propietario de la firma.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en febrero de 2011 y en 9 de abril de 2013 informó de diversas empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no se encuentran supervisadas por la CNBV, y no cuentan con autorización para captar recursos del público, encontrándose RYM Capital Corporation, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC. con domicilio en el Estado de Jalisco.

Derivado de las investigaciones realizadas por esta Primera Comisión y siendo esta una problemática de suma importancia, los integrantes de la misma coinciden en que es necesario que la Procuraduría General de la República agilice las investigaciones para que actué de manera pronta, eficaz y contundente en contra de los responsables y se repare el daño.

Se destaca que la PGR cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de conformidad con el artículo 4, fracción I, apartado A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de Fraude.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones del caso RYM Capital Corporation, actuando de manera pronta, eficaz y contundente en contra de los responsables y garantizando la reparación del daño a las víctimas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción oportuna del Hospital General de Cuajimalpa y se remedie la situación de los locatarios del Mercado de Contadero, afectados por la explosión del 29 de enero pasado”, presentada por el Diputado Abel Salgado Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015, el Diputado Abel Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción oportuna del Hospital General de Cuajimalpa y se remedie la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29 de enero pasado”

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1633.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado se refiere a los hechos ocurridos el día 29 de enero pasado, cuando una pipa de la empresa Gas Express Nieto, que surtía combustible al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, presentó una fuga en la unidad que causó una explosión y ocasionó pérdidas humanas irreparables y diversas lesiones tanto a niñas y niños como adultos.

Derivado de esa explosión, señala que cerca del setenta por ciento del hospital sufrió daños, por lo que tuvo que ser demolido. Indica que en febrero, José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal, anunció que el proyecto para el nuevo hospital estaba listo.

De igual forma, refiere que en el mes de mayo se publicó en el diario Reforma que, a través de solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud local reconoció que no contaba con un proyecto, pues éste se elaboraba en mesas de trabajo, asimismo, expone que vecinos y trabajadores del sector salud protestaron por el retraso en las obras de construcción del hospital.

Ante esa situación, el diputado señala que Román Avilés, Subsecretario de Salud, declaró que la reconstrucción del hospital no se había concretado porque requerían un terreno de mayores dimensiones, sin embargo, apunta que, a cinco meses del siniestro que cobró la vida de cinco personas, dos bebés y tres adultos, no hay signos de avance de la obra.

Asimismo, el diputado indica que los locatarios del mercado Contadero también han sido afectados como consecuencia de la explosión, pues fueron desalojados y ahora venden sus productos en la calle.

De igual forma, expone que el terreno donde se encontraba el Hospital Materno Infantil no se encuentran signos de construcción alguna y en la que fuera su entrada sólo se ubica un Medibús de la Secretaría de Salud que brinda atención básica a quienes la solicitan.

Bajo esa línea argumental propone lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo con celeridad todos los actos administrativos tendientes a la construcción oportuna del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo todas las acciones para remediar la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29 de enero pasado.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora comparte las preocupaciones del proponente y considera necesario referir que el 29 de enero de 2015 una pipa de la empresa Gas Express Nieto explotó mientras abastecía al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, lo que trajo como consecuencia la muerte de 5 personas y dejó otras 70 heridas, además de que causó daños en el 70 por ciento de las instalaciones del hospital, por lo que éste tuvo que ser demolido.

Al respecto, esta dictaminadora encontró que el 24 de febrero, casi un mes después de que ocurriera la explosión, el Secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, dio a conocer que se llevaría a cabo la construcción del Hospital General de Cuajimalpa para sustituir el Hospital Materno Infantil, indicó que tenía previsto que las obras de construcción se concluyeras 12 meses después de que iniciaran.

Respecto al nuevo hospital, el Secretario de Salud explicó que este Hospital contaría con 70 camas censables y 40 no censables e informó que el proyecto estaba prácticamente listo para que se iniciara la construcción esa misma semana, una vez que se contara con la aprobación del Jefe de Gobierno y con los recursos necesarios.

Posteriormente, el 6 de marzo, el Jefe Delegacional Adrián Ruvalcaba, mediante la presentación de cerca de 50 mil firmas, solicitó al Gobierno de la República y al Gobierno del Distrito Federal la construcción de un hospital de tercer nivel en el lugar donde se localizaba el Hospital Materno Infantil de la demarcación y dio a conocer, en conferencia de prensa, que la inversión para esta obra sería cercana a los 500 millones de pesos y que la construcción iniciaría en este año1.

No obstante, la construcción del Hospital General no ha iniciado ni existen indicios de su construcción, por lo que diversos medios de comunicación dieron a conocer que el Subsecretario de Salud del Distrito Federal explicó que las obras no han iniciado debido a que se requiere un terreno con mayores dimensiones, a este hecho se le suma la oposición de los vecinos a dicha construcción.

En cuanto a los locatarios del mercado Contadero, el 6 de febrero, unos días después de ocurrida la explosión, el Jefe Delegacional Adrián Ruvalcaba señaló que ya se habían hecho los trámites correspondientes para pagar todas las afectaciones sufridas por la pérdida de mercancía, además de que se estaba en espera de los dictámenes para iniciar  la reconstrucción del mercado o bien, de reubicarlos en diferentes puntos cercanos al mercado en caso de que existiera una afectación estructural que impidiera recuperar el inmueble2.

Casi un mes después, el 3 de marzo, medios de comunicación dieron a conocer que el mercado seguía en escombros debido a que los peritajes no habían concluido, por lo que los locatarios solicitaban acelerar este proceso. Sobre ese asunto, el 24 de mayo InfoDF, el portal de transparencia del Distrito Federal,  ordenó a la Secretaría de Desarrollo Económico local proporcionar información sobre si el mercado Contadero será reconstruido o si desaparecerá derivado de los daños ocasionados por la explosión.

La dictaminadora manifiesta que, después de esa fecha, no hay posicionamientos oficiales respecto al tema, sólo notas periodísticas del 6 de julio en la que ofrecen información coincidente con lo postulado por el diputado, en la que se expone que los locatarios venden mercancía en la calle sin tener noticias de cuándo se llevará a cabo la reubicación de sus comercios.

Respecto a la explosión, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Gaceta Oficial dio a conocer que todas las dependencias del Gobierno del Distrito federal no podrán celebrar contratos con la empresa Gas Express Nieto en un periodo de tres años. Sobre la construcción del Hospital General de Cuajimalpa, esta dictaminadora no encontró posicionamientos oficiales recientes ni mayor información al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y derivado del número de personas afectadas por este suceso, así como por la importancia de contar con un Hospital en la demarcación de Cuajimalpa, así como de dar certidumbre a los locatarios del Mercado Contadero de la delegación, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que lleve a cabo con celeridad todos los actos administrativos tendientes a la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y a la Jefatura Delegacional de Cuajimalpa para que lleven a cabo todas las acciones para remediar la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la explosión del 29 de enero de 2015.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2015/03/06/se-anuncia-construccion-de-hospital-general/

2 http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2015/02/06/version-de-la-entrevista-realizada-al-jefe-delegacional-en-cuajimalpa-de-morelos-adrian-rubalcava-suarez-en-la-inauguracion-del-mercado-san-mateo-en-el-pueblo-de-san-mateo-tlaltena/






Que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a revisar la actuación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que solicita al gobierno y al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del estado de Yucatán a conducirse con apego a derecho en torno a la demanda por el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López”, presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015,la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que solicita al gobierno y al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del estado de Yucatán a conducirse con apego a derecho en torno a la demanda por el posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López.”

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-513.

II. CONTENIDO

La Senadora señala que el patrimonio del Municipio de Mérida ha sido blanco de la voracidad de sujetos que pretenden despojar al Ayuntamiento de Mérida de los recursos y patrimonio que sirven, de manera directa o indirecta, para dotar de servicios públicos a los habitantes de la ciudad de Mérida. Señala que estas personas actúan coludidas  con diversos órganos de Gobierno del Estado de Yucatán, entre los que destaca el  Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán, y que dichos órganos son operados por el Poder Judicial a la sombra del aval del Gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán.

Considera que los ataques a la autonomía municipal parecen tener como objeto el menoscabo en los recursos públicos de Mérida, que suman alrededor de treinta millones de pesos, los cuales sirven para prestar servicios públicos como seguridad, alumbrado, salud y programas sociales, destaca que lo anterior tiene lugar en el auge de la contienda electoral.

Manifiesta que ese despojo se pretende articular a partir de una omisión dela administración del dos veces gobernador de Yucatán, el  Priista Víctor Cervera Pacheco, cometida hace poco más de quince años;  omisión que fue subsanada posteriormente por iniciativa de la autoridad municipal que ahora enfrenta las consecuencias de un error ajeno al ayuntamiento de Mérida y a los Meridanos.

Asimismo, explica que la velocidad con la que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán resolvió el procedimiento que  origina el eventual despojo a la ciudad de Mérida de los recursos comentados es inusual en comparación con la que se atiende a casi la totalidad de los ciudadanos que llevan procesos ante juzgados y tribunales del Poder Judicial del estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Yucatán, integrante de dicho poder.

Por ello, la Senadora estima necesario exhortar imperiosamente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y en especial al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán a respetar la autonomía que debe prevalecer  entre ellos, en específico a que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán, ejerza su función y actuación de manera ajena e independiente al servilismo de los designios del poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y a sus intereses políticos.

Bajo esa línea argumental, la Senadora propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Judicial del Estado de Yucatán para revisar la actuación de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, para que en estricto apego a la legalidad, garantice la autonomía de las decisiones de dicho poder.  Asimismo, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a mantenerse al margen del proceso electoral en curso y no utilizar las instituciones de gobierno en perjuicio del H. Ayuntamiento de Mérida y sus habitantes.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora considera necesario conocer el hecho que refiere la Senadora para, a partir de ello, deliberar si la propuesta es procedente.

En primer término, se debe señalar que Ley de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida, promulgada en diciembre de 1999 por el entonces gobernador del estado Víctor Cervera Pacheco, documento que carecía de la firma del Secretario de Hacienda en ese año, Rafael Casellas Fitzmaurice, omisión implicaba el incumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública, situación ante la cual los particulares resolvieron ampararse y exigir la devolución del pago de impuesto predial.

Ante estos amparos, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado dictó 13 sentencias en contra del Ayuntamiento de Mérida, quien debe pagar 27 millones 726 mil pesos por concepto impuestos e intereses derivados a favor de particulares que interpusieron los juicios.

Renán Barrera Concha, Presidente Municipal de Mérida, declaró que las sentencias son injustas, sin embargo, comentó que se planteó al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado un esquema de pago que permitiría a los particulares el cobro de las cantidades que reclaman y al Municipio cumplir las sentencias sin afectar servicios públicos y/o programas en beneficio de los habitantes del municipio, esta propuesta, dijo, se realizó con fundamento en un ley que el Ejecutivo Estatal promulgó en enero de este año.

Refirió que como respuesta del Tribunal, el Ayuntamiento de Mérida obtuvo un requerimiento de pago inmediato y la amenaza de embargo al patrimonio municipal, mediante la aplicación de legislación inaplicable a los juicios promovidos en su contra, sin embargo y con el fin de evitar la suspensión de servicios y programas que benefician a los meridanos y en uso del derecho que la ley aplicada por el tribunal le confiere, señaló 130 inmuebles para ser embargados.

No obstante, el Tribunal congeló tres cuentas que, a decir del alcalde, ascienden a 19.5 millones de pesos y manifestó que dos de ellas son por ley inembargables, dado que  corresponden a las aportaciones federales o ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, “… no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago

En ese sentido, la Senadora propone exhortar al titular del Poder Judicial del Estado de Yucatán para que observe la actuación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.

Bajo esas premisas, esta Comisión dictaminadora señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán dispone que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa es un Órgano del Poder Judicial del Estado de Yucatán es la máxima autoridad jurisdiccional en materia contencioso-administrativa y de responsabilidades de los servidores públicos, asimismo, cuenta con plena autonomía en el dictado de sus resoluciones, las cuales son definitivas en inatacables.

Asimismo, el Título Sexto de la Ley se refiere al Consejo de la Judicatura, que es el órgano del Estado dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado; al respecto, el artículo 115, fracción XXI, establece como atribución del Consejo el Investigar de oficio o a petición de parte, la conducta de los empleados y funcionarios públicos del Poder Judicial, con excepción del personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia, en relación a hechos que puedan constituir irregularidades que transgredan cualquier disposición legal.

En particular, este ordenamiento establece, en el artículo 63, que el nombramiento del personal, así como la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa estará a cargo de una comisión especial del Consejo de la Judicatura, que tendrá como facultad conocer de la administración, vigilancia y disciplina de dicho Tribunal.

Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima conveniente que el Consejo de la Judicatura Federal sea quien lleve a cabo las observaciones e investigación sobre la actuación de los Magistrados del Tribunal Fiscal y Administrativo, para atender la preocupación de la senadora, con base en las sentencias que generaron la suspensión de tres cuentas del Ayuntamiento de Mérida con el fin de restituir el pago a los particulares que interpusieron el amparo, dado que es el órgano facultado para llevar a cabo dicho proceso, así como el órgano que cuenta con la atribución para interponer sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán a revisar la actuación de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, para que en estricto apego a la legalidad, garantice la autonomía de las decisiones de dicho órgano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de esa entidad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del  Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad. Fue presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2014, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-131.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores del Partido Acción Nacional manifiestan que el Gobernador del Estado de Yucatán y sus funcionarios, valiéndose de programas sociales y haciendo omisión de los lineamientos y exhortos de autoridades electorales locales e incluso federales, reparten de forma electorera tinacos, pinturas, despensas, material de construcción e incluso apoyos económicos en beneficio de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se indica en la propuesta que estas situaciones fueron documentadas por medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición del Estado. Señalan que, un hecho inédito en los procesos electorales en Yucatán, los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado ordenaron al Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad que revoquen el punto de acuerdo por el que solicitaron a las autoridades suspender la entrega de apoyos durante la campaña electoral, a fin de que los funcionarios de todos los niveles puedan continuar la distribución de todo tipo de materiales, como despensas, pintura, tinacos, etcétera, y la aplicación de los programas de gobierno.

Indican que la decisión del Tribunal Electoral de Estado de revocar un exhorto para que el gobierno federal, estatal y autoridades municipales se abstengan durante campaña y durante los 3 días previos a la jornada electoral a la entrega de apoyos, obras y beneficios, representa un retroceso para las libertades ciudadanas y los principios democráticos del proceso electoral que se lleva a cabo en esta entidad, además de que es contraria a los acuerdos emitidos por el Consejo General del INE y deja sin efectos los esfuerzos de las últimas reformas en materia político electoral que precisamente buscaban inhibir estas conductas.

Indican que cuatro semanas de la jornada electoral, en Yucatán la sociedad no puede ejercer su derecho a participar en el proceso electoral en libertad y se han documentado que en diferentes municipios de la entidad, la policía estatal no reacciona a las peticiones de los ciudadanos ante supuestos actos ilegales como el reparto de despensas, cuando estos programas sociales que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos más desfavorecidos terminan siendo utilizados con fines político-electorales.

Los legisladores proponentes, señalan que la directiva del Partido Acción Nacional en la entidad, ha señalado que en varios municipios, se denunciaron la llegada de camiones que transportan despensas y que son descargadas en domicilios de gente relacionada con los candidatos del PRI, manifestando que, en el intento de obtener más información, un panista de este municipio resultó gravemente herido y tuvo que viajar de urgencia para recibir atención hospitalaria.

Indican que los legisladores del PAN advierten que la contienda electoral de Yucatán puede verse comprometida ante la actuación del Gobernador de la entidad y sus funcionarios de gobierno, particularmente ante la actuación de las corporaciones policiacas; manifiestan que al día de hoy lo contenido en la Constitución, en las leyes electorales y en los acuerdos de gobierno, no existe para los Gobernadores que impunemente utilizan toda la fuerza y recursos del estado para operar políticamente en favor de sus candidatos.

Destacan que, si no se instauran medios para evitar que se lucre electoralmente con los programas sociales y para que el gobierno estatal se retire de la contienda electoral, no hay garantía de elecciones libres, auténticas, equitativas, ni transparentes.

Por lo anterior se propuso el siguiente:

Primero.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a mantenerse al margen del proceso electoral en curso en la entidad, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes electorales vigentes y de los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Segundo.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a desistir inmediatamente del uso la fuerza pública de la entidad para intimidar, agredir y detener a ciudadanos de la oposición política en el marco del proceso electoral en el estado.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán a que no haga uso de los programas sociales con un fin electoral, así como a manejar los recursos públicos que ejerce con imparcialidad, en el marco del proceso electoral de la entidad y de conformidad con los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cuarto.- Se exhorta a las instancias de procuración de justicia del Estado de Yucatán y  a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a investigar la actuación de la policía estatal de la entidad, ante los abusos cometidos en contra de ciudadanos de la oposición política que han sido agredidos y detenidos en el marco del proceso electoral en Yucatán, y en su caso, aplicar las sanciones o medidas correspondientes.

III. CONSIDERACIONES

Esta primera Comisión, considera que en el Estado de Yucatán, como en todo el país, es fundamental que impere un ambiente de libertades, de legalidad y de competencia política equitativa y limpia donde se respete la voluntad de los ciudadanos.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, párrafo séptimo, se indica que los servidores públicos de la Federación, los Estados, los municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Asimismo, el primer párrafo del citado artículo de la Constitución, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados y los municipios, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer únicamente los objetivos a los que estén destinados.

El principio de imparcialidad que debe regir el servicio público fue incorporado a nuestro sistema electoral vigente con el objeto de impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a un cargo de elección popular y para la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales.

Ante ello, se han incorporado a nuestra legislación disposiciones expresas para evitar que se lucre electoralmente con recursos que son públicos.

El artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público, ello con la finalidad de que los actos de gobierno no influyan en el voto de los ciudadanos.

En ese mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como infracciones en el artículo 449, párrafo 1, incisos b), c) y e) que las autoridades y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; de los órganos de gobierno municipales incurran en:

I. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

II. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales y;

III. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Para cumplir estas disposiciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado 25 de febrero del año en curso, en su sesión ordinaria, dos acuerdos para garantizar elecciones legales, equitativas y transparentes, así como evitar un uso político-electoral de los programas sociales y recursos gubernamentales:

● Acuerdo del Consejo General del INE por el que se emiten normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Acuerdo del Consejo General del INE por el que se solicitan el apoyo y la colaboración de quienes fungen como titulares del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales, presidentes municipales y jefes delegacionales para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se ajuste a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales en el marco del proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2014-2015. 

Por lo anteriormente expuesto, esta  Comisión Dictaminadora considera que las inquietudes planteadas por los proponentes fueron debidamente atendidas en su oportunidad. Asimismo, es de observarse que al haberse celebrado la jornada electoral el día 7 de junio del presente, el asunto ha quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba respetuosamente al Gobernador del Estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a remover a los Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de manera subordinada respecto de terceros.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 20 de mayo del 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de manera subordinada respecto de terceros.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-149.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

De acuerdo con los senadores proponentes, una de las principales motivaciones de la reforma político-electoral aprobada por esta LXII Legislatura fue blindar a las autoridades electorales locales de la injerencia de los gobiernos de las entidades federativas, o de cualquier otra intromisión que afectara la objetividad e imparcialidad que debe predominar en su actuación.

Señalan que esta importante reforma reestructuró por completo las instituciones electorales en nuestro país, constitucionalizando la figura de los Organismos Públicos Locales Electorales y convirtiendo al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE), en una autoridad facultada para atraer o asumir la organización parcial o total de los procesos electorales, en aquellas entidades federativas donde por diversas razones no se pudiese garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Otro de los cambios sustantivos que se introdujo fue el método para la integración de los institutos electorales en las entidades, los cuales dejaron de estar en manos de los congresos locales, para quedar a cargo del Consejo General del lNE.

Los legisladores proponentes expresan su preocupación por la situación que se vive en Sonora, argumentando que la intromisión del gobierno del estado ha enrarecido el proceso electoral en curso, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para resarcir las acciones que sistemática y flagrantemente han atentado contra la equidad de la contienda.

Refieren que el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías viola la normatividad electoral con la misma vehemencia con la que ha infringido la ley en otras ocasiones, ya sea desviando recursos públicos para la construcción de una presa en su rancho u otorgando privilegios fiscales irregulares a las empresas del candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara.

Los senadores argumentan que las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de la entidad lejos de trabajar para garantizar la paz y tranquilidad de los sonorenses, funcionan para perseguir a los opositores al gobierno de Padrés, amedrentando a candidatos y simpatizantes. El espionaje político, las detenciones arbitrarias y el uso de recursos públicos con fines electorales retratan un cuadro de “elección de Estado” que es completamente incompatible con la democracia y la ley.

Expresan su preocupación ante la omisión de las autoridades que están obligadas a velar por la equidad y legalidad de la contienda.

Por otro lado, refieren que un bloque de cuatro consejeros ha brindado protección al candidato del PAN y al gobierno del estado en los fallos y resoluciones emitidos por la autoridad electoral local, mediante acciones que van desde evitar un debate de formato abierto entre los candidatos a la gubernatura, hasta la indolencia mostrada para investigar y sancionar las constantes intromisiones del Gobernador Padrés y su gabinete.

Destacan como un elemento de sospechosa, el que el consejero que preside la Comisión de Quejas y Denuncias, Octavio Grijalva Vásquez, ha sido señalado por sus simpatías hacia el Partido Acción Nacional, es decir, el mismo instituto político al que pertenecen el gobernador y su candidato.

Explican que el PRI ya ha manifestado su interés de que, ante el escenario negativo que prevalece en Sonora para una competencia justa y democrática, el INE ejerza sus facultades de atracción del proceso electoral.

Por lo anterior, consideran necesario que el INE evalúe la actuación de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y, en su caso remueva a aquellos que hayan incurrido en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 102, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Adicionalmente, proponen solicitar al INE que, a través de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales Locales, se reúna con los consejeros electorales de Sonora para revisar la intervención del Gobernador en el proceso electoral, así como el desarrollo de este, con la finalidad de garantizar los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Por lo anterior, propusieron lo siguiente:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a evaluar la actuación de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora y, en su caso, promueva la remoción de aquellos que actúen con parcialidad o de manera subordinada respecto de terceros, o incurran en alguna de las otras causas establecidas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, a través de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales Locales, revise junto con los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, la probable intervención ilegal del Gobernador, Guillermo Padrés Elías, en el proceso electoral de la entidad, así como el desarrollo de este último, con la finalidad de garantizar los principios rectores decerteza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

III. CONSIDERACIONES

La Constitución prevé en su artículo 41, apartado A, los principios que rigen la función estatal de organización de elecciones libres y justas, a saber: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Estos principios se constituyen como directrices perennes que deben ordenar la actuación, principalmente de las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos, militantes y simpatizantes. Desde luego, también buscan ordenar la conducta de otros actores relevantes como son las autoridades y representantes populares, máxime si se trata de un cargo próximo a renovarse en el proceso electoral que se califica.

En los comicios celebrados en el pasado mes de junio, tal como lo refieren los proponentes, existieron una importante serie de denuncias relacionadas con la posible injerencia del gobernador Guillermo Padrés Elías en las elecciones.

En efecto, se presentaron una serie de denuncias públicas de las que han dado cuenta de forma reiterada distintos medios de comunicación, y que incluso han recuperado los legisladores federales en un número importante de proposiciones con punto de acuerdo solicitando la no intervención del gobernador Padrés Elías.

Existen, a su vez, acusaciones formales ante los órganos electorales locales y nacionales e incluso, existen acusaciones formales ante instancias ministeriales.

Esta Comisión Dictaminadora se manifiesta atenta y respetuosa de lo que en su momento se resuelva en cada una de las denuncias y acusaciones planteadas. Asimismo, no deja de observar que al haberse celebrado la jornada electoral del 7 de junio, el proceso ha devenido en una etapa jurídica distinta, por lo que las denuncias señaladas deben canalizarse y resolverse por las instancias competentes, quedando la presente proposición sin materia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y revisar la posible intervención del Gobernador de Esa entidad en el proceso electoral, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desechan diversas proposiciones sobre descalificaciones entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fueron turnadas las Proposiciones con puntos de Acuerdo relativos a evitar descalificaciones y promover el respeto entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral, presentadas por integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el veinte de mayo de dos mil quince.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con punto der Acuerdo por el que solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todos los Partidos Políticos que contienden en el presente proceso electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a la legalidad de la publicidad que los mismos utilizan, en virtud de que ésta es permitida por el marco electoral vigente y que la labor de determinar su legalidad, corresponde a la autoridad y a los tribunales electorales.

B. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-254.

C. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, el diputado Rubén Acosta Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con punto de Acuerdo por el que solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a los partidos políticos abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local como federal.

D. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-286.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Afirma el diputado Tomás Torres Mercado que los derechos y prerrogativas otorgadas a los partidos políticos por las distintas legislaciones electorales se encuentran estrechamente vinculados a los fines que deben cumplir los partidos políticos, esto significa que el cabal cumplimiento de dichos objetivos marcados por la Ley los conduce a la obtención de las prerrogativas que han sido igualmente establecidas por la misma.

La exposición de motivos de la Proposición del diputado Torres Mercado recuerda que los logros de los partidos políticos son fruto de su actividad frente a la ciudadanía y éstos les otorgan los méritos suficientes para el disfrute de los derechos y prerrogativas que les corresponden. El proponente afirma que en el Instituto Nacional Electoral reside el ejercicio de la autoridad por lo que al instituto corresponde pronunciarse sobre la legalidad de las propagandas de los partidos políticos.

En este sentido, dados los cuestionamientos hechos al Partido Verde Ecologista de México el proponente destaca que las descalificaciones de los partidos políticos por el supuesto uso indebido e ilegal de un elemento de su plataforma electoral, resulta contrario a la normativa constitucional y legal, así como a las propias resoluciones del máximo tribunal en la materia.

El diputado Rubén Acosta Montoya afirma que es necesario vencer y erradicar la corrupción y la violencia; sin embargo, advierte de los moches, del desvío de recursos, del tráfico de influencias y la corrupción de la clase política. A pesar de las denuncias de presuntos actos de corrupción donde se involucra a miembros del Partido Acción Nacional, ese mismo instituto político, a juicio del proponente, realiza prácticas de denostación y descalificación de los contrincantes que le han rendido frutos a partidos que en lugar de intentar convencer a los votantes con propuestas serias y responsables prefieren echar mano de las campañas sucias, lo cual deslegitima al ganador, sea quien sea, y pone en entredicho la gobernabilidad democrática.

Por lo tanto, considera pertinente solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a los partidos políticos a abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local como federal.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 6o de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libre manifestación de las ideas misma que sólo tendrá por límites el respeto a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Las campañas políticas reúnen ciertos elementos que llevan a influir en el ánimo de los electores con el fin de conseguir el voto gracias a la preferencia del votante al haber hecho exposición de sus plataformas y propuestas.

Las prohibiciones sobre las campañas implican que no se usen expresiones o elementos que no dañe la reputación e imagen de instituciones y partidos; en sentido contrario, y por ser instituciones de interés público, la buena fama y el respeto a su imagen son derechos reconocidos por el sistema jurídico electoral.

En beneficio de los derechos electorales y protección de los principios que rigen la democracia electoral, ningún candidato o partido debe valerse de denostaciones, campañas sucias o medios que denigren a otros candidatos y partidos puesto que, de hacerlo, influyen e impactan negativamente en el electorado creando un ánimo contrario y, en cierta medida, dolosamente para inducir al error, al ofrecer una imagen falsa o contraria a los principios y valores democráticos que sostiene determinado instituto político.

No obstante lo anterior, esta Comisión dictaminadora observa que al haberse llevado a cabo la jornada comicial del mes de junio pasado, las proposiciones materia de este dictamen han quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha las proposiciones con punto de acuerdo relativas a evitar descalificaciones y promover el respeto entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a abstenerse de realizar la entrega de televisores digitales del programa para la transición a la televisión digital terrestre.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En fecha 20 de mayo del 2015, los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-307.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los proponentes refieren que el 14 de Julio de 2014 fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Reforma a la Legislación Secundaria en materia de Telecomunicaciones que el Poder Legislativo le ha entregado a las mexicanas y a los mexicanos.

Uno de los temas que se contienen en dichas disposiciones legales es el del “apagón analógico”, o proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual consiste en la finalización de la transmisión de señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico, en favor de las que se difunden en formato digital.

Con lo anterior los proponentes argumentan que se logra un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que traerá consigo la posibilidad de la recepción de una mayor cantidad de canales con mejor calidad de señal que la actual –multiprogramación y alta definición-, así como la liberación por completo de la banda de frecuencia de los 700Mhz que por mandato constitucional y legal el Ejecutivo deberá destinar para la operación de su Red Mayorista de Banda Ancha Móvil.

Los legisladores señalan que el plazo que se fijó tanto en el Transitorio Quinto del Decreto de Reforma Constitucional, como en el Décimo Noveno del Decreto de Reforma a la Legislación Secundaria culmina el 31 de Diciembre de 2015, condicionando la terminación de las señales analógicas a un nivel de penetración de los equipos receptores y/o decodificadores de señal digital del 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Subsecretaría de Comunicaciones publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 13 de Mayo de 2014 su Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en el cual hace saber, entre otras decisiones:

1. La entrega directa de los receptores de Televisión Digital a los beneficiarios de programas sociales mismos que, en vez de decodificadores, serán televisiones planas.

2. La entrega física de las mismas la realizará el personal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

3. El calendario que se impuso para la entrega de las televisiones en diversas regiones del país.

En la convocatoria de esta última entrega se encuentra el detalle de fechas y municipios en donde deben los proveedores ganadores de cada una de las partidas entregar los bienes para que inmediatamente la SCT y SEDESOL procedan a su entrega a los beneficiarios del programa.

Derivado de la revisión a dicha convocatoria, los proponentes detectaron que al menos 72 municipios cuentan con fechas de entrega en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 06 de junio del presente año. Es decir, hay municipios que recibirían los aparatos un día antes de la jornada electoral, durante el periodo de reflexión previo a ésta.

El punto de acuerdo pretende exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Sociala abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio, a fin de evitar influir de manera indebida en pleno proceso electoral en la decisión de los electores con la entrega de dichos bienes.

III. CONSIDERACIONES

El 25 de febrero de 2015 el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el ACUERDO INE/CG66/2015 POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, PARRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTICULO 134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El Acuerdo pretende evitar que los programas sociales se utilicen con fines electorales sin interrumpir o posponer la operación de los programas gubernamentales, menos aun los que tienen que ver con problemas de salud, marginación o pobreza, estableciendo criterios uniformes y claros para inhibir que estos programas se usen desde el gobierno federal, los de las entidades y los municipales para incidir en el voto ciudadano. El acuerdo del INE subraya que los programas sociales deben de cumplir con lo establecido expresamente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 77) y en la Ley General de Desarrollo Social (artículo 26).

Ambos ordenamientos definen los mecanismos y procedimientos para la definición, aprobación y publicación de las "Reglas de Operación" a las que se sujetarán todos los programas públicos, definiendo su objeto y alcance, los criterios de selección de los beneficiarios, los mecanismos de asignación de los beneficios y en qué consisten los bienes y servicios que se entregan.

Además, las "Reglas de Operación" de cada programa deben ser publicadas en el Diario Oficial o en los periódicos oficiales de las entidades federativas y contar con respaldo presupuestal expreso.

Bajo el esquema aprobado por el Consejo General del INE, no se podrán entregar bienes y servicios relativos a programas sociales que no cuenten con "Reglas de Operación" publicadas y difundidas desde diciembre del 2014 y tampoco se podrán crear programas sociales a modo de cara a los comicios.

El Acuerdo va más allá y con la finalidad de garantizar la equidad de la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre propone que durante los procesos electorales se evite la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros en la entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales, por considerar que es contraria al principio de imparcialidad.

De igual forma, se hace el señalamiento expreso para evitar que los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno utilicen de forma indebida y a favor de un partido político o candidato el padrón de personas beneficiarias de los programas sociales. El Acuerdo hace una excepción respecto a los bienes, servicios y recursos que se entreguen a la población a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados por desastres naturales.

Para sancionar actos contrarios al acuerdo, el INE acordó iniciar procedimientos sancionadores a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, cuando tenga conocimiento de indicios relativos a la utilización de la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales de los tres órdenes de gobierno con fines electorales y, en caso de que éstos pudieran constituir algún delito en materia electoral, el INE dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Con base en el referido Acuerdo y a fin de propiciar la equidad de la contienda, la autoridad electoral en su oportunidad realizó las acciones tendientes a proteger la libertad del sufragio. Asimismo, esta Comisión dictaminadora observa que al haberse llevado a cabo la jornada comicial del mes de junio pasado, las proposiciones materia de este dictamen han quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social a que se abstengan de realizar la entrega de televisores digitales del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre durante los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre los protocolos, acciones o mecanismos de seguridad a implementar antes y durante la jornada electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo en la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que en un lapso no mayor a 3 días hábiles remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar la seguridad de los candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del país en el marco del proceso electoral que se verificará este próximo 7 de junio. Presentado por la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las Propuestas con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo del 2015, se presentó la Propuesta con punto de acuerdo en la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que en un lapso no mayor a 3 días hábiles remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar la seguridad de los candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del país en el marco del proceso electoral que se verificará este próximo 7 de junio.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-542.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La autora manifiesta que dentro del escenario de esta jornada electoral el centro de atención han sido las 43 agresiones acontecidas hasta hoy en el proceso electoral de 2015, los datos son que dieciocho se perpetraron contra de representantes del PAN, ocho contra representantes del PRI, seis contra representantes del PRD, seis afectados de MORENA, dos contra integrantes de Movimiento Ciudadano y uno por los Partidos Social Demócrata, Humanista y PVEM.

Ante los planteamientos analizados en el Punto de Acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen:

Primero.- “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que envíe a esta soberanía un Informe Estado por estado, con el Diagnóstico de las condiciones de Seguridad de las 32 entidades federativas del País”.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que brinde un Informe en el que se detalle qué mecanismos, programas y acciones está implementado la Secretaría de Gobernación y cuáles implementará de manera extraordinaria, antes durante y después de la jornada electoral, con cuántos efectivos contará, a fin de Blindar la Seguridad Ciudadana y de los propios candidatos, que genere un clima de seguridad y confianza, que abone en la erradicación del temor y el miedo que pudiera generarse en la ciudadanía para salir a votar este próximo 7 de junio.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Exhorta de la manera más respetuosa al Titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a que los informes a que se refieren los puntos PRIMERO Y SEGUNDO del presente, los entregue a esta soberanía en un lapso no mayor a 3 (tres) días naturales después de la aprobación del mismo. Debido a la urgencia que el asunto amerita, y toda vez que no ha sido posible llevar a cabo una reunión de trabajo entre el Secretario de Gobernación y los legisladores, pero sobre todo, dada la cercanía de la jornada electoral.

III. CONSIDERACIONES

El Proceso Electoral Federal 2014-2015, tuvo como punto culminante la jornada del domingo 7 de junio de 2015 en que fueron renovados los siguientes cargos de elección popular a nivel federal en México:

500 diputados federales al Congreso de la Unión: 300 de los cuales fueron electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país; y los 200 restantes mediante el principio de representación proporcional, votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales que integran al país. Constituirán a partir del 1 de septiembre de 2015, la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México.

Por primera ocasión, la autoridad rectora de las elecciones fue el Instituto Nacional Electoral, creado a partir del antiguo Instituto Federal Electoral por las reformas constitucionales en materia política aprobadas a principios de 2014, mismas que, además, modificaron la fecha de la jornada electoral al primer domingo del mes de junio.

Participaron 10 partidos políticos con registro nacional; al otorgarles registro como tales el 8 de julio de 2014 a tres organizaciones políticas nacionales. También es relevante que fueron las primeras elecciones en México donde participaron candidatos independientes

Esta comisión Dictaminadora considera loable la preocupación de la promovente sobre la necesidad de garantizar la celebración de elecciones libres y auténticas. De conformidad con lo anterior, con fecha 20 de mayo del presente, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo dictaminado por esta Comisión el cual contenía los siguientes resolutivos:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, refuerce sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, rendir un informe a esta soberanía en un término no mayor a 10 días hábiles, sobre los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de convenios formalizados con los gobiernos estatales, organismos electorales locales y las procuradurías y fiscalías locales como bases de la necesaria coordinación antes, durante y después de la jornada electoral; los resultados de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas a través de mensajes institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad; los resultados del despliegue ministerial actual que realiza la FEPADE; y el plan de atención y la infraestructura humana y técnica prevista para la atención ciudadana de denuncias por los sistemas FEPADETEL y FEPADENET durante de la jornada electoral y los días siguientes al desarrollo de la misma

Asimismo, esta Comisión dictaminadora tiene conocimiento que con fecha 3 de junio, la Procuraduría General de la República dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta soberanía, que contiene información relacionada con el objeto de la proposición que se dictamina. Asimismo, esta Comisión observa que al haberse celebrado la jornada electoral el día 7 de junio del presente, el asunto ha quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el  siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al titular de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los protocolos, acciones o mecanismos  de seguridad a implementar antes, y durante la jornada electoral, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desechan las proposiciones relativas a la aplicación de los criterios de paridad y alternancia de géneros en la asignación de diputaciones y regidurías de la representación proporcional en los estados de Sonora y Morelos.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y discusión los siguientes asuntos:

A. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías.

B. Propuesta con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática, sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Propuesta con  punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-899.

B. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática, sometieron a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Propuesta con  punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a garantizar la paridad de género en las asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1217.

II. CONTENIDO

A. La proposición con punto de acuerdo presentado el 17 de junio refiere que el 6 de junio el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, en el que se dieron a conocer los criterios que aplicables por el Consejo Estatal Electoral para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y de regidores integrantes de los treinta y tres ayuntamientos de la entidad.

La diputada precisa que existen diversas denuncias públicas por asociaciones de la sociedad civil que evidencian  la resistencia de los partidos políticos a respetar el principio de paridad de género en la asignaciones de las diputaciones de representación proporcional, así como las negociaciones que pretenden imponer para desechar el  acuerdo, de manera que la asignación de diputaciones de representación proporcional sin el criterio de paridad sería de 3 mujeres y 9 hombres.

Derivado de lo anterior, la diputada considera imprescindible hacer un llamado a la autoridad electoral morelense para que no ceda a las presiones ni a las maniobras de los partidos políticos que intentan impedir a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho humano a la participación política en igualdad de oportunidades y conforme al principio de paridad.

Bajo esa línea argumental propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta con carácter urgente al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a que mantenga firme la aplicación del acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015 en la asignación de las diputaciones de representación proporcional y las regidurías, con el fin de que se garantice el principio de paridad de género y se evite violentar el derecho humano de las mujeres a la participación política.

B. El punto de acuerdo suscrito por la diputada Amalia Garcia y la diputada Martha Lucía Mícher Camarena se refiere a la lucha por la paridad en el Estado de Sonora. Explican que en 2015, en el marco del reciente proceso electoral para la conformación del Congreso del Estado, las mujeres ganaron 10 de 21 diputaciones bajo el principio de mayoría relativa, lo que corresponde a una representación del 47%

Indican que, las asignaciones a las diputaciones plurinominales corresponden a 12 diputaciones, de las cuales atendiendo al criterio paritario 6 diputaciones deben ser para candidatas mujeres, asimismo, señalan que el mismo criterio debe prevalecer para la asignación de las regidurías plurinominales de tal manera que cada ayuntamiento debe quedar integrado en equilibrio entre los géneros.

Destacan que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) aprobó los criterios de aplicación para la paridad y alternancia de género en las candidaturas a ayuntamientos y diputados locales, el cual, además, subraya que debe respetarse la regla de que el candidato propietario y el suplente, deberán ser del mismo género.

Consideran imprescindible hacer un llamado a la autoridad electoral en el Estado de Sonora para que no ceda a las presiones ni a las maniobras de los partidos políticos que intentan impedir a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho humano a la participación política en igualdad de oportunidades y conforme al principio de paridad.
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta con carácter urgente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a que aplique los criterios de paridad y alternancia de géneros en la asignación de las diputaciones de representación proporcional y las regidurías, con el fin de que se garantice el principio de paridad de género y se evite violentar el derecho humano de las mujeres a la participación política.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión, en el proceso de análisis y dictaminación de las propuestas enunciadas, considera necesario exponer que los derechos políticos de las mujeres en nuestro país es una lucha reciente, pues apenas en el año de 1953 se reconoció su derecho a votar y ser votadas; ya en 1966 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exhortaba a los partidos políticos a promover la participación de las mujeres; asimismo, apunta que en 2002 se determinó un proceso de cuotas que obligaba a una proporción 30-70 por ciento en la distribución de candidaturas, porcentaje que se incrementó a 40-60 en 2008 hasta llegar a la reforma más reciente, donde se establece la paridad.

En ese sentido, resulta necesario referirse a la reforma en materia de derechos humanos, que tuvo lugar en junio 2011, de la que se deriva la reforma al párrafo cuarto del artículo 1º constitucional en el que se prohíbe toda discriminación motivada, entre otras causas, por razones de género, así como cualquier otro que tenga por objeto menoscabar los derechos y las libertades de las personas. De igual forma, el artículo 35 constitucional establece los derechos de los ciudadanos, entre los que se encuentran el votar y ser votado para cargos de elección popular.

Estas reformas son parte indiscutible de la reforma en materia político electoral, que implicó un avance muy importante para los derechos políticos de las mujeres, pues el artículo 41 constitucional incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, es decir, que el 50 por ciento de sus candidatos serían mujeres, asimismo, se facultó a los institutos electorales competentes para garantizar ese derecho.

Por tanto, en las elecciones federales y locales que tuvieron lugar el 7 de junio, los partidos políticos debieron integrar listas de sus candidatos a legisladores locales y federales, tanto de mayoría como de representación proporcional de manera paritaria.

Ahora bien, el artículo 41 constitucional no establece de manera explícita la paridad en ayuntamientos, existen diversas resoluciones respecto a los derechos humanos que mandatan la presencia de mujeres en candidaturas para presidencias municipales, síndicos y regidores, sobre todo si se toma en cuenta que ahí reside el mayor déficit de representación femenina.

La paridad, entonces, es un derecho constitucional que garantiza la participación igualitaria de las mujeres en el orden político. Al respecto, la Magistrada María del Carmen Alanis señaló que no puede haber excepciones al principio de igualdad garantizado por el artículo 1º constitucional.

“Una cuota no puede tener una excepción, en tanto que es una acción afirmativa que busca, precisamente, reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en el terreno de la participación política, en eso no puede haber excepción”1

No obstante, diferentes organizaciones, entre ellas la Red de Mujeres en Plural que integra cerca de 119 mujeres destacadas por la defensa de los derechos de la mujer, han detectado vicios y prevalencia de prácticas tradicionalistas que impiden el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y han levantado la voz para garantizar la paridad horizontal en ayuntamientos.

Ante este escenario, durante los procesos electorales del 7 de junio, la asignación de diputaciones y regidurías plurinominales en el estado de Sonora estuvieron regidos bajo criterios de aplicación para la paridad y alternancia de género en las candidaturas de ayuntamientos y diputados locales, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana En relación con los diputados por el principio de representación proporcional, dichos criterios señalan que se debe respetar el principio de paridad y alternancia de género, es decir el mismo porcentaje de hombres y mujeres, pero de manera alternada.

Al respecto, el 29 de junio el Consejo General del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora realizó una sesión extraordinaria para la asignación de doce diputaciones de representación proporcional para integrar la LXI Legislatura del Congreso Local. En el comunicado publicado en su portal se hace referencia a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en el que se señala, se debe respetar el orden de prelación de las listas registradas por los partidos políticos, no obstante, al resultar necesario para alcanzar el fin perseguido con la aplicación de la medida afirmativa en cuestión de género, dicho orden fue modificado por este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en uno de los partidos.  

En ese sentido, mediante esta asignación se observaba un total de 7 diputados del género masculino y 5 del género femenino, por lo que era evidente que no se lograba el número de mujeres necesarias para alcanzar la integración paritaria del Congreso local, dado que únicamente a 5 mujeres se les asignaría una diputación (y por lo menos deben ser seis mujeres). En consecuencia, el  Consejo General procedió a aplicar la acción afirmativa de género a efecto de alcanzar la integración paritaria, en armonía con los derechos de auto organización de los partidos2.

En el caso del PRD, el comunicado señala que se requirió hacer un ajuste a la lista presentada, en virtud de que, para lograr la paridad y alternancia de género, y por contar con una posición para asignar, se debe de privilegiar la participación de la primera mujer de la lista propuesta por el partido político, ya que si se propusiera un varón, se estarían asignando dos varones seguidos en el orden de prelación de los partidos, lo cual rompería con el principio de alternancia.

Por otro lado, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, designó 12 diputados al Congreso local y más de 50 regidurías distribuidas en 30 ayuntamientos el órgano electoral el 17 de junio. Su órgano electoral indica que, a partir de esta designación, habrá un número inédito de mujeres a nivel nacional en altos puestos públicos como: legisladoras, síndicas municipales y regidoras.

La consejera presidenta del órgano electoral, Ana Isabel León Trueba, señaló que conforme a derecho fueron asignados esos 12 espacios de diputados al Congreso local, estableciendo en principio la equidad para los partidos políticos, ya que aportarán cada uno una candidata mujer al corresponder de manera legal una posición plurinominal por porcentaje de votación, salvo el caso del PRD que estaría sobrerrepresentado; además de un candidato adicional para los dos partidos con mayor votación después del primer lugar. Para el caso del Partido del Trabajo, que únicamente presentó a un hombre como candidato en su lista de plurinominales, el CEE otorgó un plazo para que la dirigencia partidista proporcione el nombre de la mujer que podría ocupar esa posición.

El comunicado destaca también la asignación de regidurías en 30  de los ayuntamientos, donde seis mujeres ganaron alcaldías por el voto directo de los ciudadanos y 27 serán síndicas municipales.

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que las proposiciones han quedado sin materia, toda vez que ya han sido atendidas por los órganos electorales competentes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1, 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha las proposiciones relativas a la aplicación de los criterios de paridad y alternancia de géneros en la asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional en los estados de Sonora y Morelos, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Contigo%20Aprend%C3%AD,%20una%20lecci%C3%B3n%20de%20democracia%20gracias%20a%20la%20sentencia%2012624.pdf

2 http://www.ieesonora.org.mx/#publicaciones/comunicados/comunicados.php?ic=793






Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba mejorar las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con  punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal para que realice las acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo; e informe a esta Soberanía sobre las medidas tomadas al respecto”, presentada el senador Pablo Escudero morales, integrante del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015el senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal para que realice las acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo; e informe a esta Soberanía sobre las medidas tomadas al respecto”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1379.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador señala que el pasado 18 de junio elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal llevaron a cabo bloqueos en la Calzada Ermita Iztapalapa, en el Eje Central a la altura de la Delegación Benito Juárez, en Insurgentes y Antonio Caso y frente a la estación central en Calzada de la Viga y Fray Servando, todas ellas, vialidades de la Ciudad de México, con la finalidad de solicitar el apoyo del Gobierno capitalino para la compra de equipo de trabajo: 5 unidades auto escala, seis cambiones bomba, equipo de rescate y contra incendio, además de 400 uniformes dado que, señala el senador, los actuales tienen más de 10 años de uso, así como una revisión salarial.

Refiere que el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal constituido como un servicio público de especialización en las labores de apoyo para la salvaguarda de la población y de la protección civil y que coadyuva a la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y su entorno ante una emergencia, siniestro o desastre.

Señala que el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que la organización Política y Administrativa del Distrito Federal tiene la obligación de atender, como principio estratégico, la cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senador de la república del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para que realice las acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo; e informe a esta soberanía sobre las medidas tomadas al respecto.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente, y considera necesario referir que los cuerpos de bomberos cumplen funciones que son de vital importancia para nuestro país, pues tienen en sus manos labores como extinguir incendios, rescatar personas y animales, apoyar a la  población en el caso de inundaciones, corto circuito o bien, prestar primeros auxilios, es decir, ofrecen servicios a la comunidad que son imprescindibles ya que tienen como principal objetivo de su trabajo el de salvar vidas.

Sus actividades están sujetas al Sistema Nacional de Protección Civil, que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

En fechas recientes los medios de comunicación han dado a conocer las condiciones deplorables en las que las que algunos cuerpos de bomberos realizan sus labores y que resaltan que, en muchos casos, no se cumple con los mínimos de seguridad para ellos y, por tanto, para prestar servicios de calidad. De igual manera, es importante señalar que actualmente nuestro país no cuenta con datos oficiales que den cuenta de condiciones bajo las cuales operan los cuerpos de bomberos a lo largo del país, o bien, la información se encuentra dispersa, lo que no permite realizar una evaluación sobre el estado actual que guardan estas agrupaciones.

Bajo esas premisas, el 29 de junio del presente, los legisladores integrantes de la Primera Comisión aprobaron un punto de acuerdo relacionado con las condiciones de trabajo de los bomberos, con el resolutivo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades municipales, a implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos y de las estaciones de servicio en el país.

El resolutivo está motivado por el interés de los legisladores en brindar condiciones de trabajo dignas a los cuerpos de bomberos del país, así como proporcionarles el equipo adecuado para desarrollar sus actividades.

Asimismo, debe destacarse que el cuerpo del dictamen citado hace referencia a que las Comisiones de Gobernación, Protección Civil y Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores trabajan conjuntamente para expedir una Ley General que otorgue personalidad jurídica a los cuerpos de bomberos en todo el país, lo que conlleva a que accedan a beneficios y derechos de los que, hasta el momento, se les ha privado.

En cuanto a las demandas que el Heroico Cuerpo de Bomberos expresó en las movilizaciones del 11 de junio, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció el pasado 24 de junio que se destinarán 110 millones de pesos para equipamiento, que consistirá en protección personal, vehículos y equipo especializado, además de otorgar un apoyo mensual de 900 pesos para despensa.

Lo anterior da cuenta de las acciones que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado para dar respuesta a las demandas del Heroico Cuerpo de Bomberos de esa demarcación, por lo que esta Comisión considera que la preocupación que motivó el punto de acuerdo del senador ha sido atendido, en tanto que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, así como el gobierno de Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han tomado acciones para proteger la integridad, el trabajo y las garantías laborales de los bomberos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión propone los siguientes:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se da por atendida la “Proposición con punto de acuerdo por el  que se solicitaba a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para que realizara las acciones que correspondieran para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionar el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo; e informara a esta soberanía sobre las medidas tomadas al respecto,” toda vez que en la sesión del 8 de julio de 2015 el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un resolutivo en sentido positivo sobre el mismo asunto.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Órganos de Control Interno que vigilaban la aplicación de los recursos públicos, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público, presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 06 de mayo del 2015, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo por el por el que exhorta a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público.

B. Con fecha 20 de mayo de 2015, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso rectificar el turno otorgado a dicha proposición, para quedar en la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-351.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proponente refiere que el uso de los recursos públicos para beneficio de candidatos y de partidos políticos ha sido una de las prácticas más añejas y deleznables dentro de nuestro sistema electoral mexicano. Pese a las reformas constitucionales y legales que en dicho sentido han sido aprobadas en los años más recientes, el fenómeno persiste.

Lo anterior, prosigue la proponente, cobra relevancia en momentos en que nos encontramos en el proceso de renovación de la Cámara de Diputados y de diversos cargos de elección popular en la República Mexicana y que han existido múltiples denuncias de dicho fenómeno en los órganos responsables de la organización de los procesos electorales.

La diputada concluye que están siendo utilizados por diversos funcionarios públicos los programas sociales tales como la Cruzada Nacional contra el Hambre; Programas de Empleo Temporal; Programas de Útiles Escolares y Uniformes; Programa Prospera, entre otros.

Refiere la proposición que según reportes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de acuerdo con el Listado Federal 2014, y los Inventarios Estatal (2012) y Municipal 2012-2013, hay en las República Mexicana 5904 Programas y Acciones de Desarrollo Social en todo el país: 233 de carácter federal; 3788 de carácter estatal y 1883 de carácter municipal.

Por lo anterior, los servidores públicos de dichos programas deben de asumir el compromiso de hacer de los recursos públicos un instrumento de justicia social y no una herramienta para la consecución de fines personales o de grupo, particularmente para beneficio electoral.

La diputada refiere que es menester que esta H. Cámara de Diputados realice un posicionamiento institucional, para evitar que los servidores públicos sigan utilizando los recursos públicos en objetivos que no son los pretendidos por los programas sociales, a partir de un exhorto a los órganos de control interno para que refuercen sus estrategias de supervisión e informen de manera inmediata a esta soberanía de las acciones realizadas, en los siguientes términos

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, EXHORTA a los Órganos de Control Interno de las dependencias federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan mecanismos de reforzamiento en sus estrategias de supervisión en la aplicación de los recursos públicos. Lo anterior aplica para las dependencias de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; de los Poderes Legislativo y Judicial federal y local, así como de los organismos autónomos constitucionales y locales.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a todos y cada uno de los órganos de control interno para que informen a esta soberanía respecto de los mecanismos de supervisión en el uso de recursos públicos implementados, especialmente con motivo de la realización del proceso electoral 2014-2015. Dichos informes deberán contener por lo menos la siguiente información: a) Cuáles han sido los mecanismos impulsados para supervisar la aplicación de recursos públicos en el presente período electoral; b) Cuáles sus resultados; c) Cuáles han sido las áreas de oportunidad detectadas; d) Cuáles serán sus acciones inmediatas; e) Cuáles han sido sus estrategias, así como los resultados de las mismas para difundir las normas, los controles y las asesorías en la materia; f) Cuáles han sido las quejas y los procedimientos instaurados, así como las personas sancionadas por las razones anteriores; g) Cuáles han sido los mecanismos de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al erario público.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en un término no mayor a 5 días lo especificado en el resolutivo segundo. Con particular énfasis en los órganos de control interno de las dependencias que realizan funciones en el ámbito rural, por el fenómeno más acentuado de aprovecharse de la pobreza de las comunidades rurales, indígenas y marginadas.

III. CONSIDERACIONES

1. Esta Comisión dictaminadora reafirma su compromiso con la legalidad y transparencia del uso de los recursos públicos, de manera especial los recursos para los programas sociales, al ser un componente esencial de desarrollo entre los sectores más desfavorecidos de la población. Coincide en ese sentido en la trascendencia de garantizar que los mismos no se distraigan de los fines para los cuáles se han destinado por la Ley.

2. Los legisladores de esta Comisión también reprueban el uso de los recursos públicos de cualquier programa social para fines electorales, al ser primordial el valor democrático de la equidad en la contienda electoral, por lo que las instituciones del estado encargadas de la fiscalización en los tres niveles de gobierno deben ejercitar acciones preventivas y correctivas respecto a cualquier tipo de posible desvío de los recursos públicos.

3. No obstante lo anterior toda vez que se han llevado a cabo las elecciones dentro del proceso electoral vigente, los resolutivos del punto de acuerdo que se propone han perdido oportunidad, por lo que en todo caso se deberán individualizar los casos en los que se considera necesaria información de la gestión de algún órgano interno de control sobre alguna anomalía observada y que no haya sido denunciada ante los entes fiscalizadores de la propia elección.

Por las consideraciones que anteceden y en fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba a los órganos de control interno que vigilan la aplicación de los recursos públicos de las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal; de los poderes legislativo y judicial federal y local, así como de los organismos constitucionales autónomos y locales, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Y por el que se desecha la proposición que exhortaba a garantizar elecciones libres e implementar las medidas necesarias para prevenir la violencia política en el proceso electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a garantizar en todo el territorio nacional la celebración de elecciones libres y auténticas y actuar y contribuir para detener la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Agrupación del Movimiento de Regeneración Nacional y del senador Manuel Bartlett Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil quince, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la Agrupación del Movimiento de Regeneración Nacional y el senador Manuel Bartlett Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron la propuesta señalada en el proemio del presente.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el Oficio CP2R3A.-434.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los legisladores comienzan su exposición indicando que México se encuentra en un escenario de guerra contra el narcotráfico y de violencia gubernamental, llegando a extremos de abuso por parte de la militarización de las funciones de seguridad pública.

Los proponentes exponen que los próximos procesos electorales se realizarán en condiciones de violencia política en la que han sido afectados los principios democráticos para la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas.

En este sentido los legisladores mantienen firme la idea de que este proceso electoral ya se encuentra dominado por el abuso de los recursos públicos por parte del gobierno, pues consideran, que este mismo, se niega a dejar orientar a los ciudadanos con el dinero público y los programas sociales.

Los expositores mencionan que la ausencia de condiciones normales rumbo a la jornada electoral del 7 de junio, se ha traducido en inseguridad en el desarrollo de las campañas y de candidatos; hostigamiento a candidatos y sus brigadistas; abuso del poder público para beneficio de partidos en el gobierno; abuso de programas sociales para beneficiar a segmentos de la población susceptibles de compra y coacción del voto así como la negativa de gobiernos federales, estatales y municipales para seguir distribuyendo bienes sociales y programas, así como la instrumentación de campañas negras para afectar con ello la participación política de los ciudadanos, lo que a su vez socava los cimientos de la democracia.

Apoyados en lo anterior los legisladores comentan que concretamente los actos de violencia política, se dan en contra de la Agrupación Parlamentaria Morena, cuyos candidatos han sido hostigados y perseguidos; retirada su propaganda con la venia de la autoridad y, en el peor de los casos, algunos de ellos han sufrido atentados.

Los proponentes señalan que es urgente que el Instituto Nacional Electoral retomesu mandato constitucional como órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales garantice la celebración elecciones libres, auténticas y periódicas en todo el país.
Finalmente, formulan el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE), para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, garantice en todo el territorio nacional la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, actúe y contribuya a detener la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral.

SEGUNDO.- A que las autoridades del Estado Mexicano, de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, detengan la espiral de violencia política contra la población civil y creen las condiciones de tranquilidad necesarias que le permitan la celebración de elecciones libres y auténticas.

III. CONSIDERACIONES

1.- Esta Primera Comisión no ignora las difíciles circunstancias que, en algunos distritos electorales, pondrían en duda la viabilidad de la jornada del siete de junio; a esto se suman las reacciones particularmente violentas de grupos bien identificados que han atentado contra la vida democrática, la tranquilidad y el patrimonio de los partidos políticos, además de la seguridad de las personas.

2.- Tales hechos llevan al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a implementar medidas extraordinarias para garantizar el desarrollo de las elecciones. Efectivamente, el viernes cinco de junio, a través del comunicado 237, la Coordinación Nacional del Comunicación Social del INE informó a la opinión pública de esta manera:

A 36 horas del inicio de la Jornada Electoral del próximo domingo y ante las circunstancias que se viven en cuatro entidades federativas, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral hacemos las siguientes consideraciones:

1. El INE ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para organizar la elección del domingo 7 de junio. A lo largo de estos meses hemos cumplido con todas las tareas de organización y capacitación electoral para instalar la totalidad de las casillas previstas el día de la elección. Hoy estamos listos para cumplir a cabalidad con ese mandato constitucional del que depende la posibilidad de que todas y todos los ciudadanos mexicanos podamos ejercer nuestro derecho fundamental a votar.

En estos días se han venido entregando en tiempo y forma los paquetes electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla para que puedan ser instaladas el próximo domingo. Ha sido una operación exitosa en la inmensa mayoría del territorio nacional, que ya alcanza el 98% de lo previsto.

Sin embargo, en algunos distritos de cuatro entidades, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, esa tarea se ha visto complicada por las condiciones específicas que en esos Estados han provocado diversas protestas sociales. En específico en el Estado de Oaxaca esa situación tiene el mayor retraso.

2. La elección está siendo posible gracias a la participación y compromiso de 1,210,000 ciudadanos que han aceptado fungir como funcionarios de casilla, de los más de 25,000 observadores electorales registrados y de los más de 2.3 millones de ciudadanos que han sido acreditados como representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que acompañarán el trabajo del INE a lo largo de la jornada comicial. La elección es hecha por los ciudadanos y para los ciudadanos.

3. Desde el INE hemos insistido en la necesidad de que prevalezcan condiciones de paz y libertad para votar. Esto es, el orden para la celebración de elecciones es el orden democrático. Las acciones para asegurar el buen desarrollo de la Jornada Electoral desplegadas por las instancias responsables de la seguridad han de ser de estricta institucionalidad y legalidad, así como de pleno y cuidadoso respeto a los derechos humanos.

El INE trabaja para asegurar el derecho al sufragio que no se contrapone, sino que se conjuga y complementa con el resto de los derechos humanos que todo el Estado mexicano debe tutelar.

 4. En las próximas horas el INE evaluará, en los distritos donde ha habido dificultades, en las cuatro entidades referidas, qué condiciones existen y, en su caso, las medidas especiales que deben adoptarse para que, con plenas garantías para la integridad de los ciudadanos y los funcionarios electorales, puedan realizarse los comicios en paz y libertad.

3.- De conformidad con lo anterior, el, día 7 de junio fue posible celebrar una jornada electoral en condiciones generales de tranquilidad, en tanto que las irregularidades que pudieron haberse presentado ya son de conocimiento de las instancias competentes para su investigación y eventual sanción, por lo que a juicio de esta Comisión el asunto ha quedado sin materia.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, conforme a sus atribuciones y competencia, garantice elecciones libres e implemente las medidas necesarias para prevenir la violencia política en el actual proceso electoral, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señora Secretaria. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos ahora la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión.

Iniciamos con el que exhorta a presentar un informe de las acciones y avances en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta, a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un informe de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de Junio 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

“La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que desde el año 2002, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se celebra el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, mediante la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, y la sociedad civil.

Que de acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en nuestro país hay más de  2.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando, de este total, el 36% no asisten a la escuela, de los cuales, 71% son niños y 29% niñas.

Que en el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013-2018, se establece en la estrategia 3.2 “Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida”, acciones destinadas a cumplir con dicho fin. Por ese motivo, en el año 2013 el Ejecutivo Federal creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescentes trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable.

Que la referida comisión dio a conocer que se otorgaría el distintivo, “México Libre de Trabajo Infantil” (MEXSTI) como un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social, así como a organizaciones sindicales, que cuenten con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.

Y que uno de los principales motivos por los que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se siente impelido a traer este tema a la  discusión, es que el trabajo infantil limita el ejercicio real de los derechos a la educación, a condiciones de vida adecuadas y a la libre participación en la vida cultural y artística de los niños y niñas del país.

Finalmente menciona que,  a pesar de que reconocemos que se han hecho esfuerzos como elevar la edad laboral, de 14 a 15 años, para contrarrestar el incremento del trabajo infantil, nuestro país aún enfrenta múltiples retos; mismos que se incorporan en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante el cual se estableció la Meta Nacional IV "México Próspero", conteniendo en su objetivo 4.3 "Promover el empleo de calidad",  la estrategia 4.3.2 consistente en promover el trabajo digno o decente, a través de diversas líneas de acción, entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil.”

Por lo que propone el  siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, a que presente un informe público y pormenorizado de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.

Segundo.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a sus respectivas competencias, para que informen a esta soberanía el avance en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contenida en la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente y cuyo plazo se cumple en este año 2015; así como los logros de la estrategia 3.2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida.”

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar que con fecha 12 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en edad Permitida en México, dicho Acuerdo establece en sus consideraciones:

Que de conformidad con los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las decisiones y actuaciones del Estado debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, para garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, conforme a la Meta Nacional IV "México Próspero", contempla en su objetivo 4.3 "Promover el empleo de calidad", y establece como estrategia 4.3.2 "El promover el trabajo digno o decente, a través de diversas líneas de acción, entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil";

Que el trabajo infantil constituye un fenómeno de alcance mundial al que ningún país ni región es inmune, por lo que es necesario fortalecer las instituciones para identificar y atender los factores sociales de riesgo que lo propician, entre los que destacan la falta de acceso a servicios básicos; la carencia de vivienda digna y situación de calle; la desintegración familiar; la educación nula o deficiente y la deserción escolar; las adicciones y la falta de espacios públicos seguros, así como para proteger y garantizar los derechos inherentes a los trabajadores adolescentes;

Que de acuerdo al Informe Mundial sobre Trabajo Infantil, denominado "Intensificar la Lucha Contra el Trabajo Infantil", publicado en el año 2010 por la Conferencia Internacional del Trabajo, se deriva la conclusión de que en todo el mundo, más de 215 millones de niñas y niños están implicados en situaciones de trabajo infantil, de los cuales 115 millones están expuestos a sus peores formas, ya sea sometidos a trabajo forzoso, en régimen de servidumbre, bajo explotación sexual, en condiciones similares a la esclavitud u otras que ponen en peligro su desarrollo físico, psíquico y moral;

Que de acuerdo con datos del Módulo de "Trabajo Infantil" de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2011, en México se tiene un registro de más de tres millones de niñas y niños menores de catorce años y menores trabajadores en edad permitida, ocupados en algún centro de trabajo, ya sea con un familiar o con un patrón no familiar, lo que implica que en el periodo 2009-2011, la participación en las actividades económicas de los niños y niñas que no asistían a la escuela creció del 44.8 al 46 por ciento;

Que en el marco del documento denominado "Trabajo Decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015" de la Organización Internacional del Trabajo, las acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo de menores en edad permitida, son el conjunto de políticas públicas y programas orientados a reducir factores de riesgo que propicien la generación del trabajo infantil en todas sus formas, y constituyen una meta prioritaria de dicho organismo internacional para el año 2020;

Que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social y erradicar la ocupación de niñas y niños por debajo de la edad mínima para trabajar, así como para salvaguardar los derechos humanos y de previsión social de los adolescentes trabajadores en edad permitida, tareas en las que se requiere de la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado;

Que es necesario propiciar sinergia entre los sectores público, social y privado para potenciar acciones que tengan por objeto generar economías a escala y condiciones sociales y económicas para prevenir y erradicar de manera eficaz el trabajo infantil, así como proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida, bajo un enfoque integral y transversal en el diseño de estrategias;

Que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan el Convenio 13 relativo al empleo de la cerusa en la pintura; el Convenio 16 relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los buques; el Convenio 58 por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo; el Convenio 90 relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria; el Convenio 110 relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones; el Convenio 112 relativo a la edad mínima de admisión al trabajo de los pescadores; el Convenio 115 relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes; el Convenio 123 relativo a la edad mínima de admisión al trabajo subterráneo en las minas; el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, todos ellos de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los cuales establecen estándares en materia de derechos humanos, condiciones generales de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, con lo que se reconoce la importancia a nivel internacional sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en todos los Estados, en particular en los países en vías de desarrollo, y

Que se requiere la coordinación de los esfuerzos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que, en el ámbito de sus respectivas competencias, participan en programas y acciones vinculados con la atención de los factores sociales de riesgo que propician el trabajo infantil y la ausencia de medidas de protección a los adolescentes en edad permitida para trabajar

En tal virtud, se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México,  cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable.

Dicha Comisión está integrada por los titulares de las dependencias y entidades siguientes: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien la presidirá; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública;  Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo;  Instituto Mexicano del Seguro Social, y  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Acuerdo establece que la Comisión hará las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y  acciones de las instituciones que la integran, relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida, se orienten de manera coordinada, prioritariamente, a: la promoción de una cultura social de prevención y erradicación del trabajo infantil; la corresponsabilidad social de patrones, agrupaciones gremiales y sindicatos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como en el cumplimiento de la normatividad en beneficio del adolescente trabajador en edad permitida; el fomento de la conciencia social sobre el impacto que tiene el desarrollo económico en la prevención y erradicación del trabajo infantil;  la conveniencia de impulsar la educación, recreación y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, y el fortalecimiento de las instancias y mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo infantil y proteger los derechos del trabajador adolescente en edad permitida.

La Comisión tiene, entre otras, las funciones siguientes: Participar en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida, así como coordinar su ejecución, con un enfoque multidisciplinario que propicie su articulación, homologación y complementariedad; Promover que las acciones que en el ámbito de su competencia realicen las dependencias y entidades que la integran, se encuentren alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas derivados de éste en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajador adolescente en edad permitida; Impulsar esfuerzos tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los perjuicios del trabajo infantil, incorporando esquemas de participación ciudadana y comunitaria, a través de la promoción de los beneficios de la educación y la sana recreación, que contribuyan a fomentar el cambio hacia paradigmas culturales respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en edad permitida; Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida; Analizar y, en su caso, proponer mejoras para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable al trabajo de adolescentes en edad permitida; y Proponer y fomentar el desarrollo de programas encaminados a mejorar el acceso, promover la permanencia, evitar la deserción e incentivar la reintegración de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo nacional.

Sobre el particular, para los integrantes de esta Comisión, nos importa mencionar que una gran parte de los países han adoptado leyes que prohíben o imponen severas restricciones al empleo y al  trabajo de los niños, impulsados y guiados por normas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El trabajo infantil sigue existiendo, y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables, en particular, en el mundo en desarrollo. Este fenómeno es infinitamente complejo, y a ello se debe que el progreso haya sido lento o aparentemente inexistente. Aunado a esto la base de una acción determinada y concertada debe ser una legislación en la que se establezca la eliminación total del trabajo infantil como objetivo último de las políticas y que establezca las consiguientes medidas para lograrlo, y en la que se determinen y prohíban de manera explícita las peores formas de trabajo infantil que se han de eliminar como prioridad.

Sin duda alguna las estadísticas son claras y por lo tanto el trabajo infantil es un problema de inmensas proporciones y de ámbito mundial. Tras realizar estudios exhaustivos en esta materia, la OIT llegó a la conclusión de que era necesario mejorar los Convenios sobre trabajo infantil existentes. El Convenio núm. 182 ayudó a obtener  interés internacional respecto de la urgencia de actuar para eliminar las formas de trabajo infantil prioritariamente y sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición efectiva de todo el trabajo infantil.

Por otra parte, queremos mencionar que el día 10 de junio del presente año, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, depositó  en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el instrumento de ratificación del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Federal para consolidar un México con Responsabilidad Global. En ese sentido,  Navarrete Prida precisó que esta ratificación es posible dada la modificación del Artículo 123 de la Constitución, promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la consolidación de la Reforma Laboral, la cual eleva de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los infantes a la educación.  Con este hecho, subrayó, México cumple con 7 de los 8 convenios fundamentales de la OIT y ratifica su total convicciones y voluntad de alcanzar la eliminación del trabajo infantil, en consonancia con los objetivos internacionales que apuntan hacia esta meta.

“Con la ratificación que realiza México en este Convenio, se fortalece la congruencia del marco jurídico nacional en materia de derechos de las niñas y los niños, al tiempo que se promueve la sinergia con las estrategias que se han venido instrumentando para erradicar el trabajo infantil en el país” afirmó.  Posteriormente, durante su intervención como orador en la Sesión Plenaria de la 104 Conferencia Internacional del Trabajo, foro internacional más importante del mundo del trabajo, el Secretario Alfonso Navarrete Prida dio a conocer los avances alcanzados en la consolidación de la Reforma Laboral, y afirmó que “un trabajo digno es la meta de cualquier política pública en materia laboral”.  En este contexto, destacó la importancia de que todas las relaciones laborales cuenten con el compromiso tripartito de los factores de la producción y el Gobierno, para asegurar que los empleos respondan a los criterios del trabajo decente. “En México, con satisfacción, este diálogo social franco, abierto y coordinado ha permitido alcanzar más de 20 meses de paz laboral sin una sola huelga de jurisdicción federal y eso ha permitido avanzar en formalización de empleo, aumento en la productividad laboral y disminución del trabajo infantil y de sus peores formas de explotación”, aseguró el encargado de la política laboral del país.

Tras reiterar que el futuro del mercado laboral depende de un diálogo social entre empleadores, trabajadores y Gobierno, el Secretario Alfonso Navarrete Prida hizo un llamado a revalorar el tripartismo y el diálogo social constructivo como elementos fundamentales para alcanzar un clima de paz laboral.  “La paz laboral permite generar acuerdos, promueve mejoras en las prácticas laborales y permite, en todo caso acceder a un mundo más digno y mejor para todos los que aquí nos congregamos”.

Por su parte, el Director General de la OIT, Guy Ryder, destacó la relación estrecha y coordinada entre México y la OIT, la cual se ha fortalecido en los últimos años, permitiendo alcanzar resultados tangibles.

Por lo anteriormente expuesto, y al compartir los señalamientos expresados por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideramos conveniente compartir la propuesta presentada y hacer nuestra la inquietud que los Diputados proponentes, a efecto de tomar medidas para que la población tenga un mayor conocimiento al respecto, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, a que presente un informe público y pormenorizado de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a sus respectivas competencias, para que informen a esta soberanía el avance en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contenida en la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente y cuyo plazo se cumple en este año 2015; así como los logros de la estrategia 3.2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 7 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado José Antonio León Mendívil: Muchas gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo lo había presentado la Diputada Amalia García Medina, y nosotros estamos pidiendo que el Secretario de Agricultura, precise una serie de declaraciones que al respecto del trabajo infantil realizó, consideramos pertinente que esta solicitud de informe presentado por nuestra compañera, por supuesto se profundice.

No podemos ser omisos a los exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay compromisos del gobierno mexicano signados para evitar el trabajo infantil.

La Ley Federal del Trabajo es muy precisa también en su artículo 5º donde prohíbe expresamente el trabajo infantil hasta los 15 años, y establece medidas también muy pertinentes para dar seguimiento al trabajo de los jóvenes y adolescentes de los 15 a los 18 años.

Cuando nosotros hablamos del trabajo infantil, no nos referimos al trabajo doméstico que hace la familia y en compañía de familiares, no solamente de los hijos, de la parcela no, nos estamos refiriendo a los pocitos en Coahuila, donde se sobreexplota y se pone en condiciones no solamente de esclavitud, sino infrahumanas, a niños y adolescentes para traer el carbón vegetal.

Pero además de los miles, por no decir millones de trabajadores agrícolas, en los datos que nosotros tenemos, más del 30 por ciento del trabajo infantil se realiza precisamente en las grandes plantaciones agrícolas en nuestro país, en los cortes o en la cosecha del tomate y de otros productos más, ésta es una práctica permanente.

Sabemos que hay necesidad, sabemos que los motiva el hambre en muchos casos, pero precisamente por eso tenemos que garantizar que haya un desarrollo completo de los niños y debemos evitar el trabajo infantil.

A esta comisión no solamente le estamos pidiendo, sino le estamos exigiendo el informe de cómo está el trabajo infantil vigilado, cómo estamos evitando este exhorto que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no la actitud de la Secretaría de Agricultura que, siendo uno de los espacios más importantes y donde se puede observar un porcentaje alto del trabajo infantil, de jóvenes y adolescentes, no puede el secretario decirnos que, este exhorto pudiera significar una traba y un riesgo para las exportaciones agrícolas en nuestro país.

Yo creo que así como nosotros estamos pidiendo una explicación al secretario, de manera respetuosa, la Comisión Intersecretarial debe de poner atención en esa área del trabajo de nuestro país en la agricultura, porque no es viable, no es correcto que alguien pueda, incluso insinuar que puede pasar por alto una recomendación, un exhorto de la Comisión Interamericana.

En varios eventos, Magistrados de la Suprema Corte han manifestado que los exhortos, que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería ley para ellos. Entonces, las declaraciones de nuestro amigo el secretario, tendrían que ser vistas con esa lupa, va a oponerse a esto que la Suprema Corte también considera como ley, el vigilar que no haya explotación a los niños en nuestro país, en los campos, en las minas y en cualquier otra actividad.

Yo creo que es pertinente esta solicitud de informe a la Comisión Intersecretarial, pero también es pertinente que un personaje como nuestro amigo, el Secretario Enrique Martínez y Martínez, también nos explique qué pasó, porque a sabiendas de que hay una serie de indicios del trabajo infantil en nuestro país, en el campo, él habla de que pudiera ser un riesgo el que podamos observar este exhorto, esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pudiera ser un riesgo para las exportaciones de nuestro país.

Compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que es momento, en el que estamos ahorita en nuestro país, para que conjuntamente, no porque haya una declaración de un legislador, no porque sea una preocupación de esta Soberanía, para estar pendientes de que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país van a ser garantizados, y vamos a estar atentos para que no haya ninguna violación a estos derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

Compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado León Mendivíl.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

Una de las peores formas de lacerar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, consiste en sustraerlos de las actividades propias de su edad y ponerlos a trabajar, muchas de las veces en condiciones laborales que rayan en esclavitud.

Ante esta realidad, desde hace 13 años, cada 12 de junio, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que más que una fecha para sensibilizarnos, busca incentivar el compromiso de todos en acciones concretas.

Ese año, el llamado que se hace es precisamente a favor de una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todas y todos los niños, hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo, y emprender acciones para atender aquellos que se encuentran actualmente en situación de trabajo infantil.

También se enfoca a emprender nuevos esfuerzos, para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces, así como que se garantice el acceso a una educación de calidad, a invertir en la formación permanente del personal docente.

Por ello, acorde con los principios de Nueva Alianza, en los que el interés superior de la niñez y la salvaguarda de los derechos humanos, son guía de nuestro trabajo legislativo, quisimos aprovechar esa fecha internacional para movilizar a las acciones concretas, pues más allá de los avances constitucionales para elevar la edad mínima permitida para trabajar, es menester recordar que en nuestro país hay más de 2 y medio millones de niñas, niños y adolescentes que están trabajando y el 36 por ciento de ellos no asiste a la escuela.

Así, a nombre de mi grupo parlamentario, presenté ante esta Soberanía, un punto de Acuerdo, en donde hacemos patente nuestra convicción de trabajar incansablemente porque se elimine el trabajo infantil en nuestro país.

Nuestro compromiso es trabajar para que las niñas y los niños de México, permanezcan en las aulas recibiendo una educación de calidad.

En ese sentido, hace dos años fue creada la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

Sin embargo, es necesario que la sociedad y esta Soberanía, conozcan los progresos o actividades que dicha comisión ha llevado a cabo, a fin de cumplir con uno de los más ambiciosos objetivos de este gobierno, respecto de prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida.

Del mismo modo, recalcamos la importancia de que se den a conocer, los avances en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contenidas en la agenda hemisférica para generar trabajo decente, pues la fecha límite se cumple en este año 2015. Erradicar el trabajo infantil demanda el compromiso de todos y todas.

Como legisladores, estamos contribuyendo con esta importantísima tarea; sin embargo, se requiere la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, a fin de prevenir y erradicar de manera eficaz el trabajo infantil, así como proteger a los adolescentes trabajadores en esa edad.

Compañeras y compañeros legisladores:

El dictamen favorable de la Segunda Comisión nos congratula y, compromete aún más a las y los legisladores de Nueva Alianza, coincidiendo plenamente en que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz, para mejorar nuestro entorno social y medio indiscutible para salvaguardar los derechos humanos de niñas y niños, así como de adolescentes que no están en la edad mínima para trabajar.

Como promovente, solicito a usted, muy respetuosamente, su voto a favor, a fin de llevar a que las autoridades correspondientes contribuyen a incrementar y a fortalecer la conciencia social sobre el impacto que tiene la prevención y erradicación del trabajo infantil en nuestro país.

Tres millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que trabajan sin estar en edad de hacerlo, nos exigen que demos su paz.

Por su apoyo, su comprensión, es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana Cerda. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a implementar políticas públicas que permitan promover la convivencia y cultura de la paz. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las proposiciones con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes, y por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que implementen políticas y programas de prevención de delincuencia infantil.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha  27 de mayo 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las entidades federativas y ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de niñas, niños y adolescentes.

2. En la misma fecha, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que implementen políticas y programas de prevención de delincuencia infantil.

3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar,  Itzel Sarahí Ríos de la Mora,  Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y Mayela Quiroga Tamez, establecen expresamente en sus consideraciones:

“1.-Con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y abuso sexual.

En México, UNICEF estima que el 62por ciento de niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que coloca a nuestro país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes, menores de 14 años.

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar, entre otros, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o vivir con alguna discapacidad.

Por su parte, de acuerdo a cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y de los sistemas estatales DIF, durante 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños, lo que representa un incremento de 50 por ciento respecto al 2013.

Las denuncias se clasifican de las siguiente forma: abuso físico 10 mil 538 casos, omisión de cuidados 9,190, maltrato emocional 5,896 abuso sexual 1,411 y explotación sexual comercial 91.

2.- Aunado a lo anterior, estamos viviendo un contexto social en donde la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes está siendo generada por ellos mismos, siendo testigos y teniendo conocimiento de alarmantes hechos en los cuales menores de 18 años de edad son víctimas de maltrato, lesiones y hasta privación de la vida, realizados por niñas, niños y adolescentes.

Lamentablemente, uno de los fenómenos que ha potenciado estos hechos denominado “Bullying” o acoso escolar, ha tenido un gran incremento en cuanto a su incidencia, que de acuerdo con diversas instancias e instituciones, reflejan los siguientes resultados:

a).- Cifras del Acoso escolar en México:

•Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el bullying aumentó en 10% durante los últimos dos años,

•En 2011, la CNDH reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje subió al 40%.

•La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que México es el primer lugar internacional en este problema, pues 18 millones 781,875 alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sufren acoso escolar.

•El estudio El bullying o acoso escolar, realizado en agosto de 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reveló que el 25.3% de los alumnos de educación básica ha sido insultado o amenazado por sus compañeros, mientras el 16.7% ha sido golpeado y el 44.7% ha vivido algún episodio de violencia.

•Según la CEPAL, entre los siete y los 14 años se presentan las actitudes más violentas en niños.

•En México, el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o amenazado a algún compañero, y en la secundaria el 7% lo ha hecho, indica la Comisión.

Adicional a los datos anteriores, recientemente se tiene registrados en nuestro país una serie de actos de acoso escolar tan graves que van desde impactar en la autoestima de los estudiantes hasta casos más drásticos en donde estudiantes han perdido la vida.

Ejemplo de ello, son los hechos que se dieron a conocer a través de medios de comunicación, en donde el 14 de mayo de 2014, un estudiante fue agredido físicamente por sus compañeros de clase, balanceándolo estrellarlo contra una pared en reiteradas ocasiones, ocasionándole lesiones por las cuales ingresó al hospital con muerte cerebral, falleciendo una semana después.

Asimismo, se inició una investigación por los agravios cometidos contra una adolescente que fue víctima de violencia en Zacatecas, Zacatecas. En el video de tres minutos, que fue grabado por los mismos atacantes, se aprecian escenas donde la víctima es agredida por un grupo de jóvenes.

Finalmente, hace unos día, salió a la luz pública la muerte de un niño de 6 años de edad en Aquiles Serdán, Chihuahua, que perdió la vida como consecuencia de un “juego” en donde quienes realizaron dicha actividad (niñas, niños y adolescentes) pretendían simular un secuestro, llegando a tal instancia la situación, que el citado niño fue torturado brutalmente y privado de su vida. Si bien, este último caso no representa o forma parte del nombrado “acoso escolar”, da clara muestra del contexto que vivimos y la necesidad de realizar acciones dirigidas a concientizar y cimentar la cultura de la paz desde la niñez y adolescencia.

3.- Ante los hechos señalados es una realidad que el Estado Mexicano ha implementado acciones para atender dichas problemáticas:

a).- Acciones del Ejecutivo:

El 30 de mayo de 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó 15 acciones concretas para prevenir y erradicar el bullying, siendo estas las siguientes:

1. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias, así como diseñar las estrategias para contribuir a su prevención y contención.

2. Incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para la recepción y canalización de las denuncias.

3. Fomentar la creación de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar.

4. Desarrollar protocolos de actuación para directores, maestros, alumnos y para auxiliar a los padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcione de inmediato el apoyo que se requiera en cada caso.

5. Enriquecer las currículas de la educación básica, media superior y de formación de maestros con instrumentos que permitan la prevención y atención de casos de violencia escolar.

6. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia escolar.

7. Reforzar en las estrategias de gestión y organización escolar, la promoción y la supervisión cotidiana del ejercicio y protección de los derechos humanos, la vida democrática y el aprecio a la diversidad, como elementos de la convivencia escolar, de manera tal que en todo momento quede asegurado el respeto por el principio del interés superior de la niñez.

8. Proveer los materiales para fortalecer las labores de los consejos técnicos escolares para que en el mes de junio, la discusión se concentre en los temas de la mejora del ambiente escolar y propicie la realización de talleres con el mismo tema para padres de familia.

9. Establecer en la entidad federativa una instancia oficial, dependiente de la autoridad educativa local, para la atención de casos de violencia escolar.

10. Reconocer y fortalecer la función de maestros y directivos dotándolos de las herramientas que les permitan la comprensión de la cultura infantil y juvenil, el fomento de una cultura de inclusión, paz y tolerancia, así como el establecimiento de relaciones sustentadas en el respeto mutuo y la resolución de los conflictos en un marco de sana convivencia.

11. Incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” los elementos que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar.

12. Promover que el consejo nacional, el consejo estatal, los municipales y escolares de participación social en la educación, realicen actividades para la prevención y atención de la violencia.

13. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.

14. Desarrollar campañas sistemáticas y permanentes de comunicación social para difundir las acciones emprendidas para la prevención de la violencia escolar, y de los medios de que se dispone para recibir asesoría o formular denuncias.

15. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal y regional respecto del problema de la violencia escolar; identificar las escuelas con mayor incidencia de problemas, a efecto de contar con elementos que permitan diseñar un mapa e implementar soluciones así como concientizar a padres, alumnos y maestros.

b).- Acciones del Legislativo:

En México, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional en favor de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, con las que entre otros, se tiene como objetivo erradicar los riesgos a los que se enfrentan y garantizarles un desarrollo adecuado.

Ejemplo de lo anterior lo tenemos con la reforma publicada el 12 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, a través del Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su fundamento enlas particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como primordial objetivo dar un enfoque garantista que reconozca a sus destinatarios como sujetos de derechos humanos.

Específicamente en el tema de violencia a niñas, niños y adolescentes, la citada Ley establece acciones y la coordinación de las autoridades señaladas, a partir de la creación de un Sistema Nacional y sistemas locales, así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección en los tres órdenes de gobierno.

4.- Derivado de lo señalado en el desarrollo del presente y reconociendo las acciones realizadas, es necesario que el Estado Mexicano refuerce las estrategias en materia fomento a la convivencia y la cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad desde la primera infancia, con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, como un mecanismos que desde la educación y el fomento del deporte incida favorablemente en la sociedad y cimente una dinámica intergeneracional y con continuidad en el tiempo, que se traduzca en un ambiente de respeto y garantía absoluta para la integridad y derechos de la niñez y adolescencia.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos de los Municipios a diseñar o fortalecer mecanismos que promuevan la convivencia y cultura de la paz con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.”

Por su parte, la diputada María Sanjuana Cerda Franco motiva su proposición con las siguientes consideraciones:

En días pasados, un niño en el Estado de Chihuahua de seis años fue asesinado por cinco menores, tres de ellos sus primos de 11, 13 y 15 años. En sus declaraciones los agresores manifestaron que la intención original fue “jugar a recrear un secuestro.” Un juego en el que amarraron a Cristopher Márquez Mora y lo llevaron hasta un lugar contiguo al barrio donde viven, para aparentar torturarlo como si fuera realmente un secuestro. El juego se salió de sus manos, Cristopher sangró con motivo de heridas causadas por una piedra y al final los niños decidieron quitarle la vida para evitar que los acusara. La forma en que lo mataron resulta alarmante: Lo apuñalaron, cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y lo enterraron en una fosa cavada por ellos mismos tratando de encubrir la situación “como si no hubiera pasado nada”.

Hay quienes sostienen que los menores por estar aún en un proceso de maduración psicológica bajo ningún concepto puede considerarse delincuentes, sino que sus acciones son el resultado de las influencias del medio social o de sus progenitores, quienes en la mayoría de las ocasiones los determinan para incurrir en actividades delictivas.

En México, los menores que oscilan entre 12 y 18 años por su condición de “personas en desarrollo” no son penalmente imputables. No obstante, sí son responsables por la comisión de conductas tipificadas como delitos. La Constitución Federal en su artículo 18 ordena la creación de un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes a nivel federal y en cada entidad federativa a cargo de autoridades y tribunales especializados que tiene como objetivo imponer a los menores infractores medidas que tienen como fin no sólo una justicia restaurativa sino también la reintegración social y familiar del adolescente y el proporcionarle una experiencia de legalidad y una oportunidad de valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y a los derechos de los demás.

Las leyes de justicia para niños y adolescentes vigentes, tanto en el ámbito federal como en el local, prevén las reglas conforme a las cuales se tramitan investigaciones que tienen por objeto establecer la existencia jurídica de una conducta tipificada como delito, quién es su autor o partícipe, y su grado de responsabilidad. De igual forma, prevén para los infractores la aplicación de medidas (en vez de sanciones) que pueden consistir en orientación, asesoramiento psico-emocional, protección, libertad asistida, prestación de servicios a favor de la comunidad, reparación del daño e incluso en la prohibición de relacionarse con determinadas personas, entre otras.

Se trata de un sistema en el que las medidas, que pueden cumplirse en libertad, son siempre de aplicación prioritaria, en tanto que las que implican la privación de libertad deben aplicarse como último recurso y en ningún supuesto pueden ser aplicadas a menores de 14 años.

La ley parece completa, sin embargo en la práctica las condiciones bajo las cuales se implementa, lejos de favorecer la reinserción de los menores a la sociedad y proporcionarles una experiencia de legalidad, los prepara para convertirse en verdaderos delincuentes del futuro.

De las visitas de supervisión realizadas por personal de la CNDH en los meses de febrero y marzo del 2014 a 56 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes a lo largo del país, se desprende que en la gran mayoría de dichos centros existen irregularidades graves y deficiencias que contravienen diversas normas no sólo nacionales sino también internacionales en materia de derechos humanos.

Situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas condiciones de las instalaciones, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, así como irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, ausencia de programas contra adicciones y en general falta de capacitación a los servidores públicos adscritos a los mencionados Centros y deficiencias en su supervisión, son una muestra clara de que en dichos Centros son insuficientes las condiciones para cumplir con los objetivos de reinserción social exigidos por nuestra Constitución.

En Nueva Alianza consideramos que la política contra la delincuencia infantil para ser efectiva, debe necesariamente incluir programas de prevención encaminados a eliminar el ambiente hostil en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país, a través de una labor en conjunto de todos los organismos encargados en mayor o menor grado de proteger los intereses de los niños, con el fin de impedir o desincentivarla comisión de conductas antisociales por parte de los mismos.

Debemos reconocer que los menores de 15 años que infringen las leyes penales son víctimas de un ambiente social inadecuado, de un medio familiar deficiente o corrompido por el descuido, perversión e ignorancia de los padres.

Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los niños del país tienen derecho a un sano desarrollo integral y libre de violencia, en un medio ambiente sustentable y bajo condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, y crecimiento saludable tanto físico como mental.

Dicha ley impone a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la obligación de adoptar las políticas y medidas de prevención necesarias para evitar situaciones que orillen a los niños y adolescentes a convertirse en delincuentes y de incorporar en sus proyectos de presupuestos la asignación de recursos que se los permita.

Es indudable que la minoría de edad es la más vulnerable ante la desintegración familiar, el medio social hostil, la mala educación, la influencia nociva de los medios de información y la pobreza.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión exige que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringido propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez y la difusión de valores culturales éticos y sociales; debiendo evitar contenidos contrarios al respeto a la dignidad de todas las personas, o que estimulen o hagan apología de la violencia.

Asimismo, impone tanto a los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringido como a los programadores, la obligación de adoptar medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con lo anterior y debe informar a la Secretaría de Gobernación los resultados de las referidas supervisiones, para que dicha autoridad, de resultar procedente, sancione a los infractores por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de contenidos.

En este contexto y tomando en cuenta que el interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre toda cuestión debatida que involucre a menores de edad, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable que los gobiernos tanto federal como locales pongan mayor atención y dediquen recursos económicos a la prevención de la delincuencia infantil, a la implementación de programas de diagnóstico de prevención y control, ya generar indicadores de avance en la aplicación de tales programas; también se requieren campañas de difusión de programación a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños y el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas.

Ante lo expuesto, la legisladora propone los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que implementen políticas y programas preventivos, de diagnóstico y de control en materia de delincuencia infantil; a que generen indicadores de avance en la aplicación de tales programas y realicen campañas de difusión dirigidas a la sociedad a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños; así como para que desarrollen modelos eficientes de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas, con estricto cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en el territorio Nacional.

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar prioridad y cumplir cabalmente con su obligación de supervisar que la programación dirigida a la población infantil cumpla con los requisitos de ley, e informe de inmediato a la Secretaría de Gobernación sobre cualquier contenido en las programaciones de radiodifusión y televisión y audio restringido que pudiera propiciar o favorecer la delincuencia entre los niños, niñas y adolescentes del país.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones de mérito, por considerar como temas altamente complejos y sensibles el sano desarrollo y la adecuada integración social de la niñez, así como el preocupante fenómeno de delincuencia infantil y juvenil.

El largo proceso mediante el cual los infantes adquieren de su familia, de sus maestros y de la sociedad, las experiencias que les permitirán forjar su personalidad, constituye una responsabilidad que no se limita al núcleo de influencia del menor, sino que involucra a nuestra sociedad en su conjunto. Por tanto, propiciar los factores que permitan a nuestra niñez convertirse en adultos cabales, requiere la coadyuvancia del Estado y la ciudadanía

Los tristes y lamentables hechos que culminaron con la muerte del niño Cristopher Márquez Mora a manos de otros menores, conmocionaron a la sociedad y pusieron de manifiesto un problema al que no se le da la atención debida, que tiene que ver con los estragos que está causando la violencia que prevalece a nivel nacional en la psique del menor. Para los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora, el tema de mayor interés no se refiere a la justicia para adolescentes y niños, consideramos que aquel es un debate que no debe darse de forma reactiva a un caso en particular, por conmovedor e inquietante que resulte. El abordar este tema afectados por la conmoción de un caso particular, atropella la posibilidad de diálogo y debate.

En este sentido, no son el caso particular ni la investigación penal en curso, los temas de mayor trascendencia, sino las causas subyacentes y la preocupación de que los mismos factores que propiciaron tan doloroso crimen, estén influenciando a más niños.

II.- Esta Dictaminadora considera de suma importancia no adoptar medidas que pudieran resultar perjudiciales ni tiendan a discriminar al menor, tales como el endurecimiento de penas o la reducción de la edad para ser sometidos al sistema de justicia para menores. Al respecto conviene señalar que el Segundo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del delincuente recomendó que en la caracterización del fenómeno delincuencial juvenil:

1. El significado de la frase delincuencia de menores se limite lo más posible a las transgresiones del derecho penal, y

2. No se creen, ni siquiera con el fin de protección, nuevas formas legales de delito que castiguen las pequeñas irregularidades o manifestaciones de inadaptación de los menores, pero por las que no se procesaría a los adultos.

Es entonces conveniente recalcar la importancia de no estigmatizar al menor por el mero hecho de no observar cabalmente todos los convencionalismos sociales o incluso por quebrantarlos abiertamente mientras esto no constituya un delito, dado que la conducta de la juventud rara vez se atiene de modo constante a las pautas formuladas por los adultos y a lo que éstos esperan de los jóvenes.

En torno al problema de la delincuencia infantil y juvenil, resulta de mayor trascendencia identificar las causas. En este tenor, coincidimos con lo señalado por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, a quien preocupa la apología al delito que se observa en algunas transmisiones de radio y televisión, pues si bien no se puede determinar el grado de influencia de esa causa, la niñez es más vulnerable a influencias nocivas de los medios de información.

En este particular, hacemos nuestra la propuesta de la diputada Cerda Franco para solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones un celo mayor en el ejercicio de sus facultades de supervisión de la programación dirigida a la población infantil. Debe señalarse que en materia de contenidos audiovisuales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone para dicho instituto las siguientes obligaciones:

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales establecidos en esta Ley;

II. Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley;

III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta Ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento, y

V. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con Dependencias u órganos federales.

Así mismo, dicha ley señala que los contenidos deberán tener las siguientes características:

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

I. La integración de las familias;

II. El desarrollo armónico de la niñez;

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;

V. El desarrollo sustentable;

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

IX. El uso correcto del lenguaje.

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos podrán comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales;

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas;

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y

XV.. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

III.- La Segunda Comisión considera de la mayor trascendencia promover la convivencia y cultura de la paz, como factor fundamental para la plena y armoniosa construcción de la personalidad de los infantes y su adecuada inserción a la sociedad, considerando su condición de persona en desarrollo.

Creemos que es responsabilidad del Estado diseñar políticas públicas que contrarresten la agravada vulnerabilidad que el clima de violencia que impera en ciertas regiones de México ha causado. Reconocemos que la delincuencia organizada, el narcotráfico, las bandas de secuestradores, las redes de trata de personas y muchos de los más crueles y escalofriantes aspectos de nuestra realidad no han podido permanecer ocultos ni ajenos a la niñez y que los infantes mexicanos, en mayor o menor grado dependiendo de una multiplicidad de factores, han sido expuestos a elementos tóxicos, que pueden desequilibrar la conciencia de un adulto y cuanto más de un niño.

Los cruentos hechos que cimbraron a la sociedad de Chihuahua y de todo México, son en mucho resultado de las condiciones de vulnerabilidad a la que es expuesta nuestra infancia. Es difícil saber si estos factores fueron catalizador o detonante, pero es también innegable que el entorno es un factor decisivo para la criminología.

En México, diariamente millones de niños sobreviven en medio de pobreza, abandono, ausencia de educación, discriminación, violencia y vulnerabilidad. Estos niños suelen ver truncada su infancia, ante la constante amenaza de malos tratos o invisibilidad social. Al respecto señala la UNICEF en la publicación titulada “Un mundo apropiado para los niños” la importancia que tiene tomar medidas a favor del interés superior del niño, para asegurar que el tema de la infancia tenga la mayor prioridad, y garantizar la protección de la niñez contra los conflictos y contra toda forma de malos tratos, explotación y violencia.

En este sentido, es necesario que el estado evalúe el riesgo al que ha sido expuesta nuestra niñez y a partir de ese diagnóstico establezca políticas públicas preventivas y de atención. Al respecto debe señalarse que puede reducirse la delincuencia mejorando todos los aspectos de la vida relativos al desarrollo de la personalidad de los niños y extendiendo y mejorando todos los servicios destinados a la infancia. Ahora bien, carecería de sentido aplicar este tipo de políticas públicas sin tener la seguridad de que éstas tendrían carácter continuo e interdisciplinario y su aplicación sería a nivel nacional, por los tres niveles de gobierno, pero involucrando a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos de los Municipios a implementar políticas públicas que salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, permitan:

I. Promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra;

II. Desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, observando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de disminuir su incidencia, y

III. Prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil; generando indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones a cumplir estrictamente con su obligación de supervisión de la programación dirigida a la población infantil, procediendo a la suspensión precautoria de las transmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, e informando de cualquier violación en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación para que ésta ejerza su facultad de sanción.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 2 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la voz, nuevamente, a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Al conocer la noticia de la muerte del pequeño Christopher Márquez, del estado de Chihuahua, quien fue asesinado de una forma por demás cruel, los mexicanos y mexicanas nos dimos cuenta de una terrible realidad: la descomposición de nuestra sociedad ha llegado a límites insospechados.

El hecho de que niños que aún no cumplen 16 años, hayan sido capaces de cometer un crimen tan atroz, tiene que despertar nuestra conciencia.

Las sanciones previstas por las leyes vigentes para menores infractores, contemplan únicamente penas privativas de la libertad para mayores de 14 años. En este caso en particular, sólo dos de los menores involucrados podrán ser sujetos a ese tipo de condena.

Si bien nuestro sistema jurídico, busca salvaguardar el desarrollo psicosocial de los menores infractores y prevén la aplicación de medidas que pueden consistir en orientación, asesoramiento psicoemocional, protección, libertad asistida entre otras, lo cierto es que en la práctica, las condiciones en las que se aplican estas sanciones, están muy alejadas de procurar una reinserción social de los menores. Los centros de tratamiento de menores se convierten en verdaderas escuelas del crimen.

En ese sentido, para Nueva Alianza las acciones para disminuir la delincuencia infantil tienen que estar enfocadas fundamentalmente hacia la prevención.

Es superlativo entonces, eliminar el ambiente de violencia y desigualdad en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país. Lo anterior sólo se puede conseguir, mediante acciones coordinadas de todos los organismos encargados de proteger el interés superior de la niñez, a fin de desincentivar las conductas antisociales que conducen posteriormente a la comisión de delitos.

Quienes han sufrido la violencia son los más proclives a repetir estos actos con sus semejantes, es por esta razón que resulta imperativo que todos los niveles de gobierno encaucen sus esfuerzos a la prevención de la delincuencia infantil, implementando programas de diagnóstico de prevención y de control con indicadores de avance en la aplicación de tales programas, así como realizar campañas de difusión a favor de una vida libre de violencia.

Por esas razones saludamos la propuesta de la Segunda Comisión, mediante la que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios, a implementar políticas públicas que salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, permitan promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.

De igual forma, el punto de Acuerdo exhorta a los diferentes niveles de gobierno, a desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, observando siempre lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de disminuir su incidencia, prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil, generando a la vez indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema.

Es importante señalar que el ambiente de violencia en el que se desarrollan miles de niños, es el caldo de cultivo ideal para la delincuencia. Lo anterior es razón suficiente para que en mi partido secundemos la propuesta de la Segunda Comisión, ya que prevenir las acciones de violencia en la niñez y la adolescencia, es condición indispensable para construir un ambiente de paz en el país.

De igual forma, consideramos de la mayor relevancia el rol que juegan los medios de comunicación masiva, particularmente la televisión, por la que coincidimos con el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir estrictamente con su obligación de supervisión de la programación dirigida a la población infantil, procediendo a la suspensión precautoria de las trasmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, e informando de cualquier violación en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación, para que ésta ejerza su facultad de sanción.

En temas como el que hoy nos ocupa, las diversas fuerzas políticas nos unimos en la condena a la violencia, más aún a su promoción y apología, no podemos permitir que nuestros niños y jóvenes crean que la violencia, la agresión y el acoso es parte de una situación normal, que se aparte de la vida cotidiana. Es urgente poner un límite, por eso les pido su voto a favor de esos exhortos.

También rechazamos de manera tajante y condenamos los actos de los que fueron objeto varios docentes, y me quiero referir, aunque parece ser que ya la memoria dejó de registrarlo, a lo sucedido en Chiapas con los docentes, los aquellos formadores de niños y niñas que por acudir a un evento para buscar su mejora profesional, hayan sido agredidos. ¿Es esa la violencia que queremos? ¿Es esa la violencia que queremos seguir alentando en una sociedad en la que ya rebasó sus límites para poder ver y discernir entre lo que es violencia y lo que es una convivencia en paz?

Por eso nos sumamos a apoyar este punto de Acuerdo, este exhorto y esperamos que los demás grupos parlamentarios también lo hagan.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias a usted, Diputada María Sanjuana Cerda.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la voz al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM. Desiste el Senador. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a diseñar módulos de prevención en materia de delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio de 2015, la Diputada Federal del Estado de Veracruz, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Leticia López Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso su turno para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, consigna expresamente en sus consideraciones, sustancialmente:

Que la trata de personas es un delito que viola los derechos humanos más fundamentales de todas las personas, principalmente de mujeres y niños, al involucrar factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y de corrupción. Circunstancias que obligan a la creación de normas concretas que permitan erradicar de manera efectiva este delito.

Que para la consecución de esa finalidad, nuestro país publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ordenamiento en el que se contemplan disposiciones que establecen competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales.

Que en el escenario que se describe, se manifiesta el Protocolo de Palermo que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Noviembre del 2000, con la finalidad de prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y proteger a las víctimas, respetando sus derechos humanos.

Que la educación es un derecho humano fundamental, esencial en el desarrollo de los demás derechos que asisten a las personas, cuenta habida que la educación promueve su libertad y autonomía, generando importantes beneficios para su crecimiento existencial.

Que al estipular los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación, como conjuntos de disposiciones que promueven y despliegan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas.

Que al inferirse de las estimaciones más conservadoras, según datos del INEGI, UNICEF, DIF, un número entre 16,000 y 20,000 de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual en nuestro país, con independencia de otros estudios que calculan una cifra de 70,000 sujetos a explotación sexual, 50,000 explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del territorio nacional, la educación se convierte en un instrumento poderoso al establecer la posibilidad a favor de los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados de salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. Derecho que el Estado Mexicano reconoce y consigna en ordenamientos tanto nacionales como internacionales. A saber:

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (SIC1):

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Párrafo reformado DOF 11-09-2013

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Párrafo reformado DOF 17-04-2009

…”

“Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Párrafo reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

Fracción reformada DOF 28-01-2011

II y III…

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

Fracción reformada DOF 17-06-2008, 28-01-2011

VII a XIV Bis…

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Fracción adicionada DOF 17-04-2009

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.”

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 26.

1. Toda persona tienen derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.” 

Que en el mismo plano, la Declaración y Programa de Acción de Viena establece que “la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social”.

Apoyándose en las razones de mérito, la proponente del punto de acuerdo que ha sido descrito, solicita se libre un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en México, con el siguiente contexto:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación, a diseñar Módulos de Prevención en materia del delito de Trata de Personas en los distintos Ciclos Escolares.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, coincidimos plenamente con la inquietud que anima la proposición que se plantea.

Ciertamente, como lo afirma la autora del punto de acuerdo, la trata de personas es un delito que viola derechos humanos fundamentales de la persona, violación incompatible con su dignidad que transgrede su bienestar y tranquilidad, el bienestar y tranquilidad de su familia y el bienestar y tranquilidad de la comunidad en donde despliega sus actividades cotidianas. Este delito es una forma moderna de esclavitud bajo diversas modalidades de organización delictiva, cuyas víctimas pueden ser desde mujeres y hombres de cualquier raza hasta niños, niñas y adolescentes.

El artículo 3, inciso a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o también denominado Protocolo de Palermo (2000), define la trata de personas con el contexto que sigue:

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Luego, en este delito se manifiesta:

● La pérdida del control sobre las actividades que realiza la víctima y su libertad para actuar;

● Una voluntad viciada de la víctima. La persona no puede dejar su condición de explotada aun cuando quiera hacerlo, debido a que hay una situación extrema de subordinación que vulnera sus derechos humanos;

● El desarraigo de su ambiente habitual y entorno familiar. La víctima pierde contacto con su núcleo familiar de origen, incrementando su situación de vulnerabilidad; y

● El beneficio económico perseguido por el tratante. Este elemento es indispensable para catalogar un caso como trata de personas, dada las formas de explotación que subyacen a esta modalidad delictiva.

En México, el delito de referencia responde a diversos factores relacionados, principalmente, con la oferta y demanda de mano de obra barata, la desigualdad económica y los problemas socioculturales aún no resueltos por el Estado, como la discriminación y la violencia de género. Delito que se manifiesta bajo diversas modalidades, tanto interna como internacionalmente, razón en virtud de la cual, existe una relación estrecha entre la trata de personas y la migración. Escenario en el que, al ser nuestro país un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, éstas pueden llegar a convertirse en víctimas de la trata durante su proceso de migración.

II.- Sustentada la inquietud de la legisladora en el propósito de impulsar el diseño de Módulos de Prevención en materia del delito de Trata de Personas en los distintos Ciclos Escolares, esta Dictaminadora comulga con el sentido y alcance que obran implícitos en el contexto del punto de acuerdo que se dictamina. Proposición que es conteste con el compromiso que el Estado Mexicano asumió como Estado Parte al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y se traduce en el deber inexcusable de considerar siempre el interés superior del niño en todas las medidas concernientes a su persona que se adopten por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Compromiso que lo obliga a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

Luego, en ese tenor es atendible la realización de Módulos de Prevención a través de la información y sensibilización sobre la trata, en los distintos Ciclos Escolares creando mecanismos de protección en los que se priorice la integridad de los niños y niñas como el grupo más vulnerable del delito. Módulos que posibiliten el desarrollo de campañas de prevención y atención en la materia; promuevan la celebración de convenios de colaboración interinstitucional; acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales; programas de Información y capacitación a funcionarios federales, estatales y municipales. Todo ello, orientado a ponderar en su exacta dimensión la responsabilidad que le asiste al Estado Mexicano en la prevención de ese injusto criminal y en la responsabilidad en que pueden incurrir sus servidores públicos por su descuido en la prevención de las conductas inherentes a la trata de personas.

III.- La Segunda Comisión reitera la importancia que implica la aprobación del exhorto que se demanda. Exhorto que confirma el compromiso que al Estado Mexicano en su conjunto le atañe para asumir todas las medidas apropiadas que tiendan a prevenir el delito de trata de personas. Injusto criminal que se traduce en una de las peores formas de violación de los derechos humanos, al mercantilizar a sus víctimas, reduciéndolas a una condición de objetos, despojándolas de su libertad en perjuicio de su integridad física y sicológica, e inclusive, de su propia vida. En la especie, por consiguiente, no es ni será posible propender al desarrollo humano pleno de los menores, si antes no se garantiza su protección y se manifiesta la responsabilidad que corresponde al Estado para prevenir los daños que se les pueda causar con la consumación del delito. Conforme al artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”

Bajo esa tesitura, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación, diseñen Módulos de Prevención en materia del delito de Trata de Personas en los distintos Ciclos Escolares.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 7 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

1 Son preceptos de la Ley General de Educación, no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para hablar sobre este asunto, se concede de nuevo el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente, y gracias por su comprensión.

Actualmente existen tantas situaciones que vulneran la dignidad de las personas, que muchas veces nos insensibilizamos y cerramos nuestros ojos, oídos y corazón a fin de no ser también parte de las mismas víctimas.

Sin embargo, esta situación no resuelve el problema, es más, lo agrava y peor aún, la omisión se vuelve cómplice de aquellos que vulneran derechos humanos fundamentales y afecta la dignidad de las personas.

Por ello, razones como la que impulsa este dictamen, refuerza nuestra convicción de impulsar y promover acciones legislativas firmes, orientadas a preservar, resguardar y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

La trata de personas es uno de los agravios que más lastima la dignidad de las personas y laceran el tejido social. Desafortunadamente, nuestro país es un referente internacional de este miserable delito transnacional, al formar parte del eje utilizado para el tránsito, origen y destino del comercio de personas con fines de explotación en todas sus variantes.

Siempre que se habla de trata de personas pensamos que sus principales víctimas son mujeres, reclutadas bajo engaño para la explotación sexual, no obstante la realidad nos revela cada vez más lo grotesco, el vil de este panorama.

Más de 55 por ciento de los casos, los traficantes de personas usan a sus presas, principalmente mujeres, para la industria de la prostitución. Pero los casos con fines de explotación laboral, o trabajos forzosos suman más del 40 por ciento, si esto no fuera suficiente deberemos sumar el significativo incremento de la patrones de trata para la extracción de órganos, que en todas las formas de abuso y explotación de personas, otros grupos de población están cayendo en las redes de esos delincuentes, como las niñas, los niños y adolescentes que en el país se calcula suma más de 70 mil casos de trata de personas.

Señoras y señores legisladores, no debemos ser indolentes a esta realidad, la niñez y los adolescentes de nuestro país nos exigen que impulsemos y participemos en propuestas como está que fue aprobada por la Segunda Comisión.

Hoy, como en otras ocasiones, Nueva Alianza seguirá prestando su voz a esos mudos gritos de auxilio que demandan justicia. Apoyaré ese punto de Acuerdo, porque es claro que necesitamos fortalecer en las aulas y en la comunidad escolar, los contenidos curriculares para que nuestros estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, de la libertad, de la paz, del respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos.

También porque ello implica saber qué hacer, cómo actuar y a quién dirigirse ante una eventual afectación a sus derechos humanos, pero no sólo en el transcurso de cada ciclo escolar, pensar de esa manera limita el alcance de la propuesta que se presenta.

Con este llamado respetuoso, en Nueva Alianza nos sumamos a la exigencia social que demanda la existencia de mecanismos más efectivos para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, como el grupo más vulnerable y susceptible a sufrir y padecer esos delitos.

Es mucho lo que tenemos que hacer. También hay cosas, muchas, que nos pueden distraer, pero lo más importante es que es un buen comienzo para dejar la indolencia para después, para actuar ahorita y no lamentarnos mañana.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana Cerda.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores y Diputados:

En el dictamen que hoy discutimos se plantea una de las problemáticas que genera mayores repercusiones para nuestra niñez: la violencia infantil, esta constituye un fenómeno multidimensional que puede ser infringido por diferentes agentes, entre ellos, otros menores de edad.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, señala que entre los 7 y 14 años es cuando se presentan las actitudes más violentas entre los niños, situación que se traduce en agresiones verbales, agresiones físicas, e incluso, como lo hemos vivido en México, homicidios.

Como lo refiere la dictaminadora con base a las cifras del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, la UNICEF, cada año 275 millones de niñas y niños en todo el mundo son víctimas de violencia doméstica, maltratos, vejaciones, abandono, explotación, abuso sexual, entre otras conductas a las que se enfrentan las niñas y niños también en nuestro país.

La violencia infantil es un fenómeno que no tiene paliativo alguno y que bajo ningún escenario puede ser consentida.

No podemos ni debemos ser indiferentes ante el hecho de que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2013, en nuestro país, 4 de cada 10 estudiantes de primaria declaró haber sufrido algún tipo de bullying o violencia escolar.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, refiere que México es el primer lugar internacional en este problema, pues 18 millones 781 mil alumnos, de primera y secundaria, sufren el acoso escolar.

De acuerdo con cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, y de los Sistemas Estatales del DIF, durante el 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños que representa un incremento del 50 por ciento respecto del 2013.

Ante este panorama, para los legisladores del PRI, es indispensable que concentremos esfuerzos para generar un ambiente social adecuado y un medio familiar en el que las niñas, los niños y los adolescentes puedan potenciar todas sus cualidades y convertirse en ciudadanos ejemplares.

Es fundamental ejercer con responsabilidad los recursos públicos en materia de atención a la prevención de la delincuencia infantil, así como a la implementación de programas de diagnóstico y prevención y, desde luego, control.

Es urgente reforzar, las campañas de difusión a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños, así como el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas.

Compañeras y compañeros:

El grupo parlamentario del PRI, concibe al interés superior de la niñez como uno de los ejes medulares para ser posible el pleno desarrollo de nuestro país. Por ello nos pronunciaremos siempre a favor de un dictamen como el que hoy está sujeto a discusión.

Debemos generar las condiciones que hagan posible una sana convivencia y una cultura de paz a favor de las niñas, niños y adolescentes.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senador Romo Medina. Se reserva para su votación conjuntamente con los dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión por el que se solicita un informe sobre los mecanismos y protocolos que se han implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen tres proposiciones con Punto de Acuerdo con relación a la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio de 2015, el Sen. José María Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3. Con fecha  24 de junio de 2015, la Sen. Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

5. Con fecha  24 de junio de 2015, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Sen. María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo en relación a la atención, protección y garantía de derechos humanos, con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.

6. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

El Sen. José María Martínez Martínez señala expresamente en las consideraciones de su proposición lo siguiente:

“La migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. A lo largo de la última década, los organismos y las agencias internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han implicado cada vez más en un diálogo sobre los niños y los adolescentes afectados por la migración, ya sea la suya o de la sus padres.

Estas instituciones han constatado la importancia y la complejidad del fenómeno, así como la gama de problemas a los que se enfrentan estos niños y adolescentes. Concluyen que existe una necesidad urgente de entender este fenómeno, especialmente en aquellas regiones o corredores con mayores tasas de migración infantil. Una de estas regiones es el corredor de América Central-México-Estados Unidos, en el que el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.

Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiado y humanitario. El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar.

Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.

El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, por temor a su propia deportación o la de sus familiares. En lugar de poder ejercer su derecho a desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitaria y otros servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral.

Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas.

En el caso de nuestro país, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y los adolescentes mexicanos huyan del país.

Hasta hace poco, las políticas consulares de nuestro país prestaba muy poca atención a los derechos de los niños migrantes. No se había implementado ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. Aunque los acuerdos mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los niños y los adolescentes.

Los funcionarios consulares mexicanos adscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  trabajan a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa, por lo que adoptan temporalmente la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento.

Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares tienen que mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en sus comunidades.

El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación psicológica para los niños y sus familias.

De conformidad con el informe Niñez y Migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y desafíos [*],las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus derechos o solicitar beneficios migratorios.

El INM deporta a más del 85% de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América Central. Nuestro país de acuerdo con este informe, no acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.

Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio paradigmático fundamental. Esta situación solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y garanticen el acceso a protección internacional.

Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros por lo que se requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al regresar a territorio mexicano.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Migración, a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.”

Por su parte, la  Sen. Angélica de la Peña Gómez expone en su proposición lo siguiente:

“Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 tuvo lugar una crisis humanitaria sin precedente en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. En aquel entonces, las autoridades del país vecino comenzaron a detener a migrantes no acompañados menores de 18 años en un número nunca antes visto y, como consecuencia, alrededor de 53 mil menores de 18 años terminaron en los centros de detención que tiene la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera y principalmente en el estado de Texas.

En reacción a lo anterior, el 7 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo Federal presentó el Programa Frontera Sur, iniciativa que tenía como propósitos básicos el proteger al migrante y ordenar el paso fronterizo. Para ello se enumeraron cinco acciones, entre las cuales se incluyó de manera particular, la creación de centros de atención integral en la frontera sur, así como la emisión gratuita de Tarjetas de Visitante Regional.

Sin embargo, un año después de la denominada ‘crisis de los niños migrantes’ en el sur de Texas y a menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario del Programa Frontera Sur, las estadísticas oficiales revelan que México detiene y deporta a más migrantes indocumentados centroamericanos menores de 18 años que la Patrulla Fronteriza estadounidense.

De esta forma, es claro que la política migratoria de nuestro país ha desparecido y ha dejado su lugar a una estrategia de seguridad y de gestión migratoria enfocada en administrar los flujos fronterizos, a efecto de que los migrantes centroamericanos no ingresen o no se mantengan en nuestro territorio evitando con ello que lleguen a los Estados Unidos. No importan las razones que han llevado a la mayoría de esas personas a migrar hacia nuestro país ni tampoco las disposiciones legales que obligan a nuestras autoridades a realizar un procedimiento administrativo sustentado en el interés superior de la niñez.

No importa que muchas de esas niñas, niños o adolescentes vengan huyendo de situaciones de violencia que amenazan su vida e integridad;  y tampoco importa que nuestro país esté obligado a realizar una evaluación caso por caso para determinar la situación particular de cada migrante con base en los estándares más altos en materia de derechos humanos. La deportación a granel es la regla.

De conformidad con información proporcionada por el propio Instituto Nacional de Migración, los arrestos de menores de 18 años provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, sumaron 11 mil 893 en los primeros cinco meses de 2015, un incremento de 49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se detuvieron a 8 mil 003 niñas, niños y adolescentes.

El organismo señaló que del total referido, 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5 mil 780 iban con algún familiar. Además, dos terceras partes tienen una edad de entre 12 y 17 años, y del total, 8 mil 060 son hombres y 3 mil 833 mujeres.

Tan solo entre octubre y abril, se detuvieron a 92 mil 889 migrantes centroamericanos, cuando en el mismo periodo Estados Unidos retuvo a 70 mil 226. De esta forma, han sido razones y argumentos estrictamente cuantitativos los que han llevado a nuestro país a aplicar y justificar una política de expulsión masiva que atenta contra el mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual regula de manera específica en uno de sus capítulos la actuación de las autoridades relacionadas con la movilidad humana y establece claramente lineamientos y procedimientos a aplicar cuando se trate de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En el Senado de la República, somos conscientes de que las niñas, niños y adolescentes que deciden cruzar la frontera sin compañía, son más vulnerables a sufrir violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras peligrosas posibilidades.

En razón de lo anterior y dada la magnitud de la problemática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe en el que nos  alerta de que los migrantes, lejos de estar más protegidos tal y como aseguran las autoridades, siguen siendo objeto de agresiones y violaciones a derechos humanos a su paso por México. En concreto, la CIDH expresó su preocupación al Ejecutivo mexicano por los siguientes puntos.

1.- Aumentó del casi  98% detenciones en 2015.

2.- Persisten agresiones contra migrantes y también contra activistas.

3.- Falta de condiciones de seguridad para defensores de migrantes.

4.- No se aplican estándares internacionales en operativos migratorios.

5.- Detención de niños migrantes.

Para hacer frente a este realidad, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como el marco legal que reconoce a la niñez como sujeta de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Dicha Ley establece en su capítulo Décimo Noveno, relativo a la niñez migrante, una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los congresos locales armonizaran  su legislación y realizaran las reforman necesarias para estar en condiciones de cumplir con los preceptos de la ley general.

En este contexto, e DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo 12 estados han armonizado su legislación: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. Por lo tanto, es de lamentarse que los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no hayan concluido aún el proceso de armonización legislativa.

Y también es de lamentarse que el propio gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, tampoco esté cumpliendo con los lineamientos y procedimientos establecidos en la ley para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de movilidad humana. 

Lo anterior ha llevado a la Organización de las Naciones Unidas a implementar desde enero un proyecto de apoyo a albergues para la niñez migrante no acompañados en el sur de México y a demandar al gobierno de México que finalice con las detenciones ilegales. En la opinión de la propia ONU y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el aumento de las detenciones ilegales contra la niñez migrantes, sin tomar en cuenta el principio de la excepcionalidad de la detención migratoria, constituye una violación a diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.”

En consecuencia, su contiene los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración que informe a esta soberanía sobre los mecanismos y protocolos que la institución a su cargo ha implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación que suspenda inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes; y cumpla con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evalúe la aplicación del Programa Frontera Sur y determine, en el ámbito de sus competencias, el impacto que dicho programa ha tenido en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.”

Finalmente, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, presentan los siguientes argumentos para sustentar su propuesta:

“1.-El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%).

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor intensidad, de retorno de migrantes. La dimensión que tienen estos fenómenos hacen que México sea, dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la migración internacional.

Debido a su ubicación geográfica, México se encuentra en una posición estratégica para toda clase de flujos migratorios y comerciales, los cuales se trasladan de sur a norte y viceversa.

2.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2009 y 2011, el número de procedimientos levantados por el delito de sustracción y tráfico de menores de edad y personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos, se ha incrementado a casi 4,500.

Derivado de la consecución de este tipo de delitos, las autoridades tanto de los ministerios públicos, como de carácter judicial, han detectado que en buena parte se debe a que uno de los padres se lleva al o los hijos o hijas, como venganza en contra del cónyuge o derivado de una discusión o situación de conflicto con su cónyuge o con quien comparta la patria potestad de los menores.

a).- Cifras Nacionales:

•México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos.

•No existen datos exactos de su magnitud, sólo se conocen las estadísticas migratorias de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, los datos que no están registrados por alguna institución, se desconocen, por lo que la cifra real debe ser mucho más alta.

•De enero a agosto de 2014, 15, 795 niñas, niños y adolescentes fueron presentados ante el INM, de los cuales 7, 528 viajaban sin compañía.

•La cifra es 160% más elevada que en el año 2012 (5,958) y 60% más que los datos arrojados en 2013.

•En 2013 se registraron 26 niñas, niños y adolescentes migrantes por día, mientras que en 2014 la cifra aumentó a 65.

•El 97% de niñas, niños y adolescentes migrantes son originarios de Honduras (7 mil), Guatemala (4 mil) y el Salvador (3 mil).

•Los Estados en donde más se han asegurado niñas, niños y adolescentes son: Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas.

Aunado a estas cifras, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Migración (INM), mencionan que en lo que va del año se rescataron a 11,893 niñas, niños y adolescentes originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 5,780 viajaban con algún familiar.

De las niñas, niños y adolescentes señalados en el párrafo anterior, 4,029 tienen entre cero y 11 años de edad; y 7,864 tienen entre 12 y 17 años, lo que significa que el 66 por ciento de extranjeros rescatados son adolescentes. En cuanto a su distribución por sexo 8,060 son hombres y 3,833 mujeres.

3.- La Ley de Migración vigente a partir del 26 de mayo de 2011, establece como principios de la política migratoria del Estado mexicano, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de los grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, y personas adultas mayores, así como víctimas del delito.

Tratándose del tema específico de la salida de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, la Ley establece que para salir del país sin padres, debe contarse con la autorización de éstos ante notario público, ello con el fin de que al estar en el extranjero la persona mayor de edad que lo acompañase contara con permiso para ejercer la tutela del menor de edad en caso de que fuese necesario; principalmente por el tema de que requiriera alguna intervención quirúrgica, que tuviera un accidente o alguna situación similar.

Asimismo, en el caso de que viajaran con alguno de sus padres, se requería la autorización notariada del otro, en virtud de que la patria potestad se ejerce de manera conjunta.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2015, establece una serie de aspectos garantistas de derechos en el contenido de la legislación y particularmente en el Capítulo Décimo Noveno, titulado “Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes”, entre los que destacan:

•El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio;

•El derecho a ser informado de sus derechos;

•El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;

•El derecho de la niña, niño o adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales;

•El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;

•El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;

•El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con el mismo;

•El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño o adolescente y esté debidamente fundamentada,

•El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y

•El plazo razonable de duración del proceso.

Asimismo, la Ley contempla que los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales que hayan sido repatriados a México, así como a los extranjeros no acompañados en situación de migración irregular, en tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio respectivo, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.

4.- En cuanto a política pública y acciones de gobierno, es importante señalar que a través de esfuerzos coordinados el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y el INM han implementado estrategias comunes para cumplimentar la Ley de Migración con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y salvaguardándolos íntegramente durante su estancia en el país, luego de ser rescatados por el Instituto, evitando con ello que sean expuestos a trabajos forzados, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltrato físico y verbal, entre otras condiciones de riesgo.

Asimismo, los Sistemas Estatales y Municipales DIF, brindan protección y atención especializada, en tanto su representación consular lleva a cabo el reconocimiento de nacionalidad y localización de sus familiares, para entregarlos a las autoridades migratorias de su país de origen y posteriormente reunificarlos con su familia, contando con personal especializado como médicos, psicólogos y trabajadores sociales para detectar y atender oportunamente a todas las niñas, niños y adolescentes canalizados.

Aunado a lo anterior, y como otra muestra del trabajo de la presenta administración, el pasado 11 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron un modelo integral basado en el enfoque de género y derechos humanos para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Dicho protocolo, señala la Cancillería, es una herramienta concreta de cómo llevar a la práctica la aplicación de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la cual fortalece las capacidades institucionales de la diplomacia mexicana en beneficio de la población, en particular aquella que atraviesa situaciones de vulnerabilidad, a partir de mecanismos como cuestionarios, lineamientos para la conducción de las entrevistas consulares y un sistema para la capturar de manera ágil y segura datos personales.

Sin duda, este mecanismos constituye un cambio de paradigma en cuanto a la atención consular, ya que brinda herramientas al personal de los consulados para dar atención integral y diferenciada a niñas, niño o adolescente con el objetivo de poder evaluar su interés superior, detectar de manera oportuna posibles situaciones de riesgo y activar la cadena de protección interinstitucional que garantice la salvaguarda de cada uno de sus derechos.

5.- Como se observa a lo largo del presente, en materia legislativa han sido loables los esfuerzos realizados por el Congreso de la Unión para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias que permitan la atención de la migración de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Asimismo, las loables e importantes acciones que a nivel Ejecutivo se están realizando con la finalidad de atender y respetar cabalmente el principio del interés superior de la niñez de niñas, niños y adolescentes migrantes, principalmente de aquellos que lo hacen en calidad de “no acompañados”.

Ante ello, reconociendo la labor realizada por el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), así como atendiendo las cifras expuestas por dicho Instituto, es necesario continuar con esta ardua labor y con ello exhortar a las entidades federativas para que a través de sus instancias correspondientes fortalezcan los mecanismos para coadyuvar con la política nacional migratoria, particularmente en lo relacionado a la atención, protección y garantía de derechos humanos, así como del principio del interés superior dela niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.”

En este tenor, las senadoras proponentes presentan el siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, dentro de sus instancias correspondientes, a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.”

CONSIDERACIONES

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con las proposiciones en estudio, que confluyen en la preocupación por asegurar el pleno respeto de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes y garantizar su trato adecuado cuando son puestos a disposición de las autoridades migratorias.

Debe considerarse que en México, el fenómeno de niños, niñas y adolescentes migrantes se ha venido agravando, pues si bien la cifra de cuántos menores no acompañados pasan por la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unidos es imprecisa; el número de menores que han visto frustrado su intento por las autoridades mexicanas es alarmante: en el primer semestre de 2014, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 8,007 menores de entre 0 y 17 años, de los cuales 4,230 viajan sin la compañía de ningún familiar. Visto lo anterior, se hace patente la necesidad de incorporar a la política migratoria del Estado mexicano, medidas de protección que contribuyan al mejor cumplimiento de la obligación de la autoridad de garantizar el interés superior del infante.

Lo anterior se hace patente al observar el incremento del fenómeno de menores migrantes no acompañados en trayecto a los Estados Unidos. De los miles de menores aprehendidos recientemente en la unión americana, la mayoría se le atribuye al continuo estado de violencia en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayor parte de los niños Guatemaltecos provienen de áreas rurales, lo cual indica que probablemente están en busca de mejores condiciones económicas, los Niños Salvadoreños y Hondureños, por otra parte, provienen de regiones con extrema violencia a tal grado que prefieren arriesgar sus vidas en el viaje hacia los Estados Unidos que permanecer en sus propios países. La economía es otro factor clave ya que de acuerdo con el Banco Mundial, en Honduras, Guatemala y El Salvador el 30%, 26% y 17% de la población respectivamente subsisten con sueldos de menos de 2 dólares al día aproximadamente. En lo que respecta a nuestros connacionales, en el primer semestre de 2014, 137,429 mexicanos fueron deportados desde los Estados Unidos, de ellos, 6,453 eran menores no acompañados, según datos del Instituto Nacional de Migración.

Ahora, si bien las causas de la movilidad humana pueden ser múltiples, complejas y operan de forma interconectada, podemos observar que la actual explosión migratoria de niños y niñas no acompañados, de acuerdo a la ACNUR, obedece a la crisis económica, la violencia, la persecución y la necesidad de reunificación familiar, factores que obligan a miles de menores a dejar su país de origen. Aunado a ello, encontramos una mala interpretación de la “Ley Wilberforce” de Estados Unidos, que establece un procedimiento para la deportación de menores que requiere llevar a tribunales los casos de menores migrantes, para determinar si deben o no ser deportados, procedimientos que normalmente duran entre dos y tres años, tiempo en que los menores indocumentados se entregan a sus padres o parientes en Estados Unidos o a familias de acogida mientras dura el proceso. Esto despierta la esperanza de menores y sus familias de que podrán permanecer en los Estados Unidos.

En 2013, el 98% de los menores indocumentados procedentes de Centroamérica no fueron deportados y sus casos siguen el proceso que marca la ley. Así, en el ejercicio fiscal pasado de las 50,000 niñas y niños migrantes sólo 2 mil, el dos por ciento, fue devuelto a su país de origen, por la Oficina de Restablecimiento de Deportados. Esta aparente permanencia provoca en la población centroamericana un espejismo que ha sido resentido en México, que ha visto pasar por su territorio a una cifra creciente de menores migrantes no acompañados.

Ahora bien, considerando que los niños migrantes enfrentan importantes desafíos durante el proceso de migración que se ven agrandados cuando no cuentan con documentos de identidad adecuados transitan sin sus familias, y en países donde no existe protección legal y en donde se les impide acceder a servicios básicos tales como la educación y la atención sanitaria; podemos comprender que estos infantes corren un gran riesgo de explotación y son susceptibles de caer víctimas de la explotación infantil.

Al respecto, dos investigaciones de ACNUR en torno a esta problemática han revelado que el 58% de los menores interceptados en EUA y entrevistados (404) tienen necesidad de protección internacional; y un 48.6% de los alojados en estaciones migratorias en México y entrevistados (280) manifestaron haber salido por causas relacionadas con violencia y seguridad. Además, se constató que el 73% de los niños y niñas no habían recibido información sobre su derecho a solicitar asilo en México.

Resulta entonces preocupante que según señala el ·Posicionamiento Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. No más indiferencia y deshumanización” en 2013 México sólo aceptó el 23,5% de las solicitudes de asilo presentadas por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Sin incluir las visas de trabajo temporales disponibles para los guatemaltecos y beliceños, México sólo concedió 9.028 nuevos permisos de residencia temporal o permanente a los centros americanos en 2013 y sólo 142 fueron por razones humanitarias.

Así mismo, encontramos que Organizaciones de la sociedad civil señalan como obstáculos el hecho de que la violencia sistémica y multicausal de los países no se considera en la práctica, como un elemento para otorgar asilo, así como las prácticas de disuasión por parte de las instancias de apoyo; la dificultad de identificar el perfil de condición de refugiado en el tránsito; el no haber alternativas a la detención en el caso de que la persona se encuentre en una estación migratoria; o el hecho de que las personas ligadas al crimen organizado y otras formas de violencia son factores que inciden en que las solicitudes sean rechazadas.

Aunado a la baja tasa de reconocimiento, un aspecto preocupante es que no se respete el principio de no devolución en los procesos de detención y deportación, un derecho fundamental en el marco de la protección internacional. México ha aumentado su capacidad para interceptar, detener y deportar a los migrantes centroamericanos, pero los procedimientos de control, intercepción y deportación no van precedidos de pruebas que evalúen si estas personas requieren algún tipo de protección internacional, lo que deja en extrema vulnerabilidad a aquellos centroamericanos y centroamericanas que hayan experimentado violencia o amenazas dirigidas específicamente a ellos en sus países de origen y que huyeron para salvar sus vidas.

Es por ello que México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, es una Nación que está obligada a contar con políticas adecuadas e integrales. En el país se han hecho esfuerzos para enmendar deficiencias estructurales que propician abusos, corrupción, impunidad y violencia en aumento dejando en una condición de extrema vulnerabilidad a los migrantes mexicanos y centroamericanos. Desde el Legislativo, se han establecido normas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Migración, que establecen protocolos para garantizar la protección del menor y la plena observancia de su interés superior.

En este contexto, el estudio “Niñez migrante no acompañada en la región Norte y Centroamérica”, realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI),  revela que de octubre de 2013 hasta junio de 2014, más de 51,000 menores de edad han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza, de los cuales, 12,146 eran de nacionalidad mexicana. La respuesta del Gobierno estadounidense ha sido incrementar los espacios destinados a su detención, lo que sin embargo disminuye la posibilidad de identificar las necesidades especiales de protección, y que sin embargo la respuesta de las autoridades migratorias de México, ha sido la detención y activación de un proceso expedito para su devolución o repatriación, cayendo en omisiones a su obligación de velar por el interés superior de la niñez e identificar y brindar la protección internacional que las niñas y los niños necesitan.

Ante ello, es necesario señalar que el grupo vulnerable de menores migrantes, requiere de la implementación de políticas públicas de protección integral acorde a las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, sexo, etnia y nacionalidad.

En México, la autoridad migratoria, al asegurar a un menor, debe observar y procurar en todo momento el interés superior del niño e informar al menor de sus derechos dentro del procedimiento migratorio y  de los servicios a que tiene acceso, dar aviso al consulado de su país y poner en contacto al menor con éste, salvo cuando pueda ser asilado o refugiado, y canalizarlo a alguno de los albergues de tránsito para la infancia migrante públicos o privados para su salvaguarda, donde se les deberá proporcionar la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria. No obstante esta obligación, diversas organizaciones no gubernamentales han documentado que si éstos son mayores de doce años son ingresados a las estaciones migratorias, lugares que no cumplen con los estándares adecuados para su desarrollo y seguridad, ya que la política de los albergues del sistema DIF es no aceptar niñas o niños de doce años o más por no contar con las condiciones de seguridad requeridas ni con medidas de atención especializada para este grupo de edad.

Así mismo, se ha denunciado de manera reiterada que ni México ni los Estados Unidos garantizan a las niñas y los niños el rápido acceso a una asistencia jurídica ni a otra asistencia adecuada para impugnar la legalidad de su detención o incluso solicitar la protección internacional.

Por lo anterior, quienes integramos esta segunda comisión consideramos necesario dialogar con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración a efecto de conocer las acciones que en materia de protección a menores migrantes ha implementado y conocer de los esfuerzos que en forma regional se aplican para asegurar la protección del interés superior de los niños y niñas, a efecto de protegerlos de los graves riesgos que corren en su trayecto.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del  Instituto Nacional de Migración un informe sobre los mecanismos y protocolos que la institución a su cargo ha implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración. Para tales efectos y con fundamento del párrafo IV del Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a dicho Instituto remitir con carácter de urgente un informe detallado y pormenorizado sobre dicha situación, que incluya información sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a suspender inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes y cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente con base en el principio de interés superior de la niñez.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evalúe la aplicación del Programa Frontera Sur y determine el impacto que dicho programa ha tenido en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas, a fortalecer las acciones dirigidas a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria, y en virtud de no haber oradores registrados, procederemos a la votación de éste y de los anteriores dictámenes de la Segunda Comisión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruíz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Tenemos la discusión de dictámenes de la Tercera Comisión, el relativo a los bloqueos en las carreteras del estado de Chiapas, se le ha retirado la solicitud de discusión, por lo que se pondrá a votación conjuntamente con el siguiente dictamen.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia realicen las acciones necesarias para garantizar la libre circulación en las carreteras de jurisdicción federal del Estado de Chiapas, presentado por el Senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se regularice la observancia de la norma 012 del Estado de Chiapas y de esta forma, terminar con las detenciones ilegales practicadas por los transportistas que se ostentan como integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y de Transportes de Carga Comitán, S.A de C.V. con el supuesto motivo del cumplimiento cabal de dicha norma.

La propuesta en estudio señala que existe una normatividad encargada de regular las anomalías alegadas por los transportistas, ubicada en la norma 12 de la entidad chiapaneca. Sin embargo, la inobservancia que se le ha dado a la misma ha ocasionado una violación a los derechos de competitividad de los transportistas que alegan la competencia desleal por parte de otros transportistas que no observan dicha norma.

Entre otras causas que dieron origen a la preocupación del proponente se establecen las siguientes:

● Se encuentran circulando camiones que infringen el reglamento en las carreteras, afectando consecuentemente a transportistas de carga que si cumplen con la norma y que solo pueden transportar cierto tonelaje, por lo que terminan en una situación de competencia desleal.

● Los transportistas han tomado diversas acciones que resultan contrarias al orden jurídico, en especial al primer párrafo del artículo 17 constitucional, así como el numeral 11 que consagra la libertad de tránsito.

● Han sido interceptados los tractocamiones por grupos aproximados de quince personas armadas de palos y piedras, que les impidieron continuar con el trayecto y procedieron a inmovilizar las unidades, con otros vehículos, los cuales, presuntamente, también fueron retenidos indebidamente.

● Algunos de los conductores de los transportes retenidos se quedan cuidando las unidades y el material que traen consigo para evitar que sean sustraídas definitivamente.
El proponente expone que es de fundamental importancia garantizar y proteger la observancia de la ley reguladora de la vialidad en el caso concreto, es decir, la norma 012 de la entidad.

Por último el proponente precisa también que "Los lugares que se encuentran en paro de camiones de carga en Chiapas son:

● Ocozocoautla

● Caseta de Ocozocoautla – Las Choapas

● Límites de Chiapas con Oaxaca en Rizo de Oro

● Límites de Chiapas con Oaxaca en Chahuites

● Carretera Palenque a Ocosingo y

● Caseta de Ocuilapa

Los caminos referidos son de jurisdicción federal, por lo cual resulta competencia de las autoridades federales atender los problemas que resulten de las detenciones".

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que analice las denuncias de hechos y deslinde responsabilidades ante los hechos ocurridos.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para garantizar la seguridad en las carreteras chiapanecas y especialmente en los puntos referidos.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar un informe a esta soberanía sobre las acciones emprendidas para atender las demandas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. en Chiapas y dar cabal cumplimiento a la Norma 012, así como reportar sus resultados.

CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México ha implementado medidas de protección a los derechos consagrados en nuestro máximo texto jurídico como lo son los que ahora se encuentran violentados por los transportistas que detienen arbitrariamente e intentan ejecutar acciones de "justicia", para proteger sus intereses personales. Así el proponente advierte una inobservancia de la norma 12 de la entidad chiapaneca para regular y garantizar el buen desempeño de labores de los transportistas.

Con motivo de lo anterior, el proponente señaló como fundamental el actuar de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicación y Transportes, para que en el ámbito de sus competencias investiguen, regulen, garanticen y sancionen a las personas que infrinjan la ley local y el texto constitucional.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del Senador proponente en vigilar la observancia constitucional y de la legislación local de Chiapas. Es por ello, que se considera necesario hacer mención de los alcances jurídicos que tienen las disposiciones y las autoridades citadas con antelación.

1) La norma 012-SCT establece la participación de diversos autotransportes de empresas privadas, sin embargo, cuenta con especificaciones y mediciones muy claras sobre la cantidad, el peso, el tamaño y el largo de los camiones de transportes como se muestra en las siguientes tablas de la norma publicada en el DOF el 14 de noviembre del 2014:

TABLA B-1

PESO BRUTO VEHICULAR MÁXIMO AUTORIZADO POR CLASE DE VEHÍCULO Y CAMINO

VEHÍCULO

NÚMERO
DE EJES

NÚMERO DE
LLANTAS

PESO BRUTO VEHICULAR (t)

ET y A

B

C

D

B2

2

6

19,0

16,5

14,5

13,0

B3

3

8

24,0

19,0

17,0

16,0

B3

3

10

27,5

23,0

20,0

18,5

B4

4

10

30.5

25,0

22,5

21,0

TABLA B-2

PESO BRUTO VEHICULAR MÁXIMO AUTORIZADO POR CLASE DE VEHÍCULO Y CAMINO

VEHÍCULO O
CONFIGURACIÓN
VEHICULAR

NÚMERO DE
EJES

NÚMERO DE
LLANTAS

PESO BRUTO VEHICULAR (t)

ET y A

B

C

D

C2

2

6

19,0

16,5

14,5

13,0

C3

3

8

24,0

19,0

17,0

16,0

C3

3

10

27,5

23,0

20,0

18,5

C2-R2

4

14

37,5

35,5

NA

NA

C3-R2

5

18

44,5

42,0

NA

NA

C3-R3

6

22

51,5

47,5

NA

NA

C2-R3

5

18

44,5

41,0

NA

NA

T2-S1

3

10

30,0

26,0

22,5

NA

T2-S2

4

14

38,0

31,5

28,0

NA

T3-S2

5

18

46,5

38,0

33,5

NA

T3-S3

6

22

54,0

45,5

40,0

NA

T2-S3

5

18

45,5

39,0

34,5

NA

T3-S1

4

14

38,5

32,5

28,0

NA

T2-S1-R2

5

18

47,5

NA

NA

NA

T2-S1-R3

6

22

54,5

NA

NA

NA

T2-S2-R2

6

22

54,5

NA

NA

NA

T3-S1-R2

6

22

54,5

NA

NA

NA

T3-S1-R3

7

26

60,5

NA

NA

NA

T3-S2-R2

7

26

60,5

NA

NA

NA

T3-S2-R4

9

34

66,5

NA

NA

NA

T3-S2-R3

8

30

63,0

NA

NA

NA

T3-S3-S2

8

30

60,0

NA

NA

NA

T2-S2-S2

6

22

51,5

NA

NA

NA

T3-S2-S2

7

26

58,5

NA

NA

NA

NA- No Autorizado

TABLA C-1

LARGO MÁXIMO AUTORIZADO POR CLASE DE VEHÍCULO Y CAMINO

VEHÍCULO O
CONFIGURACIÓN
VEHICULAR

NÚMERO
DE EJES

NÚMERO DE
LLANTAS

LARGO TOTAL (m)

ET y A

B

C

D

B2

2

6

14,0

14,0

14,0

12,5

B3

3

8

14,0

14,0

14,0

12,5

B3

3

10

14,0

14,0

14,0

12,5

B4

4

10

14,0

14,0

14,0

12,5

TABLA C-2

LARGO MÁXIMO AUTORIZADO POR CLASE DE VEHÍCULO Y CAMINO

VEHÍCULO O
CONFIGURACIÓN
VEHICULAR

NÚMERO DE
EJES

NÚMERO DE
LLANTAS

LARGO TOTAL (m)

ET y A

B

C

D

C2

2

6

14,0

14,0

14,0

12,5

C3

3

8

14,0

14,0

14,0

12,5

C3

3

10

14,0

14,0

14,0

12,5

C2-R2

4

14

31,0

28,5

NA

NA

C3-R2

5

18

31,0

28,5

NA

NA

C3-R3

6

22

31,0

28,5

NA

NA

C2-R3

5

18

31,0

28,5

NA

NA

T2-S1

3

10

23,0

20,8

18,5

NA

T2-S2

4

14

23,0

20,8

18,5

NA

T2-S3

5

18

23,0

20,0

18,0

NA

T3-S1

4

14

23,0

20,0

18,0

NA

T3-S2

5

18

23,0

20,8

18,5

NA

T3-S3

6

22

23,0

20,8

18,5

NA

T2-S1-R2

5

18

31,0

NA

NA

NA

T2-S1-R3

6

22

31,0

NA

NA

NA

T2-S2-R2

6

22

31,0

NA

NA

NA

T3-S1-R2

6

22

31,0

NA

NA

NA

T3-S1-R3

7

22

31,0

NA

NA

NA

T3-S2-R2

7

26

31,0

NA

NA

NA

T3-S2-R4

9

34

31,0

NA

NA

NA

T3-S2-R3

8

30

31,0

NA

NA

NA

T3-S3-S2

8

30

25,0

NA

NA

NA

T2-S2-S2

6

22

31,0

NA

NA

NA

T3-S2-S2

7

26

31,0

NA

NA

NA

NA-No Autorizado

2) Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en los numerales citados por el proponente:

Artículo 11.

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Artículo 17.

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

En contraste, con las acciones llevadas a cabo por los transportistas en las vías federales, se notan violaciones a las disposiciones constitucionales antes citadas.

En este sentido, es acertada la observación del proponente al solicitar la garantía constitucional a los artículos vulnerados.

3) Por otra parte, las autoridades citadas para regular la problemática planteada tienen injerencia en el tema de la manera siguiente:

- Procuraduría General de la República; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su numeral 5°, las atribuciones de dicha dependencia, de las cuales las siguientes son aplicables al caso concreto:

"II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos del Procurador General de la República, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;

III. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;

XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Procuraduría, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Procuraduría;".

- Secretaría de Comunicación y Transportes; de igual manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 36 las atribuciones de esta Secretaría, de las cuales tienen injerencia:

I.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

Respecto al exhorto a la Secretaría de Gobernación, esta Comisión considera pertinente realizarlo en un primer momento a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, para que en su calidad de encargada de las políticas de trasportes, informe a esta Soberanía de las acciones realizadas en conjunto por el Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en un término no mayor a 15 días naturales y con pleno respeto a la confidencialidad de las averiguaciones previas, remita a esta Soberanía un informe sobre las denuncias de hechos y deslinde de responsabilidades sobre los bloqueos en las carreteras del Estado de Chiapas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las acciones necesarias para garantizar el derecho al libre tránsito en las carreteras del Estado de Chiapas. Asimismo, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones emprendidas para atender las demandas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. en Chiapas y dar cabal cumplimiento a la Norma 012, así como reportar sus resultados.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a regular el uso de insecticidas y otros pesticidas utilizados en zonas en las que habita el jaguar. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de acuerdo presentado por la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones en materia de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO

La proponente refiere diversas fechas en las que se han hallado los restos de jaguares, que han sido víctimas del daño causado por la actividad humana.

Señala que de conformidad con el marco jurídico nacional, el jaguar es una especie en peligro de extinción. Advierte que a pesar de las acciones que se han impulsado para la conservación y recuperación de las poblaciones de este ejemplar, las constantes amenazas de caza furtiva, la destrucción, fragmentación y deterioro del hábitat y la disminución de sus principales presas, han generado la posibilidad de que este animal desaparezca.

Menciona que aunque estas conductas han sido tipificadas en el Código Penal Federal, en estados como Quintana Roo, estos hechos siguen sucediendo debido a la ignorancia de los pobladores de algunas localidades en las que habita este animal; al desconocimiento de la importancia de la conservación de las especies; así como al dolo con el que algunas personas practican la caza.

En este sentido, hacen alusión a un dictamen aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, a través del cual se advertía la trascendencia del jaguar para el equilibrio ecológico, previniendo que las posibilidades de conservarlo se reducen debido a la falta de estrategias sólidas para su protección.

Por ello, se consideró pertinente exhortar a diversas autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la Procuraduría General de la República (PGR), a que llevaran a cabo diversas acciones para la conservación de esta especie, que complementaran lo ya previsto en el marco jurídico nacional.

Por último, añade que también alertan el uso de plaguicidas como el FURADAN, un veneno altamente tóxico que está afectando a las poblaciones silvestres, por lo que debe regular sede manera muy restrictiva o prohibirse su uso ante los riesgos ambientales.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas, relacionadas a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y que en caso de no contar con los peritos especialistas en la materia o con los medios científicos para lograrlo, solicite la intervención de instancias Internacionales para tal fin.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat tanto en el ámbito rural como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el avistamiento de esta especie en peligro de extinción es aún frecuente.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coadyuve a la capacitación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República, para efecto de instruir en el correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como de los instrumentos, objetos o productos de delitos cometidos a las especies silvestres.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que por conducto de la Dirección de Programación y Presupuesto, prevean la suficiencia presupuestal que permita la implementación eficaz de programas enfocados a educación, prevención y cuidado de la pantera onca en las regiones y comunidades donde haya presencia de esta especie y con ello generar conciencia social de cuidado de este tipo de felinos mayores.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, regulen el uso de Furadan y otros Pesticidas en zonas que habita la Panthera Onca.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en la importancia de la conservación y recuperación de las poblaciones silvestres de jaguar (Panthera onca) en nuestro país, mediante acciones concretas de conservación, rescate y preservación, para asegurar su permanencia en el largo plazo.

Asimismo, se concuerda con los argumentos expuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en el dictamen al que se hace alusión en la propuesta. Dicho dictamen fue aprobado el 28 de abril del presente año por el pleno de la Cámara, quedando los puntos resolutivos en los siguientes términos:

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas relacionadas a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la integración del cuerpo del delito y la determinación de la probable responsabilidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, coadyuve a la capacitación del personal adscrito a la Procuraduría General de la Republica, para efecto de instruir el correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos de los delitos cometidos a las especies silvestres.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat, tanto en el ámbito rural como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el avistamiento de esta especie en peligro de extinción es frecuente.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto, prevean la suficiencia presupuestal que permita la implementación eficaz de campañas enfocadas a la educación, prevención y cuidado de la pantera onca en las regiones y comunidades donde hay presencia de esta especie y con ello generar conciencia social del cuidado de este tipo de felinos mayores.

En este sentido, es preciso señalar que esta Comisión advierte, que dicho dictamen es producto de una proposición con punto de acuerdo presentada el día 12 de febrero de 2015, por la misma promovente de la propuesta objeto del presente dictamen.

De igual manera, a partir del estudio del dictamen y del punto de acuerdo presentado en las fechas citadas, se observa que el objetivo que se persigue, coincide con el planteado en la propuesta materia de este análisis.

Por lo anterior, esta Comisión estima que el interés de la proponente de exhortar a diversas autoridades para que lleven a cabo las acciones, que en el ámbito de sus respectivas competencias, les corresponda realizar para promover la conservación del jaguar, se encuentra atendida.

Por último, advirtiendo que lo respectivo al daño causado por el plaguicida a que hace referencia el proponente, no había sido expuesto con anterioridad, esta Comisión coincide en la necesidad de exhortar a las autoridades señaladas como competentes, para implementar las medidas que impidan que se siga contaminando a las poblaciones silvestres.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, regulen el uso del insecticida denominado FURADAN, así como otros Pesticidas utilizados en zonas en las que habita el jaguar.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Para hablar sobre asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor Presidente, legisladoras y legisladores:

Quisiera extender un agradecimiento en este punto que vamos a presentar, principalmente al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Alianza para la Conservación del Jaguar; a Biofutura; a la Reserva Ecológica El Edén; a Naturalia, Asociación Civil; a Yaguar Xoo; Primero Conservation; y el Instituto de Investigaciones de Conservación de la Fauna Silvestre en Texas, Estados Unidos, Yaguareté, Otorongo, Tig marque, Quechua, Zac-bolay y Balam.

Estimadas legisladoras y legisladores:

En diferentes partes de los países donde aún existe, así es nombrado, el jaguar felino, que despierta muchas pasiones entre las personas por su belleza y fortaleza, pero desgraciadamente esto no la convierte en inmune a las amenazas a sí mismo y a su medio ambiente.

La extinción de esta especie puede generar una desestabilidad en los ecosistemas eclosionados, como por ejemplo, el crecimiento en especies que en su momento eran presas y en otros depredadores, sufriendo con estos cambios en las comunidades y ecosistemas, dando como resultado la pérdida de la biodiversidad, originando sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos.

Quiero explicar un poco esto, porque cuando nosotros hablamos de una cadena alimenticia, hablamos de especies que son mucho más grandes, mamíferos, y por arriba de una cadena.

Sin embargo, cuando empezamos a cambiar y a quitar o extinguir las especies del medio, estas tienen que acudir a otras prácticas para alimentarse, para conservarse y para protegerse.

De acuerdo con un censo realizado en 2011 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existen 4 mil 100 ejemplares en el país, de los cuales mil 850 viven en la Península de Yucatán.

Expertos aseguran que esta especie podría extinguirse en los próximos 20 años de la población, más cercana a extinguirse, por ejemplo, en el caso del estado de Sonora.

En Sonora entre el año de 2009 y 2013, en un área de un estudio de 400 kilómetros cuadrados, se detectaron una disminución del 87 por ciento de la población en dicha área.

Es posible que en solo 10 años, la población del jaguar en general, sea de 2 mil ejemplares.

Pareciera que no tiene importancia este dato pero, amigas y amigos, la especie de jaguar está en peligro de extinción, es una especie protegida y la estamos acabando.

Al día de hoy seguimos estando frente a las problemáticas perfectamente ubicadas, como la caza de esta especie, a pesar de estar prohibida en algunas zonas las personas compiten con los jaguares con sus presas, disparándoles frecuentemente.

El jaguar, como otros animales, al ver invadido su hábitat y perder presas, se ve obligado a acechar a otro tipo de animales, como el ganado, lo que ocasiona que campesinos se vean obligados a dispararles.

Ante esta problemática, yo quisiera exponerles que en el pasado mes de abril se expuso en la Cámara de Diputados a las dos instancias importantes que tienen que ver con este tema, como fue SEMARNAT y PROFEPA.

Quiero decirles que no se destinó recurso tal, que fue peleado por investigadores, científicos, para poderlo regular, que incluso los mismos cazadores piden a gritos, porque ellos no quieren acabar con esta especie. Sin embargo, al estar utilizando ya este tema, es como queda ya en este punto, que es el uso del furadan, que es un pesticida que está envenenando a los jaguares y que lo están utilizando, y me voy directamente a una instancia importante, como es la SAGARPA, que lo aprueban precisamente como pesticida, está acabando con esto.

No es posible, amigos y amigas, que esta técnica que se sigue utilizando, que ya más bien se prohibió, y lo digo, en los países como en Canadá, Estados Unidos, Europa, África; Kenia, Tanzania y Uganda, en México autoridades sanitarias lo continúan autorizando para su uso agrícola, a pesar de que su toxicidad es altamente peligrosa para la salud y el medio ambiente, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la FAO, estos pueden causar cáncer, mutagenicidad y ser tóxico para la reproducción.

El jaguar en México es una especie protegida y matarlo se penaliza de uno a nueve años de prisión, sin embargo, no existe un solo caso donde este delito haya sido castigado. Y explico, me extiendo un poquito, no mucho.

Cuando se levantan demandas con respecto a esto o se levantan las averiguaciones previas, confunden muy fácil un jaguar con cualquier felino, de tal forma que nuestra gente no está capacitada para hacer o levantar alguno de estos casos y darle continuidad. Por lo tanto, no hay un solo caso, no hay una sola persona que esté en la cárcel por un delito como es acabar con un jaguar.

Compañeras y compañeros legisladores, bajo este marco hago un llamado, a apoyar este punto de Acuerdo, ya que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia entre la permanencia de esta especie o su extinción definitiva. Y concluyo.

No puede haber especies confinadas como es el jaguar, y que está una especie en vías de extinción y que además está en nuestras manos para poder reforzar el recurso, la protección y sobre todo el objetivo que debe de ser en los animales que es la conservación de la especie. Ya lo decía Darwin; “nosotros somos los únicos que acabamos entre nosotros”, pero también está en nuestras manos protegerla. Y podemos tener otras especies, que fíjate nada más, se destinan millones y millones de recursos y ya se fueron, como es el caso de “El Chapo” Guzmán.

Ayúdanos a detener el deterioro y la extinción de esta especie, que es el jaguar, que ya quedan poco menos de 2 mil.

Muchísimas gracias.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Saldaña Fraire.

Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dictámenes de la Tercera Comisión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que se acaban de discutir. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de dictámenes de la Primera Comisión.

Tenemos uno que exhorta a desahogar las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de que hubiera tenido en el contexto del proceso electoral 2014-2015. Dicho dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas con el proceso electoral 2014-2015, y la jornada electoral celebrada el día 7 de junio del 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión da cuenta con las proposiciones que se estudian y dictaminan:

1. Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California Sur, presentada por el Dip. Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-32.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-34.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011, presentada por los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-88.

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, presentada por el Dip. Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-127.

5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-136.

6. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-147.

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-151.

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI y del PVEM, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de diputados del Partido MORENA y el Sen. Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-427.

9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-436.

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-439.

11. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-442.

12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-450.

13. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-455.

14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del estado de Guerrero en la campaña de la candidata a gobernadora de esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-487.

15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-490.

16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Guerrero a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-512.

17. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a realizar una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el Partido Morena, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral, presentada por el Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-519.

18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-576.

19. Proposición con punto de acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-582.

20. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FEPADE para que se realice una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el Municipio de Nezahualcoyotl, a cargo del Gobierno Municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-632.

21. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del Director General de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-635.

22. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-641.

23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-642.

24. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-748.

25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-756.

26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legitimidad y legalidad al reciente proceso electoral, presentada por la Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-778.

27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-780.

28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero, el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del excandidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1196.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar, informar y, en su caso, sancionar sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional en los estados de Querétaro y de Baja California Sur, presentada por el Dip. Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.

El proponente refiere que, en el contexto de la pasada contienda electoral, es un esfuerzo conjunto de todos los mexicanos el garantizar el respeto a las instituciones, para que sean funcionales y sirvan a los ciudadanos.

No obstante, explica que recientemente se ha documentado en medios de comunicación, presumiblemente una llamada telefónica realizada entre los candidatos a gobernadores por el Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servien del Estado de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.

En dicho audio de la llamada se escucha a Francisco Dominguez, Candidato a Gobernador por Querétaro por el PAN, comentándole que un personaje nombrado como “Kors”, compromete ayuda a Carlos Mendoza Davis, Candidato a Gobernador del Estado de Baja California Sur por el PAN, dando 6 kilos (millones) mensuales a cambio de favores que no especifican en la llamada, por un lapso de cinco meses, lo que nos da un total de 30 millones de pesos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. Se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a que investiguen, informe y, en su caso, sancionen, sobre el origen de los recursos económicos, presumiblemente derivado de las conversaciones entre los candidatos del Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez del Estado de Querétaro y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan, presentada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2015.

El proponente refiere que, con relación a la elección gobernador del estado de Baja California Sur, en días previos a la jornada electoral, se dio a conocer un audio en el que se escucha al candidato del Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis, exigiendo al secretario de Finanzas de la entidad, Isidro Jordán Moyrón, que pague el costo de la encuesta contratada. 

De acuerdo con los hechos narrados por los diputados, los actos referidos contravienen claramente los principios que por imperio de ley deben observar los servidores públicos de los tres órdenes: integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción. Estos hechos constituyen un delito electoral. En este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos que establece la ley, asimismo, señala que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos electorales, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Por otra parte, señalan que el día 4 de abril de 2015, en redes sociales comenzó a circular un audio en el que supuestamente se escucha a Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, Senadores con licencia y entonces candidatos por el Partido Acción Nacional (PAN), a las gubernaturas de Querétaro y Baja California Sur, respectivamente. En dicho audio conversaban sobre un apoyo económico por 30 millones de pesos que les otorgaría un empresario identificado como el “Cours” para la campaña en Querétaro.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la intervención del Secretario de Finanzas del estado de Baja California Sur, así como del uso indebido de recursos públicos para el pago de encuestas a favor del candidato del PAN a la gubernatura del estado, y en su caso se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo una revisión exhaustiva de los gastos de campaña de Carlos Mendoza Davis, candidato por el PAN a la gubernatura del estado.

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011, presentada por los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes exponen que en las democracias modernas, tanto los funcionarios públicos como los aspirantes a ocupar un puesto a través del sufragio universal, en todo momento deben conducirse con apego a la norma. En el caso de la materia electoral, a partir de la reforma política de 2014, se incorporó como uno de sus principales principios el de máxima publicidad.

Por otra parte, señalan que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que los recursos públicos se administrarán con orden, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, debiéndose aplicar con imparcialidad, de tal forma que no influyan en la equidad de la competencia entre partidos.

En ese contexto señalan que, en cuanto a las campañas para la gubernatura de Michoacán, destaca el caso del candidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, quien se distinguió por realizar gastos excesivos en sus actos de proselitismo, y advierten que los Gobernadores de Guerrero y Morelos, así como dirigentes de su instituto político, arribaron en helicópteros al lugar en donde inició la campaña.

Recuerdan que, con antelación, el candidato del PRD al Gobierno de Michoacán ya había sido cuestionado por asuntos de la misma naturaleza, los cuales han quedando impunes y sin consecuencias jurídicas efectivas. Como candidato a gobernador del estado de Michoacán en el proceso electoral 2011, representando a los partidos PRD, PT y Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano), ejerció mayor financiamiento privado que público sin que a la fecha no se ha podido comprobar su origen, situación por la cual a su partido le fue impuesta una sanción de 8,076,886.74 pesos, información que obra en el expediente número IEM/CAP y F-PA01/2010 y su acumulado IEM/PAO-CAPyF-02/2011, cuya resolución está firme después de pasar por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Finalmente, relatan que el Instituto Electoral de Michoacán inició el Procedimiento Administrativo Oficioso en contra del PRD, mismo que se registró con el número IEM/P.A.OyF-17/2013. Posteriormente, con fecha 31 de marzo de 2015, el propio organismo electoral dictó la resolución correspondiente, a través de la cual se determinó que no fue posible comprobar la procedencia de 20 millones 969 mil 489.94 pesos gastados por Silvano en su campaña de 2011.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la campaña de Silvano Aureoles Conejo al Gobierno del estado de Michoacán durante el año 2011.

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, presentada por el Dip. Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

El diputado proponente explica que el día 4 de mayo del año en curso un reconocido medio impreso nacional y diversos portales electrónicos, dieron cuenta de una conversación de la que se desprenden de manera pública y notoria hechos sumamente delicados que involucran al Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y frente a los cuales esta Soberanía no puede ser ajena, omisa o permanecer indiferente.

Señala que el audio en cuestión exhibe un caso nítido de ilegal financiamiento a la campaña política del Candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Gobernador del Estado de Querétaro, que transgrede flagrantemente la regulación electoral y constituye delitos y faltas graves en la materia. Ya que del mismo se desprende la recepción, por parte del citado candidato, de la cantidad de 6 millones de pesos mensuales por cinco meses, que pudieran alcanzar la cifra de 30 millones, de manos de un particular, en franca violación de la legislación aplicable.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) y al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), para que por conducto de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE) y de la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE SU COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, respectivamente, lleven a cabo en el ámbito de su competencia una IMPARCIAL INVESTIGACIÓN que permita dilucidar y, en su caso, deslindar y determinar las responsabilidades que resulten de los presuntos hechos delictivos y faltas electorales derivadas del ilegal financiamiento a la campaña del Candidato del PAN al Gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes explican que el domingo 7 de junio de 2015 en nuestro país se celebraría la jornada electoral a través de la cual se renovaron 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 639 diputaciones locales y 903 alcaldías, esto representa que se eligirían más de 2 mil 051 cargos públicos a nivel federal y estatal. Para este evento, se instalarán más de 152 mil 500 casillas y miles de ciudadanos participarán como funcionarios de mesa directiva de casilla.

Señalan la importancia, ante este contexto, de que partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanos, coadyuven para que exista equidad electoral y no se hiciera mal uso de los recursos públicos, es decir, garantizar, en su momento, las condiciones de igualdad entre candidatos y partidos que faciliten una sana competencia en todo el proceso electoral.

Refieren que, lamentablemente estas condiciones no fueron garantizadas en algunas entidades de la República Mexicana; tal es el caso del estado de Guanajuato, en donde diversos medios de comunicación –impresos y digitales- documentaron el probable desvió de recursos públicos por parte de autoridades y dependencias del gobierno del estado para beneficiar a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).

Para explicar estas anomalías, detallaron los hechos ocurridos en la comunidad de Mineral de Pozos, ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, en el que integrantes del gobierno del estado promovieron el voto en favor de los candidatos del PAN a cambio de la instalación de calentadores solares, entregados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado.

Además de estos actos, señalan que el Gobierno del estado amplió la entrega de tablets a 125 mil, las cuales serían entregadas a alumnos y maestros de los niveles medio superior y superior que son posibles o potenciales votantes.

De acuerdo con la exposición de los legisladores proponentes, de ser acreditados, estos hechos representarían un delito electoral, una violación clara al marco normativo vigente y a los principios de una competencia electoral justa, por lo que las instituciones y autoridades, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, deben sancionar a los responsables por el mal uso de los recursos públicos en el estado de Guanajuato.

Por lo anterio, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que realicen una investigación exhaustiva y se sancione conforme a derecho, a los responsables del uso indebido de recursos públicos en el estado de Guanajuato durante la entrega de calentadores solares y tablets por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, en favor de candidatos del partido acción nacional.

6. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con los legisladores proponentes, en época de elecciones, la búsqueda de aspiraciones políticas debe siempre guiarse y desarrollarse en el marco del cumplimiento estricto de la Ley. En efecto, las normas electorales establecen que son obligaciones de los candidatos conducirse con respeto irrestricto la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Señalan que durante el presente periodo electoral, los candidatos a puestos de elección popular, deben exponer las mejores propuestas a los ciudadanos, para que estos cuenten con información, y así, poder ejercer un voto razonado.

Advierten que el 1 de mayo diversos medios de comunicación denunciaron que el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima Jorge Luis Preciado Rodríguez, y el partido político en mención, ofrecieron tarjetas que dan acceso a los ciudadanos para obtener recursos materiales, a cambio de los datos de su credencial de elector, estos hechos ocurrieron en Villa de Álvarez y Tecomán, Colima.

Lo anterior, a su juicio y en caso de comprobarse, representaría que se hubieran realizando gastos que rebasarían los topes de campaña establecidos por la Autoridad Electoral a nivel local, por lo que es urgente exigir que se aclare el origen y el destino de los recursos económicos y aportaciones que está realizando el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, para financiar el programa ilícito de las tarjetas.

Por otra parte, señalan que el pasado 25 de abril se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE- detuvo a dos personas en la ciudad de Tecomán y una más en Villa de Álvarez, por presuntas acciones relacionadas con la compra de votos, a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, las detenciones ocurrieron en el cruce de las calles 18 de Julio y Ocampo del centro de la ciudad de Tecomán, en donde fueron aprehendidos Clara Abarca Landa y Julio César Cobián Rincón, y Fabiola Valdovinos en Villa de Álvarez.

Refieren que ante estos hechos, el Coordinador de Delegados del CEN del PAN, Santiago Creel y el candidato del PAN a la gubernatura de Colima Jorge Luis Preciado, acudieron a la comandancia de Tecomán, para tratar de liberar a las dos personas (que también se les relaciona con el PAN) que se encontraban haciendo actos electorales ilícitos.

Por otra parte, explican que el candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado no sólo se ha destacado por este acto de ilegalidad, sino que ha estado involucrado en otros actos de tipo vergonzosos y humillantes. En mayo de 2012, el entonces Diputado Federal, Jorge Luis Preciado, fue acusado del desvío de 55 millones de pesos de la SEDESOL, para apoyar la campaña presidencial de Felipe Calderón en el 2006, este desvío consistió en organizar un padrón de beneficiados del programa de Vivienda Rural de la SEDESOL, y así teniendo el padrón son aprobados los recursos y son desviados a la campaña de Felipe Calderón.

Recuerdan que, siendo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Jorge Luis Preciado, en el febrero de 2014, con motivo del Día de la Candelaria, el Senador celebró una fiesta privada con todo y mariachis en las instalaciones del Senado de la República, en la fiesta se degustaron viandas y vinos. En diciembre de 2013 cuando se realizaba el debate de la Reforma Energética, el Senador Preciado abandonó la discusión para ver la semifinal del fútbol mexicano que se disputaban los clubes América y Toluca en el Estadio Azteca.

Del mismo modo, advierten que en agosto de 2014, se dio a conocer la noticia de que Jorge Luis Preciado adquirió cuatro predios donde se construye el hotel El Castillo de Montitlán, con un valor comercial superior a los 2 millones de pesos, los terrenos tiene una extensión total de 7 mil 500 metros cuadrados, y se ubican sobre las calles Araucaria y Parota, en la comunidad Montitlán, Municipio de Cuauhtémoc, una zona serrana cercana al Volcán de Colima.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. Se exhorta a la al Instituto Nacional Electoral para que se inicie una investigación de oficio en materia de fiscalización por el presunto reparto de tarjetas y/o monederos electrónicos a los ciudadanos para que obtengan recursos materiales a cambio de los datos de su credencial de elector, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Segundo. Al no contar con límites por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, se exhorta al INE, para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización se investigue y sancione el posible financiamiento de las de tarjetas y/o monederos electrónicos, por parte del equipo del campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Tercero. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales -FEPADE- , a que inicie una investigación por las presuntas violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se cometieron por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015.

De acuerdo con los senadores proponentes, es de presumirse que en Baja California Sur y Querétaro los candidatos a gobernador por el Partido Acción Nacional, habrían incurrido en delitos graves en materia electoral, en el contexto del proceso electoral 2014-2015.

Refieren que así lo evidencia el video difundido en redes sociales, y retomado por gran cantidad de medios de comunicación tanto locales como de alcance nacional, en el que se da cuenta de una conversación sostenida por ambos personajes, en la que el candidato de esa organización política por Querétaro, hace referencia a algún individuo cuya identidad se desconoce, al que se refiere como “kors”,que estaría entregando seis millones de pesos por cada mes hasta la finalización de la campaña política, lo que haría un total de 30 millones de pesos en aportaciones de origen desconocido; dándole a entender a su correligionario y candidato a gobernador por Baja California Sur, que un apoyo similar estaría disponible para él, por parte de ese ‘benefactor’ no identificado. 

Advierten que, más grave aún resulta el hecho derivado de dicha conversación, en el sentido de que habría un compromiso de los candidatos, una vez habiendo ganado la elección, para el pago de dichos apoyos; si bien no se aclara en la forma en que habría de realizarse dicho pago o las compensaciones que habrían de hacerse a favor del benefactor de los candidatos no identificado, en cualquier caso se infiere que seguramente estaría incurriéndose en conductas ilícitas o actos de corrupción, en detrimento de las finanzas públicas de los gobiernos de esas entidades federativas.

Exponen que, derivado de lo anterior, el día 5 de este mayo, el Secretario Jurídico y apoderado legal del Partido Revolucionario Institucional, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), contra los candidatos del Partido Acción Nacional en Querétaro y Baja California Sur, los C. C. Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis respectivamente, por el posible financiamiento ilícito para el desarrollo de sus campañas, habiendo aportado para ello como prueba de esa demanda, documentos diversos y el propio video al que se ha hecho referencia, que recoge la conversación sostenida entre ambos candidatos, que estaría mostrando el ilícito por ellos cometido y que es del amplio conocimiento de la opinión pública.

Señalan que, en congruencia con la demanda presentada, lo mismo hicieron los integrantes de los comités estatales y los representantes del CEN del Partido Revolucionario Institucional ante las instancias correspondientes en los estados de Baja California Sur y Querétaro, quienes demandaron de ellas, que se cite a quien corresponda “para que aclare si se habla de millones de pesos o millones de dólares”; y que también digan “qué les ha pedido el ‘financiero’ de esas campañas a cambio de esa cantidad millonaria”.

Por último, señalan que existen evidencias como se muestra en un audio que circula profusamente, de que el gobierno del Estado de Baja California Sur, estaría destinado recursos públicos de manera ilegal a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional, específicamente recursos para el pago de estudios demoscópicos, tal y como se establece en dicho audio, en el que por un lado el candidato y el C. Gobernador de esa entidad, hacen alusión a la encuesta a cargo de una conocida casa encuestadora.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para que, con la celeridad que el caso lo amerita, desahogue la investigación correspondiente a la demanda presentada por representantes del Partido Revolucionario Institucional, en contra de los candidatos a gobernador de los estados de Querétaro y Baja California Sur, por el presunto rebase de los topes de campaña, a partir de financiamientos de origen desconocido.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que a la brevedad se realicen, a través de su Comisión de Fiscalización, las indagatorias sobre los montos y procedencia de los recursos empleados por los candidatos a gobernador del Partido Acción Nacional de los estados de Querétaro y Baja California Sur, ya que presuntamente han excedido los montos autorizados por la ley como aportación proveniente de los particulares, y cuyo destino se desconoce.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Organismo Público Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para que investiguen el posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional y, para la aplicación en su caso, de las sanciones correspondientes.

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI y del PVEM, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de diputados del Partido MORENA y el Sen. Manuel Bartlett Díaz del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que el domingo 24 de mayo en un vuelo privado procedente de Xalapa, Veracruz se detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Mariano García González, por no poder comprobar la procedencia de 5 millones de pesos que cargaba en efectivo.

Según la información que citan los proponentes, los elementos de la División de Seguridad Regional inspeccionaron a los pasajeros de una aeronave privada procedente de Xalapa, Veracruz. Esta acción permitió a los agentes federales encontrar dentro de una maleta negra que llevaba consigo un pasajero, la cantidad de 5 millones de pesos. Sin embargo, el individuo se negó a proporcionar mayores detalles que justificarán el origen del licito de tal cantidad.

De acuerdo con el relato de los legisladores, el detenido es Mariano García González, hermano, representante y apoderado legal de Francisco García González, dueño del Grupo GarGonz que aglutina tres ingenios y es compadre de Javier Duarte de Ochoa.

Señalan que Francisco García González habría hecho aportaciones a la campaña del Gobernador Duarte Ochoa, con el que tiene un lazo de compadrazgo y por mantener en la pobreza y la miseria a los ingenios azucareros, pero tiene a la justicia estatal de su lado.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la FEPADE, a que investigue el posible origen ilegal de los 5 millones de pesos cuyo destino final serían las campañas electorales del PRI y del PVEM, motivo por el cual fue detenido Mariano García González, en el Aeropuerto Internacional de Toluca ocurrido el 24 de mayo del presente año.

9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes refieren que el entonces candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política cuidó mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata, a su dicho, de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público. Explican que manifestó en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de los medios de comunicación con las herramientas de transparencia y acceso a la información.

Refieren que se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el gobierno de Colima; y explican que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.

Explican que lo real, conforme a la investigación realizada por los medios, es que una y otra declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría -tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de pesos. En otras palabras, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad. Insisten los proponentes en que se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos cargos, una cantidad como a la que se hace referencia. 

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que se haga la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Explica el senador proponente que a la ciudadanía le interesa el buen manejo, uso y aplicación de los recursos públicos tanto de los servidores públicos, como de los partidos políticos y candidatos a elección popular; se busca una mayor rendición de cuentas bajo un buen uso y prácticas en materia de financiamiento, para ello, parte de las atribuciones del INE “es la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la ley”.

Explica que la fiscalización que realiza el INE debe asegurar que los partidos políticos destinen los recursos para tres tipos de gasto: en actividades ordinarias, de proceso electoral y de actividades especificas, con la finalidad de certificar que el origen de los recursos provengan de fuentes permitidas y conforme lo establece la norma.

En ese contexto, resalta la importancia de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos, en especial cuando existe una duda razonable de la utilización de los mismos, y continúa exponiendo que tal es el caso en el que se vio envuelto el candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, donde el pasado 25 de mayo de 2015 en algunos medios de comunicación y de notas periodísticas se hizo público un audio donde se relaciona al candidato del Partido Político de Morena C. Ricardo Monreal Ávila con C. Nestor Nuñez López, coordinador de su campaña y en el que se muestra pretensión de realizar actos de simulación para justificar los gastos de campaña del candidato. En dicho audio se expresa la situación financiera en la que se encuentra el candidato por Morena, por lo que se pretende hacer un contrato simulado, es decir, falsear información sobre los gastos de campaña:

Para acreditar lo anterior, el proponente reproduce de manera textual extractos de la conversación telefónica entre el C. Ricardo Monreal Ávila y el C. Nestor Nuñez López:

“C. Ricardo Monreal Ávila:

“Lo que me interesa mucho Néstor es lo de la situación financiera de la campaña, hay que hacer un contrato simulado, porque tiene que haber cuenta, pero yo no sé qué tanto, hay que hacerlo bien y todo”

Nestor Nuñez López:

“Ya estoy en eso doctor, ya estamos Acosta, Jazmín y yo metidos en ese tema"

Derivado de dicho audio, concluye el proponente, razones fundadas para pensar que el C. Ricardo Monreal Ávila habría rebasado el tope de los gastos de campaña para Jefe Delegacional.

Por lo anterior, se propuso:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a que en el proceso de fiscalización de los gastos de campaña del C. Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc, se revise puntualmente la legalidad de los contratos que se presenten para acreditar gastos de campaña y determine las posibles violaciones a la normatividad electoral por la simulación de contratos y consecuente engaño a las autoridades electorales.

11. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes refieren que el pasado 8 de mayo del presente año, funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, solicitaron a los colonos de dicha demarcación una copia de su credencial de elector a cambio de la entrega de despensas (11 mil apoyos). Recuerdan que por tercera ocasión y en menos de un mes nuevamente la demarcación bajo la conducción de un gobierno perredista implemento la llamada “Operación Despensa” en plena campaña electoral.

En la ocasión que exponen, el Deportivo Guelatao de la Colonia Centro, fue el sitio elegido por el personal de la Delegación para que cientos de personas recibieran hasta dos cajas de productos alimenticios, con el mensaje “recuerda que esto es gracias a la presente Administración”, refiriéndose a la hoy delegada interina de corriente perredista, Jimena Martín del Campo.

De acuerdo con información del periódico Reforma, la empresa responsable de las despensas debería entregar 11 mil 111 de éstas el 8 de mayo y otra cantidad igual el 2 de junio, una semana antes de los comicios. Y subrayan que lo relevante es que la “Operación Despensa” ha sido la constante para violentar la ley y continuar realizando actos ilegales de campaña con fines proselitistas como ha sido la entrega de despensas, mochilas y útiles escolares; aprovechándose de los programas sociales y de la pobreza que prevalece en algunas zonas de la capital del país con el único propósito de ganar votos a favor del PRD capitalino.

Detallan que de octubre de 2014 a la fecha en que presentaron el punto de acuerdo que se describe, el PRI en el Distrito Federal había presentado ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 82 quejas por actos anticipados de campaña, en su mayoría en contra del PRD.

Por lo anteriormente descrito, concluyen, resulta imprescindible que no quede impune y se castigue a quienes se valen de los beneficios de los programas sociales y de la necesidad de la gente, para obtener votos a favor de los candidatos a jefes delegacionales por el PRD en estas elecciones.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigue y en su caso sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal.

12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Explican los legisladores proponentes que en fechas previas a la elección del 7 de junio, el candidato a la gubernatura de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién había sido incongruente en su declaración de bienes patrimoniales y, por lo mismo, había sido acusado de recibir financiamiento ilícito en su campaña;

Adicionalmente, explican que en la PGR existe una averiguación previa con el número AP/PGR/QRO/QRO/VI/217/2014, en la que Francisco Domínguez Servién no había declarado si recibió recursos privados del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Del mismo modo, el ex diputado federal por el PAN, Gustavo Buenrostro interpuso una denuncia penal contra Francisco Domínguez Servién ante la PGR por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por otra parte, señalan que el pasado 4 de mayo del año en curso se difundió un audio en el que se escucha al entonces candidato, sugerir que una persona se había comprometido a aportar 6 millones de pesos a su campaña de manera mensual y que, en caso de llegar a la gubernatura, éste estaría dispuesto a retribuir tales aportaciones, aunque sin mencionar cómo.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a investigar y sancionar el presunto financiamiento ilegal de Francisco Domínguez Servién, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de Francisco Domínguez Servién, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional.

13. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los diputados proponentes señalan que en el contexto electoral, se encuentran diversas aristas que pusieron en riesgo el adecuado desarrollo de las campañas electorales, entre las que se puede identificar el incorrecto uso de los recursos públicos por parte de funcionarios federales y locales a través de los programas federales.

Ejemplo de lo anterior, continúan, son las acciones que se ven reflejadas continuamente en las zonas rurales del país, en donde se encuentra el 21 por ciento de la población mexicana, y en donde se concentra el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza.

Explican que, programas como “Cruzada Nacional contra el Hambre”, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como fundamental propósito combatir a la pobreza, cubriendo con alimentación básica a diversas comunidades del país, sin embargo, desde su implementación el pasado 21 de enero de 2013, el programa para el combate a la pobreza había sido utilizado en cada contienda electoral como una fábrica de votos.

Los proponentes señalan que la titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, desde entonces ha hecho uso de esta “nueva política” una estrategia de proselitismo y coacción del voto para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, violando de esta manera el artículo 7, párrafo séptimo, y el artículo 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Advierten que el común denominador de los discursos y los reportes sobre los avances del programa Cruzada Nacional contra el Hambre se habría dado en tiempos electorales.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por presuntas violaciones a los artículos 7, párrafo séptimo, y 11, párrafo segundo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales durante el presente proceso electoral, a través del programa Cruzada Nacional contra el Hambre.

14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del estado de Guerrero en la campaña de la candidata a gobernadora de esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Refieren los senadores proponentes que cada proceso electoral presenta una oportunidad para medir el avance en la consolidación de nuestra democracia, en donde la ciudadanía toma un papel fundamental cuando participa activamente en pleno uso de sus derechos político- electorales para elegir a sus representantes.

En ese sentido, advierten, la confianza y certidumbre que en los procesos electorales debía generar el Instituto Nacional Electoral, resultan factores cruciales que hacen deseable y precisa su coparticipación en la organización de los procesos electorales locales, fortaleciendo la complicada tarea que implica la organización electoral.

Señalan que para todos es conocido que el proceso electoral en el Estado de Guerrero, presentó signos preocupantes por todos los factores que lo rodean, razón por la cual esta Comisión Permanente no puede pasar por alto los riesgos que representan para la realización del mismo.

Del mismo modo, exponen que se habría difundido en diferentes medios de comunicación la denuncia realizada por el candidato a la gubernatura del PAN, C. Jorge Camacho Peñaloza, respecto a la posible utilización de recursos públicos del Gobierno de esa entidad para financiar la campaña de la candidata por el PRD, C. Beatriz Mojica Morga. Recuerdan que en dicha acusación se señaló que existen acusaciones de que el Gobernador Ortega financia parte de la campaña de la candidata del PRD-PT y se criticó la participación del Gobernador en un acto político partidista en Michoacán, en el que compartió templete con la candidata Beatriz Mojica.

Señalan los senadores proponentes que la Constitución y las diversas normas jurídicas establecen la conducta que deben guardar quienes ejercen un acto de autoridad frente al desarrollo del proceso electoral, por lo que el C. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador Sustituto del Estado de Guerrero, debía abstenerse de intervenir de cualquier forma en el proceso electoral, cuyo objeto sea orientar el voto de los ciudadanos a favor o en contra de candidatos o partidos políticos.

Concluyen diciendo que no se puede permitir que los recursos públicos aprobados para ser destinados a satisfacer demandas de la sociedad, se utilicen con el propósito de incidir en el sentido del voto de los ciudadanos, beneficiando a un candidato.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una investigación sobre la posible utilización de recursos públicos del Gobierno del Estado de Guerrero en la campaña de la candidata a Gobernadora de esa entidad federativa por el Partido de la Revolución Democrática, C. Beatriz Mojica Morga y, en caso de comprobarse, se adopten las medidas conducentes para cancelar el registro de su candidatura.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador sustituto del Estado de Guerrero, C. Rogelio Ortega Martínez, a abstenerse inmediatamente de entregar recursos públicos en beneficio de la C. Beatriz Mojica Morga, candidata a la gubernatura del Estado de Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática; y a no influir directa o indirectamente en el proceso electoral por realizarse el próximo 7 de junio.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador sustituto del Estado de Guerrero, C. Rogelio Ortega Martínez, a priorizar la inversión pública en esa entidad para promover el desarrollo social, crecimiento económico y prevención y combate a la inseguridad sobre el gasto corriente, comunicación social o de índole político- electoral.

15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los senadores proponentes señalan que al inicio de la actual administración municipal en Nezahualcóyotl, el entonces presidente Juan Zepeda Hernández dio a conocer la puesta en marcha el sistema denominado “Red Aurora”, mediante el cual se llevaría a cabo la distribución de despensas adultos mayores y demás programas sociales a los habitantes de la localidad.

Del mismo, advierten que se informó también que se proporcionaría asistencia médica domiciliaria a cerca del 40 por ciento de la población adulta mayor que no contaba con seguridad social, lo que representa aproximadamente 50 mil personas.

Con estos apoyos sociales se buscó ayudar principalmente a las personas de la tercera edad pues una gran parte no cuenta con una pensión que les asegure el sustento, por lo que con el programa “Despensas Dignas” se reducen las presiones económicas a las que se verían sometidos si no contaran con este apoyo y, hasta podrían evitarse enfermedades derivadas de un mala alimentación en los adultos mayores.

No obstante, señalan que el pasado mes de marzo, Juan Zepeda solicitó licencia a la Alcaldía para contender por la candidatura a una diputación local. En ese contexto, acusan que su suplente en el cargo Carlos Avilés Osorio habría corrompido la esencia del programa, pues mediante diversas amenazas ha condicionado la permanencia de los beneficiados solamente si votan por los candidatos del PRD.

Denuncian a su vez, que se detectaron más de seis bodegas en diversos puntos del municipio en las que se almacenan despensas que se continúan entregando, a pesar del mandato del Congreso local para que se suspendiera la aplicación de 40 programas sociales durante el proceso electoral.

En consecuencia, refieren que el Diputado Local del PRI por el Distrito 24 del Estado de México, Ricardo Enríquez Fuentes, denunció que el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl utilizó todo su aparato administrativo con fines electorales, ya que intimidó a la ciudadanía, se amenazó a los comerciantes, se clausuraron negocios, se repartieron despensas y se arrancó la propaganda de los adversarios políticos, sin considerar que también se condicionó la entrega o continuidad en los programas sociales a cambio del voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, señalan, también fue acreditado a partir de fotografías, que en conferencia de prensa, mostró la candidata de la coalición PRI-PVEM a diputada local por el distrito XLI, Carolina Charbel, quien denunció que los ciudadanos son forzados a entregar sus credenciales a cambio de no retirarlos del padrón de los programas sociales y darles “un apoyo” de 200 pesos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que dentro del ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione el probable desvío de recursos públicos y compra de votos para favorecer a los candidatos del PRD a diferentes cargos de elección popular en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México a fin de que lleve las investigaciones correspondientes en relación con la utilización de recursos públicos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que se abstengan de continuar realizando diversas prácticas encaminadas a la coacción del voto, en perjuicio de los pobladores del municipio.

16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Guerrero a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado, presentada por el Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Los legisladores proponentes señalan que el actual gobernador interino en Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, habría hecho del proceso electoral un asunto personal, para lo cual no ha dudado en poner la estructura de su gobierno al servicio de Beatriz Mojica Morga, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de aquella entidad.

Refieren la supuesta intervención, en la designación de candidatos, incluso en partidos diferentes al suyo; a la utilización de programas sociales para orientar el voto hacia la abanderada de su partido; a su aparición en actos de campaña del PRD; a la forma en que se está obligando a los funcionarios del gobierno estatal para que se sumen a ese apoyo con todos los recursos gubernamentales, y presionándolos para que formen grupos de compra de votos en diversas regiones del estado.

Advierten que en días previos a la elección, el periódico El Universal, publicó en su versión electrónica una conversación entre Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración con el Director General de Adquisiciones, respectivamente, en la cual el primero se queja ante su interlocutor de que Beatriz Mojica lo está presionando para que privilegie a un proveedor del gobierno del Estado. Subrayan que el referido diario también dio cuenta de otra conversación en la que Chávez Millán conversa con Nicolás Altamirano Navarrete, proveedor del gobierno estatal y operador político de Mojica, en la que el servidor público se compromete a modificar en su beneficio las bases de un concurso.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, a efecto de que proceda a la inmediata destitución de Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, como Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, para que sean investigados por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral como el desvío de recursos, y en contra del servicio público.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investiguen a Eliseo Moyao Morales y Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral, como el probable desvío de recursos públicos a la campaña de la candidata a gobernadora del PRD-PT, Beatriz Mojica Morga y en contra del servicio público.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del Estado de Guerrero, a fin de que se abstenga de intervenir y apoyar en el proceso electoral a Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT en la elección que se desarrolla en aquella entidad y a que explique sobre las acciones emprendidas para prevenir y sancionar la comisión de delitos en materia electoral por parte de sus colaboradores.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la finalidad de que, por una parte, garantice la celebración del proceso electoral que se desarrolla en aquella entidad sin vicios y de manera que la ciudadanía pueda expresar libremente su voto, y por la otra, investigue a Eliseo Moyao Morales y a Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral como el desvío de recursos, y en contra del servicio público.

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a que investigue el probable desvío de recursos públicos de Eliseo Moyao Morales y a Humberto Chávez Millán, Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Adquisiciones, respectivamente, por la probable comisión de diversos ilícitos en materia electoral y contra el servicio público.

17. con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a realizar una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el Partido Morena, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral, presentada por el Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015.

Señala el diputado proponente que las contiendas electorales habrían sido marcadas por señalamientos y declaraciones que poco ayudan al clima de equidad y estabilidad que merecían los ciudadanos.

En particular, adiverte el caso del distrito federal que, dice, ha sido gobernado por fuerzas de izquierda, sin embargo en esta elección próxima, dicha izquierda va dividida a los comicios y ha propiciado el pleito público entre dos partidos políticos conocidos en la capital.

Refiere que en fechas anteriores a la jornada electoral, se habría difundido en los medios electrónicos, una grabación telefónica del candidato a delegado a Cuauhtémoc por el partido MORENA. En dicha conversación se escucha, supuestamente, al personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador conversar con Néstor Nuñez, aspirante de MORENA a diputado local por el distrito 9.

El proponente advierte que, al parecer se trata de Ricardo Monreal, que indica que hay que hacer un contrato simulado, y el cual será utilizado para mupis y bardas, para “equilibrar la situación financiera de la campaña”. La grabación, comenta, estuvo circulando en la red social YouTube y al ponerla al micrófono se escucha a quien ubican como Monreal en momentos donde le dice a Nuñez: “lo que me interesa mucho, Doctor, es la situación financiera de la campaña; hay que hacer un contrato simulado porque tiene que haber cuentas y no sé cuántas cosas…”. La respuesta de Nuñez (hijo de Arturo Nuñez, Gobernador de Tabasco) es la siguiente: “ya, ya estoy en eso, ya estamos Acosta, Jazmín y yo metidos en ese tema…le voy a presentar una nota (…) ya incluso estamos platicando con algunos otros candidatos más el tema de prorrateo, con los topes que tenemos…”

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a efecto de que realicen una investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el partido MORENA, sobre supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral.

18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

La senadora señala que el pasado proceso electoral en México enfrentó diversos retos que lo colocaron en una situación de especial relevancia para la vida política inmediata futura.

Por un lado, dice, nos enfrentamos a una crisis en materia de derechos humanos evidenciada con las graves violaciones que se han cometido en los meses recientes y que han llamado la atención de la comunidad internacional; y por otro, nos enfrentamos al descrédito, la falta de confianza y de credibilidad que buena parte de la sociedad tiene en relación a los partidos políticos y al sistema electoral en su conjunto.

Refiere que a lo anterior, se debió adicionar que el proceso se vio inmerso en un clima de violencia y debilidad de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, que ha colocado a las y los candidatos a puestos de elección popular en una situación de riesgo desproporcionado e intolerable.

Advierte que los actores políticos fueron los más expuestos a padecer las agresiones criminales de la delincuencia organizada, como lo muestran los asesinatos de tres candidatos y dos precandidatos a puestos de elección popular: en febrero, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal, en el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; en marzo, Aidé Nava González, precandidata del mismo PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero; en mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán; Héctor López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, y Jehová de la Cruz Gallegos, líder del PRD en Juchitán, Oaxaca.

A dichos homicidios, agrega, se sumaron las agresiones sufridas en Guerrero, como las amenazas realizadas por un grupo armado al candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto; el secuestro de la candidata a diputada por el PRD, Silvia Romero; así como la reciente dimisión de la candidata a la alcaldía de Acatepec por Morena, Valentina Rosendo Cantú, después de ser amenazada.

Adicionalmente, el día 21 de mayo, sujetos desconocidos lanzaron granadas en las instalaciones del Instituto Nacional electoral y de la Policía Federal en Matamoros, Tamaulipas. Es importante mencionar que este hecho, ocurrió el mismo día de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad federativa.

Por otra parte, señala que el día viernes 23 de mayo, integrantes del equipo de campaña del candidato a gobernador del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados en Coyuquilla, municipio de Petatlán, resultando ilesos debido a que la camioneta en la que viajaban estaba blindada.

Por ello, concluye, atendiendo a que se trata de delitos graves cometidos en contra de candidatas y candidatos de todas las expresiones políticas acaecidos en distintas partes del país, resulta fundamental que la autoridad investigadora analice todos y cada uno de estos hechos de manera integral y no sólo como hechos aislados, que formule una hipótesis en donde algunos de estos hechos pudiera tener relación entre sí o que incluso pudieran haber sido perpetrados por los mismo grupos criminales.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerza su facultad de atracción a fin de realizar una investigación integral de todos los homicidios, secuestros, ataques, amenazas y actos de intimidación perpetrados en contra de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en el actual proceso electoral con la finalidad de identificar la posible intromisión de algunos grupos delincuenciales en estos hechos, analizando de manera integral y no aislada todos y cada uno de los actos delictivos que han tenido conocimiento las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas.

19. Proposición con punto de acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes refieren que el pasado 20 de mayo del año en curso, el sitio web www.marinor.com.mx, sitio especializado en marketing político y comunicación, evidenció una serie de irregularidades, desvíos de recursos, creación de empresas fantasmas, asignaciones y negocios por más de 196 millones de pesos, por parte de la Alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Norma Leticia Salazar Vázquez, militante del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con lo suscrito por los legisladores, dicho sitio de internet, cuenta con documentación en su poder, la cual comprueba que la funcionaria junto con su operador financiero Luis Alfredo Biasi, han creado más de 30 empresas que al investigarse su ubicación e infraestructura, se ha demostrado que se trata de predios baldíos o bien bodegas abandonadas en donde no hay ningún trabajador.

Resaltan que Luis Alfredo Biasiposee negocios de logística aduanal y, de acuerdo al sitio web, www.luisbiasi.com, es el propietario del “Grupo Corporativo Aduanero Alpha”. Esta persona fue designada por Leticia Salazar como Director de Desarrollo Social del Municipio de Matamoros, y el 20 de diciembre de 2014, y ahora se encuentra detenido por la Procuraduría General de la República, señalado como presunto responsable del delito de evasión fiscal.

Por otra parte, exponen que el día 25 de mayo del año en curso, el periódico Excelsior, publicó en su página de internet la nota denominada “Dan millones a empresas fachada; contratos en Matamoros”, dicha publicación refiere, que Leticia Salazar Vázquez ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes, entre 2014 y lo que va de 2015.

Señalan que la alcaldesa de Matamoros autorizó a 30 empresas dinero de los presupuestos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fismun) del Ramo 33; del de Contingencias Económicas, correspondiente al Programa del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas; del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (Fopedarie); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun); Hábitat y Rescate de Espacios Públicos (Sedatu) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

La investigación periodística, a la que hacen mención los proponentes, señala que con una copia del Refrendo del Padrón de Contratista 2015, elaborado por la Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas, se hizo un recorrido por algunos de los domicilios fiscales registrados por varias de las empresas y constató que los inmuebles no corresponden con los de empresas de construcción acreditadas para obtener obra pública.

Por lo anterior, los legisladores proponen solicitar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada realice una investigación pormenorizada con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes a fin de sancionar a los probables responsables en torno al presunto desvío de los recursos federales destinados al municipio de Matamoros, Tamaulipas en materia de programas sociales, rurales y culturales.

Adicionalmente, comentan que el padre de Norma Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, el señor Ramiro Salazar Rodríguez, y Luis Alfredo Biasi Serrano, tío del exdirector de Desarrollo Social de ese municipio, Luis Alfredo Biasi, arrestado por evasión fiscal y luego liberado bajo fianza, fueron postulados por el Partido Acción Nacional como candidatos propietario y suplente respectivamente por el IV distrito para contender por una diputación federal el pasado 7 de junio.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada y en el marco de sus atribuciones realice una investigación pormenorizada con la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, sobre el presunto desvío de recursos públicos federales destinados al municipio de Matamoros, Tamaulipas, cometido presuntamente por la Presidenta Municipal Norma Leticia Salazar Vázquez y, de ser comprobado, se apliquen las sanciones correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una revisión exhaustiva sobre el origen y el posible rebase del tope de gastos de campaña de Ramiro Salazar Rodríguez y Luis Alfredo Biasi Serrano, candidatos propietario y suplente por el Partido Acción Nacional respectivamente para una diputación federal por Matamoros, con el objeto de determinar si el presunto desvío de recursos públicos del municipio de Matamoros, Tamaulipas, tiene como finalidad el financiamiento de la campaña de los candidatos en mención.

20. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FEPADE para que se realice una investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el Municipio de Nezahualcoyotl, a cargo del Gobierno Municipal, para favorecer a candidatos del PRD, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los senadores proponentes señalan que al inicio de la actual administración municipal en Nezahualcóyotl, el entonces presidente Juan Zepeda Hernández dio a conocer la puesta en marcha el sistema denominado “Red Aurora”, mediante el cual se llevaría a cabo la distribución de despensas adultos mayores y demás programas sociales a los habitantes de la localidad.

Del mismo, advierten que se informó también que se proporcionaría asistencia médica domiciliaria a cerca del 40 por ciento de la población adulta mayor que no contaba con seguridad social, lo que representa aproximadamente 50 mil personas.

Con estos apoyos sociales se buscó ayudar principalmente a las personas de la tercera edad pues una gran parte no cuenta con una pensión que les asegure el sustento, por lo que con el programa “Despensas Dignas” se reducen las presiones económicas a las que se verían sometidos si no contaran con este apoyo y, hasta podrían evitarse enfermedades derivadas de un mala alimentación en los adultos mayores.

No obstante, señalan que el pasado mes de marzo, Juan Zepeda solicitó licencia a la Alcaldía para contender por la candidatura a una diputación local. En ese contexto, acusan que su suplente en el cargo Carlos Avilés Osorio habría corrompido la esencia del programa, pues mediante diversas amenazas ha condicionado la permanencia de los beneficiados solamente si votan por los candidatos del PRD.

Denuncian a su vez, que se detectaron más de seis bodegas en diversos puntos del municipio en las que se almacenan despensas que se continúan entregando, a pesar del mandato del Congreso local para que se suspendiera la aplicación de 40 programas sociales durante el proceso electoral.

En consecuencia, refieren que el Diputado Local del PRI por el Distrito 24 del Estado de México, Ricardo Enríquez Fuentes, denunció que el gobierno municipal de Ciudad Nezahualcóyotl utilizó todo su aparato administrativo con fines electorales, ya que intimidó a la ciudadanía, se amenazó a los comerciantes, se clausuraron negocios, se repartieron despensas y se arrancó la propaganda de los adversarios políticos, sin considerar que también se condicionó la entrega o continuidad en los programas sociales a cambio del voto por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, señalan, también fue acreditado a partir de fotografías, que en conferencia de prensa, mostró la candidata de la coalición PRI-PVEM a diputada local por el distrito XLI, Carolina Charbel, quien denunció que los ciudadanos son forzados a entregar sus credenciales a cambio de no retirarlos del padrón de los programas sociales y darles “un apoyo” de 200 pesos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que dentro del ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione el probable desvío de recursos públicos y compra de votos para favorecer a los candidatos del PRD a diferentes cargos de elección popular en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México a fin de que lleve las investigaciones correspondientes en relación con la utilización de recursos públicos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que se abstengan de continuar realizando diversas prácticas encaminadas a la coacción del voto, en perjuicio de los pobladores del municipio.

21. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del Director General de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes señalan que el día 26 de mayo, el periódico El Universal evidenció en una llamada telefónica al secretario de Finanzas y Administración del estado, Eliseo Moyao Morales, en la que se queja con Humberto Chávez Millán, director general de Adquisiciones, de que Mojica lo está presionando para privilegiar a uno de sus proveedores de campaña.

Del mismo modo, advierten que en la misma grabación, se menciona el nombre de Giovanny Gil Ramos, yerno del gobernador Rogelio Ortega, y parte de la triangulación de recursos económicos y bienes públicos para presuntamente beneficiar ilegalmente a la candidata del PRD.

Por ello, señala, este hecho ilegal y presunto acto de corrupción y desvío de recursos para beneficiar la campaña de Mojica, la fracción parlamentaria de diputados del PRI en el Congreso del Estado, señaló en un comunicado que valora la posibilidad de interponer juicio político en contra del gobernador de Guerrero, lo anterior dicho por la vocera priista Erika Lürhs Cortés.

Por otra parte, refieren que el pasado jueves 28 de mayo tras la divulgación de la conversación telefónica los diputados del PRI, PVEM, PAN, Panal y MC en la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobaron la propuesta presentada por la comisión de Gobierno para pedir al gobernador Rogelio Ortega Martínez la destitución del secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao, así como del director general de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán, para que sean investigados por la probable comisión de delitos electorales y desvío de recursos.

En este contexto, exponen que el representante general del CEN del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, también solicitó a este órgano que exhorte enérgicamente al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, para que deje de intervenir en favor del PRD con la abierta participación ilegal de funcionarios públicos, utilizando recursos del erario, con un apoyo a la candidata perredista a la gubernatura.

Concluyen que lamentablemente con este tipo de acciones, lejos de que la ciudadanía perciba a un gobernador atento a las necesidades de su estado, solo se observa un jefe de campaña política que utilizó los recursos públicos para favorecer con votos la candidatura Beatriz Mojica Morga.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del Gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del director general de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y en su caso sean separados del cargo, aplicando las responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria General del Estado de Guerrero, inicie una investigación exhaustiva a la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez por el posible desvío de recursos federales a favor de la candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero e imponer en su caso las sanciones administrativas correspondientes.

22. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los Senadores inician su exposición señalando que una de las motivaciones principales que dieron lugar a la reforma electoral promulgada en mayo de 2014, consistió en asegurar una equidad que dotara a los comicios de la necesaria legitimidad, como lo había venido exigiendo la sociedad mexicana, luego de diversas inconformidades manifestadas en el proceso electoral de 2012.

No obstante, advierten que en las diferentes campañas políticas que arrancaron en el mes de febrero, no han sido pocos los ilícitos relacionados con la opacidad en el origen de los recursos, el rebase de los montos autorizados por la ley, o la exigencia de cuotas o aportaciones al margen de ella para el financiamiento de esos procesos, de parte del Partido Acción Nacional.

En efecto, señalan entre muchos otros casos el de Armando Tejeda Cid, entonces candidato del PAN a presidente Municipal por el Municipio de Sahuayo en el Estado de Michoacán quien, fungiendo todavía como tesorero de ese municipio, condicionó la asignación de un contrato para la construcción de dos obras, a la ‘donación’ de un diez por ciento del valor en su favor, para ser utilizado en su campaña política, ante la inminencia de su postulación como candidato a esa alcaldía, sin que hasta hoy se sepa lo que habría ofrecido a cambio al contratista, una vez en la presidencia del municipio.

Lo anterior, advierten, se inscribe en los denominados “moches” en los que a menudo ha incurrido el PAN en diferentes ocasiones, tornándose ello más grave en este caso, por tratarse de dineros para ser utilizados en campañas políticas.

Tal porcentaje, de acuerdo con varios audios que se dieron a conocer en las redes sociales y, que de manera anónima se hicieron llegar al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (CDEPRI), equivalían a 784 mil pesos, cantidad que por sí sola rebasaba el tope de gastos de campaña establecidos por la ley; y aprobados por las instancias electorales del estado.

Refieren que, de tales hechos, existen sendas denuncias, levantadas tanto en la Procuraduría de Justicia del Estado, como ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República.

Es de señalarse que la denuncia referida no se debió solo al supuesto incumplimiento de un contrato, sino que también la inició el contratista, por la intimidación que sufrió de parte del hoy candidato, por lo que debe penalizarse a éste, por amenazas, de manera adicional a los delitos de rebase de tope de recursos y del origen ilícito de éstos.

Comentan que a esos supuestos delitos tendría que sumarse la falta por desacato a la autoridad, por haber hecho caso omiso del llamado de la Procuraduría estatal para declarar en relación con esa denuncia.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, a presentar a la brevedad ante esta soberanía, los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción Nacional al Municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le señalan; a efecto de promover, en su caso, las sanciones penales correspondientes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, a que investiguen de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente habrían incurrido el Presidente Municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo y promover, en su caso, las sanciones penales correspondientes.

23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015.

Los proponentes relatan que en fechas anteriores a la celebración de la jornada electoral el pasado 7 de junio, el Partido Acción Nacional, habría presentado diversas denuncias penales, y administrativas ante las autoridades competentes, en contra de actos de corrupción de las cuales, no existen avances en las investigaciones o sanciones por parte de la PGR ni de la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con los legisladores, existen al menos las siguientes denuncias y acusaciones formales: 13 denuncias ante la FEPADE; 6 ante la PGR; 5 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública; 5 denuncias ante la unidad de fiscalización del INE, y 21 procedimientos administrativos para la destitución e inhabilitación de funcionarios.

Los legisladores señalan que es necesaria la resolución de las denuncias anteriores para garantizar la equidad en las contiendas electorales y su omisión constituye una violación flagrante a las garantías de acceso a la justicia contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A menos de una semana de los comicios, no se ha dado resolución a ninguna de las denuncias descritas.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónexhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, de la federación y de los Estados, así como al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, para que en el ámbito de sus competencias, en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, garanticen la legalidad y la seguridad del proceso electoral.

24. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

De conformidad con las consideraciones de los senadores, el proceso electoral de Sonora se desarrolló en condiciones preocupantes que pusieron en riesgo principios fundamentales como la equidad y la ilegalidad que deben imperar en un Estado democrático de derecho. Refieren que el gobierno de la entidad no sólo se empeñó en hacer de los comicios una auténtica elección de Estado, sino que la autoridad electoral fue omisa en sus respuestas para evitar la injerencia indebida del gobernador, Guillermo Padrés Elías y su gabinete.

En consecuencia, establecen que no existió confianza en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, al punto de que una comisión de consejeros del Instituto Nacional Electoral, tuvo que viajar a la entidad para verificar las condiciones bajos las cuales se desenvuelve el proceso electoral local.

Detallan que a las diversas irregularidades, se sumó la aparición de documentación electoral alterada que beneficia al candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Javier Gándara Magaña, en prácticas deleznables que se habían considerado rebasadas, pero que muestran su plena vigencia.

Sobre el particular, comentan que el viernes 29 de mayo del año en curso fueron localizadas cerca de mil boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN, en un domicilio ubicado en la calle Monte Shanik no. 164, en Mexicali, Baja California. Lo anterior constituye un fragrante delito electoral que debe investigarse y sancionarse, sin importar quienes sean los responsables.

En consecuencia, consideran indispensable que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y sancionar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a reforzar su despliegue territorial en los estados de Caja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora.

25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes refieren que la compra de votos, por sí misma, es una práctica ilegal y reprobable ya que viola la libertad de sufragio, es decir, no permite que el voto de los ciudadanos se emita con base en la reflexión sobre la oferta política que más conviene a la colectividad. Solicitar votos por paga, promesa de paga u otra contraprestación con recursos de origen inexplicable es ilegal, reprobable y totalmente deleznable.

En ese sentido, señalan que hubo algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana. Y advierten como caso emblemático de esa situación, el del ex candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales.

Denuncian que, se trata, al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.

Detallan que, con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.

Advierten que diversos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…”. Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido.

Señalan que estas inconformidades fueron ratificadas y ampliadas el 16 de mayo por el ex Procurador del estado de Colima, Gilberto García Nava, a partir de una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que con base en los artículos 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se investigue el presunto enriquecimiento inexplicable de Jorge Luis Preciado Rodríguez y también solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue si posee cuentas bancarias en el país o en el extranjero, además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise si Preciado Rodríguez ha realizado sus declaraciones fiscales.

Por lo anterio, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que informe a ésta soberanía sobre la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y concluya las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise el estado de las declaraciones fiscales 2006-2015 del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales a que, a través del Ministerio Público, procedan de oficio con el inicio de las investigaciones y sanciones penales contra el candidato del PAN a la gubernatura de Colima por la coacción y compra del voto con las tarjetas del programa panista “Vengan esos 5”.

26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legitimidad y legalidad al reciente proceso electoral, presentada por la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

La Senadora proponente explica que la historia de la construcción de la democracia del México contemporáneo, ha transitado por una evolución política, ciudadana e institucional, que hoy por hoy nos permite tener un país plural, donde la alternancia se vuelve un común denominador en nuestro sistema político.

Refiere que a partir de la creación del IFE y las reformas en materia política-electoral de 1993, 1994, 1996, 2007 y la reciente del 2014, que crea el Instituto Nacional Electoral, la ruta democrática emprendida, nos da claridad de su fortaleza e imparcialidad para garantizar elecciones transparentes con estricto apego a la legalidad.

Por otra parte, advierte que las elecciones pasadas del 7 de junio de los corrientes son prueba de lo anterior, el despliegue del INE permitió elegir de manera oportuna y ordenada, a más de 2, 000 cargos de elección popular a nivel federal y local. Este proceso comicial puso a prueba las 74 nuevas atribuciones que otorgamos al órgano electoral, y podemos aseverar es la elección más fiscalizada de la historia, pues los partidos políticos tenían la obligación de reflejar toda su contabilidad en un sistema informático que permite ordenar los ingresos y gastos en tiempo real y emitir las alertas correspondientes para detonar y, en su caso, aplicar procedimientos sancionadores.

Desgraciadamente, señala, también existen muchos vicios y malas prácticas que se volvieron una constante en las pasadas elecciones: La intervención de llamadas telefónicas, el rebase de los topes de gastos de campaña, la coacción del voto, la violación de las leyes electorales, son elementos que no pueden dejarse pasar y es necesario que los órganos encargados de garantizar la legalidad de los comicios tomen cartas en el asunto.

Expone que se ha documentado que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió más 300 denuncias en las primeras horas de las elecciones, que se suman a las más de 5, 000 mil averiguaciones previas en trámite, que se presentaron en las etapas anteriores al proceso electoral. En este tenor, dado el nivel de competencia política y de resultados, en algunos casos muy cerrados, esperaremos una serie de impugnaciones, que conforme a derecho tienen los ciudadanos y los partidos políticos, por lo que el trabajo pronto y expedito que realicen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, será determinante la certidumbre, la legalidad y la legitimidad del reciente proceso electoral.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Único. La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral.

27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes señalan que el pasado viernes 5 de junio, el noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva y trasmitido por Radio Fórmula, dio a conocer una grabación en la que se evidencia a la candidata del PRD a la diputación local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero, ofreciendo sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y andaderas para ancianos, en un acto de campaña celebrado dos días antes en el mercado Cuilapa, ubicado en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la delegación Iztapalapa.

Relatan que de acuerdo con la grabación dada a conocer por el programa radiofónico, los aparatos para apoyar a personas con discapacidad, serían entregados directamente en el domicilio de los ‘beneficiarios’, previo registro con la credencial de elector de los interesados. Por si fuera poco, la propia candidata afirma que los apoyos son financiados por el Gobierno del Distrito Federal; al dar la siguiente explicación del por qué debe de presentarse la credencial para votar: "Tiene que ser de aquí porque se baja del gobierno de la ciudad el apoyo y obviamente el requisito es que vivan en la ciudad, ya olvídate de Iztapalapa, con que vivieran en la ciudad, en otra delegación…"

Advierten que este hecho, constituye un claro ejemplo de la compra y coacción del voto que ensució al proceso electoral en el Distrito Federal, prácticas que se aprovechan de las necesidades de la población y disminuyen la calidad democrática de los comicios.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa, por parte de la candidata del PRD a diputada local por el distrito XXI, Francis Pirín Cigarrero.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal investigar el posible desvío de recursos para la compra y coacción del voto en el distrito XXI, derivado del ofrecimiento de apoyo a personas con discapacidad por parte de la candidata del PRD a diputada local, Francis Pirín Cigarrero.

28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero, el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del excandidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015.

Los Senadores proponentes refieren que la compra de votos, por sí misma, es una práctica ilegal y reprobable ya que viola la libertad de sufragio, es decir, no permite que el voto de los ciudadanos se emita con base en la reflexión sobre la oferta política que más conviene a la colectividad. Solicitar votos por paga, promesa de paga u otra contraprestación con recursos de origen inexplicable es ilegal, reprobable y totalmente deleznable.

En ese sentido, señalan que hubo algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con engañifas la confianza ciudadana. Y advierten como caso emblemático de esa situación, el del ex candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales.

Denuncian que, se trata, al parecer de un caso típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público.

Detallan que, con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la República.

Advierten que diversos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…”. Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido.

Señalan que estas inconformidades fueron ratificadas y ampliadas el 16 de mayo por el ex Procurador del estado de Colima, Gilberto García Nava, a partir de una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que con base en los artículos 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se investigue el presunto enriquecimiento inexplicable de Jorge Luis Preciado Rodríguez y también solicitó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue si posee cuentas bancarias en el país o en el extranjero, además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revise si Preciado Rodríguez ha realizado sus declaraciones fiscales.

Por otra parte, y aunado al tema señalan que a finales del mes de abril, se dio a conocer la noticia sobre la detención en por autoridades del estado de Colima, de a tres personas como probables responsables de realizar acciones relacionadas con la compra de votos a favor del excandidato del PAN a la gubernatura Jorge Luis Preciado Rodríguez, los hechos ocurrieron en la ciudad de Tecomán y Villa de Álvarez. Estos presuntos implicados se identificaron como Clara Abarca Landa y Julio César Cobián Rincón, quienes según la dependencia fueron detenidos en flagrante delito cuando ofrecían a la gente tarjetas electrónicas con diversos beneficios a cambio de que los ciudadanos comprometieran el voto de cinco personas a favor del panista, bajo promesa de que una vez que éste ganara la elección, les harán efectivos los apoyos.

Estos hechos fueron atestiguados por una persona, quien de inmediato reportó los hechos a los elementos de Policía Estatal, y estos corroboraron la denuncia al entrevistarse con un ciudadano que recibió de los hoy detenidos una tarjeta cuando le solicitaron su voto y el de otras personas a favor del excandidato del PAN al gobierno del estado, con la promesa de que les entregarían despensas y otros beneficios. Al momento de la detención les fueron asegurados documentos con la imagen de dicho candidato y las tarjetas de referencia.

Los proponentes exponen que con lo que se ha señalado existen elementos suficientes para que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados por el excandidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.

Por lo anterior, se propuso lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, para que informe a ésta soberanía sobre la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y concluya las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise el estado de las declaraciones fiscales 2006-2015 del excandidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima para efectos de proveer información a las autoridades judiciales, electorales y de fiscalización;

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales a que, a través del Ministerio Público, procedan de oficio con el inicio de las investigaciones y sanciones penales contra el excandidato del PAN a la gubernatura de Colima por la coacción y compra del voto con las tarjetas del programa panista “Vengan esos 5”.

III. CONSIDERACIONES

DICTAMEN CONJUNTO

Esta Comisión Dictaminadora advierte que, si bien las 28 proposiciones con puntos de acuerdo que en este acto se analizan, se refieren una serie considerable de hechos de diversa índole y se fundan en distintos instrumentos legales, existen una cúmulo de elementos coincidentes, jurídicamente relevantes, tal que permiten su estudio en el mismo acto y la elaboración de un solo dictamen que recoja las preocupaciones y propuestas de las y los legisladores proponentes.

En efecto, tal como se desprende de la relación y síntesis detallada en la sección II de este dictamen, las proposiciones muestran contenidos análogos e, incluso, en muchos casos plenamente coincidentes en los hechos que refieren y sustancialmente similares en las propuestas presentadas. Se detallan las coincidencias que favorecen esta interpretación:

1. A raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, así como de la expedición, el 23 de mayo de 2014, de las leyes generales de delitos electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos; y las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adecuaron las reglas e instituciones electorales con la finalidad de homologar la calidad de la democracia a lo largo de todo el territorio nacional. 

2. En consecuencia, las reglas aplicables a los diversos procesos que se sancionan en toda la República, sea a nivel federal o a nivel local, serán esencialmente compatibles, ya que en la distribución competencial, bajo el principio del federalismo de ejecución, las disposiciones locales que se dicten, deben respetar los postulados, tanto de la Constitución Política como las especificaciones hechas en las leyes generales que aprobaron con oportunidad ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

3. Las 28 proposiciones con punto de acuerdo que se describen, versan sobre el proceso electoral 2014-2015 y, en particular, a los actos previos a la jornada electoral celebrada el día 7 de junio de 2015.

4. El objetivo de todas y cada una de las proposiciones con punto de acuerdo es la salvaguarda de los principios constitucionales que debe regir la actuación del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las diversas Entidades Federativas, en el desarrollo del proceso electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Estos principios se encuentran contenidos en el apartado A, de la fracción V, del artículo 41 constitucional.

5. En el mismo sentido, las propuestas persiguen la garantía y el respeto irrestricto al sufragio universal, libre, secreto y directo, que ordena tutelar nuestra Constitución Política en el párrafo segundo de la fracción I del citado artículo 41; así como la protección del principio de equidad en la contienda electoral.

6. Las propuestas presentadas tienen como finalidad inmediata, en el contexto del desarrollo del proceso electoral, llamar al ejercicio de las atribuciones propias de diversas autoridades, en atención a la protección de los derechos y los principios referidos en los dos puntos anteriores.

7. Las autoridades que conocen, o que son potencialmente competentes para conocer de los hechos referidos en las propuestas, sea por su obligada actuación de oficio o por su atención a instancia de parte, son: (i) el Instituto Nacional Electoral (INE), como órgano constitucional autónomo encargado de la función estatal de organización de las elecciones y (ii) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Materia Electoral (FEPADE), como organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

8. En particular, de acuerdo con la fracción I, del artículo 24, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la FEPADE cuenta con la atribución de desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en la misma Ley.

SÍNTESIS DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Si bien el contenido de las proposiciones que se dictaminan se ha detallado en la sección II superior, para facilitar su comprensión y ubicación las mismas se pueden clasificar en el siguiente cuadro:

 

Proponente

Partido Político

Elección sobre la que versa la propuesta

Autoridad que propone exhortar

  •  

Dip. Alejandro Rangel Segovia

PRI

Querétaro
(gubernatura)

Baja California Sur
(gubernatura)

FEPADE

  •  

Diversos diputados

PRI

Baja California Sur
(gubernatura)

FEPADE
INE
OPLE – BCS

  •  

Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero

PRI

Michoacán
(gubernatura)

FEPADE

  •  

Dip. Roberto Ruiz Moronatti

PRI

Querétaro
(gubernatura)

PGR
INE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Guanajuato

FEPADE
INE
OPLE – Gto.

  •  

Diversos Senadores

PRI

Colima
(gubernatura)

INE
SHCP

  •  

Diversos Senadores

PRI

Querétaro
(gubernatura)

Baja California Sur
(gubernatura)

FEPADE
OPLE – BCS

  •  

Sen. Manuel Bartlett Díaz

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara

PT
MORENA

General

FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Colima
(gubernatura)

PGR
FEPADE
INE

  •  

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez

PVEM

Delegación Cuauhtémoc

INE

  •  

Diversos Senadores

PRI

DF

INE
FEPADE

  •  

Diversos Diputados

PRI

Querétaro
(gubernatura)

INE
SHCP

  •  

Diversos Diputados

PAN

General

INE
FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Guerrero
(gubernatura)

FEPADE
INE
Gobernador sustituto de Guerrero

  •  

Diversos Senadores

PRI

Municipio de Nezahualcoyotl (diversos cargos)

FEPADE
OPLE – Mex
Municipio Nezahualcoyotl

  •  

Sen. René Juárez Cisneros
Dip. Manuel Añorve Baños

PRI

Guerrero
(gubernatura)

Gobernador de Guerrero
FEPADE
SFP
OPLE – Gro.
INE

  •  

Dip. Roberto Ruíz Moronatti

PRI

Delegación Cuauhtémoc

FEPADE
INE

  •  

Sen. Dolores Padierna Luna

PRD

General

PGR

  •  

Diversos Senadores

PRI

Tamaulipas

SHCP
PGR
SEDESOL
SEDATU
CONACULTA
INE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Municipio de Nezahualcoyotl

FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Guerrero
(gubernatura)

FEPADE
Auditoría Gral. de Gro.

  •  

Diversos Senadores

PRI

Michoacán
(gubernatura)

PGJ – Mich.
FEPADE

  •  

Diversos Legisladores

PAN

General

FEPADE
SFP
INE
OPLES

  •  

Diversos Senadores

PRI

Sonora
(gubernatura)

FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Colima
(gubernatura)

FEPADE
INE
CNBV
SHCP – SAT

  •  

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi

PRI

General

TFE – PJF
FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Delegación Iztapalapa

FEPADE

  •  

Diversos Senadores

PRI

Colima
(gubernatura)

FEPADE
CNBV
SHCP – SAT

FACULTADES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

De acuerdo con el marco normativo vigente para el proceso electoral que se encuentra en una etapa conclusiva, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal, así como los diversos contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de acuerdo a los criterios que se fijen, conforme a la coordinación prevista en la misma ley.

En ese contexto, los delitos electorales son las conductas descritas y sancionadas por la Ley General en Materia de Delitos Electorales que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral federal.

Los delitos electorales federales están previstos y sancionados del artículo 7 al 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que, en obvio de repeticiones, se tienen aquí por reproducidos.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4 del mismo instrumento normativo el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.

Por su parte, el artículo 5 establece que:

tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

El bien jurídico que se tutela, es el adecuado desarrollo de la función pública electoral y es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.

En ese contexto, vemos que por disposición legal, siempre que la autoridad tuviera conocimiento de la posible comisión del algún delito en la materia, es imperativa su actuación en aras de la alta responsabilidad que se le ha conferido.

Por ello, las proposiciones con punto de acuerdo referidas, multicitadas y descritas con anterioridad, deben ser investigadas siempre que la autoridad hubiese conocido con oportunidad de lo hechos que se describen. En otras palabras, la actuación de la FEPADE es debida, si y solo si, existen elementos que hagan suponer la posible comisión de un delito electoral y la probable responsabilidad del agente, aun si no hubiese mediado denuncia de parte agraviada.

FACULTADES DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal.

En materia de fiscalización, tema altamente recurrido en las proposiciones analizadas encontramos que se establece a favor del INE diversas obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen los partidos durante las campañas, con la finalidad de fortalecer sus competencias en materia de transparencia y lograr la equidad en las contiendas.

En ese contexto, con la reforma constitucional y legal publicadas entre febrero y mayo de 2014, ahora el INE se encargará de fiscalizar los recursos de los partidos políticos no sólo a nivel federal, sino también a nivel local.

En el mismo sentido, por disposición legal, el INE debe generar resultados más oportunos y realizar la fiscalización de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no hasta que concluyan.

En ese sentido, valga transcribir algunas disposiciones de relevancia toral, dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los casos que se estudian:

Artículo 32.

1. El Instituto [Nacional Electoral] tendrá las siguientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Artículo 190.

1. …

2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.

3. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la unidad técnica de fiscalización, que será el conducto para superar la limitación referida, incluso en el caso de que el Instituto delegue esta función.

Artículo 191.

1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:

a) - f) …

g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, y

Artículo 196.

1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

Artículo 199.

1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:

a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;

b)…;

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;

d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;

e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;

g) …;

h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;

i) …;

j) En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública;

k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;

l) …;

m) …;

n) …;

ñ) …, y

o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

Artículo 200.

1. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.

Artículo 439.

1. En materia de fiscalización de recursos, el Instituto podrá convenir mecanismos de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita

De las anteriores disposiciones transcritas, se desprende que el Instituto Nacional Electoral cuenta con las atribuciones necesarias y suficientes para realizar la fiscalización de los recursos de Partidos Políticos y candidatos, en el contexto de las diversas propuestas que se detallan líneas arriba.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre las proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de que hubiera tenido conocimiento, y que pudieran ser constitutivos de un delito electoral, en el contexto del proceso electoral 2014-2015 y remita informe de los resultados a esta Soberanía.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, en el contexto del proceso electoral 2014-2015, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La lista de los delitos electorales de este proceso es bastante larga. Votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley, hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto, obstaculizar o interferir dolosamente en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo; el traslado y la entrega de los paquetes y la documentación electoral, recoger credenciales para votar de los ciudadanos, solicitar pagos por los votos, solicitar votos por paga, dádivas, promesas de dinero, recompensas durante las campañas electorales o la jornada electoral, son ilícitos que no sólo transgreden la normatividad en materia electoral, sino que lastiman y laceran a nuestra endeble democracia.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del reporte de incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa 2012-2015, en materia de delitos electorales, tenemos que en el 2012 se cometieron 3 mil 112 delitos en materia electoral; en el año 2013 fueron mil 952; en 2014 hubo dos mil 14, y en este 2015, de enero a mayo se registraron 941.

No obstante datos de la FEPADE señalan que se iniciaron 146 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos durante la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio.

Esta cifra no es menor, muestra cómo se dispararon los delitos electorales en comparación con las 62 averiguaciones que la FEPADE abrió en todo el país durante los comicios federales del 1 de julio de 2012.

Otro indicador que evidencia el incremento desorbitante de la incidencia delictiva durante la pasada jornada electoral, es el creciente número de denuncias que se presentaron.

La FEPADE informó que el 7 de junio se levantaron mil 136 actas por posibles hechos constitutivos de delitos, un incremento del 87 por ciento en comparación con las 605 actas que se abrieron en la votación de hace tres años.

También en los pasados comicios, la FEPADE reportó la recepción de mil 163 llamadas y 214 correos electrónicos de denuncia, mientras que en la votación de 2012 fueron 297 llamadas y 70 correos electrónicos. No es menor el punto, si esas son las incidencias en un proceso intermedio, estamos pensando que se prepara o se configura un escenario en donde en 2018 no seremos capaces de pagar el número de incidencias que habrá.

La FEPADE sigue haciendo caso omiso y por eso estamos a favor de que se le exhorte para que desahogue las denuncias o los procedimientos que se hubieran iniciado en ocasión de hechos presuntamente delictivos y que pudieran constituirse en materia de delitos electorales en este proceso 2014-2015.

Compañeras y compañeros legisladores:

La justicia electoral en este país tiene una alta complejidad, no sólo se debe valorar el ejercicio de las instituciones, sino también de los actores vinculados a su ejercicio, la violación sistemática a la Constitución y a la normatividad electoral fueron las notas distintivas de este proceso electoral.

La lección de esta elección es el fracaso de una reforma político-electoral que muestra una vez más que no basta con reformar leyes para darle sentido a los principios electorales. Ahí está el Partido Verde, que sigue impune y que recordamos sus casillas en Chiapas, ahí está, mofándose de los mexicanos y de las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, que yo digo que es el cuatro veces INE, porque es “ineficaz”, es “inequitativo”, es “inefable”, y ya en los excesos es hasta “inenarrable”, porque no puede contarse de manera decente o lógica lo que ahí sucede.

Esta elección nos enseña que es urgente poner la política al servicio de la sociedad y devolverle credibilidad a los procesos electorales.

Estos días han sido días de deshonor y de desvergüenza, de descrédito de los políticos y de las instituciones electorales que han actuado como cortes cortesanas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado González Rodríguez.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor Presidente.

Coincido completamente con el Diputado Danner.

Durante las elecciones del pasado 7 de junio, las más grandes que se han llevado a cabo en la historia reciente de México, estuvo a prueba una nueva legislación electoral y un órgano que debiera ser el garante de la legalidad y la equidad en la contienda. Desde su arranque, el proceso electoral se contaminó por la abierta y descarada compra del voto.

El Partido Verde Ecologista de México violó de principio a fin, la legislación electoral, sin que su conducta tuviera alguna consecuencia legal acorde a la naturaleza de sus acciones, es decir, las autoridades electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, fueron omisas y permisivas con el partido “canalla”, como lo ha denominado Jorge Alcocer.

Las trampas del Verde Ecologista mancharon toda la elección y pusieron en duda la capacidad de la autoridad electoral para detener una acción reiteradamente delictiva.

Por ello, llama la atención, y exactamente el día de ayer lo discutimos en la Primera Comisión, que se resuelvan 28 puntos de Acuerdo, de los cuales 23 son del PRI y es evidente que su contenido busca favorecer sólo a ese partido y encubrir al Verde Ecologista.

Quiero dejar claro a la Asamblea que, el 20 de mayo de 2015, presenté un punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral e investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México, y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes.

Pero también el 27 de mayo de 2015, los legisladores del PRD volvimos a inscribir un punto de Acuerdo para solicitar se fiscalicen los gastos de campaña del Verde Ecologista, donde exhortamos nuevamente al Instituto Nacional Electoral, y redoblar esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político en relación al origen y destino de estos recursos, así como relación de los gastos de campaña fijados por la autoridad electoral.

Como podemos ver, amigas y amigos, este dictamen solicita que sean desahogadas las quejas electorales por ilegalidades, las quejas por los procesos de fiscalización, pero omite deliberadamente las propuestas de nuestro grupo parlamentario.

¿Por qué consideramos que son de la misma materia electoral?

No contamos, de acuerdo con la Primera Comisión, que haya excluido del dictamen las propuestas del PRD y tampoco haberlas debatido, eso fue muy claro el día de ayer y lo pasamos y lo vimos, incluso se lo preguntamos a nuestro Presidente de la Primera Comisión.

En la misma reunión de ayer, hice este señalamiento y queremos saber: ¿cuál es el criterio de esta comisión para dictaminar asuntos?

La respuesta: un engaño, pues afirman que la FEPADE ya contestó sobre los puntos de Acuerdo del PRD, pero qué va a contestar cuando no se han dictaminado en la Primera Comisión, que preside el Senador Arturo Zamora Jiménez.

En realidad, ¿qué es lo que no quieren que digamos en esta tribuna? Que las recientes elecciones del 7 de junio estuvieron empañadas por irregularidades cometidas incluso el mismo día de la jornada electoral.

Que no olvidemos la campaña que hicieron personajes del medio artístico y del deporte, contactados por agencias del servicio del Partido Verde Ecologista para tuitear a favor de los candidatos del Verde, cayendo en un flagrante delito al recibir pago por la publicidad de este partido.

Que en Quintana Roo, mi estado, estuvieron presididas de violaciones sistemáticas a la ley, llevadas a cabo por el mismo Partido Verde ante complacencias del órgano electoral, y también como lo están haciendo en este momento en Chiapas.

Que en Quintana Roo fue el ejemplo de ilegalidad, impunidad e inequidad, aunado al abstencionismo que fue mayor a la media nacional, porque hay que decirlo, así fueron los resultados y así son.

No se puede presumir una democracia que sigue lejos de llegar a un buen puerto con este tipo de prácticas deleznables, hemos denunciado todas estas estrategias ilegales y abusivas, mientras que las autoridades han hecho caso omiso, no escuchan lo que sucede en mi estado, no escuchan lo que sucede en Chiapas, no escuchan y, sobre todo, no actúan.

Con su actitud pasiva dañan el proceso electoral y lesionan su propia imagen ante los mexicanos. Es por ello que exigimos a la autoridad electoral que ejerza sus facultades y no dude en aplicar las sanciones correspondientes, dado que lo que se encuentra en juego, en este momento, no es sólo el proceso electoral pasado, sino el siguiente proceso en donde hemos de elegir al Presidente de la República, y si no se toman cartas en el asunto, no tendrían caso seguir diciendo que tenemos una democracia con todas estas prácticas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Saldaña Fraire. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN.

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas.” presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 8 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas, dicha proposición fue presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1574.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General No. 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante; la cual señala un incremento de las agresiones en perjuicio de los periodistas, de las cuales destacan: los homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidaciones.

Indica la senadora promovente que la opinión pública mexicana no es ajena a estos datos alarmantes, de acuerdo con la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría en abril de 2014, casi la totalidad de entrevistados (97 %) considera que ser periodista es un trabajo de alto riesgo en México. 

Manifiesta que México es uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) se ubica en el séptimo sitio a nivel mundial en el índice de impunidad, ranking que se realiza cada año. Por arriba se encuentran únicamente: Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Iraq como los países más impunes en asesinatos de comunicadores

Asimismo, destaca que Artículo 19 documentó 326 ataques contra la prensa el año pasado, según la ONG; en los últimos dos años suman 10 los periodistas que han muerto en el país. Asimismo, se han registrado 143 casos de violencia material, 45 detenciones arbitrarias, 53 casos de intimidación, 44 casos de amenazas, 12 ataques directos contra portales. Señala que lo más grave, según el informe, es que 48% de las agresiones contra periodistas las cometió algún funcionario público y el crimen organizado está detrás de ocho de las agresiones contra periodistas y los particulares, en 52 de los casos.

La senadora indica que el informe titulado ‘Estado de Censura’ debe su nombre al hecho de que periodistas viven en un ambiente hostil que los lleva a autocensurarse y limita el ejercicio libre de su actividad y da cuenta que pese a contar con leyes, mecanismos, fiscalías y programas, la violencia contra la prensa sigue creciendo, expresa que la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas tiene un rezago de 83%

Destaca que el informe indica que las 5 entidades con más agresiones son: Veracruz, DF, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca y de acuerdo con datos de la organización Reporteros Sin Frontera, México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo con al menos 82 periodistas asesinados entre el 2000 y septiembre de 2014.

Por otro lado, la proponente expresa que Artículo 19 catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Esto se debe a los 10 comunicadores que han sido asesinados desde 2011 y a las decenas de agresiones registradas por la agrupación, presuntamente cometidas tanto por la delincuencia como por funcionarios públicos.

De la misma manera, indica que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene registro de cuatro periodistas desaparecidos en Veracruz desde 2010, año en el que el organismo comenzó a trabajar. En ese renglón, es la entidad peor ubicada, junto con Michoacán y Tamaulipas.

Señala que desde 2010, Veracruz registra altos índices de violencia atribuidos a la actividad de grupos de la delincuencia organizada, por ello periodistas locales dicen que este contexto ha afectado su trabajo, ya sea porque sufren amenazas del crimen o de funcionarios para que no publiquen determinada información, o porque ellos mismos eluden ciertos temas para evitar sufrir represalias.

Además, desde ese mismo año las averiguaciones previas por actos contra comunicadores han ido al alza: dos en 2010 —únicamente en el periodo de julio a diciembre—, 11 en 2011, 13 en 2012 y 16 en 2013. Hasta el corte del 31 de octubre pasado, en 2014 llevaba 15 casos, con lo que suman 57 de 2010 a 2014.

El informe La situación de la libertad de prensa en México, elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) señala que el estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo.

Adicionalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció la "cultura de la violencia" en México contra los periodistas tras un nuevo asesinato de un reportero en Veracruz. La SIP llamó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.

Señala que el cuerpo golpeado y baleado de Armando Saldaña Morales, reportero de la radio La Ke Buena, de 53 años, fue encontrado en un paraje del estado de Veracruz, uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el país.

Asimismo, indica que el 7 de junio de 2015 el portal digital de Radiover denunció que dos de sus periodistas fueron agredidos en Xalapa, en el estado de Veracruz. El medio de comunicación relató que Elena Anell y José Francisco García Reyes fueron atacados.

La senadora promovente indica que de acuerdo a estos datos y a los de diversas organizaciones internacionales, México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, siendo el estado de Veracruz, la entidad -que de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue-la más peligrosa para el ejercicio de esta actividad.

Manifiesta que en los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal: 12 periodistas han sido asesinados y cinco más se encuentran desaparecidos en el estado de Veracruz. Manifiesta que de ahí que resulten preocupantes las declaraciones que el pasado 30 de junio de 2015 en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de esa entidad Javier Duarte de Ochoa dijo tener conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Se manifiesta que se trata de una declaración desafortunada y preocupante, en primer lugar por venir del Gobernador del estado, el primer obligado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho en la entidad y segundo; precisamente por ser Veracruz la entidad con la mayor cantidad de periodistas asesinados y desaparecidos que permanecen en total impunidad.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas en la entidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación que permitan restablecer las condiciones para la libre expresión de las ideas y el ejercicio pleno de las garantías ciudadanas en esa entidad.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.   

De la misma manera en la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene, entre otros objetivos, establecer la cooperación entre los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar agresiones potenciales a los integrantes del sector periodístico.

Es importante destacar que esta Comisión dictaminadora se ha manifestado porque los Derechos Humanos se respeten y que las instancias encargadas de protegerlos, cumplan con su deber y actúen conforme a derecho. Del mismo modo, los integrantes de esta Comisión, hemos sentado precedentes respecto a nuestra voluntad porque en nuestro país se ejerza la libertad de expresión y se proteja la importante actividad de los periodistas.

Es preciso señalar que aun cuando hay evidentes esfuerzos vertidos en el tema, es de reconocerse que en México la situación de los derechos de las y los periodistas es alarmante y amerita un esfuerzo mayúsculo, ya que las cifras muestran la delicada situación de los derechos de los periodistas.

En virtud de lo anterior y como da cuenta la Senadora proponente diversas organizaciones internacionales se han pronunciado por las condiciones de inseguridad y falta de acciones preventivas para los integrantes del sector periodístico en el desempeño de sus funciones en el territorio nacional.

Es importante mencionar que en el 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General No. 20 dirigida al Secretario de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad, Procurador General de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, para que emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; asimismo, se implementen las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo.

De acuerdo al informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de enero de 2000 al 30 de junio de 2015 en el registro de homicidios de periodistas por entidad federativa, se da cuenta que el estado de Veracruz es unos de los estados con mayor índice al contar con 16 homicidios y 4 periodistas desaparecidos en dicha entidad federativa.

Es importante destacar que el gobernador del estado de Veracruz Javier Duarte de Ochoa ha manifestado que hay determinación de que no exista impunidad, para que las autoridades de Veracruz, a través de la Fiscalía General del estado, hagan todas las acciones necesarias y con el mayor profesionalismo para condenar a quienes cometieron estos lamentables y cobardes hechos en contra de periodistas.

De la misma manera, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del estado debe atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

La situación de las y los periodistas no es un asunto menor y se le debe dar atención urgente. Según el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Se destaca que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Su Junta de Gobierno es la máxima instancia en la toma de decisiones para la prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuando soliciten apoyo del mecanismo. Se integra por representantes de la Secretaría de Gobernación (quien preside), de la PGR, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Púbica, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Cuatro representantes del Consejo Consultivo (sociedad civil): dos periodistas y dos personas defensoras.

Y cuenta con invitados permanentes a la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto y se integra por representantes de la Oficina en México de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, del Poder Judicial de la Federación y los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Dicho Mecanismo está dirigido a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen y a personas defensoras de Derechos Humanos, cuando alguno de estos enfrenta algún riesgo a consecuencia de su trabajo puede solicitar personalmente o a través de tercero la protección del Mecanismo.

En el Artículo 8 Fracción VI de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una de las atribuciones de la Junta de Gobierno es celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo; es por ello que la propuesta de fortalecer la coordinación del Gobierno del Estado de Veracruz con los responsables del Mecanismo es viable.

En virtud de lo anterior, debe existir cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las medidas que garanticen la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

En ese sentido, concordamos con la Senadora promovente en el hecho de que las autoridades estatales deben intensificar las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y desapariciones de periodistas en el Estado de Veracruz.

Sostenemos que el derecho a la libertad de expresión y a las libertades informativas constituyen la base de una sociedad democrática y libre, en la cual la población cuente con la posibilidad de emitir la información que desee, de buscar la que le interese y de allegarse de aquélla que le sea necesaria.

Por ello, proteger a los profesionales de la materia es imperativo para toda sociedad que busque la efectiva vigencia de los derechos humanos para toda su población y, ante el difícil panorama que los comunicadores han enfrentado en algunas regiones de nuestro país, estimamos que la Proposición con Punto de Acuerdo que se estudia es no sólo oportuna, sino absolutamente necesaria.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz, para que a través de las autoridades correspondientes intensifique las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar las condiciones para la libre expresión de las ideas en esa entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

Tal como refiere el presente dictamen, es preocupante que el pasado 30 de julio, en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de Veracruz haya dicho que tenía conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Lo dijo hace ya más de un siglo y medio el gran periodista Francisco Zarco Mateos: “Si un gobierno no teme el examen de sus actos, si desea sinceramente el bien público y si en vez de impedir la discusión, él mismo la provoca, y la escucha, puede asegurarse con evidencia que no son sus tendencias, sino las del despotismo”.

El 28 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de un servidor para exhortar a las autoridades de Veracruz para que esclarecieran los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpliera con los compromisos contraídos con las familias de las víctimas que han quedado en el desamparo, para que implementara los mecanismos necesarios de seguridad pública y de procuración de justicia que garantizaran el libre ejercicio del periodismo y para que previniera actos delictuosos en contra de los periodistas a fin de garantizarles el derecho humano a la libertad de expresión.

El 20 de mayo del año en curso, esta misma Comisión Permanente consideró viable lanzar un exhorto más a la Procuraduría General de la República, a fin de analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales, derivado de la negativa de la Fiscalía de Veracruz que negó su competencia en este caso.

Hoy, casi en los mismos términos, estamos pidiendo que se aclaren, a la brevedad, los homicidios y las desapariciones de periodistas veracruzanos, así como un mínimo de garantías para la libre expresión de las ideas en esa entidad.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, señala que de 2000 a 2014 han sido asesinados 102 periodistas, de éstos, 16 corresponden al estado de Veracruz.

En los 4 años y 7 meses de la actual administración estatal, 12 periodistas han sido asesinados y 5 más se encuentran desaparecidos.

Muchos periodistas veracruzanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que tienen para ejercer su profesión y para salvaguardar su integridad personal y la de sus familias.

Tenemos que exigir un alto a esta ola de violencia en contra de los periodistas de Veracruz y de todo México, parece ya ser sistemática y no es la excepción, sino la norma.

Lo hemos dicho ya, los asesinatos en contra de los periodistas no son solamente una mala nota, las plumas rotas por la violencia son un cobarde acto y un atentado contra el ejercicio de la democracia.

Esta situación además de penosa es deplorable, porque recae no solamente sobre una materia de interés secundario, sino sobre un asunto que en todas partes se estima como de suma valía para el ejercicio de nuestras libertades.

Por la inseguridad y la violencia, se ha perdido la capacidad de asombro y también poco a poco se erosiona la tranquilidad de los ciudadanos, el ejercicio de nuestras libertades y derechos. No podemos seguir construyendo sociedades basadas en el miedo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado González Rodríguez. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al estado de Tabasco, para reforzar la seguridad.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto que exhorta respetuosamente la titular de la Comisión Nacional de Seguridad a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al Estado de Tabasco, en respuesta al incremento de los índices delictivos de la entidad en los últimos tres años, presentado por el Senador Arquímedes Oramas Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a al tema que la componen y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 8 julio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta al titular de la Comisión de Nacional de Seguridad a enviar elementos de la Gendarmería Nacional, al Estado de Tabasco, en respuesta al incremento de los índices delictivos de la entidad en los últimos tres años.

La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-1588.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta con punto de acuerdo, manifiesta dentro de sus líneas la preocupación que tiene el proponente por la creciente inseguridad en la que esta expuesta la sociedad en el Estado de Tabasco, por ello, solicita que se refuerce la seguridad con más elementos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Todo lo anterior por la incidencia delictiva que se han registrado del año 2012 al 2014, en la cual se incremento el delito de robo, homicidio y secuestro; colocando al Estado de Tabasco en la posición número 8 a nivel nacional dentro de las entidades menos seguras. Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al Estado de Tabasco, en respuesta al incremento de los índices delictivos en la entidad de los últimos tres años.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora, en el estudio y análisis del problema, observa que el Gobierno Federal, en materia de política pública de seguridad, tiene como propósito fundamental la reducción de la violencia, el combate a los delitos que mas vulneran a la sociedad como el robo, el homicidio, el secuestro y la extorsión; para ello ha establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las bases para fortalecer las necesidades en materia de seguridad pública en las diferentes regiones de nuestro país, imponiendo estrategias que tratan de dar solución a la medida de la problemática existente.