Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 28 de mayo de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Agosto de 2014

SUMARIO                                              


Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  














PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Del Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría General de la República a decretar la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora. Intervienen al respecto los legisladores Dora María Talamante Lemas, Alfonso Durazo Montaño, Ana Gabriela Guevara Espinoza, quienes presentan propuesta de modificación que se aprueba; Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Fernando Zárate Salgado y Fernando Belaunzarán Méndez. Se aprueba.
































































































































































TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

Se aprueba el dictamen suscrito por la Tercera Comisión, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a reforzar la instrumentación de estrategias de orientación fiscal y de acercamiento a sus servicios mediante la ampliación y difusión de las rutas de atención móvil, la programación de talleres y cursos informativos y formativos, brindando asesoría para la realización de los trámites y procedimientos conducentes, así como la celebración de una serie de eventos de divulgación de la reforma fiscal en coordinación con diferentes instancias correspondientes de cada entidad federativa, con el objetivo de lograr impactar al sector de pequeños contribuyentes y que éstos expongan los efectos causados por la implementación del Régimen de Incorporación Fiscal.







































































































 

PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (11:17 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Diputado Secretario Juan Pablo Adame Alemán: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 20 de Agosto de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ

DIP. ALLIET BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

SEN. OMAR FAYAD MENESES
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

DIP. JOSÉ RODRÍGUEZ CALDERÓN, EN SUSTITUCIÓN DEL  DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE


Hay 25 ciudadanos legisladores. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, señor Secretario. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de agosto de 2014 correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño; con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la gaceta.





 

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
13 DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y dos minutos del miércoles trece de agosto de dos mil catorce, con una asistencia de veinticuatro legisladores, se dio inicio a la sesión.

 

La Secretaría dio lectura a un Acuerdo de los grupos parlamentarios para que la conducción de la sesión del miércoles 13 de agosto de 2014, esté a cargo de los legisladores electos como Secretarios de la Mesa Directiva.- Se sometió a consideración de la Asamblea, intervinieron los legisladores: Senadora Dolores Padierna Luna del PRD en contra; Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, en contra; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Senador Héctor Larios Córdova del PAN, a favor; Senador Omar Fayad Meneses del PRI, a favor; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, en contra; Diputado Manuel Añorve Baños del PRI, a favor; Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC, en contra; Senador Miguel Romo Medina del PRI, a favor; Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN, a favor; Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor; Diputdo Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, en contra. El acuerdo fue aprobado en votación económica.

 

CONDUCCION DEL DIPUTADO
WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

(Lectura del Orden del Día)

Se dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles seis de agosto de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al primer semestre de 2014.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información de organismos descentralizados, correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, al segundo trimestre del ejercicio 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.- Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

1) Del 167 aniversario de la Batalla de Churubusco, a realizarse el miércoles 20 de agosto de 2014, en esta ciudad.- Se designó en comisión al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

2) Del 493 aniversario de la Defensa Heroica de México Tenochtitlan, a realizarse el sábado 23 de agosto de 2014, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del congreso del estado de Jalisco, los siguientes proyectos de decreto:
1) Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

2) Que reforma diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, el Informe de la gira de trabajo por la ruta del migrante en la frontera norte de México.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, oficio por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 11 de agosto de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Leonor Romero Sevilla, oficio por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de agosto de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

La Diputada Martha Leticia Sosa Govea, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1067 del Código de Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

Las Diputadas María de las Nieves García Fernández, Martha Lucía Mícher Camarena, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Ruth Zavaleta Salgado, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

Los Grupos Parlamentarios, remitieron proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar a nombre del pueblo y gobierno mexicanos a la Organización Mundial de la Salud la preocupación por los brotes de ébola que han causado un sinnúmero de víctimas en diversos países; y exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de Instituto Nacional de Migración a adoptar y reforzar las medidas profilácticas preventivas y de vigilancia fronteriza y aeroportuaria para impedir la erupción y propagación de esa enfermedad en nuestro país.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron las legisladoras: Diputada Martha Leticia Sosa Govea del PAN; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

CONDUCCIÓN DEL DIPUTADO
JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de los legisladores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Angélica de la Peña Gómez, Miguel Romo Medina y Héctor Larios Córdova y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez, Martha Beatriz Córdoba Bernal y Lucila Garfias Gutiérrez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las capacidades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que le permita hacer frente a la problemática de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.- Considerado de urgente resolución. Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Fue aprobado en votación económica.

 

Se dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Planeación, en materia de protección a los derechos de las personas con discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia gratuidad de la información pública.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 309 Bis al Código Penal Federal y se reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 44 y 45 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

Se dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública a realizar una exhaustiva investigación respecto a la licitación pública para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” por no atender las recomendaciones de la testigo social, designada por dicha Secretaría.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno a realizar programas permanentes de protección solar que incluyan la distribución de muestras gratuitas de protector solar entre los grupos más vulnerables de la población.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador, al Procurador General de Justicia y al Presidente Municipal de Papantla de Olarte, todos del estado de Veracruz, a investigar y proceder conforme a derecho sobre las presuntas amenazas de las que han sido objeto diversos periodistas en la entidad.- Se turnó a Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las estrategias y políticas públicas de protección de los derechos de los consumidores de servicios de la aeronáutica civil.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales a efecto de que vigilen y, en su caso, sancionen a aquellos centros escolares públicos que cobren cuotas a los padres de familia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a enviar información referente a las causas que han ocasionado la reducción de las visitas a las estaciones de servicio y sobre la lista de las estaciones que han sido sancionadas, detallando su razón social, ubicación por entidad federativa y la sanción implementada.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a establecer una mesa de diálogo de los representantes de los tres niveles de gobierno con los representantes de la Unión de Pueblos, organizaciones del estado de Guerrero y los líderes de organizaciones sociales de la entidad, con el objeto de crear una comisión de armonía y desarrollo del estado de Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades en materia de salud a implementar mecanismos para la concientización y difusión de información respecto de las enfermedades mentales que afectan al sector más joven de nuestra población.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al gobernador del estado de Sonora a ejecutar las acciones necesarias para la investigación, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación con ácido sulfúrico de los ríos Bacanuchi y Sonora.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Derechos de la Niñez y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de la Dip. Amalia García Medina por la que se expide la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Turismo un informe sobre los resultados de las acciones que llevó a cabo durante el periodo vacacional con el programa de seguridad denominado “Operativo Vacaciones de Verano 2014”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la inclusión dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, de una partida presupuestal para la prevención y atención del acoso escolar o bullying.- Se turnó a Tercera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, del Director General de Petróleos Mexicanos y del Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a fin de que expliquen el proceso de asignación de áreas que se derivan de la denominada ronda cero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de México a resolver los casos de mujeres desaparecidas de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema Nacional de Protección Civil a emitir un informe exhaustivo sobre causas, efectos y repercusiones del vertimiento de desechos por el derrame ocurrido el 8 de agosto en el Río Sonora.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las gestiones necesarias para que el personal médico cuente con la capacitación necesaria para dar informes claros, precisos y oportunos a los pacientes sobre el estado de salud que guardan, así como a sus familiares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federal y locales y los organismos descentralizados a desarrollar y ejecutar programas que fortalezcan las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente de nuevo ingreso.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar la donación de 25 torres guardavidas a la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco de la Bahía de Santa Lucia, además de contemplar una partida presupuestal para la contratación del personal necesario para el resguardo de los turistas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir las acciones para investigar y sancionar a los responsables por el derrame de tóxico en el Río Sonora, así como a trabajar en estrecha cooperación con las instancias federales que actúan sobre este hecho.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta la titular del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al Comité Técnico del Fideicomiso 10230 a dar cumplimiento a la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de fecha 27 de marzo de 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y de Turismo, al gobierno del estado de Baja California Sur y a los municipios de Los Cabos y La Paz a que, en un corto plazo, instauren mesas de trabajo para analizar si es técnicamente factible la construcción de un sistema de transporte tipo METROBÚS.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instrumentar políticas públicas contundentes en materia de prevención, atención y combate al abuso sexual sufrido por menores de edad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Economía, al Procurador Federal de Protección al Ambiente y al Comisionado del Gobierno Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a entablar un diálogo inmediato con la Unión de Ingenieros Mineros del Pacífico y demás actores sociales involucrados, con la finalidad de resolver el estado de emergencia laboral en que se encuentra sumergido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que exhorta a los poderes federales y a los órganos constitucionalmente autónomos, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a organizar durante el año 2015 eventos para conmemorar el bicentenario de la muerte del Siervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las medidas necesarias para reducir los puntos de conflicto vial que se identifican en la red carretera nacional, con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y disminuir el número de accidentes carreteros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores de los municipios, comunidades indígenas y regiones donde se pretende aplicar la técnica del fracking.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Salud estatal a informar las causas que han generado el desabasto y mal estado de medicamentos y material de curación que ha afectado el funcionamiento de diversos hospitales de la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Francisco González Vargas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a rechazar la propuesta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, relativo a la creación del fondo de retiro de los magistrados al servicio del Tribunal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Angélica de la Peña Gómez y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Ricardo Astudillo Suárez y Martha Beatriz Córdoba Bernal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a autorizar recursos para el incremento en el número de oficiales de protección a la infancia.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Luís Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar que los comerciantes respeten los precios en la venta de útiles escolares ante el prominente regreso a clases.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Manuel Manríquez González y Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a observar en todo momento la salvaguarda, conservación y preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los predios afectados por la construcción del proyecto denominado "Plaza de las Siete Culturas" en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, así como de la zona arqueológica de Cholula, en el estado de Puebla.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a hacer del conocimiento público las acciones legales y el seguimiento al caso de la señora Jacinta Francisco Marcial.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y denuncias penales gestionadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la auditoria forense 1197/2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a solventar las irregularidades en la falta de coordinación con las demás entidades de la administración pública, mismas que fueron notificadas por la Auditoría Superior de la Federación mediante el oficio núm. DGADPP/626/2013, encontrados en la Auditoría 0375 del 2012.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizando a fin de atender las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera y de cumplimiento Número 12-0-12s00-02-0305, relativa al "Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios y gastos de operación".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el pliego de observación 10-0-11H00-12-0845-06-001, por concepto "donativos a instituciones sin fines de lucro", realizada por la Auditoría Superior de la Federación.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Jalisco a hacer del conocimiento público las medidas que han implementado a fin cumplir con los objetivos del fondo de aportaciones para los servicios de salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-17100-02-0306.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a hacer del conocimiento público las causas y justificación del subejercicio respecto a su presupuesto original, que ha presentado el programa presupuestario "E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal" de 2009 al 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la auditoría financiera con enfoque de desempeño número 12-3-15qiq-14-0440, correspondiente al fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares "Programa Tu Casa".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones derivadas de la auditoría de inversiones físicas número 12-0-16100-04-0236, correspondiente al "Proyecto Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo (Parque Bicentenario)".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado para atender el probable daño y/o perjuicio al patrimonio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por los servicios de curaduría y de montaje no acreditados con la documentación comprobatoria, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento número 10-1-11L6J-02-0879.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suarez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer del conocimiento público los efectos positivos que potencialmente tiene en cada uno de sus componentes "El Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales" en la sustentabilidad ambiental y en la Cruzada contra el Hambre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet, el por qué dejó de atender en 2013 en el "Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales" a 217 municipios; asimismo, a que amplíe su cobertura e intensifique la inspección y vigilancia en las zonas que presentan mayor riesgo por incendios forestales: México, Michoacán, Distrito Federal, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Baja California y Baja California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a atender las acciones emitidas en la Auditoría Financiera y de cumplimiento 12-1IL61-02-449.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a implementar políticas públicas necesarias para la preservación de los bosques y selvas en México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar las medidas necesarias para disminuir y revertir las afectaciones ambientales que las actividades de las concesionarias mineras en Chiapas han ocasionado en la región.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de la Juventud, observado el 12 de agosto.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los integrantes de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención en relación con la licitación de la tarjeta de peaje denominada "IAVE".- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Se consultó a la Asamblea si se citaba a la próxima sesión el miércoles veinte de agosto a las once horas.- En votación económica, la Asamblea autorizó la cita.

 

Se dio por concluida la sesión, a las catorce horas y se citó para la siguiente sesión el día miércoles veinte de agosto, a las once horas.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva, que propone la celebración de una sesión solemne con motivo del Centenario de los Tratados de Teoloyucan.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE

El Diputado Secretario Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. Está a discusión el Acuerdo. Algún orador u oradora que se quiera inscribir. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias. Aprobado el Acuerdo.





 

Solicito a la Secretaría dé lectura a otro Acuerdo de la Mesa Directiva para la recepción del informe anual de labores del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo, señor Presidente.



Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. Está a discusión el Acuerdo. Algún orador u oradora que se quiera inscribir. En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

El Diputado Secretario Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo.

Compañeros legisladores, a partir de la aprobación del Acuerdo para realizar sesión solemne, abriremos un receso en nuestra sesión pública, para pasar a la conmemoración del centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Posterior a esa sesión solemne, reanudaremos la sesión pública, en la que recibiremos a la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien hará la presentación del informe anual de dicho Instituto, correspondiente al año 2013.

(Receso)

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Se reanuda la sesión de la Comisión Permanente.





 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Compañeros legisladores, conforme al Acuerdo aprobado, recibiremos ahora la visita de la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, quien hará la presentación del informe anual de dicho instituto correspondiente al año 2013.

La comisión de cortesía son el Diputado Alberto Rodríguez Calderón, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y la Diputada Dora María Talamante Lemas.

A fin de introducir a este salón de sesiones a la doctora Ximena Puente de la Mora y a los demás comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, esta presidencia designa a esos legisladores.

Le solicito, por favor, cumplir su encargo.

(La comisión cumple)

Señores legisladores, si pueden tomar su asiento, por favor.

Saludo la presencia de la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Asimismo, saludo la visita de los comisionados del IFAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos y Areli Cano Guadiana, sean ustedes bienvenidos, quienes acuden a esta Soberanía con la finalidad de cumplir con la entrega del informe 2013.

Conforme al Acuerdo aprobado para recibir este informe, hará uso de la palabra la Comisionada Presidenta y posteriormente haremos la recepción formal del documento.

Tiene la palabra la doctora Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para cumplir con la obligación de rendir el informe anual al Congreso de la Unión sobre el acceso a la Información, como lo establece el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Doctora Ximena Puente de la Mora: Muy buenas tardes Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Marcos Aguilar Vega, Vicepresidentes.

Diputados William Oswaldo Ochoa Gallegos, Juan Pablo Adame Alemán y Guillermo Sánchez Torres, en su carácter de Secretarios.

Saludo respetuosamente a mis compañeros integrantes del pleno y les agradezco su compromiso y trabajo colegiado, a los comisionados Francisco Javier Acuña, Arely Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey, y le enviamos un saludo al comisionado Joel Salas.

Saludo con gusto a los integrantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, a su Presidente Javier Rascado Pérez y a sus coordinadores de las cuatro regiones del país, que nos honran con su presencia: David Mondragón, Fernando Aguilera de Hombre, Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez y Andrés Miranda Guerrero.

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Aprecio y agradezco la recepción en este honorable recinto legislativo.

Señoras y señores legisladores:

Acudo a esta Soberanía en cumplimiento con el artículo 6, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para hacer entrega a esta representación del Congreso de la Unión del XI Informe de Labores del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, correspondiente al ejercicio 2013.

No obvio señalar que en mi discurso haré referencias más allá del año pasado, pues la ocasión es histórica, ya que el IFAI da paso formalmente a una nueva época, en virtud de que en el fondo se trata de la entrega del último informe de labores del instituto como organismo descentralizado de la administración pública federal.

En consecuencia, lo que en este texto se reporta naturalmente aún no da cuenta de la transformación que se está llevando a cabo, luego de elevar al IFAI al rango de organismo constitucional autónomo y de cuyo proceso de creación los actuales comisionados que conformamos el pleno del instituto fuimos designados para ejercer esta honrosa y altísima responsabilidad.

Por lo tanto, con este informe de labores se destaca el cierre de un ciclo de 12 años en los que el IFAI ha sido un referente obligado del proceso de democratización y consolidación del Estado mexicano.

Tal vez una de las aristas más elocuentes, por sencilla que parezca, pero que transformó la mentalidad del servicio público y de la actuación de las instituciones, fue el arraigo indubitable del principio de máxima publicidad. Con ello quiero decir que desde la toma de decisiones, pasando por el modo en que ejercen los recursos públicos y hasta la redefinición de la relación gobierno-sociedad civil, cruza como eje rector el escrutinio ciudadano sobre un Estado expuesto.         Dicho de otro modo, la transparencia como transversalidad del ejercicio del poder público.

Deseo aprovechar esta ocasión para dejar constancia de un primer IFAI como autoridad, sólo frente al Ejecutivo Federal, y que a pesar de ser un espacio acotado de competencia, estamos en deuda con él y expresamos nuestro mayor reconocimiento a la labor realizada.

Basta señalar, para citar tan sólo uno de sus méritos, el que ha brindado al país un conjunto de resoluciones y criterios fundamentados que se impusieron por su autoridad moral como un marco referente en todos los organismos garantes del país.

Ahora, si me permiten, señoras y señores legisladores, entro en materia sobre distintos rubros que reporta el informe de labores.

En el rubro de acceso a la información, he de señalar un imparable crecimiento en el número de solicitudes de información que no puede verse fríamente con los ojos de la estadística, sino que en términos de mayor profundidad, no es más que una expresión de la confianza que la sociedad tiene en el IFAI, y es un interés legítimo del ciudadano hacia cuestiones públicas; hacia el quehacer gubernamental en su más amplio sentido.

Esta demostración de confianza se traduce en el siguiente dato:

En 2013 se registró la solicitud de información número un millón.

Pero no todo se reduce al aspecto de la presentación de solicitudes, sino también a la consulta de información que obra a disposición de cualquier persona sin necesidad de que medie una solicitud de exprofeso.

Por ello, el portal de obligaciones de transparencia es una herramienta que funge como la principal puerta de la información pública que se genera en este país.

Para ello basta con el siguiente dato:

De diciembre de 2013, se registraron 202 millones de consultan tan sólo a los sujetos obligados de la administración pública federal.

Por otro lado, en promedio sólo 5 por ciento de solicitudes presentadas se convierten en recursos de revisión interpuestas ante el IFAI.

De junio de 2003 a diciembre de 2013, se presentaron 53 mil 140 recursos de revisión, de los cuales, 14 de cada 100 fueron presentados en 2013.

De 2003 a 2012, el instituto emitió casi 50 mil resoluciones respecto de recursos de revisión, de las cuales, 14 mil 461 de estas resoluciones implicaron un mandato del IFAI a los sujetos obligados a quienes se les instruyó la entrega de información.

Con estos datos pretendo reflejar un amplio cumplimiento per se de los sujetos obligados, así como el interés del solicitante de que en su derecho de acceso a la información se cumpla; y para ello se respaldan las decisiones del instituto.

Con la finalidad de exiliar tanto a los sujetos obligados como a los solicitantes, el año pasado se trabajó el proyecto “Transparencia Proactiva”, el cual significa que para la ciudadanía cuente con la información oportuna y de calidad, se propone a los sujetos obligados no esperar a la formalización de una solicitud, sino a partir de requerimientos frecuentes, adelantarse a una oferta de información plenamente disponible a cualquiera.

La transparencia no sólo es norma jurídica, debe también asumir un carácter de política pública. Para ello, el IFAI participó activamente en la consulta y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual inscribía acciones estratégicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

De igual forma, se suscribieron propuestas de transparencia en el programa transversal para un gobierno cercano y moderno, lo que implica metas comprometidas para toda la administración pública federal de 2013 a 2018.

El compromiso es con miras al futuro. Y al hablar de compromisos, el IFAI también los asume con los órdenes de gobierno estatal y municipal.

Muestra de ello, el instituto ha sido notablemente insistente para que instancias de dichos órdenes adopten el sistema electrónico denominado INFOMEX.

Al cierre de 2013, se encontraban en operación 25 sistemas INFOMEX estatales, con los cuales es posible hacer solicitudes a 2 mil 145 instituciones locales, incluyendo 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y 560 municipios.

Ahora bien, al mirar hacia los temas de protección de datos personales, haré alusión a aspectos que tienen que ver, por un lado, con dependencias y entidades de la administración pública federal y, por otro, con los particulares.

En el primero de estos casos, debo informar a ustedes que en estos últimos 12 años se recibieron casi 200 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales, solicitudes que reflejan aspectos que son importantes para la vida cotidiana de los particulares si se analiza la temática de tales requerimientos, puede observarse que hablan de expedientes médicos, pensiones, jubilaciones, cotizaciones y movimientos de afiliación de seguridad social o servicios médicos; y que las instituciones que recibieron el mayor número de estas solicitudes fueron el IMSS, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

De las anteriores solicitudes de acceso y corrección de datos, mil 452 derivados en recursos de revisión en los que la premisa que guía el criterio del instituto al momento de resolver es el principio de confidencialidad de los datos personales.

Ahora, en el segundo de los casos, esto es la protección de datos personales en posición de los particulares, la actuación del IFAI destaca en una función eminentemente normativa al generar distintas regulaciones auxiliares a la aplicación y comprensión de la ley federal en la materia.

Por ejemplo, la citada Ley de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares prevé la adopción de esquemas de auto regulación por parte de las personas físicas y morales en los que el IFAI coadyuva para dar cumplimiento a la ley.

Asimismo, ese organismo garante acompañó a los arduos trabajos de confección del reglamento de dicha ley federal y la emisión de regulación derivada como los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias, lineamientos y avisos de privacidad, parámetros de auto regulación y 4 vías que orientan a los responsables del tratamiento de datos personales en el cumplimiento de sus obligaciones a fin de dar a conocer los titulares de los datos, sus derechos respectivos.

Algo de lo cual me parece oportuno referir en esta sesión es la puesta en marcha de una herramienta tecnológica denominada “Generador de avisos de privacidad”, instrumento informático disponible en la página institucional del IFAI, mediante la cual se pueden realizar de forma gratuita y automatizada los avisos de privacidad con los elementos informativos que exige la norma federal.

Finalmente, en este rubro, el instituto ejerce como autoridad la facultad de sancionar las transgresiones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares, lo que se ha traducido en la imposición de multas por casi 94 millones de pesos.

Hasta ahora he referido aspectos someros sobre las 2 principales responsabilidades del IFAI: el acceso a la información y los datos personales; por ello se ve complementado con una serie de actividades que fortalecen y enriquecen esta tarea, una de ellas es la formación de lo que podríamos denominar, si así me lo permiten, un doble capital humano, y con ello me refiero a la construcción de un servicio público coherente con la transparencia y la construcción de una conducta cívica de ejercicio real de los derechos de acceso y protección.

Este proceso de redefinición cívica de la relación servidor público-particular, sólo puede llevarse a cabo a través de acciones de capacitación.

Por lo que hace a funcionarios de los sujetos obligados durante 2013, se capacitó de manera presencial a 9 mil 615 servidores públicos.

A través del centro virtual de información del IFAI dirigido a servidores públicos, se llevó a cabo la capacitación de línea de un total de 35 mil 759 funcionarios, y se atendieron alrededor de 47 mil asesorías y orientación, 2 de cada 3 de ellas, fueron por vía del 01800 del IFAI.

Ya que hemos hablado de legislación, procedimientos y cultura de la transparencia, debe señalarse ahora la base material sin la cual no sería posible un ejercicio eficaz del acceso a la información pública y con ello me refiero a los archivos y al proceso de clasificación documental.

Un archivo bien organizado es garantía de transparencia y rendición de cuentas.

La correcta organización archivista contribuye a la modernización y eficiencia de las actividades de las instituciones, por lo que las dependencias y entidades deben prever la aplicación de tecnologías de la información en el manejo documental.

En este sentido, el IFAI ha promovido el sistema automatizado de integración de los instrumentos de consulta y control archivístico.

En México hacía falta contar con una legislación federal en materia de archivos. Ahora contamos con ella; y en su proceso de creación, el IFAI participó activamente en la construcción de la Ley Federal de Archivos y aportó en la redacción de las mismas los llamados 4 principios generales archivísticos: conservación, procedencia, integridad y disponibilidad.

Asimismo, el IFAI forma parte del Sistema Nacional de Archivos y colabora estrechamente con el Archivo General de la Nación.

En el plan internacional, el régimen de acceso a la información en México ha sido reconocido en el orbe tanto por su marco normativo como por la aplicación del mismo.

El IFAI consolidó su papel de referente regional y mundial en materia de acceso a la información al incursionar, no solo como participante en múltiples foros y promotor del intercambio de experiencias, sino como generador de iniciativas globales.

Algunas de las acciones que se traducen a este reconocimiento son la participación de México en el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La presentación de la versión preliminar del Plan de Acción México 2013-2015.

El IFAI asume la Presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en la que ha impulsado el intercambio y el aprendizaje entre los países miembros que integran dicha Red.

También tiene la Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Distinguidas legisladoras y legisladores; estimados compañeros comisionados; señoras y señores: Ahora, en 2014, año de cambios para el país y específicamente para el IFAI, se ha aprobado una reforma constitucional en materia de transparencia que da principio a una nueva época de consolidación de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Hoy, México avanza firmemente hacia la consolidación y vigencia de un Estado democrático de derecho del cual forma parte indubitable el régimen de transparencia.

Para esta tarea, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, está llamado a cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública.

La democracia que antaño se comprendía solo de manera adjetiva, como un proceso de reglas de mayoría en la elección y renovación de cargos públicos. Ahora tiene más y mejores contenidos que rebasan esa concepción primigenia. Y uno de esos contenidos es el ejercicio de gobernanza a ojos del escrutinio de toda la sociedad.

Para ello, la reforma constitucional de febrero de este año, radicalizó el esquema de transparencia en México mediante una iniciativa del Ejecutivo Federal, con el amplio apoyo del Poder Legislativo de la Unión y de las legislaturas locales, que hicieron realidad el proceso reformador de la Constitución.

Era impensable que el IFAI en su diseño original pudiera ir más allá de la esfera de la administración pública federal, y que la dispersión de la legislación de transparencia en los estados impidiera un ejercicio justo y homogéneo del acceso a la información.

Pero ahora con el nuevo corpus jurídico fundamental que se ha otorgado a este derecho y al instituto, tenemos la oportunidad de obviar un caleidoscopio desigual y obtener un crisol de un solo y mismo derecho, en cualquier latitud del país.

Asimismo, con un nuevo espacio de autonomía constitucional, que se le reconoce a este organismo garante federal, habrá de converger en su ámbito de competencia acerca de 457 sujetos obligados directos, que incluyen los tres Poderes de la Unión, los demás organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y las 32 entidades federativas, lo que implica un necesario crecimiento de la estructura operativa del IFAI para el 2015.

Esta misión conjunta se concretará con la aprobación de la legislación secundaria, con la que se articula la política de transparencia y rendición de cuentas del Estado mexicano de acuerdo a nuestro artículo 6o. constitucional; y en mi opinión, el primer y gran pendiente a abordar.

Como postulada gener, para transitar de la normatividad a la normalidad, del derecho a los hechos, México cuenta con el más profundo compromiso del IFAI mediante el trabajo arduo y constante ante el umbral de una nueva era de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.

Dicho todo lo anterior, Senador Raúl Cervantes, Presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente, a nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y de Protección de Datos, hago entrega a usted y rindo el décimo primer informe de labores de dicho Instituto.

Muchas gracias a todos ustedes, por su amable atención.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, por su intervención, doctora Ximena Puente de la Mora.

Agradecemos su visita a la Comisión Permanente.

El informe que usted ha presentado en cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se remitirá para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales, en el uso de sus facultades, harán el análisis y evaluación, y de ser necesario, convocarán a la Comisionada Presidenta, para que amplíe la información contenida en el documento presentado.

Agradezco, también, la presencia de los comisionados y comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La comisión designada, se servirá acompañar a nuestros invitados, hasta las puertas de este recinto.

Mil gracias.

(La comisión cumple)

Solicito a la Secretaría continuar con los asuntos del Orden del Día.

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación…

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Un segundo, Diputado.

Sonido en el escaño del Diputado Belaunzarán.

¿Para qué efecto? Estamos en correspondencia.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Es que acabamos de escuchar el informe del IFAI. Yo no quise ir contra un Acuerdo que fue pactado entre todas las fuerzas políticas, pero sí quisiera, nada más lamentar que no haya podido haber preguntas y respuestas, máxime cuando la opinión pública tiene mucho interés en la última resolución del IFAI.

Hemos hecho un IFAI muy fuerte, hemos hecho un IFAI con dientes, hemos hecho un IFAI autónomo. Pero como decía Alejandro Gómez Arias, padre de la autonomía universitaria de nuestra Máxima Casa de Estudios: “para que exista autonomía hay que ejercerla”. Y me parece lamentable, es mi punto de vista, por supuesto es debatible, que el IFAI no haya querido usar esas facultades, no haya querido ir a la corte en la controversia constitucional. Y me parece lamentable simplemente porque si vemos a un IFAI fuerte que ni siquiera se atreve a echar la pelotita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yo me pregunto ¿cómo será cuando la cancha sólo sea el mismo IFAI y no tenga simplemente que mandarle el mensaje a la corte?

Simplemente decir que lamento que no le hayamos podido hacer preguntas, y por supuesto respeto a la institución del IFAI, que creo que es un logro, un éxito que hemos construido, pero necesitamos que las personas que integran este importante órgano estén también a la altura de éste y de su responsabilidad constitucional.

Es mi opinión. Gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Belaunzarán, respeto sus juicios de valor, no los comparto. Lo que sí quisiera recordarles, que quizás a lo mejor no estaba escuchando usted, todos los legisladores, fue el turno que el Presidente de la Mesa Directiva dio sobre el asunto.

El informe que se ha presentado en cumplimiento del artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se remitirá para su conocimiento a las Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales en el uso de sus facultades harán el análisis y evaluación, y de ser necesario se convocarán a la Comisionada Presidenta para que amplíe la información contenida en el documento presentado.

Es decir, este informe formalmente se presenta en la Comisión Permanente, y se ha turnado tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite correspondiente. Y si ustedes tienen a bien me gustaría seguir con el capítulo de correspondencia.

La Diputada María Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Quiero reiterarles a las legisladoras que han solicitado el uso de la palabra que no estamos en el espacio de debate sobre el contenido del informe, con muchísimo gusto les vamos a ceder el uso de la palabra, pero quisiera hacer mención que no está a discusión el informe presentado por la Presidenta del órgano nacional de transparencia.

Senadora Dolores Padierna, ¿para qué efecto?

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Le agradezco, señor Presidente. Sólo hacer un comentario porque es de suma importancia señalar que el Senado de la República otorgó plena autonomía al IFAI y dotó al instituto de plenas facultades y nuevas atribuciones, como poder interponer ante la Suprema Corte de Justicia actos de inconstitucionalidad o poder impugnar leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, y que lamentamos profundamente que cuatro de los comisionados, incluida la Presidenta, hayan abdicado de estas nuevas facultades, de estas nuevas atribuciones porque fueron decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos quienes solicitaron al IFAI su intervención, dado que todo el capítulo de…

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Senadora, con muchísimo respeto, esta Presidencia ha sido altamente tolerante, no está a discusión el informe. Yo sé que van a tener una excelente oportunidad en el Senado de la República. Lo único que no comparto es que la autonomía se la haya otorgado el Senado, fue el Congreso de la Unión, del cual atinadamente todos formamos parte.

La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Sí, pero no están haciendo uso de esa autonomía.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Respeto los juicios de valor, no los comparto.

Diputada Beatriz Zavala, ¿para qué efecto?

La Diputada María Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Para hacer constar en el Diario de los Debates un comentario sobre el tema que aquí se está tratando, señor Presidente…

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: No se está tratando. Bueno, con muchísimo gusto escuchamos, Diputada.

Pero repito, el informe presentado no está a discusión y debate. Si ustedes me piden que nos acojamos al Reglamento, en el Reglamento no está este informe a discusión, se ha turnado a ambas Cámaras para su discusión.

Adelante, Diputada.

La Diputada María Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente. A reserva de que efectivamente será turnado, analizado y, espero, comentado, cuestionado y debatido este informe en ambas Cámaras del Congreso, yo sí quisiera manifestar en esta Comisión Permanente que está recibiendo el informe, que comparto que no hizo uso de una de las facultades otorgadas por el Congreso, y me parece importante que en el momento en que se reciba demos nuestro punto de vista, cuando menos a una facultad nueva que el Congreso le ha otorgado al IFAI.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada.

Ahora sí, compañero Diputado Secretario, continuamos con el Orden del Día, capítulo de correspondencia.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 26 de agosto de 2014, para realizar una visita de trabajo a California, Estados Unidos de América.




El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2013.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Educación Pública con el que remite la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014, enviada por el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en el Estado de México, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Diputado Secretario Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria por el que informa que durante el mes de julio de 2014 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

BANCO DE MEXICO

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del Banco de México su informe trimestral correspondiente al periodo abril-junio de 2014.




El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el que remite la actualización sobre los programas y acciones que atienden a pueblos y comunidades afromexicanos, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egreso de la Federación 2014.




El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Fernando Zárate Salgado y por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, con la que remiten el informe de las actividades en la que participaron en coordinación con otros legisladores como integrantes del grupo plural de observación electoral, para dar seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió una comunicación de la Diputada Judith Guerrero López por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:



Se concede licencia a la Diputada Judit Guerrero López para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto de 2014.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Judit Guerrero López para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto de 2014.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.





 

En el apartado de proposiciones con punto de Acuerdo se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de Acuerdo que exhorta decretar la suspensión de actividades de la Mina Cananea, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente, muchísimas gracias. Colegas legisladoras y legisladores.

El punto de Acuerdo que mi grupo parlamentario pone a su consideración esta mañana es un punto de Acuerdo que reviste toral importancia para una importante región del país, pero para el país mismo, pues tiene que ver con cómo reacciona el Estado ante una circunstancia de descuido e irresponsabilidad o negligencia de un concesionario que se ha visto beneficiado por la propia concesión para realizar tareas específicamente de minería.

Y es también, un punto de Acuerdo que reviste para nosotros importancia para que quede claro a la sociedad mexicana que esta Comisión Permanente, el Congreso de la Unión al que representamos, también está reaccionando a la altura del desastre y de la gravedad ocasionada por los hechos que adelante narraré.

Por eso venimos esta tarde a pedirles su consideración, su apoyo a este punto de Acuerdo.

Como saben, el pasado 7 de agosto, la negligencia del Grupo México, empresa concesionaria de la Mina Cananea, provocó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, ocasionando con ello que dicho afluente se contaminara con metales pesados y metaloides.

Aunado a esto, la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población, lo que impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en el que hoy se encuentra, afectando gravemente cuando menos a los municipios de San Felipe Arizpe, Aconchi, Banámichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, generando, como he dicho, graves afectaciones y riesgos para sus habitantes y para su entorno.

Entre los saldos de este desastre, que es el peor de la historia de Sonora, se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas del agua necesaria para sus actividades.

De igual forma, los agricultores y ganaderos se verán afectados por este hecho, por la imposibilidad de regar sus tierras con agua contaminada.

La negligencia de la minera traerá consecuencias sociales que agravarán la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense debido a la caída que verá la producción agropecuaria.

Las consecuencias de este ecocidio también han alcanzado al sector educativo, obligando al gobierno del estado a suspender temporalmente clases, en cuando menos 88 escuelas, lo que perjudicará a miles de alumnos.

Dada la gravedad de los daños ocasionados, lo procedente es exigir a las autoridades competentes la suspensión y, en su caso, la cancelación de los trabajos de minera realizados por esta corporación, petición que se encuentra suficientemente sustentada jurídicamente en las leyes de Aguas Nacionales, Minería, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues no basta la sola aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar.

El ecocidio cometido por Grupo México también deberá traer aparejadas consecuencias penales, pues el código sustantivo establece penas a quien cause daño a recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad de agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente, ya sea de forma ilícita o de aplicar las medidas de prevención o seguridad en el manejo de sustancias tóxicas tal y como ocurre en la especie.

A fin de dar lectura a los puntos específicos que proponemos a su consideración, le pediría, señor Presidente, que el texto íntegro del punto sea considerado en el Diario de los Debates.

Los puntos señalan:

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que con base a sus atribuciones decreten la suspensión de actividades de la Mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que ordene de la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México con relación a la Mina Cananea a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente que fueron sujetas la población, la flora y fauna ribereñas con motivo del derrame de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus funciones formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal o, en su caso, la ratifique, así como también a la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones a que haya lugar.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

Por su atención, compañeras y compañeros legisladores, muchísimas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES DECRETEN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MINA CANANEA, OPERADA POR GRUPO MÉXICO HASTA EN TANTO SE EVALÚAN LOS DAÑOS GENERADOS POR EL DERRAME DE 40 MIL METROS CÚBICOS DE SOLUCIÓN ÁCIDA DE SULFATO DE COBRE AL CAUDAL DEL RÍO SONORA, ASÍ COMO PARA QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES A QUE HAYAN LUGAR

“El suscrito C. RICARDO FIDEL PACHECO RODRIGUEZ, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN BASE A SU ATRIBUCIONES DECRETEN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MINA CANANEA, OPERADA POR GRUPO MÉXICO, HASTA EN TANTO SE EVALÚAN LOS DAÑOS GENERADOS POR EL DERRAME DE 40 MIL METROS CÚBICOS DE SOLUCIÓN ACIDA DE SULFATO DE COBRE AL CAUDAL DEL RÍO SONORA, ASÍ COMO PARA QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES A QUE HAYAN LUGAR, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

Grupo México es una empresa joven, pues fue fundada apenas en 1988, lo cual no ha impedido que rápidamente se haya posicionado como la más grande corporación minera de México, y el tercer mayor productor de cobre del planeta.

Sin embargo, esta prosperidad no ha sido la causa de que miles de mexicanos pongamos nuestros ojos en esta compañía, sino el hecho de que el pasado 7 de agosto del presente año, por su negligencia en el manejo de los tanques de almacenamientos de residuos químicos, se ocasionara un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, proveniente de los desechos de la mina de Cananea, afluente en el que se han encontrado mezclados diversos metales pesados y metaloides como hierro, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, manganeso y níquel.

Esta situación no fue informada de forma inmediata por la compañía a las autoridades ni a la población, lo cual impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en que hoy se encuentra.

La omisión por parte de la empresa generó que la contaminación afectara a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, convirtiéndose en uno de los mayores ecocidios que se ha presentado en el Estado y en el país.

Este hecho obligó a que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Unidad Estatal de Protección Civil anunciaran el cese de operaciones de más de 700 pozos cercanos al río Sonora, en tanto se determina si la contaminación del río llegó a los pozos, afectando a miles de personas que diariamente utilizan agua para sus actividades y labores cotidianas, lo cual motivó que se implementara un plan de emergencia para abastecer del vital líquido a diversas comunidades.

Si bien es cierto el principal tema que se ha abordado es el daño ecológico que se generó a causa de la contaminación en el Río Sonora, también resulta importante voltear a ver las otras afectaciones que de forma indirecta se han generado a consecuencia de este ecocidio1:

● En relación a la ganadería, los agricultores se podrían ver afectados, ya que los compradores de Estados Unidos establecerían medidas para la adquisición de becerros que provengan de este Estado, a consecuencia de la posible contaminación de la carne del ganado.

● Se han visto afectados los productores de leche, ya que la autoridad agraria estatal y la Unión Ganadera local han detenido la producción de leche en los siete municipios ribereños, esto a consecuencia de que el ganado consume agua de los caudales del río Sonora, generando que se tiren al día unos 28 mil litros en los 7 municipios.

● Está latente la pérdida de las cosechas de cacahuate, forrajes, caña de azúcar y alimentos para autoconsumo, esto a consecuencia de que al regar los árboles con agua del Río Sonora o los pozos cercanos al cauce, podrían contaminar con metales pesados la tierra y hacer perder el valor de todas las huertas.

Las consecuencia de esta negligencia delincuencial, podría traer consecuencias sociales que agravarían la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense, pues de acuerdo con Mario Camberos Castro, investigador titular de la Coordinación de Desarrollo Regional en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, (CIAD), se prevé que la caída en la producción agropecuaria eleve la marginación y pobreza en siete municipios de dicha entidad.2

Las terribles consecuencias que se han generado por este ecocidio, no sólo abarcan daños en materia ambiental o agrícola, sino que ha alcanzado al sector educativo, obligando al gobierno del Estado a suspender temporalmente clases en 88 escuelas de los 7 municipios involucrados en esta tragedia, retrasando una semana el inicio del ciclo escolar 2014 – 15 en todos los niveles educativos, lo que representa un equivalente a 5 mil 806 alumnos afectados, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

● Aconchi: 12 escuelas, 538 alumnos;

● Arizpe: 15 escuelas, 631 alumnos;

● Banámichi: 6 escuelas, 954 alumnos;

● Baviácora: 15 escuelas, 817 alumnos;

● Huépac: 3 escuelas, 375 alumnos;

● San Felipe: 3 escuelas, 74 alumnos, y

● Ures: 34 escuelas, 2 mil 417 alumnos.3

Dada la gravedad de los daños ocasionados por Grupo México en el estado de Sonora, lo procedente en el presente caso es exigir a las autoridades estatales y federales competentes la suspensión y en su caso, la cancelación de los trabajos de minería realizados por esta corporación, petición que cuenta con el respaldo jurídico suficiente como se demostrará a continuación.

Lo anterior se afirma, toda vez que los artículos 118 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales y 43 de la Ley Minera, establecen que la CONAGUA y la Secretaría de Economía podrán suspender los derechos para realizar las obras o trabajos cuando exista un riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua; se pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o se causen daños a bienes de interés público, a un servicio público o de propiedad privada.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley Minera, establece que la Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la Ley en los términos y condiciones que se señalan en la misma.

Igualmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en su artículo 171 la posibilidad de que la SEMARNAT aplique multas y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes cuando:

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad.

De igual forma, los artículos 172 y 175 de la ley en comento, establecen que cuando alguna actividad afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad, la SEMARNAT podrá solicitar la limitación o suspensión de la misma.

Por si fuera poco lo anterior, los artículos 119 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales establecen que se podrán imponer las siguientes sanciones pecuniarias a los particulares cuando éstos:

● Ocasionen daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia (1,200 a 5,000 DSMDF -Días de salario Mínimo en el Distrito Federal-);

● No acondicionen las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca; (1,200 a 5,000 DSMDF);

● Arrojen o depositen cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo (1,500 a 20,000 DSMDF);

● No cumplan con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga (1,500 a 20,000 DSMDF), y

● Ocasionen daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia (1,500 a 20,000 DSMDF).

Más allá del ámbito administrativo, el ecocidio cometido por Grupo México también podría traer aparejadas sanciones penales, pues el Código Penal Federal establece en sus artículos 414 y 416 penas de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente, ya sea de forma ilícita o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, en el manejo de sustancias tóxicas.

Para efectos de lo anterior, el artículo 123 BIS 1 de la Ley de Aguas Nacionales faculta a la CONAGUA para formular las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, cuando se presuma la existencia de algún delito que afecte al medio ambiente.

No podemos permitir que una empresa como Grupo México, que cuenta con un amplio historial que abarca desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del medio ambiente, continúe operado con toda la libertad e impunidad.

Es hora de que el Estado Mexicano ejerza sus facultades en materia de preservación del orden público y como garante del cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano y sancione con ejemplaridad a esta empresa, cuya conducta raya en lo criminal.

Con base a lo anterior, proponemos que se exhorte al gobierno del Estado de Sonora, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, así como a la Comisión Nacional del Agua, para que en ejercicio de sus atribuciones decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución acida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

De igual forma, resulta necesario se castiguen de forma rigurosa los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias que se derramaron al Río Sonora, por lo cual, proponemos que la Secretaría de Economía, con base en sus funciones analice la posibilidad de llevar a cabo la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, en relación a la Mina Cananea, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo gravísimo a que fue sujeta la población y flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución acida de sulfato de cobre al caudal del río sonora.

Por último, consideramos que la Comisión Nacional del Agua deberá presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico, a efecto de que la Procuraduría General de la Republica lleve a cabo las investigaciones a que haya lugar, con el objetivo de que se apliquen las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron al Río Sonora.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Sonora, a las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que con base en sus atribuciones decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, para que ordene la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, con relación a la mina Cananea, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus funciones formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico, así como también a la Procuraduría General de la Republica para que se realicen las investigaciones a que haya lugar, con el objeto de que se apliquen las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron al Río Sonora.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de una comisión especial, que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a 19 de agosto de 2014.

Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez”.

1 Reforma, “Pega a ganadería derrame en Sonora”, http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=315768&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=315768, consultado el 17 de agosto de 2014

2 ídem.

3 El imparcial, “Pospondrán ciclo escolar en Río Sonora”, http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/15082014/875153-Pospondran-ciclo-escolar-en-el-Rio-Sonora.html, consultado el 15 de agosto de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Pacheco Rodríguez. Como fue solicitado por usted, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta y en virtud de esta presidencia tiene registrados a la Diputada Dora María Talamante Lemas, de Nueva Alianza; al Diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; a la Senadora Dolores Padierna Luna, del PRD; al Diputado Fernando Zárate Salgado, del PRD; la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del PT; al Senador Héctor Larios Córdova, del PAN; y al Diputado Fernando Belaunzarán, del PRD.

Todos son a favor de la propuesta, pregunta, para efectos del registro correspondiente, pero a favor de la propuesta, ya la adición se presentará aquí.

En tal virtud, se le concede el uso de la tribuna a la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario Nuevo Alianza. Originaria del estado de Sonora.

La Diputada Dora María Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

El daño de la salud de poco más de 22 mil habitantes que viven en la ribera del río Sonora, derivado del derrame de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el cauce del Río Bacanuchi, es sin duda un tema de urgente resolución, y celebro que en esta Comisión Permanente hayamos muchos Senadores y Diputados del estado de Sonora.

Este terrible incidente considerado como el mayor impacto ambiental en la historia del estado de Sonora amenaza con convertirse en un problema de salud pública, debido a los efectos que la contaminación del agua provoca en las personas a corto y mediano plazo.

Los pobladores de los municipios de Baviácora, Aconchi, Ures, Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús y Huépac, están temerosos de su salud, pues hoy, a una semana del derrame, la emergencia continúa.

Más allá del propio daño ambiental, que por sí solo es perjudicial, y tras los primeros días de contingencia, las afectaciones económicas, educativas y de salud empiezan surgir.

La Comisión Nacional del Agua determinó el cierre de la presa El Molinito con la finalidad de evitar que el agua contaminada se trasmine en pozos y mantos acuíferos de Hermosillo. Además, este lunes en 89 escuelas del estado no se dio inicio al ciclo escolar ante el riesgo de la salud que este problema ambiental representa para las niñas y niños sonorenses, que son afectados, ya en su desarrollo educativo, aunado a lo anterior.

Las actividades como la agricultura y la ganadería que sostienen a miles de familias de la región del Río Sonora se han detenido, provocando que productores de queso, dulces, leche y carne se queden sin el ingreso necesario para solventar los gastos del hogar, peor aún, sin alimentos indispensables para la subsistencia y la de sus familiares y sobre todo de la incertidumbre de si seguir con sus cosechas adelante, ya por el temor de que los riesgos para sus aguas esté contaminada, y que sus cosechas no vayan a ser compradas en el mercado.

En mérito de lo anterior, para Nueva Alianza es de vital importancia brindar protección y auxilio a la población que se encuentra susceptible de mayores afectaciones, a fin de evitar grandes consecuencias.

Sabemos que por ahora lo más importante es detener el daño ambiental y atender sin duda y sin demora las consecuencias que ha provocado en las comunidades. Por ello, la necesidad de que el gobierno federal subsidie por razones de urgencia la reparación inmediata de los daños ocasionados en el derrame según lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo anterior sin perjuicio de las acciones emprendidas para sancionar a los responsables.

Si bien es cierto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, está actuando de manera pronta, también lo es que resulta indispensable la coordinación entre la Federación, el estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de ofrecer respuestas con oportunidad y eficiencia a las necesidades urgidas de los sonorenses afectados.

Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario Nueva Alianza, consideramos muy importante no levantar las restricción del Río Sonora hasta tener absolutamente confirmado que el agua sea apta y no represente ningún riesgo para la salud humana, animal, ni para el medio ambiente; y nos pronunciamos a favor del punto de Acuerdo y respaldamos la creación de la comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada en este daño ambiental en el estado de Sonora.

Por su atención, muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente Talamante Lemas.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada.

Se concede el uso de la tribuna al Diputado Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. También un distinguido sonorense.

El Diputado Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Estamos, por supuesto, de acuerdo con la propuesta del PRI; creemos, sin embargo, que es tardía, pero sobre todo insuficiente; y en virtud de ello quisiera yo argumentar algunas propuestas adicionales con el ánimo de que pudieran incorporarlas en el punto de Acuerdo, de tal manera que este resultara más eficaz.

Fíjense ustedes qué ironías de la vida, que después de una sequía de 15 años Sonora tiene por primera vez agua en condiciones normales, no voy a decir que en condiciones abundantes, pero ahora que el estado tiene agua no la podemos tomar, porque está envenenada.

Hace más de diez días que se dio esta tragedia, causada por la irresponsabilidad de Grupo México. Debo decir aquí un asunto realmente grave, que todas las autoridades estatales y federales pretendieron nadar de muertito frente al problema, se dio la fuga de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y otras substancias muy graves para la salud de los habitantes, sin embargo, nadie no solo hizo absolutamente nada, sino que ocultaron la información.

Fue hasta dos días después de haber sucedido la tragedia que Grupo México reconoció haber tenido una falla estructural en las instalaciones, cosa que es falsa, que dio lugar a la fuga, fue en realidad hasta que los medios nacionales empezaron a interesarse en el tema, que las autoridades estatales y federales empezaron a poner atención en el asunto, y fue hasta que la prensa internacional habló de la dimensión del daño ecológico que el gobierno federal puso también atención en el asunto.

Quiero recordar a ustedes, en honor a la verdad, que diversos municipios del Estado, afectados por este derrame, solicitaron una declaratoria de emergencia, pero la Secretaría de Gobernación estableció que no había lugar a esa declaratoria en virtud de que no se trataba de consecuencias generadas por la naturaleza, sino por la acción del hombre; y consecuentemente no había lugar a recibir los apoyos relacionados con el fondo de desastres.

Días después, cuando la prensa internacional empieza a difundir el tema, es que las autoridades de Protección Civil aparecen por Sonora.

Yo creo que realmente no deberíamos de sorprendernos del desdén y la irresponsabilidad de Grupo México por este acontecimiento.

Recordemos que hace 8 años también Grupo México empleador de los mineros de Pasta de Conchos, los dejó ahí abandonados al igual que sus víctimas.

Grupo México es un histórico dañador del medio ambiente. Hace un año yo presenté un punto de Acuerdo a petición de los vecinos de Cananea, señalando que ya se registraban filtraciones en los muros de contención de todos estos productos o desechos de la mina.

Lamentablemente aquí, este Pleno decidió reducirlo a una anodina solicitud de un informe. Pero celebro que ahora el PRI retome el tema.

Movimiento Ciudadano, en voz del Diputado Monreal, de Ricardo Mejía y de un servidor, habíamos presentado ya tres puntos de Acuerdo relacionados con este tema, lo hicimos hace diez días.

Y celebro que lo haga el PRI, porque cualesquiera que sean sus razones, espero que en virtud de ser partido en el poder, el punto de Acuerdo sea más eficaz que la suerte que corren los puntos de Acuerdo presentados por legisladores de partidos no en el poder.

Sólo para que se den una idea con quién estamos tratando y en función de ello, creo que debemos tratar de fortalecer la propuesta de puntos de este Pleno.

Hace unos días se publicó una encuesta de una empresa que se llama Consultoría Internacional Valens, que trabaja para la revista Forbes.

En este estudio se evalúo la ética empresarial y la responsabilidad social de 586 empresas. De las 586 empresas más grande del mundo, Grupo México obtuvo el lugar 573 entre 586. Y de las evaluadas dentro de esas 586, 32 fueron evaluadas que relacionadas con la explotación de recursos naturales.

Grupo México obtuvo el lugar 31 de 32 en ética empresarial, responsabilidad social y daño ambiental.

Otro dato importante para que sepamos con quién estamos tratando, es que Grupo México tuvo en el primer semestre del año, no obstante la caída de cobre que es el principal producto que ellos explotan, tuvo ganancias por 15 mil 320 millones de pesos.

Y frente a la irresponsabilidad de haber desatendido históricamente el cuidado del medio ambiente y de haber dañado históricamente la salud de la población, ahora llegan las autoridades federales a imponerle una multa de 1 millón 300 mil pesos. Frente a la irresponsabilidad también más grave aún de haber ocultado la filtración para que las autoridades hubiesen actuado más oportunamente.

Así es que frente a ellos estamos, no obstante esta irresponsabilidad del Grupo México, va a subir el Senador Héctor Larios acá, seguramente defenderá la acción del gobierno del estado de Sonora. Pero quiero decir que lamentablemente también ha pretendido nadar de muertito. De tal manera que el tiempo borre no los daños, pero sí el interés de la opinión pública en el tema.

No quiero desconocer que Grupo México ha hecho algo. Fíjense ustedes nada más, repartió 900 garrafones de agua a los damnificados. Y tal vez eso es, Senador Larios, lo que mereció el reconocimiento de la buena voluntad de Grupo México por parte del gobernador del estado.

Lo más grave es que esto no es sino el prólogo de lo que nos espera, si no actuamos con firmeza y con autoridad frente a la presencia de las empresas nacionales que vendrán, según reza la propaganda, en bola o en liacho, a explotar nuestros recursos naturales.

Entiendo claramente que esta es una responsabilidad del Ejecutivo. Y así sea que los puntos de Acuerdo resulten como un llamado a misa que atiende a quien le da su gana, quien tiene la buena voluntad de hacerlo, sí creo que en esta ocasión nosotros debemos dejar testimonio de un compromiso sólido con el país con la población y mostrar que tenemos la disposición de ejercer las atribuciones a nuestro alcance para que ni Grupo México ni las empresas que lleguen a explotar nuestros recursos naturales, podrán hacerlo sin limitación alguna, aun cuando haya riesgos para la población.

En virtud de ello, propongo a nuestros compañeros del PRI, que me permitan sumar un par de propuestas con el propósito de fortalecer el alcance de este punto de Acuerdo.

El primero es que a través de la Secretaría de la Función Pública se inicie una investigación para el deslinde de responsabilidades por el presumible retraso en emitir la alerta a la población de las comunidades afectadas.

Quiero reiterar a ustedes que primero llegó el agua contaminada a las poblaciones y dos días después llegó la alerta pública.

Segundo. Se inicie la propuesta más importante, reforzar las medidas de prevención y evitar posibles afectaciones derivadas de una supervisión deficiente de las normativas de seguridad industrial vigente.

Y último, indemnización total a las y los vecinos de Sonora que hayan resultado afectados por esta tragedia ambiental.

Dejo a usted, señor Presidente, para someter a consideración de los compañeros del PRI, esta propuesta.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Durazo Montaño. Esta Presidencia recibe la modificación y en el momento oportuno se preguntará a la Asamblea si se admite.

Le concedemos el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, originaria, por cierto, de Sonora.

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Pido solamente constar que en la sesión pasada no llegamos a los puntos de Acuerdo, pero ya había ingresado yo un punto de Acuerdo, tocando el tema del que han hecho ya énfasis aquí mis compañeros Diputados y que es de verdadera preocupación lo que está pasando en el estado de Sonora, en el Río Sonora.

Estuve presente el día sábado por toda la zona que contempla los municipios afectados, en específico el municipio de Arizpe, entregando agua potable para toda la población.

Es una situación que, si bien nos ha informado en su totalidad, pues la gravedad de la situación que vive actualmente el río es preocupante, lo que la propia población y las poblaciones aledañas han hecho manifiesto en cuanto al equilibrio ecológico y el impacto que va a tener en su economía.

Y ya se dijo aquí, el agua de estos ríos, no solamente sirve para la siembra y para al mantenimiento del ganado, sino también para el agua potable que surte a todas estas poblaciones.

Esta restricción del uso del agua, solamente lo que hizo fue asustar a los pobladores, recrudecer la situación, porque quiero decirles que ninguno de los que habitan en estas poblaciones, ven la cultura del garrafón, ni tampoco la cultura de los tinacos para el agua.

Toda esa gente está viviendo una situación nueva, una situación que ha impactado psicológicamente a todos los pobladores, y que efectivamente, como se ha dicho aquí, una alerta tardía a toda la población, una alerta que la propia naturaleza les arrojó al momento de empezarse a darse cuenta de que los peces del río se empezaron a morir, de que algunas aves se empezaron a encontrar muertas a la orilla del río, y que el color del agua automáticamente cambió.

Si bien, creo en el llamado al que ha hecho el Diputado en su punto de Acuerdo, yo quisiera solamente pedirle, Presidente, le voy a entregar el documento, que pudiéramos añadirle a ello, estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto, pero creo que lo único que nos va a dar certeza, y yo creo que además haya las multas y las restricciones debe de ser acreedora a la compañía encargada de la mina, me parece que debemos de hacer un exhorto a que se le dé seguimiento a las pruebas de los análisis del agua, no solamente en lo que se emita en los siguientes días, sino en los siguientes meses.

No sabemos hasta cuándo y de qué manera de forma natural se va a limpiar el río.

La contaminación es grave y los metales que se han vertido sobre el río no son de fácil limpieza.

Por eso pediría que se lleve a cabo la toma de muestras y análisis que pongan a discusión los organismos no gubernamentales para hacerlos públicos y que se informe a las poblaciones afectadas.

Coincido con lo que dijo aquí el compañero Diputado Alfonso Durazo, ha sido tibio en cuanto a la determinación y la menor duda que debió haber mostrado ante una catástrofe como ésta.

Retomo las palabras del propio Diputado. Sonora tenía años que no llovía, tenía años que ese río no corría agua, y la verdad que es un pecado pasar por este momento, desperdiciar el agua así y tener que frenar todo el cultivo y tener que frenar toda la economía de la zona del Río Sonora ante la contaminación de estas aguas.

Es cuanto, señor Presidente, y agradezco la solidaridad y la suma que tenga al llamado, no solamente de este punto de Acuerdo, sino al llamado de una gran parte de la población del estado de Sonora.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Guevara Espinoza.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN, y posteriormente a la Senadora Dolores Padierna, al Diputado Fernando Zárate, y al Diputado Fernando Belaunzarán.

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, señor Presidente.

También, gracias por acceder a que primeramente hiciéramos uso de esta tribuna los legisladores que procedemos del estado de Sonora.

Ciertamente, el pasado 6 de agosto, por razones todavía no determinadas, exactamente, pero que claramente corresponden a la responsabilidad de la Minera Buenavista del Cobre de Grupo México, hubo un derrame de un represo, un rompimiento de un represo y un derrame al Río Bacanuchi de aproximadamente 40 mil millones de litros al Río Bacanuchi de una solución con diversos componentes, fundamentalmente ácido sulfúrico, el mineral más presente es hierro, que le dio la coloración colorada, cobre, arriba, más o menos 2 veces del límite, un metal pesado, el cabrio, que sería, en mi opinión, el tema más peligroso de persistir y, bueno, esto derivó después como una afluente el Río Bacanuchi y el Río Sonora, a la parte que es el origen precisamente del estado de Sonora.

Los pueblos que están al margen del Río Sonora son los primeros pueblos que se fundaron en Sonora, y todos estos que son pueblos cuyo, vamos, son pueblos de una enorme historia, con poca población, casi todos ellos dedicados a la ganadería y a la agricultura en la vega del río.

Hasta ahorita me parece que no ha habido una respuesta contundente de todas las autoridades involucradas.

Y respondo aquí al Diputado Alfonso Durazo, que adelanta lo que voy a decir, no sé si tenga facultades de adivino, además de la amistad que mutuamente tenemos, pero me parece que ciertamente es algo que se tiene que investigar, y en caso de existir, aplicar responsabilidades de las que correspondan, algún retraso de algunas horas de la decisión de comunicar a la población de este derrame por el río.

Hoy, en este momento, me parece que el tema central es el abasto de agua potable a la población.

Afortunadamente, como ya han dicho mis 2 compañeros anteriores, ha sido un año extraordinario en lluvias en la región quizás más seca del país, y esto permite a alrededor de 3 mil agricultores de la veda del río el no tener preocupación cuando menos por unas semanas, esperando que se resuelva el problema para poder hacer sus riegos, en caso que no lloviera.

Creo que en la propuesta primera que deberíamos de hacer todos, es en torno, no a la atención a la emergencia, creo que la emergencia ya está, de alguna manera, atendida, yo digo que de manera absolutamente satisfactoria, tanto el gobierno federal, que es el principal responsable, como el gobierno del estado, que corresponde parte de la responsabilidad, me parece que tienen que intensificar los esfuerzos de garantizar a la población, sobre todo el suministro de agua potable.

Pero lo más importante, mucho más que obligar a que se suspendan las actividades de la empresa, que debe de hacerse si procede; mucho más que cancelar la concesión, que debe de hacerse si procede, me parece que lo más importante es que se haga un diagnóstico técnico, independiente, con académicos independientes, los mejores que haya en el país, para determinar daños que se hayan ocasionado ambientales.

Y lo primero que tenemos que exhortar, es a la firmeza del gobierno federal para exigir a la empresa la remediación absoluta de todos los daños ambientales que se han generado.

Pedir otra cosa antes, me parece que no va en beneficio de Sonora, a la mejor responde a otro interés, pero no es en beneficio de las partes afectadas.

Lo que queremos en Sonora es un medio ambiente limpio; y para tener un medio ambiente limpio, si existen residuos de cabrio o de cualquier otra materia que sea peligrosa, tienen que aplicarse las medidas de remediación.

Y mi propuesta, señor Presidente, es añadir este punto de Acuerdo, como numeral 1, precisamente el que se haga un diagnóstico financiado, desde luego, por la empresa, pero hecho por académicos absolutamente independientes que determinen y cuantifiquen el daño ambiental que exista, para que a partir de este diagnóstico se obligue, como es su responsabilidad, a la empresa Grupo México a hacer todas las labores de remediación del medio ambiente.

En mi opinión personal, estos 2 son los temas centrales que deben enfocarnos mucho más que cualquiera de las otras medidas que aquí se han sugerido.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios Cordova.

Respetuosamente le solicito, si presenta por escrito la propuesta que acaba de hacer mención para en su momento tener la oportunidad de presentarla a esta Asamblea para ver si la aprueba.

Independientemente que hay una propuesta por parte del Diputado Durazo; otra, ahora, por el Senador Héctor Larios; y al parecer, también, alguna observación por parte de la Senadora Ana Gabriela Guevara, esta Presidencia les solicita a los grupos parlamentarios, tratemos de buscar una redacción conjunta, dado que todas las participaciones van en sentido positivo.

Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La Diputada Lorenia Valles Sampedro, del estado de Sonora, y su servidora, queremos solicitar a la Comisión Permanente, este punto de Acuerdo, para solicitar el retiro de la concesión de Grupo México, S.A.B. de C.V.   No solo por lo que está ocurriendo con el Río Sonora, si no por todos los daños que a lo largo de vigencia de esta concesión, ha tenido esta irresponsable minera.

La negligencia en la operación de la Mina Buenavista del Cobre-Grupo México, generó un derrame de 40 metros cúbicos, equivalente a 40 millones de litros, de la solución ácida de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

La cantidad de químicos derramada al río es equivalente al agua contenida en 16 albercas olímpicas. Las consecuencias del daño humano y ecológico son de una auténtica tragedia.

El daño afecta a la población de ocho municipios del estado de Sonora, incluyendo la ciudad de Hermosillo, así como centenares de ranchos y ejidos que dependen de estas fuentes de agua, para las actividades agropecuarias y de consumo humano.

En cuanto al número de población afectada, se ha contabilizado, al menos, 22 mil personas en las comunidades ribereñas de más de 800 mil habitantes de la capital del estado.

Las 22 mil personas de los municipios ribereños podrían permanecer hasta un mes sin acceso a este líquido vital de estas fuentes de agua. La falta de agua es tan seria, que el costo de un garrafón de agua purificada, ha llegado alcanzar precios de hasta de 120 pesos.

Para ilustrar algunas de las consecuencias ocasionadas por este derrame, 88 escuelas no pudieron iniciar clases el lunes pasado, ante el peligro de que los estudiantes pudieran consumir agua contaminada.

En cuanto a los daños ecológicos, Jaime Varela Salazar, profesor emérito de la Universidad de Sonora y especialista oriundo de la entidad, señaló que se trata de la emergencia ecológica más grave en la historia del estado de Sonora.

Se afectaron los Ríos Sonora y Bacanuchi, en aproximadamente 226 kilómetros de cauce. Se ha contaminado la Presa Rodolfo Félix Valdés o llamada también el Molinito, aledaña a la ciudad de Hermosillo.

El agua del Río Sonora presenta contaminación de metales pesados por arriba de la norma para el consumo humano, como fierro, arsénico, aluminio, magnesio, níquel de cobre y carneo; entre los reportes presentados por los pobladores, se ha señalado la muerte de ganado, de peces y de la flora que entró en contacto con la mancha química del caudal. Adicionalmente resultarán también afectadas diversas especies de animales, propias de la región.

Por estas razones, el Ombudsman de la entidad, Raúl Ramírez Ramírez, señaló que el derrame tóxico afectará, invariablemente, parte del ecosistema de la región. Desafortunadamente, alrededor de tres mil agricultores y ganaderos, fueron afectados en su producción, entre muchas otras.

Desafortunadamente no es la primera vez que se presentan este tipo de tragedias en el país. De acuerdo a académicos de la UNAM, en todos los estados que cuentan con actividad minera se registran denuncias de abusos y violaciones relacionadas con la destrucción del entorno físico, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras, así como destrucción irreparable de costumbres y formas de vida.

Los ejemplos sobran, la Auditoría Superior de la Federación había señalado, desde el Informe de la Cuenta Pública 2010, que los procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales y que, además, todavía perduran a la fecha.

Por la actual situación en Sonora, no debe de formar parte de una larga lista de abusos y violaciones de las mineras. En particular de la minera de Grupo México, que han sido consentidos por los distintos gobiernos federales y han gozado de total impunidad ante la falta constante a la ley.

Recientemente Arturo Rodríguez, Subprocurador de Inspección Industrial de la PROFEPA, señaló que entre las razones principales de la tragedia en Sonora, se encuentra la deficiente supervisión en la mina y defectos de construcción. A pesar de ello, no se han establecido, por las autoridades correspondientes, las sanciones a las cuales va ser acreedora, y mucho menos ha actuado con prontitud, para obligarla a reparar, cuanto antes, el daño.

Termino diciendo que, solicitamos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite a Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía, para que en cumplimiento del artículo 43 de la Ley Minera vigente, suspenda la concesión a Grupo de México, S.A.B, de C.V, para operar.

Y que para el caso de Sonora, de inmediato suspenda el derecho para realizar las obras y trabajos en la Mina Buenavista del Cobre, puesto que su operación está violando varias fracciones de este artículo y pone en peligro la vida y la integridad física de trabajadores, de miembros de la comunidad y ha causado daño a bienes de interés público.

Que se solicite, también, a Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, para que se amplíe la denuncia contra Grupo México, y en ella se tome en cuenta a los principales afectados, para solicitar la reparación del daño al medio ambiente ocasionado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida, de sulfato de cobre al caudal del Río Sonora.

Y, finalmente, que en forma urgente se actúe, retirando la concesión a este grupo.

Es cuanto.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Fernando Zárate, del PRD.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente.

En realidad los hechos ya están dichos, las consecuencias y los efectos sobre la población, sobre la agricultura, el ganado, la vida cotidiana de los vecinos, de los ciudadanos, de los agricultores, de los productores y, sobre todo, del impacto que una de las empresas más potentes mexicanas y la tercera más importante en el mundo, en lo que toca al cobre, representa.

En realidad, la aproximación que yo tengo es distinta. Y tiene que ver mucho con otras reformas que han aprobado en la República Mexicana, hace algunos días, específicamente la reforma energética.

Hace algunas sesiones yo señalé que era necesario reforzar el marco jurídico para que las empresas extranjeras que vinieran a explotar nuestros recursos, fueran dentro del marco de la ley y se les aplicara de manera categórica la ley; es decir, en palabras simples, cómo vamos a meter en raya y bajo el gobierno y el estado normativo a las empresas extranjeras que van a venir a invertir en el suelo y subsuelo mexicano, específicamente los energéticos.

Empresas tan potentes como Exxon, Texaco, Shell, BP, etcétera, son muy poderosas, como es Grupo México; son muy poderosas en capital humano, en recursos, en abogados y en toda una serie de infraestructura que, precisamente, como lo que nosotros acabamos de ver hace unas semanas en Sonora, puede o va a ocurrir en nuestro país.

Esta prueba que el PRI, Nueva Alianza, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y PT, sobre todo los legisladores sonorenses impulsan, es una de las grandes pruebas para nuestra nación. ¿Va a poder el gobierno federal y el Estado mexicano hacer cumplir la ley o no?

Es suficiente cuando nosotros ponderamos el daño que se lleva a cabo a los ciudadanos y a las instituciones con respecto a las multas de un millón de pesos que se han dado. La ponderación es justa, es más, rescinde el daño, una multa de un millón 300 mil pesos, ¿Cuál es el rol de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría de Medio Ambiente, la PROFEPA? ¿Cuál es el rol de la Secretaría de Economía?

Preguntemos, si este asunto no se resuelve de manera correcta, concreta, exhaustiva y firme no tenemos ni por qué intentar responder la pregunta de qué vamos a hacer cuando vengan las empresas extranjeras con respecto a la reforma energética. La verdadera pregunta es: ¿Cuál es la voluntad, la fuerza, la solidez de todo un Estado que está intentando que los ciudadanos tengan una mejor vida y que el marco normativo se cumpla y, sobre todo, que las sanciones sean correspondientes a los daños que se hacen? ¿Cuál es el tamaño también del Congreso de la Unión al emitir este punto de Acuerdo y al exhortar realmente a las autoridades a ejercer justicia en este país, y sobre todo a resarcir el daño o a prever muchas y diversas circunstancias con respecto a los ciudadanos ganaderos, productores, economía local, medio ambiente, todos los hechos que ya se han narrado en esta Comisión Permanente?

En realidad mi posicionamiento tiene que ver con una reflexión profunda respecto del alcance y el peso de las instituciones en distintos actos, tanto de la naturaleza, como del hombre, o hechos y, específicamente, este tema de Sonora. Son miles de litros de ácido, es una afectación que probablemente pueda durar años.

¿De verdad nos vamos a reducir a un millón 300 mil pesos? ¿Esa es la función del Estado mexicano? Yo creería que hoy el Estado mexicano, nosotros, el Poder Legislativo, y sobre todo el Poder Ejecutivo, va a tener que contestar, lo va a hacer de manera categórica, o nuestro peso va a ser mucho menor que el económico de las empresas transnacionales y más potentes del mundo.

Por supuesto que toda la solidaridad con el promovente y con los partidos que han posicionado, y esto es una buena prueba para todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Zárate Salgado.

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Fernando Belaunzarán.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

En efecto, la multa es ridícula, lo menos que tiene que hacer Grupo México es reparar el daño, además de que si no tiene garantías se le debe de suspender la concesión. Pero hay algo que no debemos perder de vista, este no es un hecho excepcional, las mineras en México están depredando el medio ambiente, las mineras en México son la gran industria privilegiada, es una industria sin contrapesos, es una industria de un tremendo saqueo al patrimonio nacional que ni siquiera paga impuestos de acuerdo a sus ganancias.

La verdad es que es una industria, insisto, sin control estatal específico. Yo esperaría que esta discusión o esto que estamos viendo no se quede solamente en hacer medidas espectaculares o mediáticas frente a este hecho por supuesto reprobable, sino que nos pongamos a revisar la situación legislativa, la situación legal de estas empresas verdaderamente, insisto, de privilegio que causan un daño muy fuerte y muy pocos beneficios a el pueblo de México, al país, de acuerdo, insisto, a sus ganancias.

Hay muchos casos documentados de daños al medio ambiente por parte de las mineras, y de una ausencia de capacidad para el Estado mexicano, de que haya una verdadera reparación del daño y de que el derecho al medio ambiente, que es un derecho humano, el derecho a tener un medio ambiente sano, se cumpla con todas las comunidades.

Y uno se pregunta, por supuesto. Ayer lo preguntó Denise Maerker en su entrevista, “¿Si no pueden poner orden en la minera, qué va a pasar con las petroleras?”. Porque a lo mejor las mineras eran la gran industria de privilegio en México, en donde tienen inmensas ganancias y pocas responsabilidades, a lo mejor ya no van a ser las más privilegiadas, sino que ahora le va a llegar las petroleras, es decir, “quítate que ahí te voy”.

¿Cuáles van a ser verdaderamente las responsabilidades de las petroleras si hay un daño al medio ambiente? Ya lo vimos en el Golfo de México, y ya vimos lo que tuvo que hacer incluso el gobierno de los Estados Unidos con las petroleras que efectivamente hicieron un gran daño ecológico, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado mexicano?

Y me parece que aquí estamos a prueba, que no quede en un asunto mediático, y Cananea no es un caso excepcional, y Grupo México no es la única que está. Hay verdadera, este es, perdón que lo diga, para los grupos, sobre todo canadienses, “es Jauja” lo que pasa con la industria minera, insisto, sin responsabilidades, muchos dividendos, muy buen negocio, pero pocas responsabilidades.

Y perdón, y si en el fracking algo sale mal aquí mis amigos aprendices de brujo, que se ponen a, en esta ambición desmedida a experimentar con procedimientos que en otras partes ya están prohibidos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me parece fundamental que aprovechemos este momento no para simplemente mostrar una indignación con esta minera, que por supuesto existe, sino que pongamos nuestras barbas a remojar de lo que puede pasar, de lo que ya ha pasado en otros lados, de lo que puede pasar con la industria y lo que puede pasar con el fracking.

¿Cómo vamos a responder o cómo va a responder el Estado mexicano frente a estas amenazas? Acompaño, por supuesto, el punto de Acuerdo. Me parece que se puede mejorar, y ojalá y lleguemos a un acuerdo incluyendo estas cosas; me parece que tiene que quedar claramente establecida la obligación de la reparación del daño en el Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Esta Presidencia no tiene más oradores registrados sobre este tema en lo particular, más sin embargo ha solicitado el Diputado Durazo, el Diputado Heberto Neblina y la Senadora Ana Gabriela Guevara algunos momentos con la finalidad de redactar alguna propuesta, misma que en su momento tendrá que ser acordada con el Diputado proponente, el Diputado Pacheco.

En tal virtud, si no tienen ustedes inconveniente, esta Presidencia continuaría con la sesión y en el momento oportuno se someterá a votación con las modificaciones que en su caso sean aprobadas por esta Asamblea.





 

En tal virtud, continuando con el Orden del Día, se concede el uso de la tribuna al Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca a aprobar una nueva Ley de Educación de dicho estado en estricto apego a las normas y principios constitucionales y legales de la reforma en materia educativa.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

Oaxaca es un trozo del alma de México, y tiene virtudes y carencias, y se mueve entre las luces y las sombras, orgullosamente tiene un excelente patrimonio cultural, un patrimonio histórico, un patrimonio gastronómico, sitios arqueológicos y una biodiversidad maravillosa. Lamentablemente en el contraste tenemos extremos de pobreza y marginación, y los índices de educación dentro de los más bajos de la República Mexicana.

El año pasado en el contexto educativo, el 26 de febrero, se promulga una reforma constitucional y se mandata a expedir leyes particulares; y el 11 de septiembre se promulgan las reformas a la Ley General de Educación, se crea la Ley General de Servicio Profesional Docente y se crea la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación.

Dentro de dos días, 22 de agosto, podemos recordar cómo la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en condiciones extremas, aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente, y entre los transitorios de la legislación se enmarcó el 12 de marzo para la armonización de las legislaciones locales; lamentablemente Oaxaca es el único lugar de entidades federativas donde no se ha promulgado la ley local.

Recientemente el Congreso de Oaxaca tiene seis iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, de Nueva Alianza, de Acción Nacional y el Partido Social Demócrata, y adicionalmente una de un Diputado local.

El 14 de agosto, el gobernador Gabino Cué en colaboración con la Sección 22, acaba de turnar una iniciativa muy lamentable, que entrega la educación a intereses que no pueden calificarse, y que tiene enormes vicios de inconstitucionalidad y muchísimas omisiones.

En el camino de todo esto, uno de los mandatos de la reforma constitucional fue el tener un censo, y en lugares como Michoacán y Oaxaca las secciones locales del sindicato magisterial bloquearon la posibilidad del censo. En Oaxaca no fueron censados 6,628 centros educativos; y en los datos del censo, que vienen calificados en cuanto a la nómina en condiciones muy graves, tenemos 27,296 personas que, dicho de otra manera, no están en el aula, no están frente a grupo y no sabemos con certeza qué es lo que están haciendo.

En el impacto financiero esto significa, por lo mismo, 2,376 millones de pesos en donde hay un abuso que no está destinado al tema educativo.

El propio Secretario de Educación, Emilio Chuayffet ha declarado públicamente que de los 200 días de calendario, al menos 70 días están maestros en falta.

El año pasado no se presentaron el primer lunes de clase; se presentaron el séptimo lunes de actividad; y no únicamente eso, se les pagaron salarios caídos y se les dio un bono por inicio de año escolar.

El promedio de escolaridad de Oaxaca, lamentablemente es de 6.8 años de escolaridad, y el promedio nacional es de 8.4.

¿Qué pretende la Reforma Educativa en su primera etapa?

Cuatro puntos fundamentales.

Primero. El derecho a una educación de calidad, y las iniciativas del gobernador Cué ni siquiera la mencionan.

Segundo. El tener la amplia participación del magisterio, y en especial de los padres de familia para poder enriquecer los contenidos educativos, tampoco se atiende de manera plena.

Tercero. El que haya una evaluación obligatoria para el ingreso, reconocimiento, permanencia y promoción del personal académico y que tenga consecuencias; se le quiere dar la vuelta.

Y finalmente, se crea un Sistema Nacional de Evaluación, dándole la autonomía como máxima autoridad educativa en el término de evaluación al Instituto Nacional para Evaluación de la Educación.

Dicho en pocas palabras, se quiere mejorar la calidad con la profesionalización, disminuir la desigualdad de acceso y, sobre todo, participar en una promoción mayor de la sociedad.

Dónde queda entonces la rectoría del estado.

Y, luego tenemos esquizofrenias no entendidas, da la impresión de que el gobierno local está de rodillas, cede ante demandas claramente ilegítimas y se transmite el problema al ámbito federal.

Es la esquizofrenia en donde la Secretaría de Gobernación los atiende, y no hay una atención de manera muy visible por parte de la Secretaría de Educación, y se da el Efecto Penélope, lo que se construye de día se destruye de noche.

Ayer miembros de la Junta de Coordinación Política de Oaxaca, refieren medios periodísticos, estuvieron con el Subsecretario de Educación, Luis Miranda, y lo que queremos es que haya claridad, porque en un estado de derecho no se puede omitir la existencia de servicio profesional docente ni tampoco que en la evaluación sea obligatoria y que tenga consecuencias, ni tampoco que la Autoridad Nacional de Evaluación es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y que obviamente en un intento claro de ideologización estamos hablando de aspectos que no se pueden permitir.

En política hay dos aspectos que no se pueden negociar, principios y legalidad, y aquí hay visos de irregularidad. Necesitamos que el gobierno local asuma todo esto, que no traslade el conflicto necesariamente al gobierno federal, y que el gobierno federal se coordine de manera más plena para que no mandemos los mensajes inapropiados.

No podemos permitir la condena a Oaxaca a un rezago educativo, y por eso nosotros proponemos un punto de Acuerdo, que tiene dos partes.

La primera.       Es un exhorto respetuoso al congreso local para que se armonice la legislación completa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE, y hacemos también un llamado al gobernador Cué a que tengamos el restablecimiento del orden, como diría Gabriel Said, no queremos estado de chueco, queremos estado de derecho.

Hoy la pregunta que queremos dejar es, cuánto vale el amor por los niños, las niñas y los adolescentes de Oaxaca, ¿vamos a permitir la omisión para que esto no se pueda hacer de manera armónica?

Es cuanto, Señor Presidente.

Propuesta

punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Oaxaca a que apruebe una nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, con estricto apegó a las normas y principios constitucionales y legales de la reforma en materia educativa.

“Los Senadores y Diputados de LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que  se exhorta al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a que apruebe una nueva Ley de Educación para Oaxaca, apegada a los preceptos contenidos en los artículos 3º y 73 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las reformas a la Ley General de Educación y La Ley General del Servicio Profesional Docente de publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 26 de febrero de 2013 se publicaron las reformas y adiciones a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se incorporan las bases para la creación de un servicio profesional docente, estableciendo principios de igualdad y transparencia para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de las y los maestros. Asimismo, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo, responsable de evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, con la facultad de expedir los lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades educativas federal y locales en materia de evaluación.

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, legislaciones que fueron publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Como parte del decreto y atendiendo al mandato constitucional, se estableció un plazo de seis meses como límite para que las entidades federativas adecuaran su respectiva legislación para dar cumplimiento a las reformas educativas.

El 12 de Marzo del presente año venció el plazo para la armonización de las legislaciones locales en materia educativa, no habiendo cumplido al día de hoy con dicho mandato las legislaturas de los estados de Oaxaca y Guerrero.

En el caso de Oaxaca, los grupos parlamentarios del PAN, del PRI,  del PANAL, del PSD así como un diputado a nombre propio han presentado un total de 6 iniciativas para armonizar la legislación local con las reformas, sin embargo fue hasta el día 14 de Agosto de este 2014 que el Gobernador Constitucional de dicha entidad, Gabino Cué Monteagudo, turnó al Congreso del Estado su iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca.

Dicha iniciativa fue redactada en colaboración con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, omite y contradice disposiciones de temas torales contenidos de las reformas a la Constitución, a la Ley General de Educación, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por ejemplo, omite la existencia de un Servicio Profesional  Docente, la evaluación obligatoria, el Ingreso, Promoción Reconocimiento y Permanencia mediante evaluación y concurso. Transgrede la facultad exclusiva de la Federación de promulgar los Planes y Programas para la Educación Básica y la Normal, así como el reconocimiento a  la Autoridad del Nacional para la Evaluación de la Educación en materia de Evaluación, el Sistema Nacional  para Evaluación de la Educación.

Desconoce los derechos recién reconocidos de los padres de familia de conocer los mecanismos, criterios y resultados de la evaluación de los maestros, participar como observadores en los procesos de evaluación, contar con un sistema de quejas y denuncias, conocer el presupuesto asignado por escuela y formar parte de las decisiones del centro escolar por medio de los Consejos Escolares de Participación Social.

Rechaza la obligación del Gobierno Estatal de colaborar con la integración de un padrón nacional de alumnos, maestros y escuelas y las obligaciones derivadas del Sistema de Información y Gestión Educativa.

En la práctica, es del conocimiento de todos, los diversos intentos por desvirtuar y limitar los alcances de la reforma en puntos específicos como la evaluación de maestros, el ingreso por concurso o las promociones basadas en meritos y evaluaciones.

En Oaxaca, al igual que en Michoacán, se tuvo que cancelar el examen de oposición del Servicio Profesional Docente por parte del Instituto, debido a presión y boicot por parte de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de  Trabajadores de la Educación de Oaxaca, quienes además exigieron la contratación inmediata de los egresados de las escuelas normales.

Desafortunadamente, en un acto que desafía la Constitución, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca anunció que iniciará en los próximos días la contratación de los egresados de las 11 escuelas normales del estado, sin que hayan presentado el examen de ingreso que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin duda, la entrega automática de plazas a normalistas o a cualquier profesionista, contraviene uno de los puntos torales de la reforma educativa, que es la evaluación obligatoria de maestros.

En Acción Nacional estamos convencidos de que no debe haber excepciones en la aplicación de la reforma educativa, ni debemos permitir que se aprueben contrarreformas en las legislaciones estatales.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Congreso del Estado de Oaxaca para que en el proceso de análisis y discusión de las diversas propuestas de nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, se respete la letra y el espíritu de la reforma educativa. Asimismo, pedimos a las autoridades educativas que no realicen actos contrarios ni permitan que se transgreda los principios legales de la reforma educativa.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a que apruebe una Nueva Ley de Educación para Oaxaca, apegada a las normas y principios contenidos en los artículos 3º y 73 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la

Federación, así como a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las reformas a la Ley General de publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a garantizar el restablecimiento del Estado de Derecho, y el cumplimiento de a las normas y principios contenidos en los artículos 3º y 73 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicada el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las reformas a la Ley General de publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Romero Hicks. Una pregunta, ¿existe la solicitud de que sea de urgente resolución su proposición? Así es, perfecto.

Dado que fue solicitado como de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.





 

Se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez un punto de Acuerdo que solicita a diversas dependencias del gobierno federal la suspensión del Acueducto Independencia por daño irreparable al territorio, tierras y recursos naturales de la tribu yaqui.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El pueblo yaqui obtuvo, mediante Decreto Presidencial del General Lázaro Cárdenas en 1940, derechos de dominio legal de su tierra y agua, y el reconocimiento político de sus autoridades tradicionales.

Mediante ese Decreto se permitió un equilibrio social y ambiental durante décadas en la región para la preservación de los recursos naturales en beneficio colectivo. Por lo tanto, el Río Yaqui adquiere un doble significado de defensa legal y cultural para el pueblo yaqui que debe ser respetado.

En 2010, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías tomó la decisión unilateral de construir el Acueducto Independencia sin consultar al pueblo yaqui.

El acueducto realiza el tras pase de 75 millones de metros cúbicos de agua anuales, desde el Río Yaqui en la Presa Plutarco Elías Calles o El Novillo hasta la ciudad de Hermosillo, ubicado en la cuenca del Río Sonora.

El Acueducto Independencia fue licitado, construido y actualmente está en operación sin haberse respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación que obligan al Estado mexicano a interrumpir la obra.

Dos de esas suspensiones están actualmente vigentes, mientras tanto el acueducto se encuentra operando sin autorización de impacto ambiental.

Hace una semana, intelectuales, artistas y activistas publicaron un desplegado a favor de la lucha de los yaquis, advirtieron que la opción más segura y barata para abastecer de agua a Hermosillo y otras ciudades, es reparar las fugas e invertir en plantas potabilizadoras de agua, idea que hemos propuesto desde hace un año, durante un acto referente a este conflicto realizado en el Museo de la Ciudad de México, don Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia agradeció a los promotores de la carta de solidaridad que se publicó a finales de julio.

El día 8 de agosto a las diez de mañana, en las instalaciones del Senado de la República, fue recibida la caravana de la tribu yaqui por la Senadora Ana Gabriela Guevara, el Senador Alejandro Encinas, y la de la voz, y estamos solicitando, ellos más bien nos solicitaron se atienda y se le dé seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la realización de la consulta la revocación definitiva de la autorización de Impacto Ambiental y la suspensión de las operaciones del Acueducto Independencia por daño irreparable a la tribu yaqui, bajo las siguientes consideraciones.

1. Que la nación tiene la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, como es el caso del pueblo yaqui.

2. Que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como proteger los elementos que constituyen su identidad, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, así como la obligación de la federación de los estados y municipios de establecer las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblo y comunidades que deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

También, el Convenio 169 de la OIT es un instrumento jurídico internacional vinculante que fue firmado por México el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza, y este Convenio, ratificado por el Senado de la República el día 11 de julio de 1990, obliga a consultar y a obtener de los pueblos indígenas la autorización cuando se está impactando a sus derechos o en sus comunidades.

Por lo tanto, México, siendo un país firmante, está sujeto a la supervisión en cuanto la implantación de que este ordenamiento internacional ordena. Este ordenamiento internacional establece la obligación de los pueblos interesados a una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y de organizar el respeto a su integridad, así como a consultar previamente a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, y se debe de obtener el consentimiento de los pueblos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 8 de mayo de 2013 en el amparo a revisión de 631/2012, que interpuso Jesús Service Espinoza y otros miembros integrantes de la tribu yaqui, reconoció el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas y cualquier de sus integrantes puede promover juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales y colectivos.

Estableció, así mismo, que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptibles de afectar sus derechos o intereses.

También, para tal efecto, el tribunal supremo de nuestra nación ordenó dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción y operación del Acueducto Independencia y reponer el procedimiento para el efecto de que se haga una consulta previa, informada y libre a la tribu yaqui, respecto de la operación del acueducto, hasta el día de hoy las autoridades locales y federales responsables siguen incumpliendo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional y las disposiciones normativas nacionales e internacionales que protegen a la tribu yaqui en defensa de su territorio y de sus recursos naturales.

Ante lo anterior, hacemos la propuesta del siguiente punto de Acuerdo:

Primero. Que la PROFEPA suspenda la operación del Acueducto Independencia por causar daño irreparable al pueblo yaqui y por no contar con la autorización de impacto ambiental.

Segundo. Que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Dirección General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos de la Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT, en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, faciliten toda la información solicitada por la tribu yaqui de forma actualizada y verás para la realización de la consulta y se respete el derecho al consentimiento del pueblo yaqui.

Tercero. Que la consulta a la tribu yaqui se realice mediante procedimientos culturalmente adecuados a través de sus instituciones representativas, y que se respete el resultado de la consulta.

Por último. Cuarto. Que el Estado mexicano establezca medidas cautelares para la protección de la tribu yaqui por daño irreparable y detener las acciones de hostigamiento en su contra.

Queremos agradecer la presencia de los representantes de la tribu yaqui en esta Comisión Permanente, a los cuales les damos la bienvenida.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta

Punto de Acuerdo: Suspensión del Acueducto Independencia por daño irreparable al territorio, tierras y recursos naturales de la Tribu Yaqui, se proporcione toda la información requerida para concluir la Consulta y se sancionen el hostigamiento sobre sus integrantes.

“Quienes suscriben, las Senadoras Ana Gabriela Guevara, Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

El Pueblo étnico Yaqui, es un pueblo ancestralmente asentado en la cuenca del Río  Yaqui, pertenecientes al Estado de Sonora, con alrededor de 32 000 habitantes. La historia del pueblo Yaqui, es la historia por la defensa de su territorio y la defensa de su identidad a lo largo de siglos en contra de lo que ellos denominan Yori (los que no respetan la ley tradicional).

En el siglo XIX, tras la llegada de Porfirio Díaz al poder, se extendió una guerra de exterminio en contra del pueblo Yaqui, que logró deportar a cientos de indígenas a Yucatán, para que trabajaran como esclavos en las plantaciones de henequén de aquella época. Es hasta 1911, durante la Revolución mexicana, cuándo los indígenas yaquis, empiezan a regresar a su territorio de origen; pero sólo  hasta la presidencia del General Lázaro Cárdenas, cuándo mediante un Decreto emitido en 1940, que se restituye la titularidad  del  territorio a la Tribu Yaqui, otorgándoles el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río. Gracias a ello es que está vigente un pacto de paz entre los Yaquis y el Estado mexicano.1

Pacto jurídico-político, que les otorga el dominio legal de su tierra y agua y, el reconocimiento político de sus autoridades tradicionales y, que permitió el equilibrio social y ambiental durante décadas en la región, para la preservación de los recursos naturales en beneficio colectivo. Por lo tanto el Río Yaqui, adquiere un doble significado de defensa legal y cultural  para el pueblo Yaqui que debe ser respetado.

En 2010, el Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, toma la decisión unilateral de construir el Acueducto Independencia sin consultar al Pueblo Yaqui.  El acueducto realiza el trasvase de 75 millones de metros cúbicos de agua anuales desde el Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del río Sonora)2.

El Acueducto Independencia fue licitado, construido y actualmente está en operación sin haberse respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpir la obra. Dos de esas suspensiones están actualmente vigentes, mientras tanto, el Acueducto se encuentra operando sin autorización de impacto ambiental.3

Desde noviembre de 2011, en este Senado se propuso un punto de acuerdo que solicitó se integrara una comisión especial para investigar y dar seguimiento al conflicto entre el pueblo yaqui y el gobierno del estado de Sonora por la construcción del llamado Acueducto Independencia.

En esta Legislatura, otros representantes populares y la de la voz han desarrollado propuestas varias sobre el tema del agua yaqui en donde se exhortó al gobierno del Estado de Sonora a crear espacios y a construir posibilidades de diálogo resolutivo y vinculante, en obediencia y acato a los procesos y términos legales. El penúltimo movimiento legislativo referente a ese tema, fue el Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos en donde argumentó, para desechar la propuesta, que el diálogo entre las partes involucradas en el conflicto se retomó y se auspició por los buenos oficios de la Secretaría de Gobernación y demás autoridades del Poder Ejecutivo Federal. La conclusión fue, la propuesta nuestra se había quedado sin materia y de ahí su natural desecho. Esto se dio el día martes, 25 de Marzo de 2014.

El 30 de junio del presente nos enteramos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso una multa de cuatro millones 36 mil 800 pesos al gobierno estatal por irregularidades en la construcción del ramal norte, en particular por la invasión de terrenos federales en la presa Abelardo L. Rodríguez. Esa obra es complementaria al Acueducto Independencia, que suministra agua de la presa El Novillo (en el Río Yaqui) a Hermosillo. En un comunicado, la Conagua dio a conocer la multa e informó que se ordenó al Fondo de Operaciones  de Obras Sonora Sí que retire los tubos que instaló en el lecho seco de la presa de Hermosillo. Según la Conagua, el gobierno de Sonora incurrió en graves violaciones a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento e indicó que la obra carecía de permisos de cruce y ocupación, así como del proyecto técnico.

Nos enteramos por los medios de comunicación que organizaciones civiles de 70 países reprocharon al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el desacato a ordenamientos judiciales para someter a consulta la construcción del Acueducto Independencia, en el estado de Sonora, por la afectación a la Tribu Yaqui. La Red Internacional para los Derechos Económicos y Culturales (Red-DESC), 270 organizaciones civiles de todo el mundo, a las que se sumaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Análisis e Investigación Fundar y Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL), enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Osorio Chong en la que manifiestan sus inquietudes por la construcción del acueducto “y el trasvase de grandes cantidades de agua, que representan un desafío para las comunidades yaquis, debido a los impactos adversos para su medio ambiente, cultura y formas de vida”. A más de un año de la resolución, emitida en mayo de 2013, las organizaciones internacionales manifiestan a Osorio Chong su preocupación por “la inejecución de la sentencia y la forma en que se realiza la consulta; asimismo, la decisión de no suspender los flujos de agua desde el río Yaqui, puesto que se pueden ocasionar graves daños irremediables a la tribu, no sólo ambientales, sino culturales y sociales, con graves consecuencias en los derechos humanos de estas comunidades”. Activistas recordaron a Osorio Chong las obligaciones internacionales que tiene México por haber firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos.

Como se aprecia el conflicto ha perdurado y escalado. Diversas voces internacionales han manifestado su postura y se mantienen a la expectativa de los pasos ejecutivos a seguir. El conflicto, pues, si ustedes Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores de la Comisión Permanente así lo perciben, sigue vivo y creciendo pues la tensión política por este asunto del agua en Sonora tiende a crecer. Por ello es necesario que en obediencia a nuestra responsabilidad de ser un contrapeso de poderes, es necesario tomar parte con un nuevo exhorto a las autoridades para seguir el camino legal, el camino legítimo que en esta vez coincide y sumarnos a los reclamos locales de los indígenas yaquis, sumarnos a las voces internacionales y acatar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que aquí se involucran.

Una caravana de la comunidad yaqui en la que participaron gobernadores de sus pueblos, arribó en la segunda semana de agosto a la ciudad de México para  solicitar una gestión senatorial. En la reunión expresaron que la construcción del acueducto de 145 kilómetros dejará sin agua a la Tribu Yaqui y siete municipios más, y limitará la producción agrícola en el valle del Yaqui. Específicamente solicitan impulsar una reunión con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, para que se atienda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de llevar a cabo una consulta con los pueblos indígenas antes de construir cualquier obra de infraestructura.

Hace unas semanas, intelectuales, artistas y activistas publicaron un desplegado en favor de la lucha de los yaquis, quienes advirtieron que la opción más segura y barata para abastecer de líquido a Hermosillo y otras ciudades es reparar las fugas e invertir en plantas potabilizadoras de agua de mar, idea que hemos propuesto desde hace un año. Durante un acto referente a este conflicto, realizado en el Museo de la Ciudad de México, Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia, agradeció a los promotores de una carta de solidaridad que se publicó a finales de julio.

Es necesario atender esta añeja petición legítima y viable que está eligiendo la vía institucional para resolver un conflicto que algunas instituciones federales  y estatales se han mostrado morosas en resolver y otras se han pronunciado a favor de la consulta como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Los pormenores de esta demanda se expresan puntualmente en el documento llamado “Informe Preliminar del proceso de consulta a la Tribu Yaqui” elaborado por la Misión Civil de Observación4.

El día 8 de agosto a las diez de la mañana,  en las instalaciones del Senado de la República, fue recibida  la Caravana de la Tribu Yaqui  por la Senadora Ana Gabriela Guevara, la Senadora Dolores Padierna y el Senador Alejandro Encinas, reunión en  la que expresaron todo su apoyo, respaldo y solidaridad con la lucha legítima de la Tribu Yaqui y, se comprometieron a elaborar un Punto de Acuerdo que atienda y de seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realización de la Consulta, la revocación definitiva de la autorización de impacto ambiental  y suspensión de las operaciones del Acueducto Independencia por daño irreparable a la Tribu Yaqui.

CONSIDERACIONES

I. Que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas como  es el caso del Pueblo Yaqui.

II. Que la constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Así como, proteger los elementos que constituyen su identidad,  conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Así como la obligación de la Federación, Estados y Municipios de establecer las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, que deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

III. Que en la Reforma de Derechos Humanos de 2011,  estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que se formule la propia Constitución y se deben interpretar favoreciendo en momento a las personas en su protección más amplia. Así como la obligación de toda autoridad de promover, respetar, sancionar y reparar la violación de estos derechos.

III. El Convenio 169 de la OIT, es un instrumento jurídico internacional vinculante, que fue firmado por México el 27 de junio de 1989 en Ginebra Suiza y ratificado por el Senado de la República, el 11 de julio de 1990.  En el se regula los derechos de los pueblos indígenas y tribales y por lo tanto los países firmantes están sujetos a supervisión en cuanto a su implementación.

En este ordenamiento internacional, establece la obligación de los Gobiernos de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, así como de consultar previamente a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.

Asimismo, este instrumento internacional, señala que las consultas, deberán efectuarse de buena fe, de manera apropiada a las circunstancias  para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. También que los derechos de los pueblos interesados de los recursos naturales existentes en sus tierras, deben protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.5

VI. La Suprema Corte de Justicia el 8 de mayo de 2013, en el amparo en revisión 631/2012 interpuesto por Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui, reconocióel derecho de  las comunidades y pueblos indígenas y cualquiera de sus integrantes puede promover juicio de amparo en defensa de los derechos fundamentales colectivos.

“El derecho humano de acceso a la justicia para las comunidades o pueblos indígenas, contenido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva de la situación de vulnerabilidad en que aquéllos se encuentran y del reconocimiento de su autonomía, por ello, en dicho precepto se fijó un ámbito de protección especial que, sin tratarse de una cuestión de fuero personal, garantiza que sus miembros cuenten con la protección necesaria y los medios relativos de acceso pleno a los derechos. Así, conforme al mandato constitucional de referencia, se garantiza a los pueblos y a las comunidades indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y para ello se precisa que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Federal. Asimismo, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, se hace énfasis en que el acceso a la justicia individual o colectiva de los pueblos y las comunidades indígenas, implica garantizar el acceso a procedimientos legales tramitados personalmente o por medio de sus organismos representativos. Así, este postulado en conjunto con el artículo 2o. constitucional, poseen plena fuerza vinculante al haberse adoptado en la normativa de nuestro país, lo que implica que permee en todos los ámbitos del sistema jurídico, para crear un enfoque que al analizar el sistema de normas en su totalidad, cumpla con su objetivo, que es el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva para superar la desigualdad de oportunidades que tradicionalmente les han afectado, lo cual se conoce como principio de transversalidad. En esa medida, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, cuando se trate de medios de defensa de derechos fundamentales, como es el juicio de amparo, debe permitirse a cualquier integrante de una comunidad o pueblo indígena, instar a la autoridad jurisdiccional correspondiente para la defensa de los derechos humanos colectivos, con independencia de que se trate o no de los representantes de la comunidad, pues esto no puede ser una barrera para su disfrute pleno.”6

Asimismo, estableció que todas las autoridades en ámbito de sus atribuciones están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptibles de afectar sus derechos o intereses medidas.

La protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la información, el de la participación en la toma de decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe. En el entendido que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues precisamente uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados.”7

Para tal efecto, el Supremo Tribunal de la Nación ordenó dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción y operación del Acueducto Independencia y reponer el procedimiento para el efecto de que se se haga una consulta previa, informada y libre a la Tribu Yaqui respecto de la operación del acueducto.

Hasta el día de hoy, las autoridades locales y federales  responsables siguen incumpliendo la Sentencia de la Corte y las disposiciones normativas nacionales e internacionales que protegen a la Tribu Yaqui en la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la PROFEPA suspenda la operación del Acueducto Independencia, por causar daño irreparable al Pueblo Yaqui y por no contar con autorización de impacto ambiental.

Segundo. Que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y a la Dirección General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT, en cumplimiento de la sentencia de la SCJN, faciliten toda la información solicitada por la Tribu Yaqui de forma actualizada y veraz para la realización dela Consulta y se respete el derecho al consentimiento del Pueblo Yaqui.

Tercero. Que la Consulta a la Tribu Yaqui se realice mediante procedimientos culturalmente adecuados a través de sus instituciones representativas y que se respete el resultado de la Consulta.

Cuarto. Que el Estado mexicano establezca medidas cautelares para la protección de la Tribu Yaqui por daño irreparable y detener la acciones de hostigamiento en su contra.

Senado de la República, 20 de agosto de 2014.

Suscriben

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.

1 Campuzano,Margarita.“Los Yaquis: la continua lucha por existir”, Jornada, 2 de agosto de 2014.

2 Idem.

3 Información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)

4 www.observacionconsultayaqui.wordpress.com

5 Convenio OIT Nro.169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes 1989”.Artículos 2, 6 y 15.

6 Tesis:1ª. CCXXXV/2013(10ª) Primera Sala, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y Gaceta,Amparo en revisión 631/2012. Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui, específicamente del Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

7 Revisión del Amparo631/2012 de Jesús Ceviza Espinoza y otros, miembros integrantes de la Tribu Yaqui, específicamente del Pueblo de Vícam, Sonora. 8 de mayo de 2013. Cinco votos; José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

 





 

Honorable asamblea, informo que tenemos inscritos en el Orden del Día 204 dictámenes que emitieron las comisiones de la Comisión Permanente, distribuidos de la siguiente forma: 89 dictámenes de la Primera Comisión, 59 de la Segunda Comisión y 56 de la Tercera Comisión. La Primera Comisión solicitó el retiro del dictamen por lo que hace un llamado a la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República, para que se conozca y dé seguimiento del caso del periodista Nolberto Herrera Rodríguez.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 11 de junio de 2014, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Distrito Federal presentar informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables, para la instalación de equipos de control de estacionamientos en la vía pública (parquímetros) y los motivos por los que la Administración Pública del Distrito Federal no optó por un concurso público abierto, suscrita por el Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de junio del presente, el senador del Partido Verde  Ecologista de México, presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del H. Congreso de la Unión (sic), solicita al Gobierno del Distrito Federal, que presente un informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables, para la instalación de equipos para el control de estacionamiento en la vía pública (parquímetros) y los motivos por los que la administración pública del Distrito Federal no opto por un concurso público.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICION

En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el senador Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México, se plantea lo siguiente:

Que “…el programa ecoParq, es un programa del gobierno del distrito Federal que pretende recuperar los espacios públicos mediante la instalación de parquímetros, a cargo de la autoridad del Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de mejorar la movilidad en la ciudad de México muy la disponibilidad de espacios de estacionamientos, así como disminuir el uso desmedido de automóviles particulares y de la emisión de partículas contaminantes en el ambiente del Distrito Federal.

El día 21 de septiembre de 2013, el diario El Universal, en su primera plana, expuso que el gobierno del distrito Federal otorgó permisos para la operación de parquímetros en zonas de las colonias Polanco Reforma, Polanco Chapultepec, Los Morales sección Palma, Bosque de Chapultepec, Anzures y Nueva Anzures, Roma, Hipódromo-Condesa y Lomas de Chapultepec, a la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario, S.A de C.V, son que contara con experiencia en materia de parquímetros al momento en que le fueron otorgados los  permisos, durante febrero y noviembre de 2011, ya que ésta fue creada en marzo del 2010.

Se ha señalado que los permisos tienen una duración de 10 años y el negocio genera aproximadamente 190 millones de pesos anuales, siendo esta empresa la única que operaría en el programa del gobierno capitalino, por lo que, de ser cierto, debe explicarse los motivos por el que los Permisos Administrativos Temporales Revocables fueron asignados de manera directa por la Administración Pública del Distrito Federal.

El Permiso Administrativo Temporal Revocable, es el acto administrativo por el que la administración Pública del Distrito Federal otorga a una persona física o moral, el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sea de dominio público o privado; los cuales serán a título gratuito o bien, a título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble permisionado.

Es necesario conocer quién es la autoridad encargada de llevar a cabo la justificación y los estudios de mercado correspondientes, que dieron fundamento a la contratación de la empresa operadora de estacionamientos bicentenario para la operación de los parquímetros, así como las pautas de valoración utilizadas para garantizar a la Administración Pública del Distrito Federal que se trató de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

Concluye  el proponente al señalar:

● Es imprescindible transparentar los procedimientos para el otorgamiento de cualquier tipo de designación o contrataciones que traigan beneficios a particulares por el uso de espacio públicos.

● Que debido a la instalación de parquímetros en las calles de la Ciudad de México, una empresa privada ha recaudado grandes sumas de dinero por el uso de espacios públicos, por lo que es importante dar a conocer el destino que se les ha asignado a los mismos.

● Se deben tomar medidas correspondientes, dentro  del ámbito de su competencia, para conocer las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y formular una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la proposición que se dictamina, haciendo las siguientes precisiones:

Los artículos del Reglamento para el control de estacionamiento en las vías públicas del Distrito Federal establecen:

Artículo 1. Es objeto del presente Reglamento regular la prestación del servicio y el funcionamiento de sistemas de control de estacionamiento de vehículos en la vía pública, para la rehabilitación y el mejoramiento del espacio público.

Artículo 2. Son autoridades responsables de la aplicación del presente reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, todas ellas de la Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 4. A la Secretaría corresponde:

I. Determinar las Zonas de Parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos;

II. Establecer las características técnicas de los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública;

III. Supervisar que los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública funcionen adecuadamente;

IV. Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros;

V. Determinar el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la Zona de Parquímetros;

VI. Auxiliar a la Secretaría de Transportes y Vialidad en la señalización de los cajones de estacionamiento y demás indicaciones viales, y

VII. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 5. A la Secretaría de Finanzas corresponde:

I. Adoptar las medidas que procedan para transferir a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, los recursos que se generen a favor del Gobierno del Distrito Federal, por el control del estacionamiento en la vía pública y por el retiro del candado inmovilizador a los vehículos y por las contraprestaciones derivadas de concesiones o permisos, y

II. Cobrar la contraprestación que deberán cubrir los permisionarios o concesionarios.

Artículo 7. La Oficialía Mayor, con el auxilio de la Secretaría, llevará a cabo los procedimientos para el otorgamiento de la concesión o del Permiso Administrativo Temporal Revocable a título oneroso, por los que se permita a particulares el aprovechamiento de las vías públicas para la instalación y operación de sistemas de control del estacionamiento de vehículos en la vía pública.

Artículo 8. A la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde:

I. Supervisar la instalación, operación y mantenimiento de los parquímetros;

II. Elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios públicos que se ubiquen en el entorno urbano de las Zonas de Parquímetros, y

III. Las demás facultades que le otorgue el presente Reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 9. A la Delegación corresponde:

I. Previamente a las reuniones del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, determinar con cada uno de los Comités Ciudadanos que correspondan a la Zona de Parquímetros, las áreas del espacio público en que se aplicarán los recursos generados por el control del estacionamiento en la vía pública;

II. Informar a la Autoridad del Espacio Público sobre las determinaciones a que se refiere la fracción anterior, y

III. Determinar, con la Autoridad del Espacio Público, el orden y la forma en las que se desarrollarán las obras de mejoramiento y rehabilitación del espacio público.

Esta comisión dictaminadora con base en los artículos anteriores hace las siguientes observaciones:

● Que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde Instalar, operar y dar mantenimiento por sí o a través de terceros, a los parquímetros;

● Que el reglamento anteriormente señalado faculta a la Oficialía Mayor, con el auxilio de la Secretaría, llevará a cabo los procedimientos para el otorgamiento de la concesión o del Permiso Administrativo Temporal Revocable a título oneroso, por el que se permita a particulares el aprovechamiento de las vías públicas para la instalación y operación de sistemas de control del estacionamiento de vehículos en la vía pública, sin embargo, no establece que tenga que ser por medio de concurso público.

● Que a la Secretaría de Finanzas corresponde adoptar las medidas que procedan para transferir a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, los recursos que se generen a favor del Gobierno del Distrito Federal, por el control del estacionamiento en la vía pública y por el retiro del candado inmovilizador a los vehículos y por las contraprestaciones derivadas de concesiones o permisos, y cobrar la contraprestación que deberán cubrir los permisionarios o concesionarios.

● Que a la Delegación le corresponde previas reuniones del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, determinar con cada uno de los Comités Ciudadanos que correspondan a la Zona de Parquímetros, las áreas del espacio público en que se aplicarán los recursos generados por el control del estacionamiento en la vía pública; informar a la Autoridad del Espacio Público sobre los usos de dichos recursos, y determinar, con la Autoridad del Espacio Público, el orden y la forma en las que se desarrollarán las obras de mejoramiento y rehabilitación del espacio público.

Esta Primera Comisión, con base en los artículos antes mencionados y de los argumentos expresados por el proponente, no se desprende que se estén violando los procedimientos para el otorgamiento de permisos temporales revocables de los parquímetros, por lo que considera procedente solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, remita un informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables, para la instalación de equipos de control de estacionamientos en la vía pública conocidos comúnmente como parquímetros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita respetuosamente  al Gobierno del Distrito Federal, informe sobre las condiciones y criterios que sirvieron de sustento para el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables, para la instalación de los equipos de control de estacionamientos en la vía pública conocidos como parquímetros.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada el pasado 25 de Junio de 2014 la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que todos los entes de la Administración Pública Federal den cumplimiento eficaz al Protocolo de Intervención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual”, suscrita por los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Armando Neyra Chávez, Ernesto Gándara Camou, Isaías González Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 25 de junio 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo ya referida.

B. En la misma fecha, dicha Proposición fue turnada por el Presidente de la  Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. CP2R2A.-1308.

II. CONTENIDO

Los  Senadores que suscriben la Proposición con Punto de Acuerdo manifiestan que la violencia ha permeado en todos los ámbitos, indican que es preocupante el aumento de este fenómeno en las escuelas y en el medio laboral, principalmente en su manifestación de acoso y hostigamiento sexual, lo cual refieren, pasa en numerosas ocasiones desapercibido. Declaran que en las dependencias federales se ha implementado la ética en el trabajo y que  la literatura sobre hostigamiento y acoso sexual señala que esta conducta puede tener como antecedente el acoso laboral, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación  designa con el nombre de “mobbing”, conocido también como linchamiento en el trabajo.

Señalan que, en materia de responsabilidad patronal, el acoso y hostigamiento sexual ya fue incorporado en la Ley Federal del Trabajo y establecen la necesidad  de hacer efectiva y eficiente la regulación jurídica en la materia a los servidores públicos, por ser norma obligatoria. Refieren la existencia de dos casos expuestos a la luz pública: el primero de ellos es el de la C. Ruth Sarmiento, funcionaria del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia (CENAPI), quien interpuso una denuncia el 7 de enero de 2013 y el de la C. Rosalba Villaseca Trejo cuya denuncia se presentó en contra del C. José Manuel Guevara Ortiz, delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República, en este último caso la servidora pública fue separada del cargo en el 2012. Los proponentes argumentan que los casos referidos evidencian que dentro de la Procuraduría General de la República el Protocolo de Intervención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual surge en el año de 2009 y es obligatorio a todos los entes de la Administración Pública, no fue atendido.

Declaran que tal Protocolo se derivó del diagnóstico de cultura institucional, con base en los resultados del cuestionario que aplicó el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de la Función Pública en el 2008, del cual se desprendieron la existencia de 25 mil 728 casos de acoso sexual, 7 mil 796 denuncias ante las autoridades y mecanismos competentes en las instituciones y la necesidad de instrumentar un mecanismo de protección pues el 15% de las mujeres y 5.3 % de los hombres reportaron haber sido víctimas de acoso sexual.

Refieren que  el Artículo 10 del Segundo Capítulo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia  establece que  la violencia laboral "consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad". Expresan que atender este fenómeno resulta  importante pues es una forma de violencia de género y discriminación, además de afectar el libre desarrollo psicosexual y crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe. Al respecto, mencionan que el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, instrumentó la Estrategia de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF), que es  un mecanismo de actuación y procedimiento cuyo objetivo es detectar y atender este tipo de prácticas, con el propósito de que las instituciones promuevan relaciones laborales armónicas y de respeto y generar el adecuado acceso a la justicia de las víctimas de hostigamiento u acoso sexual. 

Aluden que para los casos de hostigamiento y acoso sexual que se presenten en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, debe tomarse en cuenta también:

● Código Penal Federal : Tipifica el hostigamiento sexual

● Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP): Contienen obligaciones de los servidores públicos en el Artículo 8. El tipo de responsabilidad que aplica en el hostigamiento y acoso sexual es la de carácter administrativo.

● Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)

● Ley Federal del Trabajo (LFT)

● Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)

● Reglamento Interior de Trabajo (RIT)

● Códigos de Conducta (CC).

Indican que la responsabilidad administrativa, de acuerdo con estos preceptos legales, tiene por objeto sancionar las conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración pública y, que las sanciones que se aplicarán por este motivo, están establecidas en la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Al respecto mencionan que la investigación de esta falta la llevan a cabo los Órganos Internos de Control de cada dependencia o entidad y  que se debe atender al Protocolo referido siempre y cuando la parte quejosa opte por una resolución formal del caso.

Finalmente los Senadores expresan que el  Protocolo de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual tiene el propósito de contribuir a la sensibilización de las y los servidores públicos responsables de la atención y seguimiento de prácticas de hostigamiento y acoso sexual, dar protección laboral, entre otras, a la persona afectada, así como contribuir de forma significativa a la generación de una política institucional y establecer procedimientos claros, confidenciales e imparciales para atender las quejas que se presenten por estos motivos.

Por lo anterior se propuso lo siguiente:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que lleve a cabo las gestiones conducentes por conducto de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, para que todos los entes de la Administración Pública Federal den cumplimiento eficaz al Protocolo de Intervención a casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. Prioritariamente se sensibilice a servidoras y servidores públicos responsables de la atención y seguimiento de prácticas de hostigamiento y acoso sexual que afectan los derechos humanos de mujeres y hombres al interior de las instituciones públicas. Además de que se enfoquen a difundir campañas en los medios de comunicación interna para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, así como la difusión de los procedimientos para la denuncia.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que dentro de las Instituciones de la Administración Pública Federal se elaboren Planes de acción con metas e indicadores a corto, mediano y largo plazo donde incluyen acciones específicas para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual. Y se implemente un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento, así como la generación de un programa de denuncia, y se informe de la instancia colegiada que dirima estos asuntos. Se lleve a cabo una adecuada investigación para que se finquen a las y los servidores públicos, las responsabilidades administrativas que procedan por su incumplimiento.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión dictaminadora comparte la preocupación de los legisladores proponentes,  pues el fenómeno de hostigamiento y acoso sexual sigue siendo un fenómeno invisibilizado e ignorado, del que es necesario hablar para convertirlo en un asunto de interés público, pues involucra además violencia de género, lo anterior de acuerdo al Protocolo de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual1.

B. El protocolo referido indica que en nuestro país hay tres vías legales para atender el delito de hostigamiento y acoso sexual:

1) Vía penal. En este caso se tipifica como hostigamiento sexual. La investigación la lleva el Ministerio Público y se interpone a iniciativa de la afectada mediante una querella;

2) Vía Administrativa. Finca responsabilidad de tipo administrativa y la sanción la establece el Órgano Interno de Control de cada dependencia;

3) Vía Laboral. Se remite a la vía administrativa y tiene efectos diversos según el tipo de contrato del trabajador –de confianza o de base–, y se ocupa del estudio de las causales de recisión de la relación de trabajo, sin entrar exactamente al estudio del delito, para esto, dentro de esta vía

En este sentido, ha existido una atención a este delito por parte del poder legislativo y de diversas dependencias, como es el caso del Instituto Nacional de la Mujeres que emitió el Protocolo en comento.

C.  En el mismo sentido que el numeral anterior, esta problemática sigue siendo atendida, pues hay voluntad de seguir nutriendo la legislación; al respecto, el pasado 11 de Marzo del año en curso, según el boletín-307: El Senado de la República aprobó por 91 votos reformar el Código Penal Federal para sancionar con una multa de hasta 40 días de salario mínimo, a quien en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona y le cause un perjuicio profesional, daño patrimonial, económico o sufrimiento psicológico y físico.

El documento establece que por reincidencia, además de la multa correspondiente, se impondrá la destitución del cargo, empleo o comisión.

Misma iniciativa fue turnada para su análisis a la Cámara de Diputados.

D. En atención a lo expuesto, la problemática del hostigamiento sexual y acoso laboral según el Protocolo, se encuentra en la falta de sensibilización y convicción de las personas de todas las áreas de la administración pública y de la falta de generación de mecanismos de protección durante y después del procedimiento que preserve a las víctimas que han interpuesto ya sea una queja, demanda o denuncia, en contra de represalias.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente la propuesta, toda vez  que  las dependencias de la Administración Pública deben atender a los requerimientos básicos para la la prevención y desahogo de este delito, entre los que destacan la necesidad de pronunciar su compromiso con el tema por parte de los titulares de las dependencias y establecer mecanismos de difusión para la sensibilización de los servidores públicos,  además de elaborar un procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y sanción de este delito, todo lo anterior según lo establece el Protocolo de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública que,  a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, lleve a cabo las gestiones conducentes para que todos los entes de la Administración Pública Federal implementen los requerimientos básicos para la atención del Hostigamiento y Acoso sexual, además de elaborar un procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y sanción de este delito, conforme al Protocolo de Intervención establecido para estos casos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciseis días del  mes de julio de 2014”.

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101154.pdf





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaal Jefe de Gobierno, así como a distintas dependencias del Distrito Federal, a que se respeten los Derechos Humanos y el Debido Proceso en la detención y presentación de personas por infracciones cometidas dentro de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrita por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 25 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio de 2014, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaal Jefe de Gobierno, así como a distintas dependencias del Distrito Federal, a que se respeten los Derechos Humanos y el Debido Proceso en la detención y presentación de personas por infracciones cometidas dentro de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio No. CP2R2A.-1302.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los Proponentes, basan su Punto de Acuerdo en las siguientes Consideraciones:

PRIMERA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

SEGUNDA.-Que el artículo 55 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, establece lo siguiente: el policía en servicio detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los casos señalados en la Ley.

Así mismo, dispone que: el policía que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en este artículo será sancionado por los órganos competentes de la Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.

De lo anterior, resulta que el policía que detenga a una persona que cometa alguna de las infracciones señaladas en la Ley de Cultura Cívica, es quien debe presentar ante el Juez correspondiente al presunto infractor, no como ocurre actualmente, pues los supuestos policías vestidos de civil detienen al presunto infractor y éstos a su vez lo entregan a otro policía para que sea éste último quien lo presente ante el Juez Cívico.

TERCERA.- Que el artículo 5 fracción IV, dispone que se comete infracción, cuando la conducta se comete en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte. Tal es el caso del ejercicio de comercio en instalaciones del Sistema de Transporte Público “Metro”.

CUARTA.- Que el Manual Ciudadano de Cultura Cívica señala textualmente, lo siguiente: “¿Se puede acudir a cualquier Juzgado Cívico? Acuda al Juzgado Cívico donde se cometió la infracción o el que corresponda a nuestro domicilio.”

De lo citado, es evidente que cuando se detiene a un presunto infractor a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, específicamente en alguna de las estaciones o instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, se debe presentar al infractor en el Juzgado Cívico de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

QUINTA. Que es fundamental garantizar los derechos humanos y procesales de los infractores a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, y en su caso, la autoridad competente se apegue al procedimiento correspondiente a fin de que en caso de que se pruebe la conducta infractora se aplique la sanción que conforme a derecho corresponda. Así mismo, para que se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad que son detenidas por vender productos al interior del Sistema de Transporte Colectivo.

Bajo los numerales anteriores, plantean el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.-Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instruya a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas del Distrito Federal, para que de forma coordinada instruyan a quien corresponda, a fin de que las detenciones que se realicen en el Sistema de Transporte Colectivo se ejecuten por personal plenamente identificado y se respete el principio del Debido Proceso.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Consejería Jurídica, así como a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, para que las personas detenidas por cometer una falta administrativa en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo sean presentadas ante el Juez Cívico competente más cercano al lugar donde se cometió la infracción.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que brinde el debido seguimiento a las quejas presentadas por personas detenidas en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, mismas que fueron presentadas desde el pasado mes de marzo, y en su caso, se emita la recomendación correspondiente.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que instruya a quien corresponda con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de las personas que padecen alguna discapacidad y que son detenidas en el Sistema de Transporte Colectivo por infracciones a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión se pronuncia por el respeto a los Derechos Humanos y  a que se garantice el Debido Proceso, a todas las personas que sean requeridas o detenidas por la autoridad, que se deriven de algún acto u omisión en cualquier materia donde nuestro Marco Jurídico vigente, prevea este tipo de acciones por parte de la autoridad.

SEGUNDA.- Tal y como lo refieren los promoventes, el Gobierno del Distrito Federal ha implementado una serie de medidas dirigidas a evitar la presencia del comercio informal en los vagones de los trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Entre ellos destaca el ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, DESARROLLO ECONÓMICO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTRETÉGICAS NECESARIAS A FIN DE GENERAR LA INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL DE LOS COMERCIANTES AL INTERIOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, publicado el 6 de marzo de presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERA.- En ese sentido, de acuerdo al portar web del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) el 11 de diciembre de 2013, inició una campaña de comunicación dirigida a los usuarios denominada: “No les compres y desaparecen”, la cual pretende hacer conciencia en los usuarios de no adquirir los productos que los comerciantes informales ofrecen durante los trayectos del tren, dentro de sus vagones.

Asimismo, como resultado del Estudio sobre el Incremento de la Tarifa en el STCM, así como la Encuesta de Sobre el Incremento a la Tarifa del STCM, aplicada a los usuarios; el multicitado Sistema de Transporte, estableció 11 compromisos que serían o serán posibles gracias al aumento de la tarifa. Uno de esos compromisos es el de “Incorporar 1,200 policías más para fortalecer la seguridad del Metro e inhibir el comercio informal en sus instalaciones”.

Acorde con lo anterior, en el Comunicado de Prensa STC/052/2014 de fecha 27 de abril del 2014, emitido por el mismo STCM se informa, entre otras cosas, lo siguiente:

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) incorporaron 500 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) a la vigilancia en la Red del Metro para fortalecer la seguridad de los más 5.3 millones de usuarios de este Organismo, atender con eficacia las incidencias que se presenten y apoyar la dosificación de pasajeros.

Con la integración de estos elementos de la PBI se complementa la incorporación de mil 200 policías de esa corporación al Metro, como se había asumido con los usuarios en 11 compromisos derivados del ajuste tarifario […]

Los elementos asignados al Metro, […] tienen como objetivo mantener el orden público, recuperar espacios públicos, evitar el ingreso de vagoneros a las instalaciones y atender las potenciales emergencias al interior de este medio de transporte.

CUARTA.- El mismo Comunicado de Prensa citado en el numeral anterior, señala lo siguiente:

 “Del 13 de diciembre del 2013 al 26 de abril de 2014 en más de 10 mil 100 ocasiones se ha remitido a personas al Juez Cívico, por cometer faltas administrativas relacionadas con la venta informal.”

Este dato resulta relevante, toda vez que si la Gerencia de Seguridad Institucional del STC Metro, reconoce que existen 2, 868 comerciantes informales que operan en los vagones del STC Metro, de acuerdo al censo que citan los mismos proponentes, esto implicaría que el total de ese universo de personas han sido detenidas, más de 3 veces entre diciembre de 2013 y abril de 2014, o que ha habido un crecimiento exponencial de personas dedicadas a esta actividad. 

QUINTA.- No obstante lo anterior, y de acuerdo al objeto de la Proposición en análisis, el número de remisiones de estas personas al juez cívico es elevado, toda vez que de acuerdo al periodo reportado por el STC Metro, este consiste en 17 semanas que equivale a 134 días que resultan ser aproximadamente 75 remisiones diarias. 

De este modo, la Dictaminadora estima que si bien el Gobierno del Distrito Federal se encuentra realizando un esfuerzo por evitar el comercio informal dentro de la Red de este importante sistema de transporte, lo cual es plausible por ser en beneficio de los usuarios y de la eficiencia del servicio, así como para incorporar a la economía formal a las personas que mediante este tipo de comercio han encontrado el sustento de sus familias, las remisiones sin duda, deben proceder conforme a derecho y con el pleno respeto a los Derechos Humanos.

SEXTA.- En concordancia con el numeral anterior, y de acuerdo a diversos dictámenes precedentes en los que los integrantes de esta Comisión hemos acordado aprobar atentas solicitudes a las diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, donde pudiesen vulnerarse los Derechos Humanos, compartimos enteramente la preocupación de los legisladores proponentes del asunto en análisis. Asimismo, estimamos que las querellas que se han presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las que aluden los proponentes, deben recibir el adecuado seguimiento, con miras a que se cumpla de manera cabal el respeto a los Derechos Fundamentales que salvaguarda nuestra Constitución.

De tal suerte que para la Dictaminadora la Proposición en análisis es de aprobarse en lo referente a solicitar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, y con observancia plena a la autonomía administrativa del Distrito Federal, una especial atención al respeto de los Derechos Humanos de las personas comerciantes que operan en el STC Metro, al momento de proceder con la correspondiente remisión al Juez Cívico; así como también lo relativo a la solicitud dirigida a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que dé el debido seguimiento a las querellas presentadas en meses pasados a este respecto y que su vez, obsequie una especial atención a las detenciones que se realizan dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión acuerda el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que las detenciones administrativas que se realicen en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se ejecuten por personal plenamente identificado, se respete el principio del debido proceso y se garanticen los derechos humanos de todas las personas remitidas al Juez Cívico.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  brindar el debido seguimiento a las quejas presentadas por personas detenidas administrativamente en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentadas el pasado mes de marzo y, en su caso, emitir la recomendación correspondiente y brindar una especial atención a las detenciones administrativas que se llevan a cabo en ese Sistema, con motivo del comercio informal que se realiza en el interior de sus instalaciones.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a dieciséis días del mes de Julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de la República C. Enrique Peña Nieto, a que instruya a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal a que se abstengan de solicitar información a los trabajadores sobre su militancia partidista, a efecto de respetar los principios normativos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en materia electoral”, suscrita por los  Senadores del Partido Acción Nacional (PAN); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Militancia-PAN.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Militancia-PAN, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio No. CP2R2A.-1309.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 11, de la Comisión Permanente, del 25 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Militancia-PAN; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República C. Enrique Peña Nieto, para que instruya a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a que se abstengan de solicitar información a los trabajadores sobre su militancia partidista, a efecto de respetar los principios normativos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en materia electoral.

2. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE), para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, haga una revisión exhaustiva sobre posibles afiliaciones gremiales por parte de los Partidos Políticos y de esta manera, se respete y se de cumplimiento al principio de la legalidad en materia político-electoral en México.

B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“A raíz de que se dio a conocer que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ha levantado un censo por instrucciones de su dirigente nacional Manuel Vallejo para saber cuál es la militancia partidista de sus afiliados y que posteriormente a la aplicación del mismo, el secretario del Exterior, Luís Alonso Barragán, envió un oficio con fecha de la primera semana de mayo a líderes estatales, a quienes le pide enviar el censo de la plantilla laboral de todos los centros de trabajo, indicando nombre y matrícula de cada trabajador.

Lo anterior, adquiere relevancia ya que según los medios, en 2013 la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se incorporó al PRI, y en enero del presente año firmaron un convenio de afiliación con el sector popular del partido.

En este sentido, los promoventes resaltan que existe un riesgo considerable en perjuicio de los trabajadores del IMSS, si no actúan a favor de los intereses de la cúpula sindical. Lo que ha generado inconformidad y molestía por parte de los trabajadores activos del IMSS y jubilados quienes denunciaron una campaña de afiliación masiva por parte del Revolucionario Institucional.

A pesar de que la libertad de afiliación a un partido político, supone un ejercicio de libertad y conciencia plena que solo concierne a los ciudadanos con la afiliación libre e individual, sin injerencias o amenazas de ningún tipo por parte de organizadores o corporaciones, se sabe que en asambleas por parte del la SNTSS circulan hojas de afiliación y se recuerda a los empleados que es un compromiso con el partido anteriomente mencionado.

Por consiguiente se está transgrediendo el contenido de la fracción I del Artículo 41 Constitucional donde se dispone que “..Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”.

Por último los promoventes señalan que de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 3 se prohibe expresamente la afiliación corporativa a los partidos políticos. Toda vez que la afiliación es un derecho político de los ciudadanos, y debe ejercerse de manera individual.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición Militancia-PAN; esta representación considera que es obligación del Estado salvaguardar y fomentar los derechos políticos de los ciudadanos, así como generar las condiciones de igualdad y equidad para la correcta aplicación de la ley.

D. Esta soberanía, comparte con los promoventes, la preocupación de que la dirigencia del SNTSS no hubiere respetado los derechos políticos de sus agremiados y que pudiera haber incurrido en violaciones al orden jurídico, ya que están implícitos derechos políticos y el respeto a la individualidad de cada persona. Al efecto, cabe recordar lo referido por el  artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, donde se dispone que “el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.”  Ya que su espacio de ejercicio será exclusivamente en el entorno laboral. Por lo que, llevar alianzas donde un sindicato se presta a dar una afiliación corporativa a un partido político sería afirmar que el sindicato ha perdido su objetivo.

E. A su vez se observa que lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que “…es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras…” por lo que buscar por parte de un partido político que un sindicato como es el SNTSS se una a las filas partidistas atenta a los derechos políticos de los ciudadanos.

F. Bajo el mismo tenor de ideas, los integrantes de esta Comisión de trabajo consideramos importante solicitar la información conducente a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, en tanto ámbitos con responsabilidad en materia de aliento al respeto de la vigencia de los derechos humanos en la Administración Pública Federal y de conducción de la vigencia de las relaciones institucionales con las organizaciones sindicales que se encuentran normadas conforme a lo previsto por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

G. Por otro lado, con relación a la proposición formulada en torno a la intervención del Instituto Nacional de Elecciones con la finalidad de que no permita la afiliación masiva a ningún partido político, esta Comisión Dictaminadora -sin demérito del principio constitucional de libre afiliación de todo ciudadano de la República a los partidos políticos- estima pertinente aguardar la recepción del informe que se plantea solicitar a las dependencias federales enunciadas en la literal anterior, a fin de adoptar su resolución con base en los elementos aportados por los promoventes, los que aporten los integrantes de la Comisión Permanente y los que se reciban con base en el Punto Resolutivo que proponemos a la aprobación del Pleno.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social un informe sobre el presunto levantamiento de un censo de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se incluyó información relativa a la afiliación política de sus agremiados

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas:

a) La proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar diversas acciones a favor de los derechos humanos; suscrita por la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Partido del Trabajo (PT).

b) La Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homologas en las entidades locales y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a llevar a cabo un balance y fortalecer las acciones para dar facticidad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, suscrito  por el Diputado Valentín Maldonado Salgado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta  a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar diversas acciones a favor de los derechos humanos; suscrita por la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Partido del Trabajo (PT).

En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homologas en las entidades locales y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a llevar a cabo un balance y fortalecer las acciones para dar facticidad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, suscrita  por el Diputado Valentín Maldonado Salgado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En la misma fecha, ambas  proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante  oficios CP2R2A.-1313    y CP2R2A.-1366 respectivamente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

1.- Consideraciones de  la Senadora Ana Gabriela Guevara:

[…] Amnistía Internacional, señaló que la aplicación de la reforma en derechos humanos no sólo toca a las constituciones, sino a las leyes reglamentarias que exige la reforma constitucional y, sin embargo, muchos de los organismos públicos locales tampoco han hecho las adecuaciones necesarias y Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la UIA, indicó que en materia de derechos humanos se ha vivido un retroceso con la resolución de la SCJN, respecto a la contradicción de tesis 293/2011, donde indicó que la aplicación de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales deben sujetarse a los límites establecidos en la Constitución. Esto, explicó, es contrario al principio pro persona.

[…]

Ya se han emitido exhortos a las comisiones estatales de derechos humanos para elaborar un informe del estado que guardan los derechos humanos en los estados, incluso hay una legislación pendiente de dictaminar en este sentido. Ahora estos señalamientos nos invitan a proseguir la construcción de un estado de derechos humanos. Por ello se insiste, ahora a las legislaturas estatales, a elaborar un informe respecto a esta necesaria armonización legislativa y convocar a una reunión nacional de congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para considerar las decisiones a tomar para lograr dar este paso histórico.”

Por lo anterior se propuso lo siguiente:

UNO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para elaborar un informe del estado en que se encuentran sus legislaciones respecto a los cambios constitucionales del 2011, en materia de derechos humanos.

DOS.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para convocarlos a una reunión nacional de congresos estatales y asamblea legislativa del Distrito Federal con el objetivo de asumir decisiones de armonizar sus legislaciones en favor de los derechos humanos respecto a los cambios constitucionales del 2011.

TRES.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Presidencia de la República a considerar una campaña de información, como política pública, para que la ciudadanía se apropie de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y de los mecanismos que tienen para la defensa de los mismos.

2.- Consideraciones del Diputado Valentín Maldonado Salgado 

El Diputado Valentín Maldonado Salgado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática declara, que en el  mes de junio se cumplieron 3 años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, la cual fue un parte aguas hacia la tutela de los valores más preciados en la sociedad humana.  Indica que esta reforma exige su facticidad, de lo contrario acabará en simulación.

Explica que esta reforma constitucional implicó dos cambios esenciales: Primero, los jueces, magistrados y ministros en sus respectivos ámbitos de competencia tienen facultad para conocer y decidir de las violaciones a los derechos humanos y además,  deben dejar a un lado la norma que viole los derechos humanos, debiendo optar por su tutela. Segundo, el respeto de los Derechos Humanos se alega bajo el amplio orden jurídico internacional, destacadamente el contenido en los tratados ratificados por nuestro país.

El diputado  Valentín Maldonado Salgado  manifiesta y  enuncia que los principios y ejes básicos, de esta Reforma son:

● Los derechos humanos se constituyen en la esencia del derecho.

● Los derechos humanos se transforman en la esencia del todo social.

● Entrelazamiento total y dinámico del derecho nacional e internacional. Tanto en materia de derechos sustantivos, como adjetivo o procesal.

● Los derechos humanos se constituyen en la principal obligación de todas las autoridades frente a los ciudadanos.

● Control de Convencionalidad.

● Rompimiento del principio de la jerarquía tradicional del orden jurídico, prevista en el artículo 133 Constitucional.

● Interpretación de los derechos humanos y  su aplicación conforme al principio “Pro Homine o Pro Persona” (especie de “Interés superior del ser humano”).

● Universalidad

● Interdependencia

● Respeto a la dignidad humana

● Indivisibilidad

● Progresividad

● Sistema jurisdiccional y no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos

Indica que la intención de esta reforma fue opacada por la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que los tratados internacionales sólo tendrían vigencia en la medida en que no entren en contradicción con las disposiciones expresas de la Constitución. Jurisprudencia 20/2014 de abril pasado cuyo título reza:

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”

Insiste que con esto se busca limitar la fuerza del derecho e instancias internacionales sobre los abusos crecientes del Estado contra los mexicanos y  expresa que existe una  tibieza de todas las autoridades del país, en el cumplimiento de la Reforma del 10 de junio de 2011.

Expone que a los derechos sociales se les dio un golpe de muerte con la Reforma Integral a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, que contrario a la publicidad oficial, ha condicionado el empleo y el salario precarios. Además declara a la violencia como obstáculo principal contra la inversión de capitales y para hacer realidad los derechos humanos de los mexicanos, con lo que se viola el derecho a la vida; manifiesta que se habla de por lo menos de 100 mil muertos, la mayoría relativos a jóvenes y niños, a consecuencia de una mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Expone que igualmente  esta violencia se traduce en crecientes violaciones y feminicidios contra niñas y mujeres, en secuestros, en despojo de los bienes personales y sociales.

En el mismo sentido menciona que la justicia es, en muchas ocasiones, una simulación, ya que las resoluciones muestran una absoluta subordinación al Poder ejecutivo o poderes fácticos, por lo cual pone como ejemplo, el caso de las víctimas de la Guardería ABC o los amparos interpuestos en contra de la reforma energética.

Habla de  las declaraciones del Secretario General de Amnistía Internacional, en su visita de febrero de 2014, donde expone que este refiere la existencia de una “situación crítica” en el respeto a los  Derechos Humanos en México, además de  tocar el tema de desapariciones,  torturas y de las  “detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces instancias conocidas y reparadas”. “México es un país de matanzas, homicidios y barbaries inauditas. Es una nación de delincuencia organizada, de cárteles de narcotraficantes, de periodistas secuestrados y asesinados”.

Refiere que durante el gobierno peñista, han tenido lugar más de 7 mil 600 desapariciones forzadas en México, según la información de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y, que hace apenas unos días, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señaló que: “En México, las violaciones al derecho a la vida cometidas contra grupos vulnerables siguen ocurriendo a nivel alarmantemente alto, en medio de una impunidad sistemática, a pesar de las reformas legales impulsadas por el gobierno en años recientes” . Así mismo señaló que: “las autoridades mexicanas le informaron que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ocurrieron 102 mil 696 homicidios intencionales, el funcionario (de la ONU) describió las condiciones que enfrentan diversos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, migrantes indocumentados, periodistas, defensores de derechos humanos, niños, reclusos y miembros de la diversidad sexual.”

Determina la existencia de un panorama de horror  en nuestro país, y responsabiliza al Estado política, legal y moralmente, ante lo cual manifiesta la  necesidad de hacer realidad la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Apunta que el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional  expuso que se está lejos de cumplir con la Reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos y que mientras nuestro país carezca de una investigación y procuración de justicia efectiva: “vamos a seguir encontrando cadáveres y fosas con personas desaparecidas…”
Por lo anterior se propuso lo siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a las Comisiones Nacional y locales de derechos humanos, y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a hacer un balance y fortalecer las acciones para dar facticidad la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. Destacadamente, se les exhorta a brindar capacitación en la materia a todos los servidores públicos del país.

III. CONSIDERACIONES

A. Esta Comisión estima relevante la inquietud de los  proponentes, toda vez que el respeto a los Derecho Humanos resulta esencial en un Estado de Derecho como el nuestro, pues el  texto constitucional no solo ha garantizado a través de sus artículos  la protección a estos, sino que ha ampliado su esfera de protección a Tratados Internacionales que no contravengan el texto constitucional mismo.

B. El 10 de Junio de 2011 se expidió el Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto,  el Capítulo I pasó de ser denominado de Las Garantías Individuales a De los Derechos Humanos y sus Garantías;  el Art. 1° reza lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Tanto el nombre del capítulo como el artículo primero del texto constitucional, ponen de manifiesto  el esfuerzo para reconocer, proteger y sancionar según sea el caso, en materia de Derecho Humanos.

C.- En atención a las consideraciones del Diputado  Valentín Maldonado Salgado.  El  5 de Abril de 2014 se aprobó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Jurisprudencia  20/2014 la cual establece que: 

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Si bien reconoce un conjunto de Derechos Humanos tanto constitucionales como de Tratados Internacionales, establece un control de regularidad constitucional, en el entendido de que exista una restricción de  Derechos Humanos se hará bajo lo establecido en la Constitución. Lo anterior obedece, que se funda  a la Constitución como norma suprema de nuestro sistema legal, a la cual deben adecuarse las demás leyes. En caso contrario, se estaría poniendo a discusión de la Supremacía Constitucional, lo que permearía a todo el sistema legal. En este sentido, esta discusión en específico, rebasa el alcance de los señalamientos que pueda hacer esta Comisión Dictaminadora, pues estima que no es de su competencia establecer o suprimir controles de regularidad constitucional.

Atendiendo a la jurisprudencia, lo que se amplía, es el conjunto de Derechos Humanos consagrados en la Constitución y por tanto establecidos como “parámetro” de regularidad constitucional, lo que obliga a las demás leyes a respetar y adecuarse a esta ampliación de los Derechos Humanos.

D.  Al existir una ampliación de Derechos a nivel federal, se espera la armonización de las Constituciones Locales, al respecto, esta Comisión Dictaminadora no encontró informe oficial sobre el avance en la adecuación en las diferentes entidades federativas. Aunado a esto, se encuentra  que la falta de sensibilización, convicción y conocimiento  de los Derechos Humanos, genera la vulneración de  tales derechos.

En concordancia con lo expuesto, esta Comisión dictaminadora considera procedente las proposiciones de los legisladores, toda vez que la ampliación de los Derechos Humanos buscados en la reforma del 10 de Junio de 2011, debe ser atendida a cabalidad por las diversas entidades federativas. 

IV.-RESOLUTIVO

PRIMERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal revisen el conjunto de adecuaciones legislativas a su orden jurídico para propiciar su plena armonía con el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en particular con el decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, y elaboren  un informe del avance que hayan alcanzado al cumplirse los primeros tres años de dichas reformas. 

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los gobiernos estatales y del Distrito Federal   para que en coordinación con los organismos de protección de los derechos humanos de sus respectivas entidades federativas, diseñen y difundan  una campaña de información sobre el régimen de protección de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a realizar las acciones procedentes para instaurar medidas de protección en amparo de presidentes municipales ante el incremento de inseguridad en su contra.”. La propuesta antes citada fue presentada por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 25 de junio del 2014, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a realizar las acciones procedentes para instaurar medidas de protección en amparo de presidentes municipales ante el incremento de inseguridad en su contra. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La propuesta con punto de acuerdo, estima que es pertinente hacer un recuento de los daños que la delincuencia organizada a causado a los presidentes municipales, y pone como ejemplo al presidente Municipal de Santa Ana Amaya, Michoacán Ygnacio López Mendoza, quien tras declarar que “la inseguridad es algo que está afectando,  y que es algo que todo el mundo sabe, pero nadie lo dice, porque nosotros tenemos que lidiar con la delincuencia organizada, y tenemos que pagar impuestos a ellos y es algo que nadie lo dice, no me pregunten cuanto y a quién, ustedes ya lo saben.”, esta denuncia de extorsión por parte de grupos del crimen organizado y la nula ayuda de las autoridades, dieron como resultado en noviembre de ese mismo año su muerte.

Asimismo, manifiesta dentro sus líneas que no debe permitirse que los municipios se conviertan en el camino más fácil por el que la delincuencia organizada pueda infringir el Estado Mexicano.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Procuraduría General de la Republica (PGR), para que en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones procedentes para instaurar medidas de protección y prevención de la violencia,  en amparo de presidentes municipales ante los índices del incremento de inseguridad en su contra.

III. CONSIDERACIONES

Las diversas organizaciones civiles en las que coinciden presidentes municipales de diferentes extracciones partidistas como la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM) y la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), han demandado el esclarecimiento de los asesinatos de los alcaldes y la creación de una estrategia para detener las agresiones de alcaldes en manos de la delincuencia organizada.

Esto debido a que el 7 de noviembre de 2013 fue asesinado de manera artera Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán; la versión de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán declaró que el alcalde había fallecido víctima de un accidente automovilístico en la carretera Acámbaro–Puerto de Cabras, en los límites de Michoacán y Guanajuato.

Horas más tarde, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato informó que Ygnacio López Mendoza habría sido asesinado por estrangulamiento

En este contexto, se detalló que la noche del miércoles 6 de noviembre fue secuestrado en su domicilio por un grupo de personas armadas y según los resultados de la necropsia, el alcalde de Santa Ana Maya fue torturado y asesinado por estrangulamiento.

Con base en la información recabada, hoy se conoce que el alcalde había declarado en el mes de febrero, que tenía que pagar 100 mil pesos de cuota al mes en efectivo a la delincuencia organizada para que lo dejaran trabajar.

Durante 18 días del pasado mes de octubre, realizó una huelga de hambre frente al Senado de la República en demanda de mayores recursos para los municipios con menos de 50 mil habitantes.

El martes 5 de noviembre previo a la reunión de la Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México AC, (AALMAC) de la cual formaba parte, comentó que integrantes del crimen organizado se habían comunicado con él, haciéndole saber que estaban enterados del ofrecimiento de recursos que le hizo el Gobierno Federal, como resultado de su huelga de hambre; por lo que a su regreso, tendría que aumentar el monto de su cuota normal.

Según la Asociación de Autoridades Locales de México, en los últimos ocho años se han registrado 44 asesinatos de presidentes municipales de diferentes partidos (9 del Partido de la Revolución Democrática, 11 del Partido Acción Nacional, 21 del Partido Revolucionario Institucional, 2 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Verde Ecologista de México).

Decenas de funcionarios municipales, alcaldes, ex alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías han sido víctimas directas de asesinatos, atentados y muertes sospechosas, resultado del clima de violencia, descomposición política y social por el que atraviesa el país; donde han fallado la federación y los gobiernos estatales para brindar seguridad a la ciudadanía y es el municipio el eslabón más débil al contar con menos recursos económicos, armamentistas e institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada.

El 87 por ciento de los asesinatos se han realizado en municipios de poblaciones con menos de 50 mil habitantes, con altos índices de marginación, poblados serranos, apartados e incomunicados; donde las fuerzas federales no llegan y se resiente más la pugna entre los cárteles.

En estos territorios la Policía Federal, el Ejército o la Marina, realizan intervenciones sin que el alcalde sea notificado y una vez que las fuerzas federales se retiran, el conflicto se agrava por la falta de policías municipales y las autoridades locales quedan a merced de la extorsión, cobro del derecho de piso y violencia de la organizaciones criminales que obligan a los alcaldes a pasar por alto sus actos delincuenciales.

Una de las acciones que se ha implementado para la protección y seguridad de municipios, es el Servicio de Protección Federal que tiene como función inherente a sus actividades salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo  del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contemplen en un protocolo de actuación institucional coordinada entre los tres órdenes de gobierno, las previsiones de seguridad para los integrantes de los Ayuntamientos y los funcionarios municipales del país y, en su caso, se considere la elaboración y adopción del programa correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita Respetuosamente al Consejo General Del Instituto Nacional Electoral, dicte las medidas necesarias para salvaguardar el sufragio legalmente valido a favor de las coaliciones en el proceso electoral 2014 – 2015, suscrita por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 25 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio de 2014, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita Respetuosamente al Consejo General Del Instituto Nacional Electoral, dicte las medidas necesarias para salvaguardar el sufragio legalmente valido a favor de las coaliciones en el proceso electoral 2014 – 2015

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicho asunto fuera turnado a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el Oficio N°. CP2R2A.-1362.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente, señala que con objeto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determine la manera legal del sentido e intencionalidad de la voluntad del elector en el momento de sufragar, sin perder de vista que el voto emitido pueda contener diversos signos, señales, leyendas, marcas, etc, que permiten advertir la voluntad del elector en el sentido de su voto, pueda homologar los criterios a seguir en los cómputos Distritales que se realicen en los órganos dependientes de este órgano Electoral Nacional y los que se celebren en los organismos públicos locales, atendiendo el principio general del derecho que establece que “Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición”.

Asimismo, asegura que con el fin de resolver la validez o nulidad de los sufragios emitidos, se debe tener presente no sólo la aplicación mecánica y literal de lo que establece el artículo 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino atendiendo fundamentalmente para poder determinar y garantizar con toda certeza, el sentido del sufragio, esto es, la oferta política puesta a consideración del ciudadano y por lo cual el elector se ha manifestado, donde se puede apreciar sin lugar a duda, cuál fue la intención del ciudadano al emitir su sufragio a favor de la opción política que finalmente se seleccione y dar a los actores políticos que contenderán en el proceso electoral 214-2015, las garantías necesarias que atienden los principios de certeza, seguridad jurídica y equidad en cuanto al cómputo de los votos emitidos por la ciudadanía en las urnas dentro de un proceso democrático, sean valoradas para la emisión de las disposiciones complementarias al proceso electoral próximo a su realización.

Resolutivo del Diputado proponente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con pleno respeto al ejercicio de sus atribuciones, se dicten las medidas complementarias necesarias que permitan garantizar el voto de la ciudadanía en el proceso electoral 2014-2015, en el caso de las coaliciones electorales atendiendo los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA.- Las recientes modificaciones al régimen político-electoral de nuestro país, son trascendentales, en virtud de que introducen figuras jurídicas como la reelección de legisladores, la conformación de gobiernos de coalición, entre otras, que están dirigidas a mejorar la representación política en nuestro país y la conformación de gobiernos más democráticos y participativos.  

SEGUNDA.- En ese mismo sentido, los integrantes de esta Comisión, estimamos que debido al cúmulo de modificaciones y la reciente transformación del otrora Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, con el conjunto de nuevas atribuciones y competencias, transcurrirá el lapso de tiempo que señalan las disposiciones transitorias para se cumplan los requerimientos que estipula la Ley, y se cuente con todas las medidas complementarias que dictan los nuevos ordenamientos.

TERCERA.- No obstante lo anterior, el señalamiento que hace el Proponente con respecto a la precisión de los criterios que se considerarán respecto a la validez de los sufragios emitidos en el cómputo de estos, en consideración con el artículo 219 de la Ley General de … que dice a la letra lo siguiente:

Artículo 291.

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y;

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.  

Esta Comisión estima conveniente que el Instituto Nacional Electoral, emita tales lineamientos a fin de que los comicios se desarrollen de manera transparente, y para que además, se brinde certeza jurídica tanto a los electores como a los Partidos Políticos.

CUARTA.- Adicionalmente a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera relevante señalar que a este respecto existen antecedentes de emisión de este tipo de documento por el otrora Instituto Federal Electoral, donde se exponen los criterios y ejemplos de boletas donde se muestran los casos que podrían presentarse en el cómputo de los votos.

En efecto, de acuerdo al “Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales. Para el proceso Electoral Federal 2011-2013”, emitido en junio de 2012 por el entonces Instituto Federal Electoral,  se señala lo siguiente:

Lo importante en la captación de votos, es tomar en cuenta la manera legal del sentido de la intencionalidad de la voluntad del elector en el momento de sufragar, sin perder de vista que el voto emitido pueda contener diversos signos, señales, leyendas, marcas, etc., que permiten advertir la voluntad del elector en el sentido de su voto.

Al resolver sobre la validez o nulidad de los sufragios emitidos, se debe tener presente  […] que se debe atender fundamentalmente, en la posibilidad de poder determinar y garantizar con toda certeza, el sentido del sufragio, esto es, la oferta política puesta a consideración del ciudadano y por la cual el elector se ha manifestado, donde se puede apreciar, sin lugar a duda, cual fue la intención del ciudadano para entonces atribuir el sufragio a favor de la opción política que finalmente seleccionó.    

Bajo tales preceptos, estimamos fundamental que ante las mudanzas realizadas a nuestro marco jurídico en materia electoral, se emita un documento similar al citado en este numeral, por parte del Instituto Federal Electoral.

QUINTA.- De este modo, para la Comisión Dictaminadora resulta relevante señalar que solicitar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que atienda los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a las coaliciones electorales, resulta improcedente en virtud de que dicho Consejo, con respecto a la materia de coaliciones electorales, habrá de atender lo establecido en las leyes aplicables, que recientemente el Congreso de la Unión ha tenido a bien aprobar.

Esto así, en virtud de que los integrantes de esta Comisión estimamos que emitir una atenta recomendación al INE en los términos planteados por el proponente, podría resultar de índole legislativa o de interpretación jurídica, lo cual deliberamos que no es una atribución de dicho Instituto.

Por lo anterior, es que la redacción del resolutivo propuesto se modifica en razón de las consideraciones aquí vertidas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Primera Comisión, acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que emita oportunamente las medidas complementarias que garanticen con total certeza, la captación del sentido de los votos de los electores en el proceso electoral 2014-2015, en concordancia con el Marco Jurídico vigente, que resulte aplicable.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el aumento de la delincuencia organizada que opera actualmente en la Ciudad de México, presentado por el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 25 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 25 de junio del 2014, el Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el aumento de la delincuencia organizada que opera actualmente en la Ciudad de México.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Senador proponente indica que el pasado 9 de junio de 2014, varios sujetos armados ingresaron a un domicilio en la calle Pedro Nolasco de la colonia Cuautepec el Alto, en la Delegación Gustavo A. Madero, y dispararon sobre tres mujeres y un hombre; y al salir del inmueble asesinaron a una pareja que se encontraba en la calle, para escapar inmediatamente. Señala que las personas heridas perdieron la vida mientras eran trasladados al hospital, entre las que se encontraban dos menores de edad.

En la proposición se indica que un día después de los homicidios, Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, señaló que el móvil del asesinato de las seis personas estaba relacionado con el narcomenudeo, por un ajuste de cuentas de los grupos criminales que operan en la zona, sin embargo, insistió que no hay indicios de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México.

En la propuesta se manifiesta que es importante recordar que en octubre de 2013, fueron asesinados dos menores de edad y una joven en la colonia Castillo Chico, de la misma Delegación Gustavo A. Madero, y desde entonces, el Secretario de Seguridad Pública señaló que ese lugar era un punto de distribución de droga.

El Senador Pablo Escudero, describe que el 10 de junio de 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instaló un Grupo de Coordinación con instancias federales encargadas de la seguridad nacional, a fin de mantener el orden y la paz pública de la capital, en el que participaron integrantes del CISEN, la PGR y la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Se hace énfasis en que el titular del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, explicó que el grupo se reunirá cada 15 días y tendrá por objeto realizar evaluaciones, diagnósticos y diseños de esquemas táctico-operativos que habrán de aplicarse especialmente en las áreas limítrofes del Distrito Federal.

El proponente indica que el declarar públicamente que no existe crimen organizado en la Ciudad de México ha sido un discurso permanente del Gobierno del Distrito Federal durante los últimos meses, a pesar de las múltiples y preocupantes manifestaciones de violencia con evidentes rasgos y características de la delincuencia organizada.

Se expresa que en marzo del presente año, el Jefe de Gobierno, declaró que la Ciudad de México es una zona de conexión donde existe un problema de narcomenudeo, trata de personas, lavado de dinero y robo de vehículos; no obstante, se afirma que el crimen organizado no está asentado en la capital, ni existen grandes cárteles operados; incluso, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en un operativo realizado en Xochimilco, decomisó en febrero de este año, 200 kilogramos de marihuana y detuvieron a 5 personas.

De igual manera, manifiesta que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal descarta la presencia del crimen organizado, pese a que el 8 de marzo de 2014, fueron detenidas tres personas con 4 millones de dólares, más de un millón de pesos y 10 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 10 kilogramos, en la colonia CTM Culhuacán, en la Delegación Coyoacán.

En la proposición se indica que estas detenciones se suman a 13 personajes relevantes de la estructura de todas las organizaciones del narcotráfico, que se han llevado a cabo desde el año 2005 en la capital de nuestro país, como por ejemplo, Arnoldo Villa Sánchez, segundo hombre del cártel de los Beltrán Leyva; Suarez Lacroix, "El Teletubi”, lugarteniente del cártel del Golfo; Manuel Aguirre Galindo, "El Caballo, uno de los fundadores del cártel de Tijuana; Emanuel Díaz, "El Profe", lugarteniente de La Familia Michoacana; y Benjamín Valeriano, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, entre otros; toda vez que la Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico de sus negocios delictivos.

Por su parte, en la proposición con punto de acuerdo indica que en una entrevista publicada por el periódico “El Universal” en abril de este año, Gabriel Regino García, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2002 - 2006), aseguró que el crimen organizado, opera en el Distrito Federal, por lo que negar la presencia de los cárteles de la droga en la ciudad es sólo un discurso político electoral, pues la realidad es totalmente diferente.

Ante todo lo anterior, el proponente menciona que el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece que cuando tres o más personas se organizan para realizar conductas que por sí o unidas a otras, tiene como fin el cometer delitos contra la salud, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada.

Por ello, el Senador del PVEM establece que es indiscutible que el Gobierno del Distrito Federal se enfrenta a un problema que no ha podido combatir por su propia cuenta, pues de lo contrario, no se entendería la intervención de las autoridades federales, la Marina y el Ejercito en el territorio de la Ciudad de México, por lo que es lamentable que se siga minimizando la creciente ola de violencia de los últimos meses al atribuirla tan sólo a grupos de narcomenudeo operando en la capital.

En tal tesitura, el proponente señala que debido a que no existe justificación para asegurar que el incremento de delitos perpetuados en la Ciudad de México, por personas relacionadas con el tráfico de drogas, no se trata del crimen organizado que opera en esta ciudad, por lo que propone se exhorte al Jefe de gobierno del Distrito Federal para que informe al Senado de la República sobre el aumento de la delincuencia organizada que opera actualmente en la ciudad de México.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que informe al Senado de la República sobre el aumento de la delincuencia organizada que opera actualmente en la Ciudad de México.

III. CONSIDERACIONES

Esta Primera Comisión estima viable la proposición hecha por el Senador proponente, ya que se considera imprescindible la prevención y el combate a la inseguridad que acecha a los capitalinos en los últimos meses, en razón de los diversos delitos cometidos en las distintas delegaciones del Distrito Federal.

Ante esta situación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la primer semana de junio del presente año, realizó la instalación del Grupo de Coordinación con la finalidad de reforzar la comunicación y coordinación de esta entidad con las diferentes instancias federales encargadas de la seguridad del país para evaluar, diagnosticar y diseñar esquemas táctico-operativos que habrán de aplicarse con miras a mantener el orden y la paz pública en el Distrito Federal

En el Grupo de Coordinación del Distrito Federal, estarán involucrados el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes sostendrán reuniones periódicas cada 15 días en las que se decidirán a qué zonas se destinarán elementos locales o federales y cuáles serán los operativos.

Es importante destacar que el mismo día el procurador del DF, Rodolfo Ríos, reiteró que en la Ciudad de México no hay grupos del crimen organizado.

Para esta Comisión dictaminadora es fundamental que se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de los ciudadanos de la República Mexicana, se destaca que la coordinación que existe entre los tres niveles busca trazar las estrategias que permitan prevenir, o bien, plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas que neutralicen o minimicen los efectos de la inseguridad de manera oportuna y eficaz.

Es por ello, que se considera relevante contar con un informe de los niveles de inseguridad que ha presentado durante la administración del actual Jefe de Gobierno.

Y en cumplimiento a lo dispuesto por la BASE SEGUNDA, fracción 11, inciso e), del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XX del Artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno tiene facultades y obligaciones para ejercer funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de la Ciudad de México.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que informe a esta Soberanía, sin vulnerar los principios de reserva en materia de seguridad, sobre las actividades de coordinación interinstitucional que realiza con las autoridades competentes del Gobierno Federal para enfrentar los delitos de alto impacto en la Ciudad de México y su vinculación con la  delincuencia organizada, así como las acciones que se han llevado a cabo para combatirla.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 03 de julio de 2014, Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a diversas instituciones públicas del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de Jalisco a emitir disculpa pública, por los hechos discriminatorios y sexistas en contra de las mujeres en el evento Movistar Campus Party México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada Proposición con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el jueves 03 de julio del presente, las Diputadas María del Rocío García Olmedo (PRI), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) y Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), presentaron la propuesta enunciada en el proemio del presente.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio CP2R2A.-1602.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la Proposición con punto de acuerdo, se plantea lo siguiente:

‹‹ Movistar Campus Party México es el mayor evento formativo y de divulgación sobre tecnología y creatividad, particularmente dedicado a la cultura digital, sus organizadores han destacado que no es sólo un evento de tecnología, sino que el componente  humano, es el corazón de Campus Party, de ahí su lema “Internet no es una red de computadoras, Internet es una red de personas”.

Sin embargo, durante la más reciente edición de este evento educativo y de divulgación llevado a cabo en el Estado de Jalisco, auspiciado por la empresa Movistar como patrocinador principal con el apoyo institucional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), México Digital, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, la Asociación Mexicana de Internet (AMICI), el Gobierno del Estado de Jalisco, el Gobierno Municipal de Zapopan, Ciudad Creativa Digital Guadalajara, Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco, observamos con preocupación e indignación manifestaciones entre los expositores de expresiones discriminatorias, sexistas y misóginas que alientan la violencia de género y promueven el machismo.

Los eventos que causaron mayor rechazo e indignación social fueron la conferencia titulada  “Cómo hackear el sexo femenino” impartida por Eduardo Zepeda, así como la “dinámica” de la empresa tecnológica MiPC Comunicaciones, que colocó un código QR para acceder a una promoción, en el trasero de una edecán. Con ello demostraron el nulo apego a los principios de igualdad y de no discriminación inherentes a las mujeres y hombres, que justamente conforman el componente humano que los organizadores aseveran que es el corazón del evento.

Consideramos indignante, sexista, discriminatoria  y fuera de toda ética pedagógica  la alegoría  expuesta por el conferencista Eduardo Zepeda en la que asemeja el hecho de “hackear” un sistema operativo con conquistar a una mujer, así como el disclaimer (exoneración) donde aclaró que lo que iba a explicar podría ser entendido “hasta por las mujeres” e imitó varias veces el tono de voz femenino de una forma despectiva; para finalizar, lanzó las siguientes las conclusiones: “Nunca  intentes entender a una mujer, sólo ámala; Las mujeres no se entienden ellas mismas; La única constante que tienen las mujeres es que son extremadamente variables; Sé y compórtate como un macho alfa.”

Alentar la violencia en contra de las mujeres y hacer apología del machismo, en un evento auspiciado por instituciones públicas del sector educativo, cultural, de comunicación, innovación digital y de ciencia y tecnología, es categóricamente inaceptable, y resulta aún más preocupante que dichos actos provengan de un funcionario público que ostenta el cargo de coordinador del área de e-crimeen la Unidad de Seguridad de Información de Infotec, organismo público adscrito a CONACYT.

La utilización sexista y degradante de la figura de las mujeres es sin duda una de las expresiones más soterradas de la discriminación en contra de las mujeres. La impunidad de estas prácticas indebidas, como la que atestiguamos en Movistar Campus Party México, tienden peligrosamente a subestimarse, cuando en realidad representa un factor determinante, que ha permitido que la discriminación en contra de las mujeres se normalice como una práctica generalizada tanto en el ámbito publicitario como en el discurso institucional.

La falta de precaución de las instituciones públicas patrocinadorases (Sic) verdaderamente inquietante, pues de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, signados y ratificados por el Estado mexicano, son ellas también  responsables de promover una cultura de igualdad y no discriminación, así como de prevenir la violencia en contra de las mujeres, por ello estimamos  necesario  que emitan una explicación y una disculpa pública por su actitud omisa.

Aun cuando la ignorancia de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos no las exime de su cumplimiento, esperamos que el desenfado institucional ante estos hechos sea involuntario y no una manifestación de desinterés y falta de compromiso respecto a su obligación de prevenir la violencia en contra de las mujeres.

La disculpa pública se hace necesaria ante la lastimosa ceguera de género que muestran las instituciones y el agravio personal que lesiona la dignidad de miles de mujeres y niñas, en un país como México que mantiene un elevado  índice de violencia de género, pues de acuerdo a las cifras oficiales de INEGI (2013)63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Aun cuando la organización APPlicate y el expositor responsable directo de la conferencia han ofrecido una disculpa pública, nos parece que las instituciones públicas patrocinadoras, deben también responder por su actitud omisa, irresponsable y permisiva al no mantener un mínimo control sobre la calidad de los contenidos y previamente establecer los principios básicos de ética y  respeto a los derechos humanos que deben observar los participantes.

Recordemos que todas las instituciones públicas de este país deben regirse no sólo por el artículo 1º de nuestra Constitución que contiene el principio de Igualdad, sino también por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos como es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que considera que el lenguaje sexista promueve la exclusión de género y define  en su artículo 1º que la discriminación contra la mujer es:

“ (..) toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (..)”.

y en su artículo 2, inciso f, precisa:

“ (..) Que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer (...)”

Nuestra  Constitución Política, por su parte, en el artículo 1° establece la prohibición de todo tipo de discriminación, por origen étnico o nacional, género, discapacidades y preferencias, entre otras. Y en su artículo 4° contempla el principio de igualdad ante la Ley de mujeres y hombres.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 41, precisa que “ (..) Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres (..)”. El artículo 42dispone que las autoridades correspondientes deberán entre otras cosas:

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el artículo 4, define a la discriminación como

“ (...) toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (..)”

En este mismo orden de ideas, el (Sic) Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 establece tres Estrategias Transversales; la tercera es Incorporar (Sic) la Perspectiva de Género en las acciones de gobierno. Todas las dependencias y organismos públicos promoverán la igualdad entre mujeres y hombres.

Por todo lo anterior, consideramos que las instituciones públicas patrocinadoras del Movistar Campus Party, den una explicación sobre los motivos por los cuáles no han atendido las previsiones de estos ordenamientos legales y han permitido expresiones de discriminación en contra de las mujeres en eventos desarrollados bajo su auspicio.››

Con lo anterior, el proponente plantea el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente (Sic) al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a México Digital, al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, a la Asociación Mexicana de Internet (AMICI), al Gobierno del Estado de Jalisco, al Gobierno Municipal de Zapopan, a Ciudad Creativa Digital Guadalajara, a la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco, para que emitan una  disculpa y una explicación pública por el agravio social causado por la permisividad del uso de manifestaciones sexistas, misóginas y discriminatorias en contra de las mujeres, así como de  apología del machismo y de la violencia contra las mujeres, a cargo de expositores del evento Movistar Campus Party México 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED para que en el ámbito de su competencia analice y en su caso sanciones a quien resulte responsable delos hechos discriminatorios en contra de las mujeres durante el evento Movistar Campus México 2014.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a que convoque a las instituciones públicas y privadas patrocinadoras del evento Movistar Campus México, a un taller de capacitación sobre Género y Derechos Humanos, con el objetivo de brindarles asesoría técnica para que incorporen la perspectiva de género en su quehacer institucional.”

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, por lo que se permite incorporar las siguientes observaciones:

El Movistar Campus Party 2014  (CPMX5), es un festival tecnológico que reúne en un campamento a 10,500 personas entre desarrolladores, jugadores, geeks y hackers, equipados con sus computadoras.1 En el evento, que dura 7 días, las 24 horas del día se desarrollan conferencias, debates, talleres, competiciones y hackathons programadas sobre ciencia, innovación, entretenimiento digital y creatividad. Además se celebran cientos de eventos que organizan los propios participantes durante las noches de los cinco días centrales.2

Este año, se realizó del 24 al 29 de junio en la expo Guadalajara en Zapopan Jalisco, en un escenario principal y 6 secundarios.3 El patrocinador principal del evento es la empresa telefónica Movistar, pero cuenta con varios otros patrocinadores como LG, Comex, Microsoft, Alpura, Sony, etcétera4.

También contó con apoyo institucional de México Digital, Instituto Nacional del Emprendedor, el gobierno del Estado de Jalisco, la ciudad creativa digital Guadalajara, la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Consejo de Comunicación Voz de las empresas y la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).5

El jueves 26 de junio, el sello APPlicate, presentó una conferencia llamada “Hackeando al sexo femenino” en el escenario Arquímedes, a cargo de Eduardo Antonio Zepeda Estrada, en la que utilizó un lenguaje misógino y machista y proyectó diapositivas con el logotipo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En otro hecho acontecido en el mismo evento, la empresa Mi PC Comunicación de Guadalajara, colocó un código QR impreso en la zona del derriére de una edecán, por medio del cual las personas podían inscribirse en un concurso, mediante un Smartphone.

Por cuanto al primer hecho, APPlícate es la estrategia de la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información (AMITI), para impulsar el sector de las aplicaciones móviles en México. El objetivo es apoyar a los desarrolladores, emprendedores, diseñadores, startups y tomadores de decisiones a consolidar un sector que aproveche todas las oportunidades de negocio.6

APPlícate tiene la colaboración del Fondo de Información y Documentación de la Industria (INFOTEC). INFOTEC es un organismo público adscrito al CONACYT.7 Según versiones periodísticas, el conferencista Eduardo Antonio Zepeda Estrada, es investigador del INFOTEC.8

Los organizadores ya emitieron un comunicado al respecto, en el que señalan:

‹‹Zapopan, 27 de junio de 2014.- Tras los acontecimientos sucedidos el día de ayer,  Movistar Campus Party quiere transmitir que nuestro evento es y ha sido, desde sus orígenes, un foro de debate abierto a todas las posturas y opiniones pero, en ningún caso, respalda o apoya actitudes racistas, xenófobas o que discriminen por razón de sexo o edad.

En esta edición nos enorgullece contar con una mayor participación, tanto de ponentes como campuseras, y siempre hemos defendido el papel femenino en el sector tecnológico.

Hemos procedido a eliminar la ponencia y estamos analizando de nuevo cualquier otra que pueda tener contenido que no cumpla con esta política de libertad y respeto.

Transmitimos a todos los campuseros nuestra disculpa por este suceso.››9

El programa APPlicate, emitió un comunicado en Twitter sobre lo sucedido, en el que puntualmente señaló:

‹‹En referencia al contenido difundido a través de esta cuenta sobre la conferencia “Hackeando al sexo femenino”. Este proyecto ofrece una disculpa pública.

Se revisará el caso por parte de la dirección del proyecto y se tomarán las medidas pertinentes. Las opiniones vertidas en dicha presentación no reflejan los valores bajo los cuales se rige y promueve ninguna de las instituciones involucradas.››10

Según algunas versiones periodísticas, INFOTEC afirmó promover la equidad de género y anunció que investigará el caso. CONACYT se deslindó de la charla de Zepeda y dijo desconocer que se realizaría la ponencia y solicitó al INFOTEC aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes y ofreció una disculpa a los asistentes y al público en general.11

Por tanto, los hechos acontecidos no son imputables a ninguno de los entes públicos que brindaron su apoyo institucional a este evento, pues no era de su conocimiento y dominio el contenido de la charla del señor Zepeda, ni podían haber anticipado la estrategia mercadotécnica de Mi PC Comunicación.

Tampoco hay evidencia de que la participación del conferencista haya sido a nombre del CONACYT, más bien pareciera haber actuado a título personal.

En ese sentido, esta representación considera que no procede el resolutivo “primero” del acuerdo propuesto.

Respecto al segundo resolutivo, se considera aceptable de manera parcial, pues si bien es cierto que el órgano que tiene la facultad de intervenir en un caso como este es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), también lo es que sus facultades no llegan a la cuestión sancionatoria.

Finalmente, por cuanto hace al resolutivo “tercero”, no se considera procedente, toda vez que la probable responsabilidad de los presuntos hechos sexistas y misóginos no se pueden extender a los organizadores del CPMX5.

En tal razón, esta Comisión somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  y con estricto apego a la división de poderes que se establece en el artículo 41 de la Carta Magna, respetuosamente solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, indague los contenidos de la conferencia “Hackeando al sexo femenino” presentada por Fernando Antonio Zepeda Estrada, bajo el auspicio de APPlícate y la estrategia de mercadotecnia de la empresa Mi PC Comunicación de Guadalajara, Jalisco, en el marco del evento “Movistar Campus Party 2014” en Zapopan, Jalisco.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los  dieciséis días del mes de julio de 2014”.

1 Información de la página del Movistar Campus Party 2014, disponible en: http://www.campus-party.com.mx/2014/el-evento.html

2 Ibidem.

3 Ibid.

4 Id.

5 Id.

6 Información disponible en http://applicate.mx/es/Applicate/que_es_applicate

7 http://www.infotec.com.mx/es_mx/infotec/Quienes_somos

8 http://udual.wordpress.com/2014/06/30/causa-polemica-cientifico-sexista/

9 http://es.scribd.com/doc/231582786/Aclaracio-n-postura-Campus-Party-Me-xico

10 https://twitter.com/ApplicateMx/status/482437586787389440/photo/1

11 https://udual.wordpress.com/category/ciencia-y-tecnologia/page/2/





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

“A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar de manera urgente políticas para la atención y protección de las y los niños migrantes a fin de hacer valer el interés superior del niño y velar por sus derechos humanos; suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).

b) La proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar diversas acciones en favor de una migración a la que se respeten los derechos humanos;  suscrita por la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

c) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al poder Ejecutivo Federal a realizar acciones que permitan garantizar el interés superior de la niñez y los derechos de los menores migrantes no acompañados, suscrita por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN). 

d) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a intensificar su coordinación y esfuerzos para asegurar que los procesos de repatriación, deportación, asistencia social y reinserción familiar y comunitaria de las niñas y niños migrantes, se realicen de manera ordenada, con respeto pleno a sus derechos humanos y en total apego al estado de derecho, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

e) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como a instancias nacionales a garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio norteamericano no acompañados, suscrita por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

f) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados independientemente de su nacionalidad o situación legal, suscrita por los Diputados Verónica Juárez Piña y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

g) Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la protección de los derechos humanos de niños migrantes en Estados Unidos, suscrita por los Diputados Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

h) Proposición con Punto de Acuerdo de diputados del Grupo Parlamentario del PAN, que exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática referente a la migración de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

i) Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

j) Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer el acuerdo de colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos, presentado por la senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 numeral 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a) En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición, por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 11 de la Comisión Permanente, el 25 de junio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-1312.

b) En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición, por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 11 de la Comisión Permanente, el 25 de junio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-1313.

c) En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por los Senadores los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury,  del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-1616.

d) En sesión del miércoles 25 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-.1637.

e) En sesión del jueves 3 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-.1621.

f) En sesión del jueves 3 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por los Diputados Verónica Juárez Piña y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014 por medio del oficio CP2R2A.-.1637.

g) En sesión del jueves 3 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por los Diputados Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de MC. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014, por medio del oficio CP2R2A.-.1612.

h) En sesión del jueves 3 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13 de la Comisión Permanente, el 03 de julio de 2014, por medio del oficio CP2R2A.-.1612.

i) En sesión del lunes 7 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 14 de la Comisión Permanente, el mismo 07 de julio.

j) En sesión del lunes 7 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición por la senadora Maria Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM). La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 14 de la Comisión Permanente, el mismo 07 de julio.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

A. La proposición de los integrantes del partido Movimiento Ciudadano contiene los siguientes resolutivos:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Subsecretaría de Población, Migración, y Asuntos Religiosos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se implemente de manera urgente acciones para la atención y protección de las y los niños migrantes, a fin de hacer valer el interés superior del niño y velar por sus derechos humanos, en su paso por México.

SEGUNDO. Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en su carácter de entidad rectora de la política social del Gobierno de la República, convoque a las dependencias de la administración pública federal que tengan programas relacionados con la atención de migrantes, a fin de coordinar acciones de carácter urgente para atender y proteger a las niñas y niños migrantes.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

Como es conocido, México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Tan sólo en el primer semestre de este año, más de 82 mil migrantes han sido deportados de los Estados Unidos hacia Centro América, de acuerdo a datos del Gobierno de ese país.

El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%).

Sin embargo, el pasado 20 de junio, el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció en Guatemala que el flujo de niños migrantes provenientes de Centroamérica se ha incrementado de manera alarmante, representando según él “un peso y un peligro enorme en seguridad y en materia económica”. No obstante, advirtió que la migración de menores no acompañados representa un tema “humanitario” que compete tanto a Estados Unidos como a México y los países de Centroamérica.

De acuerdo a datos proporcionados por funcionarios estadounidenses, de octubre del 2013 a la fecha, la llegada de niñas, niños y jóvenes centroamericanos a Estados Unidos, principalmente por la frontera entre Texas con Nuevo León y Tamaulipas, aumentó notoriamente, llegando actualmente a más de 46 mil menores de edad, cifra que supera el doble del número de niños detenidos entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, caracterizando la situación como una “Emergencia Humanitaria”

[…]

[…] la UNICEF ha advertido que “en todas sus acciones en favor y en nombre de los niños, las autoridades deben guiarse por el espíritu y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Por encima de todo, su responsabilidad es actuar teniendo en cuenta el interés superior del niño.”

En tal virtud, resolver las necesidades de estos niños migrantes exige medidas firmes de coordinación y cooperación a través de las fronteras por parte de los funcionarios de aduanas y de los encargados de hacer cumplir la ley, así como de los cuidadores y del público en general que podrían entrar en contacto con estos niños.

México, como un país de expulsión, tránsito y permanencia de niñas y niños migrantes, tiene una importante responsabilidad para atender los diversos factores y consecuencias que tiene la migración infantil a lo largo y ancho del país, y en consecuencia debe prever que las autoridades mexicanas responsables de la regulación del flujo migratorio, como lo son la Subsecretaría de Población, Migración, y Asuntos Religiosos, así como del Instituto Nacional de Migración, ambas instancias dependientes de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de sus atribuciones y facultades, implementen de manera urgente, en el marco de la Política Nacional de Migración, acciones dirigidas a atender y proteger a las niñas, niños y jóvenes que cruzan por el territorio nacional en busca de cruzar la frontera con Estados Unidos, garantizando en todo momento el interés superior del niño y la salvaguarda de sus derechos humanos.”

B. La proposición de la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo, contiene los siguientes resolutivos:

Uno.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación elaboren e informe a esta soberanía, sobre la naturaleza y el contenido de las reuniones que mantendrán con presidentes y representantes regionales y con el presidente Barack Obama sobre las decisiones que se tomarán respecto a la situación humanitaria de la niñez migrante y la repatriación.

Dos.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer un llamado urgente para convocar a una cruzada multi-institucional para mitigar los daños a los que estén expuestos los niños migrantes mexicanos y extranjeros que son repatriados por Estados Unidos.

Tres.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a presentar a esta soberanía una propuesta de reingeniería institucional con el fin de crear una dependencia de gobierno con la suficiencia institucional capaz de asumir la ingobernabilidad ante la migración y transformar la migración en una experiencia en donde se respeten los derechos humanos.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

“[…]

La frontera norte de Sonora, nos informan los medios de comunicación, registra la mayor cantidad de menores migrantes deportados por Estados Unidos al país, durante los últimos seis años. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) y del DIF estatal, 11 mil 520 menores sin compañía de un adulto fueron deportados a México por la Patrulla Fronteriza en 2011, de los cuales 5 mil 470, un 47 por ciento, llegaron por fronteras de Sonora. La mayoría son repatriados por Nogales, que recibió a 4 mil 765 niños migrantes no acompañados el año pasado, es decir un 41 por ciento del total nacional. En el primer semestre de 2012, el INM reportó la repatriación de 9 mil 572 menores de edad, de los cuales 48.16 ingresó por Sonora, 27.32 por ciento por Tamaulipas, 13 por ciento por Baja California, 5.94 por ciento por Coahuila y 5.55 por ciento por Chihuahua.

En este año, un promedio diario de 19 niños migrantes son repatriados sin la compañía de un adulto por Nogales, y entregados al personal del INM, que de inmediato los canaliza al DIF estatal. En 2008, el DIF construyó un albergue en la ciudad para evitar que estos niños sean víctimas de trata y secuestro en las calles, mientras son devueltos a sus familias. El gobierno de Estados Unidos ha repatriado desde 2012 hasta abril de este año a más de 45 mil menores de edad que viajaron solos a ese país, de los que más de 33 mil eran mexicanos y 10 mil provenían de Centroamérica, revela otro informe del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre un fenómeno creciente que preocupa a las autoridades ante los riesgos que enfrentan estos infantes migrantes, reconoce su titular Ardelio Vargas Fosado.

[…]

Hemos llegado a un punto de alerta máxima en donde ya quedó de manifiesta la incapacidad del Instituto Nacional de Migración como un aparato de pocos recursos presupuestales para actuar sistemáticamente, aunque sea apoyado por los DIF estatales. Urge que el próximo presupuesto atienda esta debilidad institucional y considere constituir una Secretaría del Migrante. Es necesario activar una alerta para que, por lo menos, en los lugares de máximo conflicto, se concentren energías multi-institucionales para aliviar un tanto el problema. En el fondo son las estructuras económicas que están distraídas en la concentración de la riqueza y en la agudización de la desigualdad social. Hay avisos grises de que la desaceleración desalienta expectativas de crecimiento en México y aparte un estudio de la OCDE ubica a México como el país con la brecha social más amplia, entre las naciones integrantes del organismo. Por ello es importante analizar y estar al tanto de las decisiones para aliviar este problema que ninguna de ellas nos avisan de un cambio estructural en las economías regionales ni continentales.”

C. La proposición de los integrantes de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN). 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que tanto en sus acciones de política interna así como las que emprenda en materia de política exterior, prevalezca el Interés Superior de la Niñez por encima de toda política migratoria.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la Declaración Extraordinaria de Managua, emanada de la XIX Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración, el Gobierno mexicano promueva la instauración de un programa regional que permita garantizar los derechos de  las y los menores migrantes con base en la experiencia del Modelo para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, específicamente aprovechando la experiencia de los Oficiales de Protección para la Infancia.

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe a esta Soberanía el contenido y alcance del plan denominado Paso Seguro.

CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que reactive y establezca una periodicidad a la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, y a que una vez realizada dicha Mesa remita a esta Soberanía los acuerdos alcanzados.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…]

Para hacer frente a la problemática que aqueja a los niños migrantes no acompañados, en el año 2007 nuestro país implementó la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, con la finalidad de crear mecanismos integrales de protección para este grupo. Dicha mesa se integraba por la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, y Salud; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), entre otras instancias. Desgraciadamente, desde el cambio de gobierno federal en el año 2012 esta mesa no se hay reunido. Dentro de sus logros podemos enumerar los que a continuación se enlistan, advirtiendo que dicha mesa a pesar de sus aciertos no ha sido continuada en la presente administración:

● La construcción del Modelo para la  Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, el cual garantizaba que el proceso de repatriación y retorno de los menores fuera el menos doloroso posible y que se asegurara en todo momento la protección de los derechos de los niños, por parte de los organismos que integraban dicha Mesa. 

● La creación de un cuerpo de Oficiales de Protección a la Infancia (OPI),que se compone de oficiales del Instituto Nacional de Migración especializados en atender y proteger los derechos de los menores detenidos. Conforme al Modelo para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, los OPI deberán principalmente detectar y atender de manera especial las necesidades más urgentes de los niños migrantes, manejar las herramientas necesarias para la intervención en situaciones de crisis, de solicitud de refugio y casos de trata, así como informarles a los niños, niñas y adolescentes, en un lenguaje adecuado, cuáles son sus derechos y responder a todas sus dudas sobre su procedimiento migratorio. De igual forma, los OPI cumplen la función de canalizar a los niños y jóvenes a los albergues del sistema DIF y acompañarlos en los procesos de repatriación a sus países, garantizando su protección en todo momento.  

● La creación de una red de albergues de tránsito para la protección de la infancia migrante. Con ayuda del DIF nacional y de los DIF estatales se lograron establecer 26 albergues en la frontera norte que integraban el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos. 

3.- En días recientes, el Instituto Nacional de Migración señaló que ha incrementado el número de menores rescatados en un 7.4 por ciento, es decir, que de 9 mil 727 menores no acompañados que hubo en 2013, en lo que va de este año esa cifra ascendió a 10 mil 505. Por tal motivo, México ha pedido atender la “emergencia humanitaria” que se vive en la frontera norte desde una perspectiva regional con responsabilidad compartida y que los gobiernos de los países de menores migrantes realicen una campaña de comunicación en la que se desaliente la salida de los niños y niñas, advirtiendo los riesgos que corren durante el viaje. El Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos anunció un plan denominado “Paso Seguro”, con el fin-según trascendió en medios de comunicación- de ordenar el flujo de personas, fortalecer la protección y aprehender a los criminales. Lo anterior sin bardas o cierres de frontera, sin criminalizar la migración pero sin otorgar libre tránsito.

[…]

5.-Según la Secretaría de Seguridad Interna estadounidense, (Department of Homeland Security) (DHS) por la frontera suroeste de su país, han detenido en lo que va de este año a 51 mil 279 menores migrantes no acompañados, de los cuales 12 mil 146 fueron mexicanos. La cifra de menores provenientes de países como Honduras ha incrementado en 122 por ciento con respecto al total de la cifra del año 2013, y sólo hasta el 15 de junio del presente. El sector fronterizo de Río Grande ha incrementado sus aprehensiones en 173 por ciento del año pasado al actual. […]

El incremento previamente mencionado ha causado que un programa diseñado con una capacidad máxima de 8 mil niños, hoy esté recibiendo casi 50 mil, y es aquí donde radica el hacinamiento y la crisis humanitaria que ha reconocido la administración del Presidente Obama. Ante tales incrementos, el gobierno de Estados Unidos abrió tres albergues temporales en donde los menores son transferidos después de su procesamiento. Los albergues que se habilitaron están dentro de las bases militares del Fuerte Sill, en Oklahoma, Base Lackland, en San Antonio, Texas y en la Base Naval en Ventura, California.

[…]

D. La proposición de los integrantes del Grupo Parlamentario del  PRI.

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a intensificar su coordinación y esfuerzos para asegurar, mediante las políticas públicas, los planes y programas más pertinentes, que los procesos de repatriación, deportación, asistencia social y reinserción familiar y comunitaria de las niñas y niños migrantes, se realicen de manera ordenada, con respeto pleno a sus derechos humanos y en total apego al Estado de Derecho.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a que insten a sus contrapartes en el Gobierno de Estados Unidos, a comprometerse en brindar el trato justo, humanitario y de pleno respeto de los derechos humanos que merecen los menores migrantes, conforme al superior interés del niño sustentado por las convenciones internacionales en la materia.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…]

Se trata de un fenómeno que al igual que el de la migración en general, se ha exacerbado en estos últimos años al estar creciendo exponencialmente, de lo cual dan cuenta algunos datos que se han difundido tanto por el gobierno de Estados Unidos como por parte de las autoridades mexicanas: Tan solo en lo que va de este año, 47 mil menores migrantes reportados; y más de 52 mil según autoridades estadounidenses, entre octubre de 2013 y el 15 de junio de 2014, que han sido detenidos y recluidos en ciudades fronterizas del país vecino siendo objeto de maltratos y vejaciones; cifra que incluso duplica a la registrada a lo largo de todo el año pasado y que amenaza situarse entre los 60 y los 70 mil niños y niñas migrantes al finalizar este año.

[…]

Pero más allá de su nacionalidad, lo cierto es que sin distingos de ella, México ha estado comprometido con la defensa y protección de los derechos de la niñez, en especial la más vulnerable entre la que se encuentran precisamente los menores migrantes, si bien por sí mismo no podría atender el problema en toda su complejidad y aristas, lo cual requiere de una efectiva cooperación internacional en la que por igual se involucren efectivamente los gobiernos de Estados Unidos y los países de Centroamérica, e incluso agencias internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -por las niñas y niños que huyen de la violencia en busca de asilo o refugio político-, o los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, para coadyuvar en las regiones expulsoras, a la generación de condiciones de empleo y combate a la pobreza que permitan al menos la atemperación del éxodo creciente.

Dado que esas políticas y programas de cooperación internacional pueden llevar tiempo en madurar, el gobierno de México puede y debe intensificar sus programas para contribuir con la parte que le corresponde, para asegurar procesos de repatriación, tránsito y reintegración de las niñas y niños migrantes deportados de Estados Unidos a sus familias y comunidades; y de hacerlo precisamente bajo la visión del respeto irrestricto de los derechos humanos; sin soslayar por ello la parte correspondiente a la seguridad de las fronteras.

[…]

E. La proposición de la Senadora Angélica de la Peña del Grupo Parlamentario del PRD.

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores como de Gobernación, instar a sus contrapartes del Gobierno de Estados Unidos de Norte América llevar a cabo acciones integrales para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes no acompañados, que se encuentran en ambos territorios, incluso valorar los casos para solicitar visas humanitarias. Así como asegurar las garantías consulares frente a la restricción de la libertad de niños y niñas en el marco de procedimientos migratorios.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente en particular a la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a asegurar el perfeccionamiento de la asistencia consular para niñas y niños mexicanos en los Estados Unidos de Norte América.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto Nacional de Migración a diseñar un Procedimiento de Determinación del Interés Superior dela Niñez para el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en el marco de la Ley de Migración.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los Estados con mayor incidencia de migración infantil lleven a cabo la creación de sistemas de protección para niñas y niños, para prevenir la migración.

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema DIF Nacional elaborar lineamientos y protocolos de actuación de emergencia e integrales, así como capacitación para el personal de los DIF estatales y municipales, a fin de que éstos atiendan a niñas y niños no acompañados tanto mexicanos y extranjeros, evitar que estén en detención en estaciones migratorias.

Sexto. La Cámara de Diputados junto con la Secretaría de Hacienda, determinen presupuestos suficientes para que el Sistema DIF en sus tres órdenes de gobierno brinde asistencia a las niñas, niños y adolescentes, en esta situación de emergencia.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…]

Preocupa no solamente los altos riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes al viajar no acompañados, sino también las condiciones en las que viven en las instalaciones de aduanas, que en realidad son centros de detención en las que viven en condiciones deplorables de hacinamiento, encerrados en jaulas, mal alimentados, bajas temperaturas, así como, de inseguridad, pues han sido documentados 100 casos de abusos sexuales y físicos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, según lo ha revelado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Por ley, la Patrulla Fronteriza debe enviar antes de 72 horas a las niñas y niños no acompañados a la Oficina de Refugiados de Estados Unidos, la cual debe cuidarles temporalmente y ayudarles a encontrar a sus familias, para el caso de niñas y niñas mexicanos, son entregados al Instituto Nacional de Migración, que les traslada hacia refugios temporales del DIF, se busca el contacto con sus familiares y en su caso pernoctan en una red de albergues de migrantes para personas menores de edad (milenio, 2014).

Sin embargo, la capacidad del gobierno norteamericano se ha visto rebasada para atender a las niñas y los niños no acompañados y les ha trasladado a instalaciones improvisadas, incluso militares.

[…]

En nuestro país, el principal estado expulsor de niñas, niños y adolescentes no acompañados es Sonora, con 2 348; le siguen: Oaxaca con 1 227; Tamaulipas con 1 188; Guerrero con 600 y Guanajuato con 779, según cifras del Colegio dela Frontera Norte (Milenio, 2014), otro estado expulsor también, es Michoacán.

[…]

La respuesta del Gobierno norteamericano frente a esta crisis humanitaria ha sido en cuatro sentidos: el Presidente Barack Obama hizo un llamado a madres y padres de niñas, y niños, para que “no manden a sus hijos a la frontera, ya que los que lleguen serán regresados a sus respectivos países” (El Universal, 2014); por otro lado, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson enviará “150 agentes desde zonas menos activas al Valle de Río Grande, y otros 150 a partir de una revisión de las operaciones en la región…”;también el Presidente Obama solicitará al Congreso de Estados Unidos 2 mil 280 mdd para atender a las niñas y los niños migrantes; además de poderes adicionales para acelerar la deportación de niñas y niños solos (Univisión.com, 2014).

Según lo ha expresado la relatora de los Derechos de la Niñez de la CoIDH, Rosa María Ortiz, las autoridades estadounidenses deben evitar “priorizar las deportaciones por encima de la protección que estos menores solos se merecen, en un marco de respeto a los derechos humanos a nivel internacional”.

[…]

México, como Estado Parte de la Convención, ha presentado tres informes al Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. En el tercer y último informe periódico de México del 2006, el Comité externó su preocupación por el gran número de niñas y niños no acompañados que son repatriados a sus países de origen desde México y la ausencia de medidas para protegerles. Entre otras medidas, recomendó concretamente al Estado mexicano, tener en cuenta la Observación general Nº 6 (2005) del Comité sobre el trato de los niños no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen […]

F. La proposición de los diputados Verónica Juárez Piña y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD pretende:

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración respeten y garanticen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados independientemente de su nacionalidad o situación legal.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…] de nueva cuanta estamos siendo testigos tanto en noticieros como en revistas y periódicos del país, de una nota de prensa que nos llena de indignación y sorpresa. En el texto de la información se indica que, más de 700 migrantes ilegales centroamericanos, -Guatemala, El Salvador y Honduras- fueron encerrados en un almacén donde se comenzó a albergar niños enviados desde el sur de Texas el sábado pasado. Se revela que el local no se ha utilizado para detenciones en años, por lo que ha sido necesario el uso de catres de plástico, que se han solicitado unos 2 mil colchones y que ya fueron llevados baños portátiles y duchas al centro de retención.

Además, se menciona que, las autoridades federales planean usar las instalaciones en Nogales como una estación de paso, donde los niños serán vacunados y sometidos a revisiones médicas. Luego serán enviados a instalaciones que están siendo creadas en Ventura, California; San Antonio, Texas; y Fort Sill, Oklahoma. Un funcionario de Seguridad Nacional indicó que los niños serán sacados del centro en Nogales tan pronto como Servicios Humanos les encuentre lugar.

Cabe mencionar que aun cuando los Estados Unidos, no es un Estado firmante de la Convención de los Derechos del Niño (CND), a la que se reconoce, como el tratado más confirmado de la historia y el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado por la humanidad, no significa que debe vulnerar los derechos de los niños migrantes no acompañados.

Lo anterior, dio lugar a que el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, hiciera un pronunciamiento al solicitar un incremento de presupuesto al Congreso de los Representantes para dirigirlo a la atención de la cantidad de niñas y niños migrantes no acompañados que va en aumento y que cruzan la frontera desde México, ya que es un "asunto humanitario urgente".

 […] Así mismo, es bien sabido que México, por su especial condición geográfica es territorio de tránsito, destino y retorno de migrantes. Ante esta situación, datos emitidos por una organización estadounidense denominada “pew research center” con información de la patrulla fronteriza, confirman que esta práctica va en aumento, ya que indican que del 1 de octubre del año pasado al 31 de mayo del año en curso, han sido detenidos 47,017 niños migrantes no acompañados, en tanto que en el año fiscal anterior se presentaron 24, 493 detenciones. En menos de un año, se han realizado casi el doble de las que se han realizado en el año anterior.

[…] la subsecretaria de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que en lo que va del año se han asegurado a 9 mil 622 menores de edad migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica, y en comparación del año anterior que en total fueron 9 mil 724.

Esto nos indica que en el transcurso de este año han pasado por el territorio nacional, al menos 56,639 niñas y niños migrantes provenientes de países centroamericanos principalmente, aunque también se puede hablar de niñas y niños mexicanos que cruzan el territorio nacional para intentar internarse en Estados Unidos.

[…] el Estado mexicano, por el simple hecho de pisar este país, está obligado constitucionalmente a garantizar los derechos humanos de cualquier persona, incluidos a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, quienes deben gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, tomando como ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual les reconoce como sujetos plenos, titulares de derechos, no solamente sujetos de protección, sino sujetos de derecho.

[…]

G. La proposición de los diputados Córdoba, Monreal y Durazo del Grupo Parlamentario de MC pretende:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que haga un enérgico llamado a las autoridades de Estados Unidos, para garantizar los derechos humanos de miles de niños migrantes.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para que haga un llamado a las autoridades de EU para asegurar un trato digno a los niños y  migrantes en general y para realizar las investigaciones pertinentes que permitan brindar el refugio de los detenidos en el tiempo que lo llegaran a requerir.

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las diversas Secretarias se implementen programas en pro de la niñez, esto para evitar la migración desmesurada de menores.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…]

Actualmente México enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política migratoria, esto debido a que según datos obtenidos del Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que los miembros latinoamericanos representan alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%).

[…] nos enfrentamos a un nuevo tema, que es la migracion (sic) de menores de edad, los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y, otros simplemente para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual a que son sometidos.

Cada año alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM).

En su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato de UNICEF en México.

Según datos del gobierno estadounidense, de la Patrulla Fronteriza, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), en lo que va del año 46 mil 188 menores de edad han llegado a territorio de EU sin sus padres y han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza, cabe señalar que 11 mil 577 son mexicanos, esto significa una cuarta parte.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la situación de las niñas y niños migrantes no acompañados que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. La CIDH hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que tomen en cuenta que solo son niñas y niños”.

Son aterradoras las cifras que arroja la CIDH, en donde hace constar que se han registrado más de 100 denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos.

Muchos de los niños que se mantienen detenidos en EU sufrieron diferentes abusos, los que incluyen falta de comida y alimentos, condiciones insalubres en sus celdas, falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados. Es decir, que  los niños migrantes de este país o de cualquier otro que llegan a Estados Unidos sufren violencia durante la detención y son maltratados durante su estancia en los centros de migración.

En el caso de los menores mexicanos éstos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración, este, los traslada a refugios temporales del DIF mientras  familiares son contactados y si se prolonga su estancia pernoctan en una red de albergues de migrantes destinados para menores de edad, según el informe presentado por la CIDH.

 […]

Tenemos una enorme responsabilidad, debemos tener en cuenta los diversos factores y consecuencias que tiene la migración infantil, las autoridades mexicanas responsables de la regulación del flujo migratorio, deben implementar de forma urgente, en el marco de la Política Nacional de Migración, acciones para evitar que más menores se expongan para querer cruzar la frontera, y en el caso en que las niñas, niños y jóvenes crucen por el territorio nacional hacia Estados Unidos, que atiendan y protejan en todo momento la integridad de los menores  y siempre se vele por  sus derechos humanos.

H. La proposición Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados solicita:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a atender, de forma integral, la problemática referente a la migración de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

El flujo de niñas y niños menores migrantes que viajan sin compañía desde México y Centroamérica, principalmente desde Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador y hacia Estados Unidos empujados por la violencia, la  inseguridad  así como por el deseo de reunificación familiar que ha crecido en los últimos meses, se ha convertido en un problema regional que demanda una atención urgente por parte de los países expulsores de menores migrantes, incluyendo nuestro país, el cual también enfrenta dicha condición; por lo que se debe reconocer, asumir y atender el problema de manera integral, en donde se retomen las causas fundamentales de la salida de los niños, así como la responsabilidad que tienen los países de origen para su solución. Así como la responsabilidad complementaria que tiene la comunidad internacional respecto al desarrollo del Estado de Derecho y salvaguarda de los derechos humanos dentro del concierto internacional.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, el problema del desplazamiento de niños y adolescentes centroamericanos y mexicanos se debe al rumor que se ha corrido, en el sentido de que cuando lleguen a Estados Unidos van a gozar de protección automática, que se van a reunir con sus padres o familiares sin problemas, lo cual no es cierto, ya que ante la ausencia de una Reforma Migratoria en Estados Unidos, los alcances en materia de migración se han visto muy limitados.

Las cifras de niños migrantes se triplicaron en los últimos 5 años según el Instituto Nacional de Migración. En 2011, habían casi 6.000 niños en situación de migración, de los cuales, 4.000 se trataban de menores no acompañados.  Por su parte, y como se indica en diversos medios de comunicación, en 2012 hubieron cerca de 13 mil niños que viajaron solos de Centroamérica a Estados Unidos y que cruzaron por México, de los cuales 5.966 fueron deportados. En todo el año 2013 la cifra de menores deportados ascendió a 8.577, y recientemente Estados Unidos anunció que en los últimos ocho meses detuvo en la frontera a más de 52.193 niños no acompañados y en los primeros cinco meses de este año, las autoridades estadounidenses han deportado a México cerca de 6.330 niños, principalmente centroamericanos. Por su parte en lo que va de este año 10.505 menores migrantes no acompañados han sido interceptados por el Instituto Nacional de Migración en su intento por cruzar a Estados Unidos.

Enfocados en la salvaguarda de la dignidad de la persona humana, resulta urgente el que los niños cuenten una protección eficaz e integral en cada uno de sus derechos. Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de dar cumplimiento a las disposiciones de aquellos instrumentos internacionales de los cuales México es parte, para actuar en congruencia y dar una protección y adecuada atención a los menores migrantes en territorio nacional; por lo tanto, resulta necesario e imperante la adecuada aplicación de la Convención de los Derechos del Niño; así como llevar a cabo de manera eficiente y responsable las evaluaciones que se realizan en torno a la migración infantil.

No obstante, la revelación del daño incalculable que se está produciendo a un número significativo de seres humanos demuestra que la comunidad internacional, en su conjunto, tiene que tomar conocimiento y medidas en esta materia, lo que demuestra la necesidad de la creación de protocolos, convenciones, así como la existencia de un instrumento jurídico internacional que proteja a los niños migrantes no acompañados.

Para que este objetivo tenga un efecto positivo, es necesario tener en consideración los principales riesgos a los que se enfrentan los menores migrantes no acompañados durante su camino a Estados Unidos, entre los que destacan la trata de personas, en donde los niños migrantes entre los 11 y 14 años de edad, son las principales víctimas de la explotación sexual; la explotación laboral; la criminalización por parte de las autoridades migratorias; secuestros por parte de asociaciones delictivas para ser parte de las filas del crimen organizado; en el caso de México, podemos mencionar la ausencia total de la aplicación del principio de bienestar del menor, en donde se violan las legislaciones al mezclar a menores con personas en mayoría de edad, cuando no tienen la edad que establece el DIF para que ocupe de su situación.

Las problemáticas anteriormente señaladas, siguen afectando la seguridad de los niños migrantes no acompañados dentro y fuera del territorio nacional. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en el período de enero del 2010 al 23 de octubre de 2013 se recibieron más de 917 quejas de migrantes menores de edad; 571 de niños y 346 de niñas por presuntas violaciones a derechos como seguridad jurídica, trato digno, integridad, igualdad y salud; por lo tanto, la situación de los niños migrantes no acompañados, así como la situación de vulnerabilidad de la cual son víctimas, demuestran la existencia de una crisis humanitaria nunca antes vista, cuyas consecuencias requieren de la total atención  por parte de los Grupos Parlamentarios en su totalidad dentro del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante los últimos 15 días, el gobierno mexicano ha sostenido por lo menos tres reuniones con autoridades de diversos países centroamericanos. La última de estas reuniones que ha informado la prensa nacional, se realizó el lunes 30 de junio en la hermana República de Panamá, específicamente para abordar este punto.

I. La proposición del Senador Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD pretende:

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir prácticas de aislamiento, hacinamiento y abandono de las niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a emprender las acciones necesarias a efecto de redefinir su política en materia de migración con especial énfasis en la seguridad humana del migrante independientemente de su nacionalidad.

 Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

El Senador hace mención sobre los puntos de acuerdo presentados desde mayo de 2013 a la fecha por él mismo y su Grupo Parlamentario sobre el tema y subraya la oportunidad que tenían entonces, pero que, a su juicio, no fueron atendidos.

[…]

El revuelo que ha causado esta crisis humanitaria ha llegado a constituir un tema de conflicto en la Unión Americana dada la reticencia de algunos grupos políticos y sociales empecinados en criminalizar a estos migrantes, llegando incluso a señalar que la gravedad que representa la implementación de programas y políticas públicas encaminadas a proteger y garantizar las condiciones óptimas de estos infantes, se fundamentan en argumentos tan lamentables como el que relaciona a este sector con la portación de enfermedades que ponen en peligro a las comunidades locales.

Incluso el partido republicano del país norteamericano ha detenido la aprobación de una reforma migratoria y se ha pronunciado a favor de la adopción de medidas cada vez más duras para frenar el paso de inmigrantes a territorio estadounidense.

Entendemos esta posición política al respecto del tema migratorio, lo que no entendemos es la postura que fundamenta violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas que han cruzado las fronteras en busca, principalmente, de mejorar sus condiciones de vida; encontrando, por el contrario, condiciones que están vulnerando sus derechos y criminalizando sus intenciones.

Esto tiene que parar. Pero la pregunta primordial es por qué hasta ahora se le está dando la importancia a este tema que nosotros hemos venido denunciando y haciendo los exhortos al Ejecutivo Federal para que realizará las acciones pertinentes a efecto de aminorar lo que hoy se ha convertido en una crisis humanitaria que podría degenerar en consecuencias mayores para todos los países involucrados.

[…]

Sin embargo, tenemos que alzar la voz ante las conductas de las autoridades migratorias de la nación norteamericana que han derivado en las violaciones a los derechos humanos al recluir a estos inmigrantes en condiciones de hacinamiento, asilamiento y abandono. Así como, de los grupos sociales de aquel país que se están pronunciando a favor de criminalizar a este sector y endurecer las medidas para evitar que más niñas y niños sean llevados a los centros comunitarios de atención a migrantes locales.

[…]

No debería de haber estrategias nacionales de coyuntura, sino la implementación eficaz de un plan de gobierno preestablecido y fundamentado en sus responsabilidades institucionales y legales que debería de haber comenzado al inicio de la actual administración.

Solo se está demostrando que hay temas en los que no se ha hecho nada por parte de la actual Administración Pública Federal, lo cual es grave y lamentable.

J. La proposición de la senadora Barrera del Grupo Parlamentario del PVEM pretende:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal a Fortalecer  el Acuerdo de Colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos,  que cruzan sin un acompañante, a fin de quesean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas, además se brinde atención integral durante el proceso de repatriación.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal a impulsar acciones conjuntas,  con los Gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y los países centroamericanos a fin de atender el fenómeno migratorio en su integralidad y los procesos de repatriación de los menores migrantes sin acompañantes, que cruzan por la Frontera de México con Guatemala y con Belice, respectivamente, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, garantizándoles el cuidado integral de su salud física y mental.

Basa su pretensión en la siguiente línea argumentativa:

[…]

Lo anterior representa un problema grave para los países receptores del migrante, pero también para aquellos que son transito obligado para llegar al mismo, como es el caso de México, ya que independientemente de su calidad migratoria, como seres humanos se les debe de proporcionar la ayuda humanitaria necesaria para garantizar su vida. Todo ello con independencia de los pasos a seguir en el ámbito legal, en materia migratoria.

[…] Recientemente los medios de comunicación daban cuenta de que el presidente Barack Obama señalaba que más de 52,000 menores han sido detenidos desde octubre al cruzar la frontera con México, con la convicción de que lograr poner los pies en suelo estadounidense les permitiría obtener un permiso para quedarse en el país.

[…] hemos (sic) visto que recientemente se han llevado a cabo diversas reuniones para este fin. En el caso de México el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y el Embajador estadounidense Anthony Wayne dialogaron sobre las posibles opciones para proteger a los niños migrantes…y también Wayne se reunió con los embajadores en México de El Salvador, Carlos Antonio Ascencio; de Guatemala, Fernando Andrade Díaz-Durán, y de Honduras, José Mariano Castillo, para dialogar también sobre temas relacionados con los menores inmigrantes no acompañados, a decir de la prensa. Ya que como se mencionó, según cifras del Presidente Obama, del 1 de octubre de 2013 al 15 de junio de 2014, los oficiales de la ley estadounidenses han detenido a más de 52.000 menores no acompañados entrando a Estados Unidos sin la documentación requerida. "Esto representa casi el doble de aquellos quienes entraron sin familiares adultos durante todo el año pasado, y los números continúan creciendo".

Estas reuniones sin duda dan cuenta de la preocupación y ocupación integral que se le debe dar al tema de estos niños migrantes, por parte de los involucrados y así compartir experiencias para la protección de estos menores. En este sentido países centroamericanos, que son también origen y tránsito de indumentos, podrían compartir con México las acciones de atención a estos migrantes como las llevadas a cabo por el SNDIF, que cuenta con albergues y módulos, en los cuales existe un programa que permite acompañar a los niños que llegan a estos lugares a cada uno de sus estados de origen. Y que está redoblando esfuerzos por ampliar la cobertura de módulos, en 2014 se ha logrado crear 4 nuevos albergues en la frontera sur, ubicados en el estado de Chiapas: Comitán, Comalapa, Tapachula y Arriaga. Contándose además  con 61 centros comunitarios de protección a la infancia que no albergan a los niños sólo realizan acciones de prevención.

De igual forma a través de la "Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados", el DIF Nacional conduce desde 2011, busca fomentar la coordinación institucional e intercambiar información estratégica para acordar las medidas y los mecanismos conjuntos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, además de que desde 2013  ha logrado capacitar a 425 oficiales.

Así, como lo aseguró la Embajadora Emérita Rosario Green.México está preparado para proteger a niños y adolescentes indocumentados, México no ve el asunto de la niñez migrante como un tema de seguridad, sino como de crisis humanitaria, y está en posibilidades de ofrecer protección internacional a un amplio número de menores de edad. Coincidiendo  Thomas Wise, de la Organización Internacional de Migraciones, que deben adoptarse criterios como el principio a la no detención por su condición migratoria, espacios de alojamiento adecuados, y avanzar hacia un mecanismo de tutela y de representación legal de niñas y niños migrantes.

Por su parte el Instituto Nacional de Migración reporta que en la protección de menores de edad extranjeros que ingresan y transitan en el territorio nacional se llevan a cabo diversas acciones que permitieron rescatar en 2014 10 mil niños, un incremento de 7.4 por ciento en relación a 2013que fue de 9 mil 727, de mantenerse esta tendencia, al cierre de este año el número de infantes rescatados podría superar los 16 mil.

Por otro lado las autoridades federales y estatales, lograron desarticular 35 organizaciones delictivas y detener a 330 personas como presuntos responsables de diversos delitos en contra de migrantes en los últimos nueve meses. Y se  cuenta  desde 2007, con la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS), agentes federales de Migración responsables de la atención y el resguardo de los infantes que no acreditan su legal estancia en México. El Instituto Nacional de Migración cuenta también con especialización en el trato de menores, reciben capacitación permanente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y son reconocidos por organismos nacionales e internacionales. 

Para el caso concreto de atención en la frontera norte de México, el gobierno estadounidense y el mexicano tienen desde al menos una década un Acuerdo de Colaboración sobre la repatriación de menores en la frontera que cruzan sin un acompañante. Que permite que todos los menores que son detenidos por la Patrulla Fronteriza sean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas, por lo que, en la mayoría de los casos, no siguen el proceso de deportación que viven los menores de origen centroamericano, pues las autoridades mexicanas son las encargadas de contactar a sus familiares en México para llevarlos a sus hogares. En 2013, se repatrió a 16 mil 016 menores, y un año antes fueron 13 mil 454, según cifras de la SRE. Cifra de menores no acompañados repatriados se ha mantenido constante desde hace al menos un lustro, en donde lo importante a resaltar es que  el 76.8% ha sido detenido más de una vez y el 21.02% acumula más de cinco aprehensiones, según cifras de Cancillería.

[…]

III. CONSIDERACIONES

A. Esta Primera Comisión está consciente de la importancia que tiene el respeto a los Derechos Humanos, a los cuales se les debe brindar  un mayor cuidado cuando se habla de la  niñez, por ser estos  un sector vulnerable de la población.  La UNICEF ha dicho al respecto lo siguiente:

“En los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas.

Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas.

Estos niños se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, entre otros. 

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que “los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos  y tienen además derechos especiales derivados de su condición”1En esa línea, el artículo 4º constitucional prevé de manera enunciativa mas no limitativa los derechos de los niños. Por otra parte, en el marco internacional de los derechos del niño está constituido por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración de los Derechos del Niño y, muy especialmente, la Convención sobre los Derechos del Niño; entre otros.

No es óbice para esta Representación, que los diversos gobiernos han realizado serios esfuerzos en materia de Derechos Humanos, entre otras acciones, para hacer frente a la problemática que aqueja a los niños migrantes no acompañados, en el año 2007 nuestro país implementó la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, con la finalidad de crear mecanismos integrales de protección para este grupo. Dicha mesa se integraba por la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, y Salud; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), entre otras instancias. Sin embargo, desde el cambio de gobierno federal en el año 2012 esta mesa no se ha reunido.

B.  Como se estableció en el considerando anterior, el  incremento de migración de la niñez tiene como uno de sus efectos que sus  derechos  estén siendo transgredidos. En razón de lo anterior, el Estado Mexicano debe actuar de forma rápida y eficaz.

Por tal motivo, los legisladores miembros de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PVEM, MC y PT, coinciden en diversos razonamientos. En ese sentido, preocupados por el respeto a los derechos de los niños migrantes, han considerado elaborar diversos puntos de acuerdo que han sido agrupados  en razón de la solicitud realizada. Cabe señalar que las proposiciones que tienen que ver con el tema de las obligaciones de alguna dependencia del Ejecutivo Federal y la coordinación institucional para proteger los derechos de los niños migrantes serán englobadas en el Tema 1. Los temas propuestos por los legisladores, son en síntesis, los siguientes:

Tema

Proposición del punto de acuerdo

Legislador solicitante

1

Exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se implemente de manera urgente, en coordinación con las diversas Secretarías y otras instancias gubernamentales, acciones urgentes para garantizar el interés superior del niño migrante, en su paso por México y/o regreso a su lugar de origen en el país. Asimismo, para que reactive y establezca con periodicidad a la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes, y a que una vez realizada dicha Mesa remita a esta Soberanía los acuerdos alcanzados.

Movimiento Ciudadano (A)

Sen. Ana Gabriela Guevara (B)

Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury (C)

Grupo Parlamentario del PRI (D)

Senadora Angélica de la Peña (E)

Diputados Juárez Piña y Maldonado Salgado del GPPRD (F)

Diputados Córdoba, Monreal y Durazo del GPMC (G)

Sen. Robles Montoya (H)

Sen Barrera Tapia del Grupo PVEM (I)

2

Exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que elaboren e informe a esta soberanía, sobre la naturaleza y el contenido de las reuniones que mantendrán con presidentes y representantes regionales y con el presidente Barack Obama sobre las decisiones que se tomarán respecto a la situación humanitaria de la niñez migrante y la repatriación, así como para que informe sobre las acciones implementadas por su gestión para impedir la violación de derechos de los niños y niñas en los Estados Unidos de América.

Sen. Ana Gabriela Guevara (B)

Sen. Robles Montoya (H)

3

Exhorta a la Secretaría de Gobernación a presentar a esta soberanía una propuesta de reingeniería institucional con el fin de crear una dependencia de gobierno con la suficiencia institucional capaz de asumir la ingobernabilidad ante la migración y transformar la migración en una experiencia en donde se respeten los derechos humanos.

 

Sen. Ana Gabriela Guevara (B)

El tema de menores migrantes no ha pasado desapercibido a los diferentes órganos de gobierno de México, pues se han emprendido diversas acciones , en este sentido, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó, junto con el Ministro de Gobernación de Guatemala, Héctor López Bonilla, y el Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, la Reunión Trilateral México-Guatemala-Estados Unidos, en seguimiento a los trabajos que estos países llevan a cabo para encontrar, coordinada y corresponsablemente, soluciones al tema de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, según el Boletín de Prensa 348 de la Secretaría de Gobernación.  Esta  Reunión tuvo como objeto la  construcción de soluciones con  participación de los países involucrados en el tema de menores migrantes.

Otro tema de esta reunión fue la  Presentación de la  Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur el  cual fue creado mediante Decreto el pasado ocho de julio de 2014, el cual será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y, su función será coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal en materia migratoria en la zona sur de nuestro país. Tal organismo tiene como propósito implementar las acciones para el respeto a los derechos humanos, el tránsito seguro de los flujos migratorios, así como fomentar la cohesión social y convivencia armónica.

Al respecto,  tal órgano estará facultado, según lo establece su Decreto de creación, para celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de colaboración en materia migratoria con las autoridades federales, estatales y municipales de la frontera sur, sin perjuicio del ejercicio directo de esta facultad por parte del Secretario de Gobernación.

Además, precisa que los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal deberán girar las instrucciones necesarias para que los delegados y demás servidores públicos de su adscripción, que ejerzan funciones en materia migratoria en la frontera sur, acuerden los asuntos de su competencia con el Coordinador para dar cumplimiento al Decreto.

Al cierre de la Reunión Trilateral México-Guatemala-Estados Unidos  el Secretario  de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong  anunció que en aproximadamente 60 días, México será sede de la tercera reunión de trabajo.

Aunado a lo anterior el 25 de Junio de 2014 ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congresos de la Unión se acordó la creación de un Grupo Plural de legisladores abocados a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan a a los Estados Unidos de América. Grupo Plural en cuestión se integra con la Diputada María de las Nieves García Fernández, el Diputado Gerardo Javier Hernández Tapia, la Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo y la Senadora Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del PRI; el Diputado Juan Pablo Adame Alemán y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del Grupo Parlamentario del PAN; la Diputada Lorena Iveth Valles Sampedro y la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del PRD; el Diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del PVEM; la Diputada Merilyn Gómez Pozos del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, y la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza del Grupo Parlamentario del PT.

En concordancia con lo expuesto, esta Representación considera que tales acciones de trabajo son respuestas a las inquietudes de los proponentes expuestas en el cuadro de esta consideración,  pues existen reuniones de trabajo que abordan la problemática y se ha dado ya la creación de un organismo que busca coordinar a las entidades y dependencias del país para dar una solución efectiva en materia de menores migrantes.

C.  La atención al problema de los menores migrantes, como se expuso  en el numeral anterior,  ha provocado diversas acciones, una de ellas es motivo de inquietud de los Senadores del PAN Mariana Gómez del Campo Gurza y del senador Jorge Luis Lavalle Maury, al respecto:

4

Exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que informe a esta Soberanía el contenido y alcance del plan denominado Paso Seguro.

Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury (C)

El 7 de julio del presente año, el Ejecutivo Federal y Otto Pérez Molina, Presidente de  Guatemala, se reunieron en la Ciudad de Catazajá, Chiapas, con el objetivo de poner en marcha el programa "Paso Seguro" para blindar la frontera entre ambos países y garantizar seguridad a los migrantes que la cruzan, así como la crisis que se registra de tránsito de menores no acompañados que van hacia los Estados Unidos.

Tal programa se puede observar en distintos medios que tiene como fin específico  regular los flujos migratorios en el país, por lo que pretende contar con la información biométrica de guatemaltecos, hondureños y beliceños para facilitar su tránsito. Sin embargo, no existe  información al respecto de las  pautas o la forma de implementación de tal Plan.

Por la gravedad del problema y como vía de concreción de otra vía de acción para la atención de dicha problemática, esta Comisión  dictaminadora considera procedente  solicitar un informe del Plan “Paso Seguro”

D. La violación de los Derechos Humanos de los migrantes, es una violación al artículo primero de nuestra Constitución, pues en él se plasma que todo aquel que pise suelo mexicano goza de tales derechos, además de contemplar aquellos que estén plasmados en Tratados Internacionales signados por México; por otra parte,  Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países que no ha ratificado números acuerdos en materia de Derechos Humanos, tal es el hecho que no forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos,  por lo que un llamado a un trato humanitario ha sido objeto de inquietud de diversos legisladores, como son:

 

Exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a que insten a sus contrapartes en el Gobierno de Estados Unidos, a comprometerse en brindar el trato justo, humanitario y de pleno respeto de los derechos humanos que merecen los menores migrantes, conforme al superior interés del niño sustentado por las convenciones internacionales en la materia.

Grupo Parlamentario del PRI (D)

5

Senadora Angélica de la Peña (E)

Diputados Córdoba, Monreal y Durazo del GPMC (G)

Si bien el Gobierno Mexicano a través de sus Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación ha establecido diálogo con sus contrapartes en el Gobierno de los Estados Unidos, no se ha hecho público el llamado a dichas instancias al compromiso de pleno respeto de los Derechos Humanos de los menores con estatus migratorio irregular. Se sabe, que al interior del mismo gobierno estadounidense existen diferencias en la solución al problema migratorio. En este sentido, es indispensable la coordinación y el trabajo en un mismo sentido del gobierno norteamericano que ha sido rebasado por la cantidad de menores detenidos y juicios que deberán llevarse a cabo con la garantía del debido proceso, así como a la consideración del otorgamiento de visas humanitarias. Por estos motivos, se considera procedente que las autoridades  mexicanas, mantengan una comunicación permanente y el aliento a la cooperación binacional y regional con  sus pares, sobre la base del pleno respeto de todos los derechos de los menores.

E. Las medidas adoptadas para la protección de los migrantes y en especial de los menores que atraviesan suelo mexicano o bien que llegan a las frontera sur de nuestro país,  han sido expuestas a lo largo de las anteriores consideraciones, sin embargo, el problema trasciende a México cuando los menores han abandonado el territorio nacional y se encuentran en el territorio estadounidense, pues  son sometidos a un proceso de repatriación que puede ser sujeto de diversas irregularidades, por lo que genera inquietud en algunos legisladores, como lo es:

Exhorta respetuosamente Ejecutivo Federal a Fortalecer  el Acuerdo de Colaboración y demás instrumentos diplomáticos, sobre la repatriación de menores mexicanos en la frontera México-Estados Unidos,  que cruzan sin un acompañante, a fin de que sean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas, además se brinde atención integral durante el proceso de repatriación.

Sen Barrera Tapia del Grupo PVEM (I)

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a atender, de forma integral, la problemática referente a la migración de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos.

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Según la SRE, el caso mexicano de menores detenidos en Estados Unidos se mantiene constante y no ha aumentado de manera tan drástica como la de los países centroamericanos. Sin embargo, anterior a ello, los mexicanos representaban el 98% de la cifra de detenidos. En este año, hasta abril pasado, se aprehendieron según cifras oficiales a 6 mil 244 niños. Ante esta situación, México y Estados Unidos, tienen desde al menos una década, el Acuerdo de Colaboración sobre la repatriación de menores en la frontera que cruzan sin un acompañante, al que hace referencia la proponente. Según Cancillería, con él se busca que todos los menores que son detenidos en Estados Unidos por la Patrulla Fronteriza sean entregados directamente a autoridades mexicanas en un plazo no mayor a 24 horas.  Sin embargo, es importante  garantizar al universo de menores que este proceso esté libre de infracciones y que se de su cabal funcionamiento, pues como se ha establecido, los menores migrantes son más propensos a sufrir vulneraciones en sus Derechos Humanos.  Con base en esto se estima procedente la pretensión.

En concordancia con todo lo expuesto, el tema de los derechos de los niños migrantes no corresponde a una sola Secretaría o Institución de gobierno, sino que se debe buscar la coordinación inmediata y el refuerzo de las Instituciones ya existentes, además de soluciones coordinadas por los diversos países que se ven envueltos en dicha problemática.

F. La pluralidad de las propuestas con punto de acuerdo planteadas al conocimiento del Pleno de la Comisión Permanente durante varias de las sesiones precedentes y la creación del Grupo Plural de legisladores abocados a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América, así como la rica información compilada en esos documentos, acredita la importancia que para los representantes populares en las Cámaras del Congreso de la Unión, más allá de su militancia en las distintas formaciones políticas de nuestro sistema de partidos, tiene la emergencia humanitaria planteada por el apreciable incremento del éxodo de menores migrantes no acompañados, particularmente de países hermanos de América central y sin dejar de reconocer ese fenómeno en nuestro país, hacia los Estados Unidos de América.

En todo sentido, a lo largo de las proposiciones y de la integración del citado Grupo Plural están presentes el principio del interés superior del menor y su respeto irrestricto, tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño; así como el postulado de la cooperación internacional en las relaciones entre Estados para la atención y solución de los asuntos que rebasan la esfera de las connotaciones nacionales.

Por lo tanto y con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a consideración los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con motivo de la emergencia humanitaria regional suscitada por el incremento del tránsito de menores migrantes no acompañados de la región hacia los Estados Unidos de América, refrenda el principio del respeto irrestricto al interior superior de los menores en la atención y solución de la situación imperante, y reitera su convicción en que la cooperación regional entre naciones y la colaboración interinstitucional de carácter nacional son indispensables para la adopción de políticas, criterios y acciones de política migratoria acorde a la preeminencia de los derechos humanos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión toma conocimiento de la puesta en práctica de las acciones públicas denominadas  Plan  "Paso Seguro" y  Programa “Frontera Sur”, y solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación proporcione la información que en torno a ellas requiera el Grupo Plural de legisladores para la atención y seguimiento del problema de los niños migrantes no acompañados.

 TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda turnar al Grupo Plural de legisladores para la atención y seguimiento al problema los niños migrantes no acompañados el conjunto de propuestas con punto de acuerdo que han sido planteadas ante este Pleno, con objeto de que procedan a su análisis y para efectos de la formulación de sus cometidos de trabajo, solicitudes de información y formulación de planteamientos con motivo del mandato que se les ha conferido.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.

1 Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 54.





 

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueran turnadas para su análisis y dictamen las Proposiciones con punto de acuerdo:

1.- Por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de Distrito Federal, para que de manera urgente, replanteé la política hidráulica en el Distrito Federal, a fin de que los capitalinos no se vean afectados por las inundaciones y encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la ciudad. Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- Por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente, de Trasporte y de Vialidad y de Finanzas del Distrito Federal una reunión de trabajo a fin de expliquen las medidas que se prevé aplicar para solucionar la severa crisis de movilidad urbana en la Ciudad de México. Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las Proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 de julio del 2014 fueron presentadas dos proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por la que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de Distrito Federal, para que de manera urgente, replanteé la política hidráulica en el Distrito Federal, a fin de que los capitalinos no se vean afectados por las inundaciones y encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la ciudad. Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.- Por la que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente, de Trasporte y de Vialidad y de Finanzas del Distrito Federal una reunión de trabajo a fin de expliquen las medidas que se prevé aplicar para solucionar la severa crisis de movilidad urbana en la Ciudad de México. Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

b) En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dichos puntos de acuerdo se turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y considera pertinente resolver las propuestas en comento en un solo acto, considerando que parten del mismo caso concreto y —puesto que se trata de pretensiones similares— se puede aplicar el principio de economía procesal.

Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación debido a que cada año en la ciudad de México, en temporada de lluvias se presentan inundaciones, se daña la vivienda y se provocan caos en las principales vialidades. Ante tales afectaciones económicas y de tiempo manifiestan que es urgente que se cree un cambio en la política hidráulica en la ciudad de México.

Asimismo, se puede leer que los proponentes coinciden en que se puede planear la construcción y se puede trabajar en el mantenimiento de las vías hidráulicas, en las calles y avenidas con el propósito de evitar daños mayúsculos al patrimonio de los ciudadanos.

Por otro lado, manifiestan que el derecho a la movilidad se define como “El derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo

Los proponentes exponen que se han tomado decisiones que no permiten ejercer plenamente el derecho a la movilidad en términos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, pues por un lado, se desincentiva el uso de transporte público al elevar tarifas del Metro, se cancelan Líneas del Metro por inundaciones, goteras, y deficiencias en la construcción y falta de compatibilidad de rieles y vagones afectando la vida cotidiana de miles de usuarios diariamente, se promueve el uso de transporte privado motorizado a través de la construcción de más autopistas, se impulsan políticas a favor de los que más tienen al establecer vías de pago descongestionadas de tránsito mientras se establecen medidas regresivas socialmente y ambientalmente poco efectivas, como el Hoy No Circula; y se mantienen en circulación flotillas de transporte público obsoletos y altamente contaminantes.

Ante los planteamientos analizados en los puntos de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen:

1.- Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que de manera urgente implemente un cambio al enfoque de la política hidráulica en el Distrito Federal, a fin de que los capitalinos no se vean afectados por las inundaciones y encharcamientos provocados por las lluvias que persisten en la ciudad.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a que impulse a la brevedad un proyecto preventivo y correctivo que ofrezca una solución inmediata al problema de las inundaciones en las 16 demarcaciones del Distrito Federal.

2.- Propuesta presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Medio Ambiente, al Secretario de Transporte y Vialidad y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, a sostener una reunión de trabajo con esta Soberanía a fin de que informen, expliquen y detallen, en el marco de sus respectivas competencias, las medidas concretas que se han de implementar para garantizar el derecho a la movilidad urbana en el Distrito Federal, de conformidad con las recomendaciones emitidas en el Informe Especial sobre Movilidad 2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

III. CONSIDERACIONES

El pronóstico de la CONAGUA señala que los días del mes de julio se incrementarán las lluvias, razón por la cual la Ciudad de México se mantiene en riesgo latente de sufrir una gran inundación debido a que, de acuerdo con la Secretaria de Protección Civil del D.F., existen cuatro mil zonas en encharcamiento en las que persisten 90 puntos de inundaciones, con 38 de ellos de alto riesgo. Con ello, se puede poner en riesgo el patrimonio y la vida de las personas, además, existen 15 colectores a punto de colapsar y 200 kilómetros de drenaje saturados.

Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México manifestó que el drenaje sólo tiene capacidad para desalojar el agua de precipitaciones de 20 milímetros, y que, cuando las lluvias son mayores y hay basura, el sistema colapsa. Es por ello que en lo que va del año se han presentado 940 encharcamientos, en toda la ciudad, 201 en la delegación Venustiano Carranza, 136 en Gustavo A. Madero y 85 en Iztapalapa. Tan sólo en la primera semana de julio las intensas lluvias provocaron un total 105 anegaciones en las calles del DF.

Se ha advertido que los meses de  julio, agosto y septiembre de este año se esperan precipitaciones mayores al promedio histórico y las vialidades más afectadas con encharcamientos por basura son Periférico, Insurgentes, Río Churubusco, Zaragoza, Viaducto y boulevard Puerto Aéreo.

Las fuertes tormentas también han afectado las estaciones del Metro, como Tacubaya, Observatorio, Cuauhtémoc, Normal,  Revolución, la Raza, y Deportivo Oceanía. Ante tales afectaciones económicas y de tiempo para los capitalinos, la Comisión Dictaminadora manifiesta que es de suma importancia que el Jefe de gobierno del D.F. impulse un cambio o una solución inmediata al problema de la del sistema de desagüe que ocasiona cada año en temporada de lluvias, inundaciones y encharcamientos que abarcan a veces las 16 demarcaciones territoriales del D.F.

Ahora bien, la “Unidad Tormenta” se creó en el año de 2007 el integra en un solo programa a las dependencias e instituciones que atienden las emergencias en materia de inundaciones en la capital, coordinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El objetivo de la “Unidad Tormenta” es disminuir los tiempos de solución y de atención a los encharcamientos e inundaciones por las fuertes lluvias, así como atender con prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura. La “Unidad Tormenta” se implementa como un eje de respuesta inmediata y que aplica los recursos necesarios para minimizar las afecciones en vialidades y viviendas.

Para obtener resultados positivos, el Gobierno de la Ciudad ha incorporado otras líneas de estrategias que consisten en un programa de mantenimiento a instalaciones, estructuras, plantas de bombeo, compuertas y cárcamos, así como el desazolve de presas y lagunas, el desazolve de redes y accesorios del drenaje, entre otras acciones. Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal, establece el Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de México (CONAGUA-CAEM-SACMEX), programa de obras para tratar de prevenir inundaciones.

Por estas razones, es que la Comisión Dictaminadora, al analizar los puntos de acuerdo, manifiesta que es necesario que el Gobierno del Distrito Federal, a través de sus programas de mantenimiento al drenaje y atención a los encharcamientos e inundaciones, atienda con prontitud las emergencias en materia de inundación.

Aunado a lo anterior, esta dictaminadora manifiesta que la movilidad, no sólo en el Distrito Federal, es una actividad, un hecho que existe más allá de la voluntad política y el reconocimiento de los derechos humanos. La movilidad urbana es un fenómeno que juega un papel fundamental en la sociedad, en tanto que permite las actividades, integra los espacios y nos permite acceder a los bienes y servicios más básicos para tener una vida digna.

En todas las sociedades, la movilidad tiene un papel vital debido a que permite la comunicación, integra los espacios y las actividades, e induce o guía las inversiones y el desarrollo urbano.

En este sentido, cuando la movilidad de la población se dificulta, la ciudad entera se ve afectada en su funcionamiento, productividad y en la calidad de vida de sus habitantes; por tanto, se puede afirmar que ella refleja las condiciones socioeconómicas y políticas de vida en las grandes aglomeraciones.

La movilidad resulta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en tanto que las distancias y exigencias de movimiento se hacen evidentes y necesarias para su realización. Por ejemplo, es indudable que las opciones de movilidad condicionan el acceso de las personas a las fuentes de trabajo o a las instituciones educativas y de salud; además, constituyen uno de los factores esenciales de una vivienda adecuada en términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, ante la manera en que determina el modo de vida de las personas y su relación social, diversas personas estudiosas del fenómeno han pugnado para que se configure un derecho autónomo en torno a él, al mismo nivel que la educación, la salud y recientemente el agua.

Ahora bien, la Asamblea Legislativa ha creado la Ley de Movilidad del Distrito Federal, con la cual se da pleno reconocimiento a los derechos humanos y se da preferencia la persona sobre el vehículo. la Ley de Movilidad del Distrito Federal contienen aspectos como un fondo de movilidad, un programa de seguridad vial, sistemas de información y de transporte público, se plantea un seguimiento a la movilidad en la ciudad, una planeación y el derecho a la movilidad como base principal. También se busca un empoderamiento de las personas con capacidades diferentes para mejorar las condiciones de accesibilidad y se promueve el uso de la bicicleta bajo condiciones de seguridad.

Si bien, la movilidad ha sido concebida como el número de desplazamientos que realizan las personas, derivados del uso de suelo, en un espacio determinado, asimilándola a la relación viajes persona-día;  es decir, al conjunto de los viajes que realiza una población en un lapso de 24 horas en un medio de transporte. Esta visión ha contribuido a centrar el análisis de la movilidad casi de manera exclusiva en la configuración de los sistemas de transporte. No obstante, la movilidad implica mucho más; no se restringe a un proceso individual ni a los medios de transporte público; es un fenómeno complejo que guarda estrecha relación con un entorno determinado en donde viven las personas, con las alternativas que tienen para realizar sus desplazamientos y con la planeación de los asentamientos humanos, del desarrollo y el medio ambiente, entre otros aspectos.

La Comisión Dictaminadora, manifiesta que este marco normativo representa un avance significativo porque da pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos, sustituye el modelo de transporte y vialidad por el paradigma de movilidad, no sólo por el nombre sino por su contenido, como un concepto más dinámico y que está diseñado a responder de mejor manera a las necesidades de la población y de sus visitantes en esta ciudad capital, traduciéndose en un elemento más adecuado en el impulso de un desarrollo con equidad, inclusión y justicia social.

Por estas razones, la Comisión Dictaminadora, manifiesta que la Ley de Movilidad del Distrito Federal en el marco de sus respectivas competencias, garantiza el derecho a la movilidad urbana en el Distrito Federal.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, esta Comisión dictaminadora, manifiesta que se dictaminaron los puntos de acuerdo en conjunto, por la similitud del tema en estudio. Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los  siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito que, de conformidad con sus facultades, impulse un programa o proyecto preventivo y correctivo para el problema de inundaciones y encharcamientos en las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente, al Secretario de Transporte y Vialidad y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal un informe a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias, den a conocer a esta Soberanía las medidas concretas que se han de implementar para garantizar el derecho a la movilidad urbana en el Distrito Federal, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que incluya en la lista que comprende la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a los municipios de Tenancingo, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtécatl, Mazatecocho de José Mária Morelos y Zacatelco, con el objeto de erradicar factores de riesgo para las zonas vulnerables a la trata de personas en el Estado de Tlaxcala”, suscrita por la  Senadora Adriana Dávila Fernández integrante del Partido Acción Nacional (PAN); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Tlaxcala-Dávila.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del jueves 3 de julio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Tlaxcala-Dávila, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R2A.-1632.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 13, de la Comisión Permanente, del 3 de julio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Tlaxcala-Dávila; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que incluya en la lista que comprende la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a los municipios de Tenancingo, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtécatl, Mazatecocho de José Mária Morelos y Zacatelco, con el objeto de erradicar factores de riesgo para las zonas vulnerables a la trata de personas en el Estado de Tlaxcala.

B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Según estudios realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social se observa que la mayoría de las víctimas de la trata de personas provienen de contextos de desigualdad, pobreza y vulnearación social.

Por lo que la exclusión social y la vulnerabilidad económica colocan a grandes sectores de la población en condiciones de fragilidad, que pueden convertirse en víctimas de trata. Por tanto existe una mayor captación de mujeres en situaciones de pobreza proveniente de comunidades rurales.

En este mismo tenor, la Senadora promovente señala que de acuerdo a lo establecido en la Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4º es obligación del estado crear condiciones necesarias que garanticen a las personas una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Por lo que, paras alcanzar este nivel optimo de alimentación, se deben de adoptar las medidas necesarias para mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, tal como lo indica el Pacto de Derechos, Sociales y Culturales de 1981.

Por último se expone que de acuerdo a la estrategía planteada por el Ejecutivo Federal sobre la creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, firmada el 22 de enero de 2013, y con el objeto de implementar acciones transversales en rubros que inciden en el problema de la carencia alimentaria, como es la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el ingreso de las familias, es que afirma que algunos municipios de Tlaxcala deben de ingresar en la lista de municipios beneficiados por la Cruzada ya que en entre su población existe factores de riesgo que pueden convenir a sus habitantes en víctimas de trata de personas, y en consucuencia tienen que recibir ayuda, incluso en materia alimentaria, tendiente a erradicar esos posibles factores que propician este delito.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la pretensión de la proposición Tlaxcala-Dávila; esta representación se basa en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos donde se establece la obligación del Estado a garantizar el derecho de cada persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

D. Esta Soberanía pugna a favor de que el Estado luche para erradicar del país la desigualdad social y que todos cuenten con acceso a una vida digna, donde las posibilidades de alimentación de todas las comunidades del país sean una realidad y que la pobreza extrema no consuma mas victimas en la sociedad.

E. Los integrantes de esta Comisión de trabajo consideran que de acuerdo a lo establecido en los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, el objetivo debe ser buscar que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario no caer en la discriminación por parte de algunos municipios los cuales tienen carencia alimenticia, tal es el caso de los municipios de Tenancingo, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtécatl, Mazatecocho de José Mária Morelos y Zacatelco, todos de Tlaxcala y siendo comunidades rurales y que de acuerdo a los datos arrojados por el INEGI, su producción de recursos dista mucho de la media Nacional.

F. Actualmente existe un esfuerzo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social para ampliar la cobertura del Sistema Nacional Contra el Hambre. En ese sentido,  se tiene contemplado alcanzar la cobertura total de la población objetivo para el año 2015, para lo cual se definieron dos etapas de expansión:

• En la segunda etapa se plantea añadir municipios para atender al menos un 25% adicional de la población objetivo, de tal manera que 5.3 millones pobres extremos alimentarios sean atendidos al finalizar de 2014 (al menos 75% de la población objetivo).

• En la tercera etapa se atenderá a toda la población objetivo de la CNCH.

Procedimiento de selección de los municipios de la segunda etapa de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre

Para la ampliación de los municipios fueron considerados los siguientes criterios:

Procedimiento de selección por indicadores de CONEVAL

Criterio 1. Población y porcentaje de personas en pobreza y Población y porcentaje de personas en pobreza extrema alimentaria, siguiendo con los criterios de la primera etapa. Procedimiento de selección de acuerdo a Estrategias de Desarrollo Regional en los estados.

Criterio 2. Ampliación a nivel nacional. Inclusión de al menos un municipio por cada estado.

Criterio 3. Municipios de Guerrero afectados por los fenómenos meteorológicos sucedidos en el segundo semestre de 2013.

Criterio 4. Municipios pertenecientes a la frontera norte y sur.

Criterio 5. Municipios de Michoacán, Guerrero y Estado de México pertenecientes a la zona de Tierra Caliente.

Criterio 6. Coincidencia con la estrategia de desarrollo regional del estado de Zacatecas.

Criterio 7. Coincidencia con la estrategia “Plan 59” del estado de Coahuila.

Criterio 8. Coincidencia con la estrategia de desarrollo microrregional del estado de Oaxaca.

Criterio 9. Coincidencia con la estrategia de desarrollo regional de la Zona Serrana Norte del estado de Sinaloa.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

G. De acuerdo Las Normas de Organización y Funcionamiento Interno de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el hambre, publicadas en el DOF el 12 de agosto del 2013, la Comisión Intersecretarial:

IX. Proponer los ajustes en el diseño, focalización o cobertura de los programas […]
Secretaría de Desarrollo Social promoverá la suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo con las entidades federativas

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, que, con base en los parámetros y la metodología establecida para la selección de los municipios de la segunda etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre,  evalúe y, en su caso, considere a los municipios de Tenancingo, La Magdalena Tlaltelulco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtécatl, Mazatecocho de José María Morelos y Zacatelco para ser beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente el reconocimiento a la labor desempeñada por el grupo de trabajo que se encuentra dándole seguimiento a las elecciones de Nayarit”, presentada por los Diputados Fernando Zárate Salgado y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 3 de julio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo mencionada, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de julio del 2014, los Diputados Fernando Zárate Salgado y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente el reconocimiento a la labor desempeñada por el grupo de trabajo que se encuentra dándole seguimiento a las elecciones de Nayarit.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente por medio del oficio CP2R2A.-1591.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta que el  pasado 6 de julio en el Estado de Nayarit se llevaron a cabo elecciones ordinarias para renovar el Congreso local  conformado por 18 diputaciones de mayoría  relativa y 12 de representación  proporcional así como 20 ayuntamientos.

Los proponentes señalan que en el proceso electoral se han registrado una serie de hechos que  resultan de la mayor preocupación sobre el clima de enrarecimiento político que se registra en la entidad, afirman que existe una campaña de hostigamiento y persecución que están sufriendo los candidatos de oposición tanto del PAN como del PRD.

Se indica en la propuesta, que el pasado 28  de mayo una comisión de líderes de los partidos de oposición conformada por el Presidente del PAN e integrantes del Consejo Político del PRD solicitaron una entrevista con el Fiscal General del Estado, Edgar Veytia, cita a la que  también acudieron el Secretario General de Gobierno José Trinidad Espinoza y el Secretario de Seguridad Pública Jorge Alonso Campos así como el titular de Derechos Humanos del Estado Huicot Rivas.

Manifiestan los proponentes que fueron recibidos en la explanada de la propia dependencia, en medio de un operativo montado por casi 200 elementos de seguridad del estado, vehículos antimotines y aparatos sofisticados de vigilancia, lo cual constituyó un verdadero montaje intimidatorio para los asistentes.

Se señala que la entrevista fue solicitada al Fiscal General para reclamarle  sus actitudes incorrectas de hostigamiento contra los candidatos de posición, en particular,  la de retardar la entrega de cartas de antecedentes no penales a candidatos y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomara nota de ello y se probaran las afirmaciones del Gobernador quien declaró que quién gobierna su  entidad es el partido  oficial, en una vieja reminiscencia de los viejos tiempos del autoritarismo del PRI.

Por ello, los proponentes destacan que, de cara a este proceso electoral y  en vista de su enorme relevancia para el futuro de la entidad,  la legitimidad de la misma elección y de sus resultados es  imprescindible, por lo que  debe existir un seguimiento puntual por parte de esta soberanía del desarrollo de la presente campaña y de la jornada electoral del 6 de julio, toda vez que  no puede mantenerse al margen de ejercer una atención puntual de los mismos pues resulta inaceptable bajo la perspectiva de cualquier sistema democrático, que se estén mandando estos mensajes claros de autoritarismo y de intolerancia que  considerábamos ya superados.

En la proposición se indica que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tuvo a bien aprobar por consenso de todas las fuerzas políticas  que la conforman, la creación de un grupo plural de legisladores que se avocara a darle seguimiento al proceso electoral  del Estado de Nayarit. Este grupo fue conformado de manera plural con la participación de legisladores que fueron propuestos por todos los grupos parlamentarios y que, de igual manera, acordaron un método de trabajo basado en el más amplio consenso, mismo que ha sido un instrumento valioso para avanzar en su cometido, por lo que se han obtenido resultados positivos en su primera gira de trabajo por la entidad.

Por lo tanto, los proponentes consideran  que es de la mayor importancia que este grupo de trabajo siga contribuyendo al buen desarrollo del proceso electoral en el Estado de Nayarit con la  presencia de los legisladores en el marco de una cooperación apropiada con las autoridades.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en reconocimiento a la labor desempeñada por el  grupo de trabajo que está  dándole seguimiento a las elecciones de Nayarit,  hace votos para que atendiendo a su composición plural  y  al  mecanismo del más amplio consenso con el que se han conducido, coadyuven con las autoridades electorales del estado al  pleno desarrollo  de la jornada electoral del próximo 6 de julio, y presenten un informe por escrito de sus actividades y resultados a esta soberanía, una vez concluido el proceso electoral de la citada entidad.

III. CONSIDERACIONES

Para esta Comisión Dictaminadora es fundamental contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana en los procesos electorales en el país, así como garantizar que la celebración de los comicios se realicen de manera pacífica y bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y sobre todo de transparencia.

Se informa que el  pasado 6 de julio en el Estado de Nayarit se llevaron a cabo elecciones ordinarias para renovar el Congreso local  conformado por 18 diputaciones de mayoría  relativa y 12 de representación  proporcional así como 20 ayuntamientos.

De acuerdo con el Programas de Resultados Electorales Preliminares en el estado de Nayarit se registró la participación del 58.27% al computarse el 100% de las casillas. 

Por la trascendencia del proceso electoral, los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente han manifestado interés en recibir información de primera mano sobre el desarrollo de dichos comicios, a través de la creación de un Grupo Plural de legisladores.

El pasado 11 de junio del presente año, el pleno de la Comisión Permanente aprobó la creación del Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit, en la que se establece que este grupo normará sus criterios apegado a las leyes en materia electoral en el estado de Nayarit, sus determinaciones y acciones se tomarán y realizarán de conformidad con lo establecido en el acuerdo y por consenso de todos sus integrantes.

El grupo está integrado por las diputadas Lilia Aguilar Gil (PT) y Dora María Guadalupe Talamante Lemas (NA), así como los diputados José Alberto Rodríguez Calderón (PRI), Fernando Zárate Salgado (PRD) y Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC). Asimismo, la senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM), y los senadores Manuel Humberto Cota Jiménez (PRI) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN).

Esta Comisión Dictaminadora considera relevante expresar en el cuerpo de este dictamen que, el pasado 30 de junio del 2014, los integrantes del Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit se reunieron con el Consejo Local Electoral con la finalidad de cumplir con el objetivo de su creación.

En dicha reunión los legisladores expresaron que su participación es con el fin de fortalecer los trabajos en materia electoral y aportar una crítica constructiva, siempre respetando la soberanía de la entidad federativa y conocer el desenvolvimiento  del proceso en Nayarit.

Los integrantes del Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit señalaron que asisten en calidad de observadores para estar cerca de las autoridades del Estado, e informaron que ya se reunieron oportunamente con el Gobernador y con los partidos políticos.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, quien forma parte del Grupo Plural de Observación Electoral para dar seguimiento al proceso electoral del Estado de Nayarit, en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 3 de julio del presente, hizo uso de la voz para informar que estuvieron en Nayarit con un ánimo de respeto a las autoridades locales y a la ciudadanía en los comicios del domingo 6 de julio y advirtió signos de preocupación.

Ahora bien por los motivos expuestos, esta Comisión Dictaminadora considera  imprescindible que en vista de su enorme relevancia para el futuro de la entidad,  la legitimidad de la misma elección y de sus resultados, debe haber un seguimiento puntual por parte de esta soberanía del desarrollo de los comicios en dicha entidad del pasado 6 de julio y se hacen votos para que el grupo plural de trabajo coadyuve con las autoridades electorales del estado y presenten un informe por escrito de sus actividades y resultados a esta soberanía.

Tal informe resulta fundamental, pues con él se da certeza del seguimiento que ésta Representación dio a los comicios el día 6 de julio del presente año, con lo que se establece un esfuerzo para garantizar todos los principios constitucionales que deben de estar presentes en toda jornada electoral; además de establecer un precedente de trabajo para futuras comisiones que tengan como enmienda el seguimiento de  procesos electorales.

Por lo anterior y con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Grupo Plural  de Observación Electoral un informe de las actividades y los resultados obtenidos durante el seguimiento al proceso electoral del estado de Nayarit.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los dieciséis  días del  mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la ”Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa de trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la reubicación de 121 damnificados”, presentada por Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 3 de julio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo ya mencionada, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de julio del 2014, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa de trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero y con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la reubicación de 121 damnificados.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente por medio del oficio No. CP2R2A.-1639.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El Senador Armando Ríos Piter señala que en el mes de septiembre del 2013 varios estados de la República Mexicana se vieron afectados por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, dejando miles de damnificados y severos daños, sobre todo en el estado de Guerrero.

Considera que en la entidad guerrerense, las lluvias impactaron fuertemente la infraestructura carretera generando deslaves, fracturas en la carpeta asfáltica y puentes colapsados. Indica que casi el 100% de los municipios fueron afectados, de alguna u otra manera, se desbordaron más de 15 ríos, por lo tanto, varias localidades necesitan reconstrucción de vivienda, mientras que otras requieren una reubicación total.

Agrega que de acuerdo con el diagnóstico preliminar de afectaciones por el ciclón tropical “Manuel” del 22 de octubre, las afectaciones fueron:

● 13,701 viviendas con daños totales o parciales, de las cuales serán construidas en su totalidad 9,046. De acuerdo con la dependencia federal, 3,973 fueron destruidas, 2,157 serán reubicadas, 1,822 carecen de título de propiedad, 1,094 se ubican en zonas federales.

● 55 unidades de salud dañadas, 23 de ellas con pérdida total.

● 1,363 centros educativos afectados.

● Más de 3 mil kilómetros de carreteras y caminos afectados.

● Daños a los sistemas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, así como la necesidad de rectificar cauces de ríos, dragado y muros de contención.

● Seis puentes dañados de carreteras federales y 120 puentes de comunidades (pequeños medianos y grandes) fueron colapsados.

● 215,378 has. de cultivo siniestradas por las lluvias, en su mayoría de maíz.

● En la capital del estado, Chilpancingo de los Bravos, 1293 viviendas sufrieron daños estructurales “irreversibles”, la mayoría fueron afectadas por el cauce del Río Huacapa.

Agrega que respecto a la construcción de las viviendas para los damnificados de la capital, comunidades y pueblos afectados del municipio de Chilpancingo, la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (COCOARHA), bajo el respaldo de la APPG (Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero) solicitan a las autoridades federales, estatales y municipales que aceleren las entregas de las viviendas, ya que 121 personas se albergan en el Instituto del Deporte en Guerrero (INDEG) y varios afectados viven en zona de alto riesgo (Río Huacapa y barrancas afluentes a él), el Senador en el punto de acuerdo incorpora el nombre de las personas afectadas.

Se indica que a los 9 meses de la contingencia, los damnificados que están ubicados desde el mes de septiembre en el INDEG viven entre enfermedades gastrointestinales, comida racionada y hostigamientos, con la incertidumbre de saber cuándo serán reubicados.

Aunado a esto, el Senador Armando Ríos Piter manifiesta que a finales del mes de junio del presente año, llegaron al albergue habilitado 146 pobladores de San Miguel Totolapan desplazados por la violencia que existe en la región de Tierra Caliente, por lo que en este momento el albergue habilitado ya no cuenta con la capacidad suficiente para atender dignamente las necesidades del total de afectados por los distintos fenómenos mencionados, por lo que el proponente considera de suma importancia realizar el exhorto al Ejecutivo Federal para que promueva la reubicación inmediata de las 121 personas que se albergan en el Instituto del Deporte en Guerrero (INDEG) y una reunión con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la inmediata reubicación de los 121 damnificados de las lluvias de Ingrid y Manuel del año pasado, que continúan en el albergue del Instituto del Deporte en Chilpancingo, en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, establecer una mesa de trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero con el objeto de agilizar la reconstrucción y reubicación de los damnificados del municipio del Chilpancingo de los Bravo.

III. CONSIDERACIONES

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia refrendan su compromiso de brindar los apoyos necesarios para contrarrestar los efectos de los desastres naturales en beneficio de la población afectada. 

Esta Comisión Dictaminadora indica las dependencias del Gobierno de la República han realizado importantes acciones para atender las situaciones de emergencia en el estado de Guerrero, con el objetivo de reactivar la economía regional, restableciendo el acceso a vías de comunicación y conectividad, apoyando a proyectos productivos y con la recuperación del bienestar social a través de la coordinación de las políticas públicas.

Las consecuencias de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” fueron devastadoras,  por ello el Gobierno Federal logró un acuerdo político nacional de amplio beneficio social para el Estado de Guerrero, en el que la Cámara de Diputados respaldó a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con 7 mil millones de pesos dentro del FONDEN.  Estos recursos están potenciados por la Secretaría de Hacienda, para tener una disponibilidad cercana a los 30 mil millones de pesos a favor de la entidad.

El “Plan Nuevo Guerrero” fomentará el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente, en un marco de transparencia y participación ciudadana.

La motivación del punto de acuerdo que se dictamina es que un grupo de familias damnificadas que aún permanecen en las instalaciones del Instituto del Deporte en Guerrero (INDEG) en condiciones desfavorables. Ante esta situación, esta Comisión Dictaminadora señala que de forma oficial Mario Moreno Arcos, Presidente del Municipio de Chilpancingo el pasado 21 de mayo del 2014, se comprometió a reubicar y entregar viviendas nuevas para cada una de las dos mil familias que perdieron sus casas durante las lluvias que provocó la tormenta tropical Manuel en septiembre pasado.

Asimismo, se da cuenta que Mario Moreno Arcos señaló que el grupo de familias damnificadas que aún permanecen en las instalaciones del Instituto del Deporte en Guerrero (INDEG), serán las primeras que serán reubicadas en su nueva casa, las cuales se comprometió a que estarán listas en un mes y medio según lo prometido por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Esta Comisión Dictaminadora considera relevante hacer mención que el martes 24 de junio del presente año salió la caravana de damnificados por la tormenta tropical Manuel hacia la ciudad de México, encabezada  por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero  con el objetivo de exigir a la federación agilice los trabajos de reconstrucción, reubicación y prevención para el estado de Guerrero y que a la brevedad brinden una respuesta puntual a sus propuestas los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social.

En este contexto, quienes forman parte de esta Comisión Dictaminadora consideran sumamente oportuno hacer un llamado al Ejecutivo Federal para instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a agilizar los trabajos que permitan la reubicación de los damnificados que continúan en el albergue del Instituto del Deporte en Chilpancingo, en el Estado de Guerrero, consecuencia de las lluvias “Ingrid” y “Manuel”.

De igual manera, se pretende que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, establezcan una mesa de trabajo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero con el objeto de informar los avances de las acciones para la reconstrucción y reubicación de los damnificados del municipio del Chilpancingo de los Bravo.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a agilizar los trabajos que permitan la reubicación de los damnificados del albergue del Instituto del Deporte en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, consecuencia de las lluvias “Ingrid” y “Manuel”.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente dos  proposiciones con punto de acuerdo relativas al respeto a los derechos humanos en el estado de Puebla, presentadas en la sesión del 3 de julio del presente por los Diputados Federales  Roxana Luna Porquillo, Alliet Bautista Bravo, Joaquina Navarrete Contreras y Víctor Manuel Manríquez González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A) En la sesión del miércoles 3 de julio 2014 los Diputados Federales  Roxana Luna Porquillo, Alliet Bautista Bravo, Joaquina Navarrete Contreras y Víctor Manuel Manríquez González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente  dos proposiciones con punto de acuerdo:

1) Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que informe a la brevedad sobre las acciones, medidas cautelares y el estado que guardan las quejas presentadas ante dicho organismo derivadas del conflicto social denunciado en el Estado de Puebla.

2) Proposición con punto de acuerdo, que solicita a diversas autoridades de Puebla a informar a la brevedad sobre los lineamientos normativos, procedimientos, criterios y alcances de los protocolos de actuación que las policías estatales y municipales han implementado en los operativos a su cargo

B. En la misma fecha, dichas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio: CP2R2A.- 1642 y CP2R2A.- 1654.

II. CONTENIDO

La proposición con punto de acuerdo 1) basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

Primero: En el estado de Puebla diversos sectores sociales se han manifestado para reclamar su derecho a una vida digna y al pleno respeto de sus derechos fundamentales.

El reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla, sufren al día de hoy una de las crisis más profundas por la negativa del gobierno estatal a reconocer las denuncias que diversos colectivos le han planteado y su respuesta represiva ante cualquier disidencia, con lo que genera un clima de miedo a que cualquier ciudadano sea encarcelado.

El gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática y arbitraria a dirigentes, activistas sociales, ciudadanos que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales. Esta actitud del gobernante ha configurado en Puebla un clima de creciente tensión social y política, cuya característica central es la violación sistemática de los derechos humanos.

Segundo. Parte del descontento social en Puebla, se ha derivado de diversas políticas empleadas por el gobierno actual y culminado en decretos y leyes que cuentan con el visto bueno del Congreso Estatal. Ejemplo de ello es el decreto aprobado el 12 de septiembre de 2013 por el que se concesiona a empresas privadas la operación de los 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), y que hasta antes de la entrada en vigor del mismo, eran manejados por los Ayuntamientos.

Entre los municipios donde se privatiza la operación del agua potable están los municipios más poblados de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán. La privatización del agua potable crea incertidumbre, toda vez que se faculta a las empresas a establecer tarifas por el suministro del vital líquido y hasta la posibilidad de ejecutar embargos contra deudores.

Aunado a lo anterior, el 12 de marzo de 2014, el gobernador tomó la decisión de enviar al Congreso local otro decreto que suprime de forma irresponsable al “Hospital del Niño Poblano”, integrándolo a los servicios de salud del estado y dejando a cientos de personas desempleadas, a su suerte, y sin las consideraciones de reubicación que debieran tomarse. Se trata de más de 800 trabajadores, de los cuales 637 están sindicalizados, y que según el propio decreto aprobado en dos horas, se quedan sin trabajo. Los efectos de tal decisión no quedaron ahí, el 7 de abril pasado, tres ex trabajadoras del ya extinto hospital se crucificaron frente al Congreso poblano ante la evidente desesperación de quedar en desempleo.

Es de mencionarse que en el mes de marzo, el Congreso local aprobó también una reforma a la ley de expropiación de Puebla con la que se faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata sobre inmuebles y predios privados alegando “casos de urgencia y el interés superior de utilidad pública”. Lo anterior abona al descontento al permitir que las autoridades, sin justificación mayor y sin ninguna garantía de audiencia previa a la expropiación, desprendan a los poblanos de sus inmuebles, es decir, es ahora “legal” despojar familias completas de sus propiedades si es que representan un obstáculo para emprender proyectos de infraestructura pública del gobierno. Con ello se ignoran las formalidades esenciales de cualquier procedimiento consagradas en la Constitución Federal al inventarse un método exprés de expropiación, sin darle garantías de audiencia a la población y dejándolos en estado de indefensión.

Tercera. Los operativos de las instituciones policiales, tanto estatales como municipales en Puebla, han sido implementados con excesos y abusos de autoridad evidentes, los protocolos de actuación no se desarrollan en el marco al respeto de los derechos humanos y se realizan detenciones arbitrarias, sin exhibir órdenes de aprehensión y por sujetos en vehículos imposibles de identificar.

Las autoridades estatales han mantenido un abierto enfrentamiento contra miles de operadores del servicio de transporte conocido como mototaxis, quienes por necesidad de trabajo y también por la necesidad del servicio, han desarrollado esta actividad que no requiere de altos gastos de combustible y hasta anteriores gobiernos había sido tolerada. A partir del año 2011, con el inicio de la administración a cargo del C. GOBERNADOR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, se generó un cambio en la actitud del gobierno, pasando de la tolerancia al propósito de desaparecer el sistema de transporte basado en los mototaxis.

Con ello busca implementar un sistema de Taxis con automóviles en los mismos lugares donde operan los mototaxis, lo que significa dejar en el desempleo a las cerca de 10,000 familias que tienen como único sustento de vida este tipo de transporte, lo que agravará la situación actual de falta de empleo en la entidad.

El propósito de desaparecer los mototaxis se ha procesado a partir de la iniciativa del Gobernador poblano, quien envió un exhorto al Congreso Local para que la Secretaría de Transporte procediera a retirar a los mototaxistas. Esta medida se impulsa con base en el programa llamado Dos por Uno.

Con dicho programa los mototaxistas tienen que entregar al gobierno del estado 2 vehículos para tener un permiso de taxi local, previa compra de un automóvil. El costo de los dos mototaxis por entregar es de $100,000 pesos aproximadamente, equivalente al costo del permiso de taxi que otorgaría el gobierno del Estado. El costo del automóvil que el taxista tendría que comprar con sus propios recursos oscila entre $120,000 y $150,000 pesos aproximadamente. El vehículo se tendría que adquirir en la compañía que designe el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Transportes de Puebla.

Para la mayoría de los miembros del Frente de mototaxistas del estado de Puebla, el programa Dos por Uno, ha significado exclusión laboral, en virtud de que la inversión que se requiere para adquirir un vehículo, está fuera de sus posibilidades económicas.

Ante la constante negativa de diálogo, se implementaron operativos que se han caracterizado por rebasar el actuar policial, generando excesos, detenciones arbitrarias, persecución y abuso de autoridad. Los operativos implementados para obligar a los mototaxistas a retirarse se realizan por parte de la Secretaría de Transportes de Puebla en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes obligan el retiro de las unidades de mototaxis mediante la persecución y represión de los operadores y usuarios.

El método para realizar dichos operativos es el siguiente: Elementos de la policía estatal integran un convoy de camionetas para cargar y retirar los mototaxis que posteriormente son trasladados al corralón; asimismo se integran camionetas exprés en el que viajan elementos de la fuerza pública encapuchados quienes se encargan de detener al operador del mototaxi, sometiéndolo de forma violenta, generalmente a golpes, gritos y palabras obscenas, afectando en varias ocasiones a los usuarios del servicio. Estos operativos son también apoyados por granaderos fuertemente armados que en grupos de 50 o 60 elementos protegen la realización del operativo.

La tensión más importante se vivió el día 16 de junio cuando en un operativo implementado por la Secretaría de Transporte estatal y la Secretaría de Seguridad Pública que pretendía el decomiso de unidades de mototaxis, se liberó con violencia la autopista México-Puebla que se mantenía bloqueada.

Durante el operativo se lesionó de forma grave a una niña de 12 años en el rostro, cuello y costillas. La niña de nombre Araceli Chapuli Lima narró que los elementos estatales golpearon al operador del mototaxi y que con violencia encañonaron a la menor, la amenazaron y la sustrajeron del vehículo para posteriormente ser literalmente arrojada a la batea de una camioneta sin placas en la que se encontraban más elementos de la policía.

Araceli fue rescatada gracias a la intervención de los vecinos de la zona quienes fueron alertados por los gritos de Adriana Lima Xochimitl, madre de la menor, para después ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS.

En el mes de junio de 2014, se hizo del conocimiento público, que el día 5 de ese mes, 17 estudiantes del Bachillerato General “Vicente Lombardo Toledano”, ubicado en el municipio de Mazapiltepec, en el estado de Puebla, fueron manoseados, desnudados y humillados por elementos de la Policía Municipal en virtud de un supuesto cumplimiento del operativo conocido como “Operación Mochila”.

Este operativo fue realizado sin la aprobación de las autoridades locales de educación, ni la supervisión de padres de familia y más lamentable aún, el alcalde de esa localidad alegó total desconocimiento de los hechos, lo que únicamente genera confusión en la razón que motivó este reprobable acontecimiento.

Los operativos emplean prácticas de detención aleatoria para justificar la eficacia en sus resultados, los cuales únicamente revelan la incapacidad de las instituciones de procuración de justicia y la insensibilidad ante los derechos de la población, como se demostró en un operativo más implementado contra una manifestación de habitantes que exigían la salida de las unidades alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar de San Andrés Cholula, en donde se detuvo de manera aleatoria, arbitraria y sobre todo injusta a Juana MacuitlCóyotl y Angélica MacuitlCóyotl, madre e hija respectivamente, quienes únicamente pasaban por el lugar de la manifestación en dirección al doctor pues Angélica padece del hígado. El extremo de la injusticia, el abuso de poder y la insensibilidad en este caso recae una vez más en menores de edad, pues Juana Macuitl es madre de 3 niños más, Carlos de 16 años, Juan de 12 años y Álvaro de 3 años de edad, quienes no tienen más sustento que el de su madre y ante la fijación de una fianza ridícula y excesiva de $350,000 pesos, estas deleznables acciones han puesto en riesgo la integridad física de los niños, además de obligarlos a dejar sus estudios para trabajar, pues no tienen recursos para sus más elementales necesidades y se les priva del cariño de su madre y hermana.

Ante la creciente inconformidad y protesta social, en particular de campesinos, estudiantes, trabajadores, académicos, y de movimientos ambientalistas, el gobernador en vez de abrirse al diálogo, de escuchar las demandas y disponerse a la búsqueda de soluciones justas, ha optado por endurecer su posición, de intolerancia ante las voces disidentes y gestiona por su iniciativa una nueva Ley con el pretexto de regular el uso de la fuerza pública, pero que lleva la clara intención de crear, con base en el control que tiene en el Congreso Poblano, un marco jurídico que justifique la desaparición del derecho humano a la protesta, al dejar establecido que podrá hacer uso de la fuerza pública toda manifestación que sea considerada un factor “de riesgo”. Dicha iniciativa de ley, que fue aprobada, establece en su artículo 2 que un agresor es toda “persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado”. De esta forma la disidencia, ante los megaproyectos del gobernador poblano pretende ser pulverizada por medios de la fuerza y la violencia estatal.

Cuarta. En Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos. No obstante de ello, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular para conocer la viabilidad social, cultural y ecológica de dichos megaproyectos así como lo establece el convenio 169 de la OIT.

En las comunidades campesinas se considera que estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, según han constatado con las acciones mercantiles del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras.

La percepción de los campesinos y de los movimientos y organizaciones ambientalistas se refleja en las ya 90 concesiones mineras otorgadas y el plan de construcción de 8 hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca Poblana que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región, pues necesitarían alrededor de 50 millones de litros de agua, aunado a las grandes cantidades de mercurio y cianuro que se utilizan para la extracción de oro y que representan un irreversible daño ambiental.

Situación similar se vive ante la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto con el llamado Proyecto Integral Morelos que pasará a tan sólo siete kilómetros del Parque Nacional Xicotencatl, a 14 kilómetros del Parque Nacional La Malinche y a 27 kilómetros del Corredor Biológico Chichinautzin y que consiste de dos termoeléctricas de ciclo combinado para generación eléctrica, un acueducto de 10 kilómetros que cruzará por distintas comunidades del municipio de Cuautla, Morelos y que se alimentará del río Cuautla, un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala; yuna línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec. Con estos proyectos no sólo se verán afectados los derechos a la propiedad y el medio ambiente sano, sino también el derecho al trabajo y a una vida digna.

Situación especial merece la indicación que este gasoducto, pasará también a sólo 31 kilómetros del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, que es una zona de significante riesgo eruptivo y que según algunos estudios de la UNAM del área de Geofísica y del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP, alertan de la existencia de riesgos de erupción, tras lo cual, las piedras incandescentes o el derrame de lava tocarían los ductos, provocando una catástrofe. No se puede olvidar que el 19 de septiembre de 2012 en San Martín Texmeluca, estalló un gasoducto que dejó 17 personas fallecidas, 52 heridos y pérdidas materiales incuantificables.

Ante esta situación, diversas organizaciones sociales defensoras del derecho a la vida, al trabajo, a la tierra, el agua y la naturaleza, entre las que se encuentra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Puebla, Tlaxcala y Morelos y el Movimiento Nacional Los de Abajo, acordaron emprender la más elemental de las acciones del ser humano y exigir su derecho a vivir en paz y con dignidad, así como una legítima defensa por sus derechos fundamentales en ejercicio de la libre manifestación de las ideas, situación que fue reprimida el día 6 de abril de 2014 cuando a las 12 horas, fue detenida por policías estatales de Puebla, la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, quien representa a su comunidad en oposición a la construcción del Proyecto Integral Morelos, acto que se perpetró sin exhibir orden de aprehensión y en flagrante violación al debido proceso, para después ser trasladada al CERESO de Atlixco, con número de expediente 121/2014, en donde se le dictó auto de formal prisión por los cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública.

Un día después, el 7 de abril de 2014, fue detenido de forma ilegal Juan Carlos Flores Solís, al terminar de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que denunciaba violaciones a los derechos humanos contra la activista Enedina Rosas Vélez. El modus operandi resultó el mismo, la violación al debido proceso fue evidente al realizarse otra detención arbitraria pues fue interceptado por 4 vehículos blancos sin placas ni logotipos que identificaran la supuesta autoridad, y con uso de fuerza fue subido a un auto y trasladado a un lugar que para entonces era desconocido. A Juan Carlos Flores Solís se le dictó auto de formal prisión por los delitos de motín, despojo, ataque contra la infraestructura hidráulica y extorsión.

Al día siguiente, 8 de abril, el dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero Calderón, opositor a la construcción del Arco Poniente, fue detenido arbitrariamente alrededor de las 5 de la tarde en el municipio de San Martín, Texmelucan, después de acudir a una reunión de trabajo con ejidatarios, en donde personas vestidas de civil, sin orden de aprehensión lo sometieron, quedando en calidad de desaparecido por más de 6 horas; para posteriormente ser trasladado al CERESO de Atlixco. A Abraham Cordero Calderón se le dictó auto de formal prisión por los delitos de privación de la libertad, amenazas e ilícitos contra funcionarios públicos y se le negó la posibilidad de caución por considerársele una persona peligrosa en contravención al principio de presunción de inocencia.

No obstante de lo anterior, El once de abril amagaron con armas de fuego  e intimidaron a la familia del Dr. en Sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exigiéndole que dejara de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.

El día  12 abril el líder sindical del SUETHAPIP Israel Pacheco Velázquez fue detenido bajo el argumento de  extorsión, se encuentra recluido en el Cereso de Cholula, lo cual representa el control sindical  desde el gobierno  del estado. Las amenazas continúan como en el caso de Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero Calderón, quien denunció llamadas telefónicas amenazantes.

El 3 de mayo de 2014 se ejerció represión policiaca contra el joven Néstor López Espinoza, quien junto a otros dos jóvenes, Eduardo Salazar Vázquez e Iván Ismael Guizasola Vázquez, han sido procesados por la Procuraduría de Justicia de Puebla, y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estos jóvenes son activistas en la red social Facebook y acusados por un supuesto sabotaje contra el desfile del 5 de mayo de 2014. Los tres jóvenes fueron arrestados por crear una cuenta en la citada red social titulada “Revolución 2013 Puebla”, y están consignados con base en el expediente de la Averiguación Previa 215/2013/DMZS, y por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares. La acción represiva contra los tres jóvenes estudiantes se realizó sin que la Procuraduría presentara pruebas.

El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos quienes carecen de  información de los proyectos, solicitan ser consultados y tomados en cuenta, sin que sus tierras y aguas sean expropiadas ni contaminadas, además, el gobernador ha creado un clima de miedo, las demandas de grupos de mototaxistas que exigen respeto a su derecho laboral ha sido ignorado para dar lugar a enfrentamientos directos y violentos en los municipios de Coronango, Xoxtla, Acatzingo y Nealtican.

A la fecha hay existen 23 activistas sociales privados de su libertad y cumpliendo procesos penales, se han girado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos: Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomas Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia; sigue vigente la amenaza de expedir otras órdenes de aprehensión contra 300 personas más que no tienen nombre aún y que se pueden activar en cualquier momento, ya que se encuentran en la  lista negra que se menciona dentro de la averiguación  AP 430/2013/DMZS/Atlix, esto confirmado por el mismo secretario de gobierno C. Luis Maldonado.

En Puebla es necesario que se respeten los derechos humanos, y que en consecuencia que el gobierno confirme, consulte, tome en cuenta a las comunidades para poner en marcha sus megaproyectos y sobre todo que se frene inmediatamente la persecución y represión de activistas sociales, trabajadores, campesinos, estudiantes y académicos poblanos.

Por lo anterior, los Diputados propusieron lo siguiente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que informe a la brevedad sobre las acciones emprendidas, las medidas cautelares adoptadas y el estado que actualmente guardan las siguientes quejas presentadas ante dicho organismo:

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 14 de octubre de 2013 promovida por la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, ubicada en el Municipio de Ocoyucan, Puebla, con número de Folio 10915.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 14 de febrero de 2014 con número de Folio 15730, Expediente 2014/763; relativa al operativo violento y detenciones arbitrarias registradas el 5 de febrero en el municipio de Acatzingo en el que se reclaman violaciones a derechos humanos de las siguientes personas:

Senobio Marcelo Altamirano Sánchez; José Domínguez Ramírez; Fidencio Bolaños Casales; Guillermo Benítez Días; Enrique Arellano Campos; Romualdo Molina Domínguez; Saturnino Solís Ladino; Melquiades Medel Olmedo; Rosendo Olmedo Arellano; Arturo Llanos Tapia; Cirilo Molina Tlapale; Bacilio Pérez Domínguez; Saturnino Palacios Cereso; Raymundo Pérez Domínguez; Eleucario Reldón Heredia; Sebastián Villalba Valderas; Santiago Guerrero González; Severo Guerrero González; Elvia Velázquez Ramírez y Félix Casalez Díaz

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 7 de mayo de 2014, con número de Folio 46119; relativa a actos de tortura efectuados por elementos de la policía municipal contra los derechos humanos del C. Manuel Ariel Ocampo.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 14 de mayo de 2014, con número de expediente CNDH/6/2014/2918/Q; relativa a la detención del activista social Abraham Cordero Calderón, el día 8 de abril de 2014, opositor a la construcción del Libramiento Arco Poniente y dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el martes 17 de junio de 2014, con número de folio 64974, presentada por la C. Martha Alvarado Sánchez y Raúl Rodríguez de la Fuente en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del activista social Delfino Flores Melga

Queja promovida ante la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Puebla, el jueves 19 de junio de 2014, con número de folio 2277, atraída por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por la C. Viane y Tlahuethtl Lara en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del C. Juventino Tlahuethtl, detenido a las 12 horas del día 18 de junio de 2014 por elementos de la policía ministerial en un operativo de la Seguridad Pública del estado de Puebla en el municipio de San Miguel, Xoxtla, en las cercanías de la autopista México Puebla, como parte de un operativo que tenía el objeto de retirar unidades de Mototaxis.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 25 de junio de 2014, con número de folio 68983, presentada por el C. Germán Romero González, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del quejoso y del C. Manuel Romero González, relativa a la persecución que las autoridades han emprendido por la oposición que la organización “Tetela hacia el futuro” ha expresado contra concesiones mineras en Puebla y en defensa del territorio, el derecho al agua y a la vida de los habitantes del municipio de Tetela de Ocampo.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 30 de junio de 2014, con número de folio 70796, presentada por el C. David Macuil Cóyotl, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos de las CC. Juana Macuil Cóyotl y Angélica Macuil Cóyotl, detenidas arbitrariamente en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Queja promovida ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 30 de junio de 2014, con número de folio 70826, presentada por el C. Raúl Portillo Pérez, en el que se reclaman violaciones a los derechos humanos del C. Alfredo Portillo Ramírez, privado de su libertad por una evidente confusión de identidad.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al C. Gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que de acuerdo a sus facultades, instale mesas de diálogo con la disidencia que se ha generado por la construcción del Arco Poniente, el Gasoducto Proyecto Integral Morelos, el decreto que suprime el Hospital para el Niño Poblano y los operativos implementados contra operadores del servicio de Mototaxis.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, a que cese de inmediato los operativos violentos contra operadores y usuarios del servicio de transporte Mototaxis, así como la persecución de activistas sociales que se oponen a los proyectos de construcción del Arco Poniente y del Gasoducto Proyecto Integral Morelos.

Asimismo, la proposición número dos basa sus pretensiones bajo las siguientes consideraciones:

Primera. Las funciones que las policías tienen a su cargo, entendidas como aquellas encaminadas a mantener el orden público, deben estar sujetas a los nuevos estándares de observancia a los derechos humanos fundamentales, los cuales, desde las reformas constitucionales del año 2011, significan el pilar más importante en nuestro orden jurídico normativo, por lo que todas nuestras disposiciones legales, así como el actuar de nuestras instituciones deben proveer con miras al respeto de los derechos que son inherentes a la condición humana.

El actuar de las policías debe estar sujeto a la función preventiva que las reviste y sólo en casos excepcionales y siempre con apego a marcos normativos, optar por procedimientos de coerción razonada y con pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los que México sea parte.

Segunda. En el estado de Puebla se han registrado diversos operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública y por los Ayuntamientos que han rebasado los límites del actuar policial, generando excesos y persecuciones contra grupos de manifestantes y población civil en general.

En el mes de junio de 2014, se hizo del conocimiento público, que el día 5 de ese mes, 17 estudiantes del Bachillerato General “Vicente Lombardo Toledano”, ubicado en el municipio de Mazapiltepec, en el estado de Puebla, fueron manoseados, desnudados y humillados por elementos de la Policía Municipal en virtud de un supuesto cumplimiento del operativo conocido como “Operación Mochila”.

Es necesario destacar que este operativo fue realizado sin la aprobación de las autoridades locales de educación, ni la supervisión de padres de familia y más lamentable aún, el alcalde de esa localidad alegó total desconocimiento de los hechos, lo que únicamente genera confusión en la razón que motivó este reprobable acontecimiento.

Sin embargo, lo anterior no solamente significa un acto arbitrario de una autoridad municipal o local, sino que la gravedad del asunto trasciende al impacto psicológico que este tipo de operativos genera en los niños.

En ese sentido, todo acto de autoridad debe ser concebido de forma especial cuando se encuentran involucrados menores de edad, pues es en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se proclama al derecho a cuidados y asistencia especial que tiene la infancia.

Resulta entonces condenable y grave, que cuando México se ha esforzado por consolidar los derechos de todo menor de edad como objetivo primordial en la protección efectiva de derechos al más alto nivel normativo, continúen las prácticas humillantes, ilegítimas y discriminatorias contra nuestros niños y jóvenes.

Al respecto, es oportuno citar algunos preceptos de instrumentos normativos internacionales que protegen los derechos de los menores de edad, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990,que en su artículo 16 dispone:

“Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.”

Además, de las acciones cometidas por las policías del Municipio de Mazapiltepec, se desprenden diversas violaciones a los derechos humanos, entre las cuales cabe resaltar el respeto a la integridad física y mental del ser humano, por lo cual las autoridades policiales cometieron una injuria y una arbitrariedad al proteccionismo que otorga nuestra carta magna en el artículo primero en sus tres primeros párrafos, que a la letra establecen:

“Artículo 1o. 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Cabe destacar que los procedimientos llevados a cabo por dichas autoridades no fueron fundados ni motivados, por lo que se contraviene un precepto más de nuestra constitución (Artículo 16, párrafo I) , dejando en un estado de desprotección a los estudiantes del Bachillerato General “Vicente Lombardo Toledano”, y al mismo tiempo surge una actitud negatoria a las recientes reformas en materia de derechos humanos por parte de dichas autoridades.

Tercera. El día 16 de junio se registró otro operativo, esta vez, de elementos de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Transportes y la Secretaría de Contraloría de Puebla, quienes libraron un violento operativo en el municipio de San Francisco Ocotlán, donde se encontraban manifestando operadores del servicio de transporte conocido como Mototaxis y en el que los abusos y el exceso desmedido de la fuerza policial fue el eje de los procedimientos de la autoridad.

En este decomiso violento de Mototaxis se denunció el ataque frontal y sin ninguna providencia por respetar los derechos humanos de quienes se manifestaban, situación que quedó en evidencia, al agredir y lesionar de forma grave a una niña de 12 años en el rostro, cuello y costillas.

La niña de nombre Araceli Chapuli Lima narró que los elementos estatales golpearon al operador del mototaxi y que con violencia la encañonaron, amenazaron y la sustrajeron del vehículo para posteriormente ser literalmente arrojada a la batea de una camioneta sin placas en la que se encontraban más elementos de la policía.

Araceli fue rescatada gracias a la intervención de los vecinos de la zona quienes fueron alertados por los gritos de Adriana Lima Xochimitl, madre de la menor, para después ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS.

Debido a los hechos anteriores, la menor, en compañía de sus familiares, presentó una denuncia de hechos con registro 2406/2014/SPCHO, ante la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula.

El operativo resultó en la consignación de 8 personas oriundas del municipio de Coronango, ante el juzgado penal de Cholula, a quienes se les acusa de resistirse a la autoridad, agresiones contra los elementos de policía y daños a unidades oficiales, además del decomiso desmedido de 8 unidades de Mototaxis y como se resaltó anteriormente, el flagrante ataque contra una niña de 12 años.

Cuarta. La negligencia y prepotencia con la que actúan los cuerpos de policía es una constante en el desarrollo de los operativos en Puebla, incluso, en el operativo expuesto en la consideración que precede, se reveló en entrevista del periodista Edmundo Velázquez, para el medio de comunicación CENTRAL, que elementos de la policía habrían admitido efectuar detenciones “como cayeran”, y que recibieron órdenes de un sujeto identificado como “El Licenciado Hiram” para detener a quien se dejara, inclusive cuando el operativo ya había finalizado.

El empleo de prácticas de detención aleatoria para justificar la eficacia en los resultados de operativos únicamente revelan la incapacidad de las instituciones de procuración de justicia y la insensibilidad ante los derechos de la población, como se demostró en un operativo implementado contra una manifestación de habitantes que exigían la salida de las unidades alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar de San Andrés Cholula, en donde se detuvo de manera aleatoria, arbitraria y sobre todo injusta a Juana Macuitl Cóyotl y Angélica Macuitl Cóyotl, madre e hija respectivamente, quienes únicamente pasaban por el lugar de la manifestación en dirección al doctor pues Angélica padece del hígado.

El extremo de la injusticia, el abuso de poder y la insensibilidad en este caso recae una vez más en menores de edad, pues Juana Macuitl es madre de 3 niños más, Carlos de 16 años, Juan de 12 años y Álvaro de 3 años de edad, quienes no tienen más sustento que el de su madre y ante la fijación de una fianza ridícula y excesiva de $350,000 pesos, estas deleznables acciones han puesto en riesgo la integridad física de los niños, además de obligarlos a dejar sus estudios para trabajar, pues no tienen recursos para sus más elementales necesidades y se les priva del cariño de su madre y hermana.

Quinta. El hostigamiento y el abuso de autoridad como medio de control no puede oponerse como justificación para la implementación de operativos que buscan, entre otras cosas, perpetuar un estado de orden civil comprometiendo los derechos más básicos con los que goza toda persona, ni pretender disminuir los índices de acoso escolar o también llamado “bullying” en escuelas a costa de la integridad psicológica de los alumnos, pues el acto preventivo se torna radical y por consiguiente, en ilegítimo, excesivo y arbitrario.

El extremo al que han llegado las policías en Puebla trastocan directamente la tranquilidad y el desarrollo de las niñas y niños en el estado y al mismo tiempo están dejando secuelas irreparables al desintegrar familias completas y violentar su dignidad humana.

Es intolerable permitir que se aproveche la situación de pobreza que padecen día a día familias enteras para que en actos abusivos se inicien procedimientos penales sin fundamento y al final se rindan cuentas a costa de los sectores más desprotegidos. Tristemente la niñez en Puebla es blanco de políticas violentas adoptadas por la autoridad y en ese marco, se hace impostergable la actuación de los organismos de protección a los derechos humanos de los niños.

En relación con los operativos en escuelas, si bien es cierto que se ha observado una escalada considerable en el problema de acoso escolar de nuestro país y que la urgencia por solucionarlo lo coloca como una prioridad para las autoridades, no es de ninguna manera razón para la implementación de operativos desmedidos y arbitrarios que carecen de transparencia en sus procedimientos y alcances, por lo que se hace exigible la rendición de datos básicos como el número de beneficiados desde su implementación, los planteles en los que se han efectuado o los criterios y principios adoptados.

Es por ello, que ante la opacidad, arbitrariedad, exceso del uso de la fuerza pública empleada en los operativos desarrollados por las policías del estado de Puebla, se exige que se cuenten con los marcos normativos necesarios, se fomente el diálogo, el acuerdo, cesen de inmediato las prácticas represoras y violentas y se transparenten los procedimientos de actuación de las policías en el marco del respeto efectivo a los derechos fundamentales de toda persona.

Por los motivos anteriores los promoventes pusieron a consideración de esta H. Asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, a que informe y justifique a la brevedad sobre los lineamientos normativos, procedimientos, criterios y alcances de los protocolos de actuación que la policía estatal ha implementado en los operativos que han involucrado el retiro de unidades de Mototaxis.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los H. Ayuntamientos del estado de Puebla, a que informen a la brevedad sobre los lineamientos normativos, criterios y procedimientos acordados para la implementación de los operativos conocidos como “Operación Mochila”.

Tercero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al H. Ayuntamiento de Mazapiltepec, en el estado de Puebla, a que informe a la brevedad sobre los lineamientos normativos, criterios y procedimientos implementados por elementos de la policía municipal en el operativo realizado en el Bachillerato General “Vicente Lombardo Toledano” el día 5 de junio de 2014.

Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en uso de sus atribuciones y con carácter de urgente, inicie de oficio una investigación y en su caso, emita las recomendaciones por las violaciones a derechos humanos que padecen las niñas y niños en el estado de Puebla, producto de los operativos registrados en la entidad con relación a la Operación Mochila, el retiro violento de Mototaxis y el efectuado contra la manifestación que solicitaba el retiro de las unidades alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y considera pertinente resolver las propuestas en comento en un solo acto, considerando que parten del mismo caso concreto y —puesto que se trata de pretensiones similares— se puede aplicar el principio de economía procesal.

A. El respeto a los Derechos Humanos es fundamental, tal consideración fue reforzada en el 2011 con la Reforma Constitucional que contempla no solo los derechos consagrados en la Carta Magna, sino aquellos plasmados en Tratados Internacionales signados por México. Tal reforma impactó profundamente el texto constitucional, al punto de cambiar el nombre del primer capítulo para designarlo como De los derechos Humanos y sus Garantías.

En este sentido, la vulneración a estos derechos, representa una violación directa a la Constitución, por lo que esta Representación comparte la preocupación por la probable comisión de actos que afecten los derechos de los gobernados en el Estado de Puebla.

B.  En marzo de 2014 fue aprobado en el Congreso de Puebla la iniciativa de Decreto “en virtud del cual se extingue la figura jurídica y administrativa del organismo público descentralizado denominado Hospital para el Niño Poblano, para formar parte del organismo público descentralizado de los servicios de salud en el Estado de Puebla”. Aunado a esto se iniciaron trabajos de remodelación del Hospital del Niño Poblano (HNP), que contempla una inversión de 200 millones de pesos.   

En este sentido, la Comunicación Social emitida  el 20 de Marzo de 2014 en el portal Web del Gobierno de Puebla1,  estableció que se busca implementar un modelo funcional y operativo, que rescate al Hospital tras 22 años de funcionamiento; de igual forma, garantizó los derechos laborales de los trabajadores del nosocomio.

En contraste,  la investigación  llevada a cabo por esta Comisión,  encontró que existe  la interposición de diversos  medios de defensa por la supuesta falta de respeto a los derechos laborales y la posible violación a los Derechos Humanos de los  ex trabajadores del Hospital del Niño Poblano. Por lo que esta Representación considera, se debe informar sobre la situación jurídica que guardan los ex trabajadores en función con lo establecido en el decreto y los comunicados anteriormente mencionados.

C.  En lo que hace a los “mototaxis”, esta Comisión dictaminadora no encontró ley o reglamento alguno que normara la existencia de este tipo de transporte, en este mismo sentido, la Secretaría de Gobernación de la Entidad según el comunicado del 17 de Agosto de 2012, estableció que:

El gobierno del Estado manifestó su disposición  para dar una solución al problema de ilegalidad de este sistema, por lo que creó el programa de sustitución de dos mototaxis por el otorgamiento de un permiso de Taxi Local con un vehículo automotor que reúne las condiciones técnicas para proporcionar un servicio rentable, eficiente y seguro para los usuarios.

Mediante este programa, el Gobierno del Estado apoya con 10 mil pesos para el enganche del vehículo, gestiona el crédito con requisitos mínimos y exenta del pago de derechos para el permiso en la modalidad de transporte mercantil denominada Taxi Local a los dueños adheridos al programa, creado exclusivamente para resolver esta problemática. Además, con el objeto de conservar las fuentes de empleo, se abrieron dos alternativas más: “Capacitación para el empleo”, dirigido a los choferes de los denominados mototaxis,  y “Fomento al empleo”, dirigido a quienes, habiéndose dedicado a esta actividad, optaron por solicitar recursos hasta por 25 mil pesos en especie para un modelo de autoempleo.

A la fecha, se ha registrado a dicho programa el 95 por ciento del padrón total de mototaxis existentes en 46 municipios del Estado de Puebla.

El programa referido en el comunicado finalizó en Abril de 2013, aunque los esfuerzos por retirar de las calles tales vehículos, continuaron a través de diversos operativos, coordinados por la Secretaria de Transportes y la Secretaria de la Contraloría de Puebla.

El pasado 16 de Junio, un grupo de pobladores de San Francisco Ocotlán del Estado de Puebla, bloqueó la autopista México-Puebla en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 122 y del Periférico Ecológico. Manifestaban que tales acciones eran en protesta por un operativo contra mototaxistas. En tal operativo, presuntamente se lesionó a la menor Araceli Chapuli Lima, y en diversos medios se presume que  levanto la constancia de hechos 2406/2014/SPCHO ante la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula.

Así mismo, los pobladores denunciaron ser víctimas de diversos operativos en los que presuntamente se utilizó una violencia desmedida, por lo que esta  Representación considera, que el organismo garante de los Derechos Humanos de la entidad debe pronunciar al respecto sobre la existencia o no de violaciones a las garantías básicas de los pobladores de esta entidad.

D. Los Diputados Federales del Partido de la Revolución Democrática, refieren la existencia de diversas manifestaciones de inconformidad, resultado de la actividad de instalación de infraestructura. En este sentido manifiestan violaciones al derecho de libertad de expresión de  Juana Macuil Cóyotl y Angélica Macuil Cóyotl quienes supuestamente fueron detenidas y procesadas por manifestar su inconformidad en contra de irregularidades del sistema de Metrobus en Puebla.

De igual forma manifiestan violación de los Derechos Humanos y encarcelamientos sin el debido proceso,  a pobladores por manifestar su oposición a los proyectos, Arco Poniente y Gasoducto Morelos.

Al respecto, no existe manifestación por parte de la Comisión de Derechos los Humanos del Estado de Puebla ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que permita conocer la posible violación de  derechos fundamentales, transgresión al debido proceso o  el establecimiento de responsabilidades de  funcionarios públicos, sin embargo, para la dictaminadora, resulta importante garantizar el respeto a los derechos de libertad de expresión y considera que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las detenciones cumplan con el debido proceso.

E. El pasado 7 de Mayo fue turnada a esta Comisión una Proposición con la finalidad de estudiar presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Enedina Rosa Vélez, Juan Carlos Flores Solís y  Abraham Cordero Calderón. Tal propuesta fue aprobada en positivo el 24 de junio por esta Soberanía, para quedar de la siguiente manera.

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  solicita respetuosamente a la Comisión nacional de los derechos humanos,  informe sobre las investigaciones correspondientes de Enedina Rosa Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón,  a fin de esclarecer  los hechos de su detención  y,  determinar   la existencia de posibles violaciones a derechos humanos y responsabilidades por parte de servidores públicos. 

Tal resolutivo, se basó en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  atrajo diversos expedientes de activistas,  entre los que se encuentran  cuatro que son materia de la actual proposición, según informó  la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla,  mediante el Boletín 58/2014. Por lo que esta Representación establece que ya han sido tratados tres de los cuatro casos mencionados en las consideraciones.

F. Esta Comisión Dictaminadora considera, que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deben de manifestar en el ámbito de sus facultades, si existe o no violación a los Derechos Humanos en los diverso actos referidos, a fin de establecer si existen responsabilidades en contra de servidores públicos.

Como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento". Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado.

Si bien, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990, manifiesta en su artículo 16 que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Se puede apreciar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo tanto, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La Comisión Dictaminadora, en el estudio y análisis de la propuesta,  manifiesta que todo acto de autoridad debe ser concebido de forma especial cuando se encuentran involucrados menores de edad, pues es en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se proclama al derecho a cuidados y asistencia especial que tiene la infancia.

Resulta entonces condenable y grave, que cuando México se ha esforzado por consolidar los derechos de todo menor de edad como objetivo primordial en la protección efectiva de derechos al más alto nivel normativo, continúen las prácticas humillantes, ilegítimas y discriminatorias contra nuestros niños y jóvenes.

Siendo así que nuestro país ha suscrito un gran número de tratados internacionales en los que establece la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

G. Esta Comisión considera que cualquier acto de autoridad que involucre la violencia debe ser rechazado. En los casos expuestos por los promoventes se presume que este tipo de actos tuvieron lugar, por lo que esta Comisión considera factible solicitar a las autoridades del estado un informe sobre sus protocolos de actuación en casos en los que se involucre la policía del estado, así como en aquellos actos en los que se pueda incurrir en la posible violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla que remita un informe a esta Soberanía sobre las diversas  denuncias sobre presuntas  violaciones  a los derechos humanos por parte de la policía estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como sobre la posible violación a  los derechos de los ex trabajadores del “Hospital del Niño Poblano”, por la extinción de este organismo público descentralizado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla que, atendiendo al principio de confidencialidad y reserva de información, envíe un informe a esta Soberanía sobre los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal del Estado de Puebla, asimismo se enfatice la manera en la que se ha implementado en los operativos realizados en la entidad en fechas recientes.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe a esta Soberanía sobre actos que puedan violentar los derechos humanos, relacionados con los proyectos Arco Poniente y Proyecto Integral Morelos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del  mes de julio de 2014”.

1 http://comunicacionsocial.puebla.gob.mx/104092/noticia/hnp-sera-rehabilitado--para-ser-de-los-mejores-del-pais:-rmv/





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen la proposiciones siguientes:

a) Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que informe sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común y sobre el proceso de construcción de ocho penales federales, asimismo, se exhorta al poder judicial de la federación a efecto de que implementen mecanismos para que en pleno acatamiento de los principios de eficacia y prontitud, concluya con todos y cada uno de los procesos de aquellos internos que cumplan con los plazos constitucional y legalmente establecidos”, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

b) Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y al órgano administrativo desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social a incrementar de manera significativa convenios con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con entidades gubernamentales, que estén dispuestos a participar en la instrumentación de actividades laborales para las o los internos dentro de los establecimientos carcelarios, a fin de impulsar y promover el trabajo para los convictos

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el día jueves 3 de julio de 2014, el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que informe sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común y sobre el proceso de construcción de ocho penales federales, asimismo, se exhorta al poder judicial de la federación a efecto de que implementen mecanismos para que en pleno acatamiento de los principios de eficacia y prontitud, concluya con todos y cada uno de los procesos de aquellos internos que cumplan con los plazos constitucional y legalmente establecidos”.

b. En la fecha referida, la Diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y al órgano administrativo desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social a incrementar de manera significativa convenios con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con entidades gubernamentales, que estén dispuestos a participar en la instrumentación de actividades laborales para las o los internos dentro de los establecimientos carcelarios, a fin de impulsar y promover el trabajo para los convictos

c. En esa fecha, dichas proposiciones fueron turnadas  a esta Comisión mediante los oficios No. CP2R2A.- 1645 y CP2R2A.- 1614, respectivamente, para su despacho correspondiente.

d. Esta Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

En las consideraciones del punto de acuerdo presentado por el senador Benjamín Robles Montoya señala que la delicada situación de las prisiones mexicanas responde a tres condiciones: la sobrepoblación, la mezcla de reos federales con reos del fuero común y por la corrupción de autoridades en cuanto a la administración de los penales; este último problema puede solucionarse con la estricta aplicación de la ley que inhiba el contubernio entre autoridades y criminales, de acuerdo con el promovente, no así las otras dos condiciones enunciadas pues son consecuencia de la falta de planeación y de compromiso para resolverlas.

A nivel mundial, la población penitenciaria de México es la séptima más grande del mundo en términos absolutos y actualmente existe una tasa de 206 reclusos por cada 100 mil habitantes, que se traduce en un total de 242 mil personas presas en nuestro país, sin distinción entre procesados o sentenciados. Lo anterior representa una condición de sobrepoblación, pues el sistema penitenciario está diseñado con una capacidad de 188 mil plazas, por lo que hay un nivel general de hacinamiento del 26%. Del total de la población interna que hay en el país, el 21% pertenece a la competencia federal y el 79% al fuero común.

De acuerdo con el senador, el número de internos en las cárceles mexicanas se ha triplicado desde 2007, año en el que la población de los internos en cárceles federales alcanzaba 3,000 internos, en 2011 eran 12,450 y hoy suman 242 mil internos, lo que representa un incremento del 345.

En México hay 419 centros penitenciarios de los cuales 195 enfrenta problemas de sobrepoblación, 48 de ellos albergan población del fuero común y el resto, 148, son ocupados por población del fuero federal y del fuero común.

Este problema no se reduce a la falta de espacios, sino también a un problema de población penitenciaria y a la falta de eficacia procesal en la emisión de sentencias, pues la mayoría de los casi 30,000 presos de las cárceles federales no han sido sentenciados y los acusados por delincuencia organizada y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos representan 15 por ciento del total de los internos.

 Las consideraciones del senador exponen que el hecho de que reos del fuero común se encuentren recluidos con reos del fuero federal atenta contra el objetivo ulterior del Estado. No se puede aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven cotidianamente con delincuentes consumados, miembros de la delincuencia organizada.

Al respecto, señala que en 2013 los penales federales recibieron a casi el 50 por ciento de sus internos, en ese año se registraron 690 riñas, 11 huelgas de hambre y un motín en las Islas Marías que involucró a 439 internos y un intento de fuga en el que participaron cuatro reos.

Señala que en 2012 el ex Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo,  Alejandro Poiré se comprometió a completar la separación de los reos federales de los reos del fuero común antes de que finalizara el año, sin embargo se desconoce cómo se encuentra este asunto actualmente.

Finalmente, se expone que es responsabilidad de la federación cumplir con la movilidad de internos que cometieron ilícitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo el ejército, narcotráfico y crimen organizado, aislándolos en  penales federales construidos para ese efecto, mismos que cuentan con capacidad técnica y protocolos de seguridad necesarios par aprevenir futuros incidentes.

Por estas razones, el senador Benjamín Robles Montoya pone a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común y sobre el proceso de construcción de ocho penales federales.

SEGUNDO.- Se exhorta al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que el Poder Judicial de la Federación implemente mecanismos que permita el pleno acatamiento de los principios de eficacia, prontitud, y concluya con todos y cada uno de los procesos de aquellos internos que cumplan con los plazos constitucional y legalmente establecidos.

Por otro lado, la Diputada Sonia Chanona señala que es necesario revisar la manera en la que operan los sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia, así como las de readaptación social cuando ya exista una ejecución de una pena.

Alude al informe de Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta el primer mes de 2013 había en el país 193 mil 194 internos del fuero común y 49 mil 560 del fuero federal.

Considera que las expectativas para la reinserción social de los internos son limitadas, pues de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha encontrado que sólo el 25 por ciento de los internos en las cárceles mexicanas cuentan con un empleo.

El trabajo significa para el interno un sustento personal y familiar, además de que los internos que trabajan modifican su comportamiento y esto incentiva adoptar una vida positiva, útil y ejemplar, lo que repercute en su capacidad para convivir socialmente.

Por ello, la diputada considera que el trabajo es un medio para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, además de que contribuye a combatir la ignorancia, por ello debe ser una manera de que se pueda alcanzar la reinserción de los internos, a través de actividades como la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte y la salud, que serán los medios a través de los cuales gira el tratamiento penitenciario moderno.

Otro de los aspectos a favor de esta actividad es que, cuando alguien enfrenta una pena de privación de la libertad, muchas familias pierden el principal soporte económico e, incluso cuando el interno cumple su condena, le es difícil conseguir una actividad en el mercado laboral que le permita sufragar sus necesidades.

Por ello considera que se debe instrumentar medios para que los internos se conviertan en personas útiles para la sociedad y respetuosos de la ley, el trabajo debe dignificar la vida humana y ofrecer la promesa de una vida mejor.

Por las razones anteriores propone lo siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad y al Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Prevención y Readaptación Social, a incrementar de manera significativa convenios con empresas particulares, cámaras empresariales, o en su caso, con entidades gubernamentales que estén dispuestos a participar en la instrumentación de actividades laborales para las o los internos dentro de los establecimientos carcelarios, a fin de impulsar y promover el trabajo para los convictos.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN.

PRIMERA. Esta Comisión considera que la reforma en materia penal, que tuvo lugar en el año 2008 y  la Reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos pusieron de manifiesto la necesidad de realizar acciones para mejorar las condiciones en las que operan los centros penitenciarios en el país y la vida que llevan quienes se encuentran dentro de ellos.

De conformidad con el artículo 18 Constitucional y el artículo 6, fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encarga de supervisar el respeto a los derechos humanos dentro de Centros Penitenciarios en el país.

Por esta razón la Comisión da a conocer año con año el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). Para los efectos del presente dictamen, se tomará el diagnóstico correspondiente al año 2012 por ser la publicación más reciente, de él se tomará el análisis relacionado con Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, pues se refiere a la capacidad de los Centros Penitenciarios para alojar y población existente, distribución y separación de internos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del responsable del centro, prevención y atención de incidentes violentos, y de tortura y/o maltrato y el de Aspectos que garantizan una estancia digna relativo a Existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como de la alimentación, dado que están relacionadas con los problemas de sobrepoblación y separación de internos expuestos por el Senador Benjamín Robles Montoya en su exposición de motivos.

Al respecto,   el Diagnóstico establece que, con las reformas de 2008 y 2011, el respeto al debido proceso es un eje transversal del sistema penitenciario pues este no termina con el pronunciamiento de la sentencia, sino debe cumplir con su objetivo que reinsertar al reo a su comunidad, por lo que el proceso de reintegración debe atenderse cabalmente.

En cuanto a los Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno en los diecisiete Centros Federales de Readaptación Social visitados para el DNSP 2012, la CNDH señala que existe hacinamiento (número de internos que rebasan la capacidad instalada de las celdas) en diez de los diecisiete centros federales visitados, asimismo señala que hay deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados en algunos centros.1

De la supervisión que la CNDH realizó a los centros de reclusión del país se obtuvo como resultado una lista de 30 indicadores que demuestran la problemática que enfrenta el sistema penitenciario en México. La muestra utilizada para este diagnóstico estuvo conformada por 101 centros estatales penitenciarios más poblados del país en su modalidad de varoniles, mixtos y de mujeres en las 32 entidades federativas, lo que representa un universo de 169,995 internos.

 Entre las principales problemáticas arrojadas por este diagnóstico, se encuentra en el número dos el problema de “Hacinamiento y sobrepoblación”, pues se observó una deficiente distribución de los internos en 57 centros visitados y algunos rebasan la capacidad instalada, es decir, hay sobrepoblación en 52 de los centros estatales visitados; por otro lado, el problema enlistado en el número 20 se refiere a la nula separación entre procesados y sentenciados en dormitorios y en áreas comunes, pues este problema fue recurrente en 81 centros de reclusión y en 67 de ellos no existe clasificación criminológica de los internos. 

Por esta razón, la CNDH considera entre los desafíos que, sobre la base del derecho a los derechos humanos, debe buscar solventar, entre estos se encuentra la separación entre procesados y sentenciados y realizar una debida clasificación penitenciaria de los internos para una conveniente y estratégica ubicación de los mismos al interior de los centros penitenciarios.

SEGUNDA.  Las funciones y la articulación de las actividades del sistema penitenciario mexicano están plasmadas en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dentro del mismo marco jurídico de los derechos humanos y por la importancia de promover su observancia, en consideración a los más altos estándares de protección, es necesario señalar tanto los instrumentos jurídicos vinculantes, como las reglas y principios desarrollados en materia de privación de la libertad, que son los siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumano s o Degradantes; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio); Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos y Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

La Secretaría de Seguridad Pública era la dependencia encargada de administrar el sistema penitenciario federal, sin embargo, el 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se transfieren a la Secretaría de Gobernación. 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contempla en su estrategia 1.3.2 Promover el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva.

La Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados establece en su artículo 6 lo siguiente:

[…]

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas.

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas así como para el desarrollo pleno de sus actividades. Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

En los centros de reclusión para mujeres, se brindarán la atención médica y servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

[…]

TERCERA. En los análisis acerca del sistema penitenciario mexicano se pone de manifiesto el problema que implica la distribución de los delincuentes, pues la reinserción social tiene como base la convivencia, sin embargo, la mezcla ente quienes están sujetos a un proceso y a las personas que han sido sentenciadas por delitos graves como homicidio, crimen organizado, o secuestros, entre otros, puede resultar contraproducente y afectar significativamente el desarrollo de la vida de los internos.

La normatividad en la materia refiere lo siguiente:

a) La fracción XVII del artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece las atribuciones del Comisionado Nacional de Seguridad en materia de centros penitenciarios:

XVIII. Coordinar las acciones necesarias para la debida administración y funcionamiento del sistema penitenciario en relación con la prisión preventiva y la ejecución de penas por delitos del orden federal, así como del tratamiento de menores infractores, en términos de las disposiciones aplicables;

b) La fracción XVI del artículo 40 de dicho ordenamiento establece las atribuciones de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, que a la letra dice:

XVI. Coordinar el seguimiento y evaluación de las políticas, normas y programas relacionados con el

Sistema Penitenciario Federal, el cumplimiento de la política penitenciaria federal y la administración de los centros federales de reclusión y establecimientos de rehabilitación e internamiento juvenil;

c) La fracción X del artículo 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece las atribuciones de la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, entre las que se encuentra la que sigue:

X. Proponer criterios y lineamientos para la clasificación de internos del fuero federal según su situación jurídica y perfil clínico criminológico y verificar su debida aplicación;

CUARTA. El Consejo de la Judicatura Federal  se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral y velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la imparcialidad de los miembros de este último, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De conformidad con el artículo 81 del ordenamiento en comento, son atribuciones del Consejo:

XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que, junto con el elaborado por esta última, se envíe al titular del Poder Ejecutivo;

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

Lo anterior da cuenta de que el Consejo de la Judicatura Federal será en encargado de administrar los recursos destinados a la construcción de los penales federales a los que el senador Benjamín Robles Montoya alude, para cumplir con lo anterior cuentan con un Secretario Ejecutivo de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales, el cual, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Orgánica antes referida, se encargará de apoyar a la Comisión de Administración en los proyectos de contratación de obra pública, en la supervisión de la obra y el manejo óptimo de los inmuebles, en la contratación de recursos materiales y de prestación de servicios en general del Poder Judicial de la Federación.

QUINTA.- La reinserción social del sentenciado es un Derecho Humano, pues  está contemplado  dentro del  Capítulo primero de nuestra Constitución Política denominado  De los Derechos Humanos y sus Garantías. Por lo tanto y en apego con el tercer párrafo del artículo primero constitucional, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Esta trabajo se hará conforme al artículo décimo de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de  sentenciados, que indica que, “La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio”.

En este sentido,  la promoción del trabajo con pleno respeto a los Derechos Humanos de los reclusos, es una de las  responsabilidades de las autoridades competentes.

SEXTA. El artículo décimo, referido en la consideración anterior, establece que los convenios de colaboración son elaborados conforme a la economía local y, que tales estudios serán sometidos “a aprobación del Gobierno del Estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Por otro lado, la elaboración de tales propuestas, como refiere la Diputada Sonia Rincón Chanona, le corresponden a la Secretaría de Gobernación por medio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social,  según el numeral XI de sus Atribuciones le concierne,  “Apoyar la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la implementación de programas educativos y culturales, así como de producción laboral penitenciaria, con retribución económica justa a internos del fuero federal, en los términos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados”.  

En concordancia con todo lo antepuesto en las consideraciones, la proposición de la Diputada Sonia Rincón Chanona es de aprobarse, en virtud de que el trabajo es una parte integral de la organización del sistema penitenciario con miras a la readaptación social y, este, al ser un derecho humano es garantizado y promovido por las autoridades, que en este caso están representadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

SÉPTIMA.- De conformidad con los considerandos anteriores, es cierto que la problemática en el sistema penitenciario mexicano debe ser atendida por las autoridades competentes, sobre todo en lo que se refiere a la sobrepoblación y separación de los internos, pues ello supone uno de los obstáculos para que la reinserción social no cumpla con su objetivo y genera un círculo de violencia e inseguridad dentro de nuestro país y dentro de los centros penitenciarios, tanto federales como estatales.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta Soberanía los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad que, en el ámbito de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para la separación reos federales de los reos del fuero común, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 constitucional.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente la Comisión Nacional de Seguridad que informe a esta Soberanía sobre el avance de las obras de construcción penales federales, asimismo, que implementen mecanismos que permitan el pleno acatamiento de los principios de eficacia, prontitud para quienes enfrentan un proceso penal y concluya con todos y cada uno de los procesos de aquellos internos que cumplan con los plazos constitucional y legalmente establecidos.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a  la Comisión Nacional de Seguridad que por medio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, considere el incremento de  convenios para la  instrumentación de actividades laborales en los centros penitenciarios del país, a fin de impulsar y promover el trabajo para los sentenciados.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de junio de 2014”.

1 Cfr. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pp. 483-484.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías técnicas del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Estatal de Protección Civil de Zacatecas a elaborar un plan estratégico emergente para atender a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el estado de Zacatecas durante estos últimos días”, presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 3 de julio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de julio del 2014, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió una proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías técnicas del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Estatal de Protección Civil de Zacatecas a elaborar un plan estratégico emergente para atender a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el estado de Zacatecas durante estos últimos días.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente por medio del oficio CP2R2A.-1594.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición con punto de acuerdo se indica que durante los últimos años diversos estudios han revelado que los efectos del cambio climático resultan una fuerte limitante al crecimiento económico de los países e impiden un desarrollo sostenible debido a su carácter transversal, toda vez que afectan a todos los sectores de la economía.

Se señala que el cambio climático es generado por el incremento de la temperatura media del planeta la cual, a su vez, es causada principalmente por un incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, esto podría causar en los próximos cincuenta años una pérdida del PIB mundial de 9 puntos porcentuales (solo considerando efectos económicos, y no sociales ni ambientales como impactos negativos en la salud, daño en los ecosistemas como pérdida de biodiversidad, entre otros) y, de no realizarse acciones de mitigación y adaptación, dicha pérdida podría ascender a 20 por porciento debido a los daños e impactos crecientes.

En ese sentido, el senador proponente indica que es necesario que en México se diseñen políticas públicas que permitan reducir los impactos económicos del cambio climático y permitan adaptar la economía y la sociedad a dicho fenómeno.

Continua señalando que, desafortunadamente, el país se ha enfrentado a un número creciente de afectaciones debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos como ciclones tropicales, inundaciones y sequías, por mencionar algunos, los cuales han producido pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales debido a falta de políticas públicas adecuadas y prevención.

El proponente puntualiza que en México, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

En la proposición se destaca que un caso concreto de emergencia, es la situación que durante los últimos días han vivido algunos municipios del estado de Zacatecas, en donde se han presentado precipitaciones pluviales extraordinarias y han provocado severas inundaciones trayendo consigo pérdidas patrimoniales, económicas y humanas.

El senador proponente manifiesta que, solo por mencionar algunos casos, en las comunidades de El Maguey y Nueva Australia en el municipio de Zacatecas, el agua alcanzó niveles de 30 a 40 centímetros de altura y provocó daños en 20 casas que se inundaron; indica que en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, más de 600 familias de las comunidades Torreón de los Pastores, Tapias de Santa Cruz, El Epazote y otras rancherías aledañas, se vieron afectadas durante la temporada de lluvia, debido al mal estado en el que se encuentra el puente que atraviesa por el río; en lo que va de la actual administración han solicitado el apoyo en más de tres ocasiones para la rehabilitación de dicho puente, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de valoración.

De esta manera, en la proposición se señala que tan grave y delicado ha sido la situación en diversos municipios, que ha sido necesario incluso ingresar a algunas comunidades a pie para atender a las personas afectadas; las cuales por cierto son de familias de escasos recursos que con estas afectaciones han perdido gran parte de su patrimonio.

Considera que, si bien Protección Civil del estado ha asistido a los afectados con la limpia de lodo de las casas, atención de crisis nerviosas, evaluación de las estructuras de las viviendas, la instalación de albergues temporales, es necesario que además se dé inicio a la elaboración e implementación de un plan estratégico emergente de contingencia de lluvias en coordinación con las entidades tanto municipales como estatales, y de ser necesario federales.

Enfatiza el proponente que,  es con el objeto de que se inicien actividades de auxilio de manera inmediata en las zonas afectadas en Zacatecas, que contemple un servicio de alarma preventivo ante futuras precipitaciones, así como la aplicación de medidas de seguridad, salvamento, servicios sanitarios, detección de zonas peligrosas, descontaminación y medidas de protección civil y reparación de la infraestructura hidráulica.

En el caso de Zacatecas, indica el proponente que dichos planes deben elaborarse interinstitucionalmente basados en diversos escenarios que incluyan procedimientos de operación estándar para describir cómo deben de coordinarse los distintos actores del sistema.

Por lo anteriormente expuesto, el Senador proponente solicita a las instancias encargadas de la protección civil en el país, para que en colaboración de los tres órdenes de gobierno, elaboren un plan estratégico emergente en Zacatecas que atienda y prevenga las afectaciones derivadas de las lluvias en el mencionado Estado.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección Civil y al Titular de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección Civil de Zacatecas para que de manera coordinada junto con las autoridades locales y estatales, elaboren un Plan Estratégico Emergente para atender a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el Estado de Zacatecas durante estos últimos días.

III. CONSIDERACIONES

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Primera Comisión señalan que los fenómenos naturales que periódicamente azotan nuestro país, sin embargo los de origen hidrometeorológicos son los que frecuentemente han ocasionado daños al provocar inundaciones de diversas magnitudes y duración.

Esta Comisión Dictaminadora comparte la preocupación por la situación que durante los últimos días han vivido algunos municipios del estado de Zacatecas, en donde se han presentado precipitaciones pluviales extraordinarias y han provocado severas inundaciones trayendo consigo pérdidas patrimoniales, económicas y humanas.

Es importante incorporar en este dictamen que el Gobierno Federal ha manifestado su compromiso de fortalecer las acciones de Protección Civil para estar mejor preparados ante cualquier riesgo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla la Política estratégica para la prevención de desastres.

De la misma manera, en el Programa Nacional Hídrico 2013-2018 se señala que uno de sus objetivos es garantizar la seguridad ante los efectos de los fenómenos hidroclimatológicos extremos, sobre todo aquellos que atentan contra la vida humana.

A nivel estatal, el Gobierno del Estado de Zacatecas con base en los programas estatales de protección civil y programas específicos del Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido el Plan de Contingencia de Lluvias y Sequías en el Estado de Zacates 2014,  que tiene como objeto disminuir los efectos provocados por fenómenos perturbadores sobre la población Zacatecana, en la que se establecen estrategias que protejan el patrimonio y la integridad física de la personas, a través de la coordinación de las distintas dependencias responsables con el fin de atender de manera oportuna y expedita las necesidades de la ciudadanía.

En el mismo sentido, esta Comisión Dictaminadora enfatiza que en la Convención Nacional de Protección Civil 2014, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso con los tres órdenes de gobierno de trabajar con corresponsabilidad en materia de prevención de riesgos para reducir los daños y pérdidas humanas y materiales ocasionados por fenómenos naturales.

Es por ello que, el Consejo Nacional de Protección Civil,  centrará su labor en tres puntos: gestión integral de riesgos para identificar, controlar o mitigar las afectaciones; coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes del gobierno; y la atención y respuesta inmediata y temprana.

El Sistema Nacional de Protección Civil señala que en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil.

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. En caso de que ésta supere su capacidad de respuesta, acudirá a la instancia estatal correspondiente.

Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto.

Por lo anteriormente expuesto, se deja claro el compromiso que tiene el Gobierno Federal para prevenir los riesgos, reducir los daños y pérdidas humanas y materiales ocasionados por fenómenos naturales y la coordinación que existe entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno, por lo que esta comisión estima que se cuentan con diversas herramientas que permiten identificar, controlar o mitigar las afectaciones por las lluvias severas en Zacatecas.

Esta Comisión dictaminadora está atenta en brindar mayor seguimiento a los ciudadanos ante estas situaciones por lo que se requiere intensificar las acciones para dar respuesta inmediata y se valore la implementación de un plan emergente que permita poner en operación los programas federales.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, que a través del Consejo Estatal de Protección Civil, informe a esta Soberanía las acciones adoptadas con motivo de las lluvias severas ocurridas en esa entidad federativa durante el mes de junio próximo pasado, así como sobre los programas preventivos para atender contingencias de esa naturaleza en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 25 de junio de 2014, Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a llevar a cabo la implementación de los comités de víctimas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General de Víctimas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el miércoles 25 de junio del presente, la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta enunciada en el proemio del presente.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio CP2R2A.-1372.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la Proposición con punto de acuerdo, se plantea lo siguiente:

‹‹ Con la publicación de la Ley General de Victimas el 9 de enero de 2013, y su posterior reforma del 3 de mayo del mismo año, México cuenta ya con una herramienta para garantizar la protección de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

De esta manera se rompe el paradigma arraigado en la sociedad de que solamente se protegían los derechos humanos de presuntos delincuentes, dejando de lado lo referente a las víctimas, lo que generaba la percepción de abandono y deserción para quienes habían sufrido violación a sus Derechos Humanos.

La ley tiene en carácter humanista, es armónica con tratados internacionales y pone en el centro de atención las necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los entes del Estado para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan.

Contiene, entre otros, los siguientes derechos para las víctimas que hayan padecido un delito o violación de uno o más derechos humanos: 

● A que se le brinde atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita (Sic) y efectiva;

● A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal;

● A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos:

● A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables;

● A una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva del daño;

● A una debida diligencia;

● A ser tratadas con humanidad y respeto de sus dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, y

● A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible.

Como se puede apreciar, esta Ley contiene los fundamentos bajo los cuales debe conducirse el trabajo de todas y todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, de los organismos públicos de protección de derechos humanos e instituciones privadas a favor de las víctimas. Por ello es indispensables su conocimiento general para poder hacer efectiva su exigibilidad.

Esta ley, es producto del clamor de la sociedad en contra de la inseguridad que vive el país y la expansión del crimen organizado que ha provocado una situación de hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación para que se ponga fin a la impunidad y se reconozcan los derechos de las personas que han sido víctimas del delito y violaciones de sus derechos humanos.

La Ley consta de 189 artículos y 15 transitorios dentro de los que se establece que se deberá otorgar la reparación integral del daño, vía asistencia jurídica, médica o económica.

Entre los capítulos que integran esta Ley encontramos el Capítulo III, De la estructura operativa del sistema nacional de atención a víctimas”, el cual menciona en el artículo 93 una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que contará con diferentes comités, el cual a la letra indica:

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

I. Comité de violencia familiar;

II. Comité de violencia sexual;

III. Comité de trata y tráfico de personas;

IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas;

V. Comité de personas víctimas de homicidio;

VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII. Comité de detención arbitraria;

VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y

IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En su último párrafo el mencionado artículo menciona que:

Se podrán establecer también comités por grupo de víctimas tales como niños y niñas, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

En el artículo 94, la Ley General de Victimas marca que cada una de las comisiones ejecutivas de cada entidad federativa podrá contar con sus propios comités especiales tomando en cuenta las necesidades de cada localidad.

Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de cada entidad federativa también contarán con sus comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.

Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.

Por ello y en el ánimo del hacer efectivo el derecho de las víctimas a una pronta y eficaz atención y a fin de garantizar plenamente el interés superior del menor, consideramos que es importante llevar a cabo la instalación de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas en cada una de las entidades federativas y (Sic) en consecuencia la implementación de los Comités Especiales de Víctimas, y (Sic) en este caso, de suma importancia el Comité Especializado en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas, que son de los sectores poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad.››

Con lo anterior, formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas a llevar a cabo la instalación de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas y en consecuencia la implementación de los Comités de Víctimas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de Víctimas.

II. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto:

El 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

Este ordenamiento establece, entre otras cosas:

Los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos;

La creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

Articula las competencias de los diferentes poderes y órdenes de gobierno para hacerlos efectivos;

Reconoce como víctimas directas a aquellas personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, así como a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con ellas, y a toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de garantías por auxiliar a éstas

Amplía los derechos de las víctimas más allá de la participación en el procedimiento penal y regula la protección de su intimidad, su relación con las autoridades y el respeto a su dignidad y a tomar decisiones informadas sobre su participación o no en los mecanismos disponibles de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.

El 3 de mayo de 2013, se reformó este ordenamiento, estableciendo entre otras cosas, los mecanismos que deberán emplearse para calcular la indemnización que el Estado deberá otorgar a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en caso de que no pueda obligar al responsable a encarar la reparación total del daño incluyendo  daños físicos, daño moral, lucro cesante –es decir, pérdidas ocasionadas a la víctima, tales como salarios o ingresos que dejaron de percibirse por lesiones o incapacidad derivadas del hecho victimizante–, pérdida de oportunidades, en particular educativas y prestaciones sociales; daños patrimoniales; gastos por asesoría jurídica, en caso de que ésta sea privada; pago de tratamientos médicos o terapéuticos; gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, derivados de la asistencia a procesos jurídicos o tratamientos de salud.1

La reforma definió también una figura denominada “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Estatales”, a quienes otorga un papel importante en todo este proceso de justicia y resarcimiento del daño hacia la víctima tales como:

Resolver asuntos de su competencia;2

Atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal;3

Integrar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 4

En el decreto de expedición de la Ley de Víctimas, se estableció un periodo de 180 días naturales para que los Congresos locales armonizaran todos los ordenamientos locales relacionados con la Ley de Víctimas.5

La Ley de Víctimas determinó una vacatio legis de 30 días, después de su publicación6, por lo que este periodo se cumplió el 8 de febrero de 2013, ya que los 180 días naturales empezaron a transcurrir a partir del 9 de febrero de 2013 y concluyeron el 7 de agosto del mismo año.

El decreto que reformó la Ley de Víctimas, estableció por su parte un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de ese decreto, para que el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones que correspondían para cumplir con las diligencias de ubicación de desaparecidos.7 Este periodo concluyó el 4 de mayo de 2014, considerando que el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación (4 de mayo de 2013).

Esto implica que todas aquellas Asambleas y Congresos de las Entidades Federativas que al 7 de agosto de 2013, no hubiesen armonizado todos los ordenamientos locales relacionados con la Ley de Víctimas, y al 4 de mayo de 2014 no hubiesen hecho las adecuaciones normativas en materia de localización de desaparecidos, configuraron una violación constitucional por omisión legislativa, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.8

Conforme a los datos obtenidos a marzo de 2014 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo los estados de Aguascalientes, Colima, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, han cumplido y muestran avances significativos en la armonización de las leyes.9

Asimismo, la CEAV estableció un grupo de trabajo con los Congresos de los Estados para avanzar en la armonización de las legislaciones estatales con la Ley General de Víctimas y lograr en el corto plazo que en las entidades de la República, no existan rezagos en la materia10.

En ese sentido y a pesar del interés de esta representación de contribuir a que se cumplan no tan sólo las integraciones de los Comités Ejecutivos de Atención a las Víctimas en las Entidades de la República, sino la armonización normativa con la ley de víctimas  y la adecuación en materia de localización de desaparecidos, queda claro para esta representación que se requiere un informe completo y actualizado del nivel de cumplimiento que tiene cada entidad en la materia, incluyendo al Congreso de la Unión.

En tal razón, esta Comisión considera pertinente y viable solicitar esta información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y por tanto, somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como  45, numerales 1 y 3 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remita un informe actualizado del nivel de cumplimiento que tienen las entidades federativas de la República Mexicana y el Congreso de la Unión, respecto de las obligaciones que les impuso el Decreto que expide la Ley General de Víctimas, publicado el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación así como el Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de julio de 2014”.

1 Artículo 64 de la Ley General de Víctimas.

2 Op. Cit. Artículo 79, párrafo 4º.

3 Íbid. Párrafo 5º.

4 Op. Cit. Artículo 82, fracc. V.

5 Artículo séptimo transitorio del Decreto que expide la Ley General de Víctimas, publicado el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

6 Íbidem. Artículo primero transitorio

7 Artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013.

8 Jurisprudencia P./J. 72/2008. Número de registro: 168771. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 621 Rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES NO HAYAN CREADO ANTES DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 LAS LEYES, INSTITUCIONES Y ÓRGANOS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE DICIEMBRE DE 2005, CONFIGURA UNA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL POR ACTUALIZARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.

9 Boletin B 013/2014 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, correspondiente al 28 de marzo de 2014, disponible en http://www.ceav.gob.mx/2014/03/incumplen-estados-con-la-ley-general-de-victimas-ceav/

10 Boletin B 033/2014 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, correspondiente al 16 de mayo de 2014, disponible en http://www.ceav.gob.mx/2014/05/integran-ceav-y-congresos-estatales-grupo-de-trabajo-para-avanzar-en-la-armonizacion-de-la-ley-general-de-victimas-en-el-pais/





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 25 de junio de 2014, Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Comisión Nacional de Seguridad, a fin de hacer eficiente la inspección de vehículos robados en la unión americana y que son importados al territorio nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el miércoles 25 de junio del presente, el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta enunciada en el proemio del presente.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio CP2R2A.-1322.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la Proposición con punto de acuerdo, se plantea lo siguiente:

‹‹El robo de vehículos es un fenómeno que va en aumento, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos de América; este fenómeno hay que valorarlo y tratarlo como un tema de interés binacional y no solo como un asunto doméstico.

Es un tema binacional, dado que México y los Estados Unidos comparten una frontera compleja, amplia y diversa de casi 3,000 kilómetros, con 18 aduanas y puntos fronterizos por los que ingresan diariamente un aproximado de 200,000 vehículos, que sumados anualmente, originan 73 millones de cruces de vehículos particulares y de carga.

Por otra parte, como es del conocimiento de esta Soberanía, México ha suscrito el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en el cual se contempla entre diversas materias y sectores productivos negociados, el de la industria automotriz.

La industria automotriz mexicana es uno de los pocos sectores de la planta productiva nacional que han tenido un crecimiento sostenido en la última década, llegando a ocupar el sexto lugar como potencia mundial de fabricación de unidades con 2 ,933, 465 vehículos ligeros en 2013, de los cuales se exportaron el 82%; el sector representa poco más de 3.7 % del PIB nacional a precios constantes, generando aproximadamente 1.7 millones de empleos directos.

En 2013, se comercializaron en el país 1, 063,363 vehículos ligeros, cifra similar a la del 2003, lo que representa una década perdida en este ámbito.

Más grave aún que el mercado interno automotor no haya recuperado el registro histórico del 2006, cuando se comercializaron 1,139,768 vehículos ligeros, no logrando superar el impacto de la crisis económica y financiera internacional del 2008-2009 en los niveles de venta de anuales (Sic), conforme al estudio realizado por la empresa de consultoría AT Kearney.

Este estudio determina que uno de los factores principales que explican esta diferencia lo constituye la importación de vehículos usados, fenómeno que ha llevado a que en el primer periodo de octubre del 2005 al mes de marzo del presente año, se hayan importado 7.2 millones de vehículos usados de desecho, cifra que equivale al 89% del total de vehículos nuevos comercializados en el mismo periodo.

De continuar esta tendencia, se mantendrá la constante de los últimos años en torno al envejecimiento del parque vehicular en circulación, cuya edad promedia  (Sic) supera los 17 años de antigüedad.

Este comportamiento atiende a varios factores, llama la atención, el creciente fenómeno del robo de los vehículos en los estados fronterizos de los Estados Unidos con México, estamos hablando de California, Arizona, Nuevo México y Texas, en donde los números reflejan que de los 700 mil vehículos robados en toda la Unión Americana, alrededor de 150 mil unidades, más de la quinta parte, se concentran en estos estados. Precisamente estos estados, resultado de nuestra vecindad fronteriza, son las entidades que más unidades abonan a nuestro parque vehicular mexicano, vía su importación definitiva o temporal.

El problema se centra en que de estos 150 mil vehículos, un porcentaje importante se nacionaliza en México, observando las formalidades del despacho aduanero, pero una vez llegados a ciertos puntos, los autos no siempre se venden como unidades completas, sino que algunas veces son desarmados para venderse en partes y con su distribución en los diversos puntos de la República Mexicana, para palear (Sic) la necesidad refaccionaria del viejo parque vehicular, derivado de la introducción legal e ilegal, de vehículos chatarra de más de 2 décadas.

Paralelamente a este proceso de desarmado que ocurre en un aproximado de entre 24 y 36 horas, el propietario original del vehículo presenta una denuncia de robo ante las autoridades estadounidenses y reclaman el pago del seguro, a fin de recibir una cantidad equivalente al valor de la unidad, que dolosamente recibió al venderlo a los diversos grupos comercializadores de automotores de la frontera para ser vendidos o importados a México.

Este flujo de vehículos, se ve agravado por la internación de automóviles con papeles norteamericanos que no pueden circular en nuestro país, a los que se conoce como “chocolate”, lo que ya de por sí representa un acto ilegal, flujo que según la Cámara de Comercio en Tijuana y la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Baja California se estimaba en enero de 2013, era de alrededor de un millón y medio de unidades, hecho que a su vez, es aprovechado por las bandas delincuenciales al robo de automóviles en los Estados Unidos, para sacar de su país coches robados y comercializarlos en México o utilizar nuestro país para su traslado hacia Centroamérica e incluso Europa.

Si bien el fenómeno criminal que estamos describiendo, ha ocurrido y sigue ocurriendo generando pérdidas millonarias a las empresas de seguros y el accionar de las policías estadounidenses, después son importados en las aduanas aprovechando la colindancia y cercanía de los mercados, autos que si bien es cierto no en su totalidad, pero si en una parte más o menos importante, burlan el sistema aduanero en ambos países.

Como bien apuntamos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, México negoció un periodo de transición de 10 años para la apertura comercial en vehículos, el esquema de apertura comercial gradual, conforme al párrafo 23 de apéndice 300 A.2 de este Tratado, que consiste en que México permitiría la importación de vehículos usados hasta el 1º de enero de 2009 y a partir de esa fecha, iniciaría el periodo de apertura, permitiendo la importación de vehículos usados con 10 años de antigüedad y reducción de la misma en los siguientes años hasta la liberación total en 2019.

No obstante, el gobierno federal anticipó en forma unilateral la importación de vehículos usados mediante decreto de fecha 22 de agosto de 2005.

Sin dotar al país de un marco normativo que nivele las condiciones bajo las cuales circulan los vehículos automotores en los países de América Latina, en materia de emisiones contaminantes y condiciones físico-mecánicas, ha permitido la circulación.

Es por ello, que pido su apoyo favor (Sic) de este punto de acuerdo para que las autoridades fiscales y aduaneras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT), la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Economía, generen controles que permitan hacer eficiente la inspección de la entrada de los vehículos que diariamente ingresan y salen del país, empleando para ello, tecnología de última generación en la sensorización y detección de las unidades motoras, lectura de placas, identificación de los conductores, y que cuente con enlaces en línea entre las diversas autoridades de Estados Unidos y de México.

Compañeros legisladores, hemos trabajado arduamente en temas comunes y en otros divergentes, pero que tienen un fin que es elevar el bienestar de la población, generar más y mejores leyes, cuidar de nuestra economía, pero también en el de coadyuvar con el Ejecutivo Federal con gestiones que nos permitan apoyar acciones y programas de gobierno que incidan en la problemática de sectores de la planta productiva nacional, como lo es la automotriz.

Con este punto de acuerdo en el que estoy seguro, comparten las mismas preocupaciones de los fabricantes, armadores y distribuidores de vehículos en México, demos una muestra que el Senado de la República es sensible a la problemática, no sólo por la importancia del sector, sino por las repercusiones criminales de este fenómeno sofisticado que permite a grupos del crimen organizado el lavado de dinero, bajo este esquema, que repito defraudan a miles de personas día a día, por lo que considerando que el TLCAN abrirá aún más la fronteras (Sic), es imprescindible que las autoridades aduaneras y fiscales instrumenten en el corto plazo controles y sistemas que les permitan facilitar la inspección y la investigación a priori y post-despacho para investigar estos grupos delincuenciales.

En la medida con que se cuenten mayores elementos de prueba, mayores fuentes de información en línea, fotografías y demás elementos de detección, en esa misma medida, contribuiremos a desalentar esta práctica a la que nos hemos enfrentado, y que es un problema de todos y lo digo así porque hemos sido claros que esta sofisticación de someter a las formalidades del despacho aduanero “autos robados de facto” que ni siquiera han sido denunciados como tales ante las autoridades estadounidenses, hace que el accionar de ambas autoridades sea mucho más complejo.››

Con lo anterior, el proponente plantea el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Comisión Nacional de Seguridad, a fin de hacer eficiente la inspección de vehículos robados en la Unión Americana y que son importados al territorio nacional.”

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, por lo que se permite incorporar las siguientes observaciones:

En Estados Unidos de América un automóvil es robado cada 26 segundos. Esto representa que cada año se roban 1.2 millones de automóviles.1

Los 10 vehículos más robados en Estados Unidos de América en 2012 fueron  Honda Accord (58, 596); Honda Civic (47, 037); pick-up Ford full Size (26, 770); Chevrolet Pick-up Full Size (23, 745);  Toyota Camry (16, 251); Dodge Caravan (11, 799); Camioneta Dodge Full Size (11, 755); Accura Íntegra (9, 555); Nissan Altima (9, 196); Nissan Máxima (9, 196).2

La Oficina Nacional de Delitos de Seguros o National Insurance Crime Bureau —conocida por sus siglas como NICB— es una organización sin fines de lucro que recibe apoyo de cerca de 1.100 empresas de propiedad y accidentes de seguros y organizaciones de autoseguro. Con una herencia de 100 años, la Oficina Nacional de Delitos de Seguros (NICB) es el principal de la nación organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a la lucha contra el fraude de seguros y el crimen, y es la única organización en los Estados Unidos, que reúne los recursos colectivos necesarios para prevenir, detectar y disuadir estos crímenes. El NICB se formó en 1992 tras la fusión de la Oficina Nacional del Automóvil de Robo (CNFA) y el Instituto de Prevención de Delitos de Seguros (IPIC), ambos de los cuales eran organizaciones sin fines de lucro.3

En México, hay un organismo similar, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) que se encarga de la localización, identificación y recuperación de vehículos robados y que brinda servicios a 20 compañías de seguros que manejan el ramo de vehículos; a todas las procuradurías de justicia del territorio nacional, a la Procuraduría General de la República y a sus agregadurías en Los Ángeles, California; San Antonio Texas y en la República de Guatemala, para Centroamérica.4

No obstante, el fenómeno de la transnacionalización de este delito, aún no cuenta con información fidedigna ni una estrategia global para enfrentarla.

Al respecto, la Interpol ha señalado: ‹‹La mayoría de los países miembros que contestaron al cuestionario (un 89,8%) reconocieron la existencia de grupos delictivos organizados transnacionales implicados en delitos relacionados con vehículos. Otra gran mayoría de países miembros que contestaron al cuestionario (un 82%) disponen de unidades especiales que se ocupan de los delitos relacionados con vehículos o que participan en operaciones periódicas centradas en dichos delitos.

No existen parámetros, modelos o indicadores precisos de medición de la delincuencia organizada.

En el mejor de los casos pueden obtenerse estimaciones cifradas a partir de estadísticas, modelos económicos comerciales y flujos financieros conocidos, combinándolos con datos sobre decomisos, detenciones y condenas de los autores de los delitos. Tampoco se dispone de estadísticas comparables sobre el perjuicio económico causado por los delitos relacionados con vehículos. Sí se consiguen indicaciones y estimaciones utilizando las estadísticas proporcionadas por las compañías aseguradoras de vehículos. La base de datos de INTERPOL sobre vehículos robados –junto con el servicio de búsqueda automática– es una herramienta ya existente para elaborar y normalizar estadísticas sobre los delitos transnacionales relacionados con vehículos.

Los afectados por los delitos relacionados con vehículos son los fabricantes de automóviles, el propietario del vehículo, los organismos encargados de la aplicación de la ley, las autoridades encargadas de la matriculación, las compañías aseguradoras, los órganos legislativos, los departamentos de justicia y las empresas relacionadas con vehículos, como las compañías de alquiler y los desguaces.

La legislación y la aplicación de las leyes en relación, por ejemplo, con los seguros de automóviles, el estado técnico de un vehículo o los procedimientos de importación/exportación difieren considerablemente entre los distintos países, lo que repercute de forma negativa en la cooperación internacional relativa a los delitos transnacionales relacionados con vehículos.

Los vehículos que son blanco de los robos pueden dividirse en dos categorías, la primera la componen los vehículos de marca y modelo corrientes, fáciles de conseguir, que son la mayoría (cantidad). La segunda consiste en vehículos sumamente lucrativos (calidad), como por ejemplo los vehículos deportivos utilitarios (SUV, por sus siglas en inglés) y los automóviles de lujo, que en ocasiones son específicamente buscados.

Un 59% de los países que contestaron al cuestionario manifiesta que cuando se roba un vehículo se hace uso de violencia en mayor o menor grado. En América del Sur, el modus operandi utilizado en los delitos relacionados con vehículos implica al parecer más violencia que en otras regiones, además del uso de sustancias psicotrópicas.

Un 87,7% de los países miembros declara que los vehículos robados, enteros o desguazados, son trasladados a sus países fronterizos. Actualmente no se dispone de análisis en profundidad sobre las rutas y el flujo de rutas.

El hecho de compartir una lengua y una etnia, así como la homogeneidad de la estructura de los grupos delictivos organizados, son factores importantes que hay que tener en cuenta en lo que atañe a la circulación (facilitada en este caso) de las mercancías ilícitas en general y de los vehículos robados en particular.

Los delitos organizados transnacionales relacionados con vehículos suelen tener una vinculación con otros ámbitos delictivos, como la corrupción, el terrorismo, los atracos, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y el comercio ilícito de armas.››5

La idea del documento de Interpol era identificar a los grupos delictivos organizados transnacionales implicados, y desarrollar estrategias preventivas y represivas comunes6, para lo cual EUROPOL e INTERPOL, propusieron conjuntamente en 2012, un cuestionario de alcance mundial como una iniciativa en colaboración para proporcionarles a los países miembros de EUROPOL y a los de INTERPOL, además de a los organismos encargados de la aplicación de la ley, una descripción completa y a escala internacional de los delitos relacionados con vehículos. Desgraciadamente, el documento consigna que nuestro país no contestó el cuestionario, a pesar de ser miembro.

Como se aprecia, no hay datos ni cifras respecto del robo transnacional de vehículos por el crimen organizado internacional.  Esto dificulta saber la magnitud del problema y aun cuando pudiera haber medidas unilaterales para tratar de frenar el comercio de vehículos o autopartes robadas, la complejidad de este problema delictivo exige una estrategia multinacional.

En tal razón, esta Comisión somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Comisión Nacional de Seguridad, hacer eficiente la inspección de vehículos robados en la Unión Americana y que son importados al territorio nacional.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los  dieciséis   días del mes de julio de 2014”.

1 http://repuvesanluispotosi.blogspot.mx/2009/08/antes-de-comprar-un-auto-americano.html

2 https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/top-vehicles-stolen-by-state

3 https://www.nicb.org/about-nicb/our_story 

4 http://www.ocra.com.mx/

5 Informe Analítico “Delitos relacionados con vehículos desde una perspectiva mundial”. Sin lugar, Interpol, 24 de enero de 2014. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Analytical%20Report%20-%20Global%20Vehicle%20Crime%20-%20Spanish.pdf

6 Íbidem, página 5.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Congresos Estatales de los Estados de Baja California y Tabasco a aprobar sus leyes estatales de igualdad entre mujeres y hombres”, suscrita por los Diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; a la que en lo sucesivo se denomina proposición Congresos-Igualdad.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 16 de julio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición de Congresos-Igualdad, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio CP2R2A.-1973.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente número 16, del 16 de julio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición de Congresos-Igualdad; pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte al Congreso del Estado de Baja California a que apruebe su Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California.

2. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte al Congreso del Estado de Tabasco a que apruebe su Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tabasco.

B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el pasado 2 de agosto del 2006, se fijó que la necesidad de hacer frente al problema de desigualdad entre mujeres y hombres.

El objeto de la ley es, regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Y establece la creación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres.

La cual es encauzada por el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conformada por las autoridades de los Estados y las entidades de la Administración Federal con la intención de abarcar toda la república mexicana.

En este sentido, los promoventes señalan, que de acuerdo al artículo 14 de la Ley General, los Congresos de los Estados, deben expedir las disposiciones legales para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevé la Constitución.

Por último se en lista los casos específicos de Baja California y Tabasco, los cuales serían los únicos Estados que no han cumplido con el mandato de legislar en esta materia para impulsar la creación de un ley estatal sobre la igualdad de mujeres y hombres.

En Baja California, se encuentra pendiente en comisiones la propuesta de iniciativa para crear la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California presentada el 5 de junio de 2012.

Y en Tabasco, el pasado 14 de mayo de 2013, se presentó la iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco la cual se encuentra también pendiente”.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión considera que las motivaciones que dieron origen a la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres está cimentado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Por ello, el Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas han emprendido esfuerzos para que, a través de su legislación, se promueva la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, capacitación, protección de la salud, ejercicio del poder y la toma de decisiones a todos los niveles.

Por esta razón, el 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que entró en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en nuestro país; al tratarse de una Ley General, esta permea en los tres órdenes de gobierno con el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la elaboración de un programa nacional y programas estatales, razón por la cual, los Municipios y los Estados deben contar con los ordenamientos jurídicos adecuados que permitan dar cumplimiento a la homologación de sus respectivas legislaciones.

Al respecto, el artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 14 lo siguiente:

Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1979, misma que entró en vigor en 1989 y que fue ratificado por el Estado Mexicano, en él se establece que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

El artículo 2 de este documento establece lo siguiente:

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

De conformidad con lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género y la Dirección de Seguimiento del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, reportan los avances de la homologación de la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres en las entidades federativas, los Reglamentos, la fecha de Instalación del Sistema y la denominación y fecha del Programa de Igualdad.

Este reporte indica que sólo los estados de Baja California y Tabasco no cuentan con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para sus respectivas demarcaciones.

En el Estado de Tabasco, el 14 de mayo de 2013, se presentó la Iniciativa de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, misma fue dictaminada por la Comisión correspondiente sin que se aprobara, no obstante, el pasado 30 de mayo de 2014 el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco envió una Iniciativa con carácter de Decreto mediante el cual se crea la Ley para la Igualdad Social entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Equidad de Género para el proceso legislativo correspondiente.

Por otro lado, en el Honorable Congreso del Estado de Baja California el 4 de marzo de 2010 fue presentada una iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California,  sin embargo el 29 de septiembre de 2010 fue rechazada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Posteriormente el 5 de junio de 2012, se  presentó la iniciativa para crear la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California sin que esta haya sido aprobada.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Congreso del Estado de Tabasco y al Congreso del Estado de Baja California que, con pleno  respeto a su Soberanía, consideren armonizar su legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas tres  Proposiciones con Punto de Acuerdo, por las que se solicita a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, información relevante, así como que se tomen las sanciones correspondientes, relacionados con el uso indebido que se dio en días recientes a la Rotonda de las Mujeres y los Hombres Ilustres.

Dichas proposiciones fueron presentadas respectivamente, por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la tercera de estas propuestas, presentada por el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 16 de julio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente las siguientes Proposiciones con Punto de acuerdo:

a. Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, a fin de realzar las investigaciones conducentes por los actos y omisiones de Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, en relación a los permisos otorgados para realizar eventos privados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b. Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades competentes a establecer las bases para el uso respetuoso de la Rotonda de las Personas Ilustres y a iniciar una investigación por los acontecimientos del 13 de junio del presente año, presentada por la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

c. Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, extiende un severo extrañamiento a las autoridades de la Delegación Miguel Hidalgo, ante la profanación de que fue objeto la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores el pasado viernes 13 de junio de 2014, y se invita al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, a una reunión de trabajo, con el objeto de conocer las condiciones en que se otorgó el permiso respectivo, presentado por el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

B. En la misma fecha, fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-1957, CP2R2A.-1981 y CP2R2A.-1922, respectivamente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las tres Proposiciones aquí analizadas, se refieren a  los hechos ocurridos el viernes 13 de junio de 2014, en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la cual se llevó a cabo un evento privado de carácter festivo, lo cual a decir de los proponentes es contrario al uso que puede darse a dicho recinto.

De acuerdo a las consideraciones de las Proposiciones, este evento pudo llevarse a cabo, debido a que la Delegación Miguel Hidalgo habría otorgado el permiso correspondiente, lo cual a decir de los legisladores proponentes, no estaría permitido.

Con lo que respecta a la primera Proposición enlistada en los antecedentes de este dictamen, se dice lo siguiente:

“Adicionalmente a tales hechos y a la gravedad intrínseca de los acontecimientos, sostienen que es relevante precisar la serie de contradicciones y omisiones por parte de las autoridades delegacionales mismas que, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, han evadido la responsabilidad que les corresponde.

En principio -dicen los proponentes-, que las autoridades manifestaron que se concedió utilizar el panteón como set de filmación, y de acuerdo con el Director de Tecnología e Innovación de la demarcación “en todo momento hubo personal supervisando el buen uso del panteón, para evitar daños a la infraestructura” y que se iniciaría una investigación, para deslindar responsabilidades por excesos, por lo que se tomó la determinación de suspender a los funcionarios encargados de la supervisión del evento.

Empero, en días recientes –señalan- se ha dado a conocer que dicho evento contó con la presencia de servidores públicos de la delegación Miguel Hidalgo, incluido el titular Víctor Hugo Romo Guerra. En el mismo orden de ideas, se ha informado que el titular de la delegación ordenó al Subdirector de Servicios al Público, autorizar la celebración de la fiesta de cumpleaños.

A pesar de lo inusual e inverosímil de los hechos, no se trata de acontecimientos aislados, por el contrario, se suma a las 54 filmaciones, sesiones de fotografías y demás actividades que se han desarrollado por empresas y particulares en este lugar, lo cual evidencia la vulnerabilidad de este sitio histórico, es decir, deja latente la posibilidad de sufrir daños.

Sobre el particular, la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, establece en sus artículos 10 y 11 respectivamente, que es atribución de la Comisión de Filmaciones recibir los Avisos y otorgar los Permisos de Filmación previstos en dicha legislación, y por otro lado, que le corresponde a las Delegaciones facilitar, en coordinación con la Comisión, el uso de bienes de uso común bajo su administración que se utilicen en la filmación de obras audiovisuales.

Al tratarse de un acto unilateral del funcionario, queda de manifiesto la inobservancia de ambos preceptos jurídicos, ya que no remitió las solicitudes conducentes, omisión que se suma a las demás irregularidades cometidas por el Jefe Delegacional.

Aunado a lo anterior, dicha autorización se contrapone a la Ley Federal sobre de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en su artículo 38 establece que estos espacios estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales. Así como al decreto presidencial de 2003 en el que se determinó que la autoridad en la Rotonda de las Personas Ilustres es un Consejo Consultivo conformado por los titulares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Educación, Defensa Nacional, Marina y presidido por el Secretario de Gobernación.

No podemos pasar por alto el hecho de que la presente administración de la delegación Miguel Hidalgo se ha caracterizado por incurrir en múltiples irregularidades como son, entre otras, la entrega de permisos indebidos, en obras inconclusas, y en arbitrariedades en la apertura y clausura de establecimientos mercantiles, por lo que es fundamental la intervención de la Contraloría General del Distrito Federal a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la demarcación.”

Bajo tales argumentos, los legisladores proponen los siguientes resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal, a fin de realizar las investigaciones conducentes por los actos y omisiones en que incurrió Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, en relación a los permisos otorgados para realizar eventos privados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.

Segundo. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno, a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, inicien las investigaciones correspondientes sobre la comisión de probables irregularidades en la planeación, filmación y producción del evento privado realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores el pasado 13 de junio de 2014.

Tercero. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instancias correspondientes una auditoría integral a la Delegación Miguel Hidalgo en el periodo comprendido de octubre 2012 a julio 2014, a fin de deslindar responsabilidades por la comisión de múltiples irregularidades en la expedición de contratos de obra y permisos a establecimientos mercantiles.

Con respecto a la segunda proposición analizada en el presente, los proponentes señalan las siguientes Consideraciones:

La Rotonda de las Personas Ilustres se creó en el año de 1872 por el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, a efecto de erigir monumentos destinados a  guardar los restos, o a perpetuar la memoria de héroes y personas célebres de nuestra historia y cultura.

Precisamente el decreto que regula los términos bajo los que serán propuestos las personas a ocupar un sitio en tan célebre lugar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2003, expresamente señala en sus considerandos que a partir de la reforma constitucional de 1996, el Gobierno del Distrito Federal dejó de ser una dependencia de la Administración Pública Federal y que ésta, la Federación, debe continuar asumiendo los gastos de inhumación y homenaje en la Rotonda, con cargo al presupuesto de la Secretaría de Gobernación, misma que preside el Consejo Consultivo de la Rotonda.

Sin embargo, el artículo décimo cuarto del decreto señala que: En todo lo relacionado con horarios, requisitos administrativos, control sanitario, Registro Civil, así como cualquier otro trámite referente a las exhumaciones e inhumaciones, deberá estarse a lo dispuesto por las normas legales y reglamentarias en el Distrito Federal.

El decreto no faculta a la autoridad Federal a permitir o autorizar el uso de la Rotonda de las Personas Ilustres para realizar actos distintos para los que ha sido dispuesto el sitio. Cualquier decisión que vaya más allá de las disposiciones normativas establecidas en el Decreto, sería contraria a la legalidad que debe privar en su utilización. La Comisión Consultiva a la que alude el Decreto sólo tiene atribuciones para proponer a las personas ilustres cuyos restos pueden integrarse a la Rotonda.

En ese sentido, al ser el Panteón Civil de Dolores un espacio bajo jurisdicción del Gobierno del Distrito Federal, desde que fue adquirido en el año de 1880, corresponde a las autoridades de ese orden de gobierno establecer las reglas y protocolos de uso del sitio, en correspondencia con su naturaleza cívica.

Lamentablemente el pasado 13 de junio, en la Rotonda de las Personas Ilustres, se llevó a cabo una actividad que denosta la dignidad del sitio. Fue autorizada una celebración de carácter privado de la que aún no están claros sus fines pero que, en cualquier caso, nunca debió ser permitida, pues no se trató de un acto cívico que respondiera a la naturaleza histórica del lugar.

Más bien estamos frente a una conducta que raya en la imprudencia, la frivolidad y la falta de un mínimo de respeto al sitio y, por ende, a la memoria de quienes ahí reposan eternamente.

Quienes solicitaron el uso del espacio, únicamente demostraron su insensibilidad hacia los sitios emblemáticos de la cultura nacional, su falta de criterio para con la historia de México y una ausencia absoluta del principio de ciudadanía. No obstante, su inconciencia es irrelevante frente al significado que tiene autorizar, por parte de una autoridad, el uso insensato del mausoleo dedicado a las Personas Ilustres.

Los responsables de la custodia y administración de la Rotonda de las Personas Ilustres omitieron un principio básico de la Administración Pública: Utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos. Autorizar el uso del mausoleo fue ir más allá de sus atribuciones, por lo cual debe iniciarse una investigación respecto de las responsabilidades administrativas y en su caso, penales, a que hubiera lugar.

Con independencia de lo anterior, no obstante que la Rotonda de los hombres ilustres es un sitio bajo regulación Federal, existe una convergencia con las autoridades locales responsables del Panteón y respecto de la normatividad de protección del patrimonio cultural del Distrito Federal, toda vez que en el contexto de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, el Panteón Civil de Dolores, por ministerio de ley, es considerado un monumento urbanístico bajo la figura de espacio abierto, lo cual le confiere una categoría de protección especial que no fue atendida en ocasión a la celebración privada.

La misma ley señala como autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, entidad que por lo demás no ha emitido comentario alguno sobre el asunto. Es de destacarse que en cuanto a un bien cultural protegido, correspondería a esa autoridad establecer las reglas de uso de los sitios bajo su custodia, al margen de quién las aplique de manera directa.

Asimismo, derivado de la interpretación de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, correspondería también ciertas atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependencia que tampoco se ha expresado sobre el tema.

Es de señalarse que el Decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, se fundamenta en los artículos 5, 35 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por la relación que tiene con la historia el legado de las personas honorables cuyos restos son resguardados en la Rotonda.

De tal modo, los proponentes plantean los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Se solicita a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal iniciar una investigación sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a los Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública de ese Gobierno, que pudieran haber afectado la legalidad, imparcialidad y eficiencia o cualquier otra conducta, en el desempeño de su encargo respecto de la autorización para celebrar un acto de carácter privado en la Rotonda de la Personas Ilustres. Esta violación normativa y la ofensa que con la misma se ha provocado a la sociedad no puede ni debe quedar impune.

SEGUNDO.- Se solicita a las autoridades competentes precisen de manera limitativa el tipo de actividades posibles a realizar en la Rotonda de las Personas Ilustres y la autoridad designada para su autorización

La tercera proposición, que se dictamina en la presente Proposición, señala lo siguiente:

Muchas explicaciones se han dado al respecto, en días pasados el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, anunció que su administración sancionó con una multa de 500 días de salario mínimo (33 mil 650 pesos) a una casa productora (Claos Entertainment S.A de C.V) por la fiesta realizada en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Una sanción de esta dimensión, para el grado de daño patrimonial y moral es por demás insatisfactoria, pero al menos se ha señalado cierta responsabilidad en algunos de los involucrados.

No obstante, no debemos perder de vista que los principales responsables son, sin lugar a dudas, las personas a las que la ciudadanía ha encomendado su cuidado. El jefe delegacional encabezando este grupo y a los funcionarios de todas las dependencias responsables.

En ese sentido, podemos atender lo que dice la propia Dirección General Jurídica y de Servicios Legales de la demarcación, al determinar que una empresa privada incumplió con el contenido de la autorización emitida por la Delegación para el uso de las instalaciones del Panteón Civil Dolores.

Esta explicación, sin embargo, no es suficiente. Es difícil creer que una delegación, que atiende regularmente denuncias y quejas de la ciudadanía, por concentrar en su territorio grandes zonas habitacionales, no se hubiera percatado de la flagrante violación de su supuesta autorización, o que las fuerzas policiales y del orden público, hubieran pasado por alto la celebración de un evento con una cantidad considerable de invitados, en la que hubo música e ingesta de bebidas embriagantes.

La actitud de la actriz, que aparentemente festejaba su onomástico, o de su nutrido grupo de invitados que compartió en redes sociales su profunda alegría en el muy exclusivo convivio en un lugar público, puede ser reprobable. La opinión pública ha denunciado el hecho y ha criticado con vehemencia la profunda falta de respeto.

No obstante, lo que verdaderamente nos debe indignar pero sobre todo ocupar, es la displicente actitud de las autoridades encargadas del cuidado del Panteón Civil de Dolores y de su Rotonda.

La Delegación Miguel Hidalgo intentó justificar su poca diligencia con un supuesto dictamen realizado por la Asociación Civil FundArqMx, fechado el 10 de julio, en el que aparentemente se informa que no hay ninguna variación en el estado del recinto, con respecto a la inspección ocular llevada a cabo en la Rotonda de las Personas Ilustres el pasado 10 de mayo.

Del mismo modo, hizo referencia a un dictamen pericial del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que dio a conocer que como resultado de la visita de inspección hecha por su personal técnico, “… no se detectó daño físico en los monumentos sepulcrales y/o en el contexto inmediato que pudiera atribuirse a actividades recientes”.

Nosotros, respetuosamente, diferimos de estos Dictámenes.

El recinto probablemente no sufrió daños físicos notorios pero sin duda sufrió una seria afectación en la apreciación de los mexicanos y ante el Mundo. Un lugar llamado a conservar la memoria de lo mejor que ha dado nuestro país fue pisoteado en su dignidad, en un evento para el que las invitaciones burdamente retaban a asistir con la pregunta: “¿o te da miedo?

La Rotonda no es un lugar público en el que cualquier persona pueda hacer un convivio social, o restringirlo para su explotación con los deleznables fines de una reunión privada. No es tampoco un lugar turístico. Es un lugar de veneración, de admiración y de respeto a la memoria de personas que han contribuido al engrandecimiento de la Patria que, bajo ciertas condiciones y respetando determinados parámetros de conducta, pueden acceder las personas que así lo deseen.

Rosario Castellanos, Mariano Azuela, Virgina Fabregas, Agustín Lara, María Lavalle, Ramón López Velarde, Emma Godoy, Genaro Estrada entre muchos otros, mujeres y hombres que han enaltecido el nombre de nuestra Patria, descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. O pretenden descansar.

No queremos, como en otros casos, “chivos expiatorios”. Una carta firmada por el subdirector de servicios al Público, Rafael Del Val Ruiz, encargado de autorizar el uso del panteón, o incluso su destitución en el cargo no eximen de la responsabilidad del gobierno delegacional. Tampoco debemos caer en el juego de declaraciones y desmentidos de una u otra parte.

La serie de atribuciones competenciales que la Constitución establece a favor de las demarcaciones político-territoriales del Distrito Federal, no puede servir de excusa para que ignoremos este penoso suceso. Es nuestra responsabilidad como Legisladores Federales y como representantes populares conocer de primera fuente los mecanismos a través de los cuales se da el cuidado y mantenimiento de los recintos sagrados a nivel nacional y coadyuvar, si es necesario, para la modificación del marco normativo y que se atienda de mejor manera el Patrimonio Nacional, sea físico o, en este caso histórico y moral.

Llamo a las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas a que nos sumemos al presente Punto de Acuerdo para resolver la penosa situación y encontrar los mecanismos para dignificar los sitios de conmemoración y homenaje a lo mejor de nuestro País.

Bajo tal argumentación, propone los siguientes resolutivos:

Primero.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende un severo extrañamiento a las autoridades de la Delegación Miguel Hidalgo, ante la profanación de que fue objeto la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores el pasado viernes 13 de junio de 2014.

Segundo.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, a una reunión de trabajo, con el objeto de conocer las condiciones en que se otorgó el permiso y coadyuvar en la mejora de los mecanismos que ha implementado la Delegación a raíz de los eventos ocurridos el pasado viernes 13 de junio de 2014.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA.- Para esta Dictaminadora, es sumamente importante que se resguarden de manera adecuada los símbolos cívicos y culturales de nuestra sociedad, toda vez que estos nos brindan identidad y sentido de pertenencia como mexicanos. En consecuencia, esta Comisión condena enérgicamente el mal uso que pueda darse a cualquiera de estos, y en mayor medida, si dicho mal uso se deriva de un acto u omisión de una autoridad.

SEGUNDA.- Las tres Proposiciones que aquí se analizan, coinciden en solicitar a la Contraloría General del Distrito Federal que se realicen las investigaciones correspondientes, a fin de que se imponga una sanción y adicionalmente, se fije un precedente a fin de que los hechos relatados por los proponentes, no vuelvan a ocurrir.

Sobre lo anterior esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con los proponentes, no obstante, la Contraloría General del Distrito Federal ha emitido una resolución tocante a este tema, de lo cual se han desprendido sanciones para la Delegación Miguel Hidalgo, y la inhabilitación del funcionario que, según las investigaciones realizadas, resultó responsable del otorgamiento del permiso a través del cual se desarrolló un evento nocturno en la Rotonda de las Personas Ilustres.

En efecto, de acuerdo a un Boletín de Prensa de la Contraloría General del Distrito Federal, se dio a conocer que se inhabilitó por un periodo de tres años al funcionario de la Delegación Miguel Hidalgo, que otorgó el permiso para que se realizara el multicitado evento en la Rotonda de las Personas Ilustres y se emitió una recomendación a l Jefe delegacional en Miguel Hidalgo, para que fije la sanción a la empresa que desarrolló el evento en 333 mil 650 pesos.

De este modo, los resolutivos de las proposiciones en análisis que referían a que la Contraloría General del Distrito Federal, así como otras instancias de esta misma demarcación, realizaran las investigaciones pertinentes, ha quedado sin materia.

TERCERA.- Ahora bien, en el Decreto publicado el 4 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, se estipula entre otras cosas, lo siguiente

a) La creación de un Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para someter a consideración del Presidente de la República la propuesta de declaratoria de persona para su inhumación.

b) Que dicho Consejo Consultivo lo integran los Secretarios de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Educación Pública y Presidente de la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes.

c) Que todo lo relacionado a horarios, requisitos administrativos, control sanitario, registro civil, inhumaciones y exhumaciones deberá estarse a la normatividad del Distrito Federal.

En ese tenor y en particular a lo señalado en el inciso c),  el 15 de Junio de 2014, se presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita la comparecencia del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, en dicho órgano colegiado, a fin de que explique los términos en los cuales fue otorgado el permiso para la utilización de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Para esta Comisión Dictaminadora, el respeto pleno a la soberanía de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno, es fundamental. Por ello, es que los integrantes de esta Comisión, estimamos que citar a comparecer al Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo,  deberá competer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en pleno respeto a las atribuciones de esta y en acato al Decreto señalado en este mismo numeral. 

CUARTA.- En lo que concierne al último resolutivo de la primer Proposición en análisis, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, estimamos que no existe en el cuerpo considerativo de la Proposición, algún argumento que respalde la aprobación de dicho resolutivo. Adicionalmente a esto, la investigación que realizó la Contraloría General del Distrito Federal, consideró los contratos y permisos relativos a la problemática planteada por los proponentes. En consecuencia deliberamos que no es de aprobarse. 

QUINTA.-  No obstante todo lo anterior, esta Comisión estima que si bien se han establecido las sanciones por parte de la Contraloría General del Distrito Federal, y toda vez que el Concejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres es de carácter federal, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente aprobar el segundo resolutivo de la segunda proposición aquí analizada, con una modificación en su redacción, con el objetivo de que se emitan reglas limitativas respecto a las actividades que no se podrán realizar en dicho recinto.

Sin duda, la emisión por parte de las autoridades competentes de medidas de esta índole evitaría que en lo posterior, pudiesen presentarse hechos tan lamentables como los que han dado origen a las proposiciones aquí analizadas; y con ello, se contaría con un mejor resguardo de un recinto tan valioso para la vida cívica de nuestro país.

Con base en los numerales anteriores, esta Comisión acuerda el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, de manera coordinada, emitan disposiciones limitativas para las actividades que no se podrán desarrollar en la Rotonda de las Personas Ilustres; y que designen a un instancia del Gobierno del Distrito Federal para que sea esta la encargada de otorgar o denegar los permisos o autorizaciones correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora; suscrito por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 16 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora” presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el Oficio CP2R2A.-1975.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 16 de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

A. La proposición pretende:

Se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de México y la Delegación Venustiano Carranza presenten un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora.

Se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que presente un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones en relación a probables extorciones por parte de funcionarios de la Delegación Venustiano Carranza a locatarios del Mercado Sonora.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

 […]

El mercado “Sonora” ubicado en la colonia Merced Balbuena de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, representa un importante centro de abasto en el que se puede encontrar desde productos para el hogar como frutas, lácteos, verduras, hasta productos de medicina tradicional complementaria o alternativa. Desde su inauguración en 1957, en sus pasillos temáticos se ofrecen precios accesibles para todos los sectores de la población.

Este mercado público, constituye un pilar de la economía del Distrito Federal y forma parte de la estructura económica-social de las familias. Según datos de la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el 46% de los consumidores capitalinos se abastecen a través de canales tradicionales y el 4.9% de las personas compra sus alimentos en los mercados de la ciudad.

[…]

Lamentablemente sus inmediaciones como estacionamientos, calles aledañas, pasos y puentes peatonales están ocupadas por un centenar de comerciantes ambulantes, obstruyendo los accesos y estimulando un clima de inseguridad, que ha provocado bajas en las ventas, asaltos a los automovilistas y personas que acuden a desarrollar sus compras.

[…]

Tales acontecimientos han sido denunciados por los locatarios ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y autoridades de la Delegación sin tener apoyo, por el contrario, cuando exigen el retiro de los ambulantes han sido hostigados por funcionarios de la Delegación, concluyendo en clausuras injustificadas.

A todas luces simboliza un riesgo para los visitantes y una preocupación fundada para los locatarios, debido a que Protección Civil  determinó que en caso de una contingencia los vendedores ambulantes afuera del mercado representan un riesgo para la seguridad y auxilio oportuno, debido a que dificultarían el acceso de los cuerpos de apoyo como ambulancias o bomberos y peor aún, impedirían la evacuación eficaz.

[…]

El retirar a los ambulantes de estas vías momentáneamente no es suficiente para resolver la problemática, apremia su reubicación permanente, pero sobre todo, garantizar la seguridad de las personas en las instalaciones y sus  inmediaciones. Por la relevancia del asunto, es urgente que las autoridades del Distrito Federal, instrumenten las acciones necesarias para evitar que este fenómeno siga formando parte de la cotidianidad de los mercados en la Entidad. 

III. CONSIDERACIONES

Los vendedores ambulantes son un serio problema en el Distrito Federal. En principio, los afectados por esta actividad ilegal son los comerciantes establecidos, los que sí pagan impuestos. Pero no sólo los comercios en los que se disminuyen las ventas por los robos o  por las ventas ilegales de los comercios ambulantes sufren una afectación, también se afecta la economía de la ciudad y del país.

En 2005, la CONCANACO (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio) sostuvo que en los dos años anteriores el comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por ciento anual, muy por encima del dinamismo del producto interno bruto nacional que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que los ambulantes conforman 78 por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600 millones de pesos mensuales, lo que se traduce en casi 60 millones de dólares, las cuotas que pagaban a autoridades corruptas para su protección. El comercio informal trajo para el país en ese año, una pérdida de casi 110 mil millones de pesos tan sólo en el centro histórico.

En abril de 2007, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey calcularon que las pérdidas al año, por el comercio informal, al fisco, eran de  alrededor de 4 por ciento del PIB.

Las cifras antes citadas nos ayudan a reflejar parte del serio problema que enfrentan día a día los locatarios del mercado de Sonora. Aunado a lo anterior, muestran que los locatarios son los afectados directos pero la federación y todos nosotros también nos afectan indirectamente.

En el mismo sentido se considera, como lo establece el dictamen, que la proliferación del comercio informal en la zona, además de los problemas técnicos económicos antes mencionados, es probable que transgredan el contenido de los artículos 8, 63 y 73 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal.

Cabe destacar que el pasado 30 de julio del presente trascendió en los medios de comunicación que el Agrupamiento de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal aseguró una granada de fragmentación al interior del mercado de Sonora, misma que fue localizada en un local ubicado en el pasillo 4 del interior del mercado, por lo que comerciantes y clientes fueron desalojados de las instalaciones del mercado, por lo que la seguridad tanto de quienes acuden a comprar productos, como de los propios comerciantes, debe ser prioridad para las autoridades del Distrito Federal.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de México y la Delegación Venustiano Carranza, presenten ante esta Soberanía un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que presente un informe sobre los avances en las investigaciones en relación a probables extorsiones por parte de funcionarios de la Delegación Venustiano Carranza a locatarios del Mercado Sonora.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a comparecer ante esta soberanía, a fin de informar y dar a conocer de manera precisa en qué consisten las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para resolverlas, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Sesión de la Comisión Permanente celebrada el 28 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de mayo de 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribieron la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a comparecer ante esta soberanía, a fin de informar y dar a conocer de manera precisa en qué consisten las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para resolverlas.

b. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de junio del 2014, los Diputados Williams Ochoa Gallegos y Fernando Donato de las Fuentes Hernández  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribieron la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, una vez que tenga la carpeta de investigación de la Línea 12 del Metro, consigne ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que éste gire las órdenes de aprehensión a los responsables del desfalco y mal funcionamiento de dicha línea.

c. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 16 de julio de 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribieron la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Jefe de Gobierno,  a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de informar a esta soberanía de manera pronta sobre las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores públicos, que por sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la denominada “Línea Dorada”.

d. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 16 de julio de 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribieron la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a sancionar a los responsables de las deficiencias en la construcción y operación de la línea 12 del metro, así como a informar a los usuarios la fecha de la reapertura del servicio en dicha línea.

e. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas proposiciones fueron turnadas a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los senadores proponentes, manifiestan que la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo denominada “Línea Dorada” desde su apertura, es la que ha presentado el mayor número de inconsistencias, las cuales por un lado, se traducen en un servicio lento e inseguro que incluso tuvo que ser suspendido, y por el otro lado, en afectaciones para el personal, y operadores.

En la propuesta indican que la línea 12 del metro, cuenta con un total de 24,475 km, de los cuales 20,278 km son para el servicio de pasajeros y 4,197 km para el servicio de mantenimiento; se hace mención que el formato de vialidad presenta 2,834 km en modo superficial, 12,068 km en viaducto elevado, 2,807 km en cajón subterráneo y 6, 766 km en túnel profundo.

Por otra parte, señalan que con esta línea, el Gobierno del Distrito Federal pretendía atender una demanda superior a los 367 mil pasajeros  diarios, lamentablemente con su cierre se afecta a los habitantes del sur de la ciudad, representando pérdida de tiempo para los habitantes.

Hacen referencia que, entre las suspensiones del servicio destacan las del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2013 durante fines de semana; 4 de octubre de 2013 por mantenimiento de la estación Tláhuac a la Tezonco; 17 de febrero 2014 debido a mantenimiento preventivo y actualmente por las irregularidades en vías, rieles, sujetadores, agujas y durmientes.

De igual manera señalan que, para poner en funcionamiento nuevamente la línea 12, se han adjudicado una serie de contratos a favor de la empresa Ingenieros en Mantenimiento Aplicado (IMA), por un monto de 176 millones de pesos y a la empresa Alstom para el mantenimiento del equipo electromecánico, por un monto de 198 millones de pesos que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

Los Senadores promoventes, indican que a más de dos meses de la suspensión del servicio en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no hay ni soluciones concretas ni responsables, en cambio lo que continua es la afectación a más de 450 mil habitantes que no pueden utilizar este medio de trasporte.

Consideran fundamental determinar el origen de las fallas que han derivado en el cierre de las instalaciones y a partir de esta información, establecer de manera puntual quiénes son los responsables, para que éstos respondan por sus acciones. Indican que con la falta de respuesta de las autoridades capitalinas queda claro que diversos funcionarios públicos actuaron de manera irregular, irresponsable e imprudente.

Los proponentes consideran necesario que el Jefe de Gobierno acuda ante esta soberanía nacional e informe sobre las acciones, responsables y fecha de reapertura del servicio, esto en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información gubernamental, pero sobre todo, con el fin de dotar de certeza y seguridad a los usuarios y a la población en general.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a comparecer ante esta soberanía, a fin de informar y dar a conocer de manera precisa en qué consisten las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para resolverlas.

La segunda propuesta, señala que La Línea 12 del Metro, contaba con una afluencia total de 435 mil usuarios por día y tiene 20 estaciones. Cruza de poniente a oriente de la ciudad. (Mixcoac - Tláhuac) y fue inaugurada el 30 de octubre del 2012 por el entonces Jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón y por el Ex presidente Felipe Calderón. Su extensión es de 24.5 km de vías dobles en operación e integrada por 30 trenes.

Se dice que hasta ahora se conoce que las aportaciones federales para la construcción de la Línea 12 fueron de 14 mil 361 millones de pesos, por medio del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), también el convenio de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Fondo Metropolitano. Estos fueron recursos que se ejercieron y estaban previstos en el Presupuesto de Egresos 2008 y 2012.

Asimismo, se asegura que después de una revisión exhaustiva que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública, la Institución confirmó que  el Gobierno de la Ciudad de México, no pudo justificar el pago que realizó con recursos del Fondo Metropolitano, por la cantidad de 489 millones 422 mil 377 pesos, mismos  que no fueron formalizados mediante contrato, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo anterior,  se señala que la Secretaría de la Función Pública solicitó al actual Gobierno de la Ciudad de México reintegre dicha cantidad a la Tesorería de la Federación.

No obstante, los promoventes señalan que El Gobierno del Distrito Federal promovió un Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de la resolución de la Secretaría de la Función Pública que señalaba el regreso de recursos a la federación por la cantidad de 489 millones 422 mil 377 pesos; con lo cual obtuvo una suspensión y con ello tiempo.

De este modo, en la proposición se plantea que el problema de la línea 12 afecta diariamente a miles de ciudadanos, más aún cuando no hay fecha de reapertura. Para ello con el fin de responder a varios cuestionamientos; en su momento, se propone a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la comparecencia de diversos funcionarios que conocen la problemática y pueden señalar a los responsables por acción u omisión en las decisiones sobre la construcción, operatividad y funcionamiento de la línea 12.

Por todo lo anterior, se propone el siguiente resolutivo:

PRIMERO.  La Comisión Permanente, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que una vez que tenga la carpeta de investigación de la línea 12 del metro, consigne ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que éste gire las órdenes de aprehensión a los responsables del desfalco y mal funcionamiento de dicha línea, con el fin de que no evadan la acción de la justicia;

SEGUNDO. Se exhorta a la Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados, para que cite a comparecer a los jefes directos y titulares de dependencias del Gobierno del Distrito Federal, así como a los representantes del consorcio constructor, para que rindan cuentas sobre las irregularidades de la línea 12, den a conocer cómo será reparada dicha línea y cuándo será la reapertura.

Por su parte, en la tercera Proposición, se señala que en concordancia con el informe realizado por la empresa Systra, la cual aseguran los proponentes que fue contratada por el Gobierno del Distrito Federal para realizar el diagnóstico de las fallas en esta línea del metro, y que confirmó que la causa que originó la principal problemática que llevó al cierre parcial de esta línea, fue la incompatibilidad entre los rieles y la rodadura de los trenes.

Indican que esta determinación es fundamental en virtud de que a partir de ésta se llevarán a cabo los trabajos de reparación para la rehabilitación y reapertura de las once estaciones que actualmente no brindan servicio.

En relación a la incompatibilidad, en el informe se establecen las siguientes consideraciones:

La incompatibilidad se da a nivel de la interfaz riel/rueda, produciendo un desgaste ondulatorio que hace que hace vibrar los trenes.  

En el balasto (piedras ubicadas entre los durmientes de la vía), el material está por debajo de los estándares internacionales.

El sistema de vías férreas tiene el diseño típico de un metro, empero las ruedas de los 30 trenes que corren por la Línea 12 corresponden a un tren suburbano.

La incompatibilidad también obedece a que el bogie (una especie de canasta que une las ruedas con el tren) esté muy ajustado y al momento de tomar las curvas, los trenes no tengan un mecanismo de contención, lo que provoca que el tren pierda balance y estabilidad.

El bogie no es óptimo para las líneas que tienen curvas de radios pequeños.

Ante esta realidad, los legisladores proponentes concluyen que resulta pertinente que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones necesarias, a fin de deslindar de responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la construcción de dicha Línea del metro.

Acorde con lo anterior, el resolutivo de esta segunda Proposición dice a la letra:

ÚNICO. La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno,  a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de informar a esta Soberanía de manera pronta sobre las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores públicos, que por sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la denominada “Línea Dorada”.

En lo que respecta a la cuarta proposición enlistada en este dictamen, los proponentes señalan lo siguiente:

“La interrupción del servicio de la Línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, por la negligencia, corrupción y deficiencias en la construcción y operación del sistema, ha sido una de los grandes fracasos del gobierno de la ciudad al afectar cotidianamente a cientos de miles de usuarios, capitalinos y visitantes que han visto mermada su capacidad de movilidad citadina con lo que han tenido problemas de toda índole pues sus traslados hacia sus centros de trabajo, escolares o de entretenimiento, han sido abruptamente modificados con la interrupción de los servicios de la L12 y con la sustitución de los mismos por deficientes servicios de trasporte en autobuses de mala calidad, a todas luces insuficientes e inseguros.

Más aún, los ciudadanos afectados por esta situación se sienten burlados al conocer prácticamente todos los días, sobre la enorme cantidad de insuficiencias, deficiencias, actos de corrupción y negligencia de servidores públicos responsables de este fiasco citadino sin que a la fecha exista una sanción, contra ninguno de los numerosos responsables. Peor aún, la incertidumbre existente en torno a la corrección y eventual reapertura de la L12 les impide conocer con una mínima y razonable precisión, las fechas en las que podrán utilizar de nueva cuenta, su habitual medio de transporte.

Por si fuera poco, esta crisis de movilidad generada por la ineficiencia del gobierno de la ciudad, causa no solo insatisfacción a los usuarios sino también confusión y desinformación, pues el actual y anterior Jefes de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, están mucho más preocupados por no asumir el costo político individual de esta comedia de errores y fracasos, que por informar con transparencia y honestidad a la ciudadanía sobre las razones, acciones, sanciones y correcciones relativos al problema de la Línea 12. Mientras tanto, la afectación económica a la ciudad y el daño cotidiano individual a más de 500 mil usuarios, sigue sin ocupar la mínima prioridad en el discurso y acciones de ambos personajes.

Es conveniente recordar que desde el dos de mayo del presente año, se dio a conocer que desde la suspensión en la Línea 12, el Metro ha sufrido pérdidas económicas por más de 491 millones de pesos y dejó de tener ingresos por 38 millones de pesos por la venta de boletos mientras que incurrió en un costo de88 millones 600 mil pesos por el uso de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros -RTP-, durante dos meses, lo que suma 126 millones 600 mil pesos. Es importante señalar que el Secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Edgar Amador ha señalado que para atender este servicio emergente, las unidades de RTP han dejado de dar servicio en varias zonas de la ciudad de México y se han adquirido más unidades ante la demanda que se ha registrado en la delegación Tláhuac.

Adicionalmente, debido al incumplimiento del contrato del consorcio constructor ICA-Carso-Alstom, el Metro firmó dos nuevos contratos por 365 millones de pesos, con dos empresas diferentes, para labores de mantenimiento en las vías y en el sistema electromecánico de la Línea 12. Estos recursos, informó el Sistema de Transporte Colectivo Metro, han afectado aún más el ya de por si apretado presupuesto del servicio.

Por si todo ello fuera poco, hace unos días, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó que los trabajos de rehabilitación del tramo afectado de la Línea 12 del Metro estarían concluidos para el 29 de agosto y no en junio, como originalmente se había anunciado con base en el cronograma de actividades de la empresa Systra, por lo que se puede inferir que todavía no hay una fecha precisa de reapertura después de más de cuatro meses de que se suspendió el servicio de más de la mitad del servicio de “Línea Dorada”

Por otra parte, el día nueve de julio del presente año, se dio a conocer públicamente la noticia que Hiram Almeida, Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, confirmó que la dependencia a su cargo tiene abiertos procedimientos administrativos contra al menos 19 funcionarios de la actual y anterior administraciones capitalinas por el caso de la Línea 12 del Metro, sin que a la fecha se haya conocido de ninguna sanción a pesar de la evidente falta en la que han incurrido servidores públicos de todos los niveles, incluyendo al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, el actual Director del Metro, Joel Ortega, y el actual Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera a pesar de haber flagrantemente incurrido en el incumplimiento de protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, según se evidencia en los dictámenes de las empresas certificadoras.”

Bajo tales argumentos, proponen el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a sancionar a los responsables de las deficiencias en la construcción y operación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro así como a informar a los usuarios la fecha de la reapertura del servicio.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Para esta dictaminadora es fundamental que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cumpla con la misión de proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Conforme a la información proporcionada en el portal Web del Gobierno del Distrito Federal y del Sistema de Transporte Colectivo, la Línea 12 se puso en operación el 30 de octubre del 2012 y desde mediados de 2013, la línea 12 ha presentado problemas en servicio, derivados del desgaste de vías, y por consiguiente ha sido sometida a constantes períodos de mantenimiento para intentar corregir estos problemas, la suspensión del servicio de trenes se realizó durante los fines de semana entre el 2 de agosto y el 30 de noviembre de 2013; semanas más tarde, el 4 de octubre de 2013, inició otro periodo de mantenimiento desde la estación terminal Tláhuac hasta la estación Tezonco, al igual que en agosto, el mantenimiento se realizó los fines de semana; el 17 de febrero de 2014 inició un período más de mantenimiento que se efectuó diariamente y las actividades realizadas fueron: re nivelación y reajuste de los rieles, compactación del balasto, apriete y/o sustitución de los elementos de sujeción de rieles y durmientes; además, durante el horario de servicio se decidió operar los trenes a una velocidad menor a los 35 Km/h denominada marcha de seguridad.

El 11 de marzo de 2014 Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Trasporte Colectivo (STC) anunció la suspensión del servicio por tiempo indefinido, entre la terminal Tláhuac y la estación Culhuacán, en la que el Director Joel Ortega admitió que el servicio no podía continuar debido a graves fallas en el tramo elevado lo que incrementaba las posibilidades de descarrilamiento de los trenes.

El Consejo de Administración del STC aprobó la contratación de las empresas ferroviarias francesas Third Country Operators (TSO) y Systra, para que emitan su opinión sobre las posibles soluciones a los problemas que enfrenta la Línea 12.

Es importante mencionar que, el lunes 7 de abril, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el cual se delega a la Secretaría de Obras y Servicios la facultad de llevar a cabo los trabajos de diagnóstico y rehabilitación necesarios para la puesta en operación de dicho corredor de transporte.

Con base a estas atribuciones conferidas, el Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que la Secretaría de Obras inició el levantamiento de muestras y análisis de la información técnica, a fin de hacerse de todos los elementos que permitan definir una acción tendiente a la rehabilitación de esta Línea del Metro. En cumplimiento al compromiso de dar a conocer los primeros avances de dicho diagnóstico durante la segunda semana de mayo.

Las empresas especializadas TSO y SYSTRA el día 13 de mayo de 2014, presentaron sus primeras recomendaciones y como lo informó el Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Edgar Tungüí Rodríguez dieron inicio esa misma semana.

Las acciones son: la sustitución de agujas en aparatos de vía, que es lo que se ha detectado; estudiar la correcta aplicación de engrasadores y lubricadores, ya sea en tren o en los sistemas fijos, es decir, en la vía; respecto al diseño del proyecto, ajustar los valores de separación entre el riel y el contra riel de la vía, sobre todo en las curvas.

La Secretaría de Obras y Servicios destaca que el inicio de estos trabajos permitirá reducir los tiempos de apertura de la Línea 12. Su ejecución será paralela a los estudios en marcha de TSO y de SYSTRA, es decir, esos trabajos que se pueden realizar desde este momento no van a retrasar el programa de avance que hemos planteado desde el origen

Las empresas TSO y SYSTRA continuarán con el estudio y análisis cuyos resultados servirán para que la Secretaría de Obras y Servicios defina el programa de acciones que pondrá en marcha la Línea 12, nuevamente al 100 por ciento.

La Secretaría de Obras y Servicios está enfocada únicamente a la rehabilitación de la Línea 12, las revisiones legales y administrativas corren a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México y de Servicios Legales, así como de la Contraloría General del Distrito Federal,  respectivamente.

Se considera relevante informar que el primer informe preliminar ha sido enviado ya a la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro en la Asamblea Legislativa, a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México y a la Contraloría General con la finalidad de coadyuvar a las indagatorias correspondientes.

Esta Comisión dictaminadora informa que el 21 de marzo del presente, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, compareció ante la comisión Especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para explicar las fallas en la infraestructura que llevaron a suspender casi la mitad del servicio en la Línea 12.

En el mismo sentido, el Director General del STC, el pasado 8 de abril sostuvo una reunión de trabajo con legisladores que integran la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, con la finalidad de dar a conocer el estado en que se encuentra la Línea 12, así como las causas que llevaron a tomar la determinación de suspender temporalmente el servicio en 11 estaciones en el tramo Tláhuac – Culhuacán.

En este sentido, esta Comisión considera de vital importancia conocer el origen de las fallas que ocasionaron la suspensión del servicio y las acciones que han llevado a cabo para su mantenimiento que deba darse, a fin de que el servicio se restablezca lo más pronto posible, con plena seguridad para los usuarios, e inclusive se determinen las consecuencias legales conducentes.

Es por ello que los legisladores de esta Primera Comisión estiman conveniente que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las dependencias correspondientes, remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, las acciones que se han llevado a cabo para resolverlas y el tiempo estimado en que se dará el servicio nuevamente.

Con lo que respecta a la segunda Proposición analizada en este Dictamen, los integrantes de esta Comisión estimamos que para poder solicitar un informe sobre las acciones legales emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal, en contra de los posibles funcionarios o empresas responsables de las fallas que han ocasionado el cese parcial del funcionamiento de esta línea del metro, debe existir en primera instancia un informe final y definitivo de las causas que originaron esta circunstancia.

No obstante lo anterior, el Presidente de la Comisión de la Comisión de Investigación para la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Gaviño Ambriz, informó en días recientes que hasta finales de agosto las empresas Systra y TSO tendrán el informe final sobre las fallas en el servicio. De este modo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, estimamos que hasta que no se tenga ese informe final, sería procedente solicitar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal y a las instancias correspondientes, la información con respecto a los procesos legales que se puedan interponer contra los responsables de estas fallas.

Por tato, la segunda Proposición analizada estimamos que no es de aprobarse. 

Respecto a la tercera Proposición en análisis, los integrantes de esta Comisión estimamos que tal y como lo dicen los proponentes en sus consideraciones, mismas que coinciden con los razonamientos de esta Comisión Dictaminadora, en las cuales a decir del Gobierno del Distrito Federal y de la Contraloría General, existen procedimientos abiertos, lo cual no descarta la posibilidad de que de estos resulten sancionados diversos funcionarios.  Por ello es que estimamos que es conveniente que los procedimientos concluyan a fin de que se puedan fincar responsabilidades.

Por su parte, en lo relativo a la parte en la que se informe la fecha de reanudación de las actividades de esta línea, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos, al igual que en la segunda proposición aquí analizada, que para tales efectos sería necesaria la entrega del informe final de las fallas. Por tanto, estimamos que esta tercera proposición no es de aprobarse.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1, 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las dependencias correspondientes,  remita un informe detallado sobre las fallas técnicas-humanas que provocaron el cierre de la línea 12 del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, las acciones que se han llevado a cabo para resolverlas y la fecha en que se reanudará el servicio en beneficio de la sociedad.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 23 de julio de 2014, la Proposición con punto de acuerdo por la que se por laque se exhorta a los gobiernos y congresos locales de diversas entidades federativas a formular y expedir leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente  procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 23 de julio del presente, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los gobiernos y congresos locales de diversas entidades federativas a formular y expedir leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio CP2R2A.-2146.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente plantea que “…uno de los procesos más importantes que ha tenido México en su historia reciente ha sido la transición democrática y su consolidación en cada vez más estructuras, instituciones y organizaciones gubernamentales, pero también, como modelo de convivencia social, que abre mayores espacios a la participación social, ante una mayor pluralidad tanto política como social.

Tradicionalmente las áreas de participación social de las organizaciones se han enfocado al desarrollo social, el medio ambiente, los derechos humanos, construcción y cada vez más sobre acciones de construcción y fortalecimiento de ciudadanía, cultura democrática y participación ciudadana.

Ciertamente éste proceso de mayor presencia de grupos sociales organizados, es relativamente nuevo en nuestro país, ya que la mayoría de las organizaciones datan en su creación, de los años ochenta.

Ello ha implicado una presencia de la sociedad civil más importante como actor en el quehacer público nacional, siendo al mismo tiempo causa y efecto de los cambios democráticos. En síntesis, estamos ante una nueva fuerza transformadora que libera energías sociales, ésta es, la participación organizada de la sociedad en la atención a problemas sociales.

El reto es cómo potenciarla y encauzarla, ya que plantea retos para la adecuación de leyes y organizaciones gubernamentales, para interactuar y sumar esfuerzos a favor de la resolución de los problemas sociales.

El legislador señala “…de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), hasta 2010, en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil se tenían registradas 12 mil 602 agrupaciones.

Aunque abundan datos en la literatura del rubro, acerca de que pueden existir hasta 35 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC), número limitado frente a la presencia en otros países, por ejemplo en Brasil de 200 mil, en Colombia de 135 mil y en Estados Unidos, de al menos un millón.

Otro dato que muestre el área de oportunidad en el fomento a la sociedad civil organizada, es el hecho de que hasta el año 2011, solo 5 mil 300 OSC contaban con el registro de donatarias autorizadas.

Es conveniente recalcar que las organizaciones ciudadanas son muy importantes ya que hacen aportaciones a la resolución de problemas sociales, e incorporan a las políticas gubernamentales una visión más plural y la visión ciudadana.

Pero es también importante reconocer que existe un gran trabajo por realizar, para incentivar con buenos resultados la participación y trabajo de más organizaciones en todo el país.

Si consideramos que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene precisamente este objeto, es viable pensar que el esfuerzo que se hace en ámbito federal desde su entrada en vigor, debe replicarse en cada una de las entidades federativas. “

Derivado de lo anterior, el proponente resalta “…debemos asumir que la pluralidad y la democracia llegaron para quedarse y que las son inevitables las políticas públicas de impulso y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones civiles bajo un marco jurídico adecuado, no compiten ni desplazan al gobierno. Por el contrario, complementan y llevan un mejoramiento social, porque en ellas están las mejores ideas para enfrentar los retos.”

Con lo anterior formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO.-Se exhorta a los Gobiernos y Congresos Locales de los Estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, para que formulen y expidan leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

La sociedad civil se ha organizado en México desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, salud, entre otros.

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

El 9 de febrero de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que incorpora lineamientos para el fomento de este tercer sector, a través de bases y criterios específicos.

Señalando al respecto:

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5 de esta ley;

II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello;

III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo;

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades, y

V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 de la misma.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

IV. Asistencia jurídica;

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Promoción de la equidad de género;

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

X. Promoción del deporte;

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;

XV. Participación en acciones de protección civil;

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y

XIX. Las que determinen otras leyes.

La legislación mexicana garantiza la libre asociación de las personas, siempre y cuando sus fines sean lícitos. Esto ha permitido la constitución de instituciones que sin fines lucrativos trabajan en beneficio de la sociedad, y que en conjunción con el Estado, coadyuvan al desarrollo del país.

Para alentar el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en lo que concierne a las organizaciones que trabajan en los campos de la asistencia, la promoción y el desarrollo social, así como las que promueven la apertura de espacios ciudadanos y el respeto y la expansión de derechos sociales, civiles y políticos es necesario realizar una serie de modificaciones legislativas, fiscales y de política pública que permitan crear un entorno para su evolución y crecimiento.

Algunos gobiernos locales han establecido reglas especiales para que instituciones del tercer sector se beneficien de subsidios fiscales en materia de impuesto predial, derechos de agua, impuestos sobre nómina y de los impuestos de traslación de dominio. Es un gran aliciente para las personas involucradas en este sector que el gobierno les otorgue esta ayuda puntual. 1

Cuarta.- Una Organización de la Sociedad Civil es una asociación de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales, actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico situándose por fuera del sistema político, y sin seguir la lógica del mercado.

En la exposición de motivos el proponente refiere: “que de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), hasta 2010, en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil se tenían registradas 12 mil 602 agrupaciones”.

Cabe señalar que las organizaciones ciudadanas son muy importantes ya que hacen aportaciones a la resolución de problemas sociales, e incorporan a las políticas gubernamentales una visión más plural y la visión ciudadana.

De ahí que una ley de carácter local generaría un marco más adecuado para el fomento de las organizaciones, apegado a la realidad y necesidades sociales, así como a las expectativas de las propias organizaciones con presencia comunitaria y regional al interior de los estados.

Quinta.- La Secretaria de Gobernación, por medio de la Unidad para la atención de las Organizaciones Sociales, se encarga de prevenir y atender los conflictos comunitarios, proponiendo estrategias de solución, en coordinación con instancias de gobierno, así como propiciar que las actividades de las organizaciones políticas, sociales y civiles se desarrollen en el marco de la ley.

La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales tendrá, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, tiene las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al Secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con instituciones y organizaciones sociales y civiles, salvo aquellas que correspondan a otra unidad administrativa de la Secretaría;

II. Recibir, atender y, en su caso, remitir a las instancias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las peticiones que formulen las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles;

III. Intervenir en el ámbito de competencia de la Secretaría, en la solución de problemáticas que se le planteen por parte de los ciudadanos y de las organizaciones e instituciones políticas, sociales y civiles, así como propiciar que las actividades de dichas organizaciones e instituciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales y de gobernabilidad democrática;

IV. Auxiliar al Secretario en el diseño, instrumentación, ejecución y seguimiento de proyectos, planes y acciones para la atención oportuna de los problemas planteados por los ciudadanos y sus organizaciones, así como en la realización de acciones de concertación para la distensión y, en su caso, solución de conflictos, y

V. Establecer y conducir las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas y municipales para la atención de la problemática y conflictos de los ciudadanos y sus organizaciones.

Asimismo, dicha Unidad, cuenta con un directorio de carácter informativo, con el objeto de coadyuvar a la difusión e interrelación de las organizaciones de la sociedad civil.2

Asimismo, en la reforma del 9 de febrero de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación por la que se expide Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, no existe disposición transitoria que obligue a los Congresos de los Estados a emitir legislación alguna en la materia, por lo que al respecto esta Comisión Dictaminadora considera pertinente, exhortar a la Congresos de los Estados que no cuentan con legislación en la materia,  para que formulen y expidan leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto a su Soberanía, solicita a los Congresos de los Estados que no cuentan con legislación en materia de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, a que formulen y expidan leyes en dicha materia.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.

1 http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc151/civil

2 http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/es/Organizaciones_Sociales/Directorio_de_OSC





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura le fue turnada el pasado 29 de Julio de 2014, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente  al Titular de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la secretaría de seguridad pública de esta misma entidad resuelva el problema relativo a la desaparición de casi 33 mil balas en la policía auxiliar”, suscrita  por los Diputados José Luis Flores Méndez, Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes 29 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo ya referida.

B. En la misma fecha, dicha Proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio: CP2R2A.-.

II. CONTENIDO

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional declaran:

“La portación de arma de fuego es un derecho humano reconocido por el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio está regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a través de la cual se establecen los límites en los cuales una persona puede o no portar armas de fuego. Derivado de esto es que las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad en el país y las entidades de la república tienen la responsabilidad de proteger este derecho y al mismo tiempo limitarlo, incautando y resguardando así cualquier arma de fuego o cartuchos que produzcan riesgo inminente a la sociedad.

La portación ilegal de armas de fuego ha contribuido a que los niveles de inseguridad en diversas entidades del país haya aumentado, siendo  el caso del Distrito Federal, entidad federativa donde, según datos recientemente revelados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, hasta mayo del presente año se habían registrado 10,393 robos con violencia, 539 lesiones dolosas con arma de fuego y 183 homicidios dolosos por arma de fuego.

Es en este sentido que las autoridades de la Capital de México deben de tener todos los cuidados en el uso, manejo y resguardo de las armas de fuego, cartuchos y balas que tienen para su uso, por lo que la desaparición de tan sólo un arma sin explicación aparente pone en alto riesgo la seguridad de los capitalinos.

Un caso muy delicado en este tenor es la desaparición de casi 33 mil balas en la Policía Auxiliar registradas el pasado 1 de mayo de 2013 por parte de ocho elementos del Estado Mayor Policial y Uno del Área de Armamento y Municiones, entre las que se encontraba 31,997 balas calibre .38, 85 de calibre 12 GA y 624 calibre 30milímetros, lo que da un total alarmante de 32,706 balas sin explicación de su paradero.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) inició una investigación al interior de la Policía Auxiliar bajo el expediente PADF/DEOP/T1/12352013, a través de la cual se busca encontrar las balas “perdidas” y a los responsables de este hecho. Por desgracia, hasta junio de este año las autoridades del gobierno capitalino no habían dado ningún resultado. El titular de la Policía del Distrito Federal informó que la Dirección de Inspección Policial está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el pasado 17 de junio del año en curso se solicitó ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, principal autoridad en el manejo de armas de fuego), con la finalidad de revisar la referida desaparición.

Preocupada por estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la SSPDF, desde el momento que se hizo pública esta desaparición, un informe sobre la investigación realizada respecto de este problema. El estudio del mismo se está llevando a cabo por la Primer Visitaduría.

A pesar de que la desaparición de estas balas surgió hace poco más de un año, las autoridades correspondientes no han arrojado ningún resultado, lo cual deja lugar a duda de la efectividad de la investigación y los estándares de seguridad de las herramientas utilizadas por la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

Es por ello que no podemos permitir ni dejar pasar un problema tan importante como es la inexplicable pérdida de las balas en la Policía Auxiliar, siendo esta una institución que resguarda la seguridad de los capitalinos y en la cual se tiene una certera confianza de que la misma protegerá a los ciudadanos

Por lo anterior, los Diputados propusieron lo siguiente:

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Secretaría de Seguridad de esta misma entidad informe sobre la investigación respecto de la desaparición de las 32,706 balas en la Policía Auxiliar del Distrito Federal y se sancione a los responsables.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se fortalezcan los parámetros de seguridad en el uso y resguardo de armas de fuego, cartuchos y balas de esta institución.

III. CONSIDERACIONES

A. Esta Comisión estima relevante la inquietud de los proponentes, toda vez que el control de armas en un Estado de Derecho es fundamental, pues al Estado  le está reservado el uso legítimo de la fuerza. En este sentido, tal fuerza se ejerce bajo el imperio de la ley, la cual establece los procedimientos y medidas que se deben tomar para garantizar la seguridad de la sociedad mexicana. Por lo que el número de armas y la determinación de quien las maneja, debe ser siempre objeto de vigilancia por parte de las autoridades.

B. En mayo de 2013 se inició una auditoría ordenada por el Director de la Policía Auxiliar del DF, Juan Jaime Alvarado, en un almacén de municiones de la institución que detectó un faltante de más de 30 mil balas. Esto derivó en la intervención de la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública  del Distrito Federal que inició una investigación del caso.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública  Jesús Rodríguez Almeida, manifiesta en diversas entrevistas  que dicha investigación sigue en curso y que aún está por determinarse la veracidad de dicha información y en todo caso el número de cartuchos faltantes, por lo que no hay responsables aún.

C. Por otro lado, diversos medios establecen, que ha petición del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) con motivo de un recuento de los cartuchos forma parte de dicha investigación. En el mismo sentido establecen que la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal CDH-DF pidió a dicha Secretaria un informe del Estado de las investigaciones por el extravío de dichas proyectiles. Sin embargo, tal información so se encuentra dentro de los comunicados oficiales de ninguno de estos organismos.

Por lo que los integrantes de esta Comisión Permanente consideran pertinente saber el estado que guarda dicha investigación, toda vez que el esclarecimiento de dichos supuestos resulta de gran interés para los ciudadanos del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita  respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal que, en el ámbito de sus atribuciones, remita un informe a esta Soberanía sobre las investigaciones respecto a la desaparición de cartuchos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada:

a) La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la política migratoria del Estado Mexicano cumpla con los estándares contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en la materia”, suscrita por el Diputado Ricardo Monreal Ávila integrante del Partido Movimiento Ciudadano (MC); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Migración-Monreal.

b) La “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes”, suscrita por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Javier Lozano Alarcón del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN); proposición a la que, en lo sucesivo, se denomina proposición Migración-PAN.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 16 de julio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Migración-Monreal, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 16, de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

D. En la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 23 de julio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Migración-PAN, enunciada en el proemio del presente.

E. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 17, de la Comisión Permanente, el 23 de julio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición Migración-Monreal; pretende:

1. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la política migratoria del Estado Mexicano cumpla con los estándares contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en la materia.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración es el “término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas.”

En México, los datos arrojados en el reporte del Relator de las Organizaciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, muestran que la población migrante en tránsito por México, es de 400 mil personas aproximadamente.

Como sabemos, el tren que transporta mercancías de la frontera sur a la del norte, mejor conocido como “La bestia” o “El tren de la muerte” es la vía más recurrida por la que miles de migrantes tratan de cruzar nuestro país; sin embargo, este viaje tiene un altísimo costo para quienes deciden subir en él.

Se viaja a la intemperie, con riesgos de caerte, sol, hambre, por lugares remotos, te puede tumbar una rama de árbol, te puedes caer por sueño, te pueden bajar del tren y secuestrarte, extorsionary donde, según algunos datos, 7 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente.

De acuerdo con Rubén Figueroa, defensor de Derechos Humanos, quien dedica la mayor parte de su trabajo en el albergue “La 72 de Tenosique", da cuenta de las rutas de “La Bestia”:

[…] Tenosique, municipio en el que arranca una de las rutas que toman los inmigrantes, ya que está a unos 60 kilómetros de la frontera con Guatemala […] aunque hay otra opción similar, aún más al sur, entrar por Tapachula (Chiapas) y tomar el tren en Arriaga.

Estos dos tramos, cuyos trenes salen un día sí y otro no, son los "más tranquilos", explicó Figueroa. Las dos líneas se unen en Medias Aguas (Veracruz), continúan hasta el centro del país y luego vuelven a dividirse, una hacia el Pacífico, otra hacia el Golfo de México, y ahí es cuando comienza el territorio salvaje.

La ruta del Golfo es "más peligrosa", la del Pacífico algo menos pero "mucho más larga", aunque las dos pasan por las rutas del trasiego de drogas y los inmigrantes se convierten en una mercancía más, víctimas y presas fáciles del crimen organizado.

Si bien se conoce el punto de partida del viaje, “nunca se sabe cuándo o a qué hora sale La Bestia, la mejor señal es cuando empieza a enganchar vagones. En los primeros movimientos de la locomotora salen migrantes de todas partes.”

“Aunque la mayoría de personas están conscientes de los riesgos que corren al subirse a 'La Bestia', sus deseos por lograr el sueño americano, son más grandes que cualquier otra cosa.”

También es duro enfrentarse a todas esas personas que tratan de aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes no tienen nada y constantemente los extorsionan. Entre ellos, están los operarios del tren, que les piden dinero para poder continuar el camino y, a veces, les amenazan con no mover las máquinas si no pagan. Y, lo peor, las mafias o cárteles, muchas de las cuales cobran una cuota fija: 100 dólares en Ixtepec (Oaxaca), 100 en Tierra Blanca (Veracruz), 100 en Huehuetoca (Estado de México), y así sucesivamente.

En 2012, el periodista Jon Sistiaga realizó tres entregas que en conjunto llevaron por nombre “A lomos de la Bestia”, en las cuales describió su experiencia al hacerse pasar como indocumentado y viajar en el tren junto a cientos de migrantes por el territorio mexicano.

En la segunda entrega, titulada “Acuérdate de mi nombre…”, da cuenta de lo que ocurre con los migrantes fallecidos durante su recorrido:

Hay en México 8.818 muertos sin nombre, según estadísticas del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Bien es cierto que muchos de ellos son producto de las guerras internas entre los narcos, pero los cadáveres encontrados en las ciudades que hacen frontera con Estados Unidos o Guatemala, o por las que pasa La Bestia, son de migrantes. Son enterrados en fosas comunes y el único documento oficial que consta es un Acta de Defunción donde, en una línea, se hace una descripción de las causas del fallecimiento.

En este contexto, cabe mencionar que, en días recientes, “La Bestia” –una vez más- se descarriló cerca de la comunidad Las Palmas, agencia de San Francisco Ixhuatán, poniendo en riesgo a los mil 300 migrantes que iban a bordo; a quienes se les dejó varados en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

“Este es por lo menos el tercer descarrilamiento de “La Bestia” en el último mes. Las autoridades han dicho que se debe a las fuertes lluvias y a la falta de mantenimiento”, aunque otras fuentes, hablan de seis accidentes, uno de ellos en el estado de Jalisco, cuando el tren circulaba por el municipio de Lagos de Moreno, dejando a 12 personas de origen hondureño lesionadas, quienes intentaban llegar a Ciudad Juárez.

Sin embargo, en otras ocasiones, este tipo de accidentes han cobrado la vida de varias personas, por ejemplo, lo ocurrido en el mes de agosto de 2013, cuando el tren se descarriló en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, provocando la muerte de seis personas.

(En dicho tenor), el gobierno de México adelantó que en los próximos días anunciará una estrategia para evitar que los migrantes sigan intentando subir al tren conocido como ‘La Bestia’, en su intento de llegar a Estados Unidos.

“Vamos a poner orden, no podemos seguir permitiendo que pongan en peligro sus vidas. Es nuestra responsabilidad al estar en nuestro territorio. La Bestia es para carga no de pasajeros; tendremos que entrar en su regularización y en próximos días anunciaremos algo al respecto”, dijo el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.

Si bien, “es nuestra responsabilidad colectiva hacer que la migración promueva el bien de los migrantes y de los países por igual,”  resulta necesario -en primer lugar- eliminar los estigmas y prejuicios en contra de las personas migrantes que cruzan por nuestro país; de esta manera se podrá comprender, de forma multicausal y transversal, la problemática que enfrenta México respecto a la migración (en cualquiera de sus formas).

Como lo hemos expresado con anterioridad, nos pronunciamos por la redefinición de una política migratoria acorde al contexto actual que enfrenta el país, donde se involucre a todos los actores de gobierno, academia y sociedad civil, en miras de consolidar un Estado mexicano garante de los derechos humanos de este sector de la población tanto nacional como extranjera, sin distingos de ningún tipo.

Aunado a ello, exhortamos para que las medidas que la Secretaría de Gobernación e instancias correspondientes buscan implementar ante los recientes hechos ocurridos en “La Bestia”, estén enmarcados en el respeto a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en la materia

C. La Proposición Migración PAN pretende:

Se exhorte al Ejecutivo Federal, para que dentro de sus programas de política migratoria, se privilegie en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las acciones que implementará para desalentar que los migrantes viajen en el tren denominado “La Bestia” y las posibles consecuencias que tendrá entre la población migrante y en los nacionales de las comunidades por las que transita.

Se exhorte a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta Soberanía, la función que realizará la recién creada Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y si su esquema de función es para evitar la duplicidad con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria.

Se exhorte a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a las Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, para que implementen operativos conjuntos que permitan detectar, reprimir y castigar las actividades ilícitas que realizan grupos de delincuencia organizada en contra de las personas.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

 […]1.- El 7 de julio, en presencia del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa Frontera Sur, con el propósito de “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región” […]

3.- Dentro de las acciones de la política migratoria, por el Ejecutivo Federal, anunció el pasado 15 de julio, la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tendrá la función, según el comunicado oficial de la Presidencia de “coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal en materia migratoria en esa zona”. En este sentido, es de observarse que el Gobierno Federal cuenta hoy en día con dos entes responsables de política migratoria y dos entes para ejecutarla u operarla, ellos son: la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y la Unidad de Política Migratoria, así como el Instituto Nacional de Migración en conjunto con la recién Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

A este respecto, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria emitió un comunicado en el que se considera que se continúa poniendo en el centro del debate el tema de seguridad nacional y no a las personas migrantes (seguridad humana). En él se hace mención que “se ensalza” el Programa Frontera Sur por lo que respecta al otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional, la cual existe desde 1997 con una adecuación realizada en 2008 y contemplada en la actual Ley de Migración, bajo los mismos parámetros: gratuidad, estancia de tres días en el país, la cual se otorga únicamente a los nacionales de Guatemala y Belice de los departamentos fronterizos con el estado de Chiapas, la cual es válida en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Lo cual no permite el tránsito por todo el territorio nacional ni otorga un permiso para trabajar; por lo cual dicho Grupo de Trabajo considera que no tendrá ningún impacto positivo en la población migrante de tránsito ni de destino, sino por el contrario genera falsas expectativas. Más preocupante aún, es el que la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, esté sustentado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

4.- Es por ello, que llama aún más la atención la declaración del Secretario de Gobernación, en el sentido de “poner orden” en el tren de carga conocido como “La Bestia”, por el que viajan diariamente un número incontable de personas migrantes durante su tránsito por México. Al señalar que “es una decisión del Estado mexicano, el no seguir permitiendo que migrantes de Centroamérica, y también mexicanos, corran riesgo en sus vidas arriba de este tren de carga y no de pasajeros”. Ante tales actos, resulta predecible que los flujos migratorios buscarán vías alternas que puedan utilizar para llegar a los Estados Unidos, sin que hasta ahora se explique cuáles son las proyecciones que ha vislumbrado el Estado, para no poner en mayor riesgo a las personas migrantes. Es por ello, que nos preocupan las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal, encaminadas a blindar la Frontera Sur de nuestro país privilegiando la seguridad nacional por encima de los derechos humanos.

[…]

Sin embargo, es lamentable que el Estado mexicano a la fecha no haya implementado alguna política o acción encaminada a la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada que trasgrede los derechos humanos de las personas migrantes. Aunado a que no ha implementado acciones para desalentar y erradicar la corrupción por parte de algunos servidores públicos que abusan o extorsionan a los migrantes; es por ello, que resulta de vital importancia que este Poder Legislativo, esté atento y vigilante de las políticas públicas que implemente el Estado para poder erradicar los problemas de inseguridad que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por nuestro país y que se privilegie en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

[…]

III. CONSIDERACIONES

Nuestro país se ha caracterizado por ser un territorio de tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y muchos de nuestros connacionales se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares para buscar una mayor oportunidad de desarrollo y crecimiento en el país vecino.

Al respecto, esta Comisión retoma lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta Comisión, comparte la preocupación de los promoventes en lo que se refiere al respeto y garantías de los derechos humanos de todas las personas que habiten o transiten por el país y ratifica que los migrantes que transitan por el territorio nacional se les reconocerán y respetarán los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria.

Por ello, esta Comisión considera necesario que el Gobierno Federal lleve a cabo acciones para proteger a las personas que transitan por el país, sin importar su situación migratoria, y que se hagan efectivos los preceptos constitucionales en este sentido, pues las constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos se ha convertido en uno de los grandes retos para nuestra Nación, por ello, es necesario que se lleven a cabo estrategias que permitan proteger los derechos humanos de los migrantes en nuestro territorio nacional. Particularmente en el caso del Transporte Ferroviario conocido como “La Bestia”, es uno de los puntos más controvertidos, pues al tratarse de un transporte de carga y no de pasajeros, los migrantes que lo abordan para cruzar el territorio nacional en su ruta hacia los Estados Unidos de Norteamérica ponen en riesgo su integridad física y su vida.

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene un rubro denominado "México con Responsabilidad Global", el cual prevé "garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. Esto incluye diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores";

Asimismo, el 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, en el que se establece que será fundamental la consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur, mecanismo impulsado por el Gobierno de la República desde junio de 2013 para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos comunes a la seguridad y al desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura.

Con motivo de lo anterior, el 8 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, que comprende los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Esta Coordinación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

En ese tenor, el 14 de julio del presente año el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró como responsable de la a Humberto Mayans Canabal, Senador con licencia por el estado de Tabasco, mismo que tendrá las siguientes facultades:

I. Ser el conducto del Secretario de Gobernación para la coordinación interinstitucional en materia migratoria a que se refiere el artículo Tercero del presente Decreto;

II. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur;

III. Dar seguimiento a las acciones que se acuerden en el marco de los instrumentos de colaboración y coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, en materia migratoria;

IV. Recibir en acuerdo a los delegados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en materia migratoria en la Frontera Sur, sin perjuicio de la subordinación jerárquica respectiva dentro de aquéllas a las que estén adscritos;

V. Acordar los asuntos en materia migratoria que sean de su competencia con el Secretario de Gobernación y, cuando sea necesario, con los titulares de las demás dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el cumplimiento del objeto de este Decreto;

VI. Impulsar el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y culturales, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de atender la materia migratoria en la Frontera Sur;

VII. Las previstas en el artículo 70, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y

VIII. Las demás que le otorgue el Secretario de Gobernación para el debido ejercicio de sus funciones.

Esta Comisión estima que el Gobierno Federal ha llevado a cabo acciones con el fin de contribuir al respeto a los derechos humanos de los migrantes y ha implementado mecanismos a través de los cuales pueda darse una solución al problema del respeto de los derechos humanos de los migrantes. No obstante, el tema de la migración es uno de los más preocupantes para los legisladores integrantes de esta Comisión, pues, como se ha referido en distintas ocasiones, se trata de un grupo vulnerable que requiere atención especializada.

De esta manera, esta Representación reconoce los esfuerzos que el Ejecutivo Federal realiza en la materia y se pronuncia a favor de que la política migratoria planeada considere, en todo momento, el respeto a los derechos humanos tal como lo estipula nuestra Constitución. Dada la prontitud de la solicitud respecto de la Publicación del Plan Nacional de Derechos Humanos, razón por la cual considera que la Proposición Migración Monreal-Monreal y el primer punto de la Proposición Migración-PAN se estiman procedentes.

En cuanto a la segunda pretensión de la Proposición Migración-PAN, esta Comisión considera procedente solicitar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a las Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública de las Entidades Federativas implementar operativos conjuntos que permitan detectar, reprimir y castigar las actividades ilícitas que realizan grupos de delincuencia organizada en contra de las personas, dado que es una medida que no sólo contribuirá a disminuir la delincuencia y la violencia hacia los migrantes y las entidades por donde transitan, sino como una manera de prevenir este fenómeno.

En lo que hace a la tercera solicitud de la Proposición Migración- PAN, esta Representación considera que el asunto ha quedado sin materia con la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, pues en el decreto de creación se establecen las atribuciones de esta coordinación, citadas líneas arriba.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado respetuoso a la Secretaría de Gobernación, para que dentro de los programas de política migratoria, se privilegie en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las acciones que implementará para desalentar que los migrantes viajen en el tren denominado “La Bestia” y las posibles consecuencias que tendrá entre la población migrante y en los nacionales de las comunidades por las que transita.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a las Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, que fortalezcan los operativos conjuntos que permitan detectar, prevenir, reprimir y castigar las actividades ilícitas que realizan grupos de delincuencia organizada en contra de cualquier persona.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.





 

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a considerar la posibilidad de construir espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores”; suscrita por la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional (PAN).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 16 de julio de 2014, la Senadora Marha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a considerar la posibilidad de construir espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 16 de la Comisión Permanente, el 16 de julio de 2014.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

A. La proposición pretende:

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconociendo los principios de independencia y autonomía judicial, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a que en virtud del Protocolo de Actuación  para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes,  emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar  en todos los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y en ese sentido se tomen las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de la infancia, considerando como una posibilidad la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores. “

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

[…] La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial para la niñez, y se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Convenios Constitutivos de los Organismos Especializados y de las Organizaciones Internacionales que se interesan en el bienestar del niño.[…]

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. […] El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

[…] en México, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez

[…]

Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto, es imperante que en la aplicación de un enfoque de derechos para la niñez y la adolescencia se observe en todo momento el Interés Superior de la Niñez, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

[…]

En el mismo, se establece que uno de los derechos reconocidos a la niñez y a la adolescencia es el de acceso a la justicia quienes pueden acudir a tribunales en casos de vulneración de sus derechos.

Es así que uno de los principios que son tomados como marco de referencia en el protocolo de actuación mencionado que se desprenden de la Convención sobre los Derechos del Niño, es: EL DERECHO A OPINAR EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LE AFECTAN Y QUE SEAN DEBIDAMENTE TOMADAS EN CONSIDERACIÓN SUS OPINIONES.

[…]

Es por ello que resulta apremiante que reconociendo los principios de independencia y autonomía judicial, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a que en virtud del Protocolo de Actuación  para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes,  emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se garantice el derecho de niñas, niños y adolescentes a opinar  en todos los asuntos que le afectan y que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones, y en ese sentido se tomen las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de la infancia, considerando como una posibilidad la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores. 

Lo anterior, en virtud de que las medidas que tomen todos los órganos, instituciones administrativas, judiciales y legislativas han de observar el Interés Superior de la Niñez, con la finalidad de que se garantice en este caso su derecho a opinar, tal y como se señala en la Convención Sobre los Derechos del Niño.

[…]

III. CONSIDERACIONES

La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia se ha pronunciado en diversas ocasiones por la seguridad y protección de los derechos de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio nacional, especialmente aquellos que puedan ser susceptibles a sufrir vulnerabilidades. Por esta razón, los niños, niñas y adolescentes del país deben contar con todas las oportunidades y medios adecuados para su sano desarrollo y aprovechamiento de sus potencialidades.

La solicitud de la Senadora Martha Elena García Gómez está orientada a hacer valer el interés superior del niño, consagrado en el artículo 4º constitucional, en el que se establece que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En ese sentido, debemos observar como Estado lo relativo al contenido de los artículos respectivos de la Convención sobre Derechos del Niño y a la Observación General No. 5 sobre las Medidas Generales de Aplicación de la Convención, todos estos instrumentos obligatorios para todas las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, según el párrafo uno del artículo 1 de nuestra Constitución, citado en el punto de acuerdo, así como el párrafo tres del mismo precepto que a la letra indica que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Derivado de estas reformas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes en 2012, en el que se reconoce a los infantes como un sujeto pleno de derechos, en el que se garantiza el derecho al acceso a la justicia y acudir a tribunales en caso de vulneración de derechos.

La infancia merece una atención a las características específicas de la infancia en relación con su desarrollo cognitivo, emocional y moral, por lo que no puede darse el mismo trato que a los adultos; el no tomar en cuenta estos elementos  impide que la participación de la infancia sea idónea y además, genera una victimización secundaria a la sufrida y por la cual se encuentra en un juzgado.

Este Protocolo, considera en el numeral 9 del Capítulo III las “Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores” los Espacios de espera y juzgados idóneos, que son los espacios físicos en los que se encuentra un niño, niña o adolescente.

Para ello, considera que para que los espacios en donde se encuentren los niños, niñas y adolescentes sean idóneos se debe:

- Tomar las medidas que corresponda en aras de eliminar aquellos elementos a aspectos que visual o auditivamente puedan impactar al niño, niña o adolescente que acude al juzgado para una diligencia.

- Los espacios de espera utilizados por niños y niñas víctimas y testigos estarán separados de las salas de espera para los adultos testigos.

- Los espacios de espera que utilicen niñas, niños o adolescentes no deben ser accesibles a los acusados de haber cometido un delito penal, ni estarán a la vista de estos.

- El Juez o Magistrado dará prioridad a oír la declaración de las niñas y los niños con el fin de reducir al mínimo tiempo de espera durante su comparecencia ante el tribunal.

- El Magistrado o Juez competente se asegurará de que en la sala de audiencias se disponga lo necesario para las niñas, los niños y los adolescentes como agua, asientes elevados, asistencia para niños con discapacidad, entre otros aspectos.

- La disposición de la sala debe permitir que el niño pueda sentarse cerca de sus padres o tutor, persona de apoyo o abogado durante el procedimiento.

Si bien el protocolo no es de naturaleza vinculante, sí lo es el deber de protección, garantía, respeto y promoción de los derechos humanos, siendo el protocolo el mecanismo idóneo para el cumplimiento de dichos derechos en específico, por lo que la proposición de la Senadora tendría que sustentarse en este Protocolo para la adecuación de un espacio lúdico para la canalización de los niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, esta Comisión encuentra que, para lograr el propósito propuesto por la diputada, la autoridad competente sería el Consejo de la Judicatura Federal, pues de conformidad con el artículo 81 del ordenamiento en comento, son atribuciones del Consejo:

XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que, junto con el elaborado por esta última, se envíe al titular del Poder Ejecutivo;

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

Lo anterior da cuenta de que el Consejo de la Judicatura Federal será en encargado de administrar los recursos destinados a la construcción de los penales federales a los que el senador Benjamín Robles Montoya alude, para cumplir con lo anterior cuentan con un Secretario Ejecutivo de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales, el cual, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Orgánica antes referida, se encargará de apoyar a la Comisión de Administración en los proyectos de contratación de obra pública, en la supervisión de la obra y el manejo óptimo de los inmuebles, en la contratación de recursos materiales y de prestación de servicios en general del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, en las entidades, el encargado de llevar a cabo estas acciones serán los gobiernos locales.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconociendo los principios de independencia y autonomía judicial, solicita respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, que consideren incluir en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes,  la construcción de espacios lúdicos dentro de los juzgados.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los doce días del mes de agosto de 2014”.