Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 27 de julio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 11

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Julio de 2014

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Oficios con los que remite:

• Información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2014.

• Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas.

• Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2014.

• Avance del Programa Anual de Financiamiento.

Oficios con los que remite, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

• Estructura Programática a emplear para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

• Avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, con datos correspondientes al período enero-mayo.

• Avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, para el período enero-mayo.













De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mely Romero Celis y Mario Delgado Carrillo, con la que remiten el Informe de actividades durante el Foro de la Juventud del G20, realizado en Baviera, Alemania, del 7 al 11 de mayo de 2014.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe relativo a su participación en la 2ª Cumbre Mundial de Legisladores GLOBE, celebrada del 6 al 8 de junio de 2014, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión.

Del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite el Informe de su participación en el 31° periodo de sesiones del Comité de Pesca, órgano auxiliar del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevada a cabo en Roma, Italia, del 9 al 13 de junio de 2014.


































































JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES

Remite Acuerdo por el que se solicita a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, a sesiones extraordinarias durante el segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.

El Presidente da cuenta con el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONVOCA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A CELEBRAR SESIONES EXTRAORDINARIAS. Se considera de urgente resolución. Intervienen al respecto los legisladores Diputado Ricardo Monreal Ávila, en contra; Diputado Ricardo Astudillo Suárez, a favor; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a favor, quien presenta propuesta de adición que se desecha; y el Diputado Fernando Zárate Salgado, en contra. Se aprueba. Se comunica este Decreto a la Cámara de Senadores y se publica en el Diario Oficial de la Federación.


PROPUESTA

De los grupos parlamentarios, con punto de Acuerdo por el que se crea un grupo plural de legisladores que se aboque a darle atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América. Intervienen al respecto los legisladores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Astudillo Suárez, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo Gurza; quien presenta propuesta de modificación, de consenso con los grupos parlamentarios que se aprueba; María de las Nieves García Fernández, Armando Ríos Piter y Silvano Aureoles Conejo. Se acepta la propuesta y se aprueba.

El grupo plural quedó integrado por los siguientes Legisladores:

Del grupo parlamentario del PRI:
Diputada María de Las Nieves García Fernández, Diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia, Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo y Senadora Verónica Martínez Espinoza.

Del grupo parlamentario del PAN:
Diputado Juan Pablo Adame Alemán y Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza.

Del grupo parlamentario del PRD:
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro y Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Del grupo parlamentario del PVEM:
Diputado Ricardo Astudillo Suárez.

Del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano:
Diputada Merilyn Gómez Pozos.

Del grupo parlamentario del PT:
Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Del grupo parlamentario de Nueva Alianza:
Diputada Lucila Garfías Gutiérrez.



























































































 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

El Diputado Secretario Guillermo Sánchez Torres: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 3 de Julio de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
DIP. ALLIET BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA

SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE


Señor Presidente, hay una asistencia de 29 ciudadanos legisladores. Hay quórum

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del jueves 3 de julio de 2014, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio.

El Orden del Día está disponible, para su consulta, en el monitor instalado en su escaño; con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor, pueden consultar también la versión electrónica de la gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria.





 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintidós minutos del miércoles veinticinco de junio de dos mil catorce, con una asistencia de veintiséis legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. Tocayo

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles dieciocho de junio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la elección del Diputado Alberto Curí Naime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como integrante sustituto de la Comisión Permanente.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2013 al 31 de mayo de 2014.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del congreso del estado de Chihuahua, iniciativa de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Se recibieron diecinueve oficios, de los congresos de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.- La Mesa Directiva realizó el escrutinio de los votos recibidos y la Presidencia emitió la declaratoria de aprobación del decreto.

 

Se recibió de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa los nombres de los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, designados Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General de Instituto Nacional de Electores.- El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional Electoral.

 

Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, el Informe de labores del Segundo Año de Ejercicio Legislativo.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, los Informes de actividades de:

1) La Reunión Latinoamericana del WOMEN IN PARLIAMENTS, GLOBAL FORUM, llevado a cabo en Sao Paulo, Brasil, los días 25 y 26 de mayo de 2014 y

2) La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Argentina, los días 28 a 30 de mayo de 2014.- Quedaron de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Ismael Hernández Deras, a nombre del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 7 en su fracción X, y 8 primer párrafo, y se adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Guerra Castillo y Armando Ríos Piter, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de voto de mexicanos residentes en el extranjero.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

El Diputado Fernando Zárate Salgado, a nombre de la Diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 74 de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva decreto un receso para llevar a cabo Sesión Solemne en conmemoración al Centenario de la Batalla de Zacatecas.

(RECESO)

 

El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión.

 

El Diputado Alfonso Durazo Montaño, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de  decreto por el que se reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre propio y de los Diputados María Sanjuana Cerda Franco y René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinte dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia considerar la realización de acciones para planear, programar y ejecutar la restauración del inmueble conocido como Hospital San Lázaro, en la capital de la República.- Intervino el Diputado Leobardo Alcalá Padilla del PRI.

2) Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal informe los programas y acciones que se están llevando a cabo o se tengan planeados para sanear la cuenca lechera de Xochimilco.

3) Por el que se solicita a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal elaboren un análisis sobre los problemas de hundimientos y/o deslaves, con la finalidad de implementar programas y acciones para la prevención y atención de este fenómeno.

4) Por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones que se han implementado para especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales, y en general, al personal que atiende a víctimas de delitos.- Intervino la Diputada Dora María Talamante Lemas de NA.

5) Por el que se solicita a los congresos de los estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a efecto de que expidan las leyes respectivas en la materia o adecuen en su totalidad las ya existentes.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI.

6) Por el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro dé a conocer la fecha en que habrá de iniciar el funcionamiento del portal en su página de internet, el cual deberá contener toda la información relativa al proyecto Metro, así como de la rehabilitación de la Línea 12.- Intervino la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

7) Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que el sistema de justicia penal se implemente en el tiempo constitucional establecido.

8) Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal instruya a la autoridad que corresponda a fin de brindar  atención a los resultados de la consulta ciudadana convocada por el Comité Ciudadano de la colonia Militar Marte, en la delegación Iztacalco.

9) Por el que se solicita a la Procuraduría Social del Distrito Federal un informe con los resultados de los  programas, cursos y talleres que se han realizado en el periodo 2013 a la fecha, con el propósito de fomentar la cultura condominal en las delegaciones políticas del Distrito Federal.

10) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración información sobre los distintos programas de aplicación de las disposiciones de la Ley Migratoria vinculados con el tránsito de extranjeros por el territorio nacional.

11) Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral vigile el debido ejercicio democrático, así como el cumplimiento del principio de legalidad y la salvaguarda de los derechos políticos de los ciudadanos, partidos políticos y candidatos, durante el proceso electoral y los comicios a celebrarse el próximo 6 de julio en el estado de Coahuila.- Intervino la Senadora Silvia Garza Galván del PAN.

12) Por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los 28 congresos locales que tienen pendiente homologar su legislación con los principios de derechos humanos en torno a la protección de los derechos de la niñez, armonicen sus Códigos Civiles con los preceptos Constitucionales y los Tratados Internacionales para establecer la mayoría de edad como un requisito indispensable para contraer matrimonio.- Intervino el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

13) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe sobre las investigaciones de Enedina Rosa Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón,  a fin de esclarecer los hechos de su detención y determinar la existencia de posibles violaciones a derechos humanos y responsabilidades por parte de servidores públicos. 

14) Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe sobre las acciones llevadas a cabo para esclarecer y sancionar el secuestro y asesinato de los 12 jóvenes sustraídos del bar Heaven, el 26 de mayo de 2013.

15) Por el que se desecha la proposición que solicitaba corregir el proceso y cumplir con la sentencia dictada a favor de madre afectada por la muerte de su hija en un albergue para mujeres del Distrito Federal.

16) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal implementar una reforma regulatoria en su administración para bajar el costo burocrático y disminuir la corrupción al momento de abrir un negocio.

17) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Michoacán a interponer controversia constitucional en contra de la creación de la fuerza rural de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vía decreto del titular del Ejecutivo local.

18) Por el que se desecha la proposición que invitaba a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a una reunión de trabajo.

19) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Secretario de Gobernación transparentar los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios.

20) Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal garantizar de manera efectiva la seguridad de los espacios y vialidades que utilizan los usuarios del Programa de Corredores de Movilidad no Motorizada y de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la Ciudad de México y sus alrededores.

Los veinte dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea catorce dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Guerrero consideren promover las medidas presupuestales y administrativas necesarias para dotar de recursos al Fondo para el Reconocimiento de la Antigüedad del ISSSSTE, a efecto de resolver el problema laboral de 310 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de ese estado.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación pública locales y los gobiernos de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias para prevenir y erradicar las violaciones contra niñas, niños y adolescentes cometidas por parte de docentes o personal administrativo en las escuelas.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud valore la realización de convenios entre las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y local, con el fin de que las personas que padecen alguna enfermedad lisosomal puedan ser canalizadas oportunamente a las instituciones especializadas.

4) Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que el Estado mexicano continúe siendo promotor activo de la solución pacífica del conflicto entre los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la soberanía sobre los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

5) Por el que se hace un llamado al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas a realizar diversas acciones en materia de desarrollo sostenible.- Intervinieron los legisladores: Senador Ismael Hernández Deras del PRI; y Diputada Dora María Talamante Lemas de NA.

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud intensificar las campañas que promuevan la cultura y los beneficios de la donación de sangre de manera voluntaria y altruista.- Intervino la Senadora Verónica Martínez Espinoza, PRI.

7) Por el que se solicita a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación iniciar una campaña de prevención del delito de trata de personas, elaborando materiales informativos que puedan ser difundidos en las comunidades de mayor rezago social.- Intervino la Diputada Dora María Talamante Lemas de NA.

8) Por el que la Comisión Permanente felicita a los coproductores de la película JAUJA, Lisandro Alonso y Carlos Reygadas, por haber obtenido el galardón de la Federación Internacional de Críticos de Cine de la Sección Una Cierta Mirada, durante el 67 Festival de Cine de Cannes.

9) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos evaluar la pertinencia de incorporar en la siguiente edición de libros la remembranza de "Los Tratados de Teoloyucan".

10) Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre las medidas y acciones instrumentadas para hacer frente a las condiciones en las que se alberga a niñas y niños migrantes que ingresan a los Estados Unidos de América.- Intervino la Diputada Dora María Talamante Lemas de NA.

11) Que exhorta al Comité de Educación Financiera a fortalecer las acciones encaminadas a promover la educación financiera entre los jóvenes.- Intervino el Senador Miguel Romo Medina del PRI.

12) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud evaluar la incorporación de la enfermedad renal crónica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular y siga explorando alternativas que permitan ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal mayor de 18 años de edad, opciones terapéuticas adecuadas y de calidad.

13) Por el que se solicita al Gobierno Federal informar sobre el impacto ambiental, económico, cultural y social del proyecto de la Presa Hidroeléctrica Las Cruces, así como sobre las acciones instrumentadas para garantizar el derecho a la consulta de las comunidades involucradas.

14) Por el que se desecha la proposición relativa al conflicto laboral y la huelga de hambre emprendida por trabajadores de la Universidad de Colima.

Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar los catorce dictámenes. Fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el avance de la construcción de la presa “El Zapotillo”, en el estado de Jalisco; asimismo, solicita a las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación informar el estado que guarda la ejecución de la sentencia recaída en la controversia constitucional 93/2012, referida a dicha presa.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe el estado que guarda el proceso de ejecución del  expediente y el laudo en el procedimiento de huelga promovido por los trabajadores agremiados en la Unión Sindical de Trabajadores de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V.

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor información sobre las estrategias que han llevado a cabo para lograr las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje México Próspero.

4) Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información acerca de los programas de apoyo a los productores agrícolas.

5) Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos realice los estudios que permitan reclasificar a partir del 2015 al área geográfica “A” los municipios de San Luís Potosí que por sus condiciones y características así lo ameriten.

6) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a actualizar los programas vigentes e incluya, a partir de su segundo informe trimestral, detalles sobre los resultados de las acciones instrumentadas en materia de austeridad y disciplina presupuestaria.

7) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe que contenga el plan y las acciones llevadas a cabo para la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México y del fideicomiso FERRONALESJUB.

8) Por el que se solicita a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León un informe sobre el estado que guardan los trabajos en las estaciones, terminales, talleres y demás instalaciones del sistema Ecovía.

9) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar los programas que tienen como objetivo erradicar la plaga huanglongbing, los recursos asignados a su erradicación, así como los estados y localidades beneficiadas.

10) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informar los instrumentos financieros que se han contratado de 2005 a la fecha para cubrir riesgos catastróficos, las condiciones de contratación, el costo o importe y los beneficios que han reportado.

11) Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con las instancias correspondientes del gobierno del estado de Quintana Roo, realicen acciones tendientes a garantizar la conservación y preservación del área natural protegida de flora y fauna denominada Yum-Balam.- Intervino la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.

12) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar un diagnóstico de la calidad del agua de la Cuenca del Río Sabinas y la zona que se vincula con ella.

13) Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informar sobre los recursos destinados y ejercidos por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

14) Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones oportunas para deslindar las responsabilidades pertinentes en el caso de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría de Desempeño, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2012, y que propiciaron la emisión de dos oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.

15) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar en su página de Internet los análisis que el Comité de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos externos contratados de diciembre de 2012 a la fecha.

16) Que exhorta a las instancias correspondientes del gobierno del estado de Puebla a instalar una mesa de diálogo con representantes del transporte de moto taxis, a fin de resolver el conflicto que se ha agudizado en fechas recientes.

17) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se pueda tomar en cuenta una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 para el estado de Baja California Sur.

Los diecisiete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva consultar a la Asamblea la prórroga para continuar con los asuntos del orden del día de la sesión.- El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea la prórroga de la sesión en términos de lo que dispone el Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente. Intervinieron los legisladores: Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD y Fernando Belaunzarán Méndez del PRD. En votación económica la Asamblea no autorizó prorrogar la sesión.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de indicadores para la identificación y medición de la pobreza.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Tortura.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Vida Silvestre, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma las fracciones ii y iii del artículo 185 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Enrique Alejandro Flores Flores y Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 20 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 1995.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo de la fracción III del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de testigos protegidos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, en materia de salud visual.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a realizar las modificaciones a sus marcos jurídicos ajustándose al decreto de reforma constitucional en materia político electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis LavaIle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, así como a distintas dependencias del Distrito Federal, a respetar los derechos humanos y el debido proceso en la detención y presentación de personas por infracciones cometidas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, cuyo único tema a tratar sea la modificación al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre el aumento de la delincuencia organizada que opera actualmente en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Zuleyma Huidobro González, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos locales y sus congresos y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa a armonizar su legislación con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar diversas acciones en favor de los derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instruir al Vocal Ejecutivo de dicho Instituto a implementar un esquema de descuento por liquidación anticipada de los créditos a la vivienda.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Verónica Martínez Espinoza, Armando Neyra Chávez, Ernesto Gándara Camou, Isaías González Cuevas y Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que todos los entes de la Administración Pública Federal den cumplimiento eficaz al protocolo de intervención a casos de hostigamiento y acoso sexual.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a instruir a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se abstengan de solicitar información a los trabajadores sobre militancia partidista, a efecto de respetar los principios normativos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en materia electoral.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente emitir un pronunciamiento oficial en torno a la responsabilidad que tiene el Congreso de honrar y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizando la protección de los derechos humanos y combatiendo la discriminación de las personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar de manera urgente políticas para la atención y protección de las y los niños migrantes a fin de hacer valer el interés superior del niño y velar por sus derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar diversas acciones en favor de una migración a la que se respeten los derechos humanos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Cristina Olvera Barrios y René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, emitir una política pública integral en materia de mejora de la calidad del medio ambiente y movilidad para la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Jalisco a legislar en materia de regulación de anuncios espectaculares a fin de evitar la contaminación visual.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a promover ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la solicitud para que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias evalúe los arrestos que han tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario y establecer el objetivo de la misma.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para la ampliación y conservación de los seis centros para la conservación existentes, así como la creación de nuevos centros para la conservación e investigación de la vida silvestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, a las Secretarías del Medio Ambiente y de Transporte y Vialidad del Distrito Federal a tomar diversas medidas en cuanto a la implementación del programa hoy no circula.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en los consulados mexicanos se brinde un trato digno, profesional y de respeto a los derechos humanos a los connacionales que soliciten los servicios que se brindan en las oficinas consulares.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República a que se conduzca con apego a los mandatos constitucionales de su investidura y evite comentarios discriminatorios.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores.

 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía y al de la Comisión Nacional de Seguridad a fortalecer los controles tecnológicos que permitan hacer eficiente la inspección aduanera, la investigación y la persecución de vehículos robados en la unión americana y que son importados al territorio nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales y municipales a realizar y actualizar los atlas de riesgo municipales, se optimice el sistema R-FONDEN y se explique el costo en las finanzas públicas del bono de catástrofes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención de Petróleos Mexicanos y de la Auditoría Superior de la Federación en torno a las operaciones de PMI Comercio Internacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a cumplir con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial para el seguimiento y evaluación de políticas públicas para la viabilidad del objeto de la Ley General de Víctimas, en los delitos de desaparición forzada y secuestro.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación otorgar el tiempo oficial para difundir las acciones del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un observatorio nacional de políticas ambientales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar y, en su caso, detener los permisos, licencias, convenios y contratos relacionados con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por los daños ecológicos y sociales que está ocasionando en las comunidades indígenas de Xochicuautla, Ayotuzco y Huitzizilapan, ubicados en los municipios de Lerma y Huixquilucan, estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano a adecuar su actividad legislativa a la realidad social de las diversas formas en que se representan las familias mexicanas, en pleno respeto a los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores.

 

De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Mónica Arriolo Gordillo, con punto de acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Salud, a sus homólogas en las entidades federativas y a los encargados de procuración de justicia a crear un protocolo de atención y llevar a cabo el eficaz cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a informar los avances y acciones sobre los casos de abuso y violaciones sexuales contra menores de edad en escuelas de educación básica y superior del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de la Economía Social a establecer una relación institucional y respetuosa con las correspondientes comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, con el propósito de construir una relación de trabajo que permita impulsar una agenda legislativa en beneficio del sector social de la economía.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Chihuahua a legislar y respetar los diferentes tipos de familia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a implementar un programa permanente de conferencias informativas y de formación antialcoholismo entre los jóvenes de 14 a 21 años de edad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la opinión pública, previo a cada periodo vacacional, cuál es el estado sanitario de las playas mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectuar modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, a fin de que se determine que no se requiere la exhibición del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el supuesto del otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por $60,000.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar e implementar un programa hídrico integral para la Cuenca del Río Laja.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Trinidad Morales Vargas y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se llevará a cabo en dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Lourdes Quiñones Canales y Abel Octavio Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar las reiteradas violaciones que en materia de uso de suelo y construcciones tienen verificativo en la Delegación Benito Juárez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público y de Economía a agilizar el pago del "Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013", además de promover acciones para la estabilización de precios del azúcar en el mercado nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a implementar diversas acciones para auxiliar a la población afectada por la creciente contingencia climatológica en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Martín López Cisneros y Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la revisión de la Cuenta Pública de 2014, ponga especial atención al desarrollo y ejecución de obras viales realizadas en el estado de Nuevo León por parte del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal la conformación de un grupo de trabajo que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad social de nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal enviar al Senado de la República el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo para su aprobación; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre las medidas y acciones que han sido implementadas para fortalecer la marina mercante en nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento al procedimiento de responsabilidades en contra del ex tesorero municipal de Monclova, Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión externe su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de que son objeto los trabajadores jornaleros en los campos agrícolas de la región norte del país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza y de los Diputados Leobardo Alcalá Padilla y María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y estatales del sector salud a establecer una norma oficial mexicana en materia de servicio social que realizan los pasantes de medicina en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación en materia educativa, conforme al texto constitucional y a lo previsto en la Ley General de Educación, en la Ley General de Servicio Profesional Docente y, en la Ley del Instituto Nacional para la evaluación de la Educación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los 31 congresos locales que aún están pendientes de homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aplicar políticas públicas de cuidados paliativos con énfasis en la atención primaria, la atención comunitaria y domiciliaria y los programas de cobertura universal.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández y de los Diputados Luis Alberto Villareal García, José Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Alberto Dávila Delgado y Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Coahuila, agilicen la implementación de medidas necesarias para atender la situación de emergencia decretada en los municipios del estado.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el impacto social del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, a efecto de establecer las acciones necesarias para incorporar mayor número de municipios en el otorgamiento del subsidio federal.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar programas de simplificación administrativa, establecer incentivos a la actividad productiva e impulsar la apertura de nuevos establecimientos, a fin de promover la actividad económica del Distrito Federal, dado que la capital del país ha sido catalogada como la peor entidad para hacer negocios.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Silvia Guadalupe Garza Galván, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y Adolfo Romero Lainas y de la Dip. Graciela Saldaña Fraire, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar la conservación del área natural protegida “Yum-Balam” y la regularización de la situación del ejido Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a Petróleos Mexicanos a tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes como el ocurrido en las instalaciones de la empresa ICA FLUOR en el estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia dé seguimiento de supervisión al proyecto de restauración del Palacio de gobierno del estado de Sonora, a fin evitar que se dañen los murales que forman parte del catálogo nacional de monumentos históricos.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a financiar la expansión y modernización del aeropuerto del puerto de Acapulco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sonora a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles actos de corrupción por parte del gobierno y servidores públicos de la entidad en agravio del ISSSTESON.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Consejo General del Instituto Nacional Electoral dicte las medidas necesarias para salvaguardar el sufragio legalmente válido a favor de las coaliciones en el proceso electoral 2104-2015.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el pago del retroactivo a los trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homologas en las entidades locales y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a llevar a cabo un balance y fortalecer las acciones para dar facticidad a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las gestiones y acciones necesarias que garanticen el abastecimiento y acceso de agua potable a los ciudadanos de las comunidades mayas y habitantes en general del municipio de Felipe Carrillo Puerto, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho humano al agua.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar el origen y destino de los recursos del "Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas”, toda vez que ha presentado subejercicios.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se extiende una amplia felicitación y reconocimiento al Doctor Sanjaya Rajaram, mexicano naturalizado de origen hindú, por la obtención del Premio Mundial de Alimentación 2014.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a llevar a cabo la implementación de los comités de víctimas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a adecuar las reglas de operación del "Programa subsidio a la prima del seguro agropecuario", con la finalidad de garantizar que el apoyo llegue a todos los sectores y abarque una mayor cantidad de productos del campo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México a apoyar a los usuarios del transporte público con nuevas alternativas de transporte eficaz, seguro y de alta capacidad, en vísperas de las modificaciones del programa hoy no circula.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público hacer del conocimiento público el seguimiento que han dado a los compromisos derivados de tratados internacionales suscritos por el estado mexicano anteriores al cambio de administración, así como a los suscritos por la administración actual.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a integrar a la legislación de esa entidad, la prohibición para los directivos, autoridades y docentes, de colocar en cualquier área de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel básico, superior y medio superior estatales y municipales, documentos o listados que contengan los nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las cuotas voluntarias o “cuotas de recuperación”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a realizar las acciones procedentes para instaurar medidas de protección en amparo de presidentes municipales ante el incremento de inseguridad en su contra.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a fortalecer las unidades de verificación de calidad y detección de riesgos en los establecimientos y productos para consumo animal, así como agilizar la obligatoriedad del manual de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimento procesado para animales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía hacer del conocimiento público los criterios, los motivos y los parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico que provocó la variación negativa del PIB en el 2009.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informe, en el caso de que se opte por ampliar la central nucleoeléctrica “Laguna Verde” o construir otras centrales nucleares, sobre el impacto ambiental, socio-económico y de salud en la región donde se instalarían.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Director de Petróleos Mexicanos informe sobre cuáles son las gasolineras que tiene registradas y que ha sancionado en más de una ocasión por despachar litros incompletos, y cuál es el motivo por el que no se les ha rescindido el contrato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Aleida Alavés Ruiz, José González Morfín, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Juan Luis Martínez Martínez y Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efectuar los cambios de la rotación de la presidencia de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a transparentar los recursos del "Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras".- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, observado el 26 de junio.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con motivo de la situación actual que impera en el gremio médico a nivel nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al cierre del reciente periodo extraordinario en la Cámara de Senadores.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con diecinueve minutos y citó para la siguiente sesión el día jueves tres de julio, a las once horas”.

Fin de la Sesión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Diputado Secretario Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Pasamos al siguiente asunto.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Un segundo, Diputado Secretario.

Sonido en el escaño de la Diputada Beatriz Zavala, para qué efecto, Diputada.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Si, señor Presidente, muchas gracias…

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Compañeros legisladores, un segundo.

Un segundo, por favor. A los asesores de los integrantes de esta Comisión Permanente, les ruego, respetuosamente, guardar silencio.

Adelante, Diputada.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, señor Presidente.

Es para solicitar, si así son tan amables de conceder, un minuto de silencio en memoria del doctor Miguel Ángel García Domínguez.

Él fue un distinguido jurista mexicano, que nació en San Miguel de Allende.

Fue licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidades en finanzas públicas. Profesor de Derecho de la UNAM.

Es autor de varios…

El Presidente Diputado Gutiérrez de La Garza: Permítame, un segundo, por favor.

La petición de la Diputada, es para un minuto de silencio. Les rogaría a esta Asamblea, dada la naturaleza de la petición, guardar el respeto y el decoro correspondiente.

Adelante, Diputada.

La Diputada Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Es autor, les decía, de varios libros especializados en derecho fiscal penal.

También fue miembro de la Federación de Colegios de Abogados de Guanajuato. Y fue fundador del Colegio de Abogados en San Miguel de Allende.

Fue el primer subprocurador Fiscal de la Federación.

También fue mi compañero Diputado federal en la 59 legislatura.

Fiscal especial en el caso del periodista Manuel Buendía.

Fue Procurador General de Justicia del estado de Guanajuato.

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato.

Y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es el señor abuelo, de los Diputados federales Ricardo y Luis Alberto Villarreal.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Por supuesto, esta Presidencia, concede un minuto de silencio, por el fallecimiento del doctor Miguel Ángel García Domínguez.

Por lo que les solicito a todos los presentes, guardar silencio y ponernos de pie.

Muchas gracias.





 

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias.

Descanse en paz, el doctor Miguel Ángel García Domínguez.

Y nuestro más sentido pésame, a nuestros amigos Diputados Luis y Ricardo Villarreal.

Continúe, señor Secretario.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Diputado Secretario Sánchez Torres: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con informes sobre la creación de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1408/14
México, D.F., el 3 de julio de 2014

CC Secretarios de la Comisión Permanente
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, me permito remitir copia del oficio No. OM/ 417 /2014 signado por el C. Jorge Márquez Montes, Oficial Mayor de esta Secretaría, así como de sus anexos, en forma impresa y disco compacto, mediante los cuales envía el Informe correspondiente a los avances en la creación de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que por su conducto, sea enviado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

SEGOB
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO
"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. OM/DGPyP/ 1827 /14
México, D. F., a 19 de junio de 2014

 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXII
LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Me refiero a la instrucción presidencial la cual establece llevar a cabo la implementación de las acciones necesarias para la creación en la Secretaría de Gobernación de la División de la Gendarmería Nacional, que contará con 5,000 elementos, y cuya base obedece al cumplimiento de objetivos y metas de seguridad.

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo eje "México en paz" establece entre sus objetivos, como una de sus estrategias y líneas de acción, el Programa Nacional de Seguridad Pública, y destaca la importancia de garantizar el orden y la paz pública en todo el territorio nacional y salvaguardar la integridad, los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos con estricto apego a los derechos humanos, por lo cual, es de vital importancia la creación de la División de Gendarmería. Asimismo, el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018, establece como estrategia principal la promoción y transformación institucional, fortaleciendo las capacidades de las fuerzas de seguridad, estableciendo la reorganización de la Policía Federal, creando la División en el Órgano Administrativo Desconcentrado (OAD) Policía Federal para hacer más eficiente su operación.

Sobre el particular, me permito informar a usted, que en cumplimiento con lo establecido en el artículo Quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federado» para el Ejercicio Fiscal 2014, que a pie de letra señala:

"De las erogaciones para la creación de la Gendarmería Nacional en el Ramo Administrativo 04 Gobernación, se podrá deslinar hasta el 25 por ciento para la creación de placas. Ea Secretaría de Gobernación informará a la Cámara de Diputados sobre los avances en la creación de dicha Gendarmería, a más tardar el último día hábil de junio "

Esta Secretaría de Gobernación dio cabal cumplimiento a lo encomendado por el titular de Ejecutivo Federal referente a la formación de la Diiüsión de la Gendarmería Nacional, adscrita en el OAD Policía Federal.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Gobernación realizó los trámites correspondientes para la creación de 3,928 plazas con un costo de 1,111.2 mdp, como a continuación se señala:

NIVEL

CÓDIGO

ZONA

DENOMINACIÓN

PLAZAS

PP0001

PP0001

2

POLICÍA PRIMERO

192

PS0001

PS0001

2

POLICÍA SEGUNDO

657

PT0001

PT0001

2

POLICÍA TERCERO

2,673

PF01

CG0001

1

COMISARIO GENERAL.

1

PF02

CJ0001

1

COMISARIO JEFE

1

PF03

CO0001

1

COMISARIO

:3

PF05

IG0001

1

INSPECTOR GENERAL

17

PF07

IJ0001

1

INSPECTOR JEFE

12

PF09

IN0001

1

INSPECTOR

11

PF11

SI0001

1

SUBINSPECTOR

48

PF13

OF0001

1

OFICIAL

48

PF16

SB0001

1

SUBOFICIAL

210

PF19

PP000Il

1

POLICÍA PRIMERO

55

TOTAL GENERAL

3,928

Asimismo le comento que, para cubrir las 5,000 plazas que formarían dicha División, el OAD Policía Federal apoyó con 1,072 plazas de nivel Policía Tercero para la integración completa de la División de la Gendarmería Nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

EL DIRECTOR GENERAL
MARTÍN HERNÁNDEZ ROA

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Diputado Secretario Sánchez Torres: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con similar de la Secretaría de Educación Pública, con el Informe relativo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

México, D.F., el 3 de julio de 2014

CC. Secretarios de la Comisión Permanente

Del H. Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número OM.- 0445, signado por el C. Marco Antonio Abaid Kado, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual conforme a lo establecido en los incisos c) y f) del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, rinde el Informe relativo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, a efecto de que por su conducto, sea enviado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Encargado del Despacho de la Unidad del Enlace Legislativo

Mtro. Valentín Martínez Garza.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase la documentación a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Diputado Secretario Sánchez Torres: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remite el Primer Informe Semestral de Actividades 2014, del Consejo Nacional de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

2014, Año de Octavio Paz

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/1406/14
México, D.F., 30 de junio de 2014

CC Secretarios De La Comisión Permanente
DEL H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SS-446 -2014, la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López, Secretaria de Salud y Presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, envía el "Primer Informe Semestral de Actividades de 2014" del citado Consejo.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como dos juegos impresos que contienen el citado informe y dos discos compactos, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Salud; y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

El Diputado Secretario Sánchez Torres: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remite oficios de la Secretaría de Economía, con los informes finales de, las fichas de monitoreo y evaluación 2013, de los programas presupuestarios a cargo de esas dependencias y el sector coordinado; los diagnósticos 2014 de los programas presupuestarios a cargo de esas dependencias y el sector coordinado; y la ficha de monitoreo y evaluación del Programa de Fomento a la Economía Social 2013.

2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1402/14
México, D.F., el 3 de julio de 2014

CC Secretarios de la Comisión Permanente
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.347, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite los Informes Finales de las Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013, de los programas presupuestarios a cargo de esa Dependencia y el Sector Coordinado.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 29 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como dos juegos de los anexos que en el mismo se mencionan, en forma impresa y cd, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1403/14
México, D.F., el 3 de julio de 2014

CC Secretarios de la Comisión Permanente
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.348, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite los Informes Finales de los Diagnósticos 2014, de los programas presupuestarios a cargo de esa Dependencia y el Sector Coordinado.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 29 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como dos juegos de los anexos que en el mismo se mencionan, en forma impresa y cd, a efecto de quejón su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE SALUD

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Salud con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase la documentación a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores, y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social remite oficio con las fichas de monitoreo y evaluación 2013 de los programas operados y coordinados por esa dependencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Igualmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remite oficio con las fichas de monitoreo y evaluación 2013 de programas presupuestarios a cargo de esa dependencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase la documentación a las Comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, también la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación remite oficio con las fichas de monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios “S”, “U” y “E”..

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Pesca de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Pesca de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Secretario Diputado Sánchez Torres: La Secretaría de Ecuación Pública remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013 de 35 programas del sector educativo, y la información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario Diputado Sánchez Torres: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibieron oficios con la información relativa a la evaluación de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico; los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2014.

Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones de las entidades federativas, así como el pago de las mismas.

Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2014; y el avance del programa anual de financiamiento.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase esa documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se recibió oficio por el que remite en cumplimiento por lo dispuesto del Artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la siguiente documentación:

Estructura programática a emplear para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Avance físico y financiero de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 con datos correspondientes al período enero-mayo; y avance físico y financiero de los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, para el período enero-mayo.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Asimismo, se recibió del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un oficio con el que remite las fichas de monitoreo y evaluación 2013, y la posición institucional de programas presupuestarios a su cargo.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un oficio con el que remite el diagnóstico y fichas de monitoreo y evaluación de programas a cargo de esa dependencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un oficio suscrito por el titular del Poder Judicial con el que remite las tres ternas de candidatos que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la designación de Magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese dicha documentación a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibieron dos oficios del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno, el informe del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera, y los riesgos del Instituto 2013-2014, y el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones correspondiente al primer trimestre de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez De La Garza: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado su informe financiero y actuarial 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió del Congreso del Estado de Querétaro, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 243, numeral 4, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

QUERETARO

Presidencia Mesa Directiva

Oficio DALJ/6210/14/LVII
Santiago de Querétaro, Qro., 29 de Junio de 2014

SEN, RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Senadores del
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en Sesión del Pleno de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el 29 de Junio de 2014, se aprobó el Acuerdo por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, aprueba presentar ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la "Iniciativa de Ley que reforma el artículo 243, numeral 4, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", remitiéndole !a Iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO
MESA DIRECTIVA

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA
PRESIDENTE

DIP. ALEJANDRO CANO ALCALA
SEGUNDO SECRETARIO.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió el informe ejecutivo de la Delegación de Senadores que asistió a las actividades en conmemoración del Centenario del Natalicio de Octavio Paz, realizado en Madrid, España, del 26 al 28 de mayo del año en curso.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada, publíquese en el portal electrónico del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Diputada Leonor Romero Sevilla, por la que solicita licencia para separase de sus funciones legislativas, por un período de 47 días naturales, a partir del 26 de junio de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del Artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo.

“Se concede licencia al Diputado Leonor Romero Sevilla para separarse de sus funciones legislativas por un período de 47 días naturales a partir del 26 de junio del 2014.”

¿Algún legislador desea hacer uso de la tribuna sobre este tema?

No habiendo oradores sobre el particular, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidencia.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Leonor Romero Sevilla, para separarse de sus funciones legislativas por un período de 47 días naturales, a partir del 26 de junio del 2014. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII, del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se concede licencia a la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio del 2014.

Esta Presidencia no tiene registrado ningún orador, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio del 2014. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio de 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII, del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se concede licencia a la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio del 2014.

Esta Presidencia no tiene registrado ningún orador, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 26 de junio del 2014. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.





 

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Una, del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mely Romero Celis y Mario Delgado Carrillo, con la que remiten el informe de actividades durante el Foro de Juventud de G20 realizado en Baviera, Alemania, del 7 al 11 de mayo de 2014.

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe relativo a su participación en la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores, celebrada del 6 al 8 de junio del año en curso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión.

Y del Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite el informe de su participación en el 31avo Período de Sesiones del Comité de Pesca, órgano auxiliar del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llevada a cabo en Roma, Italia, del 9 al 13 de junio de 2014.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION
DE LA CAMARA DE SENADORES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Para los efectos de los artículo 128 de la Ley Orgánica del Congreso General; y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gatos para el mes de agosto del 2014.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: Está a discusión el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de agosto del 2014.

¿Algún orador inscrito sobre el particular?

Dado que esta Presidencia no tiene registrados oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior proyecto de presupuesto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior proyecto de presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de agosto del 2014. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el informe del presupuesto ejercido al mes de mayo de 2014.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna nuestro amigo el Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5º, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Pedir a la Mesa Directiva de esta Honorable Comisión Permanente, nos haga el favor de insertar en su Diario de Debates el texto completo de esta Iniciativa que ha sido entregada a la propia Secretaría, y nos permita realizar algún comentario del contexto en el que se presenta, y el propósito que tiene la presente Iniciativa.

Hace unos días, esta propia Comisión Permanente dio cuenta de la modificación al artículo 123 de la misma para modificar la edad de los mexicanos que pueden acceder al mercado laboral por la vía de las reglas que establece nuestra propia reglamentación constitucional.

En ese sentido, es preciso señalar lo importante que resulta el que armonicemos esta modificación realizada en la constitución con la ley de la materia, la Ley Federal del Trabajo.

Es muy importante resaltar que nuestro país no es lejano a una situación de dificultad que enfrentan nuestros conciudadanos en cuestiones de trabajo infantil.

Hay en México 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes entre 15 y 17 años de edad que están trabajando en circunstancias muy difíciles.

Lamentablemente, y a pesar de los muchos años y los esfuerzos mundiales que han desarrollado al respecto, pareciera que las condiciones del trabajo infantil no se han mejorado en muchos lugares del mundo, baste señalar que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad se encuentran laborando más de 168 millones de niños, cifra que representa el 11 por ciento en conjunto de la población infantil mundial.

Para atacar este fenómeno, y para atacarlo debidamente es que este día presentamos   la Iniciativa que pretende modificar diversas disposiciones de la Ley Federal del    Trabajo, específicamente en sus artículos 5º, 22, 23 bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y  988.

Al armonizar con la constitución la Ley Federal del Trabajo, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, a través de esta Iniciativa, estamos planteando presentar un frente para combatir el trabajo infantil en nuestro país, como es debido.

Gracias, señor Presidente por la posibilidad de esta presentación. Y por su atención a todas y a todos ustedes, muchas gracias, compañeros legisladores.

El suscrito, RiICARDO FIDEL RODRIGUEZ PACHECO, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71º, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5º, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El trabajo infantil no es fenómeno novedoso, ya que este se ha encontrado presente a lo largo de la historia; aunque la forma en que se presenta este fenómeno ha variado en el tiempo, de acuerdo a las circunstancias de cada lugar y región.

Recordemos tan sólo que el pasado lunes se conmemoró el 144º aniversario luctuoso del escritor británico Charles Dickens, quien, a través de su obra Oliver Twist, denunciara vehemente las condiciones brutales a las que eran sometidos los niños que laboraban en las fábricas surgidas tras la Revolución Industrial.

Lamentablemente, y a pesar de los muchos años y los esfuerzos mundiales desarrollados al respecto, pareciera que las condiciones del trabajo infantil no han mejorado en muchos lugares del mundo. Baste señalar que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad se encuentran laborado más de 168 millones de niños, cifra que representa el 11 por ciento del conjunto de la población infantil mundial.

Lo anterior bajo el entendido que el trabajo infantil es considerado como toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años, privándolos de su dignidad, su niñez e impidiendo el desarrollo de su potencial y desarrollo físico y psicológico.

Resulta importante resaltar que en nuestro país esta situación no es lejana, sino que es un hecho que se manifiesta con un gran impacto en la sociedad mexicana. De acuerdo con los resultados del “Índice de Trabajo Infantil 2014”, elaborado por la compañía internacional Maplecroft, México se ubica en el lugar 56 de un listado de 197 países, calificándonos como un país que ha puesto en “riesgo extremo” a los niños que habitan en el territorio nacional.1

Lo anterior resulta acertado si consideramos que en México existen más de 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando, de los cuales casi una tercera parte son menores de 14 años, siendo Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, México y el Distrito Federal, la entidades que concentran el mayor número de casos.

Es por esto que el Constituyente Permanente se propuso recientemente llevar a cabo reformas que permitan contrarrestar este fenómeno y el primer paso para este fin fue la reciente aprobación de la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna, mediante el cual se establece que la edad mínima para laborar serán de 15 años.

Llevar a cabo la modificación al texto constitucional requiere armonizar las leyes secundarias que regulan el trabajo infantil y, en consecuencia, se vuelve necesario que se reforme la Ley Federal del Trabajo, a efecto de establecer en su normativa como edad mínima para trabajar, los 15 años, con la finalidad de brindar certeza jurídica en la protección de los derechos humanos de los niños, especialmente el de a estar protegido contra la explotación y acceder al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte, es decir, a desarrollarse con plenitud.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5º, 22, 22 BIS, 23, 174, 175 BIS, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 5º, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o.-

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II a XIII…

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Artículo 174.- Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis.- Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a)…

b)…

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I a VII…

B…

I a V…

Artículo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 988.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo conducente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de julio de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Fidel Rodríguez Pacheco.

1 Consultado en <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/10/15/trabajo-infantil-riesgo-extremo-mexico-analisis-de-riesgo-maplecroft>, el 9 de junio de 2014 a las 14:31 horas.

El Presidente Senador Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, compañero Diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.





 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Laura Rojas Hernández, para presentar a nombre de la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del grupo parlamentario del PAN)

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy acudo a esta tribuna a nombre de la Diputado Elizabeth Vargas Martín del Campo, para presentar una Iniciativa, que tiene por objeto fundamental transparentar la utilización de los recursos económicos, federales y locales, así como propiciar que estos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo establece el artículo 134 de nuestra constitución.

En esta ocasión me enfocaré a los procedimientos de licitaciones públicas, en donde la colusión se ha convertido en un problema que afecta las adquisiciones públicas en todo el mundo, y que cuesta miles de millones de dólares a todos los contribuyentes de los países miembros de la OCDE, por ejemplo.

Nuestro país no es ajeno a dicha problemática. No está por demás recordar la firma del memorándum de entendimiento entre la OCDE, la COFECO y el IMSS para la implementación de las directrices el Comité de Competencia precisamente de la OCDE, para combatir la colusión en las licitaciones para las compras públicas, originado, entre otros casos por la realización de actos de diversos laboratorios que coordinaban posturas en licitaciones perfiladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con el efecto de eliminar la competencia entre ellas y obligar al Instituto a pagar precios artificialmente altos por los medicamentos requeridos para los tratamientos de sus derechohabientes, durante los años de 2003 a 2006.

Casos como el señalado hace notorio que las políticas públicas en materia de compras públicas deben ser sensibles a las políticas de competencia para estimular el buen funcionamiento de los mercados, la mejor distribución de la riqueza y la traslación a las mejores prácticas comerciales por parte de las empresas.

Actualmente la ejecución de las políticas de adquisiciones en México se realiza a través de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante la cual se reglamenta la estricta observancia del artículo 134 constitucional, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, y prestación de servicios de cualquier naturaleza.

Como vemos, la política de competencia en México cuenta con un andamiaje institucional y marcos legales adecuados; pero lo son únicamente de carácter correctivo, por lo tanto encontramos una ventana de oportunidad de desarrollar modelos legales de carácter preventivo que es justamente el propósito que contribuye esta propuesta.

En el cuerpo de la Ley vigente existen retos a superar, ya que se observa que existe cierto margen de discrecionalidad de los servidores públicos, y puede dar lugar a la colusión de oferentes para causar perjuicios al erario público.

Por ejemplo, no existe consenso sobre la metodología más adecuada para estimar el precio máximo de referencia, por el contrario, entre países y entre entidades federativas pueden variar tanto las fuentes utilizadas como la estadística descriptiva considerada.

Por lo tanto consideramos de especial importancia la adopción de criterios y mecanismos de probada experiencia en los diseños de licitaciones con la finalidad de reducir un margen de maniobra de las colusiones entre oferentes y anticiparse preventivamente inhibiendo el comportamiento anticompetitivo.

Por lo tanto, en la presenta iniciativa realiza, entre otras, las siguientes propuestas:

En primer lugar, establecer que la Secretaría de la Función Pública implemente un programa periódico de capacitación a los servidores públicos, para la elaboración de estudios de mercado, así como para la identificación de indicios que permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones o condiciones de competencia vulnerables a restricciones artificiales a la competencia.

También se integran mecanismos que favorezcan la integridad de las propuestas, ampliando opciones en los bienes y servicios que sirvan para la misma finalidad, y estimulando la participación de más licitadores, impidiendo así delimitar tamaño, composición o naturaleza de la empresa oferente.

Se permitiría a las dependencias y entidades que soliciten ofertas anónimas identificar licitadores con referencias únicas, para aumentar el nivel de incertidumbre entre los participantes a la licitación, dificultando una conspiración de efectos anticompetitivos.

Se obliga también a los licitadores a revelar si efectuarán una subcontratación y justificarla en su caso.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos seguros que con la aprobación de la presente iniciativa se contribuirá a contar con un marco jurídico efectivo en materia de transparencia, de ejercicio correcto de los recursos públicos y se prevendrá la comisión de conductas que generen un daño al erario de la Federación de los estados y del Distrito Federal.

Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, señor Presidente.

Iniciativa

La suscrita, diputada ELIZABETH VARGAS MARTIN DEL CAMPO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México se encuentra entre las mayores economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo, debido a la productividad relativamente baja del país, la diferencia en los niveles de vida respecto al resto de la OCDE se amplió durante la última década. Las tasas de desigualdad y pobreza en nuestro país, se encuentran entre las más altas de esa Organización.

Los niveles de bienestar, no podrán mejorar sin la orientación del gasto público a la productividad y al sector privado posicionarse en las mejores prácticas comerciales, no obstante, la corrupción, donde participan ambos agentes representa un área donde los gobiernos deben brindar mecanismos especiales, para impedir éste contubernio negativo.

La OCDE, plantea que en el marco de las mejores políticas, la mejora de los resultados de las adquisiciones públicas el gasto público total de México representa el 21.9% del Producto Interno Bruto (PIB)-- cerca de la mitad del promedio de la OCDE-- del cual las compras públicas son parte fundamental. Por consiguiente, resulta decisivo que el sistema de compras garantice la calidad de los bienes o servicios que se adquieren con el dinero de los contribuyentes1.

En toda América Latina, el doble problema de la colusión y la corrupción distorsiona el funcionamiento efectivo de los mecanismos del mercado en los procesos de compras públicas. Estos problemas, socavan drásticamente la eficiencia de los sistemas de contrataciones y adquisiciones públicas y generan pérdidas sustanciales a los gobiernos de la región2 trasladando ineficiencias en servicios públicos deficientes al ciudadano.

Aunado a esto, según la experiencia internacional las compras públicas y la contratación son de las actividades gubernamentales más vulnerables al desperdicio, el fraude y la corrupción. Por esta razón, en la cumbre de Cannes, celebrada en noviembre de 2011, el G-20 reconoció la importancia de un sistema de contratación pública transparente e imparcial sujeto a mayor transparencia3.

El proceso competitivo puede generar menores precios o mejor calidad así como innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad, es decir, establecen sus términos y condiciones con honestidad e independencia4. La manipulación de licitaciones puede resultar especialmente dañina si afecta las adquisiciones públicas.

La colusión consiste en cualquier acuerdo (por escrito u oral) entre oferentes que limite o reduzca la competencia5 en una licitación pública, dicho acuerdo puede ser entre oferentes quienes simulan presentar ofertas, sin embargo, en la mayoría de los países, tales acuerdos son ilegales.

Para la OCDE, la manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en licitaciones)6 se presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, conspiran clandestinamente para aumentar los precios artificialmente o reducir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen a los compradores que buscan adquirir bienes o servicios por medio de un proceso de licitación.

La colusión de oferentes en las compras públicas, resultan perniciosas para el gobierno y los contribuyentes, sus efectos limitan el alcance de las políticas o reducen la efectividad de los beneficios que brindan.

Las colusiones en las licitaciones públicas, desvían recursos de los compradores y los contribuyentes, disminuye la confianza del público en el proceso competitivo y socava los beneficios de un mercado competitivo.

El buen desarrollo de las compras públicas,7 define el estado de derecho, la certeza de los particulares y tiene consecuencias sobre la competitividad nacional.

La colusión representa uno de los problemas más recurrentes del sistema competitivo, entendida como la conspiración entre firmas, con la finalidad de evitar la competencia cuando se esperaría que compitieran entre sí.

El éxito en los intentos de colusión, es más probable cuando las empresas son capaces de acordar objetivos y medios comunes para alcanzarlos, de verificar la aplicación de lo acordado y de sancionar a los participantes en el acuerdo que lo incumplan8.

Igualmente, el mercado puede presentar características que hacen cómoda una colusión, como cuando es estable, y la estabilidad en el mercado se reconoce por la teoría económica como un mercado en que existen barreras de entrada que dificultan o impiden la entrada de nuevos competidores, y no parece probable que se produzcan modificaciones importantes de las condiciones de demanda, o innovaciones tecnológicas significativas en el producto en cuestión. Todo ello, propicia no sólo la realización de acuerdos sino también la posibilidad de extender su duración a lo largo de mayores períodos de tiempo9.

Una característica y efecto de la competencia entre proveedores del mercado, es la variedad en opciones tanto en calidad y en precio.

Descubrir a los conspiradores antes de que alcancen sus propósitos ilegales, es una tarea complicada, aún para las agencias de competencia como la Comisión Federal de Competencia Económica(COFECO) que cuentan ya con una respetable experiencia, por ello los diseños de las licitaciones públicas deben configurarse a modo preventivo para dificultar los acuerdos anticompetitivos.

En otras palabras, el marco jurídico mexicano cuenta ya con dispositivos legales que regulan a modo correctivo la coordinación de posturas en una licitación: la Ley Federal de Competencia Económica10 (consultada el 27 de febrero de 2014), el Artículo 9 y 35 F IV, de igual modo el artículo 254 Bis FIV del Código Penal Federal, señala sanciones privativas de la libertad.

El caso IMSS11

Derivado de una investigación, la agencia antimonopolios mexicana, la COFECO, sancionó a diversos laboratorios por coordinar posturas en licitaciones, que perfilaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el efecto de eliminar la competencia entre ellas y obligar al instituto a pagar precios artificialmente altos por los medicamentos que requiere para los tratamientos de sus derechohabientes, durante los años 2003 a 2006, específicamente la insulina humana, la cual es esencial para el tratamiento de la diabetes12.

En este tenor, tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento entre la OCDE, la COFECO y el IMSS para la Implementación de las Directrices del Comité de Competencia de la OCDE, para combatir la colusión en las licitaciones para las compras públicas13. Donde el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, señaló que:

“La colusión en las licitaciones es un problema que afecta a las adquisiciones públicas en todo el mundo y que cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes de los países miembros de la OCDE. Las experiencias en los países de la OCDE revelan que los cárteles pueden aumentar el costo de los bienes y servicios en 20% o más. Las primeras víctimas de un cártel son los clientes del mismo. Cuando esos clientes son los organismos públicos, los cárteles perjudican a los contribuyentes y por tanto a la economía en su conjunto.”

Reiterando los instrumentos legales, cabe destacar que el buen uso de los recursos, fue elevado a rango constitucional por el constituyente de 191714, señalando en el artículo 134 de la Carta Magna lo siguiente:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

(... )

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

En otro ámbito, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, confirieron a la COFECO el rango de órgano constitucional autónomo, de esta manera quedó facultada para ordenar medidas que eliminen las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.15

Por lo tanto las políticas públicas en materia de compras públicas, deben ser sensibles a las políticas de competencia para estimular el buen funcionamiento de los mercados, mejor distribución de la riqueza y traslación a las mejores prácticas comerciales por parte de las empresas.

Ante la prohibición a los monopolios y acuerdos que restringen la competencia, el texto constitucional, señala en el nuevo artículo 28 lo siguiente:

“ … la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”16

Dicha reforma, ocasionó un profundo rediseño institucional de la agencia antimonopolios, elevándola al grado de autonomía más alto que reconoce nuestro sistema legal, encomendándole que garantice la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos constitucionales y legales, para ello se le otorgan las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, incluso ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia y ordenar la desincorporación de activos de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Derivado de lo anterior, podemos concluir que la política de competencia en México cuenta con un andamiaje institucional y marcos legales adecuados, pero lo son de carácter correctivo, y la ventana de oportunidad de desarrollar modelos legales preventivos resulta no sólo importante sino acertada.

En el caso de la licitación, como se mencionó, es una garantía del interés público, la cual, debe ser entendida como dar el mejor uso posible a los recursos del erario público.

La literatura económica y la evidencia empírica, reconocen las siguientes formas más frecuentes de colusión:

Ofertas de resguardo-ofertas cubiertas. Cuando un oferente acuerda presentar una oferta más alta que la oferta del oferente designado, o acuerda presentar una oferta que incluye términos o clausulas, inaceptables para la Unidad Contratante. Se le conoce como la forma más común de manipular las ofertas, porque simula una verdadera competencia.

- Supresión de Ofertas Consiste en el pacto entre dos empresas para abstenerse de presentar una oferta, o acuerdan en retirar una que ya fue presentada.

- Rotación de Ofertas. Las empresas concursantes presentan ofertas simuladas, sin embargo, han pactado turnos para ganar los contratos mediante la oferta más baja previamente definida.

- Segmentación del mercado. Los competidores conspiran para dividir mercados y pactan no competir en determinadas áreas geográficas o clientes a cambio de que sus competidores no participen en los suyos.

La mejora en los procedimientos de compras públicas ha llevado a un ahorro significativo en varios países17:

En Colombia, la adquisición de bienes de uso militar bajo los nuevos procedimientos, representó un ahorro de 47% sobre anteriores adquisiciones.

En Guatemala, la compra de medicamentos y de bienes de uso médico, representó un ahorro de 43%.

En Pakistán, región de Karachi, la Junta de Agua y Servicio de Drenaje tuvo un ahorro de 3.1 millones de dólares con su nuevo esquema de compras públicas.

En la Unión Europea, la aplicación de las Directivas en Compras Públicas del Comité Europeo, durante el período de 1993 a 2002, generó ahorros de entre 5 millones de euros y 25 mil millones de Euros.

Dando ejecución a las políticas de adquisiciones en México, se encuentra la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAAySSP), la cual tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 Constitucional en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. Eventualmente se adoptó el sistema Compranet, con el cual se establece un archivo digitalizado de las propuestas de proyecto para cada licitación. Con ello se pretende fortalecer la labor de la institución en el seguimiento a los procesos de adquisición.

No obstante, existen retos a superar por la LAAySSP, que deja cierto margen a la discrecionalidad de los servidores públicos, y a la colusión de oferentes para causar perjuicios al erario público. Por ejemplo, “no existe consenso sobre la metodología más adecuada para estimar el precio máximo de referencia18. Por el contrario, entre países y entre entidades federativas, pueden variar tanto las fuentes utilizadas como la estadística descriptiva considerada. A manera de ejemplo, para calcular el precio de referencia, Portugal utiliza exclusivamente los precios prevalecientes en el mercado, Austria emplea precios obtenidos en licitaciones anteriores, y Bélgica y Francia usan ambas referencias.”

El diseño de la licitación es clave, por lo tanto, priorizar excesiva y rígidamente las fases iniciales inducen restringir el número de participantes a la licitación o a sentar patrones de comportamiento y tornar predecibles violaciones a la normatividad por los oferentes. En este sentido, diseños que obstruyan colusiones y el trabajo de las agencias de regulación, deben estar más atentos y preparados en varios temas para evitar una especialización que genere zonas de ambigüedad o de arbitrariedad19.

Por lo tanto, deben adoptarse criterios y mecanismos de probada experiencia positiva en los diseños de licitaciones, tal como la OCDE ha recalcado la importancia, ello con la finalidad de reducir un margen de maniobra de las colusiones entre oferentes y anticiparse preventivamente inhibiendo el comportamiento anticompetitivo.

La OCDE, ha planteado 6 lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas20:

LINEAMIENTO 1. Contar con información adecuada antes de diseñar el proceso de licitación. Entre mayor información posea el gobierno sobre las condiciones del mercado -los precios, los bienes sustitutos y los proveedores disponibles-, mejor será su posición para tomar una decisión que maximice su utilidad.

LINEAMIENTO 2. Diseñar el proceso de licitación para maximizar la participación potencial de licitadores que compiten genuinamente. Es importante remover restricciones innecesarias (garantías o depósitos), para que más licitadores puedan participar y a un costo menor. Estandarizando formatos o certificación de procesos.

LINEAMIENTO 3. Definir con claridad los requisitos y evitar las medidas predecibles. Entre más claros sean los requisitos de las licitaciones, más seguridad tendrán las empresas para presentar sus ofertas. Estos requisitos deberán especificar productos sustitutos, términos de desempeño, requisitos funcionales y una descripción clara de la necesidad en cuestión. Debido al carácter dinámico del mercado, adicionalmente, la entidad gubernamental deberá reservarse la facultad de efectuar medidas viables que eviten posibles estrategias entre oferentes para coludirse.

LINEAMIENTO 4. Diseñar el proceso de licitación para reducir eficazmente la comunicación entre oferentes. También es relevante salvaguardar el anonimato de los licitadores y ser cuidadoso con la información revelada, a fin de evitar la comunicación entre ellos. Es recomendable que el gobierno utilice recursos electrónicos o cualquier otro medio para asegurar la confidencialidad del proceso, así como hacer hincapié a los licitadores sobre las sanciones por manipulación o colusión de ofertas que el marco legal contempla.

LINEAMIENTO 5. Elegir con cuidado los criterios para evaluar y adjudicar la oferta. Los criterios de evaluación deberán planear el impacto que podría tener en la competencia futura, evitar el trato preferencial, ponderar adecuada y anticipadamente los criterios de evaluación con la intención de recompensar la innovación y la racionalización de costos. Si el gobierno considera que el resultado no será competitivo, deberá reservarse el derecho de no adjudicar.

LINEAMIENTO 6. Crear conciencia entre el personal de evaluación acerca de los riesgos de la colusión en los procesos de adquisición. Deberá fomentarse el aprendizaje entre el personal adscrito a las áreas encargadas de las adquisiciones, y éstas deberán integrarse por personas sensibles a los patrones de manipulación en licitaciones.

Finalmente, cabe hacer notable referencia a un ejercicio legislativo plural, asumido en la LXI Legislatura y acompañado por diputados federales de todos los grupos parlamentarios que integraron la Comisión Especial para la Competitividad21, quienes plantearon enmiendas al artículo 26 de la LAASSP para incluir los referidos lineamientos esbozados por la OCDE. Proyecto que hoy se vuelve a adoptar, con la finalidad de modernizar el marco jurídico de las compras públicas, desmantelando las colusiones en las compras públicas, mediante un carácter preventivo.

Porque toda promesa comercial que frene las futuras operaciones comerciales del que contrae la obligación contractual -- por ejemplo, reservando el negocio para la parte a la que se le hace la promesa y excluyendo a otros – “opera como una restricción al comercio” II E. Allan Fransworth, FransworthonContracts 18 (2ª ed. 1998)22.

En concreto, la presente iniciativa modifica al artículo 26 de la LAASSP, con los siguientes propósitos:

▪ Establecer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) implemente un programa periódico de capacitación a los servidores públicos para la elaboración de estudios de mercado, así como para la identificación de indicios que permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones o condiciones de competencia vulnerables a restricciones artificiales a la competencia;

▪ Posterior al proceso de licitación, las investigaciones de mercado deberán ser publicadas mediante los recursos informáticos disponibles, con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, únicamente exceptuando de esta disposición los elementos del estudio que la SFP y las dependencias o entidades consideren que pueden ser utilizadas con propósitos restrictivos de la competencia por oferentes;

▪ Se integran mecanismos que favorezcan la integridad de las propuestas, ampliando opciones en los bienes y servicios que sirvan para la misma finalidad y estimulando la participación de más licitadores, impidiendo delimitar tamaño, composición o naturaleza de la empresa oferente;

▪ Se permitiría a las dependencias y entidades, que soliciten ofertas anónimas e identificar licitadores con referencias únicas, para aumentar el nivel de incertidumbre entre los participantes a la licitación dificultando una conspiración de efectos anticompetitivos;

▪ Se obliga a los licitadores a revelar si efectuarán una subcontratación y justificarla;

▪ Se comunicará de manera expresa a los licitadores, las consecuencias y sanciones en caso de conspirar o coludirse en la coordinación de posturas, al igual que los beneficios del programa de inmunidad previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, ello con la finalidad de disuadir la conducta ilegal;

▪ Se agregará la firma de una manifestación de oferta independiente, donde el licitador expresará, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido objeto de ningún contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en la licitación; y

▪ Se evitarán restricciones innecesarias que reduzcan el número de licitadores calificados, se impida establecer ventajas en favor de uno o varios participantes, igualmente, se prohíbe la creación de obstáculos a la competencia entre proveedores, como descripciones específicas favoreciendo un mayor número de ofertas que se presenten, y se evitará que se formulen contratos que guarden similitudes que puedan ser prevenidos entre licitadores.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I.

II.

III.

Para la investigación de mercado las dependencias y entidades deberán recabar la siguiente información:

a) Los antecedentes de subcontrataciones de los posibles proveedores, sus precios y costos, los precios en que ofrecen a particulares y su comportamiento en anteriores licitaciones;

b) La posibilidad de acceso a bienes o servicios sustitutos o alternativos, su costo, disponibilidad en el mercado y que cumplan los requisitos del comprador;

c) Las experiencias de otros compradores del sector público para productos o servicios iguales o similares;

d) Información acerca de las características de ofertas anteriores, tales como datos sobre el producto adquirido, la oferta de cada participante y la identidad del ganador;

e) Las empresas que ofrecen el bien o servicios a licitar que han sido acusadas o sancionadas por colusión por parte de la Comisión Federal de Competencia;

f) Las empresas que ofrecen el bien o servicios a licitar que han sido objeto de sanción por parte de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal;

g) Metodología, datos empleados, así como las fuentes, para determinar el precio máximo de referencia; y

h) Las demás que determine la Secretaría de la Función Pública, esta Ley y su Reglamento.

La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos para la elaboración de las investigaciones de mercado, así como aquellos para determinar el precio máximo de referencia.

Las dependencias y entidades deberán planear los procedimientos de adquisición considerando un plazo razonable para la elaboración y análisis de los estudios de mercado, los cuales sustentarán el diseño de las bases y convocatorias.

Una vez realizada la investigación de mercado y concluido el proceso de contratación, ésta deberá quedar a disposición del público a través de las páginas de Internet respectivas, con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No se publicarán los datos justificados que conjuntamente la Secretaría de la Función Pública y las dependencias o entidades consideren sensibles y que puedan ser utilizados en futuras licitaciones por las empresas para realizar actos anticompetitivos. Para lo anterior, podrán solicitarse recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica.

La Secretaría de la Función Pública, implementará un programa periódico de capacitación a los servidores públicos para la elaboración de estudios de mercado, así como para la identificación de indicios que permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones.

Como regla general, el diseño de la licitación deberá definir claramente las especificaciones de manera que consideren todos los productos sustitutos cercanos en términos de desempeño y requisitos funcionales.

Cuando las circunstancias lo permitan, las dependencias y entidades solicitarán la presentación anónima de ofertas, mediante la identificación de los licitadores a través de números u otra clase de distintivo. Asimismo, deberán aumentar el nivel de incertidumbre entre las empresas en cuanto al número y la identidad de los oferentes.

Los servidores públicos serán responsables por el uso, sustracción, encubrimiento, divulgación o alteración total o parcial de la información a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar información, las dependencias o entidades dictarán las medidas conducentes para salvaguardar en los términos de esta Ley aquélla que sea confidencial.

Las dependencias y entidades requerirán a los licitadores que revelen, bajo protesta de decir verdad, que la propuesta presentada no es contraria a ninguna de las disposiciones establecida en la Ley Federal de Competencia Económica o su reglamento, en particular que no ha sido objeto de ningún contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones. Para ello, se firmará una manifestación de oferta independiente, en términos del reglamento de esta ley.

Asimismo, los licitadores en su oferta deberán revelar con anticipación si tienen contemplado realizar subcontrataciones, el nombre de la empresa o las empresas a subcontratar, así como la explicación de la necesidad de la subcontratación.

El diseño de la oferta de adquisición incluirá oportunamente una advertencia de las sanciones aplicables por prácticas monopólicas, el programa de inmunidad con su correspondiente beneficio de reducción de sanciones en términos la Ley Federal de Competencia Económica, las disposiciones establecidas en esta ley, las penalizaciones en términos de la manifestación de oferta independiente, sin perjuicio de otras penalizaciones que determinen ésta y otras leyes, y la posibilidad de que el comprador a cargo de las adquisiciones busque el resarcimiento de los daños conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de que la convocante identifique que existen indicios que supongan la existencia de una de las prácticas monopólicas absolutas previstas en la Ley Federal de Competencia, deberá informar a la Comisión Federal de Competencia Económica para que inicie los procedimientos correspondientes.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. Las dependencias y entidades, bajo estricta responsabilidad de su titular evitarán restricciones innecesarias que reduzcan el número de licitadores calificados ni establezcan ventajas exclusivas a favor de uno o varios participantes. Asimismo, impedirán la creación de obstáculos a la competencia entre proveedores, tales como controles de tamaño, composición o descripciones específicas o de naturaleza de las empresas que están en posibilidad de presentar una oferta. Para el diseño del esquema de eliminación de barreras podrán consultar a la Comisión Federal de Competencia Económica.

La dependencia o entidad, evitará la presentación de contratos con valores idénticos que puedan ser compartidos con facilidad entre los licitadores.

La Secretaría de la Función Pública, las dependencias y entidades establecerán un mecanismo de quejas confidencial para que servidores públicos, los licitantes o posibles licitantes comuniquen sus inquietudes con respecto al proceso de competencia y libre concurrencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos de licitaciones públicas emprendidos antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán gestionándose bajo las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio.

TERCERO. Los lineamientos para la realización de estudios de mercado, así como aquellos para la determinación del Precio Máximo de Referencia deberán ser publicados por la Secretaría de la Función Pública, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el Diario Oficial de la Federación a los cuarenta y cinco días posteriores a la publicación del presente Decreto.

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 3 de julio de 2014.

Dip. Elizabeth Vargas Martin del Campo.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

1 OCDE (2012), Serie Mejores Políticas, Mejores Políticas para un desarrollo incluyente, Mejorar los resultados de las adquisiciones públicas. Pp. 18.
http://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

2 Sitio web: The International Governance&RiskInstitute, “Foro Latinoamericano y del Caribe: Prevención y Lucha Contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones Públicas”
http://esp.govrisk.org/current-events-view.asp?id=27&showstatus=

3 OCDE (2012), Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social. OECD Publishing, p. 5.
http://www.oecd.org/centrodemexico/49383781.pdf

4 Apud., OCDE, Bribery in Procurement, Methods, Actors and Counter-Measures, 2007.

5 La Comisión Federal de Competencia Económica, explica sobre la política de competencia en México, que “es una herramienta fundamental para mejorar el desempeño de la economía. En primer lugar, cuando existe competencia mejoran las condiciones de precio y calidad de los productos y servicios, por lo que el ingreso real de los consumidores es mayor y la distribución del ingreso es menos desigual. Segundo, la competencia impulsa la competitividad de la economía, fomenta la inversión y el empleo y genera mayor crecimiento económico. Finalmente, cuando existe competencia, los recursos públicos se utilizan de manera más eficiente. (énfasis añadido).
En efecto, la competencia económica promueve el bienestar de los consumidores, pues crea un ambiente que genera más opciones, para que cada consumidor elija a aquellos proveedores que le suministran bienes y servicios en las condiciones más adecuadas.

6 OCDE (2009), Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas, http://www.oecd.org/mexico/IMSS%20Report_Spanish_FINAL.pdf

7 Sitio web de CNNExpansión, artículo “Concamin aplaude compras del gobierno” de julio de 2013. http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/07/08/concamin-aplaude-compras-del-gobierno

8 Comisión Nacional de la Competencia, España, Guía sobre Contratación Pública y Competencia, Factores que pueden facilitarla colusión, Pp. 31.

9 Ibidem. Comisión Nacional de la Competencia, España. Pp. 31.

10 Comisión Federal de Competencia, Herramientas de Competencia, Pp.14.

11 Véase Más en el Informe del Secretariado sobre las reglas y prácticas de compras públicas del IMSS. 2011, disponible en: http://www.oecd.org/mexico/IMSS%20Report_Spanish_FINAL.pdf

12 Igualmente, se resolvió sancionar a otros laboratorios por coordinar posturas en licitaciones de sueros inyectables, durante los años 2003 a 2006.
En ambos casos, las empresas sancionadas se alternaban para ganar la licitación de los medicamentos que realizaba periódicamente el IMSS. La empresa que ganaba lo hacía con una cotización artificialmente alta, pero con la seguridad de que sus competidores presentarían precios aún más elevados.
Además de las firmas, fueron sancionadas las personas físicas que participaron directamente en esta colusión contra los derechohabientes del IMSS, por cuenta y orden de sus empleadores.

13 Sitio web de la OCDE, Mejores Políticas, 13 enero de 2011.
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/cooperacionocde-cfc-imss.htm

14 S.p.i. Historial de reformas al artículo 134 Constitucional.
http://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/134.pdf

15 Presentada el 12 de marzo de 2013 por el Ejecutivo Federal y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados en el marco del Pacto por México.

16 Segundo párrafo del Artículo 28 constitucional.

17 Vid. Capobianco, Antonio, Presentación OCDE, Introducción: ¿Qué es la colusión entre oferentes en licitaciones públicas y por qué es ilegal? Diap. 8. http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/ForoCompetencia/FORO-%20Prevencion/GovRisk%20Forum%20on%20Corruption%20and%20Collusion%20in%20Public%20Procurement%20-%20USB%20Files/ESP%20Presentations/Day%201/Day1-12-13-Capobianco-QUEESLACOLUSIONYPORQUEESILEGAL.pdf

18 S.p.i. Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Guía práctica de compras públicas Recomendaciones para comprar bien a nivel estatal. “Precio máximo de referencia: se deriva de la información de precios obtenidos durante el estudio de mercado y debe ser menor al precio no aceptable. El precio máximo de referencia es el monto a partir del cual los licitantes deberán ofrecer porcentajes de descuento como parte de su proposición. Según el reglamento de la ley, la convocante tiene la facultad de decidir si revelar o no el precio máximo de referencia durante la licitación. El precio máximo de referencia puede ser utilizado al momento de la evaluación, para determinar la cantidad de puntos que se le deben otorgar a cada propuesta dependiendo del descuento que éstas ofrezcan respecto de dicho precio. Pp. 23. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/Guia_de_compras_publicas_011012.pdf

19 Op. Cit. IMCO. Pp. 3.

20 Combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México, Informe del Secretariado sobre las reglas y prácticas de compras públicas del IMSS, 2011. http://www.oecd.org/mexico/IMSS%20Report_Spanish_FINAL.pdf

21 Vid. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3479-VI, 27 de marzo de 2012. Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Turnada a la Comisión de la Función Pública.

22 Derecho y Economía de la Competencia, 2008, Gellhorn, otros.5ª edición, USAID. Pp. 27.





 

Tiene la palabra la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 5 Y 59 TER DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)

La Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente.

Bueno, el día de hoy, igual, presento este proyecto de dictamen que tiene que ver con un problema muy importante que tiene que ver con la niñez de nuestro país, es un problema de salud pública, el hecho de que en los propios organismos de salud del país reconocen que tenemos a los niños y niñas más obesos del mundo, es decir, que estamos entre el primer y segundo lugar de nuestra niñez que se encuentra en obesidad y esto por los anuncios publicitarios que están a diario bombardeados en horarios de triple A, que tiene que ver con los horarios infantiles, y que reciben este bombardeo a diario.

Tenemos este problema y que estamos aquí proponiendo que pueda tener una regulación de estos niveles de publicidad y que solamente para darles algún dato, hay cadenas de hamburguesas de este país, que no escatiman en los millones de pesos que dedican a esta publicidad.

A la cabeza está una cadena de publicidad de restaurantes de hamburguesas, con 957 millones de dólares de inversión al año; tenemos de tortas fías, que gasta 516 millones en publicidad, o sea que de dos empresas de alimentos y bebidas altas en calorías, más importantes en el mundo, no escatiman estos gastos al momento de transmitir sus anuncios publicitarios.

También "enabona" nuestra propuesta la Organización Mundial de la Salud, publicó cinco recomendaciones aludiendo a la publicidad de alimentos y bebidas altas en calorías.

La medida tres, señala, cito, que para lograr la finalidad y los objetivos de las políticas, los estados miembros deben considerar diferentes métodos, es decir, el progresivo o el integral, para reducir la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos, de tipo "trans", azúcares, o sal dirigida a los niños.

Así también como la recomendación número cinco, establece que los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma de promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres, o sal.

 También la Convención sobre los Derechos de los Niños obliga a los estados parte, a combatir las enfermedades y la mal nutrición en el marco de la atención primaria de la salud, mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos, adecuados y el agua potable salubre.

Asimismo, el Derecho Internacional han contribuido para poder disminuir esta publicidad y entre ellas encontramos los siguientes. El Código de Ética del Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria, el Código ...de la Cámara Internacional de Comercio de Prácticas Publicitarias y de Comunicación Comercial, el Marco de Referencia de la Cámara Internacional de Comercio para la Comunicación Comercial Responsable de Alimentos y Bebidas, Normas de Calidad Aplicables a Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, “codis alimentarius”, Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS, Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles de la OMS; el Código de la Autorregulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas Dirigida a Menores, el Departamento también de Salud y Servicios Humanos, de Estados Unidos.

Ciudadanas legisladoras y legisladores, la urgencia de aportar propuestas para que nuestras niñas y niños crezcan sin males de adultos, es una responsabilidad que todas y todos debemos de compartir.

Señor Presidente, dejo en esta tribuna con la solicitud de que esta iniciativa pueda ser turnada a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y Derechos de la Niñez, a fin de que hagan los análisis respectivos y emitan el dictamen correspondiente.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

El Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada. Concedida su petición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.





 

Se recibió del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM, un proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, que se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 2 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

(Presentada por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

El que suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUAREZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION II Y SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 2 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos 50 años la lucha contra la tortura, ha sido uno de los principales objetivos del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico internacional para prohibir específicamente la tortura fue la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5). El primer tratado para prohibir la tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó tiempo después, en 1950. El año de 1984, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo.1

El tema de la tortura es un ámbito donde convergen los derechos humanos y el derecho humanitario, y donde ambos cuerpos de normas se complementan recíprocamente.

Para la correcta aplicación de las normas de los derechos humanos en materia de tortura, es conveniente la observancia de tres aspectos: prevención, cumplimiento y sanción, reparación.

La presente iniciativa se centra en el aspecto de la prevención de la tortura, su importancia es primordial dada la magnitud de los efectos psicológicos que provoca en la victima, el daño infringido por la tortura es irreparable.

Por lo que respecta a los derechos humanos, en el artículo 2, párrafo 1, de la Convención contra la Tortura, se obliga a los Estados a tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura”; tales medidas no han de limitarse a la prohibición inequívoca de todo acto de tortura, sino que también deben incluir aspectos como la capacitación de personal policial y de seguridad, la elaboración de lineamientos precisos acerca del trato adecuado a las personas privadas de la libertad, la instauración de mecanismos de control y supervisión de sistemas efectivos para estudiar las quejas relativas a malos tratos.

El deber de los estados de impedir los actos de tortura es primordial, debido que a menudo las infracciones no salen a la luz; según el ex relator especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se califica a la tortura como la más íntima de las violaciones de derechos humanos, puesto que tiene lugar en el aislamiento y, muy a menudo, la inflige un torturador al que la víctima nunca llega a conocer.

Y es que con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano.

La tortura es considerada como  un crimen del derecho internacional, y es que en todos los instrumentos la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse su utilización en ninguna circunstancia, es importante mencionar que esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad aun cuando alguno de ellos no haya ratificado los tratados en los que se prohíbe explícitamente la tortura.

Es decir, la prohibición de la tortura tiene un rango especial en el derecho internacional consuetudinario, al ser considerada como una regla “Jus Cogens”, o sea una norma imperativa.

Los Estados son los responsables de garantizar los derechos de todos quienes se encuentran bajo su jurisdicción, de tal manera que los estados que ratificaron la Convención contra la Tortura, se comprometen a formar al personal encargado de hacer cumplir la ley y al personal médico, así como a otras personas que puedan intervenir en la custodia, en el interrogatorio o en el tratamiento de detenidos, en materia de prohibición de tortura y malos tratos

A pesar del avance alcanzado por la comunidad internacional para la eliminación y proscripción de esta lacra, muchos gobiernos incumplen con su responsabilidad, treinta años después de la adopción de la Convención, y más de 65 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura no solo goza de buena salud: está proliferando.2

Nuestro país, tristemente sufre de esta horrible endemia, aunque resulta extremadamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura, esta dificultad se debe en gran parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas a merced de represalias, como resultado se denuncian menos casos de los que realmente ocurren.

El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, considero que en México la tortura tiene una situación generalizada en las instituciones de seguridad del país, y presenta características de una especie de endemia que es necesario corregir.

Aclaro también que el hecho que la tortura este generalizada, no significa que sea promovida por lo dirigentes mexicanos, sino que se da en prácticamente todas las corporaciones que hacen arrestos en este país.

Entre algunos de los instrumentos internacionales en los que se hace referencia a la necesaria capacitación de todos los elementos involucrados en las tareas de seguridad e impartición de justicia para evitar el uso de métodos de tortura o tratos inhumanos y degradantes, se encuentran los siguientes:

Principios de Paris3

3. La institución nacional tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

f) Colaborar en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional.

Referencia del ACJ4 sobre la tortura

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deberían desempeñar un papel activo en la capacitación de todos los sectores de la comunidad. Por ejemplo, los abogados, los periodistas, los médicos, el personal de salud, los maestros, los agentes de policía, el personal militar, los altos funcionarios públicos, el personal del poder judicial y los legisladores deberían de recibir formación en el significado y aplicación de la legislación internacional sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Convención contra la Tortura

Artículo 10

1. Todo Estado Parte velará porque se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

Regla 47

1. El personal deberá poseer un nivel intelectual suficiente.

2. Deberá seguir antes de entrar a servicio, un curso de formación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas.

3. Después de su entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán periódicamente.

Por lo mencionado con anterioridad, consideramos que uno de los pilares para la prevención de la tortura en nuestro país es la capacitación de funcionarios públicos.

La impartición de programas de capacitación profesional a funcionarios públicos, es una estrategia esencial para ayudar a prevenir la tortura y los tratos crueles de personas privadas de su libertad.

Todo personal que intervenga en el arresto, la detención o el interrogatorio de personas debería recibir capacitación en materia de derechos humanos, en particular, en lo que respecta a la prohibición absoluta de la tortura.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en el caso mexicano la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden contribuir de manera importante a la impartición de esta capacitación mediante la elaboración de instrumentos de formación y la impartición de cursos de capacitación.

Sin embargo, es importante recalcar, que los programas de capacitación ofrecidos por las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, solo serán útiles si hay una clara voluntad política de prevenir la tortura.

Para finalizar, haremos mención de una encuesta mundial encargada a Globescan donde se ha revelado que casi la mitad (44%) de las personas encuestadas de 21 países de todos los continentes, temen correr peligro de ser torturadas si son puestos bajo custodia en su país; Brasil y México son los países que más temor demuestran, es por lo tanto poner mayor empeño para la erradicación de ese temor.

Si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana, es la tortura, una práctica abominable que ha llegado inimaginable de crueldad y de atrocidad, un flagelo para la humanidad del que ninguna región del mundo ha podido librarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II Y SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 2 LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción V al artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal relacionados con la procuración de justicia llevaran a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I…

II. La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar el respeto de los derechos humanos, estos cursos serán impartidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en su caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos contribuirá a la preparación y revisión de programas y materiales de capacitación, así como supervisar y evaluar la efectividad de dichos programas.

III.… IV.

V. Establecer campañas que transmitan con regularidad el mensaje de que la tortura no es aceptable en ningún caso, y que las personas privadas de su libertad merecen un trato humano.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, el 3 julio de 2014.

Suscribe

Dip. Ricardo Astudillo Suárez.

1 Kälin, Walter, Revista Internacional de la Cruz Roja, 30-09-1998.

2 Amnistía Internacional; La Tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas; Reino Unido; 2014; 52pp

3 Los Principios de Paris fueron elaborados en el Primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, celebrada en Paris en 1991. Los Principios de Paris se relacionan con el estatus y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

4 Consejo Asesor de Juristas del Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacifico





 

Tiene el uso de la tribuna el Diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar a nombre propio y de los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Roberto López Rosado, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

(Presentada por el Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Roberto López Rosado)

El Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, señor Presidente.

Esta iniciativa que presentamos varios Diputados de diversos grupos parlamentarios son Diputados que pertenecen a la Comisión de Alimentación de la Cámara de Diputados y tiene que ver con el tema que acaba de tratar la Diputada que acaba de hacer uso de la tribuna, la Diputada Alliet, del PRD, porque aunque en la legislación actual, el Ejecutivo podría tomar algunas medidas que estamos proponiendo, no las toma, entonces necesitamos que la Ley claramente prohíba la publicidad de alimentos chatarras dirigida hacia los niños, así como existe prohibición de publicidad, el tabaco y el alcohol en horarios infantiles en la televisión, así también necesitamos que en horarios infantiles no se dirija la publicidad a los niños en alimentos chatarras.

Todos sabemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en primer lugar, entonces necesitamos tomar medidas que desde el Legislativo obligue a que el Ejecutivo haga cumplir este tipo de medidas que creemos que van a ayudarnos a combatir el problema de la obesidad.

Todos sabemos que tenemos algún familiar, conocido, amigo que ha creado adicción por ejemplo a la Coca Cola o a la Pepsi Cola y muchas veces estas adicciones vienen desde la infancia, y pues actualmente en México hay muchísima publicidad de este tipo de alimentos, sabemos que son alimentos que no tienen valor nutricional, pero al mismo tiempo muchos de ellos crean adicción y otros de ellos también tienen químicos, conservadores que son dañinos a la salud, no solamente no tienen valor nutricional, sino tienen colorantes, tienen conservadores que son dañinos a la salud, y estamos permitiendo que en horarios que pueden ser vistos por los niños sea transmitida esta publicidad y esta propaganda.

Nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa que se prohíba explícitamente esta propaganda en televisión, en las salas de cine, que también hay mucha publicidad de esta y que es vista por nuestros niños en las salas de cine.

Entonces creemos que es un tema que ya legisladores de los diferentes grupos parlamentarios están conscientes de ello y que podríamos sacarla, puesto que ataca un problema grave, social en nuestro país que es la obesidad infantil y que también pues repercute en los adultos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

Los suscritos Diputados Federales integrantes de diversos Grupos Parlamentarios a la LXII Legislatura del Honorable congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

En nuestro país, cotidianamente somos testigos de la gran cantidad de ocasiones en las que queda presente la ambigüedad de las disposiciones legales, las imprecisiones, la falta de contundencia o los procesos de iniciación de acciones de inconstitucionalidad, en los hechos siempre serán los principales indicios de que alguna reglamentación está siendo sujeta a la disertación entre las partes interesadas en encontrar los resquicios para no cumplir con lo mandatado.

Es una verdadera pena que esto siga ocurriendo en México, mientras que en el resto del mundo se establece que el uso de la razón es lo que prevalece como argumento para la toma de decisiones siempre en favor de las personas.

Este fenómeno social se reproduce en todas las esferas de la vida social y en todos los rubros de la economía nacional y de forma indistinta, la voracidad con que se actúa frente a los insuficientes esfuerzos de un sistema político que favorece aún más a los intereses económicos tiende a ser mucho más lesiva para los intereses de la gente común, sin importar que se trate de aspectos de salud o educación por ejemplo.

En este sentido, la presente iniciativa retoma el principio básico que versa sobre el derecho que poseen las niñas, niños y adolescentes, con relación a una vida sana y a una alimentación adecuada, prohibir los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos como lo establece el inciso c) fracción III del artículo transitorio Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la publicación del Decreto del día 26 de febrero del año 2013 en el Diario Oficial de la Federación, fortaleciendo la pretensión de regular la publicidad de los alimentos chatarra en horarios infantiles a través de los canales de televisión abierta y de paga, así como a través de las salas de cine; pero mientras esto se persigue, podemos apreciar cómo es que en la vida diaria prevalecen inconsistencias que siguen permitiendo un desequilibrio preocupante en cuanto al tipo de alimentación severamente cuestionada en nuestra sociedad.

De esta manera podemos ver contradicciones relativas a la incongruencia entre el deseo de lograr una alimentación adecuada, libre de excesos y de productos chatarra, frente a la desmedida distribución de todo tipo de productos y bebidas pre envasados, además de aquellos productos sin aporte nutrimental comúnmente llamados “productos chatarra”.

Al inicio de esta presentación ya hemos hablado de la falta de contundencia en cualquier legislación, pero en lo tocante al tema alimentario cobra singular importancia.

Es el caso reciente de la SSA quien publicó  “la reforma al Reglamento sanitario en materia de publicidad, pero sin las restricciones de transmisión de comerciales de productos sin aporte nutrimental (chatarra) en los horarios infantiles, como establecía el proyecto sometido a la consulta pública y avalado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) desde el pasado mes de septiembre”. Como puede notarse, una noble propuesta no pasa ahora de ser meramente una simple disposición para que la SSA, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorice aquellos mensajes de publicidad destinados para su difusión a través de televisión abierta, de paga y salas de cine.

Otro ejemplo y de mayor grado de perjuicio, es el tema relacionado a la regulación de los alimentos “chatarra” en escuelas públicas y privadas del país. Debemos recordar que esta disposición original conlleva como iniciativa a inhibir el consumo de alimentos chatarra en las escuelas, además de permitir que las autoridades sanitarias puedan establecer las normas oficiales para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos distribuidos y vendidos en las escuelas del país tengan un mayor aporte nutricional.

Pese al grado de importancia de las reformas legales, la venta y consumo de productos “chatarra” han quedado garantizado tras las simples modificaciones en el envasado y etiquetado de este tipo de productos, con el simple hecho de mencionar en sus leyendas “este producto contiene los porcentajes nutrimentales diarios recomendados”. De esta forma, una vez más se vulnera el objeto principal de una ley que lo único que busca es mejorar las condiciones de vida y de salud de la población infantil.

En este orden de ideas, la presente iniciativa busca implementar una estrategia que permita la regulación publicitaria de los alimentos y bebidas pre envasados “chatarra” en horarios infantiles, así como el uso mensajes subliminales para el consumo de estos productos y la explotación de personajes populares o ficticios para promover los mismos.

Para muchos de los padres de familia, de médicos especialistas en prevención y tratamiento de la obesidad y sus trastornos en los menores, no es coincidencia que la incidencia en los anuncios publicitados por las salas cinematográficas y la televisión principalmente, tengan que ver con el aumento de la población infantil con sobrepeso y obesidad.

La realidad es que primordialmente este tipo de espacios de comunicación son los espacios donde se manipula la voluntad de los niños, convirtiéndolos en seres totalmente dependientes de la propaganda que ven y deformando por completo sus hábitos alimenticios y de consumo de productos “chatarra”.

Lo ideal es que para poder contrarrestar con este fenómeno, la transmisión de estos anuncios deben estar controlados en un horario donde las niñas y niños no puedan estar tan expuestos a este bombardeo publicitario.

Es pertinente procurar que esta estrategia conduzca a un escenario que permita tener como garante los derechos a una vida y alimentación sana para los menores, pero también es indispensable pensar en todas las herramientas que logren hacer de este propósito una realidad.

Definitivamente consideramos que el uso de los medios de comunicación pueden abonar para resarcir este grave problema de salud pública en los niños, y que en correspondencia con esta preocupación, se atienda la desmedida transmisión publicitaria de alimento y bebidas preenvasados “chatarra”.

No debemos dejar pasar por alto que en México en promedio mueren unas 90 mil personas por diabetes, que es una de las causas que se derivan de la obesidad y sobrepeso, pero lo que no es peor, es que actualmente se calculan unos 4.5 millones de niños con obesidad y de no contrarrestar sus efectos la tasa de mortandad puede subir considerablemente. 

No está por demás decir que el Estado mexicano, así como los órganos de gobierno en todo el país y la Iniciativa Privada, requieren de sumar esfuerzos para hacer que del universo de personas enfermas por causas del sobre peso y la obesidad, pueda ser reducido hasta un máximo grado que deje de ser una de las principales causas de mortalidad, pero de manera particular, que la población infantil ya no sea presa de una enfermedad que tenga que ver con una alimentación inadecuada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

ARTICULOS

Primero.- Se reforma el artículo 309 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 309.- Los horarios en los que las estaciones de radio y televisión y las salas de exhibición cinematográfica no podrán transmitir o proyectar publicidad alguna que haga referencia a los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos como lo establece el inciso c) fracción III del artículo transitorio Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el caso de las bebidas alcohólicas, se ajustarán a lo que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 10, la fracción II y el párrafo primero del artículo 59 TER de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 10.-

I.- …

II.- Vigilar que en las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil se prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos como lo establece el inciso c) fracción III del artículo transitorio Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que sí propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.

Artículo 59 TER.-

I.- …

II.- Estimular una vida y alimentación saludable, la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

De III a V.- …

Los programas infantiles que se transmiten en vivo por televisión o salas de cine, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de julio de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza.

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias Diputado Cantú. Túrnese a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Radio, Televisión de la Cámara de Diputados.





 

Pasamos a la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Tenemos 15 dictámenes de la Primera Comisión:

Por la que se solicita a Congreso del Estado de Nayarit un informe de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas en el periodo 2008-2011.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Nayarit a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas sobre el ejercicio de los recursos públicos  en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit en el período 2008-2011; así como a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría integral sobre el ejercicio de los recursos federales en el mismo ayuntamiento, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del 2014, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta al Congreso del Estado de Nayarit a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas sobre el ejercicio de los recursos públicos  en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit en el período 2008-2011; así como a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría integral sobre el ejercicio de los recursos federales en el mismo ayuntamiento, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de junio de 2014.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia por medio del oficio No. CP2R2A.-1142 para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En el contenido de la proposición los proponentes indican que sin distinción alguna, quienes se desempeñan en la administración pública dentro de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, así como quienes contienden en los comicios municipales, locales y federales, deben actuar conforme a lo establecido por la legislación nacional y local.

En este sentido, en la proposición se indica que el pasado 8 de junio, Hilario Ramírez Villanueva, Alcalde del Municipio de San Blas, Nayarit de 2008 a 2011, aceptó públicamente que durante su administración robó “poquito” del erario. Acto seguido y en un afán por justificar lo dicho, el ex militante del Partido Acción Nacional y ahora candidato independiente dijo, a la letra, “a quién no le gusta el dinero, a todo mundo, pero también me gusta mucho trabajar”.

En la propuesta se puntualiza que, el ex Alcalde del Municipio de San Blas, Nayarit expresó que no pudo haber robado ni 120 ni 150 millones de pesos pues “las presidencias están bien pobres, no hay dinero”. Ante esto, se indica en la propuesta que en atención al principio de confesión de parte, relevo de prueba, es fundamental que los hechos implícitos en dicha afirmación sean investigados y no queden en la impunidad.

Los proponentes describen que si bien, el candidato que pretende gobernar de nueva cuenta el Municipio de San Blas, Nayarit afirma tener el firme objetivo de solventar la crisis financiera del ayuntamiento, lo cierto es que a lo largo de su trayectoria dentro del servicio público, se ha distinguido por su falta de transparencia, inobservancia de la ley y excesos. Se hace énfasis a que el ex funcionario panista, ha sido señalado por las siguientes conductas:

● En 2008 al tomar protesta como presidente municipal de San Blas, apareció montado en un caballo purasangre de un valor superior a los 250 mil dólares y regaló dinero a los asistentes. 

● Por medio de concesiones en zonas federales durante su trienio, benefició a empresas como Desarrollo Sustentable de San Blas, Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey y Desarrollos Turísticos Aramara.

● Al concluir su periodo de gestión al frente del Municipio de San Blas, fue acusado por presunto desvío de recursos del ayuntamiento, derivando en un menoscabo de alrededor de 20 millones de pesos para el ayuntamiento.

Los proponentes señalan que de conformidad con el artículo 21 de nuestra carta magna, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit es la encargada de llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, por ello es necesaria su participación en el asunto.

De igual manera se indica que el Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit, es la institución encargada de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado y Municipios, Organismos Descentralizados, así como Organismos Autónomos, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, en atención a legislación vigente aplicable y a los criterios de eficiencia, eficacia y honradez; fomentando la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas, establecida en el artículo 6º de la constitución federal.

En síntesis, los proponentes destacan que ante las afirmaciones como las hechas por el ex panista, Hilario Ramírez Villanueva,  no pueden ser omisos e indiferentes, por el contrario deben hacer énfasis en lo importante que es conocer la verdad histórica sobre la probable comisión de conductas antijurídicas a fin de que la autoridad competente pueda resolver conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones correspondientes sobre el probable desvío de recursos en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit durante la administración de Hilario Ramírez Villanueva, Presidente Municipal de extracción panista en el periodo 2008-2011, y en su caso, se establezcan las penas y medidas correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit, para que en el ámbito de sus atribuciones solicite una auditoría integral al Órgano de Fiscalización Superior de la entidad, sobre el ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit durante la administración de Hilario Ramírez Villanueva, Presidente Municipal de extracción panista en el periodo 2008-2011, a fin de determinar si fueron utilizados conforme a los objetivos de los programas designados y en su caso, se establezcan las penas y medidas correspondientes. Asimismo, se solicita envíe un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para  que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría integral sobre el ejercicio de los recursos federales en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit durante el periodo 2008-2011.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Los integrantes de la Primera Comisión se pronuncian a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo cuando se trata del uso de recursos públicos y de quienes pretende desempeñarse como representantes.

Esta Comisión hace del conocimiento que los hechos ocurridos se dieron a conocer en diversos medios de comunicación a través de un video que fue publicado en la una red social, en la que en un acto público el pasado 8 de junio, el candidato independiente a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva  reconoció que durante su mandato en dicho municipio nayarita tomó dinero del erario público al manifestar que “han dicho que robé mucho dinero, sí robé, pero poquito porque no había dinero”.

En los últimos días el candidato independiente a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, ha manifestado en diversos medios de comunicación que su declaración se trató de una broma.

Es importante señalar que ya se contaba con un antecedente al respecto, en el que el actual Presidente Municipal de San Blas, Nayarit, Porfirio López Lugo interpuso una demanda en contra de Hilario Ramírez Villanueva, para que responda por las presuntas acciones cometidas durante su gobierno; en la denuncia asentada en el expediente SB/I/EXP – 095/12, se acusa a Hilario Ramírez Villanueva de uso indebido de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado, custodia de documentos, falsificación de sellos, marcas, llaves y troqueles, fraude, sin que haya acciones en su contra hasta el momento.

Tal y como se desprende de la lectura del numeral 134 de la Carta Magna, los recursos económicos que dispongan la Federación, los estados y los municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Del señalamiento presentado en la Proposición materia del presente dictamen, es probable que el C. Hilario Ramírez Villanueva, incurriera en actos en contra de la administración pública, de conformidad con el párrafo anterior, al no obrar presuntamente conforme a los principios enunciados.

Esta Comisión señala que el Órgano Superior de Fiscalización del Nayarit inició en días pasados el proceso de investigación en contra del ex alcalde panista del municipio de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva por el presunto desfalco financiero al erario público, luego de la confesión que realizó en su mitin de campaña. El Auditor General en el Estado, Roy Rubio informó que la declaración del candidato independiente a Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Blas es una prueba plena para efectos legales.

Toda vez que el Órgano Superior de Fiscalización del Nayarit ha iniciado el proceso de investigación, para esta Comisión es fundamental conocer el resultado de las mismas y de resultar culpable por la presunta comisión de delitos, en uso de sus facultades dicho órgano fiscalizador deberá presentar las denuncias por actos u omisiones que deriven en perjuicio de las hacienda pública municipal, o del patrimonio de los sujetos de fiscalización, coadyuvando con las autoridades que corresponda.

Por otra parte, en lo que respecta al resolutivo propuesto en el sentido de que  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una auditoría integral sobre el ejercicio de los recursos federales en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit durante el periodo 2008-2011, esta Comisión estima que no es aprobarse en virtud de que de acuerdo al artículo 74 de nuestra Constitución, la facultad de fiscalizar recursos públicos federales es exclusiva de la Cámara de Diputados.

Por tanto, y bajo los criterios bajo los que esta Comisión Dictaminadora ha procedido en temas de esta índole, y toda vez que no se cuenta con los resultados finales de la auditoría realizada por el órgano fiscalizador del estado, no procedería instar a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación sobre lo que los proponentes y diversos elementos que ya se han expuesto en el presente dictamen, presumen con respecto al desvío de recursos, en virtud de que tal acto implicaría una deliberación de esta Representación respecto al fondo del asunto aquí analizado. 

No obstante, esta Comisión Dictaminadora no puede ser omisa a este tipo de conductas, las cuales deben resolverse conforme a lo dispuesto por la legislación vigente, a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Es por ello que los integrantes de la misma procedemos a aprobar el primer exhorto propuesto referido a la solicitud de información correspondiente.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit que, a través del Órgano de Fiscalización Superior de la entidad, envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones  realizadas sobre el ejercicio de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit en el periodo 2008-2011 y que, de comprobarse el presunto desvío de recursos, se finquen responsabilidades para que se establezcan las sanciones y medidas correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
El 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Por el que se solicita investigar los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso sobre la presunta Comisión de Delitos contra la Biodiversidad que para su consumación derivada en los hechos violentos y la presunta comisión de otros ilícitos penales ocurridos en los puertos de San Felipe y Río Largatos en el estado de Yucatán relacionados con la captura ilegal de pepino de mar.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a investigar los hechos ocurridos el 8 de junio del año en curso, en donde se registraron actos violentos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el estado de Yucatán, suscrito por los senadores Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury y Daniel Gabriel Ávila Ruíz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 numeral 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 18 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición enunciada en el proemio de este dictamen.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio No. CP2R2A.-1123.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 10, de la Comisión Permanente, el 18de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición pretende:

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República, investigue con prontitud los hechos ocurridos el pasado 8 de junio del presente año, en donde se registraron actos violentos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el Estado de Yucatán, con motivo del conflicto entre pescadores ribereños e ilegales de la región, por la captura ilegal de la especie conocida como pepino de mar.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), realicen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de inspección y vigilancia, se denuncie ante la Procuraduría General de la República a los pescadores ilegales, así como se informe a esta Soberanía de manera puntual respecto de los avances del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente año.

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez y el Director General de Inspección y Vigilancia, Mario Alberto Castanedo Peñúñuri, informen a esta Soberanía respecto de los avances derivados del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente, con autoridades de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Yucatán, cuyo propósito es reforzar la vigilancia en las costas de la entidad a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la sustentabilidad de las especies pesqueras que se encuentran actualmente en veda.

CUARTO. En virtud de los hechos ocurridos, el Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que publique de forma inmediata el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para hacer efectivo el ordenamiento legal en mención.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

Ante la grave problemática en el litoral oriente del estado de Yucatán, suscitada específicamente en los puertos de san Felipe y Río Lagartos, debido a que los pescadores cooperativistas han estado actuando como “autodefensas marinos”, pues ellos acuden a vigilar los puertos con el propósito de que pescadores no capturen especies marinas de manera ilegal. Esta situación ha ido empeorando de manera constante, pues se han registrado actos de violencia entre integrantes del sector, llegando hasta la consumación de varios tipos penales como daño en propiedad ajena, lesiones, privación ilegal de la libertad, captura ilegal de especies en veda, entre otros.

El pasado 8 de junio del presente año, pescadores cooperativistas de San Felipe y Río Lagartos, Yucatán, patrullaron en los puertos de ambos municipios por medio de 14 lanchas ribereñas con el propósito de vigilar que pescadores furtivos de la zona no capturaran las especies que se encuentran en veda como son el pepino de mar, la langosta y el pulpo, esto bajo el argumento que las autoridades federales y estatales han incumplido en sus labores de inspección y vigilancia, por lo que tomaron la decisión de auto defenderse, para posteriormente correr traslado de lo sucedido a las autoridades competentes.

Los pescadores cooperativistas buscando proteger los recursos naturales del mar, sin embargo, (sic) estos fueron interceptados por alrededor de 20 embarcaciones furtivas, cuyos tripulantes prendieron (sic) fuego a 2 embarcaciones de los pescadores cooperativistas por medio de bombas “molotov”, además privaron de la libertad a 6 pescadores, ocasionándoles lesiones físicas. Como respuesta a lo anterior, los pescadores organizados del puerto de San Felipe cerraron el acceso a esta comunidad como medida de protesta, exigiendo la intervención de las autoridades correspondientes para localizar el paradero de los compañeros desaparecidos, mismos que finalmente fueron encontrados al día siguiente en un paraje solitario de la costa.

La Procuraduría General de la República debe actuar de manera inmediata para integrar las correspondientes averiguaciones previas y evitar que estos actos queden impunes, pues el artículo 420 del Código Penal Federal dispone que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa (sic), a quien ilícitamente capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda.

(…)

Asimismo, los proponentes hacen referencia a un punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 30 de abril pasado, suscrito por la Senadora Rosa Adriana Días Lizama, que tenía como objetivo que se detuviera el robo de instrumentos de trabajo de los pescadores de los puertos de mérito; así como para fortalecer la vigilancia de los mismos. Se refiere que los exhortos respectivos no han tenido respuesta.

En las consideraciones del punto de acuerdo se señala que se firmó un convenio de colaboración entre el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez y el Director General de Inspección y Vigilancia, Mario Alberto Castanedo Peñúñuri, el 12 de junio del presente, con autoridades de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Yucatán, cuyo propósito es reforzar la vigilancia en las costas de la entidad a fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar la sustentabilidad de las especies pesqueras que se encuentran actualmente en veda.

Se mencionan datos sobre la pesca del pepino de mar en Yucatán, y su alto valor comercial en ambos puertos, que alcanza más de cien millones de pesos. Asimismo, se indican los problemas que facilitan la pesca ilegal como la amplia extensión del litoral mexicano, que cuenta con más de 100 mil embarcaciones pequeñas y difíciles de supervisar; solamente se cuenta con 200 inspectores de CONAPESCA para 11, 500 kilómetros de litoral, lo que resulta insuficiente y causa que la pesca ilegal represente del 45 al 90% adicional a la producción nacional oficial. Además, las funciones de inspección son solamente de verificación de permisos o concesiones en zonas pesqueras.

Los proponentes señalan, que para la solución de los problemas anteriores, debería haberse expedido desde abril de 2008 el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Primera Comisión concuerda con las pretensiones de la proponente y con su línea argumentativa. No obstante, se advierte que los exhortos que se pretenden por los Senadores deberán de realizarse por la Comisión Permanente y no así por el Senado de la República, toda vez que el punto de acuerdo fue presentado en periodo de receso y turnado a esta Primera Comisión.

C. Con relación al exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República, investigue con prontitud los hechos ocurridos el pasado 8 de junio del presente año, en donde se registraron actos violentos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el Estado de Yucatán, con motivo del conflicto entre pescadores ribereños e ilegales de la región, por la captura ilegal de la especie conocida como pepino de mar, esta Primera Comisión opta por modificar la redacción. Lo anterior en virtud de que los delitos que debe investigar la Procuraduría General de la República no son per se los hechos violentos, sino los ilícitos penales de orden federal contra la biodiversidad; en específico, los establecidos en las fracciones II y III del artículo 420 del Código Penal Federal, que para su consumación, derivaron presuntamente en la comisión de otros ilícitos que involucran la violencia.

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. …

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

II Bis. …

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres (…)

Según los Acuerdos por los que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994, para modificar el periodo de veda y cuota de aprovechamiento de pepino de mar en las aguas de jurisdicción federal frente a la Península de Yucatán: 1) la zona de jurisdicción federal frente a la Península de Yucatán se encuentra en veda permanente para la pesca del pepino de mar (DOF, 14/02/13), 2) excepcionalmente, hubo un periodo de aprovechamiento de pepino de mar que culminó el 1 de mayo de este año (DOF, 24/04/14), por lo que actualmente se continúa con la veda permanente de la pesca de la especie. En este sentido, se resuelve aceptar la primera pretensión, en virtud de la importancia de combatir la impunidad y de disuadir la posible comisión de delitos con motivo de la pesca ilegal del pepino de mar.

D. Con respecto del exhorto al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), realicen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de inspección y vigilancia, se denuncie ante la Procuraduría General de la República a los pescadores ilegales, así como se informe a esta Soberanía de manera puntual respecto de los avances del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente año; esta Primera Comisión estima eliminar la última parte de éste, toda vez que en el siguiente resolutivo se repite esta pretensión.

De acuerdo con el Decreto de creación de la CONAPESCA, del 5 de junio de 2001, en su artículo 1º se indica que la Comisión es un órgano desconcentrado de la SAGARPA. Por su parte, el Reglamento Interior de la SAGARPA establece la facultad de presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público tanto para el Abogado General de la Secretaría como para sus órganos desconcentrados. Por ello, se estima procedente el exhorto a ambas instancias para denunciar la posible comisión de ilícitos ante la Procuraduría General de la República.

E. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece en su artículo 22 que la CONAPESCA tiene como labor principal la de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en materia de acuacultura y pesca: 

ARTICULO 22.- A efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de CONAPESCA, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.

Así también, el Decreto de creación de la CONAPESCA, anteriormente citado, señala que dentro de sus atribuciones principales se encuentra: 

ARTICULO 2o.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:

II. Administrar, regular y fomentar, en los términos de las disposiciones legales aplicables, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura;

VIII. Establecer y, en su caso, proponer las bases para la coordinación de acciones de las unidades administrativas y demás autoridades de la Federación, los estados y los municipios, que desempeñen funciones relacionadas con las actividades acuícolas y pesqueras;

IX. Proponer y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia acuícola, de pesca comercial y deportiva, con la participación que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal;

XVI. Estudiar y evaluar el estado que guardan los puertos y abrigos pesqueros, así como promover y concertar ante las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y ante las organizaciones sociales y de productores del sector pesquero, la realización de proyectos, obras de conservación, mantenimiento y de ampliación necesarias para incrementar su productividad y eficiencia;

XXII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda;

XXIII. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola (…)

En este sentido, si la CONAPESCA tiene como función primordial el fortalecimiento de la vigilancia de la acuacultura y la pesca y que su papel como Comisión es la interrelación de los actores involucrados en la materia, y tomando en cuenta, como señala la proposición, que la CONAPESCA cuenta con 200 inspectores solamente, esta Comisión dictaminadora considera fundamental que la CONAPESCA se coordine con otras dependencias del Gobierno, para la consecución de sus objetivos y para la disuasión de los ilícitos contra la biodiversidad, así como para hechos violentos como los suscitados el pasado 8 de junio.

F. Finalmente, esta Primera Comisión coincide con la necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal sobre la Publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; sin embargo, no se concuerda con la fecha en que debió haberse publicado. La proposición señala que el Reglamento debió de haber sido efectivo desde abril de 2008; no obstante el sexto transitorio de la ley a que se hace referencia señala que la expedición debería haberse hecho seis meses después de la entrada en vigor de la ley. A su vez, el artículo primero transitorio señala que la ley entraría en vigor a los 90 días de su publicación. La publicación fue el día 26 de abril de 2007, por lo que el reglamento debió de haberse expedido 9 meses después de esa fecha, es decir, el 26 de enero de 2008.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Yucatán investiguen con prontitud los hechos ocurridos el pasado 8 de junio sobre la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad, que para su consumación derivaron en  hechos violentos y la presunta comisión de otros ilícitos penales, ocurridos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos en el Estado de Yucatán, relacionados con la captura ilegal del pepino de mar.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) que, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), intensifiquen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de inspección y vigilancia, y se proceda conforme a derecho.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Dirección General de Inspección y Vigilancia, informen a esta Soberanía respecto de los avances derivados del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente, con autoridades de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Yucatán, y cuyo propósito es reforzar la vigilancia en las costas de la entidad a fin de preservar el estado de derecho y garantizar la sustentabilidad de las especies pesqueras que se encuentran actualmente en veda.

CUARTO. En virtud de los hechos ocurridos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal para que publique de forma inmediata el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para facilitar la aplicación de dicho ordenamiento.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Otro por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informar las metas fijadas, el avance general y el porcentaje de cumplimiento del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacer del conocimiento público el avance del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, en relación al cumplimiento de metas y recursos financiados y presupuestarios ejercidos, presentado por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del 2014, los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hacer del conocimiento público el avance del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, en relación al cumplimiento de metas y recursos financiados y presupuestarios ejercidos.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente por medio del oficio No. CP2R2A.-1158.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición con punto de acuerdo se describe que en el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la presentación del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) y del Programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la CONAGUA solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.

En base a ello, se describe que la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional  para las Américas, realizó una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para  participar en una misión y desarrollar un proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM), dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Se hace mención que el 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la CONAGUA y a la Coordinación General del SMNM un avance preliminar y resumido de los resultados más relevantes obtenidos  (diagnóstico de la situación actual del SMNM y algunas sugerencias de acciones inmediatas y a  medio plazo).

Los proponentes describen que en enero de 2010 inició el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, con una duración de 10 años, el cual consta de cuatro líneas estratégicas: fortalecimiento institucional y planeación estratégica y operativa, creación del Consejo Técnico Asesor del SMNM, consolidación y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de infraestructura para estudios de clima y cambio climático.

Los proponentes indican que el objetivo básico del SMNM es satisfacer las necesidades y demandas de información meteorológica y climatológica de los ciudadanos, entidades e instituciones públicas y/o privadas a través de productos y servicios con altos niveles de calidad a efecto de prevenir riesgos.

En la propuesta se destaca que la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) otorgó el 21 de diciembre de 2012 un préstamo por 105 millones de dólares para el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMNM) para que pueda responder mejor a la creciente demanda de información climática fiable que permita un mejor manejo de los recursos hídricos y de los riesgos generados por desastres naturales en el contexto del cambio climático.

En el mismo contexto, señalan que entre los programas presupuestarios para los que el Ejecutivo Federal propuso incrementos superiores al 100% a tasa real está el Programa de Inversión del Servicio Meteorológico Nacional, dado que incrementó su presupuesto de 11 millones de pesos en 2012 a 255.6 millones de pesos en 2013 y para el Presupuesto de Egresos de la Federación ejercicio fiscal 2014 se le asignaron 63.95 millones de pesos para Inversión del Servicio Meteorológico Nacional y 243.13 millones de pesos para el Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidro meteorológicas. Definen que objetivo del incremento de presupuesto es la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura que permita estar en condiciones de monitorear los eventos meteorológicos.

En la propuesta se destaca que el 30 de septiembre de 2013 tras los desastres naturales “Manuel” e “Ingrid”, Luis Felipe Puente titular de Protección Civil señaló que actualmente México dependía de Estados Unidos en cuanto a la medición de los fenómenos meteorológicos. Se indica que la falta de inversión y equipos de prevención ha causado que México no cuente con un sistema de alerta temprana de huracanes y tormentas, propia  y deba depender de Estados Unidos; como también el no contar con un Atlas de riesgo.

Los proponentes manifiestan que una consulta realizada a la página electrónica del SMNM; www.smn.cna.gob.mx no se encontró información relacionada con el avance general del proyecto ni los recursos destinados al mismo, sobre el tema al pie de página se encuentran un link del “Servicio Meteorológico Nacional 2010-2019” en el cual se visualiza únicamente el proyecto en versión PDF. 

De igual manera, destacan que en el Primer Informe de Labores 2012-2013 de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) pág. 49 se habla sobre el préstamo que el BM otorgó, para financiar el proyecto de modernización, sin embargo, indican que no hay un apartado que puntualice los avances del proyecto o mencione la inversión realizada en cada una de las líneas estratégicas para la modernización del sistema meteorológico.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan José Guerra Abud, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público lo siguiente:

● Avance general a la fecha del Proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional que dio inicio en el año 2010, correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica (inversión presupuestaria e inversión financiada).

● Cuáles son las metas que se fijaron al inicio del proyecto y el porcentaje de estas que hasta la fecha se han cumplido, con un desglose por año de ejecución y línea estratégica.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora manifiesta que el Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional para una Mejor Adaptación al Cambio Climático (MoMet), tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para atender la creciente demanda de información meteorológica y climática, a fin de mejorar el manejo de los recursos hídricos y apoyar el desarrollo sustentable en relación al cambio climático.

En este dictamen se destaca que el proyecto permitirá que el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM) mejore su efectividad como una organización moderna que provea información meteorológica, climatológica e hidro meteorológica confiable, útil y oportuna, así como alinear sus servicios y productos con sus compromisos nacionales e internacionales. Esto apoyará la toma de decisiones en una serie de sectores que incluyen el de protección civil, el hídrico, el agrícola y el ganadero entre otros, para incrementar la productividad, así como para proteger la vida y propiedades de las personas de los efectos de los desastres naturales de origen hidro meteorológico.

Ante la importancia y el impacto de los benéficos que traerá el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, para esta Primera Comisión es necesario tener conocimiento de los avances, acciones, el uso y destino de los recursos públicos destinados de dicho proyecto.

Esta Comisión realizó una investigación para determinar si las dependencias involucradas cuentan con información pública actualizada de las acciones de dicho proyecto y no se encontraron resultados que contengan información del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional. En tal virtud, se considera viable la propuesta del punto de acuerdo que se aborda en este dictamen.

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora hace énfasis en que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y condición necesaria para la gobernanza democrática en el país, como lo expresa el artículo 6 constitucional, compartiéndose la motivación de los proponentes para que se haga de conocimiento público sin vulnerar el principio de confidencialidad, la información de los avances a la fecha del Proyecto de Modernización del SMN que inició en el año de 2010 y los recursos erogados por línea estratégica y se informe de las metas fijadas y el porcentaje de cumplimiento.

Lo anterior para garantizar lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVOS

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, sin vulnerar el principio de confidencialidad y en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público,  las metas fijadas,  el avance general y el porcentaje de cumplimiento a la fecha del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, asimismo  informe a esta Soberanía sobre la publicitación correspondiente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Uno más porque solicita información al IMSS sobre los actos violatorios de los derechos humanos que habrían ocurrido de la delegación en Puebla a ese organismo.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ordenar una investigación a fondo y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas y recomendaciones que correspondan sobre supuestos actos violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS en Puebla en contra de trabajadoras del mismo instituto,suscrito por la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 numeral 1 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. ONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 11 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición enunciada en el proemio de este dictamen.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio No. CP2R2A.-903.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 8, de la Comisión Permanente, el 11 de junio de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición pretende:

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ordene una investigación a fondo, y en su caso, finque las responsabilidades administrativas que correspondan, sobre supuestos actos violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, en contra de trabajadoras del mismo instituto, los cuales han sido materia de diversas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una amplia investigación de los supuestos hechos violatorios de Derechos Humanos, que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, en contra de trabajadoras del mismo instituto, los cuales han sido materia de diversas quejas ante esa Honorable Comisión.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

1.- La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, produce, y seguirá produciendo continuamente, un nuevo entendimiento de la función estatal en su conjunto, no sólo en cuanto al ámbito de la impartición de justicia, sino además en el ámbito de su competencia, esto conforme lo establece el artículo 1º Constitucional que en su parte conducente establece:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

[…]

2.- Desafortunadamente, no siempre se puede hablar de un respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos. Es el caso que se presenta a esta tribuna, en el cual existe clara evidencia de la ejecución de conductas sistemáticas y reiteradas que ha cometido el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, Lic. Alejandro Minor Castillo, en perjuicio de diversas trabajadoras de ese instituto.

De acuerdo a las quejas y testimonios, las versiones de todas las trabajadoras coinciden en mencionar que, desde su llegada, el licenciado Alejandro Minor Castillo dejó en claro su intención de evitar trabajar con personas de sexo femenino,  con aseveraciones misóginas, al mencionar que las mujeres son “muy conflictivas”. De esta forma se inició el maltrato psicológico y verbal de las trabajadoras, al grado de provocar revisiones y auditorías exhaustivas en esa delegación.

Asimismo, en reiteradas ocasiones dicho servidor público se ufanó de ser amigo personal del Licenciado Eduardo Jorge Kim Villatoro, Director Jurídico del IMSS, y en consecuencia después de cada visita, llegaba personal de la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación, dependiente de dicha Dirección Jurídica, a llevar a cabo revisiones sin que mediaran oficios de requerimiento, incluso procediendo a realizar “cateos” literales de las oficinas de los jefes de Departamento Laboral y Contencioso, llevándose equipos de cómputo y dejándolas incomunicadas.

3.- De las quejas presentadas por las trabajadoras de IMSS ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es evidente que el Licenciado Alejandro Minor Castillo llevó a cabo de manera reiterada y sistemática, prácticas de lo que se conoce como “Mobbing Laboral”, entendiéndose a esta modalidad de violencia como: “Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador o contratista por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia del mismo» y con ello concretar una violación constante de los derechos humanos de los trabajadores y suprimir los derechos contractuales.[1]  A manera de ejemplo, el “mobbyng laboral” se da cuando existen algunas de las siguientes conductas:

1. Mi superior se niega a comunicar, hablar o reunirse conmigo. 

2. Me ignoran, me excluyen, o me hacen el vacío, fingen no verme, no me devuelven el saludo, o me hacen "invisible”. 

3. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo. 

4. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de manera malintencionada. 

5. Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo sistemáticamente no importa lo que haga. 

6. Me acusan injustificadamente o falsamente de incumplimientos, errores, o fallos, inconcretos y difusos que no tienen consistencia ni entidad real. 

7. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra la empresa o los clientes, para perjudicar mi imagen y reputación. 

8. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en mi trabajo con vistas a paralizarme y desestabilizarme. 

9. Se amplifican y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores o nimiedades para alterarme. 

10. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de contrato, no renovación, expediente disciplinario, despido, traslados forzosos, etc...).

11. Desvaloran mi esfuerzo profesional, restándole su valor, o atribuyéndolo a otros factores.  

12. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de artimañas. 

13. Utilizan de manera malintencionada varias estratagemas para hacerme incurrir en errores profesionales y después acusarme de ellos. 

14. Controlan, supervisan o monitorizan mi trabajo de forma malintencionada para intentar "pillarme en algún renuncio". 

15 .Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa de manera inequitativa o sesgada. 

16. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso. 

17. Me asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termine los anteriores, y me acusan de no terminar nada. 

18. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido. 

19. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme. 

20. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud a propósito. 

21. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante terceros. 

22. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas que me  alejan físicamente de ellos. 

23. Recibo feroces e injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi vida personal. 

24. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios. 

25. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo. 

4.- Otro de los hechos que coinciden con las quejas, es que se comenzaron a realizar despidos masivos de personal, así como expresiones discriminatorias, en su mayoría en contra de personas del género femenino. Lo anterior sin importar que muchas fueran trabajadoras con antigüedad superior a 15 años de servicios y que, en términos del Contrato Colectivo de Trabajo, para culminar la relación con el Instituto, tendrían que colocarse en el supuesto de liquidación, finiquito por renuncia expresa o rescisión por investigación laboral, situación que nunca se suscitó por tanto no se actualizó ninguno de los supuestos mencionados. Es el caso de las abogadas Claudia Rodríguez Ramos, con una antigüedad de 17 años, y Yolanda Alvarado Camacho, con una antigüedad de 20 años, y el abogado Francisco González Brito, Jefe de Oficina, con una antigüedad de 20 años.

A pesar del temor que ha causado la actitud de dicho servidor público, actualmente existen 8 personas que han presentado queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales se radicaron de la siguiente manera:

1- Expediente CNDH/6/2014/2266/OD turnado a la Sexta Visitaduría con el Lic. Gerardo Daniel Estrada, presentada el 7 de febrero de 2014,  promovida por:

Lic. Claudia Francisca Morales Juárez. Jefe de Oficina. 30 años de servicio en el IMSS (Activa laboralmente).  

C.P. María Anabel Michimani Espínola. Asistente Administrativa.  23 años de servicios en el IMSS (Activa laboralmente)  

Ma. Lourdes Barba Ruíz. Asistente Administrativa (SECRETARIA EJECUTIVA). 22 años de servicios en el IMSS (Activa laboralmente).  

Lic. Gabriela Huerta Carrasco. Responsable de Proyecto.  8 años de servicios en el IMSS (Activa laboralmente).  

2- Folio 28148,  presentada el 19  de marzo de 2014, promovida por:

Lic. Norma Hernández  Hernández, tiempo laborado 2 años (Rescindida del IMSS). 

3- Una queja presentada el 2  de abril de 2014, promovida por:

Lic. Adriana González Martínez, tiempo laborado 2 años (Rescindida del IMSS). 

4- Folio 222,  presentada el 4 de abril de 2014, promovida por:

Mtra. Silvia Emilia Marrufo Carrasco. Abogada Procurador, con una antigüedad  de 10 años al servicio del IMSS (Rescindida del IMSS). 

5- Folio 28148, presentada el 10  de abril de 2014, promovida por:

Mtra. Yolanda Alvarado Camacho. Jefa del Depto. Contencioso, con una antigüedad  de 20 años al servicio del IMSS  (Rescindida del IMSS). 

5. Es importante mencionar que tales quejas son presentadas no porque exista un conflicto de índole laboral, sino porque existen hechos y actos misóginos que importan discriminación hacia el género femenino, por lo que las investigaciones no deben ser excluidas del conocimiento de una investigación administrativa, ya que el Licenciado Alejandro Minor Castillo, en su calidad de Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Secretario de Consejo Consultivo Delegacional en Puebla, dentro de sus funciones preponderantes está la de salvaguardar la seguridad social a todos los integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese trabajadores o asegurados, vigilando que se garanticen los derechos a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo; tal y como lo establece el artículo 2° de la Ley del Seguro Social, que esto concatenado con el artículo 2° de la Ley Federal de Trabajo, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en su calidad de patrón y siendo el máximo representante de proveer los mecanismos para la seguridad social de los mexicanos, tiene la obligación de observar lo previsto en el artículo segundo de la Ley Federal de Trabajo, que señala: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente den todas las relaciones laborales, entendiéndose como digno o decente aquel que se respeta la dignidad humana del trabajador; en que no exista discriminación por origen étnico, o nacional, género, edad, entre otros, en el que también se incluya el respecto[sic] a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva, dicha igualdad sustantiva sólo se puede lograr cuando es eliminada la discriminación en contra de las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y fundamentales en el ámbito laboral.

Es evidente que en el caso concreto de la Delegación Estatal del IMSS en Puebla, dichos derechos humanos han sido violados, en virtud de que más allá de una discriminación de género y edad, es evidente que también existió y sigue prevaleciendo un acoso laboral contra aquellas mujeres que se atrevieron a denunciar, y contra aquellas que forman parte de los[sic] Jefatura de Servicios Jurídicos de dicha Delegación, y que por temor a perder su fuente de empleo, no se atreven a denunciar.

En cuanto a los derechos sociales de los cuales fueron privadas algunas de esas personas, y que incluso algunas nunca gozaron, son del interés público y de moral social, por lo que éstas deben ejercer sus derechos sociales, es decir, sus posibilidades para contar con condiciones equitativas y satisfactorias,  para desarrollar sus labores, y que sean protegidas en contra de accidentes de trabajo, tengan acceso a servicios médicos y asistenciales culturales y de educación, de vivienda y de bienestar general, siempre en igualdad de condición y sin discriminación de ninguna naturaleza que vulnere su dignidad humana.

Dentro de ese cúmulo de derechos sociales aparece precisamente la posibilidad de contar con servicios de seguridad social, protegidos incluso por instrumentos internacionales.

6.- Finalmente, el Lic. Alejandro Minor Castillo, enterado de la existencia de las quejas, y en reunión de trabajo del día 15 de mayo de 2014, llamó a todas las Asistentes Administrativas de la Jefatura de Servicios Jurídicos para que le dijeran el por qué habían presentado queja en su contra dos de las Asistentes Administrativas, refiriéndose a las CC. María Anabel Michimani Espíndola y Ma. Lourdes Barba Ruíz, amenazándolas de que sus relaciones van más allá de lo que ellas piensan, y que no se saldrían con la suya.

De igual forma les pidió que avisaran a la Mtra. Silvia Emilia Marrufo Carrasco (una de las quejosas) que atendería su queja como él sabía hacerlo. Curiosamente convocó al personal de la Jefatura de Servicios Jurídicos a un curso de capacitación de Derechos Humanos el día sábado 17 de mayo de 2014, hecho que realizó obviamente con la única finalidad de tener elementos para rendir informe ante la CNDH, con ánimo de empañar la verdad de los hechos narrados en todas y cada una de las quejas presentadas.

Este aspecto evidencia la continua intimidación del Lic. Alejandro Minor  Castillo, pues sus acciones están encaminadas a tapar las violaciones cometidas en perjuicio y detrimento de un grupo mujeres pertenecientes a la delegación del mencionado instituto.

Cabe mencionar también que al existir diversas quejas interpuestas por diversas personas, con hechos totalmente coincidentes entre sí, es porque tienen algo de ciertas las aseveraciones que en las quejas se contienen. Por tanto, es preciso exhortar al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Doctor José Antonio González Anaya, para que ordene un investigación y en su caso, finque las responsabilidades administrativas que correspondan, por los posibles actos de importan violaciones a derechos humanos, ejecutados por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, Lic. Alejandro Minor Castillo.

Al respecto, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como una obligación de todo servidor, observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

En concordancia con lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en sus artículos 10 y 11 lo qué [sic] debe entenderse por violencia laboral de la siguiente forma:

“ARTICULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

“ARTICULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.”

Por tanto, es interés de este Senado de la República, como lo ha sido desde años atrás, evitar que situaciones como las que se narran sigan permeando en las instancias laborales, por lo que la investigación solicitada esclarecerá los hechos que se denuncian en contra del mencionado servidor público.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Primera Comisión concuerda con las pretensiones de la proponente y con su línea argumentativa. Ésta se divide en las presuntas violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Delegación Puebla en detrimento de dos derechos: a) a la igualdad y b) al trabajo. Que a su vez, se subdividen en cuatro rubros vinculados los unos con los otros: 1) mobbing laboral, 2) discriminación por género, 3) discriminación por edad y 4) violación de otros derechos laborales.

Al concordar con las consideraciones del punto de acuerdo en el que se desarrollan estos derechos y en la fundamentación de estos en el artículo 1 constitucional, así como también en los artículos 4 y 5 de la misma; y de las leyes secundarias que los respaldan como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de los tratados internacionales en las materias, se procede a fundamentar en concreto la viabilidad de los puntos de acuerdo.

C. Con respecto al exhorto Primero, dirigido al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ordene una investigación a fondo y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas que correspondan, sobre supuestos actos violatorios de derechos humanos que han sido ejecutados por el Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, en contra de trabajadoras del mismo instituto, esta Primera Comisión coincide con la proponente en aludir a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo artículo 8 señala que todo servidor público, dentro de otras cosas, está obligado a “Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión” y “[o]bservar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste”. En el mismo sentido, el artículo 303 de la Ley del Seguro Social indica que “Los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación de los servicios”; así como también se corresponde el Título Tercero sobre Responsabilidades Administrativas de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el citado artículo 8 de la ley, significa responsabilidad administrativa, de acuerdo con el artículo 10 del ordenamiento invocado. La posibilidad de que se haya incurrido en responsabilidad administrativa debe ser investigada por las autoridades competentes. Según el Reglamento Interno del IMSS, en particular la fracción XIV del artículo 145, se indica que la Dirección Jurídica del Instituto debe promover ante el Órgano Interno de Control del Instituto el fincar  “responsabilidades administrativas por incumplimiento o violación de las disposiciones de la Ley y demás intereses del Instituto (…)”. Asimismo, el precepto 144, indica que el Delegado, en este caso de Puebla, debe notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que se lleve el procedimiento necesario. Sin embargo, encontramos que el titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos es el que posee la representación del Consejo Consultivo Delegacional, Delegado, Subdelegado, y demás autoridades delegacionales para su defensa jurídica. En este sentido, toda vez que las trabajadoras, de las que se presume su violación de derechos humanos, deberían acudir a la autoridad que presuntamente transgrede sus derechos humanos, se estima conveniente exhortar al Director General del Instituto para que ordene la investigación de los hechos, así como de que verifique que los despidos que se han llevado a cabo se hayan efectuado en el marco de la legalidad, sin que medie discriminación por motivos de género, edad o que las trabajadoras en activo no sufran de mobbing laboral.

D. En materia del exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una amplia investigación de los supuestos hechos violatorios de Derechos Humanos que se atribuyen al Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, en contra de trabajadoras del mismo Instituto, los cuales han sido materia de diversas quejas ante esa Honorable Comisión; si bien ya se han presentado quejas contra los hechos aludidos, la proponente y los medios de comunicación refieren que las supuestas violaciones a los derechos humanos, por medio de 1) mobbing laboral, 2) discriminación por género, 3) discriminación por edad y 4) violación de otros derechos laborales, son de carácter sistemático, por lo que se considera conveniente que la Comisión investigue los hechos de manera generalizada.

Según el artículo 6, fracción I, inciso a) de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este órgano autónomo tiene la atribución de Conocer e investigar a petición de parte, pero también de oficio, las presuntas violaciones a derechos humanos en caso de actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social información sobre los presuntos actos violatorios de derechos humanos que habrían ocurrido en la Delegación en Puebla de ese organismo, los cuales han sido materia de diversas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como sobre las acciones que hayan emprendido en ese caso.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Otro por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas que dispongan de la revisión de sus códigos penales para proceder a su armonización con los preseptos constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas a reformar de sus códigos penales los artículos que extinguen la acción penal en los delitos de rapto y estupro, si el hombre contrae matrimonio con la víctima” presentada por la Diputada Dora María Talamantes Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el pasado 11 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de junio del presente, la diputada Dora María Talamantes Lemas del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas a reformar de sus códigos penales los artículos que extinguen la acción penal en los delitos de rapto y estupro, si el hombre contrae matrimonio con la víctima.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-893.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proponente plantea que “…Como consecuencia de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, la primera en materia de juicio de amparo y la segunda sobre derechos humanos, nuestro país inicia un paradigmático cambio en el modelo de administración de justicia.

Lo anterior, al reconocer en rango constitucional las normas de Derechos Humanos contenidas en instrumentos internacionales, que en conjunto con las establecidas en nuestra propia Constitución, configuran el parámetro de control de regularidad constitucional, dotando al sistema jurídico mexicano de instrumentos eficaces, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Si bien es cierto que lo antes señalado simboliza un avance significativo para nuestro país en materia de derechos humanos, también lo es, que la brecha de desigualdad e inequidad que se vive en grupos que por su condición y calidad resultan vulnerables ante la sociedad, ya sea por cuestiones de género, edad o estatus social, no ha disminuido.

Muestra de ello, es la violencia que con motivo de género, sigue siendo una constante en la vida cotidiana de las mexicanas, normada como mala e indebida, partiendo del mito de que las mujeres son débiles y que el papel de los hombres es dar protección con cualidades naturales de poder, fuerza y agresividad.

La legisladora señala“… Es prioridad para Nueva Alianza seguir insistiendo que el acceso efectivo a los derechos esenciales inicia con su reconocimiento. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y cuando éste se vulnera, el Estado debe de ejercer su tutela jurídica para que todo afectado, en este caso, la mujer víctima de estupro o rapto, pueda demandar el cumplimiento de sus derechos.

Derivado de lo anterior, la proponente resalta“…Esta propuesta busca exhortar a las entidades federativas a derogar aquellas normas que aún contienen disposiciones que generan desigualdad para la mujer, limitan o excluyen el ejercicio de sus derechos humanos, con lo que se incorporan al marco jurídico de los derechos humanos de nuestro país y se da cumplimiento a las disposiciones internacionales de las que México es parte.

Con lo anterior propone:

Unico.-Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, , Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, a reformar, de sus Códigos Penales, los artículos que extinguen la acción penal en los delitos de rapto y estupro, si el hombre contrae matrimonio con la víctima.

CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

Como lo expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 1°:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

El artículo 4° CPEUM, señala:

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

El artículo 133 CPEUM, señala:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

De igual manera, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 49, fracción XX, menciona:

“Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad   con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la    materia:

XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género.”

Asimismo, es importante que las reformas que hagan las entidades federativas no sólo tengan presentes los principios constitucionales, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

A continuación se enlistan los tratados internacionales en la materia que están vigente para el Estado mexicano:

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 1° establece:

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano“.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3° prevé:

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su artículo 3° establece:

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio    de los  derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de       raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,       origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2° prevé:

“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece en sus artículos 4° y 5° lo siguiente:

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

el derecho a que se respete su vida;

a. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

b. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;

c. el derecho a no ser sometida a torturas;

d. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

e. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

f. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

g. el derecho a libertad de asociación;

h. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

i. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en su artículo 1° establece que la“… la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil cualquier otra esfera.

En su artículo 2 se refiere a la adecuación de las disposiciones normativas que los Estados partes de la Convención deben realizar para cumplir con el objeto del tratado, incluyendo la derogación de disposiciones penales que impliquen actos de discriminación contra la mujer:

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Cuando el Estado mexicano suscribió todas estas convenciones internacionales, lo hizo asumiendo el compromiso de garantizar que todas las instituciones públicas y privadas, así como los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos de todos los niveles del país, protegerían los derechos humanos de las mujeres.

De la misma forma, también se comprometió a asegurar la protección y el cuidado necesarios para salvaguardar los derechos de las mujeres y con ese fin, a tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Derivado de lo anterior, dichos instrumentos establecen la derogación de normas específicas que atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

Esta Comisión Dictaminadora considera que es un deber constitucional armonizar nuestra legislación a lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México es parte; es por ello que consideramos viable la propuesta objeto del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto al pacto federal, solicita respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que dispongan la revisión de sus Códigos Penales para proceder a su armonización con los preceptos constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional, con el objeto de erradicar las disposiciones que atenten contra los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Uno más, por el que se desecha la proposición que solicitara el Congreso del Estado de Jalisco a que valorara sancionar como no graves las conductas fabuladas por conductores de vehículos motorizados con motivo de la aplicación del alcoholímetro.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 11 de junio de 2014 la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco a que valore sancionar como no graves, las conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con motivo de la aplicación del alcoholímetro”, presentada por el Diputado Luis Armando Córdova Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de junio del presente, se presentó la proposición la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco a que valore sancionar como no graves, las conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con motivo de la aplicación del alcoholímetro”, presentada por el Diputado Luis Armando Córdova Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b) En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-1111

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proponente plantea las siguientes Consideraciones:

PRIMERO. Que es tarea del Gobierno del Estado, proveer de las condiciones y herramientas que garanticen en la convivencia comunitaria, la preservación de la vida, integridad física de los gobernados, así como el mantenimiento del orden, la tranquilidad y paz pública, en su ámbito de competencia.

SEGUNDO. Desde hace más de una década, la Organización Mundial de la Salud advierte del importante incremento en el mundo, y en particular en la República Mexicana del consumo de alcohol, convirtiéndose en uno de los más importantes factores de riesgo para la vida e integridad física, por los accidentes viales, asociados con la conducción de vehículos, bajo el influjo de esa droga lícita.

TERCERO. En Jalisco las estadísticas son reveladoras respecto al alto consumo de alcohol y sobre los accidentes de tránsito a causa del manejo bajo su influjo. Si bien se reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado, con el programa “Salvando Vidas” puesto en marcha recientemente por la Secretaría de Movilidad, para medir los niveles de alcohol, constituyéndose en el más estricto del país, se realizan operativos y se sanciona con multas elevadas y arresto, es importante que las y los legisladores del Congreso Local de Jalisco, analicen la posibilidad de ampliar el esquema sancionatorio al infractor.

Lo anterior, atendiendo a que cuando alguna persona conduce bajo la influencia del alcohol, pone en riesgo bienes jurídicamente tutelados de gran valor como la vida y la integridad física y por tanto las sanciones deben ser proporcionales al valor del bien jurídico a proteger. Tomando en cuenta además, que una sanción que ahora involucra aspectos económicos como las multas, o un arresto de varias horas, también es conveniente que prevea una retribución a la comunidad por el riesgo o peligro a que estuvo expuesta con la conducta irresponsable de un conductor de vehículo, con sanciones como el trabajo a favor de la comunidad; que contemple la obligación de una atención para su desintoxicación o deshabituación; y que se prevea con mayor rigor, la sanción de cancelación de licencia.

CUARTO. Que el alcoholímetro es una valiosa herramienta que ha probado su importancia y resultados en diversas Entidades Federativas del país y recientemente en Jalisco, sin embargo, se exhorta respetuosamente a las y los Diputados al Congreso Local, a que en el ámbito de su competencia, analicen la importancia y viabilidad de que las sanciones que ahora se contemplan como faltas administrativas, cuando no pasan los conductores de vehículos las pruebas del alcoholímetro, sean consideradas delitos no graves, a efecto de ampliar el marco sancionatorio y de esa manera la pena cumpla con su finalidad preventiva, resarcitoria e inhibitoria, proporcional a los bienes jurídicamente protegidos.

Por tanto, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de su competencia, valore la pertinencia de sancionar como delitos no graves, las conductas de manejadores de vehículos, con motivo de la aplicación del alcoholímetro, dentro del Programa "Salvando Vidas".

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA.-  Esta Dictaminadora estima que el tema de la seguridad de los mexicanos en las carreteras y caminos urbanos es fundamental, y para ello, establecer medidas prevengan que los automovilistas y transportistas no conduzcan bajo la influencia de bebidas alcohólicas o psicotrópicas, implementado por las autoridades competentes es sumamente importante para tal fin.

SEGUNDA.- Ahora bien, los últimos reportes de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, señalan que ha habido una importante disminución en el índice de accidentes viales en los que la causa se debe a que alguno de los conductores implicados, conduce bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia prohibida.

En efecto, según un comunicado de la Secretaría de Movilidad del estado, publicado el 9 de septiembre de 2014,  la cifra de semáforos dañados se ha reducido alrededor de un 27 por ciento desde la segunda quincena de noviembre de 2013 (fecha en que se implementó el Programa “Salvando Vidas”).

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, el operativo “Salvando Vidas” no sólo ha contribuido a reducir los accidentes viales y muertes, sino que el número de semáforos dañados a raíz de un choque también ha disminuido en aproximadamente un 27 por ciento.

Dicho comunicado, señala que “Antes de iniciar dicho operativo, mensualmente se registraba un promedio de 20 reportes de semáforos dañados como consecuencia de un choque, cifra que empezó a disminuir desde la segunda quincena de noviembre, justo cuando arrancó la iniciativa “Salvando Vidas”.

Del mismo modo, se señala que se han aplicado pruebas de alcoholimetría a cerca de 10 mil personas, de las cuales 257 rebasaron los límites de alcohol permitido y fueron sancionadas del siguiente modo: 29% se recibieron una sanción económica; y el 71% restante estuvieron retenidas en el  Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), entre 12 y 24 horas.

Por su parte, en su Primer Informe de Gobierno, el Ejecutivo Estatal indica que derivado de la implementación de este Programa, ha habido una disminución en el número de siniestros y  muertes por accidentes viales en la Zona Metropolitana de un 20% en accidentes y un 22% de fallecimientos.

TERCERA.- Esta Dictaminadora se pronuncia por un respeto cabal al Pacto Federal y a la autonomía de las Entidades Federativas, establecido en los artículos 40 y 41 de nuestra Carta Magna, así como en las Constituciones locales.

Esto así, toda vez que los Estados cuentan con las instituciones políticas y jurídicas que les dan gobierno a su interior, así como las leyes que más convenga a sus representados y a las problemáticas que se enfrentan en el plano local.

Por tanto, esta Representación al ser de carácter federal, estima conveniente que las problemáticas de esta índole sean atendidas en el marco de las instituciones estatales, toda vez que emitir un exhorto de las características que plantea el legislador proponente, consistiría en razonar cuestiones que competen al Soberano Congreso del Estado de Jalisco, así como al gobierno de dicho estado.

CUARTA.- Con base en los numerales anteriores, esta Dictaminadora considera que la propuesta en análisis no es de aprobarse, en razón de lo siguiente: de acuerdo a los datos ofrecidos por el gobierno del Estado de Jalisco, la implementación de este programa ha cumplido con los objetivos planteados, por lo cual estimamos que no habría necesidad de realizar una recomendación de índole legislativo por parte de esta Representación.

En segunda instancia, estimamos que de acuerdo al criterio vertido en el numeral precedente, no existe motivación ni fundamentación para que la Comisión Permanente intervenga en un asunto que compete  a la soberanía de una de las entidades que componen nuestra República Federal.

Es por todo lo anterior, que esta Comisión acuerda el siguiente:  

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicitaba respetuosamente al Congreso del Estado de Jalisco a que valore sancionar como no graves, las conductas formuladas por conductores de vehículos motorizados, con motivo de la aplicación del alcoholímetro.

SEGUNDA.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Otro por el que se desecha la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informar sobre el impacto del Programa Ciudad Segura.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Uno más por el que se desecha la proposición que exhortaba al Congreso del Estado de Guanajuato a solicitar las investigaciones pertinentes por el posible tráfico de influencias para beneficiar a concursos públicos a familiares que son afines al partido que gobierna la entidad.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo por la que la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente al congreso del estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones solicite a las instancias correspondientes a que lleve a cabo las investigaciones pertinentes por el posible tráfico de influencias para beneficiar con recursos públicos a familiares que son afines al partido que gobierna la entidad, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

A. En la Sesión del miércoles 18 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno la Proposición enunciada en la introducción del presente y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, en la misma fecha.

B. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión para estudio y dictamen mediante el oficio No. CP2PR.-1139.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

Los legisladores señalan en sus consideraciones lo siguiente:

Que “En Marcha” es un programa que ha implementado el gobierno del Estado de Guanajuato, que consiste en brindar atención a las microempresas buscando mejorar las condiciones del comercio popular y establecido en municipios del Estado.

El objetivo de dicho programa es modernizar el modelo de negocios y está orientado a las PyMEs del sector comercio y servicios que estén ubicadas preferentemente en centros históricos, avenidas o plazas comerciales mismo que busca mejorar la imagen comercial del Estado.

Para llevar a cabo el programa, los proponentes señalan que se instrumentaron por parte del gobierno estatal, capacitación y consultoría para dar atención a las micro empresas de municipios que enfrentan bajos ingresos, a fin de que puedan aumentar su participación en el mercado, y que de igual forma requieran innovar el modelo tradicional de negocio, en este marco –aseguran que- actualmente se llevan las siguientes acciones:

1.- Formación empresarial en temas especializados de ventas, administración y finanzas.

2.- Certificación en competencia laboral “Ventas”.

3.- Entrega de equipamiento productivo de acuerdo a sus necesidades.

4.- Mejora en la imagen comercial del establecimiento.

No obstante lo anterior, los proponentes acotan que diversos medios de comunicación  reportan que el gobierno estatal beneficia a militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y a familiares de burócratas de distintos municipios del estado donde se aplica dicho programa.

Como ejemplo, dan a conocer que en municipios como Santa Catarina, Tierra Blanca y Doctor Mora, considerados municipios pobres y marginados, hasta el 50 por ciento de los beneficiarios son familiares de funcionarios municipales.

Se indica que comerciantes manifiestan su inconformidad por el tráfico de influencias que hay en el gobierno estatal y municipal para la asignación de los recursos públicos, ya que los programas gubernamentales siempre son para el familiar, el compadre o la comadre, que se ven beneficiados, dejando fuera a los demás participantes que cumplen con los requisitos establecidos.

Uno de los ejemplos más evidentes es el caso de la presidenta del Comité Municipal del PAN, en el municipio de Tierra Blanca, Brisa Esmeralda Céspedes Ramos, quien es una de las beneficiadas de este programa. Por otro lado, en el Municipio de Doctor Mora, cuatro familiares del alcalde con licencia, Emilio Zarazúa Reyes también recibieron el apoyo estatal.

Para los legisladores, es importante destacar que el programa de gobierno del Estado de Guanajuato se realizó con perspectiva ciudadana,  buscado otorgar a los guanajuatenses los bienes y servicios públicos que demandan, a través de la ejecución de políticas públicas integrales, incluyentes y transversales, en un marco de apertura total, transparencia, austeridad, eficiencia y con enfoque de resultados.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

PRIMERA.- Esta Comisión se pronuncia porque los servidores públicos desempeñen sus actividades en un marco de legalidad y transparencia, a fin de que los Programas de Gobierno y las Políticas Públicas cumplan con sus objetivos y la ciudadanía resulte beneficiada; así como para que los funcionarios que no actúen conforme a derecho sean sancionados por la autoridad correspondiente.

SEGUNDA.- Acorde con lo anterior, para esta Comisión Dictaminadora es importante señalar que en nuestro país existen los instrumentos jurídicos necesarios para que los actos que son considerados faltas administrativas, irregularidades legales e incluso delitos, sean llevados ante la autoridad con las correspondientes atribuciones jurídicas para conocer, investigar, fincar responsabilidades y, en su caso, sancionar lo conducente conforme a derecho.

En este sentido, la propuesta en análisis parte de aseveraciones realizadas por medios de comunicación sobre el desempeño de algunos funcionarios públicos del Gobierno del estado de Guanajuato, lo cual para esta Comisión dictaminadora no representa un elemento válido que conlleve a aprobar esta propuesta, toda vez que existen las instancias correspondientes en dicha entidad que podrían llevar a cabo las investigaciones que los proponentes señalan.

TERCERA.- De este modo, en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, se establece al respecto de la propuesta en análisis, lo siguiente:

Artículo 12.- Se prohíbe a los servidores públicos:

I. Solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, por cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien, que no estén previstos en leyes o reglamentos, aprovechándose del cargo que se ostente; la misma conducta se sancionará cuando se trate específicamente de la adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma;

II. Solicitar, exigir, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero u objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario; o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción III de este artículo, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Habrá intereses en conflicto cuando las actividades personales, familiares, profesionales o de negocios del servidor público puedan influir en su imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de las atribuciones o funciones propias de su empleo, cargo o comisión;

III. Nombrar, contratar, proponer o promover como servidores públicos al cónyuge, concubina o concubinario o con quienes tenga parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, colateral hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado o civil y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular, salvo cuando se trate de un derecho previamente adquirido.

En un mismo empleo, cargo o comisión públicos, no podrán ejercer funciones en relación jerárquica directa, personas ligadas por matrimonio, concubinato o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, respectivamente; salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, o bien, que el ingreso al servicio público se haya originado a través de un concurso por oposición.

Cuando al asumir el servidor público el empleo, cargo o comisión públicos de que se trate, ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública el familiar comprendido dentro de la restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por este último. En este caso, el efecto del impedimento será excusarse de intervenir, en cualquier forma, respecto de la situación laboral de su familiar;

IV. Intervenir por sí, por interpósita persona o por medio de empresas en las que participen su cónyuge, concubinario o concubina, o personas con quienes tenga parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, civil, o terceros con quienes tenga relación de carácter laboral o de negocios, en contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones, obras públicas, concesiones de servicios e infraestructura pública, adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles y servicios, independientemente del origen de los recursos presupuestales;

V. Inhibir por sí o por interpósita persona, a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiere aportar información en los procedimientos establecidos en la presente Ley, con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias, o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas antes mencionadas;

VI. Realizar por sí o inducir a otro servidor público para que anticipe, retrase u omita la realización de algún acto de su competencia, con objeto de que le reporte algún beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción III de este artículo; o bien, cuando con dichas conductas le ocasione daño o perjuicio a un tercero;

VII. Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados a personas físicas o morales que gestionen o exploten contratos, convenios o concesiones con algunas de las autoridades señaladas en el artículo 3 de esta ley, o que fueren proveedores o contratistas de las mismas, que implique intereses en conflicto;

VIII. Causar con su actuar daños a los particulares que se traduzcan en responsabilidad patrimonial en los términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato, y

IX. Realizar cualquier conducta de coacción psicológica, física o verbal, que atente contra la integridad física o psicológica de una persona; y

X. Causar, con sus acciones u omisiones, violación a los derechos de los trabajadores, y

XI. Las demás que se deriven de estas y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas.

CUARTA.- Consiguientemente, el artículo 14 del mismo ordenamiento contempla las  sanciones, como se muestra a continuación:

Artículo 13.- Se configurará como falta administrativa de los servidores públicos, el incumplimiento de las obligaciones o cuando incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley.

Las sanciones por la comisión de faltas administrativas consistirán en:

I. Amonestación;

II. Multa;

III. Suspensión;

IV. Destitución, y;

V. Inhabilitación.

Las sanciones señaladas en las fracciones antes descritas, podrán ser impuestas conjuntamente o de manera independiente, según la naturaleza y gravedad de las conductas realizadas por los servidores públicos.

QUINTA.- Ahora bien, el 4 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato el Acuerdo por el que se Constituye la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en cuyo Artículo 1, puede leerse lo siguiente:

Artículo 1. Se constituye la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, para la atención, investigación y persecución de las conductas posiblemente constitutivas de delitos del fuero común, atribuibles a los Servidores Públicos con motivo de sus funciones, particularmente en beneficio o provecho indebido de cualquier índole, para sí o para tercera persona, o bien, que afecten el patrimonio público o a la Administración Pública en general, así como de los hechos delictivos dolosos imputados a integrantes de la Procuraduría, con motivo o relacionados con sus funciones, y de los casos que por su naturaleza o relevancia sean asignados de manera directa para su atención por el Procurador.

De este modo, la Comisión Dictaminadora que suscribe estima que dentro del orden jurídico vigente en el Estado de Guanajuato, compete a las instancias mencionadas en este cuerpo considerativo, la atracción de las acusaciones que presumen los promoventes que se han realizado mediante notas periodísticas. En consecuencia, no es de aprobarse la propuesta en virtud de que a esta Representación de carácter federal no compete asumir la sustentación ni la veracidad de las publicaciones hechas en medios de comunicación sobre presuntas responsabilidades de los funcionarios señalados en la propuesta y emitir el Punto de Acuerdo propuesto entrañaría esa presunción.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba respetuosamente al Congreso del Estado de Guanajuato, a solicitar las investigaciones pertinentes por el posible tráfico de influencias para beneficiar con recursos públicos a familiares que son afines al partido que gobierna la entidad.

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Uno más, por el que se desecha la proposición que exhortara la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de Chimalapas entre los estados de Oaxaca y de Chiapas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada el pasado 18 de junio de 2014, proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de la mencionada  Proposición con punto de acuerdo, conforme al siguiente procedimiento:

I ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del presente, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.- 1141.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la Proposición con punto de acuerdo, se plantea:

“Que la selva de los Chimalapas ha vivido constantes  enfrentamientos entre comunidades zoques chimalapas oaxaqueños y colonos chiapanecos asentados en la frontera Oaxaca-Chiapas.

Que los chimalapas están ubicados en el límite noreste del Estado de Oaxaca, en el corazón del Istmo de Tehuantepec, con una gran importancia por su ubicación geopolítica, esta zona cubre los dos complejos petroquímicos y puertos petroleros más importantes de México y Latinoamérica, los de  Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Que a principios de los años setentas, comienza un proceso de invasión de tierras, y fundación de comunidades, conformadas, entre otras, por sectas de protestantes, y campesinos de Guerrero y Chiapas, expulsados por problemas políticos y religiosos.

Que el conflicto de límites estatales, entre Oaxaca y Chiapas, ha sido utilizado para provocar 25 años de enfrentamientos violentos, entre comuneros indígenas de Chimalapas, con ejidatarios indígenas chiapanecos, que habitan 30 núcleos agrarios y que han sido trasladados a esa zona durante varios sexenios.

Que en el periodo de  1994 al 2004, el Estado de Oaxaca recobró 45 mil hectáreas de la colonia San Isidro la Gringa, invadida por ganaderos chiapanecos, y  otras 20 mil hectáreas de la colonia Cuauhtémoc.

Que en 1967 el Gobierno Federal resolvió que de 595 mil hectáreas que colindan  con los estados de Veracruz y Chiapas, a  San Miguel Chimalapa  le correspondieron  134 mil hectáreas y a Santa María 460 mil hectáreas.

Que meses después, en el mismo año de 1967, en otra resolución del Gobierno Federal se concedió a Chiapas 4 mil 975 hectáreas dentro del territorio  oaxaqueño, anteponiéndose  sobre lo ya otorgado a San Miguel.

Que el año 2009, la  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  concedió  permisos de aprovechamiento forestal  a favor de núcleos agrarios y predios concesionados como privados.

Que el21 de octubre del 2011,  cerca de  200  habitantes  de la comunidad de San Miguel Chimalapa bloquearon la carretera Panamericana a la altura de La Venta, agencia de Juchitán, con la finalidad de presionar al gobierno estatal y federal la suspensión de  todos los permisos de  SEMARNAT.

Que el 29 de Octubre de 2011, alrededor de 100 comuneros de la comunidad de San Antonio  irrumpieron   el  ejido de Gustavo Díaz Ordaz,  advirtiendo a los gobiernos Federal  y de los Estados  de Chiapas y Oaxaca, que no entregarán ni un centímetro de las casi  cinco mil hectáreas de tierra a los ejidatarios chiapanecos.

Que en el periódico Oficial del Estado de Chiapas, el miércoles 23 de Noviembre del 2011, en su tomo III No. 337, apareció el Decreto No. 008, por el que se establece la tercera reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y se crean los municipios, de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez.

Que el entonces Gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero,  propuso al Congreso de su Estado, la creación de tres nuevos municipios, uno de ellos, Belisario Domínguez, mismo que fue ubicado en tierras de los  Chimalapas en  Oaxaca.

Que en Noviembre de 2012, el Estado de Oaxaca presentó una controversia constitucional, sustentada en el artículo 46 de nuestra carta magna, que faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos limítrofes.

Que la controversia está constituida bajo la tesis de violación a los derechos de los pueblos indígenas Chimalapas por parte de Chiapas.”

Con lo anterior plantea el siguiente Punto de Acuerdo:

Unico: La Comisión Permanente exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva el conflicto de problemas limítrofes de la parte conocida como los Chimalapas,  entre los Estados de Oaxaca y Chiapas, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el parrado segundo del artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultades para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo las siguientes precisiones:

● El 18 de enero de 2012, las autoridades municipales y de bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa presentaron las controversias constitucionales 5/2012 y 6/2012, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el decreto 008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual se erigió el nuevo municipio Belisario Domínguez, en territorio oaxaqueño.1

● Al día siguiente, los titulares de los tres poderes del Estado Libre y Soberano de Oaxaca interpusieron una tercera Controversia Constitucional contra autoridades del Estado de Chiapas, en específico, contra actos del Congreso local de la vecina entidad y del gobierno chiapaneco debido a la creación del pretendido municipio de Belisario Domínguez, en una zona territorial que señalan pertenece legal y legítimamente a Los Chimalapas y, por ende, al estado de Oaxaca.2

● El jueves 2 de febrero de 2012, el Pleno de la Suprema Corte aprobó la propuesta de resolución elaborada por el Ministro Instructor José Mario Pardo Rebolledo, mediante la cual se desecharon las 3 solicitudes de controversia presentadas.3

● Las autoridades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas, presentaron sendos recursos de reclamación 5/2012 y 6/2012 en contra de esta resolución mientras que el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó su propio recurso de reclamación, al que recayó el número 7/2012.4

● El miércoles 4 de abril de 2012, la Segunda Sala de la Segunda Sala del máximo tribunal, resolvió en definitiva los recursos de reclamación 5/2012, 6/2012 y  7/2012 respecto de la inadmisibilidad de admitir las controversias constitucionales 3/2012, 4/2012 y 5/2012, ratificando su desechamiento.5

● El jueves 6 de diciembre de 2012, el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó controversia constitucional 121/20126, mediante la cual se reclama:

a) El decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso de Chiapas, mediante el cual se creó dentro de territorio oaxaqueño el Municipio denominado Belisario Domínguez.

b) La  publicación del decreto realizado en la segunda sección del número 337 del Periódico Oficial del Estado de Chiapas del 23 de noviembre de 2011.

c) Todas las determinaciones y mandamientos emitidos tendientes a materializar el decreto de referencia , en concreto, los actos para erigir el nuevo Municipio de Belisario Domínguez, tales como el establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas dentro del territorio oaxaqueño, la instauración y elección de autoridades municipales del Municipio de referencia, con cabecera en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, la construcción de obra pública, así como los actos de preparación y estudios técnicos para continuar la construcción de obras para el servicio público.

d) Todas las determinaciones y mandamientos emitidos por autoridades del Estado de Chiapas, por medio de los cuales pretenden ejercer actos de imperio dentro del territorio.

e) El nuevo lindero interestatal que el Estado de Chiapas pretende establecer con el estado de Oaxaca.”7

Este expediente se encuentra aún en proceso, debido a que las partes involucradas (incluyendo a terceros al procedimiento), han presentado diversos recursos.

En razón de lo anterior, es claro para los integrantes de esta Comisión que los Ministros de la Corte han conocido el problema en diversos expedientes y continúan sustanciándolo; sin embargo, los tiempos y actuaciones no son motivo de una acción arbitraria y subjetiva, sino que se ciñe a actos, etapas y resoluciones que deben cumplir con plazos y términos y admitir los recursos que la propia ley establezca.

Por ello, esta representación considera que asumir como propia la propuesta que se estudia, soslayaría el imperio de la ley a la que deben someterse todos los poderes, invadiría las facultades que tiene conferidas el Poder Judicial y erosionaría la relación respetuosa y cordial entre esta representación del Poder Legislativo y la representación del Poder Judicial.

En razón de lo anterior con fundamento en lo que dispone el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta Comisión se permite proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo  la Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el conflicto limítrofe de los Chimalapas entre los estados de Oaxaca y Chiapas, presentada el 18 de junio de 2014.

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de junio de 2014.

PRIMERA COMISION.

1 Cfr. Nota de prensa del gobierno del Estado de Oaxaca difundida en la dirección electrónica http://www.oaxaca.gob.mx/?p=15840. Nota de prensa de Virgilio Sánchez, Agencia Reforma del 5 de abril de 2012, verificable en http://www.noticias.net.mx/portal/general/gobiernos/95256-no-controversia-de-chimalapas-scjn

2 Íbidem.

3 Nota de prensa de Alberto López, corresponsal del Universal, difundida el miércoles 15 de febrero de 2012, publicada en “El universal”, sección estados, difundida en la dirección electrónica http://www.eluniversal.com.mx/estados/84449.html.

4 Íbidem.

5 Nota de prensa de Virgilio Sánchez, Agencia Reforma del 5 de abril de 2012, verificable en http://www.noticias.net.mx/portal/general/gobiernos/95256-no-controversia-de-chimalapas-scjn

6 Nota periodística de Gildardo Mota difundida el martes 11 de diciembre, que puede ser consultada en http://www.estado20.com/mientrastantoen/oaxaca/563-incompleta-la-controversia-constitucional-en-contra-del-gobierno-de-chiapas-por-caso-chimalapas-otra-vez.html

7 http://www.segobver.gob.mx/sispdf/controversias/fraccionXXVII.pdf





 

Uno más por el que se desecha la proposición que exhortara al gobierno federal a implementar estrategias de prevención de delito en la asistencia a los trabajadores del medio periodístico.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal a implementar estrategias de prevención del delito en asistencia de los trabajadores del medio periodístico, presentada por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del 2014, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar estrategias de prevención del delito en asistencia de los trabajadores del medio periodístico.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio No. CP2R2A.- 1150.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La proposición señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 6º garantiza que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

En ese mismo sentido, se hace referencia que en el artículo 7º de la carta magna señala que “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

Continúa exponiendo que en los últimos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha integrado una serie de expedientes y emitido recomendaciones por agresiones o amenazas contra periodistas, reportando una fuerte incidencia de ataques contra comunicadores.

La diputada proponente afirma que en la actualidad las agresiones contra los periodistas se sustentan en amenazas, lesiones, homicidios y desapariciones con un actuar de total impunidad por parte de las autoridades. Solo por enunciar ejemplos de un total de 27 delitos catalogados como acometimientos contra el gremio, según los establecidos en la nomenclatura de la PGR.

En la propuesta se hace referencia a que la Procuraduría General de la Republica (PGR), en 2010 creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), misma que desde la fecha de su creación da cuenta de 541 averiguaciones previas iniciadas.

La proposición señala que México es miembro firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 13, dicta que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

La legisladora destaca que diversas asociaciones internacionales han establecido que México es el segundo país en el mundo, más inseguro para el ejercicio de la libertad de expresión; manifiesta que en el país 23 Estados están catalogados como focos rojos, entre los principales se encuentran Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa con el 60.7 % del total de los asesinatos acontecidos.

En la proposición se hace referencia a diversas acciones e investigaciones que la CNDH ha iniciado por los ataques cometidos en contra de diversos periodistas.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

UNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y las Procuradurías de las Entidades Federativas, implementen de manera vinculada, estrategias de prevención del delito en asistencia de los trabajadores del medio periodístico.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Cabe señalar que ha sido una preocupación constante por parte de esta Primera Comisión, el conocer las acciones que al efecto han implementado las diversas autoridades competentes en la protección de quienes ejercen la profesión de periodistas en este país, así como en su caso, conminar a dichas autoridades para que realicen o, en su caso, intensifiquen acciones para tal efecto. Prueba de lo anterior son los diversos puntos de acuerdo que en ese sentido ha venido apoyando esta Comisión.

De la investigación realizada por esta Comisión dictaminadora, se hace constar que se encontraron diversos hechos, revelando que los diversos ataques y amenazas a periodistas no son únicos y aislados, sino más bien es un fenómeno delictivo que podría marcar una tendencia en todo el país.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio  profesional del derecho a la información o de las libertades de prensa y expresión, en su informe destaca que desde la fecha de creación al 31 de mayo de 2014 cuenta con un registro de 102 homicidios de periodistas y 555 averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación.

Es importante destacar que el 25 de junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objeto de establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

En el artículo 2 de dicha Ley se establecen las medidas de prevención siguientes:

Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las  producen y generar garantías de no repetición.

Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la  consumación de las agresiones.

Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del beneficiario.

Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario.

De igual manera, esta Comisión dictaminadora considera relevante plasmar en este dictamen que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que "a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana"

Asimismo, se coincide en que todos los poderes federales y los poderes de los tres órdenes de gobierno, deben ejercer las acciones de gobierno pertinentes para cambiar el contexto de adversidad que hoy vive el periodismo en México, por lo que se considera positivo el objetivo perseguido por el punto de acuerdo materia del presente dictamen.

De este modo, es relevante señalar que esta Comisión dictaminadora y el Pleno de la Comisión Permanente han aprobado previamente un Punto de Acuerdo, que se encuentra en los mismos términos que la propuesta en análisis. Dicho Dictamen fue publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente número 10 de fecha 18 de junio de 2014, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Los resolutivos aprobados que contiene la proposición referida, son los siguientes:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en nuestro país.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a continuar con la práctica del respeto y la  protección del derecho a la libertad de expresión reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que coadyuva al desarrollo pleno de la sociedad, y se fortalezcan los mecanismos necesarios a fin de garantizar el libre ejercicio de la libertad de prensa de los periodistas frente a cualquier amenaza o manifestación de  violencia.

Por tanto, es que los integrantes de esta Dictaminadora estimamos que no es de aprobarse la Proposición en análisis, por quedar sin materia.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del dictamen “Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la invaluable labor que realizan las mujeres y hombres dedicados al periodismo en México, en el marco de la conmemoración del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en nuestro país”, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente número 10 de fecha 18 de junio de 2014, determina que ha quedado sin materia la proposición objeto del presente dictamen con relación a reforzar las estrategias del delito que garanticen la seguridad de los periodistas en el país.

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Otro por el que se desecha la proposición que solicitaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una postura a favor del principio de máxima difusión y de derecho de acceso a la información para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conlleva la aprobación final de iniciativas en materia energética.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una postura a favor del principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conllevan a la aprobación final de las iniciativas en materia energética”. La propuesta antes citada fue presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 18 de junio del 2014, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una postura a favor del principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conllevan la aprobación final de las iniciativas en materia energética. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La propuesta con punto de acuerdo, estima que es pertinente que la difusión en los medios de comunicación, respecto a ciertos temas de la política en México, tienen que ser expuestos tal y como se postularon las diferentes fuerzas políticas del país. La Senadora manifiesta dentro las líneas del punto de acuerdo, que se tiene que hacer una reflexión sobre el derecho al acceso a la información y el principio de máxima difusión.

Asimismo, la autora, manifiesta que es pertinente que la ciudadanía esté informada, esa necesidad es doble, por una parte, se trata de que la información fluya “hacia abajo” para que los gobernados puedan conocer, evaluar, supervisar las acciones de funcionarios y gobernantes, para que se ejerza cotidianamente una suerte de control social “hacia arriba”, hacia todos los rincones del ámbito Federal. Pero por otra parte, se trata de que la información suministrada por el gobierno resulte útil y significativa para la propia sociedad.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dice:

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una postura en favor del principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conlleva la aprobación final de las iniciativas en materia energética.

III. CONSIDERACIONES

Con motivo del análisis y estudio de la presente propuesta, la Comisión Dictaminadora en el análisis y estudio de la presente propuesta, manifiesta que las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consisten básicamente en recibir quejas de las presuntas violaciones a los derechos humanos, y conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

1. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;

2. Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;

3. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

4. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política;

5. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;

6. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

7. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

8. Proponer a las diversas autoridades del país, que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

9. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos.

10. Expedir su Reglamento Interno;

11. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;

12. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;

13. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;

14. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;

15. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

16. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Dentro de lo que se observa, se puede manifestar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene facultades para poder emitir una postura a favor de la máxima difusión, y el acceso a la información, en torno a los supuestos riesgos que se generen con la aprobación final de la reforma energética.

Sin demérito de todo lo anterior, las diversas iniciativas de legislación secundaria derivadas de la reforma constitucional al régimen de la energía en nuestro país que fueron remitidas a la Cámara de Senadores (9) y a la Cámara de Diputados (3) como respetivas cámaras de origen, aún no han sido aprobadas, ya que se encuentran en el proceso legislativo de análisis en comisiones, siendo el resultado de esas tareas lo que permitiría –en su momento- la deliberación y determinación del Pleno de ambas Cámaras.

Esta Comisión manifiesta que el derecho de acceso a la información pública garantiza toda persona conocer la información pública sin justificar su utilización. Es un derecho universal que se puede ejercer sin distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza o nacionalidad. Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19, en el cual manifiesta que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La Comisión dictaminadora, reitera que no está en contra del derecho o acceso a la información, simplemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene facultades para emitir una campaña de información en el tema y términos planteados en la propuesta que se dictamina.

Por los motivos que se expresan con antelación, esta Comisión dictaminadora considera inviable la aprobación del punto de acuerdo en mención, ya que la referida Comisión Nacional no tiene facultades –dentro de su normatividad– para impulsar campañas sobre los presuntos riesgos que derivarían de la aprobación de las iniciativas de legislación secundaria en materia energética.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión  dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicitaba a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una postura en favor del principio de máxima difusión y del derecho de acceso a la información, para impulsar una campaña de información de todos los riesgos previsibles que conlleva la aprobación final de las iniciativas en materia energética.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Otro por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal a asignar los recursos etiquetados para los institutos tecnológicos del Distrito Federal.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro por el que se desecha la proposición que exhortaba la Secretaría de Gobernación a Salvaguardar el respeto a los derechos humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión y películas cinematográficas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar el respeto a los Derechos Humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión y las películas cinematográficas, remitida por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 18 de junio de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 18 de junio del 2014, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar el respeto a los derechos humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión y las películas cinematográficas.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente por medio del oficio CP2R2A.-1120.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En la proposición en estudio se señala que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27 fracción XL otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de “vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.”

De igual manera, la proponente indica que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º señala en su párrafo segundo que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

En la proposición con punto de acuerdo se describe que la expansión de los derechos humanos a nivel nacional e internacional tiene necesariamente una vinculación con los medios de comunicación que no puede ser ignorada por las autoridades, porque no puede disociarse la producción de impresos, de programas radiofónicos, televisivos o de cintas cinematográficas de la necesaria observancia del respeto a los Derechos Humanos.

De igual manera, se informa que recientemente, al conmemorarse tres años de que se implementara la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que motivó la presentación de un Diagnóstico al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación reconoció la necesidad de reforzar la capacitación de servidores públicos, la difusión del tema y la implementación de acciones para mejorar el rumbo de la política de Estado en la materia.

Es por ello, que la proponente manifiesta que un ámbito en el que la dependencia necesita fortalecer precisamente sus actividades es con relación a las tareas de vigilancia respecto a los contenidos de revistas, programas de radio, televisión, producción y difusión de películas, ya que constantemente se rebasan los límites a que hace alusión la fracción del dispositivo legal enunciado en la presente proposición y ello es así, porque la labor de supervisión que debe ejercer la Secretaría de Gobernación se ha relajado.

Indica la Diputada en la propuesta que diariamente somos testigos de la difusión de programas de radio y televisión, películas y revistas que atentan contra la dignidad de las personas y de las familias, en los que se agrede a la moral pública, se hace mofa de la imagen personal, se hace apología del delito, se alienta la venganza, se festina la violencia, se induce al fraude, se justifica la traición, se destacan la agresión verbal, el insulto, la calumnia y la humillación como “valores” y de toda esa información se nutre a niños, niñas y adolescentes en etapa de formación y lamentablemente, en ocasiones, se reproducen este tipo de actitudes en la escuela, el hogar y el trabajo a través de manifestaciones que hoy conocemos como “bullying”.

Por ello, se enfatiza en el punto de acuerdo que es importante preguntar cuáles son esos “límites” a los que debe ceñirse la actuación de la autoridad para determinar el momento en que han sido rebasados en los términos a los que alude la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que ésta pueda considerar que hay un ataque a los derechos de terceros, se provoque la comisión de algún delito o se pueda perturbar el orden público y al respecto considero que esos parámetros están definidos en la actualidad precisamente por los Derechos Humanos.

En la propuesta se indica que si la autoridad responsable, la Secretaría de Gobernación, actúa en función de este límite establecido por la Constitución y reconocido en los Tratados Internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Humanos en cuyo artículo 12 refiere: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”; el artículo 17 del Pacto de las Naciones Unidas relativo a los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), se evitaría la producción y difusión de programas, impresos y películas que atentan contra la vida privada y la dignidad humana que tanto daño hacen a nuestra sociedad  y  se contribuiría a combatir el bullying y la comisión de delitos.

La Diputada proponente manifiesta que si articulan la dignidad humana con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuya fracción XL ha servido de base para el desarrollo de la presente proposición, se puede dilucidar que el límite de la dignidad humana entendido como el “vivir como se quiera”, “vivir bien” y “vivir sin humillaciones”, está supeditado al respeto a la vida privada, a la paz, a la moral pública, a que no se atente a la dignidad personal, que no se ataquen los derechos de terceros, no se provoque la comisión de algún delito o se perturbe el orden público.

Y siguiendo la secuencia de las ideas expresadas, se indica en el punto de acuerdo que es importante que la autoridad vigile precisamente que en publicaciones impresas, transmisiones de radio y televisión o en películas cinematográficas se respete la dignidad personal sin alentar conductas que rebasen los extremos establecidos por la propia legislación a la luz de los Derechos Humanos, lo cual necesita salvaguardar la Secretaría de Gobernación con base en las atribuciones legales con que cuenta.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

UNICO.- La Comisión Permanente solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar el respeto a los Derechos Humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión, y las películas cinematográficas.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora señala que es facultad de la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos, estipulado en la fracción I del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En ese tenor, el Reglamento de la Ley en el artículo 7º establece que las atribuciones de la Ley Federal de Radio y Televisión otorga a la Secretaría de Gobernación deben ser atendidas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, mismas que enumera en el artículo 9º resultando de nuestro interés la fracción III que a la letra dice:

III. Regular los contenidos de las transmisiones de radio y televisión;

La preocupación de la proponente radica en que la Secretaría de Gobernación necesita fortalecer sus actividades con relación a las tareas de vigilancia respecto a los contenidos de revistas, programas de radio, televisión, producción y difusión de películas, ya que constantemente se rebasan los límites a que hace alusión la Ley Federal de Radio y Televisión.

Esta Comisión dictaminadora tiene presente que la vinculación de los derechos humanos con los medios de comunicación no puede ser ignorada por las autoridades, por lo que se reconoce la necesidad de reforzar la capacitación de servidores públicos, la difusión del tema y la implementación de acciones que atiendan la implementación de las políticas públicas en la materia.

Estas preocupaciones han sido expresadas por el Ejecutivo Federal en la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que actualmente se encuentran en discusión en el Senado de la República y donde se está elaborando el dictamen de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en esta materia.

Entre las propuestas se destacan que la Secretaría de Gobernación vigilará que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento; que se creará un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Gobernación, denominado Sistema de Radiodifusión de México, con el fin de asegurar un servicio de radiodifusión, radio y TV, en cada entidad de la Federación, a efecto de transmitir contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre hombres y mujeres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional y dar espacio a las obras de producción independiente, promover el respeto a los derechos humanos, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Es por ello que esta Comisión considera improcedente hacer una solicitud  a la Secretaría de Gobernación, toda vez que  se encuentran en proceso legislativo las leyes secundarias en la materia,  en virtud de que el Ejecutivo Federal se ocupa del  tema, mediante la iniciativa que envió al Senado de la República el pasado 25 de marzo de 2014.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda dictaminar en sentido negativo la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortaba a la Secretaría de Gobernación a salvaguardar el respeto a los Derechos Humanos en las publicaciones impresas, las transmisiones de radio y televisión, y las películas cinematográficas”.

SEGUNDO.- Archívense el asuntos y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de niñas y niños fallecidos en las Guardería ABC del estado de Sonora.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se  exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de las niñas y los niños fallecidos en la guardería ABC del Estado de Sonora, suscrita por los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Zuleyma Huidobro González integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC).

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En sesión del miércoles 18 de junio de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Zuleyma Huidobro González integrantes del Grupo Parlamentario MC.

B. La proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio No. CP2R2A.-1120.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 10de la Comisión Permanente, el 18 de junio de 2014.

II. CONTENIDODE LA PROPOSICION

A. La proposición pretende:

● Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a dar audiencia a los padres de las niñas y los niños fallecidos de la guardería ABC, del Estado de Sonora, para que se resuelvan de inmediato las demandas prometidas para el bienestar de sus familias a cinco años del suceso.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“La tarde del 5 de junio de 2009, una tragedia inimaginable sacudía al país: la muerte de 49 pequeños en el incendio de una guardería privada que funcionaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por las investigaciones oficiales se tuvo conocimiento que la guardería ABC no contaba con las más elementales medidas de seguridad.

[…]

Éste 05 de junio, un grupo de padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC arribaron al Zócalo del Distrito Federal […]

Querían ser recibidos por el Presidente de en una audiencia que no les fue concedida, para exigir que se cumplieran las promesas de campaña de justicia[…]

La sociedad ha pedido el castigo de los responsables pero sobre todo el reclamo de proteger la vida de todos los pequeños en las guarderías del país, mediante los cambios legales e institucionales imprescindibles para ellos. ”

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. El 18 de junio de 2014, ésta Primera Comisión  resolvió, en torno al punto de acuerdo suscrito por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario  de Movimiento Ciudadano, a través del cual se solicitó a los órganos de gobierno a que, en relación con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la “Guardería ABC”, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la integridad física de los menores de edad.

En ese sentido, el punto de acuerdo establece lo siguiente:

“Este 5 de junio se conmemora el quinto aniversario de la que es considerada la peor tragedia que involucra a la niñez de México, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora,  que tuvo como resultado la muerte de 49 niñas y niños y 76 resultaron heridos.

Esta histórica tragedia ha estado envuelta no sólo por el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento y daño por las lesiones y diferentes grados de afectación o incapacidad que sufren muchos de las y los lesionados, así como por la forma en que se registró el siniestro y la manera como se han llevado a cabo las investigaciones, ya que a la fecha no se muestran culpables definitivos.

Por ello, esta Primera Comisión debe pronunciarse para que este tipo se actos no se repitan y es responsabilidad exigir justicia y estar atentos y vigilantes de la acción de la autoridad ministerial, pero también se tiene que exigir a la autoridad que se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del incendio de la guardería  ABC de Hermosillo, Sonora.

Es importante señalar que el miércoles 4 de junio se realizó la integración del Grupo Plural de Trabajo en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de Junio de 2009, así como de las causas que lo ocasionaron, y la identificación plena de las y los probables responsables de la tragedia.

Entre las principales acciones se encuentran:

Reuniones con autoridades federales (PGR, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. Reuniones con las diferentes organizaciones de padres de familia.

2. Exhortos al procurador general de la República, para que proceda de manera expedita, al esclarecimiento del caso de la Guardería ABC, SC, de Hermosillo, Sonora.

3. Impulsar los trabajos para que se ubiquen las responsabilidades correspondientes de todos y cada uno los involucrados en los hechos.

4. Exhortos al Gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que se dé cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, que establece que ambas autoridades tienen la obligación de la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de junio de 2009.

5. Impulsar la búsqueda y la aplicación de la justicia y legalidad, que es una petición reiterada de los dolidos padres y madres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC.

En la instalación del Grupo Plural  los integrantes manifestaron que buscan dar respuesta inmediata a un reclamo de la sociedad, a cinco años de la tragedia y demostrar que México ha cambiado y que nadie está por encima de la ley.

Los integrantes de la comisión tienen claro que el gobierno federal tiene el deber y el compromiso de dar respuesta a este reclamo de justicia y de que el expediente no quede en el archivo de la impunidad.

Es por ello, que se considera procedente que el Ejecutivo Federal encabece una mesa de diálogo mediante el cual se garantice el derecho de audiencia de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.

Ante el siniestro de la Guardería ABC, la Procuraduría General de la República resolvió atraer el caso en virtud que los delitos de homicidio y lesiones en agravio de los menores  y siendo que la competencia originaria era del orden común, se determinó que tiene clara conexidad con el delito del ejercicio indebido del servicio público en el orden federal, por lo cual se autorizó al Ministerio Público de la Federación a ejercitar la facultad de atracción.

 Luego de que la Procuraduría General de la República ha realizado diversos peritajes, para esta comisión resulta procedente conocer el estado que guarda el expediente de la Guardería ABC, sin detrimento de las obligaciones de confidencialidad en materia de procuración de justicia.

Esta Comisión considera pertinente, incluir en el cuerpo de este dictamen que el pasado 28 de mayo fue aprobado de urgente resolución un punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República para que proceda de manera expedita, al pleno esclarecimiento del caso de la Guardería ABC S.C. y se deslinden las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados; asimismo, se exhortó al Gobierno del Estado de Sonora y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que den cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, en el que se establece que ambas autoridades tienen la obligación de llevar a cabo la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de Junio de 2009.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que la motivación del tercer resolutivo de la propuesta en estudio se empata con lo aprobado el pasado 28 de mayo, por lo que se estaría duplicando el exhorto para las autoridades del estado de Sonora a cumplimentar las acciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia, en razón de lo anterior este resolutivo sin materia.”

Así, se determinó el siguiente punto de acuerdo:

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita todos los órganos de gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en relación con los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la “Guardería ACB S.C.”, mantengan y fortalezcan las medidas de seguridad en todas las escuelas y guarderías del país en aras de proteger la integridad física de los menores de edad.

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones, y con observando lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,   informe del estado que guarda el expediente sobre la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las autoridades estatales competentes, a acatar las resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia, sobre las medidas restaurativas para los familiares de las víctimas de la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora.”

Se considera que las finalidades del Punto de Acuerdo que se propuso por los Diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Zuleyma Huidobro González son los siguientes:

a) Castigar a los responsables.

b) Proteger la vida de todos los pequeños en las guarderías del país, mediante los cambios legales e institucionales imprescindibles para ellos. ”

Así las cosas, el fin que pretende el presente punto de acuerdo se ha cumplido al haberse aprobado el punto de acuerdo de 18 de junio de 2014, respecto de la guardería ABC.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente

IV.- RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud del Dictamen publicado en la Gaceta número 10 de fecha 18 de junio de 2014 de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, determina que ha quedado sin materia la proposición objeto del presente dictamen con relación a que el Titular del Poder Ejecutivo Federal brinde audiencia a los padres de los niños fallecidos en la “Guardería ABC” en el Estado de Sonora.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispone el archivo de dicho expediente como asunto definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

También tenemos 21 dictámenes de la Segunda Comisión.

Por el que la Comisión Permanente condena el secuestro de tres estudiantes israelíes llevados a cabo el 12 de junio de 2014 en Cisjordania.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se nos solicita realizar las acciones necesarias para a fin de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia escolar.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicite realizar una evaluación en torno a la situación que prevalece en el sector salud.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicitan diversas acciones en materia de alimentos para el consumo de personas que padecen la enfermedad celiaca.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita implementar campañas de información que permitan el diagnóstico temprano de la fibrosis quística.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita al Congreso del Estado de Sonora instruir al Instituto Superior de Autoría Fiscalización del Estado, a efecto de iniciar una investigación sobre la situación financiera y la aplicación, destino y eficiencia de los recursos ISSSTESON

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública que pida a la autoridad competente instrumentar las medidas necesarias para investigar en su caso aplicar las sanciones administrativas para evitar el cobro de cuotas obligatorias en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Quintana Roo, fortalecer las medidas para garantizar el abasto de medicamentos para los usuarios del Programa de Seguro Popular en el municipio de Felipe Carrillo Puerto zona.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal, evaluar la conformación de un grupo de trabajo profesional y plural que realicen estudios sobre el sistema de ahorro para el retiro.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores continuar instrumentando acciones para fortalecer el trabajo de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Uno más por el que se solicita el considerar, promover las medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento y cubrir los adeudos salariales del personal docente y administrativo del Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Guerrero, extensiones Praderas de Costa Azul, La Concepción, San Agustín, Zumpango y Arcelia.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita impulsar las medidas necesarias para evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria en las escuelas públicas o privadas.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Uno más por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal evaluar la utilización de tiempos oficiales para promover una campaña informativa acerca de los servicios, programas y políticas públicas instrumentadas por el gobierno en beneficio de la juventud de nuestro país.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita impulsar las medidas pertinentes para garantizar que el proyecto de restauración del Palacio de Gobierno del estado de Sonora cumpla con los lineamientos en materia de conservación y mantenimiento a fin de evitar que se dañen los murales que forman parte del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación derivadas de la auditoría de desempeño 12-0-05100-07-0203, realizada en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a sus homólogas en las entidades federativas y a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país promuevan la elaboración y aplicación de protocolos y procedimientos a la atención de mujeres de víctimas de violencia y garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita a los congresos locales realizar las modificaciones pertinentes para armonizar su legislación y cumplir con el mandado previsto en el texto constitucional y las leyes en la materia educativa.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro más por el que se solicita a la Secretaría de Salud intensifique las acciones e impulse una política integral en materia de cuidados paliativos.

SEGUNDA COMISION
 
(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y su más amplio reconocimiento al Doctor Sanjaya Rajaram por la obtención del Premio Mundial de Alimentación 2014.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Otro, por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas continuar con los esfuerzos y fortalecer las mesas de diálogo destinadas a conciliar y a coadyuvar en la resolución del conflicto, así como garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades del pueblo Mixe del municipio de San Juan Cotzocón.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe promover las acciones diplomáticas que pudieran permitir valorar las inquietudes existentes en torno a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social promover las acciones y estrategias encaminadas a apoyar a la población afectada por la reciente contingencia climatológica en Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Asimismo, tenemos 18 dictámenes de la Tercera Comisión:

Uno, por el que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informe sobre los recursos transferidos al gobierno del estado de Veracruz para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz a transparentar el uso de los recursos Federales transferidos al Fideicomiso para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 y; se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos, a cargo del Diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El diputado promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, señala como  motivación de la misma, lo siguiente:

“Que hace 90 años nacieron los Juegos Centroamericanos como una iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana que tenía el objetivo de incrementar el nivel competitivo de los deportistas de mexicanos y centroamericanos.

Que han transcurrido 21 ediciones de Juegos Centroamericanos desde el año de 1926, año en que se llevaron a cabo los primeros Juegos Centroamericanos. Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número XXII se realizarán del 14 al 30 de noviembre de 2014 en Veracruz, será la cuarta ocasión que se llevaran a cabo en nuestro país, y la primera que será fuera de la ciudad de México.

Que la sede de los Juegos fue otorgada al Estado de Veracruz el 30 de enero del 2009 por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), en el marco de su XLI Asamblea General, llevada a cabo en Veracruz, México, del 28 de enero al 1 de febrero del 2009.

Que lamentablemente, la organización no ha estado a la altura que exige un evento de tal magnitud. Ha habido tres cambios en la dirección del Comité Organizador (COVER), existe una preocupante falta de transparencia en recursos asignados por la Federación y es notoriamente visible el retraso de las obras lo que pone en serio riesgo que llegue a buen puerto la realización de esta justa deportiva.

Que las diversas irregularidades están asentadas en los informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2010, 2011 y 2012.

Que en el informe de revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF manifestó que:

El Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido los  recursos federales, por 163,311.5 miles de pesos, al Fideicomiso Público de  Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento  Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los Juegos  Centroamericanos y del Caribe 2014, que habían generado intereses a julio de 2013 por 23,204.7 miles de pesos, de los cuales se pagaron 113,360.3 miles de pesos de capital y  10,000.0 miles de pesos de intereses y quedan pendientes de cubrir 49,951.2 miles de  pesos de capital y 13,204.7 miles de pesos de intereses, y la CONADE no dio  seguimiento en forma oportuna; la adjudicación de un contrato, por 32,990.7 miles de  pesos, se fundamentó en el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas, sin justificar dicha fundamentación, y falta  evidencia de la conclusión de los trabajos de remodelación del estadio Luis de la Fuente “El Pirata”.

Que en el Informe de Resultados de la revisión de Cuenta Pública 2011, la ASF encontró varias irregularidades, y realizó 35 observaciones a los fideicomisos que se constituyeron para organizar los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Entre las principales observaciones se documentó atraso en la transferencia de recursos federales al fideicomiso del Estado de Veracruz, carencia del recibo del Gobierno del Estado de Veracruz por recursos federales transferidos, falta de celebración de sesiones ordinarias, contrato de Fideicomiso del Estado de Veracruz mal requisitado y un largo etcétera.

Que también se consignó en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11L6I-02-0419 practicada al “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Transferencias al Fideicomiso Estatal de Veracruz” que a partir de la revisión de las transferencias de recursos federales que la CONADE efectuó al Gobierno del Estado de Veracruz, la ASF encontró que:

“para el Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, destinadas para la construcción, remodelación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva para la organización y celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, se constató que desde el ejercicio 2009, se le han transferido recursos por 408,630.7 miles de pesos.”

Al respecto, se observó que los recursos federales han permanecido sin utilizarse en la cuenta bancaria del fideicomiso y no se han iniciado las acciones para las cuales se  transfirieron.

Que estas irregularidades con respecto al manejo de los recursos obligan a realizar una revisión y transparentar la forman en cómo se están asignando los diversos contratos.

Finalmente destaca el proponente que es preciso que el Gobierno del Estado de Veracruz rinda un informe detallado, pues de pedir tal información a la Contraloría General del Estado no se tendría certeza ni garantía sobre si los recursos federales empleados se han ejercido con total transparencia, legalidad y eficiencia, como lo exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz a transparentar y brindar un informe detallado sobre el uso de los recursos federales transferidos al fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a llevarse a cabo en dicha entidad.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes sobre los recursos transferidos al fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a fin de verificar si se han ejercido bajo los principios establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, coincidimos con el proponente, respecto de la importancia que reviste, transparentar el uso de los recursos públicos destinados para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, en el marco de la rendición de cuentas.

TERCERA.- Derivado de lo anterior, se destaca que con fecha 30 de octubre de 2009 la CONADE firmó el contrato de creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión con el Gobierno del Estado de Veracruz, en el que intervinieron el Gobierno de Veracruz en calidad de “fideicomitente” y una institución bancaria como “fiduciaria”, a fin de apoyar el desarrollo de la infraestructura y equipamiento deportivo en aquélla Entidad Federativa, para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014; dicho contrato se modificó el 9 de marzo de 2012 para ampliar tanto el objetivo como el funcionamiento del Comité Técnico. Asimismo con fecha 12 de septiembre de 2011 se aprobaron las Reglas de Operación del Fideicomiso de Veracruz, vigentes en 2012.

CUARTA.- Con base en el Informe del Resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-11L6I-02-0449, seleccionada de conformidad con los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017, cuyo objetivo señala a la letra lo siguiente:

“Fiscalizar la gestión financiera de los recursos transferidos y ejercidos por los fideicomisos estatales de Jalisco y Veracruz, así como por el de Alto Rendimiento, para verificar que fueron presupuestados, autorizados, pagados, comprobados y se destinaron a los fines previstos; evaluar el control y seguimiento de su aplicación, y comprobar que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad con las disposiciones legales y la normativa”.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, observamos que en el Informe en comento, se menciona un “atraso en las transferencias de recursos federales al Fideicomiso de Veracruz” y que “a la fecha de la revisión (julio de 2013), la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido dichos recursos, no obstante que en los convenios de Coordinación así se establece.

De lo que se desprende la importancia por conocer un informe detallado sobre el uso de los recursos federales transferidos al Fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a llevarse a cabo en dicha entidad.

QUINTA.- Del mismo Informe, se desprende que “mediante el oficio del 14 de noviembre de 2013, la Subdirección General del Deporte de la CONADE, envió a la ASF, una carta de la Fiduciaria del Fideicomiso de Veracruz del 5 de agosto de 2013, que de acuerdo al mismo informe, conmina a “la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte fortalezca las actividades de control y supervisión a fin de que las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados transfieran los recursos a los fideicomisos beneficiados en tiempo y forma, conforme a la normativa”.

De igual manera, la Auditoría Superior de la Federación, considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la CONADE no cumplió con las disposiciones normativas de la gestión financiera de los recursos transferidos y ejercidos por el Fideicomiso Estatales de Veracruz. De ahí la solicitud de esta Dictaminadora para que se remita un informe al respecto.

SEXTA.- El mismo informe, coincide con el proponente en que “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014”1.

No obstante, los integrantes de esta Tercera Comisión, consideran que no se puede solicitar la intervención de las autoridades fiscalizadoras, ni juzgar en base a supuestos, tal y como lo expresa la ASF en su informe.

Sin embargo, esta Tercera Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con el proponente en conocer el ejercicio de los recursos transferidos al fideicomiso de referencia, bajo los principios establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como ampliar la misma solicitud al CONADE.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la CONADE para que informe a esta Soberanía, sobre los recursos transferidos al gobierno del estado de Veracruz para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, de acuerdo a lo establecido en la  Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Reglas de Operación del Programa S205 Deporte.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Veracruz, informe sobre el ejercicio de los recursos transferidos al Fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, a llevarse a cabo en dicha entidad.

TERCERA COMISION.

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, P. 8.





 

Otro, que exhorta a informar sobre el estado que guarda la penetración de la televisión digital terrestre en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como los avances sobre la transición a la televisión digital terrestre en el país.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante la Comisión Permanente, con el objeto de explicar el aplazamiento del apagón analógico, suscrito por los senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y  Ángel Benjamín Robles Montoya del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes señalan que diferir la fecha del apagón analógico, tendría graves consecuencias en el interés del mercado respecto de la licitación de las dos nuevas cadenas digitales de televisión abierta, pero sobre todo el mayor afectado ante esta situación seguiría siendo el usuario, con una limitada oferta programática de la televisión abierta.

En el punto de acuerdo de referencia se señala que a 19 meses de que se cumpla el plazo fijado en la Constitución para realizar el apagón analógico a nivel nacional y lejos de ser solamente un problema de cumplimiento de fechas, el retraso en la ejecución del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, puede afectar los proyectos derivados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de junio del 2013.

Los legisladores manifiestan su preocupación y señalan que el retraso de este proceso puede seguir generando distorsiones en materia de competencia económica y limitación del acceso de la población a servicios de conectividad.

Con lo anterior, los proponentes formulan el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO .-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la inmediata comparecencia de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por medio del acuerdo publicado el día 7 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por el que se modifica el diverso por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004.”

III. CONSIDERACIONES.

Los legisladores promoventes señalan que es menester citar a comparecer a los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de proveer las explicaciones que correspondan al aplazamiento que por sexta ocasión mantiene a sus ciudadanos rezagados respecto de la transición de televisión analógica a la digital.

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente citar los artículos quinto y décimo séptimo fracción IV transitorios del Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de los Artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, mismos que se transcribe, en la parte conducente,  para mayor referencia:

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO. A la entrada en vigor del presente Decreto...

“La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios: …”

ARTICULO DECIMO SEPTIMO TRANSITORIO. “En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones:

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.”

De conformidad con lo anterior, se desprende que corresponde al Ejecutivo Federal, la planeación de las políticas en términos de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. Por lo que cuenta con facultades para promover la implementación de equipos receptores y decodificadores entre diversos sectores de la población para contribuir al logro de las metas planteadas por la política de transición a la TDT, cuidando en todo momento un enfoque social hacia la población vulnerable.

En cumplimiento a lo anterior, el pasado 13 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Trabajo para la transición a la TDT, el cual contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Ejecutivo Federal emprenderá para completar la transición a la TDT.

Ahora bien, como señala el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México (Política TDT 2012), es obligación del Estado concretar la transición a la TDT y que a través del IFT se dará seguimiento periódico de los niveles de penetración que alcance ésta a efecto de contar con información confiable para, en su caso, adoptar acciones adicionales o realizar ajustes subsecuentes al proceso de transición.

Del Acuerdo mencionado, se infiere que para proceder a apagar las señales de televisión analógica, conforme a lo establecido en el numeral 4 de la Política TDT de 2012, se deberá contar con información confiable que acredite la penetración (entendida como el número total de hogares con servicio de TDT entre el número total de hogares con servicio de televisión) de un 90% o en caso contrario, se deberá ajustar la fecha del llamado apagón analógico.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la política de TDT, el IFT por conducto de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión (USRTV) contrató los servicios estadísticos de la empresa Field Research, con el objetivo de realizar encuestas para medir el nivel de penetración; del número de encuestas realizadas (8786)  se permite tener un margen de error a nivel total de (+/-) 2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 90%.

El resultado fue que en las ciudades programadas, el promedio de hogares con al menos un televisor oscila entre el 99 y 100%, de éstos entre el 54 y el 77% que cuentan con televisión, dependen de la televisión abierta; tomando en cuenta que entre el 22 y el 43% cuentan con servicio de TDT, por lo tanto, en ninguna de las 5 ciudades se logra un penetración del 90%.

En este sentido, el IFT está obligado a realizar las acciones necesarias para cumplir con el mandato constitucional y para ello, en estricto cumplimiento a sus facultades, emitió el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México, publicado en el D.O.F. el 07 de mayo de 2014, mediante el cual se determina que es necesario ajustar la terminación de transmisiones analógicas de televisión radiodifundida en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Cd. Juárez, Chihuahua;  Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejando dichas ciudades dentro del calendario general previsto para el 26 de noviembre de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que haga del conocimiento de esta Soberanía, un informe detallado sobre el estado que guarda la penetración de la Televisión Digital Terrestre en las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Cd. Juárez, Chihuahua;  Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como los avances sobre la transición  a la Televisión Digital Terrestre en el país.

TERCERA COMISION.





 

Otro, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado que guarda el proceso del juicio contencioso administrativo referido a la concesión a Servicios Náuticos Marina-Ixtapa, S.A. de C. V., para construir, operar y explotar la marina denominada “Marina Ixtapa”, en Zihuatanejo, Guerrero.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reversión del fideicomiso Marina Ixtapa, terrenos y concesiones a favor de FONATUR, a efecto de tomar el control sobre el patrimonio, mejorar su administración y dinamizar el tránsito turístico de la zona, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente, manifiesta que la Marina Ixtapa es un centro portuario de suma importancia para el municipio de Zihuatanejo ya que atrae al turismo, cuenta con más de 600 posiciones y se pueden ingresar embarcaciones hasta de 125 pies. Al estar en una zona estratégica, fomentan el desarrollo de la entidad.

Destaca el proponente que actualmente la Marina no se encuentra funcionando por las siguientes consideraciones: En términos del acuerdo de intención del 18 de julio de 1989, que antecede al contrato de fideicomiso traslativo de dominio y de garantía celebrado entre FONATUR y Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., de fecha 16 de agosto de 1990 se pactó que FONATUR renunciaría a la concesión que ya le había otorgado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, explotación y operación de la marina turística a favor de Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., transmitiendo también la facultad de aprovechar las obras de infraestructura marítima realizadas por FONATUR al amparo de dicha concesión.

Conforme a lo anterior, dice el proponente, FONATUR renunció ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto de sus derechos a la concesión de la cual era titular, de tal forma que se pudiera otorgar nueva concesión, por parte de la SCT, a Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., mediante título de fecha 3 de febrero de 1992, para construir, operar y explotar una marina denominada “Marina Ixtapa” con una capacidad de 500 embarcaciones afectando 192,972.6406 m² de zona federal marítima en Ixtapa, con vigencia de 20 años.

Por su parte, Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., cedió los derechos y obligaciones derivados de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., previa autorización de la SCT, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2004, modificando al mismo tiempo el número de posiciones de atraque, menciona.

Ante la solicitud de renovación y con fecha 23 de noviembre de 2011, la SCT resolvió no otorgar la prórroga de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta impugnó dicha resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra actualmente radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 1055/2012-17-07-6.

El objeto de la concesión va en función del uso, aprovechamiento y explotación de una zona federal marítima de 192,972.6406 m2 de área de agua exclusiva para la operación y explotación de la Marina Ixtapa, de uso público, con una capacidad de 621 embarcaciones.

Por lo anterior expuesto resulta fundamental que se emita el resultado del juicio y así, la Marina pueda continuar con su debido funcionamiento, retome sus funciones náuticas y con ello continuar fomentando el turismo en la zona lo cual genera recursos y empleo impulsando el desarrollo en la entidad.

Por lo anterior hace la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reversión del Fideicomiso Marina Ixtapa, Terrenos y Concesiones a favor de FONATUR, a efecto de tomar el control sobre el patrimonio, mejorar su administración y dinamizar el tránsito turístico de la zona.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en la necesidad de dar certidumbre al proyecto de la Marina Ixtapa y cumpla sus objetivos de contribuir al desarrollo de la zona.

De acuerdo con información proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), respecto del estatus que guarda la solicitud de concesión de “Marina Ixtapa”, menciona lo siguiente: 

El 16 agosto 1990 se celebró el Acuerdo de Intención relacionado en el contrato de fideicomiso traslativo de dominio y de garantía celebrado entre el FONATUR y Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., mediante el cual se pactó que el FONATUR renunciaría a favor de esa sociedad, a la concesión que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción, explotación y operación de la marina turística, transmitiendo también la facultad de aprovechar las obras de infraestructura marítima que el FONATUR había realizado al amparo de dicha concesión.

Así, el 3 febrero 1992, la SCT otorgó el título de concesión a favor de Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., para construir, operar y explotar una marina denominada “Marina Ixtapa”, con una capacidad de 500 embarcaciones,  afectando 192,972.6406 m² de zona federal marítima en Ixtapa, con vigencia de 20 años.

El 17 agosto 2004 la SCT resuelve y autoriza que Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., ceda los derechos y obligaciones derivados de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., asimismo modifica el número de posiciones de atraque.

Por otra parte, el 23 noviembre 2011 la SCT resolvió no otorgar la prórroga de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta impugnó dicha resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra actualmente radicado en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente No. 1055/2012-17- 07-6.

Es por lo anterior, y que es la SCT quien promueve el juicio, los integrantes de esta dictaminadora, resuelven solicitar a esa dependencia, informe sobre los avances del proceso judicial en comento.  Asimismo, consideran necesario esperar el resultado del juicio, para proceder a lo solicitado por el proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, remita un informe a esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proceso del juicio contencioso administrativo referido a la concesión a Servicios Náuticos Marina-Ixtapa, S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la marina denominada “Marina Ixtapa”, en Zihuatanejo, Guerrero, en los términos previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar y actualizar permanentemente en la página de Internet correspondiente, el Registro Nacional de Emisiones e Inventario.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga de conocimiento público y de fácil acceso en la página de internet oficial, el Registro Nacional de Emisiones e Inventario, suscrita por los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes indican que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 incluyó una asignación de recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, señalando que en el presupuesto de 2014 también se le asignó una partida específica a este rubro.

Al respecto, se deberán identificar qué componentes o programas son considerados, qué acciones de mitigación y adaptación son priorizadas, cuánto presupuesto se destina a cada una, y cuál será su impacto esperado en el combate al cambio climático.

Remarcan que de 2013 a 2014 se incrementaron los recursos y los programas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que se debe considerar la posibilidad de evaluar los programas e incentivos que se prevén en la estrategia, en este tenor proponen lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente exhorta al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Juan José Guerra Abud, para que haga de conocimiento público y de fácil acceso en la página de internet oficial, lo relativo a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, siguiente:

● El Registro Nacional de Emisiones e Inventario

● El origen, distribución aplicación y comprobación de los Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, distribuido en cada uno de los Programas Presupuestarios. 

● Los avances periódicos, cumplimiento de metas y objetivos; así como las evaluaciones de cada uno de los programas que intervienen en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.”

III. CONSIDERACIONES.

Esta dictaminadora concuerda con los proponentes en la importancia de hacer del conocimiento público los avances que se han desarrollado en materia de cambio climático.

Al respecto, la Ley General de Cambio Climático en su artículo 107, faculta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, elabore y desarrolle una página de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del país en materia de cambio climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático; Endicha página de internet los particulares podrán revisar el Inventario de Emisiones y el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

En este sentido, consideramos que la información contenida en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes permitirá proponer políticas eficaces para preservar y proteger el medio ambiente. Al disponer de información de emisiones contaminantes que se generan el territorio nacional se podrá conocer con mayor certeza la infraestructura ambiental que necesita el país.

Por lo que los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con la propuesta de los legisladores de exhortar a las autoridades competentes a fin de revisar la página de internet de las entidades anteriormente descritas, y en su caso realizar una actualización, ya que con ello se facilitará el acceso a la información de los usuarios y se podrá responder a las preguntas frecuentes del público.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar y actualizar permanentemente en la página de Internet correspondiente, el Registro Nacional de Emisiones e inventario; así como las acciones, avances, metas cumplidas, y las asignaciones presupuestales destinadas a mitigar los efectos del cambio climático.

TERCERA COMISION.





 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa, promueva las acciones necesarias para que la reparación y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con celeridad y en óptimas condiciones para su uso.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislaturadel H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que seexhortar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que en el marco de sus responsabilidades y en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, dirija las acciones necesarias para que la reparación y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con celeridad y en óptimas condiciones para su uso; asimismo, exhortar al Gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez; y al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez Peredo, para que en el marco de sus atribuciones, integren y hagan público un informe completo sobre el libramiento carretero Culiacán-Mazatlán, desde el proyecto, licitaciones, construcción, motivos de cierre y estado actual del mismo, a fin de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para su pronto saneamiento y reapertura, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes refieren que el 22 de agosto del 2012, Felipe Calderón inauguró el libramiento carretero Culiacán-Mazatlán, junto con el gobernador Mario López Valdez, obra de 22 kilómetros de longitud, que se construyó con una inversión superior a los mil 751 millones de pesos.

Los diputados mencionan, que la carretera Libramiento Culiacán se ubica al sur poniente de la ciudad de Culiacán y conectará a las autopistas de Mazatlán-Culiacán y Culiacán-Los Mochis, que pertenecen al corredor México-Nogales, evitando el paso por la zona urbana de Culiacán.

En su planteamiento inicial se estimaba que beneficiaría directamente a 1 millón 200 mil habitantes de la región central del estado. El tránsito diario promedio anual que tendría esta carretera se calculaba en 5 mil 449 vehículos, que equivalen a 1 millón 988 mil unidades por año.

Dicen los diputados, que de acuerdo con evaluaciones y dictámenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de IDEAL, la constructora responsable, existen fallas estructurales en la cimentación de puentes en la obra de 22 kilómetros, por lo que tuvieron que ser cerrados.

Retoman información del periódico Reforma, y dicen que en septiembre de 2013, las lluvias de la tormenta tropical “Manuel” colapsaron el puente Capomitos, ubicado en el kilómetro 183+600, lo que implicó un cambio de cimentación que inició apenas en mayo.
La SCT, ha confirmado que las rampas de otro puente de salida, en el tramo que va de la Comunidad La 50 en San Pedro, Navolato, a la Sindicatura de Villa Juárez, tuvieron que construirse de nuevo por el peligro que representaban para los usuarios.

Según la dependencia federal, el libramiento estará funcionando nuevamente hasta septiembre de este año.

Promotora del Desarrollo en América Latina, S. A. (IDEAL) ganó en 2009 la licitación para construir el libramiento, lo cual incluyó un contrato de 30 años para operar, explotar, conservar y dar mantenimiento a la obra.

Asimismo, hacen mención de las declaraciones del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez, aseguró que la constructora ha incurrido en múltiples fallas.

“La empresa se ha tardado mucho en la reconstrucción porque está esperando que el seguro le pague. La SCT no tiene responsabilidad, es el concesionario el que ha estado fallando”, acusó.

Finalmente, consideran que será IDEAL la que deberá absorber los gastos derivados de las fallas que se han presentado en menos de dos años que lleva construido el libramiento, cuya carretera fue parcialmente abierta la última semana de mayo del año en curso.

Cuando la obra fue inaugurada, se anunció que resolvería el problema de tráfico en la ciudad y reduciría de 45 a 15 minutos, pero debido a la construcción de acotamientos y el cierre de carriles de la carretera, actualmente se recorre en un promedio de 30 minutos.

Ante las graves fallas de esta obra, que lejos de cumplir con su propósito ha generado daños a la población del estado de Sinaloa, es imperante que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado actúen de manera conjunta, en beneficio de sus habitantes.

Es debido a los anteriores argumentos, que los proponentes plantean el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que en el marco de sus responsabilidades y en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, dirija las acciones necesarias para que la reparación y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con celeridad y en óptimas condiciones para su uso.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez; y al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez Peredo, para que en el marco de sus atribuciones, integren y hagan público un informe completo sobre el libramiento carretero Culiacán-Mazatlán, desde el proyecto, licitaciones, construcción, motivos de cierre y estado actual del mismo, a fin de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para su pronto saneamiento y reapertura.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora, coincide con la preocupación de los proponentes, en la necesidad de conocer los motivos que han ocasionado el retraso de las obras del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán.

El libramiento en cuestión, está ubicada en el Estado de Sinaloa, forma parte del Eje Carretero del Pacífico, se localiza al sur poniente de Culiacán y se conecta entre la autopista Mazatlán-Culiacán.

El libramiento cuenta con una longitud de 22 kilómetros, que fue posible gracias a la inversión de mil 700 millones de pesos del sector privado, a través del esquema de acciones público-privados.

De acuerdo a la SEMARNAT el trazo inicia en el cadenamiento 183+000 cinco kilómetros al oeste del poblado Costa Rica, y que finaliza en el kilómetro 204+500 a 650 metros al noreste de San Pedro de Rosales. El servicio que se espera dar será de un tránsito promedio diario anual de 8 087 vehículos, según datos del año 2006, con una composición de vehículos tipo A de 82%, tipo B de 4% y tipo C de 14%.

La carretera cuenta con cuatro carriles, que tiene dos cuerpos de 10.5 metros de ancho cada una, e incluye la construcción de dos entronques a desnivel de aproximadamente 3.5 kilómetros de largo cada uno; 31 puentes y cuatro pasos inferiores vehiculares. Este libramiento proporciona  los siguientes beneficios:

● La capacidad para la circulación diaria de más de 5 mil vehículos con mayor seguridad y tiempos de recorrido menores.

● Se estima que la reducción de tiempo de este libramiento será de aproximadamente 30 minutos.

● Además, el libramiento evitará el paso de los vehículos de carga y el largo itinerario por las vialidades urbanas, en beneficio de los usuarios locales y de las calles de la ciudad de Culiacán.

● Asimismo, se impulsará el desarrollo de la región. 

La construcción del libramiento de Culiacán tuvo como objetivo principal incrementar el índice de servicio y calidad con el que se transportan personas y mercancías; con la construcción de esta obra se consiguió evitar el ingreso de vehículos procedentes de Mazatlán a la carretera libre que conduce a Culiacán y que no tienen como destino la capital del Estado, ya que si bien no cruzan por la ciudad sí incrementan la carga vehicular en la periferia.

Con la construcción de este libramiento ya no es necesario acercarse a Culiacán para trasladarse a las ciudades de la región, evitando el intenso  tráfico que cruza por esta zona, ocasionando que la circulación en la cercanía de la ciudad sea más eficiente, y disminuyendo a su vez mayores emisiones de gases contaminantes, ruido, desgaste de vehículos, costos y tiempos mayores para las actividades de transporte.

Por lo anterior, es necesario liberar nuevamente, la carga de tránsito que se presenta en esta área y conducir los vehículos por dicha vialidad para agilizar la circulación de los mismos, trayendo en consecuencia beneficios económicos y desarrollo a la región.

La concesión, tal y como lo mencionan los proponentes, se otorgó a Promotora del Desarrollo en América Latina, S. A. (IDEAL), y consistió en operar, explotar, conservar y mantener la Autopista Mazatlán – Culiacán y construir, operar, explotar, conservar y el libramiento de Culiacán.

No obstante, los trabajos para su rehabilitación no han sido terminados; de ahí, que los integrantes de esta dictaminadora coincidan con los diputados proponentes, y resuelven el siguiente resolutivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta ala Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a que en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa, promuevan las acciones necesarias para que la reparación y reapertura del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán se realice con celeridad y en óptimas condiciones para su uso.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sinaloa, para que remita a esta Soberanía un informe sobre el libramiento carretero Culiacán-Mazatlán, desde el proyecto, licitaciones, construcción, motivos de cierre y estado actual del mismo, a fin de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal para su pronto saneamiento y reapertura.

TERCERA COMISIÓN





 

Otro, que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar el estado actual de la situación jurídica y laboral de los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION
H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo y negociación con los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación, a fin de que se les paguen estas prestaciones oportunamente y en apego a derecho, suscrita por el Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Asevera el Dip. Valentín Maldonado Salgado que las agresiones contra los trabajadores de Mexicana de Aviación continúan. Se impidió por todos los medios recuperar a Mexicana de Aviación como centro de trabajo, lo que se ha traducido en la pérdida de alrededor de 8 mil 600 empleos directos; no conformes con esto, ahora se pretende negar el pago de las pensiones y jubilaciones a sus trabajadoras y trabajadores, anulando en su perjuicio toda posibilidad digna de vida, en total violación de nuestro estado de derecho.

Señala el proponente que los derechos a la jubilación y pensión son derechos humanos, que deben respetarse puntualmente, tanto conforme al artículo 123 Constitucional, fracción XXIX, como en apego a diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

Cita el Legislador proponente algunos instrumentos internacionales como: El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 5° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Menciona el proponente del presente Punto de Acuerdo que a los adultos mayores, se les suele conceptuar como personas vulnerables, lo que los hace sujetos ante todo de la tutela del Estado y la sociedad.

Por otra parte el diputado reseña algunas de las  manifestaciones de  jubilados y de pensionados de Mexicana de Aviación refiriéndose entre ellas a la del  jueves 12 de junio del presente año, en la que los jubilados y pensionados de la mencionada compañía, apoyados por la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, el Barzón Popular y trabajadores en Activo también de Mexicana, bloquearon los carriles de la carretera México-Pachuca para exigir el pago de sus pensiones, y acceder a un puesto en el Comité Técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento (MRO), activo que respalda en gran parte el pago de sus jubilaciones y pensiones. Así mismo menciona el legislador que el pasado 6 de febrero, los pensionados y jubilados de esta línea aérea, cerraron los accesos a la torre que fue propiedad de Mexicana, hasta alcanzar una mesa de diálogo, que llevó a la renuncia de los integrantes del consejo técnico del Fideicomiso F/797 cuyo objeto es cubrir las pensiones y  jubilaciones de aquéllos, siendo integrado en adelante este Consejo por trabajadores en retiro de Mexicana. Los trabajadores han declarado, que este Fideicomiso sólo tiene 75 millones de pesos, siendo que su monto actual debería ser de aproximadamente 1,700 millones de pesos, visto el plan de fondeo y rendimientos generados

El Diputado hace mención que el  4 de abril del 2014, se resolvió la quiebra de Mexicana de Aviación. Concretamente, el juzgado décimo primero de distrito con sede en el Distrito Federal declaró la quiebra de Mexicana de Aviación, y de sus filiales Click y Link. A todas vistas, manifiesta el Diputado, estamos frente a una quiebra fraudulenta, ante la complacencia, más bien complicidad, de los últimos gobiernos federales. 

Concluye el autor del Punto de Acuerdo que se deben apoyar los justos reclamos de los jubilados y pensionados de Mexicana, y evitar que se sigan violando de manera sistemática sus derechos, así como una mayor fricción entre las partes involucradas con resultados que pueden ser lamentables.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, nos sumamos al ánimo legislativo del promovente, respecto a la importancia de exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo y negociación con los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación, a fin de que se les paguen estas prestaciones oportunamente y en apego a derecho.

TERCERA.-  Con una historia de 98 años de servicio la empresa Mexicana de Aviación, cesó sus operaciones el 28 de agosto de 2010, para iniciar un proceso de concurso mercantil, motivado por diferentes factores tales como: la falta de liquidez para cumplir sus adeudos que en ese momento superaban la 15,000 millones de pesos, carga contractual y factores internacionales como la crisis mundial de 2008.

A partir de ese año, Mexicana de Aviación buscó inversionistas, y en ese afán el entonces juez rector, Felipe Consuelo, decretó diversas prórrogas al concurso mercantil. Siguiendo con la secuela procesal en el año 2013, se propuso la creación de un fideicomiso a favor de los trabajadores de la aerolínea, quienes solicitaron al juez de la causa una prórroga a fin de capitalizar la Base de Mantenimiento MRO de Mexicana, cuyo activo, como lo refiere el titular del presente Punto de Acuerdo, solventa gran parte del pago de las jubilaciones y pensiones.

Finalmente tras más de tres años de proceso, la juez rectora Edith Alarcón el día 4 de abril de 2014 declaró la quiebra de la aerolínea y de sus filiales Link y Click.

CUARTA.- La declaración de estado de quiebra de la empresa Mexicana de Aviación, implica que a través del síndico se ejerzan los derechos y se cumplan las obligaciones que la fallida tenga sobre sus bienes. Entre estas obligaciones están los derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa, y que de conformidad con la fracción XXIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que tienen preferencia sobre cualquier otro crédito.

En atención a la naturaleza prioritaria de estos derechos, la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene un papel preponderante para dar seguimiento y certeza al cumplimiento de estos derechos tutelados por la Carta Magna, tal como indica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  en la fracción I del artículo 40 que a la letra dice:

Artículo 40.- “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;....”

En consecuencia, los miembros de esta Tercera Comisión, coinciden en que es procedente el exhorto dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que constituya una mesa de diálogo y negociación con los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación y demás partes involucradas, a fin de que se les paguen sus prestaciones oportunamente y en apego a derecho.

QUINTA.- Por lo que se refiere al Comité Técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento (MRO) cobra gran relevancia la participación de la representación de los ex trabajadores y jubilados de la compañía Mexicana de Aviación, toda vez que dicho fideicomiso tiene como principal fin el cubrir el pago de las obligaciones laborales de la fallida empresa.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que informe a esta Soberanía el estado actual de la situación jurídica y laboral de los jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación.

TERCERA COMISION.





 

Otro, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo informar el estado que guardan las líneas de acción relativas a la Estrategia 2.5. Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes, contemplada en el programa sectorial de turismo 2013-2018.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Turismo a impulsar una política de promoción turística que favorezca a las entidades que han sido afectadas en su imagen por situaciones de hechos violentos, suscrita por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proposición con punto de acuerdo propone exhortar a la Secretaría de Turismo a impulsar una política de promoción turística que favorezca a las entidades que han sido afectadas en su imagen por situaciones de hechos violentos.

Los promoventes exponen la importancia que la actividad turística tiene para la economía mexicana, aportando el 9% del PIB, y constituyéndose en la tercera fuente de divisas. A su vez, genera 3.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos.

Exponen que en los últimos años México ha perdido posiciones en el ranking mundial de potencias turísticas, cayendo de a la posición 15 luego de haberse mantenido por años entre los 10 primeros. Esto demostraría la ineficiencia de las políticas aplicadas.

Se hace particular énfasis en los efectos de la violencia, que perturban la actividad económica y sobre todo la actividad turística, como sucede en los estados de Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, entre otros más, en donde éste suceso ha afectado de manera negativa a la población que se dedica a esta actividad.

En estas entidades han sufrido importantes afectaciones las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico, en sectores como el hotelero y el restaurantero. Las comunidades que viven del turismo de aventura, ecoturismo, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de sol y playa, han recibido impactos de envergadura.

Por lo expuesto, según los proponentes, se requiere de la intervención del Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos locales para intensificar las campañas de promoción turística a fin de atraer visitantes que fomenten el turismo en las mencionadas entidades.

III. CONSIDERACIONES.

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión compartimos la preocupación de los proponentes porque se contemple la situación de aquellas regiones, o estados, que han sufrido y/o sufren las consecuencias de la violencia y el impacto económico que ello genera a sus habitantes.

En el análisis del marco normativo vigente, debemos referirnos al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Turismo el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

XIII.- Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en esta materia efectúen las entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y promover la que efectúan los sectores social y privado;

XIX.- Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado;

Las autoridades del Gobierno Federal reconocen el impacto que el problema de la violencia tiene sobre el turismo y las industrias asociadas, y también resalta la importancia de trabajar coordinadamente con estados y municipios en el desarrollo e impulso de la actividad turística y en la promoción de los atractivos de cada entidad.

En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013, se reconoce que la seguridad afecta la percepción de la calidad de los destinos turísticos del país, principalmente en el exterior, y tiene una importante influencia en la decisión del turista de visitar o no un lugar determinado. El mismo documento explica que “los conflictos internos y el inadecuado manejo de los mismos ha generado una percepción de inseguridad en el país”, y que “aun cuando la estadística señala que los casos de violencia en contra de turistas son mínimos, un solo incidente tiene la capacidad de potenciar las nociones negativas y puede afectar seriamente el prestigio del destino México”. Reconociendo que la inseguridad (y su percepción) es uno de los factores que debilitan la competitividad del sector turístico, que ha afectado la percepción del país y ha afectado a las industrias vinculadas al turismo receptivo –sobre todo refiriéndonos a turistas extranjeros–, las autoridades del sector establecen que “se impulsará una política de seguridad integral para propiciar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes”, lo que se traduce en la estrategia:

2.5. “Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes”, que a su vez contempla diversas líneas de acción:

2.5.1 Diseñar e instrumentar un modelo de seguridad, asistencia y protección integral turística.

2.5.2 Coordinar acciones gubernamentales para establecer programas de atención integral al turista.

2.5.3 Establecer, de manera permanente, esquemas e instrumentos efectivos de vinculación y colaboración interinstitucional, en los operativos de atención al turista.

2.5.4 Mejorar la asistencia a turistas mediante la capacitación y el uso de nuevas tecnologías.

2.5.5 Establecer un programa de seguridad vial basado en estándares internacionales.

2.5.6 Fortalecer los mecanismos de auxilio y asistencia turística en las zonas de mayor afluencia.

2.5.7 Mejorar la información turística en los destinos para crear una experiencia confiable y de calidad.

2.5.8 Elaborar y actualizar protocolos de atención para atender a los turistas en caso de contingencias, en coordinación con las autoridades competentes.

El mismo texto del Programa Sectorial expone que el 9 de mayo de 2013, en el marco del Foro Nacional de Consulta correspondiente al eje México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo (PND), se realizó el Panel IX, en el que se trataron los temas relacionados con el turismo, y la seguridad integral fue uno de los asuntos abordados. En paralelo se organizaron tres foros estatales, donde el tema volvió a ser motivo de preocupación entre los participantes.

Además, también se reconoce en el Programa Sectorial 2013-2018 la necesidad de promover el turismo de diversas maneras, y generar acciones con miras a dar impulso a esta actividad. En esta línea, se reconoce que “la actividad turística reúne los atributos necesarios para la interacción de la inversión pública y privada aprovechando y desarrollando capacidades productivas de sus recursos humanos y la vocación turística de las regiones donde se desarrolla”. Sin embargo, se reconoce que existen “barreras para detonar un mayor financiamiento e inversión hacia los proyectos turísticos por lo que es necesario impulsar esquemas de facilitación y agilización para generar un mejor ambiente de negocios en el turismo”. Finalmente podemos citar que las autoridades son conscientes que “en todos los niveles se requiere capacitación y financiamiento, pero sobre todo una conducción y orientación de la inversión hacia proyectos con potencial turístico que permita impulsar la calidad de los destinos turísticos. En este sentido la banca de desarrollo y los programas locales de promoción turística deben tener convergencia y promover una amplia convocatoria de complementación con la inversión privada. Asimismo, es necesaria una política de captación financiera y el aliento de las coinversiones con el sector privado.” Pero, sin duda, para lograr este impulso es necesario superar las dificultades que las diversas situaciones de inseguridad plantean a distintas regiones en el país.

Para el Gobierno Federal la actividad turística es una pieza fundamental, y está incluida en la meta nacional México Próspero del PND. La Política Nacional Turística (PNT) de la actual administración busca “aprovechar el potencial turístico de México, generar una mayor derrama económica en el país y hacer del turismo una verdadera palanca del desarrollo y bienestar social”. Entre los cuatro ejes estratégicos, resulta pertinente citar el III, que plantea “dar un nuevo impulso al fomento de la inversión turística y la promoción de los productos y destinos mexicanos hacia dentro y fuera del país”.

También debemos mencionar que con el objeto de impulsar acciones transversales se creó el Gabinete Turístico, integrado por: Secretaría de Turismo (SECTUR), como la Secretaría Técnica; Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Oficina de la Presidencia de la República; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Secretaría de Economía (SE); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Además de estas agencias gubernamentales, en las mesas de trabajo también participan cámaras empresariales, entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas del sector.

Este Gabinete Turístico está integrado por ocho grupos de trabajo: 1) Ordenamiento y Coordinación Institucional, 2) Conectividad e Infraestructura, 3) Registro, Calidad y Certificación de Servicios Turísticos, 4) Facilitación de Inversiones y Financiamiento, 5) Facilitación de Viaje, 6) Promoción Eficaz, 7) Seguridad Integral para el Turismo, 8) Innovación, Competitividad y Desarrollo de Productos Turísticos.

El tema de la seguridad también es uno de los nueve factores de competitividad para la construcción de “Agendas de Competitividad por Destinos Turísticos” (ACDT), que buscan “contar con información de las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad existentes para mejorar la competitividad de los destinos y las diferentes líneas de producto; así como incrementar los beneficios para las comunidades locales y promover un mayor flujo de inversiones”. Los nueve factores son:

1. Oferta turística

2. Democratización del a productividad turística

3. Sustentabilidad turística

4. Formación y certificación

5. Accesibilidad e Infraestructura (Instalaciones y servicios)

6. Seguridad Patrimonial y Física

7. Promoción y Comercialización

8. Gestión del Destino

9. Tecnologías de Información y Comunicaciones al Turista.

A su vez, el Informe de Labores 2013 menciona entre las acciones por la calidad de los servicios turísticos al Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios (PATEM) que “tiene por objeto brindar a gobiernos estatales y municipales elementos de planificación para el desarrollo de nuevas regiones y destinos turísticos, el reordenamiento de destinos consolidados y la identificación de proyectos sustentables y oportunidades de negocios”.

Finalmente, cabe mencionar que el Gobierno Federal ha reforzado el combate a la inseguridad en aquellos estados donde la presencia de violencia genera mayores afectaciones sociales y económicas, como son los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Tanto la Secretaría de Marina (SEMAR) como el Ejército Mexicano y la Policía Federa participan de diversos operativos en estas entidades, buscando también una depuración de las fuerzas de seguridad estatales y municipales.

A pesar del abierto reconocimiento del impacto de la inseguridad sobre las industrias relacionadas a la actividad turística, y la afectación que tiene en la imagen y la percepción del país sobre todo en el exterior, no existe una política específica que impulse la promoción del turismo en las entidades que atraviesan problemas de violencia e inseguridad.

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta Comisión estimamos que el presente punto de acuerdo resulta procedente impulsar la política destinada a atender la problemática que atraviesan las entidades que sufren situaciones de violencia en cuanto a la afectación de sus respectivas industrias turísticas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal se sirva  informar a esta Soberanía el estado que guardan las líneas de acción relativas a la Estrategia 2.5. Asimismo, impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes, contemplada en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013.

TERCERA COMISION.





 

Otro, por el que se solicita a la Comisión InterSecretarial de Cambio Climático analizar y evaluar los efectos derivados de los cambios climáticos ocasionados por el fenómeno de “El Niño” en la República Mexicana.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar un plan emergente de acciones para mitigar los efectos derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño, suscrita por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El proponente señala que el fenómeno de El Niño, es un fenómeno climático cíclico que provoca estragos a nivel mundial, siendo las zonas más afectadas las de América del Sur y las localizadas entre Indonesia y Australia, provocando con ello el calentamiento de las aguas sudamericanas.

Argumenta además que en México no estamos exentos de los efectos del fenómeno de El Niño, el cual ocasiona importantes cambios en el clima, calentamiento del mar, sequía, lluvias intensas e inviernos generalmente húmedos.

El legislador argumenta que El Niño impacta el clima en México y provoca mayor precipitación en invierno y escasez de lluvia en el verano, y que la sequía y las inundaciones afectan las actividades agropecuarias en especial la producción de granos básicos poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria.

Como fundamento a su propuesta, el proponente plantea que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refiere que El Niño se mantiene en fase neutral, pero que las condiciones de la atmósfera y del océano Pacífico indican que son favorables para su desarrollo a partir de este verano.

Entre los fenómenos intensos ocurridos en México el legislador hace referencia a  los de 1982 y de 1997 a 1998, que provocaron  en nuestro país altas temperaturas con sequías en la mayor parte del territorio, a excepción de las penínsulas de Baja California, Yucatán, y el sur de Veracruz, en el norte de Chiapas y en Tabasco.

El proponente señala que está comprobado que cuando hay condiciones para el desarrollo de El Niño en el océano Atlántico hay menos huracanes, pero en contrapartida se genera un aumento de ellos en el Pacífico, afectando sustancialmente a las comunidades que habitan en este litoral.

El proponente hace referencia a las estadísticas ambientales de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en las que se establece que la intensidad de El Niño explica el porqué la superficie de México ha sufrido de incendios en los últimos dos años, así como inundaciones graves en algunas entidades la región sur-sureste de nuestro país.

El legislador fortalece su argumentación al sostener que científicos prominentes como el Premio Nobel de Química, Mario Molina, han declarado que el calentamiento global está detrás de la frecuencia e intensidad con la que se han presentado El Niño y La Niña.

Por tal motivo y considerando los fenómenos observados en años recientes, el proponente considera necesario exhortar al Gobierno de la Republica para que a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas necesarias en pro de mitigar los efectos derivados de dicho fenómeno, y propone el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- La Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) apoyados por el Servicio Meteorológico Nacional, elabore un plan emergente de acciones para mitigar los efectos derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño, en la República Mexicana.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora considera que las definiciones más comunes subrayan que “El Niño” es un fenómeno meteorológico, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical provocando una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte, inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías; esta situación provoca estragos a escala zonal debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas Atlánticas como en las del Pacífico.

Este es un fenómeno oceánico y atmosférico que ocurre por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Con él suceden extraños acontecimientos marinos a lo largo de la costa occidental de este océano y provoca alteraciones climáticas de distinta magnitud en diversos lugares del mundo.

El nombre de corriente de El Niño se empleó en un principio para describir la corriente cálida que se orienta hacia el sur y que se da en la costa occidental del Pacífico cada mes de diciembre. Sin embargo, en la actualidad, se reserva el nombre a circunstancias excepcionalmente intensas y persistentes que se repiten cada cierto tiempo.

El fenómeno tiene un denominado "período de recurrencia". Esto quiere decir que se repite cada dos a catorce años. Sin embargo, estudios científicos han establecido que a partir del calentamiento global estos fenómenos se presentan con más frecuencia y mayor intensidad.

En condiciones normales, hay una masa superficial de agua cálida en la zona más oeste del océano Pacífico, en la franja tropical, cerca de Australia, mientras que cerca de las costas de América del Sur (Chile y Perú) el agua superficial es más fría.

Esta distribución del agua se debe a que los vientos dominantes en esta zona del océano van de este a oeste (de América hacia Australia) y arrastran el agua superficial cálida hacia Australia. Este desplazamiento del agua superficial hace posible que agua profunda y fría salga a la superficie junto a las costas de América del Sur (corriente de Humboldt). Esta corriente arrastra nutrientes del fondo, que hacen crecer las poblaciones de peces.

Pero cada cierto intervalo de años, que pueden ser de dos hasta de catorce, el régimen de los vientos cambia y soplan de este a oeste, al tiempo que la masa de agua más caliente, unos 3º a 7º C sobre lo normal, se hace más extensa y se desplaza desde el noreste de Australia hacia las costas del Pacífico ecuatorial, hasta llegar a tocar en ocasiones las costas de Perú y de Chile.

Cuando sucede este fenómeno, durante doce a quince meses las corrientes marinas cambian en la zona, e impiden que afloren a la superficie esas corrientes frías que arrastran nutrientes del fondo y las poblaciones de peces disminuyen su población por falta de alimento.

Se ha comprobado también que este fenómeno influye notablemente en el clima de zonas de América, Australia, África y Asia. Según algunos estudios también El Niño tiene una responsabilidad importante en las inundaciones que periódicamente ocurren en diversos lugares. Todo esto porque el calentamiento del agua del mar hace que se forme y desarrolle una cantidad anormal de nubosidad y, por ende, de precipitaciones pluviales.

Los científicos establecen y clasifican la existencia de por lo menos cuatro corrientes en el Océano Pacífico; la 1 y la 2, que afectan a Sudamérica; la 3, que impacta en México y los Estados Unidos, y la 4, que azota a varios países del continente asiático.

No se tienen informes precisos sobre la primera aparición del fenómeno de El Niño, sin embargo se cree que sus primeros efectos se sintieron en diciembre de 1963, cuando en las costas de California cayeron lluvias que marcaron hasta 265 milímetros, y fueron consideradas como extraordinarias.

Fue hasta 1978 cuando la corriente de El Niño empezó a ser estudiada por los científicos demostrando que cuando esta se presentaba, las condiciones habituales de las zonas del Pacífico se alteraban, ya que los vientos alisios del Este desaparecían o incluso invertían su sentido, mientras que la variación de la presión atmosférica aumentó con los suaves cambios de la temperatura de la superficie del agua.

En el largo plazo, los impactos que se prevé tenga este fenómeno son una amenaza latente para el desarrollo humano y para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo peor es que las personas en condiciones de pobreza y los países en vías de desarrollo asumirían los costos más altos, por lo que debemos ver como estrategias interrelacionadas la lucha contra la pobreza y la disminución de los efectos adversos del cambio climático.

Ante el cambio climático diversos países han estado actuando en los últimos años con la finalidad de establecer medidas de mitigación y adaptación. Las primeras se refieren a las acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las segundas se refieren a acciones para modificar sistemas naturales y humanos para reducir o evitar así los efectos del cambio climático. Ambos tipos de acciones conforman una perspectiva preventiva, la cual es altamente recomendable seguir en vez de tomar el riesgo de que ocurran catástrofes con el consecuente costo humano, económico y ambiental.

Más allá de los efectos climáticos que se tendrán en lo general, también es importante pensar en las consecuencias que en lo social traen dichos efectos. Los expertos señalan que se da una fuerte correlación entre las condiciones socioeconómicas de un país y su potencial de adaptación ante los efectos del fenómeno del calentamiento global. Lamentablemente en nuestro país aún existen entidades federativas y muchos municipios en condiciones de marginación, haciendo más vulnerable a la población ante los impactos de los fenómenos naturales, dificultando sus condiciones de vida y su capacidad de adaptación. De ahí que es indispensable fortalecer el desarrollo de tales capacidades, aumentar los niveles de desarrollo humano y reducir la marginación.

De no actuar oportunamente la salud se verá severamente afectada, ya que se incrementarán las muertes prematuras así como las enfermedades diarreicas y cardio respiratorias debido a los fenómenos hidro meteorológicos. En la costa del Golfo de México se corre el riesgo de que aumenten los casos de dengue. Un factor que debilitará la salud es la reducción de la disponibilidad de agua potable.

Por otro lado, las pérdidas en agricultura y ganadería transmitirán los efectos de pobreza y desnutrición de las zonas rurales a las urbanas. Dichos movimientos migratorios causados además por inundaciones u otros eventos extremos, serían multidireccionales y con frecuencia temporales o en episodios. En consecuencia, se tendrá una excesiva presión social sobre los destinos de migración, ocasionando desempleo, mayor marginación, hacinamiento y el brote de enfermedades infecciosas.

Los asentamientos humanos pueden verse afectados de diversas maneras: las ondas de calor afectan principalmente a los niños y a los adultos mayores, también se tendría una consecuencia negativa en la productividad laboral y en las actividades recreativas, repercutiendo en la economía. También son susceptibles de sufrir desgracias por deslaves o inundaciones si estas poblaciones se sitúan en un mal lugar que sea vulnerable a los efectos climatológicos. La presión sobre las comunidades más marginadas debida a los impactos del cambio climático, la poca disponibilidad de agua y de alimentos, la pobreza, el hacinamiento y la inseguridad, pueden ocasionar que surjan otros tipos de problemas sociales.

También la infraestructura de servicios es altamente vulnerable al cambio climático. En términos generales, las inundaciones causan un daño físico directo a esa infraestructura, mientras que las sequías y ondas de calor tienen impactos indirectos. Los efectos sobre la infraestructura de transporte afectan de manera  importante el abasto de productos y la movilidad de las personas. Por su parte el suministro de energía eléctrica y el sector de las telecomunicaciones se verían afectados por los fuertes vientos y las inundaciones.

El sector turístico fundamental para la generación de divisas en México, sufriría daños por la erosión de las playas, el aumento del nivel del mar, marejadas, tormentas y la disminución en el abastecimiento del agua potable. Los huracanes muy intensos pueden impactar a las poblaciones dedicadas a la actividad turística con repercusiones económicas y sociales negativas, tales como la pérdida de fuentes de empleos. En cuanto al comercio se podría impactar los intercambios internacionales con el cierre de puertos y daños a las rutas de transporte y a la infraestructura comercial, afectando así a los tratados de libre comercio regionales.

Si bien es cierto el origen del problema está en mayor parte en los países industrializados, México emite 1.5% de los gases que generan el fenómeno, asimismo nuestro país se ubica entre los 15 países con mayores emisiones por quema de combustibles fósiles a nivel mundial. Por otro lado, somos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que el territorio sería impactado por sequías, inundaciones y por fenómenos meteorológicos cada vez más intensos en ambos litorales, lo que acrecentaría las desigualdades que hoy se presentan en diversos sectores de la población. Es por ello que en México debemos comprender el fenómeno y trabajar en la puesta en marcha de medidas para la mitigación y adaptación en todos los sectores sociales y económicos.

De no controlar el calentamiento global el panorama en México dentro de 15 años puede ser devastador, ya que los desiertos habrán ganado terreno en el norte y el sur será víctima de grandes inundaciones.

Existen estudios precisos hechos con calidad científica que advierten sobre la vulnerabilidad que tiene nuestro país frente al cambio climático, ya que implicará una modificación en los patrones pluviales en una parte importante de la República Mexicana.

Estos cambios no tienen retroceso y lo peor es que van en aumento. El problema es que no se ha logrado estabilizar la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera.

En el norte del país disminuirá mucho la factibilidad de lluvia haciendo avanzar el desierto en una forma rápida -alrededor de cuatro kilómetros por año-, por lo que las regiones más afectadas serán las del noroeste empezando por Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y puede verse afectada de forma importante la zona hortícola de Sinaloa.

Por lo que toca al sur del país, vamos a tener problemas muy importantes donde veremos incrementada fuertemente la precipitación pluvial con eventos súbitos-extremos y catastróficos.

Estos efectos se verán sobre todo en las cuencas del Papaloapan y Coatzacoalcos, donde se registrarán inundaciones muy importantes que obligarán al desplazamiento de grandes flujos de población hacia zonas más altas, lo que ya empezó a suceder.

En Chiapas habrá una combinación de la erosión pluvial por la tala inmoderada que hay de la selva, sobre todo en la parte de Los Altos, donde se verá el arrastre de grandes cantidades de material suspendido, lo que podría sepultar a poblaciones enteras como ya sucedió en el caso de Motozintla.

Recordemos además que en septiembre de 2013 el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, provocaron el deslave de un cerro en La Pintada, comunidad de la sierra de Guerrero, lo que ocasionó más de un centenar de decesos, miles de damnificados y pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, así como en regiones ganaderas y pesqueras.

Por otra parte, en las zonas costeras se tendrá que prevenir el fenómeno del aumento en el nivel del mar, que afectará fuertemente dos zonas que ya están muy bien catalogadas por estudios científicos.

Una de ellas será la Península de Yucatán, empezando en la zona de Quintana Roo hacia Campeche, en donde existen tierras bajas que sufrirán una penetración de agua de mar muy importante.

Sin embargo, la zona más afectada será la del Golfo Sur, básicamente en las zonas de Campeche y centro de Tabasco, y la zona de Villahermosa posiblemente tendrá que ser reubicada por la penetración de agua de mar en tierra adentro.

Por desgracia en nuestro país existen zonas muy bajas como Campeche y Cancún  que sufrirán un impacto muy importante en el aumento del nivel de los océanos, que puede llegar a ser hasta de un metro.

Los cambios seguirán, eso ya no tiene retroceso, son inerciales y se van acumulando, y no podemos pensar en que vamos a hacer una reducción significativa de la noche a la mañana ya que el hombre se ha encargado de deteriorar durante décadas a nuestro planeta.

Estudios prospectivos señalan que en el año 2025, si las tendencias no cambian, el impacto del calentamiento global será de verdaderas catástrofes hidráulicas de proporciones históricas nunca antes vistas.

De no hacerse todo lo necesario en el 2020 podríamos ver una recuperación en algunos patrones pluviales y de tierras sujetas a la desertificación, y aunque ya no pueda revertirse la presencia del calentamiento global sí podemos generar acciones para darnos tiempo de controlar los efectos que generará la nueva situación climática.

Y si bien es cierto que ninguna nación en solitario puede remediar el problema; en México debemos atender el cambio climático desde una perspectiva de Estado,  con el objeto de tomar acciones mejor estructuradas con otros países que permitan mitigar sus efectos y contribuir en el cumplimiento de los compromisos suscritos en la convención marco y el Protocolo de Kyoto en términos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero.

Como país debemos reconocer la vulnerabilidad ante el calentamiento global e iniciar acciones de política pública para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño, a fin de conservar carbono forestal y reducir las emisiones de gas efecto invernadero (GEI), producidas por cambio de uso de suelo, la silvicultura, la agricultura y la ganadería.

Además, es indispensable promover el acceso a energía diversa, menos contaminante y renovable, que sea confiable, segura y accesible, para lograr un crecimiento económico con equidad y que contribuya a mejorar el nivel de vida de los mexicanos, pero garantizando el abastecimiento de fuentes energéticas limpias que eviten la agresión medioambiental en el planeta.

Debemos concientizar que las consecuencias del cambio climático provocado por el calentamiento global a causa de la emisión de gases efecto invernadero (GEI), resultan una amenaza para la seguridad nacional ambiental, pues la falta o el exceso de agua, la deforestación y la migración de poblaciones, entre muchas otras, ponen en riesgo la convivencia, sustentabilidad y calidad de vida de las comunidades.

De ahí que la Tercera Comisión de la Permanente comparta la preocupación del proponente en el sentido de lograr motivar cambios y conjuntar esfuerzos del gobierno federal, los estatales y municipales, para emprender acciones que coordinadamente permitan  mitigar los efectos contraproducentes del fenómeno del Niño.

Sin duda nos encontramos ante el desafío global más importante de este siglo para toda la humanidad. De ahí que el Gobierno de la República deba asumir un liderazgo que permita orientar los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para tener éxito en el comportamiento como país frente a este fenómeno.

El Dr. Mario Molina ha declarado que de continuar el aumento en la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera, en menos de un siglo se modificará la composición química del planeta, con un aumento del promedio de la temperatura que podría llegar hasta los siete grados centígrados

Las consecuencias del cambio climático representan una amenaza para la seguridad nacional en el ámbito ambiental de cualquier país, ya que si no cuidamos el agua, los bosques y la selva, generaremos cambios sustantivos a la biodiversidad y contribuiremos a generar fenómenos naturales de alto impacto que perjudicarán principalmente a la población de menores recursos.

Es imperante que desde una óptica holística y de manera urgente, se definan políticas públicas que tengan como fin abatir los efectos del cambio climático y que a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, integrada por los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, puedan promover el desarrollo de estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la convención marco y el Protocolo de Kyoto.

Cabe mencionar que actualmente existe el Atlas Nacional de Riesgos que representa una herramienta digital interactiva para la consulta y gestión oportuna de riesgos por parte de las autoridades y sociedad civil; que brinda un sistema de monitoreo que incluye  poblaciones, suelos, ríos, presas, carreteras, cuencas hidrológicas y campos petroleros, entre otros, así como la localización de la infraestructura con que se cuenta para atender emergencias, todos ellos desagregados a nivel municipal.

Al inicio de esta administración, se contaba con 22 mil entradas de información, actualmente esa cantidad se ha cuadruplicado para la conformación del Atlas Nacional, superando las 80 mil capas de información georeferenciada. Lo anterior permite a las dependencias responsables actuar eficaz y oportunamente para salvar millones de vidas.

El cambio climático presenta riesgos globales serios. Se afirma que afrontar el fenómeno costaría anualmente alrededor del 1% del Producto Interno Bruto Global, mientras que no hacer nada costaría entre 5 y 20% de dicho producto por año.

El Gobierno Federal a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) apoya al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en los requerimientos técnicos que su operación demanda, además de realizar actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos, para coadyuvar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se ha convertido en un centro de excelencia en la prevención de desastres, que contribuye al desarrollo sustentable, orientando sus esfuerzos hacia una sociedad menos vulnerable y un país más seguro frente a fenómenos naturales y antropogénicos.

Es así que el Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado  estudios y herramientas tecnológicas de fácil manejo que permiten ordenar datos, analizar información y utilizar conocimientos sobre riesgos, peligros, exposición y vulnerabilidades, considerando los aspectos económicos, sociales y ambientales de los desastres, así como los efectos no deseados del uso de sustancias químicas, conocimientos indispensables para incorporar la gestión del riesgo en las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo sustentable y de seguridad nacional.

Su objetivo es el de minimizar los daños y pérdidas a partir de la evaluación de los riesgos y los impactos socioeconómicos de los desastres, como parte integral de las políticas de desarrollo sustentable y seguridad nacional.

Cabe mencionar que el Congreso de la Unión estableció en la Ley General de Protección Civil la premisa de que la integralidad en la gestión de los riesgos debe ser el eje toral para establecer una política nacional en la materia.

Y es justamente a partir del Atlas Nacional de Riesgos que se configura un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, a través del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER).

En este nuevo contexto, los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.

En ese sentido CENAPRED ha orientado su trabajo a incrementar el acervo de información y las herramientas necesarias para el estudio y desarrollo de políticas comprehensivas de prevención de desastres, con lo que se ha mejorado la capacidad para el análisis de los riesgos.

Durante el año 2012 la plataforma del SAVER, se consolidó como una herramienta transversal en la gestión integral del riesgo, mediante su uso por parte de diferentes instancias de la Administración Pública Federal, siendo la base tecnológica sobre la cual se derivó el Atlas de Vulnerabilidad ante cambio Climático (INE) y se planteó el esquema para el desarrollo del Atlas Nacional de Riesgo por Inundaciones (CONAGUA), ambos proyectos donde la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgo ha participado de manera directa en su diseño e implementación.

Es por ello, y ante los enormes riesgos que corre la sociedad mexicana, que esta Comisión dictaminadora considera oportuno replantear el resolutivo inicial del proponente, para que sea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático la que diseñe e implemente un plan emergente de acciones para mitigar los efectos derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de El Niño, en la República Mexicana, a fin de minimizar las pérdidas humanas y socioeconómicas.

La prevención, una parte sustantiva de la Gestión Integral del Riesgos, cobra cada día una mayor relevancia estratégica en el esfuerzo para disminuir el creciente impacto social y económico que provocan las emergencias y los desastres, incidiendo en algunas regiones y países muy desfavorablemente en la sustentabilidad de su desarrollo y de sus procesos productivos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se sirva analizar y evaluar los efectos derivados de los cambios climatológicos ocasionados por el fenómeno de “El Niño” en la República Mexicana; y en caso de ser factible, diseñar e implementar un plan permanente de acciones a fin de minimizar las pérdidas humanas y socioeconómicas derivados de este fenómeno climatológico.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la temperatura real que existe en diversos municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la zona de tierra caliente en el estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que pueda considerarse la reclasificación de la tarifa 1C que actualmente se aplica.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas

A. La “Proposición punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Energía a verificar y ajustar a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico de las localidades de Veracruz”, suscrita por el Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

B. La “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda los requerimientos de los habitantes de la región de tierra caliente de Michoacán, en relación a las tarifas y cobros de energía eléctrica”, suscrita por las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Respecto a la primera propuesta el proponente basa su petición en las siguientes consideraciones:

‹‹La energía eléctrica que se produce en Veracruz, nos ubica en el primer lugar nacional, y es particularmente relevante que en tres de los cuatro sectores que representan al (Sic) gran total de la producción de electricidad, ocupamos un lugar singularmente destacado. Somos el primero y único lugar en producción Nucleoeléctrica; el primer lugar en Termoeléctrica; el segundo lugar en el Sector de Productores Independientes de Energía y el décimo lugar nacional en generación proveniente de Plantas Hidroeléctricas.

El Estado de Veracruz es la Entidad con el menor costo de generación por Kw/H de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el costo de la energía para el consumidor, doméstico, comercial o industrial, viene a ser mucho mayor respecto al de las demás regiones del país.

Destaco que en Veracruz, nuestro promedio de días con sol al año es de los más altos de la República, y es de los más afectados por los precios y las tarifas tan altas en el consumo doméstico de energía, estas temperaturas tan elevadas en la mayor parte de los meses del año, es una circunstancia que ha obligado a las familias Veracruzanas de diversos municipios a utilizar sistemas de ventilación y enfriamiento de forma permanente, así como para la conservación de sus alimentos, ocasionando con ello que el consumo de energía sea mayor.

Aunado a ello existe una diferencia desfavorable del costo energético entre las regiones en que se asienta Veracruz, por lo que es indudable que, por una simple razón de equidad se debe procurar un verdadero equilibrio en las tarifas energéticas actuales en lo correspondiente al consumo doméstico.

Esta circunstancia por ende nos motiva a formular algunas reflexiones, en torno a lo que la población de Veracruz espera del Gobierno Federal, como el tener un trato justo en los costos de sus tarifas eléctricas, que sea más equitativo y se traduzca en favor de la economía de las familias de nosotros los veracruzanos con tarifas eléctricas más justas.

Debe reconocerse, además de la altitud y temperatura que caracterizan la geografía de Veracruz, la humedad relativa de nuestro territorio, con lo que se debe obtener una reclasificación de las tarifas domésticas en un gran número de municipios de la Entidad, aportándoles más Kw/H base y reduciendo el costo en el consumo de los energéticos totales.

Diversas organizaciones sociales (Sic) han planteado como argumentos adicionales, el hecho de que las temperaturas medias anuales de Veracruz son muy superiores a las de otros Estados de la República que gozan de un beneficio mayor, y que debe reconocerse el “Índice de Calor”, que es resultado de la combinación de temperatura y humedad relativa.

Por lo que la baja altitud sobre el nivel del mar de una gran porción de nuestro suelo que se da en muchos de nuestros municipios, y provocan necesariamente un mayor consumo de energía, por el uso de ventiladores, refrigeradores y aires acondicionados, además de la incidencia natural del uso de electrodomésticos, lo que conlleva a incrementar de manera natural nuestra aportación de recursos en energía eléctrica.

Estas tarifas están determinadas de acuerdo con la política de precios administrados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su precio se encuentra condicionado por la volatilidad en las cotizaciones a futuro del combustóleo y de los productos metálicos, los cuales inciden en las fórmulas de cálculo. Lo anterior, presupone una estrecha relación con el índice inflacionario, lo cual impacta en estados como Veracruz, debido a que nuestra entidad se encuentra en el nivel más bajo de salarios mínimos.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2010, a nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1 millones de personas, lo que representó el 46.3 por ciento del total de la población. Veracruz, con respecto de las 32 entidades, ocupó el lugar siete en porcentaje de población en pobreza.

Por ello considero que es necesario que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y de los titulares de la  Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Economía (SE), y la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), asuman nuevos criterios de aplicación y solidarizarse con esta petición que el pueblo de Veracruz justamente les estamos demandando, el que se verifique y ajuste a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico de las localidades de Veracruz, ya que es necesario que estas autoridades encargadas de la regulación de las tarifas eléctricas realicen un estudio a fondo, a efecto de que en el cobro de estas se tome en consideración diversos factores regionales que las diferencian, de acuerdo a como son sus condiciones climáticas, ya que de lograrse va a impactar de manera directa y positiva en beneficio de la economía de muchas familias.

Lo anterior encuentra su justificación como ya mencione por las altas temperaturas que sufren principalmente los municipios del Noreste del Estado, como son Cosamaloapan, Cotaxtla, Tlalixcoyan, Tlacojalpan, Tres Valles, y Tierra Blanca, entre otros, actualmente han cambiado sus condiciones climáticas las cuales siempre han sido cálidas, ahora en los años más recientes se están superando y por mucho el límite que se ha establecido como criterio en la definición de las tarifas aplicadas para el consumo de energía eléctrica en algunas regiones, aunado con este cambio climático se ha señalado que los equipos que hacen estas mediciones en las estaciones meteorológicas no son las adecuadas, ni la ubicación de las mismas estaciones es la apropiada para considerar que sus mediciones reflejen con exactitud las condiciones imperantes por las que están pasando los municipios de estas zonas tan cálidas de la entidad hoy en día.

Derivado de lo anterior, si estas instancias encargadas de regular lo concerniente a las tarifas de energía eléctrica analizan las condiciones particulares de Veracruz; es decir, si consideran la temperatura promedio de la entidad, el factor de humedad, la zona salarial, los indicadores socioeconómicos del Estado de Veracruz, considero que arribaremos que esta solicitud y llamamiento que hoy hago resulte más que justificada y además justa.

Un ejemplo claro de los argumentos que se exponen en el presente punto de acuerdo es el caso del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, que tiene constantes golpes de calor y altas temperaturas, que han llegado a rebasar en verano las cifras de 50 grados centígrados a la sombra, y por consiguiente su clima al ser tan caluroso provoca una gran pérdida de líquidos debido a la sudoración, y es por esta misma razón que es llamada por los poetas de la localidad como “La novia del Sol”, al ser Tierra Blanca uno de los municipios más calurosos del Estado de Veracruz.

Desafortunadamente para este municipio la Comisión Nacional del Agua la medición de la temperatura que se registra actualmente la muestra se toma en los márgenes del río Blanco, donde la sombra de los árboles reporta un nivel de 35 grados centígrados a la sombra, cuando en la realidad ha llegado a marcar hasta 53 grados a la sombra, por lo que esta variación del termómetro influye invariablemente en las tarifas eléctricas que se cobran a los ciudadanos.

Es por ello que en apoyo a la economía de las familias de estos municipios, la Comisión Nacional del Agua, debe verificar y ajustar a la baja nuevamente las tarifas en los municipios con mayor calor húmedo, estamos pidiendo solamente que estas tarifas sean justas, no es justo que las familias veracruzanas paguen tarifas, más altas que otros municipios que cuentan con un clima más frio como es el caso de Xalapa y Córdova, se debe hacer un nuevo estudio que corrija este dato, ya que por este tipo de excesos en las tarifas eléctricas en municipios como este de tan alto calor, hace casi imposible a los ciudadanos el poder acceder al uso de climas, en sus hogares, escuelas y edificios públicos, porque el pago de luz eléctrica es muy costoso.

Provocando además afectaciones en su salud derivado a las altas temperaturas, induciendo daño en las estructuras celulares y en el sistema termorregulador, con un alto riesgo de mortalidad, en el que aparecen distintos síntomas como reducción o cese de la sudoración (síntoma precoz), cefalea, mareo, deshidratación, confusión, taquicardia, piel caliente y seca, inconsciencia y convulsiones, también puede provocar síndrome de distrés respiratorio del adulto, fallo renal, fallo hepático y coagulación intravascular diseminada, entre otras enfermedades, convirtiéndose además en un serio problema de salud, del cual los grupos más vulnerables son las personas de la tercera edad, niños y personas con patologías crónicas.

Por lo que ante el aumento gradual de las temperaturas y las consecuencias que pueden provocar, es necesario que la Conagua nos pueda revelar que la clasificación tarifaria de la Secretaría de Hacienda para algunos municipios de Veracruz es incorrecta, y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos por la electricidad que consumen, lo que brindara a las familias la oportunidad de poder acceder a climas en sus casas y sean menos afectadas en su salud por las altas temperaturas.

Este punto de acuerdo, es una respuesta a las miles de demandas de los habitantes de estos municipios que se ven afectados, ya que han manifestado su profundo descontento por la forma en que la Comisión Federal de Electricidad determina la temperatura de sus lugares de residencia, y al respecto, conviene señalar que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas arboladas, por lo tanto la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de las ciudades, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor, afectando así la economía familiar de un sinnúmero de hogares.

En síntesis lo que pretende este punto de acuerdo es:

1. Verificación, ajuste y reducción de las tarifas eléctricas, para uso doméstico, previa revisión de las condiciones climáticas imperantes en determinadas regiones.

2. Modernización de la infraestructura en la medición de temperatura.

3. Incorporar el criterio de “índice de calor”, para fijar las tarifas eléctricas domésticas. Esto implica considerar la humedad ambiente relativa.››

4. Con lo anterior, el Diputado Cárdenas Guízar formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

Uno. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Economía (SE), y a la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que se verifique y ajuste a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico de las localidades del Estado de Veracruz.

Dos. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que realice la revisión de la clasificación tarifaria para el consumo de energía eléctrica de uso doméstico en las localidades donde se asientan las localidades con climas cálidos extremos, con información actualizada de la Comisión Nacional del Agua, a fin de realizar la modificación respecto a la aplicación de las tarifas eléctricas.

Tres. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que se contemple en la metodología para la fijación de las tarifas del consumo de energía eléctrica de uso doméstico, el índice y la temperatura de calor.

Cuatro. Se exhorta a al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Economía (SE), y a la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que se evalué la posibilidad de modernizar la infraestructura empleada para la medición de la temperatura en la fijación de tarifas.

Quinto.- Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Economía (SE), y a la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que acelere los trabajos de verificación y ajuste de las tarifas eléctricas del consumo doméstico, en las áreas en donde efectivamente se asientan los municipios de la entidad con climas cálidos extremos.

Sexto.- Se exhorta a la Secretaria de Energía a través de la Comisión Reguladora de Energía, para que informe periódicamente a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, el avance de los trabajos en torno a la verificación y ajuste del sistema de tarifas eléctricas que esté llevando a cabo este organismo.

D. Respecto de la propuesta Gómez del Campo Gurza y Calderón Hinojosa, las autoras basan su sugerencia en lo siguiente:

“… la precaria situación económica, los pobladores de Tepalcatepec han decidido manifestarse toda vez que autoridades locales no han tomado en cuenta sus peticiones de revisar los cobros de tarifas. Por lo que tomaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la región y coincidieron en no pagar los recibos por consumo de energía.

Así mismo, entre las acciones que decidieron realizar los pobladores fue  el solicitar mediante escrito a la Secretaría de Energía, una serie de peticiones tales como la reclasificación de la tarifa. Dicho documento le fue enviado con copia al Comisionado de Michoacán, al Superintendente zona Apatzingán, y al Gerente de Comisión Federal de Tepalcatepec.

I.- Reclasificación de la tarifa actual 1C, a la tarifa que les corresponda de acuerdo a la temperatura real que se tiene en la población. Los equipos de medición y las temperaturas obtenidas están obsoletos; por otro lado, están ubicados en los lugares más altos, cerca de lagos o presas donde hay corrientes de aire húmedo y fresco. Además, tenemos el conocimiento de otras entidades con similares o más bajas temperaturas promedio que reciben en las tarifas 1D, 1E y 1 F;

II.- La Suspensión definitiva del pago al derecho de alumbrado público (DAP);

III.- La reclasificación o modificación al pago de tarifa única a la Luz comercial a un pago más justo y equilibrado. Debido a que se encuentran en una región devastada y damnificada, los comerciantes están cerrando ya que no pueden pagar las tarifas de energía eléctrica, por decir un ejemplo, algunas personas pagan desde los 3 mil hasta los 35 mil pesos;

IV.- Que las tarifas de energía agrícola y pecuaria sean más justas;

V.- Descuento hasta del 50 % al pago de energía eléctrica a las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos;

VI.- Subsidio por todo el año a usuarios de luz comercial, urbana y agrícola. En este tipo de regiones con temperaturas extremas a veces hasta de 53°C, no es un lujo que las familias cuenten con clima artificial, un enfriador de agua o un refrigerador. Es precisamente una necesidad primaria como los alimentos. Los adultos mayores y los niños enferman y mueren deshidratados debido a las altas temperaturas en estas regiones. En algunas zonas como la ribera del río de los Otates  están a 200 metros nivel del mar lo que propicia que las temperaturas se eleven.

El consumo junto con las altas tarifas provoca que muchos michoacanos no puedan pagar los recibos de luz. Muchos han tenido que desconectar de la energía eléctrica, los aparatos que les refrescan sus espacios, los refrigeradores, etcétera. Situación extrema que por una parte pone en riesgo sus espacios vitales pero por la otra, impide que la economía se desarrolle;

VII.- Que los medidores digitales sean retirados, debido a que han presentado fallas a favor de Comisión Federal de Electricidad. Como ejemplo, existen múltiples casos donde ocurren apagones o cortos circuitos y las lecturas se alteran, en otras ocasiones, la energía no es utilizada durante un tiempo por los usuarios y los recibos llegan de igual o mayor costo, incluso bajando las pastillas térmicas;

VIII.- Pagos amortiguados hasta por 30 días para los usuarios que de momento no puedan cubrir la tarifa eléctrica;

IX.- Subsidio en consumo total de energía eléctrica durante todo el año a la casa de cultura, radios culturales, asilos, guarderías y casas de asistencia social;

X.- Que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad procuren un mejor trato con todos los usuarios y practiquen con el ejemplo el ahorro de energía.

En dicha solicitud también comentan que durante años se les ha etiquetado como una zona de altos ingresos, hoy sufre y apenas sobreviven la mayoría de los comercios.

6. Las peticiones antes enumeradas son algunos de los requerimientos que  los ciudadanos organizados en la CANACO, de la zona de Tierra Caliente, como ya se mencionó han solicitado mediante escrito al Secretario de Energía.

E. Enseguida, las proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que señalan que:

“Hace unas semanas se difundió la noticia de que la Secretaría de Energía firmó un acuerdo con el Gobierno de Chihuahua para subsidiar el 90 por ciento de la deuda de los campesinos del estado que se encontraran en cartera vencida. Se detalló en dicho acuerdo que los campesinos y productores que tenían un adeudo recibirían un subsidio del 90% y el resto a pagar en cinco años sin intereses.

En este caso, es necesaria un poco de sensibilidad. La situación en Michoacán, en específico Tierra Caliente no es fácil, ayudemos a aligerar a las familias que viven en esa región.”

F. Concluyen las proponentes al señalar lo siguiente:

“Es prioritario que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa la situación de esta región, y de ser necesario como lo constatan las denuncias ciudadanas, se reclasifiquen las tarifas y se lleve a cabo un convenio o firma de acuerdo con el Gobierno del Estado en beneficio de la población.”

G. Con lo anterior, formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda los requerimientos de los habitantes  de la región de Tierra Caliente, Michoacán, en relación a los cobros  de tarifa de luz, como una medida subsidiaria de apoyo a la recuperación de la economía de aquella zona y como parte de la estrategia de acompañamiento que el Gobierno Federal está llevando a cabo en Michoacán.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno del Estado de Michoacán para que suscriban un acuerdo por el que subsidien temporalmente el consumo de energía eléctrica a la población de la Región de Tierra Caliente, Michoacán.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes.

D. Esta representación consideró pertinente resolver ambas proposiciones en un solo acto, considerando que la materia central de ambas es la misma (tarifas eléctricas), que se trata de pretensiones muy similares y toda vez que es pertinente la aplicación del principio de economía procesal, la dictaminadora considera conveniente formular las siguientes observaciones:

1. GENERALES

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), divide sus tarifas en 5 grupos distintos de clientes o usuarios: doméstico, agrícola, industrial, comercial y servicio.

De los 36 millones de clientes o usuarios de la CFE en 2012, 32 fueron  residenciales. Esto representa que 88.41% de los clientes o usuarios son domésticos.

Sin embargo el mayor porcentaje de consumo de energía eléctrica lo concentra la industria con 58.24%, tal como se muestra a continuación:1

TIPO DE CLIENTE

PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE CONSUMIDORES

PORCENTAJE DE VENTAS AL PÚBLICO

Residencial

88.41%

24.63%

Agrícola

0.34%

6.92%

Industrial

0.74%

58.24%

Comercial

9.99%

6.45%

Servicios

0.52%

3.73%

Las tarifas domésticas se clasifican por nivel de consumo en 8 rangos: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC. Los 7 primeros rangos están relacionados con la temperatura media de cada región, es decir, las entidades federativas tienen distintas tarifas debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país y la variación de precios dependiendo de la época de verano o invierno.

Para dar un ejemplo entre la relación entre tarifa y la temperatura mostramos el siguiente cuadro:

Clasificación CFE

1

1A

1B

1C

1D

1E

1F

DAC

Temperatura

Servicio
doméstico

Media mínima de 25º C

Media mínima de 28º C

Media mínima de 30º C

Media mínima de 31º C

Media mínima de 32º C

Media mínima de 33º C

Aplica cuando excede el límite.

La unidad de medida para establecer el costo o tarifa es kilowatt por hora que se expresa como kW/h.

Las tarifas son determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la participación de las Secretarías de Economía y Energía, a propuesta de la CFE.2

La tarifa depende de consumo mensual promedio, de la región y de la época del año (para algunas regiones).

Si el consumo no excede el valor máximo de la tarifa se aplica una cuota fija por kWh, dependiendo de la tarifa en la que se ubique. La tarifa varía dependiendo del consumo. Para el consumo básico (los primeros kWh) se aplica cierta tarifa. Para los siguientes kWh se aplica otra tarifa, y para todo el resto una tercera tarifa llamada "excedente".

Por ejemplo, en agosto del 2013, si se estuviese en la tarifa 1A, para un consumo de 380 kWH se pagaron 0.777 pesos por los primeros 75 kWh. or los siguientes 75 kWh se pagaron 0.948 pesos por cada kWh.  Y para los siguientes 330 se pagó la tarifa de 2.772 pesos por kWh.3

Si el consumo promedio mensual excede el límite superior de la tarifa en la que se encuentra, se aplica la "Tarifa Doméstica de Alto Consumo" (DAC) que está dividida en un "cargo fijo" y un "costo por kWh".

Por ejemplo, para la Región Noroeste, el cargo fijo para el mes de diciembre del 2012, fue de 78.81 pesos. En enero del 2013, ese cargo subió a 79.30 y en abril del 2013, bajó a 78.85 pesos.

Adicionalmente, cada kWh consumido se pagaba a razón de 3.469 pesos en diciembre del 2012, a 3.484 en enero del 2013, y a 3.425 en abril del 2013.

Por su lado, la tarifa doméstica de  alto consumo (DAC) tiene relación con la demanda de utilización de electricidad, por lo que esta tarifa se aplica cuando el consumo excede el límite establecido para la localidad del usuario en el consumo anual promedio4.

Las circunstancias en las que se aplica la tarifa doméstica DAC se pueden ver en el siguiente cuadro:5

Tarifa

Temperatura media mínima

Límite de kWh para aplicar DAC

1

Menos a 25 ºC

500 kWh/Bimestre

1A

25 ºC

600 kWh/Bimestre

1B

28 ºC

800 kWh/Bimestre

1C

30 ºC

1700 kWh/Bimestre

1D

31 ºC

2000 kWh/Bimestre

1E

32 ºC

4000 kWh/Bimestre

1F

33 ºC

5000 kWh/Bimestre

El costo de kw/h para consumo residencial en México en 2013, fue uno de los más baratos en el mundo comparado contra el resto de los países de la OCDE con 9 centavos de dólar en promedio.6

Sin embargo, esto no significa que los habitantes destinen el mismo porcentaje de sus ingresos para cubrirlo, pues si bien los precios más altos de la electricidad para consumo doméstico están en Dinamarca, Alemania e Italia, la comparación de su ingreso per cápita con los países en 3 de los países en los que es más barato (Estados Unidos, Corea y México), indica que este indicador no puede ser una guía clara respecto de lo caro o barato, como se ve en el siguiente cuadro:

País

Dinamarca

Alemania

Italia

U. S. A.

Korea

México

Precio del gas7

$3.83

$3.38

$2.88

$1.18

$0.93

$0.90

INB per cápita, método Atlas.

$59,8708

$45,1709

$34,72010

52,34011

$22.67012

$9.64013

(Todos los datos están referidos en dólares. Los precios del gas son a 2013. El INB es con datos a 2012)

La encuesta nacional ingreso gasto en hogares 201214, señala que hay una relación inversamente proporcional entre los ingresos y el porcentaje que de estos se destina a vivienda y combustibles. Es decir, a mayor ingreso, menor porcentaje se destina a este rubro y viceversa.15

De acuerdo a los datos publicados por investigadores, de 1990 al 2000, hubo una política de retiro de los subsidios a las tarifas eléctricas lo que podría explicar en parte los incrementos de los costos de las tarifas de la energía eléctrica.16

La revisión de las tarifas eléctricas de consumo doméstico es uno de los temas más recurrentes en las proposiciones con punto de acuerdo que se presentan ante las cámaras y en la Comisión Permanente.

En ese panorama queda claro que hay una problemática que requiere una atención urgente en respuesta tanto a la necesidad de la población como a la expectativa generada.

2. RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO GUÍZAR VALLADARES

De la investigación realizada, se encontró lo siguiente.

“El estado de Veracruz se encuentra ubicado entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, en las coordenadas 17° 03’ 18” y los 22° 27’ 18” de latitud norte y los 93° 36’ 13” y los 98° 36’ 00” de longitud oeste. Limita al norte con el Estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al sureste con los Estados de Tabasco y Chiapas, al sur y suroeste con el Estado de Oaxaca, al oeste con el Estado de Puebla, al noroeste con los Estados de San Luis Potosí e Hidalgo.

Tiene una superficie de 72,410.05 km2, cifra que representa un 0.32% del total del territorio de la República Mexicana. Así como 684 km de costas bajas y arenosas con playa angosta bordeada de médanos y dunas móviles con barras, albúferas y puntas. Cifras que representan el 3.7% del territorio del país, y el décimo lugar entre los estados de la República Mexicana.

El Estado de Veracruz por estar situado en la zona tórrida, su clima es Cálido en toda la costa; pero debido al relieve de su suelo tan variado resulta de diferentes climas. En general, puede decirse que el Estado de Veracruz tiene los siguientes climas:

Clima Cálidos húmedos y subhúmedos.- Son los que comprenden una mayor área, aproximadamente un 80% del territorio veracruzano, se distribuyen en las llanuras costeras del Golfo Norte y Golfo sur, a una altura máxima de 1,000 m.s.n.m.. Aquí la temperatura media anual es de 22° a 26° C. Y la precipitación total anual varía de 2,000 a poco más de 3,500 mm.

Climas semicálidos húmedos. En los lugares con altitud promedio de 1,000 a 1,600 m.s.n.m. las características físicas favorecen el desarrollo de climas semicálidos húmedos, como las imperantes en las cimas de los volcanes Tuxtlecos. La precipitación total anual en estas porciones fluctúa de 2,000 a más de 2,500 mm. Y la temperatura media varía de 18° a 22° C.

Climas Templados. Los climas templados se registran en las zonas con altitudes entre 1,600 y 2,800 m.s.n.m., sus variantes difieren a corta distancia horizontal en el grado de humedad, en la intensidad y el régimen de lluvias conforme se deja sentir la influencia de las sierras. La temperatura media anual oscila de 12° a 18° C. y la precipitación total anual de 500 a 2,500 mm.

Climas semifríos y fríos. El clima semifrío húmedo con lluvias en verano se distribuye entre los 2,800 y 3,800 m.s.n.m., en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, respectivamente. La temperatura media y la precipitación total anual fluctúa de 5° a 12° C. y de 600 y 1,200 mm., respectivamente.

Clima semiseco. La presencia de áreas con clima semiseco-templado con lluvias en verano en los alrededores de la ciudad de Perote y al oeste de la Huasteca, obedece al obstáculo que forman las elevaciones del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, las cuales no permiten la llegada de los vientos húmedos con igual densidad, provocando con esto que la precipitación total anual sea entre 400 a 500 mm.y su temperatura media anual de 14° C.17

De los 6 municipios señalados, 4 pertenecen a la región del Papaloapan (Cosamaloapan, Tlacojalpan, Tres Valles y Tierra Blanca) y 2 pertenecen a la región de Sotavento (Coatlaxtla y Tlalixcoyan), lo cual, los sitúa en un clima cálido húmedo conforme a las gráficas de información de medio físico.18

El porcentaje del Producto Interno Bruto PIB Nacional que genera el estado de Veracruz de Ignacio de la Lleve, es del 4.7%, ocupando el lugar número seis a nivel nacional19.

En promedio, las remuneraciones que recibe cada trabajador al año en Veracruz de Ignacio de la Llave son de $95 884, el promedio nacional es de $99 114.20

3. RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LAS SENADORAS GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y CALDERÓN HINOJOSA

Con base en la investigación realizada encontró que las temperaturas en la región de Tierra Caliente —en Michoacán—, alcanzan por lo menos  los 29° C, aunque en algunas regiones es mayor.

“El estado de Michoacán se sitúa hacia la porción centro - oeste de la República Mexicana, entre las coordenadas 20º23’27” y 17º53’50” de la latitud norte y entre 100º03’32” y 103º44’49” la longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limitado al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato, al noroeste con el estado de Querétaro, al este con los estados de México y Guerrero, al oeste con el Océano Pacífico y los estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el estado de Guerrero. 

Por su extensión territorial ocupa el décimo sexto lugar nacional, con una superficie de 58,836.95 kilómetros cuadrados, que representa el 3.04 % de la extensión del territorio nacional. La entidad cuenta con 213 km. de litoral y 1,490 km. cuadrados de aguas marítimas.

Las temperaturas medias mensuales varían de 13º C a 29º C, las más elevadas se registran en las regiones de la Costa y la Tierra Caliente, particularmente en las porciones de menor altitud en donde los valores promedio anuales alcanzan extremos cercanos a los 30º C y aún más, como por ejemplo en las localidades de Churumuco, Apatzingán y Tepalcatepec.”21

La zona de tierra caliente abarca 17 municipios de los 113 que tiene el estado de Michoacán de Ocampo y que son:

• Aguililla

• Apatzingán

• Buenavista

• Carácuaro

• Churumuco

• Gabriel Zamora

• Huetamo

• La Huacana

• Nocupetaro

• Nueva Italia

• Nuevo Hurecho

• Parácuaro

• San Lucas

• Tepalcatepec

• Tiquicheo

• Turicato

• Tuzantla22

En estos municipios viven alrededor de 491 mil 912 personas, que representan el 11% de la población total del estado de Michoacán de Ocampo que es de 4 millones 351 mil 37 habitantes, de acuerdo con datos del INEGI.23

El porcentaje del Producto Interno Bruto PIB Nacional que genera el estado de Michoacán de Ocampo, es del 2.5%, ocupando el lugar número quince a nivel nacional.

“La principal actividad económica de la Tierra Caliente michoacana es la agricultura, destaca el cultivo de maíz, ajonjolí, frijol y sorgo, y de frutas como limón, sandía, melón y mango, así como aguacate.

También se practica la ganadería así como la minería, ya que en la zona hay yacimientos de cobre, uranio y hierro.

En el corazón de la región están los municipios de Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Parácuaro, Nueva Italia, La Huacana y Churumuco, algunos de los cuales son los más afectados por la violencia en el estado.”24

“En promedio, las remuneraciones que recibe cada trabajador al año en Michoacán son de $64 441, el promedio nacional es de $99 114.”25 Esto indica que el ingreso de los michoacanos es menor, y si a eso le añadimos los problemas que enfrentan por la falta de empleo o con motivo de factores climatológicos o de seguridad, su ingreso disminuye aún más.

Las proponentes solicitan que se reclasifique la tarifa actual 1C, a la tarifa que les corresponda de acuerdo con la temperatura real que existe en la zona y que supera los 29°C.

Ante ello, esta comisión considera oportuno solicitar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad que verifiquen la temperatura real de los municipios enunciados tanto en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como en el estado de Michoacán de Ocampo, a fin de determinar si procede una reclasificación de la tarifa.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en relación con el artículo 47 de su Reglamento, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Economía  y de Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, ajustar, modificar o reestructurar las tarifas eléctricas.

ARTICULO 31.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

ARTICULO 47.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del suministrador y con la participación de la Secretaría y de la Secretaría de Economía, fijará las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, con las modalidades que dicten el interés público y los requerimientos del servicio.

El ajuste corresponderá a los casos en que solamente deban cambiarse las cuotas establecidas para los elementos de las tarifas.

La modificación corresponderá a los casos en que se varíe alguno de los elementos de la tarifa o la forma en que éstos intervienen.

La reestructuración corresponderá a los casos en que sea necesaria la adición o supresión de alguna o varias tarifas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, considere la temperatura real que existe en los municipios de Cosamaloapan, Coatlaxtla, Tlalixcoyan, Tlacojalpan, Tres Valles y Tierra Blanca en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los que integran la zona de Tierra Caliente en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que pueda considerarse la reclasificación de la tarifa 1C que actualmente se aplica, y en su caso, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, determinen el ajuste o la reestructura de dicha tarifa.

TERCERA COMISION.

1 Comisión federal de Electricidad. Estadísticas. Disponible en www.cfe.gob.mx/QUIENESSOMOS/ESTADISTICAS/Paginas/Clientes.aspx

2 Comisión Federal de Mejora Regulatorias (cofemer). Metodologías de regulación tarifaria. Cofemer, México, 2012. Pág. 8

3 http://www.quiminet.com/articulos/como-calcula-la-cfe-mi-consumo-de-electricidad-3560165.htm

4 Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Dudas frecuentes sobre CFE. Junio de 2011. Disponible en www.profeco.gob.mx/cfe.asp

5 http://www.cfe.gob.mx/casa/4_Informacionalcliente/Paginas/Tarifa-DAC.aspx

6 International Energy Agency (IEA). Key worldenergystatiscs 2013. IEA. París, 2013. Pág. 43. Disponible en http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf

7 Íbidem.

8 http://datos.bancomundial.org/pais/dinamarca

9 http://datos.bancomundial.org/pais/alemania

10 http://datos.bancomundial.org/pais/italia

11 http://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos

12 http://datos.bancomundial.org/pais/corea-republica-de

13 http://datos.bancomundial.org/pais/mexico

14 ENIGH 2012. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2013/Julio/comunica5.pdf

15 Op. Cit. Gráfica 8.

16 ESCOBAR Delgadillo, Jésica Lorena, Jiménez Rivera, Jesús Salvador, Crisis económica, crisis energética y libre mercado. Revista Digital Universitaria [en línea]. 10 de mayol 2009, Vol. 10, No. 5 [Consultada: 11 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.revista.unam.mx/vol.10/num5/art29/int29.htm
ISSN: 1607-6079.

17 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html

18 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM30veracruz/mediofisico.html

19 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/economia/pib.aspx?tema=me&e=30

20 Íbidem.

21 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM16michoacan/mediofisico.html

22 Cfr. http://sipse.com/mexico/tierra-caliente-agricultura-michoacan-71166.html

23 Cfr. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/poblacion/

24 http://sipse.com/mexico/tierra-caliente-agricultura-michoacan-71166.html

25 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/economia/ue.aspx?tema=me&e=16





 

Otro, por el que se solicita información sobre las acciones emprendidas respecto a la observancia ambiental en correspondencia al desarrollo sustentable y al cumplimiento de las leyes en materia ambiental.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un observatorio nacional de políticas ambientales, suscrita por la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La legisladora proponente señala que el cambio climático, se manifiesta en un gran reto, con impactos económicos y sociales para todas las naciones.

Asimismo, destaca que el cambio climático puede implicar una seria amenaza para el ser humano y para los ecosistemas. Combatirlo y remediar sus efectos podría representar costos muy altos desde el punto de vista económico, e invaluables desde el punto de vista de salud, pérdida de vidas humanas, de especies, culturas, territorios, etcétera.

En este sentido cita datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en los que se destaca que los daños causados por el cambio climático podrían costar a los países latinoamericanos y del Caribe 100 mil millones de dólares anuales para el 2050, si las temperaturas promedio suben 2 grados Celsius desde los niveles preindustriales.

Menciona también que entre los principales retos para México, en materia ambiental es posicionar el tema del medio ambiente como uno de los ejes para incrementar la competitividad y el desarrollo económico.

Así, agrega la proponente, la regulación ambiental que emprenda México debe guardar el debido respeto a los niveles de gobierno, con la finalidad de evitar esfuerzos aislados entre sus diferentes entidades federativas, para que gradualmente, se armonicen garantizando una regulación inteligente entre ecosistemas y jurisdicciones.

Al respecto la legisladora agrega que nuestro país debe asumir diversos retos y políticas sensibles al campo, industria y sociedad general, los gobiernos de los tres niveles podrían migrar a un óptimo de gestión ambiental. Mejorar las políticas ambientales y compartir experiencias entre las administraciones públicas, puede ser un ejercicio factible para todos, contribuyendo a mejorar las disposiciones de carácter ambiental.

De esta forma subraya que en nuestro país no existe un Observatorio oficial en Políticas Ambientales que reúna información sobre las políticas locales en materia de medio ambiente, al igual que la normatividad y evaluaciones a los programas gubernamentales.

En este sentido plantea que se requiere un espacio que permita a las entidades federativas, la federación y a los municipios mejorar la calidad de la regulación ambiental, haciendo públicas las normas más eficientes así como las experiencias exitosas. Por ejemplo, se apreciarían programas de restricción del parque vehicular, incentivos verdes, políticas de movilidad que integren una red de transporte público eficiente, políticas que estimulen las compras públicas verdes, entre otras, a la par que se estudiarían sus resultados o consecuencias.

Al respecto, menciona que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 159 BIS, establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del INEGI”.

Destaca que el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales puede ser complementado con un Observatorio Nacional de Políticas Ambientales que permita a tomadores de decisiones, investigadores, y a la sociedad en general conocer y comparar las acciones adoptadas por los tres órdenes de gobierno.

En sustento a lo anterior propone que mediante la creación de un Observatorio Nacional de Políticas Ambientales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podría coordinar instituciones, académicos y otros especialistas, para monitorear permanentemente las políticas de diversas regiones o entidades federativas en específico para concentrarlas y estudiarlas en su conjunto en un instrumento.

Con lo anterior, formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que incorpore en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, un Observatorio Nacional de Políticas Ambientales en el que se expongan las diversas legislaciones y políticas públicas de los tres niveles de gobierno, de forma actualizada, para la consulta de tomadores de decisiones, investigadores y la sociedad civil.

SEGUNDO. Que explore integrar en el Observatorio de Políticas Ambientales evaluaciones, recopilación de información, seguimiento de programas y políticas ambientales, para convertirlo en una destacada herramienta confiable para la investigación y seguimiento a nivel federal, estatal y municipal.”

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.- Esta Comisión reconoce que la Supremacía Constitucional es la base y justificación de toda la producción legislativa y directriz de la realidad político-social realizada conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ésta es la norma fundamental del Estado. En materia de protección al medio ambiente la Constitución en sus artículos 4, párrafo sexto, 25, párrafo sexto, 27, 73, fracción XVI establece disposiciones en relación al derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; al cuidado del medio ambiente, con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos de los sectores social y privado; a la conservación de los recursos naturales y, a la prevención y control de la contaminación ambiental.

CUARTA.- Esta dictaminadora propone reformular la proposición planteada en virtud de que considera que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las facultades necesarias en materia de observancia de políticas ambientales para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre las que se puede destacar las siguientes:

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente;

XX. Imponer, con la participación que  corresponda a otras  dependencia  y entidades, las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación y aprovechamiento;

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;

XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente;

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático, y

CUARTO.- En este sentido, esta dictaminadora considera pertinente destacar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa, que tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Una de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable.

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc.

Esta institución gubernamental ha fortalecido sus acciones y actos de autoridad que incrementan el cumplimiento efectivo de la ley. Asimismo, ha puesto en marcha un programa de protección a los recursos naturales, ha involucrado la participación activa y comprometida de diversos sectores, por lo que ahora se cuenta con una industria socialmente responsable con el cuidado del medio ambiente.

Muestra de lo anterior es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), creado en 1992 bajo iniciativa de la PROFEPA, el cual consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario al cual pueden adherirse las organizaciones productivas que así lo deseen con la finalidad no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad.

Dicho programa es resultado de un esfuerzo conjunto de la PROFEPA, gobiernos locales, empresas, asociaciones empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Gracias a todos ellos el programa puede cumplir con su objetivo y contribuir a que la sociedad mexicana cuente con un medio ambiente mejor. Cada uno de nuestros socios desempeña una función muy importante, ya sea promoviendo, operando o participando en el  programa a través de la auditoría ambiental.

Asimismo, el Gobierno Federal a través de la PROFEPA ha redireccionado sus estrategias en materia ambiental hacia el cuidado de los recursos, bajo un enfoque sistémico-geográfico-integral que define sitios prioritarios de atención, que son aquellos donde convergen múltiples problemáticas ambientales y que por consecuencia generan inconformidades y denuncias populares.

QUINTO.- Esta dictaminadora considera que el marco jurídico nacional en materia de derecho ambiental otorga facultades suficientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cabeza de sector, así como a los organismos e instituciones de esta y otras dependencias gubernamentales, para implementar una gestión ambiental para el ordenamiento del ambiente, a través de actos normativos y materiales.

En este sentido, nuestro texto constitucional constituye la base de instrumentos como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Cambio Climático, que se suma a la legislación estatal en este tema.

Asimismo, nuestro país ha adquirido numerosos compromisos internacionales, tales como:

● La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y

● El Protocolo de Kioto (Que establece protocolos específicos jurídicamente vinculantes aplicables diferenciadamente para cada país).

Los esfuerzos del Estado Mexicano por el cuidado y preservación del medio ambiente no sólo se traducen en leyes y compromisos internacionales sino que han dado paso a la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, del cual deriva la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la cual tiene entre sus facultades la de promover la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de cambio climático; formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes, y desarrollar los criterios de transversalidad de las políticas públicas para enfrenar el cambio climático para que los apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

SEXTO.- La reforma al artículo 17 Constitucional, publicado en el DOF el 29 de Julio de 2010, establece que “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.“1

Instrumentación de las acciones colectivas en reforma a las leyes secundarias:

1. Código Federal de Procedimientos Civiles.

2. Código Civil Federal.

3. Ley Federal de Competencia Económica.

4. Ley Federal de Protección al Consumidor.

5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

6. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

7. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios.

8. Financieros.

Los alcances de esta reforma son los siguientes:

● Introdujo la figura de la “acción colectiva”, que es procedente para tutelar derechos cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas o para el ejercicio de pretensiones individuales cuya titularidad sea de un grupo de personas.

● Adicionó el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, donde se regula el procedimiento de sustanciación de las acciones colectivas, de las que serán competentes los Tribunales de la Federación en materias de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente, lo que incluye a las materias de protección al consumidor y protección a los usuarios de servicios financieros, medio ambiente y competencia económica.

● Definió el concepto de “derechos e intereses difusos y colectivos” y “derechos e intereses individuales de incidencia colectiva”, así como establece los extremos de las tres acciones en esta materia que serán la “acción difusa”, la “acción colectiva en sentido estricto” y “acción individual homogénea”.

● Regula conceptos técnicos de este tipo de acciones como la legitimación activa, la representación, la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso.

● Establece las reglas para los estadios procesales de este tipo de procedimientos como la demanda, contestación, desahogo de vista de ésta, adhesión a la acción, la audiencia previa y de conciliación, período probatorio, alegatos, sentencia, medidas precautorias y de apremio, y notificaciones.

SEPTIMO.- Las reformas Constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en  junio de 2011, establecen que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos2 ha reconocido que para la institución es prioritario la protección y promoción del derecho humano al medio ambiente y señala que tienen reconocimiento en nuestra Constitución los siguientes derechos:

● Igualdad ante la ley.

● Igualdad de todas las personas.

● Libertad personal.

● Libertad de trabajo profesión, industria o comercio.

● Libertad de expresión.

● Libertad de imprenta.

● Libertad de asociación y reunión

● Libertad de tránsito y residencia.

● Libertad religiosa.

● Derechos a poseer armas.

● Derecho de la información

● Irretroactividad de las leyes.

● Garantía de audiencia.

● Garantía de legalidad.

● Seguridad jurídica en materia penal internacional.

● Inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

● Inviolabilidad del domicilio.

● Seguridad jurídica en materia de órdenes de aprehensión o detención.

● Seguridad jurídica para los procesados en materia penal.

● Derecho a la jurisdicción.

● Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial.

● Garantías del procesado en materia penal.

● Derechos de la víctima o del ofendido.

● Seguridad jurídica respecto a la imposición de penas y multas.

● Seguridad jurídica en los juicios penales.

● Protección de la integridad física y moral de las personas a las que se Imponga una pena.

● Derecho a la nacionalidad.

● Derecho de petición.

● Protección jurídica al derecho a la vida.

● Derechos de los pueblos indígenas.

● Derecho a la educación.

● Derecho a la paternidad.

● Derecho a la protección de la Salud.

● Derecho a un medio ambiente adecuado.

● Derecho a la vivienda.

● Derechos Sociales a favor de los trabajadores.

● Derechos de los niños.

● Derecho a la propiedad.

● Derecho a la propiedad comunal y ejidal  de tierras.

● Derecho a la ciudadanía.

● Derechos del ciudadano.

● Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

● Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en  forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En artículos de destacados investigadores y juristas se explica que “la evolución que han tenido los derechos humanos, está directamente relacionada con la evolución de la misma humanidad en relación con la autoridad y el interactuar de los Estados.

Así tenemos que, la primera generación obedeció a una reacción contra los derechos  absolutos del Estado, reclamando el respeto de los derechos individuales, civiles y políticos, como individuos, como seres humanos, en un contexto siempre de dignidad.

La segunda generación, corresponde a un reclamo de la sociedad por elevar el nivel de  vida, para dar satisfacción a derechos colectivos dentro del Estado, como lo son la salud, el salario justo, y la cultura.

La tercera generación, es una respuesta a la apertura internacional que se dio con la internacionalización de las instituciones, a los efectos de la neo liberalización de la economía, que produjo el interactuar internacional, afectando derechos de los Estados, por lo que el reclamo fue de una necesaria colaboración internacional, para mantener y promover la paz, el derecho al desarrollo, a la protección del medio ambiente, y cuidado ecológico, para lograr el derecho a la coexistencia pacífica.”

Asimismo coinciden en que “con la reforma al artículo 1° constitucional llevada a cabo en el año 2011, se transforman a las garantías individuales en derechos humanos, y se establece la obligación para todos los jueces y magistrados judiciales y administrativos de tomar en cuenta por encima de la legislación nacional, lo que dicen los tratados internacionales en esta materia, de acuerdo a principios específicos de interpretación. Se establece además por parte de la Corte la obligación de aplicar este control convencional ex oficio al mismo tiempo de dejar de aplicar aquellas normas que se consideren inconstitucionales.

Esto quiere decir que el control difuso de la constitucionalidad adquiere otra dimensión, al extenderse esta obligación a todos los juzgadores, cuestión que antes sólo era materia del Poder Judicial Federal.”3

OCTAVO.- En este sentido, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año 2011, constituyen una respuesta a la comunidad internacional, y a la vez hacen que el Estado mexicano se inserte de una mejor manera en el concierto de las naciones que respetan y defienden los derechos humanos.

Estas reformas refuerzan el carácter vinculativo, de protección, defensor y obligatorio del Estado mexicano para con los derechos humanos.

De esta forma, se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica, del derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos del niño, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de religión.

Asimismo, las violaciones a los derechos políticos, laborales, de los pueblos indígenas, de las audiencias en los medios de comunicación o a los derechos sobre la ecología y el medio ambiente, entre otros, hoy son susceptibles de ser defendidas en los tribunales mexicanos en virtud de que están comprendidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

NOVENO.- Por su parte, reconocidos investigadores y especialistas nacionales e internacionales han manifestado que en México como en otras naciones desarrolladas como Estados Unidos y Croacia, se considera como un problema grave para el medio ambiente el cambio climático.

En este sentido, investigadores de la UNAM destacan que los nuevos elementos de la gobernanza en México han permitido construir una plataforma con instrumentos jurídicos que garantizan un medio ambiente adecuado y que el Estado mexicano fortalece día a día su marco jurídico en materia de derecho ambiental, a través de la creación de nuevas y mejores leyes.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, consideran que la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse con las siguientes modificaciones que se someten a la consideración del pleno:

RESOLUTIVOS.

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a enviar a la brevedad posible a esta Soberanía, en el marco de sus atribuciones, un informe sobre las acciones emprendidas respecto a la observancia ambiental en correspondencia al desarrollo sustentable y al cumplimiento las leyes en materia ambiental.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a intensificar sus acciones a favor de una mejor y mayor coordinación en materia de cambio climático en los tres órdenes de gobierno.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a que analice la viabilidad técnica y jurídica para que puedan ser incluidos un legislador integrante de la H. Cámara de Diputados y un legislador integrante del Senado de la República, en el Consejo Asesor de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a efecto de contar con una representación plural y completa de todos los sectores de la sociedad mexicana que se encuentren trabajando en la generación de regulación y políticas públicas referentes al cambio climático.

TERCERA COMISION.

1 file:///C:/Users/Senado/Downloads/Las_acciones_colectivas.pdf

2 http://www.cndh.org.mx/node/31

3 http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/controldifusoycontrolconvencional.pdf





 

Otro, que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar mayor difusión al Programa de Playas Limpias, para conocimiento de la opinión pública previamente a cada periodo vacacional.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a la opinión pública previo a cada periodo vacacional cuál es el estado sanitario de las playas mexicanas, presentada por la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Esta proposición se basa en las siguientes consideraciones:

“A) México, es un país privilegiado geográficamente por las playas en su territorito, no obstante, la contaminación del mar comienza en las costas, y los derramados de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar que se producen minuto a minuto, lastiman la riqueza natural de las playas.

B) En México únicamente son tratados el equivalente al 40.2 % de las aguas residuales, mientras que las políticas públicas parecen pasivas ante la necesidad de incrementar ese porcentaje. Cada segundo se vierten a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar.

C) La falta de coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a la falta de un adecuado tratamiento y reúso de las aguas residuales generadas, conducen a la sobre explotación del recurso, la contaminación de ecosistemas y la degradación de los suelos.

D) En nuestro país hay 154 municipios con costa, y únicamente la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras, pero los 77 municipios que sí sanean sus aguas, no todos las tratan al 100 %.A manera ilustrativa, cabe señalar que Campeche trata 19% de sus aguas y Yucatán 4.4% de sus aguas residuales.

E) Veracruz, es el estado que mayor volumen de aguas negras vierte al mar, arrojando a más de 15 mil litros y sus playas son de las más contaminadas del país.

F) La playa Principal de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, es la única del país que no es apta para el uso recreativo, pues la cantidad de bacterias en el agua (399 por cada 100 mililitros) representa un riesgo sanitario para las personas, de acuerdo a estudio de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Salud.

G) Para establecer el nivel de contaminación, el pasado 8 de abril el gobierno federal tomó 369 muestras de agua en 269 playas de afluencia pública, para detectar la cantidad de bacterias Enterococcusfaecalis en sus aguas, dicha bacteria se considera como un indicador por excelencia de las condiciones sanitarias del agua de mar ya que sobrevive y crece en condiciones muy adversas.

H) Entre las 25 playas más contaminadas según el monitoreo de las autoridades federales, se encuentran: Zihuatanejo, Guerrero: 399 bacterias; Hornos en Acapulco, Guerrero: 124 bacterias; La Madera en Zihuatanejo, Guerrero: 114 bacterias; Varadero en Ixtapa, Guerrero: 106 bacterias; Las Gatas en Zihuatanejo, Guerrero: 104 bacterias; Chicxulub en Progreso, Yucatán: 83 bacterias; La Ropa en Zihuatanejo, Guerrero: 73 bacterias; Maviri en Los Mochis, Sinaloa: 71 bacterias; Lancheros en Riviera Maya, Quintana Roo: 66 bacterias; Marinero en Puerto Escondido, Oaxaca: 64 bacterias.

I) Finalmente, aunado a los esfuerzos por contener la contaminación, la población tenemos derecho a saber los resultados de las autoridades locales y federales en la limpieza de las playas mediante estudios recientes, de la misma forma, conocer las localidades que se han abstenido de emprender las políticas efectivas que reduzcan la contaminación de estos destinos vacacionales.

J) En concreto, se pretende con este respetuoso exhorto, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe previo a cada periodo vacacional cuál es el estado sanitario de las playas mexicanas.”

B. Con lo anterior formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar mayor difusión para la opinión pública previamente a cada periodo vacacional el estado sanitario de las playas mexicanas.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta representación, realizamos un análisis del espíritu del punto de acuerdo respecto a la solicitud dirigida a la SEMARNAT para implementar mayor difusión el estado sanitario de las playas mexicanas para la opinión pública, previamente a cada periodo vacacional.

Esta dictaminadora hace notar que en materia de sanidad sobre las playas mexicanas, no sólo es competente la Secretaría referida, ya que es menester señalar que actualmente se cuenta con el Programa de Playas Limpias que surge en coordinación con diversas Secretarías como se expone a continuación:

En abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas mediante el esfuerzo conjunto de las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Salud y Turismo. A lo largo de ese año se logró sistematizar y homogeneizar los monitoreos del agua de mar, de acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar de contacto recreativo.

Actualmente, son los Autoridades Estatales de Salud, siguiendo los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud y en coordinación con ésta, quienes realizan los muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estados costeros de México.

Con la publicación de la página web: http://web2.semarnat.gob.mx/playas/playas_li mpias/Paginas/Playas.aspx, construida de manera conjunta por la SEMARNAT y la COFEPRIS, se pretende cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y contribuir a generar conciencia y corresponsabilidad ciudadana respecto a los riesgos ambientales en los que todos tenemos un papel que cumplir.

De la página web señalada, es de conocimiento público lo siguiente:

• Los resultados de calidad de agua de mar. En esta sección se pueden encontrar los resultados de los análisis del agua de mar en las principales playas de los diecisiete estados costeros del país.

• Las fichas técnicas del análisis del agua. Que Incluye información que orienta a los usuarios sobre el tipo de microorganismos que se pueden encontrar en el agua de mar, así como sobre la forma en que se determinan sus concentraciones.

• El portal “Protege tu salud”. Este apartado presenta información sobre las fuentes de contaminación, así como consejos para decidir cuándo y dónde nadar, qué hacer si se ha nadado en aguas contaminadas, cuando hay aviso de marea roja y cómo mantener las playas limpias. 

• Comités de Playas. Se incluye el Manual de Organización y Operación que determina los lineamientos generales para regular la organización y funcionamiento de los Comités de Playas Limpias que vigilan el cumplimiento de la normatividad. 

• Lineamientos para Determinar la Calidad del Agua. Se presenta el documento que incluye los lineamientos para determinar la calidad de agua de mar para uso recreativo.

• Acciones que Realizan las Instancias Gubernamentales. Esta sección presenta las acciones que realizan las autoridades gubernamentales para que los visitantes de las playas puedan usarlas sin riesgo para su salud.

Aunado a la información disponible en la página web citada, y toda vez que la protección y conservación de las playas requiere de la participación de todos los sectores y la ciudadanía, la SEMARNAT y COFEPRIS están facultadas para recibir cualquier reporte de anomalías, así como los Comités de Playas establecidos en los destinos turísticos.

De lo anterior se desprende que actualmente la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, y la SEMARNAT son las instancias competentes en la materia de sanidad de las playas mexicanas, y los resultados sobre los índices de sanidad son de conocimiento público a través de la página citada.

Por lo expuesto, la intención de la proponente queda en sustancia atendida, la cual señala:

“La población tenemos derecho a saber los resultados de las autoridades locales y federales en la limpieza de las playas mediante estudios recientes, de la misma forma, conocer las localidades que se han abstenido de emprender las políticas efectivas que reduzcan la contaminación de estos destinos vacacionales.”

En tal sentido, consideramos que el resolutivo de la proponente debe modificarse para efectos de precisar que ya existe el Programa de Playas Limpias, del cual se solicité mayor difusión en periodos vacacionales, y que dicho exhorto vaya dirigido de igual manera a la COFEPRIS.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito de sus competencias, a implementar mayor difusión al Programa de Playas Limpias, para conocimiento de la opinión pública previamente a cada periodo vacacional.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas en la República Mexicana.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión externe su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de que son objeto los trabajadores jornaleros en los campos agrícolas de la región norte del país, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El proponente señala, entre sus argumentos, que la pobreza de trabajadores jornaleros complica aún más el rezago crisis que vive hoy, el campo en nuestro país.

El proponente hace un reconocimiento a los claros esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implantar programas de financiamiento e inversiones en el rubro; sin embargo, señala que a los jornaleros se les sigue explotando.

Afirma que datos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (PRONJAG), señalan que en el país laboran aproximadamente 3 millones trabajadores jornaleros en el campo mexicano.

Del universo que conforman los jornaleros, el proponente expone que tres cuartas partes se han visto forzados a salir de sus propias comunidades para acudir a regiones agrícolas más desarrolladas en busca de empleo y mejores condiciones de vida.  

La razón fundamental de la migración es, sin duda, la necesidad económica, el PRONJAG señala que 84.21% de los jornaleros salieron de sus pueblos porque en los mismos no hay empleo y la tierra resulta insuficiente. Lo anterior, en palabras del Senador proponente.

En todas las entidades del país, existen zonas de origen y zonas receptoras de mano de obra agrícola y, de acuerdo con la dinámica de los mercados laborales, es posible agrupar a las entidades federativas como aquellas expulsoras de fuerza de trabajo, así́ como a las receptoras de ella, así como estados que reciben a los trabajadores agrícolas. 

La proposición señala que entre los estados que podemos ubicar como expulsores de fuerza de trabajo se encuentran Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo, quienes abastecen de trabajadores a diversas empresas agrícolas del país, mientras que las entidades federativas como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, es decir, la región norte del país, son estados en donde la presencia de jornaleros migrantes es notoria, dada la dinámica de los procesos productivos agrícolas que demandan un alto volumen de mano de obra que no logra ser abastecida por su población local, y por la diversificación de actividades económicas que ha reducido el interés de la población local para laborar en las actividades agrícolas, dirigiéndose al sector de los servicios o al industrial, fundamentalmente a las empresas maquiladoras.

Como ejemplo de lo anterior, el proponente apunta que en la región del Valle del Vizcaíno, en Baja California Sur, se concentra uno de los mayores flujos migratorios de oaxaqueños que se dedican a las labores del campo. En el municipio de Mulegé se genera el 6% de la producción agrícola estatal, cosechándose 2,965 hectáreas de 3.476 que conforma su territorio con cerca de 7000 trabajadores agrícolas.

La proposición también se motiva en que en la trayectoria migratoria de trabajadores temporales empleados en la agricultura del país se han cometido sistemáticamente violaciones a los derechos de las personas, hombres, mujeres, infantes, adolescentes y adultos mayores, quienes migran por la escases de trabajo en su región de origen, la falta de servicios, la violencia estructural y abusos por parte de las autoridades son, entre muchas otras, las causas que empujan a las familias a trasladarse a otros lugares.

De igual forma, se afirma que a pesar de que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 destina al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la cantidad de 305 millones 501 mil pesos en subsidios que de acuerdo con las reglas de operación del programa se aplican en vertientes como:

• Apoyos alimenticios a los niños y niñas,

• Estímulos para la asistencia y permanencia escolar,

• Apoyo económico al arribo,

• Servicios de acompañamiento a la población jornalera,

• Acciones de promoción y participación social,

• Acciones para potenciar el desarrollo,

• Apoyos Especiales para Contingencias, y

• Apoyos para Servicios Básicos.

Y si bien, se podría pensar que los recursos del Programa de Jornaleros Agrícolas son una suma considerable de dinero, el proponente señala que ha constatado carencias y privaciones que viven cada día los jornaleros agrícolas.

Ante la legislación mexicana los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo y en una gran cantidad lo hacen acompañados de sus familias. De acuerdo con datos de la UNICEF, los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas mexicanos son un grupo especialmente vulnerable ya que el 44% de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o niña trabajador y en los hogares donde tienen que trabajar niños jornaleros, los ingresos de ellos representan casi el 41% de los ingresos totales de la familia, así como el hecho de que en el 44.9% de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas.

Se afirma que este sector de trabajadores no cuenta con contratos, ni regulaciones que lo respalden laboralmente, no tiene acceso a servicios médicos, viviendas dignas, sistema de pensiones y de seguridad social. Incluso, los trayectos y las condiciones en las que se desplaza son en extremo peligrosas, un ejemplo de ello son las pésimas condiciones en las que se encuentran los autobuses que los trasladan.

Debido a todo lo anterior, el proponente pone a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a realizar visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas en la República Mexicana, específicamente en la zona norte del país. Asimismo, se solicita rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía respecto de las sanciones realizadas a las empresas y centros de trabajo donde haya detectado violaciones a los derechos laborales de los jornaleros.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones correspondientes sobre el trato inhumano, vejaciones y violaciones a los derechos humanos de que son objeto los jornaleros agrícolas en distintos campos agrícolas, principalmente en la zona norte del país. De igual forma, de ser el caso, proceder en contra de quienes resulten responsables por la contratación y utilización de menores de edad en dichas labores agrícolas.

TERCERO.- Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos agrícolas del país.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal ha profundizar acciones y políticas públicas que eficiente el Programa de Atención a Jornaleros que vuelva viable la defensa y promoción de los derechos humanos de los jornaleros, y permita  la disposición de albergues para alojamiento, apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

PRIMERA.- Con respecto al primer resolutivo, esta dictaminadora ha considerado realizar modificaciones. La primera con el objeto de precisar el nombre de la Secretaría en materia laboral se aclara que el exhorto está dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con respecto a la segunda modificación, esta dictaminadora estima pertinente eliminar la especificación a la zona norte del país; si bien el proponente señala que esta zona es la de mayor afluencia de jornaleros agrícolas, no se puede pasar por alto a los jornaleros que se encuentran en las demás zonas del país, es por ello que se respeta y se coincide con la referencia a los lugares donde laboran los jornaleros agrícolas en la República Mexicana. Asimismo, esta Tercera Comisión ha determinado que el informe pormenorizado debe atender a la generalidad del resultado de las inspecciones en la materia, y no exclusivamente a las sanciones dirigidas a las empresas y centros de trabajo, para efectos de contar con mayores elementos de convicción y hacer del conocimiento el estatus completo en la materia en lo que respecta a los procesos que ya han causado estado, respetando de esta forma el principio de información reservada establecido en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDA.- Con respecto al segundo resolutivo propuesto, este se desecha. Lo anterior en atención a que la Comisión permanente del Congreso de la Unión no se encuentra legitimada para solicitar la facultad de investigación, en este caso que tiene la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, en atención a la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR SU EJERCICIO, misma que se cita a continuación:

Época: Novena Época

Registro: 165252

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Febrero de 2010

Materia(s): Constitucional

Tesis: P. III/2010

Página: 23

FACULTAD DE INVESTIGACION PREVISTA EN EL ARTICULO 97, PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION CARECE DE LEGITIMACION PARA SOLICITAR SU EJERCICIO.

Conforme al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de las facultades expresamente señaladas por la propia Ley Suprema podrá prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional; recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; resolver los asuntos de su competencia, y recibir, durante los recesos del Congreso de la Unión, las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; acordar, por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara, a sesiones extraordinarias; otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, sometida por el titular del Ejecutivo Federal; conceder licencia hasta por 30 días al Presidente de la República y nombrar al interino que supla esa falta; ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. En ese tenor, como la indicada Comisión es un órgano que únicamente puede actuar dentro de las atribuciones expresamente conferidas, entre las que no se encuentra la relativa a solicitar el ejercicio de la facultad de investigación, no puede asignársele alguna otra, ni siquiera vía interpretación, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe sujetarse al mandato constitucional, por lo que es evidente que aquel órgano carece de legitimación para solicitar el ejercicio de esa facultad.

Varios 430/2009. Consulta de trámite al Tribunal Pleno en relación con la solicitud de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el ejercicio de la facultad de investigación prevista en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 13 de julio de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número III/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez.

TERCERA.- Esta dictaminadora coincide totalmente con la necesidad de solicitar al órgano nacional de protección de derechos humanos para iniciar los informes correspondientes sobre dichos derechos de los jornaleros agrícolas, su situación particular de vulnerabilidad y el estado de las recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos agrícolas.

CUARTA.- La comisión dictaminadora coincide con el resolutivo cuarto que se propone al respecto de que se debe exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a profundizar acciones y políticas públicas en el Programa de Atención a Jornaleros, sin embargo se modifica el resolutivo para establecer que lo anterior se lleve a cabo bajo una perspectiva de protección a los derechos humanos, particularmente en lo relativo a la disposición de albergues para alojamiento, apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que dentro del ámbito de sus competencias realice visitas de inspección a los lugares donde laboran jornaleros agrícolas en la República Mexicana. Asimismo, se solicita rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía respecto de procesos de sanción que ya han causado estado donde se hayan detectado violaciones a los derechos laborales de los jornaleros.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, la situación de vulnerabilidad y el estado de las recomendaciones que se han emitido en la materia en los campos agrícolas del país.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a profundizar acciones y políticas públicas en el Programa de Atención a Jornaleros, bajo una perspectiva de protección a los derechos humanos, particularmente en lo relativo a la disposición de albergues para alojamiento, apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta a considerar y determinar la factibilidad financiera para incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 una partida presupuestal para la modernización y expansión de la infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar dentro del proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, una partida presupuestal de 400 millones de pesos para la modernización y expansión de la infraestructura del aeropuerto del Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, con el objeto de mejorar la conectividad y la competitividad a nivel internacional, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El senador proponente, manifiesta que Acapulco es uno de los destinos preferidos tanto de los turistas mexicanos como internacionales, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional y el noveno  a nivel mundial de acuerdo a cifras de 2011. Cuenta con una oferta turística de más de 150 hoteles que van desde la categoría Gran Turismo hasta 3 estrellas.

Refiere que uno de los principales medios de transporte para llegar a Acapulco es el aéreo, lo que resalta el papel fundamental del aeropuerto internacional para la atracción del turismo.

Menciona que el Aeropuerto Internacional de Acapulco, está ubicado aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad y es el más grande en la zona del Pacífico Sur del país.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR) el aeropuerto de Acapulco tuvo en 2013 una llegada de 617,079 pasajeros de los cuales 56,134 fueron de origen internacional representando el 9.1% del total mientras que los pasajeros nacionales representaron el 90.9% de los pasajeros que llegaron a dicho recinto por lo que ocupó el lugar 20 en llegadas de turistas internacionales a nivel nacional.

Destaca que en julio de 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa de Inversiones en Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 donde se planeó una inyección de capital de 1.3 billones de pesos y del cual se contemplaban, por parte de la Secretaria de Comunicación y Transportes (SCT), inversiones de 191 mil mdp en ferrocarriles, aeropuertos y transporte urbano; no obstante, en dicho Programa no se incluye el Aeropuerto de Acapulco a pesar de su importancia para el desarrollo turístico de la entidad y la región.

Asimismo, refiere que en el Plan Nuevo Guerrero, no se contempla ningún plan de inversión para mejorar las condiciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco, mismo que se vio directamente afectado por los huracanes teniendo inundaciones graves.

Debido a lo anterior, el proponente considera necesario una remodelación y ampliación de su estructura en busca de responder a las expectativas de los turistas nacionales e internacionales. Considera que dicha inversión pública, será sin duda, un apoyo a la reactivación y consolidación del Puerto de Acapulco, como destino turístico a nivel internacional.

Por lo anteriormente expuesto, el proponente plantea el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y crédito Público a considerar dentro del proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, una partida presupuestal de 400 millones de pesos para la modernización y expansión de la infraestructura del aeropuerto del Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, con el objeto de mejorar la conectividad y la competitividad a nivel internacional.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Esta dictaminadora coincide con lo expresado por el proponente, en la necesidad de proporcionar recursos para mejorar la infraestructura del Aeropuerto del Puerto de Acapulco.

El 23 de abril de 1953 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Acapulco, construido por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desarrollado en forma integral conforme a los tiempos modernos de esa época, que se conoce como Aeropuerto de Aviación General.1

El Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez o Aeropuerto Internacional de Acapulco, es un aeropuerto localizado en la costa del Pacífico de México. Se localiza en la zona turística de Acapulco Diamante. La capacidad de la pista es de 40 operaciones por hora y tiene 448.69 hectáreas de terreno y la terminal cuenta con 19,943 metros cuadrados.

No obstante su importancia, se encuentra expuesto a contingencias que pudieran afectar su infraestructura; tal y como se pudo apreciar con el pasado fenómeno hidrometeoro lógico “Manuel”, quien causó graves inundaciones a las instalaciones del aeropuerto, ocasionando la suspensión de las actividades del aeropuerto, donde una gran cantidad de personas se vieron afectadas con la suspensión de vuelos.

Lo anterior fue reconocido por el mismo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quién declaró que las dos pistas del aeropuerto de Acapulco están totalmente libres, “lo que si hay afectación es en las partes de servicios de las pistas, en el aeropuerto y el estacionamiento”.

De acuerdo a información publicada recientemente,2se menciona que ante la temporada de lluvias, “el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez se encuentra vulnerable a cualquier fenómeno hidrometeoro lógico, ya que después de las afectaciones que se tuvieron en el año anterior no se ha tomado ninguna medida de prevención para evitar las inundaciones con las próximas lluvias.”

Se menciona que “el inmueble se encuentra con la alerta de inundación,” pues son  “aproximadamente de 80 centímetros a un metro cinco el nivel en el que se encuentra el aeropuerto, por debajo del boulevard de Las Naciones.”

Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero AC, “informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno ya tienen conocimiento de las afectaciones que pudieran generarse en las instalaciones del mismo con la temporada de lluvias…”

Señalaron que en los últimos 20 años la “Terminal aérea siempre ha padecido de algunos desgastes por los fenómenos hidrometeoro lógicos,  las cuales con el paso del tiempo se irán agravando por el cambio climático.”

En el informe del mismo Colegio, se menciona que “por la ubicación que se tiene es imposible que no se presente algún desperfecto, sin embargo estos podrían ser mínimos o máximos, dependiendo de las acciones que se tomen como medida de prevención.”

Es por lo anterior, que esta dictaminadora coincide con el proponente, en solicitar una partida presupuestal, que se pudiera incluir en el próximo Presupuesto de Egresos para el año 2015; y con ello, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura de tan importante aeropuerto.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a considerar y determinar la factibilidad financiera para incluir dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2015, una partida presupuestal para la modernización y expansión de la infraestructura del aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, con el objeto de mejorar la conectividad y la competitividad a nivel internacional.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION.

1http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-cultura-general/140-aviacion-historia-de-la?showall=1&limitstart=

2 http://www.novedadesacapulco.mx/aeropuerto-vulnerable-a-inundaciones





 

Otro más que exhorta al gobierno de Quintana Roo a intensificar las acciones para garantizar el abastecimiento y acceso de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible al municipio de Felipe Carrillo Puerto.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al titular del ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que realice las gestiones y acciones necesarias que garanticen el abastecimiento y acceso de agua potable a los ciudadanos de las comunidades mayas y habitantes en general del municipio de Felipe Carrillo Puerto, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho humano al agua.", suscrita por la Sen. Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La proponente refiere que en el municipio de Felipe Carrillo Puerto hay un gran número de comunidades mayas, las cuales sufren de numerosas problemáticas, por ejemplo; no se les está dando atención médica efectiva y no se les está dando acceso al agua, son tan pobres las comunidades del municipio que no tienen para pagar el servicio público de agua, en consecuencia, a la falta de pago se les está multando y al no pagar se les limita o en algunos casos se suspende el servicio de agua.

Sostiene además que es necesario salvaguardar esta cultura milenaria, la cual está reconocida a nivel mundial, no podemos permitir que se les siga afectando. Es importante reflexionar que nuestro país utiliza a la cultura maya para atraer turismo y fomentar la cultura y en la vida real se les está olvidando, dejando de darles las atenciones básicas que requieren incluso para poder vivir.

En pleno año 2014, con los mecanismos de protección a los derechos humanos que nuestro país cuenta, como; el control de convencionalidad, control difuso, o declaratoria de inaplicabilidad de una norma, y ante la declaratoria de la UNESCO por el cual establece el día 9 de agosto como día internacional de los pueblos indígenas, no podemos permitir estos atropellos que sufren los mayas de Felipe Carrillo Puerto.

La legisladora sostiene que en el municipio de Felipe Carrillo Puerto hay un gran número de comunidades mayas, las cuales sufren de numerosas problemáticas, entre ellas gozar de servicio público de agua satisfactorio y accesible en el costo, en función de la pobreza en la que se encuentran.

En este tenor, la legisladora sostiene que es necesario salvaguardar esta cultura milenaria reconocida a nivel mundial, además, hace una crítica respecto a que nuestro país utilice a la cultura maya para atraer turismo y fomentar la cultura, mientras que estas comunidades se encuentran marginadas y desprovistas de servicios básicos como el agua.

Para fortalecer su argumentación hace referencia al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”

La proponente establece que el mandato constitucional es claro en el sentido que el Estado debe brindar el servicio de salud, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, con la finalidad de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.

La senadora Luz María Beristáin Navarrete continua en su exposición diciendo que en el artículo 4° de nuestra Constitución se plantea el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sin embrago, la proponente manifiesta que el Estado no está garantizando este derecho en el caso del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo, y plantea que esto va en contra del artículo 1° Constitucional que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, de tal suerte que no se está actuando en concordancia a la protección de los derechos humanos de los habitantes de ese municipio.

Finaliza diciendo que es necesario que el Estado asuma sus obligaciones y busque los mecanismos y acciones necesarias para garantizar el acceso y abastecimiento del agua potable al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, tomando en cuenta su extrema pobreza y su calidad como pueblo maya, es por las razones antes expuestas, que propone el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que realice las gestiones y acciones necesarias que garanticen el abastecimiento y acceso de agua potable a los ciudadanos de las comunidades mayas y habitantes en general del municipio de Felipe Carrillo Puerto, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho humano al agua.”

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento1. Y aunque estas cifras de por sí ya revelan una situación preocupante, la realidad es mucho peor aún, porque millones de personas pobres que viven en asentamientos precarios simplemente no están contabilizadas en las estadísticas nacionales. Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos.

Para afrontar la crisis, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua potable y al saneamiento debe encuadrarse en el marco de los derechos humanos. Ese acceso se menciona expresamente, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general N° 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Cuatro años más tarde, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha subrayado que el punto de partida y el principio unificador de la acción pública en relación con el agua y el saneamiento es el reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano básico.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también ha subrayado que el punto de partida y el principio unificador de la acción pública en relación con el agua y el saneamiento es el reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano básico.

A partir de estos esfuerzos internacionales varias constituciones nacionales protegen el derecho al agua o enuncian la responsabilidad general del Estado de asegurar a todas las personas el acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Tribunales de distintos ordenamientos jurídicos han emitido también fallos en causas relacionadas con el disfrute del derecho al agua, respecto de cuestiones tales como la contaminación de los recursos hídricos, los cortes arbitrarios e ilegales y la falta de acceso a servicios de saneamiento.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.

En el caso de México el párrafo sexto del Artículo 4o. constitucional establece que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Este párrafo hace que nuestra Carta Magna eleve a rango Constitucional el derecho humano del agua potable, pero no sólo a que las personas tengan acceso a ella, sino, además, a su saneamiento y disposición.

Al haber sido elevado el derecho al agua potable y saneamiento a derecho humano, adquirió las características propias del rango; es decir ahora es un derecho universal, indivisible, inalienable, interdependiente y que se interrelaciona con los demás derechos. En este caso el Estado mexicano se comprometió a asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud y para asegurar un nivel de vida adecuado.

El derecho al agua es un derecho humano también llamado de tercera generación cuyo fin es promover justicia social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Sin embargo, no hay que olvidar que la garantía plena del derecho siempre está supeditada a la existencia de recursos del Estado.

Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 13 millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua potable, esto en parte se debe a que miles de pequeños pueblos están aislados y son tan reducidos que no es costeable llevarles el servicio del agua.

Es por ello, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en que la reforma constitucional  publicada en el Diario Oficial de la federación el 8 de febrero de 2012, exige la aprobación de una Ley General de Aguas donde se establezca la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía, para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso hídrico, que sea congruente con el nuevo texto Constitucional para la consecución de los fines que la misma Carta Magna establece.

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se sustenta en elementos estratégicos y críticos que le dan soporte, forma y razón de ser, en respuesta a las necesidades hídricas actuales y las que se anticipan tanto para la presente Administración Pública Federal, como para aquellos desafíos que probablemente se presentarán en las siguientes tres o cuatro décadas, en consonancia con o como producto de los procesos de crecimiento y desarrollo nacional, así como por los efectos de la interacción cada vez más intensa de México en el concierto de naciones del orbe dentro de los procesos de globalización.

Los objetivos que plantea el PNH 2014-2018 inciden de manera directa principalmente en:

a) Promover y fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del agua como se plantea en el Programa Sectorial de Gobernación;

b) Garantizar la seguridad hídrica ante los efectos de fenómenos hidroclimatológicos extremos que atentan contra la vida humana en apoyo a los programas sectoriales de Gobernación y Defensa Nacional;

c) Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales en torno al agua para toda la población en sintonía con lo que establecen los programas sectoriales de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

d) Desarrollar el potencial humano del sector hídrico en correspondencia con lo que establece el Programa Sectorial de Educación;

e) Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, en concordancia con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en materia de agua como se plantea en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores.

g) De manera especial, también los objetivos del PNH 2014-2018 contribuyen con los programas sectoriales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario; Marina; Salud; Comunicaciones y Transportes; Energía y Turismo.

En ese orden de ideas, un elemento central de enorme importancia para la estructura y fundamento del Programa Nacional Hídrico 2014-2018, es precisamente la necesidad de emprender a partir de la presente administración del Gobierno de la República una sólida reforma integral del sector agua mexicano acompañada de la instrumentación firme y continuada de procesos de modernización de diversos pilares del desarrollo hídrico nacional.

Cabe mencionar que como una estrategia global, el Gobierno de la República ha hecho una sólida apuesta para atender la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento básico y, por ende, el apoyo objetivo y bien sustentado a la población en el mejoramiento integral de la gestión del agua, incluyendo la prestación de los servicios de agua en los asentamientos humanos y en el campo, con base en el desarrollo de su capacidad de trabajo por sectores, por cuencas y en su capacidad de articular en forma amplia y productiva las relaciones con entidades federativas y a través de estos, con los municipios, con apoyo en una Transversalidad institucional que debe madurar y perdurar.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y esta estrategia global son los pilares en los cuales descansa el Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Para instrumentarse, es menester, sin duda alguna, realizar una profunda transformación del sector agua mexicano, iniciando con su integración en definitiva para darle existencia, sentido y visión de futuro. Esa transformación conlleva la instrumentación de reformas cruciales de la mano con elementos de modernización que son insoslayables para alcanzar el éxito en la consecución del objetivo global del sector: lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica en México. Bajo esa visión estratégica, las reformas estarán orientadas para extraer el máximo potencial a los elementos que dan forma y contenido al Programa Nacional Hídrico como instrumento crucial para el desarrollo de los recursos hídricos en México.

La visión del Estado Mexicano en relación con el agua ha sido gradualmente articulada y mejorada durante décadas; se ha privilegiado la aplicación de una agenda de desarrollo hídrico vinculada cada vez en forma más estrecha con el medio ambiente, biodiversidad, ordenamiento territorial, energía, clima, agricultura, uso del suelo, y desarrollo económico, así como con la importancia de emprender reformas jurídicas, institucionales, financieras, de planificación hídrica y de gestión de los recursos humanos en el sector agua, junto con mejoras y ampliaciones en la infraestructura hídrica que reclama el desarrollo de México.

Nuestro país tiene la voluntad de impulsar los esfuerzos necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en aquellas localidades donde las condiciones hídricas, económicas, sanitarias y humanas sean menos favorables, así como en áreas geográficas donde los riesgos derivados de los efectos adversos ocasionados por el cambio climático o variabilidad climática en materia hídrica sean mayores.

Hoy por hoy, el agua debe ser apreciada como un elemento integrador que contribuya a dar paz a los mexicanos, para evitar conflictos y dar seguridad a todos; que contribuya a ser un factor de justicia social, que todos los mexicanos tengan acceso al recurso de manera suficiente, asequible, de buena calidad y oportunidad para hacer valer el derecho humano previsto en el artículo 4 constitucional, que sea un elemento que contribuya a disminuir la pobreza en el país y que propicie el bienestar social.

En este sentido, los integrantes del Tercera Comisión de Trabajo  consideramos que cualquier política pública en materia hídrica debe contemplar al agua como un recurso escaso, estratégico y a la vez fundamental para respaldar el crecimiento económico y social, que debe servir como motor para el desarrollo sustentable local, regional y nacional y de importancia vital para la seguridad nacional.

Es por todo ello, y con base al nuevo mandato constitucional esta Comisión dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que es necesario que el Estado asuma sus obligaciones y busque los mecanismos y acciones necesarias para garantizar el acceso y abastecimiento del agua potable al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las instancias correspondientes del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a que en el ámbito de sus atribuciones intensifique las acciones para garantizar el abastecimiento y acceso de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a los habitantes en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las dependencias, entidades y organismos encargados de coordinar las acciones enmarcadas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, a que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos, especialmente en aquellas localidades donde las condiciones económicas, sanitarias y humanas sean menos favorables, así como en áreas geográficas donde los riesgos derivados de los efectos adversos ocasionados por el cambio climático en materia hídrica sean mayores.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instruir a la administración de dicho órgano desconcentrado el diseño e implementación de un esquema de descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los créditos con garantía hipotecaria otorgados por el FOVISSSTE.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a instruir al Vocal Ejecutivo de dicho Instituto a implementar un esquema de descuento por liquidación anticipada de los créditos a la vivienda, suscrita por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La vivienda constituye un derecho tanto humano como social que es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 4º de nuestra Constitución, la vivienda es considerada como un derecho humano, y por tanto inherente a todo individuo. De igual; en el artículo 123 se establece el derecho social a la vivienda, tanto en su apartado A como en el B; así como la obligación de las empresas privadas o públicas de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esto se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran, construyan o mejoren tales habitaciones.

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones, en las que menciona que a pesar del mandato constitucional, el desarrollo y distribución de la vivienda en nuestro país, no se ha reflejado equitativamente. De acuerdo con datos del INEGI, en México la vivienda suele ser la mayor inversión y el principal patrimonio de las familias, por ello es concebida como una necesidad básica y su provisión se considera factor de bienestar social. Además, en nuestra sociedad su producción es esencial dentro de la actividad económica y constituye un importante indicador del nivel de desarrollo social alcanzado.

C. En este sentido, señala la legisladora que en la vivienda se resumen muchas características físicas que determinan el nivel de salud y bienestar de los ocupantes. En términos absolutos, las viviendas se incrementaron 6.7 millones en los últimos 10 años; con una tasa de crecimiento de 2.6% entre 2000 y 2010. Esto significa que el sector habitacional continúa desarrollándose a una velocidad por encima de la tasa de crecimiento poblacional.

Sin embargo, el panorama optimista se ve influenciado por el cambio de concepción demográfica y otros factores, que no necesariamente implican una distribución adecuada y justa de la vivienda. Al respecto, el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C., estimó que de la demanda de vivienda para 2030, incluyendo el rezago ampliado, un 41% será población no derechohabiente y sin capacidad de pago.

Bajo dicho contexto, es de vital importancia fortalecer a los organismos públicos que otorgan créditos hipotecarios, en especial el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que carece de personalidad jurídica, autonomía técnica y patrimonio propios, a diferencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

D. Asimismo, la proponente señala que, en términos de la Ley del ISSSTE, el Fondo de la Vivienda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), cuyo objeto es el de establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento de los Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), se creó en 1972, mediante los siguientes Decretos:

El 10 de noviembre de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el Decreto por el que se reformó el inciso f), de la fracción XI, del apartado B, del artículo 123 Constitucional, para quedar en los siguientes términos:

“...el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, o mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que hagan a dicho fondo serán entregadas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos;"

El 28 de diciembre de 1972, se publicó en el D.O.F. el Decreto que reforma y adiciona a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir de la cual se establece la operación y funcionamiento de un Fondo especializado, cuyos recursos financieros provendrían del Estado:

Artículo 3°.- Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

XIV.- Préstamos hipotecarios para la adquisición en propiedad de terrenos y/o casas, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; El Fondo de la Vivienda es el Órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de administrar las aportaciones de las dependencias y entidades públicas, afiliadas al ISSSTE, constituidas para otorgar créditos para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas a los trabajadores del Estado.

Bajo dicho contexto se creó el FOVISSSTE, órgano considerado el homólogo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); con la diferencia que el primero opera bajo el fundamento del Apartado B del artículo 123 de la Constitución y por tanto de los trabajadores del Estado; y el segundo al amparo del Apartado A del citado artículo y en función de todos los trabajadores a nivel nacional.

E. La Diputada proponente señala que, no obstante lo anterior, y guardando las respectivas proporciones, el INFONAVIT con la intención de hacer mejoras en materia de cobranza preventiva en 2006, procedió a la implementación de una sería de instrumentos como son el seguro de protección de pagos, el establecimiento del programa Club Recompensas para estimular el cumplimiento en el pago de los créditos y reconocer el esfuerzo de los acreditados cumplidos.

El INFONAVIT, a través del programa Club Recompensas, expidió las Bases de participación “Descuento por liquidación anticipada”, la cual tiene por objetivo otorgar un incentivo a los acreditados que liquiden de manera anticipada el saldo total de su crédito INFONAVIT, con las siguientes características:

Beneficiarios

Acreditados que se encuentren al corriente en el pago de su crédito y que no tenga prórroga, reestructura, esté en proceso de demanda o ya esté demandado, se les otorgará un descuento en su liquidación anticipada.

En qué consiste la recompensa

1. Del saldo total de su crédito, los acreditados deberán pagar el monto con descuento en una sola exhibición, en la fecha límite indicada para esta recompensa.  

2. Si el pago está incompleto, no se aplicará el descuento y sólo se abonará al crédito, y en cuanto el pago se refleje en el estado de cuenta, podrán solicitar nuevamente esta recompensa.  

3. Si el pago es mayor al monto a liquidar, el acreditado obtendrá un descuento menor. Es muy importante que sólo pague la cantidad que se especifica en el monto a liquidar, ya que no hay devoluciones.  

4. El monto a pagar que se le indica al acreditado ya incluye el descuento, por lo que si el acreditado hace el pago del 100% de su deuda no habrá devolución.  

5. La devolución de saldos en exceso sólo procederá cuando el INFONAVIT entregue al acreditado una carta de certificación de saldos y se liquide el 100% de la deuda. Una vez que se confirme que el crédito se ha liquidado, el acreditado debe solicitar, por medio del portal del INFONAVIT o en Infonatel, la devolución del excedente y enviar la carta de certificación de saldo como evidencia.  

6. En el caso de los créditos cofinanciados, el descuento sólo aplica en el saldo del crédito otorgado por el INFONAVIT.

Cómo se aplica

Los porcentajes de descuento son autorizados por el H. Consejo de Administración del INFONAVIT de la siguiente manera y conforme a las características financieras del crédito:

30% de descuento a los créditos otorgados antes de agosto de 1995 que no tengan una reestructura vigente.  

30% de descuento si el saldo total del crédito es igual o menor a 30 mil pesos.  

10% de descuento si la fecha de otorgamiento del crédito fue hace 10 años o más y han realizado sus pagos en tiempo y forma. Se excluyen créditos que hayan sido reestructurados, que cuenten con una prórroga anterior o vigente, demandados o en convenio judicial.  

5% a 10% si el crédito tiene al menos dos años de otorgado  

Se excluyen, créditos Renueva tu Hogar y créditos otorgados por segunda ocasión.  

El acreditado debe hacer el pago de manera directa y en una sola exhibición y no vía nómina para que se respete el beneficio otorgado.  

El acreditado debe hacer los pagos en alguna de las siguientes dos cuentas:  

Banco Santander-Serfín al número de cuenta 1234, a nombre del INFONAVIT, con su número de crédito, que consta de 10 dígitos, como referencia.  

Banco HSBC al número de cuenta 5081, a nombre del INFONAVIT con su número de crédito, que consta de 10 dígitos, como referencia.  

El descuento aplicado se podrá verificar 10 días hábiles después de que en el estado de cuenta del acreditado se refleje el pago de liquidación.

Procedimiento

a. Registrar o actualizar sus datos en el Club Recompensas Mi INFONAVIT en www.infonavit.org.mx > trabajadores > Ya obtuve mi crédito > Club Recompensas Mi INFONAVIT.

b. Seleccionar Descuento por liquidación anticipada > opción Consulta tu monto a liquidar y solicita tu descuento.

c. Imprimir la página en la que se indica el monto a liquidar y el descuento que se otorgó, y confirmar la solicitud.  

Las bases de participación están sujetas a cambio sin previo aviso

F. Concluye la proponente al señalar que:

“Derivado de lo anterior, resulta contradictorio que el homólogo del INFONAVIT, es decir el FOVISSSTE, no implemente ningún mecanismo preventivo de cobranza, que estimule el pago anticipado de los créditos otorgado por el organismo y que lo dote del flujo de efectivo necesario para seguir prestando el servicio”.

G. Con lo anterior,  la proponente formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo”

ÚNICO. Se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que instruya al Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a implementar un esquema de descuento por liquidación anticipada de los créditos a la vivienda.”

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente la implementación de un esquema de descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los créditos con garantía hipotecaria  otorgados por el FOVISSSTE.

D. Como acertadamente lo señala la proponente, el derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad seguras donde vivir en paz, con dignidad y salud física y mental.

Es necesario mencionar que el reconocimiento del derecho a una vivienda digna en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado recogido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual señala: 

“Artículo 25.
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

…”. 

Asimismo, el derecho a una vivienda adecuada se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece:

“Artículo 11.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  

…”. 

Así los gobiernos locales signatarios del pacto deben desarrollar políticas que garanticen este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables. Para hacerlo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas considera que, independientemente del contexto, hay algunos elementos que hay que tener para que la vivienda se pueda considerar adecuada: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar y, g) adecuación cultural.

F. En este sentido, es importante destacar que el FOVISSSTE ha transitado hacia una política con matices claramente sociales para llevar a cabo la recuperación de los créditos que otorga, tal como lo constata la emisión por parte de la Comisión Ejecutiva del Modelo Integral de Cobranza emitido el 17 de diciembre de 2013, mediante acuerdo 5781.867.2013.

G. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden, sin duda, en que uno de los pilares de dicho modelo es la prevención y el establecimiento de políticas institucionales específicas en este campo, situación que se sincroniza con las atribuciones establecidas en el Reglamento que facultan a dicho órgano desconcentrado para fomentar la cultura de pago oportuno de los créditos otorgados.

En este sentido, esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta de punto de acuerdo presentada abona a este enfoque social, por lo que en el ámbito de las atribuciones de ese órgano desconcentrado deberá  solicitarse que se lleve a cabo los análisis financieros y operativos necesarios para contar con un programa que estimule el pago anticipado de los derechohabientes.

H. Ahora bien, en este contexto, se debe puntualizar que el exhorto propuesto por la Diputada Cerda Franco, debe ser dirigido a la Comisión Ejecutiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a efecto que como órgano coadyuvante en la administración del FOVISSSTE, instruya lo procedente para darle cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 167  de la Ley del ISSSTE que establece lo siguiente:

“Artículo 167. El Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las Aportaciones que las Dependencias y Entidades realicen a favor de los Trabajadores.

El Instituto contará con una Comisión Ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la Vivienda de acuerdo con el reglamento que emita la Junta Directiva.

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán por una sola vez.

El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda se podrá contratar cualquier tipo de servicios.”

Asimismo, se establece en el artículo 174 cuáles serán las atribuciones y funciones de dicha Comisión:

“Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

Resolver sobre las operaciones del Fondo de la Vivienda, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá acordar lo conducente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente;  

II. Examinar, en su caso aprobar y presentar, a la Junta Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los estados financieros y el informe de labores formulados por el Vocal Ejecutivo;

III. Presentar por conducto del Vocal Ejecutivo a la Junta Directiva para su aprobación, el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda;

IV. Proponer a la Junta Directiva, el programa de constitución de Reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda, y

V. Las demás que le señale la Junta Directiva.”

Finalmente, esta Comisión dictaminadora reconoce la preocupación de la proponente, por ello concuerda en que es necesario diseñar e implementar un esquema de descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los créditos con garantía hipotecaria  otorgados por FOVISSSTE.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-Se exhorta a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a instruir a la administración de dicho órgano desconcentrado, previo los análisis financieros y operativos necesarios, el diseño e implementación de un esquema de descuento destinado a incentivar la liquidación anticipada de los créditos con garantía hipotecaria  otorgados por el FOVISSSTE, sin demérito del cuidado en el cumplimiento del objeto que le da sentido y que es la óptima administración del patrimonio de los trabajadores al servicio del estado.

TERCERA COMISIÓN





 

Otro, que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a aumentar la capacitación y actualización del personal de verificación de riesgos en establecimientos y productos veterinarios en los centros de manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución de alimento procesado para animales de compañía.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a fortalecer las unidades de verificación de calidad y detección de riesgos en los establecimientos y productos para consumo animal, así como agilizar la obligatoriedad del manual de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimento procesado para animales, suscrita por el Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Actualmente existen altos estándares de calidad a nivel mundial para la fabricación de alimento procesado para consumo animal y es una realidad que para que los productos nacionales sean competitivos a nivel internacional deben cumplir con estos estándares. Lo anterior obliga a nuestros país a adecuar su marco regulatorio y adaptarlo a la tendencia internacional para que por una parte, estemos a la altura de los mercados internacionales, y por la otra, se ofrezcan productos de calidad que garanticen la seguridad y el bienestar de los animales que los consumen”.

Asimismo, nuestro país forma parte de la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) y una de sus grandes preocupaciones es que los países miembros implementen políticas públicas encaminadas al bienestar animal, por lo que México no puede ser la excepción.

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de consideraciones, en las que menciona que como parte de las condiciones que se deben observar para garantizar el bienestar animal, la fabricación de productos de consumo animal debe cumplir con controles de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria, así como contener los nutrientes suficientes para el óptimo desarrollo de cada especie. Este proceso de elaboración debe atender aquellos estándares basados en la investigación técnica y científica así como las recomendaciones de organismos expertos en la materia. En este sentido, es crucial el papel que juega la autoridad para garantizar mediante una supervisión efectiva que se minimicen riesgos biológicos, químicos y físicos en el proceso de manufactura de estos productos.

C. En este sentido, señala el legislador que en el caso de los animales de compañía, cualquier carencia en los requerimientos mínimos de nutrientes, sanidad e inocuidad del alimento procesado puede repercutir negativamente en su crecimiento y desarrollo, además de causarles problemas dermatológicos, disturbios en la condición corporal, pérdida de las piezas dentales, trastornos en la función digestiva y en la calidad de las heces, constipación, diarreas crónicas, vómito ocasional, deterioro del sistema inmune, desarrollo de diversas enfermedades incluidas las transmisibles al ser humano (zoonosis) e incluso la muerte.

Por el contrario, los animales de compañía que consumen alimentos procesados que cumplen con los estándares correctos de calidad se encuentran menos expuestos a agentes que puedan causarles daños a la salud y por ende tienen un mejor desarrollo a lo largo de su vida. Lo anterior es de gran relevancia si tomamos en cuenta que gran parte de la sociedad mexicana considera a su animal de compañía como un miembro más de su familia. Por ello, es indispensable fomentar y procurar acciones que aseguren los más altos estándares de calidad en este tipo de alimento.

Para lograr lo anterior, es fundamental la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que son las autoridades del Gobierno Federal que tienen la competencia necesaria para garantizar por un lado, los recursos necesarios para la inversión en unidades de verificación y por otro, la ejecución adecuada de estas unidades para prevenir cualquier riesgo en la fabricación de alimento procesado para animales.

D. Asimismo, el proponente señala que, es de vital importancia mantener actualizado el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración de productos alimenticios para consumo animal, el cual norma a esta industria conforme con las recientes tendencias y las mejores prácticas a nivel internacional.

E. Concluye el proponente al señalar que:

“No podemos dejar de mencionar la creciente exigencia por parte de la sociedad en cuanto a que las autoridades diseñen e implementen políticas públicas que garanticen la protección y trato digno de los animales, lo cual se demuestra con ejemplos como la ola de prohibiciones en el uso de animales en espectáculos registrada en diversos estados y municipios de la República Mexicana, así como la aprobación de legislaciones para endurecer las sanciones por maltrato animal. Estos esfuerzos sin lugar a dudas encausan a México en el camino correcto para convertirse en un país que vela por el bienestar animal”.

E. Con lo anterior,  el proponente formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO”

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar los recursos dedicados a la capacitación, actualización y adiestramiento del personal de verificación de riesgos químicos, físicos y biológicos de los establecimientos y productos veterinarios que llegan a más de 12 millones de hogares en nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a concentrar el enfoque de los verificadores de riesgos en establecimientos y productos veterinarios en los centros de manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución de alimento procesado para animales de compañía, toda vez que en ellos se focaliza el alcance más relevante de riesgos de contaminación y manejo inapropiado que puede resultar en graves perjuicios para los animales de compañía o sus propietarios.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a publicar lo antes posible la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que norma a la industria de alimento procesado para animales.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente redoblar esfuerzos en la capacitación y vigilancia de los verificadores de riesgos en establecimientos y productos veterinarios en los centros de manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución de alimento procesado para animales de compañía.

D. Como acertadamente lo señala el proponente, el amparo de los animales de compañía es un tema que suscita mucho interés, pero del que hay muy poca información.

Las condiciones y elementos naturales que constituyen un medio saludable y de sobrevivencia a la humanidad, han sido y seguirán siendo la flora y fauna. Sin embargo, es el mismo hombre el que está propiciando en forma acelerada la alteración, perturbación o extinción en algunos casos de estos elementos indispensables, ya sea contaminando su medio, torturando, envenenando a través de productos consumibles por estos o exterminando a la fauna.

Adicionalmente, resulta relevante hacer mención que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, establece estrategias para el cumplimiento de las normas en materia de salud animal, en las que se definen lineamientos, tácticas y plan de trabajo.

Para los productos veterinarios, se elaboran y establecen los procesos de registro y autorización de productos químicos, alimenticios de uso o consumo animal, a fin de cumplir con las especificaciones de producción, calidad, seguridad e inocuidad, en apoyo a las campañas zoosanitarias, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

Asimismo, se realiza la dictaminación técnica y validación de la emisión de certificados de registro de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios de uso o consumo animal. Con el fin de que las empresas nacionales puedan registrar y exportar sus productos a otros países.

E. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en que los establecimientos industriales, mercantiles o importadores de productos veterinarios y materias primas cumplan con la legislación y normatividad vigente en México para garantizar que sus actividades no pongan en riesgo la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y la calidad de los productos que elaboran o importan.

F. En este sentido, es necesario mencionar que, en la ley Federal de Sanidad Animal se establece el control de productos para uso o consumo animal, el control de establecimientos y actividades y servicios, en donde se señalan todos y cada uno de las obligaciones que deben cumplir los dueños, administradores, propietarios o poseedores de los establecimientos en los que se comercializan los productos para consumo animal, así como los médicos veterinarios responsables autorizados en su caso.

Asimismo, en el mismo ordenamiento legal se establece en el artículo 122 que “la verificación es el procedimiento mediante el cual la Secretaría o una unidad de verificación aprobada por la misma, realizan en un momento determinado la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos a procesos, productos, sistemas y establecimientos.

Para la verificación, la Secretaría o unidades de verificación podrán auxiliarse de terceros especialistas autorizados por la misma.

La Secretaría, las unidades de verificación y los terceros especialistas autorizados emitirán dictámenes del grado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas”.

G.Ahora bien, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, compartimos la inquietud del proponente, sin embargo, es necesario aclarar que en la ley Federal de Sanidad Animal se establece lo siguiente:

“Artículo 145.- La Secretaría promoverá cursos de capacitación y de formación de profesionales en las actividades sujetas a aprobación o autorización de la Secretaría y que requieran conocimientos específicos relacionados con la sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias.”

Asimismo, se señala que:

“Artículo 146.- Los profesionistas autorizados, deberán estar permanentemente actualizados y aprobar los exámenes de conocimientos y cumplir con los requisitos que se determinen en el Reglamento de esta Ley.”

Al respecto el Reglamento de la Ley establece que:

Artículo 240. La Secretaría difundirá un programa de capacitación basado en cursos de inducción y actualización acerca de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas, dirigido a las personas físicas que deseen autorizarse. Será obligación de los médicos veterinarios responsables y terceros especialistas autorizados tomar los cursos de capacitación en las instituciones académicas, científicas, federaciones o colegios de profesionistas, institutos, organizaciones o asociaciones expertas en estos temas, que determine la Secretaría para fines de su autorización, y que éstas otorguen la constancia de asistencia, de acuerdo con los convenios que para tal fin celebre la Secretaría con dichas organizaciones.

Artículo 241. La Secretaría difundirá el calendario para los cursos de inducción y actualización, de los médicos responsables autorizados, terceros especialistas autorizados y profesionales autorizados que verifiquen el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y las disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación, así como de buenas prácticas pecuarias y de manufactura.

En este sentido, será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la encargada de la capacitación y certificación de todos aquellos interesados en realizar verificaciones de sanidad animal.

Finalmente, esta Comisión dictaminadora reconoce la preocupación del proponente, por ello concuerda en que es necesario que el personal encargado de las verificaciones de riesgos químicos, físicos y biológicos de los establecimientos y productos veterinarios cuenten con toda la capacitación y actualización necesaria en sanidad animal.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a aumentar la capacitación y actualización del personal de verificación de riesgos en establecimientos y productos veterinarios en los centros de manufactura, almacenes de importadores y centros de distribución de alimento procesado para animales de compañía, toda vez que en ellos se focaliza el alcance más relevante de riesgos de contaminación y manejo inapropiado que puede resultar en graves perjuicios para los animales de compañía o sus propietarios.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a analizar, y en su caso actualizar, el contenido del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración de productos alimenticios  para consumo animal con respecto a las recientes tendencias y las mejores prácticas internacionales.

TERCERA COMISION.





 

Otro, que exhorta a la PROFECO a revisar el contenido de su página electrónica y, en su caso, actualizar la base de datos denominada “Quién es quién en las gasolineras”, a fin de informar al público la ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le fueron turnados para su análisis y dictamen diversas proposiciones en relación con la verificación de gasolineras en nuestro país.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA:

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar diversas proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

1. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

2. En el apartado denominado "Contenido de las Proposiciones" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente las propuestas de los resolutivos de los proponentes.

3. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen

I. ANTECEDENTES.

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2014, los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Director de PEMEX haga del conocimiento público el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuántos procedimientos ha iniciado al respecto.

b. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Tercera Comisión de trabajo para su análisis y estudio correspondiente.

c. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del miércoles 18 de junio de 2014, el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a promover y apoyar la constitución de un comité ciudadano externo que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a nivel nacional.

d. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Tercera Comisión de trabajo para su análisis y estudio correspondiente.

II. CONTENIDO.

En la propuesta de los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, se destaca que existen 2,909 gasolineras que venden litros incompletos de combustible a sus clientes.

Indican también, que deben existir visitas comerciales en forma permanente para constatar el cumplimiento de las obligaciones de los franquiciatarios y en caso de contravenir los reglamentos, se estaría en posibilidad de motivar la rescisión de los contratos de franquicia. Por lo que hacen la siguiente propuesta:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente solicita respetuosamente al Director de Pemex, C. Emilio Lozoya Austin, haga del conocimiento público un plazo no mayor de 10 días hábiles, el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuantos procedimientos ha iniciado al respecto, en el periodo comprendido 2010 a 2014.

SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita al Titular de la PROFECO, C. Alfredo Castillo Cervantes, haga del conocimiento público el número de estaciones y ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; así como de las sanciones impuestas; y se le exhorta a que intensifique los operativos de verificación a gasolineras y que actualice cada 30 días la base de datos denominada “quién es quién en las gasolineras” que es publicada en la página web http://www.profeco.gob.mx/”.

La propuesta del Diputado Borboa Becerra señala que según informes oficiales de la página web de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 10 de junio del 2013 se presentaron los últimos reportes en los que se detalló la inmovilización de 15 dispensadores y 60 mangueras de gasolineras en la Ciudad de México.

El legislador señala que los consumidores mexicanos deben lidiar con la estafa que cometen las gasolineras del país y que cuatro de cada 10 gasolineras en México roban a los automovilistas, vendiendo litros de combustible de manera incompleta.

Menciona que la anomalía más recurrente es la alteración de las bombas de gasolina con la intención de despachar menos combustible. “En el 2013, como parte de su programa permanente de verificación, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó 2 mil 359 verificaciones en estaciones de servicio ubicadas en todo el país. En 850 gasolineras, 36 por ciento del total, se detectaron presuntas irregularidades en los instrumentos de medición que se utilizan para expender gasolina”.

Al tenor de lo anterior, propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva y apoye la constitución de un comité ciudadano externo que dé seguimiento a las verificaciones de las gasolineras a nivel nacional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que las visitas de verificación a las gasolineras del país sean permanentes, y que haga público y actualice el registro de la cantidad y ubicación de las gasolineras que sean clausuradas en dichas visitas, así como de las sanciones impuestas a las mismas.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Derivado de la similitud en las proposiciones presentadas en relación con la verificación de las gasolineras en la República, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos pertinente el análisis y estudio de los puntos de acuerdo a fin de enriquecer el exhorto correspondiente.

D. Ambas propuestas hacen hincapié en la existencia de irregularidades en la expedición de gasolina, derivada de fallas o alteraciones en los dispositivos de medición de las franquicias.

E. Los proponentes remarcan que han existido diversos operativos y sanciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, que en apego al artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es la encargada de verificar a través de visitas o por cualquier otro medio el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores que otorguen un servicio.

F. Dicha norma señala que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor.

G. En consecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, por ser la instancia encargada de informar al público sobre las gasolineras que han sido clausuradas, debe procurar que dicha información se encuentre actualizada en su sitio electrónico, a efecto de transparentar la actividad de dichos establecimientos.

H. Por su parte, Petróleos Mexicanos es el órgano encargado de vigilar que los franquiciatarios cumplan con las obligaciones pactadas en los contratos de Franquicia y de Suministro, descritas en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y demás normatividad aplicable.

I. De manera que en caso de que un franquiciatario incurra en el incumplimiento de      sus obligaciones, se podrán suspender totalmente las operaciones de la estación de servicio.

J. En este contexto, esta Comisión acompaña a los proponentes de ambas proposiciones en su petición de exhortar a las autoridades competentes a fin de actualizar sus páginas electrónicas para estar en posibilidad de informar a los ciudadanos sobre aquellos establecimientos que presenten irregularidades.

K. Con la actualización periódica del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor se podrá lograr el buen comportamiento de los proveedores de combustible para que realicen una revisión periódica de los instrumentos de medición que utilizan para operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente aplicable,   principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la NOM-005-SCFI-2005 sobre sistemas de despacho de combustible.

En este sentido, por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas al proemio del presente dictamen, se somete a consideración de este H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar el contenido de su página electrónica, y en su caso, actualizar la base de datos denominada “quién es quién en las gasolineras”, a fin de informar al público la ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; así como las sanciones impuestas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicano a remitir un informe a esta Soberanía sobre las gasolineras a las que se les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos en el periodo comprendido 2010 a 2014.

TERCERA COMISION.





 

Otro, por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Auditoria Superior de la Federación a poner especial atención al desarrollo y ejecución de obras públicas y programas sociales en Nuevo León en la revisión de la Cuenta Pública del año 2014.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la revisión de la Cuenta Pública de 2014, ponga especial atención al desarrollo y ejecución de obras viales realizadas en el estado de Nuevo León por parte del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, suscrita por los Diputados Consuelo Argüelles Loya y José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 25 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. Los proponentes se basan  en las siguientes consideraciones:

Señalan que el trabajo de algunas delegaciones del Gobierno Federal en Nuevo León no ha correspondido con el apoyo del Estado al Pacto Federal, pues se han realizado obras y acciones de manera deficiente en unos casos y de manera partidista en otros.

Argumentan los casos del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Nuevo León, de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado, y de la Comisión Nacional del Agua (CNA) (sic).

En el caso de la SCT Nuevo León argumentan falta de planeación, fallas en la realización de obras viales que no resuelven problemas, así como retraso en la entrega de trabajos.

De la Secretaría de Desarrollo Social, afirman que los programas sociales  como 65 y más, y la Cruzada Nacional contra el Hambre se manejan con criterios partidistas por parte del delegado de la citada Secretaría en el Estado.

Finalmente, dicen que es importante también revisar la labor realizada por la CNA (sic), que lleva más de un año de retraso en el desazolve del lecho del río Santa Catarina.

Por estos casos, solicitan la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que audite y revise la labor de estas dependencias federales en el Estado de Nuevo León.

De manera detallada, exponen los ya mencionados casos, afirmando lo siguiente:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Centro SCT Nuevo León.

Director General: Heriberto Treviño Cantú.

• Conexión vial Túnel de la Loma Larga con Morones Prieto, en Monterrey. 

La SCT no respetó su norma interna al habilitar por la calle Castelar un carril de 2.70 metros de ancho, que no tiene banqueta y representa un peligro para vecinos, automovilistas y peatones. Tiene señalización deficiente y la obra tuvo un retraso de 4 meses.

• Paso vial en Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma en Monterrey. 

Esta obra lleva 6 meses de retraso, pues debió concluirse en diciembre pasado, pero fallas en la planeación han modificado el proyecto original al construir sobre veneros de agua subterráneos. Ello provocó que un puente peatonal  colapsara.

• Puente vehicular en Díaz Ordaz y 20 de noviembre en Santa Catarina. 

Tras casi 4 meses y medio de retraso, la SCT abrió esta obra a la circulación aunque a medias, sólo funcionan dos de sus tres carriles, al faltar trabajos complementarios.

• Gaza vial para conectar carriles de Constitución con el Puente Revolución, en Monterrey. 

Lejos de resolver un problema, la SCT creó otro, pues provocó un crucero más peligroso pues los automovilistas que buscan incorporarse a Morones Prieto tienen que brincar tres carriles dentro de un tramo de apenas 20 metros de largo, por lo que la SCT intentó resolver el problema instalando boyas altas, sin embargo el riesgo persiste y desaparece la utilidad de esta obra, que fue puesta en marcha tras un mes de retraso.

• Puente vehicular en Sendero y Raúl Salinas, en Escobedo. 

Esta obra costó 120 millones de pesos, ha presentado fallas como hundimiento en una parte de la carpeta asfáltica y no ha resuelto el congestionamiento vial en este sector en los límites de San Nicolás y Escobedo.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

Delegación Nuevo León.

Delegado: Pablo Elizondo García.

• Cruzada Nacional contra el Hambre. 

En la primera etapa del programa se inscribió al municipio de Monterrey, sin embargo se han registrado problemas por el manejo del programa dejando fuera a las autoridades municipales. Ya en la segunda etapa, el delegado de SEDESOL en NL inscribió solamente a municipios priistas como Guadalupe, Apodaca, Escobedo, García y Anáhuac, cuya pobreza extrema va del 0.011% en Anáhuac al 0.81% en Escobedo, además según el CONEVAL, Apodaca y Escobedo, junto con San Nicolás y San Pedro son los municipios con menor proporción de pobreza en el Estado.

A la fecha no sabemos qué criterios técnicos se utilizaron para esta selección de municipios.

• Programa 65 y más. 

Recientemente gestores del programa denunciaron el despido de 20 empleados de la dependencia por negarse a promover a candidatos de PRI ante beneficiarios del programa, adultos mayores. El delegado respondió que solamente fueron 10 y dijo que fueron despedidos porque favorecían a un partido que no era el PRI, sin embargo, la actuación partidista del delegado quien constantemente tiene roces con alcaldes surgidos de Acción Nacional requiere que se realice una investigación sobre el manejo de SEDESOL en Nuevo León.

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA)  (sic).

Delegado: Óscar Gutiérrez Saldaña.

• Desazolve del río Santa Catarina. 

El primer plazo para terminar el desazolve lo fijó la CNA (sic) para el mes de abril de 2013, posteriormente recorrió la fecha para julio del mismo año, después el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado afirmó que en agosto de 2013 se iniciaría la construcción de módulos deportivos desmontables, posteriormente esta conclusión de los trabajos de desazolve se fijó para fines del año pasado.

Ya se tiene más de un año de retraso y no hay una información oficial ni de CNA (sic) ni del Gobierno del Estado acerca de los trabajos de desazolve y la instalación de canchas deportivas rústicas y gratuitas en el lecho del río Santa Catarina.

Ante esta situación, los proponentes urgen que intervenga la Auditoría Superior de la Federación.

En el aspecto técnico la ASF debe revisar las cuentas públicas de estas dependencias del Gobierno Federal.

B. Con lo anterior formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

Unico: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, la Auditoría Superior de la Federación, para que en la revisión de la Cuenta Pública del año 2014, ponga especial atención al desarrollo y ejecución de obras viales realizadas en el Estado de Nuevo León por parte del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, detalle de las cuales se encuentra incluido dentro de las Consideraciones de este documento. Además que revise la aplicación del programa de apoyo a adultos mayores 65 y Más por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Nuevo León, así como los criterios técnicos para incluir unos municipios y excluir otros dentro de la segunda etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad. Por último solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación revise el programa de desazolve del río Santa Catarina realizado por la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Nuevo León.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y  dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta, misma que se desecha tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Lo solicitado por los proponentes versa sobre obras y programas de la delegación de la SEDESOL en Nuevo León, del Centro SCT Nuevo León y de CONAGUA en su sede de Nuevo León. No obstante lo anterior, los proponentes buscan exhortar a la Auditoria Superior de la Federación en su carácter de entidad de fiscalización para que ponga especial atención en la revisión de la Cuenta Pública del 2014 al desarrollo y ejecución de obras viales, aplicación del programa 65 y Más, los criterios para incluir y excluir municipios dentro de la segunda etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, el programa de desazolve del río Santa Catarina, realizados en el ámbito de sus competencias por las ya citadas representaciones de la Federación en el estado de Nuevo León.

Esta comisión dictaminadora parte de la premisa de analizar los hechos afirmados por los proponentes en torno a cada dependencia, sin embargo, en la presente proposición que se dictamina, la dependencia que se busca exhortar es la Auditoria Superior de la Federación, misma que debe actuar con profesionalismo, responsabilidad e imparcialidad con respecto a la fiscalización que realiza, conforme a las siguientes consideraciones.

El exhortar a la Auditoria Superior de la Federación a que “ponga especial atención” en obras y programas en lo particular contraviene el principio de imparcialidad, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Lo anterior tomando en cuenta que la Auditoria tendría que actuar de manera parcial al darle mayor atención a la revisión de esos programas y obras por encima de otros, además, se considera que la Auditoria Superior de la Federación mantiene especial atención en todos los proyectos, programas y obras que fiscaliza.

La proposición constituye un prejuicio por parte de los proponentes con respecto al profesionalismo y responsabilidad con los que actúa la Auditoria. Además, realizar un exhorto de este tipo afecta la autonomía técnica y de gestión del órgano fiscalizador, pudiendo establecer un precedente en el que el Auditoria Superior de la Federación tendría que responder a intereses partidistas y particulares.

Aunado a lo anterior, es claro que la Auditoria Superior de la Federación no es omisa y realizará las acciones conducentes dentro del ámbito de facultades que le competen, lo anterior en el momento que tenga que revisar la Cuenta Pública respectiva en relación con los proyectos que enumeran los proponentes, es decir, al termino del ejercicio fiscal del 2014.Lo anterior, con fundamento en los artículos 79de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1,3,4, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se transcriben a continuación los citados numerales:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.

La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.

Está dictaminadora tampoco pasa por alto que la información y documentación relacionada con las observaciones y acciones que se emiten con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública y su seguimiento, será reservada hasta en tanto no se consideren concluidas dichas observaciones y acciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, 14, fracciones V y VI y 18, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los criterios Decimosexto y Decimoséptimo, del Acuerdo por el que se establecen los criterios del Comité de Transparencia y Acceso a la Información sobre la Clasificación y Desclasificación de la Información de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 2014.

Por lo ya expuesto, esta comisión desecha la proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, numerales 1 y 3 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita que se exhorte a la Auditoria Superior de la Federación a poner especial atención al desarrollo y ejecución de obras públicas y programas sociales en Nuevo León en la revisión de la Cuenta Pública del año 2014, que se llevará a cabo de manera posterior al término del presente ejercicio fiscal.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

TERCERA COMISION.





 

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día así se hacen del conocimiento de la Asamblea. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Diputado Ricardo Monreal Ávila: (Desde su escaño) Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Diputado Monreal

El Diputado Ricardo Monreal Ávila: (Desde su escaño) Yo reservé algunos que…

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Les pediría guardar silencio para poder escuchar al Diputado. Diputados y Senadores, si pudieran guardar silencio para poder escuchar al Diputado.

El Diputado Ricardo Monreal Ávila: (Desde su escaño) Reservé algunos de los puntos de Acuerdo que se aprobaron o incluso fueron rechazados en las tres comisiones. Le pido simplemente, como escuché la lectura de tres de ellos, le pediría se excluyan de la votación para poderlos discutir, son 6 ó 7 reservas de 6 ó 7 puntos de las tres comisiones dictaminadoras que me he reservado el voto para la discusión, por favor.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Pido a la Secretaría que tome nota y quedan excluidos, que serán lo que están reservados para su votación.

Sonido en el escaño del Diputado Fernando Zárate.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido yo solicité la reserva del primer punto de Acuerdo con respecto a Nayarit y quisiera que se hiciera efectivo y que tuviera el mismo trato. Por lo tanto que se pudiera desahogar la reserva.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Será el mismo trato. Turne la Secretaría y sean excluidos.

Le pediría a la Secretaria dé lectura a los que están excluidos para que quede claro en la votación.

Sonido en el escaño del Senador Encinas.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. También para confirmar la reserva del dictamen número seis de la Primera Comisión respecto al asesinato del dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban Cruz, en la zona de la Sierra Norte de Puebla.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Mismo trámite. Dénos nada más un minuto en lo que recaban para saber exactamente cuáles son los que quedan excluidos.

Le pido a la Secretaría dé lectura a los que estén reservados, por favor.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura.

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, información sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil 2013, realizado por la Organización para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; y se le solicita la publicación en su página web y el acceso amable para los ciudadanos de Atlas Nacional de Riegos actualizado. Reserva presentada por el Diputado Guillermo Sánchez.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que haga del conocimiento público lo antes posible, el Atlas Nacional de Riesgos actualizado con los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones; así como los planes de emergencia de los estados y municipios”, suscrita por los  Diputados Fernando Belaunzarán y Guillermo Sánchez Torres ambos integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Atlas-Belaunzarán.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 18 de junio de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición Atlas-Belaunzarán, enunciada en el proemio del presente.

B. Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio No. CP2R2A.-1135.

II. CONTENIDO

A. La proposición Atlas-Belaunzarán; pretende:

1. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, C. Miguel Ángel Osorio Chong, para que lo antes posible haga del conocimiento público y de fácil acceso en la página de internet oficial,  el Atlas Nacional de Riesgos actualizado con  los correspondientes a las Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones; así como los Planes de Emergencia de los Estados y Municipios.

2. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, a que informe cuales son las medidas correctivas y preventivas que ha implementado contra los riesgos derivados del cambio climático, así como las acciones que se han realizado al respecto.

3. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a que informe como ha dado  cumplimiento a la Ley General de Protección Civil vigente y a las recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil 2013 de la OCDE.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Los promoventes plasman la importancia de la evolución que ha tenido el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que se fundó el 20 de septiembre de 1988 con carácter de órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación. Teniendo como propósito principal prevenir, alertar y fomentar la cultura de autoprotección para reducir el riesgo de la población ante fenómenos naturales y antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y entorno, a través de la investigación, monitoreo, capacitación y difusión.

De acuerdo a lo anterior, la CENAPRED para llevar a cabo su propósito cuenta con el objetivo de consolidar la integración del Atlas Nacional de Riesgos, el cual funciona como un sistema integral de información, compuesto por bases de datos distribuidas, que permiten realizar análisis de peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con objeto de contar con información de calidad, con dicho sistema se está en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación.

Sin embargo la preocupación de los promoventes se manifiesta ante los desastres naturales como Ingrid y Manuel, que propiciaron modificar el Atlas de Riesgo, el cual ha sido abordado por todos los gobiernos pero a la fecha se mantiene como un proyecto en proceso.

Bajo el mismo sentido se menciona que el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México 2013, da a conocer que desde la publicación del Atlas Nacional de Riesgos en 1991 y de la versión actualizada en 2001, en México se han hecho grandes avances para realizar evaluaciones de riesgos. Asimismo, dicho estudio señala que entre 1993 y 2004, solo nueve de los 32 estados (incluidos el Distrito Federal) habían desarrollado un atlas de riesgos; pero de 2004 a 2009, se elaboraron 17 atlas de riesgos estatales, lo que muestra la eficiencia de los incentivos federales para apoyar la elaboración de estos atlas.

Por otra parte, el estudio de la OCDE indica que de acuerdo al Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos de la SEDESOL, clasifica a los municipios en zonas de riesgo alto o muy alto; a la fecha, 322 municipios están clasificados como de alto riesgo y 295 de riesgo muy alto. A partir de esta clasificación se han establecido las prioridades respectivas para financiar las medidas de prevención.

Por último los promoventes señalan que de acuerdo con el informe que entregó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático se pronostican para los próximos 30 años desabasto de agua y alimentación, sequías en gran parte del territorio, inundaciones en la zona sur, epidemias, mortandad de ganado y riesgo en la sustentabilidad energética, entre otros daños irreversibles. Todo ello de no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.

Bajo el mismo tenor de ideas el estudio apunta en tanto que las entidades con mayor riesgo de padecer desastres naturales asociados a inundaciones son Tabasco y Chiapas, mientras que en Veracruz y Tamaulipas la combinación de ciclones tropicales con “nortes”, derivada del cambio climático, generará fenómenos devastadores similares a Manuel, que devasto parte del estado de Guerrero en septiembre de 2013.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultades para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Respecto a la proposición Atlas-Belaunzarán, con base en el artículo 19de la Ley General de Protección Civil, se establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de Gobernación por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene como atribución en materia de protección civil, la de supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así́ como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal.

D. Esta Soberanía, en relación a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley General de Cambio Climático, donde se establece que uno de los objetivos será el regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, comparte el compromiso e interés de los promoventes de fomentar el fortalecimiento de las herramientas que permitan elegir y llevar a cabo las mejores políticas y acciones en relación a los desastres naturales que se han venido presentado en nuestro país.

E. Los integrantes de esta Comisión de Trabajo concluyen en la necesidad de impulsar la constante actualización del Atlas Nacional de Riesgos, toda vez que permitirá tener un panorama claro de las políticas de mitigación que, por su relevancia para la protección civil, se debieran tomar en cuenta para su aplicación, así como fomentar en  los Estados y Municipios del país.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación se informe a esta Soberanía sobre las acciones implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil 2013 realizado por la Organización para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las medidas correctivas y preventivas que se han implementado contra los riesgos derivados del cambio climático.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación la publicación en su página web y el acceso amable para los ciudadanos, del Atlas Nacional de Riesgos actualizado, con  los correspondientes a las Entidades Federativas, Municipios y Delegaciones del Distrito Federal, así como los Planes de Emergencia de esos ámbitos del territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Por el que la Comisión Permanente lamenta el asesinado del dirigente de Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban Cruz, ocurrido el 4 de junio de 2014, en Cuetzalan, Puebla, y solicita al gobierno del Estado realizar las acciones procedentes para esclarecer en homicidio y ejercitar las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, fueron turnadas el pasado 11 de junio de 2014:

a) La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversos funcionarios públicos del Estado de Puebla y al titular de la Procuraduría General de la República a instruir una pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el condenable homicidio del activista social Antonio Esteban Cruz, perpetrado el pasado 4 de junio en el Estado de Puebla.

b) La Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar se investigue el asesinato del líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano, Popular de los Municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla; señor Antonio Esteban Cruz.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, desarrolló su análisis y propuesta de dictamen de las mencionadas  Proposiciones con punto de acuerdo,  conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances de los puntos de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. PUNTO DE ACUERDO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a) En la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de junio del presente, los Diputados Roxana Luna Porquillo y Víctor Manuel Manríquez González del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversos funcionarios públicos del Estado de Puebla y al titular de la Procuraduría General de la República a instruir una pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el condenable homicidio del activista social Antonio Esteban Cruz, perpetrado el pasado 4 de junio en el Estado de Puebla.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-942.

c) En la misma sesión, los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma Huidobro González y Alfonso Durazo Montaño del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la Proposición con punto de acuerdo para solicitar se investigue el asesinato del líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano, Popular de los Municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, Puebla; señor Antonio Esteban Cruz.

d) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha propuesta se turnara a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-893.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

A. En la primera proposición, se plantea:

‹‹Primera. El estado de Puebla atraviesa por una de las peores crisis en cuanto a Derechos Fundamentales se refiere, el descontento social derivado de iniciativas y decretos enviados al Congreso local, además de políticas públicas adoptadas por el gobierno estatal han propiciado que cada vez más sectores de la sociedad queden vulnerables y que el activismo social se multiplique para exigir la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos consagrados en nuestra Ley Fundamental y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Es importante mencionar también que en esa entidad se pretenden llevar a cabo megaproyectos de ámbito local y federal como el Proyecto Integral Morelos, la construcción de la Autopista Arco Poniente, el otorgamiento de 90 concesiones mineras y la construcción de 8 hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca Poblana que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región, situaciones que conllevan un costo social y que propician el ejercicio de la protesta organizada.

Ante tal situación, la manifestación de las ideas y la protesta, como vías de expresión han representado para diversas organizaciones sociales, miembros del sector académico-estudiantil, y activistas de Puebla, una herramienta primordial para su exigencia legítima al respeto de derechos, y sin lugar a duda, el llamado a reconocer al diálogo como un pilar fundamental para la construcción de cualquier sociedad que aspire a tener un régimen democrático, plural e incluyente, por lo que debe garantizarse la tolerancia y respeto de la autoridad ante este derecho constitucional.

Segunda. El pasado miércoles 4 de junio de 2014, en la comunidad de Cuahuatapanaloyan, Cuetzalan, Puebla; fue asesinado el dirigente campesino y activista social, Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), quien se oponía a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Cuamono, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y en el que se prevé una inversión de 141 millones de dólares para producir 37 mega watts; proyecto al que consideraba una clara amenaza a las condiciones ambientales de la zona.

Este condenable homicidio se desarrolla ante un clima de incertidumbre y represión de derechos fundamentales en Puebla, abonando al ambiente de terror que padecen día a día representantes campesinos y activistas en pro de los derechos humanos, por lo que se hace improrrogable una investigación que esclarezca y castigue a los responsables de tan lamentable hecho.

Al respecto, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), organizaciones de las que Esteban Cruz era integrante, señalaron en un comunicado: “Responsabilizamos del artero crimen de nuestro compañero al gobierno de Puebla que, después de la formación del Ficam –(Frente Indígena y Campesino de México)-, mediante llamadas anónimas hizo amenazas de muerte a varios integrantes de nuestra organización y de otros grupos de la sierra de Puebla.”.

Es importante señalar también que anteriormente ya se había dado una persecución contra activistas sociales en Puebla, pues desde el día 6 de abril del presente año fue detenida por policías estatales de Puebla, la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, quien representa a su comunidad en oposición a la construcción del Proyecto Integral Morelos; asimismo un día después, el 7 de abril de 2014, fue detenido de forma ilegal Juan Carlos Flores Solís, al terminar de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que denunciaba violaciones a los derechos humanos contra la activista Enedina Rosas Velez (sic)y al día siguiente, 8 de abril, el dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero Calderón, opositor a la construcción del Arco Poniente, fue detenido arbitrariamente alrededor de las 5 de la tarde en el municipio de San Martín, Texmelucan, después de acudir a una reunión de trabajo con ejidatarios, en donde personas vestidas de civil, sin orden de aprehensión lo sometieron, quedando en calidad de desaparecido por más de 6 horas; para posteriormente ser trasladado al CERESO de Atlixco.

Ante estos acontecimientos, es necesario que el gobierno poblano, fije una postura de respeto a los derechos humanos, de consulta a los grupos sociales desprotegidos ante la construcción de los megaproyectos que se encuentran íntimamente vinculados a ellos y promueva el diálogo y la conciliación, pues al día de hoy, el activismo social ha denunciado una carencia total de voluntad del gobierno para llegar a soluciones integrales.

Tercera. En ese sentido, ante el homicidio del líder campesino Antonio Esteban Cruz, en aras de preservar el instrumento de protesta social como vía legítima de defensa de los derechos inherentes a la condición humana y reconociendo la obligación que el Estado Mexicano tiene de esclarecer crímenes contra la libertad de expresión, es primordial e indispensable, que las instituciones del gobierno de Puebla en coordinación con las autoridades federales, investiguen y esclarezcan este cobarde hecho, y que sean las autoridades judiciales quienes con fundamento en la Ley, dicten las penas correspondientes a quienes resulten responsables.

Asimismo y en virtud de tratarse de un delito cuyo fin podría haberlo motivado el afectar, limitar y menoscabar el derecho a la libertad de expresión del C. Antonio Esteban Cruz, y de la oposición que representaba, es procedente solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente en su artículo 73, fracción XXI:

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.”.

Además, en atención a lo dispuesto por el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, es procedente la solicitud de la facultad de atracción del Ministerio Público Federal, pues además de cumplirse con lo expresado en el párrafo anterior, se encuentra en los supuestos descritos por dicho numeral en sus fracciones I, II, III, IV, VI y en particular la fracción VII que a la letra establece:

“VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;”››

Con lo anterior, se propone el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena públicamente el homicidio del dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, Antonio Esteban Cruz, perpetrado el día 4 de junio de 2014 en el municipio de Cuetzalan, Puebla.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del estado de Puebla, C. Rafael Moreno Valle Rosas, al Secretario General de Gobierno del estado de Puebla, C. Luis Maldonado Venegas y al Titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a que en el ámbito de sus respectivas facultades, brinden las vías de diálogo necesarias con grupos opositores a los megaproyectos a realizarse en la entidad, se respeten los derechos fundamentales de libertad de expresión y debido proceso de cualquier activista social y de los dirigentes encarcelados y, coadyuven y agilicen con apego a derecho la investigación ya iniciada en torno al homicidio del C. Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), perpetrado el día 4 de junio de 2014 en el municipio de Cuetzalan, Puebla, a fin de esclarecer ese condenable hecho.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, a que ejercite la facultad de atracción que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, fracción XXI, con el objeto de iniciar una investigación pronta y adecuada, y ejercite acción penal contra quienes resulten probables responsables del homicidio del C. Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), perpetrado el día 4 de junio de 2014 en el municipio de Cuetzalan, Puebla.

B. Por su parte, la proposición presentada por los Diputados Monreal, Huidobro y Durazo, externa:

‹‹Dentro de las principales formas jurídicas para atentar en contra de la propiedad de las tierras está el decreto expropiatorio, el cual se trata de un acto unilateral emitido por los titulares de la administración pública federal o estatal, cuyo fin es privar a los propietarios, privados o sociales, del uso, goce, disfrute y disposición de bienes “por causa de utilidad pública”.

Dicha figura viene de los años cardenistas, y era utilizada para privilegiar el bien común. Sin embargo, en últimas fechas es utilizada principalmente para fomentar el lucro individual en detrimento del bien común y de la propiedad social.

Siempre se ha utilizado la expropiación de tierras por el Estado mexicano como medio para poner en marcha grandes proyectos y obras públicas, que luego son entregadas a los particulares para su explotación como las presas hidroeléctricas, las carreteras y otros megaproyectos.

La construcción de grandes obras y el despojo indiscriminado de tierras y recursos naturales, han originado el descontento de la población, ya que no se les informa ni realizan consultas previas a dichas comunidades afectadas.

Hoy, nos encontramos con un caso similar al que presentamos la sesión anterior en el Punto de acuerdo de Tlaxcala, de violaciones a Derechos Humanos y abusos contra pueblos, pero ahora se encuentra en el Estado de Puebla donde fue asesinado el líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular (MIOCUP) Antonio Esteban Cruz, por oponerse al proyecto hidroeléctrico.

Antonio Esteban Cruz, se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico Cuamono, que proyecta construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las aguas del Río Apulco. El líder Náhuatl fue asesinado el miércoles 04 de junio en el paraje El Rincón, en la comunidad de Cuahutapanaloyan, en el municipio de Cuetzalan Puebla.

El líder Antonio Esteban Cruz fue uno de los principales Coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino que se llevó a cabo el pasado marzo en Cuetzalan, y ya había estado encarcelado en 2005 por la defensa continua que promovía a favor de las tierras indígenas de cultivo.

La lucha de Esteban Cruz ha sido cortada de tajo por quienes han actuado al servicio del gobierno, ya que para ellos esta agresión se enmarca en la guerra de baja intensidad que el Estado mexicano viene realizando contra el pueblo organizado.

En los últimos años se han presentado diversas historias trágicas de activistas que han sido asesinados tras protestar por lo que consideraban una injusticia y las autoridades no dan respuesta a esos homicidios.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que México debe mejorar el control sobre sus fuerzas de seguridad para evitar que cometan graves crímenes contra civiles e investigar a fondo todas las desapariciones de personas, principalmente de activistas y otros sectores vulnerables.

El defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho de consulta ante las autorizaciones que ha hecho el gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas, ha ocasionado el asesinato del líder ya mencionado y pretende acallar la lucha y resistencia contra las injusticias a las que han sido sometidos los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país.

Al ser involucrado en el caso no podemos pedir que el Estado se haga cargo del esclarecimiento del asunto, ya que la organización (MIOCUP) culpa al gobierno por imponer proyectos que afectan gravemente el entorno de las comunidades sin antes consultar a los habitantes de las mismas, y al gobernador Rafael Moreno Valle.››

Esta segunda propuesta concluye en la formulación de un punto de acuerdo en la forma siguiente:

UNICO.- Se exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer y esclarecer el caso del asesinato de Antonio Esteban Cruz, Líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano Popular de los Municipio de Cuetzalan y Ayotoxco Puebla.

III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

Primera.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.- Esta Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Esta Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan, con las siguientes precisiones:

Esta representación considera pertinente resolver ambas propuestas en un solo acto, considerando que parten del mismo caso concreto y —puesto que se trata de pretensiones muy similares—se puede aplicar el principio de economía procesal.

Respecto del resolutivo “primero” de la proposición de los diputados Roxana Luna Porquillo y Víctor Manuel Manríquez González del Grupo Parlamentario del PRD, esta representación considera que la pérdida de cualquier ser humano es lamentable, pero este hecho se potencia cuando esas personas realizan acciones filantrópicas o de lucha social. En tal razón, valora procedente y adecuado aceptar la idea contenida en este resolutivo con pequeñas adecuaciones en la formulación.

Respecto al resolutivo “segundo”,  esta representación no considera que de la oposición a ciertos proyectos gubernamentales o la defensa de las tierras, realizada por el luchador social se desprenda en forma directa una conclusión de probable responsabilidad del Gobierno del Estado de Puebla.

Si bien se acredita una posible motivación, esto no basta para atribuir una relación causa- efecto entre un hecho y otro, por lo que esta representación no considera adecuado tratar esas menciones como necesariamente vinculada; no obstante, reconocemos que el diálogo como parte fundamental del proceso de resolución de diferencias y obtención de resoluciones incluyentes. De hecho, este ejercicio es parte fundamental del trabajo parlamentario y legislativo que las Cámaras realizan día a día tanto en el Pleno como en sus comisiones, por lo que valora positiva la inclusión de este llamado al avenimiento.

Por cuanto hace al resolutivo “tercero” de la propuesta hecha por los diputados Roxana Luna Porquillo y Víctor Manuel Manríquez González del Grupo Parlamentario del PRD y el resolutivo “único” de la propuesta expresada por los Diputados Monreal, Huidobro y Durazo, esta representación reitera que la autoridad debe realizar una investigación y resolución con apego a la ley.

Por otro lado, la facultad de atracción es un acto de la Procuraduría General de la República, que debe ejercerse de forma independiente y autónoma ponderando los elementos con que cuenta respecto a su ejercicio o no.

En ese sentido, esta representación considera que exhortar, sugerir o insinuar cualquier decisión a la Procuraduría General de la República por parte de quien no tiene conferido el derecho al ejercicio de esa facultad podría viciar la determinación libre y autónoma de esa potestad. De hecho, dejaría de ser facultad para convertirse en una respuesta mediática y política, si respondiese a esas presiones; razones por las cuales no se considera procedente ni adecuado mantener los resolutivos “tercero” y “único” de las propuestas enunciadas.

En razón de lo anterior propone el siguiente:

IV.PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, lamenta el asesinato del dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), Antonio Esteban Cruz, ocurrido el día 4 de junio de 2014, en el municipio de Cuetzalan, Puebla y solicita respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla a que se realicen las acciones procedentes para esclarecer el homicidio y ejercitar las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicita a los Gobiernos de las entidades federativas a que, institucionalmente, privilegien la vía del diálogo con los distintos grupos sociales afectados por los proyectos de desarrollo que sean implementados en sus demarcaciones,  respeten los derechos de libertad de expresión de estos grupos y privilegien su inclusión en los mismos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión, el 3 de julio de 2014.

PRIMERA COMISION.





 

Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y de Desarrollo Social, fortalecer las políticas públicas destinadas a proporcionar apoyos y protección integral a las niñas, niños y adolescentes con atraso escolar y extra edad grave.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo, enviar al Senado de la República el convenio sobre trabajo marítimo para su aprobación y se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe sobre las medidas y acciones para apoyar y fortalecer a la Marina Mercante de nuestro país.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)







 

Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar el estado que guarda la situación jurídica de la financiera “Hagamos Más y Creci Cuenta”, creadas bajo la razón social Esperanza Equitativa S.C. de A.P,, de R.L. de C.V.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura el H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Gobierno del Estado de Quintana Roo, a la Procuraduría General de la República y  a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a tomar diferentes medidas según sus facultades, con la finalidad de resarcir los daños causados por cajas de ahorro fraudulentas en los estados de Quintana Roo y Yucatán, así como a sancionar a quien resulte responsable, suscrita por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de junio de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Destaca la proponente que “La población de los Estados de Quintana Roo y Yucatán han sido defraudados, por una empresa financiera denominada “Crecicuentas” qu