Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 20 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
3er
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO III                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Miguel Barbosa Huerta

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 08 de Julio de 2015

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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

APERTURA

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: (11:24 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



Señor Presidente, hay una asistencia de 24 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de julio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta…

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Hablando del Orden del Día, señor Presidente, muy breve y muy rápido, decirles que se incluye en el Orden del Día, una excitativa que suscribo para que se pueda dictaminar.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Está en el Orden del Día, señor Diputado.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Sí claro, nada más quiero resaltar la importancia del punto, con mucho respeto, señor Presidente, nos entendemos mejor si nos escuchamos.

Simplemente hacer la referencia que tengo un respeto importante por la Mesa Directiva de la Primera Comisión, sé que están haciendo un esfuerzo importante, pero consideré fundamental resaltar la necesidad de que salga.

Estoy argumentando, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Con todo respeto, pero también se lo digo, ya está en el Orden del Día.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Ya lo sé, pero si me termina de escuchar, podrá escuchar el planteamiento y darme su opinión.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: No hay lugar, señor Diputado.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Pero todavía no sabe ni qué voy a decir, señor Presidente, espéreme tantito, tranquilo. Aparte, no nos molestemos, somos amigos Manuel, tranquilo.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Adelante, Diputado.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Simplemente mostrar la importancia que tiene, ha sido un debate importante en la opinión pública, para que efectivamente haya un dictamen, que lo que se pide es exhortar a los congresos locales para que efectivamente puedan legislar sobre la materia, y hago una lista, señor Presidente, simplemente me interesaba resaltar, que lo hago con mucho respeto para la Mesa Directiva y para el presidente de la comisión, a quien le tengo respeto y hemos podido trabajar, pero consideré que era mi responsabilidad hablar de lo que teníamos pendiente y de este caso en particular.

Por eso simplemente pedí la palabra y gracias por su apertura, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Al contrario.

En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con trece minutos del martes treinta de junio de dos mil quince, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles veinticuatro de junio de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles 1 al viernes 3 de julio de 2015, con el fin de participar en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, Departamento de Ica, Perú.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

 

Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficios por los que informa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos:

1. Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al 31 de diciembre de 2014 se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversas afectaciones presupuestarias y a esa fecha se autorizó y realizó la devolución de recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamientos participantes en ese Programa.

2. Que de los ingresos excedentes recaudados por la Comisión al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa.

3. De los recursos asignados por entidad federativa a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, correspondientes al segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2014.

4. Que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de 2015 no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, oficio por el que informa que el 23 de junio de 2015 se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, en cumplimiento al artículo Undécimo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Quedó de enterado. Se informó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica que el Diputado Armando Contreras Ceballos sustituirá al Diputado Mario César Gaona García como representante de esa Cámara ante el Comité del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.- Quedó de enterado. Se comunicó al Comité del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

 

Se recibió del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, el Informe de sus actividades durante el Foro de la Juventud G200, realizado en Baviera, Alemania, del 29 de abril al 3 de mayo de 2015.- Quedó de enterado

 

Se recibió del Senador Raúl Morón Orozco, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de julio de 2015.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibieron de cuatro diputados, oficios por los que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en los meses de junio y julio de 2015:

1. Carmen Lucía Pérez Camarena, a partir del 8 de junio.

2. Flor Ayala Robles Linares, a partir del 24 de junio.

3. Maricela Velázquez Sánchez, a partir del 30 de junio.

4. Vicario Portillo Martínez, a partir del 1 de julio.

Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Diputada Norma Ponce Orozco, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado José Luis Cruz Flores Gómez, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

(Iniciativas)

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán, a nombre propio y del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter a la Ley Federal del Trabajo, un artículo 6° a la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y el artículo 45 a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 58 y un capítulo V "De las Zonas de Monumentos Arqueológicos" de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9º bis y se reforma la fracción XI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de garantía de los derechos a la vida y a la integridad en asilos, albergues o centros de cuidado y atención similares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne con motivo de la visita de los Reyes de España, Don Felipe VI de Borbón y Grecia y Doña Letizia Ortiz Rocasolano.

 

(RECESO)

 

(SESIÓN SOLEMNE)

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

 

El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión.

(Iniciativas)

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

 

El Presidente por acuerdo de la Mesa Directiva, dio el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para referirse a la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México.

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al Consejo de la Judicatura Federal compartir la información sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación de la firma electrónica certificada en el Poder Judicial de la Federación.

2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes de la Delegación Miguel Hidalgo a llevar a cabo los actos tendientes a restaurar la Rotonda de las Personas Ilustres y a prestarle el debido mantenimiento.

3. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar y fortalecer los mecanismos para dar cumplimiento a la obligación constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como promover las acciones que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido registrados, contar con su acta de registro correspondiente.

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea diecinueve dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística.

2. Que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana.

3. Que exhorta a la Secretaría de Turismo adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.

4. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por la empresa OHL México.- Intervinieron los legisladores: Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, Diputada María de Lourdes Amaya Reyes del PRD, Diputado Danner González Rodríguez del MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputada Cristina Ruíz Sandoval del PRI y Diputado Agustín Miguel Alonso Raya del PRD.

5. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía información sobre el proceso de la Ronda Cero.

6. Por el que se solicita a los ayuntamientos Boca del Río y Medellín del estado de Veracruz un informe sobre los términos de la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Asimismo, se solicita a la Contraloría General del estado revise y verifique la legalidad de la concesión en comento, particularmente respecto de la participación de empresas extranjeras.

7. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fortalecer los programas y apoyos dirigidos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación ganadera del país.

8. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a exigir a los proveedores que ofrecen sus productos por internet, que los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros y precisos y éstos deberán resaltarse en el sitio web con caracteres distintivos notorios e indubitables previamente al pago correspondiente.

9. Que exhorta al gobierno de Querétaro y al gobierno municipal de Pinal de Amoles a realizar las acciones oportunas para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable y al abastecimiento de agua potable a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, estado de Querétaro.

10. Que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno a diseñar e implementar las estrategias que coadyuven al combate de los efectos negativos del cambio climático que provocan entre otros, la desertificación y la sequía.

11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para potencializar el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

12. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones que se han implementado para atender la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, respecto de la restitución del fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias; la reintegración de las pensiones no cobradas desde diciembre de 1993; y/o la liquidación e indemnización correspondiente.

13. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar acciones de promoción y empadronamiento para que los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios del estado de Oaxaca contemplados en el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores.

14. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar las acciones necesarias  para que el agente económico preponderante del sector de telecomunicaciones dé inicio a la prestación de los servicios de desagregación establecidos en las medidas específicas que le fueron impuestas en la resolución del 6 de marzo de 2014, en cumplimiento a la fracción IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, a fin de que no se siga afectando la competencia y la libre concurrencia.

15. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las acciones necesarias que detonen e impulsen el turismo de la localidad Huay-Pix, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

16. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a determinar un porcentaje inferior para la pesca incidental de Dorado en las pesquerías en donde participan embarcaciones menores frente a la costa occidental de la Península de Baja California, considerando el impacto negativo que tiene el porcentaje vigente sobre las poblaciones de dicha especie y en el desarrollo de la pesca deportiva.

17. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo Oaxaca; así como investigar y, en su caso, realizar las acciones conducentes respecto de la probable violación de diversas normas y derechos en contra de trabajadores de dicha dependencia.

18. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que fomente la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación arrocera en el país, con el fin de fomentar la producción de este cereal.

19. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe de las razones por las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 de noviembre del 2014.

Los diecinueve dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 a la Ley Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los estados de la República y al Distrito Federal a adquirir el seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones policiacas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que explique las acciones que se han llevado a cabo para apoyar a la industria del acero nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos considerar los antecedentes de las empresas preclasificadas en el proceso licitación de la Ronda Uno.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la norma más favorable a las personas, atándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y cumplimiento de la NOM-031-SSA3-2009, relacionada con la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar que se utilicen los programas sociales para beneficio de campañas electorales; asimismo, que se sancione a todo servidor público que en uso de su cargo desvíe recursos públicos en apoyo de partidos o candidatos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones y medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Metro. - Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de cuenta en instituciones bancarias y cajeros automáticos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los hechos ocurridos el 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y el Carmen, Colonia Centro; y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el anuncio de las elecciones legislativas que se celebrarán en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas a la legislación civil y familiar en materia de matrimonio igualitario.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a no aprobar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del sector salud y de seguridad pública a garantizar el bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas dependencias del Gobierno Federal, así como a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a establecer una mesa de conformación y recepción de datos específicos y fidedignos sobre desapariciones forzadas en territorio nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que realice las acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, así como proporcionarle el equipo especializado necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las acciones del Estado Islámico para destruir mausoleos de la ciudad monumental de Palmira y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir la acción que corresponda a este problema, conforme a los principios rectores que guían nuestra política exterior y el compromiso del Estado Mexicano con la protección del patrimonio mundial de la humanidad.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe relativo a los temas abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal fortalecer las acciones de seguridad del estado de Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgica condena y rechazo contra las declaraciones vertidas por Donald Trump durante las últimas semanas, con relación a los mexicanos migrantes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías de justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales del Instituto se integren requisitos de experiencia en servicios de seguridad social y protección civil y ordene la creación del perfil de puesto para delegados de la institución, así como a informar las razones y motivos que llevaron a la designación del ciudadano Javier Galván Guerrero como Delegado de ese Instituto en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo a incluir vehículos turísticos extranjeros con capacidad menor a 30 pasajeros en la estrategia para el fortalecimiento del turismo en la franja fronteriza norte. - Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar los trámites conducentes para que los restos de Don Porfirio Díaz sean repatriados a su natal Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los atentados fundamentalistas ocurridos en Estados Unidos, Francia, Kuwait y Túnez.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de reforestación y concientización respecto a la importancia de la preservación de los árboles en beneficio del medio ambiente y la salud humana.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los efectos negativos para México por la sequía en Estados Unidos de América.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instalar una mesa de diálogo y negociación de alto nivel, a fin de resolver el conflicto agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el estado de Guerrero, para evitar que se incrementen la violencia y más pérdidas humanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los gobernadores de los estados a que a garantizar los derechos de los infantes, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, dentro de las políticas y programas de gobierno a través de la creación de un sistema nacional, estatal y municipal de protección al infante.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la ciudad; el número de parquímetros a cargo de cada uno; los ingresos obtenidos anualmente y de acuerdo a cada polígono asignado, así como el destino del monto correspondiente al 30% del total recaudado, destinado a proyectos acordados por los vecinos en donde haya parquímetros, desde el inicio de su operación en el 2012 a la fecha.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del estado de Chihuahua a atender las recomendaciones contenidas en el pronunciamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se les insta a revisar las reformas publicadas el 23 de julio del 2014.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por las probables irregularidades respecto a la reparación de 24 trenes del Sistema de Transporte Colectivo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar y supervisar que se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los estados y el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Luís Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y al gobierno del estado de Chiapas a resolver los problemas entre transportistas de cemento entre los estados de Oaxaca y de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las medidas necesarias que coadyuven a incrementar el acopio de alimentos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Luis Sánchez Jiménez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al retiro de la candidatura de Miguel Sarre Iguíniz como integrante del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a acelerar las indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle Plaza Río de Janeiro, No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios estatales de salud a garantizar la seguridad del personal que realiza el servicio social y fortalecer el funcionamiento de los campos clínicos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013.- Se turnó a la Primera Comisión.

(Efemérides)

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la muerte de Don José Vasconcelos.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el XVIII aniversario de la primera elección democrática de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención sobre el 70 aniversario de la Firma de la Carta de las Naciones Unidas, que tuvo verificativo el 26 de junio de 1945.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la visita de Estado de los Reyes de España.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veintisiete minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles ocho de julio, a las once horas.

Fin de la Sesión.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, la VII Cumbre México-Unión Europea y la Visita Oficial a la República Italiana, del 10 al 15 de junio de 2015.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió también un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades de 2015, del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a la Comisión de Salud y Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítanse a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Igualmente, se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio por el que solicita dejar sin efectos el comunicado de la salida del territorio nacional del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, por motivos supervenientes, programada para el 26 de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que se llevó a cabo en la ciudad de La Antigua, Guatemala.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha sido enterada. Remítase la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Así también, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el informe trimestral con las acciones implementadas en el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2015.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibieron oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que remite:

La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2015.

Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2015.

El Avance del Programa Anual de Financiamiento.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase la documentación descrita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su informe financiero y actuarial 2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto 2014-2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Diagnóstico sobre la Evolución Salarial del Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2014-2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase dicho informe a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, el informe de su participación en la XV Reunión Interparlamentaria Cuba-México, realizada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibieron comunicaciones de ciudadanos Diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas en los meses de junio y julio de 2015.

Rosalba Gualito Castañeda, a partir del 29 de junio.

Jesús Oviedo Herrera, a partir del 1° de julio.

Y Silvia Márquez Velasco, a partir del 5 de julio.



El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquense a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación suscrita por el Diputado Ricardo Anaya Cortés, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2015.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia al Diputado Ricardo Anaya Cortés, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2015”.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.



La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Ricardo Anaya Cortés, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de junio de 2015. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibió una comunicación de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de julio del año en curso.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

“Único.- Se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de julio de 2015”.

Por no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.



La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Solicito a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 6 de julio de 2015.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto Guevara González, para presentar, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el Diputado Javier Filiberto Guevara González, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del grupo parlamentario del PRI)

El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor Presidente. Legisladoras y legisladores:

Durante la presente legislatura se han aprobado diversas reformas estructurales que buscan transformar a México, acelerando el crecimiento económico del país y procurando un desarrollo social óptimo que brinde un mejor nivel de vida a todos los mexicanos.

Construir un México incluyente ha sido una labor del gobierno federal, haciendo efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los ciudadanos a través de un mayor acceso a los servicios básicos, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.

En el año 2010, el 46.2 por ciento de los mexicanos se encontraba en una condición de pobreza, tal como lo demuestra las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, publicadas en el citado año, en las que también concluye que la carencia alimentaria sufrió un incremento entre el 2008 y 2010, como consecuencia de una crisis económica y volatilidad en los precios que vivió el escenario internacional, constituyendo la expresión más lacerante de la pobreza extrema.

Aunado a lo anterior, la distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social.

Los procesos de diseño, gestión, implementación y monitoreo se han trabajado de manera aislada, lo que ha derivado, en consecuencia, en la duplicidad de programas y en una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, motivo por el cual la articulación interinstitucional ha sido carente en el proceso de transformación social.

Existen programas sociales destinados a abatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, pero su errónea ejecución, así como la incapacidad de los gobiernos locales de nuestro país para hacer frente a sus responsabilidades públicas, han contribuido a generar la condición social en la que se encuentran millones de mexicanos.

Es urgente desarrollar una política social que parta del principio de subsidiariedad para facilitar el acceso de un ente gubernamental que, sin representar una invasión competencial, coadyuve en el cumplimiento de determinadas tareas asistenciales que contribuyan en el beneficio de la colectividad.

En la presente propuesta, el principio de subsidiariedad dotaría de mayor eficacia a la actividad estatal, al propiciar las condiciones necesarias para que actúen de manera concurrente y, en ocasiones, supletoria, por lo que se propone agregar una fracción al artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social, para que la política de desarrollo social se sujete al principio de subsidiariedad, definiéndola como la intervención del nivel de gobierno más cercano al destinatario de los programas de desarrollo social, bajo el supuesto de que es el criterio más funcional y racional para el ejercicio de la acción misma, siempre que se garantice que la intervención no representa un riesgo para las competencias de los niveles de gobierno.

Garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad que aún nos dividen, debe ser una labor incansable, es nuestra responsabilidad lograr que el país se integre por una sociedad con una equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

LOS SUSCRITOS, ROBERTO RUIZ MORONATTI Y JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ DIPUTADOS A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN I, 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DURANTE EL PRESENTE SEXENIO EN MÉXICO SE HAN IMPULSADO REFORMAS TRANSFORMADORAS QUE PERMITIRÁN ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO CON DESARROLLO SOCIAL.

SE HA BUSCADO CONSTRUIR UN MÉXICO INCLUYENTE DEDICADO A ENFOCAR LA ACCIÓN DEL ESTADO EN GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CERRAR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE AÚN NOS DIVIDEN. EL OBJETIVO ES QUE EL PAÍS SE INTEGRE POR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA.

ESTO IMPLICA HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES DE TODOS LOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, AGUA POTABLE, DRENAJE, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD, SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA DIGNA, COMO BASE DE UN CAPITAL HUMANO QUE LES PERMITA DESARROLLARSE PLENAMENTE COMO INDIVIDUOS.

SEGÚN CIFRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) CORRESPONDIENTES A 2010, EL 46.2% DE LA POBLACIÓN SE ENCONTRABA EN CONDICIONES DE POBREZA.

EL HAMBRE ES LA EXPRESIÓN MÁS LACERANTE DE LA POBREZA EXTREMA; DE ACUERDO CON CONEVAL, ENTRE 2008 Y 2010, EN UN ESCENARIO DE CRISIS ECONÓMICA Y VOLATILIDAD DE PRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS, LA ÚNICA CARENCIA SOCIAL QUE AUMENTÓ SU INCIDENCIA FUE LA CARENCIA ALIMENTARIA.

POR OTRO LADO, LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DEL PAÍS REPRESENTA UN RETO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA EQUIDAD SOCIAL.  LOS PROCESOS DE DISEÑO, GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, Y MONITOREO SE HAN TRABAJADO DE MANERA AISLADA, LO QUE HA DERIVADO EN OCASIONES EN LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y EN UNA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO; SE CARECE ADEMÁS DE UNA ADECUADA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

EN ESTE CONTEXTO ES NECESARIO RESCATAR LA PROPUESTA QUE     HICIERAN LOS SENADORES DE LA LX Y LXI LEGISLATURA, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN Y FRANCISCO HERRERA LEÓN PARA MODIFICAR LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL, LA CUAL, LEJOS DE PERDER VIGENCIA ES HOY MÁS NECESARIA QUE NUNCA.

ES INDUDABLE QUE LA MALA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DESTINADOS A ABATIR LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN NUESTRO PAÍS HA CONTRIBUIDO A GENERAR DICHAS CONDICIONES SOCIALES.

POR OTRO LADO, ENCONTRAMOS LA INCAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE NUESTRO PAÍS PARA HACER FRENTE A SUS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS, PUES, IGUALMENTE A CAUSA DE ESTA CRISIS ECONÓMICA QUE, AÚN CUANDO SE DIGA LO CONTRARIO, TODAVÍA PADECEMOS, DICHOS ENTES TERRITORIALES HAN ALCANZADO NIVELES HISTÓRICOS DE DEUDA PÚBLICA QUE LES IMPIDEN CUMPLIR CON SUS ENCARGOS.

ASÍ, DE CARA A ESTA EVENTUALIDAD, SE REQUIERE DEL DISEÑO DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL QUE PARTA DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, JUSTAMENTE, PARA FACILITAR EL ACCESO DE UN ENTE GUBERNAMENTAL QUE, SIN REPRESENTAR UNA INVASIÓN COMPETENCIAL, COADYUVE EN EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS TAREAS ASISTENCIALES QUE, FINALMENTE, REDUNDARÁN EN EL BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD.

EN EFECTO, EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD, EN ESTE CASO EN PARTICULAR TRATÁNDOSE DEL DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRO PAÍS, EN MODO ALGUNO CONSTITUYE UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PROPIO PACTO FEDERAL. COMO BIEN HA SEÑALADO EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS, LOS PRINCIPIOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL “TIENEN POR OBJETO CONSOLIDAR UNA RELACIÓN PERMANENTE DE COLABORACIÓN CONSTRUCTIVA, CORRESPONSABLE Y DE AYUDA MUTUA ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, Y DE ENTRE ÉSTOS CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS A FAVOR DEL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL ESTADO,  BASADO EN EL CONSTANTE MEJORAMIENTO POLÍTICO, ECONÓMICO,        SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD Y EN UNA RELACIÓN          COOPERATIVA E INTERDEPENDIENTE”, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL SIGUIENTE CRITERIO:

NOVENA ÉPOCA
REGISTRO: 167419
INSTANCIA: PLENO
JURISPRUDENCIA
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA
TOMO : XXIX, ABRIL DE 2009
MATERIA(S): CONSTITUCIONAL
TESIS: P./J. 38/2009      
PÁGINA:  1294

PRINCIPIOS DE FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. DEBEN ENTENDERSE CONFORME AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LOS ARTÍCULOS 158-A, 158-C, 159-D, 158-E Y 158-N DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA ESTABLECEN QUE LOS PRINCIPIOS DE FIDELIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL TIENEN POR OBJETO CONSOLIDAR UNA RELACIÓN PERMANENTE DE COLABORACIÓN CONSTRUCTIVA, CORRESPONSABLE Y DE AYUDA MUTUA ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, Y DE ENTRE ÉSTOS CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS A FAVOR DEL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL ESTADO, BASADO EN EL CONSTANTE MEJORAMIENTO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD Y EN UNA RELACIÓN COOPERATIVA E INTERDEPENDIENTE, LOS CUALES ESTÁN VINCULADOS DIRECTAMENTE CON LOS VALORES, PRINCIPIOS Y BASES PREVISTAS EN DICHA CONSTITUCIÓN LOCAL Y DEMÁS LEYES APLICABLES, BAJO EL ESTADO HUMANISTA, SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. AL RESPECTO, EL TRIBUNAL EN PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTIMA IMPORTANTE PRECISAR QUE LOS PRINCIPIOS DE FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, DEBEN ENTENDERSE CONFORME AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CUAL GARANTIZA LA COEXISTENCIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO CON PLENO RESPETO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115 DEL TEXTO FUNDAMENTAL.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2007. MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 5 DE AGOSTO DE 2008. ONCE VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

AUNADO A LO ANTERIOR, LA DOCTRINA MÁS AUTORIZADA EN LA MATERIA HA SOSTENIDO QUE LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD NO PUEDE PASARSE DESAPERCIBIDA DE NINGUNA MANERA, PUES A PARTIR DE ELLA SE HA LOGRADO RECUPERAR LA RIQUEZA AXIOLÓGICA QUE NO PUEDE SER CONSIDERADA SÓLO COMO UNA SIMPLE TÉCNICA DE DISTRIBUCIÓN DEL PODER ENTRE INSTANCIAS INSTITUCIONALES HOMOGÉNEAS, COMO ES EL CASO DE LOS ENTES TERRITORIALES. DE TAL SUERTE QUE, SI TOMAMOS AHORA COMO REFERENCIA EL MODELO QUE COMPORTA LAS DIFERENTES FUNCIONES INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, PODEMOS ATISBAR QUE LA IDEA QUE PERGEÑA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD ES, JUSTAMENTE, EL ACERCAMIENTO DE LAS DECISIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS A LOS CIUDADANOS Y LA GARANTÍA DE LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA.

EN ESTE SENTIDO, LA PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN GENERAL ES NO TANTO LA DE CLASIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MISMO PLANO NORMATIVO DE SU DEFINICIÓN, CUANDO DE LA PRECISIÓN DE TAL DISTRIBUCIÓN EN EL MOMENTO DINÁMICO DE SU ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN.

POR LO TANTO, EN ESTE ORDEN DE CONSIDERACIONES, EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD QUE AQUÍ PROPONEMOS INTRODUCIR A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DOTARÍA DE MAYOR EFICACIA A LA ACTIVIDAD ESTATAL, AL PROPICIAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE ACTÚEN DE MANERA CONCURRENTE Y, EN OCASIONES, SUPLETORIA. DE ESTA MANERA, AL ESTABLECER EN EL ARTÍCULO 3º DEL CITADO ORDENAMIENTO QUE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRO PAÍS SE HABRÁ DE SUJETAR AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD SE ESTARÁ DANDO UN IMPULSO DE GRAN CALADO AL ABATIMIENTO DE LA POBREZA EN NUESTRO PAÍS.

EN SUMA, MEDIANTE ESTA ADICIÓN A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL SE LOGRARÁ EL IDEAL QUE, PRECISAMENTE, LA ORIGINÓ;  INSCRIBIR AL DESARROLLO SOCIAL COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL, A FIN DE ESTABLECER LA CONCURRENCIA FEDERALISTA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL, ASÍ COMO LA AUTONOMÍA DEL ÓRGANO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL; ES DECIR, REDIMENSIONAR EL FENÓMENO DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA REFORMA SOCIAL DE MAYOR ENVERGADURA QUE APORTE ELEMENTOS A LA REFORMA GENERAL DE UN ESTADO QUE DEBE RECUPERAR SU RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GENERAR UN PROCESO INCLUYENTE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE PROPONE LA DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL SIGUIENTE:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 3. (…)

I. – X. (…)

XI. SUBSIDIARIEDAD: INTERVENCIÓN DEL NIVEL DE GOBIERNO MÁS CERCANO AL DESTINATARIO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, BAJO EL SUPUESTO DE QUE ES EL CRITERIO MÁS FUNCIONAL Y RACIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN MISMA, SIEMPRE QUE SE GARANTICE QUE LA INTERVENCIÓN NO REPRESENTA UN RIESGO PARA LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO.

TRANSITORIO

ÚNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE AL DE  SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Dip. Roberto Ruiz Moronatti.- Dip. Javier Filiberto Guevara González.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Guevera González. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.






Tiene la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. constitucional y el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

(Presentada porla Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)

La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores legisladores. Muy buenos días.

En México, la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua, los identificamos como los pueblos originarios del país.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 14.9 por ciento de la población total del país es indígena, dicho porcentaje forma parte de los centros urbanos y principalmente se encuentra en localidades de menos de 15 mil habitantes.

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en el que se tiene como objetivo materializar el compromiso que tiene México para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, así como integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Dicho documento expone la complejidad del tema "indígena", es decir, la problemática de la pobreza, de la discriminación y exclusión social que enfrentan estos grupos sociales en nuestra sociedad. Somos muy afectos los mexicanos a juzgar la discriminación, pero vaya que nos llevamos las palmas en nuestro propio país y con nuestra propia sangre.

Es necesario que todas las autoridades del gobierno actúen coordinadamente para responder a este reto y de igual forma resulte fundamental involucrar a las comunidades indígenas y a la sociedad en general, para alcanzar objetivos que permitan construir el bien común y la igualdad en nuestra población.

Asimismo, es de vital importancia la representación de este sector de nuestro país en instancias públicas, también los procesos, hay que incluirlos también, en los procesos de consulta que plantea la necesidad de apoyos y espacios para que sus comunidades realicen ejercicios de planeación y ordenamiento territorial, pero desde el punto de vista de los indígenas.

Por otro lado, este programa especial plasma en su directriz numero 4 denominada "Participación Social y Coordinación Intergubernamental", que es necesario orientar la política del gobierno federal hacia los pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y así garantizar la unidad nacional.

En este mismo sentido, encontramos que el Convenio 169, que es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que fue ratificado por México el 5 de diciembre de 1990, estableciendo la obligación de adecuar la legislación, políticas y programas de un determinado país en beneficio de los grupos indígenas, de tal manera que se incluya su participación en las decisiones públicas.

Señoras y señores legisladores:

A fin de dar cumplimiento al Convenio 169, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, emitió el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas, de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Sin embargo, y lo subrayo, aún no se ha cumplimentado de manera satisfactoria, lo contenido en dicho instrumento internacional.

Por un lado, existe una omisión en la norma constitucional, al no referirse a las medidas legislativas que sí se establecen en el convenio y, por el otro, una falta de coordinación sobre las competencias establecidas en la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las establecidas en la Constitución.

Para el Partido Acción Nacional, es fundamental que la igualdad se inicie con la construcción de oportunidades, es por ello que a través de un marco legislativo adecuado, puede existir una mayor coordinación entre los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia, y así garantizar que los espacios de consulta y opinión por parte de los pueblos indígenas, estén considerados en toda instancia de gobierno

Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que no se limite solamente a la facultad que tiene el Ejecutivo Federal para iniciar las iniciativas de ley, sino que se extienda al Poder Ejecutivo a nivel estatal y congresos locales, en virtud de que ellos también cuentan con esa facultad de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

La que suscribe, Diputada Federal Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua, los identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos.

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estableció que es un 14.9% de la población total del país, la que se considera indígena, así mismo, de dicho porcentaje se refiere que una parte importante vive en centros urbanos y localidades de menos de 15,000 habitantes.

El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, en el que se busca materializar el compromiso que tiene México por abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas así como integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

El documento antes mencionado establece que la complejidad del tema indígena, así como la problemática de pobreza, discriminación y exclusión social que enfrentan las comunidades indígenas obliga a que todas las autoridades del Gobierno actúen coordinadamente para responder a este reto, hace especial hincapié en el proceso de diseño y coordinación intergubernamental, es fundamental involucrar a las comunidades indígenas y a la sociedad en general para alcanzar las metas establecidas en el Programa.

En este Programa Especial, se plasma en su directriz número 4 denominada "Participación social y coordinación intergubernamental" que es necesario orientar la política del Gobierno Federal hacia los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación acotada en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, ya que la participación de la población indígena en la definición e instrumentación de las acciones de gobierno se ha ido incrementando en años recientes a través de espacios y procesos diversos, con el fin de contar con políticas públicas pertinentes que puedan tener mejores resultados en los indicadores de desarrollo.

Por su parte, el Gobierno Federal ha diseñado y promovido políticas públicas para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dicha Comisión tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución.

Es de vital importancia la representación de este sector de nuestro país en instancias públicas, así como en los procesos de consulta que plantean la necesidad de apoyos y espacios para que sus comunidades realicen ejercicios de planeación y ordenamiento territorial como base para su desarrollo local y regional basadas en su cosmovisión e identidad, y que asuma la actitud para gestionar las acciones necesarias y participar en su ejecución. El Gobierno Federal debe mejorar los procesos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la materia.

En materia internacional podemos encontrar el Convenio número 169 que es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Dicho convenio fue ratificado por México, el 5 de septiembre de 1990, en éste se establece la obligación de que una vez ratificado, el país que así lo hace cuenta con un año para adecuar su legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante.

En el documento internacional se establece que el espíritu de la consulta, y la participación de los pueblos indígenas constituye la piedra angular de dicho Convenio, sobre la cual se basan todas sus disposiciones, en él se exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan, también demanda que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio antes mencionado no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de acciones gubernamentales, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo 6, se establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales, la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

Así mismo, menciona que los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente; otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad.

Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio, también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

Como se ha especificado con antelación, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo, las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena.

Se entiende como consulta efectiva, aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada, esto significa una consulta real y oportuna, por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

A fin de dar cumplimiento al Convenio número 169, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas emitió el "Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", sin embargo, aún no se ha cumplimentado de manera satisfactoria lo contenido en dicho instrumento internacional, debido a que existe una omisión en la norma constitucional al no referirse a las medidas legislativas que sí las establece en el Convenio, pero el problema real, es que podría considerarse inconstitucional la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya que esta ley secundaria sobrepasa el ámbito de competencia que establece la Constitución, porque en dicha ley sí permite la consulta cuando el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas, como se especifica en el siguiente cuadro:

CONVENIO NÚMERO 169 DEL O.I.T.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 6 inciso (a)…

a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;…

Artículo 2°, Apartado B…

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen…

Artículo 3, fracción VI…

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno…

De lo anterior, se aprecia que no existe coincidencia entre los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia, por lo es imperante que se homologuen a fin de que la Ley de Secundaria no vaya más allá de lo que establece la nuestra Carta Magna, ya que el artículo 6, numeral 1, inciso a) del Convenio número 169 del organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes estipula la obligación de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, por lo que al referirse en la Carta Magna a los Planes de Desarrollo tanto nacionales como estatales y municipales se cumple lo relativo a las medidas administrativas, sin embargo se omite lo referente a las medidas legislativas.

Aunado a lo anterior, se propone reformar la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que no se limite solamente a la facultad que tiene el Ejecutivo Federal para iniciar las iniciativas de ley, sino que se extienda al poder ejecutivo a nivel estatal y congresos locales, en virtud de que ellos también cuentan con esa facultad de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX, del Apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IX, del Apartado B, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

….

A.

I a la VIII …

B….

..:

I a la VIII…

IX. Consultar a los pueblos indígenas cada vez que inicien leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno, así como en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

...

...

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Artículo 3.

I a la V…

VI. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que se inicien leyes o decretos o se promuevan actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de julio de 2015.

Dip. Esther Quintana Salinas.

El Diputado Presidente Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada Quintana Salinas. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Vengo a presentar una iniciativa que tiene como motor, como valor fundamental, la dignidad humana.

Es un tema controversial, estamos hablando de despenalizar y regular la eutanasia en México.

Contra lo que alguien pudiera pensar, se trata de un acto de amor, se trata de un acto de compasión en el sentido original de la palabra, es decir, ponerse los zapatos del otro y ponerse en los zapatos de quien sufre, ponerse en los zapatos de quien padece a veces verdaderamente dolores que no merecería ninguna persona, por lo menos si no quisieran hacerlo a voluntad.

Es un tema, insisto, controversial, polémico, que tiene que ver, por supuesto, con discusiones religiosas, pero no olvidemos que estamos en un Estado laico, según mi interpretación, esta iniciativa de regular la eutanasia activa, se desprende de una correcta lectura de la Constitución mexicana.

¿Y cómo se los pienso demostrar?

¿De quién es la vida, de aquel que la experimenta o de un ser superior que nos la otorga? Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo discutiendo esta intensa discusión, esta intensa discusión que se hace en filosofía, en teología, etcétera, no nos vamos a poner de acuerdo, pero la Constitución establece una forma para resolver este tipo de dilemas, porque si la vida humana es de aquel que la experimenta, no hay discusión, aquel que la experimenta pudiera tomar la decisión difícil, dura, complicada, esencial, de decir: ya no quiero más cuando esta vida es insufrible.

Tendría esa posibilidad, si alguien piensa lo contrario, que es por supuesto una raíz religiosa, en donde la vida no le pertenece a quien la experimenta, pues pensará de otra manera. Pero resulta que nuestra Constitución, en el artículo 130, establece la división Iglesia-Estado.

Y en nuestro artículo 40, establece que nuestra República es laica, es decir, no hay una moral oficial, no hay una moral única que se le tenga que aplicar a todos, y así queda también claro en el artículo 24 constitucional, que establece el derecho a toda persona a tener sus propias convicciones éticas, y una convicción ética, por supuesto, legítima, es pensar que la vida que uno experimenta no le pertenece y, por lo tanto, tendría que aguantar el sufrimiento hasta el final.

Pero una convicción ética también aceptable es aquel que dice: sí la vida es de aquel que la experimenta y podría decidir poner fin a ella con un procedimiento marcado por las leyes y generando este derecho, porque lo que estamos viendo en nuestros hospitales, es ver cómo la gente agoniza con mucho dolor, y parece ser que el Estado mexicano condena a los pacientes a alargar la agonía para padecer hasta el último aliento de su vida.

Pero bueno, el artículo 1o. constitucional establece los derechos humanos y a imponerle a una persona a sufrir hasta el último momento de su vida, eso es un acto de tortura, de tortura institucional si se quiere, por eso es un acto de tortura.

Aquí estamos presentando una legislación, una iniciativa para regular precisamente cómo podría ser la eutanasia activa, por cierto, también no solamente para los que sus convicciones sean laicas u otras, también pueden ser para aquellos creyentes que estén convencidos que su sufrimiento no es la voluntad de Dios, y que ellos pueden tomar la decisión de suspender ese sufrimiento sin contrariar esa voluntad, también sería perfectamente legítimo.

En esta iniciativa establecemos que no puede ser el arranque de un paciente, es decir, que en el transcurso de un mes tendrá que reiterar su decisión de terminar con ese sufrimiento, con este padecimiento tan fuerte que tiene, que lo lleva a una situación límite; estamos planteando al menos tres entrevistas, entre la persona que solicite la eutanasia activa con su médico, y en cualquier momento podría decir no, no quiero, suspéndame la eutanasia, no la quiero, no quiero que se me practique en ese mes, en que tendría tres.

Estamos estableciendo también objeción de conciencia, es decir, si algún médico plantea o está convencido que practicar la eutanasia activa va en contra de sus creencias, se puede excusar, y claro, el hospital tendrá que sustituirlo con quien no tenga ese problema o que no choque con sus creencias.

Estamos, además, estableciendo que ya no va a haber esta tipificación que se le hace y se le llama homicidio por piedad, que es donde está penalizada la eutanasia. Y este es un problema que tiene que ver con una iniciativa anterior, el de la regulación del cultivo de amapola legal para fines médicos, para la industria farmacéutica, para la morfina, porque, insisto, nuestros pacientes en México, gran cantidad de ellos tienen agonías con dolores tremendos, terribles agonías, y sus familias ven cómo están e imagínense, los pocos afortunados que tienen acceso a la morfina, ven a sus pacientes dormidos, bloqueados, sin dolor pero sin conciencia; y los que no, la inmensa mayoría de los pacientes tienen que estar con sus familiares, verlos cómo padecen y sufren, y muchos de esos pacientes dicen, ésta ya no es una forma digna de vivir; esta vida ya no es digna para mí, no me quiero ver en esa situación, y sin embargo, el Estado mexicano los condena a alargar su agonía en esas condiciones infrahumanas, en esas condiciones indignas para él.

Por supuesto, cada quien debería tomar su decisión, y aquel que piense que quiera resistir hasta el final ese sufrimiento, estaría en su derecho; pero aquel que quisiera decidir poner fin a esa agonía con dolor, para respiro de él, y a lo mejor también de sus familiares que tienen esa impotencia de verlo sufrir de esa manera, encontremos una salida profundamente humanitaria, el no padecer dolor es un derecho humano que tenemos que predicar, y tiene que ver, insisto, con la dignidad de la persona.

Entonces, si tomamos esto, respetemos la creencia de todos; esa gran discusión de qué es la vida humana, que cada quien la determine, pero el Estado mexicano no puede tomar partido por una u otra, porque somos una República laica, sin moral oficial, y por lo tanto, reconozcamos este derecho a las personas por su bien, para mantener su dignidad en ese último lapso de su vida, etcétera; o aquellos que no tienen esperanza para mejorar, como podrían ser los parapléjicos, que quisiera alguno, obviamente si quiere seguir viviendo cada quien tiene esa posibilidad y tenemos que ver cómo podemos ayudarlo a su desarrollo, pero aquellos que decidan que ya no quieren seguir en esto, que tengan esa posibilidad, me parece que eso es de un estado moderno, de un estado que piensa en los derechos de sus habitantes y que piensa que una persona puede, si así lo quiere, terminar con la misma dignidad con la que vino a este mundo.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA DESPENALIZAR LA EUTANASIA Y REGULAR LA EUTANASIA ACTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Planteamiento del Problema:

Pese a que desde el 2009 ya está regulado en la Ley General de Salu del procedimiento para llevar a cabo la eutanasia pasiva, que consiste en suspender o evitar que inicie el tratamiento curativo en pacientes que se encuentran en fase terminal, aun queda pendiente establecer el procedimiento para poder llevar a cabo la eutanasia activa, que contempla la intervención de un profesional médico para poner fin a la vida de una persona que lo solicita reiteradamente debido a que padece alguna enfermedad en fase terminal y se encuentra en una situación de sufrimiento permanente.

Argumentos:

Con la entrada en vigor en 2008 de la Ley de Voluntad Anticipada en el Distrito Federal, la Cámara de Senadores inició la discusión y el proceso de dictaminación de diversas iniciativas presentadas tanto por el Partido Acción Nacional como por el Partido de la Revolución Democrática en torno al tema del sufrimiento y la dignidad de las personas que padecen alguna enfermedad en fase terminal, así como los límites que existen entre la defensa de la vida y la obstinación terapéutica. Tal discusión, dio origen a una reforma que incorporó un nuevo Título a la Ley General de Salud referente a “los cuidados paliativos de los enfermos en situación terminal”.

Con esta reforma se instauró en nuestro marco jurídico el procedimiento para poder llevar a cabo prácticas que se reconocen como parte de la Eutanasia Pasiva porque se coloca en un lugar preeminente el derecho de las personas que padecen alguna enfermedad terminal a decidir sobre la interrupción del tratamiento curativo, a negarse a iniciar un nuevo tratamiento, a designar a algún familiar a que exprese esta voluntad en caso de que su padecimiento ya no se lo permita y a optar por recibir solo cuidados paliativos en su domicilio. Esa reforma incluso incorporó para el caso de los menores de edad, el derecho de los padres a decidir el momento de la interrupción del tratamiento curativo.

A pesar de que la reforma del 2009 a la Ley General de Salud en materia de “Cuidados Paliativos” incluía prácticas que son reconocidas dentro de la clasificación de Eutanasia Pasiva, esa reforma incluyó en uno de sus artículos la prohibición a la Eutanasia e incluso la tipificó como “homicidio por piedad”. Lo cual es contradictorio con el procedimiento expresado en la propia Ley porque por ejemplo, en el capítulo que se refiere a las obligaciones de los médicos, queda explícito que el tratamiento paliativo que se aplica para mitigar el dolor de los pacientes que han decidido interrumpir el tratamiento curativo, tiene efectos secundarios como disminuir o acortar el tiempo de vida del paciente.

La eutanasia pasiva garantiza el derecho de los pacientes en fase terminal de interrumpir o negarse a recibir tratamiento curativo para adelantar el momento de la muerte. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cuando el sufrimiento de la persona es insoportablemente doloroso, debe existir una opción para que el paciente pueda decidir si quiere o no, interrumpir su dolorosa agonía a través del procedimiento de la eutanasia activa, tal como sucede en los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

La iniciativa que pongo a consideración de esta asamblea es para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal con el objeto de despenalizar la práctica de la eutanasia y para establecer el procedimiento legal a través del cual el paciente en fase terminal puede presentar su solicitud para que le sea practicada la eutanasia por un médico especialista. También se establece un periodo de tiempo considerable para que el paciente pueda refrendar su decisión, de tal forma que exista la garantía de que se trata de una decisión personal y razonada y que de esta manera, el médico pueda tener la certeza de que no existen presiones externas a la voluntad del paciente que influyan en su decisión.

Tengo la convicción de que cada persona es dueña de su propio cuerpo y de su propia vida; que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir con dignidad y que como personas conscientes, debemos ejercer la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre todo en situaciones límite en las que derivado de algún padecimiento en situación terminal, el dolor y el sufrimiento físico y emocional sean tan fuertes que tengamos la opción de elegir si queremos seguir viviendo en esas condiciones, o bien, elegimos poner fin a ese sufrimiento.

Estoy convencido que no existe una sola persona cabalmente lúcida en el mundo que pueda estar a favor del sufrimiento o de la tortura hacia los seres humanos, sin embargo, el tema de la eutanasia enfrenta fuertes oposiciones de quienes afirman que la vida de las personas no les pertenece a ellos, sino a un ser superior y por tanto consideran que la eutanasia debe ser considerada como un homicidio, pese a que con ese pensamiento estén promoviendo que las personas en situación terminal experimenten dolores insoportables, crisis de pánico, depresión, angustia y agotamiento emocional generalizado.

En este sentido, es importante resaltar que por disposición constitucional, ninguna moral particular con reminiscencias religiosas puede ser impuesta al Estado mexicano, tal como lo establece el artículo 40 de nuestra Carta Magna:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Nuestro país es tan diverso y tan plural que caben todo tipo de convicciones éticas y de creencias religiosas, todos tenemos el mismo derecho a ejercer nuestra libertad de pensamiento y de conciencia. Por lo tanto el Estado debe permanecer neutro frente a la diversidad de posturas que existen y no debe privilegiar ni menospreciar a ninguna de las distintas posiciones ideológicas y religiosas. 

Por otro lado, en un Estado Laico, nadie tiene el monopolio de la verdad única, mucho menos tiene derecho a imponerle al Estado su propia moral.

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.”

Tal como lo indica el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país existe una clara separación entre el Estado y las iglesias. Lo cual debe traducirse concretamente en que las Leyes que expida el Congreso de la Unión representen el bienestar general de las personas y por lo tanto sus disposiciones deben estar por encima de las diversas corrientes ideológicas que existen en nuestro país, de tal forma que ninguna Ley debe corresponderse con los preceptos religiosos de ninguna de las iglesias que de nuestro país. Todas las iglesias pueden expresar libremente sus posiciones pero lo que es inaceptable, es que impongan sus ideas, sus preceptos y su moral en nuestro marco jurídico. Tenemos preceptos constitucionales que son muy explícitos al respecto:

“Artículo 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.”

Finalmente quiero culminar esta argumentación haciendo mención a uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, se trata del artículo 1º, el cual establece los Derechos Humanos y sus garantías. En nuestro país, el Estado debe garantizar que no se violen los Derechos Humanos de las personas, lo cual significa que éste no debe ser omiso frente al dolor de las personas que muestran un hartazgo al sufrimiento de su agonía, porque con ello estaría faltando a su compromiso con la sociedad.

Las convicciones éticas de las personas o las creencias religiosas no pueden ser impuestas al Estado y el Estado no puede imponer a un ser humano una disposición basada en una cuestión de fe y obligarlo a sufrir una larga y dolorosa agonía cuando el enfermo ya no quiere vivir en esas condiciones. 

El Estado mexicano no debe ser el transmisor de la idea que afirma que la vida no nos pertenece a los seres humanos, sino que pertenece a una entidad suprema y etérea, porque al hacerlo estaría fungiendo como custodio de credos y doctrinas religiosas. El Estado mexicano debe ser neutro y colocarse por encima de cualquier pensamiento religioso o de cualquier corriente de pensamiento porque en la cúspide de todas esas corrientes ideológicas se encuentra el respeto irrestricto a los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 1º:

 “Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Todos los seres humanos debemos tener el derecho de elegir si queremos morir en un ambiente lleno de sufrimiento y de dolor o si queremos ejercer nuestro derecho a “bien morir” cuando consideremos que nuestra agonía es tan insoportable que nos impide vivir con dignidad.

En un Estado Laico caben todas estas opciones, lo importante es que nuestras Leyes no estén impregnadas de un sesgo que privilegie a ciertas creencias religiosas sometiendo con ello a otra parte importante de la sociedad que no compartimos esa forma de ver la vida porque tenemos nuestras propias convicciones éticas.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Título Octavo Bis y los artículos 166 bis, 166 bis 1, 166 bis 3, 166 bis 5, 166 bis 7, 166 bis 15, 166 bis 16, 166 bis 21 y 421 bis; Se adiciona el artículo 166 bis 22 de la Ley General de Salud. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 302 y 312 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

TITULO OCTAVO BIS

De los Cuidados Paliativos y del Procedimiento de Eutanasia a los Enfermos en Situación Terminal

Artículo 166 Bis. (…)

I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios, así como la posibilidad de optar por el procedimiento de eutanasia cuando el sufrimiento sea insoportable.

II. Garantizar una muerte en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal;

III.- VI.- (…)

Artículo 166 Bis 1.(…)

I.- VII.- (…)

VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento de un enfermo en situación terminal;

IX.- (…)

X.- Eutanasia: El acto practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una persona que lo solicita debido a que padece alguna enfermedad en fase terminal  o que se encuentra en una condición patológica incurable que lo mantiene en permanente sufrimiento físico o mental.

Artículo 166 Bis 3. (…)

I.- XI.- (…)

XII.- A solicitar por escrito a su médico que le sea practicado el procedimiento de eutanasia;

XIII.- A revocar su solicitud de eutanasia en el momento que lo desee, en este supuesto, la solicitud será extraída del expediente médico y se le devolverá al paciente; y

XIV.- Los demás que las leyes señalen.

Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación terminal, mayor de edad o en la etapa adolescente, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo, al tratamiento estrictamente paliativo o a solicitar por escrito al médico especialista, su voluntad a que le sea practicada la eutanasia.

Artículo 166 Bis 7. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por escrito ante el personal médico correspondiente. Durante esta etapa,el paciente también podrá tener la opción de presentar ante el médico especialista una solicitud por escrito expresando su voluntad de suspender los cuidados paliativos y que le sea practicada la eutanasia.

Artículo 166 Bis 15. (…)

I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar una decisión libre e informada sobre su atención, tratamiento, cuidados paliativos o procedimiento de eutanasia.

II.- III.- (…)

IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados paliativos y sus consecuencias, así como analizar la solicitud de eutanasia cuando el paciente decida llevar a cabo dicho procedimiento motivado por una situación desesperada y de dolor permanente.

V.- X.- (…)

XI.- Ningún médico estará obligado a practicar el procedimiento de eutanasia si rechaza hacerlo por objeción de conciencia. En este caso, deberá informar al paciente dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud precisando las razones de su rechazo y deberá entregar el expediente médico del paciente a otro médico especialista que tenga la disposición de atender esta solicitud.

XII.- Las demás que le señalen ésta y otras Leyes.

Artículo 166 Bis 16. (…)

(…)

Se suprime (tercer párrafo)

Artículo 166 Bis 21.-No comete infracción ni podrá ser denunciado civil o penalmente, el médico que practique la eutanasia, siempre y cuando se garanticen los siguientes requisitos:

I.- Que el paciente sea mayor de edad o en etapa adolescente y se encuentre consciente al momento de efectuar su solicitud.

II.- Que la solicitud se realice voluntariamente después de un proceso profundo de reflexión personal y sin interferencia de ninguna presión externa.

III.- Que el paciente que lo solicite padezca alguna enfermedad en fase terminal en un estado permanente de sufrimiento físico o psíquico insoportable y sin perspectiva de mejoría.

IV.- Que la persona que lo solicite tenga alguna condición patológica que lo mantenga en un constante sufrimiento físico o mental que no pueda ser aliviado.

Artículo 166 Bis 22. En el procedimiento de la Eutanasia, el médico deberá:

I.-Informar al paciente sobre su estado de salud, esperanza de vida, razonar con él sobre su solicitud de eutanasia, discutir sobre las posibilidades terapéuticas que aun existan, así como los cuidados paliativos y sus consecuencias, todo ello hasta que el paciente tenga un total convencimiento de que ya no tiene más alternativas y sea posible garantizar quela solicitud es completamente voluntaria.

II.-  Asegurarse de la persistencia del sufrimiento físico o psíquico del paciente y de su voluntad reiterada. Para lograr este objetivo, tendrá tres entrevistas con el paciente en un período no mayor a un mes.

III.- Consultar con otro médico lo relativo al carácter grave e incurable del padecimiento. El médico consultado, estudiará el expediente, examinará al paciente y se asegurará de que no tiene esperanza de vida, además podrá corroborar que hay un sufrimiento constante y reiterado. El médico consultado deberá ser imparcial e independiente tanto del paciente como del médico tratante y tener competencia respecto a la patología que sufre el paciente. El médico tratante informará al paciente sobre los resultados de esta consulta; y

IV.- La solicitud del paciente estará fechada y firmada por el paciente. Si éste se encontrara imposibilitado físicamente para redactar y firmar su solicitud, ésta podrá ser realizada por la persona de su elección.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan con un segundo párrafo los artículos 302 y 312 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 302.- (…)

No se considerará homicidio al acto practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una persona que lo solicita en caso de enfermedad en fase terminal, en los términos de la Ley General de Salud.
Artículo 312.- (…)

Quedan excluidos del supuesto anterior los profesionales médicos que intervienen para poner fin a la vida de una persona de acuerdo con lo que establece la Ley General de Salud.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Sede de la Comisión Permanente, el 8 de Julio de 2015.

Suscribe

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Se recibió del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 89 constitucional, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La última reforma que sufrió la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna data del 13 de diciembre de 2002 en el Congreso de la Unión, y culminó con la publicación del Decreto respectivo hasta el 5 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. La reforma fue producto de un proceso legislativo poco afortunado, marcado por las prisas y la ya cotidiana práctica de legislar al vapor.

La importancia de esta fracción en comento, tiene que ver con el uso y el gran margen de discrecionalidad que el titular del Ejecutivo federal posee para hacer uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior.

Pese a que los términos seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, se usan indistintamente a modo de semejanza, conviene tener un rigor terminológico para precisar los alcances y facultades que cada autoridad tiene en su respectivo ámbito de competencia, y así evitar abusos y abonar a la consolidación de un verdadero régimen democrático.

El artículo 21 décimo párrafo, de la Constitución Federal, señala que: "…las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil…", más no militar; por lo tanto, las corporaciones policiacas son las que deberían hacerse cargo de investigar, perseguir y sancionar los delitos contra la salud, particularmente en la vertiente de producción, tenencia y tráfico de narcóticos.

A su vez, el artículo 129 de nuestro ordenamiento jurídico fundamental dice literalmente que: "…en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…". Esto es así porque la disciplina militar es uno de los elementos definitorios de cualquier Ejército y encuentra su fundamento último en la Constitución, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no faculta a las Fuerzas Armadas para que incursionen en tareas de seguridad pública ni para que estén de forma permanente fuera de sus cuarteles.

La militarización de la seguridad pública, entendido este fenómeno como la presencia de las Fuerzas Armadas en el aparato de seguridad pública del gobierno, principalmente en las procuradurías, puestos policiacos de los diferentes niveles y en áreas estratégicas de inteligencia civil, así como el aumento de los recursos financieros y materiales en las instituciones donde se congregan estos elementos (la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México), para hacer frente al trasiego de drogas ilícitas, en nuestro país sus antecedentes se remontan desde 1938 hasta esta administración federal.

En todo este lapso, los titulares del Ejecutivo federal en turno, aprovechando el vacío legal que tiene la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna, y dado que las instituciones militares responden a sus órdenes por la calidad que tiene el Presidente de la República de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, han usado a los militares en labores de seguridad pública so pretexto de salvaguardar la seguridad interior. No obstante, esta situación no se ha evaluado en su justa dimensión. Ya que a los militares se les somete a un riesgo innecesario y se les pone en una situación de vulnerabilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis 1a. CXCI/2011, P./J. 38/2000 y P./J. 37/2000, ha dado el visto bueno para que los militares incursionen en labores de seguridad pública, aunque estos pronunciamientos han sido poco claros en cuanto a criterios técnico-jurídicos se refiere, al grado de que conocedores en materia constitucional han calificado a éstos criterios que dan la venia para que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas estén en las calles realizando labores civiles, como una "interpretación creativa1" del máximo tribunal del país.

Prueba de que se ha errado el camino en esta materia y que al día de hoy existe más confusión que certeza, es que hasta los propios militares saben que están actuando sin garantías jurídicas en la denominada "guerra contra el narcotráfico". Basta decir que generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el sexenio de Felipe Calderón, señalaron que2: "¡No nos resistimos a combatir a los traficantes de drogas ni a los delincuentes! Hacerlo sería insubordinación, y lo primero que se nos enseña es a obedecer y a acatar órdenes… Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no sólo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nació. Esto podría llegar al extremo de que el día que entre un nuevo Presidente de la República, varios generales se vieran sometidos a Consejo de Guerra si el poder civil considera que violaron la Ley. Podrían aducir: ustedes que se dicen tan respetuosos de la ley, ¿Bajo cuál criterio salieron a las calles si saben que constitucionalmente no pueden hacerlo… En estos momentos… la gente tiene que entender que a nosotros nos adiestran de forma diferente a los policías… Nosotros estamos listos para el ataque, no para la disuasión… Por eso es tan riesgoso tener a las tropas en la calle. ¿Pero cómo vas a actuar cuando tu Presidente, el comandante supremo, saca al Ejército sin ninguna garantía?".

El titular de la SEDENA en el sexenio pasado, el Gral. Guillermo Galván Galván, señaló: "el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en la lucha contra el crimen organizado", ya que existe la renuencia "de algunos generales a seguir participando en la batalla contra la delincuencia a falta de garantías para esa labor".3

El actual titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha dicho: ''aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece'', en relación a los procesos penales que enfrentan elementos del Ejército por presuntos delitos que cometieron en labores de seguridad pública.4

Es necesario hacer un recuento de algunos casos que han sacudido a la estructura militar precisamente por actuar en labores de seguridad pública, a saber5:

● El caso del General Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en febrero de 1997 fue detenido después de que se reveló que estaba viviendo en un apartamento de lujo propiedad de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

● El caso del Brigadier general Mario Arturo Acosta, quien fue acusado y encarcelado en el año 2000 de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Y en 2002, el general retirado también fue acusado de asesinato y desaparición forzada de activistas de izquierda y revolucionarios durante la llamada "guerra sucia" de México en las décadas de 1970 y 1980.

● El caso del General Tomás Ángeles Dauahare, quien fue arrestado en el año 2012 por supuestamente ayudar al cártel de los Beltrán Leyva.

● El caso de los cinco oficiales, tres generales del ejército y dos jefes militares, acusados de ayudar al cártel de los Beltrán Leyva.

● El caso de Joseph Proctor, llamado así porque un grupo de soldados mexicanos fueron acusados en agosto de 2010 de matar a Joseph Proctor, de 32 años y oriundo de Nueva York, en un retén cerca de su casa ubicada en Acapulco.

● El caso de los homicidios de Vicente y Alejandro de León, quienes murieron cuando los soldados dispararon contra su automóvil en momentos en que el vehículo pasaba por un convoy militar en el estado de Nuevo León.

De manera más reciente no pueden pasar inadvertidos los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. En el primero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la recomendación 51/2014, logró acreditar que elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas luego de un enfrentamiento que duró de 5 a 10 minutos en el Municipio de Tlatlaya, estado de México.6 En el segundo caso hay quienes señalaron que miembros del Ejército fueron coparticipes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que incluso incineraron a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios.7

En México la seguridad puede entenderse en tres niveles; la nacional, la pública y la interior, y a cada nivel corresponde determinar cuáles serán los instrumentos para el uso de la fuerza legítima, cómo se identificarán las prioridades y amenazas, así como la capacidad de anticipar y, por supuesto, responder a situaciones de emergencia.8

Como ya dijimos, la seguridad pública se consagra en el artículo 21 de la Constitución Federal y en su ley reglamentaria (Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Desde el punto de vista de autores como Martha Patricia Solís Minor, Moloeznik Marcos Pablo y José Luis Piñeyro, "la seguridad nacional debe considerarse como una situación, y es en aras de mantener dicha situación, que el Estado crea instituciones que se enfocan exclusivamente a esta tarea9". En el caso mexicano, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 señala que "por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes".10

En este orden de ideas, la seguridad del Estado mexicano, a decir de la agencia civil de inteligencia mexicana, tiene dos componentes: la interior y la exterior. "La primera es considerada como aquella que tiene como objeto fundamental el mantenimiento del orden para que el Estado prospere, se desenvuelva y asegure dentro del país un ambiente propicio al desarrollo, concibiéndose como el conjunto de condiciones orientadas a proporcionar las garantías necesarias para el buen funcionamiento de las actividades económicas, políticas y sociales, para preservar a la colectividad nacional de los peligros que, contra su supervivencia, integridad y logro del bienestar general, puedan surgir en su seno. La segunda es la definición, planificación e implementación de acciones estratégicas a través de la política exterior para la supervivencia y defensa nacional frente a las amenazas virtuales o reales que surgen de la relación con otros Estados, se relaciona con el interés nacional y corresponde a las Fuerzas Armadas".11

"Mientras que en rigor, el término seguridad interior constituye un resabio de las constituciones del siglo XIX que logra sobrevivir a los trabajos del constituyente de Querétaro y que sólo ha servido para generar confusión sobre el contenido y alcance de los términos y categorías de seguridad, dejando expedita la participación de las Fuerzas Armadas en misiones y funciones de naturaleza policial".12

En consecuencia, propongo reformar la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna, a fin de que quede establecido que será facultad y obligación del Presidente de la República preservar la seguridad nacional en los términos de la Ley de Seguridad Nacional, para lo cual podrá disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Marina Armada y de la Fuerza Aérea. Pero si un asunto es considerado de seguridad nacional, el titular del Ejecutivo federal deberá establecer y articular de manera precisa las causas, los lineamientos y la temporalidad para que las Fuerzas Armadas estén fuera de los cuarteles en tiempo de paz cuando haya motivos fundados de que hay una amenaza a la seguridad nacional, previa autorización de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República y observando en todo momento la protección a los Derechos Humanos.

De esta manera, se clarificará la actuación de las Fuerzas Armadas y ya no estarán sujetas al gran margen de discrecionalidad con el que actualmente opera el Ejecutivo federal. Se trata de una deuda pendiente con las Fuerzas Armadas, toda vez que son instituciones fundamentales para la seguridad nacional, para la paz de nuestro pueblo y para el sostén del Estado mexicano.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a V. ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, para lo cual podrá disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Marina Armada y de la Fuerza Aérea.

VII. a XX. …

Texto vigente de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a V. ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. a XX. …

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a V. ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, para lo cual podrá disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Marina Armada y de la Fuerza Aérea.

VII. a XX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el diario oficial de la federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley de Seguridad Nacional, donde el Presidente de la República deberá establecer y articular de manera precisa las causas, los lineamientos y la temporalidad para que las Fuerzas Armadas estén fuera de los cuarteles en tiempo de paz cuando haya motivos fundados de que hay una amenaza a la seguridad nacional, previa autorización de las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales de menor rango que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República,
el 8 de julio de 2015.

Dip. Danner González Rodríguez.

1 Carbonell, Miguel. "Los derechos humanos de libertad de tránsito, asilo y refugio", Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 85. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3171/5.pdf [Última consulta: 27 de diciembre de 2014]. Del mismo autor también se recomienda ver "El rol de las fuerzas armadas en la Constitución mexicana", Ius et Praxis, año 8, número 1, Talca, Chile, 2002, pp. 35-51; "Fuerzas armadas y Constitución: el caso de México", en Vínculo Jurídico, número 53, Zacatecas, enero-marzo de 2003, pp. 37-46; y "Elementos de derecho constitucional", México, Fontamara, UNAM, 2004, pp. 229 y ss.

2 Castillo García, Gustavo. "El Presidente nos mandó a las calles sin garantías jurídicas: militares", La Jornada, 19 de abril de 2010. Versión disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/19/politica/005n1pol [Última consulta: 27 de diciembre de 2014]

3 Ibíd.

4 "No amedrantan al Ejército juicios "injustos y erróneos": Cienfuegos", La Jornada, 11 de noviembre de 2014, p. 3. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/11/politica/003n1pol [Última consulta: 27 de diciembre de 2014]

5 "Seis escándalos que han cimbrado al Ejército", 24 HORAS, 28 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.24-horas.mx/seis-escandalos-que-han-cimbrado-al-ejercito/ [Última consulta: 2 de marzo de 2015]

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa CGCP/299/14, México D.F., 21 de octubre de 2014, p. 1. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_299.pdf [Última consulta: 2 de marzo de 2015]

7 "¿Quemaron militares a los 43 en hornos? Científicos, testigos y abogado sospechan", SIN EMBARGO, 6 de enero de 2015. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/06-01-2015/1209087 [Última consulta: 2 de marzo de 2015]. En el mismo tenor se recomienda ver "Los 43 pudieron haber sido incinerados en crematorios del Ejército: especialistas", LA JORNADA, 4 de enero de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/politica/008n1pol [Última consulta: 2 de marzo de 2015]

8 Solís Minor Martha Patricia y Moloeznik Marcos Pablo. "El rol de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y su impacto en las relaciones civiles-militares: el caso mexicano como paradigma de la militarización de la seguridad pública", Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2014, p. 94.

9 Ibíd., p. 92.

10 Ley de Seguridad Nacional, artículo 3, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, p. 1. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf [Última consulta: 27 de diciembre de 2014]

11 Solís Minor Martha Patricia y Moloeznik Marcos Pablo. Óp. Cit., p. 93.

12 Ibid., p. 95.






Tiene la palabra la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación normal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN NORMAL

(Presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza)

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que hoy presento, ha sido una constante demanda de mi partido Nueva Alianza, ya que una de las deudas de la reforma educativa está concentrada en las escuelas normales, en su reconocimiento jurídico, su organización administrativa y la garantía de su soporte académico como instituciones de educación superior.

Para Nueva Alianza es indispensable que las instituciones que forman, actualizan y profesionalizan a los maestros de nuestro país, cuenten con el apoyo normativo para su formación inicial continua, permanente y, sobre todo, para su desarrollo profesional a lo largo de toda su vida.

Si no es a través de las escuelas normales y la formación de docentes, no se podrá conseguir los objetivos que nos planteamos con la reforma educativa.

Sin una renovación y organización eficiente de las escuelas normales, la reforma educativa está condenada a convertirse en una promesa incumplida.

La simiente de la transformación y la calidad educativa yace en las escuelas normales del país, por eso es necesaria, indispensable la creación de un sistema de normales que garantice que la educación normal para la formación de maestros cuente con el reconocimiento jurídico, la organización administrativa y el soporte académico que se merecen como instituciones de educación superior.

Nuestra propuesta es que el sistema de normales sea el encargado de asegurar la calidad de la educación que se imparta a los docentes y buscar la competencia académica de sus egresados, persiguiendo la congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.

El rezago normativo en que se encuentran las escuelas normales es uno de los mayores obstáculos para el reforzamiento y la renovación adecuada de la planta docente. En parte eso se debe a que los ordenamientos que la rigen datan de los años 70’s del siglo pasado, y carecen de una visión armónica de la estructura orgánica que se requiere para cumplir los objetivos de la reforma educativa.

El compromiso de Nueva Alianza con la calidad de la educación es indiscutible. Por ello, consideramos que es preciso actualizar el marco normativo, de modo que las escuelas normales tengan garantizado su funcionamiento como institución en la educación superior acorde a las finalidades educativas que les atañe.

Por lo tanto, la presenta iniciativa tiene la finalidad de otorgar a la educación normal y a la formación de maestros ese reconocimiento jurídico que le hace falta, así como las bases normativas que su característica de institución de educación superior está demandando.

Según el informe: Los Maestros en México 2015, realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, existe una necesidad de transformar las escuelas normales en verdaderas instituciones de educación superior, de mayor tamaño, con altas composiciones de profesores con estudios de post grado, con una mayor proporción de la planta docente contratada de medio tiempo o tiempo completo, egresada de diferentes disciplinas y de carreras afines a la docencia.

En este documento, del cual ya cité, el INEE ha sugerido establecer una mayor articulación entre la educación normal y las instituciones de educación superior, de manera que las materias disciplinarias sean impartidas por instituciones universitarias y las materias pedagógicas y didácticas por profesionales de la educación.

También propone implementar en la formación inicial de docentes de educación media superior un trayecto formativo pedagógico de al menos un año, obligatorio en las carreras con salida a la docencia. Así como atender la desigualdad en la calidad de la formación inicial de los maestros y maestras, a fin de reducir las enormes diferencias entre entidades e instituciones formadoras de docentes.

Dichas recomendaciones, aunadas a lo establecido por el Transitorio Vigésimo Segundo de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y lo cito: “La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del Sistema Educativo Nacional.”

Como podemos ver, la reforma educativa no se circunscribe solamente a la evaluación o a los exámenes, hay muchos temas y vacíos que tenemos que ir procesando. Por lo tanto, se convierten en motivo y base para la construcción de un sistema de normales que incorpore una visión de la profesión docente acorde con las necesidades del país y con la calidad de la educación a la que aspiramos.

En congruencia con lo anterior, presentamos esta reforma para que el sistema de normales forme parte integral del Sistema Educativo Nacional y atienda la formación inicial, continua y permanente de los profesionales de la educación.

Pretendemos, de esta manera, que la profesión docente sea, como en países desarrollados, una actividad profesional respetada con una formación permanente y, sobre todo, que dignifique nuestra profesión como una decisión de vida.

Que la investigación, la actualización y el desarrollo de las capacidades sea una parte significativa de la carrera profesional de nuestros maestros y maestras.

Para conseguir estos objetivos, es indispensable reconocer en el cuerpo de la ley el tiempo que dedican algunos profesores a la investigación, y no sólo a la docencia, como sucede en algunas entidades.

De este modo, los docentes que han hecho camino en la investigación pueden dedicarse de tiempo completo a dicha actividad, como sucede en universidades y tecnológicos de todo el mundo, y así desarrollar conocimientos en el terreno de la investigación educativa, una carencia evidente en nuestro país.

Conocemos las demandas y necesidades del magisterio y también sabemos de su compromiso con la calidad de la educación. Dicho conocimiento nos mueve a fortalecer el marco jurídico para llegar a una necesaria reestructuración y valoración, no sólo de las escuelas normales, sino de la labor tan noble, como es la docente.

Por último, sabemos que la calidad educativa se construye desde las normales, por ello esperamos que esta reforma sea valorada plenamente y contribuya a consolidar los objetivos de la reforma educativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada María Sanjuana. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.






El siguiente apartado del Orden del Día, es la votación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reserva para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos 14 dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta implementar programas y políticas públicas para prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la "Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad", presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea la "Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad".

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1194.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El senador señala que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos años debido a las ganancias millonarias que producen sus actividades, lo que, de acuerdo con el promovente, representa un problema social que perturba la paz pública y pone a prueba a las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

Indica que Edgardo Buscaglia, experto en temas de Delincuencia Organizada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que México es uno de los seis países con mayor presencia de la delincuencia organizada y cuyo sistema arroja el mayor nivel de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, solamente superado por Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial.

El senador considera que, como consecuencia de las premisas anteriores, la incidencia delictiva de los menores de edad ha ido en aumento,pues son un grupo susceptible y vulnerable. Indica que las autoridades no se han preocupado en elaborar estadísticas con cifras oficiales, sin embargo, señala que hay aproximadamente 30,000 niñas y niños que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de 22 delitos diferentes, del fuero común y federal.

El promovente refiere que los adolescentes que se encuentran inmersos en la delincuencia presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela; residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia.

Al respecto, señala que en 2005 se llevó a cabo una importante reforma al artículo 18 constitucional en coadyuvancia con los Derechos del Niño, instaurando el denominado "Sistema Integral de Justicia para Adolescentes", el cual tuvo como principal objetivo garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de niñas y niños, establecer el sistema de justicia específicos para aquellos que presuntamente hayan infringido las leyes penales.

Asimismo, expone que en México se considera la delincuencia organizada como un problema de seguridad pública, mas no como un problema social que afecta a cada uno de los mexicanos, por lo que considera que se necesita crear medidas de previsión para que los menores no delincan, así como un sistema especializado capaz de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir.

De manera que el senador propone la creación de programas sociales y políticas públicas que busquen la adaptación de estos menores, mediante estímulos educativos, deportivos, culturales, dejando ver que tienen alternativas para un futuro próspero.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñen e implementen programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, destaca la información proporcionada por el senador, en la que se da cuenta de que cerca de 30 mil menores de edad están integrados a grupos de la delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades.

Al respecto, la Asociación Civil Cauce Ciudadano refiere que, hasta 2013, alrededor de 24 mil menores se habían integrado al Cartel de Sinaloa, cerca de 17 mil colaboraban con los Zetas y otros 7,500 se ubicaban en las filas de La Familia Michoacana.

La misma fuente refiere que son jóvenes entre 13, 14 y 15 años los que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando la droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas; asimismo, diversas organizaciones civiles señalan que entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013 1,873 adolescentes fueron asesinados ; cabe destacar que dicha tasa se incrementa en estados como Guerrero y Chihuahua.

Otro dato importante para el análisis de este fenómeno es el proporcionado por la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, que dio a conocer que cerca del 65 por ciento de los presos de la Ciudad de México son menores de 25 años de edad.

Ahora bien, desde 1923, año en que se estableció el primer Tribunal para menores en San Luis Potosí, nuestro país tuvo un sistema tutelar para el tratamiento de la justicia de los menores, mismo que se caracteriza por concebir al menor infractor como inimputable e irresponsable de su conducta; en este sistema no existe el delito, sino una línea que va del estado de peligro a las faltas administrativas y donde no se aplican penas sino medidas de seguridad, asimismo, no hay derecho para la defensa.

No obstante, este sistema tutelar ha sido superado para constituir un sistema de justicia integral para adolescentes. En ese sentido, es preciso puntualizar que el 3 de junio del presente año, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión realizó la declaratoria de reforma constitucional, la cual faculta al Congreso para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.

Dicha reforma obedece a las recomendaciones emitidas por organizaciones internacionales, asimismo, está vinculada con los tratados internacionales signados por México que se refieren al tema de la justicia para niños y adolescentes, tales como la Convención de los Derechos de los Niños (1989); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing, 1985); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices RIAD, 1990).

Asimismo, vale la pena destacar que con la reforma al artículo 4, en el que se reconoce la protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tales como la alimentación, la salud, la educación o el sano esparcimiento bajo un marco de respeto a su dignidad y ejercicio de sus derechos humanos, se sentaron las bases para la instauración de un sistema de justicia efectivo para los adolescentes, que atienda sus necesidades y contribuya al desarrollo de la persona.

De igual forma, se debe hacer notar que nuestro sistema jurídico dio un paso adelante con la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se reconoce a los niños como sujetos con derechos y también deberes, es decir, se les reconoce como personas en formación.

Actualmente, el artículo 18 constitucional establece lo siguiente:

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Así, México se suma a las naciones que han adoptado la justicia para adolescentes como un ámbito que debe ser atendido por una jurisdicción especializada yque debe abarcar diversos aspectos de política social, de política judicial y de control de gestión, identificados como:

A) Prevención

B) Procuración de justicia

C) Impartición de justicia

D) Tratamiento o ejecución de la medida

E) Investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia.

En ese sentido la propuesta del senador está relacionada conla prevención, investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia, aspectos que entrañan implícitamente, la prevalencia del interés superior del menor y que obliga a que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes se oriente hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de la persona y el desarrollo de sus capacidades.

Lo anterior no es más que un cambio en la concepción de la justicia para adolescentes que busca, en todo caso, que la sanción para los infractores sea de alguna forma "educativa", y bajo esa lógica, la prevención del delito debe seguir los mismos preceptos.

El proponente señala que el problema de los menores que actúan dentro del crimen organizado son víctimas de un sistema que opera con los preceptos de la seguridad pública y no de una política social que busque alejarlos de dichas conductas, es decir, se ha descuidado el desarrollo de los menores y la oferta de oportunidades de crecimiento y esparcimiento sano por una búsqueda de la seguridad y del combate de los actos de la delincuencia organizada.

Por tanto, la prevención del delito es un componente central en toda estrategia de control del crimen y la delincuencia, dado que se atienden factores de riesgo presentes en el individuo, la familia, los espacios públicos, la comunidad y, de esta forma, evita que se traduzcan en actos criminales.

Prevenir la penetración del crimen organizado en núcleos poblacionales vulnerables, como lo son los niños y adolescentes, debe ser una de las tareas que el Congreso de la Unión deberá contemplar en el diseño del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes, no obstante, actualmente México cuenta con mecanismos que buscan hacer frente a esta problemática.

La Secretaría de Gobernación, encargada tanto de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación; de coordinar, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la materia; y de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito en todo el territorio nacional, ejecuta, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2013-2018.

El PNPSVD tiene como objetivo el diseño de políticas públicas, programas y acciones que pongan freno a la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que las generan. Como el propio nombre del programa lo indica el programa tiene como propósito combatir las causas que originan la delincuencia.

Es cierto que no se trata el problema de la delincuencia organizada per se, sin embargo las estrategias que deriven de la implementación de este programa sí consideran la incidencia del crimen organizado, dado que se compone de:

● Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;

● La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

● El fomento de la solución pacífica de conflictos;

● Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y

● Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.

De igual forma, el programa involucra aspectos como el comunitario, que pretende atender los factores que generan la violencia y la delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria; en el aspecto situacional que tiene como propósito modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva; y, finalmente, la prevención en el ámbito psicosocial, la cual tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia.

De conformidad con lo anterior, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el PNPSVD (2015) contempla a los niños y adolescentes en el objetivo 2, que se denomina "Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritarias". En este rubro, se establecen las siguientes estrategias:

2.1 Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de violencia y delincuencia.

2.2. Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia.

2.3. Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres.

2.4 Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la población migrante.

2.5. Promover mecanismos y programas institucionales para la atención integral a víctimas de violencia.

Cabe destacar que uno de los ejes de este programa se relaciona con acciones dirigidas específicamente a la población joven —en sus distintos grupos y como un sector social particular— que respondan a sus características y problemas particulares, orientados a la protección de los derechos humanos de los jóvenes, su fortalecimiento como actores estratégicos del desarrollo y su empoderamiento social.

Por tanto, esta Comisión considera debe formularse un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, intensifique y fortalezca sus programas y políticas públicas a fin de prevenir la participación de los menores en la delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/12/131217_mexico_menores_adolescentes_reclutados_
narcotrafico_chapo_guzman_zetas_sinaloa_an






Que exhorta a fortalecer la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Tabasco a investigar el asesinato del periodista Ismael Díaz López, colaborador del diario “Tabasco Hoy”, promovida por el Diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración del pleno la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Tabasco a investigar el asesinato del periodista Ismael Díaz López, colaborador del diario Tabasco Hoy

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1222.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El promovente señala que la libertad de expresión constituye un derecho individual cuyo ejercicio promueve el desarrollo de la autonomía y autodeterminación personal y que dicho derecho posee una dimensión social relacionada con la construcción de formas democráticas de gobierno. Considera que la libertad de expresión adquiere un carácter instrumental para la democracia en tanto que garantiza la posibilidad de que los asuntos de interés público, sean expuestos y debatidos por los ciudadanos.

El senador expone que la libertad de prensa es un componente imprescindible de la libertad de expresión y que los periodistas son los defensores de este derecho, sin embargo, señala que en los últimos años la violencia en contra de los profesionales del periodismo ha provocado que se considere peligroso ejercer la actividad periodística en determinadas regiones del mundo, incluidas algunas zonas del territorio mexicano.

Por ello, estima necesario que los poderes federales y de las entidades federativas realicen una reflexión sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para llevar a cabo las acciones de gobierno pertinentes a fin cambiar el contexto de adversidad que hoy enfrenta el periodismo en nuestro país.

Al respecto, manifiesta que la Fiscalía General del Estado de Tabasco investiga el homicidio del periodista Ismael Díaz López, corresponsal del diario Tabasco Hoyen el municipio de Teapa. Señala que el reportero especializado en nota roja, fue atacado por desconocidos con arma blanca al interior de su domicilio el pasado jueves 18 de junio, y lamentablemente perdió la vida mientras era trasladado a un hospital de Villahermosa, la capital de la entidad.

Indica que la Fiscalía del estado informó, a través de su cuenta de Twitter, que indaga el crimen e indicó que “la línea de investigación más fuerte es la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya que existen antecedentes legales para tal sustento”. Por esta razón, explica, cientos de reporteros tabasqueños demandaron a las autoridades que se aclare la muerte de su colega sin adelantar hipótesis.

El diputado manifiesta que el Partido Verde Ecologista de México se ha sumado las exigencias de los periodistas locales, respaldados por la asociación internacional defensora de los derechos humanos Artículo 19 y califica como irresponsable que la autoridad descarte otras líneas de investigación en el asesinato de una persona cuya labor es de suyo una actividad riesgosa. En virtud de lo aquí expuesto propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Tabasco a investigar a fondo el asesinato del periodista Ismael Díaz López, colaborador del diario Tabasco Hoy.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora comparte las preocupaciones del legislador respecto al esclarecimiento del asesinato de Ismael Díaz López, periodista de nota roja del diario El Criollo, del grupo Editorial Acuario, ocurrido el pasado 18 de junio.

De acuerdo con los medios de comunicación locales y nacionales, los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana al interior del domicilio del periodista, ubicado en el municipio de Teapa, lugar donde fue atacado y herido con arma blanca, lo que causó su muerte cuando era trasladado para recibir atención médica en Villahermosa.

Si bien en un primer momento se dio a conocer que la línea de investigación más fuerte estaba vinculada a un conflicto familiar, la propia Fiscalía también informó que las investigaciones se desarrollan en contacto con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de agotar todas las líneas de investigación que permitan esclarecer el homicidio del periodista Ismael Diaz López.

En ese sentido, cabe señalar que los homicidios en contra de periodistas y los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión se encuentran contemplados en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos, que a la letra dice:

Las autoridades federales podrán conocer los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Bajo esa tesitura, el Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 10, que el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlo.

En lo que se refiere a los delitos en contra de la libertad de expresión, como lo señala la Fiscalía del Estado de Tabasco en sus tweets, la cuenta PGR cuenta con un órgano especializado: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene pleno acceso a los datos, registros y actuaciones de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de competencia, que se encuentren bajo el conocimiento de cualquier unidad administrativa de la PGR.

La FEADLE es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, de tal suerte que si la Fiscalía del Estado de Tabasco determinara que se trató de un crimen por el ejercicio de su profesión, sería este órgano el encargado de realizar la investigación.

No obstante, el Código de Procedimientos Penales es claro, dado que refiere que las autoridades federales sólo podrán conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos del fuero federal.

Los delitos del orden común, a los que se refiere el párrafo anterior, son aquéllos que afectan directamente a las personas; es decir, en los cuales el efecto del delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, los daños en propiedad ajena, los delitos sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo en cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículos, etc. Estos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas.

Ahora bien, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco establece que la institución del Ministerio Público se organiza bajo la figura de una Fiscalía General, que se constituye como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

El mismo ordenamiento señala que el Ministerio Público del Estado de Tabasco perseguirá ante los tribunales los delitos del orden común, y que iniciará y conducirá la investigación de los hechos que las leyes señalan como delito, coordinará a la Policía y a los servicios periciales durante la misma, resolverá sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por los ordenamientos aplicables y, en su caso, ordenará las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

De tal suerte que la investigación de los homicidios corresponde al ámbito local, sin embargo, por tratarse de un acto cometido en contra de un periodista, se debe ser muy puntual para establecer si el delito fue cometido por su profesión, dado que, apenas en el mes de febrero, el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República dio a conocer que durante los últimos 15 años 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más se encuentran desaparecidos.

Dada la situación que actualmente atraviesa nuestro país en materia de violencia en contra de los periodistas, esta Comisión coincide con la preocupación del promovente y con las solicitudes de diversas organizaciones civiles que se han pronunciado para solicitar a las autoridades locales la mayor atención para la resolución de este caso, en tanto que se trata de un periodista, por lo que es necesario agotar todas las líneas de investigación para resolver el crimen.

De igual forma, es necesario precisar que esta Comisión dictaminadora no tiene intención de cuestionar o intervenir en la investigación que desarrolla la Fiscalía del Estado de Tabasco en torno a este caso y sobre todo, se debe contemplar que el twitter oficial de esa instancia dio a conocer el 19 de junio, que ya se trabajaba en coordinación con la FEADLE para esclarecer el crimen, por lo que, si bien el 18 de junio se dio a conocer que la línea de investigación más fuerte indica que pudo tratarse de un crimen por conflictos familiares, la Fiscalía ha procedido conforme a lo establecido para determinar si se trata de un crimen en contra de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en cuyo caso resultaría procedente que decline la competencia a favor de la Procuraduría General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Tabasco a fortalecer la investigación del homicidio del periodista Ismael Díaz López, agotando todas las líneas de investigación a fin de esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables; y en el supuesto de que se acredite que el móvil se encuentra vinculado con su actividad periodística, decline la competencia en favor de la Procuraduría General de la República.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce el derecho a la libertad de expresión como pilar de la democracia, por lo que exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales del país a fortalecer las investigaciones de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años, en el ejercicio de su labor; a fin de sancionar a quienes resulten responsables.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014.”, presentada por el Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014.Dicha proposición fue presentada por el Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1227.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado promovente señala que el policía Guillermo Morquecho López, quien la noche del 17 de diciembre del 2014, acudió en cumplimiento de su deber a un llamado de emergencia suscitado como consecuencia de un robo de un arma de fuego a un oficial de policía en Periférico Sur, lo que derivó en una persecución y un enfrentamiento entre el delincuente y los elementos que acudieron a la emergencia, entre ellos Morquecho López, quien resulto herido por el ladrón, el cual le disparó en dos ocasiones en el abdomen.

Manifiesta que gracias a su fortaleza, dedicación y valor que demostró el agente de seguridad, logró mantenerse consciente, otorgando la ubicación del delincuente, hechos que resultaron en que este último fuese detenido. El diputado expresa que a causa de las heridas que presentaba el oficial de policía Guillermo Morquecho López, tuvo que ser trasladado al Hospital Mocel, en el cual, a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos perdió la movilidad de las piernas, hecho que ha sido objeto de un gran cambio en su vida.

Se indica que este hecho, deja en claro el compromiso de justicia y responsabilidad civil con la que cuenta este policía, ya que sin importarle su propio bienestar, hizo frente al delincuente, con lo cual no sólo logro brindar seguridad a las personas que se encontraban en el lugar, sino que sus acciones condujeron a la evitar la comisión de otros delitos que se pudieran haber suscitado.

Es por esto que propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extienda su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014, al tomar la decisión de acudir a una emergencia suscitada tras el robo de un arma de fuego, actuación que permitió detener al autor del delito, y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Manifiesta que deben de tener presente que el caso de este oficial, quien ha quedado con una discapacidad física como consecuencia del cumplimiento de su labor bajo un gran valor y dedicación, no es el único que se ha presentado o se puede presentar, de tal forma que es indispensable se realicen acciones para proteger a estos elementos que representan un ejemplo para la sociedad.

Es por ello que propone se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, se analice la posibilidad de establecer programas de ayuda para elementos que en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad, bajo lo cual se les brinde la atención medica que requieran así como los apoyos económicos que les permita continuar con el desarrollo de vida diaria. Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que analice la posibilidad de establecer programas de ayuda para elementos que en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad.

III. CONSIDERACIONES

Esta dictaminadora considera que la seguridad se ha convertido en los últimos años en uno de los temas principales para la sociedad, a consecuencia del incremento de los delitos que se han manifestado en diversas regiones del país. Por tal motivo, se señala que resulta indispensable se cuente con elementos de seguridad comprometidos a llevar a cabo esta labor, regirse con lealtad, capacidades e inteligencia en el cumplimiento de los deberes impuestos, y se encuentren dispuestos a proteger a la sociedad y hacer cumplir las leyes que nos rigen.

Como lo indica el diputado proponente y de acuerdo a la información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)  el policía Guillermo Morquecho López, quien la noche del 17 de diciembre del 2014, en cumplimiento de su deber recibió dos disparos en el abdomen, el cual, a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos perdió la movilidad de las piernas, hecho que ha sido objeto de un gran cambio en su vida.

Esta comisión dictaminadora coincide con el legislador impulsor del punto de acuerdo, en el sentido de que es necesario reconocer la honradez, la eficiencia, el profesionalismo, el valor y el compromiso de los elementos de los cuerpos de seguridad, que arriesgando su vida salvaguardan las de otras personas y sus bienes, por esto que propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extienda su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014, al tomar la decisión de acudir a una emergencia suscitada tras el robo de un arma de fuego, actuación que permitió detener al autor del delito, y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Es importante destacar que la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal contempla el otorgamiento de la pensión por invalidez total o parcial que sufra algún elemento con motivo del servicio o por enfermedad a causa del mismo y dará derecho a las prestaciones de servicio médico cuando incapacite al trabajador para el desempeño de sus labores y en tanto se declara una incapacidad permanente, entonces se estará a lo dispuesto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Y con motivo de dignificar la vida de los policías y bomberos pensionados por parte de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), y crear las condiciones idóneas para mejorar su ingreso económico, que reconozca su esfuerzo y servicio que prestaron al Gobierno del Distrito Federal, particularmente para aquellos quienes sufrieron algún tipo de accidente y a consecuencia adquirieron algún tipo de discapacidad permanente, que les coartan la posibilidad de acceder al mercado laboral, surge la necesidad de implementar el Programa de Apoyo Económico a Policías y Bomberos Pensionados por la CAPREPOL con Discapacidad Permanente.

En este sentido, la CAPREPOL ha expuesto que entre sus beneficiarios existe una situación de vulnerabilidad, ya que si bien es cierto perciben una pensión por incapacidad permanente, este no es suficiente para atender no solo su manutención, sino el de su esposa e hijos, y no tienen posibilidades de obtener ingresos adicionales, ya que en muchos caso han quedado sin oportunidades para obtener ingresos económicos.

Por otro lado uno de los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, es realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad, por tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad, por tal motivo estas dos Instituciones suscribieron un acuerdo donde unen esfuerzos comunes para brindar atención a los servidores públicos que prestaron sus servicios al Gobierno del Distrito Federal para reconocer su trayectoria.

En este sentido, el DIF del DF, otorga un apoyo económico a los policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL con discapacidad permanente, con ello asume la responsabilidad de hacer un reconocimiento a su esfuerzo laboral, y a consecuencia de los riesgos de trabajo sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de discapacidad permanente, quedando imposibilitados total o parcialmente para realizar alguna actividad remunerable y que su pensión sea menor a $5,900.00 (Cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N) mensuales, asignando un beneficio económico variable, cuyo valor máximo es equivalente a dos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, siendo un beneficio económico de carácter personal e intransferible y no transmisible por herencia.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora destaca la labor que el Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema DIF Ciudad de México ha emprendido para reconocer el esfuerzo de los policías quienes, en el cumplimiento de su labor, sufrieron algún tipo de accidente que tuvo como resultado una discapacidad permanente por tanto, comprende la necesidad económica que cada día enfrentan.

Si bien, el segundo resolutivo planteado por el promovente se enfoca a exhortar al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que analice la posibilidad de establecer programas de ayuda para elementos que en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad, como se da cuenta en las consideraciones ya se cuenta con dicho programa, pero es pertinente diversificar e incrementar las acciones que les permita a los policías con dicha situación incorporarse a la práctica laboral, y alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende su reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de las instancias correspondientes, fortalezca las acciones implementadas en beneficio de los elementos de seguridad que en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






En torno a la investigación del homicidio del ciudadano Alan Cerón Moreno.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.” presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno.” Dicha proposición fue presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1247.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones que con base a la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1992, precisa que una desaparición forzada ocurre cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o varias personas, o cuando éstas resultan privadas de su libertad, de una u otra forma, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno, con apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la Ley.

Indica que pese a los esfuerzos legislativos internacionales y nacionales en la materia, en agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, señaló en conferencia de prensa que el total de personas no localizadas en México era de 22,322.

Señala que de acuerdo a el “Informe alternativo relacionado con la lista de cuestiones emitidas por El Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas respecto de México”, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Amnistía Internacional, la organización no gubernamental Human Rights Watch, en estudios realizados documentan diversos actos como desapariciones forzadas.

Destaca que la cifra oficial de desapariciones con participación de agentes gubernamentales no se ha dado a conocer por parte del Estado; además, actualmente no existe una forma establecida en la cual las autoridades judiciales o administrativas comuniquen una desaparición en el registro nacional.

En la propuesta, se señala que en México la desaparición de personas es un problema generalizado que ocurre en gran parte del territorio, indica que en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para hacer frente a dicho problema, entre ellas, como la sociedad civil ha demandado, urge crear una unidad especial de búsqueda así como un registro transparente y efectivo, único de víctimas a escala nacional.

Indica que así lo reafirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que el 13 de febrero del año en curso dio a conocer sus recomendaciones al gobierno mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluara en Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

Informa que una y otra vez, los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país. Al respecto, la entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, y no supo especificar de qué tipo de desapariciones se trata, o si se puede hablar de delitos o no.

Señala que en el lamentable contexto descrito anteriormente, el pasado 24 de diciembre de 2011, un joven Morelense de 20 años de nombre Alan Cerón Moreno fue privado de su libertad junto con tres amigos cuando se encontraban en un campo de fútbol de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Cuernavaca. Manifiesta que según reportes oficiales de esa entidad, se presume la participación de policías en activo de Guerrero.

Se describe que dos días después de los sucesos, en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de diciembre, policías municipales localizaron a Cerón Moreno y a una joven con visibles huellas de tortura y de ataduras de pies y manos, al norte de esta capital, y les llevaron a la agencia central del Ministerio Público (MP) del Distrito Judicial de Los Bravo, ubicada a cinco cuadras del zócalo de la localidad.

Indica que desde ese lugar, Alan Cerón realizó una llamada telefónica a su familia para informarles que se encontraba en la agencia del MP de Chilpancingo, donde presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad, pidió una muda de ropa y solicitó que le enviaran dinero para regresar a Morelos. Manifiesta que el joven, durante la llamada, puso al teléfono a un agente del MP del fuero común de nombre Falcón Bautista, quien dijo que Alan estaba bien, “golpeado, pero estable, y que se encontraba en un lugar seguro”.

Se informa que después de muchos impedimentos por parte de las autoridades, entre los que debe señalarse la violencia de elementos de la Policía Ministerial quienes apuntaron con sus armas de fuego a la madre y el padre de Alan, mientras les interrogaban, a las 22:30 horas del mismo 26 de diciembre de 2011, los padres de Alan Cerón Moreno llegaron a Chilpancingo pero el joven ya no estaba en la agencia del MP.

Ante esta situación, se expresa que el 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012. De acuerdo a ésta, los funcionarios señalados como responsables de la desaparición de Alan Cerón son tres agentes del Ministerio Público del fuero común, Falcón Bautista, René Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, así como agentes de la Policía Ministerial adscritos al distrito judicial de Los Bravo.

Indica que a casi cinco meses de la desaparición del joven en una agencia del MP del fuero común, y como resultado de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima, el 12 de mayo de 2012, el cuerpo de Alan fue encontrado, en avanzado estado de putrefacción, en las inmediaciones de una barranca ubicada entre la ciudad de Chilpancingo y el poblado de Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, sobre un camino de terracería que une ambos puntos.

En la propuesta se indica que abogado de la familia, Miguel Ángel Rossete, señaló a medios de comunicación que con el paso de las investigaciones que ha realizado la familia de forma privada, han ido descubriendo cada una de las mentiras del MP. Señaló que al momento de exhumar el cuerpo de Alan, dieron datos y pruebas sobre los responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Asimismo, declaró que las procuradurías de Morelos y Guerrero no han esclarecido el caso. Esta última incluso ha señalado que no había videocámaras afuera de sus oficinas porque, supuestamente, las estaban reparando.

Al respecto del caso, se indica que existe la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Señala que desde hace un año, la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la indagatoria. Ni la SEIDO ni la Secretaría de Gobernación han emitido reporte alguno.

Indica que el pasado 30 de marzo de 2015, la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan, inició una caminata de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, concluyó su tortuoso recorrido en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en busca de una audiencia con el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

El lunes 06 de abril un representante de la Secretaria sostuvo una reunión con la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan , sin embargo, la familia declaró desconfiar en las instituciones gubernamentales debido a los ya más de tres años de exigencias y no tener respuestas.

El proponente manifiesta que lo anteriormente descrito pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país, así como el desinterés del gobierno de cualquier orden, para atender los casos de desaparición forzada y para transparentar los datos. De igual forma, la inexistencia de mecanismos y/o dependencias adecuadas para investigar y resolver justamente estos casos se hace cada día más insostenible.

Se indica que la renuencia de algunos partidos políticos representado en el Congreso de la Unión para dictaminar la Ley de Desaparición Forzada, es otra muestra de la obstaculización impuesta para atender esta problemática.

Finalmente, señala que resulta alarmante que la lucha por la justicia tenga que ser emprendida por las personas familiares de las y los desparecidos. Expresando que este calvario debe terminar y las autoridades deben tomar las cartas en el asunto y atender el caso de manera pronta y expedita, trabajando para que ni una madre, padre, o familiar más, tenga que agotar sus propios medios, incluyendo su vida, para realizar la labor que le corresponde a ellas. Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del cumplimiento de la recomendación 78/2012, sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública de los avances en el cumplimiento de dicha recomendación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a informar la situación actual que guarda la investigación correspondiente respecto a la desaparición forzada, presuntamente cometida por diversas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta Comisión expresa su compromiso y preocupación por el respeto a los derechos humanos. Tales derechos no solo están contemplados en el primer párrafo del artículo 1° de nuestra Constitución Política, sino que esta misma como poder supremo contempla el reconocimiento de todo Derecho Humano contenido en Tratados Internacionales signados por México. En el mismo sentido, el respeto a los derechos humanos es una obligación para todas las autoridades, el artículo 1° en mención establece en su párrafo tercero que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Esta Comisión estima que la muerte de cualquier persona es lamentable y comparte la preocupación del proponente por el caso del occiso Alan Cerón Moreno. El 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente PGR/MOR/CV/011/III/2012.

Es importante mencionar que de acuerdo a la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los padres de Alan Cerón denunciaron que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero omitieron brindarles la atención y salvaguarda a la que tenían derecho en su calidad de víctimas del delito, el 26 de diciembre de 2011 presentaron un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y, posteriormente, el 20 de febrero de 2012, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en esa fecha se dictó un acuerdo de atracción para conocer del caso, y se dio inicio al expediente CNDH/1/2012/2075/Q. El 16 de mayo de 2012, en Chilpancingo, Guerrero, se encontró el cadáver de Alan Cerón.

Esta dictaminadora destaca que existe también la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al gobierno del estado de Guerrero, que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

En el Centro de Reinserción Social (CERESO) en Atlacholoaya, se encuentran dos personas recluidas, mismas que por la PGR ya fueron identificadas como actores intelectuales del asesinato. En este sentido, consideramos necesario solicitar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los avances en la implementación de la recomendación antes mencionada, puesto que es de vital importancia hacer valer, respetar, y difundir los derechos fundamentales de las personas.

Respecto al exhorto al gobierno del estado de Guerrero a atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública de los avances en el cumplimiento de dicha recomendación, esta dictaminadora considera que es atendible para conocer las acciones emprendidas por dicho estado.

Es importante destacar que el artículo 102 Constitucional establece que los organismos de protección de los derechos humanos formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

En el mismo sentido, se considera viable conocer la situación que guarda la investigación de la Procuraduría General de la República sobre los actos cometidos por presuntas autoridades del estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno, esto sin vulnerar la secrecía de la información.

Como se indica en la proposición materia de este dictamen, el lunes 06 de abril un representante de la Secretaria de Gobernación sostuvo una reunión madre de Alan, Rosa María Moreno, en la que se exigió dar seguimiento a la investigación ya que desde hace cuatro años busca justicia para el caso asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno y con esta finalidad se considera oportuno exhortar a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las instituciones competentes del caso.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento de la recomendación 78/2012, respecto del caso del C. Alan Cerón Moreno.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero a atender la recomendación 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y remitir un informe a esta soberanía de los avances en su cumplimiento.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, dentro del marco legal, informe a esta soberanía, sobre el estado que guarda la investigación del homicidio del C. Alan Cerón Moreno.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a dar seguimiento y coadyuvar en el diálogo entre las instituciones competentes y los familiares del C. Alan Cerón Moreno.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición en materia del retiro de propaganda electoral.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral, así como a la ejecución de los planes de reciclaje de la propaganda electoral por los partidos políticos y candidatos independientes.”, presentada por el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 24 de junio de 2015 se presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral, así como a la ejecución de los planes de reciclaje de la propaganda electoral por los partidos políticos y candidatos independientes. Dicha proposición fue presentada por el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1201.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente indica que para su grupo parlamentario la contaminación ambiental es uno de las principales causantes de los problemas de salud en la población, así como de la degradación ambiental, señala que los desechos que la propaganda electoral genera a lo largo del territorio nacional es una problemática alarmante y de necesaria atención y seguimiento.

Indica que a nivel nacional, se recolectan diariamente un promedio de 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos y tan sólo en cinco entidades, se recoge la mitad de los residuos del territorio; el Distrito Federal, por ejemplo, registra la mayor proporción con 19.7% del total nacional, siguiendo al Estado de México con 9.6%, Jalisco y Veracruz.

El promovente manifiesta que de acuerdo a cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), después de las jornadas electorales éstas cifras tiende a elevarse significativamente.

Señala que en el 2000 se reportaron 48 mil 032 toneladas de basura electoral; para el 2003 la cifra se elevó a 78 mil toneladas; en el 2006 aumentó a 95 mil toneladas, mientras que para el siguiente periodo electoral se disparó a 198 mil toneladas.

El diputado promovente señala que en los estudios realizados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se estima que al concluir el proceso electoral 2014-2015, tan sólo en el Distrito Federal se generaron alrededor de 90 toneladas más de residuos concernientes a la propaganda electoral, misma que continua en las calles y avenidas de la Ciudad de México.

Destaca que lo relevante de este hecho es que además de que generan contaminación, implica que 2 mil 100 trabajadores del Gobierno del Distrito Federal tengan que desplegarse a lo largo de calles y colonias para su retiro. A su vez, significa la utilización de 200 vehículos, escaleras, brazos hidráulicos y 150 brigadas para limpiar el espacio urbano de 520kilómetros de red vial que generan costos extras los cuales son absorbidos por el presupuesto público.

Ante este hecho, se indica que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 210, establece que:

“1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.”

En cuanto a la propaganda colocada en la vía pública, la ley también es muy clara al indicar los plazos para su retiro:

“2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.”

El diputado promovente expresa que, en concordancia con lo anterior y ante las calles y postes saturados de la propaganda electoral a doce días de concluida la jornada electoral, no sólo en el Distrito Federal sino en la mayor parte de los Estados, es imperante hacer un llamado a que se cumpla con la normatividad que rige la materia pues aunado a las inclemencias climáticas que actualmente vivimos a causa de las tormentas tropicales en el pacífico y sur del país, se complica considerablemente la situación ya que las fuertes lluvias ocasionan la caída de los pendones o el rompimiento de las lonas que al caer al suelo y ser arrastrados con el agua o el mismo viento, obstruyen coladeras u otros conductos para el desagüe generando inundaciones y otro tipo de problemas.

El diputado proponente, indica que la realidad es que el material que es colgado en las calles está compuesto principalmente por plástico, hecho que implica una amenaza seria para el Medio Ambiente debido a que es prácticamente indestructible y que al quemarse provoca esmog y partículas tóxicas para la salud y la atmósfera, complicando aún más dicha situación.

Destaca que una de las innovaciones de esta nueva ley, en materia ambiental fue la necesidad de dar una solución al problema de contaminación por basura electoral que se presentaba en cada proceso electoral a través de la presentación de un Plan de Reciclaje por parte de los partidos políticos y candidatos independientes, como se indica:

“Artículo 209…..

2 …. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña…”

Señala que se quiso prever que una vez concluido el periodo electoral, los partidos y candidatos independientes se harían cargo de la propaganda electoral y estuvieran limpias las vías públicas. Destaca que lamentablemente los 20 mil pendones y 25 mil lonas de propaganda detectadas tan sólo en el Distrito Federal, aún no han sido retiradas y a pesar de que se realizaron grandes esfuerzos para su regulación en la nueva legislación, los resultados aún son inexistentes, motivo por el cual, es imperante que las autoridades velen por el estricto cumplimiento a la normatividad.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional Electoral a dar estricto cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de retiro de propaganda electoral, así como a velar la ejecución de los Planes de Reciclaje de la Propaganda Electoral por los Partidos Políticos y candidatos independientes.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden que una vez concluidos los procesos electorales, se generan en todo el país importantes cantidades de material de desecho utilizado en las propias campañas, conocido como basura electoral, que afecta de manera importante las condiciones medioambientales.

El uso de propaganda electoral ocasiona problemas adicionales a la contaminación visual de las ciudades, como la obstrucción del flujo del agua de lluvia en el drenaje, así como de las propias señalizaciones urbanas.

Las precampañas y campañas políticas fueron el motivo para que todos los candidatos a puestos de elección popular colgaran o pegaran cientos de miles de mantas, pendones, gallardetes, carteles y demás materiales en postes de alumbrado público, semáforos, puentes peatonales, teléfonos, macetones, e incluso árboles, a lo largo y ancho de nuestro país.

Con base en lo establecido en el artículo 209, numeral 2 se desprende la obligación de que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

En su artículo 210, establece que la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.

En cuanto a la propaganda colocada en la vía pública, la ley también es muy clara al indicar los plazos para su retiro: En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.

Si bien la legislación electoral establece tiempos definidos para que toda la propaganda electoral sea retirada en un tiempo razonable una vez concluida la votación, sin embargo vemos que con frecuencia el nulo cumplimiento de esa disposición y tarda meses para ser retirada.

Es importante mencionar que el artículo 210, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, sean sancionados conforme a esta Ley.

De la misma manera, el artículo 212, numeral 1 de dicha ley, señala que los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca la Ley antes mencionada.

Es por todo ello, que los integrantes de la Primera Comisión, coincidimos con el promovente en la problemática que se deriva del desecho de la propaganda electoral que es colocada en los postes del alumbrado público, semáforos, puentes peatonales, bardas, teléfonos públicos, macetones y demás mobiliario urbano en todo el país, con el propósito de difundir la imagen de partidos políticos y sus candidatos.

No obstante, es preciso señalar que la propia norma electoral señala el mecanismo para canalizar las denuncias por incumplimiento de la normatividad en la materia. Al respecto dispone el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Artículo 250.

3. Los consejos locales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

4. Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del consejo distrital el proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo distrital procede el recurso de revisión que resolverá el consejo local que corresponda.

Asimismo, es preciso señalar que con base en el artículo 443 numeral 1, incisos a), b) y h) de la Ley General, constituyen infracciones de los partidos políticos a la referida Ley el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; el incumplimiento de las Resoluciones o Acuerdos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales; y el incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la referida Ley en materia de precampañas y campañas electorales. Correlativamente, el artículo 445, numeral 1, inciso f) del mismo ordenamiento legal, establece que constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la referida Ley el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la referida Ley.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de enero de dos mil quince, el INE emitió el acuerdo INE/CG48/2015para normar el uso de materiales en la propaganda electoral impresa durante las precampañas y campañas electorales para el proceso electoral federal2014-2015. Dicho acuerdo dispone:

Cuarto. Para el cumplimiento del presente Acuerdo, los Consejos Distritales deberán de dar puntual seguimiento a las actividades que realicen con respecto a este tema los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes registrados, e informarán lo conducente a los Consejos Locales; que a su vez lo harán del conocimiento del Secretario Ejecutivo para que por su conducto informe a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral oportunamente y de manera íntegra de todas las actuaciones que realicen los Consejos Locales y Consejos Distritales sobre el particular.

Quinto. El Secretario Ejecutivo deberá presentar un informe final ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, tanto de precampañas como de campañas, sobre la información que reciba de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. De manera adicional, deberá integrar la información que reciba de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, respecto del seguimiento que dieron sobre el debido cumplimiento en la materia. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, una vez hechas las valoraciones correspondientes sobre dicho informe, lo someterá a consideración del Consejo General del Instituto.

Octavo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, exhorte a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes registrados, para dar el debido cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley, en específico las contenidas en los artículos 209, numeral 2, 210, numerales 1 y 2 y 212, numeral 1; así como aquellas dispuestas en el presente Acuerdo.

Esta Comisión advierte que en varias entidades del país ya se ha procedido a la remoción de la basura electoral, y en su oportunidad, e INE ya ha realizado los exhortos a los actores políticos a cumplir con la normatividad en la materia.

Asimismo y de conformidad con lo anterior, en caso de existir quejas sobre su incumplimiento, la propia norma electoral y el acuerdo referido señalan las vías pertinentes para presentar la queja respectiva y en su caso imponer las sanciones correspondientes, por lo que esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud del proponente se encuentra satisfecha.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral, así como a la ejecución de los planes de reciclaje de la propaganda electoral por los partidos políticos y candidatos independientes, por haber quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que resuelve remitir 4 proposiciones para convocar a un periodo extraordinario a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas cuatro “Proposiciones con punto de acuerdo relativas a convocar a un periodo extraordinario de sesiones a las Cámaras del Congreso de la Unión” presentadas por los Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, dicha proposición fue presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-255.

B. En la misma sesión se presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que solicita que las dos Cámaras del Congreso de la Unión celebren periodo extraordinario, dicha proposición fue presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-339.

C. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los dictámenes pendientes en materia de desindexación del salario mínimo y el correspondiente a la llamada Ley FICREA, dicha proposición fue presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-870.

D. En la misma sesión se presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que solicita que las dos Cámaras del Congreso de la Unión celebren periodo extraordinario, dicha proposición fue presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-917.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1. En la propuesta del Dip. Danner González Rodríguez se considera urgente que el Congreso de la Unión trabaje con más intensidad y con más tiempo en beneficio de los ciudadanos, pues éstos exigen y merecen legisladores de tiempo completo y con profesionalismo, para poder cumplir celosamente con el mandato popular para el que fueron electos.

Considera que es urgente un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los siguientes asuntos: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio será el 16 de junio de 2015 y concluirá una vez que se desahoguen los asuntos para el cual se convoca.

Segundo.- Los asuntos que se discutirán en la Cámara de Diputados  serán: la Reforma Política del Distrito Federal; La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y La Ley General de Propaganda Gubernamental.

Tercero.- Los asuntos que se discutirán en la Cámara de Senadores serán: el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; la Ley de la Pensión Universal y las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo [referentes a dotar de pensión universal a los adultos mayores y para establecer el seguro de desempleo]; la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas; y la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

2. El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD solicita que ambas Cámaras del Congreso celebren periodo extraordinario; con fundamento en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, expresa que existen dos temas de gran relevancia que quedaron pendientes en el último periodo ordinario del Tercer año de ejercicio de esta legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y por tanto existe la necesidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los siguientes asuntos:

Cámara de Diputados: Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cámara de Senadores: Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las reformas y adiciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

3. La propuesta del Senador Javier Lozano Alarcón  considera que existen dos dictámenes para que se convoque a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores el Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, y el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas del Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

4. La propuesta presentada el miércoles 17 de junio de 2015, por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, es en el mismo sentido de la que fue presentada el pasado 20 de mayo, para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los siguientes asuntos:

Cámara de Diputados: Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cámara de Senadores: Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las reformas y adiciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las Proposiciones con Punto de Acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarlas y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

El periodo de sesiones extraordinarias es el tiempo durante el cual el Congreso de la Unión acuerda tratar la resolución de asuntos específicos y concretos considerados como urgentes o de suma importancia y estos asuntos materia del periodo extraordinario son producto de los acuerdos de las fuerzas políticas.

De acuerdo al Artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de un asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

De la misma manera en el Artículo 78 fracción IV de la Constitución establece que la Comisión Permanente podrá acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.

Esta dictaminadora expresa que la LXII Legislatura de esta H. Congreso de la Unión se ha caracterizado por la sensibilidad, madurez y profesionalismo de los legisladores que integran las Juntas de Coordinación Política como órganos colegiados en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos, en las últimas convocatorias a periodos extraordinarios, son quienes han remitido al pleno de la Comisión Permanente dicha solicitud, en virtud de que diversos legisladores presentaron propuestas temáticas para ser abordadas en sesiones extraordinarias y ha sido en el seno de las Juntas de Coordinación Política en donde se valoró que existen los consensos necesarios para atender los asuntos de su competencia, de acuerdo a sus atribuciones estipuladas en el artículo 34 numeral 1 a)  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice:

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Y en el artículo 82 numeral 1 a)  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice:

ARTÍCULO 82

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

Si bien las normas constitucionales y legales refieren que cualquier legislador puede presentar una petición para convocar a periodo extraordinario a las Cámaras del Congreso de la Unión, esto no constriñe a que un órgano colegiado de esa Cámara pueda ser el conducto por el que se presente una solicitud de esa naturaleza.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión de acuerdo a la práctica parlamentaria señalan que algunos asuntos materia de dicho dictamen se encuentra en la fase en la cual las Comisiones dictaminadoras tienen que determinar el método de trabajo para el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto en estudio.

El elemento central que permite que la Comisión Permanente convoque a un periodo de sesiones extraordinarias, resulta de la combinación de factores de carácter técnico y político, en el primero se encuentra la elaboración de dictámenes legislativos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 numeral 6 incisos d) y e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice:

ARTICULO 45.

1…

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a)…

d) Sesionar cuando menos una vez al mes;

e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne

En tanto que en el Artículo 96 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que:

ARTÍCULO 96.

1. Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo.

En el análisis que esta dictaminadora realizó no tiene conocimiento de que las comisiones encargadas de dictaminar los asuntos propuestos en la Cámara de Diputados hayan convocado a sus integrantes para emitir un dictamen de acuerdo al artículo 45 numeral 6 inciso f) que a su letra dice:

ARTICULO 45.

1…

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a)…

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y

En la misma tesitura se realizó la investigación en las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores para verificar si sus agendas incluyen dichos temas y se destaca que esta dictaminadora no tiene conocimiento de que hayan sido convocados sus integrantes para emitir un dictamen.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión en la revisión y análisis de los planteamientos propuestos por los legisladores, indica que los temas que consideran a ser abordados en un periodo extraordinario de sesiones se encuentran en el siguiente estatus:

● Proyecto de decreto por el que se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México. Aprobada por el Senado de la República el 28 de abril y remitida a la Cámara de Diputados, quien la turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la del Distrito Federal.

● Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal; y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes, para establecer mecanismos de seguridad social universal. Aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de marzo del 2014 y remitida al Senado de la República, quien turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

● Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Aprobado por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre del 2014 y remitida al Senado de la República y se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos y para emitir opinión a la Comisión Especial de Productividad.

● Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de octubre del 2014 y remitida al Senado de la República y se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

● Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre del 2011 y remitida a la Cámara de Diputados, quien la turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia.

● Ley General de Propaganda Gubernamental. En 2012 senadores del PAN presentaron una iniciativa, y en 2014 diputados del PRD promovieron otra, pero nunca se dictaminaron.

Sin embargo, la determinación de citar a un periodo extraordinario parte de la premisa de que debe existir un dictamen que pueda sujetar a consideración del Pleno de la Cámara que así lo disponga por ser de su competencia, por lo que resultaría ocioso citar a un periodo extraordinario, sin tener un dictamen, como es el caso de los temas anteriores.

Dentro de la fase del proceso legislativo, la primera lectura de un dictamen sirve para conocer la totalidad de su contenido por los integrantes de la Asamblea, lo que implica tiempo y raciocinio y la práctica parlamentaria de esta LXII Legislatura ha llevado a reflexiones de un mayor tiempo por las Cámaras, así como de periodo de consultas a los interesados en el tema.

Se destaca que asuntos que se contemplan en la solicitud ya cuentan con un dictamen y sin bien un aspecto a considerar para que  dicha solitud a convocar a un periodo extraordinario sea posible, deben contar con la anuencia de la mayoría de los Grupos Parlamentarios para darle viabilidad al proceso, ya que la ausencia de los acuerdos de los mismos inhabilitará el cauce de los temas.

En virtud de lo anterior, dichos asuntos son:

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2015 y remitida al Senado quien turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, quienes aprobaron dicho dictamen el 28 de abril del presente año y quedó de primera lectura en la Sesión ordinaria del Senado de la República del día 29 de abril de 2015.

• Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2014 y remitida al Senado de la República quien el 11 de diciembre del mismo año turnó Comisiones Unidas de Puntas Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis, estudio y quienes elaboraron el dictamen correspondiente el 14 de diciembre del 2014 y el mismo día en sesión ordinaria del Senado de la República, quedó de primera lectura.

Estos dictámenes quedaron de primera lectura en el Senado de la República, como es de su conocimiento es esta fase del proceso legislativo, es el elemento en el cual la Asamblea asume el estudio toda vez que son temas de gran relevancia y la mayoría considero prudente que dicho análisis fuera con mayor detenimiento.

Esta comisión dictaminadora destaca que sí es el órgano competente para presentar a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente un dictamen para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, y ello se realiza a partir de conocer, no solo las materias en las que versará el periodo, sino tener conocimiento de los consensos que generan los contenidos de los dictámenes.

De esta manera se considera que los asuntos son de gran interés para ser resueltos por los integrantes de esta LXII Legislatura, en virtud de ello los Grupos Parlamentarios deben manifestarse en relación a los temas propuestos.

El objeto de solicitar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la remisión de dichas solicitudes a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, permitirá que en su momento, esta dictaminadora resuelva la petición que hagan los representantes de los Grupos Parlamentarios.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora resuelve que las propuestas en las que se solicita un periodo extraordinario sean remitidas a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente para que sea el conducto que turne a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras; por tanto, son los órganos colegiados en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Primera Comisión resuelve que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario, sean remitidas a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente con el propósito de que sea la instancia que las turne a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, al ser los órganos colegiados idóneos para impulsar los entendimientos y las convergencias políticas con las instancias que  resulten necesarias, a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden y valorar la convocatoria a un periodo extraordinario.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Que exhorta a garantizar la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, las proposiciones con punto de acuerdo:

A. “Que exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas”, propuesta por el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

B. “Que se solicita al Gobierno Federal fortalecer las acciones de seguridad del estado de Guerrero”, promovida por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015, el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas”.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1363.

B. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal fortalecer las acciones de seguridad del estado de Guerrero.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1382.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

A. El diputado señala que, entre las demandas más sensibles que tiene la sociedad mexicana son, sin duda alguna, las referidas a la seguridad pública, mismas que engloban actividades como la prevención del delito y la procuración de justicia.

Explica que en ciertas regiones de nuestro país la delincuencia se ha incrementado notablemente durante los últimos tiempos, lo que, considera,  ha obstaculizado el desarrollo económico y social tanto de las comunidades como de los individuos.

Refiere que el Gobierno de la República ha sido particularmente sensible a atender la demanda de la población de mayor seguridad y, en consecuencia, indica que se han implementado diversas acciones encaminadas a restablecer el orden y la normalidad en todo el territorio nacional para que las familias y las empresas mexicanas puedan vivir y trabajar en paz.

No obstante, puntualiza que en algunos casos los esfuerzos emprendidos por las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública, tanto a nivel local como en el ámbito federal, han resultado insuficientes.

Al respecto, señala que la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) informó que los problemas de seguridad que se registran en entidades como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, han propiciado el cierre de más de 600 farmacias en los últimos dos años, lo cual representa pérdidas económicas que rebasan los 600 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones de Juvenal Becerra Orozco, presidente de la asociación mencionada, quien, de acuerdo con el autor, afirma que los hechos de violencia registrados en los últimos ocho meses, sobre todo durante el pasado proceso electoral, recrudecieron la inseguridad en diversas zonas del país.

Indica que desde el año 2010 a la fecha, la UNEFARM, ha reportado el fallecimiento de 30 farmacéuticos que han perdido la vida por causas relacionadas con la inseguridad en diversos estados de la República

Aunado a lo anterior, el diputado refiere que el cierre de farmacias puede generar un problema de desabasto de medicamentos en las regiones señaladas, lo cual podría poner en riesgo la vida de muchas personas.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones que garanticen la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad y a los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas a trabajar de manera coordinada con los empresarios farmacéuticos para atender la problemática de seguridad que afecta al sector.

B. El Senador Armando Ríos Piterexplica que el 12 de noviembre de 2014 se dio a conocer en medios nacionales que empresas constructoras salían de Guerrero por razones de extorsión, secuestro de trabajadores, así como el cobro del derecho de piso.

Refiere que Luis Zárate, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pidió a las autoridades de Guerrero brindar seguridad a las empresas. “La situación en Guerrero es de alta peligrosidad. Lo que requerimos es un mayor apoyo de las policías estatales y federales, porque no podemos dejar de trabajar”, señaló el líder empresarial.

Puntualiza que después de siete meses de esta noticia y teniendo la presencia de la gendarmería en todo el Estado, la situación de seguridad pública continúa siendo un déficit para el Estado de Guerrero, donde de la operación de las fuerzas federales en la prevención y el combate a la delincuencia arrojan resultados que presenta el Senador y que esta Comisión cita textualmente:

● El sábado 20 de junio, desaparecieron en Xolapa, municipio de Acapulco, 3 médicos y un abogado cuando regresaban de Chilpancingo hacía Acapulco. Que el 27 de Junio el Fiscal General del Estado de Guerrero, Mtro. Miguel Ángel Godínez Muñoz, dio a conocer que de acuerdo al dictamen de genética forense, las muestras tomadas a familiares coincidían con 4 cuerpos que fueron encontrados sin vida.

● El lunes 22 de junio, encontraron 10 cuerpos en fosas clandestinas en la colonia Olímpica del puerto de Acapulco.

● El martes 23 de junio, apareció en medios impresos que empresas como Coca – Cola (cerró su embotelladora y ahora sólo funciona como almacén) y Volkswagen (distribuidora) cerraron sus puertas en Iguala, por el clima de violencia e inseguridad que se vive en esa ciudad. Asimismo, se sabe por una declaración del presidente de la Canaco local, que cerró también la automotriz SEAT (distribuidora).

● El 24 de junio, aparece en la prensa que Miguel García Malpica, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal, da a conocer que la mina de Campo Morado, municipio de Arcelia, suspende sus actividades, por la inseguridad. 

El Senador considera que la presencia de fuerzas federales no ha logrado erradicar los problemas de inseguridad que se viven en diversas zonas de Guerrero, desde hace varios años. Indica que los operativos han resultados poco exitosos y la ciudadanía sigue padeciendo los abusos del crimen organizado.

Manifiesta que otras empresas de menor tamaño también son afectadas, y comienzan a dejar las regiones donde se percibe mayor amenaza del crimen organizado, provocando que empleos se pierdan y afecten a numerosas familias en sus ingresos, además de que el comercio local se vea afectado.

Por las razones anteriores, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal reforzar las acciones de seguridad pública en el Estado de Guerrero, con el objeto de proteger la integridad física de la población y así como el fortalecimiento de las políticas públicas para reactivar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones de seguridad a la inversión privada del crimen organizado.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora coincide con las preocupaciones de los promoventes de las proposiciones con punto de acuerdo enunciadas al inicio del documento, dado que la seguridad pública es un eje fundamental de las acciones de gobierno y una de las demandas ciudadanas más encarecidas.

Al respecto, el Programa Nacional de Seguridad 2014-2018 refiere que la crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:

1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.

2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.

4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.

El mismo documento, publicado en diciembre de 2014, señala que los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad.

Los proponentes exponen que los índices de inseguridad son más altos en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, lo que no sólo representa  un problema de delincuencia organizada y violencia, sino que además, pone freno a la actividad económica de los estados, cohibiendo el crecimiento económico y, por consiguiente, trae consigo la pérdida de empleos y de oportunidades.

Al respecto, en abril del presente año, el comisionado nacional para la seguridad, Monte Alejandro Rubido, declaró en conferencia de prensa que no se ha logrado dar vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas, no obstante, destacó que hay avances importantes a un año de haber iniciado la segunda fase de la estrategia en Tamaulipas y señaló que se ha logrado desarticular las organizaciones delictivas en el estado con la detención de 14 de los 15 delincuentes más peligrosos de la región.

En ese mismo mes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, dio a conocer que, si bien la estrategia especial de seguridad el gobierno federal ha reducido los índices de violencia en más de la mitad del estado de Tamaulipas, hay zonas que están en conflicto, sobre todo en la zona norte, violencia que se atribuye a la disputa entre los carteles del Golfo y Los Zetas.

En lo que se refiere al problema de seguridad en el estado de Michoacán, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advirtió que durante 2014 hubo un incremento de 6.26 por ciento en el índice delictivo respecto a los cuatro años anteriores y que este tiende hacia el nivel más crítico del sexenio pasado, alcanzado en 2005; al igual que en Tamaulipas, son algunos municipios los que presentan el mayor número de delitos, encabezados por Apatzingán, Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, sin menoscabo de que hay regiones que han presentado un incremento en las actividades criminales. Asimismo, es necesario precisar que los delitos que mayor incidencia tienen en la entidad están relacionados con el trasiego de armas y drogas.

Por otro lado, la inseguridad en el estado de Guerrero ha traído consigo la penetración del crimen organizado en los gobiernos municipales; en enero, el estado de Guerrero se reportaron 138 averiguaciones por homicidio, lo que representa una tasa de 3.87 asesinatos por cien mil habitantes, la mayor de todo el país; en cuanto a los secuestros,  es el segundo estado con más plagios en México.

Lo anterior refleja que, si bien se han llevado acciones para reforzar la seguridad en las entidades con mayor incidencia delictiva, como lo son Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, la presencia del crimen organizado en algunos de sus municipios y comunidades ha traído como consecuencia una situación de violencia generalizada que ocasiona fenómenos como los desplazamientos humanos derivados de la violencia y la parálisis de la actividad económica de dichas zonas, lo cual debe ser considerado como otra expresión de la violencia en contra de los ciudadanos.

En ese sentido, es necesario señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21 en su párrafo octavo, establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

De igual forma, el artículo 115 constitucional señala que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, la función de la policía preventiva consiste en garantizar la seguridad y el orden públicos.

Ahora bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Gobernación se encarga de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación;  de coordinar, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la materia, entre otras.

La Comisión Nacional de Seguridad, a la que se refiere el diputado proponente, depende de la Secretaría de Gobernación y tiene como objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos; salvaguardar la integridad y derechos de las personas; auxiliar a la procuraduría General de la República y los Poderes de la Unión; prevenir la comisión de delitos; desarrollar la política de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal; proponer su Política Criminal, entre otros.

Por ello, con el fin de  garantizar la seguridad de los habitantes de las entidades con mayor incidencia de violencia y problemas derivados de la presencia de grupos del crimen organizado, esta Comisión estima conveniente exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad con el fin de redoblar esfuerzos a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero.

Asimismo, se considera conveniente exhortar a los ejecutivos locales de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas para que en coordinación con las autoridades federales competentes, promuevan las políticas públicas que para reactivar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones de seguridad a la inversión privada del crimen organizado en dichas entidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a valorar la posibilidad de reforzar las acciones necesarias para garantizar la seguridad pública en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, con el objeto de proteger la integridad física de la población y combatir la presencia del crimen organizado.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas a que, en coordinación con las autoridades federales competentes, refuercen, promuevan o, en su caso, implementen políticas públicas que permitan reactivar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas, generar condiciones de seguridad a la inversión privada y garantizar la seguridad de sus trabajadores.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad a que rinda un informe a esta Soberanía sobre los resultados de las acciones en materia de Seguridad Pública emprendidas en dichos estados.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Que exhorta a garantizar a las niñas, niños y adolescentes el más amplio respeto a sus derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de delitos y atención de niñas, niños y adolescentes”, presentada por la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015 la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de delitos y atención de niñas, niños y adolescentes”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1385.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La senadora señala que el 12 de octubre de 2011 nuestro país llevó a cabo una reforma constitucional trascendente, en la que se plasmó que en todas las decisiones del Estado se debe observar y atender el principio de Interés Superior de la Niñez, también contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte.

Indica que la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 3 de diciembre de 2014, es un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en México, pues establece que este grupo poblacional tiene derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como a participar, ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan.

Bajo esa perspectiva, la senadora explica que la observación 22 inciso c), el Comité de los Derechos del niño de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños con el objeto de investigar sobre denuncias referentes a muertes violentas, asesinatos y desapariciones.

La senadora pone como ejemplo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que ha incorporado la utilización de avances tecnológicos para aportarlos al procedimiento penal, que, de acuerdo con la proponente, ha empezado a utilizar una herramienta denominada Bosty, con la finalidad de facilitar la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales, investigación de delitos y atención psicoterapéutica; esta herramienta es especial para los casos en las víctimas o testigos sean niñas, niños y adolescentes.

Por esa razón, considera oportuno que las Procuradurías contemplen la utilización de herramientas tecnológicas amigables para niñas, niños y adolescentes, con el fin de realizar diligencias propias del proceso judicial.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la república y a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implementar herramientas tecnológicas amigables especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora considera importante señalar que la resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 y fue ratificada por México. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento que promueve y protege los aspectos de la niñez en todos los aspectos de la vida; particularmente su artículo 3 establece lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

De conformidad con lo anterior, en los párrafos noveno, décimo y décimo primero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento  evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En atención a esas disposiciones, en diciembre de 2014 el Estado mexicano expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un marco regulatorio que tiene por objeto garantizar, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución a este sector poblacional.

Ese ordenamiento prevé, en el artículo 71, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

El artículo 72 dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen y el artículo 73 establece que tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan.

Por tanto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligados a establecer mecanismos para que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tratados conforme a su edad en todos los actos que involucre un trato con la autoridad, lo que supone que tanto sus instalaciones, como sus estrategias para levantar declaraciones, tratamiento de psicoterapia, dictámenes periciales o cualquier investigación de delitos que los involucre sean diseñados conforme a su edad, respetando en todo momento el interés superior de la niñez.

En ese tenor, esta Comisión estima procedente la propuesta para incorporar el uso de las tecnologías para restar el estrés y la presión que puede producir en los menores estar involucrados en un proceso jurisdiccional, toda vez que el interés superior de la niñez es uno de los principios consagrados en nuestra Carta Magna y que la legislación secundaria en la materia establece la obligación de observar este principio en la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con el resolutivo que se propone, se espera que herramientas tecnológicas y de otra naturaleza se incorporen en los procedimientos de actuación judicial a fin de contribuir a facilitar la participación de los menores en los actos judiciales de los que sean parte, garantizando también el derecho de acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión somete a consideración de los integrantes de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instancias de procuración e impartición de justicia de la federación y de las 32 entidades federativas, a implementar en el ejercicio de sus respectivas facultades y atribuciones, herramientas tecnológicas amigables especializadas que garanticen a las niñas, niños y adolescentes, el más amplio respeto a sus derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

El Senador Miguel Romo Medina: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Que exhorta a intensificar las acciones orientadas a garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales” presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes 30 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales, dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1399. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, en el Distrito Federal existían 2.4 millones de viviendas particulares. Sin embargo, debido a las condiciones topográficas de la ciudad, a los fenómenos naturales como sismos e inundaciones, así como a la antigüedad y materiales utilizados para la construcción de los inmuebles, miles de edificaciones están en riego de colapsar.

Los promoventes indican que el último informe de gestión del equipo interinstitucional del Gobierno del Distrito Federal identificó un universo de 9 mil 405 viviendas en situación de alto riesgo, a las cuales no se les había dado atención en su totalidad.

Se indica que, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se tienen contabilizadas 11 mil 512 viviendas en zonas de alto riesgo (causes, laderas y barrancas), que se concentran principalmente en 8 delegaciones: Iztapalapa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero. Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta.

Manifiestan que el Director del Fideicomiso del Centro Histórico, ha señalado que tan sólo en el Perímetro A del Centro Histórico hay 30 edificios diagnosticados en extremo riesgo.

Resaltan que el pasado 22 de junio del presente año, debido al deterioro en su construcción y a la falta de protocolos de prevención, una casa ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México se derrumbó, provocando daños materiales y heridos.

Manifiestan que en relación al derrumbe ocurrido el pasado lunes, deben tomar en cuenta que a pesar de que las autoridades capitalinas tienen pleno conocimiento del estado inadecuado en que se encuentran diversas casas en otras colonias del Distrito Federal, hasta el momento no han tomado las precauciones correspondientes y las acciones de restauración, para evitar tragedias de esta naturaleza.

En consecuencia, los promoventes expresan que resulta de vital importancia hacer una revisión exhaustiva de las viviendas que tengan daños estructurales y/o se encuentren en zonas de riesgo, a fin de tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas humanas.

Señalan que el Grupo Parlamentario del PRI, hace un respetuoso pero enérgico llamado a que las autoridades responsables, bajo el marco de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones que inhiban cualquier situación que ponga en peligro la seguridad, integridad, el patrimonio y por supuesto, el bienestar de los habitantes del Distrito Federal.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que implementen las acciones necesarias, a fin de garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Integrantes de esta Primera Comisión están conscientes de que en el Distrito Federal existen viviendas en riesgo, sin embargo las lluvias, los deslizamientos de tierras en las zonas de barrancas y montañas, las minas, las grietas, y oquedades son también elementos que ponen en riesgo a miles de casas.

La Ciudad de México ha sido el objeto de una serie de acciones que impactan al suelo urbano como la regularización de la tierra, y el programa de mejoramiento urbano, por parte del gobierno de la Ciudad. Por otra parte, varias ocupaciones de asentamientos irregulares en suelo de conservación y en predios de mediano y alto riesgo han puesto en jaque algunas políticas de suelo y vivienda.

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda.

Como dan cuenta los promoventes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se tienen contabilizadas más de 10 mil viviendas en zonas de alto riesgo (causes, laderas y barrancas), que se concentran principalmente en 8 delegaciones: Iztapalapa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero. Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta.

En su informe anual 2014, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal da cuenta que derivado de la “Estrategia de Atención a Familias que Habitan en Riesgo” durante ese periodo da cuenta de la labor en el periodo reportado en al que ofreció atención a 2,893 familias: 514 que evacuaron la vivienda que habitaban de manera definitiva o de manera temporal si éstas requieren obras de mitigación por encontrarse en Riesgo Hidrometeorológico, Geológico y Físico-Químico y 2,379 familias que habitaban en inmuebles expropiados a favor del INVI en situación de riesgo estructural, apoyos de renta, reubicaciones preventivas, mitigación de riesgo en vivienda y entrega de vivienda a familias en riesgo, principalmente.

Dentro del universo de predios que atiende el Instituto se tienen identificados 428 predios que presentan daño estructural. Para dar atención a las familias que habitan en estos predios se definieron 3 prioridades: prioridad 1 con 357 predios; prioridad 2 con 48 predios; y prioridad 3 con 23 predios.

En ese orden de ideas, esta comisión dictaminadora reconoce que la política implementada de vivienda y de desarrollo urbano en el Distrito Federal comprende acciones para atender tal situación, sin embargo, considera que el trabajo de campo debe fortalecerse, en aras de evitar cualquier situación que ponga en peligro la seguridad, integridad, el patrimonio y por supuesto, el bienestar de los habitantes del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de las instancias correspondientes, intensifique las acciones orientadas a garantizar la seguridad de las personas que habitan en inmuebles localizados en zonas de riesgo y en edificaciones que presentan daños estructurales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

El Senador Miguel Romo Medina: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Por el que se desechan las proposiciones que exhortaban al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atraer el proceso electoral 2014-2015 del estado de Sonora.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas las proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a atraer la elección para gobernador de Sonora, presentadas por el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 06 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 06 de mayo del 2015, el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a atraer las elecciones para gobernador en Sonora y así salvaguardar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de dichas elecciones en favor del sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-11, de fecha 06 de mayo de 2015, recibido por esta Comisión el día 8 del mismo mes y año.

C. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 06 de mayo del 2015, la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral atraer el proceso electoral 2014-2015 del Estado de Sonora.

D. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-34.a, de fecha 06 de mayo de 2015, recibido por esta Comisión el día 8 del mismo mes y año.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

a) Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos

Señala el promovente que las Autoridades Electorales, Federal o Local, tienen la obligación constitucional de garantizar que las elecciones para Gobernadores de los Estados, se realicen mediante los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; con el fin de favorecer el sufragio         universal, libre, secreto y directo; que es un derecho político-electoral de los ciudadanos.

Asimismo, señala que en Sonora la población vive un ambiente que pone en riesgo el orden público y su derecho al voto, por la indebida injerencia del Gobernador Guillermo Padrés con el evidente afán de favorecer a su Candidato del Partido Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña.

Manifiesta que la Autoridad Electoral Local ha sido reiterativa en su negativa para conceder el ejercicio de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos, verificar la existencia de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades ilegales,

Finalmente, indica que la abierta y flagrante intervención de las autoridades estatales en la elección para la renovación de la gubernatura en el estado de Sonora, le han impuesto dicho proceso condiciones de total y absoluta inseguridad jurídica que no solo afectan los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas sonorenses sino que impiden la realización de comicios equitativos y justos, por lo que se amerita la urgente intervención del Instituto Nacional Electoral, a efecto de garantizar condiciones esenciales que aseguren la realización una jornada electoral en que se respete la voluntad y la decisión de la sociedad de Sonora

Por lo anterior se propuso el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Dr. Lorenzo Córdova Vianello, en su carácter de Consejero Presidente y a los demás Consejeros del Instituto Nacional Electoral, para solicitar la atracción de las elecciones para Gobernador en Sonora, ante la indebida injerencia e intromisión del Gobernador Guillermo Padrés Elías, de su Gabinete y de las Autoridades Administrativas, Judiciales y Electorales, para favorecer a su Candidato del Partido Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña; actuaciones que vulneran los derechos políticos electorales de los ciudadanos sonorenses y de la Candidata del Partido Revolucionario Institucional, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

b) Diputada Lilia Aguilar Gil

Señala la promovente que en el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Sonora, existe claramente injerencia del Gobernador Guillermo Padrés Elías, al querer favorecer a sus candidatos del Partido Acción Nacional, por lo que la población vive un ambiente que pone en riesgo el orden público y su derecho al voto.

Continúa señalando que el actuar parcial de la Autoridad Electoral Local, lejos de contribuir con acciones a una democracia de la entidad, existe una negativa para conceder el ejercicio de providencias y actuaciones tendientes a investigar los hechos, verificar la existencia de las anomalías y ordenar la suspensión de las actividades ilegales, simplemente evade de todas las anomalías que se están reportando todos días en todo el territorio del Estado.

Por lo anterior, considera que es fundamental que en el proceso electoral en Estado de Sonora sea el Instituto Nacional Electoral quien supervise de manera directa con su personal, el proceso electoral de este siete de junio.

Por lo anterior se propuso el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral atraer el proceso electoral 2014-2015 del Estado de Sonora.

III. CONSIDERACIONES

Es la atribución del Instituto Nacional Electoral de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los Organismos Públicos Locales de conformidad con el art. 120 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los casos de asunción de la elección se resolverán mediante procedimientos especiales que deberá instaurar la Secretaría Ejecutiva del Instituto (art. 121 P1, LEGIPE). La asunción de la competencia de una elección local solamente será procedente cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se actualiza alguno de los siguientes supuestos (art. 121, p2, incisos a y b).

a) Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Público Local competente, y

b) Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente la organización del proceso electoral por el Organismo Público Local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad.

El procedimiento para solicitar la facultad de asunción total se inicia a petición fundada y motivada ante el Instituto, de al menos cuatro de sus consejeros, o de la mayoría del consejo del Organismo Público Local. La petición de asunción total se podrá presentar hasta antes del inicio del proceso electoral (art. 121, párrafo 3, LEGIPE).

Una vez iniciado el proceso electoral local, no se podrá instaurar el procedimiento de asunción total de la elección.

No escapa a esta dictaminadora que el 6 de mayo durante la sesión del Consejo General del INE, los representantes del PRI, Partido Verde y PANAL se pronunciaron solicitando al INE la asunción de la elección de Gobernador de esa entidad.

Con fecha 8 de mayo, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se pronunció descartando la posibilidad de que el Instituto pudiera atraer la elección en el Estado de Sonora, puesto que el proceso electoral ya había dado inicio. Asimismo, con fecha 7 de junio se llevó a cabo el proceso comicial de referencia.

De conformidad con lo anterior, esta dictaminadora advierte que las proposiciones objeto de este dictamen han quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortaba al Consejo General del Instituto Nacional Electoral atraer el proceso electoral 2014-2015 del Estado de Sonora, toda vez que han quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar a cabo una inspección de la propaganda electoral colocada en las delegaciones del Distrito Federal.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las dieciséis delegaciones de la entidad, y en su caso ordene el retiro de aquella que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia”.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las dieciséis delegaciones de la entidad, y en su caso ordene el retiro de aquella que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-124.

II. CONTENIDO

Los Senadores promoventes señalan que el día 7 de junio se celebrarán elecciones en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, las cuales estarán regidas por un nuevo esquema político electoral emanado de la última reforma en la materia; describe como una de las más importantes la relativa a las campañas electorales y la propaganda electoral impresa, normada por el artículo 209, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que ésta deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengas sustancias tóxicas o nocivas para el ambiente.

Asimismo, indica que el artículo 318, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece que la propaganda electoral podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano siempre que no se dañe, no se impida la visibilidad de conductores de vehículos, no se impida la circulación de peatones ni se ponga en riesgo la integridad física de las personas, precepto que considera que ha sido trasgredido por la mayoría de los partidos políticos contendientes.

En el mismo ordenamiento, el artículo 222, fracción XIII, indica que es responsabilidad de los partidos políticos el observar las normas y disposiciones que, en materia de propaganda electoral, establezca la ley, así como las disposiciones administrativas y de protección al ambiente para la elaboración, colocación, retiro y propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de los proceso de selección interna de candidatos y campañas electorales.

Al respecto, los promoventes señalan que, desde el 20 de abril, la población capitalina ha padecido contaminación visual generada por la excesiva cantidad de anuncios colocados en las principales calles y avenidas de la Ciudad de México, por lo que considera que se deben tomar medidas conforme a la normatividad en la materia y, concretamente, corresponde al Instituto Electoral del Distrito Federal, como responsable de la función estatal de organizar las elecciones, vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, y en su caso ordene el retiro de aquella que no cumpla con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora observa que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en su artículo 222 establece como obligación de los partidos políticos:

XIII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral establezca este Código, así como las disposiciones administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de candidatos y campañas electorales;

El mismo ordenamiento dispone, en el artículo 318, que los partidos políticos, coaliciones y candidatos podrán colocar propaganda en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, cuando no se impida la visibilidad de conductores de vehículos, no se impida la circulación de peatones o se ponga en riesgo la integridad física de las personas; establece que podrá colgarse, adherirse o pegarse propaganda en inmuebles de propiedad privada siempre que medie permiso escrito del propietario al partido Político o candidato, mimos que se registrará ante el Consejo Distrital correspondiente.

Asimismo, dispone que la propaganda electoral podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los Consejos Distritales y prohíbe adherir, pintar o pegar propaganda en elementos carreteros o ferroviarios y en accidentes geográficos; dispone que no se podrá colgar, fijar o pintar monumentos históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, árboles, arbustos o en el exterior de edificios públicos, y establece que para su colocación, no podrá utilizarse para adherir o pegar propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano.

En caso de que exista una falta a estas disposiciones, el Código establece que el Consejo General o Distrital notificará al candidato, partido político o coalición y requerirá el inmediato retiro de la propaganda sin exceder as 24 horas, con la respectiva sanción.

Asimismo, el artículo 20, fracción k) establece las atribuciones del Instituto Electoral, el cual podrá sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales.

Esta Comisión considera imperativo vigilar la plena observancia del nuevo marco normativo en materia de comunicación y propaganda, función que fue realizada en su oportunidad por las autoridades en materia electoral a nivel federal y local, la cual quedo agotada con la celebración de la jornada comicial el 7 de junio, por lo que la proposición ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortaba al Instituto Electoral del Distrito Federal para que llevara a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, y en su caso ordenara el retiro de aquella que no cumpliera con los requisitos contenidos en la ley sustantiva, toda vez que ha quedado sin materia.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales”, presentada por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-930.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los senadores proponentes señalan que entre las principales problemáticas del Distrito Federal están las deficiencias en el servicio de transporte público, los congestionamientos viales generados por la inadecuada planeación en obras de mantenimiento y el mal estado de las principales calles y avenidas; indican que, durante la época de lluvias, estas afectaciones son agravadas por las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones pluviales, las cuales generan retrasos en los tiempos de traslado, daños patrimoniales, y en escenarios extremos, en decesos.  

Al respecto, exponen que este año la temporada de huracanes en el Océano Pacífico inició el 15 de mayo, mientras que en el Océano Atlántico se contempla que inicie el 1 de junio, y se tiene previsto que ambas concluyan el 30 de noviembre.

Ante este panorama, consideran fundamental tomar las medidas que permitan prevenir o en su caso, atender la presencia de inundaciones en la Ciudad de México, sobre todo porque, explican, de acuerdo con información del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), los meses de mayo, junio, agosto y septiembre de 2014 fueron los más lluviosos en la Ciudad de México, al superar los pronósticos previstos, lo cual nos constriñe en la obligación de redoblar esfuerzos en su atención.

Refieren que, derivado de diversos incidentes relacionados con inundaciones, en el año 2014 se creó la Comisión Metropolitana de Drenaje, que surgió como un mecanismo de control del sistema hidrológico para el desalojo de avenidas y corrientes pluviales en el Valle de México, objetivo que es posible gracias la participación de representantes de la Comisión Nacional del Agua, de gobierno del Distrito Federal y del Gobierno del Estado de México, quienes deben tomar decisiones coordinadas para la planeación, prevención, reacción, y atención de emergencias.

Manifiestan como fundamental reforzar las acciones, estrategias y protocolos de actuación ante precipitaciones pluviales, sobre todo, porque como en 2014, durante 2015 se tiene pronosticado el fenómeno meteorológico conocido como “El niño”, el cual aumenta posibilidad de que se presenten precipitaciones pluviales intensas en la entidad.
Bajo esa línea argumental, proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Al respecto, es necesario puntualizar que por instrucciones del Jefe de Gobierno del D.F., el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México creó, en el año de 2007, la “Unidad Tormenta”, que integra en un solo programa a las dependencias e instituciones que atienden las emergencias en materia de inundaciones en la capital, los cuales son coordinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El objetivo de la “Unidad Tormenta”, es disminuir los tiempos de solución y de atención a los encharcamientos e inundaciones por las fuertes lluvias, así como atender con prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura. La “Unidad Tormenta”, se implementa como un eje de respuesta inmediata, y que aplica los recursos necesarios para minimizar las afecciones en vialidades y viviendas.

Asimismo, el Gobierno del D.F., estableció el Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de México (CONAGUA-CAEM-SACMEX), programa de obras que previene futuras inundaciones.

De igual forma, se han desplegado alrededor de 4 mil personas que atenderán los problemas de encharcamientos y/o inundaciones durante la actual temporada de lluvias, ya que se tienen identificados 42 puntos donde se registran estas afectaciones, de los cuales 11 se concentran en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza; asimismo, el Gobierno del Distrito Federal ha manifestado se trabaja con 92 plantas para atender una red de 12 mil kilómetros de drenaje; además se desarrollan cuatro proyectos que estarán listos durante el mes de julio:

1. Colector de drenaje, una estación de bombeo y una laguna de regulación, obras que apuntan a abordar los problemas de inundaciones en los barrios Vicente Guerrero y Santa Marta Acatitla en el distrito de Iztapalapa.

2. Construcción e instalación de una estación de bombeo y un colector en El Molino, también en Iztapalapa, en el sur de la ciudad.

3. Construcción de pozos de absorción en Picacho-Ajusco y en el distrito de Tlalpan, asimismo, se construye una estación de bombeo en el área. Esta última iniciativa incluye la construcción de un colector de drenaje a fin de garantizar que el segundo nivel de la circunvalación Periférico, en su intersección con la avenida Reforma, no se vuelva a inundar.

Con base en lo anterior, esta dictaminadora considera que el Gobierno del Distrito Federal ha trabajado para prevenir las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias, y de igual forma, la preocupación que motiva el dictamen ha sido un tema se ha discutido por los legisladores integrantes de esta Comisión.

En ese sentido, el 16 de junio del presente, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio aprobó un dictamen sobre el tema, en el que se resolvió lo siguiente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Gobierno del Distrito Federal para que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los programas tendientes a la prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015, asimismo, en el momento oportuno, envíen a esta Soberanía un informe sobre los resultados de los protocolos que se implementaron para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones pluviales en el Distrito.

Dicho dictamen se aprobó por el Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de junio de 2015, por tanto, esta dictaminadora estima que el asunto propuesto por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha sido atendido oportunamente, por lo que resuelve dejarlo sin materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión propone los siguientes:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el  que se exhortaba al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, presentara ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado de las acciones y estrategias para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales, toda vez que ha quedado sin materia, en virtud de que en la sesión del 17 de junio de 2015 el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un resolutivo en sentido positivo sobre el mismo asunto.

SEGUNDO.- Archívese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes”, presentado por el Senador Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso dela Unión, encargada de analizar y dictaminarla Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 30 de junio del 2015, el Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes”

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-1375.

II. CONTENIDO DELA PROPOSICIÓN

El senador refiere que el 19 de junio de 2015 el periódico Reforma reveló que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal buscaría dictaminar 41 cambios de uso de suelo en distintos inmuebles de 11 delegaciones de la Ciudad de México.

El senador explica que el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea, Carlos Hernández Mirón, dijo que dado que hay tres amparos promovidos, están obligados a aprobar las modificaciones y que este proceso se llevaría a cabo con transparencia, sin embargo, el senador señala que se negó proporcionar nombres de las constructoras y los propietarios de los inmuebles que han amparado, así como las ubicaciones de los mismos.

El senador indica que el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito federal, Miguel Ángel Cancino, cuestionó el procedimiento para aprobar cambios de uso de suelo en la Asamblea Legislativa, y pidió a los diputados garantizar la participación de los ciudadanos en la decisión de modificar el uso de suelos en los predios del Distrito Federal.

Manifiesta que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene entre sus atribuciones la de realizar los estudios para la elaboración de los proyectos de Programas y de sus modificaciones, para consideración del Jefe de Gobierno, cuidando su congruencia con los sistemas nacional y local de desarrollo.

Bajo esas premisas, el senador señala que la modificación de uso de suelo para constituir establecimientos mercantiles podría vulnerar la tranquilidad de los vecinos próximos a los inmuebles, por lo que estima necesario que el Gobierno del distrito Federal lleve a cabo los estudios de impacto urbano y ambiental que corresponda a fin de garantizar la adecuada planeación de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con el fin de salvaguardar el entorno en el que se ubican los inmuebles a los que se pretende modificar el uso de suelo.

Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos:

PRIMERO: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realice estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México.

SEGUNDO: El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que informe sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 dela Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y tome las medidas correspondientes para que la ciudadanía circunvecina manifieste su opinión respecto a dichas solicitudes, e informe a esta soberanía al respecto.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Por tanto, es importante destacar que el Ordenamiento Territorial es un instrumento de política territorial integral y una estrategia de desarrollo socioeconómico la cual, mediante la articulación de políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que la demanda de suelo para vivienda, la ocupación irregular de la tierra y el crecimiento desmesurado y anárquico de los asentamientos humanos son algunos de los principales ejes problemáticos del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra. La solución de estos problemas representa una de las  demandas permanentes de la sociedad y una de las preocupaciones prioritarias de las instancias de Gobierno.

Asimismo, el crecimiento concentrado de la población en el Distrito Federal ha causado diversos problemas, como son la falta de capacidad para el abasto de servicios, viviendas precarias, hacinamientos, crecimiento anárquico y desmesurado de la mancha urbana, entre otros, y han hecho inoperantes las normatividades y programas de gobierno para regular el crecimiento urbano.

Por tanto, esta dictaminadora considera importante transitar a una cultura de la urbanización más transparente para eliminar las irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y fortalecer las acciones orientadas a prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar los daños al ambiente, a los recursos naturales o impactos en el ordenamiento territorial del Distrito Federal.

Al respecto, los integrantes de la Comisión comparten la preocupación del senador proponente, por ello en la Quinta Reunión Ordinaria de la Primera Comisión, celebrada el lunes 22 de junio, fue aprobado un dictamen sobre  el tema de cambio de uso de suelo en el Distrito Federal, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el miércoles 24 de junio del presente.

Los resolutivos aprobados son los siguientes:

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que presente ante esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como sobre las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleve a cabo un análisis cuidadoso y transparente de los 41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente, respetando el resultado de las consultas vecinales y salvaguardando el marco normativo vigente.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal un informe sobre esta materia.

Esta dictaminadora considera que los resolutivos aprobados por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión satisfacen la solicitud del proponente, por lo que estima que los exhortos propuestos han sido atendida, por lo que el exhorto propuesto por el senador Pablo Escudero ha quedado sin materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se desecha la “Proposición con punto de acuerdo por el que se solicitaba a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal que realizara estudios de impacto urbano y ambiental para las solicitudes de modificación a los programas de uso de suelo de predios de la Ciudad de México, así como sobre el estado que guarda cada una de las solicitudes” por haber quedad sin materia, toda vez que en la sesión del 24 de junio de 2015 el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un resolutivo en sentido positivo sobre el mismo asunto.

SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Y por el que se desechan dos proposiciones en relación al bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas las “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del sector salud y de seguridad pública a garantizar el bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería” presentada por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios estatales de salud a garantizar la seguridad del personal que realiza el servicio social y fortalecer el funcionamiento de los campos clínicos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013” presentada por el Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes 30 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del sector salud y de seguridad pública a garantizar el bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería, dicha proposición fue presentada por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1377.

B. En la misma sesión se presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios estatales de salud a garantizar la seguridad del personal que realiza el servicio social y fortalecer el funcionamiento de los campos clínicos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013” presentada por el Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1405.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES

En la proposición con punto de acuerdo del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Considera que en los últimos años, se han registrado severos casos de violencia contra los pasantes de medicina de escuelas públicas y privadas del país, así mismo, estos hechos de violencia han carecido de apoyo por parte de las autoridades sanitarias y de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Bajo esta situación, se señala que el 14 de junio del presente año se suscitó un hecho en el estado de Sonora, en donde fue encontrada sin vida a bordo de su automóvil, la pasante de medicina María Concepción de la Torre Martínez Escobar de 31 años de edad, quien realizaba su servicio social en la clínica de salud de la comunidad de Soyopa. Este hecho ha consternado a las comunidades estudiantiles y a la sociedad en general, puesto que hay una deficiente aplicación de la Ley para salvaguardar los derechos fundamentales de los prestadores de los servicios de salud.

Señala el promovente que, tan solo dos días después, el 16 de junio fue encontrada sin vida la joven María Teresa Adona Ponce de 25 años de edad, la cual realizaba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en Cruz de Aguilar, municipio de Romita en  el estado de Guanajuato. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un boletín de prensa emitió una declaratoria de indagación de los hechos.

Se destaca que estos hechos recientes y como muchos otros casos, han sido reportados a lo largo de los años. Cabe mencionar que las condiciones en las que los profesionistas médicos realizan su servicio social son muy difíciles, ya que con frecuencia se lesiona, secuestra y violenta la integridad física y mental de los futuros médicos, con poca o nula intervención de las autoridades de sus respectivos niveles de gobierno.

Señala que la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina advierte un aumento de acontecimientos delictivos en contra de los pasantes de medicina, en donde  señala que en el periodo 2006-2012, al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país. Cuestión que debería ser erradicada ya que los pasantes de medicina forman parte indispensable del Sistema Nacional de Salud, en donde su representación llega hasta un tercio del total del personal médico disponible.

El actor del punto de acuerdo materia de este dictamen, considera necesario implementar las herramientas jurídicas y operativas que garanticen la integridad física y mental de los pasantes de medicina, desde áreas de trabajo con herramientas básicas para la mejor prestación de los servicios de salud, así como una mayor seguridad y vigilancia de áreas consideradas como conflictivas.

Hace referencia a que el 25 de junio de 2014 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Secretaría de Salud a promover una Norma Oficial Mexicana en materia de servicio social. Tal proposición considera sustancial la erogación de la Norma Oficial para así garantizar los derechos fundamentales a que deben ser acreedores todos aquellos profesionales médicos que desempeñan su servicio social.

Señala que con fecha 2 de julio de 2014 la Comisión Permanente solicitó respetuosamente a las autoridades sanitarias a promover las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para dar vigencia al proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2009, esto con la finalidad de mejorar la situación de los pasantes de medicina, particularmente aquellos que prestan sus servicios en zonas alejadas o de riesgo.

El diputado indica que de acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud en su artículo 87 la prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo   económico y social. Sin embargo, tal y como consideraron los promoventes de la proposición del punto de acuerdo, la mayor parte de estos casos de violencia contra los prestadores del servicio social se manifiesta en éstas áreas, como ocurrió en el caso de la joven María Teresa Adona Ponce.

Por otro lado, manifiesta que este proyecto de Norma aun sin vigencia, tiene como objetivo establecer los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología.

Finalmente, el promovente indica que aún y cuando ya ha sido aprobado el exhorto y existe el proyecto de norma, observamos que los casos de violencia contra los médicos pasantes aún siguen latentes. No obstante, lo que se pretende entonces con éste acuerdo, es garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los pasantes de medicina, así como una revisión y resolución de los casos en donde se hayan violentado los derechos de los prestadores del servicio social.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de Salud y Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, a materializar programas y medidas preventivas para garantizar la seguridad física y mental de los trabajadores al servicio del Sistema Nacional de Salud y particularmente a los prestadores del servicio social médico y de enfermería.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación exhaustiva de los casos en donde se hayan violentado los derechos de los prestadores del servicio social médico y de enfermería, garantizando la pronta y expedita impartición de justicia.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que se indemnice a los familiares de los prestadores del servicio social médico y de enfermería que han perdido la vida, por haber sido víctimas de la delincuencia por hechos directamente relacionados con el ejercicio de su profesión.

En la proposición con punto de acuerdo del Senador Arquímedes Oramas Vargas hace referencia en sus consideraciones:

Señala que para dar atención a las personas, especialmente de zonas rurales, se ha impulsado la formación de recursos humanos alineados con las necesidades demográficas y epidemiológicas del país. Sobre todo con el apoyo de pasantes médicos, que son estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos académicos, administrativos y jurídicos para prestar el servicio social en un campo clínico.

Indica que el Plan Sectorial de Salud 2013 – 2018 señala que “existe una tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, debido a que los incentivos personales y profesionales para establecerse en centros de atención lejanos a las grandes ciudades son escasos o inexistentes. La principal consecuencia es que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los médicos en formación que se encuentran realizando su servicio social, que es entendido como el trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan los pasantes en interés de la sociedad y del Estado.

Por su parte, menciona que la “Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y servicios de Atención Médica” menciona que en cuanto al servicio social de enfermería, estomatología y medicina, se requiere particular atención en definir mejores alternativas que permitan que los profesionales de la salud tengan oportunidades de aprendizaje, más allá de ser personal de salud que ocupe espacios no cubiertos por personal que ha concluido su formación.

Destaca que cada año, unos 13 mil pasantes de medicina realizan su servicio social en México. Muchos de ellos pasan 12 meses en comunidades remotas con altos niveles de violencia y pobreza, sin contar con medidas básicas de seguridad o de apoyo técnico. Generalmente viven solos, y en ocasiones enfrentan agresiones que van desde violaciones sexuales hasta la muerte.

Manifiesta que la “Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013: Educación en salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología”, establece los criterios mínimos para la utilización de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina y estomatología.

El senador proponente indica que la falta de mecanismos de apoyo incrementa la probabilidad de que los pasantes sufran depresión, accidentes o ataques. A su vez, no hay cifras confiables sobre el número de violaciones u otras agresiones contra los recién egresados. Los riesgos son particularmente altos para las mujeres, sobre todo para las que van a zonas aisladas.

En este sentido, destaca el caso de una pasante de medicina de la Universidad de Autónoma de Guadalajara, fue encontrada colgada de un árbol. María Teresa Adona Ponce daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar.

Al mismo tiempo, manifiesta el proponente que millares de alumnos de las facultades de Medicina de todo el país han denunciado los maltratos, riesgos, y turno agotadores que reciben cuando tienen que cumplir el servicio social obligatorio.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a los servicios estatales de salud, para que garanticen la seguridad del personal que realiza el servicio social y fortalezcan el funcionamiento de los campos clínicos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión coinciden con la preocupación de los promoventes en torno a que se requieren materializar programas y medidas preventivas para garantizar la seguridad física y mental de los trabajadores al servicio del Sistema Nacional de Salud y particularmente a los prestadores del servicio social médico y de enfermería, toda vez que no son casos aislados los ataques cometidos en contra de profesionales de la salud.

En este sentido y atendiendo la preocupación de diversos legisladores, esta Comisión emitió un dictamen que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el pasado 24 de junio del presente año, en cual se realizó un exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Sistema Nacional de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, así como a las autoridades encargadas de la seguridad pública de las 32 entidades federativas, para que desarrollen e implementen estrategias que garanticen la integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones de inseguridad.

De la misma manera, fue aprobada una adición para exhortar a la Secretaría de Salud, a emitir a la brevedad posible la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, la cual regula las condiciones físicas de las unidades médicas y permita garantizar la seguridad de los pasantes que prestan su servicio social.

De esta manera, esta Comisión dictaminadora ha manifestado su preocupación por la seguridad de los profesionales de la salud, toda vez que para desarrollar sus labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio que requieren de la prestación de servicios de salud, ya sea por su localización o por su marginación, lo que resulta grave dadas las condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones.

Es por ello que las legisladoras y legisladores de esta Primera Comisión consideran que una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas en las proposiciones con punto de acuerdo los objetivos de las mismas, se encuentran atendidas con el dictamen aprobado por la Comisión Permanente el pasado 24 de junio; en ese sentido, estiman pertinente dejarlos sin materia por las consideración antes mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo con relación a que las autoridades del sector salud y de seguridad pública garanticen el bienestar físico y mental de los prestadores del servicio social médico y de enfermería, por haber quedado sin materia, toda vez que en la sesión del 24 de junio del presente año fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente un resolutivo en sentido positivo sobre el mismo asunto.

SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.






Asimismo, tenemos 7 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de retirar a la República de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sacar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio 2015, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La Legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

● Como parte de la política imperialista y extraterritorial que imponen los Estados Unidos de América contra Estados soberanos que no acatan las disposiciones de Washington, se creó la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, la cual es confeccionada por el Departamento de Estado.

● En 1982 Cuba fue incluida en la lista bajo el argumento de que la isla había servido de refugio a miembros del grupo separatista vasco ETA y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses.

● Tras 33 años de la injusta incorporación de Cuba en dicha lista, el pasado 14 de abril, el Presidente norteamericano emitió ante el Departamento de Estado una Recomendación para Rescindir la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo.

● Tras expirar el período de pre notificación al Congreso de los Estados Unidos, el gobierno federal estadounidense tomó la decisión de retirar la designación que desde hace 33 años tenía Cuba en la denominada "lista negra", lo cual se oficializó .el pasado 29 de mayo.

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Único. La Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sacar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, así como hace votos para que en un tiempo próximo, se ponga fin al bloqueo económico y financiero que aún persiste sobre la isla.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito, en cuanto que es un gran paso hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el que se haya tomado la decisión de retirar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

II.- Como bien señala la proponente, como parte de la política exterior de Estados Unidos, en 1979 el Departamento de Estado estadounidense creó la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

III. De acuerdo con la legislación estadounidense vigente1, para designar un país como un Estado patrocinador del terrorismo, el Secretario de Estado debe determinar que el gobierno de ese país ha proporcionado repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional.

IV. Cabe señalar que una vez declarado al país, se le imponen una amplia gama de sanciones de entre las que destacan:

● La prohibición de las exportaciones y las ventas relacionadas con las armas;

● Los controles sobre las exportaciones de productos de doble uso, que requieren 30 días de la notificación del Congreso de los bienes o servicios que podrían mejorar significativamente la capacidad o habilidad para apoyar el terrorismo militar del país designado;

● La prohibición de la asistencia económica;

● Imposición de restricciones financieras y otras.

V. Con base en lo anterior, esta Dictaminadora reconoce y celebra la decisión de los Estados Unidos de poner fin a dicha designación, lo que favorece el entendimiento entre dos países vecinos y amigos de México.

VI. Esta Dictaminadora considera de suma importancia resaltar que el pasado 17 de diciembre de 2014 los Presidentes de Cuba, Raúl Castro y de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron la histórica decisión de iniciar negociaciones para normalizar sus relaciones diplomáticas entre ambos países luego de más de 50 años de un injusto y lastimero bloqueo económico, comercial y financiero emprendido contra la libre autodeterminación del pueblo cubano por parte del Gobierno estadounidense.

VII. En dicho anuncio se establecieron diversos objetivos a cumplir por parte de la administración de Obama, donde se incluyó la promesa de reformar el marco normativo estadounidense para empoderar al pueblo cubano; facilitar las transacciones financieras; actualizar la aplicación de sanciones de Cuba con países terceros, así como revisar la designación de la isla en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

VIII. Asimismo, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, el primer paso se dio con la liberación de los tres cubanos restantes, de los cinco que fueron encarcelados acusados de terrorismo, y del contratista estadounidense Alan Gross encarcelado en Cuba, por lo cual el proceso de la normalización se estima sumamente viable.

IX.- La Segunda Comisión reitera su beneplácito por la salida de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, puesto que fue uno de los objetivos primordiales del anuncio de diciembre pasado, así como por el anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas y de apertura de embajadas del 1º de julio de 2015, y se pronuncia en pro del fin del bloqueo económico, comercial y financiero hacia la isla, tal y como lo hiciera el Senado de la República en un acuerdo del 23 de octubre de 20142.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de retirar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, así como por el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y se pronuncia por poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que persiste sobre la economía cubana.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 7 de julio de 2015

SEGUNDA COMISIÓN.

1 United States Department of State. "COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2013. Executive Summary." April 2014. Disponible en: http://www.state.gov/documents/organization/225050.pdf

2 De los Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa nuevamente su rechazo, al tiempo condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, disponible en: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50982

El Senador Ismael Hernández Deras: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Que exhorta a México que se adhiera al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones con Punto de Acuerdo relacionadas con el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

3. Con fecha 3 de junio de 2015, el Diputado Agustín Miguel Alonso Raya y las diputadas Amalia Dolores García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y María de Lourdes Amaya Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al Sistema de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República a diseñar un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco.

4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

1. La senadora Gabriela Cuevas Barrón, proponente del punto de acuerdo que se dictamina establece expresamente en sus consideraciones:

“1. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) entró en vigor a partir del 27 de febrero de 2005. Este Convenio, además de ser el primer instrumento internacional bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, constituyó el primer esfuerzo por combatir la epidemia del tabaquismo a nivel mundial.

Al día de hoy, 180 países –entre ellos México- son partes del CMCT y se han comprometido a establecer mecanismos que permitan reducir la demanda de tabaco reafirmando que todas las personas tienen el derecho al máximo nivel de salud posible.

2. De acuerdo con el artículo 3, el principal objetivo del CMCT y de sus protocolos es: “proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las Partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco”.

Para cumplir con este propósito, el CMCT incluye medidas como las siguientes: a) protección contra la exposición al humo de tabaco; b) reglamentación del contenido de los productos de tabaco; c) reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco; d) empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; e) educación, comunicación, formación y concientización del público; f) prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; y g) medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del tabaco. [*]

Además de estas medidas, que se enfocan en la reducción de la demanda de los productos de tabaco, el CMCT dedica un apartado específico a las medidas que deben implementarse para reducir la oferta de dichos productos. Al respecto, el artículo 1º se refiere al “comercio ilícito de productos de tabaco”, entendiéndose por tal “toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”.

De acuerdo con el artículo 15 del CMCT, México está obligado a lo siguiente con miras a eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco:

1. Hacer un seguimiento del comercio transfronterizo de productos de tabaco, incluido el comercio ilícito. Para ello, reunirá datos e intercambiará información entre autoridades aduaneras y tributarias, según corresponda;

2. Promulgar o fortalecer legislación, con sanciones y recursos apropiados, contra el comercio ilícito de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando;

3. Adoptar medidas apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contrabando que se hayan decomisado se destruyan o se eliminen de conformidad con la legislación nacional;

4. Adoptar y aplicará medidas para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o se desplacen en su jurisdicción en régimen de suspensión de impuestos o derechos; y

5. Adoptar las medidas que proceda para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de productos de tabaco.

También es de mencionarse que el propio CMCT, en su artículo 16, busca regular otras actividades como las siguientes: exigir la mayoría de edad de los compradores de productos de tabaco; prohibir que los productos de tabaco estén directamente accesibles en los estantes de los almacenes; prohibir la distribución gratuita de productos de tabaco al público, especialmente a los menores de edad; prohibir que se vendan cigarros sueltos o en paquetes pequeños que hagan más asequibles estos productos a los menores de edad, entre otras.

3. Como complemento a lo dispuesto en el artículo 15 del CMCT, el 12 de noviembre de 2012 se adoptó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco durante la quinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP) en el CMCT de la OMS.

Dicho Protocolo se elaboró como respuesta a las siguientes problemáticas: 1) el creciente comercio internacional ilícito de productos de tabaco; 2) la amenaza que éste supone para la salud pública al aumentar la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco; y 3) las considerables pérdidas que produce en los ingresos públicos. [*]

Así, el objetivo principal del Protocolo es proteger la cadena de suministro de productos de tabaco estableciendo que los Estados adopten medidas como las siguientes:

1. Prohibir la elaboración de productos de tabaco y la importación o exportación de productos de tabaco a personas que no cuenten con una licencia o autorización equivalente;

2. Conceder una licencia a quienes se dediquen a la venta al por menor de productos de tabaco, al cultivo comercial de tabaco, al transporte de cantidades comerciales de productos de tabaco y a la venta al por mayor, intermediación, almacenamiento o distribución de tabaco;

3. Establecer un sistema de seguimiento y localización de todos los productos de tabaco que se fabriquen o importen en su territorio

4. Exigir que determinadas marcas de identificación (como códigos o estampillas), se incorporen en todos los de cigarrillos a fin de posibilitar un seguimiento y una localización eficaces;

5. Exigir que todas las personas que realicen cualquier transacción relativa a productos de tabaco por internet cumplan con todas las obligaciones estipuladas en el Protocolo;

6. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como ilícitas conductas como las siguientes:

7. Fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación contraviniendo lo dispuesto en el Protocolo;

8. Fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables o sin exhibir las estampillas fiscales que corresponda, marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas; 

9. Mezclar productos de tabaco con otros que no lo sean durante el recorrido a través de la cadena de suministro;

10. Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que se impongan sanciones penales o de otro tipo eficaces, incluidas multas, a las personas que sean consideradas responsables de conductas ilícitas.

Además de lo anterior, los Estados Parte convienen en establecer un régimen mundial de seguimiento y localización que comprenda sistemas nacionales y/o regionales de seguimiento y localización y un centro mundial de intercambio de información, que permita hacer indagaciones y recibir información sobre la cadena de suministro y ayudar en la investigación del comercio ilícito de tabaco. Esto se realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigor del Protocolo (art. 8).

4. Actualmente, el protocolo ha sido firmado por 53 Estados y la Unión Europea, pero sólo ha sido ratificado por 8 países, siendo que su entrada en vigor se dispuso hasta que se depositen 40 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión.

Y tomando en cuenta que cualquier Parte en el CMCT puede ser Parte en el Protocolo mediante un instrumento de adhesión, se considera urgente que el Estado mexicano tome la iniciativa y se sume a este instrumento que busca evitar que la epidemia del tabaquismo se siga propagando.

5. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Interamericana del Corazón, la eliminación del comercio ilícito mundial de cigarrillos salvaría más de 160,000 vidas todos los años desde el año 2030 en adelante. Y éste es un esfuerzo en el que puede participar activamente nuestro país mediante un control más efectivo de la cadena de suministro de los productos de tabaco.

Anualmente, ingresan 340 millones de cajetillas de manera ilícita a México y de ese total se decomisan únicamente 56 millones (tomando como referencia el año 2013). Esto representa pérdidas para el país de $6,000 millones que no se cobran de impuestos por su ingreso, dado que los cigarrillos ilícitos son mucho más baratos que los cigarrillos legales totalmente gravados.

Y si esto no fuera por sí mismo preocupante, debemos tomar en cuenta que en México hay alrededor de 100 marcas que se comercializan sin el consentimiento de las autoridades de acuerdo con algunas estimaciones a 2013.

Por todo ello, y tomando en cuenta que se requiere una cooperación internacional más estrecha para prevenir y combatir el comercio ilícito de productos de tabaco a fin de que se respete el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.”

2. Los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, proponentes del punto de acuerdo que se dictamina establecen expresamente en sus consideraciones:

“El 31 de mayo se celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. Para este 2015, en particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados, han planteado el objetivo de exhortar a los países a que colaboren para poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco.

En muchos aspectos, el comercio ilícito de productos de tabaco es un importante motivo de inquietud a escala mundial, en particular en lo que se refiere a la salud, el derecho, la economía, la seguridad y el combate a la corrupción.

La Comunidad Aduanera Mundial, ha presentado algunos estudios y cifras sobre la dimensión del mercado global, en donde se estima que hasta una décima parte de los cigarrillos consumidos en el mundo, provienen del comercio ilícito.

La OMS, en el artículo 15 a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), establece el compromiso de las partes, para la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, así como la elaboración y aplicación a este respecto de una legislación nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales.

En México se ha implementado una amplia variedad de acciones por parte de las instancias de Ejecutivo Federal para el combate al comercio ilegal de tabaco. Sin embargo, aún se deben intensificar los esfuerzos para evitar el ingreso de productos ilegales a nuestro país.

Según cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dentro del área de Administración General de Aduanas han considerado que el comercio ilegal de cigarrillo ocasiona una erosión al fisco de 5 mil 800 millones de pesos al año, tan sólo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), además que representan altos riesgos para quienes los consumen, pues no cumplen con normas mínimas de calidad.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha alertado a la sociedad de la existencia de 200 marcas ilícitas, que representan un mayor riesgo a la salud del consumidor, ya que sus ingredientes y condiciones sanitarias de producción son desconocidas. Es importante señalar que los cigarros ilegales, no cumplen ni con la legislación y la normatividad sanitaria y fiscal.

Debido al comercio ilícito de productos de tabaco, los grupos criminales generan grandes fortunas con las que financian otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, armas o seres humanos, así como actividades terroristas.

El consumo y la tolerancia pública a este fenómeno lastiman a todos, no solamente el derecho fundamental a la salud, aumentan el crimen organizado, se afecta las ventas y empleos de los negocios formales y se daña a la sociedad al traducirse en menos   fondos públicos y el acceso a menores de edad al no tener ningún control por las autoridades.”

Ante lo expuesto, las proposiciones que nos ocupan establecen los siguientes puntos resolutivos:

1.- “ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio      ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea.”

2.- “ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de las Secretarías de Salud, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, del Sistema de Administración Tributaria, y a la Procuraduría General de la República, a que diseñen un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, después de haber estudiado y analizado las proposiciones referidas anteriormente, hemos coincidido en elaborar un sólo dictamen en virtud de que ambas comparten la preocupación por el comercio ilícito de productos de tabaco y lo que representa para la salud pública en nuestro país. Así mismo coincidimos con las proposiciones de mérito al considerar que es de vital importancia reforzar el compromiso del Estado mexicano con la comunidad internacional y en congruencia al interior hacer un llamado a las instituciones a adoptar mecanismos eficaces enfocados a reducir el comercio y consumo de productos de tabaco, velando en todo momento por la salud de todas las personas

II. México fue el primer país de la región que ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en 2004. A pesar de lo anterior, actualmente se encuentra en los últimos lugares de los países que han avanzado en el control del tabaquismo.

III. De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), Jorge Salas Hernández, se estima que actualmente en nuestro país hay casi 11 millones de personas fumadoras, lo que representa el 15.9 por ciento de la población, además el gasto para atender las consecuencias del tabaquismo asciende a 60 mil millones de pesos al año.

IV.- Esta Dictaminadora considera que, tal como lo menciona el protocolo, el comercio ilícito aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco, alimentando así la epidemia de tabaquismo y socavando las políticas de control del tabaco.

V.- Asimismo, el tabaquismo produce considerables pérdidas en los ingresos públicos, pues todos aquellos productos que son vendidos dentro del mercado negro se excusan de pagar impuestos y otras contribuciones fiscales, cuyo uso podría estar destinado al combate contra esta epidemia.

VI.- La Segunda Comisión reitera que la mejor forma de combatir este problema es mediante la vigilancia de la cadena de suministro de los productos de tabaco. Medidas como el seguimiento y localización de los productos de tabaco, tanto nacional como internacional, la cooperación entre los diferentes países, la concesión de licencias, las diligencias debidas, la regulación sobre zonas francas y el tránsito internacional, son solo algunos de los aspectos que este protocolo enfatiza y propone a los Estados

VII.- De igual manera, esta Comisión entiende que la elaboración y adopción del protocolo es el resultado de un intenso trabajo y cooperación entre los distintos Estados parte y, a su vez, distintos sectores de gobierno, así como de la sociedad civil. Todos unidos por la preocupación y compromiso de luchar en contra del comercio ilícito de productos de tabaco.

VIII.- Se considera importante, por parte de los miembros de esta comisión, que se establezca una consistencia entre los mecanismos que los distintos países usan para combatir el comercio ilícito, pues se trata de un problema generalizado en nuestra región. El hecho de que México retrase o posponga la adopción del protocolo rezagaría a nuestro país en el combate al comercio ilícito, lo cual no solo causaría un perjuicio en nuestro territorio, sino en toda la región latinoamericana.

IX.- La implementación de un sistema de seguimiento y localización de los productos de tabaco consiste, principalmente, en la elaboración de mecanismos que permitan identificar la procedencia de las cajetillas. Su aplicación es tanto para la fabricación como para la importación de productos de tabaco. Esta medida es toral en el combate del comercio ilícito, pues representa la forma más fiable de saber si se está frente a un producto de comercio ilícito o no.

X.- Esta Comisión considera que la principal consecuencia de la firma del protocolo es la protección de la salud de las personas. Entendiendo que cualquier acción que permita la accesibilidad a estos productos afecta a la salud de la población, por lo cual, mecanismos internacionales como el propuesto ayudarán a que el derecho a la salud de menores de edad y grupos vulnerables sea protegido.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que México se adhiera al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en noviembre de 2012 en Seúl, República de Corea.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a que por medio de las Secretarías de Salud, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, del Sistema de Administración Tributaria, y a la Procuraduría General de la República, a que diseñen un plan de acción con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco a través de medidas eficientes para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Por el que se solicita un informe sobre los avances relativos a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres sí los titulares de los poderes ejecutivos han atendido a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer al Estado mexicano. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

A partir de la evaluación realizada por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), mediante el cual presentaron un documento de 44 puntos con 27 recomendaciones preliminares y específicas al Estado mexicano para que establezca medidas contra la discriminación hacia la población femenina, en especial a la inseguridad y violencia que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres.

De este examen se desprenden varios aspectos que debieran ser sumamente preocupantes, no sólo para las niñas y mujeres, sino también para las autoridades en todos los ámbitos y niveles de gobierno, entre los que se destacan los siguientes:

1. Los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado Parte no se limitan a la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto afecten negativamente a la población en el goce de sus derechos humanos, en particular mujeres y niñas.

2. El sometimiento de las niñas y mujeres a niveles cada vez mayores y a tipos diferentes de violencia de género, tales como la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, por actores estatales, incluidos policías y las fuerzas de seguridad, así como por actores no estatales, como los grupos del crimen organizado.

3. Los diferentes niveles de autoridad y las competencias dentro de la estructura federal da por resultado una aplicación diferenciada de la ley dependiendo de si se ha realizado la adecuada armonización de la legislación pertinente o no a nivel estatal, como por ejemplo en lo que respecta al principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.

4. La falta de datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, condenas y sentencias infligidas contra los perpetradores de la violencia contra las mujeres.

5. Las disposiciones fundamentales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no han sido implementadas.

6. La capacidad y los recursos asignados al mecanismo nacional para abordar la violencia contra las mujeres no ha sido adecuadamente reforzado para garantizar una coordinación eficaz entre los distintos órganos que lo componen.

7. La activación del Mecanismo de Alarma de Género está plagada de ineficiencias procesales, lo que dificulta su operación.

8. Las deficiencias y las diferentes definiciones del delito de feminicidio en la de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y en los Códigos Penales locales.

9. El elevado número y el aumento de los feminicidios cometido en varios estados, como Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, estado de México, Veracruz, Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

10. Las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los homicidios de mujeres, lo que atenta contra la investigación apropiada de los casos, evita que las familias de las víctimas sean notificadas, sin demora, y se oponen a una evaluación más completa y más confiable de los feminicidios.

11. El creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en varios estados, como Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, que las desapariciones forzadas no son constitutivos de delito en varios Códigos Penales locales, la falta de un consistente registro oficial de desapariciones y la activación lenta o no en todos los protocolos existentes de búsqueda, como el Protocolo Alba y la Alarma Ámbar por las autoridades.

12. La prevalencia de la violencia de género, incluida la violación y la exposición de las mujeres y niñas a la vulnerabilidad y el riesgo en regiones donde el ejército y/o los policías conducen operaciones contra el crimen organizado.

13. El bajo número de casos de violencia contra las mujeres que se denuncian ante las autoridades porque tienen miedo a represalias y no confían en las autoridades; y la falta de protocolos estandarizados para investigar y procesar casos de violencia contra las mujeres, que atentan contra el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y dejan una proporción alta de casos impunes como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”.

14. La impunidad persistente con respecto a la investigación, procesamiento y castigo de los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres en todo el país, como los cometidos por autoridades públicas en 2006 en San Salvador Atenco.

15. La Oficina del Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no es competente para dar seguimiento a las denuncias trata de personas cuando el delito sea cometido por grupos delictivos organizados.

16. No se cuenta con un sistema para registrar los datos desglosados sobre la incidencia de la trata y la falta de atención a la trata interna.

17. La baja participación de las mujeres indígenas en la vida política de sus comunidades, su Estado y el país.

18. Las demoras en la respuesta de las autoridades competentes para garantizar los derechos humanos de las defensoras y periodistas, en particular, la libertad de expresión, la vida, la libertad e integridad de la persona así como el acceso a la justicia.

19. El contenido de los planes de estudio sobre salud reproductiva y sexual y derechos ha sido reducido.

20. Los informes que indican que 3 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido violencia en el lugar de trabajo, incluyendo acoso sexual y abuso.

21. Las diferenciales salariales importantes entre hombres y mujeres y que el 56.6% de la población activa femenina trabaja en el sector laboral informal y por lo tanto sin acceso a prestaciones de seguridad social.

22. La actual tasa de mortalidad materna de 53.5 muertos por cada 100,000 nacidos vivos (2010) está lejos de la meta de los ODM propuesto para 2015 de 22,2 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos.

23. Los niveles altos de pobreza, analfabetismo, y múltiples formas de discriminación contra mujeres indígenas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

24. Los casos de mujeres que han sido denegadas acceso al aborto legal, incluso cuando cumplan los criterios legales restrictivos; que han sido reportados a las autoridades judiciales por los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales y, en consecuencia, privados de su libertad y condenadas a largas penas de prisión por motivos de infanticidio o asesinato.

Por ello, ante estas observaciones y preocupaciones expresadas por el Comité de expertas de la CEDAW es que se emitieron entre otras, las recomendaciones siguientes:

a) Revisar su estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas.

b) Invertir el impacto negativo de la estrategia sobre las mujeres y niñas y cumplir con sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, en particular los feminicidios; investigar, procesar y castigar a los perpetradores estatales y no estatales, y proporcionar reparación a mujeres que han sido víctimas de la violencia independientemente del contexto y de los presuntos perpetradores.

c) Proporcionar capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de las mujeres, a todos los policías, el ejército y la marina implicados en operaciones dentro de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un estricto código de conducta con el fin de garantizar con eficacia el respeto de los derechos humanos.

d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para el registro regular de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió la violencia, incluido el perpetrador y la victima y si ellos estaban relacionados el uno con el otro.

e) Tomar las medidas necesarias para garantizar, especialmente a través de una coordinación eficaz, la armonización de la legislación pertinente, coherente y consistente en todos los niveles con la reforma constitucional sobre derechos humanos (2011) y con el Sistema de Justicia Penal.

f) Establecer mecanismos efectivos a nivel federal y estatal para supervisar la aplicación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relacionada con el acceso de las mujeres a servicios de asistencia médica y educación.

g) Establecer mecanismos para monitorear y sancionar a funcionarios de la ley, incluido el poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de las mujeres.

h) Atender urgentemente los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Género.

i) Tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación de los feminicidios se base en elementos objetivos que permitan su correcta clasificación en los Códigos Penales locales; acelerar su codificación en aquellos Códigos Penales locales pendientes; estandarizar los protocolos de investigación de la policía de los feminicidios en todo el país, e informar sin demora a las familias de las víctimas.

j) Acelerar las detenciones relacionadas con la violencia contra mujeres y proporcionar la información sobre el enjuiciamiento y el castigo de los perpetradores en su siguiente informe periódico, incluidos los relacionados con el caso de Atenco.

k) Elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, incluyendo su ámbito, causas, consecuencias y propósitos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y niñas y las nuevas formas de explotación.

l) Recopilar sistemáticamente datos desglosados y los análisis sobre la trata de mujeres con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y castigo de los delincuentes, así como medidas más eficaces para rehabilitar a las víctimas.

m) Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida política de sus comunidades, en particular las mujeres indígenas, incluyendo la realización de campañas de sensibilización dirigidas a aumentar la participación de mujeres en la vida política, en los niveles estatales y municipales.

n) Adoptar medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrado contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas así como adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.

ñ) Tomar todas las medidas apropiadas para reducir la brecha en los índices de analfabetismo entre las mujeres de las zonas urbanas y rurales.

o) Garantizar la implementación efectiva del Protocolo de intervención en casos de acoso sexual dentro de la administración pública y prever medidas similares para prevenir acoso sexual en el sector privado.

p) Adoptar medidas que mejoren la situación de las mujeres en la economía informal, monitorear su impacto y asegurar la continuación del programa Seguro Popular que tiene por objeto proporcionar servicios de salud a estas mujeres.

q) Ratificar los convenios de la OIT No. 156, sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y No. 189 sobre el Trabajo decente para trabajadores domésticos.

r) Asegurar el acceso universal a servicios de salud y a la información y educación sobre salud sexual y reproductiva, particularmente para adolescentes con el objetivo de prevenir embarazos no deseados;

s) Fortalecer, bajo la dirección del Observatorio de Mortalidad Maternal, sus esfuerzos para disminuir la tasa de mortalidad materna, incluida la adopción de una estrategia global de la maternidad segura, que prioriza el acceso a servicios de calidad obstétricos prenatal y pos-natal, y el establecimiento de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.

t) Armonice la legislación federal y estatal relativas al aborto para eliminar los obstáculos las mujeres enfrentan cuando buscan aborto legal y también a extender acceso al aborto legal.

u) Acelerar la adopción del Acto General en la Paternidad Responsable así como la creación del Registro Público Nacional de Deudores de la Pensión Alimenticia.

Así pues, las recomendaciones emitidas por el comité de la CEDAW son jurídicamente vinculantes para México, por lo que también se vuelve obligatorio su cumplimiento, no obstante lo anterior, a 32 años de su entrada en vigor, los principios de la Convención no se han consolidado a favor de las mexicanas, por lo que urge que el Estado Mexicano, en todos sus niveles y ámbitos de gobierno acaten de manera puntual y a la brevedad posible las recomendaciones hechas por la CEDAW.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres sí el Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como los titulares de las 31 Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, han atendido puntualmente las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) al Estado Mexicano y en su caso, qué medidas se implementarán a fin de dar cumplimiento a la brevedad posible.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito ya que tanto a nivel global, como en México, la violencia contra la mujer es provocada principalmente por sus parejas; esto es considerado un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres, que se significa en una grave barrera para alcanzar la igualdad de género.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer como todo acto que cause “un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Los datos más recientes de la OMS arrojan que el 35% de las mujeres alrededor del mundo han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o de terceros y que el 38% de los feminicidios son perpetrados por su pareja. También se ha podido constar que los programas de prevención de la violencia en contra de las adolescentes implementados en las escuelas tienen mayor efecto dentro de entornos con ingresos más altos, mientras que en entornos con ingresos bajos se siguen presentando casos de adolescentes agredidas por sus parejas.

II.- Esta Dictaminadora considera de vital importancia prestar atención a esta situación a nivel nacional ya que a pesar de que en México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde diciembre de 2006, la cual obliga al Estado a mexicano a intervenir de forma directa para evitar la violencia contra las mujeres conforme a los principios de igualdad y no discriminación; los índices de violencia se han incrementado, sin obtenerse de la autoridad la atención debida, resultando esto en que los ataques se vuelvan cotidianos y permanezcan en la impunidad..

La CEDAW desde 1986 ha proporcionado una serie de recomendaciones para los países que tienen mayores tasas de violencia contra la mujer, con el fin de alcanzar la igualdad de género alrededor del mundo y detener las agresiones contra la mujer. Este organismo espera que los Estados que han aceptado sus recomendaciones, implementen políticas públicas consecuentes, para lograr un mejor desarrollo social y una sana convivencia. En este sentido, esta institución solicita el apoyo de organizaciones a favor del bienestar de la mujer, para que apoyen a las entidades públicas en su obligación a hacer llegar a la población la información pertinente para crear una conciencia de igualdad de género y protección a la mujer.

Actualmente y conforme a datos del INEGI, 41% de las mexicanas ha declarado sufrir algún tipo de violencia en al menos una ocasión, tales con humillaciones, amenazas, insultos, y otro tipo de violencia como psicológica y emocional a los cuales le siguen la violencia económica, el control o chantaje por parte de sus parejas, dejando más abajo en porcentajes las agresiones corporales y sexuales.

En este tenor se observa en las estadísticas que las más afectadas en cuanto a violencia son las mujeres divorciadas, ya que el 64% de este sector declaró que su separación se dio por causa de agresiones por parte de su pareja, siendo este grupo el de mayor vulnerabilidad, pues podrían incluso llegar a perder la vida en manos de su agresor; por otro lado 1.7% de las agresiones se dan dentro de la familia, donde la violencia más utilizada es la emocional seguida por la violencia económica, física y sexual.

III.- La Segunda Comisión reitera la importancia de establecer mejoras en la difusión de los planes para eliminar la violencia de género, ya que actualmente los planes que han seguido los gobiernos y las mismas organizaciones no han tenido el impacto deseado, y las mujeres siguen siendo agredidas en diversos ámbitos de su vida cotidiana. (transporte, escuela, trabajo u hogar).

En México los índices de violencia contra la mujer han ido en aumento y su intensidad, se ha agravado, tal como lo demuestran los índices históricos de delitos de alto impacto contra la mujer, como son las desapariciones forzadas, secuestros, feminicidios, y trata de personas. Esta situación se agrava en los estados de Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Nayarit y Durango los cuales presentan los índices más altos de violencia de género.

IV.- En este tenor la segunda comisión considera menester proporcionar la información necesaria a la población para prevenir la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolecentes, las cuales se encuentran en gran vulnerabilidad. Por ello, es de suma importancia el cumplimiento de las recomendaciones de las que da cuenta el legislador proponente, lo que permitiría mejorar la atención de las denuncias y su seguimiento. Resulta entonces particularmente importante, el establecimiento de un registro de todas aquellas mujeres que han denunciado agresiones y de aquellas que han sido víctimas de secuestros, trata de personas y desaparición forzada, esto con fines de prevención, atención y seguimiento.

Finalmente, consideramos de vital importancia que las autoridades cuenten con mecanismos que les permitan allegarse de la información que les permita apoyar adecuadamente a las mujeres afectadas por violencia, así como para eliminar todas las barreras que desincentivan que las mujeres denuncien los actos de violencia de los que son víctimas.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de las Mujeres un informe sobre los avances del Poder Ejecutivo Federal, así como de los titulares de las 31 Entidades Federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, han atendido puntualmente las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer al Estado Mexicano y en su caso, qué medidas se implementan a fin de dar cumplimiento a la brevedad posible.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Por el que la Comisión Permanente se congratula por la elección del parlamentario danés Mogens Lykketoft como Presidente de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al parlamentario danés Mogens Lykketoft por su elección como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de junio de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones lo siguiente:

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es conocida por muchos por ser el gran parlamento del mundo. A través de alrededor de 70 años desde su creación, se ha convertido en el espacio idóneo en donde convergen la gran mayoría de los temas multilaterales y globales de interés para la comunidad internacional. Desde su nacimiento formal, el 24 de octubre de 1945, la ONU ha incrementado   exponencialmente su membresía al pasar de los 51 Estados fundadores, México entre ellos, hasta los 193 países que la conforman en la actualidad, con Sudán del Sur como  su miembro más reciente. Todos y cada uno de los anteriores se encuentran representados en la Asamblea General, uno de los órganos principales de Naciones Unidas.

Bajo la premisa de establecer un órgano deliberativo, la Asamblea General fue establecida en la Carta de la ONU desde la creación del Organismo. En ella están representados todos los Estados Miembros, cada uno con un voto. Las cuestiones relevantes como las relacionadas con la paz y la seguridad, el ingreso de nuevos Miembros y las cuestiones presupuestarias se deciden por mayoría de dos tercios. El resto, por el principio de mayoría simple. Su cometido es verdaderamente esencial para el funcionamiento óptimo de las Naciones Unidas. La Carta asigna a la Asamblea General las funciones y los poderes siguientes a saber: 1) Considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen al desarme y la regulación de los armamentos y hacer recomendaciones al respecto; 2) Examinar cualquier cuestión relativa a la paz y la seguridad internacionales y hacer recomendaciones al respecto; 3) Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario; entre otros. La mayoría de las cuestiones planteadas, incluyendo el surgimiento de nuevas normas internacionales, se examinan al interior de sus seis Comisiones principales (1. Comisión de Desarme y Seguridad Internacional; 2. Comisión de Asuntos Económicos y Financieros; 3. Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales; 4. Comisión Política Especial y de Descolonización; 5. Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuesto; 6. Comisión Jurídica).

Igualmente, la Asamblea General puede fungir como un ente que recomienda diversos medios pacíficos de solución de conflictos ante alguna controversia, examinar informes de otros órganos de la ONU, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad o al Secretario General —previa recomendación del Consejo— y a los jueces de la Corte Internacional de Justicia en conjunto con el propio Consejo de Seguridad.

El reglamento de la Asamblea General estipula que mínimo tres meses antes del inicio del período ordinario de sesiones se debe nombrar a su presidente, quien es elegido de acuerdo con una rotación geográfica y cuyas funciones deberán ser las de abrir y cerrar cada una de las sesiones plenarias, dirigir los debates del período por el cual fue electo, velar por la aplicación del reglamento, someter a votación algunos asuntos y proclamar las decisiones asumidas por este órgano. Esta persona es elegida para un solo período ordinario de sesiones, salvo algunas escasas excepciones. El Presidente cuenta con un gabinete que lo asesora en distintos temas, tales como los comentados en cada una de las seis comisiones de la Asamblea General o algunos más específicos, como la agenda de desarrollo post 2015, paz y seguridad, género y empoderamiento de la mujer, desarrollo sostenible, entre otros más.

El presidente actual es el ugandés Sam Kutesa quien, además de parlamentario, se desempeñó también como Ministro de Relaciones Exteriores de Uganda antes de haber sido nombrado para presidirla Asamblea General. Su gestión como presidente de ese órgano de Naciones Unidas, se ha caracterizado por enfocarse en el diseño de la agenda de desarrollo post 2015 cuyos objetivos, a adoptarse en septiembre, reemplazarán a las denominadas Metas del Milenio. Kutesa inició la presidencia del 69 período de sesiones de la ONU el 16 de septiembre de 2014. En septiembre próximo entregará el cargo al también parlamentario, de origen danés, Mogens Lykketoft, quien fue candidato único del Grupo de Países Europeos y otros Estados (WEOG por sus siglas en inglés) resultando electo por unanimidad y sin necesidad de votación formal el 15 de junio del 2015.

Mogens Lykketoft, quien fue proclamado ya como presidente del crucial 70 período de sesiones estableció como lema oficial de su mandato “Las Naciones Unidas a los 70, un nuevo compromiso de acción” y cuenta con una amplia trayectoria política y diplomática. Ha ocupado diferentes cargos como Ministro de Finanzas (1993-2000) y Ministro de Relaciones Exteriores (2000-2001) de Dinamarca. Fue presidente del Partido Socialdemócrata danés y actualmente se desempeña como Presidente del Parlamento de su país con lo que culmina una larga y prolífica trayectoria como legislador. Sin duda, se trata de una gran noticia para todos quienes creemos en la importancia de los vínculos entre las Naciones Unidas, los Parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria. En marzo de 2014, este Senado de la República tuvo la oportunidad de recibir al Sr. Lykkentoft como Presidente del Parlamento de Dinamarca y escuchar algunos de sus planteamientos a favor de una cooperación mucho más intensa para enfrentar los desafíos que el siglo XXI le ha impuesto a la comunidad internacional en su conjunto y en relación con el destacado papel de los Parlamentos para el avance de múltiples temas de la agenda internacional.

En términos de la coyuntura actual, su elección resulta igualmente pertinente en el contexto de las importantes negociaciones internacionales que se darán en el seno de la setenta Asamblea General. Estas van desde la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable a finales de septiembre, la ambiciosa negociación vinculada al combate al cambio climático que se desenvolverá en distintas instancias de la ONU a partir de la Conferencia de los Estados Parte que se reunirá en diciembre próximo y la Sesión Especial sobre Drogas de la propia Asamblea General que se llevará a cabo en 2016.

El Congreso en su conjunto y especialmente el Senado de la República, a través de sus Comisiones, han dado seguimiento puntual a muchos de estos temas y mantiene una actividad incesante desde las actividades propias de la diplomacia parlamentaria que ejerce en el seno de la Unión Interparlamentaria, entre otros órganos parlamentarios internacionales. Con la elección del Sr. Lykketoft como Presidente de la Asamblea, es plausible pensar que la visión legislativa y el reconocimiento claro del papel y la responsabilidad esenciales de los Parlamentos en su implementación se incorporen a los enfoques predominantes de uno de los órganos fundamentales para la preservación de la paz, la seguridad y el desarrollo.”

Por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al señor Mogens Lykketoft por su elección como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y le desea el mayor de los éxitos en el desempeño de su mandato en el contexto de negociaciones cruciales para el desarrollo sostenible y la seguridad internacionales.

Segundo.-La Comisión Permanente hace votos para que, como ex parlamentario, el Presidente electo, incorpore a las deliberaciones de la Asamblea General, la importancia del rol de los legisladores en la implementación de las decisiones ahí adoptadas y privilegie la relación de la Organización de las Naciones Unidas tanto con los Parlamentos Nacionales como con la Unión Interparlamentaria.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar que tal y como se menciona, la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas será histórica, pues en ella se discutirán algunos de los principales acuerdos multilaterales que moldearán las relaciones internacionales de los países en temas concretos, tales como cambio climático, desarrollo, combate a la pobreza extrema, educación, gobernanza y salud, por citar solo algunos.

Como antecedente, es oportuno señalar que Mogens Lykketoft ya ha visitado México y el Senado de la República. En sesión solemne, la Cámara de Senadores recibió al parlamentario danés en su calidad de presidente del parlamento de Dinamarca, en donde este mencionó que México pasa por cambios de gran magnitud, así como también criticó la concentración de riqueza en pocas manos, hecho que, de acuerdo con el ponente, amenaza nuestro. El exparlamentario aseguró en aquella ocasión que “no podemos continuar con una situación donde la paz y la prosperidad son para unos cuantos”. Ante esto, también expresó su acuerdo con las palabras de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Lykketoft, quien también se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y ministro de Finanzas, es comúnmente conocido por contar con amplias cualidades de negociación.

Asimismo, queremos resaltar que para nosotros es relevante reafirmar y promover algunos de los propósitos del Presidente electo Mogens Lykketotft, tales como combatir el cambio climático, erradicar la pobreza extrema y promover el crecimiento económico.

Finalmente, es necesario mencionar que el papel de los legisladores adquiere cada vez más mayor relevancia en la ONU, y no solamente por medio de la Unión Interparlamentaria, sino por su inclusión en las delegaciones de los países miembros, quienes buscan representar a la mayoría de los sectores involucrados en las discusiones. Es así como se puede demostrar, por ejemplo, la importancia que tuvieron los legisladores de la LXII Legislatura que participaron en la delegación mexicana encargada de la negociación del Tratado de Comercio de Armas (ATT por sus siglas en inglés). También, que Lykketoft haya sido presidente del parlamento danés y haya sido electo para presidir un órgano de Naciones Unidas simboliza la aceptación de la importancia que tienen los legisladores en el concierto internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del parlamentario danés Mogens Lykketoft como presidente de la Setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que comenzará a desempeñar sus labores en septiembre próximo, y hace votos para que incorpore en todo momento el papel que desempeñan los legisladores en la implementación de los acuerdos multilaterales negociados en el seno de los organismos internacionales.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de junio de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

“La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que la Organización de las Naciones Unidas estima que entre el 4% y el 6% de los adultos mayores en el mundo han sufrido alguna forma de abuso o maltrato.

Que en función de este grave problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones de adultos mayores en el mundo, la Asamblea General de la ONU estableció, mediante su resolución 66/127 de diciembre del 2011, el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. El objetivo de esta conmemoración global, advierte, es recordar que para 2050 más del 20% de la población mundial será mayor a 60 años y que, por tanto, resulta imperativo instrumentar políticas en materia de envejecimiento que protejan a los adultos mayores de la discriminación, la pobreza y la marginación en el ejercicio de sus derechos.

Que se han establecido varios proyectos de acción multilateral desde que se emitieran los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003), la Declaración de Brasilia (2007), entre otros.

Que en concordancia con estos esfuerzos la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó, desde 2010, a los representantes de los Estados Miembros y expertos en el tema a debatir la elaboración de un instrumento internacional, de carácter vinculante, que protegiera y promoviera aún más los derechos de las personas mayores.

Que esta iniciativa ha dado como resultado que durante el Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la OEA, llevado a cabo los pasados 15 y 16 de junio de 2015, en su sede en Washington, D.C. se aprobara la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Que esta Convención, conformada por 7 capítulos y 41 artículos, es considerada el primer instrumento jurídicamente vinculante sobre la materia y con el que se espera sentar un precedente mundial a partir de un estándar interamericano.

Que la Convención, negociada a lo largo de tres años, se encuentra actualmente abierta a la firma de los Estados Miembros y que hasta el momento de presentación de la proposición, había sido suscrito por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

Que el objeto de la Convención, según su artículo primero, es el de “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Que, en términos generales, la Convención contempla la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la protección de sus derechos a la dignidad, independencia, seguridad, participación e integración plena y efectiva en la sociedad, no discriminación y a una vida libre de violencia.

Que se incluyen también disposiciones para su bienestar y cuidado, la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial, su acceso a la justicia, así como su derecho al trabajo, la salud, la libre circulación, la educación, la cultura, la recreación, la propiedad, a la vivienda, entre otros.

Que el Estado Mexicano ha suscrito distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que imponen la obligación de generar mecanismos institucionales, programas y políticas, que aseguren el respeto de los derechos de los adultos mayores.

Que con la suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, nuestro país estaría, en efecto, en posibilidades de ampliar los derechos de este importante segmento de nuestra sociedad al tiempo que fortalecería, de manera muy importante, su compromiso con la protección de los derechos humanos.”

Por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

“Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de  los Estados Americanos (OEA) por considerar que amplía considerablemente el umbral de defensa y protección de los derechos de este importante segmento de nuestra sociedad.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito toda vez que si bien la Convención fue aprobada por la Asamblea General de la OEA esta aún no ha sido suscrita por nuestro país.

Es de destacar que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aproximadamente cincuenta por ciento de los mayores de sesenta años en América Latina y el Caribe, no dispone de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que una gran proporción de ellos no tienen acceso efectivo a sus derechos esenciales.

II. Es necesario señalar que esta nueva Convención Interamericana compromete a los Estados Parte a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquéllas prácticas contrarias a la presente Convención tales como el aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, tratamientos médicos inadecuados así como cualquier trato que atente contra su seguridad e integridad. Igualmente se establece la obligación de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas, presupuestarias y de otra índole para un adecuado acceso a todos los derechos consagrados en el instrumento.

III. Sin duda alguna, esta Comisión Dictaminadora hace referencia a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la cual ha tenido por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento y la articulación de los principios, objetivos, programas, responsabilidades y procesos sustantivos a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. No obstante, la Comisión comparte la preocupación de la proponente sobre la necesidad de ampliar los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores y, en consecuencia, de que la Convención Interamericana recientemente aprobada entre en vigor luego de un proceso expedito de suscripción y ratificación por parte de los Estados Miembros.

IV. Conviene tener presente que la Convención entrará en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, a partir del trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. En este sentido, esta Comisión Dictaminadora coincide con la proponente en que la incorporación de México a la Convención en una etapa primigenia reviste una enorme importancia en el contexto del compromiso del Estado Mexicano con el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos, el liderazgo que mantiene el país en este rubro, así como en función de su participación en el mecanismo de seguimiento acordado por la Convención y la puesta en marcha y el establecimiento de las reglas de operación de la Conferencia y el Comité de Expertos que supervisarán su cumplimiento.

V. La Comisión Dictaminadora considera que resulta de la mayor importancia que México contribuya a que América sea la primera región del mundo que cuente con un instrumento internacional vinculante que tenga el objetivo de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.

VI. La Comisión Dictaminadora observa también que en posicionamientos públicos contenidos en la página electrónica de la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, se señala que nuestro país, al contar con una población de más de 10 millones de personas mayores, otorga especial importancia a la promoción y protección de los derechos de este sector de la población por lo que esta Misión “apoya la necesidad de contar con una Convención Interamericana en la materia que aporte una visión regional sobre el tema y sirva como punto de referencia para acciones similares que pudieran emprenderse en otros foros regionales o internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir y enviar, en su momento al Senado de la República, para su aprobación correspondiente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos   por considerar que amplía considerablemente el umbral de defensa y protección de los derechos de este importante segmento de nuestra sociedad.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Que exhorta a elaborar programas de desarrollo social y humano enfocados a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal con la participación de los sectores público, social y privado.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, a garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en relación con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Chirstopher Raymundo Márquez Moray.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27demayo de 2015, la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“I.Los indignantes y vergonzosos acontecimientos que a manera de “juego” terminaron con la vida del niño Christopher Raymundo Márquez Moray y que ha nos consternado al mundo entero, nos dejó suspendidos en una extraña realidad, diría “oculta, ficciosa o simulada realidad”. No menos indignante, contradictorio y preocupante, es que aún con la herida abierta por este caso, la sociedad chihuahuense muestre preocupación por lo sucedido y a los pocos días vuelque el palenque de la feria de Santa Rita con la presentación de los Tigres del Norte, pidiendo a gritos y de manera sistemática tocar narcocorridos. Esta es la incongruencia y confusión por la que estamos viviendo y pasando los chihuahuenses y que nos obliga a reflexionar y preguntarnos ¿En qué estamos fallando y porque?

Por un lado tenemos el bullying que se ha incrementado en las escuelas y en las calles, pero igualmente grave es la penetración de la cultura del narcotráfico, instalada ya en todo México, lo que ha contribuido a crear modelos que los niños buscan repetir, pero también a mostrar situaciones que no podemos ignorar. Ahora tal parece que a nadie sorprende ya ver u oír sobre las fosas con cuerpos, las ejecuciones, las torturas, los levantones, las narcomantas, los bloqueos, las desapariciones y todo este terrible léxico que ha normalizado las conductas violentas en nuestro país, y que junto con el mercado de las drogas se ha ido desarrollando hasta alcanzar todos los ámbitos: el cine, la literatura, las artes, el lenguaje cotidiano, las aspiraciones personales e incluso las posibilidades de futuro que tienen las y los niños y jóvenes en un país como el nuestro.

Lamentablemente para nosotros la herida social que deja Christopher no sólo muestra el grado de infiltración de la narcocultura en nuestras vidas, sino que nos da una señal muy grave que expertos y psicólogos mexicanos llevan alertando desde hace algunos años: los peligros y los efectos psicológicos que tienen los menores al vivir inmersos y por años en la violencia desmedida generada en varios puntos del país. Un perito de la Fiscalía de Chihuahua, reveló que a partir de 2020 en Chihuahua se registraría una epidemia o generación de psicópatas menores de edad, pero desafortunadamente se ha adelantado cinco años y estamos viendo ya individuos menores de 15 años de edad que están mostrando estas conductas violentas.

Esta reproducción cultural de la violencia por parte de los niños y adolescentes, particularmente en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada, como es el caso, ha normalizado la violencia incorporándola a los juegos infantiles. Son muchos los señalamientos de niños que juegan a ser narcotraficantes y secuestradores.

De los miles de asesinatos vinculados al crimen organizado, todos tenían familias, pero no ha habido ninguna campaña para atender a los menores que dejaron atrás. Eso, unido a las carencias del sistema de justicia es lo que ha originado situaciones como la vivimos; sin duda reflejo de la sociedad que somos, envenenada por las drogas, el alcohol, la corrupción, la injusticia, la desigualdad social, el empobrecimiento, la violencia y la impunidad. Los números lo demuestran, seguimos en primer lugar en divorcios y segundo en homicidios dolosos; también ocupamos los primeros sitios en número de madres trabajadoras solas y familias desintegradas.

Ante esta descomposición social, cuya principal causa es el colapsado núcleo de la sociedad: La familia; las opiniones, críticas y demás imputaciones se centran en la responsabilidad de los padres de familia, mayormente... Hay razón en ello puesto que es una responsabilidad compartida y aquí es donde entra el papel que juega la autoridad; el Estado en su conjunto en esta materia. La situación en Chihuahua es consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones y  ausencias de familia y sociedad, pero también de un gobierno presionado por la pesada situación sociopolítica y económica que ha marcado el recrudecimiento de la pobreza en todo el estado. Un tejido social roto que refleja la ausencia de políticas públicas y de un gobierno que gasta más dinero en hacer promoción de su administración en medios de comunicación locales como nacionales, que destinarlo a programas de apoyo a niños de escasos recursos. Las autoridades en el estado nunca se han preocupado de esta situación, aunque hayan tenido conocimiento de ella desde hace muchos años.

II. En el caso que nos ocupa, mucho se ha discutido si solo dos de los implicados, los de mayor edad, pueden ser procesados penalmente por asesinato e ir a prisión, mientras que el resto fue puesto bajo tutela pública porque la legislación estatal impide que se les den sentencias de reclusión.

En este tenor, la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua contempla que un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales no podrá ser juzgado como adulto y que si es declarado responsable de un delito, responderá en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada de la de los adultos. La diferencia radica en el sistema especial previsto por la Ley.  Los menores de doce años a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, están exentos de responsabilidad y no son sujetos de la ley ni de sus procedimientos. Para los efectos de la aplicación de la Ley, se distinguen tres grupos etarios:

I. Entre doce años cumplidos y menos de catorce años;

II. Entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años; y,

III. Entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

La privación de libertad es una medida sancionadora de carácter excepcional que debe aplicarse como última opción. La medida privativa de libertad en centro especializado, aplicable a los adolescentes infractores es:

I. De seis meses a diez años, cuando tengan entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años.

II. De seis meses a quince años, cuando tengan entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

De ahí la urgencia de tener una estrategia que permita prevenir e identificar todas las formas de violencia contra la infancia, más que velar por cuidar la impunidad del delito, ya que la legislación actual permite que sean castigados por las vías apropiadas y respetuosas con sus derechos, pero también reinsertados a la sociedad.

Así que podríamos hacer una revisión minuciosa de la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua y hacer sendos análisis del tipo de sanción aplicable en estos casos, o disminuir la edad penal; o si no es posible disminuirla entonces aplicar una sanción mayor a los menores infractores. Pero todo ello no soluciona el problema de fondo. Generar leyes reactivas sólo saturara los centros de readaptación social y profesionalizará la delincuencia, mientras no se aborde el problema de fondo y se expidan leyes preventivas. Un informe reciente del ombudsman mexicano ha alertado sobre la situación que viven en los centros de internamiento de menores donde se detectaron casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, insalubridad de las instalaciones y hacinamiento. Así que el asesinato de Christopher no es cuestión de leyes, sino problema de sociedad que arroja la descomposición del tejido social. La solución aquí no es sólo establecer penas más duras contra los niños y jóvenes, va más allá de castigar, pues todo empieza desde la descomposición familiar, los ejemplos, las carencias y el entorno social y cultural.

En este aspecto vale la pena resaltar que la implementación de la reforma penal en Chihuahua va dirigida a un sector de la población como son las víctimas, los ofendidos y los infractores; pero el Desarrollo Social y Humano abraza a toda la población en general, no sólo a un segmento de la población. Este es el meollo del asunto, que en Chihuahua no hay ciudadanía, ni se conoce porque lo que sucede allá no es otra cosa más que el reflejo vivo y latente de la descomposición del tejido social y de la pérdida, o más bien dicho, ausencia de valores.

III. En este sentido, la Ley de Desarrollo Social y Humano en Chihuahua establece las bases, no sólo para elaborar políticas públicas focalizada, dirigidas a resolver el grave problema de abandono social, sino también para generar Cohesión Social. Pero lamentablemente las leyes no se aplican en Chihuahua. La indiferencia, la indolencia, el descuido y la avaricia del gobierno son mostrados ahora en todo su esplendor en un asunto que constituye, más que un asunto policiaco, un factor de descomposición social, reflejo del descuido gubernamental ante influencia de la narcocultura en la infancia y la ausencia de políticas públicas que generen resultados reales en la prevención del delito.

Pero imagínense, en las manos del gobernador César Duarte, Chihuahua recibió de nuevo la medalla por encabezar con más eficiencia la reforma penal. La medalla a un estado que por años ha sido salvajemente golpeado por la violencia del crimen organizado pero igualmente desatendido por un gobierno endeudado y agobiado por las acusaciones en su contra; ¿Cómo andarán los demás estados?. Imagínense a Duarte hablando a nombre de todos los titulares del poder ejecutivo de las entidades, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores en Los Pinos, hace unos días…que vergüenza.

Lo que debe hacer el gobernador con carácter de urgente es corresponsabilizarse de esta situación y presentar una estrategia estatal contra todas las formas de violencia hacia los menores.

IV.-Por lo que se refiere a la capacidad de las personas menores de edad, es cierto que deben recibir una sanción los que son inimputables por ley ya que de acuerdo con el principio de Autonomía Progresiva, las personas menores de edad en Chihuahua comenzaron a desarrollar su intelecto y a discernir, pero cuando el ambiente era de sangre y fuego y a la par de la falta de oportunidades de calidad de vida que siguen sufriendo millones de mexicanos en este país.

El desarrollo cognitivo del niño o niña arroja información sobre su percepción y disposición con respecto a lo que cree que “debe hacer” y cómo “debe actuar”. El desarrollo emocional y moral muestra información de acuerdo con la cual el niño o niña tienen la necesidad de adoptar mecanismos inconscientes en la búsqueda de preservar su salud psíquica y que a la vez le sirven como elementos para contrarrestar ideas y afectos dolorosos e insoportables. De aquí la trascendencia del Principio del Interés Superior de la Infancia, que se vincula con el Principio de Dignidad y que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna.

El nuevo paradigma de derechos con enfoque de PROTECCION INTEGRAL y desarrollo de capacidades, sustentado en la Convención, significa un cambio fundamental en la percepción de la infancia ya que se pasa de la idea del “menor” como objeto de compasión-represión, a la idea de la infancia-adolescencia como sujetos derechos, donde se asume su capacidad y personalidad jurídica. Lo anterior supone ir en contrasentido de varias leyes, como por ejemplo nuestro código civil estatal en su artículo 23 señala:

 “ARTÍCULO 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejecutar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

Por estas disposiciones retrogradas la minoría de edad sigue siendo un argumento que se utiliza para negarles ciertos derechos que le son inherentes a todas las personas, independientemente de su condición legal. En el actual sistema de justicia, las opiniones de los menores son raramente tomadas en cuenta, aún en casos donde están directamente están involucrados.

Al respecto debe considerarse que la reforma constitucional en derechos humanos coloca por encima de las leyes locales los tratados internacionales, lo que significa que las primeras debieran ser congruentes con los segundos. De esta forma lo que contravenga lo reconocido en los tratados deberá ser modificado en aras de ser congruentes con aquellos.

En tal virtud proponemos que se legisle a favor de establecer la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y comprenda el escenario en que participa, pueda expresarse libremente y quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil.

V. De esta forma alzamos una petición al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que convoque al Sistema Estatal de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua a la generación y adopción de políticas públicas enfocadas a integración familiar, así como a  la reinserción y rehabilitación de familias que hayan pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley y se vincule la corresponsabilidad de los padres de familia.

Porque esta cruenta historia que ya dio la vuelta al mundo debe detonar y hacer un alto en el camino para que sociedad y gobierno cambiemos la ruta y prioricemos acciones que generen ciudadanía y cohesión social. Para crear ciudadanía hay que ver a las niñas, los niños y los adolescentes como personas en toda la extensión de la palabra. Los esfuerzos de los gobiernos en la reconstrucción del tejido social por cuanto al ámbito material, serán insuficientes si los ciudadanos no regresamos a los principios fundamentales.

Por otro lado, un grado mínimo de especialización para lograr una intervención efectiva y una adecuada valoración de la participación infantil, es requisito indispensable para hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia del niño, niña o adolescente.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, a fin de que convoque de inmediato a la Comisión Estatal para el Desarrollo Social y Humano, órgano encargado de la coordinación de programas y proyectos, para garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la Política Estatal Desarrollo de Social y Humano en la entidad, a la elaboración de criterios de planeación, formulación y ejecución de políticas y programas de desarrollo social y humano enfocados a crear Ciudadanía y Cohesión Social con perspectiva de familia, en los ámbitos regional y municipal con la participación del sector público y particularmente de las personas, familias y organizaciones en general, de los sectores social y privado.”

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua a que dentro de la elaboración de políticas públicas se propongan medidas legislativas en pro de garantizar a favor de las niñas, niños y adolescentes:

I. La protección integral de sus Derechos, sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y personas con plena capacidad jurídica.

II. El acceso a la justicia mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica a través de la prueba de capacidad, misma que tiene por objeto determinar si el niño, niña o adolescente, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible para el mismo y el escenario en que participa, además de que pueda expresarse libremente, para quienes imparten justicia puedan comprender la expresión infantil. 

III. Se vincule la corresponsabilidad de los padres de familia de los menores en conflicto con la Ley.

IV. Se trate lo relativo a la reinserción y rehabilitación de familias que han pasado por una situación de delitos de menores en conflicto con la ley.

TERCERO.-Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aproporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y/o educacional, a la familia de Christopher y en su caso vigilar que se garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CUARTO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua y a las autoridades locales para que se apliquen los fondos federales como SUBSEMUN y el Programa Nacional de Prevención del Delito a las acciones tendientes a fomentar la cultura de la legalidad y priorizando a aquellas que tengan un impacto directo en la prevención del delito en los menores de edad.”

CONSIDERACIONES

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito en virtud de que el caso ya mencionado sucedido en Aquiles Serdán Chihuahua, resulta alarmante al poner de manifiesto el grado de violencia que se vive no solo en la región norte del país, sino en todo el territorio nacional.

Se considera de suma importancia que este tipo de situaciones reciban la atención debida para que, en lo que toca al Estado, se implementen las medidas preventivas, correctivas y de reparación que resulten procedentes, procurando siempre el interés superior del infante. Debe señalarse que en un hecho como el que nos ocupa, que por sus particulares características adquiere el tratamiento de tema nacional, las partes involucradas reciban la atención debida, pues un episodio tan traumático bien puede desembocar en afectaciones psicológicas para las víctimas e incluso para la comunidad. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que una importante parte de nuestra niñez está creciendo y definiendo su personalidad en un ambiente violento que los lleva a perder sensibilidad humana.

Dado que este caso las exigencias de la madre así como las de la sociedad misma contravienen lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe intitulado “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, 2011”, la cual señala en su párrafo 308, referido al principio de excepcionalidad de la privación de la libertad en el Sistema de justicia para niños y adolescentes que en su parte relevante dicta“De conformidad con las normas y estándares internacionales sobre la materia, los Estados deben reservar el uso de la privación de la libertad como un último recurso, y tener a disposición medidas alternativas a la privación de libertad.  El sistema de justicia juvenil debe además tener consideración especial con respecto a la proporcionalidad y la duración de las penas, sean éstas privativas o no privativas de libertad.”

De este modo el Estado mexicano debe asegurar el interés superior del infante, sin excepcionar ni diferenciar entre víctima y victimario, y en consecuencia está obligado a garantizar el respeto a los derechos de los menores establecidos en la carta de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en otros instrumentos internacionales de los cuales México es signatario. En este tenor, es relevante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe señalado con anterioridad en su párrafo 309 establece que en caso de comprobar que los menores fueren culpables de infringir en las leyes penales, deberán ser puestos bajo la consideración de la comisión antes mencionada para así poder saber cuál será la alternativa que se deba tomar en contra de los culpables de infringir en las leyes penales.

II.- Esta Dictaminadora considera que sería un error buscar la aprobación de reformas legales reactivas a un caso en concreto, en este particular, destinadas a cambiar las leyes a modo de que se pueda inculpar a los aun presuntos autores de este crimen, disminuyendo el umbral de edad en el que los niños y adolescentes, pueden ser penalmente imputables. Este es un debate que mediante el adecuado proceso de reflexión, le correspondería a ambas Cámaras del Congreso de la Unión en el ámbito federal y a cada una de las legislaturas locales, respecto de las Entidades Federativas; debates que de darse nuevamente deberán considerar, reiteramos, el interés superior del infante, así como las consecuencias sociales que tendrían estas modificaciones que en lugar de formular acciones preventivas eficaces, podrían agravar la ola de violencia que se sufre a nivel nacional. Así mismo, la decisión de cambiar estas disposiciones legales nopodría hacerse aplicable al hecho que nos ocupa, en observancia del principio de irretroactividad de la Ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre las agresiones que ha sufrido la madre de Christopher, Tania Concepción Mora Alvarado, quien es ahora víctima de amenazas, acoso por parte de los medios de comunicación y estigmatización social, hechos que la orillaron a salir del estado.

III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de crear programas preventivos ante el aumento en número e intensidad de la violencia infantil, ya que debido a que estos menores están viviendo en un ambiente hostil, incorporan a su normalidad la violencia. Por ello, se recomienda a las autoridades de la republica establecer programas de capacitación para evitar este tipo de acontecimientos entre la sociedad mexicana, promover la sana convivencia entre los miembros de la sociedad y el respeto, para lo cual el apoyo del personal docente del país es de particular relevancia. En este tenor se considera que se debe poner mayor atención en el desarrollo de la infancia en México y la prevención de violencia tanto física como psicológica.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua, a revisar o en su caso elaborar, programas de desarrollo social y humano enfocados a crear ciudadanía y cohesión social en los ámbitos regional y municipal con la participación de los sectores público, social y privado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de separación de poderes, exhorta al Congreso del estado de Chihuahua a iniciar los procesos legislativos tendientes a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes con sustento en lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño.

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a proporcionar orientación, asesoría jurídica y demás servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, a la familia del niño Chirstopher Raymundo Márquez Moray, y en su caso vigilar que se garantice o se cubra la reparación del daño, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto al principio de separación de poderes, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua a revisar o en su caso establecer, políticas públicas destinadas a fomentar la cultura de la legalidad, priorizando la prevención del delito en los menores de edad.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






Que exhorta a informar respecto de las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los organismos internacionales de los que es parte.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe con los posicionamientos, discursos, pronunciamientos oficiales y votos razonados de México en organismos internacionales.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la Senadora Laura Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del  Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“Como toda política pública, la política exterior no puede ser ajena a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas como componentes esenciales de la actividad del Estado en todos sus rubros. Si bien hay esfuerzos relevantes en este sentido, es importante advertir la urgencia de una nueva dinámica que ponga gran parte de la información que hoy es prácticamente desconocida a la disposición del público en general y de los legisladores quienes tienen la responsabilidad de conocerla y evaluarla.

La participación de México en organismos internacionales es probablemente una de las áreas donde mayor activismo registra la política exterior de nuestro país. Prácticamente no hay tema relevante de la agenda doméstica e internacional de México que no encuentre reflejo en negociaciones diplomáticas relevantes en el seno de organismos internacionales para la emisión de una resolución, un nuevo instrumento jurídico o bien para la creación de un régimen internacional en materias que van desde el desarme y hasta el combate al cambio climático. En términos generales, la actividad del Estado Mexicano es vasta en lo que hace a la promoción de iniciativas propias en la deliberación de los grandes asuntos globales y, desde luego, en los procesos de votación sobre resoluciones y declaraciones torales para la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo sustentable, los derechos humanos y el estado de derecho.

Paradójicamente, y sin menoscabo de la voluntad de apertura mostrada por los funcionarios a cargo de estas materias en el Gobierno Federal, no existen suficientes mecanismos de transparencia proactiva, que permitan a la sociedad conocer con oportunidad y precisión los posicionamientos y los votos que se emiten en nombre del país en organismos internacionales. Para el Congreso en general, y específicamente para el Senado de la República, supone una restricción relevante para el correcto desempeño de su prerrogativa de análisis de la política exterior implementada por el Ejecutivo Federal y enmarcada en el artículo 76 fracción I de la Constitución. Para la sociedad en su conjunto, y para el público interesado, supone una limitación indebida de su derecho de acceso a la información pública sobre el desenvolvimiento de una política pública tan relevante como el resto para el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los mexicanos.

En general, la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, así como de otros organismos multilaterales, informan puntualmente de estos posicionamientos y pronunciamientos, así como de los votos y las razones que les dan origen, en las páginas electrónicas de sus misiones o representaciones permanentes. Adicionalmente, algunos de ellos, publican los mismos en alguna de sus gacetas o boletines gubernamentales e incluyen ciertos documentos relativos a las prioridades de la actuación del país en organismos durante un periodo determinado o bien información relativa tanto a la agenda de encuentros a celebrar o a la presentación de candidaturas del país a distintos cargos en organismos internacionales. Prácticamente todos los países europeos y un buen número de países asiáticos y latinoamericanos cuentan con sitios electrónicos actualizados sistemáticamente con estos y muchos otros contenidos.

Algunos países cuentan incluso con otros instrumentos que les permiten dar a conocer al Congreso la información relativa a los votos, posicionamientos y resoluciones trascendentales en el seno de organismos multilaterales mediante informes anuales. Es el caso de los Estados Unidos en donde, desde 1985, la Secretaría de Estado envía tanto al Presidente de la Cámara de Representantes como al Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado un reporte anual sobre el récord de votaciones en las Naciones Unidas. Un apartado relevante de este reporte es el que, de hecho, analiza la coincidencia entre los votos emitidos por los Estados Unidos y otros países. Reportes similares pueden encontrarse en la práctica de otros países miembros del Consejo de Seguridad pero también en los informes que sobre política exterior algunos gobiernos remiten a sus Congresos.

En el caso mexicano, es por todos conocido, el hecho de que el Informe de gobierno que anualmente rinde el Presidente de la República ante el Congreso, si bien contiene un apartado completo en materia de política exterior, no necesariamente informa sobre el registro de votación de resoluciones en foros multilaterales ni tampoco da cuenta precisa sobre los pronunciamientos públicos más relevantes del país emitidos en el seno de estos organismos. Lo anterior a pesar de que se trata de aspectos de la mayor relevancia para la política exterior del país en la medida en que reflejan, por un lado, el posicionamiento del gobierno mexicano y, por el otro, la voluntad de asumir compromisos con profundas implicaciones sobre el quehacer y la representación internacional del Estado en su conjunto. De ahí las iniciativas presentadas por un grupo de Senadoras y Senadores de la República, entre ellos una servidora, en noviembre pasado, buscando precisamente desarrollar un esquema de transparencia y rendición de cuentas para la política exterior de México con el acento puesto en los compromisos internacionales adquiridos.

Resulta evidente, por tanto, la necesidad doble de recibir esta información tal cual se ha venido produciendo y acumulando desde el inicio de esta administración pero también la de establecer un mecanismo para que se remita periódicamente al Congreso y se divulgue con mayor sistematicidad en los medios electrónicos de los que dispone la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Misiones de México ante los Organismos Internacionales más importantes para la agenda multilateral del país. Al respecto vale la pena recordar que la Ley General de Transparencia incorpora obligaciones de transparencia proactiva mediante las cuales cualquier información que sea de utilidad o se considere relevante deberá ser publicada por parte de los sujetos obligados.

Llama la atención, por ejemplo, que el Ejecutivo Federal, en virtud del artículo 8 de la Ley de Aprobación de Tratados en materia económica, se encuentre obligado a remitir al Senado informes periódicos sobre las negociaciones comerciales en curso en las que participa la administración pública federal y que, sin embargo, no esté igualmente obligado a presentar Informes periódicos sobre la actividad multilateral de México toda vez que también supone la adopción de compromisos y de decisiones que comprometen internacionalmente al Estado.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República, a la brevedad posible, y previo a la presentación de su tercer Informe de Gobierno, un Informe que contenga los posicionamientos, discursos y pronunciamientos que el Gobierno Federal, a nombre de México, emitió en reuniones públicas de organismos internacionales donde cuenta con representación permanente, así como el registro de votos y las razones con que los sustentaron, en el seno de los mismos, en lo que va de la presente administración.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir, durante el inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, el Informe al que se hace referencia en el resolutivo primero así como incorporar la información relativa al capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a publicar y actualizar sistemáticamente esta información en los sitios electrónicos tanto de la Cancillería como de las Misiones de México ante Organismos Internacionales.”

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente el acceso a la información pública representa uno de los logros más relevantes de nuestro proceso de transición democrática y se ha convertido en un eje vertebral de las políticas públicas y del funcionamiento de la administración pública. En este sentido, la política exterior no puede estar fuera de este principio general que debe resultar aplicable para todas las instituciones públicas del país.

La Política Exterior debe entenderse como una de las más importantes políticas públicas con una incidencia directa sobre la vida de los ciudadanos en distintos aspectos que incluyen, entre muchos otros, la seguridad, la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y la salud. Se trata, por tanto, de una política que se construye a través de acciones, posicionamientos, instrumentos y procesos deliberativos de los cuales los ciudadanos tienen derecho a conocer.

III.- Para esta dictaminadora, acceder al razonamiento de las distintas posiciones que asume el Gobierno Federal en asuntos de Estado a través de su política exterior, es un asunto de vital importancia para ejercer a cabalidad la facultad del Senado de la República consagrada en la fracción I del artículo 76 constitucional, relativa al análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, así como para dotar al ciudadano de las herramientas que le permitan definir un criterio y una posición informada sobre los asuntos del Estado mexicano en organismos internacionales.

IV.- Es importante recordar, que para esta Dictaminadora no es ajeno el papel que tiene el Congreso de la Unión -particularmente el Senado de la República- como órgano de control político y corresponsable de la política exterior con el Ejecutivo Federal y que la solicitud es de hechos o decisiones que no se encuentran restringidos por ningún ordenamiento legal.

Esta Dictaminadora considera que la proposición en análisis tiene fundamento en el numeral I, del Apartado A del artículo 6to. Constitucional que establece para el ejercicio de derecho a la información que:

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”

Adicionalmente esta Dictaminadora realizó una revisión jurídica de los supuestos sobre los cuales las leyes reglamentarias pudieran establecer los supuestos de reserva de información, y en el caso particular de la información sobre los posicionamientos, discursos, pronunciamientos, registro de votos y su razonamiento en reuniones públicas de organismos internacionales, está no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 113 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En tal sentido, las disposiciones reglamentarias del artículo sexto constitucional no establecen restricción alguna en solicitudes de información en materia de política exterior,

V.- Los legisladores y legisladoras en la revisión de las facultades del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente del mismo, sobre sus capacidades de solicitar o exhortar al Ejecutivo Federal para que remita al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, un Informe posicionamientos, discursos y pronunciamientos del Gobierno Federal, emitidos en reuniones públicas de organismos internacionales donde México cuenta con representación permanente.

La Constitución establece en el artículo 69 que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Pero la Constitución, le otorga al Legislador a partir de la reforma del 10 de febrero de 2014, el segundo párrafo del artículo 69, una vez recibido el Informe de Gobierno,  la oportunidad a cada una de las Cámaras de realizar el análisis del informe y solicitar al Presidente de la República una ampliación de la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

Sin embargo, la importancia de la reflexión del presente Dictamen radica en el hecho particular de información a priori sobre los informes que está obligado a brindar el Ejecutivo Federal al Senado de la Republica en materia de política exterior y del fehaciente cumplimiento de las funciones del Senado en la materia, se fundamenta a partir de una interpretación sistemática de los artículos sexto, artículo 69, y párrafo cuarto del artículo 93 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del correcto funcionamiento del diseño e supervisión de la Política Exterior del Estado mexicano de manera conjunta por dos poderes de la Unión.

A opinión de esta Dictaminadora para el cumplimiento de lo establecido en el inciso I del artículo 76 que establece como facultad exclusiva al Senado el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República; del Secretario del Despacho correspondiente que rinden al Congreso y del cumplimiento de lo establecido en la fracción X del artículo 89 por el que establece la facultad al Poder Ejecutivo para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, el Congreso debe contar con la información en tiempo y forma para el cumplimiento de sus obligaciones, información que administra y determina el Poder Ejecutivo, sujeto a la supervisión del Congreso, en tanto que la restricción o dilatación de esta información, limita el pleno ejercicio de las facultades que establece la Constitución de coordinación y de control entre poderes.

Esta dictaminadora considera que si bien el Constituyente de 1917 otorgó al Senado la facultad de sancionar y analizar la política exterior del Ejecutivo, como un mecanismo de control sobre el papel de México con el resto del mundo, la construcción de una agenda internacional en materia de derechos humanos, seguridad, cambio climático, acuerdos comerciales y los mecanismos regionales de cooperación y desarrollo, obligan a un papel más activo del legislador para evaluar el desempeño del Estado mexicano en un mundo más interdependiente. Entonces, hemos de procurar una mayor y mejor cooperación, así como el establecimiento de canales de diálogo que nos permitan como Estado jugar un mejor rol en los intensos procesos internacionales de negociación.

Desde el punto de vista de esta Dictaminadora, el segundo resolutivo en análisis que solicita:

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir, durante el inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República, el Informe al que se hace referencia en el resolutivo primero así como incorporar la información relativa al capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

Que la información que hace referencia este resolutivo son los posicionamientos, discursos y pronunciamientos que el Gobierno Federal, que ha emitido en organismos internacionales con representación permanente, el registro de votos y las razones con que los sustentaron, deberá remitirse en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, al Senado de la República e incorporarlo en lo subsecuente capítulo de política exterior del Tercer Informe de Gobierno y los subsecuentes que rinda el Presidente de la República.

VI.- Como antecedente a la solicitud de la promovente, encontramos en los artículos 5 al 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en materia de procedimiento de información sobre la celebración de Tratados, que establece, y para los efectos se cita textualmente:

“DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado.

El informe contendrá:

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que guardan las negociaciones, entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.

Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las comisiones a las que haya sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión a la que se refiere el artículo anterior, deberán requerir a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que represente a México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de esta ley.

Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de:

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;

II. Los alcances de la negociación;

III. Los compromisos de la negociación, y

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

Artículo 7. El Senado de la República con base en la información a que se refiere el artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitirá si lo considera necesario, un Punto de Acuerdo, relativo al contenido del informe.

Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán presentar informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas a las que haya sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, a la subcomisión correspondiente.

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y obtener la información mencionada. Podrán allegarse de estudios que realice el personal a su cargo o los que requieran a las dependencias competentes del Poder Ejecutivo.

Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las y los funcionarios señalados.

Artículo 9. Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá someterse al Senado junto con los siguientes documentos:

I. Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan conforme al tratado de que se trate;

II. Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y reglamentos de México;

III. Los rubros que México concedió durante la negociación;

IV. La forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al tratado firmado;

V. La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y

VI. Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las razones.

Artículo 10. Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha en que el Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado.”

IX.- Desde una interpretación estricta de las reformas emanadas del artículo sexto constitucional la LXII Legislatura reconstituyó todo el andamiaje jurídico de acceso y rendición de cuentas de la administración pública, que otorga al ciudadano todo derecho de solicitar y con mayor razón, a quien en representación del ciudadano tiene la obligación constitucional de ejercer funciones de control y responsabilidad compartida en materia de política exterior.

VII.- Ahora bien, desde una interpretación estricta de las reformas constitucional y legal en materia de transparencia, observamos que el Estado mexicano refundó el     andamiaje jurídico de acceso a la información y rendición de cuentas, reconociendo al ciudadano el derecho de solicitar y acceder a toda la información pública. Entonces, observando el principio constitucional de máxima publicidad, es dable que quien tiene la obligación constitucional de ejercer funciones de control y responsabilidad compartida en materia de política exterior, pueda, como cualquier ciudadano, acceder a la información en comento.

Esta dictamidora considera en tal sentido procedente la solicitud de la promovente de mejorar la accesibilidad por parte del Legislador o de cualquier ciudadano, la información debe ser publicarse y actualizarse de manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos tanto de la propia Secretaría como de las Misiones de México ante los Organismos internacionales, la información a que se refieren los resolutivos primero y segundo.

Finalmente, si bien es cierto es un caso de la solicitud por parte de un integrante del Senado de la República, órgano legislativo que interviene en el proceso de la definición y evaluación de la política exterior, y que dicha solicitud está dentro de sus facultades constitucionales, los integrantes de esta Comisión, en una interpretación sistemática del razonamiento del dictamen, también considera que el respeto del derecho de acceso a la información por un integrante del Congreso de la Unión, no restringe o limita los derechos de los ciudadanos en el mismo caso, la información debe ser de carácter público y sujetarse a la rendición de cuentas, en tal sentido, la capacidad de control de órganos distintos al Congreso, o de la opinión pública, obliga al Ejecutivo Federal a garantizar el acceso y publicación sobre las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar periódicamente al Senado de la República respecto de las intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incorporar un análisis de dichas intervenciones y posicionamientos de México en reuniones formales y públicas de los Organismos Internacionales de los que es Parte, así como de los votos emitidos y las razones que los justifican, en los informes anuales a los que hace referencia la fracción I del artículo 76 Constitucional.

Tercero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a publicar y actualizar de manera periódica, sistemática y temática en los sitios electrónicos tanto de la propia Secretaría como de las Misiones de México ante los Organismos internacionales, la información a que se refieren los resolutivos primero y segundo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 07 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.






También tenemos 14 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país, presentada por el Diputado Chris López Alvarado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A.  Refiere el proponente que el reparto de utilidades es un derecho prescrito en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, a través del cual se garantiza que los trabajadores tengan la posibilidad de participar en las utilidades de las empresas donde laboran, esto conforme a la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante las autoridades fiscales federales.

Añade que tienen derecho a recibir esta prestación todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón, salvo aquellos señalados en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, los directores, socios, accionistas, administradores y gerentes generales de las empresas; los trabajadores domésticos; quienes presten sus servicios por honorarios y los demás trabajadores de confianza cuyo salario sea mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa.

Precisa que el plazo para el pago de utilidades por parte de las empresas tiene verificativo entre el 1º de abril y el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas corre del 1º de mayo al 30 de junio.

Agrega que numerosas empresas se valen de argucias legales para evadir el pago de esta prestación, lo que significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores.

Precisa que hasta el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había detectado a 270 empresas trasnacionales que realizan planeaciones fiscales agresivas, que consisten en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos ISR o, incluso, no pagarlo.

Añade que otro fenómeno que inhibe el pago de utilidades fueron las empresas de outsourcing, las cuales evaden todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, situación que está en vías de ser solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012.

Concluye diciendo que las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando que empresarios inescrupulosos se valgan de argucias para evadir sus responsabilidades.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los legisladores integrantes de la Tercera Comisión compartimos totalmente la inquietud del Diputado Chris López Alvarado.

El reparto de utilidades implica la distribución de las utilidades que obtuvo una empresa productiva o de servicios en un ejercicio fiscal determinado, a favor de los trabajadores de la misma.

Los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno recordar que conforme a la legislación laboral, también los trabajadores temporales o quienes trabajaron al menos 60 días durante el año, de forma continua o discontinua, tienen derecho a recibir utilidades.

Los legisladores que suscribimos el presente dictamen, consideramos que el reparto de utilidades es un derecho que no debe ser coartado de ninguna manera, porque es un acto de justicia en favor de los trabajadores que con su trabajo contribuyen a generar riqueza y en consecuencia al sostenimiento de la economía nacional.

Exhortamos respetuosamente a la autoridad competente para que en los términos propuestos por el presente dictamen, vigile que las empresas cumplan con esta obligación constitucional y legal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país, en apego al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 23 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

El Senador Ernesto Gándara Camou: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Que exhorta a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio de 2015, se presentó el siguiente punto de acuerdo:

A. Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

El proponente señala que Puerto Madero, ubicado en el estado de Chiapas, se constituye como uno de los principales puertos del país, en virtud del crecimiento de la actividad económica de exportación y por ser la entrada al corredor turístico de la zona.

No obstante, manifiesta que sus ventajas se han visto recientemente afectadas por el fenómeno natural conocido como mar de fondo, el cual ha provocado el aumento en el nivel del mar y la reducción del área de playa, repercutiendo de manera negativa en el sector productivo y social de la región.

Asimismo, explica que lejos de que exista un progreso en la situación, una investigación realizada por Sistemas Costeros del Centro de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas, advierte que dicho fenómeno continuará debido al calentamiento global.

Por lo anterior, y ante la ausencia de un muro de contención que contribuya a evitar que sigan existiendo afectaciones a viviendas y puestos comerciales, así como riesgos para los habitantes de la zona, el proponente estima conveniente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de que concluya las obras relacionadas con dicha construcción.

Por lo que en razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señalan:

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar la integridad de las personas, ante la presencia de fenómenos meteorológicos que ponen en peligro la seguridad de la población y su patrimonio; así como de la función de las autoridades competentes de llevar a cabo las acciones que contribuyan a reducir los riesgos, y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador.

Al respecto, es importante señalar, como lo indica el proponente, que en el pasado mes de mayo, autoridades del estado de Chiapas activaron el Sistema Estatal de Protección Civil, por efectos del fenómeno conocido como mar de fondo en las costas de la entidad.

Dicha contingencia produjo olas de hasta cuatro metros de altura que dañaron viviendas y comercios a orillas del mar en la zona costera de Tapachula, municipio en el que se encuentra la localidad de Puerto Madero, donde la afectación económica fue aproximadamente de un millón 500 mil pesos.

Por lo anterior, habitantes del puerto solicitaron auxilio a las autoridades portuarias y mediante la capitanía de Puerto Chiapas, la Marina Armada de México, Ejército Mexicano y elementos de Protección Civil apoyaron a las más de 400 familias, asentadas en sus negocios a la orilla de la playa, para evacuar sus pertenencias.

Asimismo, alertaron de la destrucción del muro de contención que habría sido construido con el fin de proteger a la población. Por lo que, en virtud de que el fenómeno se presenta y se seguirá presentando, por lo menos una vez al año, representando afectaciones serias en la zona, han hecho un llamado a las autoridades a implementar las acciones necesarias para su reconstrucción.

En razón de lo anterior, esta Comisión considera pertinente señalar, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene facultades para construir, reconstruir y conservar las obras marítimas y portuarias de la nación.

Por ello, se conviene con el proponente en la necesidad de exhortar a dicha dependencia para que lleve a cabo las acciones necesarias que contribuyan a concluir las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas, con el fin de salvaguardar la integridad y el desarrollo económico de la población.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya las obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el 29 de junio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Por el que se solicita que la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere incrementar la partida asignada al rubro de cultura.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto destinado al rubro de cultura, presentado por el Diputado Danner González Rodríguez del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se destine una mayor partida al rubro de cultura para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, ya que la reducción del presupuesto para el rubro de cultura ha sido constante y en los últimos años, prueba de ello se encuentra en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Mientras en el año 2013 a Programas Culturales se le destinó 3 mil 907 millones 861 mil 291 pesos, para los ejercicios fiscales de los años 2014 y 2015 el monto del Fondo para la Cultura fue de 2 mil 728 millones 525 mil 258 pesos y de 2 mil 237 millones 164 mil 311 pesos, respectivamente.

La propuesta en estudio señala que el propósito del aumento al rubro cultural es que el país sólo pueda desarrollarse plenamente con educación, ciencia, tecnología y cultura, porque éstos son los elementos transformadores y constructores de la sociedad del conocimiento; generan y promueven personas lúdicas al servicio de la comunidad; y reconstruyen el tejido social al contribuir al desarrollo y a la integración. Si a nuestra población se le garantizan los insumos para que accedan a estos elementos, tendremos una sociedad con menos desigualdad, con mayor cohesión social, con mejores niveles de cultura cívica y convivencia democrática y con una mejor y más equitativa integración económica y cultural en un mundo globalizado.

El proponente señala que 708 personalidades de la cultura en nuestro país decidieron ejercer su derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera pacífica y por escrito entregaron una carta al titular del Ejecutivo Federal el pasado 5 de junio del 2015, donde solicitan restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar con proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre de este año por falta de recursos económicos, y también piden que no disminuya el gasto público para las actividades culturales en el 2016.

Por último el proponente precisa también que “los tomadores de decisiones y los representantes populares debemos entender que la cultura es un derecho de primer orden para la población, y es por sí misma una inversión redituable para abonar a la generación de comunidades seguras y al fortalecimiento de la integración social por los fuertes vínculos de identidad y pertenencia que se generan.

Nuestro país cuenta con una tradición cultural milenaria. Las distintas formas de convivencia, valores, pensamientos y modos de vivir, así como todas las expresiones del arte y el saber que le son propias a nuestra nación, son nuestra principal señal de identidad y de fortaleza.

Por lo que es inadmisible reducir los recursos destinados a la cultural en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, por el contrario estos deben aumentar. El Ejecutivo Federal debe ser consciente de que la República está en emergencia”.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente el monto destinado al rubro de cultura.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

México se ha caracterizado a nivel mundial por poseer una gran diversidad cultural, a esto se le ha dado un impulso por parte del Estado Mexicano a través de la promoción y reconocimiento de obras literarias de autores nacionales, exposiciones de obras nacionales e internacionales, puestas en escena, orquestas sinfónicas, entre otras. Esto con el fin de preservar las distintas formas de convivencia, valores, pensamientos, formas de vivir, así como todas las expresiones de arte.

En ese sentido, como ya se ha señalado por el proponente en sus consideraciones, existe la necesidad de que no se disminuya la partida asignada al rubro cultural en el PPEF, sino al contrario se asigne una mayor partida para la implementación y continuación de los proyectos culturales, esto derivado de un buen resultado de convivencia, desarrollo de valores cívicos y formas de pensar en la implementación de proyectos culturales de los cuales la sociedad es participe.

Con motivo de lo anterior, el proponente señaló como fundamento y derecho humano observado el establecido en el artículo 4º de la Constitución que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Asimismo, es necesario señalar los fundamentos para la actuación del titular del Ejecutivo Federal y las facultades del mismo consagradas en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera la injerencia que tienen la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados en sus respectivos marcos normativos.

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente de asegurar el crecimiento de proyectos culturales para fomentar los valores, pensamientos y todas las expresiones de arte que reflejan la cultura de nuestro país. Es por ello, que se considera pertinente enunciar las atribuciones de las autoridades que tienen injerencia en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo Federal:

Artículo 74…

I. a III…

IV…

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, con metodología Base Cero, considere incrementar la partida asignada al rubro de cultura.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 26 de mayo de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola, así como a fomentar la inversión en infraestructura hídrica destinada a incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el país.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio del 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola, así como a fomentar la inversión en infraestructura hídrica destinada a incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el país.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto mejorar la calidad del agua, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente expone que la contaminación de campos agrícolas por el uso de aguas no tratadas adecuadamente es un latente problema de salud pública en el país.

Señala que la calidad del agua está afectada por diversos factores como los usos del suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua.

La diputada proponente explica que la descarga de aguas residuales domésticas e industriales, sin un proceso de tratamiento que elimine los contaminantes que contienen, afecta negativamente la calidad de las aguas superficiales que las reciben.

Señala también que los contaminantes que llegan a los cuerpos superficiales dañan tanto a la salud de las personas como a los ecosistemas acuáticos en ríos, canales, lagos y mares causando la desaparición de vegetación y fauna.

Precisa que el agua que se usa en la agricultura implica numerosos procesos incluyendo el riego, la aplicación de plaguicidas y fertilizantes, el enfriamiento de las frutas y vegetales y la regulación de las heladas, el enjuagado, lavado y transporte.

Asimismo, destaca que en los últimos años se ha detectado un mayor número de enfermedades transmitidas por el consumo de frutas y vegetales, una de las causas reside en el uso de agua de insuficiente calidad utilizada en el campo, las instalaciones o durante el transporte de frutas, hortalizas y vegetales.

Añade que cuando el agua no reúne los requisitos para el consumo humano, puede ser vehículo de bacterias, virus o protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas genéricamente como “enfermedades de origen hídrico”.

Expone también que muy pocas entidades federativas del país superan el promedio nacional que es de 43.4% de aguas residuales de origen municipal que reciben tratamiento; aguas que son descargadas en los afluentes que son a su vez utilizados para el riego de los campos de uso agrícola y, en consecuencia, al ser una fuente notoria de contaminantes.

Considera necesario la supervisar que los municipios cumplan con la normatividad que se ha establecido en nuestro país, en cuanto a las descargas que son vertidas a los cuerpos de aguas nacionales.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que fortalezca las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola; así como fomente la inversión en infraestructura hídrica destinada a incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el país.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

El agua se considera como un factor crítico para el desarrollo de las naciones ya que no sólo es indispensable para el desarrollo económico y social de la humanidad sino también para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta.

Como lo ha expuesto la proponente, en México la mayor parte del agua se destina para actividades agrícolas, siguiendo el uso doméstico y después el industrial.

En cuanto a la calidad del agua, esta es afectada por diversos factores como los usos del suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser vertida nuevamente a los cuerpos de agua. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1, 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada,  particularmente en áreas rurales donde no existe posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo que mejore su calidad y posibilite su uso general.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las prácticas de riego y el escaso drenaje han conducido a la salinización de las tierras irrigadas y esto es en gran parte responsable de contaminar el agua.

Esta Comisión dictaminadora es consiente que la producción agropecuaria es la principal fuente de alimentos de la humanidad, sin embargo el bombeo de los acuíferos y el uso de productos agroquímicos son algunos de los problemas que derivan en la contaminación del agua.

La Ley de Aguas Nacionales forma parte del marco jurídico que regula en lo relativo al tema ya que tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

La CONAGUA tiene entre sus principales atribuciones, el monitoreo y certificación de la calidad del agua para sus distintos usos, así como el fomento de obras de infraestructura que potencialice el uso sustentable del agua.

De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA tiene entre otras atribuciones, las siguientes:

● Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional.

● Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia;

● Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

● Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios.

Esta Comisión dictaminadora considera que, si bien el agua es un recurso natural renovable, su deficiente aprovechamiento ha propiciado su contaminación por lo que es necesario tomar las medidas suficientes para mejorar su calidad.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención el cuidado y tratamiento del agua, para mejorar su calidad y lograr la sustentabilidad de la misma. En ese sentido coincidimos con la intención de la proponente por tanto aprobamos la propuesta en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que fortalezca las estrategias tendientes a mejorar la calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola; así como fomentar la inversión en infraestructura hídrica destinada al tratamiento de aguas residuales en el país.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Por el que se solicita información para que explique el proceso por el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía para que expliquen el proceso por el que se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, así como las razones para modificar las bases de licitación de la Ronda Uno, presentada por el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la agrupación Morena, y el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto citar a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía para que expliquen el proceso por el que se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, así como las razones para modificar las bases de licitación de la Ronda Uno.

Los proponentes argumentan que la Reforma Constitucional en Materia Energética dispuso las reglas para la Ronda Cero en el párrafo séptimo del Artículo Sexto Transitorio que establece:

“En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación….”

El 13 de agosto del 2014 la Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer los resultados de la Ronda Cero y Uno.

Los proponentes consideran que tanto la legislación secundaria como los reglamentos, son omisos en cuanto a que no prevén ninguna metodología a utilizar por la Sener, para establecer el “justo valor económico” de la indemnización que recibirá Pemex por las inversiones ya realizadas en las áreas que fueran finalmente otorgadas a particulares, y consideran que tampoco se ha aclarado el mecanismo, recurso o instancia, que pudiera utilizar o a la cual recurriría Pemex en caso de inconformidad con la retribución establecida por la Sener.

Por otra parte, se menciona que el 11 de diciembre del 2014 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) publicó las bases de licitación para la adjudicación de contratos de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, las cuales tiene las mismas omisiones ya señaladas para la Ronda Cero.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos convocó a personas morales, nacionales o extranjeras, y a empresas productivas del Estado, a participar en la licitación para la adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para 14 áreas contractuales de exploración en aguas someras.

Respecto de la Ronda 1, la CNH señala que con el nuevo modelo petrolero, el Estado retoma la rectoría en la administración de los recursos de la nación y será el responsable de que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se realicen maximizando los ingresos para el mismo Estado.

Es por ello que el Estado, continúa la Secretaría, llevará a cabo la primera ronda de licitaciones durante 2015. La llamada Ronda Uno deberá garantizar que el ganador de cada contrato represente la mejor alternativa técnica que dé mayores beneficios fiscales para el Estado.

Precisa que en estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas. Por lo que la empresa petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de allegarse de mejor tecnología, recursos e inversión.

Adicionalmente, el Estado llevará a cabo durante el próximo año los concursos necesarios para elegir a las empresas que mediante 10 asociaciones desarrollarán junto a Pemex los primeros 14 campos que Pemex ha elegido para este fin.

De esta forma, concluye la Secretaría, la Ronda Uno y las primeras asociaciones de Pemex con otros operadores permitirán que el Estado logre su objetivo de aumentar la plataforma de producción petrolera tanto en el corto como en el largo plazos y garantice la maximización de la renta petrolera en favor de la nación, tal como lo mandata la Carta Magna.

Derivado de lo anterior, los proponentes consideran que en un entorno de desaceleración económica global de los principales países desarrollados, y la tendencia a la baja de los precios del petróleo, el proceso se verá afectado y señalan que en este último punto, los ingresos petroleros se contrajeron 43.7% real, de enero a abril del presente año, por la caída del precio petróleo en los mercados internacionales. De un promedio de 91.8 dólares por barril de enero a marzo 2014, a 46.9 dólares por barril en similar lapso de tiempo, así como la merma de la plataforma de producción de crudo e 7.8%. Adicionalmente el recorte al gasto público federal anunciado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para este año y la tendencia al alza del dólar, serán factores que influirán en los resultados esperados.

Por todo ello, los proponentes consideran que es indispensable aclarar la metodología que la Sener aplicará en el pago de las indemnizaciones, pues de tener algún sesgo ajeno a los intereses de la población, claramente se dañaría el patrimonio no sólo de Pemex, sino de la nación entera. Incluso, implicaría impedir que la empresa productiva del Estado gozara de la autonomía presupuestal de la que tanto presumían quienes impulsaron la reforma energética.

En otro orden de ideas, se relata que el viernes 29 de mayo, a través de un boletín de prensa, las Secretarías de Hacienda y de Energía, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos; informaron de modificaciones a las bases de licitación y al modelo de contrato para la primera licitación de la Ronda 1. En esta etapa, se trata de contratos de producción compartida en aguas someras. De acuerdo al comunicado, los cambios "se basan en las mejores prácticas internacionales en la materia, así como en el interés del Estado mexicano de garantizar mayores inversiones, incrementar la generación de empleos y aumentar la producción de petróleo y gas natural".

El mencionado boletín enumera una serie de rubros que fueron modificados y cuyos cambios tienen por denominador común, una mayor flexibilidad y tolerancia del Estado mexicano hacia los eventuales contratistas. Así por ejemplo, se establece una etapa de análisis previa al inicio de cualquier rescisión administrativa; se introduce un nuevo mecanismo de conciliación, previo a un procedimiento legal por diferencias o controversias relacionadas con el Contrato; incluso, se "amplían los períodos para la presentación de los Planes de Exploración (de 60 a 120 días) y de Desarrollo (de 120 días a un año)".

A juicio de los proponentes, estas modificaciones podrían estar generando una creciente asimetría en el trato entre los diferentes actores, presentes y potenciales, del sector petrolero y citan a Rocío Nahle García, Diputada Federal electa por el distrito XI de Coatzacoalcos, Veracruz, del Movimiento de Regeneración Nacional quien ha criticado el contenido de la reforma energética desde su aprobación.

Finalmente, los proponentes consideran que a Comisión Permanente, como órgano del Estado y garante del equilibrio de poderes, debe exigir transparencia y apego a la legalidad en los procesos de licitación llevados a cabo en el sector energético.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que expliquen el proceso mediante el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, párrafo séptimo, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013.

Asimismo, en dicha comparecencia los funcionarios citados deberán explicar las razones para modificar las bases de licitación y al modelo de contrato para la primera licitación de la Ronda Uno, anunciadas el 29 de mayo pasado, decisión que podría generar asimetrías y distorsiones en el proceso, en detrimento del patrimonio de la nación.

Segundo.- Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, proporcionen a esta soberanía antes del 15 de julio del año en curso, fecha en que se realizará la asignación de los inversionistas o contratistas que resulten beneficiados con la asignación de la primera licitación, el cálculo y monto especifico que pagarán a PEMEX como indemnización correspondiente en las áreas que fueron revertidas al Estado.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por los proponentes en cuanto a que actualmente vivimos un período de volatilidad, que aunado a la caída estrepitosa en el precio internacional del petróleo, han propiciado que los ingresos del Estado, por esta vía, estén sufriendo una merma del orden de 40% en términos reales.

Por otra parte, esta Comisión reconoce que efectivamente el Artículo Sexto Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Energía menciona lo siguiente al respecto de la llamada Ronda Cero:

Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía.”

Como resultado del proceso de la Ronda Cero, en el documento titulado “Resultado de la Ronda Cero”1 se menciona que en la Ronda Cero se otorgó a Petróleos Mexicanos una cartera balanceada de proyectos, tanto en las áreas de extracción como en las áreas de exploración.

En lo que respecta a las áreas de extracción se otorgó a Pemex campos tanto en las cuencas del sureste, donde su conocimiento y experiencia han sido probados, como en ciertas áreas de Chicontepec, donde si bien han habido dificultades existen importantes recursos petrolíferos.

En áreas exploratorias, igualmente se otorgaron importantes recursos en cuencas del sureste, así como recursos no convencionales y aguas profundas, donde Pemex ha demostrado tener capacidad para descubrir campos.

Las áreas asignadas, de acuerdo al citado documento, cumplen con los criterios establecidos en la Constitución y garantizan a Pemex su consolidación como Empresa Productiva del Estado.

En el mismo documento, no se habla de la existencia de afectación alguna a las inversiones de la empresa productiva del Estado, y hasta donde tiene conocimiento esta Comisión, tampoco existe un documento o declaración por parte de Petróleos Mexicanos, en donde se manifiesten afectaciones en el proceso de adjudicación, por lo que se modifica la redacción del punto petitorio primero.

No obstante lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con los proponentes en cuanto a la relevancia de la existencia de una metodología clara, en donde se determine qué se entiende por “justo valor económico”, así como el mecanismo que deberá seguir Petróleos Mexicanos en caso de que se actualice lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo Sexto Transitorio ya referido anteriormente.

En cuanto a la solicitud que realizan los proponentes en el sentido de convocar a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, esta Comisión determina ceñirse al acuerdo del acta de la primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, que establece que en primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente, por lo que se modifica el punto petitorio primero, con la finalidad de solicitar un informe a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, en los mismos términos expresados por los proponentes.

Al respecto del segundo punto petitorio, ésta Comisión no tiene inconveniente alguno en aprobar la solicitud que se realiza a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de que las autoridades referidas proporcionen a esta soberanía antes del 15 de julio del año en curso, fecha en que se realizará la asignación de los inversionistas o contratistas que resulten beneficiados con la asignación de la primera licitación, el cálculo y monto especifico que pagarán a PEMEX como indemnización correspondiente en las áreas que fueron revertidas al Estado, toda vez que dicha información sería considerada como de interés público, a reserva de lo dispuesto por las autoridades competentes en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, que en un término no mayor 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe en donde se explique el proceso mediante el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no conservó tras la Ronda Cero, conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, párrafo séptimo, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013. Asimismo, en dicho informe, se deberán explicar las razones para modificar las bases de licitación y el modelo de contrato para la primera licitación de la Ronda Uno, anunciadas el 29 de mayo pasado.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen a esta Soberanía, en un término no mayor a 15 días naturales, el cálculo y monto específico que se pagará a Petróleos Mexicanos como indemnización correspondiente en las áreas que fueron revertidas al Estado.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 07 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

1 Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.energia.gob.mx/webSener/rondacero/_doc/Documento%20WEB%20Ronda%20CeroSSH.pdf






Que exhorta a mantener una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

A. Punto de acuerdo presentado por los Diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a obligar a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

I. CONTENIDO

Los proponentes manifiestan la relevancia de contar con un sistema bancario ágil, eficiente, transparente y congruente con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.

Señalan que, en nuestro país, este sistema ha sido eje y pieza fundamental de la política en materia económica. Es a través de él, que las instituciones de banca múltiple ofrecen diversos servicios a la población, como lo son las cuentas de débito.

Al respecto, advierten que dichas cuentas se constituyen como uno de los instrumentos bancarios, cuya demanda ha aumentado en las últimas décadas, debido a las condiciones de facilidad de acceso, seguridad y eficiencia con las que se suele prestar el servicio.

De esta forma, mediante el cumplimiento de muy pocos requisitos, el cuentahabiente puede acceder a este servicio, por medio del cual, los bancos captan, administran y manejan tanto el ahorro como el ingreso de la persona.

Sin embargo, indican que a pesar de las indiscutibles ventajas de estas cuentas, se ha venido desarrollando un problema específico con respecto a este instrumento bancario, la cual, está relacionada con la designación de los beneficiarios por parte del titular de la cuenta, al momento de suscribir el contrato.

En este sentido, manifiestan que la omisión por parte de las instituciones bancarias de verificar los pocos datos requeridos respecto del beneficiario, así como de actualizarlos, ha generado que, lamentablemente, el dinero proveniente de esas cuentas no haya podido ser entregado a los beneficiarios, ante la imposibilidad del banco de localizarlos cuando ha muerto el titular del instrumento bancario.

Por lo anterior, y en razón de la gran cantidad de personas que, cada día más, hacen uso de este servicio, los proponentes consideran la necesidad de garantizar a todos los usuarios del sistema bancario, la certeza de que en caso de su ausencia, su dinero llegará a las personas que éstos hubieran designado.

Para ello, estiman conveniente exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para que exija a las instituciones bancarias, la actualización de la información en un periodo considerable, pero de manera permanente, mientras tenga vigencia el contrato.

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo previamente citado, que a la letra señala:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el marco de sus facultades obligue a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los designados, expresamente y por escrito, como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden en la importancia de garantizar los derechos y la protección de los intereses de los usuarios de los servicios financieros bancarios, particularmente de los titulares de productos básicos de nómina de depósito o ahorro, a través de los cuales se realizan depósitos bancarios de dinero, recibidos por las instituciones de crédito.

Al respecto, y con el propósito de atender la preocupación de los proponentes, esta Comisión advierte que para la apertura de dichas cuentas, los bancos celebran con los usuarios un contrato de adhesión.

En las cláusulas de dicho convenio, regularmente se establece que, en los términos y con las limitaciones previstas en el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cliente se obliga a designar a la(s) persona(s) que tendrán el carácter de beneficiarios, en las proporciones que para cada uno de ellos determine el propio usuario.

Asimismo, se ha previsto en dichos contratos que en caso de que el titular de la cuenta quisiera cambiar o sustituir a los beneficiarios designados o variar los porcentajes, podrá acudir a la sucursal donde hubiera realizado la apertura, para que a través de cualquier ejecutivo de cuenta pueda realizar la sustitución o nueva designación de los mismos.

En este sentido, es preciso señalar que dichas cláusulas son congruentes con lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra señala:

Artículo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

()

Así, los beneficiarios quedan registrados por escrito en el formato que la institución bancaria les proporciona, pasando a formar parte del contrato de la cuenta. Habiendo varios beneficiarios, se debe verificar si el cliente estipuló las partes proporcionales que se le entregaría a cada uno de ellos, o a falta de ello, se entenderá que se debe repartir a cada uno por partes iguales el saldo a que tengan derecho.

Todo lo anterior con el fin de que, en caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito esté obligada a entregar el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. Asimismo, la disposición previamente citada prevé que en caso de no existir beneficiarios designados, el saldo deberá ser entregado en los términos de la legislación común, es decir, por sucesión legítima.

No obstante, como lo señala el proponente, resulta relevante apuntar que la falta de cultura en general, respecto a temas de beneficiarios, ha ocasionado la dificultad o incluso la imposibilidad de entregar los recursos acumulados en las cuentas, cuando ha fallecido el titular del instrumento bancario. Lo anterior, debido a la omisión de los usuarios de proporcionar la información necesaria, así como de las instituciones bancarias de verificar los pocos datos requeridos respecto del beneficiario, y de actualizarlos durante la vigencia del contrato.

Aunado a ello, esta Comisión advierte, que esta situación también obedece a la posibilidad que se ha brindado a las empresas de realizar lo que se conoce como altas masivas. La apertura de una cantidad significativa de cuentas de nómina de diversos trabajadores por parte de sus empresas, no ha sido acompañada del trámite correspondiente a la designación de beneficiarios.

Sin embargo, lo anterior también se debe a que el propio marco jurídico no establece la obligación de las instituciones bancarias de realizar una actualización permanente de dichos datos.

Por lo anterior, se coincide con el proponente en la necesidad de impulsar acciones que permitan facilitar la protección de los intereses del público usuario de los servicios financieros que se prestan en nuestro país.

Al respecto, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros prevé que la función de proteger y defender los derechos de los Usuarios, estará a cargo del organismo público descentralizado, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Dicho organismo tiene la facultad de supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, así como de emitir recomendaciones generales, en las materias de su competencia. Respecto a esta última atribución, el organismo ha emitido recomendaciones para invitar a las personas que no quieran perder los recursos de alguna cuenta, a mantener éstas actualizadas (nombre de cuentahabiente, domicilios, nombres de beneficiarios) y conservar las que realmente tengan un uso y sean necesarias.

Por otro lado, la Comisión también tiene la facultad de requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios.

Coincidiendo con el proponente en la necesidad de establecer mecanismos que contribuyan a salvaguardar los intereses de los usuarios, se estima procedente exhortar al órgano competente para que promueva las acciones que procuren una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios en las cuentas bancarias destinadas al depósito del dinero y ahorro de los usuarios.

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el marco de sus facultades obligue a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de los designados, expresamente y por escrito, como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente por el que se exhorta respetuosamente a las Autoridades del Sistema Financiero para que lleven a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para pagarlos, presentada por el Diputado Carlos Alberto González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto facilitar a los usuarios del sistema financiero, la información completa y actualizada, que les permita comparar y elegir la entidad financiera que ofrezca la mejores condiciones para el pago de hipotecas y créditos, y agilizar el procedimiento para la portabilidad de los créditos, eliminando los trámites y requisitos que persistan en el Sistema Financiero, y que representan barreras para la movilidad de los mismos.

El Diputado proponente señala que, como parte de los objetivos de la recién aprobada Reforma Financiera, se encuentra el fomentar la competencia entre las Entidades Financieras, a fin de aumentar la colocación de créditos con menores tasas de interés y comisiones, en beneficio de los ciudadanos.

Con la finalidad de conseguir el objetivo anterior, se menciona que se establecieron las siguientes bases legales para facilitar la movilidad de los usuarios del Sistema Financiero, mediante el traspaso de sus créditos de una Entidad a otra:

● Las reformas al artículo 10 bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros otorgan al usuario la posibilidad de trasladar su crédito al consumo de una Entidad a otra en cualquier momento, y la Entidad receptora es la responsable de realizar los trámites de cancelación y pago del adeudo a nombre del cliente, y

● Las reformas a los artículos 15 y 19 de la Ley de Transparencia y Fortalecimiento de Crédito Garantizado brindan la oportunidad al usuario de traspasar su crédito hipotecario de una Entidad a otra, mediante un esquema ágil y simplificado que minimiza los gastos notariales y registrales.

De esta manera, los usuarios tienen la opción de la movilidad o portabilidad de sus créditos de una Entidad a otra para tratar de obtener mejores tasas, comisiones, plazos, entre otros. Así se fomenta una sana competencia entre las Entidades Financieras, obligándolas a competir por los clientes ofreciendo condiciones más atractivas para la obtención y pago de sus créditos.

Pese a lo anterior, el proponente señala que, la movilidad o portabilidad de los créditos es aún muy incipiente en el Sistema Financiero Mexicano, y cita información del banco de México en donde se aprecia que en el 2011 y 2012 sólo el 5% de los usuarios de tarjeta de crédito realizaron la transferencia de su deuda a otra Entidad, y advierte que sólo 5 Entidades ofrecen el servicio de la portabilidad de este tipo de créditos. Asimismo, la Condusef informó que durante el 2014 se traspasaron 11 mil 313 créditos, esto representó sólo el 10% de los préstamos hipotecarios que se otorgaron en ese año.

Del mismo modo, se cita a  la Comisión Federal de Competencia Económica, y se indica que “los bancos grandes tienden a cobrar tasas más altas que los bancos pequeños. Sin embargo, no se observa una movilidad importante de clientes hacia productos con mejores condiciones”.

Con la información anterior, el Diputado proponente considera que dicha autoridad sugiere que esta situación se debe en gran medida a la falta de conocimiento e información de los usuarios; por su complejidad o incapacidad para utilizarla de forma óptima, y por las dificultades que enfrentan para comparar y elegir los productos.

En consecuencia, el Diputado Carlos Alberto García considera a nombre propio y de los Diputados de Acción Nacional que es necesaria la intervención de las Autoridades Financieras en al menos dos vertientes:

Primero, que faciliten a los usuarios la información completa y actualizada que les permita comparar y elegir la Entidad Financiera que ofrezca las mejores condiciones para pagar su crédito o hipoteca, y

Segundo, que agilicen los procedimientos para la portabilidad de los créditos y que eliminen aquellos trámites y requisitos aún persisten en el Sistema, que sólo tratan de colocar barreras a esta movilidad para inhibir el refinanciamiento de los créditos.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que lleven a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para pagarlos.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide totalmente con los planteamientos esbozados por el Diputado Carlos Alberto García González, toda vez que uno de los instrumentos más importantes que fueron aprobados por la LXII Legislatura es la Reforma Financiera, y como bien lo señala el Diputado proponente, uno de sus objetivos primordiales consiste en hacer más competitivo a nuestro Sistema Financiero Mexicano.

Los miembros integrantes de esta Comisión, consideramos, al igual que el proponente, que un sistema financiero competitivo, debe culminar en instrumentos financieros modernos, baratos, y por lo tanto accesibles para toda la población. Sin embargo esta Comisión considera que es pertinente retirar del exhorto al Banco de México dado que las medidas que se proponen son más adecuadas a las responsabilidades de las otras dos dependencias en cuestión.

Al respecto de la movilidad y portabilidad de los créditos a los que se refiere el Diputado proponente, efectivamente el artículo 10 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros  prevé que “en los créditos al consumo otorgados por Entidades, la terminación del contrato podrá hacerse en cualquier momento por parte del Cliente acreditado, en cuyo caso la relación jurídica derivada de los recursos previamente dispuestos, solo continuará en vigor para efectos del pago del principal con los intereses y accesorios que correspondan al crédito otorgado, procediendo a la cancelación del Medio de Disposición, en su caso” y faculta a la Condusef para emitir las disposiciones necesarias que regulen dicho artículo.

Por otra parte, los artículos 15 y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, establecen por un lado, “que en caso de que un Crédito Garantizado se pague anticipadamente mediante la contratación de uno nuevo con otra Entidad, dicha Entidad quedará subrogada por ministerio de ley en los derechos del acreedor subrogante y se mantendrá inalterada la garantía original y su prelación, a efecto de evitar la constitución de una nueva garantía y los gastos inherentes de la misma. Y por otro lado, se persigue el objetivo de lograr una mayor disminución de los costos de transacción para la Subrogación de Deudor y la Subrogación de Acreedor, por lo que la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con los Estados y Municipios para eliminar los costos registrales y los aranceles notariales, procurando que en los casos de subrogación no se carguen los mismos costos de una nueva transacción, y si es posible, eliminarlos. Lo anterior, con el objeto de beneficiar a los acreditados a incentivar la reactivación del crédito”.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que lleven a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para pagarlos.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a presentar el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales, del estado de Coahuila.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica en la región de Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 24 de junio del 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica en la región de Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto conocer la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales del Estado de Coahuila, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La proponente señala que medios de información anunciaron que la empresa cervecera Constellation Brands Inc. hará inversiones en nuestro país para la ampliación de su planta ubicada en el municipio de Nava, Estado de Coahuila, para incrementar su producción a actual de 10 millones de hectolitros por año a 25 millones para 2017, cuya producción tendrá como destino el mercado de los Estados Unidos.

Expone la importancia de las inversiones en nuestro país como generadoras de empleo y desarrollo, sin embargo también señala que no siempre resultan las más viables debido a la utilización de los recursos naturales como el agua.

En el caso específico de la citada empresa que mantiene su producción mediante el uso del agua (1250 litros/segundo) proveniente del Municipio de Zaragoza que actualmente presenta problemas de escases de agua para el consumo humano y pecuario. Añade que la región de Cinco Manantiales comprende además los municipios de Morelos, Allende, Villa Unión, donde se pretende hacer la ampliación de la fábrica.

La proponente expone la preocupación por la disponibilidad de agua para las nuevas necesidades de la empresa cervecera, por lo que considera indispensable que la Comisión Nacional del Agua, y los Organismos Operadores del Agua de la entidad, envíen los estudios de factibilidad y disponibilidad de los recursos hídricos de la Región de Cinco Manantiales, para lograr un aprovechamiento sustentable sobre la explotación de los recursos de la entidad y del municipio.

Por último la proponente señala que el consumo de agua en promedio por persona para México es de 135 litros diarios, por lo que considera necesario que la CONAGUA envíe el estudio de factibilidad y disponibilidad del agua en la región de Cinco Manantiales del estado de Coahuila.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua, para que presente el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales del Estado de Coahuila, con la finalidad de conocer y para garantizar el consumo de agua a la población, por la ampliación de la fábrica de la empresa Constellation Brands Inc. Asimismo informe a esta Soberanía sobre los volúmenes de agua tratadas que actualmente realiza la empresa.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones:

En nuestro país la mayor parte del agua se destina para actividades agrícolas, siguiendo el uso doméstico y después el industrial. El agua es considerada como un factor de gran importancia para el desarrollo de las naciones ya que no sólo es indispensable para el desarrollo económico y social de la humanidad sino también para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1, 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada, particularmente en áreas rurales donde no existe posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo que mejore su calidad y posibilite su uso general.

Esta Comisión dictaminadora como lo ha expresado la proponente, es consciente de la importancia del fomento de inversiones en nuestro país como fuente de empleos y de desarrollo, sin embargo también es importante considerar el aprovechamiento sustentable del agua y garantizar a la población el acceso suficiente a este líquido.

Considerando la preocupación de la Senadora proponente debido a que la ampliación de la empresa Cervecera Constellation Brands Inc. en la región de Cinco Manantiales en el estado de Coahuila requerirá mayor demanda de agua, y que ésta región ha reportado escases del vital líquido, la que dictamina consideramos necesario que se pondere una correcta distribución del agua atendiendo el derecho humano a la misma.

Ante ello, es preciso señalar que la Ley de Aguas Nacionales forma parte del marco jurídico que regula en lo relativo al tema ya que tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

El citado ordenamiento establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua. La CONAGUA, para el cumplimiento de la ley promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones.

La Comisión Nacional del Agua como órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

La CONAGUA tiene entre sus principales atribuciones:

● Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios.

● Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;

● Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

● Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas;

● Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;

● En situaciones de emergencia, escasez extrema, o sobreexplotación, tomar las medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su aplicación cuando "la Comisión" así lo determine, para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general; cuando estas acciones pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, concertar con los interesados las medidas que correspondan.

La propia Ley de Aguas Nacionales señala que para el otorgamiento de una concesión o asignación de agua se tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos cada tres años, conforme a la programación hídrica.

Esta comisión dictaminadora considera que, si bien el agua es un recurso natural renovable su deficiente aprovechamiento ha propiciado los escases de la misma por lo que, resulta necesario tomar las medidas suficientes para garantizar su adecuada distribución.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la solicitud de la proponente para que las autoridades correspondientes realicen una valoración de la disponibilidad del agua para su correcta distribución, por lo que aprobamos las propuestas en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que presente el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales del Estado de Coahuila por la ampliación de la fábrica de la empresa Constellation Brands Inc., con la finalidad de conocer y garantizar el consumo de agua a la población. Asimismo, que un término no mayor a 15 días naturales y en el ámbito de su competencia, informe a esta Soberanía sobre los volúmenes de agua tratada que actualmente realiza dicha empresa.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a continuar operando el Programa de Comedores Comunitarios en los municipios del estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar operando el programa de comedores comunitarios en los municipios del estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“La sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Un elemento persistente en la historia de nuestro país ha sido la desigual distribución del ingreso y el difícil acceso a oportunidades.

 Cuando las carencias son extremas, además de la falta de ingresos, las personas y los hogares concentran los mayores índices de desnutrición, enfermedades, analfabetismo y abandono escolar, ocasionando por supuesto la desintegración familiar, situación que se agrava cuando en estas familias existen niños y adultos mayores”

“Por entidad federativa en 2012, los Estados con mayor porcentaje de población en situación de pobreza fueron Chiapas (74.7%), Guerrero (69.7%), Puebla (64.5%) y Oaxaca (61.9%). En cuanto a la situación de pobreza extrema los primeros lugares los ocupan los estados de Chiapas (321.2%), Guerrero (31.7%), Oaxaca (23.3%) y Puebla (17.6%).

Dentro de los quince municipios con mayor porcentaje de situación en pobreza a nivel nacional, cinco correspondieron al Estado de Oaxaca: San Juan Tepeuxila, Santiago Textitlán, San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las Flores y Santa Maria Quiegolani.”

“En ese mismo año, el porcentaje de población en situación de pobreza para el Estado de Oaxaca fue de 61.9%, equivalente a 2 millones 434 mil 600 personas en esta condición; y con 23.3% de población en pobreza extrema que equivale a 916 mil 600 personas. Además de ocupar el 4º lugar por carencia de acceso a la alimentación (31.7%), de acuerdo a cifras reportadas por el INEGI en 2010, la pobreza multidimensional en población infantil en niños 6 a 12 años de Oaxaca fue de 73.2%.”

Bajo este contexto jurídico se instrumentó en enero de 2013 por el Ejecutivo Federal el “Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre” que surgió con el objetivo de atender a la población con mayor desventaja de acuerdo con las estimaciones de CONEVAL, con metas en el mediano y largo plazos, identificando como su población objetivo a quienes se encontraban en pobreza extrema (cuyos ingresos son inferiores al valor de una canasta alimentaria y que además tienen tres o más carencias sociales) y que presentaban carencia por acceso a la alimentación. Para esta Cruzada, el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria, está en línea con su población objetivo y potencial, y es congruente con las acciones que se han emprendido en los 400 municipios donde se está instrumentando.

El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF 2014) el Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH) 2014-2018, el cual constituye el instrumento de planeación oficial de la estrategia.

El PNMSH 2014-2018 que busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo, prevé impulsar la producción de alimentos en las zonas marginadas, al tiempo que sienta las bases para que la población objetivo disfrute de sus derechos sociales. Para efectos de este programa nacional, la SEDESOL ha identificado a la población que, dentro de la pobreza extrema, padece aún condiciones más graves al tener, como parte de sus carencias, la del acceso a la alimentación. En este contexto se creó el programa federal Programa Comedores Comunitarios (PCC) a cargo de esta Secretaría, el cual opera a través de “comités comunitarios.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, a través de la Dirección General de Participación Social de su Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social y su Delegación en el Estado de Oaxaca, en coordinación con los Comités Comunitarios, continúe operando el Programa de Comedores Comunitarios en los municipios del Estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación del incremento de la pobreza y sus consecuencias como lo es la desnutrición. Por lo que es necesario asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para aquellos que menos tienen, en especial a los sectores más vulnerables como lo son los niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes sufren con mayor crudeza los efectos de ésta.

Nuestro texto Constitucional en su artículo 4º, establece el derecho humano a la alimentación que a la letra estipula lo siguiente:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

El índice de tendencia laboral de la pobreza muestra el porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. Si el Índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral.

De acuerdo con cifras del CONEVAL, al cuarto trimestre de 2012 el índice se encontraba en 1.0973; mientras que al cuarto trimestre de 2014 se ubica en 1.1685. Lo anterior representa un incremento de 6.4 % en el porcentaje de personas que no pueden adquirir una canasta alimentaria.

La Cruzada contra el Hambre tiene como objetivos:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación;

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

III. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre y, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; y V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

De acuerdo a los lineamientos específicos para del programa de comedores comunitarios, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Comedores Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, tiene por objetivo proporcionar apoyos alimentarios a la población en situación de extrema pobreza y con carencia alimentaria.

Asimismo, tienen como propósito brindar solución a las necesidades de alimentación a los sujetos de atención, identificados dentro de las comunidades, cuyas condiciones de edad, discapacidad, pobreza extrema y de carencia alimentaria los hacen elegibles para recibir acceso al consumo de alimentos nutritivos y la transformación de hábitos alimenticios para una vida saludable

La instalación de Comedores implica la constitución previa de Comités Comunitarios, mismos que serán beneficiarios de los subsidios que la SEDESOL canalizará para la operación del Programa, los cuales serán destinados para el gasto de equipamiento y operación de los Comedores.

Del mismo modo, especifica que los subsidios que la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, otorgará por conducto de la Dirección General de Participación Social, de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social, para el Programa tendrán como beneficiario directo a los Comités Comunitarios, con la finalidad de mejorar la situación nutricional de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años y aquellas personas que determine por su condición de pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

De acuerdo con información de la página de internet sinhambre.gob.mx, el estado de Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 291 son contemplados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cuenta con 1,997 comedores comunitarios que beneficia a 117, 042 personas.

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que es necesario se opere de manera correcta el Programa de Comedores Comunitarios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, a través de la Dirección General de Participación Social de su Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social y su Delegación en el Estado de Oaxaca, en coordinación con los Comités Comunitarios, continúe operando el Programa de Comedores Comunitarios en los municipios del Estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de clústeres agroalimentarios.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de Clústeres Agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor y la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de autoservicio y la academia.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 24 de junio del 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de Clústeres Agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor y la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de autoservicio y la academia.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto dar impulso a la creación de Clústeres Agroalimentarios en la República Mexicana, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los proponentes expone en sus consideraciones que el sistema agroalimentario mexicano enfrenta diversos retos que dificultan los esquemas de coordinación y cooperación, destacando en particular la atomización de los productores primarios existentes.

Precisan que existen dos grandes obstáculos para la productividad del sector agroalimentario, el primero es el problema estructural ya que la mayoría de los productores mexicanos poseen menos de 5 hectáreas lo cual limita su escala productiva; el segundo es el problema instrumental, debido a los instrumentos e incentivos públicos desarticulados que no apoyan la integración productiva de la cadena de valor y la falta de difusión de información relevante para la toma de decisiones a través de las instituciones existentes.

Señalan que las agrupaciones productivas o clúster permiten organizar, coordinar y canalizar de mejor manera la prestación de servicios y los instrumentos de apoyo, dado que se dirigen a necesidades colectivas e interdependientes; por otra parte, amplían la posibilidad de aprovechar las oportunidades que presenta el mercado con base en las ventajas comparativas y fortalezas existentes en los territorios.

Añaden que la promoción de clústeres permitirá además, conocer la oferta de productos en una región, integrarse como proveedores en productos más procesados y garantizar beneficios para todos los integrantes, lo cual automáticamente generará un desarrollo económico y social regional.

Por último los proponentes señalan que para lograr el fortalecimiento de los clústeres agroalimentarios es necesario reforzar las políticas públicas que promuevan la constitución de un clúster.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:

Artículo Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de Clústeres Agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor y a reforzar la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de autoservicio y la academia.

Artículo Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a realizar las acciones necesarias para informar a través de las diferentes estancias de la dependencia de los requisitos para la integración de Clústeres Agroalimentarios como detonantes de la actividad económica del país; así como también de contar con la base de datos de los clústeres que existen en las diferentes regiones para la posible integración de más productores.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

El sector agroalimentario mexicano ha tenido profundas transformaciones en los últimos años, las crecientes necesidades del mercado mundial han influido de manera decisiva en la estructura de dicho sector. El proceso de globalización y las transformaciones demográficas han configurado un nuevo entorno para el sector agropecuario el cual se caracteriza por cambios tecnológicos que redundan en mejoras de la productividad, nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las formas de comercialización y modifican los métodos de inserción en el mercado mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que un clúster agroalimentario es la concentración de productores agropecuarios, agro negocios, entidades gubernamentales, universidades-centros de investigación-proveedores de formación profesional, asociaciones interprofesionales/exportadores, cámaras de comercio, etc.

El clúster agroalimentario representa la concentración regional de productores, proveedores de insumos, transformadores, comercializadores, servicios profesionales y financieros, así como de entidades gubernamentales que trabajan en conjunto para potencializar el desarrollo del sector agroalimentario.

El fomentar una integración territorial en el ámbito agroalimentario, como es el caso de los Agro-clústeres, trae múltiples beneficios como la reducción de costos de producción, transporte, insumos y servicios, ya que se genere regionalmente una cadena especializada en el sector agroalimentario.

Esta Comisión dictaminadora considera que las políticas enfocadas al campo mexicano deben impulsar la producción con nuevos esquemas organizacionales que dinamicen las formas de comercialización para asegurar la autosuficiencia alimentaria.

Ante ello, la participación del gobierno resulta fundamental para el desarrollo del sector, en ese sentido la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

● Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.

● Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

● Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales.

● Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía.

● Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.

Esta Comisión, reconoce la participación de la SAGARPA en apoyo al sector agroalimentario la cual contempla actualmente el “Programa de Fomento a la Agricultura” y dentro de este se encuentra previsto el componente “Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLÚSTER)”.

El objetivo específico del programa es contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas mediante incentivos para desarrollo de clúster agroalimentario entre otros.

No obstante lo anterior, frente a un panorama agroalimentario globalizado, con crecientes costos de los insumos y menores precios de comercialización para los productos del campo, la que dictamina considera la necesidad de ampliar los esfuerzos y los programas de apoyo al sector agroalimentario y a su producción regional, generando la ampliación y fortalecimiento de los clústeres en el país como una opción viable para el desarrollo en el sector.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la solicitud de los proponentes a fin de incentivar la producción agroalimentaria regional constituyendo cadenas de producción sólidas, con tal finalidad, aprobamos las propuestas en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de Clústeres Agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor y a reforzar la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de autoservicio y la academia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para informar a través de las diferentes instancias de la dependencia de los requisitos para la integración de Clústeres Agroalimentarios como detonantes de la actividad económica del país; así como contar con la base de datos de los clústeres que existen en las diferentes regiones del país para la posible integración de más productores.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta a fortalecer políticas públicas y con perspectiva de género, para hacer realidad los derechos de las y los jóvenes.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias fortalecer las políticas públicas para jóvenes, en materia de empleo, presentada por la Diputada Joaquina Navarrete Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, de los 36.2 millones jóvenes del país, es decir, de las personas de 12 a 29 años, 13% se dedica sólo a actividades domésticas y cuidado de la familia, 2.3% están inactivos, 6.75% busca trabajo o iniciar un negocio. Lo que nos da el 22.05% en esa situación, equivalente a 8 millones 599 mil 544 jóvenes.

En armonía con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo OIT, ha señalado respecto a América Latina que la tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos y, que los jóvenes representan 43% del total de los desempleados”.

“En América Latina, existen 21 millones de “ninis” (7.14 millones pertenecen a México OCDE), algunos de los “ninis” buscan trabajo más no lo encuentran, la mayoría se dedica a realizar quehaceres del hogar (fundamentalmente mujeres). Otros, alrededor de 4.6 millones son llamados por la OIT como el “núcleo duro” y “representan el mayor desafío… están en riesgo de exclusión social, pues no estudian, no trabajan, no buscan empleo y tampoco se dedican a los quehaceres del hogar”.

“En la exclusión laboral de los jóvenes, se destaca su falta de experiencia, lo que los lleva al desempleo, al trabajo informal o a aceptar condiciones laborales absolutamente injustas. Lo que ha sido agravado por la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, ya que se establecieran dos criticables formas de contratación, los denominados a prueba y de capacitación inicial, que producen varias desventajas: …se abre la puerta a una cadena interminable de contratos eventuales… se rompe la bilateralidad propia de la relación de trabajo… afectan las finanzas de las instituciones de seguridad social, ya que, o no se afilia al trabajador, se les afilia con menos salario, o se les da de baja con total arbitrariedad… También, afectan la constitución y fortaleza de los sindicatos… Se deja en desventaja al trabajador en el marco de la relación de trabajo, que vuelve a estar en manos de los patrones… (y) fomentan la informalidad, golpean el mercado interno y al fisco”.

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Economía y del Instituto Mexicano de la Juventud, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los otros niveles de gobierno, fortalezcan políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras, eficientes y con perspectiva de género, para hacer realidad los derechos de las y los jóvenes, al estudio, la capacitación y el trabajo digno, especialmente para resolver de raíz el grave problema social de los 7.14 millones de los llamados “ninis”. Presentando informes periódicos al Congreso de la Unión sobre los resultados concretos obtenidos con la aplicación de estas políticas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, convoquen a un Acuerdo Nacional por el empleo y autoempleo dignos para los jóvenes, con la participación de representantes de los factores de la producción, y destacadamente de las y los jóvenes estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionistas, científicos, desempleados, en general representantes de los jóvenes en el amplio abanico de su ser y hacer.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación del incremento de jóvenes que se ven desempleados por causa de oportunidades. Es preocupante que una población cuya capacidad de actividad y productividad se vea mermada por falta de oportunidades.

Asimismo, se concuerda con la legisladora que es aún más preocupante el hecho de que exista, además, una población cuyo problema no sólo radica en la falta de oportunidades sino también en el poco interés de conseguir un empleo o actividad.

Todo lo anterior, en el marco de lo manifestado por la Organización Internacional del Trabajo, que ha señalado que “es urgente pasar de la “preocupación a la acción”, que “no es casual que los jóvenes sean abanderados de las protestas callejeras cuando sus vidas están marcadas por el desaliento y la frustración a causa de la falta de oportunidades. Esto tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso sobre la gobernabilidad democrática.”

Asimismo, son de observancia las recomendaciones que señala:

• La mejoría y extensión de los programas de formación y capacitación para facilitar la transición escuela trabajo y para permitir que los jóvenes tengan mejores cualificaciones cuando buscan empleo, que respondan a las necesidades del mercado laboral.

• Los programas de promoción del empleo destinados a beneficiar a los jóvenes a través de incentivos para la contratación o simplificación de trámites.

• Las estrategias destinadas a la formalización de trabajadores y también aquellas que buscan formalizar las principales fuentes de empleo, como son las microempresas.

• La promoción y facilitación del emprendimiento de los jóvenes.

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que es necesario se revisen las políticas públicas en relación al empleo a jóvenes y además que, en su caso, se convoque al Acuerdo Nacional solicitado por la Legisladora.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de  exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Economía y al Instituto Mexicano de la Juventud, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los otros niveles de gobierno, fortalezcan políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras, eficientes y con perspectiva de género, para hacer realidad los derechos de las y los jóvenes, al estudio, la capacitación y el trabajo digno.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas para la contratación de jóvenes a través de un Acuerdo Nacional por el empleo y autoempleo dignos para los jóvenes, con la participación de representantes de los factores de la producción, y destacadamente de las y los jóvenes estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionistas, científicos, desempleados, y representantes de los jóvenes en general.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

}








Que exhorta a fortalecer las acciones y desarrollar una estrategia común en la lucha contra la desertificación.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal fortalecer las acciones de lucha contra la desertificación.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 24 de junio del 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal fortalecer las acciones de lucha contra la desertificación.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.

II. CONTENIDO.

A. La proposición presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene por objeto solicitar a la SEMARNAT y a la CONAFOR que, en coordinación con las entidades federativas desarrollen una estrategia para la lucha contra la desertificación, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI exponen que la desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción.

En ese contexto, señalan que la situación imperante en México es muy preocupante, ya que 120 millones de hectáreas de suelo han sido afectadas en diferente grado por la desertificación, además de incorporarse cada año 500 mil nuevas hectáreas.

Los proponentes coinciden en que algunos de los factores señalados que causan la deforestación son el sobrepastoreo, la sobreexplotación forestal sin planeación, el uso inadecuado y excesivo de maquinaria, la aplicación de agroquímicos, la mala aplicación del riego, además de la urbanización y las actividades industriales.

Precisan también que en 2014, la SEMARNAT y la CONAFOR presentaron el estudio “Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación”, el cual entre otros datos, señalan que la degradación de los suelos nacionales está presente en 123.3 millones de hectáreas, o bien, el 63.01% del total nacional. 56.2 por ciento de la población mexicana se distribuye en las tierras con algún grado de desertificación, lo cual en 2010 representó 63 millones 128 mil habitantes.

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones y desarrollen una estrategia común en la lucha contra la desertificación.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los citados asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones:

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, define a la “desertificación” como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.

Como lo ha expuesto esta Comisión dictaminadora en anteriores ocasiones, nuestro país forma parte de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la cual tiene por objeto la adopción de diversas medidas para mitigación de los efectos de la sequía y disminuir la desertificación.

Ante ello, México como muchos otros países, asumió diversos compromisos en la materia, entre los que destacan:

● Fomentar la cooperación a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales para que se comprenda mejor el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos.

● Garantizar la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía con la participación de la población y de las comunidades locales.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se concibe a la desertificación como la pérdida de la capacidad productiva de las tierras, causada por el hombre, en cualquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana.

Reconocemos el problema del aumento de la desertificación en nuestro país debido a la degradación de suelos en usos agropecuarios y forestales, en ese sentido esta Comisión dictaminadora considera de gran importancia la participación conjunta de la SEMARNAT y CONAFORT en la mitigación de los efectos provocados por la degradación de los suelos.

Es de señalar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé en su artículo 22 la integración del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales como un mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr el propósito de disminuir la degradación de los recursos naturales y la desertificación, así como una mayor participación de la sociedad.

Como ha sido precisado con anterioridad por esta Comisión dictaminadora, si bien es cierto que se han realizado diversas acciones para lograr disminuir la desertificación, tales como la implementación de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras y del Programa Nacional Manejo Sustentable de Tierras para combatir Degradación de Tierras y Desertificación en México, también es innegable que dichas acciones deben continuar y reforzarse.

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención la disminución de la degradación de los suelos de nuestro país y el fortalecimiento de las acciones para detener la desertificación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones y desarrollen una estrategia común en la lucha contra la desertificación.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Que exhorta informar de los criterios utilizados con relación a las conclusiones obtenidas en el documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social un informe respecto del documento "Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Para el 2016 habrá otro por 135 mil millones de pesos, unos 9,300 millones de dólares. Es decir un ajuste bianual de 17,510 millones de dólares. Es claro que siempre es posible optimizar un presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias y desvíos. Pero esto es muy diferente a someter el presupuesto a recortes de sus programas sociales; de investigación científica; de educación; de salud; o de infraestructura, como práctica de política económica, o de criterios meramente monetarios de costo-beneficio.

En este sentido, el anuncio del uso de la metodología del “Presupuesto Base Cero” para el año 2016, es solo la cobertura técnica para aplicar mayor austeridad y para otro ajuste injusto.

Ya el ajuste para el 2015 canceló obras importantes de infraestructura del transporte, pero el ajuste para el 2016, se pretende hacer con el presupuesto que corresponde al Gasto Social, lo cual sería un desastre para millones de empobrecidas familias mexicanas.

En este sentido son preocupantes las consideraciones expresadas por CONEVAL cuando precisa que EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE SE APRUEBA CADA AÑO TIENE UN ALTO COMPONENTE POLÍTICO. DESDE EL EJECUTIVO, FEDERAL Y LOCAL, HASTA EL CONGRESO, LOS ACTORES BUSCAN ASIGNAR PRESUPUESTO EN ACTIVIDADES QUE MAXIMICEN SU PRESENCIA POLÍTICA (O QUE MINIMICEN SUS COSTOS POLITICOS)”, afirmación que aparece en la página 2 bajo el título de “Presupuesto que se basa en resultados (PbR) 2016”, del documento CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 2015 que se entrega al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para la elaboración del presupuesto.

Esta preocupación es mayor, cuando, en la página tres anuncian que el CONEVAL preparó el mencionado documento para “apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso” y que existen 107 programas de un total de 233 “con similitudes”.

“De esta forma, lo manifestado por CONEVAL en su documento de referencia es precipitado y tendencioso al manifestar consideraciones “políticas” que no le corresponde evaluar ni metodológica, ni técnica ni legalmente. Por ello considerando los antecedentes mencionados y con la finalidad de aclarar el trato presupuestal de austeridad anunciado, y sí esto afectará a los Programas Sociales contra la pobreza es necesario que explique:

1.- ¿cuáles son los criterios técnicos que ha usado para determinar precipitadamente que “diversos actores buscan asignar presupuesto en actividades que maximicen su presencia política (o que minimicen sus costos políticos) en el presupuesto 2016”?

2.- Sí los programas con “similitudes” según la propia definición de CONEVAL, implican duplicidad, y explique los alcances con tales acepciones que impactan en la economía del país.”

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:

ÚNICO. la Comisión Permanente de la LXII legislatura del Congreso de la Unión solicita al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) rinda un informe detallado respecto del documento “consideraciones para el proceso presupuestario 2016” en el que unilateralmente recomienda la eliminación de 107 programas sociales de la Administración Pública Federal.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación de conocer los criterios utilizados para determinar las aseveraciones contenidas dentro del documento “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016” elaborado por el CONEVAL.

Como bien lo señala el proponente, es necesario considerar el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social el cual establece:

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

Si bien dentro del documento elaborado por el CONEVAL se explican los criterios utilizados para determinar la similitud entre programas; así como para considerar un programa prioritario o no, la Tercera Comisión coincide con el proponente en que es necesario se explique el impacto y alcance que tendrían las conclusiones obtenidas toda vez que se hacen las siguientes observaciones:

● El análisis es un primer filtro que permite identificar similitudes entre programas en características relevantes, aunque generales, de ellos.

● Es posible identificar grupos de programas con características similares, aunque estas características se restringen al derecho básico al que corresponde el Programa, el grupo de atención, el tipo de apoyo y la etapa de la vida de la población beneficiaria.

● El análisis no incluye variables de cobertura geográfica por lo que no es posible determinar complementariedades o coincidencias territoriales en la operación de los Programas.

● Para determinar el uso que debe darse a esta información para la toma de decisiones estratégicas en términos de la elaboración del presupuesto y administración de los programas sociales, se requiere un análisis posterior de los resultados de los programas por grupo.

● En este sentido, se sugiere considerar un análisis cualitativo que aporte elementos más precisos al análisis de similitudes de Programas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en un término no mayor a 15 días naturales, rinda un informe detallado de los criterios utilizados, así como el impacto y los alcances de las conclusiones obtenidas en el documento “consideraciones para el proceso presupuestario 2016”, principalmente sobre la recomendación de eliminar 107 programas sociales de la Administración Pública Federal.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.






Y que exhorta a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza.

TERCERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

TERCERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza en el transcurso de su aplicación, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que suscriba un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza en el transcurso de su aplicación.

El Senador proponente argumenta que durante el Foro Internacional: “Mejores Prácticas de Desarrollo Social” realizado en la ciudad de Puebla el día 20 de abril de 2015, la Secretaria de Desarrollo Social, Mtra. Rosario Robles Berlanga, propuso fortalecer los mecanismos para medir la pobreza en México, por lo que planteó analizar el uso de la encuesta de panel que permitiría seguir a una familia en un tiempo específico, con el objetivo de determinar si logró romper el ciclo de transmisión de la pobreza de una generación a otra.

Por otra parte, menciona que la encuesta de tipo panel es un tipo de investigación social que permite medir a un grupo de personas a lo largo del tiempo, con la finalidad de dar un seguimiento a la efectividad de las políticas en materia de desarrollo social en el combate a la pobreza, del mismo modo, se argumenta que varios países han implementado encuestas longitudinales para estudio de variables sociales y económicas. El fundamento del empleo creciente de esta técnica radica en la nueva forma que adopta la información que de ella surge para obtener un análisis más profundo de la realidad, así como nuevos elementos para fundamentar la adopción de políticas públicas.

Las principales ventajas de este tipo de encuestas, son:

a) Permiten analizar y determinar cambios brutos antes de que los mismos se compensen total o parcialmente. Cuando se compara el valor o cambio de determinada variable en dos momentos puntuales del tiempo, generados como consecuencia de una medición de tipo longitudinal, es posible no sólo obtener los valores y compararlos, sino también, los cambios que llevaron a esos valores finales o a esa variación entre dos períodos.

b) Dado que los individuos son siempre los mismos (panel), cada levantamiento de datos se debe focalizar a los hechos o actividades ocurridas en el período comprendido entre el evento anterior y el actual. Esta metodología facilita al entrevistado el recuerdo de los acontecimientos por tratarse de un período acotado y reciente y, por otro lado, ayuda al investigador a construir la historia de acontecimientos de forma más precisa.

A juicio del proponente, esta información es muy enriquecedora para los investigadores sociales, para los hacedores de política pública y para la sociedad en general; ya que permite saber cómo la sociedad o un sub grupo de ella se comporta ante cambios en su contexto socio-económico. Se trata de un insumo indispensable para que los investigadores y analistas puedan realizar un diagnóstico correcto de la realidad y, a partir de ello, recomendar políticas contra la pobreza cada vez más eficaces.

Desde el punto de vista legal, el Senador proponente menciona que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, determina que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales, para el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su calidad de organismo autónomo, es el responsable de normar y coordinar al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) señala que el SNIEG tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de interés nacional, con calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, teniendo como principios rectores los de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.

En este contexto, el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, podrían de acuerdo a sus atribuciones formalizar un convenio de colaboración para perfeccionar los instrumentos que generan la información base para la medición de la pobreza y desarrollar una nueva herramienta metodológica para obtener información que se ajuste a la concepción multidimensional de la pobreza.

En este sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares podría mejorarse como instrumento de captación de información, con la finalidad de armonizar y articular los elementos cuantitativos y cualitativos para analizar, diagnosticar y plantear las acciones necesarias por parte de los gobiernos, a fin de abatir la pobreza a partir de una mayor riqueza investigativa que va más allá de una simple encuesta.

Para ello, se requiere la voluntad de los actores políticos para que las encuestas panel y los estudios longitudinales, tengan el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para su aplicación.

Con ello, se podrá contar con información pertinente y comparable para construir mejores políticas públicas, al tiempo que los organismos evaluadores podrán determinar su pertinencia o la necesidad de corregirlas.

Finalmente, el Senador proponente argumenta que las encuestas panel ya han sido utilizadas en nuestro país y como antecedente podemos mencionar que el INEGI ya ha colaborado con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para realizar la Encuesta longitudinal denominada Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza durante el transcurso de su aplicación.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones:

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide totalmente con los planteamientos esbozados por el Senador René Juárez Cisneros en cuanto a la pertinencia de implementar una encuesta de tipo panel para evaluar las políticas sociales en el combate a la pobreza, toda vez que, como lo sustenta el proponente, los beneficios de este tipo de encuestas son que:

a) Permiten analizar y determinar cambios brutos antes de que los mismos se compensen total o parcialmente. Cuando se compara el valor o cambio de determinada variable en dos momentos puntuales del tiempo, generados como consecuencia de una medición de tipo longitudinal, es posible no sólo obtener los valores y compararlos, sino también, los cambios que llevaron a esos valores finales o a esa variación entre dos períodos. Y,

b) Dado que los individuos son siempre los mismos (panel), cada levantamiento de datos se debe focalizar a los hechos o actividades ocurridas en el período comprendido entre el evento anterior y el actual. Esta metodología facilita al entrevistado el recuerdo de los acontecimientos por tratarse de un período acotado y reciente y, por otro lado, ayuda al investigador a construir la historia de acontecimientos de forma más precisa.

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora coincide en que con este tipo de estudios, se podrá contar con información pertinente y comparable para construir mejores políticas públicas, al tiempo que los organismos evaluadores podrán determinar su pertinencia o la necesidad de corregirlas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza durante el transcurso de su aplicación.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente,
el 7 de julio de 2015.

TERCERA COMISIÓN.

Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria.

Consulto a la Asamblea si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.

Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a la discusión de dictámenes reservados.

Para iniciar, tenemos un dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos. Dicho dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las Propuestas con punto de Acuerdo:

1.- Por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, presentado por el Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2.- Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del Ministerio Público, y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, que presenta la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las Proposiciones con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las mismas.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente los resolutivos.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo en la cual se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1199.

2.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del Ministerio Público, y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1207.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Dentro de las propuestas, se considera a la tortura como un crimen en derecho internacional y es que en todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse su utilización bajo ninguna circunstancia, es importante mencionar que esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional aun cuando alguno de ellos no haya ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura.

Las propuestas, mencionan que el país se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a la tortura, ya que por un lado, se ha avanzado en el marco constitucional al incorporar diversas obligaciones internacionales; por otro lado, se ha enfrascado en una estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, la cual privilegia el uso de la fuerza sobre la investigación científica y profesional y la protección de los derechos de las víctimas.

Ante los planteamientos analizados en las propuestas con punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen:

1.- Propuesta presentada por el Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares del PVEM.

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, asimismo, garantizar el derecho de todas las victimas a una reparación integral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a continuar capacitando a los servidores públicos en prevención y erradicación de torturas y malos tratos, incluyendo el trato debido y no revictimizante a víctimas y sus familiares.

2.- Propuesta presentada la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los agentes del ministerio público y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

III. CONSIDERACIONES

El uso de la tortura persiste en muchos países del mundo, a pesar de su prohibición absoluta tanto en el derecho internacional como en el marco jurídico doméstico. Pese a que la comunidad internacional condena esta práctica unánimemente sigue ocurriendo de manera generalizada y persistente. Muchas veces los mismos agentes encargados de la aplicación de la ley y de la protección de los ciudadanos son quienes incurren en este delito.

La tortura está absolutamente prohibida en la Constitución Mexicana y en diversos ordenamientos de derecho interno. Del mismo modo, México ha suscrito los más importantes instrumentos internacionales para la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura, como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de la ONU, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º tercer párrafo, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

La reforma constitucional de 2008 en materia penal, tiene una importancia fundamental para la introducción de nuevos procedimientos acusatorios, orales y contradictorios, que amplían las garantías procesales de las personas, y que consagran el derecho de presunción de inocencia como un eje del sistema de justicia penal y seguridad pública.

Asimismo, la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos eleva al máximo rango normativo las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, que se refuerzan mediante la adopción de un sistema de control difuso de convencionalidad, que se estableció en el país tras la histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010.

Con el propósito de darle plena funcionalidad a la reforma en derechos humanos en el ámbito judicial, y atendiendo a las obligaciones que se desprendieron de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en julio de 2011, atender las recomendaciones, y publicó el engrose de sus deliberaciones el 4 de octubre de ese año, la consulta a trámite en el Expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, que estableció la obligatoriedad de la jurisprudencia emanada del tribunal interamericano en los casos en los que México hubiera sido parte y dio la máxima amplitud posible al criterio de interpretación del derecho interno conforme a derechos humanos mediante un modelo de control difuso de convencionalidad, que también debe ser aplicado ex officio a la luz de normas constitucionales que reconozcan derechos de las personas.

En cumplimiento a estas acciones, el 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, como un importante desarrollo normativo encaminado a crear las reglas, principios, medidas, mecanismos y procedimientos para garantizar a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos el pleno acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, además de crear un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que dará un soporte institucional para vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, entre otras autoridades, por los jueces.

Estas iniciativas, del Poder Constitucional de México, demuestran un compromiso indudable para asegurar que las obligaciones jurídicas constitucionales e internacionales para la protección de los derechos de las personas se realicen.

Ello no significa que temas tan sensibles y dolorosos como la persistencia de la tortura se hayan resuelto, pero sin duda se cuenta ya con un marco de reglas y directrices que avanzan hacia la vía cierta de un sistema de justicia y seguridad más garantista y conforme a los estándares más elevados.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es la instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar las políticas públicas de apoyo a las víctimas, es el responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas referidas en la Ley.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema cuenta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene una serie de objetivos que mandata la propia Ley General de Víctimas, como se puede observar en los siguientes artículos:

“Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del presente Título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.

Artículo 80. El Gobierno Federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.”

Asimismo la Procuraduría General de la República (PGR) comprometida con la atención victimas ha estado analizando las políticas y acuerdos para la salvaguarda de los derechos humanos de los probables responsables de delitos del orden federal.

La PGR, ha anunciado que en este tema, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) aplicará un nuevo programa de capacitación al personal, acorde a lo que establece el Protocolo de Estambul, capacitación que se realizará conforme a los estándares internacionales y que se hará extensivo a Procuradurías y Fiscalías de todo el país.

La PGR tiene una valoración cuantitativa y cualitativa que permite transparentar la información y dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en el combate a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación han sido instruidos para que en el momento en que un Juez de Distrito haga de su conocimiento hechos que presuman la existencia del delito de tortura se inicien las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la República, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, ha determinado implantar en forma obligatoria el “Protocolo de Estambul”, mismo que fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lo anterior, en la inteligencia de consolidar acciones encaminadas a proteger la integridad psicofísica de las personas, en consonancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República.

Esta Comisión dictaminadora, manifiesta que todas las personas tienen el derecho a no ser sometidos a torturas y deben estar protegidas en todas las circunstancias en las cuales se pueda ejercer este delito, asimismo la dictaminadora manifiesta que es necesario redoblar esfuerzos para tratar de prevenir la práctica de la tortura, en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, esta Comisión dictaminadora, manifiesta que con anterioridad se dictaminaron en conjunto los puntos de acuerdo que se mencionaron en el capítulo de antecedentes, por la similitud del tema en estudio y por economía procesal; por estas razones los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos, asimismo, garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen capacitando a los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario Nueva Alianza.

La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

En la España del siglo XIII, Alfonso X, apodado El Sabio, señalaba con la claridad de pensamiento que lo distinguió, que el tormento es una manera de prueba que hallaron los que fueron amadores de la justicia.

Así como él, muchas voces sensibles a crueles atrocidades de la especie humana, se han pronunciado en contra del flagelo y mezquindad que han ejercido aquellos que tienen algún nivel de autoridad o procuración de justicia, esos mismos que deberían ser sus principales perseguidores.

No obstante ello, es de reconocer que desde la segunda mitad del siglo pasado la humanidad ha realizado grandes avances en su afán por combatir y erradicar la tortura, convirtiéndose en uno de los principales temas de interés en materia de derechos humanos.

Así, instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 5o., el Convenio Europeo de Derechos aprobado en 1950, o la Convención contra la Tortura, de las Naciones Unidas en 1984, forman un sólido crisol que ha aglutinado esta lucha, misma que aún no podemos dar por concluida.

Nuestro marco jurídico en materia de justicia y derechos humanos, acorde a los instrumentos internacionales para la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura, es fiel reflejo de esta inquebrantable tarea por preservar uno de los aspectos fundamentales del ser humano: su dignidad.

Sin embargo, en la construcción del estado de derecho, en donde los actos de autoridad y procuración de justicia no involucran la tortura como un mecanismo para la consecución de la verdad, debemos ir más allá de vigilar y exigir la aplicación eficaz de los derechos humanos en términos de cumplimiento o de sanción.

Es menester, por tanto, que también incluyamos un aspecto complementario, pero de importancia capital, como es la prevención, fundamentalmente si consideramos que el daño infligido en la víctima tanto físico, pero principalmente psicológico, es irreparable.

La misma Convención contra la Tortura obliga a los Estados Parte a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, para impedir la ocurrencia de estos actos.

Esta no debe limitarse a la prohibición inequívoca de todo acto de tortura. También debe incluir, entre otros aspectos, la capacitación del personal policial y de seguridad, o la elaboración de directrices precisas acerca del trato debido a las personas privadas de libertad.

Tal sentido de anticipación impulsa a Nueva Alianza a promover estos respetuosos llamados a la autoridad. La realidad nos revela que nunca será inocuo cualquier esfuerzo al respecto.

Tan sólo en el año 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 4 mil denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza. De éstas, 505 fueron por tortura y desembocaron sólo en 11 de las 35 recomendaciones emitidas en ese año en la materia.

Señoras y señores legisladores:

Es un deber primordial para todos los legisladores denunciar cualquier acto de tortura, pero es igual de importante impedir esa tortura, y para conseguir este propósito vemos a la capacitación como medio idóneo que coadyuve en la noble e inalcanzable labor de prevenir y erradicar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de los tres órganos de gobierno.

Asimismo, consideramos inobjetable exigir castigos más severos hacia quienes realicen cualquier represalia por denuncias de torturas o malos tratos.

También es inexcusable garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño, un derecho extensivo a sus familiares, representantes o defensores de derechos humanos.

Por ello apoyaré de manera decidida este dictamen, reconociendo la sensibilidad de mis compañeros legisladores que lo aprobaron.

Nunca será suficiente alzar la voz y denunciar, pero es más importante nuestra más amplia colaboración para contrarrestar una de las violaciones más horrendas de los derechos humanos en cada una de las personas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputada María Sanjuana.

El Senador Enrique Burgos García. Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictaminación la “proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los presidentes municipales de los estados, a implementar políticas públicas que mejoren la situación actual del heroico cuerpo de bomberos y de las estaciones de servicio en el país”.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

En la sesión del miércoles de junio de 2015 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometieron a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los presidentes municipales de los estados, a implementar políticas públicas que mejoren la situación actual del heroico cuerpo de bomberos y de las estaciones de servicio en el país.”

En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1258.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proposición en análisis, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala dentro de sus consideraciones que  el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó que el Heroico Cuerpo de Bomberos había respondido en ese día 159 llamados de emergencia entre los que se encontraban tres servicios de prevención, un flamazo, ocho choques, seis incendios, seis cables caídos en vía pública, cuatro rescates de personas, cuatro fugas de agua y tres volcaduras, entre otros, los senadores infieren que diariamente el Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México atienden cerca de 100 servicios.

Derivado de lo anterior, señalan que el Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México se manifestó en demanda de equipo, unidades de servicio así como la exigencia de la revisión salarial y contractual de sus plazas, de igual forma, refieren que se dio a conocer que su principal solicitud es la canalización de 200 millones de pesos para la adquisición de unidades y equipo especial para la realización de su trabajo y que de no cumplirse dichas demandas, se emplazará a huelga el próximo 30 de junio.

Indican que el 5 de enero hubo una manifestación de bomberos en Acapulco para exigir mejores condiciones de trabajo, que en julio de 2014 también hubo una manifestación con las mismas peticiones en Jalisco y que el Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Los Bomberos Voluntarios y el Comité Pro-Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, SLP AC, han expuesto las precarias condiciones económicas con las que operan.

Destacan que en el Senado de la República, los integrantes de las Comisiones de Protección Civil, de Gobernación y de Desarrollo Municipal, se encuentran preparando una iniciativa de ley que otorgue personalidad jurídica al Cuerpo de Bomberos en todo el país, con el fin de impulsar la capacitación, profesionalización, modernización vehicular, mapeo de sus principales necesidades a nivel municipal así como promover incentivos fiscales a las sociedades civiles que apoyen a sus actividades.

Consideran, entonces, primordial garantizar la integridad, seguridad y condiciones laborales de los bomberos en el desempeño de su labor.

Bajo esa línea argumental proponen el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de las treinta y un entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los presidentes municipales de los estados, a implementar políticas públicas que mejoren la situación actual de los bomberos y de las estaciones de servicio en el país.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora, en el proceso de análisis y dictaminación de la propuesta enunciada, refiere que los cuerpos de bomberos cumplen funciones que son de vital importancia para nuestro país, pues tienen en sus manos labores como extinguir incendios, rescatar personas y animales, apoyar a la  población en el caso de inundaciones, corto circuito o bien, prestar primeros auxilios, es decir, ofrecen servicios a la comunidad que son imprescindibles ya que tienen como principal objetivo de su trabajo el de salvar vidas.

En nuestro país, el primer cuerpo de bomberos se fundó el 22 de agosto de 1873 en el puerto de Veracruz; más tarde, en 1891, se abrieron tres estaciones de bomberos para servir a la Ciudad de México y hasta 1922 fue expedido el primer Reglamento del Cuerpo de Bomberos que tendría efectos en el Distrito Federal; desde 1951, por decreto presidencial, el cuerpo de bomberos de esa demarcación se conoce como “Heroico”.

Hoy, las labores de los bomberos conciernen al Sistema Nacional de Protección Civil, que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de Protección Civil, se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Es decir, cada entidad y municipio dispone los lineamientos bajo los cuales se garantiza la protección civil en sus demarcaciones, lo que genera diferencias entre un estado y otro, por no decir entre un municipio a otro.

En fechas recientes los medios de comunicación han dado a conocer las condiciones deplorables en las que las que algunos cuerpos de bomberos realizan sus labores y que resaltan que, en muchos casos, no se cumple con los mínimos de seguridad para ellos y, por tanto, para prestar servicios de calidad.

El uniforme, por ejemplo, es un elemento básico para el ejercicio de sus actividades,  sin embargo, estos no cubren los requerimientos básicos. Los bomberos, dentro de la estación, deben portar pantalones resistentes al fuego, botas y una camiseta y, cuando se presenta una emergencia, deben utilizar pantalones adicionales, una chamarra de materiales resistentes al fuego que les permite protegerse de temperaturas superiores a los 600 °C; una capucha contra el fuego, un casco, lentes especiales y guantes aislantes.

Toda su ropa debe estar marcada con cintas que brillan en la oscuridad para que puedan ser vistos en lugares oscuros y en condiciones de mucho humo; deben contar, además, con una linterna, radio, máscara de presión y tanque de gas.

Los camiones son otro factor importante para el desempeño de su trabajo, pues deben estar equipados con un motor para bombear agua, o bien, deben contar con camiones cisterna que llevan grandes cantidades de agua para sofocar incendios, además de escaleras que les permitan alcanzar grandes alturas. No obstante las actividades que, de suyo, son riesgosas, se convierten en actividades que ponen en peligro la vida de los bomberos derivado de la falta de equipamiento.

Otra de las demandas de los cuerpos de bomberos que se han puesto de manifiesto en fechas recientes, (en el Distrito Federal, Chilpancingo y Acapulco) está relacionada con el incremento a su salario y a condiciones laborales equitativas.

Los bomberos se organizan, según el estado o municipio, en por lo menos tres clases distintas atendiendo a su relación laboral con sus patrones: voluntarios; profesionales o pagados por la administración pública;  y, privados, estos últimos pertenecen empresas, minas, clubes privados, colonias y sectores de personas con recursos suficientes que decidieron contar con este tipo de servicio y pagarlo.

Asimismo, resulta destacable exponer que sólo 126 ayuntamientos en el país integran en su estructura a los cuerpos de bomberos y que, en el mayor de los casos, los bomberos operan como grupos de voluntarios que se mantienen a base de donativos o de contribuciones, presentándose situaciones en las cuales los patronatos que ya no pueden contribuir a la erogación de los sueldos o apoyos para los bomberos, municipios que han dejado de pagarles, demarcaciones donde no les han otorgado un incremento salarial en años o bien, aquellas agrupaciones que prestan sus servicios gratuitamente.

De igual manera, es importante señalar que actualmente nuestro país no cuenta con datos oficiales que den cuenta de condiciones bajo las cuales operan los cuerpos de bomberos a lo largo del país, o bien, la información se encuentra dispersa, lo que no permite realizar una evaluación sobre el estado actual que guardan estas agrupaciones.

Por tanto, resulta necesario dar respuesta a las demandas de un gremio que brinda apoyo a todos los mexicanos y que realiza actividades loables por la población de nuestro país, que expone su vida realizando su trabajo y del que dependen miles de familias mexicanas.

Como señalan los promoventes, las Comisiones de Gobernación, de Protección Civil y de Desarrollo Municipal analizan esta materia a fin de otorgar personalidad jurídica a los cuerpos de bomberos en todo el país, lo que conlleva que puedan acceder beneficios y derechos de los que, hasta el momento, se les ha privado. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima procedente el exhorto en los términos propuestos por los Senadores.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades municipales, a implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos y de las estaciones de servicio en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 30 de junio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del PRI.

Al no estar el proponente, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a valorar la viabilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los incidentes en que pudieran verse involucrados elementos de sus respectivas corporaciones de seguridad pública. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Estados de la República y al Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades adquieran el seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones policiacas, presentado por el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como el recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2015, fue presentada la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Estados de la República y al Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades adquieran el seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones policiacas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante e oficio CP2R3A.-1360.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El autor de la propuesta con punto de acuerdo, manifiesta que en México solo las fuerzas federales cuentan con seguros de responsabilidad, y que este cubre el apoyo legal y financiero para todos los asegurados de las fuerzas policiales federales, no sólo para sí, sino también para cuando alguna autoridad judicial determina que existe, precisamente responsabilidad del uniformado por algún caso aislado de uso desproporcionado de la fuerza.

La propuesta manifiesta que el que las fuerzas policiales no cuenten con coberturas financieras para que su personal se sepa protegido ante una acción legal de un delincuente en su contra, inhibe el adecuado ejercicio de la seguridad pública, pues los uniformados llegan a evitar la detención de delincuentes en flagrancia.

El titular de la propuesta manifiesta que las fuerzas policiales cuentan con un seguro de vida, el cual es efectivo al momento del lamentable fallecimiento del servidor público en su deber, pero que este no cubre gastos legales o pagos de fianzas, con los que se protegería a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del país. Expresa que la carencia de seguros de responsabilidad civil puede ser vista como una condicionante de la adecuada prestación del servicio de seguridad que pública que los Estados están obligados a proveer a sus habitantes.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice:

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Estados de la República y al Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades, puedan contratar con las aseguradoras correspondientes el Seguro de Responsabilidad Civil, para que sus fuerzas policiales estén protegidas tanto legal como financieramente y no tengan que pagar con recursos propios, los gastos a que hubiere en caso de algún incidente laboral en el que se vean expuestos durante el cumplimiento de su deber.

III. CONSIDERACIONES

La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, regulado mediante Ley expedida por el H. Congreso de la Unión, con fecha 20 de diciembre de 1985, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1986;

El objeto de la Ley de la Caja de Previsión mencionada, es el de permitir a los elementos que conforman la policía preventiva del Distrito Federal, el acceso a un régimen de seguridad social, otorgando la posibilidad de acceder a diversas prestaciones complementarias o sucedáneas del salario.

Asimismo, la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal es de orden público e interés social, de observancia en el Distrito Federal y se aplica al personal de línea que integra la Policía Preventiva del Distrito Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros.

Como ejemplo de las prestaciones que la Ley contempla para beneficios de los policías del Distrito Federal están: el de Pensión por jubilación, Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, Pensión por Invalidez o Muerte por Riesgo del Trabajo, Pensión por causa de muerte, Pensión por Cesantía en edad avanzada, Indemnización por retiro, Paga de defunción, Ayuda para gastos funerarios, Del Fondo de Vivienda, Préstamos a Corto y Mediano Plazos, Servicios Sociales, Culturales y Deportivos y Servicios Médicos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal rige su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, atento a lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 21, Constitucional; 1º y 2º de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.

La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece en sus artículos 16 y 17, que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública deben observar invariablemente en su actuación, entre otros, los principios de servicio a la comunidad y la disciplina, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y honradez a la sociedad, obedeciendo las órdenes de sus superiores jerárquicos; actuando con decisión y sin demora en la protección de las personas y sus bienes, observando las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas.

En cumplimiento de las funciones que le competen a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a las Secretarías de Seguridad de los Estados respecto al orden legal, es necesario que las Instituciones policiales actúen en forma ordenada y sistematizada en todos sus protocolos, lo que garantiza el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos, la implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el personal policial, lo que mejora sus niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones y elimina los riesgos de discrecionalidad que pueden derivar en fuente directa del incumplimiento al orden legal o la violación de los derechos humanos.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal y su Reglamento, establecen los principios que deben tutelar la actuación de las instituciones de seguridad pública, mismos que constituyen el marco de actuación policial, que determina que las instituciones de seguridad pública podrán utilizar la fuerza exclusivamente bajo los principios que en ella se establecen.

Esta dictaminadora manifiesta que es necesario que las prestaciones de las policías del Distrito Federal y de los Estados estén en consonancia al riesgo y responsabilidad de su trabajo, prestaciones económicas y prestaciones legales, cuando por alguna causa o circunstancia o por razones de la acción su trabajo tuviese cualquier tipo de problema.

Asimismo, esta dictaminadora, menciona que es importante que las personas encargadas de la seguridad en todo el país tengan prestaciones acorde a su trabajo; por tal razón, reconoce el esfuerzo que realizan estas personas al arriesgar su vida por ayudar a los demás. Asimismo, la dictaminadora espera que de acuerdo a los protocolos de la policía y en caso de que se pusiera en riesgo su vida, su integridad física o la de terceros, así como su desventaja en fuerza y número, y el policía al usar objetos, instrumentos, aparatos, armas de fuego o de fuerza letal para el arresto o protección de él mismo o de terceros, no fuera sancionado, y en caso de que si, tuviera una representación legal adecuada y no se le suspendiera el pago por haber actuado conforme al protocolo de actuación establecido en cada corporación.

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que valoren la viabilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil, que cubra los incidentes en que pudieran verse involucrados elementos de sus respectivas corporaciones de seguridad pública, como consecuencia del ejercicio de su deber, a fin de garantizar la debida protección legal y financiera para afrontar los eventos que pudiesen resultar de tal situación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores de esta Comisión Permanente. Amigos de los medios de comunicación:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos uso de esta tribuna para hablar a favor del dictamen con punto de Acuerdo en materia de seguridad pública, al tenor de las siguientes consideraciones:

Legisladoras y legisladores:

En pasados acontecimientos hemos observado cómo los policías tienen que conseguir apoyo legal y económico cuando por acciones que se corresponden con el cumplimiento de su deber, entendido como la salvaguarda de la seguridad, la integridad de los ciudadanos, algún delincuente resulta lesionado o bien pierde la vida, ya que los miembros de las fuerzas policiales no cuentan con un seguro que cubra las acciones inherentes a su compromiso con la sociedad.

En México sólo las fuerzas federales cuentan con seguro de responsabilidad civil y éstos cubren el apoyo legal y financiero para todos los asegurados de las fuerzas policiales federales, no sólo para sí, sino también para cuando alguna autoridad judicial determina si existe precisamente responsabilidad del uniformado por algún caso aislado de uso desproporcionado de la fuerza.

Vaya desde esta tribuna nuestro reconocimiento al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a todos y cada uno de los funcionarios que estudiaron y vieron que se diera este contrato para dar certeza y garantía a los elementos federales.

Visto desde otra óptica, el que las fuerzas policiales no cuenten con coberturas financieras para su personal cuando ellos tienen algún hecho legal que enfrentar, o cuando se enfrentan a algún delincuente que llega a ser lesionado, éstos son remitidos a la autoridad correspondiente, pero ellos están desprotegidos y esto inhibe que los elementos policiacos cumplan debidamente con su deber.

Esto es importante porque hemos visto casos en donde los elementos han tenido que recurrir a la sociedad para buscar apoyo a algunas partes jurídicas.

No obstante, las fuerzas policiales cuentan con un seguro de vida el cual es efecto al momento del lamentable fallecimiento del servidor público dentro de su deber, no cubre gastos legales o pagos de fianzas con los que se protegerían a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del país.

La carencia de seguros de responsabilidad civil puede ser vista como una condicionante de la adecuada prestación del servicio de seguridad pública que los estados están obligados a proveer a sus habitantes.

Esta circunstancia es aún más notable en el ámbito de las corporaciones policiacas de los estados de la República, en donde en algunos casos, los elementos de la fuerzas del orden no cuentan ni siquiera con aspectos mínimos para su desarrollo personal y tranquilidad profesional, razones por las cuales es altamente recomendable que tanto las fuerzas federales como las estatales lleven a cabo las acciones necesarias para contar con este tipo de seguros.

Compañeras y compañeros legisladores, por las razones que acabo de exponer, es que me permito solicitar el voto de ustedes para hacer posible el siguiente punto de Acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los estados de la República y al Distrito Federal para que, en ejercicio de sus facultades, puedan contratar con las aseguradoras correspondientes el seguro de responsabilidad civil, para que sus fuerzas policiales estén protegidas tanto legal como financieramente, y no tengan que pagar con recursos propios los gastos a que hubiese en caso de algún accidente laboral en el que se vean expuestos durante el cumplimiento de su deber.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Montano Guzmán.

El Senador Ismael Hernández Deras: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.








Tenemos la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección de la ciudadanía, acontecidas en la ciudad de México el pasado 24 de junio. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los hechos ocurridos el 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y el Carmen, Colonia Centro; y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas” presentada por el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes 30 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre los hechos ocurridos el 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y el Carmen, Colonia Centro; y al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas, dicha proposición fue presentada por el Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1372.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que, como sociedad, solemos reconocer con mayor facilidad la heroicidad de actos que acontecen en contingencias dramáticas, climáticas o sociales: inundaciones, derrumbes, disturbios, etc.

Indica que es justo y merecido el reconocimiento a los ciudadanos, en estas situaciones, arriesgan su vida para rescatar a un grupo de niños, a un bebé, o a un anciano; sin embargo, también es necesario reconocer la heroicidad de actos que no por darse en contextos menos espectaculares, merecen menor encomio.

Menciona que es el caso de los actos de elementos policiacos que comprometen su integridad en aras de la preservación del orden y la seguridad. Todos aquéllos policías que van tras un ladrón armado, que corren en medio del tráfico en una persecución, que acuden al llamado de una persona en riesgo, merecen reconocimiento por su heroicidad.

Indica que aproximadamente a las 16:45 horas, del miércoles 24 de junio pasado, se desató una balacera en las calles Justo Sierra y El Carmen, en el Centro, en la que resultó fallecida una persona y un herido.

Expresa que estos hechos derivaron del enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías capitalinos y de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al parecer se realizaba un operativo para detectar a asaltantes de negocios que operan en la zona.

Manifiesta que estaba una patrulla con agentes de investigación, que aparentemente seguían la pista de Miguel Ángel, alias “El Chango”, quien junto con varios cómplices se dedicaba al robo de negocios, a transeúntes y a personas que acudían a la sucursal del Monte de Piedad, ubicada en Justo Sierra número 40.

Indica que de acuerdo con el informe ministerial los hechos se registraron, cuando los agentes policiales ubicaron a dos sujetos sospechosos a las afueras de dicha sucursal; uno de ellos portaba una pistola en el cinto del pantalón. El proponente señala que al notar la presencia de los agentes, uno de los sospechosos comenzó a disparar y un proyectil lesionó al encargado de un puesto de periódicos en la acera contraria, agresión que fue repelida por los detectives.

En la propuesta se expresa que en el intercambio, los agentes de la Procuraduría capitalina abatieron a uno de los sospechosos, mientras que, aprovechando la confusión, el otro sujeto logró escapar entre la multitud.

El diputado promovente indica que el comerciante que resultó lesionado, fue un hombre de la tercera edad que vende periódicos en el lugar, fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladado a un hospital de la zona, para su atención, por la gravedad de la herida de arma de fuego.

Se expresa que peritos de la Procuraduría capitalina y el agente del Ministerio Público de la Coordinación Cuauhtémoc 4, realizaron las primeras diligencias; el cadáver fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía de Investigación en Cuauhtémoc.

Considera que es de precisarse que el viernes 26 de junio, se dio a conocer que con los hechos de referencia se frustró el secuestro de un comerciante del Centro Histórico. De acuerdo con la averiguación previa FCUH/CUH-4/T1/403/15-06, los delincuentes le dijeron a la víctima que la privarían de la libertad hasta que les entregara una cantidad de dinero.

Destaca que la honra de los actos de quienes realizan actos heroicos es importante en términos de cohesión y confianza social. Señala que también que las tareas que ejercen los cuerpos de seguridad pública corresponden a una de las funciones básicas del Estado, que es la de brindar seguridad y protección a la población en su conjunto.

El diputado enfatiza que es de reconocerse doblemente el mérito de quienes se desempeñan en funciones policiales al carecer, muchas veces, de reconocimiento social, de una remuneración económica justa o pertrechos mínimos suficientes para ejercer sus tareas en condiciones de mayor seguridad.

Manifiesta que le corresponde a las autoridades hacer vigente y transmitir a la sociedad un mensaje claro, en el sentido de que los bienes y valores sociales que a los que se endereza la acción de elementos de seguridad es de alta prioridad y merece el mayor celo, protección y reconocimiento.

En este sentido, destaca que lejos de entender el reconocimiento como un mero acto laudatorio, de fanfarrias y guirnaldas; lo concibe como un acto de justicia de amplios alcances y consideramos que es importante hacer visible el mérito de los elementos que con su labor contribuyen a la preservación de la seguridad y el orden social.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que rinda un informe amplio de los hechos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y El Carmen, colonia Centro.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a fin de considerar el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes, conforme al marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones antes referidas.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Esta Comisión dictaminadora expresa que lamentablemente y por diversas circunstancias, que son de todos conocidas, la imagen de nuestros elementos de la policía, requieren de una revaloración que corresponda a la de un país en el que impera el estado de derecho.

Si bien es cierto que a diario se dan a conocer denuncias en contra de agentes de la seguridad, es gratificante reconocer que hay elementos que cumplen con su función de brindar seguridad y certeza a los ciudadanos y el esfuerzo de todos deben orientarse a ese fin.

Lo anterior se menciona toda vez que el dictamen que nos ocupa tiene como objetivo reconocer la labor de los agentes implicados en las acciones ocurridas el miércoles 24 de junio de 2015 en las calles Justo Sierra y El Carmen, del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que un tiroteo dejó como saldo a un presunto delincuente muerto, de acuerdo a la información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) indicó que se trató de un operativo de la policía de investigación, lo que llevó a un enfrentamiento, registrándose una persona fallecida y una segunda persona lesionada.

En este caso, estamos hablando de elementos de seguridad que resguardaron la seguridad de los ciudadanos y nos referimos a hechos heroicos realizados sin esperar nada a cambio.

Es importante destacar que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su Capítulo III denominado “Condecoraciones, Estímulos y Recompensas” establece que los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública tendrán derecho a distintas condecoraciones, como es la condecoración al Valor Policial, que consistente en medalla y diploma, se conferirá a quienes salven la vida de una o varias personas o realicen las funciones encomendadas por la Ley con grave riesgo para su vida o su salud. Es importante destacar que se otorgará un estímulo económico adicional, ajustándose a las disponibilidades presupuestales.

En casos excepcionales, el Jefe del Departamento o el Procurador, según sea el caso, a propuesta del Consejo de Honor y Justicia y en atención a la respectiva hoja de servicios, determinará la promoción del elemento policial a la jerarquía inmediata superior.

Estos elementos de seguridad involucrados, son ejemplo de lo que debe ser un funcionario dedicado a proteger a la población, y es por ello que su labor debe ser reconocida con la más alta de las condecoraciones previstas por las leyes de la capital del país.

Esta dictaminadora reconoce que el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y las autoridades en materia de seguridad están facultados para motivar e incentivar este tipo de actos y sin invadir las facultades, nos permitimos realizar un respetuoso exhorto y respetando los protocolos de secrecía, se reconozca la labor de dichos elementos como un ejemplo de actuación.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la actuación de los elementos de seguridad, involucrados en las acciones de protección de la ciudadanía acontecidas en la Ciudad de México el día 24 de junio de 2015.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a considerar otorgar las distinciones, los apoyos y las prestaciones que procedan de conformidad con el marco legal aplicable, a los agentes implicados en las acciones realizadas el pasado 24 de junio; asimismo para que se brinde la atención necesaria a la persona que sufrió daños colaterales por el enfrentamiento.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar de este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La labor de las y los policías es una actividad que debe dignificarse y honrarse para así reconocérseles, dirigida a garantizar la seguridad de los habitantes de todos los rincones del país.

Los buenos policías deben ser reconocidos por su labor, valor, capacidad, eficacia, pues ellos son servidores públicos que día a día prestan un valioso trabajo a la comunidad en el cumplimiento de importantes servicios o realizando acciones de trascendencia en materia de seguridad pública.

Existen diversos ejemplos de buenos policías con reconocidas actuaciones extraordinarias y ejemplares; servidores públicos excepcionales, así como los que en el ejercicio de sus funciones desafortunadamente perdieron la vida y cuyas muertes representan un menoscabo sensible para la sociedad con la cual cumplieron su compromiso heroicamente.

Todas y todos los buenos policías son ejemplo de valor, y con ello devuelven la fe a la ciudadanía en que aún se puede vivir en tranquilidad sabiendo que las garantías de seguridad ofrecidas y plasmadas en la Constitución de nuestro país se encuentran resguardadas por personal ejemplar, por seres humanos que están al lado de las ciudadanas y de los ciudadanos, no con la delincuencia, porque aunque todos los días se conozcan historias a lo largo y ancho del país en las que se manifieste el crimen en sus filas, también somos conscientes de que entre las filas de la seguridad pública se cuenta con excelentes elementos en todos los niveles policiales.

Hoy es ineludible reconocer la entrega y el espíritu de sacrificio con el que cada uno de los oficiales ejercen su vocación de servicio público, arriesgando su vida, y en ocasiones perdiéndola por servir a otros renunciando a sí mismos, buscando hasta el final garantizar la seguridad de toda una ciudadanía y manteniendo en todo momento el orden necesario para que esta sociedad pueda seguir avanzando hacia un rumbo correcto.

Hoy les damos las gracias a los buenos policías porque han determinado buscar firmemente el bien común, el estado de derecho y una lucha incansable para construir cada vez una mejor cultura de la legalidad.

También es necesario agradecer a los buenos policías porque se han responsabilizado por todos nosotros, porque cada acción que han hecho por un ciudadano, lo han hecho para todos nosotros, para la población, para su comunidad, para su estado y lo han hecho por México.

En el PRI consideramos un deber ineludible y una obligación moral el otorgamiento de las distinciones, apoyos y prestaciones que sean procedentes conforme al marco legal aplicable a los agentes implicados en la defensa heroica de la ciudadanía más allá de ceremonias y formalismos.

Honramos al servicio de los buenos policías, pues son un recordatorio para todos nosotros de cómo grandes ciudadanos lo han entregado por la justicia en el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Pacheco Rodríguez. Este tema se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes del grupo.

Vamos a darle la oportunidad al Senador Arquímedes Oramas Vargas, para que nos hable de sobre el tema, el asunto de implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los cuerpos de bomberos.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, señor Presidente. Compañeros legisladores:

Hace muchos años tuve la oportunidad de estar al frente de los cuerpos de emergencia y la coordinación de protección civil de mi estado, allá en Tabasco, esa oportunidad me dio el conocimiento para poder saber que en los temas de emergencia, en los temas de urgencia, México ha tenido la gran necesidad de tomar ejemplos a nivel internacional cuando se han presentado problemas muy grandes.

Los problemas de los terremotos que se han presentado, los problemas de las urgencias y emergencias que se presentan con los problemas de petróleo, los derrames, ha hecho de manera especial que el cuerpo quien enfrenta de primera instancia los problemas, es el de bomberos.

Los cuerpos de bomberos en México se desenvuelven en escenarios muy complicados y por eso hoy aquí ante ustedes, como un promotor no solamente de la salud, sino también de la seguridad de todos los casos, creo que es muy importante tomar en cuenta a aquellos que hacen frente a las fugas de gas, que hacen frente a las emergencias cuando se presentan inundaciones, que se hace frente cuando se presenta el fuego, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas que son rurales.

Por eso ellos hacen un trabajo espectacular que no es reconocido; por eso necesitamos normar y regular que todos los cuerpos de bomberos a nivel nacional tengan espacios comunes y que sea dignificado su trabajo.

Por eso la práctica clara y concreta de los cuerpos de bomberos los queremos poner en una alineación para que se garanticen sus derechos y que también ellos garanticen la protección civil de sus estados, de sus demarcaciones.

Desafortunadamente hemos tenido evidencias que señalan que muchos cuerpos de bomberos realizan sus trabajos no en las condiciones óptimas, realizan su trabajo sin tener no solamente la falta de insumos, sino también la falta de capacitación que actualmente poco va cambiando y se requiere.

Hay que prestar servicios de calidad, y por eso, y por lo antes expuesto, nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de que las entidades federativas y los municipios del país implementen políticas públicas que mejoren la situación actual de los bomberos y de las estaciones al servicio del país.

Hoy es el tiempo de poner las cosas en su lugar, de poner las cosas a tiempo, de que el día de mañana podamos tener un mejor futuro para nuestros hijos, que mucho lo requieren.

Muchas gracias, muy amables, señores legisladores.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Oramas Vargas.

Como habíamos anunciado, se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a abstenerse de autorizar el cobro de los transbord0s en el servicio de transporte público denominado Metrobús. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición con  punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a no aprobar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús”, presentada los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. En la sesión del miércoles 30 de junio de 2015 los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a no aprobar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús”.

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-1376.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Los diputados señalan que de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del DF, el 80 por ciento de la población que habita la ciudad utiliza el transporte público como medio de movilidad en sus actividades diarias, por lo que consideran que es uno de los grandes retos en la administración de la ciudad.

Consideran que debe tomarse en cuenta el número de viajes que cruzan el límite entre el DF y el Estado México, que ascienden a 4.2 millones por día, lo que, explican, trae como consecuencia la saturación del transporte público en horas pico.

Indican que esta y otras causas como el cuidado del medio ambiente, la seguridad, economía o la diversificación del servicio de transporte público llevaron a ofrecer el Metrobús como una opción de movilidad.

Asimismo, manifiestan que a pesar de que dicho medio fue elegido sobre otras opciones, se ha convertido en uno de los medios de transporte más costosos para la población, ya que el costo del viaje es de 6 pesos, estando por arriba del costo actual del metro que es de 5 pesos y del trolebús que es de 4 pesos.

Los diputados califican que el precio es alarmante dado que se estima que los capitalinos invierte cerca del 50 por ciento de sus ingresos en transporte, preocupación que se acrecienta dado que, de acuerdo con los diputados en los últimos días el Gobierno del Distrito Federal está analizando la posibilidad de llevar a cabo un incremento en el precio de ingreso al Sistema de Transporte Metrobús, así como el cobro por cuestión de transborde entre las diversas líneas con las que cuenta dicho sistema, lo que consideran un gran golpe a la economía de las familias que diariamente tienen que hacer uso de este servicio.

Finalmente, explican que el Distrito Federal requiere de medios de transporte público que permitan maximizar la atención a la demanda de los usuarios de dichos servicios, sin embargo, puntualizan que se debe analizar la forma de llevar a cabo la implementación de estos medios sin afectar a la economía de la población.

Bajo esa línea argumental, propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que no apruebe el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús, esto con la intención de apoyar a los usuarios de este servicio.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera que la movilidad en las ciudades es un tema que merece la atención de los gobiernos, pues supone un reto para satisfacer las demandas ciudadanas que solicitas servicios de transporte eficientes, rápidos, seguros y a bajo costo.

En cuanto a los problemas que refieren los diputados, es necesario precisar que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) alberga 18 millones 355 mil habitantes1, con una tasa de crecimiento anual de 1.7%. La hasta hace poco Secretaría de Transporte y Vialidad del DF (hoy Secretaría de Movilidad) dio a conocer que diariamente se realizan 4.2 millones de viajes a distintos puntos de las 16 delegaciones del DF, ya sea por autopistas, distribuidores viales y supervías.

Recientemente, el ranking del Insttitute for Business Value calificó a la Ciudad de México como una de las ciudades más difíciles para transportarse derivado de la inversión de tiempo y dinero, ya sea en gasolina o pasajes, sumados al desgaste emocional que supone desplazarse dentro de una ciudad como el Distrito Federal.

En una escala del 1 al 100, donde 100 es el precio (económico y moral) más alto que los ciudadanos pagan por transportarse, el Distrito Federal rompió la marca de la más reciente encuesta con un doloroso 108, lo que significa que los defeños sufren al transportarse más que cualquier otro habitante de las 20 ciudades en las que fue aplicada2.

De este estudio, se desprende que para los capitalinos, desplazarse entre el Distrito Federal y el Estado de México, implica alrededor de cuatro horas diarias en el transporte, sin embargo, el trasporte público implica, además del estrés, hacinamiento, hostilidad, polución, inseguridad, jaloneos, agresiones sexuales y desesperación, entre otras situaciones.

De igual forma, el costo de los viajes es elevado, de acuerdo con la Segunda Encuesta de Percepción Ciudadana del programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, se estima que en promedio, un habitante de la Ciudad de México con un nivel socioeconómico alto gasta en promedio 73 pesos diarios en transporte, mientras que el nivel más bajo gasta en promedio 46 pesos diarios, lo que es equivalente al 82% de un salario mínimo de la zona “A” 2014, e invierte una hora con 40 minutos en desplazarse a su escuela o trabajo; el costo se eleva en el caso de quienes vienen del Estado de México al Distrito Federal, sin embargo, el tiempo de traslado promedio rebasa sólo por 7 minutos a los habitantes de la Ciudad de México3.

Respecto al Metrobús, ese sistema opera en la ciudad de México desde el año 2005, cuando se inauguró la Línea 1 que corre por la Avenida de los Insurgentes. El portal del Gobierno del Distrito Federal indica que es un sistema de transporte que cuenta con autobuses con tecnología de punta, que brindan movilidad a través de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes y de sistema de pago automatizado que tiene como objetivo brindar mayor cobertura en el servicio de transporte público, seguridad y rapidez en el traslado, reducción en tiempos de recorrido y accesibilidad garantizada, asimismo, contribuye al ordenamiento vial, recuperación de espacios públicos y modernización de semáforos y cruces peatonales.

Como señalan los diputados, actualmente el costo de un viaje en el Sistema Metrobus es de $6.00 y el viaje al Aeropuerto de la Ciudad de México, terminales 1 y 2 es de $30.00. Actualmente, la red está compuesta por 6 líneas,  de las cuales 12 cuentan con trasbordos a otras líneas del Sistema Metrobús.

Dada la construcción de los autobuses, así como su capacidad de transporte, se considera un medio ecológicamente amigable pues ha contribuido a la reducción de 122,000 toneladas de emisiones de CO2 al año a la atmósfera, además de que, al ser un transporte concesionado, desarrolla programas que tienen como propósito la recuperación de áreas verdes y recreativas, así como

Actualmente, los trasbordos entre Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4 y Línea 5 son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Ahora bien, los diputados hace referencia a las declaraciones dadas a conocer por los medios de comunicación el 24 de junio del presente por parte de Guillermo Calderón, director del Sistema Metrobús. Esta Comisión dictaminadora encontró que diversas publicaciones a nivel nacional, así como por internet, dieron a conocer que durante la celebración del “Foro Metrobús Insurgentes 10 años después”, el funcionario indicó que la tarifa de este transporte no aumentará, pero reconoció que empresas operadoras, entre ellas “Corredor Insurgentes”, plantearon la necesidad de ajustar el sistema de peaje y comenzar a cobrar los transbordos, actualmente gratuitos.

Posteriormente, el 25 de junio el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en entrevista radiofónica, señaló que no subirá el costo del Metro, ni el Metrobús, asimismo explicó que el ajuste del peaje consiste en que "La misma tarjeta te funcione para el Metro y Metrobús y que puedas hacer incluso los transbordos sin que se agote la tarifa totalmente, dependiendo del recorrido que se haga. Pero ese es un estudio que se está haciendo todavía más a fondo"4.

Lo anterior da cuenta de que el Gobierno del Distrito Federal ha mostrado sensibilidad ante este tema, aún cuando no hay una propuesta puntual al respecto, ya que el cobro de los trasbordos del Metrobús podría significar un golpe al bolsillo de los capitalinos.

Toda vez que esta Comisión considera que el tema de la movilidad es de suma trascendencia para la zona metropolitana del Valle de México, estima conveniente exhortar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que no autorice el cobro de los transbordos del sistema de transporte público denominado “Metrobús”, en beneficio de los usuarios de este servicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a fin de que se abstenga de autorizar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús, en beneficio de los usuarios de este servicio.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 Censo General de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

2 http://www.nexos.com.mx/?p=23985

3 http://www.comovamosciudaddemexico.com.mx/edicion-impresa-encuesta-2014/

4 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=512617&idFC=2015

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La movilidad ha sido un tema recurrente y ampliamente discutido a nivel mundial, ya que el ejercicio de ese derecho se ha vuelto cada vez más complejo, en la medida en que las comunidades van creciendo paulatinamente hasta convertirse en grandes ciudades de la megalópolis.

Esta situación la encontramos en la ciudad de México, urbe en la que conviven diariamente millones de personas que se desenvuelven todos los días en campos sociales diferenciados, los cuales no podrían ni siquiera pensarse en la necesidad de trasladarse de un lugar a otro.

Es por eso que es indispensable contar con medios de transporte eficientes y accesibles que permitan que las personas puedan hacer sus actividades.

En este sentido, reconocemos que el Metrobús es un intento valioso del Gobierno del Distrito Federal para proveer de transporte moderno y accesible a los habitantes de la capital de este país, aunque resulta preocupante algunas declaraciones vertidas recientemente por servidores ligados al tema de la movilidad, quienes han manifestado la necesidad de allegar mejores recursos a este sistema, dadas las presuntas y estrecheces financieras con las que se estaría pasando.

Resulta inquietante que uno de esos problemas, formas de allegar recursos, sea el cobro por transborde que se realizan entre las diferentes líneas que compone el sistema; cada vez que se fija ese cobro se estaría generando una grande afectación a miles de personas que diariamente hacen uso de este medio y que aportan entre el 20 y el 50 por ciento de sus ingresos, tan sólo en el uso del transporte público.

Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que la mayoría de la población hace uso del transporte público combinado, es decir, metro, Metrobús o microbús, lo cual si se implementa este cobro, generaría un aumento significativo, en contraste con el ingreso económico de las familias mexicanas.

Compañeras y compañeros legisladores:

Resulta acertado exhortar al Gobierno del Distrito Federal a no autorizar los transbordes del Metrobús, toda vez que debe de contar con un medio de transporte público que sea apto y económico para la sociedad, que constituya un elemento esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y armónico de las personas y las sociedades.

Es por esto que el grupo parlamentario del PRI se pronunciará a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Enrique Cárdenas.

Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece muy atinado este dictamen, me parece muy correcto que no se cobren los transbordes en el Metrobús; incluso me parece increíble que estemos discutiendo en esta Comisión Permanente el tema de movilidad en la ciudad de México.

Justamente el día de ayer, porque como ustedes sabrán, en un principio, cuando se anunció el Metrobús en la ciudad, se había acordado que serían 10 Líneas de Metrobús en diferentes puntos del Distrito Federal, líneas que de alguna manera serían consensuadas con los vecinos, porque ha habido muchas afectaciones cada vez que se construye una Línea de Metrobús, los vecinos quedan insatisfechos, ¿por qué? Porque a algunos de ellos les han destruido sus fachadas, sus casas, negocios, han tronado, y podemos así recorrer lo que nos ha ido pasando con las primeras 6 Líneas de Metrobús que se tienen en la ciudad de México.

Además, quiero compartirles que parte de la planeación del Metrobús, es pensar que el Metrobús se convierta en un sustituto, de alguna forma, del autobús, de los camiones, de cualquier otro tipo de transporte en las avenidas; cosa que al día de hoy, los Diputados federales lo sabrán, el Metrobús que se encuentra cerca de Cámara de Diputados, desafortunadamente sigue corriendo en la misma vialidad de los autobuses, los microbuses, los autobuses, los camiones, y esto habla un poco de la poca planeación que hay en materia de movilidad de la ciudad de México, de lo poco estratégico que ha sido el Gobierno del Distrito Federal para lograr un sistema integrado que beneficie a los capitalinos.

Yo quiero externar aquí, que hay preocupación también porque vienen adecuaciones; por ejemplo, en la Línea 6, la Línea 6 sería todo lo que tiene que ver con la Basílica de Guadalupe. Si ustedes han estado por ahí, seguramente así es, se están haciendo adecuaciones, y lo consensuado con las autoridades de la Basílica de Guadalupe, bueno, pues les han estado cambiando de un día para otro las paradas, dónde van a estar.

Quiero decirles que en estos momentos ha sido tal la afectación, que pretenden, incluso, afectar la entrada al estacionamiento, pretenden afectar la entrada a la Basílica por los diferentes puntos. ¿Por qué? Porque está mal planeado este Metrobús. Hay una oposición importante de los vecinos, recordar que la Basílica de Guadalupe, recordarle al gobierno de la ciudad, que es el recinto religioso más visitado del mundo, al año tiene 20 millones de visitas, si pensamos en el Vaticano, el Vaticano tiene al año 6 millones de visitas.

Y otro tema, y con esto concluyo, es la Línea 7 que pretende el gobierno de la ciudad, y que anunció con bombo y platillo en días pasados, que recorrerá Paseo de la Reforma.

¿Por qué no, en el emblemático Paseo de la Reforma, tener una Línea de Metrobús? Seguramente empezará a generar mucha polémica.

Yo quiero decirles a ustedes que me resulta muy difícil pensar en una Línea de Metrobús sobre Paseo de la Reforma.

Si pensamos en el espacio, se comería de un lado carril y medio, siguen corriendo por ahí autobuses, microbuses, camiones de RTP, y yo creo que todos los hemos visto porque trabajamos aquí. Es un tema que nos preocupa, porque veo complicado el poder, primero, preservar la imagen urbana del Paseo de la Reforma.

Veo complicado que no se vayan a talar árboles, veo complicado que se vayan a cuidar todos los detalles, basta con que nos demos una vuelta y caminemos por Paseo de la Reforma, para que sientan lo complicado que es, incluso, caminar por sus banquetas.

Yo quiero decirles, que me parece poco serio el que se estén presentando proyectos tan así, tan a la ligera. Me gustaría que el Jefe de Gobierno, y seguramente en próximos días presentaremos diversos puntos de Acuerdo, nos pueda compartir un proyecto de la Línea 7 del Metrobús, necesitamos transporte serio en esta ciudad, necesitamos transporte cómodo, eficiente y seguro, pero no queremos, y lo digo de esta manera, veo muy difícil el que sobre Paseo de la Reforma podamos tener una Línea de Metrobús.

Ustedes imagínense, con la cantidad de manifestaciones que tenemos al día, súmenle el elemento del Metrobús; súmenle las complicaciones por las que atravesarían los capitalinos en una avenida, de por sí muy complicada.

Habría que cambiar también los protocolos de las manifestaciones, si realmente quieren entrarle al tema del transporte público en el Distrito Federal.

Tema pendiente en la ciudad, el tema de movilidad, que yo espero que lo podamos estudiar a fondo, porque es el Distrito Federal, porque es la capital de la República, porque es la sede los tres poderes, porque es la avenida más importante, no nada más de la ciudad de México, sino la avenida más importante y emblemática de nuestro país.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Bueno, yo celebro el interés de la Comisión Permanente sobre el costo del transporte, y se nota este interés por el costo de transporte en la entidad donde el transporte público es más barato, y ojalá pudiéramos ver con ese mismo ojo crítico a la entidad donde el transporte público es más barata. La ciudad de México, lo que está buscando es que no se cobren los transbordos en Metrobús, con este exhorto con lo que pasa con el transporte público en otras entidades.

Por ejemplo, en promedio, quien usa transporte público en la ciudad de México, gasta la quinta parte de lo que gastan en el Estado de México para el transporte público, y además la calidad es muy distinta. Hay lugares donde la calidad del transporte público en el Estado de México es verdaderamente casi de sobrevivencia para las personas.

Entonces, yo espero que este interés que están mostrando todos los grupos parlamentarios por mejorar el transporte público y abaratarlo en la ciudad de México, donde insisto, es la entidad con el transporte público más barato del país, nada más vean las cifras, lo usemos también en todas las entidades, y estudiemos el transporte público en el Estado de México, donde insisto, en promedio gastan 5 veces más dinero que lo que hacen los capitalinos en el transporte público, y empecemos a usar la misma vara, y no simplemente nos pongamos muy estrictos en las entidades donde gobierna el vecino y seamos indulgentes donde otros gobiernan.

Entonces, yo creo que nosotros no obstruimos este punto de Acuerdo, porque creemos que es correcto cuidar la economía popular, la economía familiar de la gente, de la inmensa mayoría que usa el transporte público, pero vamos a pedir y vamos a preparar puntos de Acuerdo sobre otras entidades, en donde el transporte público es mucho más caro, mucho más ineficiente, y lo que yo veo es que ahí se hacen ojo de hormiga porque, pues es el gobernador de su color.

Nosotros no objetamos trabajar en esto, aunque es la entidad, insisto, con el costo de transporte público más barato. No lo objetamos porque es correcto preocuparnos por el bolsillo, sobre todo de los más necesitados, de los que usan el transporte público.

Pero usemos la misma medida en otras entidades, y miremos cuánto le cuesta a cada ciudadano movilizarse por el transporte público, y creo que en la ciudad de México estamos, además, innovando el transporte público, extendiendo, me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque una ciudad sustentable tiene que favorecer el transporte público, la bicicleta y otras formas de transporte sobre el transporte privado.

Y por lo tanto, para hacer la ciudad sustentable, es correcto que haya nuevos programas para favorecer el transporte público, y se está haciendo, y además, insisto, se está haciendo con precios mucho más accesibles, mucho más baratos que en otras entidades.

Bienvenido el punto de Acuerdo, pero miremos a todos con la misma vara, y lo veremos pronto, porque vendrán los puntos de Acuerdo sobre el transporte público con otras entidades, y espero que haya la misma responsabilidad e interés de todos ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que vale la pena aprovechar este punto de Acuerdo, que por supuesto lo habremos de votar a favor, para hacer algunas reflexiones sobre este medio de transporte y de movilidad que es el Metrobús.

Hay que recordar que desde que se construyó la primera Línea de Metrobús, que si no mal recuerdo fue en el año de 2005, la que pasa por Insurgentes, el objetivo de este medio de transporte y movilidad era, entre otras cosas, retirar a los microbuses y a los autobuses RTP, y en esa Línea 1, creo que razonablemente se logró.

Sin embargo, hay otras Líneas del Metrobús donde este no ha ocurrido. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Línea 4, donde siguen presentándose la presencia de camiones de RTP y de microbuses, lo cual genera un verdadero caos en la zona por donde pasa esta Línea 4, y seguramente en otras líneas donde ocurre exactamente lo mismo.

Por lo tanto, ahora que se estaba planteando la construcción de una Línea 7 de Metrobús, que entre otros puntos, pasaría por Avenida Reforma, nos parecería verdaderamente preocupante que no se implementara con las mismas características por las que implementó la primera ruta del Metrobús.

Yo no quiero pensar cómo va a ser Paseo de la Reforma con un Metrobús que pase por cada uno de los sentidos, pero donde además se siga tolerando la presencia de microbuses y de camiones de RTP.

Ya tenemos el antecedente que en otras Líneas de Metrobús que así ha ocurrido y que están generando un verdadero caos. Desgraciadamente en esta ciudad, muchas veces las buenas ideas, como es la del Metrobús, son mal implementadas, y por lo tanto, en vez de corregir los males que quieren corregir, generan mayores males a los que ya existen.

Y por otro lado también, creo que es importante, y estamos aún a tiempo, que el Gobierno del Distrito Federal pueda considerar algún tipo de conexión con Santa Fe, a la hora de pensar en la construcción de esta Línea 7 del Metrobús.

Las personas que viven, trabajan o estudian en Santa Fe, tienen muy pocas opciones de movilidad, y las pocas opciones que tienen de movilidad, ha sido a partir de decisiones tan polémicas como seguir construyendo súper vías o seguir construyendo más vialidades, solamente siguen incentivando el uso del automóvil, con todo lo que esto puede ocasionar en cuanto a más tráfico vehicular y más contaminación.

Yo creo que ahora que se está considerando la construcción de una Línea 7 de Metrobús, muy bien podría también considerar que hubiera conexiones hacia Santa Fe. Es una línea que va a costar alrededor de 2 mil 300 millones de pesos.

Ciertamente, el transporte público en la ciudad de México es el más barato del país, porque también es el más subsidiado. ¿No? Finalmente, no existe nada gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar, en este caso es el Estado mexicano, son los contribuyentes con sus impuestos, y por lo tanto, busquemos que estas ideas, insisto, son buenas ideas, puedan estar bien implementadas.

El tema de la movilidad y del transporte ha sido, sin ninguna duda, la asignatura pendiente, bueno, una de las asignaturas pendientes, porque tiene varias, del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, y ojalá se pueda abordar esta construcción de la Línea 7 del Metrobús con toda seriedad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Se concede el uso de la tribuna, para hablar sobre el mismo asunto, al Diputado Abel Salgado, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.

De manera muy breve, solamente para recordar que en el Distrito Federal ha habido cuantiosas inversiones, algunas de ellas lamentablemente se han ido al traste, como la ya multicitada y ampliamente conocida inversión que se hizo en términos de la Línea 12 del Metro, y que lamentablemente está sumergida en todo un tema de corrupción y de señalamientos que aún no hemos logrado solventar.

Y definitivamente el transporte público en la ciudad de México, si bien es cierto, no es el mejor del país, es cierto que es el más barato, pero también, como ya se dijo aquí, es el más subsidiado.

Ha habido una cantidad enorme de recursos, que históricamente se le han destinado a esta ciudad capital para que se invierta en infraestructura de transporte, que hoy lamentablemente vemos, no está considerándose, ni se está visualizando con un planteamiento integral y no le está dando una solución de fondo a las necesidades de los usuarios que viven en esta ciudad, que tienen la necesidad de transportarse en esta gran metrópoli, o incluso a aquellos usuarios que viniendo de visita no encuentran en el transporte público de la ciudad de México la calidad, la eficiencia, la rapidez y los esquemas de seguridad y de modernidad que presumen y que debieran realmente tener en consecuencia con la inversión y con el recurso que a todo esto se ha destinado.

Cuántos estados y cuántas grandes ciudades del país no quisieran tener al menos un porcentaje mínimo de este recurso del que dispone la ciudad de México para poder no tener 12 Líneas de Metro y 7 de Metrobús, sino como en Guadalajara hoy, con un gran esfuerzo y con un gran sacrificio estamos tratando de llegar a la tercera línea del tren ligero, con una aportación de recursos que va precisamente con destinos muy focalizados a resolver de manera integral la problemática de la movilidad y del transporte público, que es, sin duda, uno de los grandes temas que presentan las grandes metrópolis y las grandes ciudades del país.

Por eso reiteramos nuestra intención de votar a favor de este punto de Acuerdo para efecto de que el gobierno de la ciudad de México no cobre a los usuarios el trasbordo en el uso de las diferentes Líneas del Metrobús.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Salgado Peña.

Se reserva para su votación conjuntamente con los demás temas de este dictamen.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a reforzar las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio nacional. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar y supervisar que se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los estados y el Distrito Federal” presentada por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes 30 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar y supervisar que se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los estados y el Distrito, dicha proposición fue presentada por la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1398.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones:

Que el programa piloto surgido en Baja California mediante el cual se integra el denominado Grupo Beta Tijuana, tenía la finalidad de auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por territorio mexicano.

Que en 1994 se forma el Grupo Beta Nogales, en Sonora; en 1995 se crean dos grupos más: uno en Tecate, en Baja California y el segundo en Matamoros, Tamaulipas.

Que actualmente existen 22 Grupos Beta, conformados por integrantes de los tres niveles de gobierno, que efectúan su labor en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Que una de las cualidades que enarbola a los Grupos Beta es que fueron creados con la premisa de proteger y defender los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

Que los temas de apoyo a inmigrantes deben ser catalogados con una política de vanguardia derivado que nuestro país cuenta con 4,301 km de frontera terrestre con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice.

Que de acuerdo a información del Gobierno Federal, se estima que anualmente ingresan de manera irregular, por la frontera sur de México, unos 171,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas.

Que en estos últimos seis meses de este 2015, se reportan más de 92 mil indocumentados detenidos en los pasos de frontera de nuestro país, lo que representa una cifra superior a la manejada por Estados Unidos.

Que la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reportó que entre octubre del 2014 y abril del 2015, CBP detuvo a 70 mil 448 migrantes no mexicanos.

Que derivado de esas cifras la coordinadora del Programa de México y Derechos de Migrantes del WOLA, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), le han pedido al Gobierno de México que haga más para proteger a los niños y otros migrantes.

Que en Julio de 2014 el titular del Ejecutivo, presentó un Programa denominado Frontera Sur, con el cual enunciaba la protección del migrante y el reordenamiento de las fronteras.

Que sin embargo desde la entrada en vigencia del Programa Frontera Sur, se han endurecido las acciones contra personas migrantes y sus defensores en México. Además, este grupo de personas continúa siendo objeto de agresiones en el país, según lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Que la CIDH, en su preocupación por los acontecimientos que trastocan los derechos de migrantes urgió al Estado a que aplique los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; que investigue de oficio los hechos; sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos, y repare a las víctimas de estas violaciones.

Que el director de la oficina de Amnistía Internacional (AI), en México calificó el programa Frontera Sur, como parte de una política migratoria en el país que carece de perspectiva de derechos humanos.

Finalmente señala que la política migratoria mexicana es una política que privilegia la seguridad nacional frente a otro concepto que es la seguridad humana y no es una política que tenga perspectiva de derechos humanos.

Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente:

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se garantice y supervise de manera precisa que se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los Estados y el Distrito Federal.

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), haga públicos los alcances y resultados del denominado Programa Frontera Sur, a casi un año de su entrada en operación.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

Integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en la preocupación derivada de la existencia de múltiples agresiones en contra de las personas migrantes y de manera particular, enfatizan la evidente y urgente preocupación de promover y proteger los derechos humanos de este sector de la sociedad.

El fenómeno migratorio representa un reto de creciente importancia para el Estado Mexicano. Por ello, es urgente el diseño e implementación de políticas, acciones y programas innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia y el gobierno aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, principalmente en materia de inseguridad y los derechos humanos.

Es importante mencionar que la Carta Magna en su Artículo 11 expresa que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En este mismo contexto, debemos subrayar que la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominada "México con Responsabilidad Global", prevé "garantizar en el territorio nacional los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. Esto incluye diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores";

Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Migración (INM) es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente.

El INM tiene como público usuario a extranjeras y extranjeros que visitan nuestro país o que desean permanecer en México de forma temporal o permanente, ya sea para establecer vínculos familiares o para trabajar, también atiende a migrantes mexicanos y extranjeros en su paso por territorio nacional, poniendo acento en su compromiso de salvaguardar su integridad y con pleno respeto a sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria.

La creación de los Grupos de Protección al Migrante (Grupos Beta del INM), se encuentra establecida en el artículo 71 de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011:

“Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria”.

Conforme a la información del INM, actualmente existen 22 Grupos Beta, conformados por integrantes de los tres niveles de gobierno, que efectúan su labor en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

En el informe de labores del INM refrenda el compromiso de vigilar la adecuada aplicación de la normatividad migratoria, por lo que de septiembre de 2013 a julio de 2014 entre otras acciones atendió a 269 migrantes víctimas de delito en territorio nacional, de los cuales 127 fueron víctimas de secuestro, 21 de trata de personas, 115 de otros delitos y seis testigos del delito.

Es importante mencionar que el pasado 7 de julio fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el Programa Integral Frontera Sur, y que tiene la finalidad de proteger a los migrantes que cruzan el país con la intención de llegar a Estados Unidos.

En este plan destacan dos objetivos fundamentales: ordenar los cruces fronterizos de migrantes hacia nuestro país para incrementar el desarrollo y la seguridad en la región, así como proteger y salvaguardar sus derechos humanos durante su estancia.

No podemos ignorar que, el 18 de agosto del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, que aborda la situación que enfrentan tanto las personas migrantes así como otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, además de las y los defensores de derechos humanos de migrantes. Esta situación incluye homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial.

La CIDH reconoce que el Estado mexicano ha realizado importantes avances legislativos en materia de derechos humanos. Sin embargo, en dicho informe considera que la respuesta del Estado mexicano ha sido insuficiente para prevenir, proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra las personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

En el mismo sentido, Amnistía internacional se ha manifestado para que las autoridades mexicanas investigar urgentemente el aumento de los ataques violentos contra migrantes indocumentados por parte de bandas delictivas.

En particular, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en conferencia de prensa reprobó que en nuestro país continúe el atropellamiento de los derechos humanos de las personas migrantes, quienes no dejan sus lugares de origen por gusto, sino huyendo de la pobreza, la violencia y las desigualdades; propuso que las autoridades de las naciones involucradas, a la sociedad y a los ombudsman del país fortalecer la prevención de violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en su paso por México. Expresó que a pesar de los avances en las normas jurídicas, esas irregularidades no sólo persisten, sino se han incrementado en el último cuarto de siglo y señaló que el país debe atender la migración desde la perspectiva humanitaria; pidió entender que el fenómeno no desaparecerá y dijo que ante el Plan Frontera Sur los migrantes buscan nuevas rutas, donde se exponen a circunstancias de violencia, extorsión, lesión a su integridad y hasta pérdida de la vida.

En virtud de lo anterior, quienes integran esta comisión dictaminadora consideran que resulta indispensable que el Estado mexicano refuerce las acciones para cumplir con su responsabilidad fundamental de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales a través de la implementación de medidas efectivas que garanticen las condiciones necesarias de las personas migrantes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para que, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), refuerce las acciones enfocadas a garantizar la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio nacional.

SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), rinda un informe a esta Soberanía sobre los alcances y resultados del Programa Integral Frontera Sur.

TERCERO.- La Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe a esta Soberanía sobre los actos que ha emprendido o está por emprender para promover y prevenir los derechos humanos de las personas migrantes que habitan o transitan por el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Qué bueno que estemos discutiendo nuevamente en esta tribuna de la Comisión Permanente un tema que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, y por qué no decirlo, también acompañados, porque a veces nos quedamos solamente pensando en los no acompañados.

Y quiero aprovechar, además recordar que la cláusula de no discriminación fue establecida en nuestra Constitución en agosto del 2001 y con todo esto se armonizó también nuestra legislación con diversos tratados y convenciones internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

Nuestro país emitió el 11 de junio de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual prevé también el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Y yo quiero, antes de entrar a los resolutivos del punto de Acuerdo, compartirles una encuesta nacional que se realizó en el 2010 sobre discriminación en México, en donde en esta encuesta podemos encontrar que cuando se habla, se habla de muchos temas, se habla de los derechos de las personas homosexuales, se habla de los migrantes, se habla de los indígenas, se habla de los diferentes sectores de nuestra población. Pero lo que respecta a los derechos de las personas migrantes, una tercera parte de las persona encuestadas opina que el respeto a los derechos humanos de los migrantes no se respeta nada. Otra tercera parte señaló que se respetan poco, uno de cada cuatro consideró que se respetan algo y sólo uno de cada 10 piensa que se respetan mucho.

Desafortunadamente, hay una discriminación muy notoria y a veces se está haciendo poco en cuanto a políticas públicas se refiere, para defender a este sector tan vulnerable de nuestra sociedad. Por eso celebro que estemos aquí presentando este dictamen.

Y quiero decirles también que dentro del resolutivo, y trataré de profundizar en el segundo resolutivo, porque hay también otro dictamen que tiene que ver con migrantes, que nos dice: “La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración haga públicos los alcances y resultados del denominado Programa Frontera Sur, a casi un año de su entrada en operación”.

En esta Comisión Permanente en el Senado le hemos estado solicitando información de cómo va el Programa Frontera Sur, es un tema que nos preocupa, es un tema que debe preocuparle aún más al Gobierno Federal, y se los comparto porque hay una solicitud de información en donde la Procuraduría General de la República dio respuesta, y lo que vemos es que el número de migrantes víctimas de secuestro, en 2014 subió en 166 por ciento, pasó de 173 en 2013, a 354 casos.

Y si hablamos de robos, de robos con violencia y asalto, se dieron 323 casos de julio de 2014 a abril de 2015. Estamos hablando que fue 81 por ciento más que en el periodo que abarca de julio de 2013 a abril de 2014, se contabilizaron concretamente 178 casos.

Con esto, hoy antes que nada lo que necesitamos es información sobre qué es lo que está pasando dentro de este Programa Frontera Sur, que además de un proyecto anunciado con bombo y platillo por el Presidente de la República, por el Secretario de Gobernación, incluso tenemos a un compañero nuestro, que respeto mucho, al frente de este programa, pero es un tema que sí nos preocupa, nos preocupa porque al día de hoy no estamos viendo resultados concretos y sí creo que este Senado de la República necesita contar con la información, con mucha más información que la reunión que tuvimos hace apenas unos meses, porque después de hacer esta solicitud de información y tener estos números, me resulta increíble que sigan siendo víctimas de secuestro y que los casos no vayan a la baja, sino que vayan a la alta.

¿Realmente está funcionando este programa para erradicar la violencia? Y bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a hacer todo lo necesario para seguir impulsando aquí la legislación que tiene que ver con las personas migrantes, incluidos nuestros niños, pero legislación también, hemos aprobado diversas modificaciones a algunas leyes, pero también hay muchos pendientes, hay muchos pendientes y celebro que la Senadora Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en este Senado esté haciendo un esfuerzo para poder tener todas las iniciativas pendientes y hay un compromiso por parte de la comisión para que sean discutidas en el próximo periodo ordinario y que en materia legislativa hagamos nuestro trabajo.

No podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes, que vienen de Centroamérica y que buscan una oportunidad hacia los Estados Unidos, buscan viajar hacia allá porque quieren cruzar la frontera, ni tampoco podemos permitir que nuestros niños mexicanos padezcan extorsiones, sean violados, sean maltratados, cuando buscan cruzar hacia la frontera norte.

Es un tema que nos sensibiliza a todos y tenemos que tomar cartas en el asunto.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Se concede el uso de la tribuna, para hablar sobre este mismo asunto, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El punto de Acuerdo a la Primera Comisión nos parece que es pertinente, sobre todo seguir insistiendo en el Congreso de la Unión respecto al problema que significa la afectación grave en muchísimos casos a sus derechos humanos de personas que se encuentran en situación de movilidad humana.

Ciertamente, como lo menciona la Senadora Mariana Gómez del Campo, tenemos una agenda muy importante de reformas, de revisión a la legislación.

Por cierto, hace cuatro años, cuando salió publicada la Ley de Migración, yo recuerdo que fue festejada con bombos y platillos como una ley muy progresista, México dejaba claro en la propia legislación que no criminalizamos a las personas en situación de migración que vienen de otros países, la puerta del sur es tan ancha como lo largo del río Suchiate, de ese tamaño es la entrada permanente de grupos humanos, nada ni nadie los detiene, están en situación irregular, no en situación ilegal, y por supuesto, además establece de manera pertinente en la ley que debe haber lugares de atención, lugares donde tengan que ser resguardados, lugares en donde tengan que ser preservados sus derechos humanos.

No tiene desperdicio la ley en cuanto a cada uno de estos preceptos.

¿Cuál ha sido el problema?

No da tiempo a hacer un análisis mucho más profundo, pero ciertamente el problema es que se ha agravado la migración forzosa, que viene huyendo de sus países por situaciones de gran violencia, como es el caso de varios países centroamericanos y, por supuesto, también huyendo de la extrema pobreza, o porque buscan reunificarse con sus familiares.

Somos un país de paso, no se quedan aquí, a menos de que no puedan pasar la frontera con Estados Unidos, o sean mandados a la frontera mexicana, cuando pueden hacerlo, cuando hay dudas respecto de su nacionalidad y pueden pasar como mexicanos.

En fin el asunto es muy complejo, estamos frente a un problema que se está incrementando cada día más, los datos formales, oficiales, nos indican que en el año 2015 tenemos hasta ahorita 95 mil 960 personas migrantes de Centroamérica.

Si lo comparamos como los resultados altísimos que tuvimos el año pasado, que fueron de 127 mil 332 personas, datos formales, quiere decir que al final del año vamos a tener un incremento altísimo, mucho más que los años anteriores y, sobre todo, más que el año pasado.

¿Cuáles son los problemas que afectan a las personas en situación de migración?

Yo creo que lo pertinente, insisto, de este dictamen es que estamos solicitando información a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, y por supuesto, también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda informar a la Permanente respecto de qué es lo que están haciendo para garantizar que se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas que están en situación de migración en nuestro país.

Es muy importante saber lo que están haciendo, es muy importante saber qué medidas cautelares están tomando para prevenir situaciones de trata de personas, que sabemos está creciendo de manera terrible la persecución por bandas delincuenciales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y ahora también de riesgo por su situación de migración, etcétera.

Además, quiero añadir, los datos y las acusaciones que han hecho muchos migrantes cuando lo pueden hacer, cuando tienen condiciones de poder hacerlo, de que son objeto de tortura, simplemente es necesario observar lo que desde otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue señalándole a México como Estado parte del Pacto de San José, que aun cuando hay avances importantes en la legislación, se sigue señalando a nuestro país como un país que no garantiza la prevención, la protección, procesar y sancionar debidamente a quienes infringen este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Igual es muy importante señalar que Amnistía Internacional también manifiesta que hay un crecimiento, un aumento de los ataques violentos contra migrantes indocumentados por bandas delincuenciales.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también lo ha referido de manera pública, que nuestro país tiene que tomar medidas para que pueda garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de las personas que están huyendo de sus países, efectivamente no porque quieran, lo hacen por una necesidad de sobrevivencia, lo hacen porque están huyendo de la violencia en sus países.

Está debidamente localizado dónde están los focos de atención en cada uno de estos países que nos alerta a todo el continente respecto de la situación que están padeciendo, pero también es un llamamiento para que haya la solidaridad, no sólo latinoamericana, que nos ha caracterizado como región, sino también como continente, porque de esto tiene mucho que decirnos y muchas decisiones qué tomar también Estados Unidos de Norteamérica.

Es cuanto y celebro este punto de Acuerdo.

Gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Nadie es más vulnerable que un migrante sin documentos y, más aún, cuando ese migrante sin documentos es una mujer o un niño.

De poco sirve a los migrantes que teóricamente, es decir, que en la ley les reconozcamos todos los derechos, mejoremos y digamos que no son criminales en nuestra tierra, y digamos esto, si en la práctica siguen padeciendo el mismo infierno, de nada sirve, lo que necesitamos es no sólo mejorar sus condiciones en las leyes, sino mejorar sus condiciones en la práctica, en los hechos.

Y como lo dicen diversas organizaciones de derechos humanos, tanto del país como internacionales, la situación de los migrantes no ha mejorado y peor aún, insisto, para mujeres y niños que son totalmente vulnerables.

Si un principio ético de la política debiera de ser para los partidos decirles: “lo que demandes como oposición, cúmplelo como gobierno”. Esa sería una demanda ética, me parece elemental que se debiera cumplir.

Bueno, hagámoslo también en eso, que lo que le demandamos a Estados Unidos para el trato a nuestros migrantes, démosle a los migrantes centroamericanos en México, simple congruencia, simple compromiso ético en ese sentido, hagámoslo.

Yo creo que deberíamos tomar medidas más drásticas para que no sólo en la teoría se les trate mejor a los migrantes, sino que en la práctica, en los hechos, tengan un mejor tratamiento.

Uno de estos, ayer lo comenté en la Primera Comisión, es que ya no se les pida visa a nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, que necesitan esta visa y que aparte está muy encarecida, porque aunque la ley diga que va a haber visas humanitarias, cosas así, la verdad es que están muy encarecidas.

Y entonces ¿qué tienen que hacer? En lugar de entrar por la puerta de enfrente, tienen que entrar con las organizaciones de traficantes de personas, y al estar ahí es estar en una situación sumamente vulnerable, porque su problema no sólo es el Instituto Nacional de Migración, que por cierto está documentado que en algunos casos los han entregado ni siquiera para ser deportados, incluso, los ha entregado a organizaciones del crimen organizado, sino están más vulnerables para ser detenidos por el crimen, para ser extorsionados, hay muchos secuestrados que les piden rescate a sus familias de origen es una práctica que está documentada.

Entonces, ojalá podamos discutir esto, sé que hay presiones internacionales para eso, pero es mejor que si de cualquier manera van a entrar, que no entren a través de organizaciones criminales y que si entran por la puerta de enfrente tendrá la ventaja de que el Estado mexicano tendría un registro de quienes ingresan, dónde van estar, etcétera, para tener un mayor control y eso puede ayudar a la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Y termino simplemente con dos cosas:

1. Se dio un hecho bochornoso, decíamos del paralelismo de lo que queríamos que nos trataran en Estados Unidos, tenemos que tratar a nuestros migrantes, pero hubo un exabrupto lamentable que ha tenido consecuencias internacionales.

Hay un sujeto, candidato del Partido Verde que fue Diputado federal, se llama Mario Guillén Guillén, a quien conocen en Guatemala ya como el “Trump” mexicano, porque se le ocurrió decir que los delincuentes ahí en Comitán, donde quiere gobernar, que los delincuentes se vayan a Guatemala.

Un exabrupto xenófobo, inaceptable, inadmisible de este personaje, y así como debatimos y nos indignamos con los comentarios racistas de Trump, debiéramos ser muy duros con este candidato del Partido Verde, que llama de una manera verdaderamente xenófoba e indigna, a que los delincuentes se vayan a Guatemala con un claro dejo de desprecio, de este mismo desprecio que demostró Donald Trump.

Y termino simplemente diciendo que este punto de Acuerdo, que vamos ahorita a votar a favor, se complementa, incluso, va más allá del punto de Acuerdo que ayer aprobó la Segunda Comisión y que defendió magistralmente mi compañera Diputada Amalia García, para que los niños migrantes no sean deportados, porque ese es un abuso contra ellos, ella ya lo explicará mejor, esperemos que llegue ese momento en la sesión, pero también quiero decir que apoyo plenamente ese punto de Acuerdo y suscribo las palabras que también pronunció ayer la Diputada en la Segunda Comisión.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la palabra a la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Cuando hablamos de migración, estamos hablando de un fenómeno extraordinariamente duro y doloroso en la sociedad actual, y solamente basta referirse a lo que vemos en las noticias de lo que pasa con esta migración que llega desde África a Europa y las decisiones brutales y terribles que han estado tomando en la Unión Europea, para criminalizar a migrantes que en realidad están en una situación económica desesperada en sus regiones de origen, a consecuencia de las acciones de gobiernos europeos a lo largo de siglos, la colonización, la explotación y además también la exigencia de trabajo y de mano de obra barata, porque donde llegue esa mano de obra es porque también hay un mercado, porque hay una exigencia.

Pero como decía un intelectual norteamericano, querían mano de obra barata, pero llegan seres humanos, son seres humanos los que están cruzando.

Ese es el punto de partida sobre el cual tendríamos que iniciar cuando hablamos y tomamos decisiones sobre los migrantes, se trata de personas con derechos, que no dejan de tener derechos independientemente de dejar su lugar de origen, como ninguno de nosotros perdemos nuestros derechos cuando salimos de nuestro lugar de nacimiento o de nuestro país.

Pero en el caso de los migrantes a los que nos referimos, estamos hablando de una migración forzada por las circunstancias.

Y si bien es cierto que en la Segunda Comisión también hay un punto de Acuerdo, un exhorto, yo quiero hacer énfasis en algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes, porque ayer hubo un debate importante, interesante que se dio en esa comisión, y con la propuesta con el punto de Acuerdo que se presenta también en la primera, nos permite ampliar y darle una visión integral al fenómeno de la migración.

En el caso de los migrantes que de Centroamérica llegan a México y van hacia los Estados Unidos, yo deseo aquí comentarles algo que muchos de ustedes ya conocen, el trato del gobierno norteamericano con los migrantes, especialmente con los niños y adolescentes centroamericanos, es totalmente diferente al trato con los niños mexicanos.

En Estados Unidos, con los niños mexicanos migrantes indocumentados, Estados Unidos establece que tienen que ser deportados máximo en 48 horas, y generalmente es un procedimiento muy rápido, pero con niños adolescentes migrantes o migrantes de otras regiones del mundo, y pongo en el centro a los centroamericanos, existe una ley, la Ley William Wilberforce, que protege a los que huyen de la violencia, es decir, no los deportan, los protegen porque huyen de la violencia y no solo eso, sino que ésta Ley William Wilberforce en Estado Unidos establece que estos migrantes que vienen huyendo de la violencia, van a ser transferidos a la oficina de reasentamiento de refugiados y luego irán a un procedimiento, después de que son entregados a familiares o como le llaman en esta ley, a patrocinadores que viven en los Estados Unidos, mientras va a audiencia a un tribunal, en una solicitud de asilo o de un estatus especial para jóvenes migrantes o de visa permanente.

Es decir, hay dos pares de medir en Estados Unidos con los niños y adolescentes migrantes, a los mexicanos deportación inmediata y en caliente, a los del resto del mundo, incluyendo los centroamericanos, la posibilidad de que se queden ahí, la pregunta es: ¿Por qué los niños y jóvenes centroamericanos que llegan a nuestro país se les deporta inmediatamente en México?

Tendría que garantizarse una política de respeto, no solo a los derechos humanos, sino de respeto a una ley que fue discutida ampliamente en el Congreso de la Unión y que aquí en el Senado, tuvo modificaciones sustanciales, participaron Senadores, personas de la sociedad civil, de la propia Cámara de Diputados venimos a participar, me refiero a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta ley fue votada por unanimidad, y dice el capítulo XIX de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre niños migrantes, el capítulo XIX que dice con toda claridad, y yo lo quiero aquí enfatizar, articulo 96 de nuestra ley:

“Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente, cuando su vida, seguridad y/o libertad esté en peligro, a causa de persecución o amenaza de la misma violencia generalizada o violación masiva a los derechos humanos”.

La ley es clarísima, no se puede deportar, devolver, retornar, repatriar, como quiera que se le llame, y aquí están los términos en la ley, a niños y adolescentes migrantes que corran el riesgo de violencia, que puedan sufrir un daño.

Y en el caso de México, lo que ha sucedió es que de acuerdo a datos que han dado instituciones altamente reconocidas, el número de deportaciones en los últimos seis meses hacia Centroamérica, es mayor y es histórica esta cifra, mayor que las deportaciones de Estados Unidos de cualquier nacionalidad en migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad.

México está deportando más en los últimos 6 meses que los Estados Unidos, qué quiere decir esto, hay entre el mundo académico una preocupación y una investigación que señala que pudiera estarse convirtiendo en México, y termino con esto, en un espacio de contención para detener a los migrantes que van a los Estados Unidos, esto es inaceptable.

Tenemos el artículo 1o. constitucional, que establece claramente como prioridad el principio pro persona que debe proteger los derechos humanos, y tenemos está Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su capítulo XIX establece que no pueden ser deportados, que se tiene que garantizar su interés superior.

Tenemos una Ley de Migración que establece que ser migrante indocumentado no constituye delito, es una falta administrativa en todo caso. Yo me hago eco de la intervención que ha hecho la Senadora Gómez del Campo, pues sobre todo porque entiendo que la Senadora lo que pone en el centro es la importancia de que se respeten los derechos humanos y de que revisemos qué pasa en la frontera sur, mientras no tengamos claridad de lo que está pasando en nuestra frontera sur, y en buena parte del país, lo que tendremos es una violentación de nuestra propia Constitución y de nuestras propias leyes en relación con la obligación de garantizar los derechos de los migrantes.

Es cuanto, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputada García Medina.

Cierra estas participaciones el Senador Zoé Robledo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Efectivamente, hay un diseño que no está funcionando en la defensa de los migrantes que transitan por nuestro país ejerciendo un derecho universal, que es el de la migración.

Nos hemos tardado muchos años en quitarles ese nombre tan peyorativo de ilegales, porque nadie en este mundo nace ilegal, nadie es ilegal por ser indocumentado, que es lo que sería correctamente propio llamarlos.

Pero, efectivamente, ese diseño que ya ha mencionado la Diputada Amalia García, tiene que ver con un daño permanente que estamos haciendo a estos menores al deportarlos de manera tan inmediata por una razón, la Senadora Mariana Gómez del Campo y yo hemos estado visitando toda la frontera sur, no solamente los albergues que desde la sociedad civil, desde la solidaridad humana sustituyen al Estado mexicano para atender a esos migrantes, sino también las instalaciones gubernamentales que están a cargo del Instituto Nacional de Migración, particularmente el Asilo 21 de Tapachula, que es una de las más grandes, y qué sucede ahí, efectivamente son detenidos los jóvenes, los menores y son deportados pero por un mal ejercicio, quizá de las autoridades consulares, muchas veces logran pasar entre un mes o tres semanas ahí en la estación migratoria.

Cualquiera de ustedes que haya visitado una estación migratoria podrá decir, y sabe que es muy difícil diferenciar una estación migratoria mexicana de una cárcel, tiene muros, tiene horarios, tiene policías vigilando el comportamiento y la conducta de todos todo el tiempo.

Estos menores van a regresar a su país a intentar nuevamente regresar, por la vía de México, nada más que con algo que ha cambiado en ellos, tendrán ya una experiencia muy similar a haber estado en la cárcel.

Eso no es algo de lo que escape el Instituto Nacional de Migración como una problemática, claro, como muchas otras cosas en México, se empiezan a echar la bolita, y dicen que es la autoridad consular la que está haciendo mal su trabajo, pero mientras descubrimos si son peras o manzanas, esos menores no acompañados ya regresarán habiendo cambiado algo de su ser, habiendo cambiado algo de su sueño, de buscar un mejor destino a haberse considerado casi delincuente.

Y eso no está bien, eso no puede seguir pasando, porque efectivamente, nosotros podremos seguir exigiéndole a los Estados Unidos un trato digno para nuestros connacionales que intentan cruzar la frontera, pero seremos una bola de hipócritas mientras no atendamos lo que pasa con los centroamericanos que están cruzando por nuestro país.

Además, déjenme decirles, una cosa para concluir, efectivamente tenemos un mandato en nuestras leyes para defender los derechos de los migrantes, defender para que no sean discriminados.

Tenemos también un mandato para defender su seguridad, para que no los violen, para que nos los golpeen, para que no los roben y para que no los maten; lo mismo las bandas del crimen organizado, que un catálogo enorme de autoridades desde lo municipal, lo estatal e incluso del Instituto Nacional de Migración que comete este tipo de vejaciones.

Pero, déjenme decirles algo que además es muy reciente, apenas empezó a circular ayer por la noche.

También debemos de pensar si no tenemos la obligación de defender su dignidad en otra dimensión, la de no obligarlos a hacer algo que no quieren en términos políticos. Por una razón muy simple, seguramente muchos de ustedes ayer por la noche, ya cuando se disponían a descansar, pudieron ver, después del noticiero de Joaquín López Dóriga, el programa de Denise Maerker, en ese programa ella documentó algo que está pasando en mi estado, en la frontera, allí en Suchiate.

¿Qué es lo que está pasando?

Resulta que la candidata del Partido Verde (que a su vez es esposa del Director del Registro Civil de esa ciudad, de Suchiate), ha estado empadronando a hermanos guatemaltecos que como ustedes saben, con 35 pesos cruzan el río de un lado a otro, y los han estado empadronando para que salgan a votar por el Partido Verde. Si eso no es una violación a los derechos políticos de un extranjero, yo no sé qué es.

El INE reportó en la media nacional de la elección del 2012 a la elección del 2015, y le solicitaría, señor Presidente, si le puede solicitar a los compañeros un poco de silencio, si quieren, no por respeto a los guatemaltecos, pero por respeto a esta Asamblea.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pido a las compañeras y compañeros que guardemos atención al orador, por favor.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Miren, es un tema que ojalá algún día se animen a acompañarnos a Chiapas para ver lo que están viviendo los migrantes centroamericanos.

Como les decía, ahora los están obligando a votar.

El INE, les decía yo, reportó un crecimiento en términos del padrón a nivel nacional del 4.5 por ciento, entre la elección del 2012 al 2015, salta un municipio como una anomalía sobre la media, que es Suchiate, que tuvo un crecimiento de más del 10 por ciento en su padrón.

Cómo se explica, en una elección, que por cierto, la vez pasada se definió a partir de 85 votos, nada más, que haya de repente 6,000 personas más que van a votar; no es producto del crecimiento demográfico propio de un estado como Chiapas, que tiene altas tasas, ni siquiera para Chiapas es normal este crecimiento.

Es un modelo terrible, documentado el día de ayer por la periodista chiapaneca Fátima Monterrosa, de afiliación extranjera.

Díganme, si eso no es ya un escándalo que trasciende y que habla de otro tipo de violencia; de la violencia de pensar que alguien que es vulnerable por su pobreza y por su condición de migrante puede ser carne de cañón, no solamente para la delincuencia, también para un partido político que los está llevando a votar.

Si eso no nos llama, si eso no nos despierta algo, pues entonces yo creo que ya será imposible, y podremos dar por finalizado y muerto el sentido de compasión de una Cámara, que si bien tiene responsabilidades políticas también está llena de seres humanos buenos, que ojalá volteen a ver a estos hermanos centroamericanos que, en búsqueda de un destino mejor, tienen que pasar por estas serie de tropelías por paisanos y connacionales nuestros.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Este tema se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes del grupo.






Pasamos a la discusión del dictamen por el que se solicita evitar actos anticipados de campaña en relación a la elección federal del 2018. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

PRIMERA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

PRIMERA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 17 de junio del 2015, el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.

B. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-906.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El diputado proponente señala que durante el proceso electoral 2014-2015 fue una exigencia de todos y cada uno de los actores involucrados, el que en las elecciones imperara la equidad entre las distintas fuerzas, a fin de garantizar el normal y justo desarrollo de la contienda electoral.

Advierte que, afortunadamente el saldo de esta elección ha sido favorable para las instituciones del Estado mexicano. Tanto así, que las elecciones se desarrollaron, con contadas y focalizadas excepciones, en normalidad, tranquilidad y paz. El escenario y contexto perfecto para que la ciudadanía manifestara sus preferencias y afinidades políticas con total libertad y poder elegir así a los diputados  federales, a los locales, a los miembros de los ayuntamientos y los gobernadores de 9 Entidades Federativas.

No obstante lo anterior, refiere que durante el desarrollo de la contienda, en su fase de precampañas y campañas, se desarrollo un desafortunado fenómeno en el que el principal dirigente de un partido político nacional de reciente creación, y figura emblemática del mismo, utilizó las prerrogativas y los espacios en radio y televisión, para promover su figura, como él mismo lo ha reconocido, con miras a la elección presidencial del 2018.

Para motivar su petición, expone que en una serie de consultas que realizó el diario El Financiero, (publicación: 15 de abril de 2015), se da cuenta de la opinión de diversos expertos en materia electoral, en las que advierten la violación del dirigente de MORENA a la normatividad electoral.

Por otra parte, comenta que en recientes días se pudo constatar que la exprimera dama, Margarita Zavala, anunció públicamente, a través de un video difundido en la plataforma Youtube, y demás redes sociales, su intención de ser la abanderada por el Partido Acción Nacional para la elección presidencial de 2018. Un “destape” que a todas luces, es excesivamente anticipado en casi 3 años.

Si bien en este último caso, la militante de Acción Nacional no hace uso de recursos públicos para difundir su imagen, lo cierto es que sí realiza “llamados expresos” a militantes y ciudadanía para sumarse a su eventual campaña, que en los hechos, inició ya el domingo pasado, 14 de junio de 2015.

Recuerda que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya se ha manifestado sobre el particular en el siguiente sentido:

“la autoridad electoral será a quién corresponda velar por el debido cumplimiento de cualquier actor político, que eventualmente decida participar en este proceso [2018]y será el gobierno absolutamente respetuoso del orden legal, y se mantendrá en absoluta imparcialidad actuando en apego a los principios y a los objetivos que esta administración se ha trazado para lograr el desarrollo, crecimiento y bienestar para los mexicanos“.

Es ese contexto, concluye que es claro que la opinión de los destacados académicos, politólogos y juristas, es que la Ley electoral se revise a profundidad, para cubrir las lagunas que están permitiendo hacer uno uso abusivo de las prerrogativas de partido para la sobreexposición mediática de un solo personaje que ha reiterado públicamente su intención de contender por la Presidencia de la República en el año 2018, o bien para el posicionamiento mediático de una figura pública que está solicitando apoyo al interior y al exterior de su Partido Político.

El Diputado proponente comenta que el Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha manifestado públicamente que, de acuerdo con las normas vigentes, los actos anticipados de precampaña o campaña no pueden ser valorados sino hasta que arranque el proceso electoral. Esto significa, dentro de más de 2 años, tiempo suficiente en el que se podría ver afectada, irremediablemente, la equidad en la contienda. Por ello, si la autoridad electoral ya ha manifestado su imposibilidad legal para intervenir ante estos actos, concluye el diputado federal, es nuestra tarea como legisladores abocarnos al estudio y perfeccionamiento del entramado legal en materia electoral.

No obstante, recomienda que en lo que transcurre la etapa de revisión, estudio y, en su caso, modificación de las leyes en materia electoral, es necesario que impere un ambiente de ética política en los principales actores, y evitar hacer un uso abusivo de las prerrogativas públicas, de los tiempos de radio y televisión y de las redes sociales. Señala puntualmente: No debemos ampararnos en la libertad de expresión, pilar indiscutible del Estado mexicano, para sacar ventajas indebidas en procesos electorales remotos.

Por ello, señala que, a fin de no enturbiar el ambiente político y para no afectar irreparablemente el desarrollo de un proceso que se iniciará dentro de casi 3 años, es menester que esta Comisión Permanente inste a los Partidos Políticos, militantes y simpatizantes, a evitar expresiones y “destapes” como los que se han verificado a últimas fechas.

Por lo anterior, propuso el siguiente punto:

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de acuerdo con sus documentos básicos, así como de la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección del año 2018.

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión Dictaminadora coincide y hace suya la preocupación manifiesta del legislador proponente, sobre la relevancia toral que cumplen los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, en materia electoral, tanto en los procedimientos de elección de autoridades y representantes, como en la actuación de autoridades electorales, candidatos, militantes, simpatizantes y ciudadanía en general.

En la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han ido estableciendo los alcances de estos principios. En particular, el Ministro Sergio Valls elaboró desde el año 2009 un breve artículo,1 que reproducimos a manera de glosario en su parte conducente, para la comprensión de dichos principios:

Tratándose del principio de certeza se ha señalado que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso, es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas.

En cuanto al principio de legalidad es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Respecto del principio de imparcialidad, se trata de que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.

El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.

Por otra parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales, tienen el alcance de una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, consistente en que las autoridades electorales al emitir sus decisiones lo hagan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos o de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna afinidad política, social o cultural.

Con la precisión conceptual que ofrece el documento elaborado por el destacado Ministro Sergio Valls, podemos hacer una aplicación inmediata y verificar si en las elecciones subsecuentes se han perfeccionado estos principios.

Por su cercanía temporal, reviste particular importancia la elección celebrada en el proceso electoral 2014-2015, que gracias al trabajo de autoridades, miles de ciudadanos, candidatos y demás actores, tuvo una destacada e histórica jornada electoral el pasado 7 de junio.

Tal como lo manifiesta el proponente, esta Comisión Dictaminadora sostiene que el saldo de esta elección ha sido favorable para las instituciones del Estado mexicano y, en efecto, las elecciones se desarrollaron, con muy focalizadas excepciones, en normalidad, tranquilidad y paz social. Se tradujeron en un ejercicio cívico ejemplar para el resto del mundo.

Del mismo modo, esta Primera Comisión reconoce que este proceso electoral se caracterizó por una profunda confrontación mediática y por un alto índice de judicialización, ambos elementos de presencia natural y obligada en los modernos procesos democráticos celebrados en los estados constitucionales de derecho consolidados.

No obstante, se advierte que también se dieron, como en otros casos, actos anticipados de precampaña y campaña electoral, que ahora se encuentran en proceso de impugnación y que, por lo tanto, no es objeto del presente dictamen ni competencia de esta Comisión pronunciarse al respecto, por existir diversos juicios y procesos en etapa de impugnación y resolución en el Tribunal Electoral, tanto de su Sala Superior como de sus Salas Regionales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente señala en su artículo 3º lo siguiente:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;

Como se desprende de estas definiciones legales y su interpretación literal, nuestra normatividad prohíbe, por una parte, los actos anticipados: (i) cuando se llevan a cabo dentro de los procesos electorales, pero antes del inicio de la etapa de precampaña, y (ii) cuando se realizan en cualquier momento fuera de la etapa de campañas.

Sin embargo, en este segundo supuesto no se especifica si deben ser considerados “actos anticipados”, únicamente aquellos que se lleven a cabo dentro del proceso electoral. Una interpretación sistemática de la definición contenida en el inciso a, del numeral 1, del artículo 3 en comento, hace suponer que la calificación de “actos anticipados” únicamente se puede realizar dentro de los procesos electorales.

De este modo, es claro que la normatividad electoral requiere: (i) una modificación legal que precise los alcances de la prohibición temporal de llevar a cabo actos anticipados de campaña, o bien, (ii) una interpretación de la autoridad jurisdiccional en materia electoral que especifique las condiciones en las que se pueden verificar los actos anticipados.

No obstante, lo que en su momento pretendió el órgano reformador de la Constitución, así como el Legislativo Federal, tanto en la reforma constitucional como en las subsecuentes entramados legales construidos, fue garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad a favor de las autoridades electorales y en beneficio de la equidad debida en la contienda.

De esta forma, en tanto no exista, ya sea una reforma legal que modifique las definiciones relacionadas con los “actos anticipados”, sea de campaña o de precampaña, o bien, un pronunciamiento obligatorio mediante jurisprudencia construida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la interpretación que haga las autoridades electorales, federales y locales, debe privilegiar el respeto a los cinco principios electorales multi-referidos, así como el principio fundamental de equidad en la contienda.

Por otra parte, esta Dictaminadora advierte que diversos Partidos Políticos, potenciales candidatos a la Presidencia de la República, militantes y simpatizantes, han realizado actos que, si bien no se pueden calificar de ilegales a priori, en respeto y atención al principio de presunción de inocencia, así como de la imposibilidad de este cuerpo colegiado de manifestarse en cualquier sentido por el principio de división funcional de poderes, lo cierto es que se pudieran traducir en actos que afecten irremediablemente la contienda que, como bien lo señala el Diputado proponente, habrá de iniciarse en más dos años.

Los denominados “destapes” o anuncio de candidaturas a la elección presidencial que se celebrará en 2018 no están prohibidos per se. Los partidos políticos, los candidatos, los militantes, los simpatizantes y toda la ciudadanía gozan del irrestricto derecho humano a la libertad de expresión,  a partir de la cual pudieran manifestar su interés o predilección por la posible candidatura de persona alguna.

Sin embargo, es responsabilidad de las autoridades electorales, en su carácter de órganos rectores, y de los Partidos Políticos, estos últimos como instituciones de interés público y principal mecanismo de acceso a candidaturas a cargos de elección popular, el garantizar el respeto y cumplimiento de la normatividad electoral, no solo en su cumplimiento estricto y literal, sino en cuanto a sus objetivos y alcances.

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no prejuzga sobre las actuaciones de los diferentes actores políticos que relata el proponente en su punto de acuerdo, sin embargo, insta a las instituciones políticas a atender los principios electorales y una interpretación teleológica favorable al principio rector de equidad en la contienda.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

IV. PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Nacional Electoral que exhorte a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a tomar las medidas conducentes, de conformidad con sus documentos básicos y la normatividad electoral aplicable, e instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, con relación a la elección federal de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de julio de 2015.

PRIMERA COMISIÓN.

1 http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/Publicaciones/2009/13.pdf

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI.

El Diputado Abel Salgado Peña: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores:

Como bien sabemos a pesar de que la jornada electoral se llevó a cabo hace exactamente un mes, el proceso electoral 2014-2015 no ha concluido, sino concluirá hasta que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiera interpuesto.

No obstante, a varios actores políticos les ha invadido ya una explicable, pero imprudente, ansiedad por posicionarse entre la opinión pública con miras a la elección presidencial del 2018.

En esto debo ser claro, no estamos por limitar la libertad de expresión, no creemos que deba imponerse una mordaza a partidos, potenciales candidatos, ni mucho menos a las y los ciudadanos.

Sin embargo, el artículo 3o. de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy claro: “Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que, contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para algún partido”.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 30 del mismo ordenamiento, el INE tiene los siguientes fines: “Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y “velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;”.

Por ello, si bien se pudiera pensar que algunas disposiciones resultan ambiguas y pudieran ser susceptibles de reforma, lo cierto es que en cualquier caso es obligación de la autoridad electoral salvaguardar la equidad en esta materia.

No se debe evitar la libertad de expresión, lo que sí se debe evitar es hacer uso de prerrogativas de los partidos políticos, incluidos los tiempos en radio y televisión que por ley les corresponden, con la finalidad de posicionarse de forma anticipada, y en este caso sí, ilegal frente a la ciudadanía.

No se busca restringir en ningún sentido las expresiones ciudadanas de apoyo y censura a eventuales candidatos. Todos ellos tienen la oportunidad de manifestar en cualquier momento su interés por contender por un cargo de elección popular, e incluso por la Presidencia de la República.

Lo que no debemos hacer es abusar de los recursos destinados a mensajes institucionales de los partidos políticos, como lo ha hecho ya algún personaje público de manera reiterada, pretendiendo obtener ventajas indebidas que pudieran, en su caso, afectar la equidad en la contienda en un proceso electoral aún lejana.

No podemos ser omisos ante hechos que pudieran contravenir los principios rectores en materia electoral; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad.

Por eso de lo que se trata en este punto de Acuerdo, aprobado por la Primera Comisión el día de ayer, es sencillamente de solicitar al Instituto Nacional Electoral a que llame a los partidos políticos y a sus militantes a la prudencia.

Agradezco a todos ustedes el apoyo que pudieran dar con su voto a favor al punto de Acuerdo por el que esta Comisión Permanente solicita respetuosamente al INE, hacer un llamado a la prudencia, para que exhorte a los partidos políticos a tomar las medidas conducentes e instar a sus militantes y simpatizantes, a evitar actos anticipados de campaña con relación al proceso federal electoral del año 2018.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Salgado Peña.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Bueno, celebro el punto de Acuerdo en el sentido de que se respete la ley y que haya equidad en el proceso del 2018, es importante.

Pero creo, y lo digo muy respetuosamente, no solamente al Diputado Abel, sino a todos quienes los suscribieron, que para tener la autoridad moral para hacerlo, y que efectivamente haya equidad, pues tienen que poner orden en algunos gobernadores que usan sus informes de campaña como pretexto, para hacer campaña en todo el país, y que también viola la equidad en la contienda.

Tiene que ver con el 134 constitucional y la ley pendiente para regular la publicidad gubernamental que usan, insisto, los gobernadores para posicionarse no sólo en sus estados con el pretexto de informe de campaña, sino en todo el país.

Cuando Manuel Velasco hace su informe de campaña, se enteran hasta en Ciudad Juárez, y prácticamente apareció en todos los parabuses, etcétera, y rompiendo también, obviamente la equidad.

Claro, digo Manuel Velasco porque, imagínense, si nos quemamos con éste, imagínense el siguiente, pero ahí está y dicen que tiene esas expectativas.

Ahí donde están, por cierto, empadronando a migrantes centroamericanos para que voten en estas elecciones, como ayer fue documentado; es más, que alguien me diga una sola regla electoral que no haya violado el Partido Verde en este proceso electoral, y lejos de cohibirse, lejos de buscar rectificar, en el siguiente proceso van.

Es más, hubo un rompimiento epistemológico en las últimas elecciones que tuvimos, cuando digo rompimiento epistemológico, en la ciencia política, es que resulta que en la entidad con menos escolaridad, la entidad con más pobreza, fue la que más votó.

Se venció el abstencionismo en Chiapas donde votó más gente que en cualquier otro lugar del país y, además, saben qué, sin elecciones locales, porque las elecciones locales van a ser en unas semanas, en una o dos semanas en Chiapas apenas. Entonces fue el proceso solamente federal, la entidad más pobre fue la que más votó, porque ya aplicaron el programa que votaban los centroamericanos empadronados.

Y también, por cierto, el INE multó a Eruviel Ávila por haber hecho su informe de campaña y que se escucharan sus spots, se vieran sus spots en otros lugares de la República, violando la equidad.

Entonces, yo estoy de acuerdo con el punto de Acuerdo, que haya equidad en la contienda, que se cumpla la ley, que no haya actos anticipados en campaña, pero pongamos orden a los gobernadores para que no violen la ley, no violen el 134 constitucional, como lo han hecho todos, y que se aplique de manera pareja, y que cuando hagan un informe otra vez en Chiapas, no se enteren en Ensenada, y si se hace el informe en el Estado de México, no se enteren en Quintana Roo, etcétera, como lo hacen en una burda maniobra violando el espíritu de la ley, y que explique a parte o gran parte de los conflictos que hemos tenido, o que ha habido en el Instituto Nacional Electoral por estas fallas.

Entonces sí, que se respete la ley, que no haya actos anticipados de campaña, que haya piso parejo, hemos peleado mucho por la equidad. Sí creo que se ha violado esta equidad, sí creo que hay quien ha hecho actos anticipados de campaña violando ahí con una certeza, la misma que tiene el Partido Verde.

¿Cuál es la certeza que tiene el Partido Verde? No me van aplicar la ley, no me van a quitar el registro.

Por esa certeza han hecho lo que han querido, porque lo que se paga con dinero es barato, como dijo, me parece que Hank González, otro de estos ideólogos del viejo régimen, “lo que se paga con dinero es barato”.

Entonces, como no van a quitarme el registro, violo la ley consuetudinariamente, y hay quien piensa que, también, aunque haga actos anticipados de campaña, sabe que en el 2018 no le van a negar el registro. Con esa convicción es que pueden violar así la ley y es algo que tendríamos que razonar, pero para todos de manera pareja, y ya no aceptemos que los gobernadores violen el 134 constitucional, y aprovechando los informes de campaña violen su espacio territorial y se quieran posicionar rumbo al 2018, que haya piso parejo para todos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del PAN.

El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, señor Presidente.

Yo creo que todos compartimos el espíritu de este punto de Acuerdo en el sentido de que no haya una violación expresa a la ley, que no haya actos anticipados de campaña y por supuesto, no estamos en tiempos de pedir el voto para la elección presidencial del 2018.

Dicho eso, que es la razón por la cual los Diputados y Senadores de Acción Nacional habremos de votar a favor de este puntos de Acuerdo, sí quiero enfatizar dos cosas: la primera, ya no podemos seguir teniendo en México una política basada en la simulación, esa política que durante muchos años fue célebre, ya se mencionaba a un ideólogo priista y yo mencionaré a otro, el legendario don Fidel Velázquez, quien hablaba de que “El que se mueva no sale en la foto”.

Eso ya se terminó, esa política del viejo régimen ya se terminó y ahora es muy natural y tiene que ser muy natural, al igual que ocurre en cualquier democracia en el mundo, que cualquier persona que tenga una aspiración política, la pueda expresar con toda libertad. No podemos caer en una situación de simulación, de restringir la libertad de expresión.

Eso es lo primero que yo quería comentar.

Y lo segundo, muy en línea con lo que ya ha mencionado con acierto el Diputado Belaunzarán, es que hay personajes que no dicen públicamente que aspiran a la Presidencia de la República, o no aseguran o no aceptan que estén buscando algún otro cargo. Sin embargo con sus acciones, violando la ley, sí lo están manifestando. También a esas personas tenemos que lograr que respeten la ley.

Hay muchos gobernadores que se promocionan violando la Constitución, porque ciertamente no existe todavía una ley de propaganda gubernamental, pero sí existe expresamente la prohibición en la Constitución para que se esté haciendo lo que muchos gobernadores están haciendo con total impunidad y con total cinismo.

Y perdón, pero ya que se toca este tema, me voy a referir también al actual Presidente de la República, quien estuvo cinco años promocionándose todos los días en televisión cuando era Gobernador del Estado de México.

Así que yo creo que a la hora de proponer este tipo de puntos de Acuerdo, hay que ser muy cuidadosos, porque hay que ver con qué tanta legitimidad se cuenta.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Rodríguez Doval.

Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dictámenes de la Primera Comisión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de ser discutidos.

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con un oficio que nos ha llegado de la Secretaría de Gobernación.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio con el que remite otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 11 al 17 de julio de 2015, para realizar una Visita de Estado a la República Francesa y llevar a cabo actividades en las ciudades de París y Marsella.




Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Diputada Bautista, ¿con qué objeto?

La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Señor Presidente, gracias.

Sólo para solicitar a esta Comisión Permanente, enviar una calurosa felicitación al pueblo de la hermana República Helénica, en particular a su Presidente Alexis Tsipras, por el ejemplo de democracia enviado al mundo entero el pasado domingo, por el referéndum concerniente a la situación que impera en esa nación y la Europa entera.

Indiscutiblemente representó un acto de valentía y dignidad frente a quienes quieren anular los derechos sociales del pueblo y sólo proteger a las oligarquías.

De lo contrario, con la insistencia de los grupos conservadores, que le apuestan a la catástrofe económica por no seguir las recetas de la Troika amenazando y hostigando al pueblo griego, lo único que están fomentando, tal y como lo dijo el Ministro Griego de Finanzas, es terrorismo institucional.

Por eso vale la pena y nos congratula el esfuerzo que está haciendo el pueblo heleno y su gobierno para salir del círculo vicioso y ver la luz al final del túnel. México debiera aprender de estos ejercicios democráticos.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Jiménez Sánchez: Gracias, Diputada Bautista Cuevas. La Asamblea quedó enterada.






Tenemos la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión. Damos inicio con el relativo a garantizar el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del sector público del país. Dicho dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que en coordinación con la Secretaría de Salud garanticen el abasto suficiente de medicamentos a nivel nacional y cubrir las necesidades de la población.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio 2015, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

Que el derecho a la salud está reconocido como una garantía individual en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental

La protección social en salud debe ser garantizada por el Estado de manera oportuna, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades.

Menciona que en México el gasto público en salud en el 2012, representó el 6.2% de su PIB, este porcentaje se encuentra entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por encima de Estonia y Turquía.

Es evidente la falta de medicamentos que padecen los servicios de salud en el país.

Además la insuficiencia de recursos materiales y financieros; la falta de infraestructura para atender a la población que demanda servicios y la tardía liberación de los recursos dificultan el ejercicio presupuestal, limitando el tiempo para la ejecución del gasto.

Que una de las inquietudes primordiales de la población es el apoyo y la atención en la salud, y que se cuente con servicios de salud permanente e integrales ya que es un derecho fundamental.

Asimismo, señala que los problemas de los apoyos gubernamentales destinados al sector salud radican generalmente en las compras directas de medicamento no incluido en el Cuadro Básico, el incumplimiento de los proveedores, el surtimiento en presentaciones y dosis distintas a las solicitadas sumándole que los recursos destinados cada vez son más insuficientes.

Por lo que es indignante que el problema se agudice debido a la falta de oportunidad en la asignación y disponibilidad de recursos financieros. La liberación de los recursos federales es muy tardía, lo cual ocasiona desabasto y a veces obliga a la utilización temporal de fondos de otros programas.

Por lo que propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homologas estatales garanticen el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del país.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en la vigente  Ley General de Salud, ordenamiento que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y que es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. En el mismo,  se señala que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Asimismo, es relevante citar que en su artículo 2°, se dispone que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras, las siguientes finalidades: la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

La Organización Mundial de la Salud indica que los gobiernos nacionales deben asegurar que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con necesidades clínicas, en las dosis y tiempo adecuados, y al menor costo posible.

Asimismo la mayoría de los mexicanos cuando tienen alguna enfermedad buscan las opciones más económicas tanto de servicio médico como de medicamentos ya que el gasto de bolsillo que genera una enfermedad es un detrimento significativo a la persona o mismo a la familia. Por ello los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende de poder conseguirlos.

Es de destacar que hoy en día las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han tomado relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, sabemos que existe una cobertura universal, sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo comienzan, por ello, es que las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento.

Como antecedente, es oportuno señalar que en América Latina es el 8% de la población mundial y consume el 7% de los medicamentos. En el caso de México, la problemática de los medicamentos se puede abordar en tres puntos de vista, epidemiológico, el acceso en el sector público y el acceso en el sector privado.

Sin duda alguna, esta Comisión Dictaminadora considera de la mayor relevancia, mencionar que sin embargo, la falta de acceso a los medicamentos es uno de los problemas más graves de salud pública mundial. Se calcula que combinado el sistema de salud público y privado, cerca de dos tercios de la población mundial tienen acceso a tratamientos completos y eficaces con los medicamentos que necesitan, mientras que el otro tercio carece de acceso regular.

Finalmente, queremos resaltar que para nosotros, consideramos de la mayor trascendencia el reafirmar el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el abasto de medicamentos, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con impacto social y salud para determinado sector de la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud, garanticen el abasto suficiente de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del sector público del país.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 7 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Ismael Hernández Deras: Gracias, señor Presidente. Con el permiso del Presidente; amigas y amigos legisladores.

La salud es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de los países, es el bienestar de su población.

Para la Organización Mundial de la Salud, una persona sana es aquélla que presenta un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Según los resultados de la evaluación realizada por la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la UNAM, para el 85 por ciento de los pacientes que sufren enfermedades, la falta de medicamentos es uno de los focos rojos de atención debido a que produce, primero, falta de apego al tratamiento, lo cual pone en peligro su integridad física.

La Organización Mundial de la Salud revela que el 50 por ciento de los medicamentos prescriben, dispensan o venden de manera inapropiada, y la mitad de los pacientes no los toman de manera correcta.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que los hogares mexicanos pagaron 403,623 millones de pesos por los bienes y servicios de salud en el año 2013, y destinaron principalmente en esa cantidad de dinero a medicamentos y a materiales de curación, con 65 pesos de cada 100 pesos en este gasto.

Para garantizar el abasto de medicamentos la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, han implementado una serie de acciones, entre las que destaca el Programa de Vales para que los derechohabientes puedan hacer efectivo este recurso en cualquier farmacia o centro de canje.

Con estas medidas, por ofrecer tan solo un dato, en el Distrito Federal se ha reducido el 80 por ciento de las quejas en cuanto al desabasto de la medicina en esta ciudad.

Se han identificado ineficiencias logísticas que están siendo sancionadas, es decir, se está procediendo en casos identificados con servidores públicos que no hagan los requerimientos o la solicitud respectiva de medicinas y materiales de curación, debido a que se traducen éstas en deficiencias en la atención para los mexicanos en los hospitales públicos.

Compañeras y compañeros:

Los hospitales públicos del sector salud constituyen en la gran mayoría de los casos, la única alternativa de atención para la población mexicana.

Las acciones realizadas por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud hasta ahorita, de manera correctiva, son las deseadas. Sin embargo, los legisladores del PRI estamos a favor de que se fortalezcan aún más, a fin de que en ningún hospital del país exista desabasto de medicamentos.

Por todo lo anterior, amigas y amigos, la fracción parlamentaria del PRI votaremos a favor de la presente propuesta, debido a que la falta de acceso oportuno y eficiente a medicamentos absorbe más de la mitad del ingreso mensual de las familias mexicanas, lo cual que sin duda que genera un impacto negativo en su calidad de vida. Los invitamos a que votemos a favor, que juntos hagamos todos lo que nos corresponde para tener un México más sano, pero sobre todo también un sistema de salud más eficaz, eficiente y también con más calidad.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Hernández Deras.

Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.






Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a informar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. El dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

SEGUNDA COMISIÓN

(Dictamen a discusión)

SEGUNDA COMISIÓN

H. ASAMBLEA:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a informar de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de junio de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración de dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones:

“En la actualidad, el mundo registra alrededor de 215 millones de niños que trabaja. La vasta mayoría de ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para otras actividades, aún las recreativas. En consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró en 2002, el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para superarlo con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, los medios, entre otros sectores de la población. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) surge entonces como la herramienta para alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil a partir de los principios consagrados en el Convenio número 138 de la OIT.

Luego de décadas de resistencias y esfuerzos incompletos para que México dejara de ser el único país de América Latina sin aprobarlo, el pasado 13 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de adhesión de nuestro país al Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra, Suiza, el 26 de junio de 1973. Lo anterior luego de la aprobación respectiva del Senado de la República y la promulgación por parte del Ejecutivo Federal.

El Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT supone el acuerdo internacional por excelencia con miras a la abolición total del trabajo infantil. El Convenio establece distintas disposiciones encaminadas a fijar obligaciones relevantes a los Estados Miembros alrededor del establecimiento de una edad mínima de admisión al empleo conforme a un nuevo estándar internacional para las distintas modalidades de ocupación y sus potenciales de riesgo a la salud, la integridad y la seguridad para niños y adolescentes. El artículo primero, establece, por ejemplo, que todo miembro del Convenio “se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”.

Conviene tener presente que para que el Senado de la República aprobara este instrumento internacional, el Congreso de la Unión se ocupó de efectuar modificaciones relevantes a las normas nacionales, específicamente la reforma a la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de junio de 2014, a fin de elevar la edad mínima de admisión al empleo de catorce a quince años y establecer que los mayores de esa edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. Un año antes, el 12 de junio de 2013, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) cuyo objeto es precisamente erradicar las peores formas de trabajo infantil en nuestro país para el año 2016 y lograr a finales del año 2018 reducir en por lo menos un 60% el trabajo infantil que hasta la fecha se registra tanto en comunidades rurales como en espacios urbanos.

En el ámbito internacional, cabe mencionar que durante esta semana y hasta el 13 de junio del presente año, se celebra la 104ª Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, Suiza. La Conferencia Internacional del Trabajo es el máximo órgano de toma de decisiones en el que se reúnen las delegaciones de los 185 Estados de la organización. Entre los trabajos a desarrollarse durante la Conferencia destaca el lanzamiento, precisamente el próximo 12 de junio, del Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil 2015: allanar el camino hacia el trabajo decente para los jóvenes. El nuevo informe, según ha trascendido en distintos medios, presentará el diagnóstico global y efectuará recomendaciones para el doble desafío de eliminar el trabajo infantil y garantizar oportunidades de trabajo decente para los jóvenes.

En el caso mexicano, a pesar de los múltiples logros en la legislación nacional y en lo relativo a asumir compromisos internacionales, la situación es aún alarmante. Según información oficial y proveniente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 3 millones de niños y niñas menores de 17 años trabajan. Su sello es el de la pérdida de un capital humano valioso para el futuro del país y el de la persistente denegación de derechos del niño y el adolescente por parte no sólo de su entorno sino del Estado mismo y sus distintas instancias. Es apremiante, en consecuencia, evaluar la eficacia del compromiso asumido por el Estado Mexicano mediante la ratificación del Convenio 138 y conocer de cera los esfuerzos que se emprenden para la abolición efectiva del trabajo infantil, un objetivo de la mayor importancia para el desarrollo el país y la protección de los derechos humanos.”

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo así como de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

CONSIDERACIONES

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con la proposición de mérito presentada en el marco del día mundial contra el trabajo infantil el cual se conmemora el 12 de junio; en este sentido, observamos que tanto la UNICEF y como la Oficina de la UNESCO en México han hecho un llamado a promover la educación gratuita y de calidad para prevenir y eliminar el trabajo infantil, debido a la alarmante situación que se presenta en el país con respecto a los infantes que dejan de estudiar para trabajar, o trabajan para pagar sus estudios.

A pesar de que en la actualidad la mayor parte de los países se han alineado con las normas que han sido propuestas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que prohíben el trabajo infantil e imponen severas sanciones a quien obtenga provecho de ello, el problema persiste con gran presencia en países en desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas orillan a los niños a trabajar para ayudar a su familia.

México ratificó el convenio 182 de la OIT, referente al trabajo infantil, casi 42 años después de su adopción en Ginebra, Suiza. Lo que ejemplifica la poca atención que se le había prestado a este tema.

II.- Esta Dictaminadora considera menester el contenido de este exhorto, que pretende establecer una edad mínima para que los menores puedan comenzar a trabajar, lo que constituye una de las mejores medidas para evitar el trabajo infantil.

En Latinoamérica las cifras relativas a este problema, indican que a pesar de ir en decremento continúan siendo alarmantes, pues hay 14 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en esta situación, la mayor parte realizando tareas peligrosas. Esta cifra representa alrededor del 10% del total de los infantes en ese rango de edad en la región (141 millones).

III.- La Segunda Comisión se ha pronunciado en ocasiones anteriores en contra del trabajo infantil y a favor de que el Estado adopte las medidas que permitan su erradicación. En México el trabajo infantil representa un problema que alcanza a 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad, esto según cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2013). Lo anterior equivale al 12,5% de la población infantil de este mismo rango de edad, situándonos por encima de la media latinoamericana. Aunado a lo anterior, observamos que 1.1 millones de estos menores, no superan los 14 años; es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal del Trabajo. 

Debido a que tienen que cumplir con las obligaciones que les han sido delegadas en su casa, a causa de los bajos salarios que reciben sus padres, las cifras arrojan que alrededor de 2.1 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, esta cifra representa el 7.2% de la población de entre 5 y 17 años de edad.

La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas de México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que en las más pobladas. La presencia de niños y niñas trabajadores menores de 14 años en las localidades más pequeñas supera a la de las ciudades.

En la actualidad los datos del INEGI arrojan que los estados con las tasas más altas de trabajo infantil son Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Durango, Estado de México, Coahuila, Baja California, Guerrero y Chiapas.

IV.- El trabajo infantil repercute negativamente en las oportunidades de formación académica, pues conforme a lo apuntado por el comunicado del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) en México la inasistencia escolar va en aumento de acuerdo a la edad, observándose que 1.4% de niñas y niños entre cinco y nueve años trabaja; la cifra aumenta a 6.2% entre los que tienen de diez a trece años y hasta un 20.3% en lo que respecta a los adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad.

Esta comisión reitera la importancia que tiene para el desarrollo de este convenio en México el implementar medidas estructurales que combatan estos actos que van en detrimento de las oportunidades de la infancia de nuestro país, así como ofrecer educación de calidad y programas para promover la misma, con especial atención en las zonas en agrícolas del país, que es donde se observa la mayor proporción de estos casos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a informar a esta Soberanía sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo así como de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y la protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
el 7 de julio de 2015.

SEGUNDA COMISIÓN.

Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.

Que bueno que estamos por cumplir este convenio, pero hace unos días hubo una declaración muy polémica del Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, que dijo que era normal el trabajo infantil en el campo, y que incluso es determinar estos derechos de los niños podía afectar nuestra productividad y nuestra competitividad frente al mundo, algo así, fue lo que dijo, palabras más, palabras menos.

Y yo le quiero hacer una pregunta al Secretario de Agricultura, que nos la conteste, ok, dice: esto es una realidad no se puede cumplir en el campo la prohibición del trabajo infantil, pero yo le hago una pregunta ¿cuáles son los derechos de los niños que trabajan en el campo, cuáles son, dónde están? Como el trabajo infantil está prohibido y ellos están trabajando en la realidad qué derechos tienen, que me diga qué derechos tienen.

Se supone que la lógica jurídica es que tenga más derechos allá cierta equiparación con los más vulnerables, y quien me dice que los niños trabajadores no son los más vulnerables, y resulta que no son los que tienen menos derechos, simplemente no tienen derechos, no tienen un solo derecho, no pueden, no tienen personalidad jurídica ninguna para reclamar un solo derecho porque está prohibido constitucionalmente, y tenemos ese problema.

También tenemos ese problema con los niños que trabajan en cualquier estación del Metro, en las calles, en cualquier región del país, vemos niños trabajando, no podemos llevar a todos los niños a una institución de salud, de asistencia; no podemos meter a los padres a la cárcel de muchos de ellos porque son, pero no tienen, en la práctica un solo derecho, son los más vulnerables y no tienen un solo derecho.

Yo le quiero preguntar al Secretario de Agricultura que dice con este cinismo que están trabajando, cuáles son los derecho de los niños que trabajan en el campo, yo también diría cuáles son los derechos de cualquier niño que trabaje, a pesar de que en la teoría ya lo proscribimos, hay algunos que se pueden ir a dormir tranquilos porque creen que está prohibido en la Constitución y ya desaparecieron el trabajo infantil y ahora todos los niños están jugando, pero no, una cosa es la teoría, una cosa es legislar la utopía y otra cosa es lo que pasa en la realidad.

Ese es el punto ¿cuáles son los derechos de los niños? Y simplemente, ya he participado mucho en esta sesión, lo sé, pero simplemente una palabra del anterior punto de Acuerdo.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Vamos a pedir a nuestras compañeras y compañeros legisladores pongamos atención al orador, por favor, hay mucho ruido.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente, y que tenga voz de profeta con eso de Senador. Yo mencionaba que efectivamente la pregunta es ¿qué derechos tienen esos niños? En la realidad, ya sabemos que ojalá no estuvieran trabajando y que estuvieran jugando, pero los que en la realidad trabajen por cualquier situación ¿cuáles son sus derechos? Es algo que también debiéramos preguntarnos.

Y en el anterior punto hago solamente solidarizarme con el que vote a favor convencido si hay una ausencia de medicamentos, lo hemos dicho, sobre todo contra el dolor.

Más del 60 por ciento de los pacientes no tienen paliativos efectivos para el dolor, reconocido por las instancias oficiales.

Y miren, en los países desarrollados ahí en donde se acepta la mariguana medicinal, y ahí donde los doctores no confunden el ojo sano con el ojo enfermo, ahí donde no se pierden los riñones que donan las personas, ahí donde las mujeres no dan a luz en los estacionamientos de los hospitales, usan, combinan la morfina con la mariguana medicinal, que es un buen analgésico, de tal manera que disminuyen la dosis de morfina y la gente no está solo sin dolor, sino que está consciente.

Quizá alguien diría, está un poco pacheco, bueno, pero está en convivencia con su familia de manera consciente y sin dolor, consciente y sin dolor en sus últimos días, y no está con un dolor terrible, que es dolorosísimo para sus familiares, o está prácticamente sin dolor pero inconsciente, eso es aumento en la calidad de vida, ojalá avancemos en esto de los medicamentos que haya, que puedan encontrar morfina, pero también que nos quitemos prejuicios, que nos quitemos oscurantismo y aprovechemos los beneficios de la ciencia, pongámonos que es en la ciencia y salgámonos del oscurantismo para aprovechar esto.

Por cierto, ayer la Cámara de Diputados de Chile votó ya el auto cultivo de marihuana, el uso terapéutico de la marihuana y el uso, incluso, recreativo. Falta el Senado y faltan algunas cosas, pero el mundo está avanzando y nosotros sumidos en la guerra contra las drogas y todo lo nocivo que es.

Gracias, señor Presidente, gracias por su flexibilidad.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Para referirse al mismo tema, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Ciertamente el tema de trabajo infantil lo hemos tocado en esta legislatura de manera permanente, vemos insistido en lo que finalmente se logró, que el titular del Poder Ejecutivo enviase el Convenio 138 para definir la admisión del trabajo de adolescentes a 15 años, subir un año más la del Trabajo, también en la Constitución, y creo que lo que falta es leer la letra chica del Convenio 138.

La Organización Internacional del Trabajo, por cierto, hace muchísimo tiempo, este es un convenio ya muy viejito, ubicó con toda precisión la implementación del Pacto sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, para que fuese visto desde los estados parte, la definición de una política gradual.

Ciertamente es una falacia es no ver la realidad que se nos impone, respecto de que niñas y niños tienen que realizar alguna ocupación, tienen que realizar algún trabajo y a veces, incluso, realizar peores formas de trabajo infantil, que todavía es mucho más grave, porque atentan contra su libre desarrollo de su personalidad, violenta gravemente sus derechos humanos pero no quiere decir que no sufran menos quienes no están incluidos en las cifras de trabajo infantil.

Y ciertamente estamos frente a situaciones que tienen que ver con una cuestión económica. Las familias utilizan el trabajo infantil en muchas zonas del campo, en muchas áreas rurales, en muchos pueblos indígenas que son, por cierto, los grupos sociales del país con mayor marginalidad, con pobreza extrema en donde poder tener una mano más de obra de trabajo y les permite paliar su situación de pobreza.

Sin embargo es cierto, tenemos compromisos para garantizar, compromisos del Estado mexicano para garantizar la protección irrestricta de todos los derechos humanos de niñas, niños, menores de 18 años de edad, y particularmente quienes son menores de 15 años de edad ciertamente ya no deben de trabajar y deben, por lo tanto gozar otros derechos que no lo pueden hacer.

¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues tampoco hay que descubrir el hilo negro, pero tampoco hay que dar rectas, este es un problema de tipo económico, de tipo cultural, de tipo social, y se tienen que atender los preceptos del Convenio 138, para que haya políticas claras, precisas y medibles donde todo mundo se involucre en ir realmente radicando el trabajo infantil por edades.

Será muy difícil que en un año, este año nos vayamos garantizando que no haya un solo niño, una sola niña menor de 12 años sin trabajar, de manera realista.

Yo creo que de eso trata el 138, y que el año que entra logremos elevar que no haya ningún niño o niña menor de 13 años o menor de 14 años sin trabajar.

Yo creo que esas son las políticas graduales en las que tenemos que pensar, pero tenemos que pensarla como una política de estado.

Es lo que nos dice el 138, y por eso aplaudimos que la Segunda Comisión haya, finalmente, dictaminado este punto de Acuerdo de manera positiva.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI.

La Diputada Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, señor Presidente.

Con la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, la comunidad internacional asumió el compromiso de proteger y promover los derechos fundamentales de las niñas y los niños.

El Estado mexicano, tiene la obligación de garantizar a nuestra niñez derechos básicos, entre los que destacan: la alimentación, la salud, la educación, vestido, vivienda, afecto, respeto, rec