Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 26 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 14



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 23 de Julio de 2014

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PRESIDENCIA DEL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

El Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (11:45 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 23 de Julio de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN
DIP. LILIA AGUILAR GIL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO CANTÚ GARZA

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. LEOBARDO ALCALA PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
DIP. ALLIET BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
DIP. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
DIP. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

sen. david penchyna grub, en sustitución del SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

dip. josé rodríguez calderón, en sustitución de la DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. JORGE VILLALOBOS SEÁÑEZ, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA
SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS

DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO


Señor Presidente, hay una asistencia de 26 ciudadanos legisladores. En consecuencia, hay quórum.

 El Presidente Senador Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible para su consulta en su monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con diecisiete minutos del miércoles dieciséis de julio de dos mil catorce, con una asistencia de veintisiete legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el lunes siete de julio de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el Informe de la revisión integral de las normas administrativas que regulan a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, incluyendo al Fondo de Desastres Naturales, a que se refiere la Ley General de Protección Civil, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se remitió a las Comisiones de Protección Civil de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de junio de 2014, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibieron del Instituto Mexicano del Seguro Social, dos oficios con los que remite:

1) Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 del Programa IMSS-Oportunidades y

2) Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de diversos programas presupuestarios.

Se remitieron a las Comisiones de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 de diversos programas presupuestarios a su cargo.- Se remitirán a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores y de Agricultura y Sistemas de Riego y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Segundo Informe Trimestral de dicho Instituto, correspondiente al año 2014.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Diagnóstico sobre la estructura orgánica de dicho Instituto, para el Ejercicio Fiscal 2014.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, oficio con relación al trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados.- Se remitió a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Poder Judicial, comunicación del Juez Sexto de distrito del estado de Veracruz en relación con el cumplimiento del procedimiento de ratificación del C. José Lima Cobos, como Magistrado del Tribunal Agrario.- Se turnó a las Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia y se notificó del trámite a la Dirección Jurídica de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, los siguientes proyectos de decreto:

1) Por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

2) Por el que se reforma la fracción XVI del artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

3) Por el que se adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Congreso del estado de Colima, proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de julio de 2014.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió del Diputado Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa que la Primera Reunión Interparlamentaria México-Argentina se llevará a cabo en nuestro país, los días 7 y 8 de agosto del 2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.- Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Informe de su participación en los trabajos de la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, que tuvo verificativo en Santo Domingo, República Dominicana, del 26 al 28 de junio del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron de la Senadora Marcela Guerra Castillo, dos Informes de actividades de:

1) La IV Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia, realizada en Managua, Nicaragua, el 16 y 17 de mayo del año en curso.- Quedó de enterado.

2) La Conferencia “Buena Gobernanza y Justicia Ambiental: hacia una agenda inclusiva de desarrollo en las Américas” en el marco del Cuadragésimo cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el 3 de junio de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Informe de la delegación del Congreso mexicano que participó en la 130ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada en la Ciudad de Ginebra, Suiza, del 17 al 20 de marzo de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibieron del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, dos Informes de actividades de:

1) La Décimo Séptima Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada en Estrasburgo, Francia, del 15 al 17 de abril de 2014.- Quedó de enterado.

2) La Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada en Atenas, Grecia, del 26 al 29 del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara, Informe del Foro "Menores Migrantes No Acompañados: la crisis humanitaria del siglo XXI en América", que se llevó a cabo el 9 de julio de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Diputado Roy Argel Gómez Olguín, oficio por el que informa su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 15 de julio del año en curso.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores un Acuerdo con solicitud a un periodo de sesiones extraordinarias.- Se dio cuenta con el acuerdo y se consultó a la Asamblea su autorización para incorporarlo a la agenda del día, se aceptó su incorporación al orden del día. Se sometió a consideración de la Asamblea el proyecto de decreto para convocar a la Cámara de Senadores a realizar un periodo de sesiones extraordinarias, fue considerado de urgente resolución y se sometió a discusión. Intervinieron los legisladores: Senador Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Senador Armando Ríos Piter del PRD; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputada Lilia Aguilar Gil del PT; Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD; Diputado Fernando Zárate Salgado del PRD; y Diputado Miguel Alonso Raya del PRD. El decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso, a partir del 17 de julio del presente año fue aprobado en por 26 en pro y 8 en contra. Se comunicó a la Cámara de Senadores y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

(Iniciativas)

La Diputada María de las Nieves García Fernández, a nombre del Diputado Williams Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 17 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

PRESIDE DEL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre de la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre de la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Graciela Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde Luján y Martha Beatriz Córdova Bernal, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la posibilidad de realizar la ampliación y conservación de los seis centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre existentes, así como la creación de otros nuevos que permitan la conservación, investigación, e integración de los ejemplares de vida silvestre, contemplando una adecuada distribución de los mismos a lo largo del país para el ejercicio fiscal 2015.

2) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre.

3) Que solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Comunicaciones del Gobierno del estado de México un informe sobre el proceso de autorización y construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.

4) Que solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público valorar los aspectos técnicos y financieros y efectuar modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, con el propósito de eliminar el requisito del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria, para el otorgamiento de un subsidio o estímulos hasta por 60 mil pesos.

5) Por el que la Comisión Permanente expresa sus condolencias a los familiares de los trabajadores que fallecieron a consecuencia del accidente que tuvo lugar en las instalaciones de la constructora ICA FLUOR DANIEL, ubicadas en el municipio de Pueblo Viejo, en el estado de Veracruz.

6) Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Campeche, a implementar campañas para el fomento del turismo, así como acciones de protección y conservación de la zona arqueológica de Calakmul.

7) Que exhorta al grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a analizar la factibilidad de incorporar al municipio de San Buenaventura, en la zona metropolitana de la región centro del estado de Coahuila de Zaragoza.

8) Que exhorta al Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar sobre el estado que guarda la recomendación 11-2-06G1C-02-0128-01-001 de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

9) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a analizar la factibilidad de implementar un programa hídrico integral para la cuenca del Río Laja, ubicada en el estado de Guanajuato.

10) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar los criterios de asignación de recursos para el Fondo para el Cambio Climático, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015, con la finalidad de lograr la efectividad del Objetivo Tercero del Programa Especial de Cambio Climático, que consiste en "Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones".

11) Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a establecer políticas públicas y programas eficientes, tendientes a disminuir el alto flujo de emigrantes en esa entidad federativa.

12) Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe que indique la verificación de la altura de la cortina de la presa "El Zapotillo", en el estado de Jalisco.

Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar certeza a la operación del Acueducto Independencia y al abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora.- Se consideró de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Alliet Bautista Bravo, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente conforma un grupo de trabajo plural, integrado por diputados y senadores, para dar seguimiento a la probable violación de derechos humanos denunciada por diversos grupos sociales y manifestantes en el estado de Puebla.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con las familias de las víctimas palestinas e israelíes, caídas en la Franja de Gaza.- Se turnó a la Segunda Comisión.

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar operativos de seguridad pública, seguridad vial y verificación de servicios turísticos para protección de los turistas en este periodo vacacional de verano 2014.- Se consideró de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a hacer pública la lista oficial de útiles escolares y a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar las acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia de los precios de uniformes y útiles escolares en los comercios establecidos en el país, con el objetivo de contribuir al mejor aprovechamiento del gasto familiar.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Excitativa)

Se recibió de las Diputadas Alliet Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire.- Se turno a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del octogésimo sexto aniversario luctuoso del General Álvaro Obregón Salido, ocurrido el 17 de julio de 1928.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda Política)

Los legisladores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención con relación al conflicto entre el Estado de Israel y Palestina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse al Acueducto Independencia, en el estado de Sonora.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención sobre la etapa postelectoral en el estado de Nayarit.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a los procesos electorales de Coahuila y Nayarit.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3, se adiciona el artículo 57 bis y se deroga el inciso d) del artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la letra k al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se modifica la fracción v del artículo 5 y se adiciona la fracción vii del artículo 10 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Fernando Zárate Salgado, Fernando Belaunzarán Méndez, Carol Antonio Altamirano, Alliet Bautista Bravo y Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De los Diputados Andrés de la Rosa Anaya, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Enrique Reina Lizárraga, Francisco Pelayo Covarrubias y José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1C fracciones IV, V y VI; 2o; 2o A, fracción I último párrafo, y 5, fracción V último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De las Diputadas Amalia García Medina y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados o separados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de representación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado José Luis Muñoz Soria y los Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Marcela Guerra Castillo y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 112 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado José Luis Muñoz Soria y los Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XVIII del artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, a nombre de la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar nuevamente el plazo para la primera declaración de impuestos de los contribuyentes que tributaban bajo el Capítulo II, Sección III, del Régimen de Pequeños Contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo respecto a los ataques en contra del Dip. Jesús Sesma Suárez, derivados de la aprobación de las reformas que cancelan de forma definitiva el uso de animales en los circos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones en relación al posible tráfico de influencias y conflicto de intereses, generado por la asignación de obras federales a la empresa ohl, por un monto de cerca de 41,594 millones de pesos y se deslinden responsabilidades y se hagan públicas el resultado de las mismas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar en la convocatoria para el PROSOFT correspondiente al año 2015, la factibilidad de que los municipios actúen como organismos promotores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un severo extrañamiento a las autoridades de la Delegación Miguel Hidalgo, ante la profanación de que fue objeto la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a designar al titular de la Secretaría de la Función Pública, en tanto entra en vigor la reforma constitucional y legal que crea el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la presencia de fuerzas federales para restaurar el orden y la seguridad en el municipio de Chilapa, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal desarrollar un programa por el que se habiliten los inmuebles sobre los que se declare la extinción de dominio, a fin de crear centros de atención integral para las madres solteras del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México y al Procurador General de la República a realizar de manera expedita y eficiente las investigaciones en torno al asesinato de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir lineamientos tendientes a otorgar protección laboral a los trabajadores que tengan dependientes económicos que padezcan enfermedades graves.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Seguridad a investigar y actuar con la debida diligencia sobre las denuncias en materia de acoso laboral y sexual en dichas instituciones.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a anular, revocar, cancelar o, en su caso, no conceder los permisos para la explotación de la fosforita u otros minerales que se pretendan extraer del fondo del mar en Baja California Sur, con la finalidad de evitar el impacto ecológico al medio ambiente marino.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a explicar el programa de sustitución de medidores convencionales por medidores inteligentes y los efectos económicos generados a las familias mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Lourdes Amaya Reyes, Loretta Ortiz Ahlf, Elena Tapia Fonllem, Guillermo Sánchez Torres, Roberto López Suárez y Ricardo Mejía Berdeja, con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a resolver la libertad del Dr. José Manuel Míreles Valverde y sus allegados.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones y gestiones necesarias para llevar a cabo el cierre de la Planta de Asfalto del Distrito Federal, como acción transversal en apoyo a la ecología y la calidad del aire, que se dijo se busca con el programa Hoy no Circula.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al gobernador del estado de México, a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y al Secretario del Medio Ambiente del estado de México a tomar diversas medidas relativas a las modificaciones al programa Hoy no Circula.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a preservar la tradición circense como expresión de la cultura popular nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a revisar el estado en que se encuentran los distritos de riego a nivel nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en el proceso para establecer un área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera en las sierras La Giganta y Guadalupe, en Baja California Sur, se les otorgue a las comunidades que pudieran verse afectadas con la declaratoria, el derecho de ser escuchados en consulta previa, plenamente informada y libre, en reconocimiento a los derechos adquiridos sobre las áreas donde históricamente se encuentran asentadas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza y de la Dip. Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a instalar un lactario o los lactarios que se requieran con el objeto de apoyar a las madres trabajadoras en períodos de lactancia y promover la lactancia materna entre su personal, independientemente del régimen laboral que tengan.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo sobre la actual situación en la Franja de Gaza, Palestina.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Población a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ejecuten programas adecuados e incluyentes en materia de educación sexual, como mecanismo para erradicar el abandono escolar como consecuencia del creciente número de embarazos en adolescentes y jóvenes de nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que la política migratoria del Estado Mexicano cumpla con los estándares contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en la materia.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a atender la mendicidad existente en la red.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Lucila Garfias Gutiérrez y René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a elaborar un informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que viajan por el territorio nacional en su destino hacia la frontera con los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida un informe sobre las actividades y programas que ha realizado a un año se su creación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a instrumentar las acciones necesarias a efecto de garantizar una entrega pronta y oportuna del apoyo mensual establecido en el Programa Pensión para Adultos Mayores a todos los beneficiarios sin excepción, y a entregar de forma retroactiva aquellos apoyos que no se hubiesen entregado oportunamente.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de fiscalización superior de la Federación.- Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y las de las entidades federativas y la del Distrito Federal a incrementar acciones para prevenir y detectar el cáncer de próstata, de mama y cervicouterino mediante programas y actividades que sensibilicen a la población para estar alerta sobre estas enfermedades.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de puebla, conocida como “Ley Bala”, con la finalidad de establecer los mecanismos para garantizar los derechos humanos de los habitantes de dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto Federal de Infraestructura Física Educativa a utilizar con eficiencia, eficacia, congruencia y transparencia los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias autorizados para el Estado de Chiapas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar sobre las acciones legales que ha llevado a cabo en contra de servidores públicos que por sus omisiones o actos tengan alguna responsabilidad en las fallas que originaron el cierre de la denominada “Línea Dorada”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a difundir en su sitio oficial de internet la información correspondiente a los objetivos, metas y resultados de sus programas previstos y obtenidos para el primer trimestre del año en curso; así como los acuerdos tomados por su Junta Directiva, en apego a su Ley y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo por el que se solicitan audiencias públicas con el Congreso de la Unión y el titular del Sistema de Administración Tributarias con representantes de pequeños contribuyentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, implemente programas y actividades para prevenir trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes e incrementar la percepción del riesgo que supone para su salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación presupuestal para atender las necesidades de infraestructura y variaciones en la demanda de los servicios del seguro popular en el Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un régimen adecuado o equiparable al de pequeño contribuyente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a realizar las investigaciones conducentes por los actos y omisiones del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, en relación a los permisos otorgados para realizar eventos privados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas a considerar la posibilidad de construir espacios lúdicos dentro de los juzgados con el objeto de que sean lugares adecuados para que la niñez sea escuchada por las y los juzgadores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados en los que se cuenta con programas de apoyo social para madres solteras, a que los beneficios de los mismos sean también extendidos a los padres solteros.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar los motivos y justificaciones técnicas en que se basó la determinación de que los vehículos de transporte público de pasajeros "taxis", con una antigüedad de entre 5 y 9 años, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones realizadas al Programa Hoy No Circula puedan circular sin restricción, conforme lo declaró el Secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre las irregularidades presentadas en el ejercicio del gasto del 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Petróleos Mexicanos a realizar la auditoría correspondiente y una investigación técnica y operativa del acueducto paralelo Chicbul-Ciudad del Carmen, Campeche.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita recursos presupuestales para la construcción de tres nuevas universidades públicas en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Martha Beatriz Córdoba Bernal, Ricardo Monreal Ávila y Francisco Alonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la reducción de horarios de la importación de vehículos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a sancionar a los responsables de las deficiencias en la construcción y operación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro así como a informar a los usuarios la fecha de la reapertura del servicio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a determinar la creación de una fiscalía especial dentro de la Procuraduría General de la República para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia, en el que atienda, proteja y promueva los derechos de los adultos mayores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer del conocimiento público el porqué no ha publicado el monto total de las indemnizaciones por el pago de reparación de daño que ha entregado, incumpliendo con ello lo referido en el artículo 157 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los titulares del ejecutivo de los estados de Chiapas, Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Yucatán a realizar lo conducente para que los planteles escolares que ostenten el nombre de “Victoriano Huerta”, sea sustituido por el de: “Senador Belisario Domínguez Palencia”.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a sumarse al esfuerzo en la difusión de las cápsulas informativas sobre cáncer de mama y leche materna desarrolladas por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar medidas de prevención y mitigación en la ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega, Tabasco, para la protección del mono saraguato y la fauna silvestre en general.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que ha emprendido para atender las inundaciones que se han presentado en las principales vialidades de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De las Diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de los estados de Baja California y Tabasco a aprobar sus leyes estatales de igualdad entre mujeres y hombres.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal haga extensivo a las y los trabajadoras del hogar el subsidio de seguridad social establecido mediante el "Decreto que otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social”.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar con la finalidad de garantizar la integridad y el orden público en las instalaciones e inmediaciones del Mercado Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que revisen y actualicen integralmente las tarifas eléctricas del país y se otorguen tarifas eléctricas preferenciales al estado de Sinaloa en su calidad de productor nacional agrícola, previendo subsidios que atenúen su impacto en la economía familiar y con ello se impulse el desarrollo económico y social de la región.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la construcción de vías alternativas entre la comunidad de El Súchil y la cabecera municipal de Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a postergar la emisión de disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe acerca de los acuerdos alcanzados durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, así como la agenda que impulsará durante la presidencia pro témpore del mecanismo.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Instituto Nacional Electoral a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de reintegrar o en su caso acreditar los 319.3 millones de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria y a la evidencia de la entrega de recursos a las juntas locales y juntas distritales por concepto de apoyos para el proceso electoral, detectados como recuperaciones probables por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-22100-02-0528, de los cuales se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Blanca Alcalá Ruíz y Javier Lozano Alarcón, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes a establecer las bases para el uso respetuoso de la Rotonda de las Personas Ilustres y a iniciar una investigación por los acontecimientos del 13 de junio del presente año ocurridos en ese lugar.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar al Presidente e integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, a fin de que comparta información e intercambie opiniones sobre los mecanismos que implementa para determinar el monto de los salarios mínimos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores Mely Romero Celis, Itzel Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones conducentes para que el Estado Mexicano se adhiera al Acuerdo sobre el Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las acciones que garanticen la cobertura de la población potencial del programa "Pensión para adultos mayores".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emprender las acciones necesarias tendientes a realizar una reforma profunda en materia de tratados internacionales y política exterior, a fin de renovar el marco jurídico vigente con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar los mecanismos que aseguren el control presupuestal de la nómina magisterial de educación básica.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula con la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y se reitera el compromiso a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desarrollar una medición, análisis y evaluación de indicadores para la valoración de sistemas de movilidad.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a ejercer el presupuesto asignado para el ejercicio 2014, en apego a la normatividad establecida e implementar y hacer pública las acciones que garanticen la eficiencia y transparencia de los recursos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de subsanar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL al "Programa para el fortalecimiento del servicio de la educación telesecundaria".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De las Diputadas Aleida Alavez Ruíz y Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a presentar un informe detallado de la situación que guardan los contratos otorgados por PEMEX Refinación a la empresa Constructora OHL, en el periodo del 1o de junio de 2013 a junio de 2014.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del congreso del estado de México a llevar a cabo el proceso de trámite de licencia para separarse del cargo al ciudadano Pablo Bedolla López, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, con la finalidad de esclarecer los hechos del lamentable accidente donde perdieron la vida tres personas y varias decenas resultaron heridas, en el evento realizado el pasado 5 de julio de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a informar sobre el caso de fiebre de chikungunya en dicho estado, así como las acciones futuras en coordinación con la Secretaría de Salud para reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica ante una eventual llegada del virus a territorio nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a promover frente al Presidente de los Estados Unidos de América la reestructuración del Banco de Desarrollo de América del Norte, efecto de incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su jurisdicción geográfica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Carlos Mendoza Davis y del Diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a verificar el cobro de tarifas de avituallamiento de combustible aplicadas por las gasolineras de La Marina de Los Cabos en Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con doce minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintitrés de julio, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.    Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre de 2014.

“2014, Año de Octavio Paz”

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1583/14
México, D.F., 17 de julio de 2014

CC SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio No. 511.1.4/1656, el Dr. Héctor Pérez Galindo, Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al segundo trimestre de ejercicio fiscal 2014.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como de sus anexos en forma impresa y disco compacto, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

El Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el segundo informe trimestral para el Ejercicio Fiscal 2014 de los programas sujetos a las reglas de operación, ese y de otros subsidios u operados de la Secretaría de Economía.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/1551/14
México, D.F., 16 de julio de 2014

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Presentes

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.369, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2014 de los programas sujetos a reglas de operación "S" y de otros subsidios "U", operados por dicha dependencia.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como de sus anexos en forma impresa y disco compacto, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase la documentación a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2014, únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al servicio de administración y enajenación de bienes.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Un segundo.

Sonido en el escaño de la Diputada Alliet, ¿Para qué efecto?

La Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: (Desde su escaño) Señor Presidente, para solicitar turno a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en el comunicado dos que tiene que ver con el informe trimestral de la Secretaría de Economía, ya que este informe contiene también el informe de lo que es el INAI, bueno, la columna vertebral de la Comisión de Fomento Cooperativo.

Solicitar turno, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se adiciona, en cuanto al turno del asunto anterior, para que sea además a la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados.

Con relación al tema que nos ocupa, remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.



Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite el diagnóstico sobre su estructura orgánica, de conformidad con lo establecido en el Artículo Transitorio Séptimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Asimismo, se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su segundo informe trimestral 2014, correspondiente al periodo del 1º de abril al 30 de junio de 2014.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






Señoras y señores legisladores, informo a esta Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con solicitud de convocar a un periodo de sesiones extraordinarias.

Solicito a la Secretaría le dé lectura.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura, señor Presidente.



Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En atención a la solicitud contenida en el Acuerdo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día un proyecto de Decreto de la Mesa Directiva, propondría a esta Asamblea, para convocar a la Cámara de Diputados a realizar sesiones extraordinarias.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos de hoy el proyecto de referencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Secretaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura al proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura al proyecto de convocatoria.

Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar un Periodo de Sesiones Extraordinaria.

Artículo 1.- Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, que funciona durante el receso del segundo año del ejercicio de la LXII Legislatura, convoca a la Cámara de Diputados a celebre un periodo de sesiones extraordinarias.

Artículo 2.- Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente Decreto se realizarán a partir del lunes 28 de julio de 2014, la apertura de las mismas se efectuará a las 11:00 horas del mismo día.

Artículo 3.- Durante las sesiones extraordinarias la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos.

1. Dictamen a la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas.

2. Dictamen a la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

3. Dictamen en la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciones con las Mismas.

4. Dictamen en la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores, coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se expide la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

5. Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de la Ley de Coordinación Fiscal.

6. Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto que expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

7. Dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

8. Acuerdo de los órganos de gobierno.

Artículo 4.- Los proyectos de Decreto a que se refiere el artículo 3. del presente Decreto, están sujetos al procedimiento y previsiones del artículo 72 constitucional. Por lo que en el caso de que sean devueltos por la Cámara de Senadores, la Mesa Directiva dictará de inmediato los turnos correspondientes para su trámite legislativo a fin de que se desahoguen durante las sesiones extraordinarias.

Artículo 5.- El Presidente de la Cámara de Diputados convocará a las sesiones en las fechas que sean necesarias y en el recinto que defina para tal efecto, a fin de atender a los asuntos previstos en los artículos 2. y 3. del presente Decreto.

Artículo 6.- La Cámara de Diputados realizará correspondiente clausura de las sesiones extraordinarias, una vez que tenga conocimiento de lo resuelto de los proyectos de Decreto, motivo de esta convocatoria, en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del Presidente de la Mesa Directiva a las y los Diputados federales.

Artículo 8.- De conformidad con el artículo 72, inciso J) párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Secretaria.

Una vez leído el proyecto de Decreto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, es de aprobarse que se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto descrito por el Presidente de la Mesa Directiva se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión de este proyecto se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.   Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión el proyecto de Decreto.

Esta Presidencia solicita a los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, se inscriban para tal efecto.

Tenemos registrados al Diputado Ricardo Monreal Avila, en contra del Decreto; al Senador Héctor Larios Córdova, del PAN, a favor; y el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, en contra.

Un segundo, Diputado.

Diputada Lilia Aguilar, ¿en qué sentido?

La Diputada Lilia Aguilar Gil: (Desde su escaño) En contra.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En contra, Diputada Lilia Aguilar.

El Diputado Fernando Belaunzarán corrige, y su participación va a ser para fijar su posición en abstención.

Para fijar posición la Senadora Dolores Padierna, con muchísimo gusto.

¿Algún otro legislador que desee hacer uso de la palabra?

El Senador Lavalle Maury en sustitución del Senador Larios Córdova, y el Diputado Juan Pablo Adame a favor, el Senador David Penchyna a favor, la Senadora Silvia Garza a favor.

¿Algún otro legislador que no haya sido inscrito por esta Presidencia? De antemano les comento que van a ser intercalados conforme a lo previsto en el propio Reglamento.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal, para hablar en contra del Decreto.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: Gracias, señor Presidente. Ciudadanos legisladores:

Estos son días negros para la historia de la nación, días que muestran y evidencian signos ominosos de entreguismo y de claudicación nacionalista. Hoy nos manifestamos en contra de la aprobación de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, con motivo de la aprobación de la reglamentación de leyes secundarias en materia energética por muchas razones, sobradas razones, históricas, sociales, económicas, políticas.

En este periodo se pretende la aprobación del paquete legislativo que contiene las reformas que culminarán con el atraco a la nación más importante que ha ocurrido desde el siglo antepasado. Estamos en contra porque se está cometiendo un grave acto de traición a la Patria con un proyecto neoliberal que aplica de manera obcecada los gobernantes sumisos que hoy malgobiernan al país.

Estamos en contra porque la aprobación de estas reformas tendrá como consecuencia más pobreza, una mayor desigualdad y una acumulación de riqueza aún más aguda en nuestro país, estamos en contra porque de manera irreflexiva se pretende entregar la renta petrolera a un grupo de poderosos que se está situando por encima del propio Estado nacional.

Estamos en contra porque se renuncia a la soberanía nacional con la supresión de la Cláusula Calvo que contiene la doctrina nacional en el artículo 27 constitucional. Nos manifestamos en contra porque esta reforma modifica la propiedad y el usufructo de la nación sobre los recursos del subsuelo, preceptos fundamentales e irreductibles de la Constitución sin preguntar su parecer a los ciudadanos.

Estamos en contra porque en este proyecto se adapta y se adopta la figura de licencias, propias del derecho administrativo para cubrir la figura de concesión, propia del derecho público patrimonial. Asimismo, nos oponemos a la figura de la ocupación temporal, ya que establece una modalidad de expropiación, no contemplaba ni en el Constituyente original ni en el órgano reformador permanente que el año retropróximo modificó la Constitución.

Esta reforma secundaria pretende ir más allá de lo establecido en la Carta Magna. Este es uno de los actos más ominosos de agresión contra los propietarios de las tierras, llámense privados, llámense sociales.

Hoy mismo aquí en la ciudad de México están marchando miles de campesinos representando a sus comunidades en el país como una muestra de inconformidad frente a este intento de despojo de sus tierras y aguas. Hoy seguramente estos campesinos que están marchando por las principales calles de la ciudad no tendrán ni siquiera una mención en este Congreso porque para muchos de los que aquí están no existen y no existirán estos reclamos justos de las comunidades que hoy se manifiestan contra esta reforma depredadora del país.

Por eso nos expresamos en contra, porque la ocupación temporal con esta figura se promueve la expropiación por causa de utilidad privada cuando ésta no contempla en ninguna parte del derecho constitucional, la utilidad privada, sino la utilidad pública. Estamos en contra por el desmantelamiento de la CFE, de PEMEX como paraestatales o empresas públicas de la nación, porque se les ha otorgado autonomía de gestión para únicamente desmantelarlas o venderlas.

Nos oponemos a esta reforma para el cual está siendo convocado este periodo y por esta nuestra oposición porque mantiene los derechos de una aristocracia sindical, también porque se otorga fuero especial a los altos funcionarios de PEMEX en caso de daño patrimonial.

Nos oponemos a este saqueo porque a las puertas del robo más impresionante y más indigno del siglo se encuentran ya los Reyes Heroles, los Emilio Lozoya, los Pedro Aspe, los Adrián Lajous, los Kessel, los Jordy Herrera, los Gil White, los Téllez, los Elías Ayub, los Córdoba Montoya, los Fox y tantos otros traidores que actúan después de haber sido servidores públicos con información privilegiada, ahora como vulgares achichincles mandaderos de las transnacionales.

Es impresionante lo que está sucediendo, nosotros no vamos a ceder, no nos vamos a agotar, no nos vamos a rendir hasta en tanto se revierta este entreguismo de nuestros recursos, fraguado por la clase política y la clase gobernante. Los ciudadanos del país, más temprano que tarde, les cobrarán el error histórico y moral y apátrida que están cometiendo.

Miren ustedes, estamos por aprobar este periodo extraordinario que será el reflejo fiel del cuarto ciclo de reformas antipopulares que México ha sufrido, y mientras estamos por aprobar las calles están llenas de manifestantes inconformes, asesinatos impunes como el de puebla, que seguramente deberíamos estar tocando aquí, no propiciando a nadie, al menos para darle cauce a lo que está sucediendo en Puebla.

No convertir a este Congreso en un cómplice de la tiranía, en un cómplice de la impunidad.

Deberíamos estar tocando esos temas, el de los campesinos inconformes, el de los maestros inconformes, el de las amas de casa inconformes con la carestía y el de una clase gobernante callada, que está imponiendo sus reformas, pero que está acudiendo a la fuerza y a la represión para callar las protestas sociales.

Por eso nosotros no vamos a asumir ninguna posición a favor, actuamos en congruencia, cada uno tendrá que ser responsable ante el juicio de la historia, a él nos atenemos aunque en el futuro sea demasiado tarde para arrepentirse de lo que muchos están haciendo.

Nosotros votaremos en contra de este proceso desmantelador, privatizador, saqueado del patrimonio del país, no lo admitimos, no lo avalamos, no lo consentimos. Por esa razón fijamos nuestra posición con razones y argumentos.

Señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal Avila.

Esta Presidencia, como han podido ustedes observar, ha sido altamente tolerante en cuanto al tiempo en razón de la naturaleza del asunto y continuar con la mística que ha imperado de debate tanto en Senado como en Cámara de Diputados, de efectivamente tener la oportunidad de participar sobre el tema.

Sonido en el escaño de la Diputada Alliet Baustista Bravo,  ¿para qué efecto?

La Diputada Alliet Bautista Bravo: (Desde su escaño) Señor Presidente, a propósito del tema de Puebla, yo creo que es un tema importante que se está viviendo de represión del Estado de Puebla, y a nombre propio y de quienes conformamos los grupos parlamentarios del PRD de esta Comisión Permanente, deseo expresar nuestra más enérgica condena por la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo acaecida el pasado viernes 18 de julio a causa de una contusión craneoencefálica sufrida durante el violento e inhumano desalojo perpetrado por elementos del cuerpo policiaco del Estado de Puebla en el marco de las manifestaciones y propuestas realizadas por habitantes de la Junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Atlixco, Puebla, en donde solicitaban al Gobernador Rafael Moreno Valle, la restitución de las oficinas de registro civil a las juntas auxiliares.

A este respecto, es preciso manifestar que no obstante que mi grupo, por conducto de la Diputada Roxana Luna Porquillo en múltiples ocasiones ha manifestado estos hechos violentos y de represión en el estado y también ha hecho varios puntos de acuerdo para proteger los derechos humano y se regule también el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas del estado de Puebla, la… llamada Bala, atraía también esta ley múltiples violaciones a los derechos humanos de los poblanos.

En realidad este día lamentamos con impotencia este fallecimiento del niño de 13 años, quien pasaba en compañía de su madre, la señora Elia Tamayo y fue alcanzado por un proyectil disparado por elementos policiacos encargados de disuadir y replegar la manifestación que tenía realización en esos momentos a la altura del kilómetro 16 de la carrera Atlixco-Puebla.

Ante esto, señor Presidente de la Asamblea, es urgente que esta Comisión Permanente haga un llamado urgente a la PRG para esclarecer las causas y finalmente, señor Presidente, le solicitaría que solidaria y humanamente esta Comisión Permanente guarde un minuto de silencio en la memoria del niño José Luis Tehuatle Tamayo.

Es cuanto, señor Presidente, y estimo su proceder.

Muchas gracias.






El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Presidencia obsequia favorablemente la petición del minuto de silencio y les pide a todos los presentes ponerse de pie.

MINUTO DE SILENCIO

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, favor de tomar asiento.

Continuando con el Orden del Día, le concedemos el uso de la palabra al Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del proyecto de Decreto.

El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Gracias, señor Presidente.

Estamos viviendo horas importantes para nuestro país, porque estamos definiendo no la agenda de este año, estamos definiendo la capacidad que van a tener las próximas generaciones de hacer crecer a nuestro país, de tener una mejor calidad de vida.

Por eso es importante que el debate lo fijemos en las próximas generaciones.

En estas oportunidades que se pueden generar con estas reformas que se están avalando por distintos partidos políticos, porque no sólo es la agenda de una sola persona, ni es la agenda del Presidente de la República, es una agenda que el Partido Acción Nacional ha venido manejando por más de 30 años de los movimiento legales de las reformas que se tienen que hacer en nuestro país para que precisamente se pueda transformar a nuestro país y otras generaciones puedan tener mejores condiciones que las que estamos teniendo en este momento.

Por eso el acuerdo del periodo extraordinario tiene que ser votado a favor, por la discusión que vamos a tener en la Cámara de Diputados, una discusión que, por cierto se ha planteado no solamente para escuchar reserva tras reserva, se ha planteado para que se discutan los temas en lo general, para que lleguemos al fondo del asunto y para que no sólo sea un diálogo de sordos, se plantea que haya debate a favor y en contra, que las posiciones se debatan en el pleno, que se escuche a los proponentes y que a partir de ahí entonces se tome una decisión.

Por eso, como viene el acuerdo, es importante darlo a conocer a la ciudadanía, porque a diferencia de cómo se dio en el Senado, ahora se está dando un acuerdo de mayor calado, de una amplitud mucho más clara para la ciudadanía, ya ve que nos van a beneficiar a todos los legisladores, pero sobre todo a todos los ciudadanos, porque se va a conocer con pelos y señales lo que se debate en la Cámara de Senadores, lo que se debate en materia energética y lo que se va a resolver en esta materia.

Es por eso que desde la Cámara de Diputados y desde el grupo parlamentario de Acción Nacional, damos nuestra confianza y damos nuestro voto a favor de este proyecto, porque creemos que le va a beneficiar a México, y sobre todo creemos que le va a beneficiar a las futuras generaciones.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Adame Alemán.

Para fijar posición, le concedemos el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD.

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

Reconozco el esfuerzo que hizo la Junta de Coordinación Política para hacer un debate ordenado, para garantizar debate, cosa que había faltado en las leyes anteriores, ahora habrá y está el compromiso de quienes están a favor subirán a defender sus puntos de vista y contrastarán tema por tema en la Cámara de Diputados, es por supuesto un avance que haya discusión, que haya debate ayude al mundo, pero si bien reconozco estos avances, y también reconozco que hubo flexibilidad, y yo diría, sensibilidad al hecho de que coincidía con el foro internacional de política de drogas, y el día martes hicieron el tiempo para que nos acompañen a la inauguración de tan importante evento, a pesar de eso, sí tengo que decir por qué no acompañaremos esto a favor a pesar de estos avances y el reconocimiento de esta realidad.

Porque hay, y está creciendo para un tema tan importante lo que podríamos llamar neodespotismo ilustrado; ¿por qué llamo neodespotismo ilustrado?, porque prácticamente nos dicen que este es un tema para expertos, recuerden la frase del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, que aunque el pueblo esté en contra, que aunque el pueblo no esté de acuerdo, que aunque el pueblo, yo sé, un grupo de iluminados, un grupo de autonombrados expertos, de próceres de la patria, que también se dicen, a nombre de ellos, dicen, aunque tú no estés de acuerdo, pueblo, yo te digo que ésta es tu solución, y no te doy ninguna oportunidad para que opines lo contrario.

Contra ese neodespotismo ilustrado es que estamos nosotros.

Y debió haber cerrado una discusión mucho más abierta, mucho más, bueno, ya dije que hay un avance al discutir por temas este asunto. Sin embargo, que no nos digan que 16 leyes se pueden discutir en una semana, más las que por cierto tienen que ver con la parte fiscal que están en la Cámara de Diputados, eso es verdaderamente es muy arrebatado, muy atropellado.

Pero, más allá de eso, insisto, que esta discusión tan trascendente tiene que involucrar a toda la sociedad, incluso, aunque aquellos del neodespotismo ilustrado desprecien a la gente, porque quien o no quieran se va a decidir en 2015 en las urnas, y si nos salen con la salida, que me parecería que sería inconstitucional, de que la Constitución no puede ser puesta a consulta a pesar de que el artículo 35, establece claramente qué temas de la Constitución no pueden ser consultados y, por lo tanto, los demás temas sí pueden ser consultados, porque si no, qué caso hubiera tenido el constituyente en distinguir.

Entonces, quieran o no quieran, va a ser una decisión de la sociedad y del pueblo, y si por presiones pueden hacer que digan que no se discuta en lo constitucional, pues entonces, habrá consultas sobre las leyes secundarias, pero que no queda duda de que los ciudadanos tendrán la última palabra y podrán decir su opinión sobre este tema tan importante, y para eso, y para eso no hay nada como el debate público, porque finalmente los ciudadanos van a decidir.

Y aquí yo veo una claudicación, parece ser que la mayoría, estos iluminados que creen que pueden decidir lo bueno para el pueblo, pero sin el pueblo, no quieren y no aceptan el reto de convencer a los ciudadanos.

Ojalá tuvieran la convicción democrática de tomar de tomar el guante, y de una vez decir, ok, vámonos a las urnas, en lugar de ver cómo pueden presionar a la Corte para evitar ese derecho ciudadano. Por qué no apuestan a convencer a los ciudadanos, si es tan grande y tan maravillosa esta iniciativa, que por cierto, viola el Pacto por México, porque ahí se establecía que toda la producción se mantendría en manos mexicanas, en manos de la nación, y esto, la verdad, va muchísimo más, se planteaban a abrir la ventana, y acabaron abriendo hasta la cochera; si están convencidos de que eso le conviene al país, porque yo no los voy a tratar de traidores a la patria o cosas así, yo creo que están convencidos de que esta reforma beneficia al país, pues convenzan a los ciudadanos, convenzan a la ciudadanía, convenzan al pueblo de México, y nos vemos en las urnas en 2015, en lugar de ver cómo pueden escamotearle ese derecho ciudadano concedido en el artículo 35 constitucional.

Entonces, este no va a ser, a lo mejor piensan que más ordenado, por tema, ahí se acabó el debate, y ya, y ya que todo lo que quede sea el negocio.

No, en 2015 nos tenemos que ver, y en 2015 tenemos que convencer, cada quien a la ciudadanía, porque yo estoy convencido que una Suprema Corte que ha sido reconocida por sus respetos a los derechos humanos, una Suprema Corte que, por cierto a ninguna otra Corte Suprema le han dado tal reconocimiento, yo estoy seguro que una Corte que ha sido así, distinguida internacionalmente por ese compromiso no va a escamotearle ese derecho a los mexicanos, con, perdón, con, con, con argumento de coyotes, que dicen que, por que en algún caso también implican las finanzas públicas, y porque eso, entonces, como tiene que ver, entonces es un asunto de impuestos, y no se puede consultar.

Perdón, la Suprema Corte no va a irse con argumentos pueriles, por eso más vale que nos preparemos para ese debate, hubiera sido sano que hubiéramos preparado mucho mejor el debate, y en lugar de hacer el récord mundial de números de leyes en pocos días, en una semana, en dos semanas, nos hubiéramos tomado el tiempo para declarar a la sociedad e ir convenciendo para que las posiciones estén establecidas en mesa, y simplemente aclaro algo para que se quede. Quienes nos oponemos a la reforma energética como está, a estos 7 dictámenes, los cuatro que están, que salieron del Senado, y los 3, no es porque queramos que las cosas sigan como están, somos motor de los cambios; no queremos que PEMEX siga como está; pero queremos transformarla para fortalecer esa gran empresa pública que es PEMEX, y que ese, que la rectoría del estado sea vital en el manejo de los energéticos, esa es nuestra puesta, no es porque queramos que sigan las cosas como están, simplemente que queremos poner por delante el interés nacional, el interés del estado, el interés de los mexicanos sobre el interés particular.

Por esas razones, porque reconocemos que va a haber un debate ordenado, vamos a ver que efectivamente acepten y suban a hablar a favor, y las supuestas bondades que le ven a esto, les tomamos la palabra, veremos eso.

Por esto, pero, reconociendo que quienes que tomar la última decisión son los ciudadanos, que esto no acaba aquí, que nos vemos en la consulta popular en el 2015, porque créanme que vamos a tener mucho más del millón 700,000 firmas que pide la Constitución.

Simplemente concluyo que por estas razones hemos decidido obtenerlos. Reconocemos el esfuerzo que se hizo en la Junta de Coordinación Política para ordenar un debate que sea más sano que aquel bateo automático de todas las reservas y que pueda ser por temas y que la sociedad pueda contrastar con los que están a favor, con los que están en contra, y tener un debate mucho más gratificante para la sociedad, pero nos vamos a abstener porque en el fondo no estamos de acuerdo, porque creemos que sé fue atropellado, y porque hay una intención de escamotearla al pueblo de México su derecho constitucional a decidir en una consulta popular en las próximas federales.

Es cuanto, Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Belaunzarán Méndez.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra.

La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente, y con la venia de la Asamblea.

Decía el poeta Octavio Paz que: “...lo otro sí existe..”. Por más que nos neguemos a verlo, por más que nos neguemos a escucharlo, el día de hoy, lo otro está expresándose en las calles. Está aferrándose con uñas y dientes, y pidiendo a sus representantes populares, no solamente a los de la izquierda, sino también a los del PRI, a los del PVEM y los del PAN a que los escuchen.

Lo otro sí existe, y se aferra a la verdad con uñas y dientes.

Nosotros sostenemos que estas reformas debió haberse consultado con la ciudadanía antes de haber sido discutida en las Cámaras; antes de haberse negociado este absurdo debate simulado, que llevará algunos a decir que pasaron tantas horas, 60 horas, 3 días, 42, 56 horas debatiendo la reforma energética.

En un debate sordo; en un debate que pareciera ser a más un juego de insultos, que un debate de fondo. ¿Por qué no se consultó la reforma energética a la ciudadanía? La respuesta la tenemos ahora en las calles.

Porque el Gobierno sabe cuál es el sentimiento de los mexicanos sobre estas reformas y sabe que en efecto todos estamos por la eficiencia y la productividad de PEMEX y de CFE, pero no disfrazada en una reforma basada en la corrupción y en el contratismo.

Finalmente pareciera que le tienen miedo a lo otro. Yo vengo a esta tribuna, y lo expreso, con mucho pesar; con mucho pesar porque como una legisladora joven, pensé que desde las Cámaras se podía cambiar este país; pensé que desde las Cámaras se podía escuchar a lo diferente; pensé que desde las Cámaras se podía llevar al gobierno a un punto medio para que todos y cada uno de las voces y fuerzas políticas de este país fueran escuchadas y reflejadas en las reformas estratégicas del país. Sin embargo, no es así.

Hoy se dice que la renuncia a la soberanía no se da porque la propiedad de los energéticos sigue en manos de los mexicanos. La verdad es que este es un juego de palabras. La verdad es que el usufructo de los energéticos estará ya en manos de privados. Y como legisladora joven, y como ciudadana joven de este país, no entiendo, de verdad se los digo que no entiendo porqué entregar nuestros recursos energéticos y dejar fuera la rectoría del Estado.

Yo no estoy en desacuerdo en la productividad o en la eficiencia energética, nosotros los jóvenes de este país somos jóvenes de pensamiento moderno y sabemos que la inclusión del dinero privado en el sector energético, ya sucede, y sabemos que no daña siempre y cuando la rectoría del Estado esté presente y siempre y cuando se hubiese dejado y considerado que el sector energético era estratégico, como en cualquier país del mundo, porque renunciar a decir que el petróleo, que la electricidad es un sector estratégico de la nación, es claudicar en la misma.

Sin embargo, para dar salida a este juego de palabras y decir que la propiedad del Estado sigue siendo vigente, tenemos como resultado esta reforma energética que tiene como pretexto la falta de productividad y de eficiencia de PEMEX y de la CFE. Pues cómo no van a dejar de ser eficientes si tienen años, de verdad años, jugando a la corrupción y a la caja chica con estas 2 empresas y años esforzándose el PAN y el PRI en quebrar estas empresas del Estado. ¿Qué es la reforma que hoy tenemos? Tenemos una reforma que no respeta el medio ambiente; que dice que el fracking será la solución para poder explotar el gas Shell en regiones como Chihuahua, mi Estado, que tiene grandes deficiencias de agua. ¿Qué van a hacer? Qué van a hacer cuando en Chihuahua venga la crisis del agua por la ambición de explotar el gas Shell, ¿Qué van a hacer cuando tengan que hacer frente a la ciudadanía por el aumento a la gasolina y cuándo tengan que explicar que en efecto desaparecieron los subsidios en el gas aunque permanece programas que manejará el Ejecutivo y que imagino que aplicarán hasta el año entrante?

La verdad es que estas reformas no solamente dañan el sentimiento de los mexicanos, sino también su propiedad. La ocupación temporal que es ahora este término tan simpático que utilizaron para despojar a los mexicanos por 30 años de sus tierras y poder explotar los hidrocarburos que se encuentran en ellas. Es una burla a la gente que se dedica al campo; es una burla a la gente que trata de hacer una vida simple, digna y sencilla en este país.

Este no es simplemente un despojo a la tierra, es también un despojo al agua, y es también un despojo a los hidrocarburos.

Hay quienes dicen que este es el refundamiento del nuevo PRI, con nuevos socios económicos y con nuevos socios políticos.

Yo, yo me resisto a creerlo, porque también sé que en ese PRI se dio la reforma de Reyes Heroles que reconocía el pluralismo de este país.

Nosotros, y ustedes lo saben perfectamente, no estamos aquí para pedir que las cosas se mantengan como están, esa no es la lógica de la izquierda, y esa no es lógica de los jóvenes de este país. Nosotros estamos aquí para pedirles en ese sentimiento de pluralismo, si alguna vez existió en el PRI y que imagino alguna vez existió en el PAN, a que no claudiquen; a que no nos vayamos a señalamientos de nacionalismos mal entendidos y a que hagamos una consulta de este reforma real y a que toquemos los temas finos y que no hagamos una reforma de contratismos, sino una reforma de productividad y eficiencia real.

Que el Estado siga siendo el rector en la medida en la que la modernidad tan aludida en la tribuna del Senado seguramente se hará en la tribuna del Congreso, sea dado. Nosotros nos estamos por mantener las cosas como están, sino por verdaderamente modernizar este país, pero modernizar no significa simplemente cambiar y escoger nuevos socios.

Nuestro llamado es porque se entienda que lo otro si existe, que lo otro está marchando en las calles, y que finalmente una reforma energética como ésta, ha causado guerras en otros Estados, en otros países, y que nosotros le estamos apostando al cambio y a la modernización de México, no a su retroceso.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Aguilar Gil.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor.

El Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchas gracias, señor Presidente; y muchas gracias a todas y a todos.

Bueno, pues es un día creo que no solamente especial por la atención que todos nos hemos profesado.

Esto, y para todos, decirles: no es un debate que haya empezado la semana pasada.

Yo creo que es de aplaudir, es de felicitar al Senado de la República por el trabajo serio, por el trabajo que se presentó, por las horas que estas hayan sido, porque hubo hombres y mujeres de todos los partidos políticos y de todas las formas de pensamiento en esta misma tribuna. Se discutió, se sometió a votación.

Y hoy también es de felicitar y es de aplaudir a la Cámara de Diputados, particularmente a la Comisión de Energía, porque debo decir que desde 72 horas previas han estado debatiendo las minutas que el propio Senado nos giró.

Entre estas, nada más como un proceso de recordatorio, porque cierto es que venir a la tribuna y decir que todo va a estar mal, que nada está bien, pues, yo quiero invocar las palabras que en alguna ocasión Abraham Lincoln dijo: “Que era una gran satisfacción ver nacer hombres y mujeres en un seno de igualdad”.

Hoy, por desgracia, esa igualdad, y así lo mencionaba, sería el nacimiento, el único día que tuvieran equidad y tuvieran igualdad.

Hoy México está, y todo mundo lo reconocemos, independiente del partido político en el cual estemos.

Hoy México vive inmerso en una serie de inequidades sociales, y para esto los discursos de la mayor parte de la gente es, ¿con qué te va a apalancar económicamente para poderle dar subsistencia a tantos y tantos programas?

Hoy, la desgracia que tenemos, es que no existen recursos, no existen recursos económicos. Esto, señoras y señores, es la madre de todas las reformas.

México necesita de un apalancamiento económico, necesita de someterse al futuro, y claro que sí, a la modernización, y es por ello que hoy las alternativas que se están teniendo, sí, es hablar a la inversión privada, es hablar a los grandes capitales para que puedan invertir.

Es verdaderamente lamentable el que la gente critique, lo que en la cuenca de Burgos ha venido existiendo, y la incapacidad que nuestro país ha tenido para no explotar el gas natural.

Los dictámenes que se están sometiendo a la discusión en la Cámara de Diputados es la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la inversión extranjera.

El número 2.- Es un dictamen de minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley de la Industria Eléctrica, y la Ley de Energía Geotérmica.

El número 3.- De la Ley que Expide Petróleos Mexicanos, y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

El dictamen que expide la Ley de los Órganos Reguladores y Coordinadores en Materia Energética.

El quinto punto, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de la Coordinación Fiscal, entre otros tantos.

Yo hoy vengo, alguien mencionaba en razón a las edades. Probablemente uno no esté tan joven, pero hemos visto, hemos visto cómo en el devenir de la historia las críticas y los debates que se han venido haciendo son el estar en contra de muchas de las disposiciones.

Yo lo que creo que va a suceder en la Cámara de Diputados, y así lo solicitaríamos, es de que exista un debate respetuoso, que exista ¡Claro! un debate de nivel, pero no simple y sencillamente que los debates tengan que ser de manera forzosa y que todo mundo tenga que estar votando en razón a los pensamientos de algunas personas.

No existe gente iluminada. Yo creo que hoy tenemos la gran oportunidad, como partido político, de poder debatir una de las reformas más trascendentales, más trascendentales de este país, más trascendentales en los proyectos sociales, y que claro que va a ser de un impacto importante para todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos del país.

Ya se mencionaba, cierto es, en el 2015 habrán procesos electorales. Y hoy, si un servidor está en esta tribuna, es porque firmamos, y en los procesos electorales ¡claro que ahí nos vamos a ver!

La gente hoy está urgida de poder tener recursos económicos; hoy está urgida de que la propia electricidad les pueda bajar; que ya no existan los gasolinazos, a eso le estamos apostando, y ojalá el resto del país, pero particularmente quienes tenemos hoy la gran oportunidad histórica de poder votar, la gente lo pueda hacer con el uso de razón debatiendo con respeto, y que ojalá al país, como así lo pensamos, pueda, pueda irle mucho mejor.

Por la atención que todos me han brindado, muchísimas gracias, y claro que estaremos en el debate la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Alcalá Padilla.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Zárate, del grupo parlamentario del PRD, para fijar posición.

El Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros:

Valdría la pena iniciar este discurso con una dimensión distinta que no se ha tocado el día de hoy, y que tampoco se ha tocado en los días pasados.

En la teoría clásica, una norma, una norma se cumple por 2 razones: por miedo o por convencimiento.

Esta reforma seguramente no va a ser cumplida por convencimiento.

Este es un serio problema, y el problema viene derivado de la poca legitimidad que tiene esta reforma.

¿Por qué?

Número 1.- Por la debilidad democrática que tiene nuestro país y que se profundiza con esa reforma.

Y ¿Por qué esta debilidad democrática? Porque es evidente que las mayorías ficticias, en el Senado y en la Cámara de Diputados están haciendo valer su única opinión respecto del país.

No pudiera afirmar que están equivocados, ni pudiera afirmar que están en lo correcto, todavía falta la prueba final, que es la aplicación de la reforma.

Sin embargo, revisemos cómo podría ser la aplicación de esta reforma en países donde la democracia es fuerte, en países donde existen pesos y contrapesos ciudadanos, en país donde se revisa la transparencia, donde se está pendiente de la corrupción, donde las leyes están protegidas por el Poder Judicial, y sobre todo por los ciudadanos, por supuesto que es posible para pasar a una apertura en donde, incluso, lo que se ha comentado: empresas de carácter privadas puedan desarrollar áreas donde el Estado no le alcanza.

Sin embargo, revisemos cuál es la postura de México, democráticamente hablando. Si quieren tocamos el tema de Nayarit, en donde el gobernador es Dios Padre.

Si quieren toquemos temas de todos los estados de la república, donde el Faraón son los gobernadores. ¿Existen contrapesos? No lo creo.

Revisemos la postura del Senador, hoy, Vega Casillas, en la Secretaría de la Función Pública, que no pudo emitir una sola resolución de sanciones peculiares, sanciones patrimoniales a este país.

La Secretaría de la Función Pública se encarga de revisar la transparencia y los actos de corrupción. Una falla total en este país.

Revisemos cómo va a ser la aplicación de la ley, y los podría poner en contexto, en un contexto internacional, que a lo mejor mis compañeros Diputados, especialmente de Guerrero pudieran hablar de ello.

¿Qué pasa en países como Nigeria, donde la democracia es muy débil?

¿Qué pasa en países como Indonesia, donde se han privatizado y se han vendido los recursos naturales a ciertas empresas?

¿Qué pasa en países como Rusia, en donde el Estado es muy fuerte, pero el gobierno es muy débil, y por ello ha tenido que imponer sus distintas decisiones?

¿Qué pasa con Vladimir Putin?

México, ¿en qué posición de gobierno está?

¿Es un gobierno fuerte? ¡Lo dudo! El PAN lo dejó destrozado.

Ahora están recuperando el gobierno los priístas, por cierto, con una buena intención.

¿Tiene las condiciones para atar de las manos a Shell, Exxon, Texaco? ¡Lo dudo! Es mucho más fuerte.

Si no pudieron atarle las manos a TVAZTECA y a Carlos Slim.

Acabamos de aprobar una reforma en telecomunicaciones.

Si muchos de los coyotes están dirigiendo los debates, expertos coyotes, por cierto.

En el Callejón del Golpe se le llama Catrás, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el Distrito Federal.

Sí, hay un problema de legitimidad.

Sí, hay un problema de aplicación, y lo tendrán en el problema de aplicación.

Y ahora hay un problema que ni siquiera se ha respetado, el ámbito de aplicación de la ley, ni se respetará, y ya lo veremos al final.

Pero ni siquiera en el proceso de formación de la ley se ha respetado el debate.

Yo escucho que hay una gran democracia en la Cámara de Diputados y que en las últimas 72 horas se ha debatido la energía.

Los dictámenes se están aprobando en dos horas.

Por favor, no sigamos simulando, tienen la mayoría, una mayoría ficticia. Tienen la mayoría y van a aprobar esta ley.

Pero esto no refleja la legitimidad más importante de una norma, que es el peso del pueblo, que es el peso de la gente.

Ya terminó el proceso, como yo leí hoy en la mañana en el periódico, pero pasa la prueba más importante, la Consulta Popular.

Por cierto, una Consulta Popular impulsada por el PRD.

Por cierto, esa legitimidad de la que México nos dolemos, no es solamente en la aplicación de la Reforma Energética, sino de tantas leyes, desde la Ley de Cultura Cívica, hasta la Carta Magna, que falta la legitimidad de la aplicación.

Por eso, no hemos construido un Estado, pero ahora ustedes, esa mayoría ficticia, están destrozando todavía más la perenne y mínima democracia que tenemos.

Hoy y en esta semana podamos dar terminado el debate energético.

Continuará la siguiente etapa. Algunos frotándose las manos, que será la etapa del negocio.

No nos equivoquemos, la etapa que viene es la de la legitimidad popular. Y eso se llama Consulta Popular.

Por eso no puedo estar a favor de esta propuesta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Sánchez Torres: Gracias, Diputado Fernando Zárate.

Para hablar a favor, tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván.

La Senadora Silvia Garza Galván: Gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros Diputados y Senadores:

Aprovecho este espacio, creo que no se ha terminado, Diputado Zárate, creo que viene un debate rico y muy productivo en Cámara de Diputados.

Y aprovecho este espacio para decirles que podemos hacer mucho en temas que nos unen, en temas que legislamos a favor, como es la salud, como es proteger a las personas que tienen la tenencia de la tierra, y por supuesto el medio ambiente.

En esta Cámara de Senadores logramos eliminar la palabra expropiación.

En esta Cámara de Senadores logramos hablar de la figura de ocupación temporal.

En esta Cámara de Senadores logramos que se respeten esos derechos y que, por supuesto, estos tenedores de la tierra tengan ganancias, por no decir muchas ganancias.

Queda por hacer, si bien logramos que en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos se modificara, se añadiera un párrafo que dice….”que no se permitirán asignaciones de contratos ni de extracción ni de explotación en áreas naturales protegidas”, creo que ahí hay un área de oportunidad que ustedes los Diputados habrán de debatir y extenderla a las otras leyes, incluida la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Geotermia.

El “paquete verde”, hablar del “paquete verde” vendrán los debates para septiembre, que no finalice septiembre, donde tenemos mucho que hacer. Está la Ley de Transición Energética, que propuso el PAN; está esa ley que ve el futuro a donde tiene que transitar México, y por eso le llamamos Ley de Transición Energética, transitar y utilizar el gas precisamente como una transición para ir a las energías renovables.

Mi partido está preocupado por estos conceptos que manejé anteriormente que es la salud, proteger a las personas en la tenencia de la tierra y también en el medio ambiente.

Creo que la Agencia, la Agencia, la nueva institución, que es una Agencia especializada que en esta materia, la materia de hidrocarburos, tenemos que afianzarla y hay también áreas de oportunidad ahí para robustecerla.

Nosotros ya hicimos nuestra parte, los Senadores de todos los partidos hicimos nuestra parte. Hoy toca a los Diputados.

Yo los invito a ese debate rico, pero no al debate de ver claro o negro, no al debate de ver blanco-obscuro. No, al debate productivo, al debate de sí cómo le hacemos para mejorar esto, al debate de sí cómo le hacemos. Porque si bien es cierto que tenemos opiniones que podemos encontrar a favor de los ciudadanos, también tenemos opiniones diferentes en la cuestión económica. Y el PAN le apuesta así a la inversión, el PAN le apuesta sí a los buenos empleos, el PAN le apuesta a la prosperidad de México. Y, por supuesto, hicimos nuestra parte en las protecciones de la salud, de la tenencia de la tierra y el medio ambiente.

¡Que falta!

Por supuesto que falta.

Va para Cámara de Diputados.

Les deseo un excelente debate, pero que sea productivo para México, que haya reformas, que puedan todavía anexar, añadir a los diferentes artículos para bien de México, de la salud de sus habitantes, del medio ambiente y, por supuesto, de todas las personas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Sánchez Torres: Gracias Senadora Silvia Garza Galván.

Para fijar posición, tiene el uso de la palabra la Diputada Alliet Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD.

La Diputada Alliet Bautista Bravo: Muchas gracias, señor Presidente.

No hay proceso que no llegue a su fin y eso es lo que estamos viendo al convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados.

Estoy convencida de que el país merece que este Congreso, que está tomando decisiones tan trascendentes y tan importantes para todas y todos los mexicanos, sea tomada en cuenta su opinión.

Así debió ser la reforma constitucional y así debería ser ahora que están a punto de aprobarse leyes secundarias, disposiciones que tendrán una gran repercusión negativa para el futuro de las y los mexicanos.

Hoy está más clara que nunca la alianza que han desarrollado el PAN, el PRI, los Verdes y la Nueva Alianza, con el propósito fundamental de terminar con todo lo que significó la construcción de la capacidad estratégica del Estado mexicano, para impulsar el desarrollo económico en beneficio de los mexicanos.

Hoy encontramos a la dirección del PAN con una gran soberbia, por cierto, en adjudicarse la paternidad de estas reformas regresivas.

Hoy también el PRI frente a la gran responsabilidad que tienen dentro del Ejecutivo de asumir también estos cambios.

Hoy el pueblo de México puede advertir la irresponsabilidad de quienes habiendo administrado la enorme riqueza de nuestra nación, han traicionado a esos principios que tenemos en la Carta Magna y que fueron modificados hace unas cuantas semanas.

¿Qué han hecho de nuestro país?

¿Por qué quieren terminar con él?

Ustedes desde el Ejecutivo, con todo el poder que eso les brinda en México, fueron incapaces de aumentar la eficiencia de las empresas emblemáticas de desarrollo de nuestro país.

Quiero darles algunos datos y sólo como referencia que de acuerdo con cifras del Banco de México, la suma del valor de las exportaciones petroleras durante el sexenio de Vicente Fox fue de 141 mil 180 millones de dólares.

Y en el sexenio de Felpe Calderón creció a 275 mil 573 millones de dólares.

Un aumento nominal de 95 por ciento en el valor de las exportaciones petroleras totales de un sexenio a otro.

Y por qué no pudieron construir capacidad productiva con toda esa disponibilidad de recursos.

Y eso sin contar con las ventas en el mercado interno.

Por qué desde el poder desde su posición de responsabilidad, de manera inexplicable, se dedicaban a promover cambios que debilitaban la capacidad productiva de estas empresas.

Está pendiente una investigación a fondo de por qué en el 2006, sin ninguna justificación, el primer semestre, los ingresos petroleros del sector público se incrementaron a costa de la salud financiera de PEMEX.

Está pendiente investigar los acuerdos para impulsar los proyectos tipo Fénix, el abandono de plantas productivas y más recientemente la compra de acciones en REPSOL, la compra de gas con sobre precios, el abandono de las plantas de generación hidroeléctrica y la obsesión de invertir recursos públicos en el sector exterior, y cuando ya también había un presupuesto para instalar refinerías en nuestro país.

Sus teóricos y algunos llamados académicos, que afanosamente han promovido este modelo, ya se frotan las manos para las ganancias que obtendrán de los recursos de los mexicanos, todo con tal de justificar la decisión de entregar el patrimonio de los mexicanos, de dejar que empresas foráneas se posiciones en el mercado. Por eso, independientemente de los señalamientos que hicieron en su momento nuestros compañeros y compañeras Senadoras de nuestro apartido acerca de las violaciones al proceso legislativo e independientemente de que se interpongan acciones de inconstitucionalidad sobre varias de las disposiciones que ustedes promueven, y yo quiero insistir que el pueblo de México no merece que se promuevan sin su claro consentimiento, sin su participación informada, sin su opinión en consulta institucional cambios que puedan afectar terriblemente sus condiciones de vida y de su futuro.

Hoy lo que vemos también que cada uno de nosotros somos representantes, que más bien están representando a cada uno de sus partidos políticos. Yo digo ¿cuantos de aquí han consultado a sus electores, ya no se diga a los plurinominales que efectivamente, como dicen, corresponden a los intereses de su propio partido?

Inicia la última parte del proceso en realidad iniciada hace 20 años, orientado a concentrar el ingreso en unos cuantos, limitando las posibilidades de desarrollo humano de la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos, un proceso que ha debilitado a México y que ha provocado la erosión del tejido social, que lleva a la desesperación, a la violencia y a la migración de nuestra población hacia el norte. Mientras que no se lleve a cabo la consulta se van a escuchar muchas voces, como es el día de hoy que se están desarrollando manifestaciones en las calles de esta Ciudad, de campesinos que están en contra de las disposiciones que ponen en riesgo sus territorios, sus ejidos, su capacidad productiva, ¿qué quiere decir todo esto? Su derecho a la vida.

Por eso decimos que, y seguimos insistiendo que se debe de dar la consulta, la consulta popular para que podamos entonces sí ver cuál es el futuro de nuestras futuras generaciones. Necesitamos la consulta ya, democracia para todas y todos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Diputado Sánchez Torres: Gracias, Diputada Alliet Bautista Bravo.

Le damos el uso de la palabra, para hablar a favor, al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente.

Los legisladores del Partido Acción Nacional vamos a votar a favor de este periodo extraordinario porque vamos a votar a favor de lo que México necesita. Hay que dejar de querer pensar y dejar de querer condenar a este país a seguir viviendo en el México de 1938.

Hay que darnos la oportunidad todos y cada uno de los mexicanos de aprovechar el enorme potencial energético que tenemos para beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, a poder generar los enormes beneficios que trae una reforma energética de esta naturaleza para ser un imán de inversiones, para poder generar los empleos que tanto necesitan los jóvenes, unos de ellos que han pasado a hablar en contra de este periodo.

A generar más y mejores servicios para los consumidores, a darnos la oportunidad a todos los mexicanos de poder escoger entre diferentes proveedores y generar con eso competencia y con ello vernos ampliamente beneficiados, acceder también a darnos la oportunidad de poder acceder a hidrocarburos más baratos, a hidrocarburos menos contaminantes, a hidrocarburos que le den la oportunidad a millones de familias en este país de poder tener menores costos de energía eléctrica que tanto lastima en estos tiempos a la economía familiar, a poder contar con empresas productivas del Estado que nos den los mejores resultados a los mexicanos y que sean competitivas, a darle mayores y mejores beneficios a los dueños de la tierra que también tanto lo necesitan, a generar una industria nacional que, además, genere no solamente empleos, sino empleos mejor pagados, a garantizar la seguridad energética no solamente de los mexicanos de hoy, sino también de los mexicanos del mañana, a generar un ahorro que hoy por hoy tanto nos quejamos de que el dinero y el recurso de la renta petrolera se va año tras año al gasto corriente.

Pues bueno, con esta reforma energética estamos dotando también de la oportunidad a los mexicanos del futuro de que también gocen de esa riqueza energética que tenemos hoy en nuestro país. A garantizar que el petróleo es y seguirá siendo de todos y cada uno de los mexicanos.

Esas y muchas otras razones son las que le dan importancia especial a la aprobación de este periodo extraordinario. Y para quienes han pasado a decir que no se ha debatido, pues, bueno, creo que nada más falta ver las interminables horas en los cuales hemos platicado, discutido y debatido muchos de nosotros los beneficios y los temas que están incluidos en esta reforma energética; desafortunadamente otros temas que no solamente no están planteados en ninguno de los dictámenes, sino que simple y sencillamente representan justo lo contrario.

PEMEX y la CFE no se privatiza ni se vende, el petróleo es y seguirá siendo de todos los mexicanos, y vamos a aprovechar esos hidrocarburos para que nos den los beneficios que todos tanto necesitamos. Y también tiene especial relevancia el periodo extraordinario porque hay dos temas que considero fundamentales que se estarán discutiendo por nuestros compañeros Diputados en los próximos días: primero, como Cámara revisora estarán analizando y discutiendo los cuatro dictámenes de este modelo energético que acabamos de aprobar en la Cámara de Senadores; el paquete reglamentario, lo cual incluye no solamente todo lo referente al nuevo tratamiento y al nuevo modelo y paradigma que estamos cambiando el modelo de los hidrocarburos, sino también el paquete eléctrico que forma parte fundamental de las necesidades de energéticos que tenemos en este país.

El paquete regulador para contar con árbitros fuertes, con árbitros objetivos y que generen competencia y que garanticen en todo momento las mejores condiciones para todos los mexicanos con una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Manejo Ambiental para garantizar también que otro gran patrimonio, que es de todos y cada uno de los mexicanos, sea cuidado, protegido, y garantizarle también a los mexicanos del futuro que habrá una convivencia efectiva entre el medio ambiente y la explotación y el aprovechamiento de los hidrocarburos.

Pero también otra parte fundamental de este modelo energético, que en este caso le corresponde a nuestras compañeras y compañeros Diputados ser Cámara de origen, que es el Paquete Fiscal, que es fundamental para poder lograr complementar y garantizar que la integralidad que tiene este modelo energético nos va a dar los resultados que esperamos.

Y hay dos temas fundamentales que me gustaría resaltar: primero que nada la calibración fiscal de las asignaciones y los contratos para darle las herramientas a Petróleos Mexicanos para que compita de a de veras con las demás empresas que estarán jugando en este sector, sino que además también contar con el Fondo Mexicano del Petróleo para el desarrollo y la estabilización, en el cual garantizaremos no solamente la transparencia de la renta petrolera que tanto exigimos y tanto exige también la izquierda en este país, para la mejor utilización de los recursos petroleros, para garantizar que todos y cada uno de los pesos que se inviertan en México sean utilizados de la mejor manera posible, y también para darle la oportunidad a los mexicanos del futuro, para que también gocen de la riqueza petrolera que tiene nuestro país.

Por eso vamos a votar a favor de este periodo extraordinario, porque vamos a votar a favor de lo que México necesita.

Muchas gracias.

El Presidente Diputado Sánchez Torres: Gracias, Senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Para fijar posición, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

Quisiéramos recomendar muy respetuosamente a los colegas Diputados que generen las condiciones para un debate profundo, real, verdadero, y que pueda modificar los contenidos en beneficio del interés general.

Lo que ocurrió en el Senado no pudo lograr modificación sustancial de contenidos importantes, los contenidos se pactaron fuera de las Cámaras, llegan a las Cámaras como una instrucción inamovible y se le pueden hacer algunos cambios “gatopardistas”, se pueden hacer algunos cambios de términos, pero en esencia los contenidos fundamentales son inamovibles.

Ojalá y ustedes, Diputadas y Diputados, puedan profundizar en el debate y hacer, más allá de los spots que vienen a repetir en la tribuna puedan modificar los contenidos.

Se cambió, por ejemplo, el término de expropiación pro el de ocupación temporal de las tierras, pero el despojo de las tierras prevalece como un eje transversal en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de Geotermia, en la Ley de Órganos Coordinados, en la Ley de la Industria Eléctrica, es el principal tema o uno de los principales.

No sé qué leyes estuvo leyendo el Senador que me antecedió en la palabra, porque lo que les mencioné en los contenidos que enviamos a la Cámara de Diputados es de que PEMEX y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado para convertirse en empresas improductivas, de propiedad exclusiva del gobierno federal, quedan subdivididas en subsidiaras y en filiales con un régimen fiscal confiscatorio sin capacidad de decisión, sin autonomía de gestión, mucho menos con autonomía presupuestaria.

Con un régimen a modo de la corrupción y del conflicto de interés, contratos privados, basados en el reembolso de las inversiones de los gastos, los costos, hasta de las regalías se les regresan a los privados y lo que leemos es puro reparto de renta petrolera.

Habrá una comercializadora del Estado que no será del Estado, sino será privada.

Un fondo mexicano del petróleo donde revolverán todos los ingresos de todos los contratos para garantizar todos los contratos; el contenido nacional no es contrato por contrato, es por todo el sector, en la transferencia de tecnologías, tampoco quedó establecida con contundencia ni en porcentajes, la rendición de cuentas tampoco será contrato por contrato, se vende a los privados, toda la información estratégica de PEMEX que ya le costó a la nación y que es un acervo fundamental para nuestro país.

Los órganos reguladores quedan al servicio de los gestores de los entes privados y al servicio de los intereses de los privados.

Una agencia que es un entuerto burocrático muy cotoso para el país que simplemente fue un acuerdo político entre Peña Nieto y el Partido Verde que se les cumplió en estas leyes.

La soberanía pues, está en riesgo, no sólo con respecto del dominio de los recursos energéticos como el petróleo, el gas o la electricidad, sino que además en este paquete de iniciativas se agregó el gas grisú, los recursos geotérmicos y toda el agua del país quedó concesionada a los particulares y mediante el despojo de tierras también se podrán deshacer de bosques, de selvas, de centros ceremoniales y muchas otras cosas que pertenecen a la nación.

De manera unipersonal el Presidente de la República podrá incorporar o desincorporar bienes de la nación cuando no se ha modificado ni el artículo 73, ni el artículo 74 de la Constitución y esas son facultades exclusivas del Congreso de la Unión, queda en síntensis, en riesgo todo el territorio nacional y nuestros mares territoriales.

Se aniquila la propiedad social, ejidal, comunal para dejarla a expensas de los privados.

El entreguismo privatizador llega al extremo de poner a remate todos los activos públicos que son, todos los activos que son muy importantes, de las principales industrias del país.

El paquete de las 21 leyes secundarias, lo que se lee son meros negocios entre multimillonarios, el desmantelamiento de nuestras poderosas empresas a las cuales se les quita su productividad y su competitividad para que puedan ser desplazadas por las compañías privadas.

Lo que sí se lee en estas leyes es la abdicación del estado en la titularidad de los bienes de la nación y los recursos energéticos que han sido la fuente principal de ingresos para el país y que quedan puestos a favor de los extranjeros y de los millonarios mexicanos.

Sabemos que el término de traición a la patria, que son traidores a la patria, no les gusta, pero haber entregado en estas leyes 430 mil kilómetros cuadrado del territorio nacional y todos nuestros mares territoriales para que de manera unipersonal lo decida el Presidente de la República en su entrega a particulares, eso aquí y en cualquier parte del mundo se llama “traición a la patria”.

Por eso nosotros decimos que Santa Ana cuando entregó Texas a Estados Unidos se quedó corto con el entreguismo que leemos en estas leyes.

Nos vemos en la consulta popular.

¡En democracia, la última palabra la tiene el pueblo!

Gracias.

El Presidente Diputado Sánchez Torres: Gracias, Senadora Dolores Padierna luna.

Para fijar posición a favor, tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN.

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Vengo a hablar a favor de la aprobación de un periodo extraordinario, para abordar un tema que ha tardado verdaderamente una cantidad impresionante de tiempo.

Llevamos 76 años con un esquema que me parece que sostenerlo sería lo peor que pudiera pasar para este país, dejarnos como estamos es verdaderamente lo peor, usando un poquito la terminología que usaba quien me antecedía en el uso de la palabra, la verdadera traición a la patria sería dejar las cosas como están.

¿Cómo están las cosas? Bueno, hoy México obtiene petróleos del subsuelo y lo que hacemos fundamentalmente con el petróleo es venderlo al extranjero. Lo vendemos a ciento y fracción de dólares el barril, y luego vamos con los mismos que se lo vendimos y se lo compramos lo más barato a 350 dólares un barril convertido en gasolina.

Vamos al extranjero, somos muy patriotas y les vendemos nuestro petróleo y luego se los compramos a mil o a 10 mil dólares convertido en petroquímicos.

¿Dónde se queda el valor del petróleo? ¿Dónde está el amor por México pensando en que los mexicanos gozamos de esos recursos en el extranjero? Por qué, porque hoy es violatorio de la soberanía nacional, es un acto de traición a la patria venderle un barril de petróleo a un mexicano.

No se puede, la Constitución prohibía, hasta antes de la reforma de diciembre que un mexicano pudiera comprar un barril de petróleo es traición a la patria y que lo transformara aquí en México y que lo convirtiera en gasolinas a 350 dólares el barril eso es traición a la patria, que se queden las cosas como están, que saquemos petróleo y lo vendamos en especial a 100 dólares y los extranjeros le ganen 250 dólares y lo conviertan en gasolina, porque hoy importamos las gasolinas o lo conviertan en petroquímicos porque hoy importamos los petroquímicos.

Esa es traición a la patria dejar las cosas como están.

¿Cómo están? Con un sistema de producción eléctrica que es uno de los más caros del mundo, al menos 40 por ciento más caro en su promedio, pero para la industria hasta 70 por ciento más caro que nuestros competidores.

Estamos a favor de que los mexicanos puedan tener mayores empleos, pues dejando las cosas como están, lo que hacemos es impedir; impedir que México progrese, que genere mejores fuentes de empleo, porque no tienen capacidad a veces las empresas de competir con los costos de la energía.

Queremos que estén las cosas como están, pues vamos a una gasolinera y cargamos gasolina y nos fijamos que llega la pipa de PEMEX y les surte sin ninguna medición, sin ningún control de calidad.

 Estamos a favor de que sigan los gasolinazos, estamos a favor de que siga bajando la producción.

Hoy el 30 por ciento de los ingresos federales son los ingresos de petróleo, pero año con año viene bajando nuestra producción, tarde que temprano vamos a dejar de exportar si seguimos como estamos, y entonces, vamos a estar en grave situación en las finanzas nacionales.

Por eso, por eso venga a hablar a favor, de que ya se dictamine; hace seis meses, hace ocho meses se aprobó la reforma constitucional, llevamos un larguísimo debate sobre este tema, y, el PRD pide continuar el debate, pero siempre y cuando este debate conduzca a no aprobar; es más, dicen, primero vayamos a consultar afuera, si la ciudadanía está de acuerdo en estos cambios o no. Queremos que sigan las cosas como están, y eso es lo único que no podemos permitir, y eso es lo que busca el PRD; en mi opinión solamente busca dos cosas, dejar las cosas como están, y obtener un discurso para el proceso electoral. Claro que va a haber consulta; claro que ya aprobada una ley, y en el 2015 va a haber una consulta popular; y claro que lo que hace el PRD es construir los argumentos para ir a engañar a la gente, para poder obtener votos a partir de hacerle daño al país, y me parece que eso no se vale.

El PAN está a favor de que, ya después de 8 meses de debates, de aprobada la reforma constitucional, de 76 años de un sistema que no funciona, sea modificado, y por eso vamos a votar a favor del propio periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para que concluya con este proceso.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios Córdova.

Tiene el uso de la tribuna el Senador David Penchyna, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del Decreto.

El Senador David Penchyna Grub: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

Hoy venimos a habla a favor de este Decreto para poder iniciar otro período extraordinario en la Cámara de los y las Diputadas a partir de un trabajo que se ha desplegado en este congreso de muchos meses, desde la reforma constitucional, y ahora en un proceso de legislación secundaria, que no es ni más ni menos que el propio mandato que nos dimos las fuerzas políticas a partir de una reforma constitucional que en esta democracia representativa, nos guste o no, obtuvo más de dos terceras partes de los votos favorables y de la mayoría de los congresos locales que los integra nuestra patria.

Han pasado más de 80 años para poder consolidar una democracia representativa en México.

Las reglas de la democracia representativa es de las que estamos hablando, y de las que estamos obligados a cumplir a partir a partir de que protestamos de la representación popular que cargamos en nuestra tarea.

Es evidente que los temas a lo largo de este proceso han tenido una enorme polaridad de las posiciones y de las posturas políticas que generan.

Yo quiero, hoy, nuevamente reconocer que pese a nuestras diferencias ha habido un debate ordenado, que cada quien ha querido argumentar lo que a su juicio, su criterio y su preferencia política ideológica le ha convenido hacerlo. Eso no está a discusión, y creo que calificarlo como negativo sería tanto como negarnos a nosotros mismos.

Yo reconozco de todas y todos los legisladores un proceso en el que hemos transitado, cuando se usan adjetivos, es responsabilidad de quien el poderlos llevar a la consumación de una idea que pueda ser demostrable.

Estamos convencidos, los que hemos ido a favor de esta reforma, que en algo siempre coincidimos, y al escuchar a todas y a todos con atención, vuelvo a reiterarlo, coincidimos en un sector energético que lo único que no puede hacerse es dejarlo hoy donde está.

La diferencia, sin duda es, de qué modelo es el modelo que queremos para México de un sector energético que nos brinde seguridad, que nos lleve a un camino de inversión para generar empleo, para terminar tres décadas de una profunda desigualdad en México que acensuadamente se ascendió en el último siglo en los últimos años, y con lo cual no podemos seguir viviendo.

Un modelo al que le apostamos nosotros, para que a partir de hacer coexistir los derechos de la tierra, de los que tienen propiedad, tierras arriba, y de la propiedad de todos los mexicanos del subsuelo, que es lo único que no ha cambiado en el principio constitucional lo podamos hacer coexistir en paz en diálogo en donde la gente tenga alternativas de también aprovechar la derrama económica que tenga ese proceso en nuestra nación.

Somos y hemos sido tolerantes todos, todos sin excepción de ninguna fuerza política; aquí se ha hablado de manifestaciones y de marchas, y creo que la sociedad mexicana ha sido tolerante, y siempre ha sido abierta a escuchar los planteamientos; lo que no podemos dejar pasar es que se trata de enfrentar esas marchas y esas protestas sin la información que contiene lo que hasta hoy ha sido aprobado.

Por eso, nosotros celebramos que haya un período extraordinario de la Cámara de las y los Diputados.

Celebramos, porque hemos advertido siempre de la Cámara, que es nuestra colegisladora un trabajo profesional y serio de todos los partidos políticos; lo celebramos porque sabemos que va a haber espacio, y aquí mismo, los que han estado en contra de ese período extraordinario han afirmado el celebrar que ha habido entendimiento, generosidad al interior de su junta de Coordinación Política para establecer las reglas de un debate constructivo y productivo.

Amigas y amigos: Estamos cerca de buscar un proceso que en la democracia encarna lo que no habíamos sabido poder resolver en los últimos quince años.

El debate energético de México data, en las últimas dos décadas de diferentes intentos, y por diferentes razones no nos habíamos atrevido a hacer un cambio en la coincidencia de que el sector energético no puede seguir hoy, como está, porque tiene claros y oscuros que no nos permiten pensar en la plena soberanía de nuestra nación.

Yo estoy seguro que en el Poder Legislativo de la Cámara de las y los Diputados habrá debate y habrá aportación de ideas.

Como Senador de la república, y junto con todas mis compañeras y compañeros seremos respetuosos en el trabajo que ustedes realicen, seguros estando de que la aportación a esta reforma culmine con un proceso que le dé la oportunidad a México de imaginar un mejor futuro, que nos dé la oportunidad, como generación de haber sido valientes de tomar las decisiones para cambiar algo que coincidimos que hay que cambiar. Estoy seguro que no habrá manera de coincidir en el modelo que hemos construido en una enorme mayoría; pero estoy seguro que nadie, de ninguna fuerza política, de ninguna manera quiere que a México le vaya mal.

Respetemos nuestra democracia representativa que tanto tiempo nos ha costado construir, y a partir de las ideas estaremos atentos al debate que estoy seguro que las y los Diputados sabrán dar por el bien de México.

Muchísimas gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Penchyna Grub.

Esta Presidencia informa a la Asamblea que han pasado a tribuna a exponer sus posicionamientos 12 oradores, eso significa el doble de lo aprobado conforme al propio Reglamento; en este momento tenemos registrados 2 oradores para rectificación de hechos, el Diputado Monreal Avila, y el Senador Barbosa Huerta.

Conforme a nuestro propio Acuerdo, serían las únicas posibilidades en cuanto a rectificación de hechos; en tal virtud, se le concede el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Monreal, hasta por tres minutos, para rectificación de hechos, así viene previsto en el propio Reglamento, creo que ha habido más que tolerancia de esta Presidencia el día de hoy; adelante, compañero Diputado.

El Diputado Ricardo Monreal Avila: Señor Presidente, ciudadanos legisladores:

El Código Penal Federal establece que se impondrá de 5 a 40 años de prisión como pena a todo aquel que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad a la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

Cuando hablamos de traición a la patria, lo único que hacemos es describir a los presuntos delincuentes, que seguramente la historia los juzgará, no estamos de ninguna manera afirmando que el sector energético siguiera igual, dónde han escuchado tamaña barbaridad, quienes afirman esto, lo que hemos venido sosteniendo es que combata la corrupción, que se combata el contratismo, y que se combata la deshonestidad de las alta burocracia del sector energético con la dirigencia sindical, pero yo incluso había decidido ya no hablar, pero al escuchar de unos compañeros del PAN inexactitudes, barbaridades que la verdad no podía quedarme callado.

Aquí escuché que la reforma energética traerá más empleos, que la reforma energética garantizaba la seguridad energética, nada más falso que eso, que los mexicanos gozarán de bajos precios del petróleo, de la energía eléctrica, totalmente falso; que la competencia era mejor, y que había que superar el año de 1938, cuando Lázaro Cárdenas del Río había expropiado, es decir, que nos olvidáramos de la historia y que entráramos a un proceso de aparente modernidad en la que entienden por modernidad la entrega de los recursos naturales de nuestro país, la renta petrolera y esta parte que no podemos admitir.

Por otra parte, yo quisiera expresarle que el silencio de muchos ahora que está la marcha, que a muchos altera, la marcha campesina, sin duda que es la parte más sensible, estos campesinos están protestando contra la ocupación temporal de sus tierras; nosotros creemos que debe de escucharse, que deben atenderse estos reclamos, porque miren ustedes, cuando algunos legisladores afirman que tendrán los campesinos el derecho de la renta, me recuerdan que esta complicidad de un aparente beneficio la historia lo registra como un engaño o una simulación.

Nosotros no estamos de acuerdo con asumir esa complicidad y ese silencio. Recuerdo muy bien, recuerdo muy bien a un poema al que la historia lo ha denominado el Sermón del Silencio, el cómplice, Sermón de la Complicidad contra el nazismo, y afirmaban, algunos afirman que es “Brertrelbrecher” el que lo escribió y el que lo declaró, no es cierto, según la historia fue un pastor alemán, un luterano, “Niumuler”, y que decía este pastor, como una similitud a lo que está pasando en el país, porque todos los sectores se están quedando solos, y la falta de solidaridad del pueblo está llevando a que el gobierno consuma con toda impunidad y complicidad los efectos más ominosos contra la nación y contra la población.

Concluyo con este sermón del nacimos, el Sermón del Silencio. Decía que cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista, luego cuando encarcelaron a los socialdemócratas, volví a guardar silencio porque yo no era demócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista, cuando vinieron a buscar a los judíos tampoco protesté, porque yo no era judío, cuando vinieron a buscarme, no había nadie quien pudiera por mí protestar.

Y lo que ha pasado en el país es eso, primero vinieron por los trabajadores, con la ley laboral, luego por los maestros con la reforma educativa; luego con los usuarios de la banca, con la reforma financiera, después por todos los mexicanos, con la reforma fiscal; ahora con la reforma energética. Ahora vienen por todos los mexicanos, y guardan un silencio cómplice de comparsa, que tarde que temprano la nación se los demandará.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Monreal Avila.

Le concedemos el uso de la tribuna, para hechos, al Senador Barbosa Huerta.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Presidente.

Sin duda que escuchar al Diputado Monreal Avila, así en ese tono, aprende uno de él, a veces no lo hace en ese tono, y creo que su tono es este.

Qué bueno que todos estamos preocupados por ordenar el desempeño de las Cámaras, veo ese ambiente, celebro que en Cámara de Diputados se ha asumido el modelo que nosotros aplicamos en Cámara de Senadores para desahogar la parte del proceso legislativo, que les corresponde.

Veo preocupaciones, preocupaciones en el PRI, y en el PAN, la primera la de la democracia representativa, sin duda que el modelo de democracia representativa evolucionada en México se ve expresado de manera muy evidente en el desempeño de la función de legislar, de la función constitucional de legislar, pero esa democracia representativa y sus productos debe ser revisada por las formas y figuras de la democracia directa, y qué bueno que apareció en una reforma política del año 20211 la figura de la consulta popular, es una expresión y es una figura, de democracia directa que revisa los productos de la democracia participativa, de las leyes que se generan a través del mecanismo en las Cámaras de Diputados.

Así es que celebrando la consolidación de la democracia participativa y sus productos celebremos aún más las figuras de democracia directa que revisan los asuntos de la democracia participativa.

Bienvenida esta posición y las formas de representación que nuestra Constitución prevé. Habrá consulta popular porque hay un derecho fundamental, vinculen el artículo 35 con el artículo primero de la Constitución, y habrá consulta popular; y cuando el debate   piensen que ya está concluido, porque habrá transitado el proceso legislativo, no, compañeras y compañeros legisladores del PRI y del PAN, estaré en las plazas públicas, estaré en las calles, estaré en las escuelas, estará en las casas de las familias mexicanas, ahí estará, por eso luego les he dicho, nos vemos en la consulta, y con la fuerza de la sociedad.

La otra, les preocupa el tema utilizado sobre traición a la patria, sí, sí les preocupa que el traje pueda ser construido a la medida de algunos, sí les preocupa. Se trata de dos modelos, porque no lo explican así, el PAN ha sido consistente en su oposición a la nacionalización del petróleo en México, se funda en 1939, entre otras cosas, por una reacción a la nacionalización del petróleo de 1938, se funda así, ha sido congruente, lo ha dicho aquí un Senador, no voy a decir su nombre para que no entre a alusiones, pero se funda así y dice: nunca estuvimos de acuerdo con ese modelo, el PAN sí estuvo de acuerdo, y los dos PRI y PAN, gobernaron y deformaron ese modelo nacionalista, lo corrompieron, hicieron negocios, ahí está Oceanografía del caso que iba a ser paradigma de combate a la corrupción, y hoy en acuerdos no sé construidos donde, inconfesables, se volvió un asunto de impunidad; va a convertir en ser el rescate a Oceanografía, el rescate para salvar de las sanciones que cometieron servidores públicos de la pasada administración.

Los excedentes del petróleo, la mayor recaudación, en el gobierno de Felipe Calderón, a dónde quedaron, a dónde quedaron, y ahora con las estrategias mediáticas el Partido Revolucionario Institucional prepara una campaña de difusión, toda la propaganda gubernamental para hacer ver los beneficios, los beneficios de reformas estructurales, que por cierto no se van a ver, de verdad no se van a ver, y eso al tiempo, al tiempo, pero con la fuerza de la sociedad, nos vemos en la consulta popular.

Gracias.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Barbosa Huerta.

Antes de continuar con el procesamiento de este Decreto, saludamos la presencia de un grupo de boy scout de la Delegación Iztapalapa de esta ciudad, que acuden a invitación de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

¡Sean ustedes bienvenidos a esta Comisión Permanente!

Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Procedemos a recoger la votación nominal.

Señor Presidente, de acuerdo al registro, se emitieron un total de 34 votos, con lo que se tiene la mayoría calificada, de los cuales 25 son en pro, 6 abstenciones, y 3 en contra.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a un periodo de sesiones extraordinarias a la Cámara de Diputados.       Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, a partir del 28 de julio del presente año. Comuníquese a la Cámara de Diputados y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Adán Augusto López Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 7 días, a partir del 23 de julio del 2014.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza : En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

“ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ
SENADOR DE LA REPUBLICA

Senado de la República; martes 22 de julio de 2014.

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Presente.

Distinguido Senador Cervantes:

El suscrito, Adán Augusto López Hernández, en mi carácter de Senador de la República por el Estado de Tabasco, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11, 12, y 13, fracción V del Reglamento del Senado, me permito presentar respetuosamente a usted mi solicitud formal de licencia por siete días naturales, contados del miércoles 23 hasta el martes 29 de julio del presente año, al ejercicio del cargo que ostento, por motivos personales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente, someter al Pleno de la Comisión Permanente de la próxima Sesión, a efectuarse el día 23 de julio del presente año.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Sen. Adán Augusto López Hernández”.

Se concede licencia al Senador Adán Augusto López Hernández, para separarse de sus funciones legislativas, por 7 días, a partir del 23 de julio de 2014.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores sobre el particular, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se concede licencia al Senador Adán Augusto López Hernández, para separarse de sus funciones legislativas, por 7 días, a partir del 23 de julio del 2014, comuníquese a la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones de los ciudadanos legisladores:

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa sus actividades durante la Reunión de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los días 26 al 28 de junio del año en curso.








Y dos de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite sus informes de actividades en el Foro Crans Montana, celebrada en Rabat, Marruecos, del 19 al 22 de junio de 2014, y la Reunión de Women en Parliaments Global Forum, llevado a cabo en Kigali, Ruanda, del 1 al 3 de julio de 2014.



El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION DE ADMINISTRACION
DE LA CAMARA DE SENADORES

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República, el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de septiembre de 2014.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Está a discusión el proyecto de presupuesto.

Dado que esta Presidencia no tiene oradores sobre el particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior proyecto de presupuesto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre del 2014. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Barrera Tapia: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de junio de 2014.

Es cuanto, señor Presidente.   

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Angélica del Rosario Araujo Lara y María del Rosario Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 10 Y 26 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 25 BIS A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS; SE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y LOS ARTICULOS 70, 71 Y 73 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

(Presentada por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Angélica del Rosario Araujo Lara y María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros.

El objetivo del presente proyecto es incorporar a las leyes citadas el recurso de revocación. Para el promovente de una queja o denuncia que atienda al análisis de la legalidad, de la determinación, de no responsabilidad del servidor público, o del archivo del expediente.

Derivado de la inexistencia de algún recurso o medio de impugnación a favor del promovente de una queja o denuncia que interpone en contra de un servidor público, por el incumplimiento de sus deberes, lo que ha provocado mayor corrupción y, por ende, altos índices de impunidad, violando diversos derechos humanos, como el derecho a la verdad, igualdad, debido proceso, tutela efectiva, seguridad jurídica, reparación del año, entre otros.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se establece la protección de los mismos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Asimismo la obligación que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es deber de las autoridades investigar y sancionar en casos de violaciones a los derechos humanos, para lo cual es necesario armonizar la normatividad que rige para los servidores públicos, sobre todo en materia de anticorrupción.

Existen ciudadanos que han sido víctimas del mal desempeño de servidores públicos.

En materia penal se ha ido avanzando para la protección de la víctima. Sin embargo en el ámbito administrativo se requiere una reestructuración, hacer cumplir y respetar los derechos de los gobernados.

Dentro de las leyes que regula a la Secretaría de la Función Pública, no existe un medio de impugnación o recurso que obligue a revisar los actos de la autoridad administrativa que archiva indebidamente los expedientes que con motivo de queja o denuncia son instaurados en contra de los servidores públicos.

Las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica, muestran el déficit que tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados palpables a la población y confirman que en México es urgente desmantelar la corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustenta.

La corrupción merma la capacidad del Estado para orecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud.

El enfoque de derechos de la nueva política social no puede desvincularse del combate a la corrupción, del esfuerzo constante por rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad, lo que hacemos los servidores públicos.

En este sentido, el Plan de Desarrollo 2013-2018, establece que la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

Cuando la corrupción se instale en una sociedad, distintos sectores de ella se ven impactados en sus efectos y no es difícil inferir que los que reciben mayor daño son los grupos vulnerables que son los que viven en situación de pobreza, debido a que éstos no cuentan con los recursos para enfrentar los costos de la corrupción en general.

En los últimos años, los índices indicadores y encuestas se han convertido en una herramienta útil para medir la transparencia, el buen gobierno y aquellos temas relacionados con el combate a la corrupción en diversas naciones y regiones del    mundo.

México no ha sido la excepción y ha sido evaluado por múltiples organizaciones y organismos nacionales e internacionales, tanto del sector público y privado, como de la sociedad civil.

Es de llamar la atención que los resultados arrojados, tratándose de funcionarios, la percepción de corrupción es muy alta en 87 por ciento.

Es imperante que los servidores públicos para el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, den cumplimiento a sus obligaciones, actuando en base a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, teniendo que sujetarse a las disposiciones que derivan del artículo VIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los servidores públicos que incurran en irresponsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, deben ser sancionados conforme la ley de la materia. Es ahí donde se establece las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas.

Sin embargo, las determinaciones que se emiten por los servidores públicos encargados de dar trámite a las quejas o denuncias, no siempre son dictadas con eficiencia. Existen grandes omisiones, negligencias en y durante la investigación, lo que repercute obviamente en la determinación de archivo, situación irregular que provoca que el quejoso muchas veces se vea afectado por el actuar irresponsable o inadecuado del servidor público, quede en completo estado de indefensión.

Dado que la propia ley de la materia no establece un recurso que revise o reconsidere esa determinación, cuestión que en algunos casos refleja corrupción y provoca impunidad.

México forma parte del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Por lo que se encuentra frente a una posible responsabilidad internacional, por violaciones a derechos humanos, al determinar el cumplimiento por parte del Estado del principio de debida dirigencia.

Lo anterior por las omisiones legislativas y reglamentarias, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa o sancionadora.

La falta de precisión y mecanismos, cuando un servidor público dentro de su actuar vulnera derechos humanos protegidos por la norma nacional e internacional, como lo es el no llevar a cabo la debida integración de una investigación administrativa, por la vulneración a los derechos humanos del ciudadano y mucho más grave es cuando no se investiga correctamente.

El Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio entre las que se encuentran aquellas de orden legislativo reglamentario y protocolario.

Consecuentemente la ausencia de estas medidas normativas permiten que la autoridad ejerza irresponsablemente lastrando el avance hacia una cultura del servicio público democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional a toda persona, y particularmente a las que son objeto de una acción administrativa y que son recogidos y tutelados por nuestra Constitución.

Por consiguiente, al demostrarse que la omisión existe, a no incorporar un medio de impugnación o recurso para los actos de autoridad que archiven los expedientes, puedan ser revisados, no pueden existir actos arbitrarios, sin frenos o contrapesos. Es necesario también que se justifique la procedencia del amparo, establece el ordenamiento jurídico objetivo que tienda a otorgar al interesado no sólo la facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos sino también concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducto respecto a sus pretensiones, con la posibilidad de interponer recurso de revocación respecto de los actos de la autoridad.

Se concluye, que existe recurso para que aquél servidor público que es afectado tome una determinación de responsabilidad, y por ende sancionado; sin embargo, para aquella persona que presenta una queja con motivo del mal desempeño o actuar indebido de un servidor público, y la autoridad administrativa considera que no hay elementos suficientes para su investigación, o en su defecto que no hay responsabilidad del servidor público, la ley no contempla recurso o medio de impugnación en contra de esa determinación, lo que trastoca derechos humanos.

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que se debe reformar los artículos 10 y 26, adicionar un artículo 25 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de reformarse el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los artículos 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a continuación presentamos la propuesta bajo el siguiente cuadro comparativo.

Solicito al señor Presidente se ponga de forma íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“De los Senadores MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, JESUS CASILLAS ROMERO, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 10 Y 26, SE ADICIONA UN ARTICULO 25 BIS A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ADEMAS DE REFORMARSE EL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, Y LOS ARTICULOS 70, 71 Y 73 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

OBJETIVO

Incorporar a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el recurso de revocación, para el promovente de una queja o denuncia; que atienda al análisis de la legalidad de la determinación de no responsabilidad del servidor público o del archivo del expediente.

JUSTIFICACION

La inexistencia de algún recurso o medio de impugnación tanto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a favor del promovente de una queja o denuncia que interpone en contra de un servidor público, por el incumplimiento de sus deberes, lo que ha provocado mayor corrupción y por ende altos índices de impunidad. Con ello violando diversos derechos humanos, como el derecho a la verdad, igualdad, debido proceso, tutela efectiva, seguridad jurídica, reparación del daño, entre otros.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De gran significancia ha resultado la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, es de trascendencia para que todas las personas, cuenten con la protección de los mismos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. Además en ella se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No menos importante es resaltar el deber de investigación y de sanción por parte de las autoridades en casos de violaciones a los derechos humanos; para lo cual es necesario armonizar la normatividad que rige para los servidores públicos sobre todo en materia de anticorrupción, en concordancia con nuestra Carta Magna y los diversos Tratados Internacionales suscritos.

Existen ciudadanos que han sido víctimas del mal desempeño de los públicos; en materia penal se ha ido avanzando para la protección de la víctima, sin embargo en ámbito administrativo se requiere una restructuración, hacer cumplir y respetar los derechos de los gobernados. Dentro de las leyes que regulan a la Secretaria de la Función Pública, no existe un medio de impugnación o recurso que obligue a revisar los actos de la autoridad administrativa que archiva indebidamente los expedientes que con motivo de queja o denuncia son instaurados en contra de los servidores públicos.

En la Guía Anticorrupción emitido por la Secretaria de Desarrollo Social, se define       que la corrupción es: “en un sentido amplio, distraer a algo de sus fines. Corromper        el Estado es alejarlo de su función transformadora, de su obligación de llevar     beneficios a las personas, de su responsabilidad por hacer efectivos derechos y libertades”.

Las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica muestran el déficit que tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados palpables a la población y confirman, que en México es urgente desmantelar la corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustentan.

La corrupción merma la capacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud.

El enfoque de derechos de la nueva política social no puede desvincularse del combate a la corrupción, del esfuerzo constante por rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad, lo que hacemos los servidores públicos.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que: “… la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes”.

Las declaraciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que la corrupción daña a la sociedad, representando una amenaza para: “...la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la   democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Cuando la corrupción se instala en una sociedad, distintos sectores de ella se ven impactados en sus efectos y no es difícil inferir que los que reciben mayor daño son los grupos vulnerables, que son los que viven en situación de pobreza, debido a que éstos no cuentan con los recursos para enfrentar los costos que la corrupción general.

En los últimos años los índices, indicadores y encuestas se han convertido en una herramienta útil para medir la transparencia, el buen gobierno y aquellos temas relacionados con el combate a la corrupción en diversas naciones y regiones del mundo.

México no ha sido la excepción y ha sido evaluado por múltiples organizaciones y organismos nacionales e internacionales, tanto del sector público y privado, como de la sociedad civil.

Principales resultados para México: Datos de encuesta 2013 (se presenta una pregunta referente a la percepción general de la corrupción).

Porcentaje de encuestados que sentían que las siguientes instituciones son corruptas en el país1:

INSTITUCION

%

Partidos políticos

91%

Poder legislativo

83%

Militar

42%

ONG’s

43%

Medios de Comunicación

55%

Instituciones religiosas

43%

Educación

43%

Negocios

51%

Poder Judicial

80%

Salud

42%

Policía

90%

Funcionarios Públicos

87%

Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) que genera información con cobertura nacional para el sector privado, que permite dar información sobre la prevalencia delictiva y la correspondiente cifra negra, a nivel nacional y por entidad federativa. Es la que mide las percepciones información al sector empresarial y genera elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias en el 2013, arrojó los siguientes resultados:

● 47,604 Tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal durante 2013.

● 31,990 Tasa de población a la que algún conocido le refirió actos de corrupción en los trámites que realizó en el 2013.

● 12,080 Tasa de población que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó en el 2013.

Confrontando las cifras, llama la atención que los resultados arrojados en los encuestados, tratándose de funcionarios la percepción de corrupción es muy alta el 87%.

Los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, son los responsables para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las quejas o denuncias, quedan comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollan en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades competentes turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de ellas.

Es imperante que los servidores públicos para el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, den cumplimiento a sus obligaciones, actuando en base a los principios de: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, teniendo que sujetarse a las disposiciones que derivan del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En las dependencias y entidades existen unidades específicas, a las que el público tiene acceso, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores público, están deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

Los servidores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, deber ser sancionados conforme la ley de la materia, y es la propia Secretaría la que establece las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas, sin embargo las determinaciones que se emiten por los servidores públicos encargados de dar trámite a las quejas o denuncias, no siempre son dictadas con eficiencia, existen graves omisiones, negligencias en y durante la investigación, lo que repercute obviamente en la determinación de archivo, situación irregular que provoca que el quejoso, que muchas veces se ve afectado por el actuar irresponsable o inadecuado del servidor público, quede en completo estado de indefensión, dado que la propia Ley de la materia no establece un recurso que revise o reconsidere esa determinación, cuestión que en algunos casos refleja corrupción y provoca impunidad.

Basta recordar que las sanciones por falta administrativa, están claramente establecidas en el Artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El incumplimiento de investigar por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, son causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, existen muchos casos de corrupción, que quedan impunes, dado que los contralores internos, los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades se abstienen injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o al hacerlo, no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, lo que hace procedente la responsabilidad administrativa por actos u omisiones, que en la mayor de las veces, al no existir en la Ley un recurso adecuado y efectivo que contemple la revisión o reconsideración de las determinaciones de los servidores públicos que indebidamente archivan los expedientes, provocando que esos actos queden impunes.

Reiteradamente ha sido criticada y puesto en duda la credibilidad de la Secretaria de la Función Pública, tan solo la jerarquía de la iglesia católica acuso a dicha Secretaría de "solapar" actos ilegales, como lo afirma la Arquidiócesis de México, quien señaló:

“Que en la reciente Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reveló que en 2012, los actos de corrupción costaron casi 1.5 billones de pesos.

Nuestra idiosincrasia parece no entenderse sin la transa y el chanchullo. Mientras el ciudadano está indignado por la corrupción de la clase política, ve con buenos ojos los negocios turbios evasores de la legalidad para alcanzar beneficios bajo la creencia falsa de ser más astuto gracias al ingenio de la mordida, arreglos, regalos y componendas.

Los actos corruptos están engendrados además en la sociedad y en los particulares, de tal forma que México padece ese "pecado social que engulle una nación, cuyas leyes deberían moderar la opulencia y la indigencia".2

En términos del Artículo 24 de la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos las resoluciones y acuerdos de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades durante el procedimiento constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro de servidores públicos que lleve la Secretaria de la Función Pública y para los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley en cita, los propios servidores públicos sancionados pueden optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

Caso contrario ocurre en aquellos casos en donde la autoridad administrativa fiscalizadora determina la no responsabilidad del servidor público, o el archivo del expediente, la Ley en cuestión no contempla ningún medio de impugnación a favor del denunciante, quejoso, para solicitar la revisión de los actos de las autoridades administrativas emisoras del archivo, lo que se traduce que estos actos, al resultar inimpugnables, trastocan los derechos humanos del interesado, no existe seguridad jurídica, se viola el debido proceso y en consecuencia la tutela efectiva, porque los actos de estas autoridades se vuelven omnipotentes, culminando en arbitrariedades con visos de corrupción e impunidad.

En el Artículo 26 de la Ley en comento se contempla el recurso de revocación que se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso se sujeta a lo siguiente:

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

En el cumplimiento de sus atribuciones el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, están obligados a llevar a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, lo cierto es que independientemente de la función discrecional que tienen, y de la cual a veces se abusa, no se garantiza la legalidad de los actos de estas autoridades cuando determinan el archivo o no responsabilidad del servidor público infractor de manera indebida.

Se suma a lo anterior, que al interponer la queja o denuncia por el interesado, previamente se turna al Area de Quejas, cuyas atribuciones es revisar la procedencia para que a su vez, el asunto se remita para investigación al Area de Responsabilidades, actuando como filtro, lo cual en la mayor de las veces proceden a archivarlo por no existir elementos suficientes, sin fundar y motivar dicha determinación y la notifican, bajo un imperio abusivo y arbitrario, toda vez que no existe recurso o medio de impugnación al respecto. Por consiguiente esta Area de Quejas, se ha convertido en la primera instancia de corrupción. 

Ante esta tesitura nos encontramos con un problema real y grave que acontece en las Secretarias y otras dependencias de gobierno; el ciudadano, poco denuncia, sin embargo cuando lo hace, se enfrenta con un procedimiento y resolución oculta e inimpugnable, lo que trastoca el derecho humano a la verdad, debido proceso, seguridad jurídica.

Existe omisión legislativa, porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el propio Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública no contemplan ningún recurso o medio de impugnación, por medio del cual el gobernado o afectado que interpuso una queja en contra de un servidor público, tenga la posibilidad de conocer la determinación íntegramente, de constatar que el archivo del expediente fue en apego a la legalidad; la seguridad jurídica no se encuentra garantizada, esta omisión ha provocado que funcionarios de la Secretaria de la Función Pública, no solo abusen de sus actos discrecionales, sino que han generado mayor impunidad, porque se frena, obstaculiza, la justicia a los quejosos, mas aun cuando asumen la calidad de víctimas, porque han sido afectadas por el inadecuado o irregular actuar de los servidores públicos, esta posición implica consentir un estado de indefensión e inseguridad jurídica para el gobernador.

En ninguna parte de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se contemple dicho supuesto.

Correlacionado con lo anterior en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tampoco se alude la existencia de algún recurso o medio de impugnación, cuando se archiva un expediente instaurado en contra de un servidor público, solo se establece:

ARTICULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.”

Por consiguiente, en lo conducente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su Capítulo II denominado “De la Competencia Material del Tribunal”, en sus artículos 14 y 15 se dispone de cuales juicios conocerá el Tribunal. Es el siguiente artículo, donde se pretende incluir la reforma, para que en estos tribunales puedan conocer del recurso.

ARTICULO 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.”

Para el caso en específico, tampoco encontramos sustento en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo toda vez dicho ordenamiento no es aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos, como puede observar en el artículo primero, párrafo tercero que dice: “…Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales…”.

México forma parte del Sistema Internacional de protección de los derechos humanos, el cual consiste en un conjunto de declaraciones y principios que sirven como base para la consolidación de instrumentos internacionales que compromete a los Estados para respetar los derechos humanos reconocidos universalmente.

Frente a una posible responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos, al determinar el cumplimiento por parte del Estado del principio de debida diligencia, se deben tomar en cuenta tres elementos (Ascencio, 2000):

- Que se protejan intereses jurídicos esenciales

- Que se establezca si las acciones del Estado fueron razonables

- Que se determine la existencia de un riesgo o peligro inmediato

Este principio tiene diversas aplicaciones prácticas, referidas por ejemplo a los abusos cometidos por autoridades frente a los particulares. En este campo, significa que el Estado debe tomar las medidas adecuadas para:

- Prevenir los abusos.

- Investigar los abusos cuando ocurran.

- Procesar a las o los presuntos autores y juzgarles con las debidas garantías.

- Garantizar un resarcimiento adecuado a las víctimas que incluya la rehabilitación.

Así, el principio de debida diligencia alude al grado de esfuerzo que debe realizar un Estado para aplicar los derechos en la práctica y para proteger a las personas de los abusos cometidos por terceros.

Es necesario recordar que al hablar de Estado, los Tratados de Derechos Humanos obligan igualmente a los tres poderes de la Unión, y establecen obligaciones positivas a los Estados para la protección efectiva de los derechos humanos, entre ellas, la más básica es legislar para la protección efectiva de los derechos tutelados en dichos tratados. Por ello, las y los legisladores estamos sujetos al cumplimiento de los tratados y somos responsables de actuar conforme al principio de debida diligencia.

A mayor abundancia se cita al Dr. José Ovalle Favela, en su obra Constitución y proceso refiere que dentro de los Derechos Humanos que han sido reconocidos por las constituciones y los tratados internacionales, se encuentran aquellos que aseguran las condiciones para el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales, a través del proceso.

Respeto al derecho a la tutela jurisdiccional, este es el derecho fundamental del justiciable que se encuentra reconocido tanto en las constituciones nacionales como en los principales instrumentos y tratados internacionales. Para Jesús González Pérez el derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’, a que cuando pretenda algo de la otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”.

El ejercicio de este derecho a la tutela jurisdiccional corresponde tanto al actor como al demandado, porque ambos tienen derecho a acceder a tribunales independientes e imparciales. De este derecho genérico a la tutela jurisdiccional se deriva tanto el derecho de acción de la parte actora cuanto el derecho de defensa de la parte demandada. Para emplear de nuevo la acertada expresión de González Pérez, podemos afirmar que así como ambas partes no tienen derecho a hacerse justicia por propia mano, sí tienen, en cambio, derecho a que los tribunales les hagan justicia.

De acuerdo con el mismo autor, el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, para evitar que se obstaculice el acceso a los órganos jurisdiccionales y que se excluya el conocimiento de las pretensiones en razón a su fundamento; segundo, una vez logrado el acceso, para asegurar que ante los tribunales se siga un proceso que permita la defensa efectiva de los derechos y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, a través de la plena ejecución de ésta.

De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional se manifiesta en tres derechos fundamentales: el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales; el derecho a un proceso equitativo y razonable, y el derecho a que se ejecute lo resuelto por el tribunal.

La igualdad de las partes en el proceso no es sino la manifestación específica del principio general de la igualdad de las personas ante la ley en el campo del derecho procesal.3

La garantía de legalidad prevista en el primer párrafo del Artículo 16 de la Carta Magna consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia y la fundamentación consiste en citar los preceptos jurídicos que le permiten a la autoridad expedir el acto de molestia.

Un acto jurisdiccional es de naturaleza diversa a uno administrativo, razón que hace que el cumplimiento de la garantía de legalidad se verifique de manera distinta en dichos actos, porque en el acto administrativo se deben invocar de manera precisa los fundamentos legales del mismo, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta y en posibilidad de defenderse para no quedarse en estado de indefensión, mientras que en el acto jurisdiccional la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no dicte las resoluciones en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis se dan razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución.

Retomamos al respeto el siguiente criterio, emitido bajo la voz:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISION. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y  condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.”

No obsta mencionar que esta violación de los derechos humanos, por la omisión legislativa, provoca que el juicio de amparo también resulte improcedente, los órganos jurisdiccionales de amparo se soportan que los particulares en quejas administrativas no cuentan con interés jurídico para los efectos de ejercer el juicio constitucional, sin tomar en consideración que la reforma constitucional y por consiguiente la de amparo, supera ya el concepto de interés jurídico, sin embargo no es aceptable o permisible que exista autoridad alguna, cuyos actos queden EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, porque se traduce en actos arbitrarios, o de abuso de poder.

Lo anterior, se insiste, dado las omisiones legislativas y reglamentarias en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa o sancionadora, la falta de precisión y mecanismos, cuando un servidor público dentro de su actuar vulnera derechos humanos protegidos por la norma nacional e internacional, como lo es el no llevar a cabo su debida integración de una investigación administrativa por la vulneración a los derechos humanos del ciudadano y mucho más grave es cuando no se investiga correctamente, el Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio, entre las que se encuentran aquellas de orden legislativo, reglamentario y protocolario.

Consecuentemente, la ausencia de estas medidas normativas permite que la Autoridad ejerza irresponsablemente, lastrando el avance hacia una cultura del servicio público democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional a toda persona, y particularmente a las que son objeto de una acción administrativa, y que son recogidos y tutelados por nuestra.

Además no pasa inadvertido lo dispuesto por el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que alude que cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública, para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a la instancia judicial o cualquier otra.

Por consiguiente al determinar la autoridad administrativa el archivo del expediente de responsabilidad, incluso por parte del Director de Quejas quien en uso de sus funciones emite acuerdos a efecto de que el expediente no sea turnado para su investigación al Area de Responsabilidades, ordena se archive, violando los derechos humanos de la parte quejosa; algunas veces, bajo argumentos inconsistentes, porque no existen elementos suficiente para investigar, sin dar la posibilidad en términos del referido 77 bis en mención, de que se haga efectivo el goce del derecho de reparabilidad del ciudadano afectado.

La impunidad se disfraza, porque a la rendición del informe justificado en los juicios de amparo, es común, que soliciten que estos juicios se sobresean por actualizarse una causal de improcedencia, por la falta de interés jurídico, se soportan en la jurisprudencia 2ª. J. 1/2006, de la Novena Epoca, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIII, de enero de dos mil seis,  en la página 1120, de rubro y texto siguientes:

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCION QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.”

Por tanto, tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.

Atento a lo anterior, y atendiendo el contenido de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que si bien, el orden jurídico concedió a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

Por consiguiente al demostrarse que la omisión legislativa existe al no incorporar un medio de impugnación o recurso, para los actos de autoridad que archiven los expedientes, puedan ser revisados, no puede existir actos arbitrarios, sin frenos o contrapesos, es necesario también para que se justifique la procedencia del amparo, establecer el ordenamiento jurídico objetivo que tienda a otorga al interesado no solo la facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sino también concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones, con la posibilidad de interponer recurso de revocación respecto de los actos de la autoridad; motivo por el cual resulta procedente adicionar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dado que el objeto es la reglamentación del Título Cuarto de la Constitución Política en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se aplica en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal, según el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el 2002.

Correlacionando la reciente reforma constitucional de junio del 2014, al:

Artículo 108. ...

...

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales…”.

Se concluye que existe recurso para aquel servidor público que es afectado con una determinación de responsabilidad, y por ende es sancionado; sin embargo para aquella persona que presenta una queja con motivo del mal desempeño o actuar indebido de un servidor público y la autoridad administrativa considera que no hay elementos suficientes para su investigación o en su defecto que no hay responsabilidad del servidor público, la ley no contempla recurso o medio de impugnación en contra de esa determinación, lo que trastoca derechos humanos.

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que se debe reformar los artículos 10 y 26, adicionar un artículo 25 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de reformarse el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los artículos 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a continuación presentamos la propuesta bajo el siguiente cuadro comparativo:

ACTUAL

PROPUESTA

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

 

ARTICULO 10.- En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

 

 

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 26.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

 

ARTICULO 10.- En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como para darle trámite al recurso de revocación por el archivo del expediente o determinación de no responsabilidad, que presente el promovente de una queja o denuncia.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTICULO 25 BIS.- Los afectados podrán interponer recurso de revocación por la determinación que sanciona, o por la no responsabilidad al servidor público o por el archivo del expediente.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO 26.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del interesado le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

ARTICULO 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

 

ARTICULO 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en contra de los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS


ARTICULO 70.- Los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este Capítulo. Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por ese Tribunal, tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

 


ARTICULO 71.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

 

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO 73.- El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta Ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.


ARTICULO 70.- Los servidores públicos sancionados o el promovente de una queja administrativa que se archive, o que determine la no responsabilidad del servidor público, podrán impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las resoluciones administrativas por las que se les determine el archivo o no responsabilidad, o en su defecto se impongan las sanciones a que se refiere este Capítulo. Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por ese Tribunal, tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

ARTICULO 71.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, se determine la no responsabilidad del servidor público o se resuelva el archivo del expediente, podrán ser impugnadas por el afectado ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del afectado le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO 73.- El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta Ley, o el promovente de una queja o denuncia, que se archiva, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 10 y 26, SE ADICIONA UN ARTICULO 25 BIS A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ADEMAS DE REFORMARSE EL ARTICULO 15 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, Y LOS ARTICULOS 70, 71 Y 73 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 10 y 26, se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley Federal del Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTICULO 10.- En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como para darle trámite al recurso de revocación por el archivo del expediente o determinación de no responsabilidad, que presente el promovente de una queja o denuncia.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTICULO 25 BIS.- Los afectados podrán interponer recurso de revocación por la determinación que sanciona, o por la no responsabilidad al servidor público o por el archivo del expediente.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO 26.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del interesado le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley Organíca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue:

ARTICULO 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en contra de los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 70, 71 y 73 y 26, se adiciona un artículo 25 Bis, a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

ARTICULO 70.- Los servidores públicos sancionados o el promovente de una queja administrativa que se archive, o que determine la no responsabilidad del servidor público, podrán impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las resoluciones administrativas por las que se les determine el archivo o no responsabilidad, o en su defecto se impongan las sanciones a que se refiere este Capítulo. Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por ese Tribunal, tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

ARTICULO 71.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, se determine la no responsabilidad del servidor público o se resuelva el archivo del expediente, podrán ser impugnadas por el afectado ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del afectado le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

ARTICULO 73.- El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta Ley, o el promovente de una queja o denuncia, que se archiva, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veintitrés días del mes de julio de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. María del Roció Pineda Gochi”.

1 Índices y Encuestas sobre Transparencia y Combate a la Corrupción.  Secretaria Función Pública. Catalogo 2014.Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación internacional, consultado en internet 03 de julio del 2014,  formato pdf, visible

2 La jerarquía de la Iglesia Católica acusa a la Secretaria de la Función Pública de solapa actos ilegales. Nurit Martínez Carballo. El Universal. 13.30 Domingo 22 de junio 2014. Consultado [01-07-14] Disponible internet http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/corrupcion-proyecto-iglesia-1018616.html.

3 OVALLE Favela José. Constitución y proceso. formato pdf, [01-07-14] disponible en internet http://www.pjbc.gob.mx/admonjus/n24/AJ24_008.htm

El Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez y Zoé Robledo Aburto un proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Migración.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE MODIFICAN LOS ARTICULOS 11; 107, FRACCION VIII; 109, FRACCIONES V Y IX Y SE DEROGA LA FRACCION V DEL ARTICULO 111 DE LA LEY DE MIGRACION

(Presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, María del Pilar Ortega Martínez y Zoé Robledo Aburto)

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, esta iniciativa que estoy presentando el día de hoy es una iniciativa trabajada ya con varios Senadores desde hace poco más de un año, el Senador Zoé Robledo, la Senadora Layda Sansores, la Senadora Ana Gabriela Guevara, el Senador, en su momento, Humberto Mayans, y no quiero dejarlo de mencionar porque la construimos de la mano, y me parece importante mencionarlo.

En los últimos días, en las últimas semanas, me atrevería a decir, se ha hablado de la crisis humanitaria por el tema migratorio, la situación preocupante de miles de personas que transitan por nuestro país. El gobierno federal ha puesto en marcha diversos programas impulsados concretamente por la Secretaría de Gobernación, programas que, por cierto, pues hemos solicitado también información para conocer más a fondo en qué consisten estos programas y ver de qué manera también desde el Senado de la República podemos cooperar para que sean más eficientes.

El día de hoy, ante esta Comisión Permanente, presentamos esta iniciativa concretamente de reforma a la Ley de Migración con la intención de poder proveer de un marco legal apropiado para la garantía de los derechos de todas las personas en territorio mexicano. Con esta reforma en particular estamos abordando los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia que siguen siendo violentados por vacíos legales o por la discrecionalidad de las autoridades.

Tanto nuestra Constitución, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen y defienden el derecho al acceso a la justicia, y a un debido proceso.

El cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. La Corte también ha señalado que cuando existe el riesgo de ser deportado, repatriado o privado de la libertad, y no es posible acudir a instancias administrativas y judiciales, y sobre todo cuando se niega la prestación de un servicio público y gratuito de defensa legal se está vulnerando el derecho de las personas migrantes a las garantías y a la protección judicial.

En México, en los últimos doce años, hemos tenido grandes avances en materia legislativa sobre todo. Y quisiera también compartirles que desde hace ya también un año presentamos una propuesta que está pendiente de ser dictaminada, la iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos de todas las personas migrantes, así como también la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizarlos, independientemente de su nacionalidad, origen, género, etnia, edad o estatus migratorio, y que al mismo tiempo se obligue al Estado a apoyar a las casas de asistencia.

Como ustedes saben, hay casas de asistencia, albergues, espacios, que reciben a las personas migrantes y lamentablemente viven de las limosnas, y nos gustaría, por supuesto, que fuera también el Estado quien cooperara con estas casas de asistencia y se pudiera brindar el apoyo necesario, y que tuvieran, además, pues mejores condiciones.

La iniciativa que presentamos hoy pretende corregir algunas situaciones, por ejemplo, que la detención o alojamiento de una persona migrante en una estación migratoria puede prolongarse de manera indefinida en caso de haber iniciado un proceso contra actos o decisiones de carácter migratorio. Es decir, hoy hay personas que por haber presentado una denuncia permanecen injustificadamente privados de su libertad hasta que se dicta una sentencia o hasta que desiste del asunto.

Esto lo que provoca es que muchas de las personas migrantes opten por no denunciar, y se convierten también en víctimas de la falta de celeridad de nuestro sistema de justicia. Que las condiciones mínimas previstas en la Ley de Migración, tales como el acceso a la información sobre el estado del trámite, la posibilidad de contar con un representante legal, la participación en el proceso y el derecho a ser oído o presentar pruebas no están correctamente contempladas en los procesos administrativos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiado.

En estas condiciones el procedimiento administrativo no permite un verdadero acceso a la justicia para las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración. Por lo que respecta a la figura del representante legal también se ha convertido en una barrera para acceder a la justicia, dado que el criterio que hoy en día establece el Instituto Nacional de Migración para calificar como representante legal es incongruente, porque a pesar de que se supone que tiene el derecho a contar con un representante se les impide tener contacto con abogados o con gente de confianza.

Esta situación al final del día afecta en especial a las niñas y a los niños migrantes no acompañados, cuya representación legal queda en el aire por su minoría de edad y por la falta de asignación clara de un tutor o representante legal. Es importante señalar que hoy en día el Instituto Nacional de Migración funge como juez y parte, y por lo tanto su determinación o resolución termina siendo parcial, pues no actúa como representante legal independiente.

Estas y otras cuestiones que faltan por detallarse en la Ley de Migración son las que proponemos para que se reformen.

Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tenemos un simple compromiso por seguir haciendo del tema migratorio un tema del Senado de la República, un tema prioritario también de la Cámara de Diputados.

Y por eso la importancia también de conformar ese equipo de trabajo desde esta Comisión Permanente para poderle dar seguimiento a toda las iniciativas de ley que aquí se han presentado que a lo largo de esta legislatura se han presentado, y lo más importante es que podamos tener un marco, un marco legal adecuado para poder apoyar a las personas, a los mexicanos que van hacia los Estados Unidos y también a los hermanos centroamericanos y cada día son más que van hacia los Estados Unidos y que para ello tienen que recorrer territorio mexicano.

Yo espero que pronto podamos estar dictaminando esta serie de iniciativas y que insisto, el tema migratorio se convierta en el tema pues más importante de esta Comisión Permanente y del Senado de la República.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Iniciativa



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Pablo Escudero Morales, Alejandra Barrales Magdaleno y Mónica Arriola Gordillo, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores María Lucero Saldaña Pérez, Arely Gómez González, Pablo Escudero Morales, Alejandra Barrales Magdaleno y Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

El tema que hoy nos ocupa ha venido trabajándose desde la Legislatura pasada y hemos insistido en la construcción del tipo penal que tiene que ver con la tortura de manera que van en congruencia con los tratados internacionales que México ha firmado.

Yo creo que es lo importante destacar, fundamentalmente la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que nos ha dado una serie de elementos importantes de tipo jurídico que configuran el delito de manera debida.

Por lo tanto, las características de esta iniciativa, también han sido discutidas por las plenarias, por comisiones y plenarias de nuestro Congreso de la Unión.

Sin embargo hay que rehacer el procedimiento de discusión porque hemos trabajado en una verdadera adecuación de tipo, de tal manera que el ir y venir este dictamen nos ha llevado que ahora lo hagamos de manera inicial para que no se demerite ninguna de las decisiones que hemos hecho desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República ya en esta Legislatura.

En principio la denominación de la Ley, no confundir, me parece que el objeto de la Ley es Prevenir, Sancionar y Erradicar la tortura, por lo tanto en la naturaleza, y ámbito de aplicación a partir de este objeto, pues tiene que estar escrita en los estándares internacionales en la materia.

Hay un anacronismo, debido a que esta Ley que es vigente, la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura fue finalmente inscrita desde el Código Penal del Distrito Federal y po supuesto nos parece que hay elementos importantes que tienen que ser considerados en el ámbito federal.

La reforma también plantea que hay que modificar el objeto que tienen los órganos dependientes del Ejecutivo Federal por lo tanto, que lleven de llevar a cabo programas permanentes y establecer procedimientos específicos, no únicamente los relacionados con la procuración de justifica, sino también de la seguridad pública en términos del artículo 1º de la Constitución y del 21 en nuestra Constitución.

La inscripción típica, por lo tanto en la conducta de tortura tiene que tener una adecuación típica del delito de tortura conforme, insisto a como se ha venido configurando a nivel internacional, desde el ámbito interamericano y Naciones Unidas.

La Comisión de Delito de Tortura tiene también una innovación importante cuando se involucra un particular, no un agente del estado, sino un particular que está siguiendo, que está de manera clara participando de la Comisión de este delito siempre a partir de una directriz, de una gente del estado.

Claro, también nos preocupa el aumento de la pena de la tortura que nos parece muy importante que hay que elevar la sanción de privación de libertad y por supuesto también es muy necesario que establezcamos la obligación de denunciar por parte de servidores públicos que pueden ser motivados para que puedan estar pidiendo a los delitos que tienen que ver con la tortura obligando a que tiene que haber una denuncia correspondiente de manera inmediata.

La sanción agravada cuando se comete por parte de un ataque generalizado y sistemático.

Yo sé que esto ha creado un debate en algunos, en las Comisiones en la Cámara de Diputados, la reforma está inscrita en el artículo 5 de la Ley, pero nos parece muy importante establecer las penas previstas para el delito que tendrán que aumentar hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando la tortura sea perpetrada como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque.

En este caso, por supuesto estamos estableciendo que el delito sea imprescriptible.

La obligación debida o jerárquica como eminente de responsabilidad, no se acepta la obediencia debida o jerárquica, ninguna otra como el eximiente de la responsabilidad en el delito de tortura.

En general, esas son las características de esta iniciativa, por supuesto se configura también en un debate muy importante que realizaremos en la Ciudad de Aguascalientes en un foro internacional que el Senado está convocando con esta materia, con expertas, expertos, en donde analizaremos en cuatro mesas especialistas del tema que nos obliga a legislar lo más pronto posible

Es cuanto.

Gracias.

Iniciativa



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar, a nombre de propio y del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN LOS ARTICULOS 8, 54, 55, 58 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

(Presentada por el Diputado Ricardo Monreal Avila, a nombre propio y del Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

El Diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente.

En efecto, vengo a presentar una iniciativa que contiene un proyecto de Decreto que modifica varios artículos, el 54, el 55, el 51 y el 71 de la Ley General de Prestaciones y Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

Esta iniciativa tiene por objeto contemplar en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conceptos básicos que aseguren lo fundamentado del artículo 4o. constitucional en el párrafo octavo cita.

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, los niños y las niñas tienen derecho y tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá aliviar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Considerando que la niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos internacionales, por los organismos internacionales en materia de derechos humanos es menester por el interés superior de las niñas y niños garantizando este principio en la Ley Reglamentaria referida, entendiendo cómo las acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Nosotros observamos ahora, casi siempre en el Congreso cuando se suscitan hecho lamentables como este de los niños migrantes que se ha convertido en una crisis humanitaria en el mundo, siempre se viene una escalada de iniciativas en materia de niñez, cuando suceden hechos tan lamentables distintos grupos parlamentarios y legisladores pretenden en una avalancha de iniciativas modificar, resolver o atender las problemáticas que surgen de esta manera.

Y, está bien, es parte del proceso legislativo formal, por eso planteamos esto, peor también nosotros vemos mucho descuido en que de manera impune se violan derechos fundamentales de los niños, y el gobierno no acepta o el gobierno no coincide con planteamientos que hemos hecho, por ejemplo, en este momento nosotros estimamos en esta materia de los niños y niñas que es un error que México haya decidido convertirse en un vulgar filtro, en un vulgar retén, en un vulgar muro para los niños indocumentados del sur, haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras nosotros nos convertimos en ese retén, en ese filtro indigno de los Estados Unidos, ellos se convierten en vigilantes fieros, en violadores permanente de los derechos humanos en la frontera norte con patrullas, pero ahora que se ha blindado de manera absurda, de manera también indigna militarmente con la Guardia Nacional en las fronteras, sobre todo afectando a los estados de Tamaulipas, de Chihuahua, de Coahuila; estas zonas fronterizas me parecen muy lamentable que se estén prestando a una acción electorera del Gobernador Perry, que pretende ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano, y esté endureciendo su actividad xenofóbica, racista enviando a miles de miembros de la Guardo Nacional a blindar la frontera norte con México.

Por eso, nosotros vemos un contrasentido, una paradoja, por un lado aceptamos las instrucciones del vecino del norte para ser una board patrol nacional deteniendo el flujo de migrantes, niños y seres humanos en la frontera sur; y por el otro, aceptamos que se blinde la frontera norte con la Guardia Nacional.

La cancillería mexicana brilla por su ausencia, y evidencia su complicidad y obediencia con el imperio; este silencio absurdo, este silencio ominoso que se convierte en complicidad.

Nosotros estimamos que la política exterior mexicana, la Cancillería ha asumido una actitud timorata, gris, callada, una actitud silenciosa, subordinada, incapaz de producir por la vía diplomática un reclamo a esta violación permanente de los derechos humanos de niños en la frontera norte.

El Congreso y el Senado de la República deberían asumir una posición más digna y frente a la ausencia de acciones dignas de la Cancillería reclamar por la vía de notas legislativas de Congreso a Congreso o de Congreso al Ejecutivo Federal de los Estados Unidos enviar notas de extrañamiento, de inconformidad de los legisladores mexicanos por estas medidas que está aplicando el Gobernador Perry en la zona fronteriza con nuestro país.

Esas son las verdaderas medidas que deberíamos hacer.

Ahora esta serie de iniciativas que estamos planteando, quizás logren el que la mayoría las apruebe, quizás no, se vayan a la congeladora, pero de momento tenemos estas acciones que deberíamos reclamar con dignidad, con firmeza frente al vecino país del norte.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente, le rogaría plasme íntegro el contenido de la iniciativa que estoy presentando.

Iniciativa



El Presidente Diputado Aguilar Vega: Con todo gusto, Diputado Monreal Avila. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.






Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, un proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 329 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

LAYDA SANSORES SAN ROMAN, senadora integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo de la LXII legislatura, con fundamento en el artículo 78 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y del artículo 55 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos,  se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

“La democracia debe entenderse como una tarea permanente de ampliación de los mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad. No hay distancia ni tiempo transcurrido  que pueda privar a un compatriota del derecho a sufragar”.   Michelle Bachelet, 2014.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

La propuesta de iniciativa sobre el “VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR”, que se presenta pretende:

Exponer la contradicción existente entre el reconocimiento tácito que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 35 y 36, para que los mexicanos residentes en el exterior hagan uso pleno de sus derechos políticos, con la restricción palmaria de esos derechos en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 05 de febrero de 1917. 1

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán…

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República.

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 37.

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

Articulo 38.

Los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

1.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36.

III. Fundamento Legal:

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 20 de mayo de 1981.

Artículo 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.2

3. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus  Familiares, 13 de agosto de 1999.

Artículo 41.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

Artículo 42.

(…)

2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales.

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.3

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, emitió en 2003 una recomendación en este sentido:

IV. ANTECEDENTES

 PRIMERO.  En 1917 se emitió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fruto de la Revolución mexicana, estableciéndose por primera vez en una Constitución derechos políticos, entre otros, su artículo 34° que quien cumpla con los requisitos para ser considerado ciudadano, por ende adquiriendo el derecho a votar y ser votado, que se menciona en el artículo 35° en sus fracciones I, II y III.

Es importante señalar que nuestra carta magna determina que el ejercicio del voto aparte de ser un derecho de los mexicanos conforme a lo señalado en el párrafo anterior, también resulta ser una obligación del ciudadano mexicano conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 36 de la ley en comento.

SEGUNDO. El 7 de noviembre de 1945, el Estado mexicano ingresa a la Organización de las Naciones Unidas. El 24 de marzo de 1981 ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tras la ratificación del Pacto, que ocurre mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 1981, asume la responsabilidad de velar por la protección, respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, dentro de los que se encuentra el derecho al  voto de acuerdo a lo señalado en el artículo 25  inciso b del Pacto mencionado.

TERCERO. En 1948 ingresa a la Organización de Estados Americanos tras la firma de la Carta de los Estados Americanos y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En 1998 entra en vigencia el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en el que se reconoce el derecho al voto en su artículo 23 denominado Derechos Políticos.

La obligatoriedad en la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos deriva de lo señalado en los artículos 1º y 133 de la Constitución, aunado a lo señalado en los artículos 11 y 14 de la Convención de Viena, firmada y ratificada por México el 28 de abril de 1988. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos instrumentos internacionales, se debe realizar, de acuerdo con lo señalado en su articulado, con base en los principios de universalidad, integralidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos.

Esto se ve reflejado claramente en la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia que a continuación se transcribe:

DERECHOS DE PARTICIPACION POLITICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVES DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVE.

Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer.

En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.4

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 83/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Nota: Por ejecutoria del 21 de febrero de 2012, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 432/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

 CUARTO.  En nuestro país desde años atrás se han tratando de llevar a cabo reformas que den una solución a la necesidad de tomar en cuenta a los mexicanos que se encuentran en el exterior y de hacer extensivas a ellos todas las prerrogativas contempladas tanto en el derecho interno como internacional. Sin embargo, estas han sido insuficientes pues las propuestas e incluso las reformas suelen ser limitadas y parciales.

Un ejemplo claro lo tenemos en el caso del voto de los mexicanos en el exterior, aprobado el  30 de junio de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativas al ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Dicho decreto reformó los artículos 1, 9 y los incisos c), d) y e) del párrafo 1 del artículo 250 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tiempo de que se modificó la denominación del Libro Sexto para intitularse “Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, adicionándose los artículos 273 al 300 del Código comicial.

Estas adiciones y reformas entraron en vigor el 1 de julio de 2005, que pese a ser un avance dejó de lado una parte trascendental para darle efectividad a la legislación, es decir, no resolvió el problema de que si el voto solo puede ser emitido con un documento reconocido (dígase credencial expedida por el IFE, ahora INE), ello  contribuyó a que se vulneraran los derechos de la gran mayoría de mexicanos residentes en el exterior pues no se contaba con los medios legales para obtener dicha credencial.

La legislación anterior limitaba al ciudadano mexicano radicado en el extranjero a solo poder elegir al presidente, contrariamente a la ley suprema que indicaba claramente cuales son considerados cargos de elección popular y para los cuales todos los ciudadanos mexicanos pudieran emitir su voto.

QUINTO. El 14 de julio de 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el acuerdo número CG146/2005, a través del cual estableció la creación de la Unidad Técnica denominada Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEXTO.  La Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, de carácter temporal, tuvo como finalidad supervisar el desarrollo de las funciones y proyectos de la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, así como informar al Consejo General al respecto y presentar los dictámenes o proyectos de resolución correspondientes.

SEPTIMO. Por Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que el pasado 5 de diciembre de 2012, se aprobó la creación del Comité, buscando extender los derechos político-electorales de los mexicanos que viven en el extranjero, incrementar la participación ciudadana residente en el exterior y fortalecer la cultura democrática en el que se supone se trataron temas como la emisión de la Credencial para Votar con Fotografía en el extranjero; el voto electrónico por Internet o el voto presencial en sedes diplomáticas y consulares del Estado mexicano.

OCTAVO. No obstante todos los esfuerzos antes señalados con antelación los derechos de los mexicanos residentes en el extranjero continúan sin ser respetados, pues el 10 de febrero de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los dispositivos tildados de inconstitucionales e in-convencionales, entre estas reformas, se crea el Instituto Nacional Electoral que suplirá en funciones al Instituto Federal Electoral, el cual era regido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO. Dentro de dichas reformas se determinó que la ley reglamentaria debería ser expedida antes del 30 de abril de 2014.

DECIMO. En contravención a lo estipulado en el punto anterior, la Ley reglamentaria de dicha reforma y que regulará el actuar del mencionado Instituto Nacional Electoral, fue expedida hasta el día 23 de mayo de la presente anualidad.

DECIMO PRIMERO. Por efectos del aludido Decreto, la Ley emitida entró en vigor a partir del día 24 de mayo del año en curso y el término de treinta días naturales para la interposición del amparo se inició el día 24 de mayo del presente año, para fenecer el día 22 de junio de 2014, salvo disposición o interpretación que otorgue mayor plazo.

DECIMO SEGUNDO. Es el caso las disposiciones enumeradas creadas, reformadas, adicionadas o modificadas en la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de ser insuficientes pues no resolvieron el problema en su totalidad, son inconstitucionales e in-convencionales, y en consecuencia, violatorias de los derechos fundamentales de todo ciudadano.5

CONSIDERANDOS

Derivado de las irregularidades observadas fue promovida Acción de Constitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014 y por tal motivo la Suprema Corte de Justicia solicito al Tribunal Federal Electoral la opinión referente, por lo que el pasado 4 de julio de 2014 la Ministra Instructora Margarita Beatriz Luna Ramos dicto acuerdo en el que se da por presentado al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rindiendo la opinión emitida por los integrantes de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional con relación a la presente acción de constitucionalidad OF 2654/2014.

Esta Sala Superior opina:

PRIMERO.- Son inconstitucionales los artículos 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La opinión emitida por el órgano jurisdiccional es el siguiente:

Opinión. Esta Sala Superior opina que el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es inconstitucional, porque, ciertamente, el enunciado normativo restringe y limita indebidamente el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero para votar en las elecciones de diputados federales y locales, así como por los ayuntamientos, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 35, fracción 1, de la Constitución Federal, de los cuales no se advierte alguna limitación.

En efecto, el artículo 1° de la Constitución Federal establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de ahí  que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad.

En dicho precepto, se establece la obligación del Estado de procurar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales  de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de que las normas relativas se interpreten favoreciendo en todo tiempo a las personas, sin la posibilidad de restringir y limitar injustificadamente algún derecho.

En ese contexto interpretativo, la Constitución reconoce en el artículo 35, fracción 1, el derecho de los ciudadanos de votar en las elecciones populares.

Esa norma, evidentemente, requiere de un desarrollo o configuración legal.

Sin embargo, esa instrumentación debe apegarse a parámetros racionales y al principio de proporcionalidad, y sobre todo, respetar el contenido esencial y de las bases generales de dicho derecho.

De manera que, conforme a ello, en la regulación de dicho derecho debe partirse, entre otros aspectos, de la base de que no existe una distinción en cuanto al tipo de representantes populares a los que tiene derecho a elegir el ciudadano.

En el caso, la norma en controversia regula el derecho de voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Sin embargo, al establecerse esa posibilidad, por un lado, únicamente la posibilidad de votar en Presidente y Senadores de la República, y por otro, se autoriza la posibilidad de que las legislaturas de las entidades federativas voten por Gobernadores y del Jefe de Gobierno, sin regular en general la posibilidad de votar por diputados federales, locales y ayuntamientos.

Por tanto, esta Sala Superior considera que dicha norma se aparta del contenido esencial del derecho fundamental de sufragio, dado que el legislador con plena autodeterminación considera necesario regular la posibilidad de ejercer el derecho de voto activo en el extranjero, sin embargo, al hacerlo deja de considerar todos los cargos de elección popular en los que debe ejercerse el mismo.

Por un lado, porque excluye de esa posibilidad el derecho a elegir a los diputados federales y locales, así como a los ayuntamientos.

Por otro lado, porque deja a la decisión de las legislaturas locales la posibilidad de regular o no la posibilidad de votar por Gobernadores o Jefe de Gobierno, según el caso, pues la disposición impugnada establece que ello será de esa manera, siempre que así lo de determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En suma, el legislador federal considera necesario regular el tema en la ley general de la materia, pero al hacerlo deja de considerar indebidamente algunos cargos que pueden ser objeto del derecho de voto.

Máxime que, en el contexto del nuevo sistema electoral mexicano, existe la posibilidad de que la instrumentación resulte menos compleja, por el actual esquema de comunicación y colaboración entre las autoridades encaradas de la organización de las elecciones.

En consecuencia, esta Sala Superior estima que la norma impugnada es inconstitucional en la parte que deja de prever el derecho de los mexicanos en el extranjero para elegir a los diputados federales y locales, así como a los ayuntamientos, y por otro lado, al condicionar la posibilidad de ejercicio de dicho derecho para Gobernadores y Jefe de Gobierno, al desarrollo que al respecto emitan las entidades federativas, todo debido a que, al asumirse esa posibilidad para votar desde el extranjero en la legislación general, no debieron marcarse las diferencias apuntadas.

A continuación se exponen parte de las tesis  jurisprudenciales, que respaldan la acción de inconstitucionalidad, que destaca el principio de pro homine como interés superior:

PRINCIPIOS DE OPTIMIZACION INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCION FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACION DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.

El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad).

De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los restantes preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las autoridades, y más aún para las jurisdiccionales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.
  
PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIO EL ARTICULO 1o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE JUNIO DE 2011.

El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.6

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO.

Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.

102. El Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”. En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquiridos. Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acevedo Buendía Y Otros (“Cesantes y Jubilados de La Contraloría”) Vs. Perú, Sentencia de 1 de Julio de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

21. La Corte entiende que es reclamable o exigible la observancia del artículo 26 -norma imperiosa, no solo sugerencia política- ante instancias llamadas a pronunciarse sobre ese extremo, en el marco del Derecho interno o en el ámbito externo, conforme a las decisiones constitucionales y a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. La valoración tiene dos dimensiones: la observancia de la progresividad, atenta al máximo esfuerzo para conseguirla, y la negación de la regresividad, que contraría los postulados y el espíritu del corpus juris de los derechos humanos y que también debe ser valorada por las jurisdicciones correspondientes.

Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez en Relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados de La Contraloría”) del 1 de Julio de 2009.

DIGNIDAD HUMANA. DEFINICION. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.7

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURIDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICION Y BASE DE LOS DEMAS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Precedentes: Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

La ley que se impugna tiene como finalidad regular el actuar del recientemente creado Instituto Nacional Electoral, cuya función principal en cuanto a los ciudadanos es dotarlos de los medios para poder ejercer su derecho al voto, estableciendo los procedimientos y en su caso órganos que dependan de él para lograr dicho objetivo, sin embargo, al no establecer un procedimiento realista ajustado a las necesidades de todos los mexicanos, no cumple con las demandas de los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos y dar cumplimiento a las obligaciones que la propia ciudadanía le impone, pues limita a un grupo de ciudadanos a ejercer su derecho solo en los cargos de elección federal (excluyendo incluso en este punto a los cargos de elección popular federales correspondientes a los diputados) y estatal, no así en los municipales.

Los ciudadanos mexicanos con todos los derechos y obligaciones inherentes a dicha calidad, que presentan una situación especial, radicar en el extranjero, pero esta situación no le hace menos mexicano y por ello le es importante participar en todas las decisiones del país; primero para cumplir con las obligaciones que le son inherentes como ciudadano y ejercer los derechos con los que cuenta, porque su interés en los asuntos del país resultan ser trascendentales porque en primer término buscan una estabilidad para el país y con ello de forma anexa el bienestar para sus familiares que aún radican en el país y por lo cuales suelen seguir velando.

Por ello la necesidad de que puedan ejercer la totalidad de sus derechos y poder darle seguridad jurídica, el hecho de que no radique en el país no le hace menos mexicano, además de que las remesas enviadas por gente radicada fuera del país a sus familiares representa un ingreso grande para el país, siguen contribuyendo a la economía pese a que no están presentes, además de que la Constitución en su artículo 37, inciso a) otorga la nacionalidad, sin limitación de territorio, el precepto a continuación se transcribe:

Artículo 37.

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”.

La ley impugnada afecta en especial lo estipulado en los artículos 329 y demás relativos en virtud de que restringe el derecho constitucional de votar, a solo algunos representantes a nivel federal y no como lo prevé para los connacionales que residen en el país, pues para dichos mexicanos radicados en el extranjero lo hace en los siguientes términos:

Libro Sexto
Del voto de los mexicanos en el extranjero
Capítulo único

Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección  de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de los Gobernadores de la entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal…”.

Como se desprende de la lectura del precepto antes señalado, no permite ejercer sus derechos en su totalidad, y peor aún los obliga a incumplir con la obligación señalada en el artículo 36 fracción tercera, precepto que textualmente dice:

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley”.

Derivado de dicho incumplimiento, se impone una sanción en la cual se ven privados de  derechos y prerrogativas como ciudadanos, de conformidad con lo que manifiesta el artículo 38 fracción I de nuestra carta magna:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley”.

Al leer los artículos anteriores es claro que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga derechos y obligaciones, sin embargo también queda claro que establece normas que impide ejercerlos y cumplirlos en su totalidad.

La ley impugnada es violatoria de la Carta Magna, de los principios y derechos humanos en ella consagrados, pues en primer lugar en la ley combatida en su Libro Segundo, Título Primero, Capítulo I, en su artículo 7 señala los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos y enumera los siguientes:

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente”.

Como se desprende de la lectura del artículo anterior la propia Ley recopila las obligaciones y derechos de los ciudadanos, sin embargo, no reconoce todo lo anterior en los artículos que regulan el voto de los mexicanos radicados en el extranjero, pues el subsecuente artículo 9 de la Ley impugnada nos manifiesta que para poder ejercer el voto los ciudadanos deben de satisfacer los requisitos fijados por el artículo 34 de la Constitución Política, es decir, nos expresa que deben de tener la calidad de mexicanos, que hayan nacido dentro del territorio nacional o que hayan sido naturalizados, que tengan más de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir.

Jamás manifiesta o hace alusión a si están o no dentro del territorio nacional, por ello es por lo que se considera inconstitucional pues limita los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero, ya que estos aunque no estén en la República Mexicana, no han perdido su calidad de ciudadanos mexicanos de acuerdo a lo que establece la propia constitución y que refuerza el artículo 9 de la Ley impugnada.

Lo anterior es una muestra clara de que la Ley promulgada no fue bien elaborada y revisada, pues debería de ser congruente al menos con aquellas leyes que ya se encontraban expedidas y referían a situaciones de carácter electoral, esto no solo denota que fue hecha al vapor si no que no está acorde a la realidad del país.

Estamos dentro de una sociedad cambiante que busca en todo momento incluir a todos los sectores de la población, es irrisorio que en la Ley Suprema de nuestro país nos impongan obligaciones y nos otorguen derecho y las Leyes secundarias nos excluyan para su cumplimiento o nos limiten y no se ajusten a lo establecido en la Constitución para que resulte benéfico para todos y cada uno de los ciudadanos y para el país.

Si se limita a los ciudadanos radicados en el extranjero para que emitan su voto estamos ante una ley contraria a nuestra Carta Magna y al principio de legalidad que rige nuestro sistema jurídico integral, por lo cual la ley promulgada es inconstitucional pues se encuentra alejada de los principios que rigen nuestra  Constitución y los principios generales en virtud de que son la línea general de regulación del derecho universalmente reconocida.

Toda norma o regla debe ser congruente con todo el conjunto de ordenamientos vigentes en un lugar y espacio determinado y que están dotados de sentido y lógica gracias a los propios principios generales y universales, por lo cual las leyes no pueden ajustarse al viejo paradigma positivista en el cual hay que estar a la letra de la ley cualquiera que sea su significado, sino que dicha sujeción para ser válida debe de ser coherente con la Ley Suprema, es decir la Constitución Política que es el conjunto de normas que rigen la organización del Estado Mexicano, es la ley fundamental o norma de normas que busca transformar el derecho en la misma dirección de igualdad en los derechos fundamentales reconocidos.

La objetividad en el quehacer institucional o personal, se funda en el reconocimiento global coherente y razonado de realidad sobre la que se actúa, tendiendo la obligación todos los que participan en la creación y expedición de leyes de percibir e interpretar los hechos sin visiones u opiniones unilaterales que afecten o puedan afectar a grupos o sectores minoritarios, como lo son los mexicanos radicados en el extranjero, a quienes se les ha limitados su voto.

Por último la legalidad es el supremo principio rector en el ejercicio de la función legislativa y que en estricto sentido es el cumplimiento de la normatividad jurídica vigente, a través de la adecuación o fidelidad a las leyes en todas las   actuaciones de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y partidos políticos, pero principalmente de las autoridades, y en este caso las responsables omiten en la ley impugnada la congruencia con la Ley Suprema y la realidad que vive nuestro país en la cual hay una gran número de mexicanos radicados en el extranjero a los que les estamos limitando sus derechos por simple capricho de unos cuantos.

Si vulneramos o limitamos de cualquier manera, por mínima que sea los derechos de los mexicanos radicados en el extranjero, estamos entonces ante una legislación secundaria que no está acorde a la norma jerárquica superior ello equivaldría a una violación sustancial e irreparable que puede ser determinante para proceso electoral en cualquiera de sus modalidades e incluso pudiera influir en los resultados de las mismas.

El 8 de abril de 2014, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos Piter, Zoe Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Fidel Demedicis Hidalgo y Luz María Berinstain Navarrete, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Luis Armando Melgar Bravo integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia  del voto de los mexicanos en el exterior.

Del proyecto de decreto arriba mencionado, esta iniciativa toma el texto original propuesto como artículo 313 (hoy 329), para que queden incluidos diputados, mismos que fueron borrados del dictamen final, causante de la acción de inconstitucionalidad  reclamada.

Por lo anteriormente expuesto:

SE SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL TENOR DEL SIGUIENTE:

LIBRO SEXTO
Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

CAPITULO UNICO

Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y  Gobernador  o Jefe de Gobierno de la entidad federativa de su origen.

(…)

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año siguiente a la aprobación del presente decreto, asignara los recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral, para iniciar el proceso de credencialización en el extranjero.

ARTICULO TERCERO.  El Instituto Nacional Electoral y la Secretaria de Relaciones celebraran los convenios de colaboración necesarios para instalar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los módulos o buzones de atención al ciudadano, según correspondan por la concentración  de mexicanos en el exterior.

ARTICULO  CUARTO.  El Instituto Nacional Electoral establecerá dentro de los 60  días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de carácter general a que hace referencia el artículo 317. 

ARTICULO QUINTO. Por única ocasión los requisitos relativos a la integración de la lista nominal permanente en el exterior podrá basarse en la Matrícula Consular expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual cumple con todas las características de información y seguridad requeridos por le ley.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DICE

DEBE DECIR

 

Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto.

3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.

 

Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y  Gobernador  o Jefe de Gobierno de la entidad federativa de su origen.

 

(…)

Sen. Layda Sansores San Román”.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma publicada DOF. 10/02/2014. Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de abril de 2014)

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 20 de mayo 1981.
Página Web. http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm (Consultada 01 de mayo de 2014)

3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Página Web. Dehttp://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm (Consultada 01 de mayo de 2014)
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 en Nueva York, EUA. Ratificación por México el 08 de marzo de 1999. Decreto de Promulgación en el  Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1999.
Página Web. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf (Consultada 01 de mayo de 2014)

4 Época: Novena Época. Registro: 170783. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 83/2007. Página: 984.

5 Época: Novena Época. Registro: 170783. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia.  Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 83/2007. Página: 984.

6 Registro: 2000129. Localización:
Décima Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con Residencia en Guadalajara Jalisco. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5. Página: 4580. Tesis: III.4o.(III Región) 4 K (10a.). Tesis aislada. Materia (s): Constitucional.

7 Época: Decima Época. Registro:2006136.I. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Seminario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de abril de 2014 10:40 h. Materia: (Común) Tesis: XIII.T.A K (10ª).






Compañeros legisladores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y las proposiciones en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones. Los turnos de los asuntos se publicarán en la gaceta. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas de reciente inscripción.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE ATENCION OBSTETRICA Y PREVENCION DE VIOLENCIA OBSTETRICA

(Presentada por el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito Abel Octavio Salgado Peña, diputado integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE ATENCION OBSTETRICA Y PREVENCION DE VIOLENCIA OBSTETRICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos meses hemos sido testigos de casos que han exhibido las fallas de nuestro sistema de salud en cuanto a la atención médica de mujeres en labor de parto. Las redes sociales y los medios de comunicación dieron cuenta de al menos ocho mujeres oaxaqueñas que parieron a las afueras de clínicas y hospitales tras negárseles la atención médica. Además, organizaciones de la sociedad civil presuntamente han documentado otros casos que alcanzan casi las dos decenas.

Más allá de los números, resulta urgente erradicar este tipo de situaciones que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y violentan compromisos internacionales a los que nuestro país ha asumido. Este documento explora la situación que prevalece en México respecto a la atención médica de mujeres embarazadas, durante el parto y en el periodo de puerperio.

Más adelante se establece la necesidad de abordar este tema en dos vías; la primera relacionada al aseguramiento del derecho a la salud para todas las mujeres de nuestro país y la segunda se refiere a retomar este tipo de casos para establecer el concepto de violencia obstétrica como parte del marco jurídico de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Finalmente, se hace una revisión de las normas que ordenan la prestación de servicios médicos en el área materno-infantil y atención obstétrica, con la finalidad de proponer, en caso de encontrarlo necesario, modificaciones que permitan mejorar la prestación de dichos servicios a cargo de las Instituciones de Seguridad Social del Estado mexicano.

1. LA ATENCION A LA SALUD MATERNA EN MEXICO

México ha hecho importantes avances en el cuidado de la salud materno-infantil, reduciendo de manera importante el número de muertes durante el parto, sin embargo, aún existen vacíos legales y financieros que se traducen en casos de falta de atención médica a mujeres antes, durante y después del parto.

Según cifras del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), durante 2012 murieron 960 mujeres por causas vinculadas al embarazo, de ellas cerca de 20 mujeres murieron en la vía pública y casi 265 no recibieron atención de un médico durante el parto (OMM, 2013). A estos datos deben sumarse los casos de mujeres oaxaqueñas que entre 2013 y lo que va de 2014 han parido en las inmediaciones de centros de salud (Sánchez, 2014), así como otros 16 casos similares que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado en los estados de Chiapas y Tabasco (El Universal, 2014).

Esta situación ha sido llevada a instancias internacionales, teniendo como consecuencia una audiencia ex profeso para abordar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el título “Salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México”; en la audiencia realizada el pasado 27 de marzo, participaron representantes del Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil como GIRE, Parto Humanizado, A.C. y SakilNichimAnzetik A.C. Como resultado de la audiencia el gobierno mexicano se comprometió a dar seguimiento a las quejas y continuar la capacitación del personal médico en todos los hospitales y clínicas del país para evitar este tipo de casos.

Más allá de los esfuerzos que se están realizando con el marco jurídico vigente, la realidad es que es necesario establecer legalmente la protección de mujeres durante el embarazo, en el momento del parto y el puerperio. Más aún, hacer efectivo el derecho a la atención médica durante estas etapas, requiere que los hospitales y clínicas de todo el país cuenten con infraestructura adecuada y personal capacitado, lo que implica la necesidad de dotar de mayores recursos al sistema de salud pública.

2.- DERECHO A LA SALUD MATERNA

El derecho a la salud es considerado es considerado como derecho humano desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 25 señala:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948).

Siguiendo el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, podemos observar que los casos de mujeres embarazadas no atendidas, son un caso de violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular al derecho a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales.

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla el derecho a la salud en su constitución, definiéndola como:

“[...] un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades […] el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos humanos de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. (OMS, 1948).

Además de reiterar el grado que la salud debe tener como derecho humano, la constitución de la OMS agrega un elemento de no discriminación en el acceso a la salud, lo que resulta de suma relevancia en los casos abordados, pues muchas de las mujeres que no han sido atendidas durante el parto, han sido rechazadas por su condición económica y social, además de su origen indígena. Bajo la perspectiva de la OMS, todas las mujeres sin excepción alguna deben de ser atendidas, particularmente en un momento tan crucial como el parto; en México la complejidad y fragmentación del sistema de salud dificulta establecer pautas mínimas y criterios generales para el acceso a la atención médica, sin embargo, para el caso de mujeres parturientas deben establecerse leyes, normas y lineamientos que aseguren su atención sin importar condición laboral o afiliación a un esquema de seguridad social.

Otro instrumento internacional de gran relevancia en materia de protección a la salud es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en su artículo 12 señala lo siguiente:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b)…;

c)…;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.  (OACDH, 1976)

La relevancia del texto del Pacto radica en la obligación de los Estados Partes a asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, y la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios de salud. Asimismo en la Observación General número 14 al Pacto, respecto del artículo arriba señalado, el Comité encargado establece lo siguiente respecto al tema de salud materna:

“La disposición relativa a “la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños" se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información. (OACDH, 2000)

Nuevamente, en los casos mencionados, podemos encontrar acciones que no corresponden a lo señalado por el Pacto y en particular a la Observación General número 14, como es la atención anterior y posterior al parto, así como los servicios obstétricos de urgencia.

Más adelante, la Observación General número 14, menciona lo que es considerado como una violación por parte del Estado:

“Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando los Estados Partes no adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud. Cabe citar entre ellas la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos; los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos, en particular las personas vulnerables o marginadas; […] la no adopción de un enfoque de la salud basado en la perspectiva de género; y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil y materna.” (OACDH, 2000)

Si bien nuestro país ha logrado avances en materia de atención a la salud y reducción de la mortalidad infantil y materna, casos como los de mujeres no atendidas son muestra de que existen aún vacíos en el entramado institucional y jurídico, que aseguren que todas las mujeres sean atendidas en el momento del parto.

Según la organización internacional Human Rights in Childbirth(Derechos Humanos en el Nacimiento), algunos de los aspectos que el acceso a la salud materna debe incluir son:

● Un ambiente seguro e higiénico para la labor de parto, nacimiento y el posparto;

● Servicios de emergencia médica;

● Medicamentos esenciales de salud reproductiva; y

● Personal capacitado en nacimientos. (HRC, 2014)

México ha incorporado el concepto de derecho a la salud en la Constitución a través del artículo 4o y en la legislación federal en la Ley General de Salud, la cual expresa lo siguiente:

“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III....

IV....

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. ...”  (LGS, 2014)

Más adelante, el Capítulo VI del Título Tercero establece las disposiciones relativas a la Atención Materno-Infantil:

“Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos. (LGS, 2014)

Si bien la LGS asegura la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, además de establecer el derecho a obtener servicios de salud, resulta conveniente establecer la obligación de los servicios públicos de salud en todos los niveles de atender a toda mujer sin dejar abierta posibilidad alguna de discriminación.

3.- VIOLENCIA OBSTETRICA.

En términos de violencia obstétrica, los casos de mujeres que no han recibido atención médica en el parto representan ejemplos claros de la necesidad de incluir ese concepto dentro de la legislación federal de acceso a una libre vida de violencia. Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -de la cual México forma parte-, violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Convención de Belem Do Pará, 1994).

Otro instrumento previo relacionado con el tema y que nuestro país firmó y ratificó es la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) la cual establece en su artículo 12:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Y en su artículo 14 establece también lo siguiente:

1. …

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

a) …

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

Estos instrumentos internacionales no han sido reflejados suficientemente en la legislación federal, en particular en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de hecho el texto vigente no hace ninguna mención a palabras como embarazo o parto, y las referencias a la atención médica se refieren solamente a casos de violencia distintos a la obstétrica.

Si bien existe una Norma Oficial Mexicana que establece “los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido” (NOM-007-SSA2-1993), al ser una NOM, no existe un criterio jurídico suficiente para prevenir casos de violencia obstétrica como los de mujeres que no son atendidas en hospitales y clínicas del país.

Como puede observarse, resulta urgente realizar las modificaciones necesarias a la legislación, de modo que se proteja a las mujeres de sufrir algún tipo de violencia obstétrica, además de contar con los recursos necesarios para que todas las clínicas y hospitales del país cuenten con la infraestructura adecuada, el personal capacitado y los insumos suficientes para brindar atención médica durante el embarazo, en el momento del parto y en el puerperio.

En atención a los desafortunados y vergonzoso sucesos acontecidos en diversos puntos de la República, durante los últimos años, la Senadora Diva Hadamira Gastélum, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), con la finalidad de incluir el concepto de “violencia obstétrica”.

En efecto, en noviembre del año pasado, la senadora priista propuso agregar una fracción VII al artículo 6, para incluir un nuevo tipo de violencia de género. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Senadores y se recibió como Minuta en la Cámara de Diputados, misma que fue turnada para su estudio a la Comisión de Igualdad de Género (Gaceta Parlamentaria, 14 de mayo de 2014)

De acuerdo con esta propuesta, la violencia obstétrica se definiría como:

“toda acción y omisión intencional por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujeres durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.

Consideramos oportuna la presentación de la propuesta hecha por la Senadora Gastélum, no obstante, creemos que la misma se puede enriquecer en los siguientes sentidos:

● Incluir la posibilidad de violencia física como psicológica

● Incluir a los demás actores, personal administrativo y auxiliares médicos y no únicamente a los médicos.

● Establecer los casos de presunción de violencia obstétrica, sin que la mención sea exhaustiva, sino enunciativa de casos de violencia contra la mujer.

Desde luego, la sola inclusión de la definición de violencia obstétrica en el cuerpo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ayudará a visibilizar el problema que existe en el ordenamiento mexicano con relación a la prestación de servicios de salud en ocasión del parto, sin embargo, es necesario, a la par, dotar a las instituciones de salud de los medios legales para que a las mujeres gestantes les sea garantizada la atención en etapas inmediatas y previas al eventos del nacimiento.

4. LEYES DE SALUD Y COMBATE A LA MALA PRAXIS EN MATERIA DE ATENCION EN EL EMBARAZO

Habida cuenta de los lamentables sucesos que hemos referido en los puntos anteriores, es menester modificar distintos cuerpo normativos, con la finalidad de combatir la violencia obstétrica con el establecimiento de obligaciones taxativas de estricto cumplimiento en las instituciones de salud, clínicas y hospitales, en la Ley General de Salud y, desde luego, en los dos institutos más importantes con que cuenta el Estado en materia de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con relación a la Ley General de Salud, de conformidad con sus artículos 3, 27 y 38, la atención materno-infantil reviste una triple condición:

5. ES CONSIDERADA DENTRO DE LA MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL.-

Por lo que le corresponde al Ejecutivo Federal dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación de dicho servicio de salud, en todo el territorio nacional, así como promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en la materia, en términos de lo establecido por la fracción I y IV, del apartado A, del artículo 13 de la misma Ley.

6.- ES CONSIDERADA UN SERVICIO BASICO DE SALUD.-

Por lo que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de salud, se deberá garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de dicho servicio, preferentemente a los grupos vulnerables.

7.- ES CONSIDERADA UN SERVICIO A DERECHOHABIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.-

Por lo que estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en la Ley General de Salud, en lo que no se oponga a aquéllas, de acuerdo con el artículo 37 de la propia Ley.

De lo anterior se desprende que la atención materno-infantil:

A. Bajo una lectura conforme con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en junio de 2011, y en atención al principio de progresividad que incorporó dicha reforma, debe atender preferentemente a los grupos en situación de vulnerabilidad, como ocurre con el sector de la población femenina desprovisto, en ocasiones como las que han dado cuenta las notas periodísticas, del acceso al Derecho Humano a la Salud.

B. Debe ser un servicio de salud pública prestado, indefectiblemente, por las instituciones de seguridad social del Estado Mexicano.

C. Su operatividad debe constar en los instrumentos que regulan la prestación de servicios y atención médica a cargo de las instituciones de seguridad social del Estado mexicano. Supletoriamente, correspondería aplicar el vigente pero limitado capítulo V del Título Tercero de la Ley General de Salud. Las disposiciones de este capítulo, relacionadas con la atención médica durante el parto, establecen a la letra:

“CAPITULO V

Atención Materno-Infantil

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

I Bis. – V…

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a III. …

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que no existe un marco general al que se deba sujetar la prestación del servicio básico de salud en la etapa de parto. Desde luego, estas disposiciones tienen el carácter de supletorias con relación a lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social y la Ley del ISSSTE.

En primer lugar, la Ley del Seguro Social, tampoco establece un marco general de prestación de atención médica en el caso de embarazo, simplemente refiere la obligación del Instituto para otorgar la prestación del servicio en los siguientes términos:

Artículo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes:

I. Asistencia obstétrica;

II. Ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida;

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, y

IV. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico.

Lo mismo ocurre en el caso de la Ley del ISSSTE. En este caso se establece con relación a la atención materna en las etapas de embarazo, parto y puerperio lo siguiente:

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional;

II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de esta, a la persona encargada de alimentarlo;

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia, y

IV. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será señalado periódicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva.

Como vemos, las disposiciones relacionadas con la atención del parto y la debida atención médica para esos casos son sumamente limitadas en cuanto a contenido y alcance, por lo que es necesario establecer los principios, en cada uno de los casos —Ley General de Salud, Ley del IMSS y Ley del ISSSTE—, para que la mujer sea debidamente atendida, con la importancia que exige, análogamente, una situación de “urgencia médica” y combatiendo en todo caso, los posibles actos de violencia obstétrica, como un tipo de violencia bajo la modalidad de violencia institucional, humanizando la labor de médicos y servidores públicos de carácter administrativo, pero sin criminalizar la conducta de los mismos ante condiciones que pudieran escapar de su responsabilidad, como pueden ser: la imposibilidad de hecho, en la clínica y hospital correspondiente, para la prestación del servicio o la no existencia de personal médico suficiente.

Por ello, la presente iniciativa tiene los siguientes objetivos:

● Reconocer dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el tipo de violencia obstétrica definido de la siguiente manera: “acción u omisión intencional por parte del personal de salud, tanto médico como administrativo, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio. Se presumirá violencia obstétrica, toda conducta u omisión, de los mismos sujetos, que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad; la imposición de métodos anticonceptivos sin mediar su consentimiento, la práctica del parto por vía cesárea, existiendo la posibilidad para efectuar el parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada de la mujer a esta posibilidad.

● Establecer en la Ley General de Salud, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE, los principios de la Organización Mundial de la Salud acerca del cuidado antenatal, perinatal, y postparto.

● Ordenar la inmediata prestación de servicios de salud en materia obstétrica, en los casos calificados de “urgencia médica”, con la particularidad, de no condicionar la prestación del servicio a la comprobación de la titularidad del derecho de acuerdo a la afiliación a determinado régimen de seguridad social.

● Establecer la obligación de capacitación y evaluación del personal médico y administrativo en los protocolos de atención para las diferentes etapas del proceso gestacional: embarazo, parto, post-parto, puerperio.

● Establecer en las disposiciones transitorias la obligación de esta Soberanía para destinar una partida especial de recursos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015 y subsecuentes, con dos finalidades:

- Mejorar y ampliar la infraestructura en las instituciones públicas de salud, para la atención de los casos de embarazo, parto, post-parto, puerperio.

- Crear programas periódicos de capacitación al personal médico y administrativo de todas las unidades públicas de salud, en materia de atención obstétrica, mejores prácticas y prevención de la violencia contra la mujer en cualquier etapa del proceso gestacional, parto, post-parto y puerperio.

● Establecer en las disposiciones transitorias, la obligaciones de la Secretaría de Salud, junto con ambas instituciones en materia de Seguridad Social, para llevar a cabo los programas de capacitación del personal médico y administrativo, y para actualizar los protocolos de atención obstétrica para que puedan ser calificados, o no, como casos de urgencia médica.

Insistimos, debido al incremento de casos de mujeres que no han sido atendidas en instituciones públicas de salud, así como a un número importante de muertes maternas que no recibieron atención médica alguna, resulta necesario asegurar dentro del derecho a la salud la atención adecuada para mujeres embarazadas, durante el parto y en el puerperio. También se hace imprescindible incluir el concepto de violencia obstétrica dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contemplando los criterios más avanzados a nivel internacional para la protección de las mujeres que se encuentran en esa etapa de la vida.

Según el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), desde mediados de 2013 hasta la fecha se han denunciado 25 casos de mujeres que han tenido que parir en condiciones inseguras e insalubres, tras ser rechazadas por los servicios de salud en nueve estados de la República.

La denuncia de esos casos ya ha sido presentada ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado mexicano ha tenido que dar cuenta de los mecanismos que ha implementado para subsanar esta terrible condición que afecta a nuestras mujeres principalmente, pero ofende y lastima a toda la sociedad en su conjunto.

Nuestro país es parte en instrumentos internacionales que establecen el derecho a la salud y el acceso de las mujeres a vivir sin violencia, sin embargo en la práctica existen aún muchos ejemplos de violaciones a uno u otro precepto. Dichas violaciones pueden o no estar vinculadas a acciones deliberadas, sin embargo es claro que en tanto no se cuenten con recursos suficientes para capacitación e infraestructura y no se establezca en la legislación federal el concepto de violencia obstétrica, entonces el Estado mexicano estará incurriendo en un acto de omisión en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

México ha sido reconocido a nivel mundial por la excelente planta médica y profesional con que contamos. Estamos a la vanguardia en investigación y nuestros médicos han sido laureados por diversas instituciones a nivel mundial.

No creemos que el camino sea criminalizar la conducta de los médicos, cuando la violencia que sufren nuestras mujeres es responsabilidad de un número más grande de actores. Si existen casos probados de negligencia médica, se deben castigar con la severidad de nuestro ordenamiento jurídico, pero si el problema es de corte institucional, es responsabilidad de nosotros como legisladores, adecuar el marco normativo en la medida y con el arrojo que exige esta problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de atención obstétrica y prevención de violencia obstétrica:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose la subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a V. …

VI. Violencia obstétrica.- Toda acción u omisión intencional por parte del personal de salud, tanto médico como administrativo, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer, durante el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio.

Se presumirá violencia obstétrica, toda conducta u omisión, de los mismos sujetos, que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad; la imposición de métodos anticonceptivos sin mediar consentimiento de la mujer, la práctica del parto por vía cesárea, existiendo la posibilidad para efectuar el parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada de la mujer a esta posibilidad.

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma la fracción I del artículo 61, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 61 bis, y un párrafo tercero al artículo 89, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.- …

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera, que deberá estar ordenada por los principios de calidad, humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, dignidad y confidencialidad;

Artículo 61 Bis.-…

En los casos de urgencia médica, así calificada por los protocolos que establezca la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la atención deberá ser inmediata en las instalaciones en que se presente dicha urgencia, sin requerir, en este único caso, la comprobación de la titularidad de un derecho a la prestación o la afiliación a alguna Institución pública de seguridad social.

Artículo 89.-…

En materia de atención materno-infantil, así como de cuidados y atención del personal médico y administrativo durante el embarazo, el parto, el post-parto y el puerperio, la capacitación deberá atender los principios establecidos en la fracción I del artículo 61 de esta Ley y deberá ser sujeta a una evaluación que establezca la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma la fracción I del artículo 94 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 94. …:

I. Asistencia obstétrica, que deberá estar ordenada por los principios de calidad, humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, dignidad y confidencialidad.

En los casos de urgencia médica, así calificada por los protocolos que establezca la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto, la atención deberá ser inmediata en las instalaciones en que se presente dicha urgencia, sin requerir, en este único caso, comprobar ser derechohabiente del Instituto;

II. a IV. …

ARTICULO CUARTO.- Se reforma la fracción I del artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, asimismo deberá estar ordenada por los principios de calidad, humanismo médico y trato humanitario, mínima medicación, consentimiento informado, multidisciplinariedad, privacidad, dignidad y confidencialidad.

En los casos de urgencia médica, así calificada por los protocolos que establezca la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto, la atención deberá ser inmediata en las instalaciones en que se presente dicha urgencia, sin requerir, en este único caso, comprobar ser derechohabiente del Instituto;

II. a IV. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal deberá adecuar en un plazo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los reglamentos respectivos en materia de salud y atención obstétrica.

Tercero.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría correspondiente, deberá elaborar los protocolos de atención obstétrica, en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión deberá asignar los recursos específicos y suficientes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015 y subsecuentes, para mejorar y ampliar la infraestructura en las instituciones públicas de salud, para la atención de los casos de embarazo, parto, post-parto, puerperio; del mismo modo, deberá asignar los recursos suficientes a la Secretaría de Salud y a las Instituciones Públicas de Seguridad Social, para crear y mantener los programas periódicos de capacitación para el personal médico y administrativo de todas las unidades públicas de salud, en materia de atención obstétrica, mejores prácticas y prevención de la violencia contra la mujer en cualquier etapa del proceso estacional.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de julio de 2014.

Dip. Fed. Abel Octavio Salgado Peña”.

FUENTES

- CEDAW (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

- CIDH (2014). Salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México (Audio)
http://www.cidh.org/audiencias/150/35.mp3

- Convención de Belem Do Pará (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

- LGS (2014). Ley General de Salud, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (DOF, 2 de abril de 2014).
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

- El Universal (2014). Reconocen problema en partos inasistidos en México (28 de marzo 2014).
http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/reconocen-problema-en-partos-    inasistidos-en-mexico-998924.html

- GIRE (2014). Omisión e Indiferencia: Derechos Reproductivos en México.
http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf

- HRC (2014). Right to Health
http://humanrightsinchildbirth.com/human-rights/right-to-health/

- OACDH (1976). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

- OACDH (2000). Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm

- OMM (2013). Numeralia 2012: Mortalidad Materna en México.
http://www.omm.org.mx/omm/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia%202012%20marzo19.pdf

- OMS, 1948. Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf

- ONU, 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

- Sánchez, Virgilio (2014). Impacta corrupción a partos en Oaxaca. (Periódico Reforma, 15 de marzo 2014).






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

(Presentada por el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN)

“HEctor Larios COrdova, Senador de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así por el artículo 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Senado de la República, por su digno conducto, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artIculo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PUblica Gubernamental. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado mes de mayo, el Congreso de la Unión aprobó la expedición y reformas a diversas leyes secundarias en materia electoral.

El objetivo de estas reformas, es que nuestro país cuente con un marco jurídico y con instituciones electorales, a la altura de las nuevas circunstancias que conforman el escenario político mexicano y para dar certeza y legalidad a los procesos electorales.

Esta reforma refleja el compromiso del Partido Acción Nacional para que la democracia llegue por fin a todos los rincones del país y ser un auténtico freno para los abusos cometidos por los  gobernadores de diversos estados.

En un mismo nivel de importancia, se encuentra el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Tema en el que lamentablemente, México se ve severamente afectado por la opacidad. Contamos con una Ley en la materia que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de todas las personas a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Me refiero a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. La cual entró en vigor desde el 12 de Junio del 2012, pretendiendo ambiciosamente que la sociedad Mexicana, contara con instrumentos que le aseguraran un gobierno justo y que la información en poder del gobierno o de cualquier instancia financiada con recursos públicos, pudiera estar al alcance de cualquier ciudadano que resultara interesado.

La transparencia en materia electoral, no puede dejar de ser sujeta a la revisión y el perfeccionamiento legislativo. En el Partido Acción Nacional, apostamos desde un inicio en reformar a las instituciones, por lo que de manera gradual y paulatina hemos sido actores de la democracia participativa; pues estamos convencidos de que para el fortalecimiento de la democracia de nuestro país, es necesario contar con instituciones fuertes, transparentes y bien organizadas.

La Reforma Política recientemente aprobada, no puede hacer a un lado todo lo ya mencionado, ni la lucha histórica por perfeccionar las instituciones. Entre las que hay que considerar a los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y a sus sitios de internet; pues es a través de ellos en donde se administrará buena parte de la información derivada de cada uno de los procesos electorales locales de nuestro País.

El próximo año en México se llevarán a cabo elecciones para renovar 9 Gubernaturas, 17 Congresos Locales y los Ayuntamientos del mismo número de Estados. Por lo que si ya se ha generado un importante avance en la renovación de los Institutos Electorales Estatales, no puede dejar de contemplarse, la transparencia y la rendición de cuentas, que estos habrán de generar para los ciudadanos, para quienes sean candidatos, para el futuro de la democracia y de la rendición de cuentas y para la memoria histórica de los procesos electorales en nuestro País.

Conforme a nuestra Plataforma Política, para el Partido Acción Nacional, la transparencia y la rendición de cuentas, deben ser una constante; pues es elemento estructural de la práctica y por lo tanto, de la gestión del bien común, sancionando severamente a quienes claudiquen de su misión de servicio público.

En ese tenor, se inscribe la presente iniciativa. Abordando dos temas de gran importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia mexicana.

Consideramos que la autoridad electoral debe facilitar al ciudadano toda la información relativa a los partidos políticos, a los procesos electorales, a los resultados de tales procesos y al dinero utilizado por los partidos en la precampañas y campañas electorales.

Por todo lo antes fundado y motivado, someto a la consideración del Honorable Senado de la República, por conducto de la Comisión Permanente, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman: los párrafos primero y segundo, del artículo 11. Se adiciona: el párrafo tercero y sus fracciones I a X; todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

“Artículo 11. Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Nacional Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Nacional Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, deberán publicar en su página de internet, sin restricción alguna, la siguiente información:

I.  Acuerdos de los Consejos de los 3 últimos procesos electorales;

II. Listas de candidatos para los cargos de: presidentes municipales, regidores, síndicos y sus equivalentes en el Distrito Federal; diputados locales y federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional; Senadores, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional; gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal; por partido político, en los últimos 3 procesos electorales;

III. Resultados electorales por Partido Político y Coalición o candidatura común e independiente;

IV. Prerrogativas de los Partidos Políticos;

V. Dinero utilizado en los últimos 3 procesos electorales;

VI. Tiempo por el que quedaron electos los funcionarios;

VII. Porcentaje de participación ciudadana en los últimos 3 procesos electorales;

VIII. Legislación aplicable en materia electoral;

IX. Partidos políticos con registro local o federal, y

X. Ubicación de casillas de los últimos 3 procesos electorales”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo que no podrá exceder de 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar su legislación local en materia de transparencia, a efecto de armonizarlas al contenido del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Comisión Permanente a 15 de junio de 2014.

Atentamente,

Sen. Héctor Larios Córdova”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por los Senadores Carlos Mendoza Davis, Ernesto Ruffo Appel y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN)

“Los suscritos, CARLOS MENDOZA DAVIS, ERNESTO RUFFO APPEL y DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 163 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la pesca y la acuacultura por sus características específicas, constituyen actividades primarias generadoras de alimento y de empleos tanto permanentes como eventuales, que se distribuyen en las diferentes etapas de sus cadenas productivas. Actividades que, sin duda alguna, contribuyen significativamente en forma directa a mejorar el nivel de vida de quienes participan en ellas.

No obstante a ello, se considera que los sectores pesquero y acuícola enfrentan claros problemas por el inadecuado aprovechamiento del potencial pesquero, la aplicación de políticas que no satisfacen plenamente la administración de los recursos de flora y fauna acuática, la falta de regulación eficiente y equitativa, la escasez y deficiencia en los estudios de investigación para la toma de decisiones administrativas, así como la pesca ilegal, clandestina y no registrada, todo esto, principalmente por la falta, de recursos, inspección y vigilancia.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advierte que día a día la pesca ilegal está aumentando en todo el mundo, porque los pescadores evaden las normas impuestas en muchas partes para responder a la reducción de las capturas y la disminución de las poblaciones de los recursos pesqueros.

Enfatizando la gravedad de tal situación, ya que cerca del 75% de los recursos pesqueros del mundo, están siendo plenamente explotados, sobreexplotados y en la mayoría de los casos se han agotado. Situación a la cual hay que agregarle el problema de que muchos países no tienen la capacidad de supervisión y vigilancia para poder contrarrestar estas acciones delictivas.

Asimismo, señala que el principal recurso de la industria pesquera (peces) está en peligro ya que la proporción de poblaciones sobreexplotadas y agotadas han aumentado en los últimos años. A mayor abundamiento, datos de este organismo determinan que de las diez especies principales que representan alrededor del 30% de la producción mundial de peces capturados, siete se consideran plenamente explotadas o explotadas en exceso y alrededor del 30% de las poblaciones de especies altamente migratorias y casi dos terceras partes de las poblaciones de otros recursos pesqueros de alta mar se explotan en exceso o están en vías de extinción.

Tal es el caso de algunas de las especies altamente migratorias del Golfo de California y del Pacífico mexicano, de las que con base a sus indicadores, se tiene conocimiento que el status del Pez Vela indica que éste se encuentra aprovechado a un nivel superior al máximo permisible, el Dorado se encuentra a un aprovechamiento cercano al máximo sostenible con un potencial marginal de desarrollo y el Marlin se encuentra aprovechado al máximo sostenible.

Estudios científicos refieren que lo anterior se debe principalmente a que estas especies están directamente expuestas a la pesca incidental de otras pesquerías, que inciden frecuentemente sobre los organismos más jóvenes de sus poblaciones y de hembras preñadas, que disminuyen substancialmente el número de ejemplares, afectando las posibilidades de reproducción y crecimiento, lo que ha contribuido a que estos recursos se encuentren cercanos al máximo sustentable. A esto se suma los grandes volúmenes de captura ilegal, por pescadores furtivos que operan en extensas zonas de los litorales mexicanos.

Es preciso aclarar que, en pesquerías ribereñas y de altura destinadas a diferentes recursos pesqueros, se han creado inadecuadas prácticas y malos manejos en las operaciones de pesca, ya que al amparo de pesca incidental, se capturan y comercializan elevados volúmenes de las especies antes mencionadas y que por ley están reservadas a la pesca-deportiva desde el año de 1987.

En este sentido para mejorar el panorama pesquero de los países, la FAO recomienda la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable, a fin de acatar sus normas y principios, así como incorporar en las legislaciones locales y reglamentos las medidas apropiadas para combatir y erradicar estas prácticas ilícitas.

Sin lugar a duda, una de las conductas que en los últimos años ha afectado el desarrollo de la actividad pesquera nacional, es el 'pirateo' o pesca ilegal de especies sujetas a protección especial con el más alto valor comercial, como lo son: el abulón, la langosta, el camarón, el pepino de mar, por mencionar sólo algunas; provocando una verdadera anarquía en la industria, una sensible baja en los niveles productivos, incluso una seria amenaza de extinción de muchas de las especies que habitan nuestros mares, (como la totoaba, la vaquita marina y la tortuga marina), acciones que únicamente se pueden traducir como un flagrante y continuo atentado contra la riqueza nacional, induciendo además en muchas poblaciones pesqueras evidentes trastornos sociales, dada la dependencia existente, entre las comunidades que se sostienen y viven de la pesca y por consecuencia lógica de la disponibilidad de los recursos.

En tiempos pasados, cuando la disponibilidad de recursos y los niveles de producción eran muy superiores a los actuales, la normatividad pesquera establecía medidas preventivas, para los depredadores o pescadores furtivos, pues la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, en su artículo 78 bis disponía una pena corporal de uno a ocho años de prisión, a los poseedores o adquirentes de productos pesqueros para comercializarlos o industrializarlos, sin haber obtenido la documentación que acreditara su procedencia legal, incluso, a los que carecían de dicha documentación y los proporcionaban o vendían a terceros, lo que aunado al régimen de especies reservadas, se traducía en una definitiva protección, no sólo para los pescadores organizados, sino para la existencia, seguridad y desarrollo a nuestras comunidades pesqueras, cuyo único medio de vida es y ha sido la pesca.

El cabal antecedente de la interrelación, comunidad pesquera y recursos de origen marino, se encuentra en la Ley de Pesca de 1938, que establece lo que hasta antes de 1992, se denominaba "régimen de especies reservadas", categoría jurídica de diversas especies marinas de explotación exclusiva a favor de pescadores ribereños organizados en sociedades cooperativas, régimen que además de brindar el apoyo necesario, para propiciar que las costas y riberas del país se fueran poblando, tuvo la posibilidad de crear en estas organizaciones pesqueras, un auténtico frente nacionalista y, por lo mismo, se convirtieron en sólidos baluartes y celosos guardianes de nuestra soberanía nacional, ante la presencia casi permanente de embarcaciones extranjeras, no sólo del vecino país del norte sino de países tan lejanos como Japón, España, Polonia y otros.

Sin duda, el "régimen de especies reservadas" fue en definitiva un elemento para el arraigo del pescador en las comunidades pesqueras y riberas del país, y tal circunstancia, no solamente implica el domicilio de cada uno de dichos personajes que se dedican a la tarea pesquera en una zona o área determinada, sino obedecen a la dependencia, arraigo y esfuerzo que apoyan al desarrollo social, político y económico de tales domicilios, lo que de por sí, debe traducirse en reconocerles a los pescadores ribereños, derechos estrictos y actuales, que le garanticen su permanencia y desarrollo.

Es ampliamente reconocido, el significativo desarrollo que han alcanzado las comunidades pesqueras asentadas en las riberas de nuestro país, particularmente las asentadas en la península de Baja California, y ha sido el cooperativismo pesquero nacional, sector preponderante en la creación y desarrollo social y económico de tales asentamientos, que no obstante su difícil existencia, dada su natural ubicación geográfica y el alejamiento de los principales medios de comunicación, han sabido sostenerse y desarrollarse en la medida de sus posibilidades, logrando elevar el nivel de vida de miles de mexicanos.

Las acciones de este sistema de organización social para la pesca, no se han limitado para proporcionar el mejoramiento para quienes se agrupan o asocian con estas organizaciones, sino que también ha influido como definitivo elemento de beneficio, produciendo una repercusión de mejoría a todos los que integran dichas comunidades, y con ello un irrefutable ensayo social.

Históricamente, los pescadores organizados en sociedades cooperativas, asentadas en las regiones o campos pesqueros de la península de Baja California, han sido los que en gran medida han costeado y soportado los costos para la introducción y sostenimiento de servicios públicos comunitarios como son, entre otros, caminos, escuelas, clínicas hospitalarias instalaciones deportivas, red y suministro de energía eléctrica, por lo que las inversiones sociales han sido cuantiosas, con el doble mérito desde luego, por lo difícil de los accesos a los respectivos centros de población, circunstancias que indudablemente deben ser tomadas muy en cuenta, para garantizar la permanencia y el desarrollo de las referidas comunidades pesqueras asentadas en los litorales de nuestra nación y particularmente de la región.

Sin embargo, todos estos esfuerzos se ven impactados seriamente por la incontrolable y creciente actividad de pesca ilegal de recursos del mar, que no sólo ha afectado a los pescadores organizados que cuentan con permisos y concesiones para la explotación pesquera, sino que han trastocado las instituciones del propio gobierno al crearse circunstancias de corruptores administrativos, anarquía social, evasión fiscal y desvío de recursos económicos en labores de inspección y vigilancia que bien podrían destinarse para inversiones sociales, así como de investigación y desarrollo de infraestructura pesquera.

Para atender dicha problemática, los diversos agentes que dentro del marco legal inciden en la actividad pesquera, constantemente y ante diversas instancias de gobierno, han propuesto reformas al Código Penal Federal, para que se establezcan medidas que puedan significar rigor para los pescadores furtivos, ya que por una parte, actualmente la legislación pesquera sanciona dichos actos sólo como multas administrativas, que en la mayoría de los casos quedan sin ejecución.

Si bien es cierto, que en diciembre de1996, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Equilibrio Ecológico, estableciendo delitos en materia ambiental, éstas se enfocaron en los  sectores forestal, agrícola y del medio ambiente en general, pasando por alto, las justas y constantes demandas del sector pesquero nacional, de adecuar los instrumentos legales consecuentes, para que verdaderamente cumplan con las expectativas y propuestas de control y erradicar la cada vez más incontenible actividad de piratería en el mar.

En dicha época se derogó el artículo 254- Bis del Código Penal Federal, para dar vigencia y establecer el artículo 420 de dicho ordenamiento legal, el cual el texto vigente establece lo siguiente:

"Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;

II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales."

De la lectura del artículo antes mencionado se desprende que el Código Penal Federal contempla la protección de las especies acuáticas denominadas Abulón y Langosta, en el supuesto que se capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda; sin embargo, especies como el camarón, erizo y el pepino de mar, que de la misma forma requieren protección especial no se encuentran contempladas.

Como es el caso de las comunidades asentadas en el norte del estado de Baja California Sur, las cuales están organizadas en una muy fuerte federación de sociedades cooperativas cuyo reconocimiento mundial es la extracción de abulón, especie exclusiva en calidad internacional y, de la langosta, certificada única a nivel mundial. Especies que pertenecen al sector social por mandato de ley y al que la ley debe de proteger por su importancia fundamental económica, social y ecológica, para la región y el país.

La almeja generosa es un bivalvo que se localiza en la Península de Baja California por ambos litorales. De igual manera, es extraída de los mares del pacifico mexicano de forma furtiva o ilegal.

La almeja generosa es una especie exótica, de forma fálica, que en los últimos años ha sido de interés para productores, comercializadores y “piratas”, dado su alto valor económico en el mercado y la demanda que está teniendo en China. En México hay dos especies –una endémica–, que mediante el desarrollo tecnológico y la acuacultura ha logrado acelerar su crecimiento para alcanzar una talla comercial en tres años, cuando en Estados Unidos es de cinco años.

Para el caso de México, el valor de mercado en producto de captura se estima en alrededor de 10 millones de dólares; una almeja del Pacífico en el mercado puede costar hasta 40 dólares por kilo, (520 pesos) y la del Golfo, 30 dólares (400 pesos), tiene un alto margen de rentabilidad, “es generosa en todos sentidos”

En el caso de las aguas mexicanas existe una especie de esta almeja en el Océano Pacífico (Panopea generosa) y una en el Golfo de California (Panopea globosa), que es endémica, lo cual pone a México en una posición privilegiada respecto al resto del mundo.

Hace unos años hubo una captura en exceso de almeja generosa, por lo que las autoridades pesqueras pusieron restricciones a esta pesquería estableciendo cuotas precautorias de captura. Los productores que tenían permisos las respetan, pero aparecieron muchas personas que vieron un negocio altamente redituable, y empezaron a favorecer la piratería. Había áreas donde la cantidad de lanchas autorizadas para pescar eran de cuatro a cinco y ahí mismo llegó a ser de 150, así el producto obviamente tiende a desaparecer.

De igual forma, es importante resaltar el por qué de incluir a la Totoaba Macdonaldi dentro del artículo 420 de la supraditada ley, por los siguientes motivos:

La pesca indiscriminada de Totoaba se ha estado llevando a cabo, pese a ser una especia prohibida por tratarse de un pez en peligro de extinción, y lo peor del caso es que esa pesquería es desperdiciada en su 90%, ya que lo que lo hace valiosa es el buche, cuyo precio en el mercado negro anda en 4 mil dólares la pieza.

La Totoaba es un pez que puede alcanzar los 100 kilos de peso, cuyo buche es considerado un manjar en China, al considerarlo con poderes afrodisiacos, por ello es que llegan a pagar hasta 4 mil dólares la pieza.

Pese a la veda, algunos pescadores siguen pescándola, incluso en los meses de marzo y abril por los rumbos del Desemboque, según explican los conocedores, quienes al mismo tiempo aseguran que la población de esa especia es abundante; sin embargo, lleva vedada por más de 40 años, ya que según estudios, todavía no se repone de la pesca indiscriminada que se efectuó en los años 60´s y 70´s.

El combate a la extracción y exportación ilegal se ha dado con la aplicación, hasta el momento, de 9 operativos integrales, en los cuales se han levantado 37 actas de inspección, verificado 147 vehículos y 721 embarcaciones, en menos de un año en el cual se ha intensificado.

Los operativos aplicados han permitido el aseguramiento de 24 lanchas por pesca furtiva de Totoaba dentro de la zona núcleo de la reserva y del área de refugio de la Vaquita. También de 2 vehículos terrestres y 133 artes de pesca prohibidos.

Además, la PROFEPA logró el aseguramiento de 4.5 toneladas de producto pesquero que fue extraído ilegalmente del Alto Golfo de California, al igual que 27 vejigas natatorias o buche de totoaba.

Debido a su gran diversidad biológica, su alta productividad y su trascendencia para la reproducción, crianza y desarrollo de especies marinas, como la Vaquita Marina y la Totoaba, el gobierno mexicano ha aplicado distintos esfuerzos para proteger la zona del Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado.

Desde 1955, la zona del Alto Golfo, fue declarada como “zona de refugio para todas las especies”, en 1993 como Reserva de la Biósfera y en 2005 se establece el Area de Refugio para la Protección de la Vaquita (ARVPM). Otros esfuerzos implementados se encaminan a que las actividades que se realizan en la zona eliminen los factores de riesgo que han llevado a las 2 especies en comento, al peligro de la extinción.

Por otro día, es evidente lo que sucede en la Península de Yucatán por el control de la pesquería del Pepino de Mar. La demanda que dicha especie ha alcanzado en los países orientales, ha propiciado una guerra en los litorales de la península en donde las cooperativas organizadas han sido recurrentemente amenazadas por pescadores ilegales al grado de enfrentarse en alta mar cual verdaderos piratas modernos. El Pepino de Mar es, por su alto valor comercial y por encontrarse en peligro de extinción permanente, por su sobreexplotación, es igualmente necesario sea protegido al igual que las especies que son exclusivas de la península de Baja California dentro de esta iniciativa.

Asimismo, esta reforma quedaría inconclusa si dejamos desprotegidas a las especies reservadas a la pesca deportiva-recreativa tales como el Marlín, Pez Espada, Sábalo o Chiro, Pez Gallo y Dorado. Especies que en el nuevo marco legal decretado, que entró en vigor el 22 de Octubre del 2007, están de nueva cuenta protegidas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Con esta regulación de fondo, estaremos dando certidumbre a la pesca en todos sus órdenes.

Esto, debido a que las especies de Marlín, Pez Vela, Pez Espada, Sábalo o Chiro, Pez Gallo y Dorado son capturadas y comercializadas permanentemente en grandes volúmenes de manera clandestina e ilegal por pescadores furtivos, aunado también a los volúmenes indiscriminados que son capturados en la pesca comercial al amparo de pesca incidental.

Esto contraviene con lo establecido legalmente cuando para brindar seguridad jurídica a quienes participan activamente en la pesca deportiva-recreativa de estas especies, se destinaron de manera exclusiva a la práctica de esta actividad.

Además, por no ser considerados y cumplidos cabalmente los acuerdos signados internacionalmente para asegurar la conservación, ordenación y promoción del objetivo de la utilización óptima de dichas especies, debido a la situación endeble y desprotegida por las que atraviesan actualmente, la cual las sitúa en eminente peligro por la proporción de las poblaciones que están siendo sobreexplotadas y agotadas nacional e internacionalmente.

Como antecedentes de lo recién mencionado, el iniciante, propuso primero, una iniciativa que intentó modificar la Ley Federal de Pesca y Acuacultura, en sus artículos 66 y 681. En dicha iniciativa, se pretendía prohibir la comercialización de  la pesca incidental de las especies protegidas por los artículos citados, la iniciativa en comento data del 4 de octubre de 2012. El segundo de los antecedentes, es una iniciativa presentada con fecha del 5 de diciembre del 2013, la cual pretende modificar el artículo 420 del Código Penal Federal, artículo materia también de esta iniciativa, para que la pesca, transportación, acopio y comercialización ilegal de las especies marinas Abulón y Langosta, se considere como delito grave sin importar el número de personas que lo cometan, sin perjuicio de que en el supuesto de que sea cometido por una asociación delictuosa, además de considerarse delito grave, se aplique lo dispuesto por el artículo 164 del Código Penal Federal.

En consideración y seguimiento a la protección de los intereses del sector pesquero de nuestro país, son de justificarse plenamente, estas nuevas reformas o adiciones al Código Penal Federal para que se imponga sanción privativa de libertad, a quien en cualquier época capture, posea, transporte, o comercialice, además del Abulón y Langosta, con especies conocidas como, Camarón, Erizo, Pepino de Mar y Totoaba Macdonaldi, sin contar con el permiso, concesión o autorización legal para ello, inclusive se establezca como un agravante el hecho de cometer dicha actividad con especies de origen marino declaradas en veda o en peso y talla inferiores al mínimo legal.

De igual forma es preciso establecer una pena de mayor severidad cuando se capture, transforme, acopie, destruya o comercie las especies antes mencionadas en el periodo de veda. Debido a que no sólo se afecta las especies existentes sino la reproducción de éstas.

De la información vertida de la Carta Nacional Pesquera, podemos sostener que el Pepino de Mar y la Almeja Generosa, son especies de alto valor comercial en las que la pesca ilegal puede ocasionar severos daños al sobreexplotar el recurso hasta el grado de colapsar los bancos de captura.

Por las mismas razones, con fecha 8 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes  especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994, para modificar el periodo de veda y cuota de aprovechamiento del pepino de mar en las aguas de jurisdicción federal frente a la Península de Yucatán.

En el Acuerdo citado anteriormente, el Ejecutivo Federal consideró que el INAPESCA a través del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras Yucalpetén, realizó en el mes de agosto de 2013 una prospección en el fondo marino, en una amplia extensión de la plataforma continental frente a Yucatán, para determinar el estado que guardaban las poblaciones de holotúridos de importancia comercial, encontrándose que la zona marina frente a las comunidades de Sisal y Celestún, Yucatán, la densidad encontrada (0.017 organismo por metro cuadrado) de Pepino de Mar Café, estuvo por debajo del punto de referencia mínimo al cual se pudiera permitir su aprovechamiento (0.025 organismo por metro cuadrado), mientras que en Progreso, en la misma Entidad Federativa, la biomasa y tallas encontradas se encontraban por debajo de los puntos de referencia biológicos para permitir la pesca comercial de dicho recurso (3,000 toneladas de biomasa capturable y 23 centímetros de longitud dorsal, respectivamente).

Se propone que las disposiciones legales que actualmente sancionan circunstancias relativas a la pesca ilegal, sean más contundentes y precisas y desaparezcan las circunstancias de vacío y desanimo que la actual redacción del artículo 420 del Código Penal Federal provoca, manifestándose la voluntad del gobierno, en el sentido, en que la ley y el estado de derecho tienen su razón de ser en la protección y el aliento al orden y a la seguridad social y que se entienda de una vez por todas, que será el orden y el respeto a la ley el que debe de imperar en la actividad pesquera nacional, y no la anarquía y sus repercusiones que por naturaleza implican.

Presentamos esta iniciativa, conscientes de la grave amenaza que representa la pesca no declarada y no reglamentada para la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros de México.

De la técnica legislativa.

La técnica legislativa utilizada en el proyecto de Decreto, es la siguiente:

a) Realce y letra cursiva, para las reformas al texto vigente del Código.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente del Código.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman el párrafo primero y la fracción II Bis; y se adiciona un párrafo segundo a dicha fracción, todos del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420.- Se impondrá pena de dos a nueve años de prisión y por el equivalente de mil a veinte mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a II. …

II Bis.- De manera dolosa y sin contar con la autorización que corresponda, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, camarón, erizo, almeja generosa y pepino de mar, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, así como con las especies marlín, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo, dorado y Totoaba Macdonaldi, en cantidad que sobrepase el porcentaje mínimo de captura incidental que establezca la autoridad competente; dichas conductas serán consideradas como delitos graves para los efectos que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales. Cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan en asociación delictuosa, se estará además a lo dispuesto en el artículo 164 de este Código.

La pena de prisión se aumentará hasta en una tercera parte, cuando las conductas descritas en esta fracción se realicen dentro de los periodos de veda.

III. a V. …

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de  su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 23 de Julio de 2014.

Atentamente.

Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PARRAFOS CUARTO Y SEXTO DEL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI)

“El suscrito Diputado Federal HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA, del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el artículo55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 12 del Acuerdo Relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente aprobado el 7 de mayo del 2014, y demás relativos y aplicables, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los parrafos cuarto y sexto del articulo 18 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la reforma constitucional de fecha 12 de diciembre del 2005 se redefinieron los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad, consistente en sentar las bases que permitieron el posterior desarrollo de una legislación específica en la materia, tanto a nivel local como el federal, es decir, el establecimiento a nivel constitucional de la implementación de un sistema integral de justicia penal para adolescentes, entendiendo por éstos a toda persona mayor de 12años y menor de 18 que haya cometido una conducta tipificada como delito.

Así, la reforma constitucional no pretendió simplemente reconocer al adolescente como sujeto de derechos y que por esta razón se le trate como adulto. Por el contrario, estableció con claridad que en el marco de este nuevo sistema, los adolescentes, además de ser titulares de los mismos derechos que las personas adultas, lo serán también de una serie de derechos específicos, que surgen de su especial condición de personas en desarrollo y que les garantizan una protección especial.

En cuanto al objeto del nuevo sistema, éste lo constituyó el desarrollo de la responsabilidad del adolescente en aras de su reintegración social y familiar, de forma que pueda ejercer adecuadamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre mediante el ejercicio de la garantía del debido proceso legal.1

Posteriormente, el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la implementación mexicana del sistema penal acusatorio y adversarial.

La envergadura de la reforma constitucional del 2008 en materia penal representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Mediante la reforma constitucional en cita, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-inquisitivo al acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) recoge el artículo 20 de la Ley Suprema.2

Los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto mencionado establecieron los lineamientos temporales para la entrada en vigor en nuestro país del sistema procesal penal acusatorio, que ocurriría conforme a la legislación secundaria correspondiente. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias están llamados a expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el sistema penal multicitado.

Por lo anterior que, el 8 de octubre del 2013 se publicó el Decreto por el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación procedimental penal única. En este orden de ideas y derivado de la reforma mencionada, en fecha 5 de marzo del año 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se estableció en su artículo octavo transitorio que la Federación deberá realizar y publicar las reformas que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento en un plazo de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del referido decreto, mismo que fenece el 30 de noviembre del 2014.

Es por lo anterior expuesto que el Congreso de la Unión está llamado a analizar la normatividad vigente y legislar en aras de la implementación del nuevo paradigma penal nacional.

En cumplimiento del referido mandato y de un análisis del texto constitucional vigente se desprenden algunas discrepancias en el sistema de justicia penal para adolescentes respecto del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, mismos que deben ser superados para efectos de atender a los plazos constitucionales de armonización y reformas complementarias de las que se han hecho mención.

Por lo anterior es que, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar los siguientes tres aspectos del sistema de justicia penal para adolescentes:

● Modificar la hipótesis de aplicatoriedad de la justicia penal para adolescentes a aquellos casos en que exista la probabilidad de la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito.

● Establecer como fin de las medidas penales establecidas para adolescentes la reinserción social del mismo.

● Equiparar los casos de internamiento del adolescente a aquellos de prisión preventiva oficiosa.

1. Aplicatoriedad de la justicia penal para adolescentes en caso de existir probabilidad que cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señale como delito.

a) La existencia de un hecho señalado como delito y la probable comisión o participación en él en la etapa de investigación. Reforma constitucional de 18 de junio del 2008.

De las consideraciones del dictamen de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio del 2008, por la cual se establecieron las bases para regular el sistema procesal penal acusatorio en cita, el Constituyente Permanente señaló que, el cambio en la etapa de investigación contenidos en el artículo 16 constitucional de la acreditación del cuerpo del delito, es decir, los elementos objetivos, normativos y subjetivos del mismo, por la acreditación de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.3

Lo anterior ha quedado precisado en la teoría del caso dentro del sistema procesal penal acusatorio que expone la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio en materia penal:

Época: Décima Época
Registro: 160185
Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1

Materia(s): Penal

Tesis: 1a. CCXLVIII/2011 (9a.)

Página: 291

SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORIA DEL CASO.

El nuevo sistema procesal penal, a través del principio de contradicción, garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", que puede definirse como la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte, a efecto de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual deberá vincularse con los datos aportados para desvirtuar aquellos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte, de manera que la intervención de las partes procesales puede resumirse en: presentación, argumentación y demostración. En otras palabras, la teoría del caso se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien, que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya.

En el contexto de un sistema procesal acusatorio, el cual se caracteriza internacionalmente porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en lo que se conoce como la averiguación previa, y no toda una instrucción administrativa como sucede en los sistemas inquisitivos, pues es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por las partes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, y no ya en la fase preliminar de investigación. Por tal razón, en el nuevo proceso el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del indiciado, con el fin de fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio, como lo ha señalado Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos tesis jurisprudenciales.4

b) Omisión de la hipótesis sobre el hecho señalado como delito y la existencia de probabilidad del indiciado en su comisión o participación en el sistema de justicia para adolescentes. Reforma constitucional de 12 de diciembre del 2005.

Desde la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, publicada el 12 de diciembre del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el párrafo cuarto del artículo 18 de la Carta magna que para efectos de la aplicatoriedad del sistema de justicia, sería necesario atribuir al adolescente la realización de una conducta tipificada como delito.

Artículo 18. “..Sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales…”

La previsión anterior, a todas luces afecta lo establecido en la teoría del caso y la primera fase procesal del proceso penal acusatorio, es decir, la etapa de investigación, siendo distinta al establecido por el Constituyente Permanente en la citada reforma integral en materia penal del año 2008. Dicha afectación se produce al prever en el actual artículo 18 de la Constitución Federal la necesidad de demostrar la atribución de una conducta tipificada como delito a un adolescente para la aplicabilidad del sistema penal, omitiendo prever los dos elementos descritos y expuestos respecto a la existencia de un hecho señalado como delito y la acreditación de la probable comisión o participación del indiciado en su comisión, mismos que, como ha establecido la Suprema Corte, son elementos de forma y fondo para dictar el auto de vinculación a proceso, por lo cual no es concordante con el nuevo sistema acusatorio, tal como queda plasmado en el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Décima Época

Registro: 160331

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3

Materia(s): Penal

Tesis: XVII.1o.P.A. J/26 (9a.)

Página: 1940

AUTO DE VINCULACION A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 19 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CODIGO DE PROCESIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).

En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.

c) Propuesta de modificación.

Por todo lo expuesto, y en aras de armonizar el texto constitucional con el objetivo de fortalecer el sistema integral de justicia para adolescentes bajo el nuevo sistema de corte acusatorio, siendo preponderantemente de este sistema desde la multicitada reforma del año 2005,5se propone modificar el cuarto párrafo del citado artículo 18 de la Ley suprema de la siguiente manera:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACION

 

Artículo 18…

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

 

Artículo 18

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que lo cometieron o participaron quienes tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad en el momento de su comisión, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley señale como delito, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

 

2. De la reintegración social a la reinserción social como objeto de las medidas impuestas a los adolescentes.

a) Cambio de paradigma en la reforma constitucional de 18 de junio del 2008.

Otro modificación que trajo consigo la reforma integral del sistema penal acusatorio fue el cambio de paradigma de la pena y del sistema penitenciario, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubica al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma.6Tercer cambio al respecto desde el Constituyente de 1917 que originalmente se refería a la regeneración del sentenciado. Estos cambios en el fin del sistema penal, ahora penitenciario, contenido en el párrafo segundo del propio artículo 18 constitucional, permaneció incólume desde la reforma a nuestra Carta Magna de 23 de febrero de 1965 como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:


TEXTO CPEUM (23 febrero 1965)

TEXTO VIGENTE CPEUM (18 junio 2008)

Artículo 18

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación para el mismo. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

 

Artículo 18

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

El concepto reinserción significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Como ha señalado Jorge Ojeda Velázquez, “la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea el reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado”, 7 por lo cual, para conseguir la reinserción social, el Máximo Tribunal al interpretar el alcance del nuevo paradigma ha señalado que a diferencia de la readaptación social, se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas su regreso a la sociedad, cuestión que, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte.8

b) La reintegración social en el sistema de justicia para adolescentes.

No obstante lo antes expuesto, fue omiso para el Constituyente Permanente el cambio semántico que representa todo lo ya dicho, en tratándose de las medidas aplicables al sistema de justicia para adolescentes, el cual desde la citada reforma del año 2005 señala en el párrafo cuarto del artículo 18 en cita lo siguiente:

Artículo 18. (…) Estas (medidas) deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

La evolución que ha traído consigo el fin del sistema penitenciario, desde la regeneración, pasando la readaptación y al fin por la reinserción del delincuente, jamás se plasmó desde la reforma del año 2005, ni tampoco en aquella del 2008, la cual utilizó el término “reintegración social” desde aquel entonces.

c) Propuesta de modificación.

Siendo la medida de internamiento para el adolescente equiparable a la pena de prisión, y sin perder de vista que el sistema de justicia penal para adolescentes es de corte acusatorio como ya se ha mencionado, es menester modificar el fin de estas medidas, para homologar y armonizar el nuevo sistema y prever así la reinserción social del adolescente con el objeto de dejar atrás la teoría que ubique al adolescente como una persona desadaptada, no integrada socialmente o enferma, y en concordancia con la modificación propuesta en el punto anterior respecto al cambio de “conducta” por “hecho” se propone la siguiente modificación al texto constitucional:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE CPEUM

TEXTO CPEUM (PROPUESTA)

Artículo 18…

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. (…)

Artículo 18

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. (…)

3. Equiparación de los casos de internamiento a aquellos de prisión preventiva oficiosa.

a) La detención provisional en el sistema de justicia para adolescentes.

El artículo 18 de la Carta Magna contempló en el sistema de justicia para adolescentes, para las conductas antisociales calificadas como graves la medida del internamiento. De igual manera, el artículo 28 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes señala que la detención provisional y el internamiento de adolescentes deberá limitarse a circunstancias excepcionales, únicamente a conductas tipificadas como delitos graves, remitiéndolas a aquellas establecidas por el artículo 113 de la misma ley, las cuales son: terrorismo, ataques a las vías de comunicación, violación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, homicidio, robo de hidrocarburos, robo calificado, todos del Código Penal Federal; delitos en materia de secuestro de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tráfico de menores del Código Penal Federal; delitos contra la salud, previsto en la Ley General de Salud; y uso, acopio, portación e introducción de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

b) La prisión preventiva en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Sin embargo, el nuevo sistema de corte acusatorio trajo consigo el establecimiento de aquellos delitos que merecerían prisión preventiva oficiosa, y el establecimiento de los delitos catalogados como graves para tales efectos. El cual a letra dice en su párrafo segundo:

Artículo 19. …

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La Suprema Corte de Justicia ha señalado que “conforme a las reformas que dieron origen al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, se creó un nuevo esquema en la tramitación de los asuntos de naturaleza criminal, en el que la prisión preventiva ya no constituye la regla general, como una consecuencia indefectible derivada del dictado del auto de vinculación a proceso, como sucedía con el auto de formal prisión, pues únicamente amerita la detención de los imputados en reclusión cuando se trate de los delitos por los que proceda prisión preventiva oficiosa como los previstos en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9

Por lo anterior que, equiparando los casos de detención provisional de adolescentes sólo por delitos graves conforme al nuevo sistema de justicia penal, deben ser procedentes sólo en los casos previstos en el artículo 19 constitucional. Siendo así, es menester precisar en armonización con el precepto invocado y en concordancia con éste, los casos a que se hacen referencia y remitirlos también al artículo 18 de la Ley Suprema y como consecuencia puedan ser superadas las divergencias en el catálogo de delitos graves de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y la normatividad constitucional.

Se excluye de entre el catálogo de delitos considerados en el artículo 19 de la Constitución federal, aquellos de delincuencia organizada atendiendo al espíritu del Constituyente Permanente, respecto que la justicia por adolescentes surge de su especial condición de personas en desarrollo y que les garantizan una protección especial, por lo que en el artículo quinto último párrafo de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes se estableció que:

Artículo 5. …

En ningún caso podrá aplicarse al adolescente o adulto joven la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo cual se considera necesario elevar a rango constitucional dicha previsión.

c) Propuesta de modificación.

Es por lo expuesto que se proponen las siguientes modificaciones al texto constitucional:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE CPEUM

TEXTO CPEUM (PROPUESTA)

Artículo 18

(…) El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Artículo 18

(…) El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de un hecho que la ley señale como delito en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de:

Decreto la que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que lo cometieron o participaron quienes tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad en el momento de su comisión, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley señale como delito, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de un hecho que la ley señale como delito en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016

Artículo segundo. Conforme al plazo establecido en el artículo transitorio octavo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo del año 2014 por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberán realizarse las adecuaciones normativas a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y demás leyes complementarias que resulten necesarias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de julio de 2014.

La presente iniciativa la suscribe:

Dip. Fed. Héctor Gutiérrez de la Garza”.

1 Dictamen de la Cámara de Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto y adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 22 de junio del 2005.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Desde la perspectiva constitucional, Editorial Porrúa, México 2011. Página 11.

3 Dictamen Cámara de Diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en gaceta parlamentaria en fecha 11 de diciembre de 2007.

4 Época: Décima Epoca; Registro: 160330; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Materia(s): Penal; Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.); Página: 1942.

5 Epoca: Novena Epoca; Registro: 168767; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: P./J. 68/2008; Página: 624.

6 Dictamen Cámara de Diputados de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en gaceta parlamentaria en fecha 11 de diciembre de 2007, Discusión en Pleno, página 17

7 Jorge Ojeda Velázquez. Reinserción social y función de la pena, 1.1Sinopsis histórica, en  “El nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Desde la perspectiva constitucional.” Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Porrúa, México 2011. Página 334.

8 Epoca: Décima Epoca; Registro: 2005105; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 31/2013; Página: 124.

9 Epoca: Décima Epoca; Registro: 2001577; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Tesis aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: II.2o.P.16 P ; Página: 1513.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TITULO SEPTIMO DENOMINADO "DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA" A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el Diputado Luis Olvera Correa, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe, diputado Luis Olvera Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TITULO SEPTIMO DENOMINADO DE LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El fortalecimiento del Poder Legislativo en México, para lograr un efectivo equilibrio entre los Poderes del Estado, necesariamente pasa por la adecuación y perfeccionamiento del andamiaje legal que da sustento y vida a las facultades y funciones que le son inherentes, las cuales han de estar en permanente evolución.

Bajo el anterior orden de ideas, es fundamental definir y fortalecer las funciones del Congreso y de cada una de sus Cámaras, a la luz de los nuevos tiempos y a la par del parlamentarismo moderno; de ahí que la presente propuesta pretenda redefinir y reorientar la diplomacia parlamentaria, teniendo como base fundamental la doctrina existente.

“Entre los cambios que se están produciendo en el campo de las relaciones internacionales, por un lado, debidos al proceso de mundialización que vive el planeta y la creciente y compleja interrelación que tejen los estados y las naciones y, por otro, derivados de los procesos de reforma, reorganización, democratización y nuevos equilibrios de los estados contemporáneos, encontramos que la diplomacia ha dejado de ser una actividad circunscrita al ámbito representado por el poder ejecutivo.”1

La diplomacia hoy en día no es una actividad exclusiva del Poder Ejecutivo. Las relaciones internacionales han cambiado debido a la mundialización que está viviendo el planeta y a la creciente y compleja interrelación entre los estados y las naciones, así como a los procesos de reforma, reorganización, democratización y la búsqueda de equilibrio de los estados contemporáneos. Estos fenómenos, como han señalado ya los especialistas, han dado como resultado un mayor equilibrio de poderes entre los Estados, con implicaciones favorables y adversas para países emergentes como el nuestro.

En tal virtud, los parlamentos del mundo han puesto especial atención a sus relaciones de carácter internacional, debido al aumento del comercio mundial, a los avances tecnológicos y científicos que aceleran la globalización, y dan paso a nuevas construcciones culturales. Pero sobre todo, han puesto especial atención en fortalecer y estrechar los lazos de hermandad y solidaridad, en aras de construir los consensos necesarios en torno a temas y problemáticas comunes, que permitan desarrollar estrategias conjuntas para lograr consensos regionales para establecer la paz, impulsar el desarrollo y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

“Una característica de este proceso es la universalización de las relaciones políticas de las instituciones democráticas y de ciertas categorías que califican la normalidad democrática,2 o bien la insuficiencia de la misma. De ahí que el mundo advierta una creciente y cada vez más evidente participación de las entidades representativas colegiadas, llámense parlamentos, congresos o cámaras de representantes. Sus facetas son tan variadas como las acciones en favor de la consolidación democrática. Además, suponen un abanico de iniciativas, tratados, convenios y propuestas, en apoyo a los procesos de integración en el ámbito de las relaciones interparlamentarias y como parte de estrategias compartidas por los países involucrados en estos procesos. El dilema es cómo homologar las leyes sin afectar soberanías o realidades diversas.”3

Bajo este orden de ideas la diplomacia parlamentaria ha sido considerada como un mecanismo muy eficaz debido a que como lo señala un legislador experimentado, no tiene la rigidez de la diplomacia entre los Estados soberanos, “ya que los parlamentarios somos más dados a charlar, a acordar y a dirimir nuestras diferencias en el mejor de los sentidos posibles”.4

“La diplomacia parlamentaria, en sentido amplio, es la desarrollada entre los poderes u órganos legislativos, parlamentos, cámaras, asambleas legislativas de estados diversos o sus integrantes y cualquier otra entidad extranjera. En su sentido estricto, por diplomacia parlamentaria nos referiremos a la desarrollada como entidades colectivas entre congresos, parlamentos o asambleas legislativas de manera formal e institucional… Se compone de los principios, normas, técnicas, procedimientos, intercambios, posicionamientos, declaraciones y acciones mediante las cuales una institución legislativa determinada se relaciona políticamente con entidades extranjeras, fundamentalmente con entidades pares y sus representantes… Se trata de la conjunción de una técnica procesal y política para la búsqueda de los intereses nacionales o de sectores importantes de las naciones. Mediante ella, se vinculan las cámaras legislativas de distintos países a través del diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones. De esta manera, adoptan resoluciones, declaraciones, posicionamientos, criterios, proyectos de iniciativas legislativas marco o lineamientos  de acciones o políticas las más de las veces de manera conjunta o en coordinación, apoyo o respaldo a las de  otras instancias gubernamentales, bilaterales o multilaterales… En particular, la diplomacia parlamentaria se ha venido configurando como un medio eficaz para el diálogo, la construcción de puentes, relaciones, comunicación, construcción y confronta de ideas  relativas al mejoramiento  de la vida de los diferentes pueblos y naciones; esto es, como un espacio propicio para el análisis comparativo y la discusión de los problemas  que amenazan la estabilidad y la cohesión social impiden el bienestar, la paz y la libertad de la población en general… Finalmente, hay que dejar claro que la diplomacia parlamentaria no compite con las actividades diplomáticas oficiales, a veces las complementa, respalda y acompaña y las más se desarrolla con un perfil propio de pluralidad, como representante según la población así como, en su caso, de la federación y como un poder legislativo y fiscalizador autónomo. Es  otro aspecto del estado y la nación que se mantienen abiertos a la pluralidad del mundo de hoy.”5

“El concepto diplomacia parlamentaria fue utilizado por primera vez por el profesor de la Universidad de Columbia, Philip C. Jessup, quien le dio valor científico y lo caracterizó.6 Jessup asegura que existen cuatro factores que se combinan y producen este nuevo fenómeno:

1. La existencia de una organización internacional permanente.

2. La considerable difusión de los debates que tienen lugar en sus foros, y que repercuten en las masas.

3. La presencia de un procedimiento lo suficientemente complejo para permitir manipulaciones tácticas y agrupamientos políticos.

4. La expedición de pronunciamientos que se adoptan en forma de resoluciones formales por un voto mayoritario, o por consenso, y que se hacen públicas de manera inmediata.

Al respecto, cabe destacar que la diplomacia parlamentaria se configura bajo diversos rubros:

● Por su naturaleza, ya que es transitoria, emergente y coadyuvante del Ejecutivo.

● Por su objetivo, que es la creación de vínculos a nivel internacional, así como la defensa de los intereses nacionales y de los valores democráticos.

● Por su normativa, como fuente de derecho. La normativa de la diplomacia parlamentaria surge de los reglamentos internos, de los congresos, además de la que se establece en los parlamentos multilaterales.

● Por sus facultades, porque busca impulsar la homologación de las leyes nacionales.

La diplomacia parlamentaria desempeña una función muy importante como auxiliar de las labores diplomáticas que realizan los funcionarios de las cancillerías o ministerios de relaciones exteriores.”7

Las principales diferencias entre la diplomacia clásica y la parlamentaria consisten en que, mientras la primera se refiere a la conducción de las relaciones de un gobierno con el exterior, mismas que se instrumentan a través de su cancillería o ministerio de relaciones exteriores y de su servicio exterior, bajo normas jurídicas y consuetudinarias, la segunda, como Congreso o Parlamento, se pone en práctica frente a numerosos países al mismo tiempo, asumiendo un papel importante de cabildeo, entendido éste como la habilidad de negociar, lo que, en consecuencia, traerá beneficios para un país y generará aportaciones a otros.

De igual forma, los parlamentarios que participan en organismos supranacionales no  sólo toman en cuenta el interés de su Estado, sino también el de la comunidad internacional.

Una peculiaridad de la diplomacia parlamentaria consiste en que muchas de sus acciones se desarrollan en forma paralela o conjunta con las secretarías de Estado.”8 Ejemplo de ello es el trabajo que realizan los parlamentarios a través de las comisiones de sus respectivas cámaras.9

En nuestro país, la fracción X, del artículo 89 de la Carta Magna establece que es facultad y obligación del Presidente de la República:

“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales….”

Como podemos observar la conducción de la política exterior recae en el Poder Ejecutivo; no obstante, la diplomacia que realiza el Poder Legislativo, tiene objetivos y alcances diferentes, toda vez que sus integrantes la realizan en su calidad de representantes populares y como una manera complementaria a sus tareas legislativas cotidianas y, desde luego, para llevar a cabo las atribuciones que específicamente les ordena la Ley Fundamental, las cuales se ejercen de manera conjunta o de manera exclusiva por alguna de las dos Cámaras, la de Senadores o la de Diputados, respectivamente.

Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, en lo que respecta a la Diplomacia, señala que:

“tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria”, misma que el numeral 2 del artículo 22  adjudica al Presidente de la Cámara de Diputados, que es a la vez, presidente de la Mesa Directiva, y  que, según el numeral 2 del artículo 24, “podrá ser asumida por uno del los Vicepresidentes, que será nombrado para tal efecto por el Presidente”. 

El artículo 34, fracción c),  señala entre las  atribuciones de la Junta de Coordinación Política, la de

“Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;”

En  el numeral 4 del artículo 46 establece que:

“A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir "grupos de amistad" para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente para cada legislatura.”

A mayor abundamiento, es menester señalar que en relación al funcionamiento de los “Grupos de Amistad” no existe ninguna normatividad adicional.

En materia de Diplomacia Parlamentaria los Reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores, establecen lo siguiente:

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Artículo 280

Artículo 269

1. La diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como parte del Congreso de la Unión, en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones internacionales que  los agrupan.

1. La diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por la Cámara, por sí o como parte del Congreso de la Unión; que realizan las diputadas y los diputados con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales. Es un instrumento que se desarrolla mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones y el acuerdo para adoptar resoluciones, declaraciones, posicionamientos, lineamientos de acciones o políticas de manera conjunta o en coordinación, con el apoyo o respaldo de otras instancias gubernamentales.

2. De manera unicameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. También constituyen relaciones internacionales del Senado las visitas oficiales de sus integrantes al extranjero, como parte de delegaciones o representaciones integradas al efecto.

2. El objetivo de la diplomacia parlamentaria es coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior.

3. La diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales que realiza el Senado se apegan a los principios normativos de la política exterior mexicana.

 

Artículo 281

Artículo 270

1. La diplomacia parlamentaria incluye las siguientes acciones:

1. Mediante la diplomacia parlamentaria los diputados y las diputadas, que integran la Cámara se vinculan con:

I. La realización periódica de reuniones interparlamentarias binacionales y el trabajo de seguimiento relativo;

II. La formación y las actividades de comisiones mixtas o de grupos de amistad bilaterales con órganos de representación popular de otros países con los que México mantiene relaciones oficiales;

III. La participación en organismos interparlamentarios permanentes, de carácter regional o mundial, de los que el Congreso de la Unión es miembro;

IV La presencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por organizaciones internacionales de carácter gubernamental; y

V. La participación, previa invitación de las autoridades extranjeras competentes en cada caso, en grupos o misiones de observación electoral; así como en reuniones de organizaciones interparlamentarias de las que el Congreso de la Unión no forma parte; y de organismos intergubernamentales de los que el país no es integrante.

I. Poderes legislativos de los Estados del mundo;

 

II. Organismos parlamentarios internacionales;

 

 

III. Instancias supranacionales, multilaterales mundiales y regionales de carácter parlamentario, y

 

IV. Organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional.

2. Cuando el Senado participa con la Cámara de Diputados en la integración de delegaciones y representaciones, o en la formación de grupos para el desarrollo de acciones de diplomacia parlamentaria, lo hace conforme a los acuerdos bicamerales correspondientes.

 

Artículo 282

Artículo 271

1. Conforme a la Ley, corresponde a la Mesa Directiva y a su Presidente la conducción de la diplomacia parlamentaria. En apoyo a dicha actividad y a las relaciones internacionales del Senado, se cuenta con la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias.

1. La representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, corresponde al Presidente, de acuerdo al numeral 2 del artículo 22 de la Ley. En su caso, las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser asumidas por uno de los vicepresidentes, quien será designado para tal efecto por el Presidente.

2. La Mesa coordina los apoyos técnicos y administrativos que requieren el Senado y sus diversos órganos para desarrollar las acciones en los ámbitos de la diplomacia parlamentaria y de las relaciones internacionales.

 

Artículo 283

Artículo 272

1. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones internacionales:

1. Las expresiones de la diplomacia parlamentaria son:

I. Establecer las bases de coordinación necesaria con los órganos competentes de la Cámara de Diputados para desahogar conjuntamente las actividades del Congreso de la Unión en estas materias;

II. Proponer al Pleno las reglas para la integración y el funcionamiento de las representaciones en las que participan senadores ante las organizaciones interparlamentarias permanentes;

III. Proponer al Pleno, en consulta con la Junta de Coordinación Política, la Agenda Internacional del Senado para cada año de ejercicio legislativo;

IV Aprobar, con base en las propuestas que le presenta la Junta, las delegaciones que participan con la representación del Senado en eventos internacionales;

V. Proponer al Pleno los acuerdos relacionados con la participación del Senado en organismos interparlamentarios o en la formación de grupos de amistad;

VI. Recibir los informes de las representaciones y delegaciones que participen en eventos internacionales;

VII. Llevar a cabo las actividades inherentes a las relaciones internacionales a cargo del Senado;

VIII. Integrar al proyecto de presupuesto del Senado las partidas correspondientes para cumplir la Agenda Internacional; y

IX. Resolver los casos no previstos en este Reglamento.

I. Las que desempeñe el Presidente o, en su caso, alguno de los vicepresidentes en representación de la Cámara en el ámbito internacional;

 

II. Las que desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores;

 

III. Las que desempeñan las delegaciones permanentes de diputados y diputadas ante organismos parlamentarios multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bilaterales;

IV. Las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las delegaciones de diputados y diputadas en reuniones interparlamentarias, y

V. Las que llevan a cabo los Grupos de Amistad.

Artículo 284

Artículo 273

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales:

1. Para desarrollar las labores de auxilio y apoyo de la diplomacia parlamentaria habrá un área técnica administrativa especializada en asuntos internacionales y relaciones parlamentarias

I. Coordinar con los órganos competentes de la Cámara de Diputados el desahogo de la Agenda Internacional del Senado, en tanto parte del Congreso de la Unión;

II. Representar al Senado en reuniones internacionales o, en su caso presidirlas en el país o en el extranjero. Cuando resulta pertinente, delega la representación en alguno de los integrantes de la Mesa Directiva;

III. Dar cuenta al Pleno de los informes remitidos por las representaciones y delegaciones del Senado en eventos de carácter internacional y ordenar su publicación en la Gaceta; y

IV. Atender, con el apoyo de la Mesa y de la Comisión de Relaciones Exteriores que corresponda, a delegaciones de parlamentarios y a funcionarios de otros países, representantes de organismos internacionales o personalidades distinguidas, en visita al Senado.

 

Artículo 285

Artículo 274

1. En cumplimiento de las atribuciones que le confieren las fracciones II y IV del párrafo 1 del artículo 283 de este Reglamento, la Mesa atiende los siguientes criterios:

1. La Junta propondrá al Pleno la integración de las delegaciones permanentes ante instancias multilaterales y bilaterales parlamentarias, con criterio de proporcionalidad atendiendo la integración plural de la Cámara, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema.

I. Respecto de organizaciones interparlamentarias permanentes, se designan en cada caso representantes por una o dos legislaturas;

II. En la integración de representaciones permanentes y delegaciones a eventos en el exterior se refleja, en la medida de lo posible, la pluralidad del Senado;

III. Las representaciones permanentes se integran conforme lo disponen los instrumentos internacionales respectivos; las delegaciones se forman de acuerdo a los requerimientos de cada evento y la disponibilidad presupuestal del Senado;

IV. Se toma en consideración la especialización de las comisiones para proponer a los integrantes de las representaciones o delegaciones del Senado; y

V. Se designa un presidente para cada representación o delegación del Senado.

2. La Junta establecerá las bases de coordinación necesaria con los órganos competentes de la Cámara de Senadores para desahogar conjuntamente las actividades del Congreso de la Unión.

2. La Mesa puede autorizar a cada representación o delegación de senadores el personal de apoyo técnico que se requiera. Cuando sea necesario, personal de apoyo puede asistir a los representantes o delegados en la realización de sus tareas fuera del territorio nacional, caso en el cual estará bajo el mando directo del presidente.

3. El Pleno, a propuesta de la Junta, aprobará la agenda internacional de la Cámara para cada año de ejercicio legislativo.

 

4. La Junta coordinará en conjunto con los órganos competentes de la Cámara de Senadores, el desahogo de la Agenda Internacional de la Cámara, como parte del Congreso de la Unión.

 

5. La Junta podrá autorizar a cada delegación personal de apoyo técnico.

Artículo 286

Artículo 275

1.  Las delegaciones del Senado adoptan sus resoluciones por consenso; de no ser posible éste, por mayoría de votos de sus integrantes.

1. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá constituir Grupos de Amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de otras naciones. Su vigencia estará ligada a la de la legislatura en que se conformaron. Artículo reformado DOF 20-04-2011

2.  En asuntos trascendentes, cuya urgencia o gravedad lo ameritan, y siempre que sea posible, el presidente consulta a los órganos competentes del Senado el sentido de la participación de la delegación.

 

3.  En caso de que en el evento al que asista una delegación se tomen resoluciones que impliquen alguna obligación para el Senado, se deben someter a la ratificación del Pleno para que surtan efectos.

 

Artículo 287

Artículo 276

1. Son responsabilidades de los presidentes de las representaciones o delegaciones:

1. Los grupos propondrán ante la Junta a los diputados y diputadas que integrarán los Grupos de Amistad y las delegaciones que participen en actividades de diplomacia parlamentaria.

I. Organizar las actividades correspondientes para el debido cumplimiento de los objetivos establecidos;

II. Conducir la participación de los representantes ante los organismos permanentes o de los delegados en los eventos a los que asisten;

III. Tomar en consideración las aportaciones de los integrantes de la representación o delegación en la formulación de los documentos e intervenciones en los que se fije la posición del Senado;

IV. Fungir como vocero de la representación o delegación;

V. Cuidar la debida participación de los representantes o delegados en el cumplimiento de sus obligaciones; y

VI. Elaborar el informe de actividades de la representación o delegación para la aprobación de sus integrantes y posterior presentación a la Mesa Directiva.

2. La Junta hará la propuesta de integración atendiendo a la pluralidad y proporcionalidad que conforma la Cámara y la presentará al Pleno para su aprobación.

2. El presidente de la representación o delegación propicia la intervención de los demás integrantes conforme al tiempo disponible en las reuniones y de acuerdo con las disposiciones aplicables en cada organismo o evento.

 

Artículo 300

Artículo 277

1. En los términos de la Ley, para el debido cumplimiento de sus funciones parlamentarias y su administración, el Senado cuenta con las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos, la Tesorería y la Contraloría Interna, cuyos titulares son designados y removidos por el Pleno a propuesta de la Mesa.

1. Los integrantes de las delegaciones y Grupos de Amistad que hayan desarrollado alguna actividad de diplomacia parlamentaria en lo individual, tendrán la responsabilidad de rendir un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad, que contendrá: Párrafo reformado DOF 20-04-2011

2. El Senado cuenta también con las unidades administrativas que acuerda la Mesa Directiva, las que dependen de ésta, la cual designa y remueve a los titulares conforme a la Ley. Dichas unidades se encargan de apoyar las actividades relativas a la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales, así como las tareas de comunicación social. Los respectivos acuerdos de la Mesa establecen las bases de organización y funcionamiento de las mismas.

I. Objetivos y resultados de la actividad,

II. Evaluación de la actividad, de sus resultados y, en su caso, del seguimiento de actividades relacionadas previas, y

III. Anexo con declaraciones, resolutivos y acuerdos.

3. Las secretarías generales, la Tesorería, la Contraloría Interna y las unidades a que se refiere este artículo, tendrán las atribuciones que señalan, en su caso, la Ley, este Reglamento, los acuerdos de la Mesa y demás disposiciones aplicables.

 

4. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tiene a su cargo tareas de investigación jurídica y legislativa.

 

5.  El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tendrá como objeto la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

 

 

Artículo 278

 

1. Los informes a que hace referencia el artículo anterior serán dirigidos a la Junta y se publicarán en la Gaceta.

 

Artículo 279

 

1. Toda delegación y Grupo de Amistad deberá contar con un presidente, aprobado por el Pleno a propuesta de la Junta.

 

Artículo 280

 

1. Las delegaciones y Grupos de Amistad, por conducto de su Presidente, presentarán un informe general de las actividades, al término de la Legislatura, para que su sucesor dé continuidad a los acuerdos a que hayan llegado. Artículo reformado DOF 20-04-2011

 

Artículo 281

 

1. Los Grupos de Amistad deben presentar en su primera Reunión su plan de actividades.

 

Artículo 282

 

1. Los Grupos de Amistad tendrán, de manera enunciativa, no limitativa, las siguientes atribuciones:

 

I. Mantener contacto permanente entre la Cámara y los parlamentos y agencias diplomáticas del país correspondiente;

II. Sostener un intercambio constante de opiniones sobre diversos temas de interés común de forma que se estrechen los vínculos de cooperación bilateral;

III. Estrechar el diálogo político para generar un mejor entendimiento de las distintas realidades nacionales y generar nuevas formas de acercamiento;

IV. Fortalecer las relaciones a partir del intercambio de experiencias parlamentarias para contribuir al desarrollo y cumplimiento de objetivos comunes;

V. Allegar y proporcionar información sobre asuntos y temas de interés común a parlamentarios y comisiones de parlamentos extranjeros;

VI. Promover el intercambio y la difusión cultural e histórica entre los parlamentos de nuestro país y el del país amigo, y

VII. Extender invitaciones, en acuerdo con el Presidente y la Junta, para recibir visitas de cortesía de delegaciones de parlamentos extranjeros.

Por su parte, la Secretaría General de la Cámara de Diputados cuenta con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo. Su objetivo consiste en: “Brindar con oportunidad el apoyo necesario para la realización de eventos nacionales e internacionales en los que participan los Diputados; orientar en la representación protocolaria; mantener vínculos con instituciones, dependencias y organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y de la sociedad civil, y coadyuvar en el  adecuado manejo del protocolo y de las relaciones públicas de la Cámara una de sus funciones específicas es la de “asistir a la Presidencia de la Mesa Directiva en materia de diplomacia parlamentaria”; otras de ellas, son las de “atender a delegaciones de visitantes nacionales o extranjeros” y “desahogar las consultas que en  materia de diplomacia parlamentaria y protocolo le formulen la Presidencia de la Mesa Directiva, los Organos de Gobierno, Comisiones y Comités, así como los diputados y funcionarios de la Cámara”.10

En el caso de la Cámara de Senadores: en apoyo a dicha actividad y a las relaciones internacionales del Senado, se cuenta con la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias.11 También cuenta con las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos, la Tesorería y la Contraloría Interna, con las unidades administrativas que acuerda la Mesa Directiva, las que dependen de ésta. Dichas unidades se encargan de apoyar las actividades relativas a la diplomacia parlamentaria y las relaciones internacionales, así como las tareas de comunicación social. Los respectivos acuerdos de la Mesa establecen las bases de organización y funcionamiento de las mismas.12

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, tiene como objeto la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.13

Como se pudo observar, la idea de la función diplomática del Congreso y de sus Cámaras es muy similar más no uniforme, lo cual resulta inaceptable, toda vez que el Poder Legislativo es uno sólo, por lo que funciones de tal alta envergadura deben partir de una idea común. Tesis central, bajo la cual se ha concebido la propuesta que nos ocupa.

Bajo el anterior orden de ideas, es menester precisar que la diplomacia parlamentaria, tiene objetivos particulares, como se ha señalado líneas atrás, como central ha sido recogido por la teoría contemporánea el siguiente:

Crear vínculos entre todos los congresos y parlamentos del mundo, con la finalidad de intercambiar información legislativa sobre temas de interés fundamental a nivel internacional.

La diplomacia parlamentaria constituye, sin duda, un adecuado mecanismo de interlocución entre naciones amigas en los ámbitos bilateral y multilateral, que aporta a la política exterior la presencia de la representación popular y la pluralidad que ello implica. Por medio de las relaciones con otros países, el Poder Legislativo se fortalece como agente de decisión en los escenarios nacionales e internacionales.”14

El Sistema de Investigación Legislativa de la Cámara de Diputados, en sus cuadernos de investigación y difusión, ha sistematizado las muy variadas formas de diplomacia parlamentaria contemporánea, entre las que destacan:15

a. Instituciones  legislativas. 

i. Delegaciones parlamentarias en reuniones de parlamentos regionales o por temas y en la Unión Interparlamentaria.

ii. Reuniones interparlamentarias.

iii. Conferencia de presidentes de parlamentos y otras  actividades  internacionales de los presidentes de las cámaras legislativas.

iv. Reuniones con delegaciones o representantes de Parlamentos de todos los países del  mundo.

v. Encuentros binacionales de legisladores.

vi. Formación, encuentros y trabajos de comisiones mixtas, permanentes o transitorias,  sobre temas comunes o determinados.

vii. Formación y encuentros de grupos parlamentarios de amistad con algún país y su parlamento. 

b. Parlamentos e instituciones internacionales, bilaterales o multilaterales, regionales o mundiales, mono o pluritemáticas: políticas, militares, económicas, sociales o culturales.

i. Mundiales: Organización de las Naciones Unidas, sus diversos consejos, comisiones, fondos y otros órganos subsidiarios., UNESCO, etcétera.

ii. Regionales: Organización de Estados Americanos y entidades del Sistema Interamericano: Comisión Económica para América Latina, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Panamericana de Geografía e Historia, etcétera;  Unión Europea, Consejo de Europa, Banco Mundial, etcétera, etcétera.

iii. Bilaterales: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, etcétera.

iv. Temáticas: Comité Internacional de la Cruz Roja, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Organización Internacional del Trabajo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, OCDE, Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, Comité Olímpico Internacional, Federación Internacional de Fútbol Asociación, Frente Parlamentario Latinoamericano y del Caribe del Café,  Congreso Panamericano de ferrocarriles, etcétera.

v. Otras.

c. Con parlamentos, gobiernos, partidos y otras instancias públicas, sociales o privadas, sus congresos, encuentros y reuniones: 

i. Parlamentos: Diálogo sobre el cambio climático, Seminario “El papel de los parlamentos en América Latina para promover la reconciliación así como fortaleciendo una sociedad de derechos más equitativa e inclusiva, Conferencia internacional “El papel de la formulación de normas de los parlamentos en el desarrollo de la sociedad de la información”.

ii. Gubernamentales: 7° Foro Internacional “Reinventando el Gobierno, Viena.

iii. Partidarias y de Asociaciones de Partidos y Organizaciones Políticas: Confederación de Partidos Políticos de América latina (COPPAL), Internacional Demócrata de Centro (IDC); Organización demócrata cristiana de Centro (ODCA); Internacional Socialista (IS).

iv. Empresariales: Foro de Davos, Suiza; “The Microsoft  Government Leaders Forum”, Cartagena, Colombia; Feria Internacional del Turismo, Madrid; European Aeronautic Defense and Space Company, París.

v. Sociales: Primeras Jornadas internacionales “Agua y Juventud”, Buenos Aires, X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito.

vi. Otras. 

d. Servicios a pueblos y naciones y asistencia a encuentros, congresos y foros internacionales tales como: 

i. Solidaridad y acopio de bienes ante desastres naturales.

ii. Observación electoral.

iii. Observación de procesos de negociación y paz.

iv. Asistencia a Foros Sociales Mundiales seminarios, talleres y otras actividades similares.

v. Otros.”

Es clara la importancia de la Diplomacia Parlamentaria en nuestros días. Sin embargo, la Ley Orgánica del Congreso no contiene disposiciones precisas, sino que éstas se encuentran dispersas en los respectivos Reglamentos de las Cámaras. Lo anterior es comprensible si consideramos que cada Cámara es libre para organizarse con libertad y en sus propios términos. No obstante, es de señalarse que la función como tal, debe ser elevada a rango de ley, a efecto de clarificarla yde fortalecerla, en aras de fortalecer también al Poder Legislativo.

Definir desde la Ley la función diplomática permitirá la profesionalización, la transparencia y una mejor rendición de cuentas.

En este sentido, se considera pertinente dejar en claro que la diplomacia parlamentaria es una función del Congreso que se lleva a cabo de manera conjunta, o por cada una de sus Cámaras a través de sus integrantes, pero que de ninguna manera es una función individual, sino que forma parte de una función común que exige normas y procedimientos claros para evitar la discrecionalidad en las actividades públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso en materia de Diplomacia Parlamentaria:

DECRETO

UNICO.- Se adiciona un Título Séptimo denominado De la Diplomacia Parlamentaria a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

TITULO SEPTIMO

De la Diplomacia Parlamentaria

CAPITULO UNICO

Artículo 145.- La diplomacia parlamentaria es la actividad desarrollada por el Congreso o por sus Cámaras de forma individual, en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o asambleas legislativas de otros países, y las organizaciones internacionales que los agrupan la cual se realiza a través de las y los legisladores con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales; así como en sus relaciones con jefes de estado o de gobierno, agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y de representantes de organismos regionales o internacionales y organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales de carácter regional o internacional. Artículo 146.- La diplomacia parlamentaria tendrá como objeto, coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento de los intereses nacionales en el exterior. Esta se llevará a cabo con estricto apego a los principios normativos que rigen la política exterior mexicana.

Artículo 147.- La diplomacia parlamentaria comprende las actividades desarrolladas por el Congreso o por sus Cámaras de forma individual en:

I. Reuniones interparlamentarias binacionales y el trabajo de seguimiento relativo;

II. La formación y las actividades de comisiones mixtas o de grupos de amistad bilaterales con órganos de representación popular de otros países con los que México mantenga relaciones oficiales;

III. La participación en organismos interparlamentarios permanentes, de carácter regional o mundial, de los que el Congreso de la Unión es miembro;

IV La presencia y el trabajo en foros multilaterales convocados por organizaciones internacionales de carácter gubernamental;

V. La participación, previa invitación de las autoridades extranjeras competentes en cada caso, en grupos o misiones de observación electoral; así como en reuniones de organizaciones interparlamentarias de las que el Congreso de la Unión no forma parte; y de organismos intergubernamentales de los que el país no es integrante;

VI. La participación en organismos parlamentarios internacionales;

VII. La participación en Instancias supranacionales, multilaterales mundiales y regionales de carácter parlamentario;

VIII. Las relaciones con organismos regionales e internacionales;

IX. Las relaciones con jefes de estado o de gobierno, agentes diplomáticos, o autoridades de otros países; y

X. Las reuniones institucionales con organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales, regionales y/o internacionales.

Artículo 148.- La Diplomacia Parlamentaria desarrollada por el Congreso, se llevará a cabo a través de los acuerdos bicamerales correspondientes; la desarrollada por cada una de las Cámaras se sujetará a lo que establezcan sus respectivos Reglamentos y Acuerdos Parlamentarios.

En todos los casos, las actividades por medio de las cuales se realicen las actividades parlamentarias deberán informarse cabal y oportunamente al Pleno de cada Cámara y publicarse en ambas Gacetas Parlamentarias, en una plazo no mayor a 15 días hábiles, una vez concluida la actividad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados y de Senadores, tendrán 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones conducentes a sus respectivos Reglamentos

Dado en el Palacio Legislativo a 23 de julio de 2014

Dip. Luis Olvera Correa”.

1 Lic. Alma Rosa Arámbula Reyes (Investigadora Parlamentaria), Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal (Asistente de Investigación), La H. Cámara de Diputados y la Diplomacia Parlamentaria, México, Octubre de 2007. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-17-07.pdf

2 Para mayor información sobre el tema véase: Samuel P. Huntington, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, México, Paidós, 1994.

3 Miguel Angel Orozco Deza, Diplomacia Parlamentaria, México. http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf

4 Presencia y pensamiento en la presidencia de la Cámara de Diputados 2013-2013, Relaciones Institucionales y Diplomacia Parlamentaria, Francisco Arroyo Vieyra, septiembre 2013, página 67.

5 Lic. Alma Rosa Arámbula Reyes (Investigadora Parlamentaria), Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal (Asistente de Investigación), La H. Cámara de Diputados y la Diplomacia Parlamentaria, México, Octubre de 2007.

6 Philip C. Jessup, “Parliamentary Diplomacy”, en Recueil des cours de l’Académie de La Haye, núm. 89, 1956, p. 185.

7 http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf

8 Miguel Angel Orozco Deza, Diplomacia Parlamentaria, México. http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf

9 Para tal efecto, el Senado de la República cuenta, para el despacho de los asuntos en materia de relaciones exteriores, con siete comisiones: Comisión de Relaciones Exteriores; Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y Africa; Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, y Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. La Cámara de Diputados cuenta asimismo con una Comisión de Relaciones Internacionales encargada de los asuntos de su competencia.

10 1 Artículo 49, fracción c) de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, H. Cámara de Diputados, México, junio 2006, páginas 123 y  124

11 Artículo 282, fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010.

12 Artículo 300, fracciones 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República, Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010.

13 Artículo 300, fracción 5 del Reglamento del Senado de la República, Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010.

14 Miguel Angel Orozco Deza, Diplomacia Parlamentaria, México. http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n62-63/orozco.pdf

15 Lic. Alma Rosa Arámbula Reyes (Investigadora Parlamentaria), Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal (Asistente de Investigación), La H. Cámara de Diputados y la Diplomacia Parlamentaria, México, Octubre de 2007.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los Senadores Arely Gómez González, Javier Corral Jurado, Alejandro Encinas Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Zoé Robledo Aburto, Juan Gerardo Flores Ramírez y Manuel Bartlett Díaz)








PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el por el que se solicita al Senado de la República realizar un reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 Aniversario, a celebrarse el 16 de septiembre de 2015. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.








De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, Michoacán. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA  FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE A REFORZAR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR Y ERRADICAR LA COMISION DEL DELITO DE TALA Y EXTRACCION ILEGAL DE MADERA EN LOS MUNICIPIOS DE ANGANGUEO Y SENGUIO, MICHOACAN.

“Las suscritas Luisa MarIa de Guadalupe CalderOn Hinojosa y Laura Angelica Rojas Hernandez, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta  soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2004, en esta Tribuna durante la LIX Legislatura, la suscrita Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, presenté una proposición con punto de acuerdo que   exhortaba a la Procuraduría General de la República para que a través de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente investigara, y en su caso, sancionara a quien realizaba desmonte en total clandestinaje de los bosques del oriente del Estado de Michoacán. En ese entonces, hubo respuesta de las autoridades competentes, a través de la puesta en marcha de distintas acciones, entre ellas un programa de reforestación en la zona dañada.

Del informe anual de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 2012 se reconoce el establecimiento del programa en el año de 2007 con el nombre “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con especial énfasis en dos entidades: Michoacán y Estado de México.

Durante 2012, dentro del Programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, destacaron con resultados relevantes:

● Programa Intensivo en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, implementado consecutivamente por cuarto año;

● Operativo en la Zona Crítica Meseta Purépecha, coordinado con Fuerzas de  Seguridad;

● Dos operativos forestales a nivel nacional, realizados por primera vez;

● Participación en dos contingencias por incendios provocados en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Bala´an Ka´ax, Quintana Roo y La Primavera, Jalisco.

A pesar de lo anterior, la tala ilegal y el robo de árboles en Michoacán ha continuado. Algunos habitantes de la región, afirman que en complicidad del Ministerio Público se les permite cortar todo tipo de árboles. De hecho, comentan que las 24 horas del día, se puede observar por la carretera, desde camionetas hasta tráileres con madera recién cortada.

Esta situación ha sido denunciada en más de una ocasión ante las autoridades competentes y ante los medios de comunicación, sin que hasta el momento se hayan deslindado responsabilidades.

En fechas recientes, la propia comunidad se organizó y detuvo a los responsables de bajar la madera, ante el riesgo inminente de exponer su vida al enfrentar a las personas que realizaban la actividad ilícita. De igual forma los integrantes de la comunidad presentaron denuncia ante las autoridades correspondientes, misma que se encuentra en proceso de investigación, y de la cual estamos atentos a su proceso, para que se dicte una sentencia justa.

No atender ni parcial ni integralmente esta problemática genera graves consecuencias, basta recordar que en el año 2010 hubo un desgajamiento y deslave de un cerro, en el municipio de Angangueo, producto de la deforestación. El torrencial de lluvias y la crecida del río se llevó parcelas completas y hubo que declarar siniestradas más de 600 siembras en la zona. La avalancha de piedras y lodo invadió todas las viviendas, edificios de escuelas e históricos de la cabecera municipal provocando la muerte de varias familias.

Estamos ciertos que la deforestación afecta gravemente al ecosistema, trastorna los ciclos de captación de agua, así como el fenómeno de la hibernación de la mariposa monarca.

La problemática es delicada y no sólo afecta a la región del oriente michoacano, que es además la casa de la mariposa monarca, sino que es la fuente de millones de metros cúbicos de agua que llega a los habitantes de la zona metropolitana del Distrito Federal y es finalmente, como se dijo en el anterior Punto de Acuerdo, no sólo un tema de interés local, sino una responsabilidad universal.

Por los motivos antes expuestos,  solicitamos a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que refuerce las acciones emprendidas para disminuir y erradicar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en los municipios de Angangueo y Senguio, Estado de Michoacán.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones agilice las averiguaciones previas que tenga a su cargo, ante la posible comisión de delitos contra el ambiente en el municipio de Angangueo, Estado de Michoacán.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de julio de 2014

Suscriben

Sen. Luisa María De Calderón Hinojosa.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que vivían en el albergue denominado “La Gran Familia” en el estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables del control y operación de los centros de readaptación social tanto locales como federales del país a establecer mecanismos de control y observancia que permitan el respeto  irrestricto al no hacinamiento, a la salubridad y otras condiciones materiales de reclusión óptimas. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL CONTROL Y OPERACION DE LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL TANTO LOCALES COMO FEDERALES DEL PAIS, A ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL Y OBSERVANCIA QUE PERMITAN EL RESPETO IRRESTRICTO AL DERECHO AL NO HACINAMIENTO, A LA SALUBRIDAD Y OTRAS CONDICIONES MATERIALES DE RECLUSION OPTIMAS.

“El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la teoría, nuestro país ha procurado establecer los ordenamientos legales para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios tanto locales como federales, con la firme intención de que la legislación penitenciaria en México sea respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de lo que sucede de facto en los reclusorios y centros de readaptación social, los cuales por diversos motivos, están lejos del ideal plasmado por el constituyente.

El principal referente normativo del sistema penitenciario es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el artículo 18 segundo párrafo establece:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

En la realidad nuestro sistema penitenciario presenta un problema de sobrepoblación, la infraestructura y los recursos son insuficientes y el personal no está capacitado ni sensibilizado en el respeto de las garantías individuales.

Y aunque la población penitenciaria se ha duplicado, los mexicanos no se siente más seguros, esto nos indica que el sistema penitenciario no está cumpliendo con sus objetivos sociales y legales.

Por lo tanto, se tienen que generar las políticas públicas necesarias que  posibiliten llevar a cabo una profunda renovación del sistema penitenciario en nuestro país.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto planteo en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que para poder cumplir la meta de un México en paz, es necesario construir un sistema efectivo de reinserción social.

Para lograr la meta de construir un sistema penitenciario efectivo, nuestro país tiene que respetar y seguir las recomendaciones de sendos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en los cuales, las personas privadas de su libertad, que son los grupos más vulnerables frente al abuso de poder y la violación de derechos humanos, podrán disponer de una esfera más amplia de derechos y garantías.

Entre estos instrumentos internacionales se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, etc.

Las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, adoptadas en 1955, constituyen principios y reglas para una buena organización penitenciaria y el tratamiento de los reclusos, marcan los parámetros mínimos que deben cumplir las administraciones penitenciarias en los más distintos campos como la diferenciación entre los reclusos, las condiciones de los lugares destinados a ellos, la alimentación, los servicios médicos, etc.

De acuerdo con cifras del International Centre for Prision Studies (ICPS), en México en la actualidad hay 254 mil personas recluidas en algún Centro de Readaptación, en espacios diseñados para 199 mil personas.

Una de las acciones más urgentes para mejorar las condiciones en las prisiones del país, y lograr efectividad en los programas de reinserción social, radica en solucionar el hacinamiento y la sobrepoblación que afectan al sistema penitenciario.

Y es que la vulneración de los derechos de los reclusos se extiende a distintas áreas­ <en buena parte debido a las condiciones de sobrepoblación> tales como la de trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familiar, la recreación, etc.

Según el ICPS, de los 387 centros de reclusión que hay en el país, 27 albergan la mitad de la población carcelaria nacional,  lo cual nos demuestra que es necesaria una mejor distribución de la misma.

En cuanto al personal penitenciario, este no goza en términos generales, de estabilidad laboral, y las remuneraciones que reciben son muy bajas, por lo tanto la conjunción de estos elementos propicia la cultura de la corrupción.

Tenemos que mencionar que la formación profesional del personal penitenciario, dista mucho de ser  la idónea, los cursos de capacitación son de corta duración y los de actualización son escasos y poco formativos, esto nos lleva a afirmar que no existe una auténtica carrera penitenciaria.

El personal penitenciario debe poseer un nivel intelectual suficiente y además, deberá capacitarse permanentemente para la actualización de sus conocimientos, puesto que, de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional, depende la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.

En síntesis, nuestro sistema penitenciario requiere de una renovación general, en donde se dé solución al problema de la sobrepoblación y hacinamiento, en donde se respeten los derechos humanos de los reclusos, y en el que se instruya personal capacitado de carrera, el cual ayude a reinsertar de manera efectiva a la población penitenciaria a la sociedad.

Una de las causas principales del incremento de la población penitenciaria en los últimos años, se debe en gran medida a un mal diseño de la política criminal estrechamente relacionada con la ampliación del catálogo de delitos graves, y a la falta de criterios para imponer medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.

Es el momento en que los centros penitenciarios dejen de ser un motivo de vergüenza para  los gobiernos y las sociedades que las contienen, para convertirse en un desafío prioritario y en una urgente exigencia de labor compartida e integral de las instituciones públicas.

Gustav Radbruch señalo que si se deseaba conocer la esencia de una sociedad, se debería de conocer sus instituciones penales, leer sus códigos penales y visitar sus cárceles.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de Readaptación Social tanto locales como federales del país, a establecer mecanismos de control y observancia que permitan el respeto irrestricto al derecho al no hacinamiento, a la salubridad y otras condiciones materiales de reclusión óptimas.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente a los 23 días del mes de julio del 2014.

Suscribe

Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino”.

FUENTES:

Derechos humanos y sistema penitenciario; Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal; México; 2006; 31 pp.

Manual de Buena Practica Penitenciaria; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Paris; 1997; 195 pp.

http://www.prisonstudies.org/

 






De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretaría de Salud y de Desarrollo Social, así como al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar medidas de protección a las mujeres embarazadas y a investigar y proteger los derechos de la C. Rosalba Vicente Morales. Se turna a la Primera Comisión.








De la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, número R.A. 160/2013, que favorece a los braceros. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, NUMERO R.A. 160/2013

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, senadora de la república, perteneciente al grupo parlamentario del partido del trabajo, integrante de la LXII legislatura del h. congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8,1 fracción II, 95 y 276 del reglamento del senado de la república, someto a consideración del pleno, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, NUMERO R.A. 160/2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mediante decreto de fecha 25 de mayo de 2005 expedido por el entonces presidente Vicente Fox Quezada, se creó el “LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS”,  1 con la  finalidad  de otorgar la cantidad de $38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS M.N) como apoyo social a cada  ex trabajador  migratorio que prestó sus servicios en los Estados Unidos de América en el lapso de 1942 a 1964, o en su caso a su cónyuge, hijos e hijas que sobrevivan.

En la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se omitió en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2014  la partida presupuestal correspondiente  para el pago del apoyo social a los ex trabajadores migratorios o sus beneficiarios que cumplieron previamente con los requisitos establecidos, dejando en total estado de indefensión a miles de ex braceros.

Promoviendo en consecuencia demanda de garantías, el cual por razón de turno se tramitó ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, bajo el número 38/2013, que en primera instancia desecho dicha demanda; por lo que se solicito la revisión recayendo ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual le asigno el número RA 160/2013, resolviendo el 27 de marzo de 2014 conceder el amparo y protección para los siguientes efectos:

“SEXTO.-…Efectos del amparo.

El efecto del amparo estriba en que, en términos del artículo 80 de la ley de amparo aplicable, el titular del Ejecutivo Federal realice la propuesta de afectación del presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, es decir que en su proyecto de Presupuesto General de Egresos 2014, contemple la partida presupuestal correspondiente a favor de la Secretaria de Estado encargada de otorgar el apoyo social, afecto de  purgar la omisión en que incurrió respecto del Presupuesto para 2013 y a la Cámara de Diputados, realice su aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destine para el pago de apoyo social a ex braceros y/o quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; en el entendido de que los trámites subsecuentes, corresponden a la Secretaría del Despacho que se encarga de proporcionar el apoyo social, a través de la autoridad competente…”.

● Respecto de los ex trabajadores migratorios que residen en los Estados Unidos de Norteamérica trabajadores, quienes desde el 2004 han sido discriminados y violados en sus derechos constitucionales como Mexicanos/as residentes en el exterior, se tomen medidas para evitar la marginación y exclusión que sufren estos, respecto de la implementación del Fideicomiso 2106 (hoy 10230) para ex braceros y beneficiarios en la república Mexicana.

● Al ignorarse los justos reclamos de información, registro, servicios notariales y   entrega del Apoyo Social en los Consulados Mexicanos, (censo del 2003; registros en mesas receptoras 2005 y 2008/09) los pocos ex braceros que pudieron viajar penosamente hasta la frontera norte de México, o trasladarse desde el lugar en donde radican, a su estado de origen para poder realizar los trámites inherentes acceder a dicho apoyo, evidencia esta violación a los derechos humanos, a la justicia y al respeto de estos adultos mayores, las viudas, los hijos/as, migrantes, personas adultas mayores que por su condición física, económica y, en algunos casos, por carecer de documentación migratoria han quedado excluidos de recibir el Apoyo Social que les corresponde.

Los ex braceros radicando en el exterior han sido víctimas de toda clase de rapiña al cruzar la frontera, de tener que realizar otros trámites costosos (apostille y traducción de documentos), de constantes viajes a la frontera) de tener que enfrentarse con la burocracia en los consulados en donde se les niega todo apoyo para tramites que requieren asistencia legal, así como del engaño (Acuerdo Extrajudicial, caso No. 01 – 0892 CRB) por parte del gobierno de Calderón quien por medio de este Acuerdo Extrajudicial pretendió saldar la “deuda histórica”. Este Acuerdo Extrajudicial fue, sin duda, un mecanismo del gobierno mexicano para no cumplir con los miles de ex braceros en Estados Unidos que fueron excluidos para acceder al Apoyo Social, por lo que, se conculcan sus garantías constitucionales, al encontrase en desventaja con los ex braceros que viven en nuestro país. ¡Cuántos ex braceros  tienen que morir para que de una vez por todas se les haga justicia!

En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorte al titular de Poder Ejecutivo y  a los integrantes de la Cámara de Diputados el cumplimiento de la ejecutoria de amparo antes referida en el presente año 2014 y se les otorgue el Apoyo Social a todos/as los que han salido en listas y para los que tienen folio y por cualquier motivo en la mayoría de los casos, desconocen el motivo por el cual no han salido en lista.

SEGUNDO.- Apertura de nuevas mesas receptoras en la república mexicana y en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Asegurando para estos adultos mayores con derecho a recibir el Apoyo Social, de la información, atención y servicios notariales, entrega de apoyo social en dichos consulados.

TERCERO.- La continuidad de pago del  apoyo social destinado a los ex trabajadores migratorios.

CUARTO.- Respecto de los ex trabajadores migratorios que carecen de documentos requeridos para el reclamo del Apoyo Social, así como los que tienen otros documentos, se les haga justicia y sean incluidos para recibir dicho Apoyo.

Sen. Layda Sansores San Román”.

1 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 10-09-2010.






Del Diputado Gerardo Liceaga Arteaga, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a convocar a sesión solemne para conmemorar el Centenario de los Tratados de Teoloyucan. Queda en poder de la Mesa Directiva.

PUNTO DE ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION A CONVOCAR A SESION SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN.

“El suscrito, GERARDO LICEAGA ARTEAGA, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar al Presidente de la Comisión Permanente a convocar a Sesión Solemne para conmemorar el centenario de los Tratados de Teoloyucan, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El 2014 será recordado por las nuevas generaciones como un año singular. Las páginas de la historia de México, se referirán a él como un año en el que tuvimos el valor y la capacidad de impulsar una revolución a través de importantes transformaciones en el ámbito del derecho, mediante acuerdos políticos que influirán de manera determinante en la vida de todos los mexicanos en los próximos años.

Lo más valioso de esta dinámica que hemos vivido en el Poder Legislativo es que ha transcurrido entre intensos debates que se han enriquecido con inteligentes aportaciones argumentativas de todos los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso, dentro de un clima de civilidad democrática.

Sin embargo, debemos reconocer que los avances democráticos que hoy ejercemos no serían posibles si hace cien años,  precisamente el 13 de agosto de 1914, no hubiese tenido verificativo la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Y esta afirmación encuentra su justificación en el tiempo, porque la firma de los Tratados de Teoloyucan por parte de Alvaro Obregón, Lucio Blanco y Othón P. Blanco, significó el triunfo de la Revolución Mexicana, la derrota de quienes usurparon el poder y de su brazo armado; pero a la vez, permitieron encauzar un proyecto de nación distinto para los mexicanos, cuya suma de anhelos e ideales que daría definida unos años después en la Constitución del 17.

Los Tratados de Teoloyucan son orgullo de los mexiquenses, pero son también un patrimonio de la República, porque la tinta con la que se suscribieron estaba impregnada de la sangre de aquéllos soñadores que murieron por sus ideales.

Por ello, considero que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, debe rendir homenaje a través de la celebración de una Sesión Solemne, a quienes hicieron posible tan notable suceso que sintetizó años de lucha contra la dictadura.

La conmemoración de la firma de los Tratados de Teoloyucan significa para los mexicanos la oportunidad de refrendar nuestro patriotismo y nuestra vena revolucionaria, ya que acontecimientos como al que hoy concitamos contribuyen a explicar el legado histórico que poseemos para valorar nuestro presente y comprender el espíritu de la nación que hemos heredado.

Por lo anteriormente expresado, es que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta al Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a convocar a Sesión Solemne para conmemorar el centenario de Los Tratados de Teoloyucan.

Dip. Fed. Gerardo Liceaga Arteaga”.






De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respaldar los esfuerzos de mediación y hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPALDAR LOS ESFUERZOS DE MEDIACION Y SE HACEN VOTOS POR LA PRONTA IMPLEMENTACION DE UN CESE AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA.

“LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPALDAR LOS ESFUERZOS DE MEDIACION Y HACE VOTOS POR LA PRONTA IMPLEMENTACION DE UN CESE AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El conflicto palestino – israelí es ancestral. Ha cobrado miles de vidas, muchas de gente inocente. Ante un cúmulo de intereses políticos, religiosos, económicos o ideológicos tiene una resolución compleja; los esfuerzos de pacificación habitualmente sólo logran ceses temporales de la actividad bélica mas no finalizan el conflicto.

El 7 de julio pasado, Israel inició el denominado Operativo Margen Protector, consistente en una fortísima agresión bélica en la Franja de Gaza. El 18 de julio, dentro del mismo Operativo, se lanzó una ofensiva terrestre, justificada con el objetivo de poner fin al disparo de cohetes desde ese enclave palestino controlado por el movimiento islamista Hamas, que prometió “hacerle pagar caro” la invasión.

Pese a un llamado de la comunidad internacional para poner fin a los ataques, Israel no canceló la ofensiva terrestre.

El finiquito de la actividad bélica se ve difícil y remota. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió el barrio de Shejaiya como un "bastión del terrorismo donde Hamas fabrica y almacena los cohetes que luego dispara sobre Israel". Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), MahmudAbás, calificó el embate de "masacre" y declaró tres días de luto en Cisjordania.

El 20 de julio, la Franja de Gaza sufrió el peor bombardeo. Se han contabilizado más de 500 muertos, la gran mayoría palestinos y algunos israelíes.

Ante el alarmante número de víctimas infantiles en los ataques, el gobierno de los Estados Unidos exhortó a Israel a que “tome mayores precauciones” para proteger a los civiles. No solo a los niños palestinos, también a los ancianos, las mujeres y los cientos de hombres que, como comprueban cuidadosamente los empleados del Centro Palestino para los Derechos Humanos, mueren sin haber tenido ninguna relación con las milicias islamistas.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Ban Ki-moon, consideró como una "acción atroz" la muerte de palestinos y pidió que terminen inmediatamente los combates. Ki-Moon señaló que "Israel debe ejercer el máximo autocontrol. Repito mis demandas a todas las partes, de que deben respetar las leyes humanitarias internacionales. La violencia debe detenerse ahora".

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló mediante comunicado oficial del 21 de julio que la cifra de desplazados por la violencia en Gaza acogidos en sus instalaciones supera ya las 100,000 personas, el doble de la capacidad de que disponen.

La UNRWA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han comenzado a movilizar recursos desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, donados para asistir a las familias palestinas.

La UNRWA ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad de donantes para conseguir al 22 de julio, 115 millones de dólares (originalmente solicitaron 60 millones de dólares, pero ante la creciente crisis y, gracias a las contribuciones de algunos países, ya casi se cumple esa meta, por lo que lanzaron la nueva cifra) que permitan mantener la asistencia a la población en Gaza y a miles de personas albergadas en sus instalaciones. Dichos recursos servirán para para abastecer de alimentos a la zona, apoyar a 150,000 personas aproximadamente con ayuda sicológica, clínica, alimenticia, de reparación por daños a sus viviendas y a las instalaciones de Naciones Unidas en la zona de conflicto.

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su preocupación por la escalada de la violencia en el conflicto de Gaza, tras reunirse el 20 de julio para discutir los combates entre Israel y el grupo islamista Hamas. "Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por el creciente número de bajas. Los miembros del Consejo de Seguridad instaron a un cese inmediato de las hostilidades", dijo el embajador de Ruanda ante la ONU, Eugene Gasana, después de una reunión de emergencia del Consejo.

Por su parte, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió un comunicado oficial del 10 de julio de 2014, donde expresa su preocupación por la escalada de violencia que se registra en la Franja de Gaza e Israel.

Nuestro país condenó el lanzamiento de cohetes y los bombardeos aéreos, y lamentó profundamente que dichas acciones hayan causado un número considerable de víctimas, entre ellos niños, cientos de heridos, la destrucción de hogares y el sufrimiento de la población civil. México reiteró su rechazo a la violencia e hizo un llamado a las partes a actuar con la máxima moderación para evitar acciones que incrementen el conflicto y la inestabilidad.

Como lo he señalado, este conflicto es incesante, por lo que el 22 de noviembre de 2012, presenté ante la Cámara de Senadores, Punto de Acuerdo por el que esta Cámara, hacía votos por la implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza, deplorando la muerte de civiles en el conflicto; exhortaba al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar los esfuerzos de mediación encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, y a convocar a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a adoptar una resolución a fin de abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia.

Como símbolo de la tragedia de un conflicto que no cesa, que permanece, que sigue cobrando víctimas inocentes, los resolutivos que propongo en el presente Punto de Acuerdo son casi los mismos planteados en 2012, pues el conflicto bélico y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo el mismo, atroz y lamentable.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos por la pronta implementación de un cese al fuego en la Franja de Gaza y deplora la muerte de civiles en el conflicto.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar los esfuerzos de mediación encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, el Cuarteto para Oriente Medio y el Gobierno Egipcio con el objetivo de poner fin a la escalada bélica entre Palestina e Israel.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a convocar a los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a adoptar una resolución a fin de abonar en la superación de este lamentable episodio de violencia.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a hacer un esfuerzo para atender el llamamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y conseguir 115 millones de dólares, que permitan mantener la asistencia a la población en Gaza y a miles de personas albergadas en sus instalaciones, contribuyendo a la ayuda humanitaria indispensable en este terrible conflicto.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de julio de 2014.

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández”.






De la Diputada  Alliet Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a supervisar los anuncios publicitarios de alimentos y bebidas altos en calorías que se anuncien en internet. Se turna a la Tercera Comisión.








De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión de Areas Naturales Protegidas a publicar el programa de manejos para el Area Natural Protegida, Yum Balam. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y AL TITULAR DE LA COMISION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL PROGRAMA DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA DE YUM BALAM.

“LOURDES ADRIANA LOPEZ MORENO, DIPUTADA POR EL PRIMER DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA LXII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE PLENO DEL CONGRESO PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

La isla de Holbox, se encuentra ubicada dentro del Área Natural Protegida “Yum Balam” en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neo-tropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.

La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox, incluyen el equinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez más grande del mundo, el tiburón ballena.

La Isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable, tiene tan solo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.

Es por ello que el 6 de junio de 1994, por Decreto Presidencial, se declaró como Área Natural Protegida (ANP), con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna a la región de Yum Balam, donde se encuentra por supuesto Holbox.

Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la Nación, hasta la fecha, no se ha publicado su programa de manejo.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido  20 años.

El decreto de creación de la ANP Yum Balam, promueve la preservación y conservación de 311 especies de fauna, algunas de ellas bajo régimen de protección y otras en peligro de extinción. Dentro del número total de especies animales se contabilizan 30 especies de aves migratorias que viajan desde Florida, Estados Unidos, para pasar el invierno en esa zona o abastecerse para continuar hacia América del Sur.

También se preveía la protección de una amplia gama de especies de flora y el manejo de lo que, sumado a la reserva del Río Lagartos, en el vecino estado de Yucatán, se considera la reserva de acuíferos más importante del noreste de la Península de Yucatán y uno de los principales mantos de agua en todo el país.

Sin embargo, como se indica anteriormente, luego de 20 años de la creación de la zona, el plan de manejo de la citada ANP, no ha sido publicado por la SEMARNAT lo que mantiene en riesgo a la zona comprendida entre los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, en Quintana Roo, generándose incertidumbre jurídica para los habitantes de Holbox.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea, la  siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el Área Natural Protegida de Yum Balam.

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente a los  23 días del mes de julio de 2014.

Dip. Fed. Lourdes Adriana López Moreno”.






De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República el Convenio 189 de la Organización Internacional para que se analice y, en su caso, ratifique a fin de reconocer los derechos de las personas que se dedican al trabajo doméstico. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR AL SENADO DE LA REPUBLICA EL CONVENIO 189 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA QUE SE ANALICE Y EN SU CASO RATIFIQUE A FIN DE RECONOCER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN AL TRABAJO DOMESTICO. 

“RICARDO MONREAL AVILA, RICARDO MEJIA BERDEJA, y ALFONSO DURAZO integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Barrer, planchar, limpiar, lavar ropa y trastes sucios; tirar la basura, fregar pisos, preparar los alimentos, cuidar enfermos, niños pequeños o personas mayores, y todo lo que implica atender un hogar, son tareas que cuando están hechas pasan inadvertidas, pero si se dejan de hacer nuestra vida se vuelve un caos, y la economía simplemente podría detenerse. 

Los quehaceres del hogar implican un trabajo que se inscribe en la economía del cuidado, que siempre ha sido poco valorados, sobre todo porque en la distribución inequitativa de los roles, a las mujeres se les ha asignado lo doméstico, como si formara parte de su naturaleza, y se encontraba justificación en un esquema en el que los hombres trabajaban fuera y las mujeres se dedicaban al hogar. Sin embargo, esa realidad ha cambiado por varias razones, como las económicas, entre otras, por las que los hombres no alcanzan a cubrir los gastos de una familia y las mujeres han salido a trabajar. Ahora las mujeres representan más del 37% del mercado laboral y hay más de 25% de hogares que están encabezados por mujeres solas.

En estas condiciones, ¿quién se encarga entonces del trabajo del hogar?: generalmente siguen siendo las mujeres quienes deben seguir al tanto de esa actividad, que es necesaria para el desarrollo de las familias, y se apoyan en otra mujer: la madre, hermana o una persona a la que se le paga. 

En México, de acuerdo con el INEGI, de las 46.2 millones de personas que formaban parte de la Población Económicamente Activa y que se encontraban ocupadas al momento de levantar el Censo en el año 2010, 1.58 millones estaban dedicadas al trabajo doméstico remunerado, cifra equivalente al 3.7% del total; y para el año 2012, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2012), el número de personas que forman parte de la PEA y que están ocupadas es de 48.6 millones; y de éstas, hay 2.2 millones que se dedican al trabajo doméstico remunerado, cifra equivalente al 4.5% del total.

En sólo dos años, hubo un crecimiento de 620 mil personas dedicadas a esta actividad, es decir, se registró un crecimiento de 39% en el número de personas que se dedican al trabajo en casas distintas a las que ocupan sus familias a cambio de una remuneración. El incremento del trabajo doméstico evidencia la incapacidad de nuestro modelo de desarrollo de generar las oportunidades y puestos de trabajo requeridos por una población económicamente activa que crece significativamente mes con mes.

De cada 100 personas dedicadas al trabajo doméstico, 95 son mujeres, es decir  nueve de cada 10 trabajadores domésticos remunerados son mujeres.. De 2010 a 2012 se registró un crecimiento de 25% en el número absoluto de mujeres dedicadas a esta labor.

De acuerdo con el Censo de 2010, las mujeres representaron en ese año el 94.2% del total de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, es decir, que 1.49 millones de mujeres se dedicaban fundamentalmente al trabajo en viviendas distintas a las de sus hogares. Para el tercer trimestre de 2012, esta cifra había crecido a 1.96 millones de mujeres.

Algunos de los problemas que se presentan entre quienes se dedican al trabajo doméstico está el rezago educativo, según los datos del INEGI, el 60% de quienes trabajan en el sector de las viviendas particulares cuentan con estudios de primaria.

Otro tema preocupante es la inserción de la niñez en el trabajo doméstico y sus repercusiones en el rezago educativo: según cifras del INEGI de 2010 a 2012, el número de niñas, niños y adolescentes de 14 a 17 años que trabajaban en el servicio doméstico remunerado creció 11.1%, tras pasar de 164,802 a 183,758, y es importante señalar que 88 de cada 100 personas en este grupo de edad dedicadas al trabajo doméstico pertenecen al sexo femenino.

Otros datos que ponen en evidencia la necesidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores domésticos son: un porcentaje de 13.0 de las personas que se dedican al trabajo domésticos cumplen una jornada laboral superior a las 48 horas por semana, de los trabajadores domésticos remunerados 34.6% percibe un salario mínimo o menos, sólo dos de cada 100 trabajadores domésticos tienen acceso a servicios médicos como prestación laboral, del total de trabajadores domésticos remunerados, 166 mil 986 (7.4%) residen en las viviendas donde trabajan (trabajadores domésticos de planta).

De acuerdo al INEGI, el trabajo doméstico remunerado en nuestro país es una actividad primordialmente urbana, de acuerdo con los datos de la ENOE 2013, casi uno de cada dos trabajadores domésticos remunerados reside en localidades mayores a 100 000 habitantes.

La distribución en el territorio nacional es similar a la de la población ocupada; es decir, las entidades federativas con mayor cantidad de población ocupada, concentran también el más alto número de trabajadores domésticos remunerados.

Así, los estados con más personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado son: México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán, estas siete entidades concentran 52.3% de las personas que se dedican al trabajo domésticos del país.

Esta situación se debe revertir, e implica cambios culturales profundos;  por ello,  empezar por ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico y avanzar en una legislación que proteja y promueva los derechos de las trabajadoras del hogar es un paso obligado, y en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, este 22 de julio, debe ser un tema que se incluya en la agenda, pues nos beneficia a todos.

El Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras o los trabajadores domésticos o Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos ha establecido normas laborales para los trabajadores domésticos. El Convenio fue adoptado durante la 100 ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011. Se estima que hay entre 53 hasta 100 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo, si bien en muchos casos se trata de trabajo en forma subterránea.

Los principales derechos que se reconocen en el Convenio a las personas que se dedican al trabajo domésticos son varios, entre ellos: horas de descanso diarias y semanales (por lo menos 24 horas), derecho a un salario mínimo y a elegir el lugar donde viven y pasan sus vacaciones. Los Estados Partes del Convenio deben adoptar medidas de protección contra la violencia y al cumplimiento de una edad mínima que es consistente con la edad mínima en otros tipos de empleo. Además, los trabajadores tienen derecho a una adecuada información de las condiciones de empleo, que debe -en el caso de la contratación internacional- ser comunicados antes de la inmigración. Además, los trabajadores domésticos no están obligados a residir en la casa en donde trabajan, ni a quedarse en la casa durante sus vacaciones.

A la fecha 13 países se han adherido y ratificado el Convenio 189 de la OIT, Uruguay, Filipinas, Isla Mauricio, Nicaragua, Italia, Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, Guyana, Alemania, Ecuador, Costa Rica y Argentina.

México, a pesar de haber sido uno de los principales promotores de la firma del convenio a través del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar A. C. (CACEH), y su directora Marcelina Bautista, quien ha defendido los derechos de las trabajadoras del hogar en México y en América Latina y el Caribe. Aún no se ratifica dicho Convenio.

Además, en el marco del Artículo 1º Constitucional en materia de Derechos Humanos, México tiene la obligación ineludible de avanzar en el reconocimiento de los derechos plenos de las personas que se dedican al trabajo doméstico, y es un pendiente que no puede esperar más.

Por lo antes expuesto y fundado presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que se analice y, en su caso, se ratifique a fin de reconocer los derechos de las personas que se dedican al trabajo doméstico.

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. Ricardo Mejía Berdeja.- Dip. Alfonso Durazo”.






Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a publicar los estados financieros del Instituto de Pensiones del estado e implementar una auditoría de resultados de las reformas, a partir de 1996 para determinar la seguridad del pago a pensionados y jubilados. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PUBLIQUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO E IMPLEMENTE UNA AUDITORIA DE RESULTADOS DE LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS A PARTIR DE 1996 PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD DEL PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS.

“El que suscribe, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, diputado en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  con fundamento en los 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Comisión Permanente, proposición con puntos de acuerdo, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

El 18 de julio de 2014, el Pleno de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, aprobó en sesión ordinaria, con 35 votos a favor y nueve en contra, el Dictamen de la Ley de Pensiones para el Estado, con el cual ajusta los montos de las aportaciones, establece la edad por jubilación, aumenta la edad por vejez y disminuye la antigüedad para obtener la pensión por invalidez, e instaura el “Sueldo Regulador”, que sirve de base para la pensión, entre otros.

Determina un aumento en las cuotas y aportaciones para las nuevas generaciones de trabajadores y pensionados, la cual pasa de 11% al 15% por ciento para el empleado y de 13.53% al  20% al Estado  y 15% por ciento del monto de la pensión al beneficiado.

Se debe recordar que el Sistema de Pensiones del Estado de Veracruz, se ha venido modificando para atender el déficit financiero, con reformas en 1996, 2000 y 2007, básicamente a través del aumento en cuotas y edad por pensión por jubilación y vejez.  El déficit financiero del Instituto Estatal de Pensiones pone en riesgo el pago a 25,845 pensionados y jubilados, así como la nómina de los trabajadores al servicio de este Instituto.

De acuerdo con información publicada el 3 de julio de 2014, por  Moody´s Investors Service, en el reporte titulado "Pasivos por Pensiones Crecientes: Desafío en el Mediano Plazo para los Estados Mexicanos”, los crecientes pasivos por pensiones en México, representan un reto por la insuficiencia de los fondos fiduciarios para cubrir las obligaciones contraídas con los trabajadores afiliados. El Estado de Veracruz se ubica en el cuarto  lugar entre los estados de mayor déficit en su sistema de pensiones, sólo superado por Sinaloa, Tabasco y Baja California. Actualmente el pago de pensiones a los trabajadores que gozan de ese beneficio otorgado por el IPE representa un monto de 5,888 millones de pesos (que equivale al 6.2% del presupuesto de egresos estatal). De este monto sólo el 48% (2,849 mdp) es cubierto con recursos propios de este organismo, el restante 52% (3,039 mdp) se cubre con ingresos corrientes del gobierno estatal.

No existe la publicación de un estudio objetivo e imparcial de Gobierno del Estado de Veracruz que justifique la descapitalización del sistema de pensiones. En la reciente reforma no se aporta información básica que permita determinar las causas de la descapitalización y la administración de las aportaciones tanto de trabajadores como del Estado. La opacidad y la corrupción son factores que obligan a la rendición de cuentas para determinar la responsabilidad de servidores públicos en la administración de los recursos del sistema de pensiones y el estado de crisis que presenta.

La viabilidad de las nuevas reformas no debe sostenerse en los supuestos beneficios que aporta en los trabajadores, sino en información contable que permita proyectar prospectivas auditables de su viabilidad y de medidas que impidan el desvió de sus recursos financieros.

Por lo anterior, se propone a esta H. Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo:

Unico.- Con pleno respeto a la soberanía del Estado de Veracruz, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en la LXII legislatura, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que publique los Estados Financieros del Instituto de Pensiones de Veracruz e implemente una auditoria de resultados de las reformas al Sistema de Pensiones del Estado a partir de 1996, para determinar la seguridad del pago a pensionados y jubilados.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de julio de 2014.

Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara”.






Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de Coahuila a realizar acciones para atender la gran problemática que representa los niveles de contaminación del Río Sabinas situado en el estado de Coahuila. Se turna a la Tercera Comisión.








Del Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo al despliegue de elementos de la guardia nacional en la zona fronteriza del estado de Texas, como medida para impedir el ingreso de niñas, niños y adolescentes migrantes a territorio estadounidense. Se turna a la Segunda Comisión Comisión.








De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para que en el “Evento por la paz y de solidaridad con el Estado de Israel” que se llevará a cabo el domingo 27 de julio del presente año, se respete el derecho de manifestación de los participantes y se garantice y vigile que no existan conductas antisemitas. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL EVENTO POR LA PAZ Y DE SOLIDARIDAD CON EL ESTADO DE ISRAEL.

“RICARDO MONREAL AVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y RICARDO MEJIA BERDEJA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como todos sabemos, en las últimas semanas desafortunadamente se han reactivado los enfrentamientos que han existido entre Israel y Palestina, desde la fundación del Estado israelí en 1948.

Ante un conflicto que ha significado la vida de millones de personas y en el que la guerra parece un estado continúo y la paz una excepción, resulta menester que como comunidad internacional busquemos mecanismos que permitan mitigar, sin tomar partido, la espiral de odio que ha sumado muertos y desgracias humanas durante mucho tiempo.

Ante esto, resulta menester que la escalada de violencia que ha acontecido entre Israel y Palestina termine, sobre todo cuando grandes logros se han conseguido en los últimos tiempos, como la reunión en el Vaticano de sus presidentes, Simón Peres y Mahmud Abas, respectivamente.

"Se necesita coraje para decir sí al encuentro y no al choque, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad, sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones”, es por ello que en Movimiento Ciudadano exhortamos a los mexicanos a manifestar sus ideas, siempre enfocados en el diálogo y el respeto.1

Derivado de lo anterior, y privilegiando siempre la libertad de expresión y de manifestación como una de las garantías inherentes de los ciudadanos, consideramos menester que, ante un tema tan delicado como el expuesto, el gobierno del Distrito Federal garantice que los diversos eventos que se realicen en torno al mismo, no vengan acompañados de actitudes antisemitas.

El pasado mes de junio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, la cual busca armonizar preceptos en el sentido de no excluir o estigmatizar a aquellos sujetos que se encuentren en situación de discriminación, entre las que se incluye el antisemitismo.

Con base en lo descrito, exhortamos al Gobierno del Distrito Federal y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a garantizar que en el “Evento por la paz y de solidaridad con el Estado de Israel” que se llevará a cabo el domingo 27 de julio del presente año, a las 12 del día frente a la Embajada de Israel, se respetará el derecho de manifestación de los participantes y se buscará que no existan conductas antisemitas.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para que en el “Evento por la paz y de solidaridad con el Estado de Israel” que se llevará a cabo el domingo 27 de julio del presente año, a las 12 del día frente a la Embajada de Israel, se respete el derecho de manifestación de los participantes y se garantice y vigile que no existan conductas antisemitas.

SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), para vigilar y procurar que en el “Evento por la paz y de solidaridad con el Estado de Israel” que se llevará a cabo el domingo 27 de julio del presente año, a las 12 del día frente a la Embajada de Israel, no existan situaciones de discriminación antisemitas, y en caso de existir, actuar conforme lo indica la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.

Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. Alfonso Durazo Montaño.- Dip. Ricardo Mejía Berdeja”.

1 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20140608/pags/20140608175633.html






Del Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y congresos locales de diversas entidades federativas a formular y expedir leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS Y CONGRESOS LOCALES DE DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS A FORMULAR Y EXPEDIR LEYES LOCALES DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SUSCRITO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO VELASCO OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

“El que suscribe, VICTOR HUGO VELASCO OROZCO, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

CONSIDERACIONES

Uno de los procesos más importantes que ha tenido México en su historia reciente ha sido la transición democrática y su consolidación en cada vez más estructuras, instituciones y organizaciones gubernamentales, pero también, como modelo de convivencia social, que abre mayores espacios a la participación social, ante una mayor pluralidad tanto política como social.

Tradicionalmente las áreas de participación social de las organizaciones se han enfocado al desarrollo social, el medio ambiente, los derechos humanos, construcción y cada vez más sobre acciones de construcción y fortalecimiento de ciudadanía, cultura democrática y participación ciudadana.

Ciertamente éste proceso de mayor presencia de grupos sociales organizados, es relativamente nuevo en nuestro país, ya que la mayoría de las organizaciones datan en su creación, de los años ochenta.

Ello ha implicado una presencia de la sociedad civil más importante como actor en el quehacer público nacional, siendo al mismo tiempo causa y efecto de los cambios democráticos. En síntesis, estamos ante una nueva fuerza transformadora que libera energías sociales, ésta es, la participación organizada de la sociedad en la atención a problemas sociales.

El reto es cómo potenciarla y encauzarla, ya que plantea retos para la adecuación de leyes y organizaciones gubernamentales, para interactuar y sumar esfuerzos a favor de la resolución de los problemas sociales.

En tal sentido, el 9 de febrero de 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que incorpora lineamientos para el fomento de este tercer sector, a través de bases y criterios específicos.

Algunos de los derechos con que cuentan las Organizaciones de la Sociedad Civil se encuentran:

● Acceder a estímulos y apoyos públicos;

● Gozar de incentivos fiscales;

● Recibir donativos, y

● Recibir asesoría y capacitación.

Entre las obligaciones están:

● Estar constituidas legalmente;

● Estar inscritas en el registro de OSC’s, y

● Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo a las normas y principios de contabilidad.

Bajo esta ley específica, se ha incrementado el número de organizaciones de la sociedad civil con presencia en nuestro país.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), hasta 2010, en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil se tenían registradas 12 mil 602 agrupaciones.

Aunque abundan datos en la literatura del rubro, acerca de que pueden existir hasta 35 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC), número limitado frente a la presencia en otros países, por ejemplo en Brasil de 200 mil, en Colombia de 135 mil y en Estados Unidos, de al menos un millón.

Otro dato que muestre el área de oportunidad en el fomento a la sociedad civil organizada, es el hecho de que hasta el año 2011, solo 5 mil 300 OSC contaban con el registro de donatarias autorizadas.

Es conveniente recalcar que las organizaciones ciudadanas son muy importantes ya que hacen aportaciones a la resolución de problemas sociales, e incorporan a las políticas gubernamentales una visión más plural y la visión ciudadana.

Pero es también importante reconocer que existe un gran trabajo por realizar, para incentivar con buenos resultados la participación y trabajo de más organizaciones en todo el país.

Si consideramos que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene precisamente este objeto, es viable pensar que el esfuerzo que se hace en ámbito federal desde su entrada en vigor, debe replicarse en cada una de las entidades federativas.

Sin embargo, es claro el rezago que existe en la generación de leyes de fomento a las actividades de las OSC, ya que según datos de la Secretaría de Gobernación, sólo 9 estados tienen una ley específica para regular la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, estos son:

1. Aguascalientes;

2. Baja California Sur;

3. Distrito Federal;

4. Morelos;

5. Quintana Roo;

6. Tamaulipas;

7. Tlaxcala;

8. Veracruz, y

9. Zacatecas.

De igual forma otros 12 estados tiene legislación sobre la regulación de la asistencia social o la asistencia privada, estos son:

1. Baja California;

2. Campeche;

3. Chihuahua;

4. Colima;

5. Estado de México;

6. Guerrero;

7. Hidalgo;

8. Jalisco;

9. Michoacán;

10. Nuevo León;

11. Oaxaca;

12. Puebla;

13. Querétaro;

14. Sinaloa, y

15. Sonora.

De tal suerte según estos datos se estimaría que existen 8 entidades federativas que no tienen legislación en ninguno de los rubros antes citados, siendo estos:

1. Chiapas;

2. Coahuila;

3. Durango;

4. Guanajuato;

5. Nayarit;

6. San Luis Potosí;

7. Tabasco, y

8. Yucatán.

Estos datos revisten especial interés ya que existe una gran riqueza y diversidad de organizaciones de la sociedad civil que trabaja cotidianamente en comunidades y colonias de todas las entidades federativas del país.

Si bien el universo visible de ellas está determinado por su registro ante la SEDESOL, es decir, sólo sabemos de la existencia de aquellas con registro, es muy claro que existen un gran número de organizaciones que no cumplen con los requisitos de la ley federal de fomento a sus actividades, pero que si realizan labor social muy importante.

Según datos del Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil de la SEDESOL, los estados que concentran mayor número de OSC, son:

1. Distrito Federal 31%

2. Coahuila  8%

3. Estado de México 5%

4. Nuevo León 4%

5. Jalisco 3%

En cuanto a los sectores de población que atienden, los datos muestran que son:

1. Población en general 48%

2. Familias 29%

3. Discapacitados 17%

4. Campesinos 15%

5. Indígenas 13%

6. Colonos.10%

Los principales servicios que ofrecen son:

1. Asistencia 60%

2. Capacitación 55%

3. Comunicación 22%

4. Investigación 19%

5. Productividad 18%

6. Defensa Legal 15%

Pero las numerosas organizaciones atienen rubros de derechos humanos, desarrollo comunitario, ecología, educación, y salud entre otros.

En tal sentido es fundamental avanzar en la generación de marcos legales específicos pero de orden local, ya que con ello, se lograría fomentar aún más el desarrollo de nuevas organizaciones en las entidades federativas, al tiempo de incrementar los resultados de las organizaciones existentes a favor de la ciudadanía.

Es conocido que la Ley Federal tiene normativas muy concretas para que las OSC accedan a los recursos disponibles en las dependencias gubernamentales como el INDESOL y que muchas organizaciones requieren tiempo para avanzar en el cumplimiento de tales aspectos de la norma federal.

De ahí que una ley de carácter local generaría un marco más adecuado para el fomento de las organizaciones, apegado a la realidad y necesidades sociales, así como a las expectativas de las propias organizaciones con presencia comunitaria y regional al interior de los estados.

Algunos de los beneficios de generar una ley local de fomento a las actividades de la sociedad civil organizada, pueden agruparse en:

Formalización.

● A través de la previsión de obligatoriedad de constituirse legalmente bajo las figuras jurídicas locales, lo cual, de facto las obliga a observar el marco legal en rubros como el civil, fiscal y administrativo.

Profesionalización.

● Mediante la previsión de un sistema permanente de capacitación en aspectos de fortalecimiento institucional, generación de capacidades, gestión administrativa y financiera, captación de recursos, gestión de recursos gubernamentales, y para el cumplimiento de su objeto social.

Certeza jurídica de los apoyos y recursos que reciben.

● Al incorporar obligaciones como la generación de padrones de beneficiarios y el cumplimiento de procedimientos de comprobación de recursos públicos y privados ejercidos.

Legitimidad del trabajo de las OSC y reconocimiento social.

● Finalmente la sujeción de las organizaciones a un marco legal loca, potenciaría su trabajo y sus resultados, lo que finalmente, beneficiaría a más población y complementaría el trabajo gubernamental.

Sin duda, se concretaría amplios beneficios para legitimar el trabajo de cientos de organizaciones que hoy están a la sobra de la informalidad y son invisibles para la sociedad y el gobierno.

Debemos asumir que la pluralidad y la democracia llegaron para quedarse y que las son inevitables las políticas públicas de impulso y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones civiles bajo un marco jurídico adecuado, no compiten ni desplazan al gobierno. Por el contrario, complementan y llevan un mejoramiento social, porque en ellas están las mejores ideas para enfrentar los retos.

Por estas consideraciones, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-Se exhorta a los Gobiernos y Congresos Locales de los Estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, para que formulen y expidan leyes locales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de junio de 2014

● Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, INCIDE-ITAM, junio de 2010.

● Las organizaciones de la sociedad civil, revista 16, Fundación por la Socialdemocracia de las Américas A.C., disponible en www.fusda.org

● Numeralia de las OSC, Secretaría de Gobernación, disponible en http://paraosc.segob.gob.mx/en/PARAOSC/Leyes_y_Reglamentos

V Mensaje de la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Ana María León Miravalles, durante la inauguración del Curso-Taller “Experiencias de colaboración con sociedad civil en políticas públicas, el 4-11-2010 disponible en http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/resalta-sedesol-apoyo-de-sociedad-civil-para-abatir-rezago-social

Dip. Fed. Víctor Hugo Velasco Orozco”.






Del Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas a implementar las medidas y acciones necesarias, a fin de prevenir y combatir el virus del dengue en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Se turna a la Segunda Comisión.

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SecretarIa de Salud y a la SecretarIa de Salud del Estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada implementen las medidas y acciones necesarias, a fin de prevenir y combatir el virus del dengue en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

“El suscrito, Diputado Federal CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS Y ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE PREVENIR Y COMBATIR EL VIRUS DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El dengue es una infección viral contagiosa y epidémica transmitida por la picadura del mosquito aedes aegypti, y se caracteriza por presentar síntomas como fiebre de inicio brusco, dolores musculares y articulares, hemorragias y erupción cutánea. Es importante mencionar que el dengue es una enfermedad fácil de confundir con otros padecimientos febriles.

Según datos de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, hasta la semana pasada, en el municipio de Matamoros se habían presentado 25 casos de dengue, de los cuales solamente uno ha sido hemorrágico, por lo cual consideramos que estamos a tiempo de llevar a cabo las medidas que permitan prevenir y combatir esta enfermedad, a fin de evitar mayores contagios.

Es relevante señalar que, en Matamoros pueden aumentar exponencialmente los casos de dengue, por su densidad poblacional, y al ubicarse en una zona costera y de clima tropical, ambiente que es más susceptible a la trasmisión de esta enfermedad, provocando un grave problema de salud pública.

Ante esto, es importante que las Secretarías de Salud Federal y Estatal lleven a cabo las medidas y acciones para prevenir y combatir más casos de dengue, y atender de manera oportuna a las personas contagiadas en los hospitales del sector salud, y evitar un desafortunado deceso.

En tal virtud, es necesaria la suma de todos los niveles de gobierno para evitar que se presenten más contagios de dengue en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada implementen las medidas y acciones necesarias, a fin de prevenir y combatir el virus del dengue en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Atentamente

Dip. Carlos Alberto García González”.






De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION  A GARANTIZAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS, EL ACCESO AL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA CONDICION DE REFUGIADO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

“La diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía,  Proposición con Punto de Acuerdo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por obligación, los Estados tienen la premisa de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, situación que se vuelve aún más delicada cuando hablamos de los Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados y Separados (NNAS) en México1, que en su mayoría huyen de sus países de origen porque estos han sido incapaces de protegerlos contra abusos o situaciones que afectan sus derechos humanos básicos como la vida, la integridad o la seguridad. La crisis humanitaria de los menores de edad migrantes en la frontera norte de nuestro país, es en gran medida una situación de migración  masiva de cientos de menores de edad que buscan la protección internacional parar salvaguardar sus vidas.

El sistema de protección internacional en México tiene fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento, y en la Ley de Migración y su Reglamento. Dichas leyes dan cumplimiento a las obligaciones internacionales surgidas a partir de la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y suscritas en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, instrumento que recoge la definición ampliada de refugiado y que desde su creación ha impulsado y fortalecido la protección y las soluciones duraderas para los grupos vulnerables que buscan seguridad en la región.

El objetivo general de la protección internacional es asegurar que el Estado dé acogida, brinde a la persona la protección de sus derechos que su Estado de origen no quiso o no pudo darle, obligándolo a huir e impidiéndole regresar en condiciones de seguridad y dignidad. Este derecho está protegido por el principio internacional de non-refoulement o no devolución, piedra angular del sistema de protección internacional.

En México, la condición de refugiado es reconocida en sede administrativa por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados de la Secretaría de Gobernación (CG COMAR), responsable por el procedimiento administrativo para la determinación de la condición de refugiado, en conformidad con los términos de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento.

Frente a la infancia, los Estados se guían por el marco establecido en la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Dichos instrumentos jurídicos reconocen que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos, y que los Estados tienen el deber de reconocerles el derecho a una protección integral, especial y reforzada.

Tales instrumentos internacionales refuerzan los compromisos de los Estados de brindar protección y cuidados a la niñez solicitante de la condición de refugiado y apátrida en todas las etapas del desplazamiento, con base en los principios del derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible; la no discriminación; el derecho de expresar su opinión libremente y el interés superior de la niñez.

Es importante recordar que aun en los casos que los niños, niñas y adolescentes no hallan  logrado obtener el reconocimiento de la condición de refugiado – o cuando el plazo para solicitarlo se ha agotado – sigue bajo la protección del Estado, el cual tiene el deber “por encima de todo, de actuar según el ‘interés superior’ de la niñez, de conformidad con la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño”. Por ello, si subsiste el riesgo de que al ser devuelto a su país de origen que su vida peligre o razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Estado debe adoptar otras medidas de protección efectivas, como el otorgamiento de protección complementaria.

De acuerdo a la Ley de Migración y su Reglamento, las autoridades migratorias canalizarán de manera inmediata a la niña, niño o adolescente no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y otras instituciones públicas o privadas cuando existan circunstancias excepcionales que imposibiliten la canalización al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que garantice a las niñas, niños y adolescentes migrantes su acceso al debido procedimiento para la determinación de su condición de refugiado o refugiada y de esta manera  las y los funcionarios que supervisan u operan en estaciones migratorias cumplan con el deber de identificar entre las y los menores de edad extranjeros, posibles casos de protección internacional para que de manera expedita sean remitidos a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CG COMAR) con el fin de que esta comisión evalúe el acceso de la niña, niño o adolescente a la protección de sus derechos humanos.

Asimismo se exhorte a los Oficiales de Protección de la Niñez (OPIs) para que hagan el acompañamiento del caso si se trata de niños, niñas o adolescentes no acompañados.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 23 de julio de 2014

Suscribe:

DipFed. Martha Lucía Mícher Camarena”.

1 Fragmento de texto preparado para la Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) por el consultor Abbdel Camargo Mtz. Julio, 2014






De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez, José Antonio Hurtado, Martha Beatriz Córdova Bernal, Víctor Jorrín Lozano, José Valle Magaña, Zuleyma Huidobro González y José Soto Martínez Bernal, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a adoptar medidas o acciones necesarias para esclarecer la verdad en torno a los hechos sobre la desaparición de los ciudadanos Luis Enrique Castañeda, Ana Belem Sánchez Mayorga y Diego Antonio Maldonado Castañeda, el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán. Se turna a la Primera Comisión.








Del grupo parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al titular del Ejecutivo de Michoacán información sobre las causas del desproporcionado despliegue militar y policiaco en la casa hogar “La Gran Familia”, ubicada en Zamora, Michoacán y la situación actual de los menores que en ella residían. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE MICHOACAN INFORMEN A ESTA SOBERANIA LAS CAUSAS DEL DESPROPORCIONADO DESPLIEGUE MILITAR Y POLICIACO EN LA CASA HOGAR LA GRAN FAMILIA, UBICADA EN ZAMORA, MICHOACAN Y LA SITUACION ACTUAL DE LOS MENORES QUE EN ELLA RESIDIAN.

“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que informe porque llevo a cabo el desproporcionado despliegue militar y policiaco en la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 15 de julio, autoridades federales “rescataron” a 596 personas (278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad) de la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán.

El titular de la Procuraduría General de la República, en compañía del Gobernador del estado, informó que las personas vivían en condiciones deplorables, recibían golpes y abusos sexuales.

Algunos testigos han confirmado que la directora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, los maltrataba física y psicológicamente. Sin embargo, la dueña del albergue con más de 40 años de antigüedad ha recibido el apoyo tanto de políticos, como de artistas e intelectuales, quienes sospechan de las acusaciones contra “Mamá Rosa”.

Llama la atención que personalidades de la vida política y social de México mostraron incertidumbre por la detención de “Mamá Rosa” y han manifestado de distintas formas su apoyo.

Un proyecto que inicio hace más de 60 años para proporcionarles un techo y una familia a los menores de edad desamparados, dan muestra de que “Mamá Rosa” seguramente invirtió su energía de manera adecuada con los niños rescatados de las calles. Sin embargo, las denuncias de abusos que habían empezado desde hace 30 años son una muestra de que la situación de entonces ya no era la misma.

Y a pesar de ello no se observaron acciones por parte de las autoridades e instituciones competentes y responsables del cuidado y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No se pueden cerrar los ojos frente a un caso como este, no se puede ver de otra manera, este es un caso más del fracaso del Estado. Las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los menores de edad han omitido su deber de atender a esos niños y niñas que son reubicados por las mismas autoridades en albergues que carecen de la menor vigilancia institucional.

Mientras Rosa del Carmen Verduzco Verduzco atendía y recibía en ese albergue a las niñas y niños turnados, en los años 90, por jueces o enviados por el DIF no salieron a la luz ninguna de estas irregularidades, abusos y deplorables condiciones. Y mientras eso sucedía también recibió recursos por parte del gobierno; sin embargo, el tiempo paso y Michoacán cambió, y los derechos y protección de las niñas y niños necesitados de protección fueron relegados.

Independientemente de la responsabilidad o inocencia de Mamá Rosa, lo más importante son esas niñas y niños rescatados, esos menores de edad que llegaban al albergue y que cada vez tenían antecedentes más violentos.

Nuevamente las autoridades responsables han claudicado en su deber de hacer prevalecer el Estado de derecho, algo que ciertamente, volvemos a comprobar no existe.

Las preguntas siguen sin respuesta: ¿Por qué organizar un operativo desproporcionado ahora? ¿Por qué las autoridades no actuaron si las denuncias surgieron hace 30 años? ¿Por qué no apoyar permanentemente los proyectos de las organizaciones de asistencia social que inician satisfactoriamente, para que actúen ahí donde el Estado no quiere o no puede actuar?

Debemos reflexionar y actuar sobre este hecho. Es preocupante esta situación en el contexto en el que nuestro país ha signado tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en los cuales se compromete a llevar a cabo todas las acciones necesarias para proteger y salvaguardar el ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.

Cabe resaltar el análisis que hace una importante periodista sobre el tema: “Ni Mamá Rosa, ni La Gran Familia se entienden sin la descomposición que ha vivido Michoacán (y el país). La ausencia del Estado: una mujer con buenas intenciones haciéndose cargo de niños delincuentes porque un Estado conchudo se los manda sin averiguar ni inspeccionar regularmente que tengan las condiciones y la estructura para hacerse cargo de ellos… Y… un buen día irrumpe la autoridad con tanquetas y Ejercito, y no con trabajadores sociales y sicólogos, para poner fin a una situación que descubre con escándalo…”

Si la Secretaría de Desarrollo Social canalizó recursos en algún momento a este albergue; ¿por qué no le dio seguimiento y proporciono todos los elementos para que cumpliera con sus objetivos dentro de la Ley?

Es increíble que a tres años de vigencia de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, no exista un padrón de niños transferidos a las decenas de albergues del país. Tampoco un seguimiento de cada caso. Mucho menos un control institucional.

Algo más llama la atención en este hecho. El operativo desproporcionado con policías y ejército. Esto nos platea de nuevo la pregunta: ¿acaso no se pudo evitar esta situación después de las denuncias que existían? ¿Por qué no apoyar a las organizaciones sociales que actúan ahí donde las autoridades e instituciones no lo hacen?

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que informe porqué llevo a cabo el desproporcionado despliegue militar y policiaco en la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del estado de Michoacán, para que informen a esta soberanía sobre los avances en la investigación sobre el caso y la situación de los menores desprovistos de hogar.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de julio de 2014”.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público en su portal oficial de internet las acciones que ha realizado a fin de subsanar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL, realizadas al "Programa Nacional de Becas y Financiamiento". Se turna a la Segunda Comisión.








De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a esclarecer las causas de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; y al Ministerio Público del estado de Puebla a solicitar la reparación de daño en apego a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el estado de Puebla. Se turna a la Primera Comisión.








Del Diputado Faustino Félix Chávez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión 253/2014 y 691/2014, radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,  PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCION RESPECTO DE LOS AMPAROS EN REVISION 253/2014 (CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO 865/2010) Y 691/2014 (CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO 1021/2010), RADICADOS EN EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.ASI MISMO SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE ACATEN LAS RESOLUCIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN OBEDIENCIA A LAS SUSPENSIONES DECRETADAS POR EL MISMOACARGO DEL DIPUTADO FEDERAL FAUSTINO FELIX CHAVEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

“El suscrito, FAUSTINO FELIX CHAVEZ DIPUTADO FEDERAL, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión 253/2014 (correspondiente al juicio de amparo 865/2010) y 691/2014 (correspondiente al juicio de amparo 1021/2010), radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, debido la trascendencia del asunto, así mismo se exhorta a las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal para que acaten las resoluciones del Poder Judicial de la Federación en obediencia a las suspensiones decretadas por el mismo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.-

En enero de 2010, el Gobernador del Estado de Sonora propuso un programa denominado Sonora Integral, con la finalidad de enfrentar la falta de agua en varios municipios. Con ello, abastecería de agua a los futuros desarrollos inmobiliarios de Hermosillo mediante un acueducto desde la Presa El Novillo, mismo que perjudicaría el abastecimiento del líquido a los habitantes del Valle del Yaqui y a la Tribu Yaqui. Esta obra implica un trasvase entre cuencas hidrológicas distintas, generando un desequilibrio hidrológico y una afectación al medio ambiente. Lo anterior, a pesar de que en su plataforma de campaña, durante el proceso electoral de 2009, el referido Gobernador había propuesto como mejor solución técnica y sustentable la construcción de una planta desaladora para abastecer a los municipios de Empalme, Guaymas y Hermosillo.

2.- La propuesta del Gobernador de construir la referida obra hidráulica, denominada Acueducto Independencia, nunca fue sometida al procedimiento de consulta a que tienen derecho las comunidades indígenas y tampoco fue respetado el derecho de audiencia de los productores del Valle del Yaqui y de los habitantes de la cuenca del Río Yaqui. Soporta lo anterior lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 631/2012, 268/2013 y 269/2013, órgano judicial que consideró que el derecho de audiencia de las personas y comunidades señaladas fue violado por las autoridades responsables.

3.- Ante el abuso de las autoridades estatales y federales, los productores agrícolas del Valle del Yaqui, la Tribu Yaqui y los municipios de Cajeme y San Ignacio Río Muerto, iniciaron una defensa jurídica, luego de haberse lanzado la convocatoria de licitación para la construcción del Acueducto Independencia, promoviendo diversos juicios de amparo y controversias constitucionales. Los números de expedientes son los siguientes: 863/2010, 865/2010, 892/2010, 1021/2010, 1206/2010, 254/2012 y 603/2014 del Juzgado Octavo de Distrito en Sonora; 461/2011 del Juzgado Décimo de Distrito en Sonora; 94/2012 y 109/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4.- En agosto de 2010, dentro del juicio de amparo 865/2010, se concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se dictara el fallo de la licitación del Acueducto Independencia y no se adjudicara la obra. En violación a esta medida cautelar, el Gobierno del Estado de Sonora emitió el fallo de la licitación, adjudicó la obra y llevó a cabo su construcción. El desacato en que incurrió el funcionario del estado correspondiente ha quedado firme al haberse resuelto la impugnación por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, dentro del recurso de queja 17/2011. Adicionalmente, el funcionario responsable, Enrique Martínez Preciado, fue declarado culpable en todas sus instancias dentro del juicio penal seguido en su contra, al haber desobedecido las órdenes del Poder Judicial de la Federación.

5.- Hasta el día de hoy, existen suspensiones vigentes otorgadas por el Juzgado Octavo de Distrito en Sonora dentro de los expedientes 1021/2010 y 254/2012 que impiden la construcción y operación del Acueducto Independencia. En el primero de los juicios citados, la suspensión definitiva se concedió para el efecto de que no se dictara el fallo de la licitación y no se adjudicara la obra; en el segundo, se decretó la suspensión de plano para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban en relación a la ejecución de los actos reclamados, entre los cuales están la construcción del Acueducto y su puesta en operación. El día 20 de marzo de 2012, fecha en que se decretó esta suspensión de plano, el Acueducto Independencia aún no entraba en operación, ya que este inició sus actividades en abril de 2013. Luego entonces, al estar vigentes estas suspensiones, el acueducto opera en violación a las órdenes del Poder Judicial de la Federación.

6.- De lo expuesto hasta aquí se concluye con toda claridad que el Acueducto Independencia fue licitado y construido en violación a los mandatos judiciales y actualmente continúa operando en violación a los mismos. Inclusive, el Poder Judicial de la Federación ha tenido que recurrir al uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, sólo que esto no ha sido exitoso por la complicidad presente entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora.

7.- El Gobierno del Estado argumenta que adquirió derechos de agua de los agricultores de los pueblos ribereños ubicados entre las presas La Angostura y El Novillo; sin embargo, es de resaltarse que dichos derechos estaban vencidos desde el año 2008, dos años antes de lanzarse la convocatoria para la construcción del acueducto. Adicionalmente, la transmisión de derechos a que alude el Gobierno del Estado es violatoria del artículo 34 de la Ley de Aguas Nacionales, el cual, en su primer párrafo, establece de forma literal:

“ARTICULO 34. "La Autoridad del Agua", en los términos del reglamento aplicable y mediante acuerdos de carácter regional, por cuenca hidrológica, estado o Distrito Federal, zona o localidad, podrá autorizar las transmisiones de los títulos respectivos, dentro de una misma cuenca hidrológica o acuífero, mediando una solicitud fundada y motivada siempre y cuando no se afecte el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y se respete la capacidad de carga de los mismos.”

En otras palabras, los pueblos ribereños de la cuenca alta del Río Yaqui no pueden ceder sus derechos sobre las aguas superficiales de la misma para que éstas sean llevadas a otra cuenca. Esta disposición jurídica existe para proteger el equilibrio hidrológico y medio ambiental de las cuencas hidrológicas del país.

8.- Así mismo, para justificar, en el año 2010, la emisión de los títulos de asignación de derechos de aguas nacionales otorgados a la Comisión Estatal del Agua en Sonora, la Comisión Nacional del Agua indebidamente tomó en cuenta un balance hidrológico realizado con información a diciembre de 2004, a pesar de que la Ley de Aguas Nacionales establece claramente que la disponibilidad media anual del agua debe revisarse al menos cada tres años. En otras palabras, no hubo revisión en el 2007 ni tampoco en el 2010. En este sentido, conviene transcribir la parte conducente del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales:

“El otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos cada tres años, conforme a la programación hídrica; los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua; el reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, en su caso; la normatividad en materia de control de la extracción así como de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas; y la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas de aguas nacionales existentes en el acuífero, cuenca hidrológica, o región hidrológica de que se trate.”

9.- El Gobierno del Estado de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo han emprendido una campaña de pánico en contra de la población de la ciudad de Hermosillo, argumentando que establecerán tandeos para dejar sin agua a la ciudad hasta 21 horas al día, en caso de que se suspenda la operación del Acueducto Independencia. Esta actitud criminal no tiene sustento si tomamos en cuenta la disponibilidad de agua en la cuenca del Río Sonora. La Comisión Nacional del Agua reconoció públicamente en el proceso de consulta a la Tribu Yaqui, mediante la entrega de la documentación correspondiente, que en la cuenca del Río Sonora únicamente se destina al uso público urbano y doméstico el 8.64%. Expresado esto en millones de metros cúbicos, 747.59 millones de metros cúbicos se destinan a la agricultura, siendo que a la ciudad únicamente le entregan 73.67 millones de metros cúbicos al año; es decir, existe la capacidad en la cuenca del Río Sonora de satisfacer con un amplio margen las necesidades de agua de la ciudad de Hermosillo. A pesar de esto, el Gobierno del Estado se ha empeñado en afectar el equilibrio hidrológico y medio ambiental de la cuenca del Río Yaqui.

10.- De lo expuesto en el punto que antecede, se desprende que en la cuenca del Río Sonora no se respeta la prelación del agua para consumo humano, violando con ello el artículo 4 constitucional y el artículo décimo quinto transitorio de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

11.- Los habitantes del Valle del Yaqui y la Tribu Yaqui han propuesto múltiples soluciones alternativas para la falta de agua en la cuenca del Río Sonora para fines agrícolas, industriales y comerciales. Estas alternativas de solución incluyen la construcción de una planta desaladora de agua de mar; la reparación de la red de distribución hidráulica en la cual se pierde, aproximadamente, la mitad del agua que ingresa; la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales para el reúso de las mismas en propósitos agrícolas e intercambiarlas por agua de primera calidad, entre otras.

12.- La permanente violación al Estado de Derecho por parte del Gobierno del Estado ha generado serios conflictos que ponen en riesgo el bienestar de los habitantes del sur del estado, donde residen más de 900,000 personas que ven amenazados los recursos naturales indispensables para su subsistencia y la de las futuras generaciones.

13.- Por la importancia y trascendencia de los derechos humanos afectados con la operación del Acueducto Independencia, y para evitar resoluciones contradictorias respecto al uso del agua y la protección al medio ambiente, se estima pertinente que con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del inciso b), fracción VII, del artículo 107 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los amparos en revisión 253/2014 (correspondiente al juicio de amparo 865/2010) y 691/2014 (correspondiente al juicio de amparo 1021/2010), radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Adicionalmente, como se explicó en el numeral 2 anterior, existen otros juicios de amparo relacionados con el mismo tema resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al estar estrechamente vinculados con los referidos en este apartado, procede ejercer la facultad de atracción, siendo aplicable al caso en concreto el contenido de la siguiente tesis:

Epoca: Décima Epoca

Registro: 2006669

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 13 de junio de 2014 09:37 h

Materia(s): (Común)

Tesis: 1a. CCXXVII/2014 (10a.)

FACULTAD DE ATRACCION. PROCEDE EJERCERLA CUANDO SE ADVIERTA QUE EL ASUNTO QUE SE PRETENDE ATRAER SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE VINCULADO CON OTRO ASUNTO SOBRE EL QUE ESTA SUPREMA CORTE YA EJERCIO SU FACULTAD DE ATRACCION.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que es posible ejercer la facultad de atracción contenida en el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se advierta que el asunto que se pretende atraer se encuentra estrechamente vinculado con otro asunto sobre el que esta Suprema Corte ya ejerció su facultad de atracción, con el objetivo de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Así, esta vinculación puede surgir de diversos factores como, por ejemplo, el hecho de que ambos asuntos provengan de la misma secuela procesal, que exista una identidad en las partes y/o en las pretensiones encontradas, o en general cualquier otra situación por la que, a juicio de esta Primera Sala, la resolución que se dicte en el asunto ya atraído tenga un efecto directo en la resolución del asunto que se pretende atraer y viceversa.

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 401/2013. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 30 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión sometemos a la consideración del  Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza la facultad de atracción respecto de los amparos en revisión 253/2014 (correspondiente al juicio de amparo 865/2010) y 691/2014 (correspondiente al juicio de amparo 1021/2010), radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

SEGUNDO.-Se exhorta a las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal para que acaten las resoluciones del Poder Judicial de la Federación en obediencia a las suspensiones decretadas por el mismo. Adicionalmente, se les exhorta para que con independencia del resultado de los juicios en trámite, se estudien e implementen alternativas de solución que no impliquen extraer agua de la cuenca del Río Yaqui.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 23 días del mes de julio de 2014.

Dip. Faustino Félix Chávez”.

o





Del grupo parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revocar de manera inmediata las modificaciones al programa Hoy No Circula entradas en vigor el día 1 de julio de este año 2014. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PIDE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ANGEL MANCERA, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA REVOQUE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA HOY NO CIRCULA ENTRADAS EN VIGOR EL DÍA 1 DE JULIO DE ESTE AÑO 2014.

“El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 18 de junio de este año, el gobierno del Distrito Federal anunció que el Programa Hoy No Circula, contemplaría a partir del día 1 de julio, modificaciones que implican nuevos requisitos para la circulación de automóviles en las avenidas y calles de esta  ciudad capital.

De esta forma, el gobierno del licenciado Miguel Ángel Mancera mantiene en vigencia un programa que, durante los 24 años de ser aplicado, nunca ha solucionado la problemática ambiental para la cual fue diseñado.

Creado en el año de 1989 por el entonces Regente de la Ciudad de México, el entonces priísta y hoy senador por el PRD, Manuel Camacho Solis, el Hoy No Circula fue diseñado para las temporadas de invierto, pero al poco tiempo se amplió para todo el año.

El fracaso del Programa fue tal, que al paso del tiempo, un político muy admirado en aquel entonces en su partido, aunque hoy poco recordado en esa institución, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta afirmó el 9 de marzo de 1994 que había “demagogia e ineficiencia” en el plan anticontaminante y acusó al gobierno camachista del DF de haber otorgado licencias para el transporte público en forma indiscriminada, provocando con ello la elevación de la contaminación ambiental en el Valle de México, algo que nada tenía que ver con los carros. “El Hoy No Circula –advirtió textualmente- fue contraproducente, a mi juicio, porque aumentó el número de vehículos”.

Las declaraciones de Colosio solamente se sumaron a lo que miles de capitalinos afirmábamos, sobre todo, porque sacaron a flote lo que era un secreto a voces: hechos de corrupción de parte de funcionarios de la administración del DF que hicieron negocios al amparo de su responsabilidad y convirtieron el No Circula –con sus talleres de afinación y “control de emisiones”, con sus “verificentros” y, obvio, en connivencia con las empresas automotrices, en un auténtico modos

Aunque el programa fue planificado originalmente para aplicarse sólo en el invierno, después de la temporada de lluvias y cuando las inversiones térmicas incrementaban la concentración de contaminantes en la atmósfera, inexplicablemente, a partir del invierno de 1990, se estableció de manera permanente.

A casi 24 años de eso, sobran las pruebas que demuestran de forma contundente que el Hoy No Circula, a pesar de haberse ampliado más de un día, ha fracasado en sus objetivos centrales, que está absolutamente rebasado y que se requiere urgentemente de una nueva y verdadera estrategia en materia de movilidad y de limpieza del ambiente por parte del gobierno del DF, que más que a los intereses económicos del Gobierno del Distrito Federal, atienda la enorme necesidad de los capitalinos de una ciudad habitable, sana, y que cuente con un transporte digno, eficiente y suficiente. 

En 1990 se argumentó que el programa “desalentaría” el uso del carro, que saldrían de la circulación una quinta parte de ellos, y eso implicaba varios miles. 

Contrariamente a eso, Hoy No Circula alentó la multiplicación del parque vehicular, que desde su implementación ha pasado de 1.7 millones a 5 millones de unidades. De acuerdo al Centro Mario Molina el crecimiento del parque vehicular en la Ciudad de México está directamente relacionado con la aplicación de este programa gubernamental

Hace 25 años el promedio de circulación era de 38.5 kilómetros por hora y ahora es de 10. Estudios del Instituto de Física de la UNAM, concluyen que el No Circula no redujo el tránsito, ni bajó el consumo de gasolina ni tampoco las emisiones de contaminantes. 

Todo esto se oculta a la sociedad capitalina y de todo el país por parte del Gobierno del DF, y la única solución que él propone se reduce a poner más prohibiciones a los ciudadanos, algo que supone una contradicción esencial de los derechos y libertades consagrados en la Constitución

La propuesta del gobierno perredista de la ciudad capital es profundamente discriminatoria, ya que se está castigando la pobreza, al no poseer carros último modelo.

Las modificaciones que se anunciaron hace unos días y que tantas protestas han provocado apuntan a más de lo mismo: otra vez los más castigados son los poseedores de autos más viejos. Es decir, que habrá una implicación económico-social, pero además otra vez lo único que alentará será la adquisición de más automóviles, que es lo que ha pasado desde que el Hoy No Circula existe, desarrollándose el fenómeno social denominado “Segundo auto”.

De acuerdo a la prensa nacional, El Centro Mario Molina advirtió al Gobierno del Distrito Federal que el ajuste del programa Hoy No Circula iba a ocasionar un aumento en el parque vehicular de alrededor del 3% y recalcó que entre las principales desventajas del programa se hallaba “la falta de medidas complementarias para promover la reducción de viajes en vehículos de bajo desempeño ambiental”.

En ese documento también se señala que era indispensable “aplicar políticas e instrumentos simultáneos que conlleven el descenso a la contaminación”, y propone el desarrollo de metrobuses y mexibuses interconectados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En la parte final de su informe, el organismo previno:

“Las medidas propuestas funcionan en conjunto, de modo que si alguna de ellas no se instrumenta, la efectividad de las restantes será drásticamente menor”.

El 1 de julio, el GDF puso en marcha la nueva versión del Hoy No Circula.

Cálculos elaborados por diversas asociaciones civiles, a partir de información de la Secretaría del Medio Ambiente, el INEGI y el Instituto Mexicano para la Competitividad, indican que el Hoy No Circula, tal como está siendo aplicado, puede detonar lo que expertos en movilidad urbana han denominado “un colapso vial”.

De acuerdo con esos cálculos, los sistemas de transporte masivo y semimasivo se saturarán a niveles nunca antes vistos y aumentarán en forma alarmante los tiempos de traslado metropolitano.

Al saturarse el transporte, se informa, millones de personas que habitan en zonas conurbadas, y trabajan y estudian en la ciudad de México, llegarán a invertir más de cinco horas diarias, en viajes de ida y vuelta.

Y se estima que el fenómeno del “Segundo auto” se repetirá nuevamente. Ya que se estima que los ciudadanos buscarán evadir las nuevas restricciones y adquirirán un promedio de 250 mil autos nuevos cada año.

Estos autos van a sumarse al monstruoso parque vehicular, compuesto por 5.5 millones de vehículos, que hoy habita la ZMVM. El ensanchamiento del parque vehicular  ocasionará que en las avenidas principales la velocidad promedio en horas pico descienda a unos 8.6 kilómetros por hora, tal y como ocurre diariamente, en horas críticas, a lo largo del Paseo de la Reforma.

El DF cuenta con un sistema de transporte público totalmente ineficiente. La anarquía en el transporte público concesionado es  total, ya que opera con unidades en deplorable estado y choferes improvisados. El Jefe de Gobierno reconoció que al menos 20 mil de los 28 mil microbuses concesionados son totalmente obsoletos, peligrosos y altamente contaminantes y deberían ser urgentemente sustituidos, por lo que anunció, como en su momento lo hicieron Camacho Solís, Cuauhtémoc Cárdenasy López Obrador, un nuevo plan de sustitución de ese transporte. En todo un año, sin embargo, únicamente se ha informado de 85 unidades chatarrizadas.

Nos interesa señalar que hace unos días,  Rafaela Reyna Franco Flores, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el DF, amparó a un ciudadano que tiene un automóvil modelo 2005, que podrá circular todos los días de la semana en la ciudad de México, y concluyó que en el Distrito Federal es inconstitucional el programa Hoy No Circula, en el artículo que niega la expedición de la “calcomanía cero” al propietario de un vehículo sólo por la antigüedad del automotor, en los casos en que éste apruebe la verificación y no emita los contaminantes prohibidos por la norma ambiental,

El fallo sólo es aplicable para el ciudadano, pero sienta un precedente judicial importante, ya que la juzgadora concluyó que el Hoy No Circula, en su punto 7.3.1 viola el precepto de igualdad que establece el Artículo Primero de la Constitución del país, ya que la norma que se aplica, sin justificación legal, determina que todo vehículo anterior al año 2006 no puede tener la calcomanía cero, aunque pase la verificación.

El capitalino interpuso su amparo el 21 de abril pasado, en la demanda expuso como agravios: “la asignación de la calcomanía color rosa que limita la circulación de mi vehículo los días martes de cada semana, así como el segundo sábado de cada mes”, a pesar de que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, en el punto 7.3.1 no explica las razones por las que vehículos modelos 2005 y anteriores no pueden obtener el holograma tipo cero, aunque se pase la verificación.

La juez Franco Flores concluyó que la finalidad que persigue el Programa es la conservación y el mejoramiento de la calidad del aire en el DF, es constitucionalmente válida; sin embargo, “la conservación del medio ambiente no guarda relación con la antigüedad de un vehículo, sino con la emisión de contaminantes que éste realice”.

La juez consideró que “el vehículo propiedad del quejoso se ubicó dentro de los parámetros que prevé el dispositivo impugnado para el otorgamiento del holograma tipo cero”.

En consecuencia, la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal “deberán dejar sin efecto la constancia de verificación tipo dos” que se le entregó al quejoso.

Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario de Acción nacional en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pone a consideración de este pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que de manera inmediata revoque las modificaciones al Programa Hoy No Circula entradas en vigor el día 1 de julio de este año, y a la brevedad posible exponga a la sociedad capitalina una propuesta integral para el mejoramiento del medio ambiente en la Ciudad de México.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 23 de julio de 2014”.






Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a respetar los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados a cargo del Instituto de Pensiones del Estado, y por tanto desista de reducirles el 12% de sus jubilaciones y pensiones. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, CON EL OBJETO DE EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A RESPETAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS  JUBILADOS Y PENSIONADOS A CARGO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (IPE), Y POR TANTO DESISTA DE REDUCIRLES EL 12% DE SUS JUBILACIONES Y PENSIONES

“El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

CONSIDERACIONES

El neoliberalismo, ante el fracaso económico grotesco que ha provocado en el mundo, y que se traduce en que el pueblo debe pagar los platos rotos de los que todo lo tienen y no quieren perder ninguno de sus privilegios, sino por el contrario aumentarlos. Ante esta situación, digo, se dedican a recorrer todo el mundo en busca de cualquier recurso o ahorro que pueda aumentar su acumulada riqueza. Y bien una de sus opciones preferidas son los fondos de pensiones, fondos con elevados recursos que los trabajadores han hecho realidad con sacrificios enormes de generaciones enteras.

De tal situación, México no es ajeno, malos gobiernos comenzaron entregando al interés privado los fondos de pensiones del IMSS e ISSSTE a las fraudulentas Afores, a la par de que se han venido denunciando manejos irregulares en los fondos de pensiones estatales. Por sólo mencionar algunos casos.

En esta tónica, una agresión brutal al estado de derecho, se ha consumado el pasado 19 de julio, pues la Legislatura del estado de Veracruz, estableció que los jubilados y pensionados deben seguir cotizando para el pago de sus jubilaciones y pensiones, por lo que a cuenta de dicho pago, se les hará un descuento del 12% de sus percepciones. O para decirlo en otros términos, se reducen en 12% las percepciones de  jubilados y pensiones de este Estado.

Frente a las raquíticas percepciones de la inmensa mayoría de estas personas, en lugar de que el gobierno del Estado de Veracruz, buscara los medios para incrementar de manera paulatina el monto de estas prestaciones, se merman los escasos recursos de que disponen estos adultos mayores, regla general.

Esto significa, que una persona ya efectúo los pagos necesarios, en general cubrió todos los requisitos exigidos para tener derecho a una pensión o jubilación, a una prestación económica de por vida; más burlándose de este derecho adquirido el Legislativo estatal ahora le niega tal derecho y le exige un pago adicional en franco atropello a las garantías individuales de los pensionados y jubilados del Estado de Veracruz. De esta clara violación, sólo se libran los jubilados y pensionados que perciban hasta 3 salarios mínimos. Como si el respeto a la ley dependiera de un monto y no de la situación jurídica que da base al derecho adquiridos por todos los aproximadamente 25 mil  jubilados y pensionados de esta entidad federativa. Esto, porque la nueva Ley libera al gobierno estatal de la aportación que hacía al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y ahora ese recurso queda a cargo de los jubilados y pensionados.

El artículo 14 Constitucional señala:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En el caso, la modificación a la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, significa de manera indudable una aplicación retroactiva en perjuicio de los derechos adquiridos por los pensionados y jubilados. Igualmente se le priva de sus derechos adquiridos sin que medie un juicio en que sean oídos y puedan defenderse.

A la actual cultura de los gobiernos, que consideran que todo se vale, y que el estado de derecho es un estorbo, conductas propias de los regímenes autoritarios (por decir lo menos), se  viene a sumar este atropello inaudito.

La siguiente Jurisprudencia, determina que tanto el derecho a la pensión como sus incrementos, son derechos adquiridos, y por tanto su afectación es contraria a la Carta Magna:

Época: Décima Época

Registro: 2005318

Instancia: Plenos de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 2, Enero de 2014, Tomo III

Materia(s): Laboral

Tesis: PC.I.A. J/5 A (10a.)

Página: 2320

PENSION JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUELA, POR LO QUE SU CALCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCION EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BASICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACION DEL ARTICULO 57, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).Conforme a la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", al resolver sobre la aplicación retroactiva de una ley, debe analizarse la verificación del supuesto y de la consecuencia previstos en la norma jurídica correspondiente, para así determinar si se está en presencia de un derecho adquirido o de una expectativa de derecho y decidir si se está o no ante una aplicación retroactiva de la ley. Por su parte, los artículos 48 y 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 1993, disponen que la pensión por jubilación constituye una prestación de seguridad social otorgada por el instituto a favor de los trabajadores que cumplieron, entre otros requisitos, con determinado tiempo de prestación de servicios. Además, junto con el pago de la pensión, los jubilados adquieren otros derechos, como lo es la forma de cálculo de los incrementos de su pensión, en términos del artículo 57, párrafo tercero, de dicha ley, la cual tiene carácter accesorio a su pensión, ya que entra al patrimonio del trabajador justo al momento en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de la pensión, de manera que constituye un derecho indisoluble del haber pensionario, cuya ejecución no está sometida a condición o plazo posterior que sea susceptible de modificar dicha forma de cálculo en lo futuro, por lo que debe concluirse que el supuesto y la consecuencia jurídica relativos se dan de manera inmediata, ubicándose dentro de la hipótesis 1 de la jurisprudencia aludida; por tanto, si los incrementos a la pensión jubilatoria constituyen derechos adquiridos derivados de su otorgamiento, los trabajadores que obtuvieron esa pensión con base en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 4 de enero de 1993, tienen derecho a que su cálculo se haga en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de noviembre de 2013. Mayoría de quince votos. Disidentes: Osmar Armando Cruz Quiroz, Angelina Hernández Hernández y Germán Eduardo Baltazar Robles. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretaria: Mary Trini Juárez González.

Además de este descuento del 12% ya antes aludido, la nueva Ley de Pensiones de esta entidad, agrega otros atropellos: se eleva de 60 a 65 años la edad para pensionarse; la aportación que hacen los trabajadores activos al fondo de pensiones pasará de 11 a 12 %, entre otras.

La inconformidad y las manifestaciones en contra de este atropello contra jubilados y pensionas ya comenzaron en Veracruz. Desde luego los diputados y gobernantes de este Estado, no comenzaron reduciendo sus abultadas percepciones, antes de hacer esta agresión contra los derechos de los más humildes.

Por otra parte, esta medida abiertamente agresora de los derechos humanos, anuncia una envestida general contra las pensiones de todos los trabajadores del país, a las que se les pretende reducir de manera masiva para hundirlas en la “pensión universal” que alcanzaría los 1,092 pesos al mes, monto que más adelante pueden negarse a pagar el estado, si así lo exige el Dios del Neoliberalismo, que no es otro que el egoísmo más nefasto.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO  SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA, LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

UNICO. Proposición con punto de acuerdo, con el objeto de exhortar al gobierno del estado de Veracruz, a respetar los derechos adquiridos por los  jubilados y pensionados a cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y por tanto desista de reducirles el 12% de sus jubilaciones y pensiones.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 23 de julio de 2014

Suscribe:

Dip. Valentín Maldonado Salgado”.






De las Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale y Claudia Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que propone develar una placa en las instalaciones del Senado, que dé testimonio del logro histórico en materia de paridad política alcanzado mediante la reforma al artículo 41 constitucional. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.








De los Senadores del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a diferir la exigencia de las obligaciones fiscales aplicables a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, antes REPECOS. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,  DIFIERA LA EXIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES APLICABLES A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL, ANTES REPECOS, HASTA QUE SE REVISEN E INCORPOREN EN LA MISCELANEA FISCAL 2015, MEDIDAS DE TRIBUTACION GRADUALES Y SENSIBLES A LA SITUACION DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.

“Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), haciendo uso de sus facultades, difiera la exigencia de las obligaciones fiscales aplicables a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, antes REPECOS, hasta que se revisen e incorporen en la miscelánea fiscal para el ejercicio 2015, medidas de tributación graduales y sensibles a la situación de los diversos grupos de pequeños contribuyentes, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A raíz de la reforma fiscal, recaudatoria y regresiva, aprobada en 2013, desde el 1 de enero de 2014, fecha en que entró en vigor la Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedio, pasaron en automático al Régimen de Incorporación.

De acuerdo al Art. 111 de la Nueva Ley del ISR, el Régimen de Incorporación aplica para los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. Es decir, pequeños negocios que van desde tiendas de abarrotes, papelerías, peleterías, panaderías, loncherías, tortillerías, herrerías, carnicerías, cibercafés y muchos otros en los que se emplean y sobreviven millones de mexicanos.

Para los EX – REPECOS, la migración a este nuevo régimen ha implicado un incremento substancial de obligaciones fiscales y control sobre sus operaciones, así como tener que lidiar y familiarizarse con una serie de trámites y conceptos, que los han puesto en la disyuntiva de cerrar su actividad, con el riesgo de perder, en la mayoría de los casos, su única fuente de ingresos.

De conformidad con el artículo 112 de la Nueva Ley del ISR, los contribuyentes del Régimen de Incorporación, deberán:

a) Entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, utilizando el esquema de facturación electrónica.

b) Registrar sus ingresos, gastos, inversiones y deducciones.

c) Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos.

d) Si se cuenta con trabajadores, retener el Impuesto sobre la Renta y enterarlo cada dos meses al SAT.

e) Cada dos meses se deberá declarar al SAT los ingresos obtenidos y los gastos realizados en su negocio.

Es un hecho que para muchos de los anteriores REPECOS, ha sido extremadamente difícil cumplir con estas nuevas obligaciones o han tenido que cargar con inversiones y gastos, ya que no contaban con computadora o teléfono con Internet y han tenido que recurrir a los servicios de un contador.

Además, aún cuando el último párrafo del Art. 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite que EX - REPECOS que tienen su domicilio fiscal en poblaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, se les pueda liberar de las obligaciones de presentar declaraciones o registrar sus operaciones a través de Internet o medios electrónicos, sí están obligados a expedir facturas electrónicas usando el Internet.

Por si esto fuera poco, la propia autoridad ha enfrentado problemas para operar el nuevo régimen, situación que ha generado mayor estrés e incertidumbre. Ante las fallas registradas en el portal electrónico del SAT, prórrogas, y rediseño de aplicaciones y herramientas, primero se difirió hasta el 31 de marzo la migración al nuevo régimen y la obligación de expedir facturas electrónicas; posteriormente se ha venido moviendo la fecha para presentar las declaraciones bimestrales, quedando como fecha límite el mes de julio para la correspondiente a enero-febrero y para el mes de agosto las correspondientes a marzo-abril y mayo-junio.

Nosotros en Acción Nacional votamos en contra de la desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes, ya que consideramos que el Régimen de Incorporación viola los principios de equidad y proporcionalidad, pero además porque es un cambio abrupto para el que no están preparados los contribuyentes ni la propia autoridad. Si bien, compartimos la idea de evitar que se rompa la cadena de comprobación fiscal y con ello atacar la evasión y elusión, nos pronunciamos por medidas graduales basadas en las condiciones reales de la economía y de los contribuyentes.

Sostenemos que el Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal ha afectado la competitividad de las más de 4 millones de personas y micro empresas que se vieron obligadas a migrar a este esquema, desaparecieron o entraron de lleno a la informalidad. Por lo que pedimos al Ejecutivo prorrogar por todo este año la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones, hasta que revisemos y se incorporen en la miscelánea fiscal del 2015 medidas graduales y sensibles a las condiciones de los diversos grupos de pequeños contribuyentes.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), haciendo uso de sus facultades, difiera la exigencia de las obligaciones fiscales aplicables a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, antes REPECOS, hasta que se revisen e incorporen en la miscelánea fiscal para el ejercicio 2015, medidas de tributación graduales y sensibles a la situación de los diversos grupos de pequeños contribuyentes.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de julio de 2014.

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”.






De los Diputados Verónica Juárez Piña, Miguel Alonso Raya y Carlos Augusto Morales López, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud, a la Procuraduría General de la República, al DIF Nacional y a los gobiernos de los estados y los municipios a implementar acciones encaminadas al funcionamiento y atención de las poblaciones que se encuentran en los albergues, refugios, casas hogar o cualquier otra institución. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE SALUD, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DIF NACIONAL Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, A IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DE LAS POBLACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES, REFUGIOS, CASAS HOGAR O CUALQUIER OTRA INSTITUCION ABOCADA A LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE REQUIEREN CUIDADOS INSTITUCIONALES

“Las y los suscritos Diputada VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, Diputado MIGUEL AGUSTIN ALONSO RAYA, y Diputado CARLOS AUGUSTO MORALES LOPEZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hoy la sociedad en su conjunto se acepta sorprendida con el conocimiento de la información difundida por los medios de comunicación que notifican de los sucesos ocurridos en el albergue “La Gran Familia”, ubicado en el municipio de Zamora, Michoacán, en el que la señora Rosa Verduzco Verduzco, es reconocida como presidenta y fundadora desde 1948 y que en 1973 fue constituido como Asociación Civil.

Según informes de la Procuraduría General de la República (PGR), en el lugar de los hechos fueron rescatadas 174 niñas de entre tres y 17 años de edad, así como 278 niños del mismo rango de edad; también fueron recuperados 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre los dos meses y dos años de edad. Y entre los probables delitos que se consideran se encuentran los de: lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas por parte de algunos miembros del albergue.

Tomando en cuenta lo anterior, nos remite a años atrás y a rememorar otro caso que también impactó la conciencia colectiva, el de “Casitas del Sur”, el cual tuvo su origen en diciembre del 2008, con la desaparición de una niña de nombre Ilse Michel, la que por orden de un juzgado de lo familiar en el Distrito Federal, llegó en el 2005 al albergue temporal de la procuraduría capitalina como presunta víctima de violencia intrafamiliar.

Es así que el 20 de agosto del 2008 el juez de lo familiar otorgó la guardia y custodia a la abuela materna, pero la casa hogar se negó a entregarla porque la niña ya no estaba ahí.

En enero del 2009, los datos estremecieron porque tras las investigaciones por el paradero de Ilse Michel, otros 26 niños habían desaparecido de albergues afiliados a “Casitas del Sur” en la Ciudad de México, Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo.

Es el caso que, el 29 de enero, dos sedes del albergue fueron aseguradas por la procuraduría capitalina y se rescató a 126 niños, quienes fueron trasladados al DIF, además de que siete personas fueron detenidas.

Se puede argumentar que las situaciones encontradas en cada uno de estos lugares no son equiparables y que podrían marcar notorias diferencias, pero lo que sí muestran con evidencia es que lo encontrado ejemplifica palpablemente la desatención, el olvido y el abandono al que fue sometida la población infantil vulnerable por parte del Estado, solo que en esta ocasión los hechos – reales o ficticios- están dividiendo a la sociedad.

Lo cierto es que independientemente de la existencia de víctimas o victimarios, se debe reconocer que el Estado ha incumplido su responsabilidad constitucional de velar y garantizar el interés superior de la niñez a la población de niñas, niños y adolescentes del país. Ya que la vulnerabilidad y violencia en cualquiera de sus expresiones e incluida la institucional contra la población infantil es un problema social y cultural que obstaculiza el ejercicio de sus derechos y  su pleno desarrollo físico y mental.

Por lo tanto, México es adherente de la Convención sobre los Derechos del Niño, la que en su contenido señala que las niñas y los niños deberán crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, esto para alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y, el artículo 20 del documento, indica que cuando las y los niños se vean privados de su espacio familiar, de manera temporal y permanente, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado.

En el mismo sentido, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Artículo 3° señala que: la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Remarcando en su inciso D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

Pese a ello, la infancia y adolescencia del país cotidianamente enfrenta el abuso sexual infantil, explotación laboral infantil, la adopción ilegal de niños, el tráfico de niños para propósitos ilícitos como la venta de órganos, prostitución, pornografía y muchos otros abusos cometidos en contra de estos menores de edad, particularmente las y los que no cuentan con  cuidados familiares ni con el amor y el cuidado de quienes están en la obligación de protegerlos, de darles cobijo, educación y respeto como seres humanos.

De lo anterior se desprende que el lugar ideal para el desarrollo de las niñas y niños es el entorno familiar. De ahí la exigencia para que el Estado  proteja y asegure los derechos de las y los niños, el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo a las familias para cumplir con sus responsabilidades de crianza, y cuidar que ningún niño, niña o adolescente sea separado de su familia.  Salvo en los casos en que la esta sea necesaria por la existencia de violencia, abuso, descuido, malos tratos o explotación o de acuerdo a lo que determine la ley de la materia. De ser el caso, se debe, por parte del Estado, garantizar el acceso a cuidados alternativos para asegurar su adecuada protección, atención y cuidado.

Si bien es cierto que los espacios de cuidados alternativos no son los espacios ideales para el desarrollo de las y los menores de edad, de hacer uso de ellos, estos deberán contar con la supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar que las instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo la atención, el afecto y  el cariño necesario para su desarrollo integral.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2009, aprobó el documento: Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños. En él se establece la garantía del derecho de las niñas y los niños a vivir en familia y en comunidad y propone procesos de atención a las y los niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a través de políticas públicas integrales, previa prevención de la separación de las niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar, y cuando esto fuese inevitable, procurar mecanismos de atención centrados en la vida familiar y comunitaria a través del acogimiento en familias extensas o ajenas, entendiendo el acogimiento residencial o institucional como el último recurso de protección y cuidado para las niñas y los niños.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó en el año 2013, el informe: El derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas, en él se hace un llamado a los Estados a poner fin a la institucionalización de las y los niños sin cuidados familiares mediante un proceso planificado que permita la atención integral, que responda a sus necesidades especiales, que les otorgue la protección especial que requieren y atienda al interés superior del niño.

El informe es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de las instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños. El acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, solo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores. Los acogimientos o cuidados alternativos se han de brindar siempre bajo la supervisión del Estado.

Sin embargo, en nuestro país no se cuenta con datos confiables sobre el número de instituciones de este tipo que existen en el territorio, tampoco el número y género de la población a la que se da atención y el tipo de ella, y menos aún cuáles y cuántos los modelos de atención que se están aplicando en estos lugares.

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), mencionan que hasta 2010 había en el país 29 mil 310 menores de edad que no contaban con cuidados familiares ni institucionales. Además, se carecía de información oficial confiable respecto a cuántos menores de edad se encontraban en albergues, quiénes son, dónde están y qué tipo de atenciones y cuidados reciben.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que hasta el año 2013, se tenía conocimiento de 28 mil 107 niñas, niños y adolescentes que habitaban casas hogar, orfanatos y casas de cuna de todo el país. Mientras que en el mismo año, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), indica que existen 1.6 millones de niñas y niños en estado de vulnerabilidad grave por orfandad total o parcial, sea porque sus padres murieron en accidentes o a causa de enfermedades o por migración laboral y muerte de la madre. Sobre estos datos, se calcula que las cifras de niñas y niños en esta situación deben ser mucho más altas, dada la ausencia oficial de las mismas.

Independientemente de números, datos y la ausencia de ellos, la conclusión de lo que está pasando en el entorno social, nos muestra que es urgente que se establezcan políticas públicas integrales para velar y garantizar los derechos humanos de la infancia en situación de desamparo que se encuentra institucionalizada. Así como, la implementación de mecanismos eficientes y eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del Estado y/o de las instituciones sociales y privadas.

Reconociendo que a nivel federal, no contamos con la legislación general que involucre a los tres órdenes de gobierno para el funcionamiento y supervisión de estas instituciones, casos como el albergue “La Gran Familia” y “Casitas del Sur”, así como otras, son la muestra latente de la urgencia de eliminar este vacío jurídico para que se regule y supervise puntualmente la labor de estos espacios destinados al resguardo y atención de esta importante población infantil.

Otro problema es que no existe una institución autónoma dedicada exclusivamente al cuidado y protección de la infancia, tampoco un Sistema Integral de Protección de los Derechos que dicte la política pública para garantizar los mismos.

Si se han dado 49 muertes de niñas y niños quemados en una guardería subrogada del IMSS, si desaparecen 26 menores de edad de albergues subvencionados por el DIF y si se sospecha de maltrato y abuso en albergues que reciben recursos económicos públicos, es evidente que algo no está funcionando y urge la intervención del Estado, donde se encuentren los tres ámbitos de gobierno para corregir, modificar y superar estas deficiencias.

Por todo lo anterior, es necesario exhortar a la Secretaria de Gobernación a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria de Salud, a la Procuraduría General de la República, al DIF Nacional y a los gobiernos de los estados y los municipios para que establezcan políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y sus atribuciones los derechos humanos de las niñas y los niños que están incorporados a albergues, orfanatos, casas hogar y/o reintegrados a sus núcleos familiares, así como la implementación de mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del Estado y de las instituciones sociales y privadas.

Por lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Salud, DIF Nacional y a los gobiernos de los estados para que realicen un diagnóstico que registre el número, sexo y edad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones de cuidados alternativos y que hayan sido reintegrados a sus núcleos familiares, que permita establecer políticas públicas integrales y multidisciplinarias para garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias y sus atribuciones los derechos humanos de los mismos, así como la implementación de lineamientos y mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben por parte del Estado y de las instituciones sociales y privadas.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para que se realice una investigación expedita, efectiva, eficaz y transparente para el caso del albergue “La Gran familia”, y se deslinden responsabilidades.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General del Estado de Michoacán, al DIF Nacional y a los DIF estatales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se restituya y garantice el pleno goce de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes rescatados así como de sus familias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, julio de 2014

Suscriben:

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.- Dip. Miguel Agustín Alonso Raya.- Dip. Carlos Augusto Morales López”.






Del Senador Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Arturo de la Rosa Escalante, Francisco Pelayo Covarrubias y Alfredo Zamora García, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Turismo y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a impulsar la inclusión de los prestadores de servicios de pesca deportiva, en los programas de apoyo del Gobierno Federal, como el subsidio al diesel marino. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, A LA COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA Y, A LA SECRETARIA DE TURISMO QUE IMPULSEN LA INCLUSION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA, EN LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO EL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO

“El suscrito, Senador Carlos Mendoza Davis y Diputados, Arturo de la Rosa Escalante, Francisco Pelayo Covarrubias y Alfredo Zamora García integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, A LA COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA Y, A LA SECRETARIA DE TURISMO QUE IMPULSEN LA INCLUSION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA, EN LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO EL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La pesca deportivo-recreativa es una categoría de la actividad pesquera productiva que se practica con fines de esparcimiento y/o competencia, que vincula al ser humano con la naturaleza, particularmente con los recursos pesqueros.1

Su desarrollo se basa en el aprovechamiento sustentable de diversas especies pesqueras tanto en embalses de aguas interiores, como en aguas marinas. Dentro de estas últimas, los denominados marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, se encuentran destinadas exclusivamente para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el Mar Territorial, y cuya captura requiere regularse para sustentar sus amplias perspectivas de desarrollo.

A partir del 2003 la CONAPESCA asumió el reto de propiciar el ordenamiento pesquero moderno e integral que lograra en la pesca deportiva un nuevo y mejor dinamismo, en completa organización y con pleno respeto a la sustentabilidad de los recursos pesqueros, hecho que representa un gran avance para este sector que por muchos años careció de ordenamiento y organización.

En ese sentido, se fortaleció el marco jurídico aplicable a esta actividad, publicando modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura, su Reglamento y con la publicación de múltiples modificaciones a la NOM -017-PESC-1994, así como la Estrategia Integral para el Desarrollo de la Pesca Deportiva 2003-2006, y el Programa Nacional de Pesca Deportiva 2008-2012.

Es importante destacar que la pesca deportiva se constituye como una fuente importante de ingresos, toda vez que contribuye significativamente a la economía nacional, entre otros aspectos, por su capacidad para captar divisas, generar empleo e impulsar el desarrollo regional y cuyos beneficios se propagan a otras actividades con un efecto multiplicador en los sectores turístico, pesquero y de servicios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la pesca deportiva en México genera una importante derrama económica de más de $2,000 millones de dólares anuales.

Por su parte, The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro destinada a la conservación de especies marinas de pico, estima que tan sólo en el estado de Baja California Sur la pesca deportiva atrajo en 2007 a más de 350 mil visitantes, en su mayoría internacionales, lo que generó una derrama de más de 630 millones de dólares por ventas al menudeo, así como 245 millones en ingresos correspondientes a impuestos locales y federales. Con ello, se fomentó le creación de 24 mil fuentes de empleo. De acuerdo a sus estudios, los visitantes que practicaron la pesca deportiva en el municipio de Los Cabos contribuyeron con el 24.1% del total de las divisas inyectadas en la economía local por concepto de turismo.

Cabe mencionar que aún en los estados sin litorales, la pesca deportiva genera una derrama económica considerable. Por ejemplo, en Zimapán, municipio de Hidalgo de poco más de 30 mil habitantes, apenas en un torneo regional celebrado en 2011 se recaudaron más de 3 millones de pesos de ganancias directas netas, sin considerar que durante el evento, el sector hotelero registró índices de ocupación del 90 por ciento.

La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.

Queda claro entonces que, para nuestro país, la pesca deportiva constituye una actividad con un gran potencial de crecimiento. Comunidades enteras en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mejores expectativas de desarrollo en el ámbito de la pesca deportiva, con una fuente de ingresos respetuosa de su propia sustentabilidad, en la medida en la que prácticas como las de “atrapar y soltar” aseguran la continuación de sus actividades.

Así, la pesca deportiva en los últimos años ha alcanzado un importante desarrollo, sin embargo, actualmente se carece de mecanismos de apoyo para los prestadores de servicios de pesca deportiva.

Al respecto, existe el antecedente del establecimiento de diversos apoyos, aplicados entre el 2005 y el 2007, siendo de especial relevancia el que se otorgaba a los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva, para abastecer sus embarcaciones con combustibles a bajo precio2.

Desafortunadamente ya no existen esos apoyos por lo que se considera necesario solicitar a las autoridades competentes para que incluyan a los prestadores de servicios de pesca deportiva en los padrones de beneficiarios de los programas del Gobierno Federal, pues actualmente diversos factores, como el constante incremento de los precios de los combustibles, dificultan el desarrollo de esta importante actividad.

Para esos efectos, es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) quien está facultada para formular y emitir la convocatoria anual al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, en el componente de Diesel Marino. En atención a los lineamientos de esta convocatoria, es la manera en que un sujeto puede hacerse acreedor al mismo, por ello, consideramos necesario cambiar estos lineamientos, de modo que exista inclusión para los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva, por su importancia para la economía nacional y para ayudar a incrementar los márgenes de ganancia para los prestadores de servicios de ese mercado, que en muchas ocasiones llegan ser el motor de la economía de comunidades aisladas en los litorales mexicanos; pues como para el caso de la pesca donde los subsidios que recibe representan el 20% del valor agregado de ese mercado, un número muy similar se tendría al subsidiar a los involucrados en la pesca deportiva.

Entre algunos datos mencionables en comparación con el párrafo anterior, tenemos que entre 2007 y mediados del año 2012, el programa de diesel marino, bajó 3,784 millones de pesos, en forma de subsidio para el consumo de 3 mil millones de litros de diesel marino. Sin que esto beneficiara al mercado de prestadores de servicios de pesca deportiva3.

Otro dato en ese sentido, es que la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) en 2011 contó con un presupuesto de 3,200 millones de pesos, de los cuales  2,350 millones de pesos, fueron destinados a transferencias y subsidios4. Implicando lo anterior, que siete de cada diez pesos destinados a la pesca en México se otorgan a los beneficiarios en forma de subsidios, sin que en materia de combustibles, específicamente diesel, el sector de la pesca deportiva se vea beneficiado, lo que consideramos, inequitativo, debido a la importancia y tamaño de la misma.

Por su parte, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha enfocado sus esfuerzos en posicionar a la pesca deportiva, por ser uno de los segmentos más competitivos y de mayor  potencial económico, no sólo por la vasta extensión de los litorales mexicanos, sino por la gran cantidad de aguas interiores, lo cual permite realizar esta actividad en prácticamente la totalidad del territorio nacional.

En ese sentido, la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos, a través de la Dirección de Desarrollo de Turismo Deportivo y Náutico de SECTUR realizó una investigación acerca del Comportamiento y Tendencias de la Pesca Deportivo Recreativa en México5, con el fin de encontrar las estrategias públicas y acciones concretas para fomentar el desarrollo de los productos y servicios del sector turismo relacionados con la pesca deportiva, a partir de tres objetivos generales:

I. Incrementar el número de turistas, a través del número de practicantes y participantes (nacionales y extranjeros) de la pesca deportivo recreativa en México; con el propósito de contar con ambientes favorables para el turismo nacional o internacional.

II. Fomentar y desarrollar los mecanismos necesarios para convertir a la pesca deportivo recreativa en un atractivo turístico que sea rentable y competitivo.

III. Mejorar la calidad de los productos y servicios relacionados con la práctica de este deporte: áreas o lugares de pesca, venta de accesorios, hospedaje, transporte, vías de comunicación, agencias de viajes, líneas terrestres y aéreas, paquetes, folletos, infraestructura y equipamiento urbano.

Al respecto, consideramos que brindar apoyos a los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva contribuye al alcance de los objetivos mencionados con antelación, siendo necesario que SECTUR, analice la viabilidad de generar incentivos para los prestadores de servicios de pesca deportiva, o incluirlos a los ya existentes para la pesca, para impulsar el desarrollo de esta actividad que aporta una derrama económica equivalente al 0.26% del PIB nacional, cuya importancia como actividad generadora de ingresos es importante, sobre todo para los estados del noroeste del país.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el   siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que analice la viabilidad de considerar la pesca deportiva, como actividad primaria a efecto de que los prestadores de servicios de pesca deportiva puedan ser considerados en los padrones de Beneficiarios de los Programas de Apoyo del Gobierno Federal.

Asimismo, para que dentro del apartado “B)” de “Población Objetivo” de la convocatoria, para el “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente Diesel Marino”  para el año 2015, se incluya al sector de prestación de servicios turísticos de pesca deportiva.

Segundo.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se contemplen los recursos suficientes y necesarios para la inclusión de los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva, a los padrones de Beneficiarios de los Programas de Apoyo del Gobierno Federal, manejados por SAGARPA.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que impulse la inclusión de los prestadores de servicios de pesca deportiva, en los Programas de Apoyo del Gobierno Federal, tales como el subsidio al diesel marino.

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a que analice la viabilidad de establecer programas de apoyo para los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva con el propósito de impulsar el desarrollo de esta importante actividad.

Senado de la República, a 23 de Julio de 2014.

Atentamente.

Sen. Carlos Mendoza Davis.- Dip. Arturo de la Rosa Escalante.- Dip. Francisco Pelayo Covarrubias.- Dip. Alfredo Zamora García”.

1 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, Para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 9 de mayo de 1995.

2 Programa Nacional de Pesca Deportiva 2008-2012, página 8.
http://pescadeportiva.conapesca.gob.mx:82/work/sites/pesca/documentos/acciones/Programa_Nacional_de_Pesca_Deportiva.pdf

3 Sexto Informe de Labores, SAGARPA, 2012.

4 Informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, 2006-2012 CONAPESCA.

5 Disponible en:  http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_9287_comportamiento_y_ten






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a hacer del conocimiento público el atlas nacional de riesgos sanitarios consolidado en su portal oficial de internet. Se turna a la Segunda Comisión.








De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se hacen votos por un cese al fuego en la Franja de Gaza y una efectiva mediación internacional para la superación del conflicto. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA HACE VOTOS POR UN CESE AL FUEGO EN LA FRANJA DE GAZA Y UNA EFECTIVA MEDIACION INTERNACIONAL PARA LA SUPERACION DEL CONFLICTO

“Los senadores Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos por un cese al fuego en la Franja de Gaza y una efectiva mediación internacional para la superación del conflicto, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Distintos acontecimientos violentos, en donde perdieron la vida jóvenes israelíes y palestinos, originó que el pasado 8 de julio el Gobierno de Israel iniciara la operación Margen Protector con la finalidad de interceptar el lanzamiento de alrededor de 600 proyectiles hacia su territorio por parte de militantes del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás y responder así a lo que considera son actos de agresión terrorista atribuibles a esta organización que es parte del gobierno de unidad palestino desde junio pasado.

Es imprescindible recordar que en abril de este año, Israel rompió las negociaciones de paz con Palestina debido a que los grupos rivales palestinos Fatah y Hamás emprendieron esfuerzos por crear un gobierno de unidad. El gobierno de unidad    supuso, en efecto, una reconciliación temporal  tras siete años de enfrentamientos fratricidas que derivaron en la división político-territorial de Palestina: Cisjordania administrada por Fatah, la organización islámica moderada de la que proviene el presidente Mahmoud Abbas, y la Franja de Gaza, administrada por Hamás, la organización radical.

Este nuevo estallido de violencia preocupa extraordinariamente a la comunidad internacional puesto que, como lo han señalado múltiples organizaciones no gubernamentales, corre el riesgo de generalizarse y dar lugar a la peor escalada bélica que este añejo conflicto ha experimentado en fechas recientes, al menos desde el 2009 cuando se puso en marcha la operación Plomo Fundido que dejó como saldo alrededor de 1,300 personas fallecidas y más de 5 mil heridos. 

La comunidad internacional reconoce con claridad el derecho de Israel a la legítima defensa ante los sistemáticos y reprobables ataques aéreos que recibe desde territorio palestino. Sin embargo, deplora el uso desproporcionado de la fuerza y ve con gran preocupación la manera en que ambas partes en disputa violan las normas esenciales del derecho internacional humanitario, pareciendo estar dispuestas a incrementar el número y letalidad de los ataques.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam, han amenazado con incluir entre sus objetivos distintos puntos de Tel Aviv; mientras que el gobierno de Israel ha enfatizado que intensificará por aire y mar los bombardeos de Gaza sin descartar una eventual operación terrestre de alrededor de 20 mil efectivos militares.  Más aún, el gobierno israelí señaló que los ataques contra la Franja de Gaza no cesarán hasta que Hamás suspenda por completo y definitivamente el lanzamiento de cohetes en su territorio.

Hoy en día somos testigos de un episodio con graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Hasta el momento, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Palestina, el saldo registrado desde el inicio del conflicto hasta el día de hoy es de más de 500 muertos y 3,000 heridos. Entre los muertos, se registran ya 100 niños, y se estima que tres cuartas partes del saldo de la ofensiva israelí son bajas civiles, no militares.

En consecuencia, y ante la escalada de la violencia, la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia de Refugiados Palestinos en Medio Oriente (UNRWA por sus siglas en inglés) declaró el estado de emergencia en las cinco zonas del territorio palestino. Asimismo, y a solicitud expresa de la Liga Árabe, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una primera reunión en la que examinó el conflicto y en la que Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización, efectuó un llamado a las partes y a la comunidad internacional para propiciar las condiciones que deriven en un cese al fuego duradero y viable. Una vez más, dijo Ban Ki-moon, “los civiles están pagando el precio de la continuación del conflicto y se encuentran atrapados entre la actitud irresponsable de Hamás y la dura respuesta de Israel”.

A la respuesta unánime de rechazo enérgico a estos eventos, México ha unido su voz. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado su preocupación por la escalada de violencia que se registra en la Franja de Gaza e Israel y condenó profundamente el número considerable de víctimas que han causado los bombardeos aéreos. Igualmente, instó a las partes a actuar con moderación y a volver a sentarse a la mesa de negociaciones.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República condena la violencia, el uso indebido y desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y toda medida contraria al derecho internacional humanitario en el conflicto que se desarrolla actualmente en la Franja de Gaza e Israel.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace votos por un cese al fuego en la Franja de Gaza y una efectiva mediación internacional para la superación del conflicto retomando negociaciones constructivas que conduzcan a una solución viable y duradera.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar activamente los esfuerzos de mediación encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, el Cuarteto para el Medio Oriente, entre otras organizaciones, a fin de garantizar la convivencia, en paz y dentro de fronteras seguras, estables y reconocidas internacionalmente, entre Israel y Palestina. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 21 de julio de 2014.

Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen Juan Carlos Romero Hicks”.






De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem y Víctor Reymundo Nájera Medina, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Toluca de Lerdo y la Comisión Nacional del Agua a garantizar los recursos hídricos a los indígenas ñáhñu de San Andrés Cuexcontitlán. Se turna a Tercera la Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DE LERDO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) A GARANTIZAR LOS RECURSOS HIDRICOS A LOS INDIGENAS ÑÄHÑU DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN

“Los suscritos, diputado CARLOS DE JESUS ALEJANDRO, Diputada ELENA TAPIA FONLLEM y VICTOR REYMUNDO NAJERA MEDINA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Comunidades indígenas del pueblo otomí o ñähñu del Municipio de Toluca han denunciado que la presidenta municipal, Martha Hilda González Calderón, pretende excavar un nuevo pozo profundo de 300 metros de profundidad  para extraer  agua, presuntamente para beneficiar a unas 100 familias apoyados por algunos delegados municipales, situación que provocaría la afectación a habitantes indígenas  de tres barrios como son; Barrio San Andrés, Barrio  La Natividad y el Barrio de La Concepción, que juntos tienen tres pozos de agua para consumo familiar que beneficia a  alrededor de 30 mil indígenas de origen otomí desde el año de 1975.

Estos pozos autónomos les fueron entregados hace muchos años producto de la compensación de las afectaciones que sufrían en su comunidad de San Andrés de Cuexcontitlán, provocadas por el sistema Cutzamala que abastece del vital líquido a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Denuncian que los ciudadanos que se han manifestado en contra de la perforación del pozo de grandes dimensiones, están siendo hostigados y reprimidos por personal del Ayuntamiento Municipal de Toluca.

Señalan además que el Ayuntamiento Municipal con engaños intenta convencer a las comunidades para que accedan a la perforación y explotación de recursos acuíferos de grandes dimensiones, que perjudicarían, sin duda, el abasto proveniente los pozos que se encuentran a 500 metros de distancia, mismos que hasta el momento no han sido regularizados, porque la dirección de CONAGUA del Estado de México señala que están en una zona de veda.

Sin embargo, existe una fuerte presunción de que el nuevo pozo de 300 metros de profundidad sería para beneficiar a grandes empresas como Bimbo, Chocolates La Corona, Consorcio de Ingeniería Integral y otras zonas de riego de explotación industrial que se encuentran en las inmediaciones.

La misma CONAGUA se ha negado otorgar Concesión de un pozo ubicado en la Calle Lerdo de Tejada Esquina con Guillermo Prieto, en la Sección 3, de San Andrés Cuexcontitlán del Municipio de Toluca, con el único propósito de regularlo, que como se ha indicado es operado por un Comité y que da servicio desde hace 40 años.

Es claro que con la nueva perforación del pozo de alumbramiento de agua va contra las leyes ambientales y protección del recurso hídrico, en forma por demás desorganizada y sin prevenir los perjuicios y tampoco la conservación de los acuíferos en condiciones de explotación racional y control de las extracciones de los alumbramientos existentes.  Para eso la Comisión Nacional del Agua lo hace con discrecionalidad y sin contar con la consulta de las comunidades indígenas posibles a ser afectadas.

Sin mayor fundamento de fondo y forma,  en la concesión que  hace referencia,  la CONAGUA ha contestado en algunos oficios girados a los afectados que son “concesiones que devienen de derechos ya adquiridos o bien derivan de trámites de transmisiones de derechos”.

Los indígenas del poblado de Cuexcontitlán, han firmado minutas de acuerdo en las que demandan a CONAGUA, no sólo regularizar los pozos, sino abrir nuevos toda vez que los que tienen para satisfacer las necesidades familiares han llegado al final de su vida útil.  Las comunidades indígenas allí asentadas no tienen inconveniente que el mismo Ayuntamiento Municipal sea el que se haga cargo de forma directa  del suministro de agua potable, de la atención y el cobro de los derechos que se genere del uso del líquido.

Por el contrario, de parte de las autoridades municipales tanto del Ayuntamiento de Toluca y de la Comisión Nacional del Agua, ha habido cerrazón y desatención al problema que padecen los indígenas.

El reclamo de las comunidades indígenas ñähñu del Estado de México está sustentada en el artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales. Pero de manera específica  en relación a la protección especial de los territorios y recursos naturales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia para nuestro continente en el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, en la sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, Párrafos 82 a 96, que señala “…el reconocimiento estrictamente jurídico o abstracto de las tierras, territorios o recursos de los indígenas pierde verdadero significado cuando no se ha establecido ni delimitado físicamente la propiedad.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, según lo establecido en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo, el derecho de usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio”.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección más amplia de los derechos humanos a favor de las personas y, en específico, de aquellas que forman parte de comunidades indígenas, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento de Toluca de Lerdo, Estado de México, a regularizar la explotación y aprovechamiento del agua para los habitantes indígenas de la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán, secciones Uno, Dos y Tres, para buscar mecanismos adecuados en el suministro, atención y cobro del agua en beneficio de los indígenas ñähñu u otomíes en dicha demarcación.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a evitar dar concesiones de explotación del recurso hídrico que favorezcan a empresas privadas en perjuicio del aprovechamiento de las familias indígenas ñähñu u otomíes de la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán, secciones Uno, Dos y Tres, en el municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, y a cumplir sus obligaciones para favorecer los derechos humanos de sus habitantes, de acuerdo con el marco constitucional y convencional.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 17 días del mes de julio de 2014

Suscribe:

Dip. Carlos De Jesús Alejandro.- Dip. Elena Tapia Fonllem.- Dip. Víctor Reymundo Nájera Medina”.






De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES EN PRO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

“Los suscritos, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 95; 108; y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERALA REALIZAR ACCIONES EN PRO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El 7 de julio, en presencia del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa Frontera Sur, con el propósito de “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región”. Según un comunicado oficial de la Presidencia, las líneas de acción de ese programa son las siguientes:

Primera línea de acción: Paso formal y ordenado. Esta medida permitirá dar certidumbre a la estancia temporal de los migrantes, favorecerá la convivencia entre los habitantes de nuestros países y fortalecerá los intercambios de información entre autoridades. A fin de que su paso por nuestro territorio sea ordenado y seguro, los agentes del Instituto Nacional de Migración y todas las demás autoridades habrán de velar con absoluto respeto a los derechos de los portadores de la Tarjeta de Visitante Regional.

Segunda línea de acción: Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes. La Frontera Sur de México debe ser una frontera segura, tanto para los mexicanos como para los migrantes. Con este propósito, se mejorará la infraestructura y equipamientos necesarios para el ordenamiento migratorio. En primer lugar, se asegurará la adecuada operación de los 12 cruces fronterizos oficiales, diez con Guatemala y dos con Belice; se transformarán los puntos de revisión aduanales, y ahora habrán de convertirse en Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo.

Adicionalmente, se reforzarán las líneas móviles de control para asegurar el orden y la legalidad de los flujos de personas y bienes en la frontera.

Tercera línea de acción: Protección y acción social a favor de los migrantes. Hace un año, el Gobierno de la República puso en operación cinco unidades médicas en Chiapas para la atención de migrantes; a la fecha ya se han otorgado más de 16 mil consultas.

Esta línea de acción también contempla mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias. Para ello, vamos a reforzar los esquemas de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que atienden y protegen a migrantes.

Se apoyará a los albergues del DIF que resguardan temporalmente a los niños migrantes, no sólo en esta región sur, sino también en el norte del país, pues ya se han visto rebasados por la creciente migración infantil.

Cuarta línea de acción: Corresponsabilidad regional. México ha asumido un papel activo en diversos foros multilaterales en materia migratoria, como la propia Conferencia Nacional sobre Migración.

Quinta línea de acción: Coordinación interinstitucional. La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tendrá por tarea el establecer la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales que se realizan en la frontera sur de nuestro territorio para alcanzar los objetivos señalados: brindarle atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus derechos humanos.

2.- Durante la presentación del Programa Frontera Sur el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, manifestó que "Con esta medida se garantiza el derecho a la libertad de circulación y tránsito, protegido por los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por México y por tanto la Ley Suprema de la Unión, sin embargo se requiere de la adopción de medidas simultaneas que garanticen la seguridad de las personas migrantes que transiten por territorio mexicano."

3.- Dentro de las acciones de la política migratoria, por el Ejecutivo Federal, anunció el pasado 15 de julio, la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tendrá la función, según el comunicado oficial de la Presidencia de “coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal en materia migratoria en esa zona”. En este sentido, es de observarse que el Gobierno Federal cuenta hoy en día con dos entes responsables de política migratoria y dos entes para ejecutarla u operarla, ellos son: la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y  la Unidad de Política Migratoria, así como el Instituto Nacional de Migración en conjunto con la recién Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

A este respecto, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria emitió un comunicado en el que se considera que se continúa poniendo en el centro del debate el tema de seguridad nacional y no a las personas migrantes (seguridad humana). En él se hace mención que “se ensalza” el Programa Frontera Sur por lo que respecta al otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional, la cual existe desde 1997 con una adecuación realizada en 2008 y contemplada en la actual Ley de Migración, bajo los mismos parámetros: gratuidad, estancia de tres días en el país, la cual se otorga únicamente a los nacionales de Guatemala y Belice de los departamentos fronterizos con el estado de Chiapas, la cual es válida en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Lo cual no permite el tránsito por todo el territorio nacional ni otorga un permiso para trabajar; por lo cual dicho Grupo de Trabajo considera que no tendrá ningún impacto positivo en la población migrante de tránsito ni de destino, sino por el contrario genera falsas expectativas. Más preocupante aún, es el que la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, esté sustentado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

4.- Es por ello, que llama aún más la atención la declaración del Secretario de Gobernación, en el sentido de “poner orden” en el tren de carga conocido como “La Bestia”, por el que viajan diariamente un número incontable de personas migrantes durante su tránsito por México. Al señalar que “es una decisión del Estado mexicano, el no seguir permitiendo que migrantes de Centroamérica, y también mexicanos, corran riesgo en sus vidas arriba de este tren de carga y no de pasajeros”. Ante tales actos, resulta predecible que los flujos migratorios buscarán vías alternas que puedan utilizar para llegar a los Estados Unidos, sin que hasta ahora se explique cuáles son las proyecciones que ha vislumbrado el Estado, para no poner en mayor riesgo a las personas migrantes. Es por ello, que nos preocupan las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal, encaminadas a blindar la Frontera Sur de nuestro país privilegiando la seguridad nacional por encima de los derechos humanos.

5.- Resulta significante tomar en cuenta lo expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el pasado 16 de julio durante la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia, en Tegucigalpa, en el que llamó a los Países Miembros a coordinar un Plan de Acción Regional que unifique las políticas de los gobiernos del continente. Es contundente la crítica del Secretario General ante los sectores que tratan el problema desde un punto de vista “casi exclusivamente de seguridad nacional que tipifica a los niños como “migrantes ilegales” en lugar de visualizar el fenómeno de crisis humanitaria. Según “El análisis de las regiones y comunidades de origen de los niños detenidos en la frontera y las razones para emprender la migración solos, varían: la mayor parte de los niños guatemaltecos provienen de áreas rurales, con altos índices de pobreza, y declaran que emigran en búsqueda de mejores condiciones de vida, mientras que los salvadoreños y hondureños provienen de regiones extremadamente violentas, y perciben que el riesgo de quedarse es mayor que el de emigrar”.

6.- Por último, es de llamar la atención la declaración y cifras dadas a conocer por parte del Secretario de Gobernación el pasado jueves 17 de julio, afirmando que “Ahora México cuenta con una política de Estado en materia de migración”. Señaló también que en lo que va del año, se han deportado 60 mil migrantes, número inferior con respecto a los 86 mil centroamericanos deportados el año pasado originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador de los cuales 9 mil 622 eran menores de edad y de éstos 5 mil 613 viajaban solos. De los 60 mil migrantes deportados en este año, 12 mil 400 son menores de edad, de los cuales 7 mil 600 son no acompañados. Ahora bien, si analizamos que las cifras dadas a conocer por el Titular de la Secretaría de Gobernación corresponden tal vez al 5 por ciento de los que se suben al tren (La Bestia).

Sin embargo, es lamentable que el Estado mexicano a la fecha no haya implementado alguna política o acción encaminada a la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada que trasgrede los derechos humanos de las personas migrantes. Aunado a que no ha implementado acciones para desalentar y erradicar la corrupción por parte de algunos servidores públicos que abusan o extorsionan a los migrantes; es por ello, que resulta de vital importancia que este Poder Legislativo, esté atento y vigilante de las políticas públicas que implemente el Estado para poder erradicar los problemas de inseguridad que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por nuestro país y que se privilegie en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

CONSIDERACIONES

I.-Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad que tienen todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra. Aunado a que no se hará distinción alguna por lo que respecta a la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Adicionalmente, en el artículo 6 se establece el derecho al reconocimiento de su libertad jurídica y a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, como lo señala el artículo 13, como se traducen a continuación:

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.

Del 3 al 5…

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Del 7 al 12 …

Artículo 13.- 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

II.-  Que el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o cuando se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

Artículo 3.- Limitaciones a la Posibilidad de Expulsar, Deportar o Remover a una Persona de un Estado del cual no es Nacional.

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

III.-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Título Primero garantizar y preservar los derechos humanos de los mexicanos y de las personas que ingresan a nuestro país, independientemente de su condición migratoria, tal y como se establecen en sus artículos 1°, 11 y 16:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Del 2 al 10 …

Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Del 12 al 15 …

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

IV.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Estableciéndose como principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

● Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

● Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

● Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

● Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

● Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

● Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.

● Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

● Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

● Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

● Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

● Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

● Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

● Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Estableciendo el precepto legal de mérito que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

V.- Que el artículo 22 de la Ley de Migración establece que las actuaciones de los servidores públicos deberán apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, como a continuación se menciona:

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley.

VI. Que la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada de la Opinión Consultiva OC-18/03 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, emitió los siguientes puntos resolutivos:

1.Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.

3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.

4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional.  En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.

5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.

6. Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas.

7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.  El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

8. Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral.  El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.

9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador).  El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales.

10. Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos.  Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.

11. Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un llamado respetuoso al Ejecutivo Federal, para que dentro de sus programas de política migratoria,  se privilegie en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, se informe a esta Soberanía sobre las acciones que implementará para desalentar que los migrantes viajen en el tren denominado “La Bestia” y las posibles consecuencias que tendrá entre la población migrante y en los nacionales de las comunidades por las que transita.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta Soberanía, la función que realizara  la recién creada Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y si su esquema de funcionespara evitar la duplicidad con  la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y a las Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, para que implementen operativos conjuntos que permitan detectar, reprimir y castigar las actividades ilícitas  que realizan grupos de delincuencia organizada en contra de las personas.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público las causas y la justificación del subejercicio en el "Programa laptops para niños". Se turna a la Segunda Comisión.








De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales un informe pormenorizado respecto a la situación del albergue “La Gran Familia” y de los menores que se encontraban en el mismo. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LA SITUACION DEL ALBERGUE “LA GRAN FAMILIA” Y DE LOS MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN EL MISMO

“La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II;76; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LA SITUACION DEL ALBERGUE “LA GRAN FAMILIA” Y DE LOS MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN EL MISMO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Hace aproximadamente una semana, la Procuraduría General de la República, en colaboración con autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán, implementaron un operativo en el que rescataron a 596 personas que se encontraban en el interior del denominado albergue “La Gran Familia”, ubicado en Zamora, Michoacán, aparentemente privados de la libertad, entre los rescatados se encontraban 462 menores.

Lo anterior, se derivó como consecuencia de cinco denuncias que fueron presentados por el delito de secuestro de menores, ante lo cual se llevó a cabo la investigación correspondiente, de la cual las autoridades obtuvieron una orden de cateo para realizar el operativo.

2. Según lo dado a conocer por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se logró establecer que en “La Gran Familia” había abusos físicos y psicológicos, así como de índole sexual, se obligaba a los infantes a pedir limosna, y a todos se les mantenía con comida en mal estado, y se les obligaba a dormir en el suelo rodeados de plagas.

Cabe destacar que los menores que nacían en el albergue eran registrados como hijos de la fundadora y no se les permitía salir del lugar.

3. La fundadora y directora del albergue Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como “mamá Rosa”, así como otras ocho personas fueron detenidas en el operativo implementado. La PGR determinó hace unos días no ejercer acción penal en contra de que Rosa del Carmen, por su edad avanzada y estado de salud en que se encuentra, en tanto que seis de las ocho personas enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad, las cuales fueron ingresadas a un penal de Nayarit.

4. En días pasados el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dio a conocer que se llevaría a cabo un censo de los menores que habitaban el albergue “La Gran familia”, así mismo anunció que se realizarían diligencias para que los padres puedan recoger a sus hijos, y para quienes no contaran con documentación se les practicaría un examen de ADN, para determinar su situación jurídica.

De igual forma, señaló que el resto de los menores serían canalizados a las delegaciones locales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

5. A través, de diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que varios de los menores que se encontraban internados en el albergue “La Gran Familia”, han sido trasladados a albergues localizados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Estado de México, y algunos otros al Distrito Federal, no obstante lo anterior, se desconoce con exactitud cuántos fueron trasladados a cada uno de los albergues, cuántos son menores de edad y cuántos son mayores de 18 años y, en su caso, cuántas son niñas y cuántos son niños.

6.- Consideramos relevante conocer información exacta respecto a los menores y adultos que se encontraban internados en el albergue de “La Gran Familia”, datos sobre el número de niños y niñas que fueron rescatados, qué edades tienen, cuántos son adultos mayores de edad, y de éstos cuántos son hombres y cuantos mujeres.

De igual forma es de suma importancia saber a qué albergues fueron trasladados los menores de edad, cuántos han sido trasladados, cuántos hay en cada uno de los albergues, cuantas son mujeres y cuántos son niños, cuántos han sido sometidos a pruebas de ADN, así como las edades de cada uno de ellos, y cuál es el destino de las personas de mayor edad.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, dispone que es derecho de los Senadores, presentar proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

TERCERO. Que es necesario dar el seguimiento que amerita un problema tan grave como es el caso de los menores de edad que han sido trasladados de Zamora Michoacán a albergues de otros estados de la República Mexicana, y en su caso conocer si serán sometidos a un tratamiento psicológico o de alguna otra índole.

CUARTO. Que ante los supuestos tratos inhumanos a que fueron sometidas las personas que se encontraban internadas en el albergue “La Gran Familia”, es necesario que las autoridades competentes pongan a disposición los medios necesarios para la rehabilitación física y psicológica de las personas que se encontraban internadas en dicho albergue.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Gobierno del Estado de Michoacán y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, remitan un informe pormenorizado sobre el albergue “La Gran Familia”, en los términos siguientes:

I. Informen sobre el número y situación en que se encuentran los menores que han sido trasladados a albergues de otros estados de la República.

II.- Informen cuántos hay en cada uno de éstos, así como la ubicación de los mismos.

III.- Cuántas son niñas y cuántos niños, así como las edades de cada uno de ellos.

IV.- Cuántos menores han sido sometidos a pruebas de ADN.

V.- Cuántos han sido devueltos a sus padres.

VI.- Cuántos menores no cuentan con identificación oficial.

VII.- Cuál es el número y la situación de las personas mayores de 18 años.

VIII.- Cuál es la situación jurídica y operativa del albergue “La Gran Familia”.

IX.- Cuáles serán las acciones de seguimiento y protección de los menores que fueron reubicados.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 23 de julio del año dos mil catorce.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.






Del Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar si provocaron daños en las viviendas y en los cultivos de los habitantes "El Castaño" en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS, EMILIO LOZOYA AUSTIN,  INFORME A ESTA SOBERANIA, SI PROVOCARON DAÑOS EN LAS VIVIENDAS Y EN LOS CULTIVOS DE LOS HABITANTES “EL CASTAÑO” EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. POR EL DIP. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

“El suscrito, diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

El jueves 17 de julio del año 2014, en punto de las 08:00 horas un grupo de campesinos de poblados cercanos a Cárdenas sitiaron las entradas de “El Castaño”, Municipio de Cárdenas, Tabasco, para reforzar las acciones de protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por los daños sufridos en sus viviendas y en sus cultivos, entre estas personas se encontraban las hoy víctimas.

El grupo de inconformes se quedaron durmiendo en los accesos al Administrativo, impidiendo desde temprano y en la noche, el paso al personal de la paraestatal.

El viernes 18 de julio del año en curso, en “El Castaño”, murieron atropellados tres plantonistas que se encontraban atrincherados en los acceso del Centro Administrativo “El Castaño” ubicado en la vía federal Cárdenas.

La desgracia se registró a las 01:15 horas, cuando Ernestina Córdova Ramos, originaria del poblado C-41 intentó cruzar la carretera federal Cárdenas-Villahermosa para ir a una tienda de 24 horas a comprar unos productos.

Se indica que la Señora Ernestina Córdova, no se fijó que en ese momento se desplazaba a gran velocidad una unidad motriz según se presume tenía plasmado el logotipo de “PEMEX” que la impactó violentamente contra el pavimento, falleciendo instantáneamente.

Al percatarse de lo ocurrido sus compañeros manifestantes, Alfonso Hernández y Sebastián “N” cruzaron la vía para rescatar el cuerpo de Córdova Ramos, pero para su mala fortuna fueron arrollados por un vehículo, falleciendo de igual manera en el lugar. Testigos indican que ambos vehículos tenían los logotipos de la paraestatal “PEMEX”.

Hasta la fecha se desconoce quiénes son los responsables, las autoridades no hay indicado que averiguaciones previas están realizando y porque no se otorgaron las medidas de seguridad respectivas a los plantonistas?

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Dr. Fernando Valenzuela Pernas, Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, para que informe a esta soberanía el estado de las averiguaciones previas que se han practicado ante el fallecimiento de los C.C. Ernestina Córdova Ramos, Alfonso Hernández y Sebastián “N”, el 18 de julio del año 2014, en “El Castaño” en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, y su presunta responsabilidad con la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gral. DEM. Ret. Audomaro Martínez Zapata, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, informe a esta soberanía por qué no se tomaron medidas preventivas de seguridad ante el plantón instalado el jueves 17 de julio del año en curso, afuera de las oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos ubicada en “El Castaño”, Municipio de Cárdenas, Tabasco. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin,  informe a esta soberanía, si sus obras provocaron daños en las viviendas y en los cultivos de los habitantes “El Castaño” en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, y de ser así sea reparado el daño de inmediato.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil catorce.

Suscribe:

Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa”.






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que, mediante el portal de transparencia, haga del conocimiento público el motivo del sobre ejercicio que se ha observado por arriba del 170%, asimismo, informe las acciones para atender a la población y zonas objetivo del programa "Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito" en la zona migratoria hacia el trayecto norte del país. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA QUE MEDIANTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO, CUAL ES EL MOTIVO DEL SOBREJERCICIO QUE SE HA OBSERVADO POR ARRIBA DEL 170%, ASIMISMO, INFORME CUALES SON LAS ACCIONESPARA ATENDER A LA POBLACIÓN Y ZONAS OBJETIVO DEL PROGRAMA “IMPLEMENTACION DE OPERATIVOS PARA LA PREVENCION Y DISUASION DEL DELITO” EN LA ZONA MIGRATORIA HACIA EL TRAYECTO NORTE DEL PAIS,  A RAZON DE LA FALTA DE PRESENCIA Y VIGILANCIA EN LA ZONA MIGRATORIA FERROVIARIA, EN DONDE  SE HAN INCREMENTADO LAS AGRESIONES A MIGRANTES

“Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERNO SUAREZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido  de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El Programa Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito es un Programa presupuestario con clave E901,  forma parte de la estructura programática de la Secretaría de Gobernación y cuya ejecución corresponde principalmente a la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y del Servicio de Protección Federal (SPF). El Programa pretende lograr este objetivo con la prestación del  serviciode la protección federal a personas, bienes e instalaciones de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten, intervenciones que se encuentran debidamente sustentadas en la normatividad aplicable. La unidad administrativa que lo ejecuta es el Servicio de Protección Federal (SPF), por su parte, el Programa se encuentra vinculado adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  El Programa no se considera consistente.

2.-  En la Evaluación externa de consistencia y resultados realizada por la UNAM a través de la Facultad de Economía en noviembre pasado, no se detecta que las unidades responsables actúen de manera coordinada para alcanzar el objetivo del Programa, pues existen dos problemáticas a atender y, por tanto, dos objetivos, dos definiciones de poblaciones potencial, objetivo y atendida, dos conjuntos de procedimientos, dos conjuntos de sistemas y bases de datos y no se detecta la forma en que estos pares llegan a coincidir.

En este sentido, los resultados que arroja el Programa en sí no pueden ser identificados. A pesar de que en la MIR del mismo se establece un objetivo común, el indicador correspondiente no mide el avance en su cumplimiento. Adicionalmente, el Propósito presenta una inconsistencia con el SPF, ya que el primero se define como Instituciones de seguridad pública confiables y efectivas, siendo que el segundo es en sí una institución de seguridad pública, lo que significaría que el SPF se está atendiendo a sí mismo a través del Programa. Esta situación deriva, además en la falta de lógica vertical en el diseño del Programa, ya que proporcionar servicios de protección federal (Componente 2) no es necesario para que las instituciones de seguridad pública sean confiables y efectivas.

3.-  La evolución del presupuesto para el Programa implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, ha sido  de la siguiente manera:

Millones de pesos

Ejercicio Fiscal

Programado

Ejercido

Variación

2011

1´970,499.5

3´380,128.3

171%

2012

1´853,594.8

3´586,576.5

193%

2013

N/A

1´758,608.7

 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

CONSIDERACIONES

1.-Diversas organizaciones sociales han solicitado medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de reforzar la presencia de la policía federal en la ruta migratoria ferroviaria y terrestre, toda vez que las agresiones y extorsiones de grupos delictivos centroamericanos  a población  migrante ha ido en aumento.

2.- Por otra parte, los extranjeros que se internan en territorio nacional sin contar con la documentación que acredite su legal estancia en el país, se enfrentan a situaciones de violencia, corrupción y violación a sus derechos humanos en su trayecto hacia el norte del país. Debido a su condición de migrantes indocumentados, presentan un estado de indefensión que propicia que sean sujetos de abusos y violaciones a sus derechos humanos y, de manera paralela, hace que los afectados no denuncien las vejaciones y abusos que padecen. Esta situación se hace aun más grave en el caso de las mujeres y los menores de edad. Entre las razones por las que los extranjeros no denuncian los actos delictivos y las violaciones a sus derechos humanos, pueden mencionarse su desconocimiento de los procedimientos, autoridades y organismos competentes para investigar y sancionar los abusos de que son objeto; carencia de información sobre los mecanismos e instancias de tutela de sus derechos humanos; falta de tiempo necesario para presentar su queja o denuncia, así como temor a ser expulsados o sufrir represalias.

3.- Desde el 2006  la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones generales a autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación,relativo a  la manera de proceder de las autoridades policiales con la población migrante. Recomendación General 13/2006, CNDH.

4.- La UNAM  en la Evaluación externa de consistencia y resultados,  detecto que el Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo de manera conjunta. Tampoco cuenta con un mecanismo para identificar a su población objetivo conjunta. El Programa no cuenta con una cuantificación de las poblaciones objetivo y atendida de las acciones conjuntas de las dos unidades responsables involucradas, por lo que no se puede determinar su nivel de cobertura conjunto. El Programa no cuenta con una base de datos unificada que permita dar seguimiento a sus resultados.

5.-  El marco legal que aplica al programa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de armas de fuego y explosivos, Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, Ley Federal contra la delincuencia organizada, Ley General del Servicio Nacional de Seguridad Nacional, Ley de la Policía Federal, entre otras disposiciones legales.

6.- Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por  lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente  al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chongpara que mediante el portal de transparencia haga del conocimiento público las acciones que ha implementado  para atender la población y zonas objetivo del programa “Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito” en la zona migratoria hacia el trayecto norte del país,  a razón de la falta de presencia y vigilancia en la zona migratoria ferroviaria  en donde  se han incrementado las agresiones a migrantes, no obstante de ello, en los últimos tres años, se ha observado sobreejercicio por arriba del 170%.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción de la festividad nombrada como La Guelaguetza, en el estado de Oaxaca, como patrimonio cultural inmaterial de México. Se turna a la Segunda  Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE RELACIONES  EXTERIORES Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP),  PREVIA CONSULTA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, PARA QUE SE PROPONGA ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), LA INSCRIPCION DE LA FESTIVIDAD NOMBRADA COMO LA GUELAGUETZA, EN EL ESTADO DE OAXACA, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE MEXICO

“La suscrita, Diputada YESENIA NOLASCO RAMIREZ, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

CONSIDERACIONES

Que según lo estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus siglas en inglés, se entiende por patrimonio inmaterial,  “Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales  que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos  reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la  diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá  en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.1

Que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, fue aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en 2003 y entró en vigor en 2006, hasta el momento ha sido ratificada por 136 Estados miembros, entre ellos México.

Que el Patrimonio cultural inmaterial o Patrimonio cultural intangible forma parte de las declaraciones de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural no tangible, conocido como oral o inmaterial.

Que después de 1910, al finalizar los conflictos políticos y al estructurarse un gobierno más sólido en el Estado de Oaxaca, se buscaron organizadores que enaltecieran la acostumbrada celebración anual de la entidad,  adoptando cada año como el "Lunes del Cerro".

Que para los años de 1910 a 1950, se llevaron a cabo eventos deportivos en dicha rotonda tales como gimnasia, voleibol, básquetbol, y concursos de bandas de música, de trajes regionales, de belleza, de poesía, de canto, etc.

Que los bailes regionales se verían por primera vez en todo su esplendor en 1932 con la conmemoración del IV Centenario de la exaltación de la antigua Villa de Antequera a "Ciudad" en virtud de la cédula firmada por el emperador Carlos V, el 25 de abril de 1532. El comité organizador integrado por Jacobo Dale vuelta, Guillermo Rosas Solaegui, Alfredo Canseco, el Dr. Alberto Vargas, Carlos

González diseñó un programa en el cual destacaba un HOMENAJE RACIAL, dedicado a las siete regiones en las que estaba dividido el Estado en aquella época.2

Que es en el año de  1951, cuando se adopta formalmente el nombre Guelaguetza,  puesto que las delegaciones regionales solían ofrendar sus bailes, su música y productos  al público que los veía actuar.

Que la Guelaguetza, es la festividad más importante del estado de Oaxaca y una de las mayor relevancia  de México. Esta magna fiesta incluye desde 1953, como actividad principal, la presentación de danzas tradicionales de las distintas regiones de la entidad, que se complementan con muestras de vestido tradicional, artesanal, gastronómico y del dulce, feria del mezcal, elección de la diosa Centéotl, juegos pirotécnicos, calenda y romerías.3

Que por más de 40 años, las tradicionales "Fiestas de los Lunes del Cerro" se celebran en la Ciudad de Oaxaca, los dos lunes siguientes al 16 de julio. 

Que la Guelaguetza de los Lunes del Cerro, se expresa en la ofrenda a la Ciudad de Oaxaca que hacen grupos representativos de las ocho regiones tradicionales divididas en:

● Los Valles Centrales

● La Sierra Juárez (Norte)

● La Cañada

● Tuxtepec

● La Mixteca

● La Costa

● La Sierra Sur

● y el Istmo de Tehuantepec. 4

Que el inicio de la festividad del día  lunes, inicia  a las cinco de la mañana, los "chirimeteros" de los Valles Centrales, tocan las "mañanitas" al cerro, con pitos, tambores y chirimías, donde la gente inicia su arribo al cerro, lugar en el cual ingieren alimentos  oaxaqueños, antes de entrar al auditorio en el que la marimba y los chirimeteros ofrecen una audición a los asistentes. Siendo las diez de la mañana da inauguración la Guelaguetza.

Que ese mismo día y lugar por la tarde, se presenta el espectáculo conocido como la leyenda de la Princesa Donají, hija del rey zapoteca Cosijoeza y de la princesa Coyolicatzin.

Que en la actualidad el municipio de Oaxaca de Juárez, ostenta en  memoria,  como escudo oficial la cabeza de Donají.

Que debido al favorable impacto obtenido, no solo entre los oaxaqueños sino entre los visitantes nacionales y extranjeros, que acuden exclusivamente a presenciar tan bello espectáculo es que se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones  Exteriores (SRE) ya la Secretaria de Educación Pública (SEP), previa consulta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,  para que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inscripción de la festividad nombrada como La Guelaguetza, en el Estado de Oaxaca, como patrimonio cultural inmaterial de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente  a los 23 días del mes de Julio de 2014.

Suscribe

Dip. Yesenia Nolasco Ramírez”.

1 es.unesco.org/

2 http://www.noticiasnet.mx/

3 www.sic.gob.mx

4 www.oaxaca-mio.com






De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a transparentar los procedimientos y mecanismos en la evaluación de control de confianza establecidos en el "Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad", que permita erradicar posibles actos de corrupción en aquellos servidores públicos que no acrediten la evaluación de control de confianza y puedan ser separados de su cargo de manera inmediata. Se turna a la Primera Comisión.








De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a hacer del conocimiento público mediante la publicación en el portal de transparencia, el total de población migratoria infantil que viaja sin la compañía de un adulto hacia el norte del país, y de esta cifra, cuántos han sido beneficiados con el programa "Atención a refugiados en el país"; asimismo, justifique el subejercicio que presenta de 8,403.7 millones de pesos en 2013. Se turna a la Primera Comisión.








De los Diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular del Sistema Nacional DIF a hacer del conocimiento público las causas por las que no ha atendido las observaciones y recomendaciones señaladas por CONEVAL para mejorar los objetivos e indicadores del "Programa de atención a la familia y población vulnerable". Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA ALA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF, A EFECTO DE QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO LAS CAUSAS POR LAS QUENO HA ATENDIDO  LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEÑALADAS POR  CONEVAL PARA MEJORAR LOS OBJETIVOS E INDICADORES DEL “PROGRAMA DE ATENCION A LA FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE”, RECOMENDACIONES  QUE TAMBIEN  FUERON COMPLEMENTADAS CON LOS COMENTARIOS DE ESPECIALISTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SEÑALADAS EN LA FICHA DE VALORACION DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 2008-2012

“Los suscritos diputados, JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, ROBERTO LOPEZ SUAREZ y GUILLERMO SANCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En materia de políticas públicas para la población en vulnerabilidad social, está  el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable que de acuerdo al Gobierno Federal constituye uno de los instrumentos más importantes para contribuir a la atención de las necesidades de la población sujeta de asistencia social, es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección General de Integración Social, es el responsable del desarrollo y la ejecución de tal  Programa, así como de dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y evaluar sus resultados, cabe mencionar que dichos  apoyos son en especie y económicos temporales,  con apego a las disposiciones de las  Reglas de Operación publicadas en el DOF 29/12/2013 y a la normativa vigente aplicable al SNDIF. Las instancias ejecutoras para la estrategia de apoyos en Atención Especializada serán las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan Convenio de Concertación con el SNDIF, las cuales deberán funcionar con apego a las disposiciones de las presentes Reglas de Operación, así como a la normativa vigente aplicable al programa.

2.- Dentro de dicho  marco jurídico de actuación en materia de políticas públicas para la población en vulnerabilidad social,   el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable consta de dos Subprogramas:

a) Protección a la Familia con Vulnerabilidad

b) Apoyo para Proyectos de Asistencia Social

A través del Subprograma Protección a la Familia con Vulnerabilidad, se proporciona acceso a diversos servicios a niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos denominados: "Económicos Temporales, en Especie o para Atención Especializada", a fin de atender sus problemáticas emergentes relacionadas con aspectos de salud, económico y sociales; mejorando su calidad de vida.

3.- La Evolución del Presupuesto en el “Programa social de atención a la familia y población vulnerable, es de la siguiente manera:

Millones de pesos


Año

Programado

Ejercido

2012

      279.5

268.7

2013

281.1

331.9

2014

91.9

n/a

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

4.- El  Objetivo General del Programa es contribuir para que las personas en situación de vulnerabilidad que presentan problemática económica, de salud, y/o social, puedan subsanar su situación emergente e impulsar la instrumentación y ejecución de proyectos, en beneficio de la población sujeta de asistencia social. 

5.- La cobertura de atención será para personas residentes en el D.F. y Zona Conurbada, en esta última se comprenden los municipios de: Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Tecámac, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Valle de Chalco, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, quienes serán susceptibles de recibir Apoyo Económico Temporal y de Atención Especializada.

6.- En las recomendaciones señaladas en la “Evaluación especifica de desempeño 2012-2013” a cargo de la UNAM en coordinación por el CONEVAL, señala  la dificultad de valorar el desempeño del programa, en razón de que éste estaba  integrado  por diversos  subprogramas que persiguen objetivos distintos y atienden a poblaciones diferentes, no obstante de dicho señalamiento,  en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2014, no se desagregaron los dos Subprogramas arribas señalados.

7.-Por otro lado en la Ficha de valoración de la MIR e Indicadores 2008-2012 CONEVAL,   señala que a nivel de resultados, el Programa realiza un seguimiento sobre la proporción de personas que recibieron capacitación y sobre las niñas, los niños y los adolescentes albergados en orfanatorios que reciben los beneficios unos de los subprogramas. Asimismo, se monitorea la proporción de niñas, niños y adolescente que recibieron los bienes y servicios de cada subprograma.

A nivel de gestión, el programa concentra información sobre el porcentaje de apoyos otorgados, sobre los proyectos anuales validados, sobre las actividades realizadas para la implementación y el seguimiento de los proyectos. Ante ello los indicadores establecidos por el programa no logran cumplir con las características mínimas deseables para monitorear el desempeño del programa.

El programa mide resultados mediante indicadores de cobertura que no permite conocer los logros reales alcanzados por el programa.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo a la Ficha de Valoración de la MIR e Indicadores 2008-2012 de CONEVAL se indica que el programa requiere realizar ajustes sustanciales en el diseño de los objetivos e indicadores. En algunos casos, los objetivos no se encuentran claramente definidos, por lo que no es posible identificar los factores relevantes y determinar su vinculación con los indicadores definidos. En general, los indicadores actuales del programa no tiene relevancia para el monitoreo del objetivo al que se encuentra asociados y éstos deben ser diseñados de nueva cuenta, por lo que el programa tiene los siguientes retos:

a) Revisar la pertinencia de los objetivos definidos a nivel de resultados y de gestión, analizando su coherencia lógica;

b) Revisar la relevancia de los indicadores definidos para el monitoreo de los objetivos; en el caso de que el programa modifique sustancialmente sus objetivos, es necesario que se planteen nuevos indicadores considerando las características mínimas establecidas en la normatividad correspondiente. En el caso de que así lo requiera el programa, se podría solicitar una asesoría técnica o capacitación en materia de indicadores al CONEVAL;

c) Precisar de manera clara la población objetivo del programa e identificar la problemática social que pretende solucionar;

d) Adecuar el planteamiento de los objetivos plasmados en la MIR conforme a la Metodología del Marco Lógico;

e) Revisar y precisar la descripción de los medios de verificación definidos, evitando el uso de la categoría “Registros administrativos” sino señalar explícitamente el nombre de la fuente de información, así como la Unidad Responsable de dicha información;

La aprobación de indicadores tiene como finalidad consolidar un sistema de monitoreo de los programas de desarrollo social que cumplan con características mínimas que garanticen la homogeneidad en su construcción y en la calidad de la información que se reporta. Para lograr este objetivo, el CONEVAL ha emitido observaciones y recomendaciones para mejorar los objetivos y los indicadores del programa. Es importante señalar que estas recomendaciones fueron complementadas con los comentarios de especialistas, de la SHCP y de la ASF.

2.- El marco legal del  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, establece que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Salud, como se desprende del artículo 5, apartado D, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2013.

3.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir de manera más eficaz a que los mexicanos puedan lograr que el país alcance su máximo potencial, estableciendo como Metas Nacionales: Un México en Paz, Un México Incluyente, Un México con Educación de Calidad y un México con Responsabilidad Global. Los programas que lleva a cabo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se alinean a la meta nacional un “México Incluyente”.

4.- En observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por  lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Titular del Sistema Nacional DIF, Lic. Laura Vargas Carrillo,  a efecto de  que haga del conocimiento público las causas por las que  no ha atendido las observaciones y recomendaciones señaladas por CONEVAL para mejorar los objetivos e indicadores del “Programa de atención a la familia y población vulnerable”, recomendaciones que también  fueron complementadas con los comentarios de especialistas, de la SHCP y de la ASF señaladas en la ficha de valoración de la matriz de indicadores de resultados (MIR) 2008-2012.

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Roberto López Suárez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia en torno a la movilización de efectivos militares de la guardia nacional y de la guardia estatal de Texas en la frontera con México. Se turna a la Segunda Comisión.








Las intervenciones de la agenda política y de las efemérides inscritas en nuestro Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDE

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo segundo aniversario del rompimiento del sitio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ocurrido el 23 de julio de 1812.

“EFEMERIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL DUCENTESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ROMPIMIENTO DEL SITIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON OAXACA, OCURRIDO EL 23 DE JULIO DE 1812.

En la Sexagésima Segunda Legislatura, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional conmemoramos el ducentésimo segundo aniversario del rompimiento del sitio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

Este acontecimiento se dio en el marco de la independencia de México, movimiento armado que materializó los anhelos de libertad e igualdad de los mexicanos por lo que constituye una de las bases de nuestra identidad nacional y un motivo más de orgullo de ser mexicanos.

Debido a su trascendencia dentro de la historia nacional, es oportuno llevar a cabo una breve pero significativa remembranza de los acontecimientos más relevantes de esta conmemoración, considerada como el movimiento más largo de independencia de México, con una duración de 111 días, llevándose a cabo del 5 de abril al 23 de julio de 1812.

En concordancia con el espíritu libertador del movimiento insurgente, su objetivo era terminar con las injusticias e impulsar la igualdad y libertad de los mexicanos, pero sobre todo, era el momento histórico para que nuestro país se erigiera como una nación libre y soberana con plena autodeterminación.  

Prueba de ello es la valiente reacción a los hechos ocurridos el 5 de abril de 1812, cuando llegaron a Huajuapan mil quinientos soldados de las tropas realistas al mando de José Régules Villasante quienes cinco días después abrieron fuego contra las tropas insurgentes de Valerio Trujano, quien al no tener armas, lejos de sucumbir, para contrarrestar el ataque ordenó la fabricación de artillería con las campañas de la catedral de la ciudad.

A pesar de los esfuerzos del Coronel Valerio Trujano, la situación se complicó debido a que fueron cerrados los accesos por Francisco Calderas al norte, Juan de la Vega al Sur, José Régules Villasante al Oriente y Gabriel Esperón al Poniente, evitando con ello el acceso de los habitantes. 

Como la mayoría de los combates acontecidos durante el movimiento de independencia, el sitio de la Heroica Ciudad de Huajuapan fue una lucha desigual, los realistas contaban con armas y un ejército numeroso, mientras que los insurgentes tenían pocas municiones y víveres; para defenderse de los múltiples ataques, improvisaron barricadas y armamento como cañones cargados con piedras del río.

El 23 de julio de 1812 después de 111 días de conflicto armado, miles de hombres coordinados por Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana y Leonardo Bravo, se organizaron en múltiples frentes de ataque para terminar con el sitio que José Régules Villasante y Juan Antonio Calderas imponían  a  Valerio Trujano.

Este movimiento deja de manifiesto la voluntad de todo un pueblo por alcanzar la libertad, por lo que reconocemos el valor de todos los que intervinieron, y de manera especial a José Remigio Sarabia Rojas el “Indio de Nuyoó”, habitante del pueblo de Santiago Nuyoó que logró evadir los cercos y dar aviso al General José María Morelos de lo sucedido, acto fundamental para terminar con esta injusticia.

Asimismo, reconocemos la figura del Coronel Valerio Trujano insurgente y héroe nacional oriundo de Tepecoacuilco de trujano Guerrero, fue ejemplo de patriotismo en las batallas de Iguala Guerrero, Silacayoapan, Tecamaxtla, Tehuacán y Huajuapan de León.

Otro estratega fue José María Teclo Morelos Pérez y Pavón quien entendió con precisión el binomio indisoluble que hizo impostergable el cambio de paradigma, sin duda era momento de terminar con las inequidades, era momento de dar a México el lugar que le correspondía.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República, reconoce que la Heroica Ciudad de Huajuapan de León fue escenario fundamental en la lucha de la independencia de México, asimismo reconoce con respeto y profunda admiración la determinación y el patriotismo de quienes hicieron posible esta gesta histórica llevada a cabo en el estado de Oaxaca”.






INTERVENCIONES

De los Diputados del grupo parlamentario del PRI, sobre el derribo del avión de Malaysia Airlines.

INTERVENCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON RELACION AL DERRIBO DE UN AVION DE PASAJEROS EN UCRANIA.

El pasado 17 de julio un avión de pasajeros de la empresa Malaysia Airlines, que cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue derribado.

Diversos informes han coincidido en que el Boeing-777 fue abatido por un cohete tierra-aire lanzado por un sistema de misiles BUK en una zona de Donetsk, Ucrania, que está bajo el control de los milicianos separatistas pro-rusos. Los misiles BUK son artefactos antiaéreos de alcance medio desarrollados por la antigua Unión Soviética para interceptar misiles guiados, helicópteros o drones.

El presidente de Ucrania, PetroPoroshenko, ha afirmado que la caída del avión se debió a un "acto terrorista", y ha acusado a los separatistas pro-rusos de llevarlo a cabo.

Por su parte, los líderes de las milicias pro-rusas en Ucrania acusan al Gobierno de este país del derribo de la aeronave. Los separatistas han asegurado que no cuentan con los sistemas de defensa aérea con la capacidad suficiente para derribar un avión comercial a tal distancia, como acusa el gobierno de Kiev.

Como respuesta a estas acusaciones, el ministro de Defensa de Ucrania ha asegurado que no utilizan misiles tierra aire en la operación contra los separatistas del Este, además de que el avión derribado estaba fuera del alcance de la fuerza aérea ucraniana.

Como medida precautoria, las principales aerolíneas que operan entre Europa y Asia, cuyos recorridos atraviesan Ucrania, han decidido modificar sus rutas para evitar cualquier posible incidente.

En este marco, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional queremos dejar clara nuestra posición con respecto a esta horrible tragedia.

En primer lugar, lamentamos profundamente la muerte de los 298 pasajeros y de los quince miembros de la tripulación del Boeing-777 de la empresa Malasia Airlines que viajaban en el avión derribado. Manifestamos nuestra gran conmoción por la pérdida de vidas inocentes y ofrecemos nuestra más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de tan terrible suceso.

En segundo lugar, condenamos los hechos de violencia terrorista, vengan de donde vengan. Llamamos al establecimiento inmediato de mecanismos de negociación entre las partes del conflicto entre Ucrania y Rusia con el fin de emprender conversaciones directas para encontrar soluciones de diálogo que conduzcan al cese inmediato del fuego en la región.

En tercer lugar, apoyamos las medidas de prevención y control que están llevando a cabo los organismos internacionales de aviación civil comercial para garantizar la seguridad e integridad física de los pasajeros aéreos. Respaldamos el trabajo de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para mejorar las capacidades en materia de coordinación del espacio aéreo y de seguridad de los vuelos.

Finalmente, coincidimos con los diferentes actores nacionales e internacionales que han señalado la necesidad de llevar a cabo una investigación internacional independiente, expedita, completa, transparente, imparcial y creíble que permita aclarar los motivos del siniestro y conocer a los responsables de estos actos de barbarie. Para lograr lo anterior, todas las partes del conflicto ucraniano deben ofrecer acceso inmediato a la zona del suceso.

Muchas gracias por su atención.

Del grupo parlamentario del PAN, en relación con el operativo realizado en la casa hogar “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán. (Sin texto).

Del grupo parlamentario del PAN, en relación con el Programa Hoy No Circula. (Sin texto).

Pasamos al siguiente asunto.

El Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

El Presidente Diputado Aguilar Vega: Se levanta la sesión, y se cita a la próxima el martes 29 de julio a las 10:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:30 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo, como tal carece de valor oficial. Está a su disposición en la página electrónica del Senado.





 

 

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